(in)seguridad ciudadana en costa rica: balance de la situación · balance de la situación josé...

Informe Nacional de Desarrollo Humano/ Red Nacional de Desarrollo Humano

(In)seguridad ciudadana en Costa Rica:balance de la situación

José María Rico

C ua de r no s de De s a r r ol lo H um a no1

363.1 Rico,JoséMaríaR487i (In)seguridadciudadanaenCostaRica:balance delasituación/JoséMaríaRico.--1a.ed.--SanJosé, CostaRica:ProgramadelasNacionesUnidasparael Desarrollo,2006. 56p.;21x28cm.

ISBN:9968-794-22-8

1.SEGURIDADCIUDADANA-COSTARICA. 2.DESARROLLOHUMANO.1.Título.

Coordinación:

EquipoCoordinadorInformeNacionaldeDesarrolloHumano

Edición:MabelMorvillo

Diseño:PriscilaCoto

Fotografíadeportada:MarcelaAlarcón

Diagramacióneimpresión:LaraSegura&Asoc.(506)256-1664

ProgramadelasNacionesUnidasparaelDesarrollo,CostaRicaTeléfono:(506)296-1544Dirección:OficentroLaVirgen2,delaEmbajadaAmericana300mts.Sury200mts.Sureste,Pavas,SanJosé,CostaRica.

ISBN:9968-794-22-8

Prohibidalareproduccióntotaloparcialdeestelibro,porcualquiermedio,confinescomerciales.

Las ideas expuestas en los cuadernos PNUD son responsabilidadexclusivadelasy losautoresynorespondennecesariamentea lalíneadepensamientodelProgramadelasNacionesUnidadparaelDesarrollo(PNUD).

Presentación

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio a cono-cer, en diciembre de 2005, el Informe Nacional de Desarrollo Humano “Venciendo el temor: (in)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica”. Dicho Informe ofrece un diagnóstico sobre la (in)seguridad ciu-dadana en el país y explora sus vínculos con el desarrollo humano. Para su elaboración, el PNUD comisionó alrededor de veinte investigaciones temáticas cuyos hallazgos fueron utilizados, en mayor o menor medida, en el documento final. Algunas de ellas versan sobre temas que son, por sí mismos, de interés general, razón por la cual se ha optado por su publicación, bajo la modalidad de Cuadernos de Desarrollo Humano.

El objetivo de estos Cuadernos es, entonces, dar a conocer ampliamente diversos estudios que, aunque preparados en función de la redacción del Informe, pueden, por sus contenidos, arrojar luz sobre algunas dimen-siones claves de la (in)seguridad y el desarrollo humano.

En esta oportunidad, hemos identificado seis estudios que responden a este criterio. El documento de apertura de la serie, preparado por el especialista José María Rico, ofrece un balance de la situación de la (in)seguridad ciudadana en Costa Rica. Con este trabajo se provee una visión global de la victimización en el país, sus características y factores asociados, así como de la percepción de la (in)seguridad en la población y las respuestas de las instituciones estatales y la ciudadanía.

El Cuaderno 2 ofrece también una mirada sobre las manifestaciones de la inseguridad, esta vez con énfasis en la forma en que ella recae y afecta el desarrollo humano de las mujeres. Ana Carcedo, académica y reco-nocida defensora del derecho de las mujeres a una vida libre de violen-cia, emplea la perspectiva del desarrollo humano para realizar un nuevo acercamiento al tema de la violencia específica contra las mujeres.

El cuestionamiento sobre el nivel de responsabilidad de los medios de comunicación en la reproducción de la (in)seguridad ciudadana es fre-cuente. El estudio que aparece en el Cuaderno 3, elaborado por Carlos Sandoval y Karina Fonseca, contiene los elementos que permiten com-prender la interacción entre los mensajes de los medios de comunica-ción y la percepción de (in)seguridad en Costa Rica.

Otro tema que reiteradamente mencionó la ciudadanía, como un factor asociado al incremento de la inseguridad ciudadana, es la presencia de drogas en el país. Julio Bejarano es el autor del Cuaderno 4, y en él ex-plora el consumo de drogas, lícitas e ilícitas, así como las percepciones de la población, y el vínculo entre la presencia de drogas y la inseguridad.

El Cuaderno 5 muestra el detalle metodológico de la construcción del Índice de Desarrollo Humano Cantonal, con el propósito de contribuir a la discusión sobre la evaluación del desarrollo en el país. El documen-to fue elaborado por Edgar Gutiérrez y Paola Omodeo, del Observato-rio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

Finalmente, en el Cuaderno 6, los investigadores Isidora Chacón y Pablo Sauma analizan los aspectos económicos vinculados con la (in)seguridad ciudadana. Lo hacen desde dos vertientes: la primera corresponde al estudio de los factores económicos y sociales típicamente asociados a la inseguridad. La segunda aborda la estimación de sus consecuencias económicas, a nivel individual y social, para determinar los gastos en que incurren familias y gobierno por esta causa.

El lanzamiento de estos seis cuadernos espera convertirse en un aporte significativo al debate sobre el desarrollo humano en Costa Rica y al proceso de identificación de caminos que conduzcan hacia la expansión de las libertades de las personas.

José Manuel Hermida Representante Residente

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Índice

Introducción ..................................................................................................................... 7

I. El marco teórico y metodológico ................................................................................ 7

A. El marco teórico ................................................................................................... 7

B. El marco metodológico: fuentes de información ................................................ 14

II. La criminalidad ........................................................................................................ 16

A. Evolución y características (1985-2003) ............................................................. 16

B. Principales factores asociados a la criminalidad .................................................. 23

C. Percepciones ....................................................................................................... 25

III. El sentimiento de (in)seguridad ............................................................................... 29

A. Principales problemas ......................................................................................... 30

B. Grado de (in)seguridad ...................................................................................... 33

C. Medidas de protección tomadas ........................................................................ 34

IV. La reacción estatal oficial ......................................................................................... 36

A. Instituciones del país .......................................................................................... 37

B. La policía .......................................................................................................... 37

C. El sector judicial ................................................................................................. 41

D. El sistema penitenciario ..................................................................................... 44

E. Políticas estatales ................................................................................................ 44

V. La participación de la sociedad civil ......................................................................... 48

VI. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................. 50

A. El marco teórico ................................................................................................. 50

B. El marco metodológico ...................................................................................... 50

C. La criminalidad ................................................................................................. 51

D. El sentimiento de inseguridad ............................................................................ 52

E. La reacción estatal oficial ................................................................................... 52

F. La participación de la sociedad civil ................................................................... 53

G. Lineamientos para políticas públicas .................................................................. 53

Bibliografía ........................................................................................................................... 54

C U A D E R N O S D E D E S A R R O L L O H U M A N O | 7

Los informes nacionales de desarrollo humano tienen como finalidad abor-dar temas -o un conjunto de temas- prioritarios para el desarrollo y, cuando estos no existan o sean objeto de crítica, proponer políticas públicas en el campo analizado. Como en cualquier otro sector de la vida social organi-zada, en materia de (in)seguridad ciudadana tal propuesta implica nece-sariamente la presentación previa de la problemática y el análisis de sus principales elementos.

Con esta finalidad, en una primera sección se expondrá el marco teórico y metodológico. Las siguientes se dedicarán a la evaluación de la situación de sus componentes en los últimos veinte años: la criminalidad, el sentimiento de (in)seguridad ciudadana y la reacción oficial. La sección final versará sobre algunas propuestas de acción.

(In)seguridad ciudadana en Costa Rica:balance de la situación

I. El marco teórico y metodológico

A. El marco teórico 1

En la gran mayoría de los países latinoamerica-nos, los incrementos aunados de la criminalidad y el sentimiento de inseguridad representan uno de los principales problemas sociales. La grave-dad de la situación ha aumentado en la medida en que la ciudadanía considera ineficiente la in-tervención de los organismos tradicionalmen-te encargados de actuar frente al crimen. Aún más: pese a cierta retórica sobre lo realizado por

las autoridades competentes, ningún país de la región ha elaborado una política integral, cohe-rente y realmente aplicada y evaluada en materia de (in)seguridad ciudadana, uno de los princi-pales componentes de la política criminal.

Aunque en este último campo suelen propo-nerse definiciones variadas, existe cierta con-cordancia en definir la política criminal como el conjunto de métodos por medio de los cuales el cuerpo social articula respuestas frente al fenóme-no criminal. Deben destacarse dos elementos de esta definición: “un conjunto de métodos” supone el recurso a medidas no exclusivamente represivas; y “el cuerpo social” designa no solo el

1ChinchillayRico(1997),pp.3-35yRicoyChinchilla(2002),pp.11-47y86-118.

8 | PROGR AMA DE L AS NACIONES UNIDAS PAR A EL DESARROLLO

aparato penal oficial, sino otras instancias que tradicionalmente no han intervenido, o han intervenido poco, frente al crimen.

La bibliografía sobre el tema indica que el Estado puede intervenir ante el fenómeno criminal por varias vías (la prevención, el control -o represión- de la delincuencia) y en diversos niveles. En ambos casos, con arre-glo a los siguientes principios: respeto de las características esenciales de un Estado de de-recho y consideración del sistema de justicia penal como un conjunto. Así ocurre cuando el Estado recurre a la vía legislativa (por ejem-plo, mediante la amenaza que la sanción pe-nal puede significar para evitar la comisión de un delito), la judicial (gracias a la aplicación efectiva de los textos legales -prevención ge-neral- o la individualización de la pena para evitar la reincidencia -prevención especial-) y la administrativa (sobre todo, a través del re-curso a la acción policial -patrullas, registros, controles, etcétera- o social).

La investigación muestra, sin embargo, la escasa eficacia de la mayoría de estas vías y medidas. En particular de las basadas en un enfoque punitivo (el poder intimidante de la ley penal, la intervención policial y las sancio-nes impuestas por los jueces), terapéutico (la reinserción a la comunidad del delincuente condenado) y social (la realización de profun-das reformas en las estructuras sociales).2

Una política integral de (in)seguridad ciu-dadana debe tener en cuenta la complejidad de un tema en el que, entre otros, se combi-nan elementos de realidad (la criminalidad, o sea, el conjunto de delitos que se cometen en una sociedad, y el funcionamiento de los diversos componentes del sistema penal) y de percepción (la opinión de los ciudadanos sobre la delincuencia y la intervención oficial estatal) que, aun cuando constituyen facetas

de un mismo fenómeno, exigen tratamientos y acciones claramente diferenciados, aunque congruentes entre sí.

Por otra parte, y como ya se ha indicado, las clásicas soluciones represivas, las más frecuen-temente utilizadas, o preventivas -a menudo sin los necesarios recursos económicos- no han podido mostrar su eficacia en la lucha contra el delito. Ante esta situación, han apa-recido nuevos enfoques y modelos, cuya expe-rimentación y evaluación parecen indicar que son más prometedores. Tales son los casos, en el sector policial, del modelo de “policía comunitaria” o “de proximidad” y, en materia de prevención, de los enfoques “situacional” y “social”. Estas tendencias implican además la participación de la comunidad, como ocurre en otros sectores políticos y sociales.

Para la determinación de políticas públicas en materia de (in)seguridad ciudadana, la ex-posición de algunas perspectivas en el campo debe ser precedida de otra sobre los principa-les elementos de la problemática, que segui-damente se describen en forma somera, con especial referencia a Centroamérica.

La criminalidad

En relación con este tema, puede indicarse lo siguiente:

• deficientes mecanismos de compilación de datos;

• incrementos considerables de las tasas de criminalidad, en particular de los delitos de violencia;

• elevados índices de victimización, muy su-periores a los de la delincuencia registrada oficialmente, e importantes incrementos de los mismos;

2RicoySalas(1988),pp.169-237.


• una participación significativa en el deli-to de los jóvenes, quienes además suelen actuar en bandas o pandillas e incurrir en la vía delictiva a una edad cada vez más temprana;

• una relación cada vez más estrecha entre la delincuencia común y el crimen organizado, sobre todo en lo referente al narcotráfico, el robo de vehículos, el trasiego de armas de fuego e inmigrantes ilegales (“coyotismo”) y el lavado de dinero;

• cierta “regionalización” del delito, debido a que algunas de las mencionadas infracciones suelen no conocer fronteras geográficas; y

• la identificación de factores asociados a la criminalidad tales como el deterioro de ciertas condiciones básicas para el desarro-llo humano (familia, educación, vivienda, empleo, exclusión social), las secuelas de los conflictos armados ocurridos en la región (transmisión de patrones culturales violen-tos, desmovilización de los grupos armados, una muy alta circulación de armas de fuego de fácil adquisición en el mercado) y el con-sumo de alcohol y sustancias psicotrópicas (factor que aparece especial y regularmente asociado a los delitos violentos y sexuales).

El sentimiento de inseguridad

Las encuestas de opinión pública ponen de manifiesto:

• que la criminalidad representa uno de los principales problemas sociales, apenas supe-rado por el económico (desempleo, pobreza, costo de la vida);

• la percepción de un incremento constante de la delincuencia, generalmente atribuido al uso de drogas y armas de fuego, así como al

problema económico y a una deficiente in-tervención institucional;

• la extensión del sentimiento de inseguridad a otros hechos delictivos (corrupción públi-ca, violencia intrafamiliar);

• una percepción generalizada de inseguridad, sobre todo en las zonas urbanas, mayor en el país que en el propio barrio, y entre las muje-res y las personas de edad;

• que el temor de ser víctima de un delito sobrepasa la probabilidad real de serlo;

• el incremento de las noticias delictivas “amarillistas” y del “morbo” popular;

• la insatisfacción de la ciudadanía con la respuesta institucional; y

• como consecuencia de lo anterior, el recurso a una justicia “de mano propia”.

Los actores

Para la determinación de políticas públicas en materia de (in)seguridad ciudadana, que deben además formar parte de los planes de desarrollo y modernización de cada país, han de tenerse en cuenta, entre otros aspectos:

• los diversos sectores que tradicionalmente conforman el sistema de administración de justicia penal (policía, ministerio público, defensa, tribunales, prisiones);

• ciertos principios generales que deben servir-le de referente (accesibilidad, independencia, justedad, eficiencia, transparencia, mode-ración, equilibrio entre las necesidades de protección social contra el delito y del de-bido respeto de las garantías fundamentales de los inculpados); y


• la participación de nuevos actores (parti-dos políticos, legislador) y de la sociedad civil en el proceso destinado a elaborarla y aplicarla.

Además, una política criminal realista debe aceptar que los componentes antes indicados han de ser contemplados y analizados como un conjunto orgánico, como un verdadero sistema, y no como un conglomerado más o menos acertado de normas, instituciones, personas y procesos, que suele ser la forma tradicional de encararlo.

En América Latina, la investigación y las en-cuestas de opinión resaltan la existencia de serias limitaciones con respecto a la forma de intervención del sistema penal frente a la de-lincuencia y a la inseguridad ciudadana. Entre ellas merecen destacarse:

•la ausencia de una política criminal inte-gral, coherente y realmente aplicada, tanto en materia de control como de prevención del delito;

• la costumbre de proponer el recurso a la legislación penal -generalmente con res-puestas represivas- como la solución más adecuada a los problemas de criminalidad e (in)seguridad;

• la escasa credibilidad y confianza de la población en las instituciones del sistema penal;

• posiblemente como consecuencia de lo anterior, la delegación de soluciones en la seguridad privada;

• la falta de adecuación de la legislación pe-nal con las necesidades y expectativas de los ciudadanos, esencialmente debida a la “importación” de modelos foráneos, sin es-tudios previos de las realidades sociales y de los problemas inherentes a su aplicación;

• una intervención policial caracterizada ge-neralmente por un desempeño ineficien-te en la lucha contra la delincuencia y por prácticas autoritarias y corruptas, así como, en numerosos países de la región, la indefi-nición y ambigüedad de la función policial (defensa nacional vs. defensa ciudadana, policía militar vs. policía civil);

• una acción judicial percibida negativamen-te por numerosos sectores de la población a causa, sobre todo, de la indulgencia de las sanciones impuestas por los jueces (impu-nidad), la lentitud de los juicios y la des-igualdad del trato acordado a los usuarios del sistema (en especial, según su situación socioeconómica);

• una intervención penitenciaria caracteri-zada por las deficientes condiciones de las cárceles (sobrepoblación, infraestructura, ausencia de separación entre los reclusos) y la escasa efectividad de los programas de re-habilitación de los infractores condenados;

• un tratamiento del tema generalmente emo-tivo, apelando más al sentimiento de inse-guridad que a la búsqueda de soluciones a las condiciones objetivas que generan delin-cuencia e inseguridad; y

• la ausencia de tradición -y, por consiguien-te, de práctica- en cuanto a la participación de la sociedad civil en el sistema penal.

Las consecuencias de la criminalidad, del sentimiento de inseguridad y de la reacción estatal oficial

El incremento de la criminalidad y del temor ante este fenómeno, junto con una inadecua-da respuesta (real o percibida) por parte de los organismos competentes en la materia y de la sociedad civil, suelen acarrear consecuencias de diversa naturaleza: económicas, sociales y políticas.3

3RicoyChinchilla(2002),pp.39-41.


Entre las primeras, merecen mencionarse los costos resultantes del delito (pérdidas de vi-das, salud y bienes), de las medidas de pre-vención adoptadas en el plano individual y del sistema penal; la pérdida de productivi-dad por las actividades que dejan de realizarse por temor al crimen o por el trabajo que el infractor detenido y condenado podría rea-lizar; y los efectos negativos sobre la balan-za de pagos del país, ya que el aumento de la delincuencia y un elevado sentimiento de inseguridad pueden desestimular y alejar las inversiones y el turismo, importantes fuentes generadoras de divisas.

Con respecto a las consecuencias sociales, el delito y el sentimiento -real o injustificado- de miedo ante el crimen suelen engendrar reacciones afectivas. Estas darían lugar a im-portantes cambios de conducta destinados a protegerse contra las actividades criminales, que afectan la calidad de vida de la población por sus consecuencias tanto en el plano psi-cológico (sentimiento de soledad, abandono y angustia) como en el social (menor disposi-ción a atender solicitudes de extraños, mayor desconfianza frente al prójimo). Dichos cam-bios contribuyen, además, al establecimiento de estereotipos acerca de la criminalidad y del delincuente, según los cuales este proviene de las clases sociales de categoría inferior o de ciertos países. Esto provoca fenómenos de es-tigmatización, rechazo de las clases margina-das o del extranjero, desprecio del pobre, etc., con el probable resultado final de una dismi-nución del sentimiento de solidaridad social. Estos factores constituyen una amenaza seria y real para el desarrollo humano.

Finalmente, en cuanto a las consecuencias políticas, la criminalidad y el sentimiento de inseguridad suelen originar presiones de la población sobre las autoridades públicas con la finalidad de generar cambios en las moda-lidades de intervención frente al problema. Estas presiones frecuentemente se concretan

en exigencias de medidas más represivas, tan-to en el plano legal (aumento de las penas, instauración de la pena de muerte), como en el policial (otorgamiento de más amplios po-deres a los cuerpos policiales) y hasta en el parapolicial (actuación de grupos armados similares a los tristemente famosos escuadro-nes de la muerte). Asimismo en el recurso a operativos policiales de “limpieza social”, me-diante la ejecución de redadas o la imposición del “toque de queda” para neutralizar la acción de las pandillas juveniles o al patrullaje con-junto ejército-policía. De igual modo, ante la ineficiencia de la reacción estatal, se están dando casos alarmantes de recurso a una jus-ticia “de mano propia”, con respecto a la cual posiblemente Guatemala sea el ejemplo más significativo por el elevado número de lincha-mientos populares. Todo esto conlleva aspec-tos impropios de una sociedad democrática y representa un serio peligro para la consolida-ción de un Estado de derecho.

