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Grupo Funcional Desarrollo Social

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Índice

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA Secretaría de Educación Pública Informes de las Auditorías de Desempeño DS-003 Reforma Curricular en Educación Básica 7 DS-004 Programa de Escuela Segura 10 DS-005 Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género 14 DS-006 Planes y Programas de los Servicios de Educación Media Superior 17 DS-007 Formación de Docentes de la Educación Media Superior 22 DS-008 Calidad de la Educación Media Superior 26 DS-009 Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior 30 Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento DS-010 Programa E001 "Enciclomedia" 35 DS-011 Programa S223 "Habilidades Digitales para Todos"-2009 37 DS-012 Programa S223 "Habilidades Digitales para Todos"-2010 39 DS-013 Programa S223 "Habilidades Digitales para Todos"-2011 41 DS-014 Compromisos con Organismos Internacionales 44 DS-015 Becas en Educación Media Superior de Calidad 46 DS-016 Servicios Integrales de Limpieza e Higiene 49 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-017 Gastos de Operación 53 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Informe de la Auditoría de Desempeño DS-018 Desempeño Institucional 55 Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-019 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 58 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Informe de la Auditoría de Desempeño DS-020 Atención al Deporte 61 Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-021 Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo

para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y Transferencias al Fideicomiso Estatal de Veracruz

64

Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas DS-022 Proyecto Desarrollo de Infraestructura Deportiva para los Juegos

Panamericanos Guadalajara 2011

67

Consejo Nacional de Fomento Educativo Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-023 Erogaciones del Programa de Educación Inicial y Básica 69

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011

2

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Informe de la Auditoría de Desempeño DS-024 Impulso al Desarrollo de la Cultura 72 Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-025 Impulso al Desarrollo de la Cultura 75 Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-026 Ingresos y Egresos 78 Instituto Nacional de Antropología e Historia Informe de la Auditoría de Desempeño DS-027 Impulso al Desarrollo de la Cultura 81 Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-028 Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural

Antropológico, Arqueológico e Histórico de México

84

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Informe de la Auditoría de Desempeño DS-029 Impulso al Desarrollo de la Cultura 87 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-030 Estela de Luz, Coordinador de los Trabajos 90 Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas DS-031 Monumento Bicentenario Estela de Luz 93 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Informe de la Auditoría de Desempeño DS-032 Mejores Escuelas 116 Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-033 "Otorgamiento de Subsidios" del Programa Mejores Escuelas 121 Instituto Politécnico Nacional Informe de la Auditoría de Desempeño DS-034 Funciones de Docencia, Investigación y Difusión de la Cultura 123 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Informe de la Auditoría Forense DS-035 Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo

de Diversos Proyectos con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

126


3

Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" Informe de la Auditoría Especial DS-036 Desempeño Institucional 128 Universidad Autónoma Chapingo Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-037 Bienes Muebles e Inmuebles 131 Universidad Autónoma de Campeche Informe de la Auditoría Forense DS-038 Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo

de Diversos Proyectos con la Universidad Autónoma de Campeche

135

Universidad Autónoma de Coahuila Informe de la Auditoría Forense DS-039 Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo

de Diversos Proyectos con la Universidad Autónoma de Coahuila

137

Universidad Autónoma del Carmen Informe de la Auditoría Forense DS-040 Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo

de Diversos Proyectos con la Universidad Autónoma del Carmen

139

Universidad Autónoma del Estado de México Informe de la Auditoría Forense DS-041 Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo

de Diversos Proyectos con la Universidad Autónoma del Estado de México

141

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Informe de la Auditoría Especial DS-042 Desempeño Institucional 143 Universidad Intercultural del Estado de México Informe de la Auditoría Especial DS-043 Desempeño Institucional 145 Universidad Veracruzana Informe de la Auditoría Forense DS-044 Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo

de Diversos Proyectos con la Universidad Veracruzana

148

SECTOR SALUD Secretaría de Salud Informes de las Auditorías de Desempeño DS-045 Prevención y Control de Enfermedades del Primer Nivel de Atención 150


4

DS-046 Sistema Integral de Calidad en Salud 154 DS-047 Atención Médica en los Institutos Nacionales de Salud 158 DS-048 Formación de Recursos Humanos en los Institutos Nacionales de Salud 162 DS-049 Infraestructura y Equipamiento en los Institutos Nacionales de Salud 165 DS-050 Investigación y Desarrollo Tecnológico en los Institutos Nacionales de Salud 169

Informe de la Auditoría Financieras y de Cumplimiento DS-051 Vacuna Contra la Influenza Estacional 173 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-052 Programa P016 "Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS" 176 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-053 Adquisición de Vacunas 179 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-054 Derechos por Autorizaciones en Materia Sanitaria 182 Comisión Nacional de Protección Social en Salud Informe de la Auditoría de Desempeño DS-055 Seguro Popular 185 Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento DS-056 Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 190 DS-057 Seguro Médico para una Nueva Generación 193 Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas DS-058 Construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea

González

196

Hospital General de México Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-059 Integración, Registro y Control de Bienes Inmuebles, Equipo Médico, Quirúrgico

y de Laboratorio

199

Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas DS-060 Construcción de la Torre Médica A, y de las Unidades 501, 503 y Programa Anual

de Adquisiciones y Trabajos de Mantenimiento del Hospital General de México

202

Instituto Nacional de Cancerología Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas DS-061 Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN 206


5

Instituto Nacional de Medicina Genómica Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas DS-062 Proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica 211 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-063 Ingresos por Venta de Vacunas y Productos Biológicos 217 SECTOR DESARROLLO SOCIAL Secretaría de Desarrollo Social Informes de las Auditorías de Desempeño DS-064 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 219 DS-065 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 222 DS-066 Programa Rescate de Espacios Públicos 224 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Informe de la Auditoría de Desempeño DS-067 Programa de Apoyo Alimentario 228 Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-068 Programa de Apoyo Alimentario 232 Diconsa, S.A. de C.V. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-069 Ingresos por Ventas 236 Liconsa, S.A. de C.V. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-070 Ingresos por Ventas 240 NO COORDINADAS SECTORIALMENTE Comisión Nacional de Vivienda Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-071 Subsidios a la Producción 243 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Informe de la Auditoría de Desempeño DS-073 Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena 245

Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento DS-074 Adquisiciones de Bienes, Servicios, y Subsidios y Transferencias 248


6

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Informe de la Auditoría de Desempeño DS-075 Prevención y Control de Enfermedades Crónico-Degenerativas 250 Informe de la Auditoría Especial DS-076 Pagos por las Obligaciones de la Ley del ISSSTE 254 Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento DS-077 Análisis Financiero de Fondos 257 DS-078 Subcontratación de Servicios 259 DS-079 Erogaciones y Aplicación de Proyectos de Servicios de Informática

y sus Consumibles

262

Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas DS-080 Equipamiento Médico en los Tres Niveles de Atención a la Salud del ISSSTE 265

DS-081 Construcción del Hospital General Morelia, Michoacán 268 DS-082 Ampliación y Remodelación del Hospital General Veracruz, Veracruz 270

Instituto Mexicano del Seguro Social Informe de la Auditoría de Desempeño DS-083 Prevención y Control de Enfermedades Crónico-Degenerativas 272 Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento DS-084 Operación y Administración de las Reservas en Inversiones 275 DS-085 Adquisición y Abasto de Medicamentos por Adjudicación Directa y Oferta

Subsecuente de Descuentos

278

DS-086 Subrogación de Hemodiálisis y Servicios de Diálisis 281 DS-087 Servicios de Guarderías del Esquema Vecinal Comunitario 283 DS-088 Fondo para Ayudas Guardería ABC 285 DS-089 Finiquito del Contrato Multianual de Administración y Soporte de Aplicaciones

de Cómputo y Continuidad de los Servicios

287

DS-090 Gestión Operativa de la Coordinación de Fiscalización 291 Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas DS-091 Construcción de Hospital General Regional, Nuevo de 236 Camas en Metepec,

en el Estado de México

293

DS-092 Construcción del Hospital General Regional, Nuevo de 216 Camas en la Ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas

295

DS-093 Construcción de Hospital Regional, Nuevo de 250 Camas en Charo Tres Marías, en el Estado de Michoacán

297

DS-094 Construcción de Hospital General de Zona, Nuevo de 144 Camas en la Ciudad de Hermosillo, en el Estado de Sonora

299

Instituto Nacional de las Mujeres Informes de las Auditorías de Desempeño DS-095 Acciones para Promover Una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres 301 DS-096 Promoción y Coordinación de las Acciones para la Equidad de Género 305


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Secretaría de Educación Pública

Reforma Curricular en Educación Básica

Auditoría de Desempeño: 11-0-11100-07-0385

DS-003

Objetivo

Fiscalizar la Reforma Curricular en Educación Básica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la reforma curricular; la eficiencia en la actualización de los planes y programas de estudio de educación básica; la economía en la aplicación de los recursos asignados al programa, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

Desde la primera reforma al artículo 3o. Constitucional, realizada en 1934, se reservó para el Estado la formación de los planes, programas y los métodos de enseñanza, excluyendo a los particulares de dicha actividad.1/

Los planes y programas de estudio representan el enlace necesario entre los dos factores de la educación: la enseñanza y el aprendizaje, expresan el conjunto de conocimientos que deberá alcanzar el alumno y que deberá enseñar el docente; regulan la marcha del trabajo escolar, e influyen de manera decisiva en su rendimiento.2/

En el año 2000, en el foro organizado por la UNESCO en Dakar, Senegal,3/ se estableció el compromiso de mejorar la calidad de la educación, la cual habría de ser medida por la adquisición de competencias. Además, debido a los resultados poco exitosos de la evaluación que aplicó el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) 2000, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),4/ la SEP realizó una revisión del plan de estudios de secundaria en 2002, lo que derivó en el nuevo plan y programas de estudio para dicho nivel.5/

En 2004, en el marco de la Reforma Integral a la Educación Básica, se diseñó el programa de estudio de preescolar6/ y se estableció la obligatoriedad de los tres niveles que comprenden la educación básica (preescolar, primaria y secundaria).7/

En 2006, los resultados de PISA mostraron que un gran número de estudiantes no contaba con las competencias y los conocimientos necesarios. La prueba demostró que uno de cada dos alumnos de 15 años de edad no alcanzó el nivel de capacidades básicas de PISA (nivel 2), y sólo el 3% de los estudiantes mexicanos consiguió los niveles más altos (5 y 6), que significa contar con la capacidad de identificar, explicar y aplicar conocimientos

1/ Decreto que reforma el artículo 3o. Constitucional, Diario Oficial de la Federación, 13 de diciembre de 1934. 2/ Salcedo Aquino, Roberto, El Desarrollo de los Libros de Texto Gratuitos, en: Enrique González Pedrero, Los libros de

texto gratuitos, SEP; México, 1982, p. 42. 3/ UNESCO, Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes, París, Francia,

2000. 4/ Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, El Proyecto PISA: su aplicación en

México, 2006. El Proyecto PISA se realizó por primera vez en el año 2000, con la participación de 32 países, entre ellos, México. La prueba realizada se enfoca en la evaluación de las habilidades para usar los conocimientos y destrezas para enfrentar retos de la vida real.

5/ Acuerdo número 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para Educación Secundaria. Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 2006.

6/ Acuerdo 348 por el que se determina el Programa de Educación Preescolar, Diario Oficial de la Federación del 27 de octubre de 2004. Primer programa para este nivel educativo.

7/ Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 12 de noviembre de 2002. Artículos quinto y séptimo transitorios.


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científicos de manera consistente de situaciones complejas de la vida cotidiana. El puntaje promedio de la OCDE fue de 496.6 puntos, mientras que el obtenido por México fue de 408.6, lo que significó 88.0 puntos por debajo del promedio, por lo que se recomendó que el sistema educativo mexicano redefiniera en los planes de estudio y los estándares exigidos para los estudiantes en cada materia y grado escolar.8/

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se señaló que debían actualizarse los contenidos y métodos de planes y programas de estudio, para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias,9/ y en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se indicó que “la educación básica no había logrado desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan resolver problemas con creatividad y eficacia, y estar mejor preparados para los desafíos que les presentan en la vida”, por lo que era necesario realizar una reforma integral de la educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias.10/

En 2009, como parte de la política pública implementada en el marco de la “Reforma Integral de la Educación Básica”, se creó el programa presupuestario G002 “Reforma Curricular en Educación Básica”, a cargo de la SEP, para reestructurar el diseño de los planes y programas de estudio de ese nivel educativo, con el propósito de definir el perfil de egreso, a partir del cual se determinarían los aprendizajes esperados y los estándares curriculares para orientar el desarrollo de las competencias en los alumnos.

La revisión de la Reforma Curricular en Educación Básica incluyó el análisis del Plan de Estudio 2011 y los programas aplicables y obligatorios en el ámbito nacional para los 25,782.4 miles de alumnos que cursaron estudios de educación básica en el Sistema Educativo Nacional, a partir del ciclo escolar 2011-2012.

Resultados

En 2011, la SEP actualizó, articuló y aprobó para su aplicación 1 plan y 94 programas de estudio de educación básica: 2 de preescolar, 49 de primaria y 43 de secundaria, que corresponden al total de programas de estudio de ese nivel educativo; estableció las competencias a desarrollar por los educandos durante ese trayecto formativo, y definió el perfil de egreso vinculado a los contenidos establecidos en los programas.

La dependencia no contó con indicadores y metas, ni con información para medir la contribución del programa G002 en el cumplimiento del objetivo de desarrollar las competencias para la vida de las niñas, los niños y los adolescentes mexicanos, ni para realizar una valoración del desempeño del programa Reforma Curricular en Educación Básica; conocer su impacto social, y medir el cumplimiento de su objetivo.

La SEP no acreditó el cumplimiento de la meta establecida para 2011 de incrementar el logro académico de los alumnos de educación básica, ni las relativas a la actualización y fortalecimiento académico de los 32 equipos técnicos estatales de preescolar, primaria y secundaria que asesoran a los docentes frente a grupo y personal directivo de las entidades federativas para la aplicación del plan de estudio y los programas actualizados.

La dependencia no realizó las adaptaciones requeridas a los programas de estudio para responder a las características lingüísticas y culturales de los diversos grupos indígenas del país, así como para la población rural dispersa y grupos migratorios en edad normativa para cursar la educación básica.

Con la revisión del plan y los programas de estudio actualizados, no se identificaron los procedimientos de evaluación para verificar que el educando cumple los propósitos para acreditar cada nivel educativo.

La SEP determinó la carga horaria en el Plan de Estudios de Educación Básica 2011; sin embargo, no contó con información sobre la acreditación del tiempo efectivo de clases.

Asimismo, la dependencia determinó que el currículo para la educación básica debía establecer en su visión hacia el 2021 alcanzar el nivel 3 de PISA; al respecto, no se identificaron indicadores de desempeño ni metas anuales para verificar la eliminación de la brecha de los niños ubicados por debajo del nivel 2, y el apoyo de quienes están en el nivel 2 y por arriba de éste.

8/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Perspectivas OCDE: México Políticas clave para un

desarrollo sostenible, octubre, 2010, p. 25. [Publicación en línea]. Disponible en Internet en: < _http://www.oecd.org/mexico/45391108.pdf > org/mexico/45391108.pdf > [con acceso el 30 de octubre de 2012].

9/ Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, Diario Oficial de la Federación, Cuarta Sección, el 31 de mayo de 2007, Estrategia 9.3., p. 489

10/ Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012. México, Estrategia 1.1., pp. 2 y 11.


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En relación con la evaluación del plan y los programas de estudio, la SEP solicitó comparar la relevancia del contenido pedagógico del currículo mexicano, en las materias de ciencias y matemáticas, con los resultados de las pruebas PISA aplicadas en los países de América, Europa y Asia, y acreditó las medidas que la dependencia implementó como consecuencia de las recomendaciones de la evaluación.

En 2011, los equipos técnicos estatales evaluaron la implementación de los programas de estudio de primaria y secundaria, al respecto, la dependencia acreditó que las observaciones realizadas fueron tomadas en cuenta para la actualización de los programas de estudio.

La SEP reportó un presupuesto ejercido de 324,669.4 miles de pesos en el programa Reforma Curricular en Educación Básica, menor en 181,984.4 miles de pesos (35.9%) que el presupuesto original de 506,653.8 miles de pesos, y justificó las reducciones presupuestarias de diversas partidas de gasto.

El 60.3% (195,728.1 miles de pesos) de los recursos del programa correspondieron a los servicios educativos, y el 39.7% (128,941.3 miles de pesos) a las actividades administrativas, sin que se dispusiera de criterios para racionalizar el gasto.

La información presentada en la Cuenta Pública 2011 no permite evaluar si se cumplieron los objetivos y metas del programa Reforma Curricular en Educación Básica, ni el uso eficiente de los recursos erogados en ese año.

Consecuencias Sociales

El plan y los programas de estudio de educación básica definen los estándares curriculares y los aprendizajes esperados para los educandos, con el objetivo de desarrollar las competencias para la vida. Para 2011, la SEP no contó con indicadores y metas, ni con información para evaluar el desarrollo de las competencias de los 25,782.4 miles de alumnos que cursaron la educación básica en el Sistema Educativo Nacional, ni dispuso de los procedimientos de evaluación de la formación educativa, lo que limitó verificar si el educando adquirió los conocimientos, habilidades y valores para acreditar cada nivel educativo.

Resumen de Observaciones y Acciones

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño.

Las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientan a que la SEP cuente con indicadores y metas para evaluar el desarrollo de competencias de los alumnos de educación básica; fortalezca sus mecanismos de control para contar con la información que acredite el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR del programa; realice las adaptaciones requeridas a los programas de estudio de educación básica para responder a las características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas, la población rural dispersa y los grupos migratorios que cursan ese nivel educativo; adopte las medidas necesarias para contar con la información que acredite el tiempo efectivo de clases de los alumnos de educación básica; establezca los indicadores de desempeño y las metas anuales en relación con el nivel que se pretende obtengan los alumnos de educación básica en la prueba internacional PISA; establezca criterios para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, y presente en la Cuenta Pública información para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa.

Dictamen: con salvedad

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la Reforma Curricular en Educación Básica, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la carencia de indicadores, metas e información para medir la contribución del programa en el desarrollo de las competencias que se requieren para generar el perfil de egreso de los estudiantes de educación básica; a la falta de adaptaciones a los programas de estudio para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como para la población rural dispersa y grupos migratorios en edad normativa para cursar la educación básica; a la carencia de información sobre la acreditación del tiempo efectivo de clases para cumplir la carga horaria establecida en el Plan de Estudio de Educación Básica; al incumplimiento de las metas de capacitación programadas para la actualización y fortalecimiento académico de los equipos técnicos estatales; a la ausencia de medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas, y a la insuficiente información presentada en la Cuenta Pública para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa y el uso eficiente de los recursos erogados.


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Programa de Escuela Segura


DS-004

Objetivo

Fiscalizar el Programa de Escuela Segura para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del programa; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; la eficiencia operativa de los principales procesos; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En el diagnóstico de “Seguridad pública” contenido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012,11/ se reconoció que: “durante muchos años, la falta de seguridad ha minado, hasta un punto verdaderamente preocupante, la calidad de vida de los mexicanos y la capacidad de desarrollo del país. La Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana reportó que, en promedio, uno de cada cuatro habitantes de las ciudades ha sido víctima de por lo menos algún delito durante su vida. En este sentido, la percepción de la ciudadanía muestra que más del 50% de la población encuestada considera que la criminalidad ha afectado su calidad de vida”.12/

En 2007, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reportó que el 46.4% de los alumnos de primaria y el 43.6% de los de secundaria había sido víctima de robo dentro de la escuela; el 17% de los estudiantes de primaria y el 14% de los de secundaria declaró haber recibido golpes de sus compañeros dentro de la escuela, y el 24.2% de alumnos de primaria y el 13.6% de los de secundaria había sido objeto de burla constante. Asimismo, esta encuesta dio a conocer que el 2.3% de los adolescentes de entre 10 y 19 años sufrió algún robo, agresión o violencia y, de éstos, el 24.7% reportó que el lugar donde vivió la agresión fue en la escuela.13/

En el PND 2007-2012, se estableció la necesidad de vincular la política social y las estrategias en materia de seguridad, como una herramienta fundamental para prevenir el delito y propiciar condiciones de seguridad en las escuelas. En los ejes 1 “Estado de Derecho y seguridad” y 3 “Igualdad de Oportunidades”, se definieron objetivos encaminados a reforzar la seguridad y la cultura de prevención en las escuelas.

En el marco de una estrategia preventiva federal para la convivencia social en un entorno de seguridad, libertad y confianza, en el Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP) 2007-2012,14/ se estableció una estrategia interinstitucional con el propósito de involucrar a las dependencias, los tres órdenes de gobierno y a la sociedad, en acciones que logren generar ambientes de convivencia seguros. La estrategia de prevención se denominó “Limpiemos México”, y uno de los programas impulsados fue el Programa de Escuela Segura, a cargo de la Secretaría de Educación Pública.

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012,15/ se estableció el objetivo de “Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas”.

11/ Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, Diario

Oficial de la Federación, Cuarta Sección, 31 de mayo de 2007. 12/ Ibid., Diagnóstico Seguridad Pública, p. 430. 13/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006. 14/ Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, Diario Oficial de la Federación,

28 de enero de 2008. 15/ Secretaría de Educación Pública, Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México,

Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2008.


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En este contexto, en 2008 se formalizó la Alianza por la Calidad de la Educación, por parte del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).16/ Uno de los ejes de la Alianza, referente a la modernización de los centros escolares, estableció en su vertiente de gestión y participación social, para el periodo 2008-2012, la meta de incorporar a 37 mil escuelas en el Programa de Escuela Segura con el fin de propiciar el desarrollo integral de los alumnos.17/

El Programa de Escuela Segura (PES) tuvo como objetivos: “contribuir a mejorar el logro académico que se ofrece a los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares seguros”, y “consolidar las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros, libres de violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas, propicios para la formación integral de los alumnos”.18/

De acuerdo con la SEP, las escuelas de atención prioritaria serían las ubicadas en los municipios definidos de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, con base en los índices de incidencia delictiva, a partir de los cuales se determina la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN).19/ Asimismo, a partir de 2010 se incorporaron en la relación de municipios prioritarios aquéllos donde las autoridades educativas estatales realizaron una solicitud.20/

Para 2011, el PES atendió al 24.3% (48,491 escuelas) del total de escuelas públicas de educación básica (199,442 escuelas). Las escuelas beneficiadas se ubicaron en 351 municipios, de los cuales 206 se eligieron con base en los criterios para la asignación del SUBSEMUN,21/ y el resto fueron propuestos en 2010 (108 municipios) y en 2011 (37 municipios) por las entidades federativas.

El PES comprende tres fases: la primera se desarrolló durante los primeros meses de 2007, con objeto de establecer procesos de aproximación con nueve entidades federativas, a fin de identificar necesidades existentes en seguridad escolar. En esta primera fase se incorporaron escuelas de nueve municipios y tres delegaciones políticas del D.F., y fueron capacitados directores de escuela, docentes, representantes sindicales y padres de familia.

La segunda fase se realizó durante el ciclo escolar 2007-2008 y su objetivo principal fue la adopción de las acciones preventivas realizadas por las escuelas. En esta fase, se implementaron acciones en las escuelas primarias y secundarias de los 45 municipios que concentraban el 58% de los índices delictivos del país.

La tercera fase se refiere al periodo 2008-2012, cuyo objetivo principal fue el de implementar estrategias de trabajo académico, vinculadas con las acciones inmediatas y preventivas establecidas por la comunidad escolar.22/

16/ Firmado en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2008. 17/ La Alianza se sustentó en cinco ejes de trabajo: la modernización de los centros escolares; la profesionalización de los

docentes y de las autoridades educativas; el bienestar y desarrollo integral de los alumnos; la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo, y evaluar para mejorar. Gobierno Federal-SNTE, Alianza por la calidad de la educación, pp. 5-24.

18/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 557 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela Segura, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 2010, apartado “Objetivos General y Específico”.

19/ El 15 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 01/2008 por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal”. Los recursos del SUBSEMUN tienen como objetivo principal la instrumentación del nuevo modelo policial en los municipios más poblados e inseguros del país. Los criterios utilizados en la fórmula para la distribución de recursos del SUBSEMUN tuvieron como base el Índice de Criminalidad Compuesto (ICC), que permite jerarquizar cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el país, el cual incluye los criterios de número de habitantes e incidencia delictiva.

20/ Secretaría de Educación Pública. Nota informativa enviada mediante el oficio núm. DCIS/621/2012 del 10 de julio de 2012.

21/ Secretaría de Gobernación, Acuerdo por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), Diario Oficial de la Federación, 15 de enero de 2009.

22/ Federación Iberoamericana del Ombudsman, Educación. Sexto informe sobre Derechos Humanos, Ed. Trama, España, 2008.


