informes de balance de la política pública de restitución de tierras. córdoba
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INFORMES DE BALANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Seguimiento a Sentencias Judiciales: análisis general de la Costa Caribe
Generalidades
Durante los tres primeros años de implementación de la Ley 1448 de 2011, las sentencias expedidas en la Costa Atlántica se
concentraron en cuatro zonas macrofocalizadas: en la macrozona de los Montes de María, con sentencias en los departamentos
de Bolívar y Sucre; en las macrozonas de Magdalena-Cesar y Magdalena-Medio, cubriendo los departamentos de Cesar y
Magdalena y en la macrozona del Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño, para el departamento de Córdoba. A su vez, y a
pesar de haberse microfocalizado 28 municipios dentro de estas macrozonas, hasta diciembre de 2014 solo se emitieron
sentencias en 17 de ellos1.
El total de sentencias en los 17 municipios con intervención fue de 159, emitidas en 12 Juzgados Civiles del Circuito y dos
Tribunales Superiores del Distrito. En los Juzgados se fallaron 96 sentencias y en los Tribunales 63. En general hubo una
proporción equitativa en el reparto de procesos en los Juzgados ya que en la mayoría de los departamentos se resolvieron entre
En el marco de las actividades que el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, Cinep/PPP desarrolla dentro del proyecto “IFS-RRM/2013/317-571 Brindar protección y apoyo a las víctimas y reclamantes de tierras en el cumplimiento de los derechos que les otorga la ley 1448”, financiado por la Unión Europea y coordinado por Intermon Oxfam, se emite la presente serie de Informes de Balance de la Política Pública de Restitución de Tierras. La serie de informes se ha realizado a partir del seguimiento y la sistematización de las sentencias publicadas en la página web de la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas hasta el 31 de diciembre de 2014, por el Observatorio de la Restitución de la Tierra en Colombia, “Tierra y Derechos”, del Equipo de Movilización, Territorio e Interculturalidad del Cinep/PPP. 1 El Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan Nepomuceno, Agustín Codazzi, San Diego, Valledupar, El Copey, San Alberto, Montería, Valencia, Ciénaga, Plato, Chibolo, Sabanas de San Ángel, Morroa, Ovejas, Colosó.
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dos y 10 procesos por Juzgado, - excepto en el Magdalena donde hubo una diferencia bastante amplia entre el Juzgado Primero
que resolvió 39 sentencias y el Segundo que resolvió solo cinco. En cuanto a los Tribunales, el de Cartagena fue el que más
procesos con oposiciones resolvió, con 51, mientras que el de Antioquia resolvió 12.
Cuadro 1. Sentencias emitidas por corporación y departamentos
DEPARTAMENTOS BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA MAGDALENA SUCRE
CORPORACIÓN
9 por el Juzgado
Primero de El Carmen
de Bolívar
11 por el Juzgado
Primero de Valledupar
6 por el Juzgado
Primero de Montería
39 por el Juzgado
Primero de Santa
Marta
3 por el Juzgado
Primero de Sincelejo
7por el Juzgado
Segundo de El Carmen
de Bolívar
3 por el Juzgado
Segundo de Valledupar
6 Juzgado Segundo de
Montería
5 por el Juzgado
Segundo de Santa
Marta
2 por el Juzgado
Segundo de Sincelejo
3 por el Juzgado
Tercero de Valledupar
2 por el Juzgado
Tercero de Sincelejo
12 por el Tribunal
Superior de Cartagena
7 por el Tribunal
Superior de Cartagena
12 por el Tribunal
Superior de Antioquia
1 por el Tribunal
Superior de Cartagena
31 por el Tribunal
Superior de Cartagena
TOTAL SENTENCIAS
EMITIDAS 28 24 24 45 38
Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento y la sistematización de las sentencias hecha por el Equipo de Movilización, Territorio e Interculturalidad del Cinep/PPP.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y hasta el 30 de septiembre de 2014 se habían presentado 14.649 solicitudes
de ingreso en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) en la región Caribe, de las cuales se
incluyeron 2.2222. Hasta el 31 de diciembre de 2014 la URT había publicado en su página Web 159 sentencias de la costa Atlántica,
correspondientes a 567 solicitudes de restitución presentadas ante Jueces y Magistrados, comprendiendo en total 9673,06
hectáreas de tierra. El total de predios restituidos fue de 569 y el de hectáreas de 8866,11.