El entorno

Diversos estudios muestran que las sociedades occidentales contemporáneas se caracterizan por una serie de rasgos con repercusiones pre-visibles sobre la criminalidad y sus transfor-maciones, el conjunto del sistema penal y las medidas a adoptar para un mejor tratamiento del tema. Entre ellos se destacan los siguien-tes, también aplicables a Centroamérica:

•cambios en el volumen y características de la población (por ejemplo, el incremento de la población juvenil e inmigrante);

• desarrollo de las grandes urbes y sus con-secuencias (crecimiento desordenado, zonas marginadas, desempleo, ausencia de recur-sos elementales en materias básicas);

• progresos tecnológicos, tanto para la comi-sión de nuevos delitos como para mejorar la intervención de los organismos del sistema penal;


•mayor respeto de los derechos humanos;

• crecientes presiones sobre los gobiernos destinadas a reducir el gasto público, reali-zar estudios de tipo costo/ beneficio, buscar programas menos onerosos, privatizar cier-tos servicios públicos, conseguir una mayor coordinación interinstitucional y utilizar recursos comunitarios;

• en materia política, consolidación de sistemas democráticos, descentralización e integración regional; y

• la globalización de la vida económica y su impacto sobre el tema.

Nuevos enfoques y modelos

El incremento de la criminalidad y del senti-miento de inseguridad, una percepción gene-ralizada de ineficiencia de la reacción estatal oficial, la pérdida de credibilidad en las institu-ciones estatales responsables y, en algunos paí-ses centroamericanos y como consecuencia de lo anterior, el recurso a otros métodos (justicia “de mano propia”), exigen el replanteamiento de las políticas criminales tradicionales.

En este sentido, nuevos enfoques y modelos en la materia han mostrado, desde hace más de un cuarto de siglo, resultados satisfactorios en otros países (Estados Unidos, Canadá y Europa), confrontados también a problemas similares. Tales son los casos, en el sector po-licial, del modelo de “policía de proximidad” (o de orientación comunitaria) y, en mate-ria de prevención del delito, de los enfoques “situacional” y “social”, que seguidamente se exponen. Estas tendencias implican, además, la participación de las instituciones estatales involucradas en la problemática y de la socie-dad civil.

1. La prevención del delito

Entre los numerosos tipos y enfoques en ma-teria de prevención -conjunto de medidas destinadas a impedir o limitar la comisión de un delito-, los más novedosos y prometedo-res son los que distinguen entre prevención “situacional” y “social”.

Se entiende por prevención “situacional” el conjunto de medidas no penales tendientes a eliminar o reducir las ocasiones que en nu-merosos casos propician la comisión de un delito (por ejemplo, mediante la instalación de cerraduras y sistemas de alarma en resi-dencias y comercios, una mejor iluminación en las calles o la vigilancia de barrio). Su pos-tulado de base es que el delito resulta, en gran medida, de elecciones influenciadas por aspectos concretos e inmediatos de las situaciones en que puede encontrarse un infractor potencial, y sus efectos pueden apreciarse en el corto plazo.

El enfoque “social” (intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales orientadas a ate-nuar su propensión criminal) está basado en las clásicas teorías etiológicas del delito, según las cuales la acción criminal se explica por la existencia de múltiples factores anteriores a su perpetración (familia, escuela, empleo, frecuentación de otros delincuentes, per-tenencia a bandas criminales, papel de los medios de comunicación, consumo excesivo de alcohol y otras drogas, etc.); los resulta-dos de este enfoque solo pueden darse en el mediano y largo plazo.

Como en todas las tipologías propuestas, se trata de modelos ideales, por lo que suele preconizarse la combinación de ambos enfoques.


2. La policía “de proximidad” o “de orientación comunitaria”

Este modelo surge en los Estados Unidos, a finales de los años 70, como consecuencia del escaso éxito de los métodos tradicionales de prevención y del modelo policial “profesional” para enfrentar el fenómeno de la delincuen-cia y, sobre todo durante la década de los 80, del incremento de los hechos de violencia, de venta y consumo de droga, de los llamados “delitos en la calle” y de los actos de incivili-dad (disorders). El nuevo modelo se extiende rápidamente a Canadá y Europa, y se completa con nuevos enfoques en materia de prevención de la criminalidad y la incorporación de la comunidad en la elaboración y ejecución de políticas públicas en este campo.

En cuanto a sus objetivos, parece existir con-senso en considerar como meta general me-jorar la calidad de vida de los ciudadanos, desarrollar un medio de vida apacible y seguro y favorecer una mayor cohesión y solidaridad sociales. Y, como objetivos específicos, propi-ciar soluciones sostenibles a los problemas de la comunidad (especialmente en materia de criminalidad), recurriendo para ello al enfo-que “resolución de problemas”; disminuir las formas más graves y preocupantes de crimi-nalidad y el sentimiento de inseguridad de la ciudadanía frente a ellas; incrementar el nivel de satisfacción de la población ante la inter-vención policial y del sistema penal; favore-cer la participación activa de la comunidad en la prevención del delito y la “producción” de seguridad; contribuir a la coordinación interinstitucional en estos campos; valorizar al personal policial; y mejorar los mecanis-mos de control (internos y externos) sobre la actuación policial.

Las principales características del nuevo modelo policial son, sobre todo: cambios en la organización misma (descentralización operativa, delegación de responsabilidades,

patrulla del barrio a pie o en bicicleta); la ampliación del mandato policial tradicional, que ya no se limita a las clásicas funciones de prevención y represión de la criminalidad y al mantenimiento del orden, sino que abarca la resolución de los problemas de la comunidad; la selección y capacitación del personal poli-cial, que debe ser más un gestor social que un agente encargado del mantenimiento del or-den público; una intervención proactiva más que reactiva, enfatizando en las causas más que en las consecuencias del delito. Asimis-mo, un mayor acercamiento a la comunidad, con la finalidad de dar una respuesta persona-lizada a sus miembros y mejorar la imagen de la institución; una amplia y activa participa-ción de la sociedad civil y de la comunidad en la identificación y solución de sus principales problemas (incluyendo la criminalidad); el establecimiento de mecanismos de asocia-ción, cooperación y coordinación entre las autoridades políticas, los servicios públicos y privados, los medios de comunicación y la comunidad; la inserción de la acción policial en las políticas locales de desarrollo social; y la obligación de rendir cuentas (a las autori-dades políticas, a la comunidad).

Las evaluaciones realizadas sobre este nuevo modelo policial muestran resultados satisfac-torios. Entre ellos destacan la disminución de ciertos delitos y del sentimiento de inse-guridad, una mayor visibilidad de la policía, el establecimiento de contactos más ricos y prometedores de sus miembros con la comu-nidad, una mejor imagen de esta institución ante la ciudadanía, la disminución de las posi-bilidades de abusos policiales y un mayor gra-do de satisfacción con respecto a los servicios prestados por dicho organismo. Sin embargo, también ha sido objeto de serias críticas, por no ser un método eficaz para el control del crimen (entre otras causas, por fenómenos como el desplazamiento de la criminalidad), por su ca-rácter demasiado idealista (promete al público más de lo que la policía puede dar realmente),


el llamado efecto de “halo” (el entusiasmo oca-sionado por el nuevo modelo suele disminuir al cabo de un tiempo), una difícil adaptación de las actuales estructuras policiales, la posibi-lidad de corrupción (favorecida por los contac-tos con ciertos grupos sociales) y los cambios en los sistemas de evaluación (¿cómo medir la eficacia de la asociación policía-ciudadanos, la cohesión social de una comunidad, la mejoría de la calidad de vida de sus miembros?).

B. El marco metodológico: fuentes de información

Las principales fuentes de información sobre los temas de la criminalidad y la (in)seguridad ciudadana son esencialmente las estadísticas oficiales y las encuestas de opinión.

La criminalidad4

Medir el fenómeno criminal no suele ser una tarea fácil. Entre las dificultades con que se enfrenta el investigador, la primera resulta de la existencia de la llamada “cifra negra” u oculta de la criminalidad. Esta es resultado de la decisión de las personas que han sido vícti-mas o testigos de un delito de no denunciarlo a las autoridades competentes por diversas razones: falta de confianza en una interven-ción eficiente de los organismos del sistema penal, miedo a posibles represalias, esca-sa gravedad del hecho, etcétera. La segunda deviene de la carencia de estadísticas crimi-nales o de la poca fiabilidad de las existen-tes. La tercera, del énfasis que generalmente se hace en la delincuencia “común”, con el consiguiente descuido de otras modalidades delictivas más preocupantes y socialmente

dañinas, por ejemplo, los llamados delitos “de cuello blanco”, la corrupción o la criminalidad transnacional. La cuarta, de la selección que, en distintos niveles, efectúan determinados organismos del sistema penal encargados de recibir y calificar los casos entrados (Policía, Ministerio Público, Juzgados), lo que justifica la hipótesis según la cual las estadísticas cri-minales representan más los modos de operar de dichos organismos y las características de su “clientela” que la verdadera situación cri-minal del país. Finalmente, en los países que disponen de diversas categorías de estadísti-cas criminales (en los planos policial, judicial o penitenciario), la determinación del nivel más adecuado para la medida del fenómeno criminal. En relación con este último proble-ma, se reconoce generalmente que, por estar más cercanos a la realidad que se pretende medir, deben privilegiarse los datos compila-dos por la policía.

Costa Rica cuenta con estadísticas crimina-les sobre los tres niveles antes enumerados: policial, judicial y penitenciario. No obstante, la principal fuente de información aquí utili-zada será la correspondiente al nivel judicial; más concretamente las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, que incluyen las hechas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la policía administrativa y, en el caso de estas últimas, los delitos descubier-tos directamente por esta; se excluyen sin em-bargo los casos de flagrancia (no reportados por el OIJ).5

El grado de fiabilidad de la fuente propuesta es razonablemente elevado, ya que, además de ser el Ministerio Público el principal orga-nismo receptor de denuncias según la legis-lación vigente, recurre a la tipología delictiva

4 Chinchilla(1992),pp.12y13.

5 Otrasfuentesdeinformaciónsobreloshechosdelictivossonlasalcaldías(que,enmateriacontravencional,registranlosilícitospenalesmásleves), loshospitales(sobrehomicidiosylesiones)yel InstitutoNacionaldeSeguros(sobreciertascategoríasderobos:enlascasas,devehículos).


prevista en el Código Penal y utiliza un mé-todo uniforme de compilación y tratamiento de datos.

Merecen señalarse, empero, las siguientes deficiencias de dicho instrumento:

• la inclusión de algunas figuras que no cons-tituyen delitos o faltas, sino que más bien representan actividades del Ministerio Pú-blico relacionadas con sus funciones (por ejemplo: la averiguación de desaparición o de muerte), y cuyo porcentaje es muy bajo en relación con el total de entradas netas en las oficinas de dicho organismo;

• la posible confusión entre las categorías “denuncias” y “casos entrados”;

• la ausencia de datos sobre las personas dete-nidas (sexo, edad, modus operandi, etcétera);6

• la presentación de un número excesivo de delitos (unos 200) previstos en el Código Penal y leyes especiales, muchos de ellos de escasa importancia, tanto en términos cuantitativos como cualitativos; esto, que es útil para fines de gestión e investigación, es muy poco operativo para la toma de de-cisiones en el sector;7

• antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (1998), todas las denuncias eran presentadas al Juez de Ins-trucción, quien solo las remitía al Ministe-rio Público si ordenaba la investigación del caso;

• con fines comparativos, la falta de coinci-dencia entre los territorios cubiertos por las delegaciones y subdelegaciones del OIJ y las oficinas judiciales, por una parte, y la nomenclatura delictiva utilizada por ambas fuentes de información, por otra; y

• con el mismo fin, la falta de indicaciones previas en cuanto a las modificaciones en la legislación penal o en las prácticas de regis-tro que puedan tener incidencia en la evo-lución de determinados delitos, deficiencia que está en vías de subsanarse.8

La (in)seguridad y el sistema penal

Aunque las encuestas de opinión permiten captar aspectos del fenómeno criminal y del sistema penal que no figuran en las estadísti-cas oficiales, lo cual enriquece el análisis, sus principales problemas son su escasa frecuen-cia (debido a su alto costo) y la metodología utilizada. Por ejemplo, el tamaño y naturaleza de la muestra, y la identificación de los temas tratados.

En Costa Rica, se han llevado a cabo tres en-cuestas de cierta envergadura y con rasgos re-lativamente comunes. La primera de ellas se efectuó en abril y mayo de 1986 con muestras representativas de 950 adultos, 204 funcio-narios judiciales (magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos), 182 abogados y 325 personas privadas de libertad.9

6 EstosdatosfiguranenlasestadísticasdelOIJ,aunquesoloconrespectoaciertasinfracciones(homicidios,delitossexuales,drogas).

7 Conbaseenestaobservación,másadelantesejustificalaseleccióndelosdelitosqueservirándebase,tantoparalaevolucióndelacriminalidadenelpaís,comoparaunaposiblereformadelsistemadeestadísticascriminales.

8 Asíocurrió,porejemplo,conladisminuciónen1995delasdenunciasregistradasporelOIJ,debidaaunadecisióndeladireccióndeesteorganismodesoloaceptar,apartirdeesafecha,lasdenunciasporhurtosydañoscuyomontofueseigualosobrepasaselosmínimosestablecidosporlaley(antes,nohabíareglasdefinidasalrespecto),conlaconversiónenel2000delosabusosdeshonestosenrelacionessexualesconmenoresyconlatransformaciónendelitosdevariascontravenciones.

9 Ricoet al.(1988).Estaencuestatuvolugarenelmarcodeunproyectocentroamericanoparamejorarelsistemadeadministracióndejusticiapenal,financiadoporlaAgenciaparaelDesarrolloInternacional(AID)delosEstadosUnidos,patrocinadoporelInstitutoLatinoamericanoparalaPrevencióndelDelitoyelTratamientodelDelincuente(ILANUD)ycoordinadoporelCentroparalaAdminis-tracióndeJusticiadelaUniversidadInternacionaldelaFlorida.


La segunda, auspiciada por el Proyecto Re-gional de Justicia del Programa de las Nacio-nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realizó en febrero de 1999 con una muestra representativa de 1.214 hogares.10

La tercera, elaborada para nutrir el conteni-do del presente informe, ha sido aplicada en mayo y junio del 2004 a una población repre-sentativa de 2.402 personas de 16 años y más, a partir de un extenso cuestionario elaborado por el equipo coordinador, y completada con entrevistas a 12 grupos focales. En adelante, los resultados de las dos primeras se presen-tarán en la medida en que haya coincidencia con las preguntas formuladas en la última.

Además de las que acaban de indicarse, des-de 1990 se han llevado a cabo otras encuestas -sobre todo por parte de UNIMER, CID-Gallup y Demoscopía- que, por el carácter limitado de sus preguntas, solo se mencionan aquí cuando corresponda, en forma comple-mentaria.11 También se han realizado encues-tas en el marco de dos proyectos aplicados en el plano local: el primero, el Proyecto de Policía Comunitaria, puesto en marcha como plan piloto en 1996 por el Ministerio de Se-guridad en el barrio capitalino de Hatillo. El segundo, que tuvo lugar entre enero de 1998 y junio del 2000 en Rincón Grande de Pavas;12 por su carácter local, solo se hará una refe-rencia circunstancial a sus resultados en este documento.

II. La criminalidad

A. Evolución y características (1985-2003)

Debido a la mencionada extensión de los de-litos registrados en las estadísticas del Poder Judicial, se ha considerado oportuno y útil sim-plificar su enumeración. En este sentido, se ha seguido el modelo empleado en países como Estados Unidos y Canadá, que solo retienen para este fin los hechos delictivos más graves y frecuentes, agrupándolos en dos grandes ca-tegorías: delitos contra la persona (o delitos violentos) y delitos contra la propiedad.

Esta selección no elimina, sin embargo, el problema de la fiabilidad de los datos regis-trados. Por ejemplo, mientras que algunos delitos graves o numéricamente importantes son fiables en cuanto a su “reportabilidad” (los homicidios, lesiones y algunas categorías de robos suelen denunciarse casi siempre debi-do a su carácter grave o impactante, o bien al hecho de que la denuncia es un requisito in-dispensable para ser indemnizados por el se-guro), otros pueden ser frecuentes pero poco fiables: son los casos de las estafas y daños, cuyo registro estadístico suele ser inferior a la realidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta en el Cuadro 1 la evolución, desde 1985, del

10Chinchilla,ed.(1999).

11 Estasencuestaspresentanademásincoherenciasquereducensuvalorcomoindicador:porejemplo,losenunciadosdelaspreguntasnosuelenseridénticosynorepitentodaslaspreguntasencadaunadelasencuestas.

12Paraunadescripciónmásampliadelprimerproyecto,ver:MinisteriodeSeguridadPública(1997),Proyecto piloto de seguridad ciuda-dana en Hatillo. Evaluación de los resultados del primer año de operación; SanJosé,CostaRica;MinisteriodeSeguridadPública(1988),Resumen del informe de labores 1994-1998; SanJosé,ImprentaNacional;ChinchillayRico(1997),pp.68-69,nota69;yRicoyChinchilla(2002),pp.63-65.Encuantoalsegundo,tituladoSeguridad ciudadana en Centroamérica,auspiciadoporelInstitutoInteramericanodeDerechosHumanosyejecutadoencincomunicipiosdeBelice,CostaRica,ElSalvador,Guatemala,HondurasyNicaragua,véanse:Rico(1999-2000-2001)yRicoyChinchilla(2002),pp.75-81.


Cuadro 1DelincuenciaenCostaRica.Entradasnetas(1)enlasoficinasdelMinisterioPúblico,

segúntiposdedelitos.Totalesytasaspor10.000habitantes.1985-2003

Años

1985(2) 1990(2) 1995(2) 2000 2001 2002 2003

Contralapersona

Agresión 1.642 2.066 4.197 5.385 5.202 5.606 5.874

(6,1) (6,8) (12,4) (13,6) (12,9) (13,8) (14,2)

Homicidio 145 153 177 238 256 310 389

(0,5) (0,5) (0,5) (0,6) (0,6) (0,8) (0,9)

Homicidioculposo 336 376 546 543 581 851 733

(1,2) (1,2) (1,6) (1,4) (1,4) (2,1) (1,8)

Lesiones 2.188 1.288 1.644 1.492 1.300 1.470 2.188

(8,2) (4,2) (4,9) (3,8) (3,2) (3,6) (5,3)

Violación 420 573 725 1.209 1.278 1.343 1.543

(1,6) (1,9) (2,1) (3,0) (3,2) (3,3) (3,7)

Contralapropiedad

Daños 1.451 1.581 1.050 1.654 1.871 1.951 2.158

(5,4) (5,2) (3,1) (4,2) (4,6) (4,8) (5,2)

Estafa 1.814 1.391 2.397 3.090 3.169 3.612 3.533

(6,8) (4,6) (7,1) (7,8) (7,9) (8,9) (8,5)

Hurto 4.800 4.617 3.831 10.301 11.397 11.154 10.730

(17,9) (15,2) (11,4) (26,0) (28,3) (27,5) (26,0)

Robo 3.034 3.344 4.958 25.799 29.340 29.388 35.987

(11,3) (11,0) (14,7) (65,2) (73,0) (72,6) (87,1)

Otros 20.280 26.723 35.814 44.113 46.605 50.066 57.845

(75,8) (88,2) (106,3) (111,4) (115,9) (123,7) (140,0)

Total 36.110 42.112 55.339 93.824 100.999 105.751 120.980

(135,0) (139,0) (164,3) (237,0) (251,2) (261,4) (292,7)

Notas:(1)Las“entradasnetas”resultandelasustracciónentrelas“denuncias”ylas“incompetencias”.Aestasentradasdebenañadirselosdelitosdeacciónprivada,queingresandirectamentealostribunales(enel2002,soloseregistraron633casos).(2)IncluyelosdelitospasadosdirectamenteporlasAlcaldíasalosJuzgadosdeInstrucción.