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Los apoyos que ofrece el PES en las escuelas de educación básica beneficiarias son: materiales educativos en temas de seguridad escolar; capacitación a los docentes y directivos en temas relacionados con la gestión de la seguridad escolar, y apoyos financieros a las escuelas al momento de su incorporación.

Resultados

Para 2011, la SEP no estableció indicadores suficientes, ni programó metas anuales para medir el cumplimiento de los objetivos del programa, de contribuir a mejorar el logro académico que se ofrece a los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares seguros, y de consolidar las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros, libres de violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas, propicios para la formación integral de los alumnos; tampoco se definió con claridad la población objetivo del programa; los indicadores de actividad se consideraron insuficientes, y los ocho indicadores del programa contenidos en la MIR 2011 fueron insuficientes para realizar una valoración objetiva del desempeño del programa y conocer su impacto social.

En 2011, se incorporaron al programa 48,491 escuelas, 8.1% (3,617 escuelas) más que lo reportado en la Cuenta Pública (44,874 escuelas incorporadas), sin que la SEP acreditara las causas de la diferencia.

De las 48,491 escuelas beneficiadas por el programa durante el periodo 2007-2011, el 93.0% (45,096 escuelas) se ubicó en los municipios catalogados por el programa como prioritarios. De las 9,978 escuelas incorporadas al programa en 2011, el 99.8% (9,958 escuelas) correspondió al sostenimiento público y el 0.2% (20 escuelas) al privado, sin que la SEP explicara las causas por las que atendió a escuelas privadas. Asimismo, de las 9,978 escuelas incorporadas al programa, 8,999 (90.2%) cumplieron con el requisito de elaborar y entregar una carta compromiso para ingresar al programa, y 979 escuelas (9.8%) no lo hicieron.

En 2011, el programa distribuyó apoyos financieros a 9,561 escuelas públicas de educación básica, el 95.8% de las 9,978 escuelas incorporadas al programa en ese año, con un monto de 114,794.0 miles de pesos, lo que representó el 41.7% del presupuesto total del programa (275,528.9 miles de pesos) en ese año.

De las 9,978 escuelas incorporadas al programa, 7,669 (76.8%) contaron con apoyos financieros por primera vez; 1,892 (19.0%) obtuvieron más de un apoyo, y 417 (4.2%) no recibieron apoyos. Además, no se contó con evidencia del método empleado basado en los niveles de riesgo de incidencia delictiva, para determinar la priorización de la aplicación de los apoyos en las escuelas seleccionadas.

La SEP no acreditó la aplicación de los criterios de distribución de los recursos financieros en las escuelas públicas beneficiadas por el programa.

De los 275,528.9 miles de pesos ejercidos en el programa, el 95.1% se destinó a subsidios; el 2.6%, a gastos de operación, y el 2.3%, a servicios personales. De los recursos ejercidos por concepto de subsidios, 114,794.0 miles de pesos (43.8%) correspondieron a los apoyos financieros otorgados a las escuelas beneficiadas, y 147,237.8 miles de pesos (56.1%), a los apoyos técnicos. Respecto de estos últimos, la SEP no acreditó los montos otorgados a las escuelas por entidad federativa.

En ese año, la SEP reportó que el 51.9% de los alumnos (1,442 alumnos) encuestados percibió su escuela como un lugar seguro. Sin embargo, con la revisión de los resultados de la “Encuesta de percepción, Programa de Escuela Segura”, que fue el medio de verificación utilizado por la dependencia, se constató que la información reportada para 2011 correspondió al año 2009, y que no se incluyó a los alumnos de secundaria en el diseño del indicador y su meta.


A 2011, el Programa de Escuela Segura benefició a 48,491 escuelas de educación básica, de las cuales el 93.0% (45,096 escuelas) se ubicó en los 351 municipios catalogados por el programa como prioritarios, lo que correspondió a una cobertura de 55.7%, respecto de las escuelas públicas de educación básica ubicadas en esos municipios (80,946 escuelas). La SEP no estableció metas anuales para medir el avance del programa, y los indicadores fueron insuficientes para verificar la contribución del programa en la consolidación de las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros.


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Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).

Las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientan a que la SEP cuente con un diseño claro de sus reglas de operación, donde se establezcan con precisión la temporalidad y la frecuencia en la entrega de los apoyos técnicos; los montos financieros que reciben las escuelas, y los criterios aplicables para su asignación; defina indicadores, metas y parámetros de medición para evaluar la contribución del programa para consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros; disponga de información que acredite la elaboración y entrega de cartas compromiso, autoevaluaciones de la convivencia y seguridad escolar, y agendas de seguridad escolar, y fortalezca sus mecanismos de control a fin de que la información presentada en los distintos instrumentos de rendición de cuentas permitan evaluar el cumplimiento del objetivo y las metas del programa.

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño de la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa Escuela Segura, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la carencia de indicadores para medir la contribución del programa en la consolidación de las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros; a la falta de un correcto diseño del programa, que establezca con precisión la población objetivo del programa, y los criterios que se aplicarían para la asignación de los apoyos en las escuelas; a la carencia de metas anuales para medir el cumplimiento de los objetivos del programa; a la falta de información que acredite las acciones realizadas; a la carencia de información sobre la aplicación de los criterios de distribución de los apoyos financieros a las escuelas públicas beneficiadas del programa, y a la insuficiente información presentada en los distintos instrumentos de rendición de cuentas para evaluar el cumplimiento del objetivo y las metas del programa.


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Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género


DS-005

Objetivo

Fiscalizar la eficacia en el diseño y aplicación de políticas públicas de equidad de género en educación básica y la eficiencia en las acciones de prevención, capacitación y sensibilización para la igualdad entre mujeres y hombres.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del desempeño de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en lo que se refiere a los proyectos en materia de equidad y no violencia de género, como el relacionado con la apertura sabatina de escuelas públicas de nivel secundaria; la revisión de los libros de texto gratuitos de nivel básico; la producción de materiales (escolares e institucionales) para difundir mensajes en la materia, y la atención y sensibilización que se brindó a servidores públicos del sector central de la SEP por medio del Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género (MOPAV).

Antecedentes

A partir de 2008 la SEP desarrolló acciones para proveerse de un diagnóstico nacional sobre violencia de género en el ámbito escolar, con el objetivo de diseñar políticas educativas que respondieran a la problemática en materia de género. En 2009 publicó el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México como producto del esfuerzo conjunto de la SEP, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que le permitió a la secretaría contar con información relativa a violencia de género en los niveles de primaria y secundaria, con representatividad nacional.

La investigación reveló diversas formas de violencia y discriminación de género que se desarrollan en el ámbito escolar, tal es el caso del bullying. En muchos casos, los niños son víctimas de bullying porque no responden al estereotipo que se espera de ellos.

El estudio mostró que tanto los docentes como los directivos se esfuerzan por apoyar, impulsar y brindar las mismas oportunidades a niñas y niños, pero no siempre cuentan con los conocimientos y las herramientas necesarias para identificar los problemas de discriminación y violencia de género y proporcionar las respuestas apropiadas cuando surgen esta clase de problemas. En el documento se incluyeron propuestas de políticas públicas derivadas de los hallazgos, como fueron:

• Generar una cultura escolar de no violencia con la participación de todos.

• Capacitar a docentes en temas con aplicación práctica en las aulas.

• Enriquecer los contenidos curriculares de la formación magisterial.

• Analizar y enriquecer los libros de texto.

• Incorporar acciones que favorezcan el reconocimiento y respeto de la pluralidad cultural.

Los datos presentados en el diagnóstico del informe referido fueron la base para el diseño y desarrollo de políticas educativas con enfoque de género, cuyo fin es lograr que las escuelas sean lugares libres de violencia y discriminación.

Desde 2008 la UPEPE es en la SEP la unidad responsable de transversalizar los temas de prevención de la violencia y equidad de género, también ha sido el enlace de la SEP ante las instancias de los gobiernos estatales y municipales, así como la responsable de implementar el programa presupuestario E032 “Diseño y Aplicación de políticas de equidad de género” mediante acciones que coadyuven a contar con espacios educativos libres de violencia, respeto, tolerancia y de paz entre las y los interlocutores del plantel educativo.


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En el marco de sus atribuciones, la UPEPE tiene como objetivo diseñar políticas educativas, lo que implica el desarrollo de investigación, planeación, pilotaje y evaluación de las actividades, con el fin de innovar en materia de política educativa, y de transmitir las acciones de esta política a las subsecretarías correspondientes de la SEP para su eventual masificación. En este contexto, la SEP por medio del programa presupuestario E032 ha implementado, desde 2008, estrategias en materia de equidad y no violencia de género en los tres niveles de la educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

Resultados

Para 2011 la SEP contó con un sistema de indicadores para el programa presupuestario E032; del análisis de la lógica vertical de la MIR se determinó que los seis objetivos del nivel de actividad incluyeron acciones que contribuyeron a cumplir el objetivo del nivel de componente en materia de equidad y no violencia de género que permitieron impulsar la igualdad en el ámbito educativo. Con la revisión de la lógica horizontal de la MIR se determinó que el indicador de fin relacionado con la deserción escolar no contó con los elementos necesarios para evaluar en qué grado contribuyó a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad en el sector educativo, y el de propósito tampoco fue suficiente para evaluar en qué medida las niñas y los niños alcanzaron una mayor equidad social.

La SEP sensibilizó en materia de equidad y no violencia de género a 58,964 alumnos, en 15 entidades federativas, de los cuales 50.6% fueron mujeres y 49.4% hombres, lo que representó un cumplimiento del 148.4%, al haber capacitado a 18,970 alumnos más. La sensibilización fue parte del proyecto “Equidad: el respeto es la ruta”, que es una de las políticas diseñadas y aplicadas en materia de equidad de género. Los 58,964 alumnos de secundaria sensibilizados en 2011, representaron una cobertura 2.2% respecto de los 2,706,246 alumnos registrados en la matrícula de las 15 entidades federativas. Con relación a los 5,663,261 alumnos de secundaria que integraron la matrícula de las 32 entidades federativas, la cobertura de alumnos sensibilizados en equidad y no violencia de género fue del 1.0%.

La SEP elaboró materiales informativos y didácticos con mensajes de prevención de la violencia de género y sensibilización a la igualdad entre mujeres y hombres, que se utilizaron para realizar cuatro campañas de difusión de temas relacionados con la igualdad, cantidad superior en tres campañas respecto de la meta. Los materiales diseñados con los temas de prevención de la violencia de género y sensibilización a la igualdad no se diseñaron para la población de los centros de educación básica, por lo que fueron difundidos en las oficinas centrales de la SEP y no en los centros de educación básica como se planteó en el objetivo del indicador.

En 2011 la SEP, con el apoyo del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, revisó los 12 volúmenes de texto gratuitos programados, esto es, los de Español III, Formación Cívica y Ética II, e Historia II, con objeto de evaluar que sus contenidos reflejen los principios de equidad y no violencia de género. La revisión se centró en evaluar el grado en que los libros de texto, como discurso pedagógico y formativo, transmiten o no contenidos (explícitos y ocultos) que fomenten, faciliten, toleren o justifiquen la violencia contra las mujeres. Como resultado, la SEP identificó que en los libros de cada asignatura subsisten distintas formas de lenguaje sexista (visual o textual), así como sesgos discriminatorios en textos e imágenes, que reproducen estereotipos y normalizan prejuicios.

Mediante la operación del Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género, la SEP atendió a 866 servidores públicos de sus oficinas centrales, lo que representó un cumplimiento de 78.7% respecto de la meta (1,100 servidores públicos); entre los servicios otorgados destacaron la atención psicológica y el apoyo jurídico. El resultado en la meta se debió que la demanda del servicio disminuyó en los días de asueto y vacaciones, factor que debió tenerse en cuenta en la programación de la meta.


Las acciones realizadas por la SEP en materia de equidad y no violencia de género, se reflejan en las correcciones y adaptaciones que hizo a los libros de texto gratuitos de nivel básico, cuyo impacto se enfoca a promover una educación con perspectiva de equidad y no violencia de género. El proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad benefició a los alumnos, docentes, padres de familia y comunidad en general de las escuelas seleccionadas por las secretarías estatales de educación que se ubicaron en Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Puebla, estados con mayores índices de violencia, con actividades extraescolares realizadas en jornadas sabatinas. El proyecto Equidad el Respeto es la Ruta, incidió en el proceso educativo de estudiantes de secundaria de 31 entidades federativas, con sensibilización en materia de equidad y no violencia de género.


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Las observaciones y acciones determinadas se refieren a que la SEP rediseñe los indicadores de fin y de propósito del programa "Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género" para evaluar en qué grado se cumple con el objetivo de impulsar la equidad de género en el sector educativo y en qué medida las niñas y los niños gozan de una mayor equidad social; y para que se diseñe y difunda en los centros de educación básica los materiales informativos y didácticos de prevención de la violencia de género y sensibilización a la igualdad entre mujeres y hombres, para fomentar la equidad y no violencia de género en los centros educativos.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con el objetivo de diseñar y aplicar políticas públicas en materia de equidad y no violencia de género en el ámbito de la educación básica, así como con la apertura sabatina de escuelas públicas de nivel secundaria para sensibilizar a su población en la no violencia de género. Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que el indicador de fin relacionado con la deserción escolar no contó con los elementos necesarios para evaluar en qué grado contribuyó a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad en el sector educativo; el indicador de propósito no fue suficiente para evaluar en qué medida las niñas y los niños gozaron de una mayor equidad social, y los materiales diseñados en materia de prevención de la violencia de género y sensibilización a la igualdad, con una visión transversal, fueron difundidos en las oficinas centrales de la secretaría y no en los centros de educación básica.


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Planes y Programas de los Servicios de Educación Media Superior


DS-006

Objetivo

Fiscalizar los planes y programas de la educación media superior para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de los contenidos curriculares de la educación media superior; la eficiencia con que se realizaron los procesos relacionados con la gestión de la Reforma Integral de la Educación Media Superior; la economía con que se aplicaron los recursos financieros autorizados para el diseño y actualización de los planes y programas de estudio de la educación media superior, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se señala que uno de los mayores retos de la educación media superior es garantizar el buen funcionamiento de los planteles e incrementar la calidad de los planes 23/ y programas 24/ educativos que ofrecen. El aseguramiento de la calidad es necesario para avanzar en el logro de la equidad educativa y para que los estudiantes puedan ingresar a escuelas en las que existan ambientes para el aprendizaje y el trabajo en grupo, y en las que adquieran una sólida formación y las habilidades y destrezas requeridas para incorporarse al mundo laboral o para continuar sus estudios de tipo superior. 25/

De acuerdo con el documento de mediano plazo, los factores que afectaban la calidad educativa eran los siguientes:

a) La estructura del currículo

“El currículo de la educación media superior está compuesto por una amplia variedad de estructuras que corresponden a distintos sistemas. Las diversas propuestas educativas se manifiestan en la delimitación y organización de los cursos, en las estrategias de enseñanza, en las formas de evaluación y en los recursos materiales que se aplican para lograr los propósitos de cada una de ellas. En términos generales, el currículo se encuentra desfasado en relación con las demandas y necesidades de los jóvenes, de los sectores productivos y de una sociedad en constante transformación. En la década de 1990, en la educación media superior participaba una gran diversidad de instituciones de carácter federal, estatal, autónomo y privado, y los planes y programas de estudio que operaban se calculaban aproximadamente en 300. Esta diversidad ha tenido múltiples consecuencias, entre ellas las dificultades para la revalidación de estudios y una multiplicidad de perfiles de egreso que convergen a la educación superior y al sector productivo”.

b) La infraestructura deficiente

“La infraestructura de laboratorios, talleres, bibliotecas y centros de apoyo académico es muy heterogénea entre los planteles y, en términos generales es deficiente, lo cual constituye un obstáculo para el desempeño óptimo del sistema educativo”.

23/ Conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y actividades de la enseñanza y el aprendizaje. El plan de estudios debe

contener los propósitos de formación general; los contenidos fundamentales de estudio, y los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación.

24/ Es la descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con los cuales se regulará el proceso de enseñanza-aprendizaje.

25/ Programa Nacional de Educación 2001-2006. Diario Oficial de la Federación, 15 de enero de 2003.


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c) La escasa colaboración e intercambio académico

“Existe poca colaboración e intercambio académico entre las escuelas, limitándose en la mayor parte de los casos al ámbito deportivo. La estructura y funcionamiento de la educación media superior requieren de una reforma a fondo que favorezca la comunicación entre sus diversas modalidades y facilite que los estudiantes que ingresan a cualquiera de ellas culminen sus estudios”.

d) La formación y el desarrollo del personal docente

“Para atender el crecimiento acelerado de la matrícula pública de la educación media superior fue necesario contratar profesores que no reunían el perfil idóneo para impartir los planes y programas de estudio, lo cual limitó las posibilidades de asegurar la calidad de la enseñanza. La formación escolar prevaleciente, como lo han demostrado las pruebas nacionales e internacionales aplicadas en la educación media superior, no logra todavía desarrollar plenamente en los estudiantes las habilidades que les permitan resolver problemas con eficacia, y estar mejor preparados para los desafíos que les presentan la vida y la inserción en el mercado laboral”.

En este contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se estableció el objetivo de elevar la calidad educativa, mediante la actualización de los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes. En congruencia con el marco de planeación de mediano plazo, en el PEF 2011 se estableció para el programa presupuestario G001 “Normar los servicios educativos”, el objetivo de contribuir a elevar la calidad de los servicios educativos, mediante la revisión de las normas que regulan su operación, con base en el rediseño o la actualización de los planes y programas de estudio. La revisión de las normas comprende la reorganización de los planes y programas de estudio del bachillerato bivalente 26/ en tres áreas: formación general (competencias genéricas 27/ y básicas 28/), propedéutica (competencias disciplinares extendidas 29/) y profesional (competencias para el trabajo 30/), así como el tránsito de una modalidad a otra.

El 26 de septiembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Integral de la Educación Media Superior, definida como un proceso consensuado, en la creación del Sistema Nacional del Bachillerato (SNB) con base en cuatro pilares: 1. Construcción de un marco curricular común; 31/ 2. Definición y reconocimiento de las opciones de la oferta de la educación media superior; 3. Profesionalización de los servicios educativos, y 4. Certificación nacional complementaria. El objetivo central de la reforma es “formar personas preparadas para desempeñarse como ciudadanos, acceder a la educación superior e integrarse exitosamente al sector productivo”.

Resultados

La SEP actualizó los 5 planes y los 67 programas de estudio del ciclo escolar 2010-2011 de la educación media superior en los componentes básico, propedéutico y de formación profesional. En los componentes básico y propedéutico, se basó en el mejoramiento de las propuestas metodológicas en cada área de enseñanza y, de manera especial, en el diseño, operación y evaluación de los resultados de las estrategias didácticas. En el componente de formación profesional, se realizó con base en el desarrollo de propuestas didácticas, mediante la atención a las innovaciones pertinentes en el diseño de los planes y programas de estudio, el desarrollo de material didáctico y la selección de materiales, herramientas y equipo.

26/ La educación de carácter bivalente cuenta con una estructura curricular integrada por un componente de formación

profesional y otro de carácter propedéutico, ya que al mismo tiempo que prepara para continuar estudios superiores, proporciona una formación tecnológica orientada a la obtención de un título de técnico profesional.

27/ Tienen tres características principales: clave, porque son aplicables a lo largo de la vida; transversales, porque son relevantes a todas las disciplinas académicas, y transferibles, porque refuerzan la capacidad de adquirir otras competencias.

28/ Son los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el saber y que todo bachiller debe adquirir.

29/ Es de carácter propedéutico. Profundizan el conocimiento con la perspectiva de fortalecer capacidades de los alumnos que aspiran a ciertas carreras.

30/ Se refieren a un campo del quehacer laboral. Están orientadas al ejercicio profesional. 31/ Se basa en cinco competencias que permiten articular los programas de distintas opciones de educación media superior

en el país. Unifica y mantiene la diversidad de los conocimientos, las habilidades y actitudes que todo bachiller debe tener al finalizar sus estudios para enfrentarse al campo laboral o a conocimientos disciplinares más complejos.


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Con base en los dictámenes de las evaluaciones de los planes y programas de estudio de la educación media superior del ciclo escolar 2010-2011, emitidos por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS), 32/ los planes y programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB) fueron articulados de conformidad con los componentes establecidos en el marco curricular común. En los planes y programas de las direcciones generales de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), y de Educación en Ciencias y Tecnología del Mar (DGECyTM), no se identificaron las competencias disciplinares básicas del ámbito de la filosofía; en la DGETI y la DGETA, no se identificaron las competencias disciplinares extendidas; en la DGETI, no se diferenciaron las competencias básicas de las extendidas, y en la DGECyTM, no se identificaron las asignaturas que integran el componente de formación propedéutica.

Para el ciclo escolar 2010-2011, la DGB estableció en el plan y en los programas de estudio los 11 propósitos que el estudiante debe adquirir al terminar la educación media superior; la DGETI definió los 14 propósitos del plan y de los programas de estudio que el egresado debe adquirir al cursar la educación tecnológica industrial; la DGETA estableció los 11 propósitos afines a las áreas agropecuarias; la DGECyTM determinó los 12 propósitos que los egresados deben adquirir al cursar el plan y los programas de estudio en las áreas acuícolas y marítimo-pesquero, y la DGCFT definió los 19 propósitos que el egresado debe adquirir al concluir sus estudios para desarrollar funciones productivas.

La SEP no acreditó que en el ciclo escolar 2010-2011 verificó que los planteles a su cargo cumplieron íntegra y correctamente con los contenidos de los planes y programas de estudio del bachillerato general, de educación tecnológica industrial, de educación tecnológica agropecuaria, de educación en ciencia y tecnología del mar, y de formación para el trabajo.

La SEP no dispuso de la información requerida para verificar que los 159 días de clases o las 16 semanas que duró cada semestre del ciclo escolar 2010-2011 se dedicaron efectivamente a la práctica docente y a las actividades educativas con los alumnos, con base en los planes y programas de estudio aplicables o que, en su caso, tomó las medidas necesarias para recuperar los días perdidos.

La SEP no acreditó que para el ciclo escolar 2010-2011 evaluó la suficiencia de la planta docente en los planteles de educación media superior, ni que por lo menos las dos terceras partes de la totalidad de los planes y programas de estudio fueron impartidas por docentes que concluyeron satisfactoriamente un programa de formación docente reconocido por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato.

La SEP no acreditó que para el ciclo escolar 2010-2011, los 15.1 miles de planteles de educación media superior a su cargo contaron con bibliotecas, laboratorios, talleres y, en general, con las instalaciones y equipamiento necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ni que se utilizaron las tecnologías de la información y las comunicaciones, acordes con la modalidad en la que se brinda el servicio educativo para que las actividades académicas alcancen la eficiencia.

La SEP no presentó en la Cuenta Pública 2011 la información suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo establecido en el PND 2007-2012, de actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y del objetivo del programa presupuestario G001 “Normar los servicios educativos”, de contribuir a elevar la calidad de los

32/ Asociación civil constituida con el Acuerdo núm. 3/CD/2009 del 26 de agosto de 2009, por el que se establecen los

lineamientos para la creación del Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior, que tiene por objeto fungir como una instancia capacitada y facultada para: I. Otorgar reconocimiento formal a los organismos de apoyo a la evaluación de los planteles públicos y particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios que pretenden su ingreso al SNB; II. Otorgar reconocimiento formal a los organismos de apoyo a la evaluación de los planteles públicos y particulares que formen parte del SNB; III. Emitir dictamen de evaluación a los planteles públicos y privados cuyos planes de estudio cuentan con validez oficial y que pretenden ingresar al SNB, y IV. Emitir dictamen de evaluación con fines de acreditación para la permanencia de los planteles públicos y privados que formen parte del SNB. Además, se dispone que la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del COPEEMS y se integra por: I. El Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Educación Pública; II. Los gobiernos de dos entidades federativas que actuarán por conducto de sus respectivas autoridades educativas, quienes serán determinados por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas; III. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana; IV. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y V. El Centro Nacional para la Educación Superior, A.C.


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servicios educativos, mediante la revisión de las normas que regulan la operación de los planes y programas de estudio de la educación media superior.


Para el ciclo escolar 2010-2011, la SEP no acreditó que contó con la planta docente necesaria para cumplir al 100.0% los contenidos de los planes y programas de estudio, ni que por lo menos las dos terceras partes de la totalidad de los planes y programas de estudio fueron impartidas por docentes que concluyeron satisfactoriamente un programa de formación docente reconocido por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. La falta de información limitó verificar que los estudiantes de ese nivel educativo contaban con los elementos necesarios para lograr el dominio de las competencias que conforman el marco curricular común para acceder a la educación superior o integrarse al sector productivo.

En el ciclo escolar 2010-2011, egresaron 87,913 personas de los centros de formación para el trabajo de la SEP, a quienes se les otorgó su certificado con el cual acreditaron el desarrollo de habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad e insertarse en el mercado laboral, cantidad superior en 109.3% a la meta comprometida en el PEF de 2011, de 42,000 personas; sin embargo, no se acreditó que la incorporación de los egresados al mercado laboral fue acorde con las competencias adquiridas.



Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a asegurar que los planes y programas de estudio media superior sean articulados de conformidad con los componentes establecidos en el marco curricular común, verificar que los planteles de educación media superior a cargo de la SEP cumplan íntegra y correctamente con los contenidos de los planes y programas de educación media superior, disponer de información para verificar que los días de clases o las semanas que dure cada semestre de cada ciclo escolar se dediquen efectivamente a la práctica docente y a las actividades educativas con los alumnos y que, en caso de presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, aplique las medidas necesarias para recuperar los días perdidos, asegurar que se evalúe la suficiencia de la planta docente en los planteles de educación media superior para cumplir con los planes y programas de estudio y asegurarse de que los planteles de educación media superior acrediten que por lo menos las dos terceras partes de la totalidad de los planes y programas de estudio sean impartidos por docentes que concluyeron satisfactoriamente un programa de formación docente reconocido por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato .


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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los planes y programas de estudio de la educación media superior, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que en los planes y programas de la DGETI, DGETA, DGECyTM no se identificaron las competencias disciplinares básicas del ámbito de la filosofía; en la DGETI y la DGETA no se identificaron las competencias disciplinares extendidas; en la DGETI no se diferenciaron las competencias básicas de las extendidas, y en la DGECyTM no se identificaron las asignaturas que integran el componente de formación propedéutica; no acreditó que durante el ciclo escolar 2010-2011 se hubiera verificado que en los planteles a su cargo se cumplieron íntegra y correctamente los contenidos de los planes y programas de estudio; no acreditó que se hubiera evaluado la suficiencia de la planta docente en los planteles de educación media superior; ni que por lo menos las dos terceras partes de la totalidad de los planes y programas de estudio fueron impartidas por docentes que concluyeron satisfactoriamente un programa de formación docente, reconocido por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato; no dispuso de información para verificar que los 15.1 miles de planteles de educación media superior contaron las instalaciones y el equipamiento necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y no presentó en la Cuenta Pública 2011 la información suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo establecido en el PND 2007-2012, de actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, ni del objetivo del programa presupuestario G001 “Normar los servicios educativos”.


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Formación de Docentes de la Educación Media Superior


DS-007

Objetivo

Fiscalizar la formación de docentes de la educación media superior para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del programa; la eficiencia de las acciones para fortalecer el perfil y las competencias de los docentes de educación media superior; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el cumplimiento de las directrices generales para avanzar al SED, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En el diagnóstico del sistema de la educación media superior, contenido en el Programa Nacional de Educación 2001-2006,33/ se reconoció la cobertura insuficiente; el acceso desigual a la educación media superior, y las deficiencias en la calidad y en la integración, coordinación y gestión del sistema. En cuanto a los factores determinantes para mejorar la calidad educativa, se señaló la formación y el desarrollo del personal docente.

En 2002, la SEP inició un proceso de reestructuración, el cual concluyó en 2005 con la publicación de su Reglamento Interno.34/ Entre los cambios realizados destaca la reestructuración de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS),35/ en la cual se agruparon las diferentes modalidades del nivel medio superior.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se estableció el objetivo de fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, mediante una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias, con las estrategias de reforzar la capacitación de profesores y de impulsar programas permanentes de capacitación y profesionalización de los maestros del sistema de educación media superior.

Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se estableció el objetivo de elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional, con las estrategias de definir un perfil deseable del docente y elaborar un padrón sobre el nivel académico de los profesores de las escuelas públicas federales, y de instaurar mecanismos y lineamientos sistemáticos para la certificación de competencias docentes que contribuyan a conformar una planta académica de calidad.

En este contexto, y por la importancia que tiene la educación media superior, sobre todo por el incremento de la población en edad de cursar ese nivel educativo, el 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó el decreto que reformó el artículo tercero Constitucional, en relación con la obligatoriedad de la educación media superior.36/

33/ Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Educación 2001-2006. México, 2001, p. 164. 34/ El decreto abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública publicado el 20 de diciembre de 2002. 35/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades

administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan, México, Diario Oficial de la Federación, 4 de febrero de 2005.

36/ Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…), Gaceta parlamentaria, Anexo XV, Año XII, México, 11 de diciembre de 2008. La reforma para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior en México se publicó el 9 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación con el nombre de “Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.


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La educación media superior se ha caracterizado por incluir distintos campos de formación profesional, ser heterogénea y carecer de articulación institucional que le confiera coherencia. A partir del diagnóstico descrito, la SEMS inició en 2008 la Reforma Integral de la Educación Media Superior,37/ que se orientó a la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad.

En 2008, se publicó el Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad,38/ en el que se define el Marco Curricular Común que permite articular los programas de distintas opciones de educación media superior en el país y que comprende una serie de desempeños terminales expresados como competencias.39/

Para el desarrollo de la Reforma Integral de la Educación Media Superior se establecieron cuatro ejes:

1. La construcción e implantación de un Marco Curricular Común, que se refiere a la articulación de los programas de distintas opciones de educación media superior, con un enfoque que promueva el desarrollo de las competencias.

2. La definición y regulación de las distintas modalidades de oferta de la educación media superior.

3. La profesionalización de los servicios educativos, mediante el reforzamiento de los mecanismos de gestión, los cuales comprenden la formación docente.

4. El Modelo de Certificación Nacional Complementaria de los egresados del Sistema Nacional de Bachillerato.

En el marco de la Reforma se implementaron medidas para fortalecer el desempeño académico de los alumnos y mejorar la calidad de la educación media superior. Uno de los elementos de mayor importancia fue la formación y actualización de la planta docente con base en un modelo de competencias y estrategias centradas en el aprendizaje de los alumnos. Para ello, se definió el Perfil del Docente,40/ constituido por un conjunto de competencias, que están referidas al contexto de trabajo de los docentes del tipo educativo, independientemente del subsistema41/ en el que laboren, y son transversales a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los distintos campos disciplinares.

En este contexto, en 2008 se creó el programa presupuestario E057 “Formación de Docentes de la Educación Media Superior (PROFORDEMS)”, para dar respuesta a las necesidades de formación y capacitación dentro de la Reforma, que considera un Marco Curricular Común, cuyo referente es el perfil docente para quienes impartan educación media superior. El programa funciona como un esquema de financiamiento para la impartición de cursos de especialización y diplomados a los docentes de escuelas de educación media superior, que después se complementa con un proceso de certificación de las competencias adquiridas.

La población objetivo del PROFORDEMS se dirigió a los 188,544 docentes de las instituciones públicas de educación media superior.42/

En 2011, mediante un convenio de coordinación, la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acordaron el desarrollo del “Diplomado en competencias docentes en el nivel medio superior”, en la modalidad semipresencial, que tuvo como propósito: “formar a los profesores de educación media superior bajo el enfoque de competencias establecido en el Marco Curricular Común, con base en los referentes teóricos, metodológicos y procedimentales que sustentan la RIEMS, para que transformen su

37/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en

un marco de diversidad, México, Diario Oficial de la Federación, 26 de septiembre de 2008. En este documento se establecieron las directrices para coordinar las acciones necesarias para que se iniciara el proceso de implantación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

38/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de la diversidad. México, Diario Oficial de la Federación, 26 de septiembre de 2008.

39/ Secretaría de Educación Pública, La Reforma Integral de la Educación Media Superior. Resumen Ejecutivo. México, 2008.

40/ Se define al docente como la persona que en el proceso de enseñanza y aprendizaje imparte conocimientos y orienta a los alumnos. Fuente: Secretaría de Educación Pública. Glosario de términos, México, 2008.

41/ El subsistema se refiere a la clasificación de las instituciones públicas de educación superior, de acuerdo con su organización administrativa.

42/ Secretaría de Educación Pública, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras ciclo escolar 2010-2011, México, noviembre 2011.


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práctica docente mediante la incorporación de estrategias innovadoras basadas en la construcción de competencias”.43/

Asimismo, mediante un segundo convenio de coordinación, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) desarrolló e impartió la “Especialidad en Competencias Docentes para la Educación Media Superior” en la modalidad de educación en línea, que tuvo como objetivos ofrecer a los profesores una opción de profesionalización que les posibilite alcanzar un posgrado o bien una alternativa de actualización para los que carecen de grado, y desarrollar sistemáticamente las competencias docentes que permitan la transformación de sus prácticas, y la participación en los procesos de formación y certificación de la educación media superior.44/

Resultados

La SEP no autorizó ni publicó los Lineamientos para la Operación del Programa de Formación de Docentes de la Educación Media Superior de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, lo cual impidió tener certeza jurídica del objetivo del programa; la cobertura; la población objetivo; los criterios de selección y requisitos que deben cubrir los beneficiarios; los tipos y montos de los apoyos, y los derechos y obligaciones de los operadores del programa.

La SEP no formuló indicadores y metas de cobertura para dar atención al universo de docentes de las instituciones públicas de educación media superior con cursos de formación y actualización, ni para medir la contribución del programa en el logro educativo de los alumnos de educación media superior.

A 2011, de los 188,544 docentes de las escuelas públicas de educación media superior,45/ 96,674 (51.3%) se inscribieron en el Programa Formación de Docentes de la Educación Media Superior, de los cuales 61,301 (32.5%) egresaron de los cursos de actualización y capacitación, y sólo 9,836 (5.2%) se certificaron en competencias docentes.

Para 2011, la SEP no contó con información, indicadores y metas para evaluar el impacto del programa en el desarrollo de las competencias de los docentes de la educación media superior, ni acreditó la contribución del programa en el desarrollo de las competencias docentes que definen el perfil de los docentes que cursaron el diplomado y la especialidad.

A 2011, la SEP no elaboró el padrón nacional de docentes de escuelas públicas sobre su nivel académico, con el propósito de orientar las acciones de actualización y capacitación y ofrecer los programas más adecuados, ni conformó un censo de profesores, sólo contó con la información de 87,783 docentes, el 46.6% de los 188,544 docentes de la educación media superior.

La dependencia no acreditó la meta sectorial reportada a 2011, de actualizar y capacitar a 31,289 docentes de las escuelas públicas federales de educación media superior. Asimismo, la secretaría no dispuso de la información sobre el número y tipo de cursos de actualización y capacitación vinculados con programas de la reforma en educación media superior ofertados a los docentes para cumplir con la meta.

En 2011, el presupuesto ejercido por la SEP en el Programa Formación de Docentes de la Educación Media Superior fue de 164,018.0 miles de pesos, igual al modificado y menor en 39.7% (108,066.1 miles de pesos) que el presupuesto original (272,084.1 miles de pesos), debido a la reducción presupuestaria autorizada en la partida específica de gasto 33401 “Servicios para capacitación a servidores públicos”, para la creación de un sistema de evaluación del ingreso y permanencia de los docentes en los planteles de educación media superior.

La SEP no reportó en la Cuenta Pública 2011 información para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, relativos a desarrollar las competencias docentes y al establecimiento de un programa nacional de formación y actualización para docentes que impartan educación del tipo medio superior.

43/ Anexo de ejecución 2011 del Convenio específico de colaboración que celebran la SEP, el CONALEP y la ANUIES, firmado

el 17 de febrero de 2011. 44/ Convenio de colaboración que celebran la SEP, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Colegio Nacional de

Educación Profesional Técnica (CONALEP), firmado el 17 de febrero de 2011. 45/ La cifra incluye el universo de docentes de los seis subsistemas que conforman la organización de las instituciones

públicas de la educación media superior (autónomo, federal, centralizado de los Gobiernos de los Estados, descentralizado de las entidades federativas, descentralizado del Gobierno Federal, y desconcentrado de la SEP). Fuente: SEP, información remitida mediante el oficio núm. JUM/1298/2012 del 18 de octubre de 2012.


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La carencia de un padrón nacional y de un censo de docentes impidió contar con un diagnóstico sobre el perfil y nivel académico de los docentes de las escuelas públicas de educación media superior, que sirviera para orientar las acciones de actualización y capacitación, y ofrecer los programas más adecuados.

A 2011, de los 188,544 docentes de las escuelas públicas de educación media superior, 96,674 (51.3%) se inscribieron en el Programa Formación de Docentes de la Educación Media Superior, de los cuales 61,301 (32.5%) egresaron de los cursos de actualización y capacitación, y sólo 9,836 (5.2%) se certificaron en competencias docentes. La falta de actualización y capacitación de los docentes en las escuelas públicas de educación media superior implicó que uno de los principales mecanismos de gestión de la Reforma Integral de la Educación Media Superior no se fortaleciera para transformar el modelo pedagógico e innovar las estrategias didácticas en la práctica docente, en tanto que el bajo porcentaje en el proceso de certificación de competencias docentes significó que no fuera posible acreditar el cumplimiento de los estándares requeridos para desempeñar la práctica docente y mejorar la calidad de la educación media superior.



Las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientan a que la SEP autorice y publique en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Operación del Programa de Formación de Docentes de la Educación Media Superior; cuente con información, defina indicadores y metas para medir la contribución del programa en el logro educativo de los alumnos de educación media superior y en el desarrollo de las competencias docentes requeridas para generar el perfil de los estudiantes egresados; elabore un padrón nacional de docentes y conforme un censo para contar con información sobre el perfil y nivel académico de los profesores de las escuelas públicas, y fortalezca sus mecanismos de control a fin de que la información reportada en la Cuenta Pública permita evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa.

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa de Formación de Docentes de la Educación Media Superior, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la carencia de información para medir el impacto del programa en el desarrollo de las competencias docentes requeridas para generar el perfil de los estudiantes egresados; la falta de autorización y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los lineamientos que rigen la operación del programa; la carencia de un padrón y un censo sobre el perfil y nivel académico de los docentes de las escuelas públicas de educación media superior; la falta de información sobre la aplicación de los criterios para determinar el costo por docente beneficiado, y la insuficiente información presentada en la Cuenta Pública para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa.


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Calidad de la Educación Media Superior


DS-008

Objetivo

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en los principales indicadores de desempeño relativos a la calidad de la educación media superior.

Alcance

Comprendió la evaluación del avance en el cumplimiento de las metas sectoriales del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 establecidas en materia de educación media superior por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP); así como la fiscalización de los principales indicadores de desempeño relativos a la calidad de la educación media superior.

Antecedentes

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) señaló que por décadas el nivel bachillerato se ha caracterizado por su desarticulación y dispersión, así como por la carencia de programas y políticas públicas que le dieran sentido e identidad. En 2009 este nivel educativo contaba con más de 200 planes de estudios distintos y prácticamente inconexos, no existía movilidad ni tránsito entre las diferentes modalidades, por lo que si un estudiante comenzaba sus estudios en alguna modalidad, tenía que volver a iniciar el bachillerato si deseaba cambiarse a otra opción46.

En relación con el logro educativo, el Quinto Informe de Labores de la SEP señaló que la eficiencia terminal en educación media superior ha sido la más baja de todo el sistema educativo mexicano. En esta administración pasó de 58.0%, en 2006-2007, a 62.0%, en 2009-2010. En el mismo periodo, la eficiencia terminal de educación básica estuvo por arriba del 75.0%, alcanzando, en 2009-2010, 94.5% en primaria y 82.2% en secundaria.

Mención aparte merecen los resultados que alcanzaron los alumnos de bachillerato en pruebas de logro académico, como ENLACE o PISA. La última evaluación de PISA 200947 mostró que México fue el último lugar de los países de la OCDE y 48 de las 65 naciones participantes en la prueba de lectura; en matemáticas los resultados fueron similares, último lugar de los países de la OCDE y lugar 51 de los 65 evaluados. En esta prueba, el 44.0% de los alumnos mexicanos evaluados se ubicó en los niveles de desempeño 0 y 1, situación que les representó no contar con los elementos suficientes para seguir aprendiendo a nivel superior o la imposibilidad de aspirar a un trabajo que no sea de bajo valor. En matemáticas, el 51.0% de los evaluados apenas se ubicó en los niveles 0 y 1.48

De acuerdo con las proyecciones poblacionales, para el periodo 2005-2050, que elabora el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la población de 16 a 18 años (rango de edad definido, por la SEP, para cursar la Educación Media Superior) comenzará a decrecer, de modo sistemático, a partir de 2017, aunque se mantendrá por arriba de los 6 millones de personas hasta 2019; en poco más de una década esta población será 17.1% menor de lo que es en 2012, pasando de 6,236,642 a 5,171,039 en 2024.

Frente a este panorama, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en su informe denominado “La Educación Media Superior en México” de 2011, señaló que es fundamental asegurar que proporciones mayores de jóvenes tengan oportunidad de cursar tramos superiores de escolaridad, pero con la garantía de que eso signifique, para todos, la adquisición de competencias necesarias para afrontar un mundo

46 Avances y transformaciones en la Educación Media Superior, SEMS, 2009. 47 El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es una prueba elaborada por la

OCDE, con aplicación cada tres años desde 1997. México se incorporó al programa en el año 2000. Esta evaluación la resuelven estudiantes de 15 años en más de 60 países en el mundo; en 2012 se aplicó nuevamente en nuestro país. PISA evalúa competencias en tres áreas: matemáticas, ciencias y lectura.

48 INEE, PISA en México 2009.


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cada vez más complejo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida, considerando que una buena educación constituye el mecanismo más importante para la inclusión social en el tránsito de una generación a la siguiente, mejorar sus condiciones de vida y aumentar las posibilidades de movilidad social.49

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), contar con al menos 2 años de educación secundaria alta (nivel bachillerato en México) es indispensable para superar el umbral de pobreza; quienes no concluyen la educación media quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social, pues sus ingresos laborales tenderán a ser bajos y tendrán un elevado riesgo de transformarse en personas excluidas del desarrollo.50

En 2010, el grado promedio de escolaridad de la población mexicana fue apenas de 8.6 años; lo que implicó que en México no se alcanzaron los 9 años que representarían contar al menos con instrucción básica (primaria y secundaria). En el ámbito internacional, México se ubicó por debajo de sus pares miembros de la OCDE, como Noruega, Estados Unidos o Canadá, que en promedio alcanzaron un año de educación terciaria (educación superior): 13.9, 13.3 y 13.2 años, respectivamente; y también por debajo del promedio de la OCDE que fue de 11.9 años, e incluso de Chile, referente latinoamericano, que fue de 10.6 años.51

De acuerdo con el INEE, se han consolidado dos acciones fundamentales para apoyar el proceso de universalización del bachillerato y el incremento de la calidad: la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), articulada por 4 ejes rectores: 1) marco curricular con base en competencias; 2) definición y regulación de las modalidades; 3) mecanismos de gestión; y 4) certificación nacional complementaria. Así como la reforma constitucional que volvió obligatorio este nivel educativo.

En el ciclo escolar 2010-2011 estaban matriculados en las tres modalidades de la educación media superior 4,187.5 miles de alumnos, y se contaba con 278.3 miles de docentes en 15.1 miles de escuelas, como se detalla a continuación:

ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

CICLO ESCOLAR 2010-2011

(Miles)

Modalidad Alumnos % Docentes % Escuelas %

Bachillerato General 2,522.7 60.2 178.7 64.2 10.9 72.2

Bachillerato Tecnológico 1,288.7 30.8 72.0 25.9 2.8 18.5

Profesional Técnico 376.1 9.0 27.6 9.9 1.4 9.3

Total 4,187.5 100.00 278.30 100.00 15.1 100.00

Fuente: Elaborado por la ASF con base en SEP, Quinto Informe de Gobierno. Anexos Estadísticos 2011.

Resultados

Se comprobó que al inicio del ciclo escolar 2011-2012, la SEP cumplió con la meta sectorial establecida en el PSE 2007-2012, relativa a alcanzar un 68.0% de cobertura en educación media superior al lograr el 69.3%, aunque persistieron brechas entre entidades federativas.

Se constató que al concluir el ciclo escolar 2010-2011, el porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior fue de 62.1%, lo que representa 3.6 puntos porcentuales menos que la meta establecida en el PSE

49 INEE, La Educación Media Superior en México. Informe 2010-2011. 50 CEPAL, Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011. Invertir en Juventud. 51 OCDE, Family Database, Instituto Nacional de Estadística de Chile. Estadísticas educativas 2005 y Mexicanos primero,

Competitividad y educación. ¿Cómo estamos y qué estamos haciendo?, 2011.


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2007-2012, para el ciclo 2011-2012. Al respecto, la ASF estimó que de mantenerse la tendencia actual, la meta no se alcanzaría sino hasta el año 2015.

En el ciclo escolar 2010-2011, el índice de reprobación en educación media superior fue de 32.7%, lo que significó una disminución de 0.9 puntos porcentuales respecto del ciclo anterior. Aunque persistieron diferencias entre entidades federativas, como la brecha de 22.9 puntos porcentuales observada entre el estado con el mayor porcentaje de reprobación, Distrito Federal con 43.9%, y el de menor, Puebla con 21.0%.

Se constató que en 2011 la SEP garantizó que el 100.0% de los alumnos inscritos a escuelas federales de educación media superior contaron con acceso a orientación educativa, por medio de la actividad y acompañamiento de sus profesores en el aula de clases y por la operación del Sistema Nacional de Tutorías Académicas, así como del Sistema de Alerta Temprana.

Se comprobó que, en 2011, la SEP contó con indicadores de gestión escolar para medir la relación de alumnos por computadora con acceso a internet para uso educativo en planteles federales de educación media superior; sin embargo, este indicador no permitió conocer cuál fue la proporción de alumnos por computadora a nivel nacional, por entidad federativa o por unidad administrativa y medir el avance en el cumplimiento de la meta sectorial.

Se constató que, en 2011, la SEP no cumplió con lo establecido en los lineamientos del Programa de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior ya que no difundió la relación de beneficiarios y de montos entregados de 2 de los 5 fondos que integran dicho programa: fondo de Fortalecimiento de Instituciones Federales y fondo de Incorporación al SNB.

Se comprobó que, en 2011, la SEP cumplió con la meta sectorial establecida en el PSE 2007-2012, relativa a otorgar un total de 250,000 becas anuales a estudiantes de educación media superior al entregar 449,328, lo que representó un cumplimiento de 179.7%, y que contó con un sistema de asignación de becas que le permitió beneficiar a estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

Se comprobó que en el ciclo escolar 2010-2011 el índice de deserción escolar fue de 14.5%; lo que, en términos absolutos, representó que un total 670.2 miles de estudiantes de bachillerato abandonaron sus estudios.

Se constató que, en 2011, la SEP no contó con evaluaciones permanentes, sistemáticas y confiables para conocer la calidad de los servicios de educación abierta y a distancia.


Para el ciclo escolar 2010-2011, la población de jóvenes, de 16 a 18 años de edad, fue de 6,279.9 miles, de los cuales la SEP atendió a 4,187.5, miles, lo que representó una cobertura de 66.7% para el nivel medio superior. En tanto, de los 4,852.5 miles de jóvenes que estuvieron en condición de cursar estudios de bachillerato, la atención a la demanda alcanzó el 86.3%, lo que significó que el sistema de educación media superior dejó de atender a 665 miles de jóvenes.

No obstante, existe el riesgo de que los egresados no cuenten con los conocimientos y habilidades indispensables para su incorporación exitosa al mercado laboral o para continuar con sus estudios de educación superior, como lo muestran los indicadores de logro educativo, los cuales reflejan que la eficiencia terminal en este nivel educativo alcanzó el 62.1%, lo que evidenció que 38 de cada 100 alumnos no concluyeron sus estudios en el tiempo esperado. La reprobación alcanzó el 32.7%, lo que representó que 33 de cada 100 alumnos no aprobaron las unidades de aprendizaje curricular correspondientes. En tanto que la deserción escolar alcanzó el 14.5%, lo que significó que 14 de cada 100 estudiantes abandonó sus estudios de bachillerato.



Con dichas acciones se espera que en lo subsecuente se cumplan con las metas programadas en materia de eficiencia terminal; se actualice la normativa aplicable al ingreso de planteles federales al sistema nacional de bachillerato; se elaboren los indicadores estratégicos adecuados para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos en los documentos programáticos de alumnos por computadora en educación media superior; se publique, conforme a la normativa aplicable, el padrón de beneficiarios y los recursos entregados correspondientes al Programa de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior; se implementen evaluaciones sistemáticas y permanentes de la calidad de los servicios de educación y abierta a distancia.


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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño de la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la prestación de servicios de educación media superior, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que el crecimiento del porcentaje de eficiencia terminal fue inferior al requerido para alcanzar la meta de 65.7% establecida en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, la cual no se alcanzaría sino hasta el año 2015; a que no logró ingresar al total de los planteles federales de educación media superior al Sistema Nacional de Bachillerato en el tiempo previsto; a que no contó con indicadores adecuados para medir el avance y el cumplimiento de la meta sectorial relativa a alcanzar una relación de 10 alumnos por computadora en escuelas federales; a que no difundió la relación de beneficiarios y de los montos entregados por los fondos de Fortalecimiento de Instituciones Federales y de Incorporación al SNB; y a que no contó con evaluaciones permanentes, sistemáticas y confiables para conocer la calidad de los servicios de educación abierta y a distancia.