2 Datos tomados del Informe Trimestral de Gestión – Plan de Acción a 30 septiembre de 2014, Bogotá, noviembre de 2014, Unidad de restitución de tierras. file:///C:/Users/tmoreno/Downloads/GI-FO-08%20INFORME%20DE%20GESTION%20TRIMESTRAL%20V1_01sep.pdf
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Bolívar fue, junto con Cesar, uno de los dos departamentos en donde más solicitudes de ingreso al RTDAF se presentaron y en el
que más inclusiones se realizaron. El número de demandas presentadas ante los Jueces y Magistrados en Bolívar estuvo dentro
del promedio de la región, al igual que la cantidad de predios y hectáreas restituidas.
En el Cesar tanto el número de solicitudes incluidas en el RTDAF como el número de solicitudes de restitución hechas ante los
Jueces y Magistrados fue considerablemente inferior al número de solicitudes de ingreso al registro, que resultó ser el más alto
de toda la región. También es el departamento de la costa Atlántica que menos predios y hectáreas restituidas tuvo en el
periodo de tiempo analizado.
Córdoba, a pesar de ser el departamento en el que se presentaron menos solicitudes de ingreso al RTDAF, fue el que más
inclusiones al RTDAF ocurrieron, en donde más demandas de restitución se presentaron ante Jueces y Magistrados y en donde
más predios se restituyeron. El número total de hectáreas restituidas estuvo dentro del promedio de los demás departamentos.
El Magdalena fue el departamento de la costa Caribe en el que más sentencias se emitieron, más hectáreas se solicitaron y más
hectáreas se restituyeron durante el periodo de tiempo analizado, aunque el número de demandas presentadas y de predios
restituidos fue de los más bajos.
En comparación con los otros departamentos de la costa Atlántica, en Sucre se presentó un bajo número de solicitudes de
ingreso y de inclusiones al RTDAF. Sin embargo, las demandas, las sentencias emitidas y los predios y hectáreas restituidas están
dentro del promedio de la región Caribe.
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Cuadro 2. Resultados de los procesos en cifras*3
N° de solicitudes
de ingreso al
RTDAF
N° de solicitudes
incluidas en el
RTDAF
N° de sentencias
N° de solicitantes
de restitución
ante los jueces
N° de predios
restituidos
N° de
hectáreas
solicitadas
N° de
hectáreas
restituidas
Bolívar 3.307 579 28 99 105 1196,69 1063,34
Cesar 3.970 182 24 32 17 930,75 390,36
Córdoba 2.211 619 24 227 245 1106,57 1103,14
Magdalena 2.936 443 45 95 95 4695,33 4662,29
Sucre 2.225 399 38 114 107 1743,72 1646,98
TOTAL 14.649 2.222 159 567 569 9673,06 8866,11
Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento y la sistematización de las sentencias hecha por el Equipo de Movilización, Territorio e Interculturalidad
del Cinep/PPP y de datos tomados del Informe de Gestión de la URT con fecha de corte 30 de septiembre de 2014.
Sentido de las decisiones judiciales
A favor de los solicitantes se resolvieron 145 de las 159 demandas de restitución. De los 14 fallos en contra de los solicitantes, la
mitad se dieron en el departamento del Cesar.