Fuentes: Elaboración propia a partir de “Entradas netas recibidas en las oficinas del Ministerio Público”, Anuario de Estadísticas Judiciales, Poder Judicial,DepartamentodePlanificación,SeccióndeEstadística,SanJosé,CostaRica.Losdatossobrelapoblaciónhansidotomadosde“Estimacionesyproyeccionesdepoblación1970-2100”,INECyCCP,2002.

Delitos


conjunto de la criminalidad registrada oficial-mente en las oficinas del Ministerio Público y de cada uno de los delitos seleccionados, así como sus tasas por 10.000 habitantes. La pre-sentación se hace por períodos quinquenales hasta el 2000 y, hasta el 2003, para cada año.

Evolución de las tasas

El análisis de dicho cuadro permite hacer las siguientes observaciones:

•entre 1985 y 2003, las tasas del total de en-tradas netas de delitos en las oficinas del Ministerio Público se han incrementado el 116,8%, sobre todo entre 1990 y 1995 (18,2%) y, en particular, entre 1995 y 2000 (44,2%); el aumento entre 2000 y 2003 ha sido del 23,5%;

•el incremento más espectacular ha tenido lugar en materia de robos: el 670,8% de las tasas durante todo el período considerado, en especial hasta el año 2000 (477%); después de esta fecha, el aumento ha sido del 33,6%;

• las tasas de agresiones han aumentado un 132,8% entre 1985 y 2003, sobre todo entre 1990 y 1995 (82,3%);

• también las tasas de las violaciones han ex-perimentado un fuerte crecimiento (131,2%) durante todo el período, aunque irregular según los quinquenios: el 18,7% entre 1985 y 1990, el 10,5% entre 1990 y 1995, el 42,8% entre 1995 y 2000 y el 23,3% entre 2000 y 2003;

•durante el período analizado, las tasas de los homicidios dolosos se han incrementado el 80%, sobre todo entre el 2000 y el 2003 (50%);

• lo mismo ha ocurrido con respecto a los homicidios culposos, que han conocido un aumento del 50% entre 1985 y 2003, osci-

laciones entre 1985 y 2001, y un nuevo in-cremento del 50% entre el 2001 y el 2002;

•en cambio, las tasas de lesiones han dismi-nuido en un 35,3%, aunque esta baja tuvo lugar entre 1985 y 2001, pero entre este año y el 2003 se registró un incremento consi-derable (65,6%);

• las tasas de los hurtos han aumentado el 45,2% entre 1985 y 2003, habiendo regis-trado una baja importante entre 1985 y 1995 (36,3%), pero un fuerte incremento (128,1%) entre 1995 y 2000;

• también las tasas de estafas han aumenta-do durante la totalidad del período un 25%, después de haber registrado una disminu-ción del 32,3% entre 1985 y 1990, una fuer-te subida entre 1990 y 1995, y un aumento más moderado después;

•finalmente, las tasas del delito de daños han tenido una disminución del 3,7%, bastante importante entre 1985 y el 2000 (22,2%), pero seguidas de un incremento entre el 2000 y el 2003 (23,8%).

Como se puede apreciar, las tasas del conjun-to de la criminalidad y de los delitos han teni-do incrementos considerables, especialmente entre el 2001 y el 2003.

Delitos más frecuentes

Los delitos numéricamente más frecuentes fueron, en el 2003, los robos (el 29,7% del to-tal), seguidos de lejos por los hurtos (8,9%), las agresiones (4,8%), las estafas (2,9%), las lesiones y los daños (1,8% en ambos casos), las violaciones (1,3%), los homicidios culpo-sos (0,6%) y los homicidios dolosos (0,3%). Como puede observarse, los delitos contra la propiedad representaban ese año el 43,3% del conjunto de casos entrados en las oficinas del Ministerio Público y las infracciones contra


la persona el 8,9%. Estas proporciones son similares a las registradas en países más avan-zados, pero difieren de las existentes en los demás países centroamericanos, cuyos índices son muy superiores en cuanto a los delitos contra las personas.

Con respecto a los robos, única categoría considerada en las estadísticas judiciales, los datos registrados en las del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) -que, sin embar-go, utilizan un método de compilación y una nomenclatura diferentes-13 permiten conocer en forma más detallada diversas modalidades

de este tipo delictivo. Así, en el 2003, entra-ron en las oficinas policiales del OIJ 11.550 casos de robos con fuerza sobre las cosas (el 50,7% del total de 22.761 casos), 5.907 ca-sos de robos con violencia sobre las personas (26%) y 5.304 de robos de medios de trans-porte (23,3%), sobre todo de automóviles y motocicletas.

En cuanto a los homicidios dolosos, las men-cionadas estadísticas del OIJ indican que, en el 2003, se registraron 292 casos y 300 vícti-mas, de acuerdo con las siguientes variables relacionadas con estas:

13Enelaño2003,eltotaldecasosentradosenlasoficinaspolicialesdelOIJfuede50.100,mientrasquelasentradasnetasenlasoficinasdelMinisterioPúblicoseelevarona120.980.

SanJosé(134),Alajuela(39),Limón(34),Puntarenas(33),Heredia(23),Cartago(19)yGuanacaste(18).

Diciembre(30),mayo(29),julio(29),enero(28),noviembre(27),agosto(26)ysetiembre(26).

Domingo(63),martes(48),sábado(46)yviernes(42)

6:00pm-11:59pm(127),12:00mn-5:00am(68),12:00m-5:00pm(59)y6:00am-11:59am(48).

Armadefuego(156),armablanca(89),golpes(31)yasfixiaporestrangulamiento(15).

Revólver(82),pistola(70)yotrasarmas(4).

Robooasalto(78),riña(40),problemapersonal(38),violenciadoméstica(30),venganza(33),problemapordrogas(17)yproblemapasional(10);

Vía pública (159), casa o apartamento (74), finca o propiedad privada (39), dentro de localcomercial(28).

Hombre(254),Mujer(46).

20-29años(94),40-49años(56),30-39años(55),50-59años(29),60añosymás(20),18-19años(16),15-17años(14),menosde5años(9)y10-14años(7).

Soltero(172),casado(71),unióndehecho(47)yotro(10).

Delincuente, ladrón, reo o antisocial (35), desempleado y/o desocupado (31), agricultor ypeónagrícola(20),consumidordedroga(19)yoficiosdomésticos(16).

CostaRica(234),Nicaragua(43),Colombia(9)yEstadosUnidos(5).

Distribuciónporprovincias:

Mesdeocurrencia:

Díadeocurrencia:

Hora:

Métodoomodalidadutilizada:

Armadefuegoutilizada:

Móvilocausa:

Sitiodelsuceso:

Sobre la víctimaSexo:

Edad:

Estadocivil:

Actividadeconómicaosocial:

Paísdeorigen:

Continúa...


Hombre(195),mujer(9).

CostaRica(167),Nicaragua(26),Colombia(2),EstadosUnidos(2).

20-24años(48),25-29años(35),30-34años(30),40-44años(22),35-39años(21),18-19años(14),15-17años(12),45-49años(9).

Armadefuego(93),armablanca(70),golpes(23),asfixiaporestrangulamiento(12).

Robooasalto(41),riña(33),problemapersonal(30),violenciadoméstica(25),problemapordrogas(14).

208(el71,2%).

Sobre el imputado (204 casos)

Sexo:

Paísdeorigendelimputado:

Edaddelimputado:

Métodoutilizado:

Móvilocausa:

Casosresueltos:

En relación con los homicidios culposos, la misma fuente muestra que en el 2003 se regis-traron 528 casos, de los cuales la casi totalidad (500, o sea, el 94,7%) se debieron a accidentes de tránsito (entre ellos 262 atropellos, 207 co-lisiones y 23 vuelcos), que causaron la muerte de 625 personas.

Comparadas con las cifras de la delincuencia “común”, merece señalarse el escaso volumen de las referentes a los delitos “de cuello blan-co”. En el 2003, las entradas netas a las oficinas del Ministerio Público fueron: administración fraudulenta (326 casos), cohecho (34), concu-sión (42), defraudación fiscal (84), enrique-cimiento ilícito (4), lavado de dinero (296), malversación de fondos (23), peculado (144), prevaricato (41), quiebra fraudulenta (13) y soborno (15), o sea, solo el 0,8% del total de las 120.980 entradas netas registradas ese año. También fueron extremadamente reducidas, en ese año, las contravenciones: solo 169 casos.14

Distribución territorial

El Cuadro 2, que muestra la distribución te-rritorial de la delincuencia, permite hacer las siguientes observaciones referidas únicamen-te al año 2003:

• las oficinas del Ministerio Público de San José registraron ese año la gran mayo-ría de las entradas netas de todos los de-litos seleccionados, en especial de estafas (67,6%), hurtos (45,7%), lesiones (44,7%), robos (43,8%), homicidios (42,3%), daños (40,5%) y agresiones (39,1%);15

•después de San José, las oficinas que tu-vieron más entradas netas fueron las de Alajuela, sobre todo de homicidios cul-posos (19,8%), violaciones (16,7%), da-ños (15,8%), agresiones (15,3%), hurtos (14,6%), robos (13,8%) y lesiones (13,6%);

14Sinembargo,eseañoseregistraron44.472entradasporfaltasycontravencionesenlosJuzgadosContravencionalesdelpaís.Lasmásnumerosasfueronporamenazas(20,2%),hurtosmenores(10,8%),palabrasobscenas(7,4%),golpes(6,5%),molestiasatranseúntes

(6,3%),lesioneslevísimas(5,6%)ydañosmenores(5,1%),osea,el61,6%deltotalingresado.

15ParaunadescripciónmuchomásdetalladasobrelaciudaddeSanJosé,véaseCarvajalAlvaradoyAlfaro(2002).

...vienedelapáginaanterior


•en cuanto a las tasas, las de agresiones fue-ron más elevadas en Limón y Puntarenas; las de homicidios dolosos en San José, Pun-tarenas y Limón; las de homicidios culposos en Guanacaste, Limón y Puntarenas; las de lesiones en San José, Limón y Puntarenas; las de violaciones en Limón y Puntarenas; las de daños en Puntarenas, Guanacaste y San José; las de estafas en San José; las de hurtos en Puntarenas y San José; y las de robos en Heredia y San José.

Otros países

Como en la mayoría de estudios sobre la cri-minalidad en otros países -incluso los más avanzados-, los datos con respecto a Costa Rica, aunque válidos para analizar la evolu-ción y características del fenómeno criminal, no permiten responder a preguntas esenciales para la determinación de eventuales accio-nes estatales, tales como ¿cuán importantes son las tasas de criminalidad y su posible

Provincias

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón

Agresión 5.874 2.294 900 480 327 467 703 703 (14,2) (15,9) (11,6) (10,3) (8,6) (16,4) (18,1) (19,0)

Homicidio 389 207 48 25 23 17 37 32 (0,9) (1,4) (0,6) (0,5) (0,6) (0,6) (1,0) (0,9)

Homicidioculposo 733 222 145 45 41 90 95 95 (1,8) (1,5) (1,9) (1,0) (1,1) (3,2) (2,4) (2,6)

Lesiones 2.188 978 298 202 96 151 234 229 (5,3) (6,8) (3,8) (4,3) (2,5) (5,3) (6,0) (6,2)

Violación 1.543 499 257 118 93 107 234 235 (3,7) (3,4) (3,3) (2,5) (2,4) (3,8) (6,0) (6,3)

Daños 2.158 873 340 192 110 166 291 186 (5,2) (6,0) (4,4) (4,1) (2,9) (5,8) (7,5) (5,0)

Estafa 3.533 2.390 367 173 159 148 182 114 (8,5) (16,5) (4,7) (3,7) (4,2) (5,2) (4,7) (3,1)

Hurto 10.730 4.906 1.572 614 320 849 1.685 784 (26,0) (34,0) (20,3) (13,2) (8,4) (29,8) (43,5) (21,2)

Robo 35.845 15.706 4.948 3.485 5.089 2.252 2.580 1.927 (87,1) (108,7) (64,1) (75,1) (133,5) (79,1) (66,6) (52,1)

Fuentes: Las indicadas en el Cuadro 1.

Cuadro 2DelincuenciaenCostaRica,porprovincias.EntradasnetasenlasoficinasdelMinisterioPúblico.

Totalesytasaspor10.000habitantes.2003

Delitos Total


incremento? ¿Existe un límite a partir del cual dicho aumento deba considerarse into-lerable?16

La respuesta suele consistir en situar el país considerado en una escala de tasas de un conjunto de países. Sin embargo, el recurso al método comparativo constituye una tarea difícil, si se tienen en cuenta factores como las diferencias en los métodos de compilación y presentación de datos de otros países, las es-casas investigaciones de esta naturaleza, la re-ferencia prioritaria a los delitos violentos (en especial el homicidio) o ciertas incoherencias y la relativa lejanía temporal de los datos pre-sentados.

Pese al valor relativo de este método, algunos estudios indican que en Centroamérica:

• las tasas de los delitos contra la vida y la integridad personal, las infracciones contra la propiedad y los delitos sexuales se incre-mentaron entre 1990 y 1994 en Costa Rica, Honduras y Nicaragua;17 esta tendencia sostenida al crecimiento se confirma en Ni-caragua (entre 1991 y 1997, los delitos con-tra la propiedad se incrementaron el 39,7% y contra la persona el 61,4%) y en Panamá (entre 1991 y 1995, los aumentos de estas

dos categorías delictivas fueron del 4,3% y del 55,9%);18

•en Guatemala, se observa, entre el 2001 y el 2003, un aumento de las tasas del total de delitos registrados por la Policía Nacio-nal Civil, los homicidios, los hurtos y ro-bos de vehículos y motos y los secuestros; una disminución de los hurtos y robos en residencias y comercios y a personas, y las violaciones; y oscilaciones en cuanto a las lesiones y a los demás hurtos y robos;19

•con la excepción de Costa Rica, las tasas de muertes violentas (homicidios y suicidios) son elevadas en todos los países de la re-gión: en 1998, fueron de 82,4 en El Salva-dor, 76,9 en Guatemala, 40,7 en Honduras, 13,3 en Nicaragua y 5,8 en Costa Rica. 20

Otros estudios muestran lo siguiente, con res-pecto a diversos países de América Latina:

• fuertes variaciones de las tasas de homici-dios por 100.000 habitantes, cometidos a finales de los 80 y principios de los 90: 150 en El Salvador y Guatemala; 89,5 en Co-lombia; entre 10 y 20 en Brasil, Nicaragua, México, Venezuela, Perú, Panamá y Ecua-dor; 9,4 en Honduras; 5,6 en Costa Rica; y entre 4 y 5 en Argentina, Uruguay, Para-guay y Chile;21

16Estas observaciones también se aplican al tema de la percepción de los ciudadanos sobre su propia seguridad, las instituciones

oficialesencargadasdegarantizarlaysufuncionamiento,olosprincipaleslineamientosdepolíticaspúblicasenelsector.

17Carranza(1997),pp.28,32y38.EnestaobrasepresentandatossobrelospaísescentroamericanosyMéxico.

18Chinchilla(2002),p.252.

19Rico(2004),p.24.

20Chinchilla(2002),p.252.Peseasudisminución,ElSalvadortieneunadelastasasdehomicidiosmásimportantesdelmundoymuchomáselevadaquelaantesindicada:164,5en1994,149,7en1995y139,0en1996;entre1994y1998,seincrementaronlasamenazas,losrobosyloshurtos,perodisminuyeronlasviolacionesylossecuestros,ytuvieronoscilacioneslaslesionesylosdaños(Cruzet al.,2002,pp.91-92y176-177).

21Buvinicet al. (1999),p.2.Para lastasasendiversasciudades latinoamericanas,véansePiquetCorneiroyFajnzylber (2001),p.201yArriagada(2002),p.119.


•en Brasil, un aumento de las tasas de homi-cidios: casi el 62% entre 1985 y 1990 y el 16,1% entre 1990 y 1995;22

•en Chile, una disminución, entre 1990 y 1994, de las tasas de homicidios (5,6 y 4,6), robos (585,7 y 514,9) y hurtos (145,9 y 125,6) denunciados a Carabineros;23

•en Colombia, un incremento constante de las tasas de homicidios por 100.000 habi-tantes: 32 entre 1975 y 1982, 39 entre 1982 y 1995, y 54 entre 1975 y 1995.24

B. Principales factores asociados a la criminalidad

Como ya se ha indicado, los principales fac-tores asociados a la criminalidad -sobre todo en Centroamérica- son el deterioro de cier-tas condiciones básicas para el desarrollo hu-mano (familia, educación, empleo, etc.), las secuelas de los conflictos armados ocurridos en la región y el consumo de alcohol y sustan-cias psicotrópicas (factor asociado a los delitos violentos y sexuales).

Teniendo en cuenta el carácter introductorio de este capítulo y el tratamiento más acabado que en otros se hará, nos limitaremos al análi-sis de dos de tales factores: el uso de armas de fuego y el consumo de drogas.

1. Aunque las armas de fuego son utilizadas para la comisión de numerosos delitos, sus consecuencias más graves se verifican en los casos de homicidios y lesiones.

En Costa Rica, entre 1983 y 1985, el 48,8% de los homicidios se cometió con armas de

fuego; este porcentaje se elevó al 53,9% para el período 1995-1997 y representaba, en el 2003, el 52% de las víctimas. Estas cifras coinciden con la evaluación hecha en 1996 por las Naciones Unidas, según la cual más del 50% de los homicidios que se cometieron en el mundo se llevaron a cabo con armas de fuego. En 1999, había 43.241 armas matricu-ladas en el Departamento de Control de Ar-mas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública.25

Según la encuesta del 2004, el 94,9% de las personas entrevistadas declararon no poseer ningún arma. De los que dijeron tenerla (so-bre todo revólveres y pistolas), el 71,4% la había comprado sobre todo en un comercio especializado; el 64,7% manifestó tener ma-trícula y permiso para portarla; el 70,6% ex-presó tener un conocimiento “muy bueno” y “bueno” sobre su manejo; el 34,5% declaró tener mucho entrenamiento (el 20,2 “regular” y el 15,1% “poco”), pero el 52,1% no realizaba prácticas de tiro (el 25,2% una vez al mes y el 10,9% semanalmente).

Dicha encuesta muestra opiniones bastante categóricas sobre los inconvenientes de las armas. Así, los encuestados dijeron estar “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con los siguientes enunciados: causan accidentes a inocentes o familiares (88,9%), han provocado un in-cremento de los suicidios (81,1%) y de las muertes (86,4%) y aumentan la posibilidad de muertes en casos de violencia domésti-ca (88,6%). En el mismo sentido, el 86,3% manifestó estar “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” con que cualquier perso-na tenga la libertad de poseer un arma. Las

22DeMesquitaNetoyLoche(2003),p.181.

23Frühling(2002),pp.326-329.

24VélezyBanguero(2001),p.68.

25Loría(2001),pp.23-81y La violencia en Costa Rica: visión desde la salud pública (2000).


opiniones están repartidas en cuanto a si las ar-mas son necesarias para protegerse del crimen (el 44,1% y 39,1% en ambas categorías), pero el 91,9% de los encuestados pensaba que debería hacerse un examen de manejo de armas para tener una, y el 61,2% opinó que debería existir una legislación que prohibiera la tenencia de armas.

Con respecto a otros países centroamerica-nos,26 en El Salvador, casi el 75% de los ho-micidios, el 50% de los secuestros y el 36,5% de los robos con agresión fueron cometidos con armas de fuego en 1999 y, entre 1994 y mayo del 2000, estaban registradas 143.161 armas (el 77% de ellas armas cortas), que solo representaban el 35,7% del total estimado de 400.000 armas.