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Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior


DS-009

Objetivo

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia operativa de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior; la calidad de las evaluaciones educativas; la economía en la aplicación de los recursos financieros, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

La evaluación de la calidad educativa se remonta a la década de los sesenta, cuando algunas instituciones de educación superior iniciaron tareas de evaluación en el ámbito interno. En la década de los setenta, la SEP promovió su ejecución, pero no fue sino hasta la década de los noventa que se establecieron las bases para llevar a cabo la evaluación de la calidad educativa.

En 1993, se publicó la Ley General de Educación en el Diario Oficial de la Federación, que regula la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. En materia de evaluación, se estableció que a la SEP le corresponde evaluar el sistema educativo nacional, que sus evaluaciones tienen que ser sistemáticas y permanentes, y que los resultados de las evaluaciones constituyen el insumo de la toma de decisiones de las autoridades educativas y deben difundirse a los docentes, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general.

De 1993 a 2001, la evaluación de la educación estuvo a cargo de la SEP, y obedecía principalmente a la medición de factores de educación básica, sin considerar la evaluación de la educación media superior.

En este contexto, el 8 de agosto de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo descentralizado del sector educativo. En los considerandos del decreto se señala la necesidad de contar con un sistema de evaluación confiable y transparente, que permita asegurar la calidad de la educación, y que el INEE colaborará con la SEP en las evaluaciones del sistema educativo nacional, aunque se limitará a los tipos de educación básica y media superior en sus diferentes estratos y modalidades.

En el artículo 3 del decreto, se menciona que el INEE tiene entre sus funciones las de desarrollar y mantener un sistema de indicadores; apoyar las evaluaciones nacionales de los aprendizajes individuales; elaborar modelos de evaluación para las escuelas, y representar a México ante organismos internacionales dedicados a medir resultados.

En 2003, la SEP y el INEE aprobaron la Política Nacional de Evaluación Educativa, en la que se señala que los objetos y sujetos de evaluación para elevar la calidad de la educación media superior son los resultados del aprendizaje de los alumnos; los procesos de enseñanza de los docentes; los recursos materiales y organizativos de las escuelas, y el contexto social en que se brinda el servicio educativo.

No obstante los cambios institucionales y legales que definieron a las entidades responsables de realizar las evaluaciones de la calidad educativa, en 2010 persistían problemas derivados de la baja calidad de la educación en el país.

En 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 29 años no contaba con estudios completos de educación básica. Entre el quintil más pobre, uno de cada dos jóvenes no tenía la educación básica completa. Además, había 5.7 millones de mexicanos que no sabían leer ni


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escribir; 9.8 millones que no tenían la educación primaria completa, y 14.6 millones que no tenían la secundaria completa, lo que significó que 30.1 millones de mexicanos se encontraban en situación de rezago educativo.

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el promedio de escolaridad en zonas indígenas era de año y medio, en comparación con los ocho años promedio en el ámbito nacional, y las probabilidades de que las mujeres que sólo hablan una lengua indígena sepan leer y escribir son 15 veces inferiores a las de las mujeres que sólo hablan español.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el Gobierno Federal estableció que las evaluaciones aplicadas a la educación tienen como fin contribuir a elevar la calidad educativa, para lo cual ha desarrollado tres instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.

El primer instrumento, la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), a cargo de la SEP, que se aplica anualmente en la educación media superior desde el ciclo escolar 2007-2008, tiene como objetivo conocer en qué medida los jóvenes son capaces de poner en práctica, ante situaciones del mundo real, las competencias disciplinares básicas del bachillerato adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar, y las competencias evaluadas indican el grado en que un estudiante domina los contenidos del Marco Curricular Común del Bachillerato, en lo que se refiere a las competencias disciplinares básicas de comunicación y matemáticas. A partir del ciclo escolar 2010-2011, este instrumento de evaluación se orienta a conocer el nivel de dominio que presentan los alumnos sobre los nuevos contenidos curriculares establecidos en la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

El segundo instrumento corresponde al Examen de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE), a cargo del INEE. Es una prueba cuatrianual que se aplicó por primera vez en la educación media superior en el ciclo escolar 2010-2011, con el fin de aportar información para conocer en qué medida los alumnos del último grado de bachillerato están cumpliendo los propósitos educativos que se formalizan en el currículo nacional. Las competencias evaluadas indican el grado en que un estudiante domina los contenidos del Marco Curricular Común del Bachillerato, en cuanto a las competencias genéricas de expresión escrita y formación ciudadana.

El tercer instrumento se refiere al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y coordinada por el INEE en México. Desde 2000 se aplica cada tres años, con el objetivo de evaluar la formación de los alumnos cuando concluyen la enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. Esta evaluación se diseñó para conocer las competencias de los estudiantes (habilidades, pericia y aptitudes) en lectura, matemáticas y ciencias para analizar y resolver problemas, manejar información y enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida adulta y que requerirán de tales habilidades.

Estos tres instrumentos de evaluación coinciden en que un porcentaje importante de estudiantes en México no está aprendiendo los contenidos mínimos para desarrollar sus capacidades intelectuales.

Resultados

En términos generales, los resultados de las pruebas de la educación media superior ENLACE 2010-2011, EXCALE 2010-2011 y PISA 2009-2010 mostraron que se registraron mejoras en el logro educativo de los alumnos.

En relación con la prueba ENLACE, en matemáticas, en el nivel de dominio insuficiente, el porcentaje de alumnos disminuyó en 11.5 puntos porcentuales, al pasar de 46.6% a 35.1%; en el elemental, aumentó en 2.4 puntos porcentuales, al pasar de 37.8% a 40.2%; en el bueno, creció en 4.5 puntos porcentuales, al pasar de 12.2% a 16.7%, y en el excelente, fue superior en 4.6 puntos porcentuales, al pasar de 3.4% a 8.0%.

En comunicación, en el nivel de dominio insuficiente, el porcentaje de alumnos aumentó en 2.3 puntos porcentuales, al pasar de 12.4% a 14.7%; en el elemental, disminuyó en 4.4 puntos porcentuales, al pasar de 35.4% a 31.0%; en el bueno, el porcentaje se mantuvo estable, en 45.5%, y en el excelente, creció en 2.1 puntos porcentuales, al pasar de 6.7% a 8.8%.


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Los resultados de la prueba internacional PISA del ciclo escolar 2009-2010 mostraron que en lectura, en comparación con los 65 países evaluados, México alcanzó el nivel 2 52/ y se ubicó en el lugar 48, al obtener 425 puntos, inferiores en 68 puntos al promedio de la OCDE (493 puntos); menores en 131 puntos a los obtenidos por Shanghái-China, que ocupó el primer lugar, con 556 puntos, y superiores en 17 puntos al promedio de los países de América Latina (408 puntos). En matemáticas, nuestro país se ubicó por debajo del nivel 2 53/ y en el lugar 50, al obtener 419 puntos, inferiores en 77 puntos al promedio de la OCDE (496 puntos); menores en 181 puntos a los obtenidos por Shanghái-China, que ocupó el primer lugar, con 600 puntos, y superiores en 26 puntos al promedio de los países de América Latina (393 puntos). En ciencias, México alcanzó el nivel 2 y se ubicó en el lugar 50, al obtener 416 puntos, inferiores en 85 puntos al promedio de la OCDE (501 puntos); menores en 159 puntos a los obtenidos por Shanghái-China, que ocupó el primer lugar, con 575 puntos, y superiores en 11 puntos al promedio de los países de América Latina (405 puntos).

Entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2009-2010, el puntaje obtenido en lectura mostró una mejoría en el desempeño escolar de los alumnos, ya que en el ciclo 2009-2010 fue de 425 puntos, superiores en 15 puntos a los obtenidos en el ciclo 2006-2007, de 410 puntos, superiores en 25 puntos a los reportados en el ciclo 2003-2004, de 400 puntos, y mayores en 3 puntos que los registrados en el ciclo 2000-2001, de 422 puntos. En matemáticas, mostró una mejoría en el desempeño escolar de los alumnos, ya que en el ciclo 2009-2010 fue de 419 puntos, superiores en 13 puntos a los obtenidos en el ciclo 2006-2007, de 406 puntos, y mayores en 34 puntos que los registrados en el ciclo 2003-2004, de 385 puntos.

En el ciclo escolar 2010-2011, se aplicó por primera vez la prueba EXCALE a los estudiantes de educación media superior. De los 13,175 alumnos evaluados en expresión escrita, el 57.0% (7,510 alumnos) se ubicó en el nivel 1; 54/ el 15.0% (1,976 alumnos), en el nivel 2; el 23.0% (3,030 alumnos), en el nivel 3, y el 5.0% (659 alumnos), en el nivel 4. Respecto de las brechas educativas, en el ciclo escolar 2010-2011, el bachillerato general mostró los mejores resultados de desempeño escolar en expresión escrita.

En formación ciudadana, de los 13,175 estudiantes evaluados, el 8.0% (1,054 alumnos) se ubicó en el nivel 1; 55/ el 38.0% (5,007 alumnos), en el nivel 2; el 51.0% (6,719 alumnos), en el nivel 3, y el 3.0% (395 alumnos), en el nivel 4. Respecto de las brechas educativas por tipo de bachillerato, en el ciclo escolar 2010-2011 el bachillerato general mostró los mejores resultados de desempeño escolar en formación ciudadana.

Con base en los resultados obtenidos con la prueba ENLACE 2010-2011, la SEP propuso políticas, prioridades, programas y medidas de acción para mejorar el logro educativo de los alumnos, ya que estableció un programa de trabajo con las estrategias para fortalecer las habilidades de los estudiantes y acciones para mejorar la calidad educativa.

Mediante la prueba ENLACE 2010-2011, la SEP evaluó los conocimientos de 912,878 estudiantes que cursaron el último grado de educación media superior que, en comparación con el número de alumnos evaluados el ciclo anterior (884,663 alumnos), representó un incremento del 3.2%, proporción inferior en 23.8% a la meta de 4.2% comprometida en la MIR de 2011.

52/ De acuerdo con la clasificación de la prueba PISA: “Estos alumnos pueden reconocer la idea principal de un texto y

entender las relaciones entre sus partes o construir un significado a partir de un fragmento del texto cuando la información no es evidente. También pueden comparar o contrastar información con base en una sola característica del texto. Las tareas reflexivas en este nivel implican que un lector haga comparaciones o establezca relaciones entre lo que se ha leído y el conocimiento externo, aprovechando sus actitudes y experiencias personales”.

53/ De acuerdo con la clasificación de la prueba PISA: “Aun cuando algunos de ellos logran completar las tareas de lectura más sencillas, tales como localizar un fragmento de información, identificar el tema central de un texto corto y establecer una relación sencilla entre la información del texto y su conocimiento cotidiano, es previsible que tendrán dificultades para utilizar la lectura como una herramienta de aprendizaje que les permita alcanzar sus metas, impulsar y amplia sus conocimientos, y participar de manera eficaz y productiva en la sociedad”.

54/ De acuerdo con la clasificación de la prueba EXCALE: “Estos alumnos son capaces de escribir textos informativos (resúmenes) o apelativos (exhortos) pero no producen textos argumentativos. En sus textos hay unidad temática y un cierre que no es una conclusión. Usan el lenguaje formal para dirigirse a un público lector. Al escribir mantienen la concordancia entre artículos, sustantivos y adjetivos, así como entre sujeto y predicado. Utilizan conectivos variados entre enunciados, pero la puntuación es incipiente”.

55/ De acuerdo con la clasificación de la prueba EXCALE: “Estos alumnos pueden reconocerse como personas valiosas y distinguir situaciones donde está en juego el respeto de sí mismos; también pueden identificar eventos de la vida cotidiana donde se expresa el respeto a las diferencias”.


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La SEP no realizó el análisis de los resultados de los cuestionarios de contexto de la prueba ENLACE del ciclo escolar 2010-2011, con el fin de identificar los factores del entorno social en que se brindan los servicios educativos y que inciden en el aprendizaje de los alumnos.

El INEE no acreditó que hubiera propiciado el uso de los resultados de las pruebas EXCALE del ciclo escolar 2010-2011 y PISA 2009-2010, ni de los estudios “Condiciones de la Oferta Educativa en la Educación Media Superior de la evaluación de docentes (COEMS-Docentes)” y “Condiciones de la Oferta Escolar en Media Superior (COEMS-Escuelas)”, para la formulación de políticas orientadas a mejorar la calidad educativa.

La información que la SEP y el INEE registraron en la Cuenta Pública 2011 fue insuficiente para verificar que se están cumpliendo los objetivos nacional y sectorial, relativos a elevar la calidad educativa para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.


En términos generales, los resultados de las pruebas de la educación media superior ENLACE 2010-2011, EXCALE 2010-2011 y PISA 2009-2010 mostraron que se registraron mejoras en el logro educativo de los alumnos.

En relación con la prueba ENLACE, en matemáticas, en el nivel de dominio insuficiente, el porcentaje de alumnos disminuyó en 11.5 puntos porcentuales, al pasar de 46.6% a 35.1%; en el elemental, aumentó de 37.8% a 40.2%; en el bueno, creció de 12.2% a 16.7%, y en el excelente, creció de 3.4% a 8.0%. En comunicación, en el nivel de dominio insuficiente, aumentó de 12.4% a 14.7%; en el elemental, disminuyó de 35.4% a 31.0%; en el bueno, el porcentaje se mantuvo estable, en 45.5%, y en el excelente, creció 6.7% a 8.8%. En la prueba internacional PISA del ciclo escolar 2009-2010, en lectura México se ubicó en el lugar 48 de 65 países evaluados y en matemáticas y ciencias, en el lugar 50. En la prueba EXCALE de los 13,175 alumnos evaluados en expresión escrita, el 57.0% se ubicó en el nivel 1; el 15.0%, en el nivel 2; el 23.0%, en el nivel 3, y el 5.0%, en el nivel 4. En formación ciudadana, de los 13,175 estudiantes evaluados, el 8.0% se ubicó en el nivel 1; el 38.0%, en el nivel 2; el 51.0%, en el nivel 3, y el 3.0%, en el nivel 4.

Aun cuando se mostraron mejorías en el logro educativo de los alumnos, el INEE no acreditó que hubiera propiciado el uso de los resultados de las pruebas EXCALE del ciclo escolar 2010-2011 y PISA 2009-2010, ni de los estudios “Condiciones de la Oferta Educativa en la Educación Media Superior de la evaluación de docentes (COEMS-Docentes)” y “Condiciones de la Oferta Escolar en Media Superior (COEMS-Escuelas)” del ciclo escolar 2010-2011, para la formulación de políticas orientadas a mejorar la calidad educativa.



Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a propiciar el cumplimiento de las metas comprometidas en la Matriz de Indicadores para Resultados; a utilizar los resultados de la prueba EXCALE y PISA, y de los estudios COEMS-Docentes y COEMS-Escuelas para la formulación de políticas orientadas a mejorar la calidad educativa, y a realizar el análisis de los resultados de los cuestionarios de contexto de la prueba ENLACE con el fin de identificar los factores del entorno social en que se brindan los servicios educativos y que inciden en el aprendizaje de los alumnos.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las evaluaciones de la calidad de la educación media superior, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que en el ciclo escolar 2010-2011 la SEP no cumplió la meta de incrementar 4.2% la cobertura de alumnos de educación media superior evaluados con la prueba ENLACE, respecto del ciclo escolar 2009-2010, ya que evaluó a 912,878 estudiantes que, en comparación con el número de alumnos evaluados el ciclo anterior (884,663 alumnos), representó un incremento del 3.2%, proporción inferior en 23.8% a la meta establecida, y no realizó el análisis de los resultados de los cuestionarios de contexto de la prueba ENLACE del ciclo escolar 2010-2011 con el fin de identificar los factores del entorno social en que se brindan los servicios educativos y que inciden en el aprendizaje de los alumnos. Por su parte, el INEE no acreditó que hubiera propiciado el uso de los resultados de las pruebas EXCALE del ciclo escolar 2010-2011 y PISA 2009-2010, ni de los estudios “Condiciones de la Oferta Educativa en la Educación Media Superior de la evaluación de docentes (COEMS-Docentes)” y “Condiciones de la


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Oferta Escolar en Media Superior (COEMS-Escuelas)”, para la formulación de políticas orientadas a mejorar la calidad educativa, la rendición de cuentas y el monitoreo del impacto de la evaluación en la calidad, y no acreditó que las decisiones derivadas de las evaluaciones estuvieran sustentadas en un conjunto suficiente de evidencias obtenidas a partir de metodologías e instrumentos que aseguren la solvencia técnica de los resultados.


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Programa E001 "Enciclomedia"

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-11100-02-0388

DS-010

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado y ejercido en el Programa Enciclomedia, se haya efectuado en cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables; asimismo, comprobar que la ampliación de la vigencia y la terminación de los contratos de las Aulas MMS se dio en los términos y condiciones establecidas, y que éstas garantizaron las mejores condiciones para el estado.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos

Universo Seleccionado 4,720,579.8

Muestra Auditada 4,717,737.7

Representatividad de la Muestra 99.9 %

Se revisaron 4,717,737.7 miles de pesos, que representan el 99.9% del presupuesto total ejercido en el “Programa E001 Enciclomedia” durante el ejercicio de 2011 por un monto de 4,720,579.8 miles de pesos.

Antecedentes

El Programa Enciclomedia se creó con objeto de mejorar la calidad educativa básica del país, a través de vincular los contenidos de los libros de texto gratuito y diversos recursos multimedia, permitiendo su articulación con audio, fragmentos de películas, simuladores, animaciones, interactivos y ejercicios, de manera tal que sirvan de apoyo en las actividades de enseñanza de los docentes de 5° y 6° grado de primaria.

El Programa es operado en las 32 entidades federativas mediante catorce contratos multianuales de prestación de servicios suscritos por la Secretaría y los prestadores de servicios adjudicados en los años 2005 y 2006, así como el contrato celebrado para la prestación del servicio de la Mesa de Servicios y Control de Calidad.

A finales de 2010, la Secretaría de Educación Pública prorrogó la vigencia de los citados contratos hasta el 31 de diciembre de 2011, con la justificación de continuar con los planes y programas de estudio del ciclo escolar 2010-2011 y definir los plazos para programar el cierre de los contratos, así como preparar la transición de los equipos enciclomedia hacia el Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT).

Por lo anterior, la fiscalización de este programa tiene como finalidad verificar que su presupuesto otorgado se ejerció y registró en cumplimiento de las disposiciones normativas y legales aplicables; así como comprobar que la ampliación de la vigencia de los contratos de las Aulas MMS se dio en los términos y condiciones establecidas y que éstas garantizaron las mejores condiciones para el estado.

Resultados

La entidad fiscalizada carece de procedimiento interno que indique el plazo para que la autoridad escolar realice los trámites para llevar a cabo la recuperación de las aulas MMS con estatus de "Robo"; así como para la puesta en marcha, las deducciones y penas convencionales por incumplimiento y el área responsable del resguardo de los bienes, lo que ocasionó que en algunos casos no se levantara acta ministerial y en otros se realizó de uno a doce meses después de haberse se reportado el robo ante la MSC, lo que impidió que los alumnos de 5° y 6° año de primaria contaran con la herramienta del Programa Enciclomedia.


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Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es).

Se generó una acción preventiva para que en lo subsecuente la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control, de supervisión y de seguimiento, a efecto de que en cualquier instrumento jurídico que se formalice con prestadores de bienes y servicios se establezca de forma clara y precisa cada uno de los derechos y obligaciones entre las partes; en particular cuando se trate de robos se indique el procedimiento que se aplicará para: la recuperación, puesta en marcha, plazo, deducciones y penas convencionales por incumplimiento; así como el área responsable del resguardo de los bienes.


La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que la entidad fiscalizada carece de procedimiento interno que indique el plazo para que la autoridad escolar realice los trámites para llevar a cabo la recuperación de las aulas MMS con estatus de "Robo"; así como para la puesta en marcha, las deducciones y penas convencionales por incumplimiento y el área responsable del resguardo de los bienes, lo que ocasionó que en algunos casos no se levantara acta ministerial y en otros se realizó de uno a doce meses después de haberse se reportado el robo ante la MSC, lo que impidió que los alumnos de 5° y 6° año de primaria contaran con la herramienta del Programa Enciclomedia.


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Programa S223 "Habilidades Digitales para Todos"-2009


DS-011

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de Cuenta Pública 2009, se ejerció en el 2011, de acuerdo a la autorización de la SHCP, para la implementación, equipamiento y conectividad del Programa Habilidades Digitales para Todos, de conformidad con los Programas Estatales aprobados en cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables; y que contribuyó a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos

Universo Seleccionado 150,581.3

Muestra Auditada 150,581.3


Se revisaron 150,581.3 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos registrados como ejercidos en la Cuenta Pública 2009, sin estar devengados y que fueron ministrados a las Coordinaciones Estatales de Habilidades Digitales para Todos (CEHDT), para la Implementación, Equipamiento y Conectividad del Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT). Cabe mencionar que contaron con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su aplicación en el ejercicio 2011.

Antecedentes

Habilidades Digitales para Todos es una estrategia que impulsa el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las escuelas de educación básica (secundarias generales y técnicas, y telesecundarias) para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

La estrategia promueve el desarrollo de las habilidades digitales para interactuar y aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación, de tal forma que sea el maestro quien, a través del uso pedagógico de las tecnologías, marque la evolución en la dinámica de las aulas.

Entre sus propósitos, plantea:

Apoyar la alfabetización digital de docentes y alumnos.

Capacitar y certificar las competencias docentes en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Desarrollar materiales educativos digitales accesibles en el Aula telemática y por Internet.

Usar Internet para crear redes educativas con los distintos actores de la educación, compartir los aprendizajes que se generen en estas redes y generar una cultura escolar sobre el uso seguro de las TIC.

Promover la diversificación de las tecnologías y el uso de las plataformas libres y de vanguardia.

Promover que en todo momento y lugar los estudiantes tengan acceso a las tecnologías de la información.


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Resultados

El estado de Coahuila no acreditó el depósito de los recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2009, en una cuenta bancaria específica para el Programa Habilidades Digitales para Todos por 12,067.0 miles de pesos.

De la revisión a la documentación comprobatoria de los gastos erogados por las Coordinaciones Estatales de Habilidades Digitales para Todos y remitidos a la Dirección de Planeación y Seguimiento adscrita a la Dirección General de Materiales Educativos, el estado de Veracruz no acreditó 313.8 miles de pesos, mediante la documentación comprobatoria del gasto.

Al respecto, por tratarse de recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2009, se turnó a las instancias de Control de los estados de Coahuila y Veracruz, mediante los oficios DGAFFB/B1/1302/2012 y DGAFFB/B1/1301/2012 del 12 de octubre de 2012.




Con el propósito de mejorar el desempeño de la ejecución del programa presupuestario S223 “Habilidades Digitales para Todos”, la ASF considera necesario: que la SEP en conjunto con las Coordinaciones Estatales de Habilidades Digitales para Todos implemente mecanismos de control, supervisión y seguimiento, para que en los instrumentos jurídicos se indiquen los recursos si son de origen federal o estatal, asimismo, se emitan lineamientos y difusión a los planteles educativos de las entidades federativas, en relación a la Mesa de Ayuda para el monitoreo de las Aulas telemáticas.

Dictamen: limpio

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables.


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DS-012

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de Cuenta Pública 2010, se ejerció en el 2011, de acuerdo a la autorización de la SHCP, para la implementación, equipamiento y conectividad del Programa Habilidades Digitales para Todos, de conformidad con los Programas Estatales aprobados en cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables; y que contribuyó a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisaron 87,709.3 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos registrados como ejercidos en la Cuenta Pública 2010, sin estar devengados y que fueron ministrados a las Coordinaciones Estatales de Habilidades Digitales para Todos (CEHDT), para la Implementación, Equipamiento y Conectividad del Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT). Cabe mencionar que se contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su aplicación en el ejercicio 2011.

Antecedentes

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2010, que efectuó este órgano fiscalizador al Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT), la Coordinación Nacional de Habilidades Digitales para Todos (CNHDT) y la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) no llevaron eficientemente la supervisión y seguimiento de los recursos ministrados a las Coordinaciones Estatales de Habilidades Digitales para Todos (CEHDT) para la operación del programa.

Recursos por 87,709.3 miles de pesos no se ejercieron en tiempo y forma, por lo que la SEP gestionó la autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aplicación durante el ejercicio 2011.

Resultados

Los estados de Coahuila, Michoacán y Veracruz no acreditaron el depósito de los recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2010, en una cuenta bancaria específica para el Programa Habilidades Digitales para Todos por 662.5 miles de pesos.