La principal razón por las que los Jueces decidieron no restituir en la región Caribe fue la falta de pruebas sobre la calidad de
víctima del solicitante y por consiguiente de la existencia del despojo o abandono forzado. En menor proporción se presentaron
casos de inadecuada identificación de los inmuebles solicitados, adjudicaciones previas que impedían la restitución para las
personas solicitantes y solicitud de predios que excedían la extensión de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
*Las cifras de solicitudes de ingreso y solicitudes incluidas en el RTDAF se presentan con corte a 30 de septiembre de 2014. Las cifras de personas solicitantes de restitución, número de predios restituidos y sentencias emitidas se toman de las sentencias publicadas en la página Web de la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (URT) a 31 de diciembre de 2014.
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Cuadro 3. Decisiones judiciales por departamento
Número de sentencias emitidas Fallos a favor del solicitante Fallos en contra del solicitante
Bolívar 28 25 3
Cesar 24 17 7
Córdoba 24 24 0
Magdalena 45 43 2
Sucre 38 36 2
TOTAL 159 145 14
Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento y la sistematización de las sentencias hecha por el Equipo de Movilización,
Territorio e Interculturalidad del Cinep/PPP.
Promedio de duración de los procesos
En todos los departamentos estudiados, los promedios de duración de los procesos judiciales superaron el plazo de cuatro
meses establecidos por el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. A pesar de que en el Magdalena se presentaron solo dos
oposiciones, fue el departamento en el que más tardaron los procesos con un promedio de ocho meses. Córdoba en cambio, con
12 oposiciones, fue el departamento en el que menos tardaron los procesos, con un promedio de cinco meses de duración.
El Tribunal de Antioquia, que resolvió solo 12 de los 63 procesos con oposición en la costa Caribe, tardó menos resolviendo los
procesos que el Tribunal de Cartagena, al que se enviaron el 80% de procesos con oposiciones durante el periodo analizado, de
predios ubicados en Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre.
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Participantes en el proceso4
A continuación se muestra el número de personas solicitantes, restituidas y beneficiarias discriminadas por género y por
departamentos analizados. Cuadro 4. Participantes en el proceso por departamento y género
Número de personas/Departamentos SUCRE MAGDALENA CÓRDOBA CESAR BOLÍVAR
Hombres 87 62 174 19 72
Solicitantes Mujeres 27 30 53 13 27
Hombres 120 97 186 14 72
Restituidas Mujeres 115 99 190 20 73
Beneficiarias Hombres 186 219 426 35 176
Mujeres 183 206 378 47 174
Subtotal Hombres 393 378 786 68 320
Mujeres 325 335 621 80 274
TOTAL 718 713 1407 148 594
Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento y la sistematización de las sentencias hecha por el Equipo de Movilización, Territorio e
Interculturalidad del Cinep/PPP.
A pesar de que los hombres son quienes en mayor número iniciaron el proceso de solicitud, en todos los departamentos con
excepción de Sucre, el número de mujeres restituidas superó el número de hombres restituidos: Córdoba fue el departamento
donde hubo más solicitantes y donde la proporción de solicitantes hombres fue mayor que la de solicitantes mujeres. También
4 Para efectos de este informe los demandantes son las entidades públicas o privadas que ejercen la acción de restitución de tierras a nombre y en favor de los solicitantes; los solicitantes son quienes inscriben el predio en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas e inician las epatas administrativa y judicial del proceso de restitución; los restituidos son las personas a quienes los jueces ordenan la restitución material y la titulación de la tierra despojada o abandonada forzosamente, sean solicitantes o no; y los beneficiarios son todos aquellos integrantes del núcleo familiar incluidos como tales en la decisión y en las órdenes de los fallos.
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fue el departamento en el que el aumento de la proporción de mujeres solicitantes con respecto a las mujeres restituidas, fue
mayor.
El Cesar fue el único departamento donde el número de hombres a los que se les restituyó la tierra estuvo por debajo del
número de solicitantes, debido a que en cinco de los siete fallos en contra, los solicitantes eran hombres. En todos los otros
departamentos, el número del total de restituidos superó el número de solicitantes, tanto en hombres como en mujeres.