En Honduras, 1.677 homicidios y 1.244 le-siones se debieron al uso de este tipo de armas y, entre 1997 y 1999, se vendió un promedio anual de once mil armas.

En Nicaragua, entre 1998 y 1999, los deli-tos cometidos con mayor presencia de armas de fuego fueron los robos con intimidación (38,7%), los homicidios (14,4%), las lesio-nes (12,7%) y los asesinatos (7,4%), y había 52.390 armas registradas (el 59% de ellas armas cortas) en mayo del 2000.

En Centroamérica, hasta el 2000, el total de armas registradas era de 147.581 en Gua-temala, 143.161 en El Salvador, 96.614 en Panamá, 52.390 en Nicaragua y 43.241 en Costa Rica.27

En Guatemala, el porcentaje de homicidios con arma de fuego pasó del 57,4% en 1986 al 72,8% en 1996 y al 76,8% en 199828 y, en el 2003, al 81,5% de homicidios y el 66,4% de lesiones; se observaron importantes diferen-cias en los homicidios según los departamen-tos del país (el 87,1% en Guatemala, el 84,2% en El Petén y el 83,7% en Escuintla).29

2. En cuanto a las drogas, conviene ante todo subrayar que los casos registrados estadís-ticamente representan apenas una ínfima parte de la realidad de un fenómeno muy poco conocido.

En Costa Rica, las entradas netas en las ofi-cinas del Ministerio Público en el 2003 fue-ron sobre todo la tenencia de drogas (5.112 casos) y las infracciones a la Ley sobre Estu-pefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas (2.914), seguidas muy de lejos por la venta de drogas (443), el consumo (153), la tenencia de marihuana (125) y de semillas de marihuana (68), el consumo de marihuana (40), el tráfico de drogas y marihuana (37), el transporte de drogas y marihuana (27), el tráfico interna-cional de drogas (25), el cultivo de marihuana (16), el tráfico de marihuana (7) y el sumi-nistro (8), elaboración y almacenamiento de drogas (1); es decir, el 7,4% del total de entra-das netas de ese año.

En otro nivel de realidad, en el 2003, el OIJ atendió 1.358 casos de infracciones a la Ley sobre drogas antes citada, de los cuales el 47% fue entrado en la provincia de San José, el 16% en Alajuela, el 11% en Puntarenas y el

26Verlosrespectivoscapítulosen:El arsenal invisible. Armas livianas y seguridad ciudadana en la postguerra centroamericana(2001).

27En1998,seestimabaqueelremanentedearmasdefuegoproductodelosconflictosarmadosenlaregióneradeaproximadamentedosmillones(InternationalPeaceBureau,Arms Trade,1998).

28MINUGUA(2002),p.78.

29Rico(2004),pp.24-25,31,53y75.


10% en Cartago. Se llevaron a cabo 559 in-vestigaciones (muy pocas con relación a los casos atendidos). Las principales infracciones fueron la tenencia de marihuana (543 casos) y droga (303), la venta de droga (248) y el tráfico de droga (117). De un total de 1.311 personas detenidas, 1.214 eran costarricenses, 55 nicaragüenses, nueve colombianos y pana-meños y seis estadounidenses.30

Según la encuesta de mayo del 2004, el 53,2% de las personas entrevistadas sabía de la venta de drogas en su comunidad o en algún lugar cercano, sobre todo la calle (50,2%), la casa de un vecino (25,6%), la escuela o colegio (6%) y los bares (5,4%). Casi la mitad de ellas (el 48,4%) no denunció personalmente esos lu-gares, y el 92,7% declaró no haber tomado drogas (el 77,9%, señaló que tampoco lo ha-bía hecho ningún miembro de su familia).

En la región centroamericana, el grave proble-ma de la narcoactividad ha estimulado el sur-gimiento y desarrollo de diversas actividades ilícitas (tráfico de armas de fuego y automó-viles robados, lavado de dinero) fuertemente organizadas, sofisticadas y violentas, sobre todo en la costa atlántica de Nicaragua y en las fronteras entre Guatemala y México.31

C. Percepciones

Aunque, como ya se ha indicado, se trata de otro nivel de realidad, las encuestas de opi-nión pública permiten completar y calificar los datos procedentes de las estadísticas ofi-ciales. Sobre todo si se tiene en cuenta al alto porcentaje de personas que, aun habiendo sido víctimas de un delito, no lo denuncian a las autoridades pertinentes. En los Cuadros

3 y 4 se presentan los resultados relacionados con la percepción de las personas entrevista-das sobre los factores que ocasionan o favore-cen la criminalidad y la victimización.

1. En el Cuadro 3, se pueden observar las si-guientes divergencias de opiniones:

•el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, considerado en 1986 como el segundo fac-tor que incidía en el aumento de la delin-cuencia, ocupaba el primer rango en 1999 y 2004;

•el desempleo ocupaba el primer lugar en 1986, pero el tercero en 1999 y el segundo en el 2004;

• la pérdida de valores tradicionales pasa del último rango en 1986, al segundo en 1999, pero vuelve a ocupar el último puesto en el 2004.

Son escasas las encuestas que proponen pre-guntas específicas sobre el incremento de la delincuencia en los últimos años y sus cau-sas (como se verá más adelante, tales causas se refieren a la percepción ciudadana sobre la (in)seguridad). Sin embargo, las realizadas por UNIMER en mayo y setiembre de 1991 y enero de 1992 muestran que, para la gran mayoría de los ciudadanos (el 90% en mayo de 1991 y el 94% en setiembre de ese año), la delincuencia había aumentado en los últi-mos doce meses. Se atribuyó tal incremento, en setiembre de 1991, al uso de drogas (36%), la crisis económica (13%), la pobreza (12%), la decadencia moral (10%), la violencia en el cine y la televisión (8%) y la ineficiencia policial (8%).

30Convieneseñalarlaambigüedaddelanomenclaturautilizadaenlasestadísticas(¿quéabarcaeltérmino“droga”?),lagrandiferenciaenlaintervenciónpolicialyjudicialconrespectoalasdiversascategoríasdedrogasylaausenciadeinvestigacionessobrelarelación

droga-criminalidad.

31Chinchilla(2002),pp.255-256yChinchilla(2003),pp.210-212.


Las llevadas a cabo por CID/Gallup, en setiembre del 2003, indicaban que para el 85% de los ciudadanos la delincuencia ha-bía aumentado en los últimos meses, y este porcentaje subía al 90% en diciembre del mismo año. También señalan algunas encues-tas que la situación ha empeorado: así opinó, en la de UNIMER de enero del 1992, el 63% de las personas entrevistadas y, en la realiza-da por CID/Gallup en abril de 1995, casi el 50% de ellas.32

En la encuesta del 2004, el 77,8% de los en-trevistados se declaraba “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con que, por los programas trans-mitidos, los medios de comunicación eran, en parte, responsables del incremento de la violencia, sobre todo por presentar los hechos en forma sensacionalista. Asimismo, el 81,5%

consideraba que el crimen organizado afecta-ba la convivencia de la comunidad.

La comparación con otros países es difícil, si se tienen en cuenta sus diferentes situaciones específicas, especialmente en lo socioeconó-mico. En Guatemala, las principales causas del incremento de la criminalidad se atri-buyen al problema económico (desempleo, pobreza), el uso de drogas y la ineficiencia po-licial.33 En Argentina (Gran Buenos Aires), al incremento del desempleo y de la pobreza, el consumo de drogas, la ineficiencia policial y la poca severidad de los jueces.34 En Chile, una encuesta realizada en 1997 indicaba que, con respecto al año anterior, el 68,6% de los entrevistados consideraba que el volumen de la delincuencia era mayor, el 84,2% que era más violenta y un porcentaje mayoritario va-ticinaba que aumentaría en el futuro.35

32Chinchilla(1997),p.99.33Rico(2004),p.89.34Smulovitz(2003),pp.131-133.35Frühling(2002),p.313.

Cuadro 3Factoresasociadosalacriminalidad

Notas:(1)Enlaencuestade1986,lapreguntahechaaquienesopinaronqueladelincuenciahabíaaumentadoenlosúltimosañossereferíaalascausasdetalaumento.(2)Serefierealascausasquemásinfluyenenlainseguridadciudadana.Tambiénseañadiólafaltadeeducación:el2,9%.(3)Enlaencuestade1999,serefiereúnicamentealtemadeladesintegraciónfamiliar.(4)Enlaencuestade2004,lapreguntaserefierealamigración.

Fuentes:Rico et al.(1988),Chinchilla,ed.(1999)yEncuestanacionaldeseguridadenCostaRica(2004).

Año

1986 (1) 1999 2004 (2)

Desempleo 40,1 11,1 18,4

Consumodedrogasybebidasalcohólicas 37,1 50,7 20,4

Ineficienciapolicial 6,7 -- 2,5

Pérdidadevalorestradicionales(3) 2,2 19,3 2,2

Demasiadosextranjeros(4) 4,3 -- 5,7

Factores


2. En cuanto a la victimización, se observa, en primer lugar, un importante incremento de los porcentajes de personas que declaran haber sido víctimas de un delito en el últi-mo año, los cuales pasan del 20% en 1986, al 26,9% en 1999 y al 38,7% en el 2004.36 Estos índices, similares en 1986 y 1999 a los regis-trados en los países más avanzados, son supe-riores en el 2004.37

El Cuadro 4 indica, en segundo lugar, los de-litos que causan más víctimas y su aumento/disminución entre 1999 y mayo del 2004. En ambas fechas se destacan los robos y asaltos en lugares públicos y en las viviendas, pero en el 2004 los porcentajes de estafas y agresiones son superiores a los de 1999. Los datos re-lacionados con robos y agresiones coinciden con los que figuran en el Cuadro 1 (entradas netas en las oficinas del Ministerio Público).

En el año 2004, los actos violentos contra el patrimonio y la integridad física afectaron sobre todo a las personas de sexo masculino que viven en zonas urbanas y con un ingre-so mensual por hogar de 300 mil colones o más. En cambio, los actos contra la integri-dad emocional y sexual solamente lo fueron en forma un poco mayor contra las mujeres con ingresos de 150 mil a menos de 300 mil colones mensuales por hogar, en los casos de maltrato emocional o psicológico y violación.

Aunque a todas las personas que habían sido víctimas de al menos un delito en ese año se les hizo una serie de preguntas sobre determinadas circunstancias de su comisión y la formulación de denuncias ante las autori-dades competentes, los resultados más signi-ficativos se refieren a los robos personales y en la vivienda, al maltrato emocional, injurias y ofensas, y a los golpes y lesiones sin armas.38

Cuadro 4Victimización

Notas:(1)Enlaencuestade2004,setrataderobosoasaltosfueradelacasa.(2)Enlaencuestade2004,soloderobosenlacasa.(3)Enlaencuestade2004,lasagresionessedesglosansegúnseanconosinarmas.(4)Enlaencuestadel2004figurabanotrosdelitosnoconsideradosen1999,algunosdeellosenproporcionessuperioresalasindicadasenelcuadro:dañosoactosdevandalismocontraelautomóvil(7,9%)olacasa(5,1%),maltratoemocionalopsicológico(5,1%),amenazasdealgúntipo(2,1%),extorsionesochantajesnosexuales(1,2%),tocamientosindeseadosconfinessexuales(0,8%),amenazaspornegarseafavoressexuales(0,7%),explotaciónsexual(0,2%)ysecuestros(0,1%).Conrespectoalasagresionesfísicas,sedistinguíanlasllevadasacaboconalgúntipodearma(el3%)ylasperpetradassinarmas(el3,6%).

Fuentes:LasindicadasenelCuadro3.

Delitos 1999 2004

Robooasaltoenlugarpúblico(1) 50,9 13,8Robooasaltoenlavivienda(2) 24,8 6,7Robodevehículo 9,8 2,5Estafa 2,5 6,1Agresiónfísica(3) 1,8 6,6Violaciónytentativa 1,5 0,6Homicidioytentativa -- 0,6

36Paralosdatossobrevictimizacióndeesteañoseutilizóunamuestradiferente:en891hogares,laspersonasquefueronentrevistadaspersonalmenteenlaencuestademayo,lofueronenagostoporlavíatelefónica.Contrariamentealosañosanteriores,lapreguntaselimitabaaalgúnactoviolento,notodosconstitutivosdedelito.

37En1989,lastasasdevictimizaciónerandel30%enAustralia,CanadáyEstadosUnidos;del25%enAlemania,EspañayHolanda;del20%

enBélgica,FranciayGranBretaña;del15%enFinlandia,NoruegaySuiza;einferioresal10%enJapón.VanDijk,(1992),pp.45-46.

38Setratadelascuatrocategoríasdelictivasnuméricamentemásfrecuentes(252casos)deacuerdoconlasentrevistasllevadasacaboenlasviviendas.Elescasísimonúmerodelosdemáscasosnojustificabasutratamientodetallado.


Los delitos, cometidos generalmente por dos o tres infractores (uno en los casos de maltrato emocional) desconocidos mayores de edad, ocurrieron sobre todo en la calle (especialmente en los casos de robos persona-les y golpes y lesiones) y en la residencia de la víctima (en menor proporción, en el lugar de trabajo), y tuvieron lugar especialmente du-rante la semana (lunes a viernes), entre las seis de la tarde y medianoche y mediodía y seis de la tarde (los casos de maltrato, entre las seis de la mañana y mediodía).

Los entrevistados en el 2004 estimaron, fi-nalmente, que las personas más expuestas a ser víctimas de actos violentos eran: to-dos (32,1%), los niños (23,1%), las mujeres (9,4%), los adultos mayores (9,4%) y los jó-venes (8,6%), y que las personas que come-tían más actos violentos eran, sobre todo, los drogadictos (40,0%), seguidos de lejos por los jóvenes y la clase baja (7,1% en ambos ca-sos), los extranjeros (5,5%), los desempleados (5,4%), los que no tienen educación (3,8%), los vagos (2,8%), las pandillas (2,0%) y los ni-cas (1,5%).39

En otros países, la investigación arroja los si-guientes resultados sobre la victimización:

•en Centroamérica (1997): Guatemala (41%), El Salvador (33%), Nicaragua (29%), Costa Rica (20%), Honduras (16%) y Pana-má (16%);40

•en El Salvador: el 29,5% de hogares fue víctima de asalto en 1996;41

•en Argentina (Gran Buenos Aires): el 51,8% fue víctima en 1996 y el 44,1% en 1997 (sobre todo de robos de objetos en vehículos, con violencia, en residencias y de bicicletas);42

•en algunas áreas metropolitanas de Amé-rica Latina: en Buenos Aires, las tasas de victimización del total de delitos pasan del 30,6% en 1997 al 37% en 1998; en Cali fue el 23% en 1999; en Lima, el 21% en 1998; en San Salvador, el 20% en 1998; y en Ciu-dad de México, el 17% en 1998. En cuanto a los delitos económicos, estos porcentajes fueron el 38,6% en Buenos Aires (1995), el 45,8% en Sao Paulo (1998) y el 25,3% en Río de Janeiro (1996).43

3. El tema de las denuncias plantea dos pro-blemas importantes en América Latina: el de la participación de la ciudadanía en materia de (in)seguridad y el de la validez de los datos recogidos. En cuanto a estos últimos, convie-ne mencionar que en algunos países, o solo se registran las denuncias de actos violentos que dan lugar a la apertura de un juicio o impli-can la identificación de un sospechoso, o bien se privilegia el número de casos investigados o resueltos por la policía como indicador de su eficiencia. En el mejor de los casos, en la región se reporta a la autoridad competente la

39Ademásdereproducirlosclásicosestereotipossobreeldelincuente,seobservaunafuerteincoherenciaconrespectoalosnicara-güenses:elporcentajeindicado(el1,5%)nosecorrespondeconelresultantedeotrapreguntasobrelanacionalidaddelaspersonasquecometenmásactosviolentos(parael64,4%delosentrevistados,setratabadenicas,el16,6%seatribuíaacostarricensesyel16%acolombianos).


41Cruzet al. (2000),p.184.

42Smulovitz(2003),p.128.

43Fajnzylberet al.(2001),p.44.


mitad de los hechos violentos de que han sido víctimas o testigos los ciudadanos (contra más del 80% en Norteamérica y Europa).44

En Costa Rica, solo el 19,3% de las personas que, en 1999, fueron víctimas o testigos de un delito lo reportó a las autoridades compe-tentes. En mayo del 2004, cuando se trataba de los cuatro delitos antes indicados, este por-centaje fue muy superior, aunque varió con-siderablemente: robo en la vivienda (58,1%), golpes y lesiones sin armas (45,8%), robo personal (34,8%) y maltrato emocional, inju-rias y ofensas (32,4%).

En 1999, las denuncias se hicieron particular-mente al OIJ (52,4%, sobre todo en los casos de robos de vehículos y de robos o asaltos con agresión en un lugar público), aunque tam-bién a la Fuerza Pública (38,1%) y al Minis-terio Público (9,5%). En cambio, en el 2004, se recurrió en primer lugar a la Fuerza Públi-ca en los casos de robos personales (58,1%), golpes y lesiones sin armas (54,5%) y mal-trato emocional (47,8%), y al OIJ cuando se trataba de robos en la vivienda (55,6%). Con la excepción de los casos de maltrato emocio-nal (21,7%), las denuncias presentadas ante el Ministerio Público fueron inferiores al 9%. Las principales razones para no denunciar el delito fueron que las autoridades no harían nada (el 49,6% en 1999, especialmente en los casos de robos o asaltos en la vivienda; en el 2004, el 76,9% en cuanto a los robos en las viviendas, el 50% en los casos de robo perso-nal y el 30,8% en los de golpes y lesiones sin arma), que no se trataba de un asunto grave (27,1% en 1999, sobre todo con respecto a los robos de vehículos; en el 2004, el 54,2% con respecto al maltrato emocional y el 23,1% en cuanto a golpes y lesiones sin arma), que no

había una autoridad cercana (9,8% en 1999 y, en el 2004, el 12,1% en los casos de robos personales), el miedo a venganza o represalias (en el 2004, el 30,8% de golpes y lesiones y el 10,4% de maltrato emocional). También se mencionaron, aunque con muy bajos porcen-tajes, el desconocimiento de procedimientos, su carácter difícil y costoso y la intimidación del infractor. La mayor o menor proporción de denuncias parece estar relacionada con el nivel de desarrollo del país, el cual está correlacionado, a su vez, con la calidad de sus instituciones públicas.45

Los datos anteriores no concuerdan con la opinión mayoritaria de las personas entre-vistadas en mayo del 2004 (69,5%), según la cual, si presenciaran un delito, ayudarían a las autoridades como testigo del hecho. Las principales razones de quienes no lo harían (14,6%) o lo harían dependiendo del delito (11,1%) eran el temor a represalias (58,5%), no comprometerse (13,6%) y la impresión de que la policía no podía garantizar la seguridad del informante (3,1%). De cualquier forma, el 96,6% de los encuestados se manifestó “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que hay que denunciar los delitos para poder castigar al delincuente, pese a que la denuncia no supon-ga el esclarecimiento de los hechos (76,9%).

III. El sentimiento de (in)seguridad

La preocupación de los ciudadanos ante el crimen puede situarse en distintos niveles de realidad. En un primer plano, la población suele tener una opinión determinada sobre el

44Ledermanet al.(2001),pp.239-240.