De la revisión de la documentación comprobatoria de los gastos erogados por las Coordinaciones Estatales de Habilidades Digitales para Todos y remitidos a la Dirección de Planeación y Seguimiento adscrita a la Dirección General de Materiales Educativos, se verificó que el estado de Veracruz no acreditó 175.5 miles de pesos, mediante la documentación comprobatoria del gasto.

Al respecto, por tratarse de recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2010, se turnó a las instancias de Control de los estados de Coahuila, Michoacán y Veracruz, mediante los oficios números DGAFFB/B1/1298/2012, DGAFFB/B1/1299/2012 y DGAFFB/B1/1300/2012 del 12 de octubre de 2012.


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Dictamen: limpio




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DS-013

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado y ejercido en 2011 en el Programa Habilidades Digitales para Todos, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados en cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables; así como, verificar que la operación del programa en cada entidad federativa cuente con los mecanismos de control, supervisión y evaluación que garanticen el logro de sus objetivos y metas.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisaron 4,889,999.9 miles de pesos, que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en el Programa Habilidades Digitales para Todos, de los cuales 19,921.4 miles de pesos corresponden al Capítulo 1000 “Servicios Personales” (honorarios); 208,319.1 miles de pesos, al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, y 4,661,759.4 miles de pesos, al Concepto 4300 “Subsidios y Subvenciones”.

Antecedentes

El Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT) encuentra su sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje 3 “Igualdad de Oportunidades”, Objetivo 11 “Impulsar el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida”.

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su Objetivo 3 " Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento".

Alianza por la Calidad de la Educación, en su Eje 1. Modernización de los centros escolares: Equipar con conectividad a centros escolares y equipar con computadora a maestros.

Habilidades Digitales para Todos es una estrategia educativa integral que impulsa el desarrollo y utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas de educación básica, a través de un modelo pedagógico que contempla: la formación y certificación de los docentes y directivos; el equipamiento tecnológico y la conectividad (Aula Telemática); la generación de materiales educativos, y el desarrollo de sistemas de información que permitan la gestión escolar y el uso de contenidos íntimamente relacionados con los planes y programas de estudio, así como de herramientas de comunicación y colaboración que propicien la generación de redes de aprendizaje entre los distintos miembros de la comunidad escolar.

Su objetivo es contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y uso de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo.

En el Aula Telemática, los alumnos y maestros interactúan con los materiales educativos digitales, mediante el equipamiento, la conectividad y las plataformas tecnológicas. Esta mediación se da, dentro y fuera del aula, en el horario de clase y fuera de él, en el centro educativo, en casa o en lugares públicos como centros comunitarios o


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cibercafés. No obstante, estos ambientes tecnológicos se convierten en ambientes de aprendizaje, gracias a la actuación del docente que los construye y emplea.

1. Componente Pedagógico.

2. Componente de Acompañamiento.

3. Componente de Infraestructura Tecnológica.

4. Componente de Gestión.

La estrategia HDT tiene tres niveles de portales educativos: un portal federal, un portal estatal y un portal local. Su propósito es conformar comunidades de aprendizaje donde directivos, maestros, alumnos y padres de familia participen activamente en la construcción de su propio conocimiento.

La plataforma se desarrolló considerando que los usuarios, principalmente maestros y directivos, obtengan conocimientos básicos de computación. Para ello, se diseñó una interfaz que brinda una experiencia de navegación satisfactoria, similar a la utilizada en los blogs o redes sociales56 que cada vez más personas utilizan para interactuar, por lo que resulta de fácil manejo y asimilación.

Los maestros pueden crear y publicar para consulta y opinión de alumnos sus materiales de aprendizaje, hacer uso de herramientas de trabajo colaborativo como blogs, wikis, encuestas y mensajes instantáneos para la interacción maestro-alumno, alumno-maestro y alumno-alumno, promoviendo el establecimiento de redes de aprendizaje en el entorno escolar.

El Acuerdo 592 publicado en el ejercicio 2011, por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, estableció Estándares de Habilidades Digitales para estudiantes y docentes. Éstos concuerdan en los campos de competencia siguientes:

• Creatividad e innovación.

• Comunicación y colaboración.

• Investigación y manejo de la información.

• Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones.

• Ciudadanía digital.

• Funcionamiento y conceptos de las TIC.

En este nuevo contexto el Programa HDT brinda a los actores educativos servicios, apoyos y herramientas necesarias para el uso de TIC con un enfoque pedagógico en la escuela. El acompañamiento en el Programa HDT comprende:

• Capacitación inicial a través del Curso tipo de HDT unificado.

• Certificación y Evaluación con fines de Certificación en el Estándar EC0121: Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

• Asesoría pedagógica permanente mediante la Mesa de Servicios Pedagógicos Federal.

• Redes sociales de conocimiento.

Resultados

Las Coordinaciones estatales de Habilidades Digitales para Todos de los estados de México, Querétaro y Veracruz no comprobaron la aplicación del gasto por 797,701.6 miles de pesos o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación.

En 11 entidades federativas no acreditaron el equipamiento y conectividad de 5,787 Aulas telemáticas, cuya vigencia concluyó en diciembre de 2012.

56 Facilitar la comunicación y otros temas sociales en el sitio web.

http://www.hdt.gob.mx/hdt/assets/HDT/cursounificado.pdf

http://www.cuestionarios.dgme.sep.gob.mx/mesa_pedagogica/index.php

http://www.hdt.gob.mx/hdt/redes-de-aprendizaje


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Recuperaciones Probables

Se determinaron recuperaciones probables por 2,766,996.7 miles de pesos.


Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 22 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones.

Con el propósito de mejorar el desempeño de la ejecución del programa presupuestario S223 “Habilidades Digitales para Todos”, la ASF considera necesario que la SEP implemente mecanismos de control, supervisión, evaluación y seguimiento a la administración y aplicación de los recursos ministrados a las entidades federativas para el equipamiento y conectividad del PHDT, lo que originará una mejora en las Reglas de Operación, para que sea mediante este instrumento, que los ejecutores del gasto se sujeten a la normativa aplicable para tal efecto y asegurar un ejercicio eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, a fin de garantizar el logro de los objetivos y metas del programa, para alcanzar la contribución en la mejora de la calidad de la educación básica del país, asimismo, que las Coordinaciones Estatales de Habilidades Digitales para Todos (CEHDT) acrediten la instalación de 5,787 Aulas telemáticas.

Además, que las Coordinaciones Estatales de Habilidades Digitales para Todos (CEHDT) de los estados de México, Querétaro y Veracruz proporcionen la documentación comprobatoria del gasto de la aplicación de los recursos ministrados, o en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación, y promover ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones normativas en su actuación.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: en tres entidades federativas no comprobaron la aplicación del gasto por 797,701.6 miles de pesos o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación. En 11 entidades federativas no acreditaron el equipamiento y conectividad de 5,787 Aulas telemáticas.


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Compromisos con Organismos Internacionales


DS-014

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera, evaluar el beneficio obtenido de las operaciones que generaron pagos a entidades del extranjero, y verificar que éstos se determinaron, autorizaron, realizaron, registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




De acuerdo con el Resumen de Egresos por Capítulo y Concepto de la Cuenta Pública 2011, en el ramo “Educación Pública”, concepto 4900 “Transferencias al Exterior”, se ejercieron 455,979.1 miles de pesos que correspondieron al pago de cuotas y aportaciones a organismos internacionales, de los cuales se revisó una muestra de 359,482.0 miles de pesos, el 78.8%.

Resultados

1. Durante 2011, la Secretaría de Educación Pública (SEP) atendió compromisos con organismos internacionales por 455,979.1 miles de pesos correspondientes a cuotas de 12 tratados y 25 acuerdos interinstitucionales celebrados por sus unidades administrativas o por alguno de sus órganos administrativos desconcentrados, organismos descentralizados o fideicomisos.

Se seleccionó y revisó una muestra de cinco tratados y seis acuerdos, por 359,482.0 miles de pesos, a cargo de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y la Dirección General de Relaciones Internacionales, unidades administrativas de la SEP; del órgano administrativo desconcentrado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como de los organismos descentralizados Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Instituto Mexicano de Cinematografía e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y se observó que las unidades administrativas de la SEP y sus organismos descentralizados no cuentan con lineamientos, procedimientos o normativa interna que regule la celebración y autorización de los tratados y acuerdos interinstitucionales con organismos internacionales, lo que impide conocer las áreas que deben participar en las gestiones ante la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus responsabilidades y actividades, así como los elementos necesarios para suscribirlos en los términos establecidos en la normativa correspondiente.

2. En el presupuesto de la SEP para el ejercicio fiscal 2011 se consideraron 388,174.0 miles de pesos para el pago de la partida 49201 “Cuotas y aportaciones a organismos internacionales”, cantidad que se incrementó un 17.5% en el presupuesto ejercido, al alcanzar 455,979.1 miles de pesos, debido a que algunos organismos internacionales determinan hasta diciembre las cuotas para el año siguiente, así como por los rezagos de años anteriores en el pago de cuotas, lo que obligó a la SEP a realizar adecuaciones durante el ejercicio.

El presupuesto ejercido por cada programa presupuestario coincidió con el reportado en la Cuenta Pública 2011 y los organismos descentralizados, órganos administrativos desconcentrados y unidades administrativas de la SEP registraron las erogaciones conforme a sus catálogos de cuentas. Por su parte, la SEP, como Coordinadora de Sector, registró los 455,979.1 miles de pesos en la partida 49201, de conformidad con el Catálogo General de Cuentas del Subsistema de Egresos 2011, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública.


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3. Se revisaron las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de la muestra seleccionada por 359,482.0 miles de pesos, correspondientes a 6 programas, 4 de ellos correspondieron a 4 acuerdos interinstitucionales, cuya finalidad se incluyó en las MIR, y éstas se alinearon a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y contaron con indicadores y metas en las que se aprecian los beneficios obtenidos. Los 2 programas restantes correspondieron a 5 tratados y a 2 acuerdos interinstitucionales, cuyos fines no se pudieron evaluar porque los indicadores de las MIR sólo hacen referencia al número de pagos realizados a los organismos internacionales, sin apreciarse los beneficios esperados por participar en ellos.

La carencia de indicadores sobre el cumplimiento de objetivos y beneficios obtenidos por la participación en los tratados y acuerdos interinstitucionales obliga a que la evaluación que realizan dichas áreas y entidades no se enfoque a los tratados o acuerdos en sí, sino a las asignaciones de gasto que se destinan a los mismos.



Lo anterior se realizó con el propósito de promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa.

Dictamen: limpio

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.



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Becas en Educación Media Superior de Calidad


DS-015

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa U018 "Programa de Becas" en Educación Media Superior de Calidad, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se seleccionó para su revisión el 97.0% (2,506,589.2 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la Secretaría de Educación Pública en el programa presupuestario U018 “Programa de Becas”, partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas” en Educación Media Superior.

Antecedentes

El Programa de Becas encuentra su sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su Eje 3 "Igualdad de Oportunidades", Objetivo 10 "Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas".

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, establece en su Objetivo 1 "Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional".

El Programa de Becas a nivel medio superior se encuentra clasificado dentro del programa presupuestario U018, cuyo objetivo es que los jóvenes en condiciones de pobreza patrimonial permanezcan en la escuela hasta que concluyan la Educación Media Superior, reduciendo la deserción escolar mediante el otorgamiento de apoyos que fomenten una mayor retención de los estudiantes en los programas educativos y reducir desigualdades entre grupos sociales.

A partir de 2009, el U018 se constituye con los tres programas nacionales de becas en Educación Media Superior preexistentes: Becas Retención, Becas de Apoyo, y el de Excelencia Académica, y en 2010 se integra la modalidad de Becas para hijas e hijos de Militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En 2011, la H. Cámara de Diputados asignó recursos adicionales por 210,500.0 miles de pesos para el Programa Piloto de Becas de capacitación y estancias en el sector productivo, para jóvenes entre 15 y 26 años de los estados de Chihuahua, Guerrero y Morelos, presupuestados en el Anexo 29 "Ampliaciones a Educación" del PEF 2011, a fin de atender la problemática derivada de la migración, desempleo y violencia que enfrentan los jóvenes en edad de incorporarse a la Educación Media Superior.

Resultados

Del “Programa de Becas en Educación Media Superior”:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por 372.9 miles de pesos reportados como ejercidos en el programa presupuestario U018 “Programa de Becas”, partida 12101 "Honorarios".


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Los informes mensuales de cinco prestadores de servicios profesionales para la procedencia de su pago se presentaron incompletos.

Como resultado de la auditoría la SEP realizó el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 9,786.3 miles de pesos por concepto de 3,404 tarjetas de pago de becas que se omitió su entrega a los beneficiarios del programa y de 62 por 163.1 miles de pesos, falta el reintegro a la TESOFE. Asimismo, realizó el reintegro a la TESOFE de 1,021.0 y 47.3 miles de pesos por concepto de recursos no ejercidos.

La SEP carece de documentación que avale que 572 beneficiarios cobraron su beca por 810.5 miles de pesos.

Del “Programa Piloto de Becas de capacitación y estancias en el sector productivo, para jóvenes entre 15 y 26 años de los estados de Chihuahua, Guerrero y Morelos”:

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo atendió el Programa Piloto de Becas, sin contar con presupuesto para gastos de operación del mismo, lo cual ocasionó alcanzar metas menores que las establecidas en el programa.

Falta el reintegro a la TESOFE por 45.0 miles de pesos, por concepto de becas que no se entregaron a los beneficiarios; así como por 4,910.0 miles de pesos, que la SEP carece de documentación que avale que 2,182 beneficiarios cobraron su beca.

No se localizaron 137 Claves Únicas de Registro Nacional de Población (CURP) de beneficiarios del programa por 1,210.0 miles de pesos en la base de datos del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La SEP omitió enviar los informes trimestrales al Instituto Mexicano de la Juventud, a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar

Se determinaron recuperaciones por 13,053.7 miles de pesos, de los cuales 10,957.6 miles de pesos fueron operados, y 2,096.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 7,303.4 miles de pesos por aclarar.


Se determinó(aron) 28 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 25 restante(s) generó(aron): 18 Recomendación(es), 10 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Con esto se espera que la SEP publique en el DOF su Manual de Organización General a efecto de que produzca los efectos jurídicos correspondientes; del “Programa de Becas en Educación Media Superior”, la SEMS actualice su Manual de Organización y elabore el de Procedimientos a efecto de contar con actividades que regulen la operación del programa; proporcione la documentación comprobatoria de los recursos reportados como ejercidos en el programa U018 “Programa de Becas”, en la partida 12101 "Honorarios"; valide los informes mensuales de los prestadores de servicios profesionales a efecto de verificar que cumplan satisfactoriamente con la actividad para la cual fueron contratados; realice el reintegro a la TESOFE de tarjetas de pago no entregadas a los beneficiarios del programa de becas; y proporcione la documentación que avale que todos los beneficiarios del programa cobraron su beca.

Respecto del “Programa Piloto de Becas de capacitación y estancias en el sector productivo, para jóvenes entre 15 y 26 años de los estados de Chihuahua, Guerrero y Morelos” se espera que se autorice el presupuesto asignado para gastos de operación del Programa de Becas para que se alcancen las metas establecidas; se realice el reintegro a la TESOFE de becas que no se entregaron a los beneficiarios; se proporcione la aclaración respecto de CURP de beneficiarios del programa inexistentes en la base de datos del RENAPO de la SEGOB; se remitan los informes trimestrales al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados; y se informe a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública sobre los resultados de la identificación de las concurrencias y duplicidades.


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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe que se refieren principalmente a lo siguiente:

Del “Programa de Becas en Educación Media Superior”:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por 372.9 miles de pesos reportados como ejercidos en el programa presupuestario U018 “Programa de Becas”, partida 12101 "Honorarios". Los informes mensuales de cinco prestadores de servicios profesionales para la procedencia de su pago se presentaron incompletos. Como resultado de la auditoría la SEP realizó el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 9,786.3 miles de pesos por concepto de 3,404 tarjetas de pago de becas que se omitió su entrega a los beneficiarios del programa y de 62 por 163.1 miles de pesos, falta el reintegro a la TESOFE. Asimismo, realizó el reintegro a la TESOFE de 1,021.0 y 47.3 miles de pesos por concepto de recursos no ejercidos. La SEP carece de documentación que avale que 572 beneficiarios cobraron su beca por 810.5 miles de pesos.

Del “Programa Piloto de Becas de capacitación y estancias en el sector productivo, para jóvenes entre 15 y 26 años de los estados de Chihuahua, Guerrero y Morelos”:

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo atendió el Programa Piloto de Becas sin contar con presupuesto para gastos de operación del mismo, lo cual ocasionó alcanzar metas menores que las establecidas en el programa. Falta el reintegro a la TESOFE por 45.0 miles de pesos, por concepto de becas que no se entregaron a los beneficiarios, así como por 4,910.0 miles de pesos, que la SEP carece de documentación que avale que 2,182 beneficiarios cobraron su beca.

No se localizaron 137 Claves Únicas de Registro Nacional de Población (CURP) de beneficiarios del programa por 1,210.0 miles de pesos en la base de datos del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). La SEP omitió enviar los informes trimestrales al Instituto Mexicano de la Juventud, y a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.


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Servicios Integrales de Limpieza e Higiene


DS-016

Objetivo

Fiscalizar que el presupuesto erogado en los Servicios Integrales de Limpieza e Higiene, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisó el 81.5% del universo seleccionado por 221,847.3 miles de pesos, cifra que corresponde al total del presupuesto ejercido en 2011 en la partida 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene", por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y las secretarías de Salud, de Educación Pública, de Economía y de Relaciones Exteriores, por los servicios integrales de limpieza prestados en diversas unidades administrativas de esos entes fiscalizados.

Integración de la muestra (Miles de pesos)

Concepto Universo

Seleccionado Muestra Auditada

Representatividad de la Muestra

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

1,296.6 1,296.6 100.0%

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 17,718.4 17,391.8 98.2%

Secretaría de Salud 64,460.5 46,031.7 71.4%

Secretaría de Educación Pública 102,903.3 93,243.1 90.6%

Secretaría de Economía 9,969.4 5,714.7 57.3%

Secretaría de Relaciones Exteriores 25,499.1 17,204.0 67.5%

Total 221,847.3 180,881.9 81.5%

Antecedentes

En diversas denuncias y notas periodísticas se informaron presuntas irregularidades en la contratación de los servicios de limpieza con la empresa denominada Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., empresa creada en septiembre de 2008, a la cual de manera individual, o conjuntamente con las empresas Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; SALMAN Servicios Profesionales, S.A. de C.V., y Claver Servicios, S.A. de C.V., a pocos años de su creación, se le han adjudicado contratos millonarios.

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de COMPRANET y del portal de transparencia de diversas dependencias y entidades gubernamentales, de 2009 a la fecha se les han adjudicado a dichas empresas contratos por un monto de 571,503.7 miles de pesos, de los cuales 378,309.7 miles de pesos corresponden a


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contratos de servicios de limpieza que abarcan los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, destacando por su monto los contratos adjudicados por las secretarías de Educación Pública, de Economía, de Salud, y de Relaciones Exteriores, así como por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con un monto total de 256,746.6 miles de pesos.

Es importante señalar que de acuerdo con el analítico de egresos de la Cuenta Pública 2011, en dicho ejercicio las dependencias y entidades propuestas para su revisión ejercieron en conjunto 221,847.3 miles de pesos, identificándose además que las mismas han incrementado su presupuesto ejercido en el rubro de limpieza e higiene, en los últimos cinco años, en un porcentaje que va del 42.7% en la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta el 323.3% en la Secretaría de Salud.

Resultados

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)

Para contratar los servicios integrales de limpieza para sus instalaciones, el IFAI llevó a cabo un procedimiento licitatorio en el que consideró la opción de aceptar la presentación de propuestas conjuntas y llevar a cabo evaluación de propuestas técnicas por puntos y porcentajes. La empresa Quadrum Limpieza y Construcciones, S.A. de C.V., que resultó ganadora del procedimiento licitatorio, participó de manera conjunta con las empresas Salman Servicios Profesionales, S.A. de C.V., y Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., las cuales, para cumplir con la información solicitada para la evaluación técnica, presentaron cartas de recomendación y resultados de exámenes de laboratorio que, al compulsarlos, los supuestos emisores no reconocieron haberlos emitido.

Se comprobó que la empresa Quadrum Limpieza y Construcciones, S.A. de C.V., no cumplió con la obligación de registrar ante el IMSS al total de sus trabajadores, aun cuando en el ejercicio 2011 el IFAI le pagó servicios por 1,296.6 miles de pesos, dicha empresa presentó sus Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) sin operaciones, además de que al mes de agosto de 2012 no había presentado su declaración anual del ejercicio fiscal 2011.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)

La Dirección de Recursos Materiales del INBAL carece de mecanismos de supervisión y control para identificar las deficiencias en el procedimiento de contratación y pago de los servicios de limpieza para el ejercicio de 2011, ya que no contó con la metodología para determinar las necesidades de los elementos de limpieza en cada uno de sus centros de trabajo. La licitación pública para la contratación de los servicios de limpieza se llevó a cabo sin el estudio previo de mercado para determinar el precio conveniente de referencia, lo que ocasionó que las partidas licitadas se adjudicaran al proveedor que ofreció precios no aceptables; además, la información técnica presentada por los proveedores participantes careció de por lo menos uno de los requisitos solicitados en la convocatoria.

Asimismo, no se vigiló el cumplimiento del contrato respectivo, toda vez, que se omitió supervisar y validar que las listas de asistencia cumplieran con las firmas de supervisión y autorización correspondientes, así como la recepción del equipo requerido por los centros de trabajo, lo que motivó que se dejaran de aplicar penas convencionales por las inasistencias del personal de limpieza, y por ende se realizaron pagos improcedentes por 17,391.8 miles de pesos. El proveedor adjudicado no cumplió con sus obligaciones fiscales y laborales ante el SAT y el IMSS, respectivamente.

Secretaría de Salud (SS)

Se identificaron deficiencias y omisiones en los procesos de adjudicación, contratación, prestación y pago del servicio de limpieza integral, ya que la entidad fiscalizada no contó con mecanismos de control para sustentar que los requerimientos del servicio se determinaron en función de sus necesidades. El pago de este servicio por 46,031.7 miles de pesos, se realizó sin contar con la documentación que acredite su procedencia en relación a los servicios efectivamente prestados conforme a las condiciones pactadas, ya que no se establecieron mecanismos de supervisión y seguimiento. Por lo anterior, de la documentación presentada por la entidad fiscalizada, este órgano fiscalizador determinó deducciones aplicables a los proveedores durante el 2011 por 53,464.7 miles de pesos; sin embargo, la dependencia no acreditó su descuento en el pago o haber hecho efectivas las garantías de cumplimiento por un monto de 8,258.6 miles de pesos. Los proveedores adjudicados no cumplieron con sus obligaciones fiscales y laborales ante el SAT, IMSS e INFONAVIT.


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No se demostró que en la investigación de mercado realizada se dieran a conocer las especificaciones técnicas de los servicios de aseo y limpieza a contratar, así como el requisito de que los prestadores de servicio acreditaran tener pruebas de laboratorio de “reto microbiano” que, en síntesis, refieren a las características biodegradables e inofensivas de los productos a emplear, hechos que limitaron la libre participación de los posibles interesados en el procedimiento de contratación. No se establecieron mecanismos de control, supervisión y vigilancia de los servicios contratados de aseo y limpieza, que permitan conciliar y verificar la correcta administración de las obligaciones contractuales, así como una metodología para determinar penas convencionales por atraso e incumplimiento de la entrega de los materiales y servicios, por lo que el pago de 93,243.1 miles de pesos, erogado por este servicio carece de elementos suficientes para hacerlo procedente. No se contó con una metodología que acredite las necesidades reales y operativas de cada una de sus Unidades Administrativas adscritas. Se comprobó que la empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., incumplió con sus obligaciones contraídas al no haber inscrito a 118 y 136 operarios en los meses de junio y diciembre de 2011, respectivamente, ante el IMSS e INFONAVIT. La empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., reportó ingresos en el ejercicio 2011 por 203,967.5 miles de pesos, de los cuales 93,243.1 miles de pesos provienen de los servicios prestados a la SEP; asimismo, registró deducciones por 201,658.5 miles de pesos; sin embargo, en las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) mensuales declaró sin operaciones.

Secretaría de Economía (SE)

La SE no supervisó que las tres empresas adjudicadas (Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.), derivado de la LPN Mixta Plurianual Consolidada núm. LA-010000999-N7-2011, en la formalización del contrato, entregaran la constancia de no adeudo del IMSS. Además, las empresas referidas para acreditar su experiencia presentaron documentación consistente en contratos de prestación de servicios y cartas de recomendación presuntamente apócrifas, irregularidad por la que el OIC las sancionó e inhabilitó, y la SE presentó la denuncia de hechos correspondiente ante la Procuraduría General de la República; no obstante, el procedimiento de rescisión administrativa del contrato la SE lo inició 7 meses después de la resolución del OIC y lo concluyó hasta septiembre de 2012, tres meses antes de su conclusión; Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., no acreditó la total inscripción y pago de cuotas al IMSS ni al INFONAVIT, del personal que laboró en la prestación del servicio a la SE y conforme a la información del SAT del ejercicio de 2011 únicamente presentó mensualmente las DIOT, pero sin operaciones.