En cuanto a los beneficiarios, el número de hombres y mujeres se dio en proporciones casi iguales en todos los departamentos,
salvo en Córdoba donde hubo una diferencia mayor entre unos y otras a favor de los hombres. En total 1.042 hombres y 988
mujeres fueron beneficiados con las sentencias de restitución de tierras en la costa Caribe.
Sólo en el departamento de Magdalena, en la vereda La Secreta (Ciénaga), hubo una sentencia cuyas reclamantes eran menores
de edad, tres hermanas que fueron restituidas mediante sentencia judicial en julio del año 2013.
Oposiciones
En los departamentos de la región Caribe se presentaron 64 oposiciones, 33 de ellas presentadas en los departamentos de
Bolívar, Córdoba, Cesar y Magdalena. Tan solo en Sucre se rompió la tendencia de pocas oposiciones, ya que se presentaron en
31 de los 38 procesos resueltos.
De las 64 oposiciones solo lograron prosperar 10, de las cuales siete fueron en el departamento del Cesar, y en todas se logró
probar la buena fe exenta del culpa de los opositores. A los opositores se les ordenó la compensación en siete casos, pues en el
único caso en Bolívar donde se probó la buena fe exenta de culpa del opositor, no se restituyó al solicitante y el opositor quedó
con el predio solicitado. Ni en Córdoba ni en Magdalena prosperaron las oposiciones propuestas.
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Cuadro 5. Oposiciones por departamentos
Oposiciones Si prosperaron No prosperaron
Bolívar 12 1 11
Cesar 7 7 0
Córdoba 12 0 12
Magdalena 2 0 2
Sucre 31 2 29
TOTAL 64 10 54
Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento y la sistematización de las sentencias hecha por el
Equipo de Movilización, Territorio e Interculturalidad del Cinep/PPP.
Extensión de áreas restituidas
En la Costa Caribe se restituyeron 8866,11 hectáreas de las 9673,06 solicitadas, en un total de 569 predios. El departamento
donde más predios se restituyeron fue Córdoba con 245 y en el que menos Cesar con 17.
De los 569 predios restituidos, más del 90 por ciento no alcanzaban a tener la extensión determinada por la UAF. Tan solo en el
Cesar la tendencia se invirtió, ya que de 17 predios restituidos, 13 tenían una extensión que superaba la UAF. Esta situación en la
que, de acuerdo a la Ley 1448 de 2011, los Jueces y Magistrados se limitaron a restituir lo solicitado y esta cantidad de tierra no
superó la UAF, deja en evidencia que antes de los hechos de violencia que ocasionaron los desplazamientos, abandonos y
despojos de tierras, las familias campesinas en la costa Atlántica no contaban con la cantidad de tierra mínima para desarrollar
proyectos de vida dignos.
Así, la mejora de las condiciones de vida para las víctimas restituidas requerirá, además de celeridad en el cumplimiento de las
órdenes judiciales, una adecuada articulación institucional nacional y local, para que la oferta de servicios estatales garantice de
manera oportuna el cumplimiento de los derechos a la tierra y al territorio de los solicitantes y sus derechos sociales.
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Predios
En Bolívar y Magdalena se restituyeron predios que en la mayoría de los casos estaban siendo habitados o explotados por los
mismos solicitantes y que se catalogaron como bienes baldíos al momento de la restitución. Por el contrario, en Córdoba, Cesar y
Sucre la mayoría de los inmuebles solicitados en restitución estaban siendo explotados por los opositores o por terceros al
momento de iniciar el proceso, y entraron al mismo con la calidad de bienes de propiedad privada. En ese orden de ideas, en
Bolívar y Magdalena la actividad económica predominante en los predios ocupados por los mismos solicitantes fue la agricultura.
En el resto de departamentos se dio una combinación entre agricultura y ganadería.