45Fajnazylberet al.(2001), p. 43.(2001),p.43.


volumen y la evolución de la criminalidad en el país, la ciudad y el barrio, así como acer-ca de la importancia del fenómeno criminal con respecto a otros problemas sociales.46 Sin embargo, los conocimientos que los ciuda-danos poseen sobre tal situación son vagos e incorrectos y, en numerosos casos, las imáge-nes de la delincuencia y del delincuente están estrechamente vinculadas a juicios de valor y a estereotipos. En un segundo plano, la po-blación suele hacerse cierta idea de la ampli-tud del riesgo de ser personalmente víctima de algún delito, así como de la evolución en el tiempo de dicho riesgo. En ambos casos, la percepción y las reacciones de los ciudada-nos están más o menos relacionadas con unas variables individuales y sociales (zona, sexo, edad, profesión, etcétera).47

En el Cuadro 5 se exponen las opiniones de los ciudadanos sobre los puntos antes men-cionados. En primer lugar, situando el tema con respecto a los principales problemas del país. En segundo lugar, pronunciándose sobre el grado de (in)seguridad, en general y en su propio barrio. Finalmente, indicando las me-didas adoptadas para una mejor protección personal. Algunos elementos del tema serán tratados más ampliamente en otros capítulos del informe, por lo cual la presentación y el análisis que se exponen seguidamente se limi-tarán a sus aspectos generales.48

A. Principales problemas

Con respecto a este punto, los resultados in-dican que el 19,2% de las personas entrevis-tadas consideraba, en mayo del 2004, que la delincuencia representaba el principal pro-blema del país, seguida de cerca por el alto costo de la vida (18,2%) y, más lejos, por el desempleo (14,7%), la corrupción pública (13,9%) y la drogadicción (11,2%). Otros pro-blemas les parecían, sin embargo, menos im-portantes: la pobreza (6,7%), el mal estado de la economía (4,8%), el narcotráfico (3%) y la inmigración (2,7%). Independientemente del rango asignado a cada uno de estos factores, puede verse que, en proporciones similares, los problemas económicos (costo de la vida, desempleo, pobreza y mal estado de la econo-mía) y los relacionados con la criminalidad y la (in)seguridad (delincuencia, drogadicción, corrupción) constituían ese año más del 88% del conjunto de los que más inquietaban a los ciudadanos.

Los lugares ocupados por tales factores en la escala de preocupaciones de los ciudadanos han variado durante el período considerado en este estudio, lo que puede explicarse por situaciones específicas (por ejemplo, la co-yuntura económica, hechos delictivos de par-ticular importancia y su tratamiento por los medios de comunicación colectiva). En efec-to, las encuestas de 1986 y 1999, así como las

46Noobstante,convieneindicarquecuandoenlasencuestassemencionaexpresamentelacategoría“criminalidad”,estaaparececomounodelosprincipalesproblemasqueinquietanalaciudadanía;encambio,cuandonoselamenciona,unaproporciónmuchomásbajadeciudadanosserefiereaella,privilegiandosobretodolostemasrelacionadosconlasituacióneconómicadelpaís(desempleo,pobreza,costodelavida).Tambiéndebeseñalarseque,alreferirseala“criminalidad”,lapoblaciónparecetenerencuentasobretodo

ladelincuenciacomún.

47Ricoet al.(1988),p.72.

48Conlafinalidaddecontribuiraunadecuadoplanteamientodelaproblemática,convieneseñalarque,deacuerdoconlaencuestadel2004,laspersonasentrevistadasdefiníanlainseguridadciudadanasegúnlossiguientesparámetrosprincipales:nopodersalirtranqui-loportemoraserrobado(49,3%),lafaltadeprotección(10,1%)ylaexistenciademuchosrobos(8,7%)ydelincuentes(6,6%).


de UNIMER49 muestran, en forma resumida, lo siguiente:

•como problema social, la delincuencia, que ocupaba el primer rango en 1986, pasa al tercero en enero de 1993 y 1995, vuelve a colocarse en el primer lugar en 1999 y octubre del 2000, de nuevo en el tercero en marzo del 2002 y febrero del 2004, y se sitúa otra vez en el primer puesto en mayo del 2004;

• la drogadicción, en el primer plano en ene-ro de 1993, pasa al cuarto hasta el 2001 y al quinto hasta la fecha;50

• la corrupción pública, situada en el sexto lu-gar en 1986, en octavo entre 1995 y 1997, en quinto rango en 1999, en séptimo entre

el 2000 y el 2003, sube al cuarto puesto en mayo del 2004;

•el desempleo pasa del cuarto lugar en 1986 al tercero hasta el 2001, y al segundo rango en el 2002 y 2003; al primero en mayo del 2002 y febrero del 2004, pero baja al tercer lugar en mayo del 2004;

•finalmente, el alto costo de la vida ha ocu-pado, con algunas oscilaciones, el primer lugar en enero del 2000, agosto del 2001 y marzo del 2002, el tercero en 1999 y mayo y setiembre del 2003, y el segundo en 1986, octubre del 200 y febrero y mayo del 2004.

También varía la percepción ciudadana según se trate del país, la propia comunidad o su pro-blema personal. Por ejemplo, de acuerdo con

Cuadro 5Percepcióndeseguridad-inseguridad

Preguntas 1986 1999 2004

Principales problemas del país (1er. lugar)-delincuencia(1) 23,2 54,9 19,2-desempleo 13,5 30,1 14,7-costodelavida 16,8 39,1 18,2-pobreza 10,2 23,3 6,7-corrupciónpública 3,4 29,3 13,9-inmigración -- 3,0 2,7-drogadicción -- 41,7 11,2

Grado de seguridad (país)-muyyalgoseguro 26,6 22,1-másomenosseguro(2) 13,6 ---pocoynadaseguro 59,8 77,6

Grado de seguridad (barrio)-muyyalgoseguro 64,5(a) 56,8 62,0-másomenosseguro(2) -- 12,9 ---pocoynadaseguro -- 30,1 37,3

Continúa...

49Aunque la utilización de las encuestas de UNIMER con respecto a este tema se justifican por su regularidad, presentan algunosinconvenientes, talescomouna terminologíadiferente (delincuencia,violencia,crimen/violencia)yavecesambigua (inseguridad,delincuencia),olaagrupacióndelosproblemaseconómicos.

50Conviene señalarque ladrogadicción suele interpretarsemáscomounproblemade inseguridad (por laposibleamenazade losdrogadictosalaseguridadpersonal)quedeconsumo.


la encuesta de UNIMER, realizada en agosto del 2001, los problemas en el plano nacional eran el costo de la vida y el crimen y la vio-lencia (17,7% en ambos casos), el desempleo (13,3%), la situación económica (10,1%), la pobreza (9,6%), la drogadicción (7,3%) y la corrupción (5%). En la comunidad de los en-trevistados, el crimen y la violencia (20,7%), el desempleo (17%), la drogadicción (15,4%), el mal estado de calles y carreteras (10,5%), la pobreza (3,2%) y la basura (3,1%). Final-mente, en el plano personal, eran sobre todo el costo de la vida (38,4%), seguido de lejos por el desempleo (11,7%) y la inseguridad ante el futuro (4,2%). Los dos últimos niveles son de gran importancia, ya que reflejan las preocupaciones más inmediatas y concretas de la ciudadanía.

En la encuesta de mayo del 2004, las situa-ciones de inseguridad que más afectaban a los ciudadanos eran el robo personal (24,1%), el tráfico de drogas (21,1%), el robo en la vivienda (7,6%), la corrupción de funcionarios (7,3%), los homicidios (7,2%), el robo de vehículos (5%), los asaltos y robos a establecimientos comerciales (3,5%), la prostitución infantil (3%), el hurto personal (2,8%), los accidentes

de tránsito (2,7%), el abuso sexual (2,5%), las agresiones a menores de edad (2,4%) y con armas de fuego 2,1%) y las estafas y frau-des (1,4%). Con algunas excepciones, estas percepciones se corresponden con los datos estadísticos sobre criminalidad presentados en el Cuadro 1.

Las entrevistas con los grupos focales permi-tieron profundizar en este tema. En primer lugar, al confirmar que el problema de la in-seguridad surgía espontáneamente, incluso cuando la pregunta inicial había sido formu-lada en términos muy generales. En segundo lugar, al determinar el objeto del temor de las personas entrevistadas, que incluía la violen-cia y el daño de carácter físico, la pérdida y el daño del patrimonio personal o familiar, el daño emocional, el secuestro, la integridad física de los hijos y, sobre todo, el tema de la drogadicción (como fenómeno general, pero especialmente de los hijos). Otros motivos de preocupación fueron el alto costo de la vida, el desempleo y la incertidumbre frente al futuro. Finalmente, se identificó el tipo de personas temidas: cualquiera, las personas socialmente estigmatizadas (drogadictos, individuos con tatuajes o pelo largo, chapulines), los extran-

Notas:(1)Enlaencuestadelaño2004seincluyelainseguridadciudadana.(2)Estaposibilidadnoestáconsideradaenlaencuestade2004.(3)Enlaencuestade2004,setratadeunaorganizaciónconlapolicíacomunitaria.(a)Enlaencuestade1986incluye“algoseguro”y“másomenosseguro”.


Preguntas 1986 1999 2004

Medidas de protección tomadas-nodejarlacasasola -- 45,4 59,9-ponerrejasalacasa 38,4 31,7 64,2-adquirirunperroparavigilarlacasa 20,0 22,2 39,2-instalarcerradurasespeciales -- 11,0 32,8-poneraparatosdealarmaenlacasa -- 7,2 12,5-pagarseguridadprivada 12,0 9,1 12,4-comprarunarma 10,0 8,3 6,2-organizarseconlosvecinos(3) 15,0 -- 19,8-seguircursosdedefensapersonal -- 2,7 12,4-instalaralambredepúasonavaja -- 2,5 13,2

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jeros (sobre todo nicaragüenses y colombia-nos) y, en el caso de las mujeres, los hombres.

En la mencionada encuesta del 2004, aunque una gran mayoría de los entrevistados (81,1%) estimó que la inseguridad/delincuencia podía controlarse o disminuirse, pero no desapare-cer, y una proporción menor (67,9%) que el país estaba en capacidad de resolver este pro-blema, el 63,4% (sobre todo los encuestados universitarios y la población urbana) consi-deró que, a título personal, “nada” o “poco” se podía hacer al respecto.

En otros países, como en Argentina (Gran Buenos Aires), la delincuencia pasó del sexto al segundo lugar de las preocupaciones de los ciudadanos en 1997.51 En El Salvador, du-rante la década de los 80, el conflicto bélico y la situación económica constituían las principales preocupaciones de los ciudadanos; después de la firma de los Acuerdos de Paz, la guerra desaparece y la delincuencia se presen-ta como el principal problema del país.52

B. Grado de (in)seguridad

En cuanto al nivel de (in)seguridad, la situa-ción es similar a la que generalmente se da en otros países: los ciudadanos consideran que hay mayor seguridad en su barrio que en el país. En efecto, el Cuadro 5 indica que, en 1999, el 59,8% de las personas entrevistadas consideró que el país era “poco seguro” o “nada seguro”, pero este porcentaje bajaba al 30,1% en el caso de su barrio. En sentido contrario,

el 26,6% de los encuestados en 1999 estimó que el país era “muy seguro” o “algo seguro”, contra el 56,8% en el barrio. Estas diferencias también se observan en mayo del 2004, con un empeoramiento en cuanto a la percepción de inseguridad en ambos casos.53

Las encuestas de UNIMER confirman los re-sultados que acaban de indicarse: en setiembre de 1991, el 82% de los ciudadanos estimaba que el país era “inseguro” o “muy inseguro”, lo mismo que las calles (el 86% en mayo de 1991, el 92% en setiembre de ese mismo año y el 75% en enero de 1992) y el propio hogar (el 76%, el 80% y el 53%, respectivamente).54 En el 2004, los residentes de barrios estima-ron que la inseguridad en la zona se debía esencialmente a la existencia de robos y dro-gadictos, a la amplitud de la delincuencia y a la poca vigilancia policial.

Las entrevistas a los grupos focales mostra-ron además que, aunque la casa y la familia representaban lugares o grupos donde la gen-te se siente segura, también podía haber inse-guridad en el propio hogar como resultado de las agresiones físicas y psicológicas (entre la pareja, con los niños), el acoso y abuso sexual, el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza y las frustraciones. Interrogados sobre los lu-gares o grupos inseguros, los participantes, después de haber manifestado no sentirse se-guros “en cualquier parte”, identificaron como lugares especialmente inseguros el centro de San José, los sitios oscuros, solos y alejados, los parques públicos, las zonas marginales, las paradas de autobuses y, en el caso de los po-seedores de un vehículo, los semáforos.

51Smulovitz(2003),p.131.

52Cruzet al. (2000),pp.174-175.Enla“EncuestasobrelaLeydeEmergenciayopiniónsobreladelincuencia”,llevadaacaboenmayode1996porelInstitutoUniversitariodeOpiniónPúblicadelaUniversidadCentroamericanaJoséSimeónCañas(InformeNo.54),el64,4%delaspersonasentrevistadasconsideróladelincuenciacomoelprincipalproblemadelpaís,seguidodelejosporeldesempleo(el8,4%),lapobreza(el8,2%),laeconomía(el7,9%),lainflación(el3,5%)ylacorrupción(el1,6%).

53En1986,lasdosterceraspartesdelaspersonasinterrogadasconsiderabanseguroellugardonderesidían.



Según la encuesta de 2004, las principales causas del incremento de la percepción de inseguridad eran, además de los medios de comunicación (ya mencionados) y agrupan-do las respuestas “mucho” y “algo”: la pérdida de valores (82,5%), las fallas del sistema edu-cativo (41,7%) y lo que ocurría dentro de la familia (31,1%).

La misma fuente permite evaluar el contras-te entre la percepción de los ciudadanos con respecto a la posibilidad de ser víctima de algún delito y el nivel de victimización efecti-va, indicada en el Cuadro 4. La comparación entre ambos datos muestra la existencia, en mayo del año 2004, de diferencias importan-tes en cuanto a la inseguridad patrimonial, la integridad física y los abusos sexuales: per-cepción “muy alta” y “alta” en los casos de ro-bos y asaltos (el 71,9% de asaltos al caminar de noche por la calle, el 50,8% al caminar de día, el 53,5% si un desconocido se introduce en la casa para robar y el 39,7% de robos en lugares de entretenimiento público), ataque con un arma por un desconocido en un lugar de entretenimiento público (32,5%), ser gol-peado en tales lugares en idénticas condicio-nes (31,3%), y ser víctima de un abuso sexual por un desconocido (21,8%). Como indican los porcentajes que seguidamente se expo-nen,55 las mismas discrepancias se dieron, con algunas excepciones, en 1986: robo en la casa (29,6% vs. 6,8%), robo en la calle (25,7% vs. 8%), violación (8,2% vs. 0,4%), ataque con un arma (3,4% vs. 0,9%), homicidio (1,9% vs. 0,1%) y estafa (2,3% vs. 1,9%).

Esta discrepancia significativa entre los ín-dices de victimización y el sentimiento de inseguridad se manifiesta también en otros países. En Chile, por ejemplo, una encuesta

para Paz Ciudadana, realizada en la comuna de Santiago en 1996, mostraba que, mientras que el 44,2% de los residentes estimaba poder ser víctima de una violación o agresión sexual y el 35,7% de homicidio, el año precedente la victimización real solo fue del 0,5% por el primer delito y ninguna por el segundo.56

C. Medidas de protección tomadas

Ante esta situación, los ciudadanos suelen to-mar diversas medidas para protegerse.

Las más frecuentes en Costa Rica han sido (véase el Cuadro 5): no dejar la casa sola (45,4% en 1999, 59,9% en el 2004), poner rejas en la casa (31,7% y 64,2%), adquirir un perro para vigilarla (22,2% y 39,2%), instalar en ella cerraduras especiales (11% y 32,8%), alambres de púas o navaja (2,5% y 13,2%) o aparatos de alarma (7,2% y 12,5%), pagar los servicios de compañías privadas de seguri-dad (9,1% y 12,4%), seguir cursos de defensa personal (2,7% y 12,4%) y, en menor propor-ción, comprar un arma (8,3% y 6,2%).

Otras medidas de protección tomadas en mayo del 2004 fueron: la construcción de una cochera para proteger el carro (32,9%), la ins-talación de una puerta de seguridad (31,7%) o de aparatos de alarma en el carro (22,4%), la organización de vecinos (19,8%), la adqui-sición de un seguro contra el robo del carro (18,4%) o en la vivienda (12,5%), la insta-lación de alarmas vecinales (11,6%) o de un portón eléctrico (7,5%) y la electrificación de cercas o alambres (1,8%). Muchas de es-tas medidas, o están relacionadas con el po-der adquisitivo de quienes las adoptan, o bien suponen para ellos un sacrificio económico, a veces significativo.

55Elprimeroserefierealtemordeservíctimadeundelito,elsegundoalavictimizaciónreal.Ricoet al.(1988),p.77.

56Frühling(2002),p.313.


Si, en mayo del año 2004, se comparan tales medidas con las que los entrevistados consi-deraban importantes para combatir la delin-cuencia, se pueden encontrar contradicciones considerables. Así, la organización de la co-munidad, estimada como primera medida por el 48,6% de los entrevistados, fue adoptada por el 19,8%, mientras que, en el caso de la compra de un arma las proporciones fueron del 2,2% y del 6,2%, la adquisición de un pe-rro del 3,2% y del 39,2%, y la protección de la casa con rejas y otras medidas del 3% y del 64,2%.

En el Cuadro 6, aunque con una terminolo-gía diferente, se exponen diversas situaciones que han motivado importantes cambios de conducta en mayo del 2004. Los principales

(“casi siempre” y “siempre”) eran: no llevar más dinero que el necesario (60%), no dejar que los niños vayan solos a hacer mandados (59,9%), jueguen en la calle (57,6%) o visiten las casas de otros niños (55,1%),57 no dejar la casa sola durante la noche (53,2%), no fre-cuentar lugares donde se reúne mucha gente, como conciertos, estadios, plazas públicas, etc. (49,7%), no usar de noche los cajeros auto-máticos (49,3%), evitar lugares de entreteni-miento, como discotecas o bares (47,7%), no dejar la casa sola durante el día (42,3%) y no salir de la casa durante la noche (42,1%).58

Sin embargo, los ciudadanos no han cambia-do de conducta en cuanto a evitar: estar en la casa (77,9%), estar solo en la casa en cual-quier momento del día (62,4%),59 salir de casa

Cuadro 6Cambiosdeconducta

Evitar No Sí, a veces Casi siempre

Salirdecasaduranteeldía 59,5 22,4 18,0

Salirdecasadurantelanoche 35,8 21,6 42,1

Llegarsoloacasasisalgoduranteeldía 57,0 19,6 22,9

Llegarsoloacasasisalgodenoche 38,4 20,4 40,3

Estarsoloenlacasadurantelasnoches 50,3 17,3 31,5

Realizarejerciciosalairelibre 51,4 16,8 25,0

Tomarelbusdurantelanoche 43,9 19,0 33,6

Tomaruntaxidurantelanoche 43,8 18,2 34,7

Lugaresdeentretenimiento(bares,discotecas) 29,5 17,5 47,7

Lugaresdondesereúnemuchagente 28,6 17,8 49,7

Lugaresderecreación 43,5 21,7 31,8

Comprarcosaspormiedoaserrobado 53,7 19,9 25,6

Salirdenocheparaestudiarotrabajar 44,2 15,8 25,9

57Convieneseñalarlagranpreocupaciónrecienteporlaproteccióndelosniños.

58En1999,el62,1%delosentrevistadosdeclaróestar“muydeacuerdo”o“algodeacuerdo”conestaconducta.

59En1999,el37%delaspersonasencuestadasmanifestóestar“muydeacuerdo”o“algodeacuerdo”contalformulación.

Continúa...


durante el día (59,5%), llegar solo a la casa al salir durante el día (57,0%), denunciar deli-tos a las autoridades competentes por temor a sufrir represalias (56,8%), realizar ejercicios al aire libre (51,4%), estar solo de noche en la casa (50,3%), participar en eventos sociales, como reuniones y fiestas (50,2%) y salir de noche para estudiar o trabajar (44,2%). Aun-que esta actitud es más acentuada cuando el grado de temor de las personas encuestadas es más bajo, el número de medidas tomadas está relacionado con un nivel de temor más alto, un grado de educación universitaria y la residencia en zonas urbanas.