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Falta de actualización de los manuales de Organización y de Procedimientos; retraso en el registro en CompraNet del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) correspondiente al ejercicio 2011; inadecuada planeación y ejecución de los procesos de adjudicación de los servicios de limpieza. Las empresas adjudicadas de la LPMN núm. 00005003- 006-11 (Ferjma, S.A. de C.V.; Claver Servicios, S.A. de C.V.; Mobili Guime, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.) para acreditar su experiencia presentaron documentación consistente en contratos de prestación de servicios y cartas de recomendación presuntamente apócrifas, irregularidad por la cual la SRE no ha realizado acciones para sancionar a dichas empresas. Las empresas que prestaron el servicio de limpieza en el 2011 (Fejastec, S.A. de C.V.; Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V.; Ferjma, S.A. de C.V.; Claver Servicios, S.A. de C.V.; Mobili Guime, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.) no acreditaron la total inscripción y pago de cuotas al IMSS ni al INFONAVIT del personal que laboró en la prestación del servicio. La SRE no supervisó que la empresa cumpliera totalmente sus obligaciones establecidas en el contrato núm. SRE-DRM-LP-109/11.

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar

Se determinaron recuperaciones probables por 156,666.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 8,258.6 miles de pesos por aclarar.


Se determinó(aron) 48 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 43 restante(s) generó(aron): 30 Recomendación(es), 15 Promoción(es)


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del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Solicitud(es) de Aclaración, 18 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Denuncia(s) de Hechos.

Las citadas acciones se generaron con el propósito de que las entidades fiscalizadas implementen los mecanismos de control que fortalezcan los procedimientos y sistemas administrativos relacionados con los procesos de adjudicación, contratación, prestación y pago de los servicios de limpieza integral, con el objeto de garantizar la transparencia, procedencia, integridad, eficiencia, eficacia y economía de los recursos que se ejercen por este concepto; así como que las entidades fiscalizadas proporcionen la documentación justificativa y comprobatoria que soporte la procedencia de los pagos efectuados por dichos servicios o en su caso el reintegro al erario de la Hacienda Pública Federal de los improcedentes por servicios no prestados y para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la Secretaría de Salud, y en la Secretaría de Educación Pública, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el financiamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión infringieron la normativa aplicable.

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: se observaron deficiencias y omisiones en los procesos de adjudicación, contratación, prestación y pago de los servicios de limpieza, toda vez que no se aplicaron penas convencionales, ni se hicieron efectivas las garantías de cumplimiento; existieron pagos improcedentes por 156,666.6 miles de pesos, que no cuentan con la documentación que acredite su procedencia; falta de cobro de las garantías de cumplimiento por 8,258.6 miles de pesos o la aplicación de deducciones a los proveedores; carencia de mecanismos de control, supervisión y vigilancia de los servicios contratados, que permitan conciliar y verificar la correcta administración de las obligaciones contractuales, así como una metodología para determinar penas convencionales por atraso e incumplimiento de la entrega de los materiales y servicios.

En lo que corresponde al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, aun cuando, en términos generales, cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, se observó que las empresas Quadrum Limpieza y Construcciones, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.; Ferjma, S.A. de C.V.; Claver Servicios, S.A. de C.V.; Mobili Guime, S.A. de C.V.; Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., en los procedimiento de contratación presentaron documentación presuntamente apócrifa para acreditar su experiencia u obtener una mayor calificación; además, dichas empresas junto con las denominadas Limpia Tec, S.A. de C.V.; Inter Klin, S.A. de C.V.; Sac Jav, S.A. de C.V.; Fejastec, S.A. de C.V., y Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V., no cumplieron con sus obligaciones fiscales y laborales ante el SAT, IMSS e INFONAVIT.


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Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

Gastos de Operación

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-11C00-02-0392

DS-017

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a "Subsidios para capacitación y becas", "Materiales y suministros para planteles educativos", "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos", así como, "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se seleccionó para su revisión el 100.0% del presupuesto total ejercido por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en los programas E003 “Prestación de servicios de educación básica en el D.F.”, partidas 21701, 32301 y 33604; y U001 “Becas para la población atendida por el sector educativo” y U002 “Programa de becas en educación primaria y secundaria para hijos de trabajadores del Sector Educación en el D.F.” partida 43901.

Antecedentes

La AFSEDF nace con la reestructuración de la SEP en 2005, como órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, para el desarrollo de sus actividades cuenta con ocho Direcciones Generales, cuyo objeto es satisfacer la demanda de educación inicial, básica (preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la indígena) y especial en el Distrito Federal.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como estrategia fortalecer los programas existentes de superación de la pobreza, ampliándolos para incluir otras vertientes de apoyo social y asegurar que lleguen a la población que realmente los necesita.

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 plantea en uno de sus objetivos una mayor igualdad de oportunidades educativas de género entre regiones y grupos sociales para lograrla es necesaria la ampliación de la cobertura, el apoyo al ingreso y permanencia de los estudiantes en la escuela y el combate al rezago educativo.

Resultados

- No se cuenta con criterios para la distribución de los recursos del Mecanismo Anual de Necesidades a los planteles educativos.

- Se celebró un contrato por el servicio de arrendamiento de equipos de impresión por 7,075.5 miles de pesos una vez concluida la vigencia del contrato anual con el proveedor, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que excedió el plazo de los tres meses permitidos por la Ley para su contratación.

- Las cuentas productivas a través de las cuales se realizaron los pagos del Programa de Becas presentaron a la fecha de la auditoría (agosto de 2012) un saldo por 2.9 miles de pesos y 1,088.1 miles de pesos, de los cuales como resultado de la auditoría la AFSEDF realizó el entero de recursos no devengados al mes de agosto de 2012 a la Tesorería de la Federación por 1,091.0 miles de pesos, lo


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cual se acreditó con las líneas de captura a favor de la Tesorería de la Federación y los comprobantes de las operaciones de las transferencias.

Recuperaciones Operadas

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,091.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF.


Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Para que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal cuente en tiempo y forma con la información para que la Secretaría de Educación Pública integre el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; determine con base en criterios específicos el número de planteles y montos a distribuir del Mecanismo Anual de Necesidades para planteles; concluya el proceso de actualización y publicación de los “Compendios para el ejercicio del gasto” en materia de adquisiciones de materiales y suministros; difunda a cada una de las Unidades Administrativa los servicios de impresión y elaboración de material informativo contratados, asegurando la obtención de un costo beneficio en cada una de sus contrataciones; se tramiten y autoricen órdenes de trabajo de servicios de impresión y elaboración de material informativo, cuando las unidades responsables presenten las requisiciones de compra y/o solicitud de adquisiciones o servicios; establezca un procedimiento homogéneo para la integración de los expedientes de los beneficiarios del programa de becas.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe que se refieren principalmente a que la Dirección General de Administración no contó con su manual de Procedimientos actualizado; carece de criterios para la distribución de los recursos del Mecanismo Anual de Necesidades a los planteles educativos; se omitió la actualización de los resguardos de los equipos de cómputo arrendados; se celebró un contrato por el servicio de arrendamiento de equipos de impresión por 7,075.5 miles de pesos una vez concluida la vigencia del contrato anual con el proveedor sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y como intervención de la Auditoría Superior de la Federación realizó el entero de recursos no devengados del programa de becas al mes de agosto de 2012, por 1,088.1 y 2.9 miles de pesos.


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Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Desempeño Institucional

Auditoría de Desempeño: 11-1-11L4J-07-0348

DS-018

Objetivo

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de docencia e investigación, así como de la gestión institucional.

Alcance

Comprendió la evaluación del desempeño del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), en el cumplimiento de los objetivos institucionales, relativos a las funciones de docencia e investigación, determinados en el Programa de Mediano Plazo 2007-2012, mediante el análisis de los resultados de los indicadores fijados en dicho programa para los objetivos generales, así como la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la gestión institucional.

Antecedentes

Mediante Decreto Presidencial de 1961, se creó el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) como un organismo de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El Cinvestav está dedicado al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como a la enseñanza en el nivel de posgrado en cuatro áreas: ciencias exactas, ciencias biológicas y de la salud, ingeniería y tecnología y ciencias sociales.

Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Cinvestav emitió su Programa de Mediano Plazo (PMP) 2007-2012 con dos objetivos generales:

− Objetivo general 1. Formar recursos humanos de alto nivel académico, mediante la aplicación de programas de maestría y doctorado de la mejor calidad académica, en las disciplinas que actualmente se cultivan en la institución, promoviendo además el desarrollo de nuevos campos estratégicos.

− Objetivo general 2. Desarrollar e impulsar investigación científica básica, aplicada y tecnológica de excelencia mediante proyectos multidisciplinarios, interinstitucionales, de largo alcance y de alto impacto para la comunidad científica nacional e internacional y para la sociedad en general.

Para evaluar el cumplimiento del objetivo general 1, correspondiente a la función de docencia, el Cinvestav estableció los indicadores siguientes: índice de calidad de atención a alumnos de posgrado; índice de alumnos graduados en maestro en ciencias; índice de alumnos graduados de doctor en ciencias; índice de pertenencia de los investigadores del Cinvestav en el SNI; programas de posgrado en el Cinvestav, con reconocimiento a nivel internacional, e índice de estudiantes extranjeros matriculados en el Cinvestav.

Para evaluar el cumplimiento del objetivo general 2, vinculado con la función de investigación, el Cinvestav estableció los indicadores siguientes: índice de proporcionalidad de investigadores posdoctorales, respecto de la planta académica del Cinvestav; proyectos de investigación en operación; índice de espacios de investigación; índice de artículos publicados con arbitraje; índice de programas de maestría y doctorado en áreas nuevas del conocimiento, e índice de proyectos de gran envergadura.

Resultados

En el ejercicio fiscal 2011, el Cinvestav estableció metas en su Programa de Mediano Plazo 2007-2012 para los indicadores de docencia e investigación a fin de atender los objetivos generales del programa. Al respecto, se constató que el indicador de índice de alumnos graduados de maestro en ciencias tuvo un porcentaje de cumplimiento de 108.1% al obtener 0.67 de los 0.62 programados para ese año; el índice de alumnos graduados de doctorado en ciencias, se incrementó en 12.5%, al pasar del 0.24 en 2007 al 0.27 en 2011; el indice de pertenencia de los investigadores del Cinvestav obtuvo el 93.6% de la meta programada y una evolución de 2007 a 2011 de 3.5%; el índice de programas de posgrado en el Cinvestav, con reconocimiento a nivel internacional tuvo una evolución de 42.4%, al pasar del 0.33 en 2007 al 0.47 en 2011; el índice de estudiantes extranjeros matriculados en el Cinvestav presentó una variación positiva de 66.7%, para el mismo periodo; en el indicador


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índice de artículos publicados con arbitraje, se superó la meta con el 117.0%, y el índice de proyectos de gran envergadura alcanzó la meta programada.

De la revisión del indicador índice de calidad de atención a alumnos de posgrado, se constató que no mide la calidad como su nombre lo indica, ya que se trata de la relación del número de alumnos atendidos entre el total de investigadores.

En el análisis del indicador índice de alumnos graduados de doctor en ciencias, no se alcanzaron las metas programadas, con porcentajes de cumplimiento de 68.6% en 2010 y 73.0% en 2011; en el indicador de programas de posgrado en el Cinvestav, con reconocimiento a nivel internacional, se observó que las metas no se lograron, con porcentajes de cumplimiento del 59.5% en 2010 y 54.0% en 2011, lo que coloca al indicador con porcentajes de cumplimiento del 60.0% y 52.8%; el indicador de índice de estudiantes extranjeros matriculados en el Cinvestav tuvo un porcentaje de cumplimiento del 62.5% al obtener el 0.05 del 0.08 programado para 2011; en el indicador índice de estudiantes extranjeros matriculados en el Cinvestav, el porcentaje de cumplimiento fue de 24.6% en 2011 y se observó una disminución de 14 investigadores respecto de los alcanzados en 2010, y en el indicador índice de espacio de investigación, no se alcanzó la meta comprometida al obtener el 55.6% en 2011 del 88.9% programado para el mismo año, con un porcentaje de cumplimiento del 62.5%.

En relación con las observaciones antes descritas, el Cinvestav presentó documentación que comprueba que adoptó medidas durante la auditoría para que en la elaboración del Programa de Mediano Plazo para el periodo 2012-2018, los indicadores midan lo que efectivamente se pretende, y para que se fortalezca la programación de metas a fin de que estas puedan ser logradas, por lo que se considera que las observaciones fueron solventadas.

En el análisis de la base de datos de los 566 investigadores miembros del SNI, se constató que 498 investigadores cumplieron en su totalidad con los requerimientos solicitados por el Sistema Nacional de Investigadores; sin embargo, los 68 investigadores restantes no cumplieron con el requisito de ser mexicano; se revisó el título de grado académico de los 566 investigadores miembros del SNI en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, y se observó que a la fecha de la revisión 531 investigadores no habían registrado su último nivel de grado académico (doctorado) en la Dirección de Profesiones de la SEP.

En cuanto a la revisión del registro de título de grado académico de los investigadores del Cinvestav, se constató que de 566 investigadores, 463 corresponden a investigadores con nacionalidad mexicana con estudios de doctorado en el extranjero; sin embargo, no se encontró en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, el registro del último nivel de grado académico obtenido en el extranjero.

De la revisión de 25 proyectos de investigación, se constató que 18 de ellos fueron concluidos en 2011, de los cuales en 17 no se tuvo evidencia del acta finiquito del proyecto, en uno, realizado con el CONACyT, de los informes técnico y financiero final, y en otro, formalizado con el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, no se tuvo evidencia del informe técnico.



Con esto se espera que los investigadores miembros del SNI adscritos al Cinvestav cumplan con el total de requerimientos solicitados por el SNI; así como con el registro de su último grado académico ante el Registro Nacional de Profesiones de la SEP; además de que se presenten, en tiempo y forma, los informes correspondientes y las actas finiquito que se deriven de cada proyecto de investigación.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional cumplió con las disposiciones normativas aplicables al cumplimiento de objetivos y metas, excepto por los resultados con observación que se precisan en los apartados correspondientes de este informe, los cuales se refieren


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principalmente al incumplimiento de los requisitos para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores; la falta de registro del último grado académico de los investigadores en la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como a la falta de entrega de los informes técnico y financiero final y de las actas finiquito de 17 proyectos de investigación.


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Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-11L4J-02-0350

DS-019

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E021 "Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se seleccionaron para su revisión 794,485.7 miles de pesos, que representan el 45.4% del presupuesto total ejercido de 1,749,100.5 miles de pesos, en el programa presupuestario E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”.

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA (Miles de pesos)

Partida de Gasto

Descripción Importe Revisado

11301 Sueldos base 492,000.7

13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales

20,198.9

15402 Compensación garantizada 17,277.3

17102 Estímulos al personal operativo 204,520.3

32701 Patentes, regalías y otros 32,656.6

53101 Equipo médico y de laboratorio 27,831.9

Total

794,485.7

FUENTE: Cédula de Integración de la Muestra.

Antecedentes

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) se creó el 6 de mayo de 1961, y se ratificó como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de septiembre de 1982.

El personal del CINVESTAV está integrado por administrativos, técnicos y manuales; auxiliares técnicos y homólogos; mandos medios y superiores, y académicos, estos últimos están integrados por “Investigadores CINVESTAV”, “Investigadores eméritos”, “Investigadores por contrato” e “Investigadores invitados”, entre sus funciones están las de generar, realizar e impulsar investigaciones científicas y tecnológicas, formar maestros y doctores en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, impartir cursos de posgrado y difundir los resultados de las investigaciones, realizar las labores de administración académica necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.


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Para llevar a cabo dichas actividades cuenta con dos principales programas presupuestarios, el E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” y el E010 “Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado”, los cuales en su desarrollo están intrínsecamente relacionados entre sí, ya que se realiza la investigación conjuntamente con la docencia.

El programa presupuestario E021 está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, participan 14 unidades responsables del sector, entre ellas el CINVESTAV.

Los proyectos de investigación que se desarrollan en el CINVESTAV se complementan con recursos externos que financian sus líneas de investigación y con ello garantizan la operación administrativa de los departamentos, y de los proyectos de investigación, lo cual es necesario en virtud de que la investigación científica es costosa y siempre ha requerido de apoyo externo para su realización; cuenta con ocho sedes en seis entidades federativas.

Resultados

- Se determinó una variación de 295 plazas en las nóminas respecto de la plantilla autorizada.

- Se pagó de forma indebida la “Recompensa Anual por Antigüedad” por 23.6 miles de pesos, ya que corresponde a una prestación otorgada sólo a los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública.

- Se otorgó el pago de prestaciones por 99,154.3 miles de pesos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- No se acreditaron las Adjudicaciones Directas por Excepción a Licitación Pública, por 31,606.5 miles de pesos, con el escrito que señala el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Para las contrataciones con proveedores extranjeros, por 14,306.8 miles de pesos, no se celebraron contratos ni pedidos, ni tampoco se acreditó que no era factible formalizarlos.


Se determinaron recuperaciones probables por 23.6 miles de pesos.


Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones.

Para que el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional realice las acciones respecto de la expedición y registro de su Estatuto Orgánico ante el Registro Público de Organismos Descentralizados; refuerce los mecanismos para que los registros presupuestarios correspondan a la naturaleza del gasto y las cifras coincidan con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; resuelva conforme a derecho y buscando las mejores condiciones para el estado la variación de plazas presupuestarias y se ajusten a las plazas autorizadas por códigos de puesto, nivel salarial y zona económica; realice los actos necesarios y negociaciones procedentes para que los servidores públicos de mando y personal de enlace queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base en las Condiciones Generales de Trabajo y Convenios Internos que celebren; actualicen la descripción y perfil de puestos; las Bases para el otorgamiento de estímulos se sometan a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; implemente mecanismos de control para contar con información que respalde la dictaminación para el pago de estímulos; implemente un sistema integral de información que le permita llevar controles y registros actualizados y confiables en las operaciones realizadas en materia de adquisiciones; se elaboren los escritos que contengan la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción a este tipo de contratación y se indique el fundamento y motivación con base en los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia y que los Dictámenes de Adjudicación se elaboren por el servidor público facultado, y verifique que las facturas contienen todos los requisitos fiscales.


La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.


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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional cumplió con las disposiciones normativas, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que se determinó una variación de 295 plazas en las nóminas respecto de la plantilla autorizada; se pagó de forma indebida la prestación por concepto de “Recompensa Anual por Antigüedad”, por 23.6 miles de pesos, ya que sólo es aplicable a servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública; se otorgó el pago de prestaciones, por 99,154.3 miles de pesos, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no se acreditaron las Adjudicaciones Directas por Excepción a Licitación Pública, por 31,606.5 miles de pesos, con el escrito que señala el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; para las contrataciones, por 14,306.8 miles de pesos, no se celebraron contratos ni pedidos con proveedores extranjeros, ni se acreditó que no era factible formalizarlos.


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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Atención al Deporte

Auditoría de Desempeño: 11-1-11L6I-07-0418

DS-020

Objetivo

Fiscalizar la política de cultura física y deporte para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de atención al deporte; la eficiencia en la selección de los beneficiarios y en la entrega de apoyos; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gobiernos desempeñan un papel fundamental para crear, en cooperación con otras partes interesadas, un entorno que potencie e impulse cambios en el comportamiento de las personas, las familias y las comunidades, para que éstas adopten decisiones positivas en relación con una alimentación saludable y la realización de actividades físicas que les permitan mejorar sus vidas.57/

La necesidad del Estado por mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana, con base en la práctica masiva del deporte, para que cada niño, joven y adulto disponga de una buena salud, ha sido un reto en los últimos años. 58/

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo Libre (ENUT) 2009 y el Censo de Población y Vivienda 2010, el 72.4% de la población en México no practica deporte o ejercicio físico. 59/

El poco tiempo dedicado a actividades físicas moderadas o vigorosas y el excesivo tiempo de actividades sedentarias sugiere una importante contribución al aumento de la prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas observado en México en los últimos años.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años ha registrado un ascenso a lo largo del tiempo, casi 2 puntos porcentuales de 1988 a 2012 (de 7.8% a 9.7%, respectivamente). Asimismo, los resultados de la ENSANUT 2012 mostraron que el 35.0% de los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. En el ámbito nacional, esto representa alrededor de 6.3 millones de individuos de entre 12 y 19 años de edad. Además, indica que más de uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. En cuanto a los adultos de 20 años o más, los resultados mostraron que 7 de cada 10 presenta sobrepeso y que, de éstos, la mitad presenta obesidad, lo que constituye un serio problema de salud pública, debido a que estas prevalencias están aumentando el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, la política del deporte se enmarca en el eje rector 3 “Igualdad de Oportunidades”, con el objetivo 23 “Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática”, y las estrategias 23.1 “Estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad,

57/ Para determinar que una persona tiene sobrepeso u obesidad se utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC), indicador que

mide el volumen de grasa visceral o central, así como el riesgo de presentar enfermedades crónico-degenerativas. El IMC se obtiene de dividir el peso de una persona entre su talla al cuadrado [IMC= peso (kg)/talla al cuadrado (m2)] y emplea valores específicos para edad y sexo, basados en una población internacional de referencia, la cual incluye datos de diversos países. En México, se determinó que un IMC igual o mayor a 25 corresponde a sobrepeso, y uno igual o mayor a 30, a obesidad.

58/ CONADE, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2008-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.

59/ INEGI, Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, México, 2009.


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en todas las regiones del país", y 23.2 “Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes”.

A partir de la definición de los objetivos y estrategias del PND 2007-2012, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), creada en 1981, con el objeto de propiciar la vinculación del deporte con la formación integral del individuo; promover el estudio de las ciencias y técnicas aplicables al desarrollo del deporte; formular planes y programas a la formación de recursos humanos para la enseñanza del deporte, y coordinar el Sistema Nacional del Deporte, con dependencias y entidades del sector público y privado,60/ formuló el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (PNCFD) 2008-201261/, que comprende cuatro ejes rectores: Cultura física; Desarrollo del deporte; Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, y Transparencia y rendición de cuentas.

Para 2011, la CONADE operó siete programas presupuestarios para la atención del deporte, de los que cuatro se encontraron sujetos a reglas de operación: S204 Cultura Física, S205 Deporte, S206 Sistema Mexicano de Deporte de Alto Rendimiento, y S238 Polideportivos.

Resultados

En 2011, la CONADE ejerció 5,441,882.6 miles de pesos en la atención del deporte, monto que difiere del reportado la Cuenta Pública 2011 (2,488,558.0 miles de pesos).

El 88.1% (4,794,650.4 miles de pesos) de los recursos ejercidos se aplicó en los conceptos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, sin que la entidad dispusiera de información para identificar a los beneficiarios, ni para acreditar que el otorgamiento de los apoyos se realizó en los términos establecidos en las reglas de operación; no contó con evidencia de que el otorgamiento de los apoyos por 2,383,803.1 miles de pesos para obras de infraestructura deportiva se realizó con base en los criterios de selección establecidos en las reglas de operación de los programas Deporte y Polideportivos, ni contó con evidencia de la supervisión externa de la obra pública que debieron contratar los beneficiarios.

Asimismo, la CONADE no especificó cuáles fueron los organismos e instituciones públicas y privadas que en 2011 integraron el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), a los que se les entregaron 8,260.5 miles de pesos por apoyos económicos del programa S205 Deporte, ni contó con la base de datos de los organismos a los que les transfirió dichos apoyos.

Para 2011, la CONADE careció de información e indicadores para verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas Cultura Física, Deporte, Polideportivos y Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento: para el programa Cultura Física, los indicadores de Fin y de Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2011 no constituyen un parámetro para medir el cumplimiento de los objetivos general y específicos; para el programa Deporte, la metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo con las que se reportan los resultados de los indicadores de la MIR 2011 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), no se corresponde con la definición de población objetivo establecida en las reglas de operación del programa; para el programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento (SIMEDAR), la CONADE no contó con registros para verificar que los datos reportados de las competencias fundamentales del Ciclo Olímpico 2008-2012 se corresponden con los resultados de los deportistas apoyados por el SIMEDAR, y para el programa Polideportivos, la meta programada para el indicador de Fin se estableció sin contar con información suficiente para asegurar su adecuado seguimiento, modificándola durante el ejercicio.

La CONADE no contó con criterios para la focalización y selección de localidades, ni con una metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, ni para el establecimiento de las metas.

La información reportada en los documentos de rendición de cuentas es insuficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas de la CONADE, y su portal institucional no dispuso de información oportuna ni suficiente para que los ciudadanos valoraran el desempeño del ente.

60/ Ibid. 61/ Ibid.