Cuadro 6. Situación de los predios al momento de la solicitud de restitución
Naturaleza Jurídica de los predios solicitados Relación Jurídica de los
solicitantes con el
predio
Actividad económica
predominante de los predios
restituidos
Bolívar Baldíos 84
Propiedad privada 19
Ocupantes 84
Propietarios 19
Poseedores 2
Agrícola
Cesar Baldíos 5
Propiedad privada 20
Zona de reserva forestal 2
Ocupantes 8
Propietarios 18
Poseedores 2
Agropecuaria
Córdoba Propiedad privada 245 Propietarios 239
Poseedores 6
No se informa/agropecuaria
Magdalena Baldíos 93
Propiedad privada 2
Ocupantes 93
Poseedores 2
Agrícola
Sucre Baldíos 3
Propiedad privada 104
Ocupantes 6
Propietarios 101
Agropecuaria
TOTAL Baldíos 185
Propiedad privada 390
Zona de reserva forestal 2
Ocupantes 191
Propietarios 377
Poseedores 12
Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento y la sistematización de las sentencias hecha por el Equipo de Movilización, Territorio e Interculturalidad del Cinep/PPP.
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Modalidades de despojo o abandono y despojadores
En todos los departamentos analizados existió una combinación de diversos actores armados, dominando en todo ellos las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), actuando en diferentes momentos en el tiempo y con varios de sus frentes o bloques. Los despojos y
abandonos alegados la región Caribe se dieron entre la última mitad de los años 90 y principios de los 2000.
La mayoría de los solicitantes en Bolívar no alegaron tipos de despojo porque simplemente fueron obligados a abandonar sus
bienes, principalmente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En algunas ocasiones se mencionaron las ventas
forzadas o precios irrisorios, con responsabilidad de las AUC o de estas conjuntamente con las FARC.
En el Cesar hubo tanto casos de abandono de predios en los que no se alegó ningún despojo, como alegaciones de ventas
forzadas o precios irrisorios y adjudicaciones irregulares de predios, en los cinco municipios con sentencias. En algunos pocos
casos también se mencionaron despojos judiciales o materiales. Los acusados como grupos despojadores fueron en general las
AUC, y en algún caso aislado estos en conjunto con las FARC.
El tipo de despojo alegado en todas las sentencias emitidas en Córdoba fue la venta forzada o precio irrisorio a manos de la casa
Castaño de las AUC y la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor).
En el Magdalena se alegó casi siempre el abandono forzado de los predios. En contadas ocasiones se mencionó el despojo
material por ocupación y en todo caso, los campesinos siempre volvieron a las tierras lo que hizo que los fallos, en cuanto a los
aspectos de seguridad jurídica de la tenencia, se concentraran en formalización. El grupo despojador en el Magdalena fueron las
AUC al mando de alias “Jorge 40”.
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En Sucre en la mayoría de los casos se mencionaron la caducidad administrativa y la venta forzada o precio irrisorio como
modalidades de despojo, y en menos proporción los títulos fraudulentos y los despojos judiciales. También se habló en algunos
casos del abandono forzado de tierras. Las (AUC) aparecieron como responsables en la mayoría de las sentencias, como único
grupo perpetrador, o en compañía de las guerrillas de las FARC o el ELN en algunos casos.
Cuadro 7. Tipos de despojo o abandono y despojadores
Tipos de abandono/despojo Grupos perpetradores del abandono o
despojo
Bolívar Abandonos forzados 18
Ventas forzadas o precios irrisorios 10
AUC / AUC y FARC
Cesar Abandonos forzados 8
venta forzada o precio irrisorio y adjudicación irregular 11
despojo judicial 1
despojos materiales 4
AUC / AUC y FARC
Córdoba venta forzada o precio irrisorio 24 AUC-Funpazcor
Magdalena Abandono forzado 41
caducidad administrativa 2
despojo material por ocupación 2
AUC
Sucre Abandono forzado 7
La caducidad administrativa y venta forzada o precio irrisorio con 28
casos
título fraudulento o venta falsa 1
despojo judicial 1
Sin información 1
AUC / AUC, FARC y ELN / Ejercito y Guerrillas
Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento y la sistematización de las sentencias hecha por el Equipo de Movilización, Territorio e Interculturalidad del
Cinep/PPP.