Las entrevistas con grupos focales corrobo-ran muchos de los resultados antes expuestos. La percepción de inseguridad ha afectado la vida de los ciudadanos en los planos perso-nal (nuevas rutinas, abandono de ciertas ac-tividades, vestimenta y accesorios que llamen la atención, restricción del uso del transporte público, presencia regular de pesimismo, im-potencia, desconfianza y frustración), familiar (restricciones en cuanto a la recreación fami-liar y las relaciones de los niños, uso de dinero

para la compra de dispositivos de seguridad) y colectivo (debilitamiento de actitudes soli-darias, incremento de actitudes xenofóbicas, pérdida de confianza en la capacidad de las autoridades para controlar la situación -sobre todo por parte de los políticos y la policía- y justificación del recurso a la violencia contra delincuentes o agresores).

IV. La reacción estatal oficial

Garantizar la seguridad de los miembros de una comunidad constituye una de las prin-cipales razones de ser del Estado y uno de sus monopolios incontestados. Por ello, la necesaria e importante participación de la sociedad civil en este sector debe ejercerse dentro del marco regulador y orientador de-finido por el Estado. Además, por sus inevi-tables relaciones con otros aspectos de la vida social organizada, una política de seguridad ciudadana debe inscribirse en el marco de las políticas generales del Estado.60

60RicoyChinchilla(2002),p.122.

Fuente:ENSCR-04.

Evitar No Sí, a veces Casi siempre

Participareneventossociales(fiestas,etc.) 50,2 21,0 26,7

Denunciardelitospormiedoarepresalias 56,8 17,6 24,1

Llevarmásdinerodelquenecesito 21,1 18,4 60,0

Usardenocheelcajeroautomático 19,9 14,5 49,3

Dejarlacasasoladuranteeldía 37,8 19,4 42,3

Dejarlacasasoladurantelanoche 31,5 14,9 53,2

Estarsoloenlacasaencualquiermomento 62,4 15,5 21,5

Estarenlacasa 77,9 9,9 11,6

Quelosniñosdelacasajueguenenlacalle 13,0 13,4 57,6

Quelosniñosvayansolosahacermandados 11,2 12,2 59,9

Quelosniñosvisitencasasdeotrosniños 13,2 14,9 55,1

...vienedelapáginaanterior.


La reacción social oficial frente al delito está usualmente confiada al conjunto de institu-ciones que conforman el sistema penal (po-licía, Ministerio Público, defensa, tribunales, sector penitenciario). De estas entidades, que deberían actuar como un conjunto orgáni-co, como un verdadero sistema, los servicios policiales, por constituir el primer “filtro” del sistema penal y ejercer sus funciones más importantes en la comunidad, desempeñan un papel esencial en materia de seguridad ciudadana.

La evaluación de tales componentes se hará situándolos, en primer lugar, con respecto a otras instituciones esenciales del país, y pro-cediendo luego al análisis de la policía y de-más sectores del sistema penal. Finalmente, se expondrán algunos parámetros para una posible acción estatal en la materia.

A. Instituciones del país

Conviene, ante todo, examinar el grado de confianza popular en los citados organis-mos estatales. A este respecto, el Cuadro 7 muestra que las instituciones que inspiraban “mucha” y “alguna” confianza a los ciudada-nos entrevistados en 1999 y mayo del 2004 eran: la Defensoría de los Habitantes (16% y 59,3%, respectivamente),61 el Organismo de Investigación Judicial (14,2% y 59,4%),62 el Poder Judicial (7,6% y 56,7%), la Fuerza Pública (3,2% y 48,1%) y la Asamblea Legis-lativa (2,5% y 33%).

Sin embargo, en mayo del 2004, otras ins-tituciones gozaban de un mayor grado de confianza que el OIJ y la Defensoría de los

Habitantes: tal fue el caso de las escuelas y colegios públicos (67,4%), el Patronato Na-cional de la Infancia (64,2%) y el Instituto Nacional de la Mujer (60,3%). El Institu-to Mixto de Ayuda Social (58,8%), la Caja Costarricense del Seguro Social (56,5%), el Tribunal Supremo de Elecciones (55,5%), el Ministerio Público (54,1%), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (53,9%) y el Ministerio de Trabajo (52,6%), presen-taban porcentajes de respuestas similares a los del Poder Judicial, y la Policía de Tránsito (48,4%), los servicios privados de seguridad (45,7%) y la Sala IV (44,5%), parecidos o li-geramente inferiores a los de la Fuerza Pú-blica. Más lejos venían las municipalidades (41,3%) y los partidos políticos (19,3%).

En la encuesta de 1999 figuraban los medios de comunicación (con un 9,6% de respuestas positivas), la Contraloría General (3,3%), los sindicatos (1,8%) y las cámaras empresariales (0,8%).

B. La policía

La promulgación, en 1994, de la Ley Gene-ral de Policía supuso para la Fuerza Pública un avance capital en un sector que, tradicio-nalmente considerado como “botín político”, había impedido su profesionalización ya que, con cada cambio de gobierno, se renovaba la casi totalidad de los efectivos policiales. Pese a diversas críticas de que ha sido objeto, con esta ley se ha dotado por primera vez al país de un marco jurídico capaz de garantizar, en adelan-te, aspectos de la función policial tan impor-tantes como la determinación de los principios

61Ladiferenciaentreambosporcentajesseexplicaporestarcalculadoslosprimerosconrespectoaltotaldeopciones,mientrasque,enrelaciónconlossegundos,selepedíaalosentrevistadosquesituaranalasentidadesindicadasenprimerlugar.DebeseñalarsequelaIglesiaCatólica,consideradaen1986yenotrasencuestascomolainstituciónmásprestigiosa(conun41%derespuestas),nosemencionóenlasencuestasde1999y2004.

62Aunqueconpocadiferencia,estainstituciónfiguraenprimerlugarenlaencuestadel2004.


fundamentales de la actuación policial, la esta-bilidad en el cargo y el profesionalismo.

Aunque Costa Rica dispone de un número excesivo de servicios policiales (11, sin contar las policías municipales) y de ministerios o instituciones implicados (6) para un país rela-tivamente pequeño en términos de extensión territorial y población, los que desempeñan las funciones más significativas en materia de (in)seguridad son la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial.

La primera y más notoria experiencia sobre una aplicación rigurosa de los nuevos enfo-ques en materia policial y de seguridad ciu-dadana tuvo lugar bajo el gobierno nombrado para el período 1994-1998. El Ministerio de Seguridad Pública puso en marcha en 1996, como plan piloto y con la finalidad de incorporar a la comunidad en la búsqueda de soluciones a los problemas de la crimi-nalidad y de la inseguridad, un “Proyecto de

Policía Comunitaria” en la localidad de Ha-tillo, ubicada en la capital. Su evaluación fue muy positiva, con disminuciones en los pla-nos de la victimización y del sentimiento de inseguridad, y una mejora considerable tanto de la imagen de la policía en la zona como de la presencia policial en ella. Con el cambio de gobierno, ocurrido en mayo de 1998, di-cho ministerio elaboró y comenzó a aplicar, en el marco de la continuidad a los proyec-tos iniciados por el gobierno anterior, diver-sos programas en esta área. Entre ellos cabe destacar el Plan Nacional de Policía Comu-nitaria, con base en el cual se están aplicando planes piloto en diversas localidades del país, y el fortalecimiento de la Unidad de Seguri-dad Comunitaria (que tiene como responsa-bilidad desarrollar programas de capacitación y educación sobre el tema de la seguridad en diversas comunidades del país). No se conoce, sin embargo, ninguna evaluación de estas úl-timas experiencias.63

63Cf.labibliografíadelanota12yMSP,Plan Nacional de Policía Comunitaria,SanJosé,ImprentaNacional,1998,p.6,yChinchilla(2003).

Nota:Laencuestade1999clasificabalasrespuestassegúnelgradodecrecientedesatisfacción; lade2004,deacuerdoconlaescala“muchaconfianza”,“algunaconfianza”,“pocaconfianza”y“ningunaconfianza”.


Cuadro 7Gradodeconfianzasegúninstituciones

2004

Mucha-alguna Poca-ninguna

IglesiaCatólica 40,9 -- --

DefensoríadelosHabitantes 16,0 59,3 37,0

OIJ 14,2 59,4 39,3

PoderJudicial 7,6 56,7 41,3

FuerzaPública 3,2 48,1 51,4

AsambleaLegislativa 2,5 33,0 64,7

Grado de confianza 1999


Las encuestas en el sector aportan datos im-portantes relacionados con diversos aspectos de la actuación policial.

1. En cuanto al tema ya tratado de las denun-cias, sus resultados indican un primer nivel de insatisfacción ciudadana con respecto a la ac-tuación policial. Según los entrevistados que denunciaron un delito, las autoridades com-petentes no hicieron nada (el 54% de los casos en 1999; en el 2004, un promedio del 65% en los casos de robo personal y en la vivienda y del 35% en los de maltrato emocional y golpes y lesiones sin arma), se realizó una investiga-ción (6,3% en 1999, un promedio del 25% en el 2004),64 se esclareció el hecho (solo el 3,2% en 1999; un promedio del 7% en el 2004, pero el 26,1% en los casos de maltrato emocional), la investigación está en proceso (en el 2004, el 36,4% con respecto a golpes y lesiones, pero el 6,5% en cuanto al robo personal) y se tomó alguna medida de protección (en el 2004, el 17,4% en cuanto al maltrato emocional y el 9,1% en relación con golpes y lesiones). En ese último año, más del 85% de las personas encuestadas declaró que no se detuvo al in-fractor (en materia de golpes y lesiones, se le detuvo en el 27,3% de los casos). La ayuda recibida fue considerada “mala” y “muy mala” cuando se trataba de robo personal y robo en la vivienda (61,3% y 72,3%, respectivamente), “buena” y “muy buena” con respecto a los gol-pes y lesiones sin arma (54,6%) y ligeramen-te negativa en el caso de maltrato emocional (47,8% y 43,4%).

2. Las encuestas permiten asimismo captar la opinión de los ciudadanos sobre las caracterís-ticas de los servicios policiales y el desempeño de sus funciones (Cuadro 8). Sus resultados indican:

•en comparación con la policía investigati-va, la uniformada es evaluada en forma más negativa; aunque esta opinión baja en mayo de 2004, debe tenerse en cuenta el alto por-centaje de las respuestas “ni acuerdo ni des-acuerdo”;

•en cuanto a la Fuerza Pública, los entre-vistados son particularmente críticos con respecto a la identificación y detención del delincuente (en 1999, el 53,8% dijeron estar “algo” y “muy en desacuerdo” con este enun-ciado y, en el 2004, este porcentaje subió al 56,7%) y la protección brindada (el 60,1% en 1999, con una mejora -el 50%- en el 2004) y, en menor medida, a su honestidad (50,2% y 46,6%, respectivamente) y presen-cia (57,5% y 45,5%). En relación con todos los aspectos examinados, en promedio más de la mitad de las personas encuestadas in-dicaron su insatisfacción;

•al OIJ se le reprocha sobre todo abusar de sus poderes (las respuestas negativas en 1999 bajaron en el año 2004, pero aumentó el porcentaje de respuestas “ni acuerdo ni en desacuerdo”), no resolver los casos (casi un entrevistado de cada tres) y no responder con prontitud a las demandas de los ciuda-danos (37% en 1999 y 40,2% en el 2004).

En cuanto a otros aspectos de la Fuerza Públi-ca, en 1999, los entrevistados también mani-festaban su opinión negativa al declarar estar “algo” o “muy en desacuerdo” (46%) con un trato correcto a ciudadanos (37,5%, “muy” o “algo de acuerdo”), una rápida respuesta a sus llamadas (64,2% y 26,3%) y la confianza en la institución (49,1% y 35,9%). Esta opinión se mantenía en mayo del 2004, fecha en la cual las personas encuestadas se decían “algo” o “muy en desacuerdo” con que la policía

64Enlaencuestade2004,lapreguntaerasobresi“serealizóunainvestigaciónperonoseesclarecióelhecho”.


Policía uniformada 1999 2004

Honradez -muyyalgodeacuerdo 31,4 20,5-niacuerdonidesacuerdo 16,8 31,6-algoymuyendesacuerdo 50,2 46,6 Eficiente en identificación ydetención del delincuente (1)-muyyalgodeacuerdo 30,6 13,8-niacuerdonidesacuerdo 14,0 29,0-algoymuyendesacuerdo 53,8 56,7 Se nota su presencia -muyyalgodeacuerdo 34,3 24,8-niacuerdonidesacuerdo 7,8 28,9-algoymuyendesacuerdo 57,5 45,5 Se siente protegido -muyyalgodeacuerdo 31,1 21,0-niacuerdonidesacuerdo 8,6 28,4-algoymuyendesacuerdo 60,1 50,0

Cuadro 8Opinionessobrelapolicía

Notas:(1)Enlaencuestade2004,serefiereasucapturarápida.

Fuentes:LascitadasenelCuadro3.

OIJ 1999 2004

Abusan de sus poderes -muyyalgodeacuerdo 55,6 50,9-niacuerdonidesacuerdo 9,2 19,4-algoymuyendesacuerdo 28,7 23,7 Resuelven los casos -muyyalgodeacuerdo 47,2 29,2-niacuerdonidesacuerdo 19,8 37,1-algoymuyendesacuerdo 31,3 31,2

Responden con prontitud -muyyalgodeacuerdo 46,5 24,0-niacuerdonidesacuerdo 11,2 31,6-algoymuyendesacuerdo 37,0 40,2

estaba ganando la lucha contra el delito (56,9%, frente al 14,8% que respondió “muy de acuerdo” y “de acuerdo”) y actuaba profe-sionalmente (46,1% y 21,3%); el nivel de con-fianza fue ese año “poco” y “ninguno” (51,4%) y “alguno” y “mucho” (48,1%).

Ese mismo año, la opinión de los entrevis-tados era favorable a la Fuerza Pública en cuanto a su actitud de hacer todo lo posible por ayudar y servir a las personas (el 35,3% estuvo “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con el enunciado, contra el 29% que se de-claró en “desacuerdo” y “muy en desacuerdo”; el 35,4% opinó no estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”). Finalmente, aunque el 50,2% de

tales personas consideraba que la Fuerza Pú-blica no había mejorado en los últimos años, una proporción bastante similar (el 47,7%) estimaba lo contrario.

Aun teniendo una mejor imagen que la Fuer-za Pública, el Organismo de Investigación Judicial es criticado por los ciudadanos con respecto al abuso de sus poderes (55,6% en 1999 y 50,9% en el 2004 contestaron “muy” y “algo de acuerdo” a esta pregunta), a la pronti-tud de su respuesta (el porcentaje de respues-tas “algo” y “muy de acuerdo” bajó del 46,5% en 1999 al 24% en el 2004) y su capacidad en resolver los casos (aunque las respues-tas positivas fueron del 47,2% en 1999, este


porcentaje bajó al 29,2% en el 2004, y en ambas fechas, casi una tercera parte de los encuestados contestaron negativamente a la pregunta). En mayo de 2004, las opiniones eran similares en cuanto a la actuación profe-sional del OIJ (el 32,7% se dijo “muy” y “algo de acuerdo”, y el 29,2% “algo” y “muy en des-acuerdo”); el nivel de confianza en la institu-ción fue bastante positivo (“mucho” y “alguno” el 59,4%, “poco” y “ninguno” el 39,3%).

En general, las personas entrevistadas en mayo del 2004 consideraron adecuado el ac-ceso a los servicios policiales del país (70,2%), y estimaron además que, en comparación con cinco años atrás, la situación seguía igual (41,3%), había mejorado (40,4%) o empeora-do (15,9%).

En esa misma fecha, casi la mitad de los ciu-dadanos (el 49,8%) manifestó tener “poca” y “ninguna” confianza en la Policía de Tránsito (“alguna” el 35,3% y “mucha” el 13,1%). Un casi idéntico nivel de confianza se obser-va con respecto a los servicios privados de seguridad, aunque las personas entrevistadas consideraron que eran más eficientes que la Fuerza Pública. Finalmente, solo el 27,8% de los encuestados indicó que la seguridad debía estar a cargo de la municipalidad; la opinión contraria obtuvo el 66,6% de respuestas.

En relación con Centroamérica, Costa Rica presentaba en 1997, después de El Salvador, el nivel más bajo de desconfianza en los ser-vicios policiales. Los porcentajes fueron: El Salvador (33%), Costa Rica (37,3%), Pana-má (41,8%), Nicaragua (45,9%), Honduras (48,6%) y Guatemala (59,5%).65

C. El sector judicial

En materia de (in)seguridad ciudadana, otros dos actores desempeñan un papel importan-te. Uno es el Ministerio Público, órgano del Poder Judicial pero que goza de una completa independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales; su función principal es ejercer la acción penal cuando se ha cometido un delito y, con la asistencia del OIJ, llevar a cabo la investigación preparato-ria en los delitos de acción pública. El otro es el Poder Judicial, cuya función esencial en materia penal es conocer de los procesos de esta naturaleza, resolver sobre ellos y ejecu-tar las resoluciones que pronuncien jueces y magistrados.

Como en el caso de los servicios policiales, una evaluación completa de estos dos or-ganismos excedería los límites del presente capítulo, basado en las percepciones de las personas entrevistadas en el marco de diversas encuestas, que no suelen tener un adecuado conocimiento del significado de las activida-des realizadas en cada una de las etapas del proceso penal.66

Teniendo en cuenta esta limitación, en el caso del Ministerio Público, los datos de carácter cualitativo disponibles mostraron, en 1999, la percepción negativa de los ciudadanos con respecto a ciertos enunciados: “muy/algo de acuerdo” y “algo/muy en desacuerdo” (Cuadro 9).

En el 2004, aunque esta institución inspi-raba en general “mucha y alguna” confianza (54,1%), el 42,2% de las personas entrevista-das tenía “poca y ninguna”, y el 61,7% estaba en desacuerdo en que los fiscales perseguían por igual a ricos que a pobres.


66Enelestudiode1988(Ricoet al.),ademásdeunaencuestanacional,seefectuaronotrasentrelosoperadoresdejusticia,quienes,porformarpartedelsistema,tienendeélunmejorconocimientoquelosciudadanos;enestasencuestas,dichosoperadoressemostraronbastantecríticosconelsector.


En cuanto al sector judicial -y, en general, al conjunto del sistema de administración de justicia-, merece destacarse la opinión ciudadana sobre diversos aspectos de su funcionamiento.

•El acceso a los juzgados penales se conside-raba adecuado en mayo del 2004: así opi-nó el 59,3% de las personas entrevistadas (aunque el 27,2% no lo estimó de la misma manera). Además, pese a que el 46% de ta-les personas pensaba que la situación seguía igual, para el 24,4% había mejorado (solo el 13% juzgó que había empeorado).67

•En 1999, el 61,6% se decía “muy” y “algo” de acuerdo con respecto al alto costo de los trámites judiciales; en el 2001, este porcen-taje era del 65,4%.68

•En 1986, se estimaba que las leyes y los procedimientos no eran claros (55,9%) y, en 1999, que el sistema era complicado (65,2% estuvieron “muy” y “algo” de acuerdo con el enunciado).

•En relación con la forma de resolver los casos, más de la mitad de las personas en-

trevistadas opinó que los tribunales penales los resolvían sobre todo con excesiva suavi-dad (55,9% en 1999, 51,4% en el 2004), con justicia (29,7% y 33,8%, respectivamente) y con excesiva severidad (9,3% y 7,1%).