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Las deficiencias en la operación y rendición de cuentas de la CONADE impiden verificar que la aplicación de los 5,441,882.6 miles de pesos asignados en 2011 se realizó bajo criterios de racionalidad, veracidad, confiabilidad, control y objetividad; que la operación de los programas a su cargo se realizó en los términos establecidos en las reglas de operación; que los beneficiarios a los que se les entregaron apoyos por 4,794,650.4 miles de pesos, cumplieron con los criterios de selección, ni que los recursos transferidos para obras de infraestructura deportiva se autorizaron en función de su contribución al fomento de la práctica del deporte en la población.




Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación se enfocaron principalmente a que la CONADE implemente los mecanismos necesarios para generar información clara, confiable, suficiente y relevante de los apoyos otorgados, sus características y de los beneficiarios; diseñe indicadores que midan el cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo, e implemente sistemas automatizados diseñados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad.

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la operación de los programas Cultura Física, Deporte, Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento y Polideportivos, como se precisa en los resultados que se presentan en la parte correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a que la CONADE no dispuso de información para identificar a los beneficiarios a los que se les otorgaron apoyos por 4,794,650.4 miles de pesos en 2011, ni de registros que acreditaran que el otorgamiento de los apoyos se realizó en los términos establecidos en las reglas de operación; no dispuso de información ni de indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo; no acreditó que la entrega de apoyos para el desarrollo de infraestructura deportiva por 2,383,803.1 miles de pesos para 2011, se hubiera realizado con base en los criterios de selección establecidos en las reglas de operación de los programas, ni que hubiera sido notificada de la supervisión externa de la obra pública que debieron contratar los beneficiarios, y el presupuesto de 5,441,882.6 miles de pesos, ejercido en 2011 por la CONADE, no se corresponde con la cifra de 2,488,558.3 miles de pesos reportada en la Cuenta Pública.


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Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y Transferencias al Fideicomiso Estatal de Veracruz

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-11L6I-02-0419

DS-021

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos transferidos y ejercidos por los fideicomisos públicos estatales de Jalisco y Veracruz, para verificar que fueron presupuestados, autorizados, pagados, comprobados y se destinaron en los fines previstos; evaluar el control y seguimiento de su aplicación; comprobar que el registro presupuestal y contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicables.

Alcance

INGRESOS EGRESOS

Miles de Pesos Miles de Pesos

Universo Seleccionado 960,144.7 1,376,011.1

Muestra Auditada 960,144.7 602,760.2

Representatividad de la Muestra 100.0 % 43.8 %


Cuenta Descripción Universo Muestra %

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS

“Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”.

790,144.7 790,144.7 100.0

“Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014”.

170,000.0 170,000.0 100.0

Subtotal 960,144.7 960,144.7 100.0

EROGACIONES DE FIDEICOMISOS

“Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”.

1,376,011.1 602,760.1 43.8

Subtotal 1,376,011.1 602,760.1 43.8

FUENTE: Transferencia de recursos federales de la CONADE a fideicomisos estatales e integración de las erogaciones al 31 de diciembre de 2011 del “Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”.

Antecedentes

En mayo de 2008 la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco y la institución bancaria con RFC BSM970519-DU8 constituyeron el contrato de fideicomiso de inversión y fuente de pago núm. 2001436, denominado “Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011” (FINDE), el cual amplió su objeto en marzo de 2009, para incluir el pago de prestación de servicios de cualquier naturaleza, necesarios para la realización de los Juegos Panamericanos, mediante la


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celebración de un convenio modificatorio. En mayo de 2010, se celebró un convenio de sustitución fiduciaria y segundo convenio modificatorio, que dejó como fiduciario a la institución bancaria con RFC SIN941202-5I4.

El objeto del FINDE es establecer un instrumento financiero por medio de un mecanismo ágil y transparente para el ejercicio de recursos federales, estatales y municipales, que en su caso se llegaran a aportar, para destinarlos al pago de infraestructura y equipamiento deportivos; a la contratación de personal por parte de los fideicomitentes, en el esquema de honorarios y la organización de eventos deportivos, así como también, apoyo al deporte olímpico y paralímpico e investigación médica y rehabilitación, incluyendo todo lo relacionado con el antidopaje, en cumplimiento de los acuerdos del convenio celebrado con la CONADE para la realización de los juegos panamericanos, Guadalajara 2011.

Por otra parte, en octubre de 2009, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave y la institución bancaria con RFC SIN941202-5I4 celebraron el Contrato de “Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, cuyo objetivo es la construcción, desarrollo, remodelación y fortalecimiento de la infraestructura deportiva en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los juegos Centroamericanos 2014.

En 2011, la CONADE autorizó la aportación de recursos federales al FINDE por 790,144.7 miles de pesos mediante 4 convenios de colaboración y coordinación celebrados con el Gobierno del Estado de Jalisco; adicionalmente, autorizó la aportación de recursos federales por 170,000.0 miles de pesos al “Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, con la celebración de un convenio de colaboración y coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Resultados

Se observaron diferencias por 5,835,077.1 miles de pesos entre las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF); un pago de 93,000.0 miles de pesos por eventos y ensayos de los Juegos Panamericanos con recursos federales, en vez de estatales; un dictamen de procedencia de adjudicación directa sin fundamento, por el arrendamiento y adquisición de equipo de sonido para las diversas sedes deportivas por 10,384.6 miles de pesos; una adjudicación directa mal fundamentada del contrato núm. CODE/AD/SUPERVISIÓN ALLIOTH/2011, por 1,113.6 miles de pesos, la carencia de propuestas de otros proveedores, la omisión de diversas cláusulas en el contrato, como el lugar, la fecha, las condiciones de entrega de los servicios, las causales de recisión en caso de incumplimiento y la aplicación de penas convencionales, así como la aceptación de un cheque como garantía con el nombre incompleto del CODE Jalisco; deficiencias en la integración de expedientes de los procesos de adjudicación por la adquisición de suministros y equipos por 698.3 miles de pesos; un pago de 519.1 miles de pesos por la elaboración de un estudio de impacto ambiental con recursos federales, en vez de estatales; un contrato celebrado extemporáneamente, por 336.4 miles de pesos, para el desarrollo de un programa cultural y la coordinación para implementarlo; una omisión de la ampliación de la garantía de cumplimiento de un convenio modificatorio, por 19.5 miles de pesos; 22 prestadores de servicios emitieron recibos de honorarios sin fecha de expedición, por 1,304.8 miles de pesos; se pagó en exceso 1.3 miles de pesos a un prestador de servicios profesionales que fueron recuperados en el transcurso de la auditoría; faltó seguimiento del reintegro de remanentes de recursos federales transferidos al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 (FINDE); asimismo, se observaron la falta de celebración de sesiones ordinarias del Comité Técnico del fideicomiso del Estado de Veracruz, y deficiencias en las actas de sesiones del Comité Técnico del FINDE, así como carencias en los reportes de actividades de prestadores de servicios profesionales por honorarios, y deficiencias en los presentados; y un atraso en el depósito de recursos federales en la cuenta del FINDE, que generó una recuperación de 1,512.1 miles de pesos.




Se determinó(aron) 31 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del


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Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.


Las acciones están encaminadas a promover la observancia del marco normativo que regula las operaciones de la entidad fiscalizada, relativas a la comprobación y justificación de los recursos federales y estatales transferidos a los fideicomisos; la vigilancia de las cifras reportadas en la CHPF; la oportuna adjudicación y formalización de los servicios contratados, así como la promoción de sanciones a los servidores públicos infractores, en materia de ejercicio del gasto.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la CONADE no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los recursos transferidos y ejercidos por los fideicomisos estatales de Jalisco y Veracruz, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: entre las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se detectaron diferencias por 5,892.2 miles de pesos; se pagaron 93,000.0 miles de pesos por eventos y ensayos de los Juegos Panamericanos con recursos federales, en vez de estatales; un contrato por 1,113.6 miles de pesos se adjudicó directamente sin el debido fundamento; asimismo, se aceptó un cheque como garantía con el nombre incompleto del CODE Jalisco; un contrato por 336.4 miles de pesos, por el desarrollo de un programa cultural y la coordinación para su implementación se celebró extemporáneamente; se pagaron 519.1 miles de pesos por la elaboración de un estudio de impacto ambiental con recursos federales, en vez de estatales, y hubo un atraso en el depósito de recursos federales en la cuenta del “Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”, que generó una recuperación de 1,512.1 miles de pesos.


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Proyecto Desarrollo de Infraestructura Deportiva para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-11L6I-04-0420

DS-022

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisó la totalidad del universo seleccionado por un monto de 636,556.5 miles de pesos reportado como erogado en los ocho contratos que amparan la ejecución de las obras objeto del proyecto en 2011, por ser susceptible de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, como se muestra a continuación:

Contratos revisados (Miles de pesos)

Núm. de contrato Objeto Contratista Importe

ejercido 2011 CODE-FONATUR-04/2009 Construcción del estadio de

atletismo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 384,572.4

CODE-FONATUR-01/2009 Construcción del complejo acuático en el Parque Metropolitano de Guadalajara, Jalisco.


CODE-FONATUR-02/2011 Construcción de centro de remo y canotaje, en La Laguna de Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande, Jalisco.


CODE-FONATUR-01/2011 Construcción del estadio panamericano de rugby, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.


CODE-FONATUR-05/2009 Remodelación de patinodromo de hockey sobre ruedas, en la Unidad Deportiva Revolución.


CODE-FONATUR-03/2009 Remodelación de frontones, trinquete y pelota vasca, en la Unidad Deportiva Revolución.


008.07/2009-SEDEUR-DGOP-FINDE-CI Complemento de instalaciones eléctricas y acabados para el estadio de tenis (del centro de tenis en el Parque Metropolitano).

RRG Instalaciones y Construcciones Especializadas, S.A. de C.V.

5,846.8

DGOP-004.01/2008-SEDEUR-DGOP-FINDE-LP Construcción del domo de usos múltiples, en la Unidad Deportiva Revolución.

SPHAERA Construcciones, S.A. de C.V. 2,824.0

TOTAL 636,556.5 FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud del estado de Jalisco.


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Antecedentes

En 2011, la CONADE transfirió recursos al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011 (FINDE), en su carácter de organismo federal encargado de fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones; de elevar por medio de la cultura física y el deporte el nivel de vida de los habitantes en las entidades federativas y municipios; y de fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la cultura física y el deporte.

Conforme a las reglas de operación del FINDE, el CODE y la SEDEUR del Gobierno del Estado de Jalisco llevarían cabo los procedimientos de contratación, desarrollo y conclusión de las obras y equipamientos deportivos para dichos juegos.

Resultados

Pagos en exceso por 731.1 miles de pesos integrados de la manera siguiente: 125.9 miles de pesos, debido a que el contratista consideró en el análisis del cálculo e integración del costo por financiamiento un anticipo de 30.0%, en lugar del anticipo otorgado de 50.0%, y 605.2 miles de pesos, debido a la incorrecta autorización de cuatro precios extraordinarios.


En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 731.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF.


Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.

Dictamen: limpio

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere únicamente a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Gobierno del Estado de Jalisco cumplieron las disposiciones normativas aplicables en la materia.


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Consejo Nacional de Fomento Educativo

Erogaciones del Programa de Educación Inicial y Básica

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-11L6W-02-0394

DS-023

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena, con la finalidad de verificar que se observaron las disposiciones legales y normativas respecto de la autorización y ejercicio del presupuesto para el pago de figuras educativas, el proceso de contratación, recepción, pago, distribución, uso de materiales didácticos; cumplimiento de objetivos y metas, así como su registro presupuestal y contable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisó una muestra de 867,496.4 miles de pesos, que se integra por adquisiciones de bienes por 69,915.8 miles de pesos y por el pago de apoyos a figuras educativas por 797,580.6 miles de pesos, como se muestra a continuación:

Integración de la muestra auditada

(Miles de pesos)

Contrato y/o Pedido Proveedor Descripción del bien Importe

S/N Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

Materiales y útiles escolares 48,407.9

LPN LA-001L6001-N1-2011 El Surtidor Didáctico de Veracruz, S.A. de C.V.

Estructuras de Razonamiento matemático para Primaria y Secundaria

3,548.6

ADN/011/11 Asesores y Representaciones Editoriales, S.A.

La Máquina de Hacer Tareas 1,141.9

LPN LA-001L6001-N1-2011 Suministros Lary, S.A. de C.V. Kit de Instrumentos Musicales para Preescolar, Actividades Interactivas de Construcción

16,057.4

Sexto Convenio Específico al Convenio Marco de Cooperación de fecha 07 de Octubre de 2005

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

Mediateca Didáctica 760.0

Subtotal 69,915.8

Apoyos a Figuras Educativas1/ 797,580.6

Total 867,496.4 FUENTE: Contratos y pedidos de materiales y útiles escolares, así como de material didáctico. Estado del Ejercicio del Presupuesto al mes de Diciembre de 2011. 1/ Figura Educativa es la persona que apoya en las tareas educativas como el instructor comunitarios, Agente

Educativo Comunitario, Instructor Comunitario Líder, Capacitador Tutor, Asistente Educativo, Asesor Pedagógico Itinerante y Tutor Comunitario de Verano.


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Antecedentes

CONAFE tiene como principal objeto allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior.

El objetivo del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena es lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar con recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Resultados

1. La entidad no cuenta con Estructura Orgánica ni con un Manual General de Organización actualizados.

2. Las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios no incluyeron las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento.

3. La adquisición de cuatro auxiliares didácticos se formalizó mediante pedido, cuando debió ser por contrato; dichos pedidos no contiene los elementos requeridos por la normativa.

4. Deficiencias en el proceso de investigación de mercado y en la integración de los expedientes de las adquisiciones de los auxiliares didácticos.

5. En la adquisición de paquetes de útiles escolares y material para aula, no se contó con la documentación que acreditara la capacidad técnica, material y humana de la entidad adjudicada, para realizar los trabajos contratados.

6. Deficiencias en la revisión de la documentación, que originó un mismo pago dos veces.

7. La adquisición de los artículos que componen el equipamiento y los auxiliares didácticos, no se realizó con la anticipación suficiente para ser entregados en el inicio del ciclo escolar.

8. La Delegación del CONAFE en el Estado de Hidalgo no entregó el “Equipamiento” a las figuras educativas hasta 84 días después de haberlo recibido.

9. La Delegación de Hidalgo no tiene un adecuado control de las entradas, salidas y existencias de los bienes, por lo que los reportes que genera presentaron diferencias.

10. La Delegación del CONAFE en el Estado de Hidalgo destinó material para aula, por 81.1 miles de pesos, para usos distintos de los señalados en las Reglas de Operación.

11. Los auxiliares didácticos revisados no fueron entregados por la Delegación del CONAFE en Hidalgo hasta 120 hábiles después del inicio del ciclo escolar.

12. No se proporcionó la documentación comprobatoria de 323.6 miles de pesos, por el pago de apoyos a 84 figuras educativas de la Delegación del CONAFE en el Estado de Veracruz.

13. El registro presupuestal de material didáctico se registró incorrectamente en la partida 32701 “Patentes, regalías y otros”.

14. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos, por 3,072.0 miles de pesos, fuera del plazo establecido en la norma. Además, no se proporcionó la evidencia documental del reintegro de 191.8 miles de pesos.

15. En la Matriz de Indicadores de Resultados, el indicador de Fin no representa la contribución total del programa fiscalizado con el logro de los objetivos del Programa Sectorial de Educación y del Plan Nacional de Desarrollo; además, no cuenta con indicadores que midan el número de niños y jóvenes que permanecen y culminan la educación básica, lo cual forma parte de sus objetivos generales.


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Se determinaron recuperaciones probables por 81,798.6 miles de pesos.


Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones.


Las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientaron a fortalecer los mecanismos de control en la adquisición, recepción, supervisión y distribución de los materiales y útiles que se entregan a los beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena, en las que se detectaron áreas de riesgo; para promover la recuperación de recursos que no se comprobaron o aplicaron conforme a la normativa; y para promover el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias por los actos u omisiones de los servidores públicos.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Consejo de Fomento Educativo cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera del Programa de Educación Inicial y Básica, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la desactualización del Manual General de Organización y de los POBALINES; a que se realizaron pagos a 84 figuras educativas, por 323.6 miles pesos, por conceptos distintos de los autorizados; existen deficiencias en la integración de la investigación de mercado y en la integración de los expedientes de los procesos de contratación; a que los auxiliares didácticos y equipamiento no son entregados en el inicio del ciclo escolar a la población beneficiaria; existen deficiencias en el control de entradas y salidas del almacén; se entregó material para aula, por 81.1 miles de pesos, para usos distintos de los establecidos en la reglas de operación; no contó con la documentación que acredite la capacidad técnica, material y humana de la entidad adjudicada; en la Matriz de Indicadores para Resultados el Indicador de Fin no representa la contribución total del programa fiscalizado al logro de los objetivos del Programa Sectorial de Educación y del Plan Nacional de Desarrollo; no hay congruencia entre la actividad, el indicador y el método de cálculo relativos a las acciones de la contraloría social de las APEC; no cuenta con indicadores que midan el número de niños y jóvenes que permanecen y culminan la educación básica, lo cual forma parte de su objetivo; y las adquisiciones superiores a trescientas veces el salario mínimo general vigente fueron, formalizadas mediante pedido y no mediante contrato, como lo establece la normativa.


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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Impulso al Desarrollo de la Cultura

Auditoría de Desempeño: 11-0-11H00-07-0413

DS-024

Objetivo

Fiscalizar la política de impulso al desarrollo de la cultura para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en la cobertura de las actividades artísticas y culturales en la población nacional y en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia en el otorgamiento de apoyos para la creación del arte, y la promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el SED, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En 1921 se fundó la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, en 1982, la Subsecretaría de Cultura, con el fin de velar por la educación y la cultura de México. En 1988, el Gobierno Federal implementó el Programa de Modernización de la Cultura para dar solución a los principales problemas que enfrentaba la Subsecretaría de Cultura, entre los que destacaban: la falta de financiamiento para otorgar apoyos económicos para la creación del arte; las acciones culturales manipuladas por vaivenes políticos, estilos y personalidades; la falta de autonomía en decisiones culturales, ante la dependencia de la SEP, y la falta de desarrollo y fomento del arte y la cultura.

Por la necesidad de tener una institución que se encargara de la difusión del arte62/ y la preservación de la cultura63/ en nuestro país, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) el 7 de diciembre de 1988.

El CONACULTA, como órgano desconcentrado de la SEP, se encargaría de otorgar apoyos para la creación del arte y para promover y difundir la cultura y las artes y coordinar todas las unidades administrativas e instituciones públicas dedicadas a la cultura en el país.

En el Decreto de Creación del CONACULTA se señaló que para la constitución del consejo, el Ejecutivo Federal consideró, entre otros, que el Estado debería: estimular la creación artística y cultural, garantizando la plena libertad de los creadores; tener presencia esencialmente de organización y promoción federal; alentar las expresiones culturales de las distintas regiones y grupos sociales del país, y promover la más amplia difusión de los bienes artísticos y culturales entre los diversos sectores de la población mexicana, procurando siempre la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la nación.

Con objeto de otorgar apoyos económicos para la creación del arte, y promover y difundir el patrimonio artístico y cultural, el CONACULTA realiza sus actividades con el apoyo de 15 unidades responsables. Además, tiene la misión de formular y desarrollar estrategias y programas para promover, impulsar y fomentar la creación artística y cultural del país, considerados en el Decreto de Creación del CONACULTA y en el Manual General de Organización del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.64/

En el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 se identificaron dos ejes, seis objetivos y doce estrategias que se vinculan con las acciones de otorgamiento de apoyos para la creación del arte, y la promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural, las estrategias son: contar con una programación artística general con la participación de todas las áreas del consejo para armonizar tiempos y elaborar calendarios óptimos; programar

62/ Arte: estado de capacidad para hacer algo, siempre que implique un curso verdadero de razonamiento (método). Es un

producto secundario de la artesanía y la síntesis de las formas decorativas que resultan de la naturaleza del material, del procedimiento de trabajarlo y de la finalidad utilitaria que se pretende producir. Diccionario de Ciencias Sociales.

63/ Cultura: son aquellos atributos y productos propios de las sociedades humanas, sean valores; costumbres; utensilios y habilidades; vida doméstica y pública; religión; conocimientos, creencias; leyes, moral y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre. Diccionario de Ciencias Sociales.

64/ Diario Oficial, 2 de diciembre de 2009.


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actividades en materia de artes visuales, escénicas y literatura a mediano y largo plazos; contar con un programa de conferencias y charlas preparatorias a conciertos, ópera y ballet; conservar el libro como instrumento central para dar a conocer las culturas populares y sus creadores e investigadores, preservando y promoviendo la cultura escrita, con un Programa Editorial Anual; ampliar y fortalecer el uso de los medios digitales, a fin de que las páginas de Internet del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes sean verdaderos instrumentos de difusión y promoción de la cultura; generar convenios de colaboración y patrocinio para la difusión del patrimonio artístico y cultural con empresas del sector privado; optimizar la presencia de México en los organismos multilaterales y regionales; desarrollar en colaboración con otras dependencias e instituciones, tanto privadas como públicas, dedicadas a la difusión de las artes, proyectos de investigación sobre públicos en actividades artísticas para reorientar y reforzar el trabajo en los distintos espacios escénicos y foros; fortalecer los mecanismos y criterios para la asignación de los estímulos a la creación artística y la actividad cultural que otorgan los programas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; desarrollar nuevos sistemas de evaluación de proyectos para la creación del arte; incrementar el apoyo a proyectos de mediano y largo plazos que estimulen el desarrollo cultural, y revisar la pertinencia y consistencia de los programas de estímulos a la creación artística.

Resultados

En 2011, el CONACULTA dio acceso al patrimonio artístico y cultural a 36,459.3 miles de personas, el 33.5% de la población total del país de 108,813.4 miles de personas.

Las actividades artísticas y culturales realizadas en 2011 por el CONACULTA y otras unidades responsables fueron de 194.4 miles, lo que representó una disminución de 56.8%, respecto de las 449.5 miles de actividades realizadas en 2010; sin embargo, la SEP reportó en la Cuenta Pública un incremento de 56.8%.

En materia de estímulos a la creación artística, el CONACULTA no estableció indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias nacionales de mediano plazo, de desarrollar nuevos sistemas de evaluación de proyectos para la creación del arte, y de revisar la pertinencia y consistencia de los programas de estímulos a la creación artística. Además, no acreditó que en 2011 hubiera apoyado proyectos de mediano y largo plazos que estimulan el desarrollo cultural, ni que hubiera desarrollado nuevos sistemas para la evaluación de los proyectos a los que se les destina un apoyo.

En materia de promoción del patrimonio artístico y cultural, el CONACULTA no estableció indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias nacionales de mediano plazo, de optimizar la presencia de México en los organismos multilaterales y regionales, y de desarrollar en colaboración con otras dependencias e instituciones, tanto privadas como públicas, proyectos de investigación sobre públicos en actividades artísticas para reorientar y reforzar el trabajo en los distintos espacios escénicos y foros. Asimismo, no acreditó que hubiera realizado actividades en materia de artes visuales, escénicas y literatura a mediano y largo plazos, ni las que respondían a ciclos o circuitos coherentes y articulados, nacionales e internacionales y careció de la metodología y de la memoria de cálculo para verificar los resultados del indicador “Tasa de crecimiento de las actividades y proyectos de promoción y cooperación cultural internacionales”.

En materia de difusión del patrimonio artístico y cultural, el CONACULTA no estableció indicadores ni metas para cumplir con la misión de establecer los canales de comunicación idóneos entre el consejo, los medios de comunicación masiva y la sociedad, para difundir con oportunidad las diversas acciones que en materia artística y cultural desarrollan las diferentes unidades que lo integran, ni para evaluar el cumplimiento de las estrategias nacionales de mediano plazo, de contar con un programa de conferencias y charlas preparatorias a conciertos, ópera y ballet; de conservar el libro como instrumento central para dar a conocer las culturas populares y a sus creadores e investigadores, preservando y promoviendo la cultura escrita, con un Programa Editorial Anual; de ampliar y fortalecer el uso de los medios digitales, a fin de que las páginas de Internet del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes sean verdaderos instrumentos de difusión y promoción de la cultura, y de contar con una programación artística general en la participación de todas las áreas del consejo para armonizar tiempos y elaborar calendarios óptimos. Asimismo, no acreditó la elaboración de un programa editorial para conservar el libro como instrumento central, ni que hubiera realizado la programación artística general para mejorar las acciones de difusión; que hubiera difundido con oportunidad las acciones de las diferentes unidades del consejo ni que hubiera establecido canales de comunicación idóneos entre el consejo, los medios de comunicación masiva y la sociedad. Tampoco propició la generación de convenios de colaboración y patrocinio con empresas del sector privado, a fin de difundir el patrimonio artístico y cultural.


