AREA FEDERAL DE EDUCACIÓN

IU manifiesta su apoyo a la huelga de estudiantes de febrero

contra la reforma universitaria

El Área Federal de Educación de IU muestra su apoyo a la convocatoria

de movilizaciones y huelga estudiantil del 25 y 26 de febrero contra el

decreto 3+2 y secunda el llamamiento a toda la comunidad universitaria,

movimientos sociales y ciudadanía para exigir la derogación de este

Decreto de “ordenación” de los estudios universitarios.

IU ya ha denunciado reiteradamente que, con

el decreto 3+2, el acceso a la formación

superior supondrá costes inasumibles para la

inmensa mayoría de las familias ante el

elevado costo de los masters. Este decreto

tendrá como consecuencia además la

eliminación de carreras, la devaluación del

título de grado y el despido de profesorado

universitario.

El decreto por el que se modifican las enseñanzas universitarias y las enseñanzas

oficiales de doctorado, que permitirá a las universidades implantar carreras de 3+2,

tres años de grado y dos de máster (el sistema actual es de cuatro años más uno de

máster, 4+1), sale adelante por el empecinamiento del ministro Wert, pese al varapalo

que el Consejo de Estado le ha dado y pese a la manifiesta oposición de la Conferencia

de Rectores y Rectoras (CRUE) y sin debate con la comunidad universitaria, sin debate

político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación

legislativa de los nuevos grados y sin una justificación creíble de sus propuestas.

Este decreto, que nos retrotrae a la anterior estructura de Diplomatura-Licenciatura

(3+2, con titulación intermedia de diplomatura), supone decretar el fracaso del 4+1 (o

4+2), sin ningún tipo de evaluación diagnóstica sobre los resultados y rendimiento del

sistema 4+1 [cuatro años de grado y uno de máster], como denuncia el Consejo de

Estado y el propio ministerio indicaba en su expediente.

El problema de fondo es que el cambio de Licenciaturas en Grado+Máster (4+1) con el

Plan Bolonia, lo único que supuso en la práctica fue una excusa para aumentar

brutalmente las tasas del 5º curso de licenciatura. Ahora se quiere profundizar aún

más con el modelo 3+2, dadas las elevadas tasas que tienen los Masters en España.

Con este decreto los Grados pasan a tener un carácter “básico” y “generalista”, como

explica el mismo decreto. Es decir, que no serán suficientes para adquirir la

cualificación imprescindible para desempeñar una profesión de alta cualificación en el

terreno laboral de la abogacía, el periodismo, la ingeniería, etc. Para obtener esa

cualificación “especializada” –según el texto del decreto- será necesario cursar un

máster que pasará de la duración actual de un año a dos años, lo cual hará que se

duplique su precio. Si actualmente los masters de un año oscilan entre 2.700 y 7.000

euros anuales, con el nuevo decreto tendrán que afrontar el pago de dos años de

máster que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros para poder obtener un título

universitario que sea reconocido con suficiente prestigio para acceder al mercado

laboral en condiciones de menor precariedad y temporalidad. Así está claro que será

tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los estudios universitarios.

En definitiva, lo que pretende el PP con este RD es establecer un corte selectivo en la

educación superior, recortando su acceso mayoritario de 5 a 3 años. Quitará así valor a

los títulos de grado universitarios, los más accesibles, condenando a los y las jóvenes a

la precariedad en un mercado laboral cada vez más competitivo. Esta reducción

supondrá recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los 5

años de las licenciaturas, ahora sólo serán los 3 años de grados, trasvasando a las

familias el coste global de los Máster y beneficiando a las universidades privadas, que

apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad.

Si se quiere optar por una vuelta al 3+2 para homologarnos con buena parte de los

países europeos, eso exigiría homologarnos también en la financiación pública de

Universidad poniendo inmediatamente las tasas de los Masters al valor de las tasas de

las antiguas Licenciaturas –mientras conseguimos avanzar hacia la gratuidad de la

Universidad, como ya sucede en 11 países europeos de nuestro entorno, aplicando de

forma inmediata esta gratuidad en los Grados. Porque los países de la UE están

optando por una política radicalmente distinta: financiación pública de la universidad,

matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones

fiscales y subsidios. En los países nórdicos los estudios universitarios son gratuitos; en

Austria o Escocia la matrícula es gratuita; en Alemania la matrícula requiere tan sólo el

pago de una tasa fija (300€ por año) o 183€ en Francia, por ejemplo. Este es el modelo

mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a

la universidad.

Pero esto no será posible sin cambiar las políticas de recortes en Educación Superior

que viene aplicando el bipartidismo. La sangría que desde 2010 sufren las

universidades públicas en sus presupuestos ha hecho retroceder su nivel de gasto casi

una década. Les han recortado a los campus universitarios 1.523 millones en los

últimos 4 años: en profesorado y personal (un 31,8%), en infraestructuras,

equipamientos e investigación (un 56%). El gasto medio por alumno ha bajado un

16,48 % (25,2 % aplicada la inflación). El único capitulo que aumenta son las tasas que

irán a cargo de las familias. Según un estudio del Observatorio del Sistema

Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que

costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.

Tanto la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) como el Consejo de Estado

rechazan y cuestionan este Real Decreto. El Consejo subraya además que parece difícil

alcanzar la homogeneización, argumento del Ministerio para este decreto, cuando

dentro de nuestro propio país podría darse el caso de que un mismo título tuviera una

duración diferente en una universidad y otra. Que llevarán a la competitividad y

desigualdades entre universidades de la que ya están alertando algunas Comunidades

Autónomas.

Además esta reforma tendrá también efectos devastadores entre el profesorado. Si

con el reciente incremento de un 66% en las tasas, la reducción de la cuantía de las

becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas, ha supuesto la expulsión de

45.000 estudiantes de la Universidad por no tener dinero, con este decreto se

expulsará a muchos más estudiantes (actualmente del 1,4 millones del total de

estudiantes universitarios, sólo son en torno a 100.000 son los que pueden estudiar un

máster). Lo cual supondrá a su vez la expulsión masiva de profesorado universitario,

cuando se suprima un curso entero en los grados.

En definitiva estamos ante un decreto que forma parte de un paquete de reformas,

que se convertirán en una “reforma encubierta” del sistema universitario, tras el

incremento de las tasas que pagan los y las universitarias vía Real Decreto-Ley, y la

imposición de tres nuevos Reales Decretos que pretenden la reforma del sistema

universitario y que suponen la modificación no sólo de la ordenación de las enseñanzas

universitarias (cambio del 4+1 al 3+2), sino también de los requisitos para la creación

de centros universitarios que facilitan abrir nuevas universidades privadas sin las

condiciones mínimas y del sistema de acreditación del profesorado universitario, que

dejará la docencia en segundo plano y potenciará el nepotismo en la selección de los y

las docentes universitarios.

Por eso IU apoya las movilizaciones de rechazo del 25 y 26 de febrero, convocadas en

todo el Estado por el Sindicato de Estudiantes y el movimiento estudiantil gallego, ante

las reformas en educación superior que plantea el gobierno del PP; recuperando la

movilización y pidiendo que se vote en consecuencia en este decisivo año electoral

2015 para aprovechar la ocasión de cambiar las cosas.

Madrid, 15 de febrero de 2015 Área Federal de Educación de IU