•En 1999, aunque los encuestados se mani-festaban “muy” y “algo” de acuerdo con la imparcialidad de las decisiones judiciales (52,2%), una tercera parte (34,6%) estuvo “algo” y “muy” en desacuerdo. En 1986, el 77,3% consideraba que las decisiones de los jueces no siempre eran justas, el 57,5% que estaban decididas de antemano, el 55,4% que había presiones en los fallos y el 52,3% que existía corrupción en el Poder Judicial. En el 2001, el 61,4% de las personas en-trevistadas por UNIMER opinaba que los jueces actuaban justamente (el 38,6%, que no lo hacían así).69

•Con respecto a la equidad de las decisiones judiciales, en el 2001, los encuestados por UNIMER se mostraban “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” con un trato igual del sistema de justicia para todos los ciuda-danos (76%), para ricos y pobres (86,2%),

67En 1986, aunque el 57,6% de los encuestados consideraba que el acceso a la justicia era igual para todos, el 72,5% opinaba quefavorecíaalosricos.

68ProyectoEstadodelaNación/PNUD(2001),p.59.69 Ibíd.p.74.

Cuadro 9OpinionesvariassobreelMinisterioPúblico.1999

(enporcentajes)

Porcentaje Opiniones Muy/algo Algo/muy de acuerdo en desacuerdo

Prontituddeatenciónaloscasosquellegabanasuconocimiento 31,9 50,9

Lograquelosculpablesseancastigadosporlostribunales 42,3 41,5

Resuelvelosproblemasdelasvíctimas 37,4 42,9

Fuente:Chinchilla,ed.(1999).


políticos y ciudadanos ordinarios (88,6%) y blancos y negros (45,3%); era sin embargo diferente la opinión en el caso de las mujeres (52,9% indicaban estar “muy” y “algo de acuerdo”, contra 42,7% en sentido contrario).70

•En 1997, una encuesta de UNIMER reve-laba que el nivel de desconfianza en el Poder Judicial era mucho más bajo en Costa Rica que en los demás países centroamericanos: Costa Rica (26,9%), El Salvador (31,0%), Honduras (50%), Nicaragua (50,5%), Gua-temala (50,6%) y Panamá (60,3%).71 Este nivel de confianza parece haber disminuido en el 2004, ya que el 41,3% de los entre-vistados declaró tener “poca” y “ninguna” confianza en el Poder Judicial, el 40% “al-guna” confianza y solo el 16,7% “mucha” confianza. Sin embargo, en 1999, el 88% de los entrevistados dijo estar “muy” y “algo” de acuerdo con acudir a la justicia si tuviera un problema legal.

•En el 2004, las opiniones de los ciudada-nos encuestados sobre algunos aspectos de los jueces y de sus intervenciones fue-ron desfavorables: honradez (el 23,4% se decían “muy” y “algo” de acuerdo, contra el 36,6% “en desacuerdo” y “muy en desacuer-do”), buen cumplimiento de sus funciones (21,7% vs. 34,5%) e imposición de penas adecuadas (13,2% vs. 55,3%).

•En cuanto al tiempo utilizado por los tri-bunales para resolver los casos que les son sometidos, las encuestas de 1999 y 2004 co-inciden en indicar que es “mucho” (75,6% y 78,6%). Muy inferiores fueron los porcen-tajes de quienes estimaron que se trató del “tiempo necesario” (12,9% y 12,2%) o de “poco” tiempo (9,3% y 6,3%). Estas percep-

ciones quedan corroboradas por la duración promedio de los juicios (Cuadro 10).

El incremento de la duración de los juicios, sobre todo en el total y en las etapas prepara-toria e intermedia, se atribuye a la gran canti-dad de expedientes que tenían en su poder los Tribunales Superiores Penales en el momen-to de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal.

Este último tema plantea el de la eficiencia del conjunto del sistema penal, importante indicador de su impunidad frente a la delin-cuencia. Aunque, por las razones ya indica-das, este punto apenas puede ser abordado en este capítulo, un rápido análisis del Cuadro 11 permite hacer las siguientes observaciones -no todas negativas-, aplicadas al año 2002:

• las acusaciones penales representan una parte numéricamente poco importante del conjunto de decisiones tomadas por el Ministerio Público (el 10,6% de los casos terminados);

• los tribunales penales fallan con sentencia más de la mitad de los casos terminados (58,8%) y con una sentencia condenatoria en una proporción similar (58,2% de las personas sentenciadas);

• la pena impuesta más frecuentemente es la prisión (60,6% de los casos), seguida de la ejecución condicional de la pena (34,2%);

•casi la mitad de las penas de prisión (44,6%) son inferiores a cinco años, el 36,1% de cin-co a diez años, el 13% de diez a veinte años y el 6,2% de más de veinte años;

•el Ministerio Público y los tribunales recurren muy poco a ciertas medidas

70 Ibíd.p.75.71Chinchilla(2002),p.260.


alternativas (oportunidad de la persecu-ción penal, suspensión del procedimiento a prueba, conciliación, días-multa, etc.).

D. El sistema penitenciario

En comparación con los demás países centro-americanos, Costa Rica ofrece una situación desfavorable, al menos sobre dos puntos. El primero, las tasas por cien mil habitantes de personas privadas de libertad: en 1999, eran de 299 en Panamá, 186 en Costa Rica, 184 en Honduras, 109 en El Salvador, 99 en Nicara-gua y 69 en Guatemala. El segundo, el fuerte crecimiento de dichas tasas -el más alto en la región-, que pasan de 118 en 1996, a 186 tres años después. El país se presenta, sin embar-go y tradicionalmente, como un modelo en cuanto a los llamados “presos sin condena” o en detención preventiva: aunque el porcenta-je de esta categoría jurídica pasó del 19% en 1999 al 25,5% en el 2002, sigue siendo el más bajo de América Latina. También tiene una posición favorable con respecto a la sobre-población penitenciaria, y ocupa en el 2002, después de Nicaragua, el segundo lugar en Centroamérica.72

Según las encuestas de 1999 y 2004, el sistema penitenciario sirve sobre todo para disminuir la criminalidad (38,6% y 45,4%) y rehabilitar al condenado (27,6% y 37,6%), pero también para empeorarlo (66,9% y 40,4%). Las per-sonas entrevistadas no parecen, sin embargo, estar de acuerdo con que debe estar reservado a los delincuentes violentos y, en especial, a los infractores pobres (Cuadro 12). Según la del 2004, sus principales funciones deberían ser, en particular, ayudar a los delincuentes a reformarse para que se reincorporen a la so-ciedad (58,5%), mantener a los delincuentes presos para que no estén afuera robando o matando (32,6%) y representar un recorda-torio para evitar que otras personas cometan actos delictivos (8,9%).

E. Políticas estatales

Para la determinación de políticas públicas en materia de (in)seguridad ciudadana, es de capital importancia considerar diversos as-pectos antes examinados: la situación de las principales manifestaciones de la crimina-lidad y su evolución previsible, el grado de inseguridad en el país, el alcance y eficiencia

Año

1990 1995 2000 2001 2002 2003

Duracióntotal 6m-3s 10m-1s 18m-2s 18m-2s 19m-3s 21m-0s

Etapapreparatoriaeintermedia -- 4m-3s 10m-3s 12m-0s 12m-3s 14m-2s

Etapadejuicio -- 5m-2s 7m-3s 6m-2s 7m-0s 6m-2s

Cuadro 10Duraciónpromedio(enmesesysemanas)delosjuiciosfalladosconsentenciaenlosjuzgadospenales

unipersonales,segúnetapasdelproceso

Fuentes:AnuariosdeEstadísticasJudiciales,SeccióndeEstadística,DepartamentodePlanificación,PoderJudicial.

Total y etapas

72ProyectoNacionaldeJusticia/PNUD(2000),pp.22-24,ProyectoEstadodelaNación/PNUD(2003),p.301yCarranza(2001),pp.11-47.


de la intervención de los organismos estata-les competentes, los recursos disponibles, la participación de la sociedad civil, las tenden-cias internacionales en el sector. Sin embargo, también importa tener en cuenta las actitu-des, opiniones y expectativas de los ciudada-nos en materia de criminalidad y seguridad ciudadana.

Un primer aspecto a tomar en considera-ción es la forma de armonizar dos objetivos, aparentemente contradictorios, de la acción estatal: la protección social y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Si se tienen en cuenta los resultados de la en-cuesta de mayo de 2004, la cuestión no queda

esclarecida: para el 45% de la población en-trevistada, de escoger, la seguridad sería más importante, pero para el 42,5% sería la liber-tad, y para el 9%, ni una ni otra.

También se encuentra esta incertidumbre en la misma encuesta al intentar situar las ex-pectativas de los ciudadanos en una escala de “represividad”. En el Cuadro 12-1 se dan al-gunos ejemplos de medidas de tipo represivo (incremento de la severidad de las penas, más policías y cárceles, instauración de la pena de muerte) y no represivo (medidas centradas en la prevención del delito, la rehabilitación del infractor condenado, el recurso a la comuni-dad, la capacitación del personal policial).

Oficinas del Ministerio Público1. Casosentrados 118.0342. Casosterminados 122.700 2.1.Acusaciónpenal 13.002 (10,6%)

Tribunales penales1. Casosentrados(1) 19.2082. Casosterminados 8.946 2.1.Falladosconsentencia 5.257 (58,8%) 2.1.1.Sentenciacondenatoria 2.619 (49,8%) 2.1.2.Personassentenciadas 6.381 2.1.3.Sentenciacondenatoria 3.712 (58,2%) a.Días-multa 175 (4,7%) b.Medidasdeseguridad 19 (0,5%) c.Ejecucióncondicionalpena 1.270 (34,2%) d.Prisión 2.248 (60,6%) -menos1año 298 (13,2%) -1-5años 706 (31,4%) -5-10años 811 (36,1%) -10-20años 293 (13,0%) -20-30años 85 (3,8%) -30-50años 55 (2,4%) (a)

Cuadro 11Flujodecasos,2002

Nota:(1)Incluyeademásloscasosreentradosyelcirculante,al1deenerodel2002.(a)Penalidadaplicadasobretodoenloscasosdehomicidios,violacionesyabusosycorrupcióndemenores.

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelAnuario de Estadísticas Judiciales,PoderJudicial,DepartamentodePlanificación,SeccióndeEstadís-tica,SanJosé,CostaRica.Cf.JoséMa.Rico,World factbook of criminal justice systems: Costa Rica,USBureauofJusticeStatistics,2003.


En las encuestas de 1986 y 1999 se utilizó esta escala, proponiendo a las personas entrevista-das una serie de preguntas representativas de ambas opciones. Como puede verse, en las dos encuestas predominan las respuestas de carác-ter represivo (69,3% y 55,8%) sobre las de otra naturaleza (28,5% y 42,8%), aunque en 1999 es menor la aceptación de la primera categoría de medidas y mayor la de las segundas.

La encuesta domiciliaria del 2004 planteó al-gunos problemas metodológicos. El principal fue la dificultad de situar las orientaciones de la población en la indicada escala de “represi-vidad”, lo que no permite comparar las opi-niones actuales con las prevalecientes en las décadas anteriores. Esto se debe fundamen-talmente a la utilización de preguntas con contenidos y formulaciones diferentes.

Por ejemplo, en una de ellas se solicitaba in-dicar, entre una serie de opciones que segui-damente se exponen con los porcentajes de respuestas, las tres más urgentes para resolver el problema de la inseguridad:

Con independencia del hecho de que más de la mitad de estas opciones son esencialmente represivas, existen dudas sobre el significado de algunas de ellas: por ejemplo, ¿cuáles son “las autoridades” cuya capacitación debe me-jorarse? ¿Han de considerarse represivas las acciones orientadas a incrementar el presu-puesto de seguridad, modernizar las armas y equipos de la policía, recompensar a los infor-mantes, dotar de más recursos a los tribunales de justicia o crear patrullas mixtas de civiles y policías?

Sin embargo, las respuestas a numerosas ac-ciones constituyen indicadores de gran valor para la determinación de políticas públicas en el sector.

Los resultados de otras preguntas resultan inquietantes, si la elaboración y aplicación de políticas públicas en materia de seguridad se basan en criterios de oportunismo político. Aunque la formulación de algunas de ellas sea imprecisa (¿es válido, aceptable, necesario, se justifica, en ocasiones, si existe oportunidad?), lo verdaderamente importante es que altas proporciones de las personas entrevistadas se dicen “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con la posibilidad de matar para proteger a su fami-lia (48%), la casa o propiedad (32,6%), en caso de violación de un hijo o una hija (46,7%) o al delincuente reincidente (19,5%), linchar al delincuente atrapado (39,4%), autorizar torturas policiales para obtener información (27,8%), “sacar” del vecindario a quienes trafi-can con drogas (89,4%), a los delincuentes que residen en él (81,5%), a las personas escanda-losas (61,2%), a los proxenetas (promedio del 27%), a los extranjeros (17%) y a los que tie-nen una diferente orientación sexual (16,9%). Estas opiniones fueron más acentuadas entre

Objetivos 1999 2004

Ayuda a rehabilitación-muyyalgodeacuerdo 27,6 37,6-algoymuyendesacuerdo 62,1 37,3

Mejor medio para disminuir la delincuencia-muyyalgodeacuerdo 38,6 45,4-algoymuyendesacuerdo 55,8 31,4

Solo debe ser para delincuentes violentos-muyyalgodeacuerdo 39,6 19,6-algoymuyendesacuerdo 54,1 64,0

Empeora a quienes ingresan-muyyalgodeacuerdo 66,9 40,4-algoymuyendesacuerdo 20,7 25,5

Es solo para delincuentes pobres-muyyalgodeacuerdo 19,1 10,0-algoymuyendesacuerdo 76,1 76,0

Cuadro 12Opinionessobreelsistemapenitenciario

Fuentes:LascitadasenelCuadro3.


las personas con un alto nivel de temor. Com-paradas con las anteriores, otras opciones son menos drásticas: leyes más severas (88%), pu-blicación del nombre del acusado (84,3%) o evitar la entrada de inmigrantes (62,2%).

Con la finalidad de corregir esta deficiencia en la formulación y presentación de las pre-guntas, el equipo técnico del proyecto decidió, como en el caso de la victimización, proceder a una segunda encuesta vía telefónica, con una muestra más reducida aunque significati-va. Pese a ello, sin embargo, la imprecisión de algunas preguntas se presta a interpretaciones diversas (Cuadro 12-2).

Aunque algunos datos del cuadro ponen de manifiesto un alto porcentaje de respuestas que privilegian la necesidad de fomentar en los centros escolares programas de prevención del delito, mejorar las oportunidades ofre-cidas a los jóvenes o evitar e recurso a una justicia “de mano propia”, no resulta fácil, sin embargo, buscar cierta coherencia, por una parte, entre las preguntas 1, 6 y 8 y, por otra

parte, entre los resultados de la primera pre-gunta y los antes indicados, relacionados con la entrevista domiciliaria, que muestra actitu-des altamente represivas de numerosos ciu-dadanos en cuanto a su disponibilidad para matar o linchar a los delincuentes o excluir de la comunidad, no solo a los infractores, sino también a otras categorías de residentes.

También resulta inquietante la opinión de las personas entrevistadas en sus hogares con respecto a la obediencia a la ley. Aunque el 70,1% consideró que la ley debía cumplirse sin excepción (el 25,7%, de acuerdo con su conciencia en determinadas ocasiones), un porcentaje similar (71,6%) estimó que se po-día “hacer trampas a las leyes”.

En una perspectiva de lege ferenda, sería al-tamente deseable que Costa Rica propusiera y aplicara acciones encaminadas a incremen-tar el nivel de seguridad de sus habitantes sin recurrir a medidas más radicales como, por ejemplo, las utilizadas recientemente en El Salvador y Honduras con respecto a las

Medidas que podría adoptar el Estado 1986 1999 2004 (1)

De carácter represivo-aumentarlaseveridaddelaspenas 46,3 31,5 ---aumentarelnúmerodepolicías 17,1 18,2 17,4-construirmáscárceles 5,9 1,2 3,9-instaurarlapenademuerte -- 4,9 3,8

De carácter no represivo-mejorarprogramasdeprevención 23,1 15,4 ---mejorarprogramasderehabilitación 5,4 4,2 ---organizaralacomunidad -- 9,8 11,2-profesionalizaralapolicía -- 13,4 --

Cuadro 12.1Políticasestatalesquesepuedenadoptar(enporcentaje)

Notas:(1)Enestacolumnasolofiguranlasopcionesdelaencuestadomiciliariaquesecorrespondíanconlasde1986y1999.

Fuentes:LasindicadasenelCuadro3,


pandillas juveniles (maras), o en Guatemala en cuanto a la aplicación de una justicia “de mano propia”, así como otras que puedan ser contrarias a un Estado de derecho en una so-ciedad democrática.

La encuesta del año 2004 ofrece, finalmen-te, indicaciones de interés sobre las políticas a adoptar en relación con ciertos aspectos de la seguridad (Cuadro 12.3). En el caso de las drogas, tampoco las opciones están claras: el 39,5% de las personas entrevistadas preconi-zó los programas de prevención y tratamien-to, pero un porcentaje idéntico opinó que se debían promulgar leyes más severas y solo el 1,5% se declaró de acuerdo con su legaliza-ción. Más clara parece la actitud en cuanto a la aceptación de revisar el bulto o maletín de los estudiantes cuando ingresan a escuelas y colegios para evitar la entrada de armas (el 89,2% estuvo “de acuerdo” y “muy de acuer-

do” con el enunciado) o la consideración de que, si se evita que los jóvenes abandonen las escuelas y colegios, se ayudaría a disminuir la delincuencia (el 73,6%).

V. La participación de la sociedad civil

A pesar de que numerosos países latinoame-ricanos poseen una amplia y rica experiencia en participación comunitaria y desarrollo lo-cal, pocos han conseguido elaborar y aplicar acciones convincentes y duraderas en materia de seguridad ciudadana. En esta región, las tentativas para organizar a la comunidad con la finalidad de enfrentar el tema de la crimina-lidad y de la inseguridad se deben, sobre todo, a algunas iniciativas gubernamentales. Pero

Medida Porcentaje

AumentarlosefectivosdelaFuerzaPública 17,4Mejorarlacapacitacióndelasautoridades 13,5Apoyarlaorganizacióndelosciudadanos 11,2Controlarlamigración 9,9Expulsardelpaísalosextranjeroscondenados 7,6Crearcuerposespecialesdeseguridad 6,5Aumentarelpresupuestodeseguridad 6,4Modernizarlasarmasyequiposdelapolicía 4,3Crearcuerpossecretosdeseguridad 3,9Abrirmáscárceles 3,9Crearpatrullasmixtasdecivilesypolicías 3,9Establecerlapenademuerte 3,8Mejorarlarecoleccióndeinformaciónporlapolicía 2,6Dotardemásrecursosalostribunalesdejusticia 2,1Promoverlalibertadparaportararmas 1,4Recompensaralosinformantes 0,9

Cuadro 12.2Medidaspararesolverelproblemadeinseguridad(enporcentaje)

Fuente:ENSCR-04.


estas suelen privilegiar soluciones improvisa-das, las más de las veces destinadas a impre-sionar al electorado (por ejemplo, la creación de comités de seguridad que, en numerosos casos, tienen una vida efímera debido al can-sancio o al temor de represalias y, en otros, se prestan a una intervención esencialmente represiva).73

Algunas experiencias recientes sobre tal par-ticipación han permitido observar diversas dificultades. Entre ellas la identificación pre-via de los organismos, grupos y personas que podrían intervenir en las acciones previstas para encarar el problema de la delincuencia y la inseguridad, su organización y coordina-ción, su estabilidad y, en algunos países, sus

tendencias represivas, que pueden llegar hasta el linchamiento de presuntos delincuentes.74 Asimismo, el papel que debe desempeñar la comunidad en los nuevos enfoques y mo-delos policial y de prevención del delito, y el posible incremento de las expectativas ciuda-danas ante modelos considerados como pa-naceas, aptos para solucionar con facilidad y en un corto plazo el complejo problema de la criminalidad.