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Órdenes emitidas
En general las órdenes emitidas en la costa Caribe a través de las sentencias publicadas en la página Web de la URT hasta
diciembre de 2014 se dirigieron a tres grupos de derechos: los relacionados con la adecuación digna de los predios y un nivel de
vida adecuado para las familias beneficiarias con la restitución -Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)-, los dirigidos
a mejorar las condiciones de seguridad para el retorno y los de protección jurídica para los inmuebles restituidos. Otro grupo de
medidas que tomaron los jueces en la parte resolutiva de las sentencias se encaminaron a hacer declaraciones o solicitar
información a entidades del nivel nacional, de acuerdo a sus competencias.
En materia de DESC, en Bolívar, Córdoba y Sucre las órdenes dirigidas a entidades nacionales con competencia en el tema
superaron por amplio margen a las dirigidas a entidades locales. En Cesar y Magdalena este tipo de órdenes obligan de manera
equilibrada a las entidades nacionales y locales.
En cuanto a las entidades obligadas en materia de protección y seguridad de las personas reclamantes, en todos los
departamentos se dictan más órdenes a entidades locales que nacionales, excepto en Córdoba, donde a nivel regional solo se
dictan nueve órdenes de este tipo y a nivel nacional 71.
En el caso de las órdenes destinadas a entidades encargadas de la protección jurídica de los inmuebles, en todos los
departamentos hay significativamente más entidades locales que nacionales obligadas.
En Bolívar se encuentra un menor número de entidades obligadas con respecto a los otros departamentos, ya que no se dictaron
órdenes, ni locales ni nacionales, para instituciones encargadas de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes
(NNA), ni relacionadas con medio ambiente y minería, ni para ninguno de los Comités de Justicia Transicional. En Bolívar,
también se encontró la falencia, hecho que sí ocurrió en los otros departamentos, de no ordenar a ninguna entidad el
seguimiento del cumplimiento de los fallos.
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La gran mayoría de órdenes dictadas a los opositores en la región Caribe van dirigidas a la entrega material de los inmuebles
restituidos. Adicionalmente en Bolívar y Cesar, fuera de estas órdenes para los opositores, no se plasmó la obligación de
verificación del cumplimiento de entrega en ningún Juzgado, como sucedió para los casos de Magdalena, Córdoba y Sucre.
Solo en Magdalena y Cesar se dictaron órdenes para entidades tendientes a garantizar derechos de los NNA y solo en Cesar y
Sucre hubo órdenes a entidades encargadas de asuntos mineros y de medio ambiente.
En toda la costa Atlántica los Jueces dirigieron órdenes a municipios y departamentos diferentes a aquellos de las sentencias.
Esto se explica en algunos casos (Chivo y Plato en Magdalena, Montes de María en Bolívar y Sucre o Valencia y Montería en
Córdoba) por la cercanía de municipios que comparten las jurisdicciones de determinadas instituciones.
Igualmente se apreció que las órdenes dictadas a las diferentes entidades del nivel nacional no fueron iguales en todos los
departamentos, por ejemplo en el Cesar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se le ordenó incluir a los beneficiarios en
programas de proyectos productivos mientras que en Bolívar esta orden se le dio a la UARIV y en Córdoba, Magdalena y Sucre
no se dictó este tipo de orden. Otro ejemplo es fue el de las órdenes tendientes a garantizar agua potable y saneamiento básico
a las personas restituidas, que se dieron, dependiendo de los departamentos, al Ministerio de Salud o al Ministerio de Vivienda
indistintamente.
Algunas órdenes, en especial las dirigidas a la UARIV fueron muy amplias, vagas y carecían de concreción, ya que los Jueces y
Magistrados usaron verbos como gestionar, coordinar, apoyar o acompañar, lo que dificulta su realización y la articulación
interinstitucional en la práctica.
Finalmente, no se dictaron órdenes concretas de protección en materia de seguridad para garantizar la vida de personas
determinadas, si bien en algunas ocasiones las sentencias mencionan amenazas concretas y actuales.