Sobre este tema, la encuesta del 2004 ofre-ce algunas indicaciones sobre el papel de la Iglesia y de la propia comunidad. Con respecto a la Iglesia y grupos religiosos, los entrevistados estimaron que debían ofrecer una educación moral a la juventud (31,2%),

Medidas que podría adoptar el Estado Acuerdo/muy Desacuerdo/muy de acuerdo en desacuerdo

Eficazreduccióndeladelincuencia:mejorarlasoportunidadesdeestudio,trabajoyrecreaciónparalajuventud. 94,2 2,7

Losdelincuentespuedenrehabilitarsesiselesdalaoportunidad. 77,7 8,0

Lasescuelasdebenfomentarlaprevencióndeldelito. 97,5 1,4

Lacárcelempeoraalosdelincuentes. 56,4 18,5

Espreferiblequelajusticiacastiguealosdelincuentesqueaplicarlaporpropiacuenta. 82,0 9,2

Elrechazosocialalosdelincuenteshacequesucomportamientoempeore. 76,5 15,9

Enocasiones,esmejorqueeldelincuenterepareeldañocausadoquemeterloenlacárcel. 35,3 46,5

Losdelincuentestienenpocasalternativasparareintegrarsealasociedad. 69,4 21,8

Cuadro 12.3Políticasestatalesquepuedenadoptarse(enporcentaje)

Fuente:ENSCR-04.Módulotelefónico.


74José Ma. Rico (2001), Seguridad ciudadana en Centroamérica: informe final de evaluación, San José, Instituto Interamericano deDerechosHumanos.


pedir cooperación a los creyentes (12,4%), dar asistencia espiritual a las víctimas (11,5%) y denunciar la corrupción policial (10,5%).

En cuanto al papel de la comunidad, la gran mayoría de las personas entrevistadas (70,9%) opinó que debería corresponder al Estado organizar a las comunidades y colaborar con ellas en materia de seguridad, mientras que solo el 16,3% estimó que las comunidades debían organizarse por sí mismas y el 12,8% que el Estado debía garantizar la seguridad sin ayuda comunitaria. Entre las modalida-des de organización de la comunidad, las más importantes fueron: la utilización del modelo de policía comunitaria (27,3%), el recurso a grupos voluntarios de vigilancia (18,3%) o de educación preventiva (16,1%) y la organiza-ción de patrullas mixtas de civiles y policías (12%), seguidos por la instalación de redes de alerta telefónica (8,3%), la constitución de comités de víctimas (4,1%) o de personas en situación de grave riesgo (3,3%) y la creación de asociaciones de desarrollo (3,3%).

VI. Conclusiones y recomendaciones

El principal objetivo de esta última sección es doble: presentar, en una apretada síntesis, lo antes expuesto sobre los diferentes elemen-tos de la problemática y, en cuanto a algunos de estos, proponer perspectivas de reforma y acción.

A. El marco teórico

Con respecto al marco teórico, un problema tan amplio y complejo exige para su análisis y tratamiento una perspectiva asimismo am-plia, que integre todos sus elementos cons-titutivos. Resulta de particular importancia, por los buenos resultados obtenidos en países más avanzados, tener en cuenta los nuevos

enfoques y modelos ya descritos (sobre todo en materia de prevención y policía de proxi-midad) y los papeles de nuevos actores en el sector (en especial, la sociedad civil).

B. El marco metodológico

En cuanto al marco metodológico, deben su-perarse las deficiencias señaladas, las cuales ponen en tela de juicio el valor de los instru-mentos utilizados para captar y analizar el problema de la criminalidad y la inseguridad.

1. En primer lugar, las estadísticas criminales, cuya utilidad difiere según se trate de favo-recer una buena gestión de las instituciones implicadas (Fuerza Pública, OIJ, Ministerio Público, tribunales), ayudar a la investigación y servir para la toma de decisiones. Estos ob-jetivos deberían determinar, entre otras cosas, su amplitud.

Como ya se ha indicado, las más adecuadas para determinar la situación de la criminali-dad en el país son las denuncias presentadas a las oficinas del Ministerio Público; en forma más concreta, las entradas netas, resultantes de la sustracción de tales denuncias de ciertas incompetencias. Sin embargo, la presentación de estos datos podría mejorarse mediante:

• la simplificación de los delitos actualmente considerados (todos los previstos en el Có-digo Penal y algunas leyes especiales), sobre todo en función del objetivo “toma de deci-siones” por las autoridades competentes;

• la incorporación de datos significativos so-bre inculpados, víctimas y modalidades de comisión de los delitos;

• la indicación de tasas (por diez mil o cien mil habitantes) para favorecer la compara-ción (entre delitos, provincias y municipios; entre años o períodos);

•algunas indicaciones previas sobre el méto-do de compilación utilizado, los cambios en


la legislación y las prácticas de registro que tengan incidencia en el registro de datos, la definición de ciertos términos, etc.;

• la unificación de la terminología y la presen-tación territorial (provincias, delegaciones policiales, oficinas del Ministerio Público, circuitos judiciales).

También sería de gran utilidad apoyar el dise-ño y mantenimiento periódico de “mapas del delito” en las principales ciudades del país y sus zonas de alta peligrosidad o de riesgo.

2. En segundo lugar, las encuestas de opinión, necesarias para aspectos no contemplados en las estadísticas oficiales: por ejemplo, la cifra negra de la criminalidad o las percepciones sobre el funcionamiento y credibilidad de los organismos del sistema penal.

Los cuestionarios a utilizar en el marco de estas encuestas deberían cumplir con los siguientes criterios:

•ser elaborados en función de una problemá-tica previamente establecida;

•con la finalidad de asegurar la comparación de sus resultados, utilizar una terminología uniforme;

•estar a cargo de un organismo indepen-diente y reconocido profesionalmente.

En cuanto a la frecuencia de las encuestas y la amplitud del cuestionario, convendría rea-lizarlas con cierta regularidad (semestral o anualmente) y con un cuestionario limitado para ser empleadas como insumos importan-tes para los más altos niveles de las autorida-des implicadas. Sin embargo, si su finalidad es hacer una evaluación más general de la situa-ción en el sector (como es el caso del presente

proyecto), su alto costo impone un plazo su-perior (por ejemplo, de cinco años). En ambos casos, en función de la evaluación por hacer del actual cuestionario, podrán determinarse su amplitud futura y una terminología similar a la utilizada en el presente proyecto.

C. La criminalidad

En relación con este tema, conviene subra-yar en primer lugar el incremento, durante el período considerado, de diversos delitos (en especial, los robos, aunque también las agresiones y los homicidios) y, pese a una disminución hasta el 2000 de otras formas delictivas (lesiones, hurtos, estafas y daños), su aumento a partir de esa fecha. En cambio, los delitos “de cuello blanco” apenas si están registrados, en las estadísticas criminales o en las de victimización.

Con respecto a los factores asociados a la cri-minalidad, resulta evidente la importancia del uso de un arma de fuego y del consumo de drogas y bebidas alcohólicas en la comisión de numerosos delitos. En un sentido más amplio, existen estudios que muestran, en América Latina, la presencia de factores de riesgo de violencia urbana, tales como la des-igualdad del ingreso, la pobreza, las tasas de desempleo abierto, los altos porcentajes de jóvenes de 13 a 17 años que ni estudian ni trabajan, o no han cumplido seis años de es-tudios y trabajan.75 Frente a esta situación, es útil referirse a los resultados de ciertas accio-nes llevadas a cabo en numerosos países (Ca-nadá, Estados Unidos, Unión Europea). Las que mostraron una mayor eficiencia estuvie-ron centradas en incentivos para completar la escuela, la capacitación y asistencia laborales, la asunción de responsabilidad y la terapia

75Arriagada(2002),p.113.


familiar funcional. La evaluación de tales ac-ciones, además, ha puesto de relieve los bene-ficios económicos obtenidos. Entre las escasas experiencias llevadas a cabo en América La-tina, merece mencionarse la auspiciada por la alcaldía de Bogotá, entre 1995 y 1997, que in-cluía acciones como la educación en materia del uso de alcohol, el cierre de establecimientos que vendían bebidas alcohólicas después de la una de la mañana, el desarme voluntario, la profesionalización de la policía y la organiza-ción de jornadas destinadas a crear conciencia social sobre las reglas de convivencia ciuda-dana; estas acciones han tenido una inciden-cia considerable sobre la disminución de los homicidios. 76

Finalmente, resulta inquietante el incremento de las tasas de victimización desde 1986. Y, en cuanto al fuerte aumento en el 2004 del número de denuncias, esta alza plantea al me-nos dos cuestiones importantes: ser la causa del incremento estadístico de algunos delitos y no haberse observado cambios significativos en las razones para no denunciar.

D. El sentimiento de inseguridad

Con respecto a esta consecuencia del fenó-meno criminal se pueden hacer las siguientes observaciones:

•aunque, según las épocas y las circuns-tancias, los problemas sociales que más preocupan a los ciudadanos no se presentan de acuerdo con un rango uniforme, pare-ce evidente que estos siguen siendo para la mayoría de la población -y agrupándolos- los temas económicos y la criminalidad;

•una constante y creciente percepción dife-renciada de inseguridad, mayor en el país que en el barrio y diversa según los planos (nacional, vecinal, personal) a los que puede afectar el fenómeno criminal;

•en general, las percepciones de los ciuda-danos suelen corresponderse con la realidad registrada en las estadísticas;

•grandes discrepancias, sin embargo, entre las percepciones relacionadas con la proba-bilidad de ser víctima y el grado efectivo de victimización;

•pese a la persistencia -e incluso agravación- de la situación económica de numerosos sectores de la población, diversas medidas adoptadas recientemente para protegerse de la delincuencia suponen costos importantes, señal de una preocupación acentuada de los ciudadanos (véanse los incrementos indica-dos en el Cuadro 5);

•una mayor preocupación en los últimos años con respecto a la protección de los niños, que no aparece en las encuestas anteriores.

E. La reacción estatal oficial

Dos aspectos merecen ser destacados en rela-ción con este tema: con la posible excepción del OIJ, un desprestigio general y acentuado de los organismos involucrados en la mate-ria (Fuerza Pública, Ministerio Público, tri-bunales y juzgados, sistema penitenciario) y una orientación fuerte y mayoritariamente represiva de la ciudadanía ante las posibles acciones a tomar por parte de las autoridades competentes.



F. La participación de la sociedad civil

La deseable participación de la sociedad ci-vil en materia de seguridad ciudadana se en-frenta a su escasa experiencia en este campo, que puede explicar su opinión consistente en preconizar una intervención del Estado. Te-niendo en cuenta lo anterior, se impone la elaboración y aplicación de programas de sen-sibilización sobre el papel que la comunidad podría desempeñar en el control y prevención de la criminalidad.

G. Lineamientos para políticas públicas

Finalmente, como ya se ha indicado, a la vez que se evidencia la inexistencia de una polí-tica integral en el sector, es clara la necesidad de establecerla, aplicarla y evaluarla periódi-camente. Con esta finalidad se presentan los principales pasos y estrategias a seguir:77

• teniendo en cuenta el carácter novedoso de los enfoques y modelos a aplicar, realización de diagnósticos y experiencias piloto debi-damente planeadas, aplicadas y evaluadas en zonas significativas del país, sobre todo en el plano local;

•amplia difusión y discusión de los resulta-dos obtenidos;

•a partir de estos, determinación de los va-lores, principios, objetivos y estrategias que han de regir en el plano nacional la inter-vención estatal en materia de criminalidad e (in)seguridad ciudadana;

• realización de estudios de impacto (opera-tivo, presupuestario) de los mismos;

•diseño, aplicación y evaluación periódica de planes concretos de acción.

77Parauntratamientomásampliosobreestetema,ver:RicoyChinchilla(2002),pp.143-180.


Libros

Carvajal Alvarado, Guillermo y Alfaro, Libia (2002). La delictividad urbana en la ciudad de San José: 1990-2000 (Una perspectiva geográfica). San José: Vlamarán.

Chinchilla, Laura, ed. (1999). Seguridad ciu-dadana y justicia penal: perspectiva de la so-ciedad civil. San José: PNUD.

Chinchilla, Laura y Rico, José Ma. (1997). La prevención comunitaria del delito: perspectivas para América Latina. Miami: Centro para la Administración de Justicia, Florida Inter-nacional University, Colección Monogra-fías, No. 6.

Fundación Arias para la Paz y el Progre-so Humano. (2001). El arsenal invisible. Armas livianas y seguridad ciudadana en la postguerra centroamericana. San José.

Rico, José Ma. (1999-2000-2001). La seguri-dad ciudadana en Centroamérica (tres volú-menes). San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Rico, José Ma. et al. (1988). La justicia penal en Costa Rica. San José: EDUCA.

Rico, José Ma. y Salas, Luis (1988). Inseguri-dad ciudadana y policía. Madrid: Tecnos.

Rico, José Ma. y Chinchilla, Laura (2002). Seguridad ciudadana en América Latina. México: Siglo XXI editores.

Rico, José Ma. (2004). La prevención del delito en Guatemala: diagnósticos y planes de acción en cinco departamentos. Guatemala: Progra-ma de Justicia USAID - Guatemala.

Artículos académicos

Arriagada, Irma (2002). “Seguridad ciuda-dana y violencia en América Latina.” En: Fernando Carrión, ed., Seguridad ciudada-na, ¿espejismo o realidad? Quito: FLACSO/ Ecuador, pp. 109-138.

Carranza, Elías (1997). “Situación del delito y de la seguridad de los habitantes en los países de América Latina.” En: Elías Ca-rranza, coordinador, Delito y seguridad de los habitantes. México: Siglo XXI editores, pp. 23-49.

Carranza, Elías (2001). “Sobrepoblación pe-nitenciaria en América Latina y el Caribe: situación y respuestas posibles.” En: Elías Carranza, coordinador, Justicia penal y sobre-población penitenciaria. Respuestas posibles. México: Siglo XXI editores, pp. 11-47.

Chinchilla, Laura (1992). “La seguridad ciu-dadana: el caso costarricense.” En: Revista de Ciencias Jurídicas, No. 73 (Setiembre-Diciembre)”, pp. 9-39.

Chinchilla, Laura (1997). “Seguridad ciuda-dana y reforma policial en Centroamérica.” En: Laura Chinchilla, ed., Documentos de un proceso de reforma policial en Centroamérica (Taller regional sobre seguridad ciudadana y capacitación policial), San José, pp. 91-113.

Chinchilla, Laura (2002). “Seguridad ciu-dadana en Centroamérica.” En: Francis-co Rojas Aravena y Moufida Goucha, ed., Seguridad humana, prevención de conflictos y paz; Santiago: FLACSO - Chile/UNES-CO, pp. 251-263.

Bibliografía


Chinchilla, Laura (2003). “Experiences with citizen participation in crime prevention in Central America.” En: Hugo Frühling and Joseph S. Tulchin, with Heather A. Golding, Crime and violence in Latin America: citizen security, democracy and the State. Washing-ton, D.C.: Woodrow Wilson Center Press - Baltimore and London, The Johns Hop-kins University Press, pp. 205-232.

Cruz, José Miguel et al. (2000). “De la gue-rra al delito: evolución de la violencia en El Salvador.” En: Juan Luis Londoño et al., ed., Asalto al desarrollo: violencia en América Latina. Washington, D.C.: Banco Intera-mericano de Desarrollo, pp. 173-204.

Cruz, José Miguel et al. (2001). “Factores so-ciales y económicos asociados el crimen vio-lento en El Salvador.” En: Pablo Fajnzylber et al., ed., Crimen y violencia en América La-tina. México: Banco Mundial y Alfaomega, pp. 87-118.

De Mesquita Neto, Paulo y Adriana Loche (2003). “Police-community partnerships in Brazil.” En: Hugo Frühling and Joseph S. Tulchin, with Heather A. Golding, Crime and violence in Latin America: citizen secu-rity, democracy and the State. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press - Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, pp. 179-204.

Fajnzylber, Pablo et al. (2001). “Crimen y victimización: una perspectiva económica.” En: Pablo Fajnzylber et al., ed., Crimen y violencia en América Latina. México: Banco Mundial y Alfaomega, pp. 1-62.

Frühling, Hugo E. (2002). “Violencia e inse-guridad en el Chile moderno.” En: Francis-co Rojas Aravena y Moufida Goucha, ed., Seguridad humana, prevención de conflictos y paz;. Santiago: UNESCO - FLACSO Chile, pp. 293-333.

Lederman, Daniel et al. (2001). “Reflexio-nes sobre agendas de investigación y polí-ticas públicas.” En: Pablo Fajnzylber et al., ed., Crimen y violencia en América Latina. México: Banco Mundial y Alfaomega, pp. 237-252.

Loría Ramírez, Max Alberto (2001). “Costa Rica: diagnóstico de armas de fuego.” En: El arsenal invisible. Armas livianas y seguri-dad ciudadana en la postguerra centroameri-cana. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, pp. 23-81.

Piquet Corneiro, Leandro y Pablo Fajnzylber (2001). “La criminalidad en regiones me-tropolitanas de Río de Janeiro y Sao Paulo: factores determinantes de la victimización y política pública.” En: Pablo Fajnzylber et al., ed., Crimen y violencia en América Lati-na. México: Banco Mundial y Alfaomega, pp. 197-235.

Smulovitz, Catalina (2003). “Citizen insecu-riry and fear: public and private responses in Argentina.” En: Hugo Frühling and Jo-seph S. Tulchin, with Heather A. Golding, Crime and violence in Latin America: citizen security, democracy and the State. Washing-ton, D.C.: Woodrow Wilson Center Press- Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, pp. 125-152.

Van Dijk, Jan (1992). “La politique de pré-vention aux Pays-Bas.” En : La prévention de la criminalité en milieu urbain. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Faculté de Droit et de Science Politique, pp. 45-64.

Vélez, Luis F. y Harold Banguero (2001). “Victimización en Colombia: un análisis exploratorio del caso de la ciudad de Cali.” En: Pablo Fajnzylber et al., ed., Crimen y violencia en América Latina. México: Banco Mundial y Alfaomega, pp. 63-86.


Informes

Buvinic, Mayra et al. (1999). La violencia en América Latina y el Caribe. Un marco de re-ferencia para la acción. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

Proyecto Nacional de Justicia/ PNUD (2000). Acceso a la justicia en Centroamérica y Pana-má. Población privada de libertad. San José.

Proyecto Estado de la Nación/ PNUD (2001). Auditoría ciudadana sobre la calidad de la de-mocracia. San José.

Proyecto Estado de la Nación (2000). La violencia en Costa Rica: visión desde la salud pública. Proyecto Estado de la Nación. San José.

Proyecto Estado de la Nación/ PNUD (2003). Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. San José.

Documentos públicos

Poder Judicial. Varios años. Anuarios de Esta-dísticas Policiales y Judiciales. Departamento de Planificación, Sección de Estadística, Poder Judicial. San José, Costa Rica.

INEC y CCP (2002). “Estimaciones y pro-yecciones de población 1970-2010.”

Ministerio de Seguridad Pública (1997). Pro-yecto piloto de seguridad ciudadana en Hatillo. Evaluación de los resultados del primer año de operación. San José, Costa Rica.

Ministerio de Seguridad Pública (1998). Re-sumen del informe de labores 1994-1998. San José: Imprenta Nacional.

Ministerio de Seguridad Pública (1998). Plan Nacional de Policía Comunitaria. San José: Imprenta Nacional.

MINUGUA (2002). Armas y municiones en Guatemala. Estudio sobre su control y regula-ción jurídica. Guatemala.

(in)seguridad ciudadana en costa rica: balance de la situación · balance de la situación josé...

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