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El CONACULTA no acreditó la diferencia de 101 apoyos entre los 1,586 reportados en la MIR del programa presupuestario E011 y los 1,687 reportados en los registros internos del consejo. La SEP no acreditó la diferencia de 36 apoyos menos, entre los 1,651 reportados en la Cuenta Pública y los 1,687 apoyos en los registros internos del CONACULTA; no organizó la información de su sistema contable para identificar los gastos de las acciones vinculadas con los apoyos para la creación del arte, y la promoción y la difusión del patrimonio artístico y cultural; no realizó la evaluación del programa presupuestario E011, ni vinculó los objetivos de la MIR con los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, y no presentó información suficiente en los documentos de rendición de cuentas para determinar el cumplimiento de objetivos y metas sobre el impulso al desarrollo de la cultura.


Respecto del objetivo nacional de lograr que todos los mexicanos tuvieran acceso a la participación del patrimonio artístico, el CONACULTA benefició a 36,459.3 miles de personas, lo que representó el 33.5% de los 108,813.4 miles de personas de la población nacional. En materia de apoyos a la creación del arte, de promoción y difusión, la entidad careció de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias de promover y difundir el patrimonio artístico, establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, así como de sistemas de información con mecanismos de actualización para la toma de decisiones.



Las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientan a diseñar indicadores y metas para medir el cumplimiento de los apoyos a la creación del arte, y de la promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural; fortalecer sus mecanismos de control, y adoptar las medidas requeridas para cumplir con las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, a fin de fortalecer las actividades que impulsen el desarrollo cultural.

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la política de impulso al desarrollo de la cultura, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que no diseñó indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 de: incrementar el apoyo a proyectos de mediano y largo plazos que estimulen el desarrollo cultural; desarrollar nuevos sistemas para la evaluación de los proyectos apoyados por el consejo; revisar la pertinencia y consistencia de los programas de estímulo a la creación artística; programar actividades en materia de artes visuales, escénicas y literatura a mediano y largo plazos, que respondan a ciclos o circuitos coherentes y articulados, nacionales e internacionales; optimizar la presencia de México en los organismos multilaterales y regionales; contar con un programa de conferencias y charlas preparatorias a conciertos, ópera y ballet; desarrollar, en colaboración con otras dependencias e instituciones privadas y públicas dedicadas a la difusión de las artes, proyectos de investigación sobre públicos en actividades artísticas para reorientar y reforzar el trabajo en los distintos espacios escénicos y foros; conservar el libro como instrumento central para dar a conocer las culturas populares y a sus creadores e investigadores, preservando y promoviendo la cultura escrita, con un Programa Editorial Anual; contar con una programación artística general con la participación de todas las áreas del consejo para armonizar tiempos y elaborar calendarios óptimos, y generar convenios de colaboración y patrocinio para la difusión con empresas del sector privado. Tampoco acreditó las diferencias en cifras de los reportes internos de apoyos a la creación del arte, ni organizó la información del sistema contable para determinar los costos de los apoyos para la creación del arte, de la promoción y de la difusión del patrimonio artístico y cultural; no vinculó los objetivos de la MIR con los del Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, y no presentó información suficiente en los principales documentos de rendición de cuentas para evaluar el cumplimiento de los objetivos relacionados con el impulso al desarrollo de la cultura.


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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes


Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-11H00-02-0416

DS-025

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en las partidas 33104 "Otras Asesorías para la Operación de programas"; 33301 "Servicios de Informática"; 33604 "Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades"; 33903 "Servicios Integrales" y 38401 "Exposiciones", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se seleccionaron para su revisión 400,207.7 miles de pesos, que representan el 74.5% del presupuesto total ejercido de 537,189.1 miles de pesos, en el programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”.

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA

(Miles de pesos)

Partida de Gasto

Descripción Importe Revisado (Miles de pesos)

33104 Otras Asesorías para la Operación de Programas

191,253.2

33301 Servicios de Informática 41,449.1

33604 Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades

33,344.2

33903 Servicios Integrales 106,592.8 38401 Exposiciones 27,568.4

Total 400,207.7

FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría.

Antecedentes

El programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura” tiene como fin el contribuir a que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país, como parte de su pleno desarrollo como seres humanos, a través de la producción de bienes y prestación de servicios culturales.

Está alineado al Objetivo 3 “Igualdad de Oportunidades” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y al Programa Sectorial de Educación, el cual contempla ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad y al Objetivo Estratégico de ofrecer espacios para que la infraestructura cultural instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para


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elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.

Resultados

− En las partidas 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas” y 33903 “Servicios Integrales” se presentaron sobreejercicios relevantes del 3,162.5% (124,963.7 miles de pesos) y 2,710.3% (217,988.8 miles de pesos), respectivamente.

− El CONACULTA no reconoció los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por 516,708.1 miles de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF), ya que en ningún momento informó a la SEP, ni a la SHCP, sobre el monto y características del pasivo circulante.

− El saldo del pasivo circulante en la cuenta contable 212060 “Acreedores Pasivo 2011” fue por 1,187,301.3 miles de pesos el cual no se registró en el “Módulo del Presupuesto Comprometido” ni en el “Módulo de ADEFAS” del Sistema Integral de Programación y Presupuesto del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.

− De los saldos de 22 cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2011 por un monto total de 70,159.1 miles de pesos, no demostró que 34,062.7 miles de pesos estaban devengados, ni realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación.

− De la partida de gasto 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas” de carácter restringido por 191,253.2 miles de pesos, no dio cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos para regular los gastos restringidos” emitidos por el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública.

− Se realizaron adjudicaciones directas por 31,991.7 miles de pesos sin garantizar las mejores condiciones para el Estado.

− De los CD de la obra musical titulada “Los Años de la Revolución” entregados a las 11 unidades administrativas se identificó que 7,815 por 453.3 miles de pesos no se destinaron para el fin para el cual fueron adquiridos y 48,780 unidades por 2,829.2 miles de pesos al cierre de la auditoría (octubre 2012) no se tenía determinado el destino de los mismos.

− De la Adjudicación Directa por Excepción a Licitación con la empresa Artmex Viajes, S.A. de C.V., por 54,887.9 miles de pesos para la conmemoración del día de la independencia se carece del expediente de contratación que resguarde la información y documentación generada del proceso de adjudicación.

− No llevó a cabo la “Evaluación de Consistencia y Resultados” del programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura” mediante la evaluación externa señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.




Se determinó(aron) 28 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 22 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 10 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente mecanismos de control y supervisión que contribuyan a mejorar los procesos de planeación, programación y presupuestación relacionados con la celebración de eventos culturales, con base a la priorización de necesidades a fin de evitar sobreejercicios; el pasivo circulante se informe a la SHCP; se implemente un sistema integral de información que le permita llevar controles y registros actualizados y confiables que reflejen las operaciones realizadas en materia de adquisiciones; se establezcan políticas para la comprobación de los gastos para contar con información y documentación de forma clara, de acceso ágil y sencillo y que genere una adecuada transparencia y rendición de cuentas; que los expedientes relacionados con los procedimientos de contratación se integren con todos los documentos que amparen dicho proceso; las CLC cuenten con toda la documentación que justifique el pago y se emitan a favor de los beneficiarios directos; se realicen las investigaciones de mercado que sustenten la elección de los procedimientos de contratación con las mejores condiciones para el Estado; el registro presupuestal se realice conforme al Clasificador por Objeto del Gasto; la justificación de las contrataciones describa de manera sucinta


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el objetivo del evento, la población objetivo, cobertura, criterios de selección de los espacios y participantes y la descripción a detalle de las necesidades en cuanto cantidad y calidad; que los contratos contengan la descripción pormenorizada de los servicios; se cuente con la información financiera y los documentos que comprueben la aplicación de los recursos federales y realicen las acciones necesarias con la SHCP para que el pago a los proveedores y prestadores de servicios se efectúe mediante abono de la TESOFE en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: no reconoció las ADEFAS reportadas en la CHPF por 516,708.1 miles de pesos ya que generó un pasivo circulante por 1,187,301.3 miles de pesos no registrados en el “Módulo del Presupuesto Comprometido”, ni en el “Módulo de ADEFAS”, ni los informó a la SHCP; no demostró que los saldos por 34,062.7 miles de pesos de 22 cuentas bancarias estaban devengados al 31 de diciembre de 2011; las partidas restringidas 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas” y 38401 “Exposiciones” no se sujetaron a los “Lineamientos para regular los gastos restringidos”; realizó adjudicaciones directas por 31,991.7 miles de pesos sin garantizar las mejores condiciones para el Estado; no cuenta con un sistema de control de inventarios; 7,815 discos compactos de una obra musical por 453.3 miles de pesos no se destinaron para el fin para el cual fueron adquiridos y 48,780 unidades por 2,829.2 miles de pesos no se tenía determinado el destino de los mismos; no se contó con la información y documentación del proceso de contratación celebrado con Artmex Viajes, S.A. de C.V.; emitió Cuentas por Liquidar Certificadas por 6,498.6 miles de pesos sin estar a favor de los beneficiarios directos; y no cumplió con la realización de la “Evaluación de Consistencia y Resultados” del programa presupuestario E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura mediante la evaluación externa señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.


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Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

Ingresos y Egresos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-2-11MAX-02-0094

DS-026

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y los egresos de la paraestatal, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos de cobro y de pagos, su registro contable y presentación en la Cuenta Pública; asimismo, evaluar los mecanismos de control establecidos, la administración de los riesgos inherentes a la operación, el cumplimiento de objetivos y metas y su rentabilidad.

Alcance

INGRESOS EGRESOS


Universo Seleccionado 1,574,216.8 1,563,856.9



De los 1,574,216.8 miles de pesos de ingresos obtenidos por IEPSA, se revisó una muestra de 439,366.8 miles de pesos, el 27.9%, que corresponde a las ventas realizadas a siete entidades públicas, entre ellas, al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Asimismo, de los egresos por 1,563,856.9 miles de pesos, se revisaron 372,292.2 miles de pesos, el 23.8%, siendo el importe más representativo por concepto de compras de materias primas y materiales indirectos.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA

(Miles de pesos) Ingresos Egresos

Clientes Importe Concepto Importe Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 320,216.1

Compras de materias primas y materiales indirectos 247,632.1

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 37,010.2

Gastos indirectos de fabricación, venta y administración 43,373.8

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 37,006.2 Impuestos federales y locales 63,721.6 Otras cuatro entidades públicas 45,134.3 Sueldos y otras prestaciones 17,564.7

Total 439,366.8 Total 372,292.2

FUENTE: Registros auxiliares de facturación, cobranza, adquisiciones de materias primas y materiales, gastos, impuestos y nóminas.

Cabe mencionar que la entidad no recibe recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que los ingresos que genera corresponden a recursos obtenidos de la venta de bienes y servicios relacionados con las artes gráficas.

Sin embargo, los egresos se deben ejercer con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en función de los ingresos generados, y se clasifican en gasto corriente, inversión física e inversión financiera.


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Antecedentes

Es una empresa paraestatal dedicada a las artes gráficas en el ramo de impresión y encuadernación de publicaciones de tipo cultural, educativo, técnico y comercial. Adscrita al sector educativo, tiene como compromiso la difusión de la cultura.

Resultados

1. IEPSA obtuvo un presupuesto original de 581,210.0 miles de pesos, y con motivo de la cobranza realizada durante el primer semestre del año, incrementó su ingresos por 567,322.9 miles de pesos, por los que obtuvo una ampliación a su presupuesto, sin embargo, los ingresos excedentes obtenidos de agosto a diciembre de ese año, por 560,970.1 miles de pesos, no fueron regularizados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni reportados en la Cuenta Pública 2011.

2. Las políticas y los manuales de procedimientos de la entidad no establecen los márgenes de utilidad mínimos que deben obtenerse por cada operación comercial, ni los periodos de crédito por otorgar a los clientes.

3. Las ventas realizadas durante 2011 no reflejan márgenes de utilidad uniformes, y los precios de venta no cubren adecuadamente los costos de producción y gastos de operación; los márgenes de utilidad de algunos clientes son mínimos o reflejan pérdidas, ya que el precio de venta es menor que el costo de producción, tal es el caso de las ventas al accionista mayoritario (Fondo de Cultura Económica).

4. IEPSA duplicó el importe del aguinaldo en la base para la determinación del Impuesto sobre Nóminas, situación que generó pagos adicionales por 111.8 miles de pesos, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Asimismo, se presentaron y pagaron declaraciones complementarias con sus correspondientes actualizaciones y recargos del Impuesto Sobre la Renta, ISR retenciones por salarios, ISR retenciones por servicios profesionales e Impuesto al Valor Agregado por 1,478.0 miles de pesos, debido a la compensación errónea de un saldo a favor que ya había sido amortizado en el ejercicio anterior.

5. El rubro de Edificios se incrementó por conceptos como remodelación, pintura y adaptaciones, entre otros, por 15,693.7 miles de pesos, en contra de lo que establecen las Normas de Información Financiera y los Criterios de Capitalización.

6. Como resultado del análisis de la rentabilidad de las inversiones realizadas por IEPSA, se concluyó que la entidad tiene una disminución en su capacidad para generar utilidades debido principalmente a los precios de venta con los que se obtiene un margen de utilidad mínimo y otros con pérdida; lo anterior se debe a presiones internas y de competencia del mercado interno y externo, situación que puede llevar a la misma a incurrir en un problema de Negocio en Marcha como lo establecen las Normas de Información Financiera.




Las acciones emitidas a la entidad fiscalizada tienen como finalidad mejorar sus procesos, señalar las áreas de oportunidad y eficientar el sistema de control y su gestión.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que la entidad no regularizó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 560,970.1 miles de pesos ni los reportó en la Cuenta Pública 2011; la entidad consideró una compensación indebida de un saldo


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a favor que ya había sido amortizado en el ejercicio anterior, por lo que se tuvieron que presentar declaraciones complementarias de impuestos federales que generaron actualizaciones y recargos por 1,478.0 miles de pesos erogados en 2012; y realizó ventas por 38,875.0 miles de pesos, menores que el costo de producción de 42,054.0 miles de pesos al accionista mayoritario, lo que resultó en una pérdida por 3,179.0 miles de pesos, el 7.6%.


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Instituto Nacional de Antropología e Historia


Auditoría de Desempeño: 11-0-11D00-07-0414

DS-027

Objetivo


Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del INAH, en términos de la eficacia en el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario E011 “Impulso al desarrollo de la cultura”; la eficiencia en la promoción y difusión del patrimonio arqueológico e histórico; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el SED, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En 1897, por primera vez en México, se reconoció que la nación era la propietaria de los inmuebles arqueológicos y que su custodia se encargaría tanto al Gobierno Federal como a los gobiernos estatales.

A principios de 1930 se expidió la primera Ley Posrevolucionaria de Protección al Patrimonio Cultural, y se determinó fusionar a la Dirección de Arqueología con la Inspección General de Monumentos para constituir el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la SEP.

En 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley con el fin de transformar el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la SEP en un instituto que, al tener personalidad jurídica propia, contaría con recursos superiores a los que el Gobierno Federal podría suministrarle, recibiendo aportaciones de las autoridades estatales y municipales, así como fondos particulares. El 3 de febrero de 1939, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El INAH se formó con los elementos que habían correspondido al Departamento de Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos; al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, y a los demás museos de la SEP.

Fue en 1966, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia logró la modificación de la fracción XXV, del artículo 73 de la Constitución Política, para establecer la facultad de la Federación de legislar sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos; dicha reforma dio frutos al expedirse, en abril de 1972, una nueva Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y, en 1975, su reglamento.

Los años setenta se distinguen por el crecimiento y diversificación del INAH. En esta etapa, se crearon 16 centros en el interior del país. Actualmente hay uno en cada estado de la república.

De 1981 a 1985 se realizaron diagnósticos para redefinir los programas de trabajo y presentar las reformas a su Ley Orgánica, que fueron aprobadas en diciembre de 1985 y publicadas en el año siguiente.

En 1989, la Dirección de Monumentos Históricos cambió su estructura funcional y se convirtió en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que tenía a su cargo la conservación, restauración, protección, catalogación, investigación y difusión del patrimonio histórico edificado de la nación.

En la década de los noventa se llevó a cabo una reestructuración integral del INAH, a fin de estar en condiciones de ofrecer la respuesta que el Gobierno de la República y la sociedad en su conjunto demandaban.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del INAH, son objetivos generales del instituto la promoción y difusión de las materias y actividades que son de su competencia.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció el objetivo de lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute del patrimonio cultural e histórico del país.


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De acuerdo con el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, la promoción y difusión culturales representan la verdadera socialización de la cultura, el proceso mediante el cual los valores de la cultura se convierten en bienes sociales.

Actualmente, la promoción del patrimonio arqueológico e histórico permite al INAH propiciar y generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan; y la difusión, como actividad sustantiva, tiene una doble vertiente: como instancia académica de salida a las investigaciones, y como responsable de divulgar, mediante exposiciones, material impreso y audiovisual, entre otros, los nuevos hallazgos paleontológicos, arqueológicos e históricos, así como las interpretaciones del pasado y la conformación plural del presente.

Resultados

En 2011, el INAH logró que 18,321.6 miles de visitantes nacionales y extranjeros tuvieran acceso a la participación del patrimonio arqueológico e histórico, el 16.8% de la población total del país (108,813.4 miles de personas). La entidad no acreditó los criterios utilizados para determinar la meta original para 2011, de lograr que el 13.6% de la población nacional lograra tener acceso a las zonas arqueológicas y sitios históricos.

Para 2011, el instituto no diseñó indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias que en materia de promoción y difusión del patrimonio arqueológico e histórico se establecieron en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.

En cuanto a la promoción del patrimonio arqueológico e histórico, el instituto no acreditó el cumplimiento de las estrategias nacionales de: incrementar el número de convenios para mejorar la operación de museos y zonas arqueológicas abiertas al público, e impulsar nuevos itinerarios turísticos.

En relación con la difusión del patrimonio arqueológico e histórico, el instituto no acreditó el cumplimiento de las estrategias nacionales de: utilizar los medios impresos, audiovisuales y foros públicos para difundir la investigación realizada por las áreas académica y de conservación; mejorar los canales de comercialización y difusión de los libros y revistas; fomentar el uso de la impresión digital y los soportes electrónicos como un medio eficaz para publicar la producción científica del instituto; adecuar el programa de publicaciones periódicas para garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad editorial, y establecer el programa de reedición de libros, videos y fonogramas para garantizar el cumplimiento de los criterios de demanda tanto del mercado abierto como del académico.

El INAH no organizó la información de su sistema contable para determinar los costos de la promoción y la difusión del patrimonio arqueológico e histórico; no evaluó el desempeño del programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”, y no presentó en los principales documentos de rendición de cuentas información suficiente, respecto de la promoción y difusión del patrimonio arqueológico e histórico, que permita determinar si se están cumpliendo los objetivos y metas institucionales correspondientes.


Respecto del objetivo nacional de lograr que todos los mexicanos tuvieran acceso a la participación del patrimonio arqueológico e histórico, en 2011 el INAH logró beneficiar a 18,321.6 miles de visitantes, lo que representó el 16.8% de los 108,813.4 miles de personas de la población nacional. En materia de promoción y difusión, la entidad careció de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias de promover y difundir el patrimonio arqueológico e histórico, establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, así como de sistemas de información con mecanismos de actualización para la toma de decisiones.



Las acciones emitidas se orientan a promover el diseño e instrumentación de indicadores y metas anuales en materia de promoción y difusión del patrimonio arqueológico e histórico, para evaluar el cumplimiento de las estrategias sectoriales, y establecer un sistema de información con mecanismos de actualización permanente que permita al INAH determinar si se están cumpliendo los objetivos y metas institucionales.


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Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la política de impulso al desarrollo de la cultura, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que no acreditó para 2011 los criterios utilizados para estimar el porcentaje de participación de visitantes al patrimonio arqueológico e histórico; no diseñó indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, de: incrementar el número de convenios para mejorar la operación de museos y zonas arqueológicas abiertas al público; utilizar los medios impresos, audiovisuales y foros públicos para difundir la investigación realizada por las áreas académica y de conservación; mejorar los canales de comercialización y difusión de los libros y revistas; fomentar el uso de la impresión digital y los soportes electrónicos como un medio eficaz para publicar la producción científica del instituto; adecuar el programa de publicaciones periódicas para garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad editorial, y establecer el programa de reedición de libros, videos y fonogramas para garantizar el cumplimiento de los criterios de demanda tanto del mercado abierto como del académico. Tampoco organizó la información del sistema contable del instituto para determinar los costos de la promoción y difusión del patrimonio arqueológico e histórico; no evaluó el desempeño del programa para 2011, y no presentó información suficiente, respecto de la promoción y difusión del patrimonio arqueológico e histórico en los principales documentos de rendición de cuentas, para determinar que se están cumpliendo los objetivos y metas institucionales correspondientes.


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Instituto Nacional de Antropología e Historia

Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-11D00-02-0417

DS-028

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fideicomiso y verificar que sus ingresos y egresos se autorizaron, registraron y reflejaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa.

Alcance

INGRESOS EGRESOS


Universo Seleccionado 264,991.3 100,579.2



Los 264,991.3 miles de pesos correspondieron a los ingresos del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México, integrados por 235,789.6 miles de pesos de aportaciones de recursos fiscales, 28,813.5 miles de pesos de rendimientos financieros y 388.2 miles de pesos de reintegros de unidades ejecutoras del gasto, los cuales se revisaron al 99.9% y se presentaron en el reporte “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2011”, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, se revisó el 100.0% de los egresos por 100,579.2 miles de pesos, de los cuales 95,139.1 miles de pesos correspondieron a retiros al patrimonio del fideicomiso, utilizados para sufragar gastos realizados por el INAH en diversos proyectos, y 5,440.1 miles de pesos al pago de honorarios y comisiones.

Resultados

1. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyos objetivos generales son la investigación científica sobre antropología e historia, relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico, histórico y paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de este patrimonio, así como la promoción y la difusión de las materias y actividades que por ley son de su competencia.

Para el efecto, la Cámara de Diputados le aprueba los montos de gasto corriente y de capital (inversión), incluyendo en éste las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen, que año con año deben incluirse en los respectivos Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF).

El INAH tiene la función indelegable de ejecutor de gasto y como tal debe observar las disposiciones que regulan la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal para realizar sus actividades.

2. En agosto de 2007, servidores públicos del INAH plantearon a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados la aprobación para 2008 de un fondo acumulable, multianual, de 100,000.0 miles de pesos, adicional al presupuesto que anualmente se le autorizaba a ese órgano desconcentrado de la SEP, que le permitiría un margen de maniobra para atender situaciones de emergencia.

En el PEF 2008 no se solicitó ninguna partida de gasto para conformar un fondo como el señalado en el párrafo anterior. No obstante, durante la revisión del proyecto, los legisladores consideraron conveniente autorizar, en forma independiente al presupuesto del INAH, una erogación por 300,000.0 miles de pesos


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para un concepto que denominaron "Fondo Arqueológico-INAH", sin especificar su forma de constitución o naturaleza jurídica, su objeto o propósito, el responsable, sus características y temporalidad.

3. El 1° de diciembre de 2008, la SHCP y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, S.N.C. (BANJERCITO), con la comparecencia de la SEP y del INAH, celebraron un contrato de fideicomiso de administración y pago, de carácter no paraestatal, al que denominaron "Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México", cuyo patrimonio inicial se integraría con una aportación por 208,291.0 miles de pesos.

La finalidad de ese fideicomiso sería que el fiduciario, previa instrucción del INAH, retirara recursos del patrimonio del fideicomiso y con ellos pagara las obligaciones de gasto público derivadas de las adquisiciones de bienes, contratación de servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas, que realice ese órgano desconcentrado de la SEP, en forma independiente a su presupuesto autorizado.

4. Los proyectos considerados dentro de su presupuesto autorizado, como aquéllos cuyas obligaciones son pagadas con recursos retirados del fideicomiso, se realizan por las diversas áreas competentes del INAH.

Durante 2011, el INAH gastó 100,579.2 miles de pesos (95,139.1 miles de pesos de gastos de diversos proyectos y 5,440.1 miles de pesos del pago de honorarios y comisiones), adicionales a su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Para ello, dispuso de recursos del patrimonio del fideicomiso y, sin registrarlos como un aprovechamiento, ni solicitar la ampliación a su presupuesto, llevó a cabo gastos para la atención normal de programas y proyectos que tiene a su cargo. Dichas erogaciones no se registraron presupuestal ni contablemente y tampoco se reportaron en la Cuenta Pública.

5. La Cámara de Diputados en el PEF 2011 no autorizó asignación de gasto para el concepto Fondo Arqueológico; sin embargo, al igual que en años anteriores, el INAH decidió transferir recursos de su presupuesto autorizado para 2011 y aportarlos al Fondo Arqueológico por 235,789.6 miles de pesos.

De 2009 a 2010, el INAH ha transferido 512,424.4 miles de pesos de su presupuesto autorizado al Fondo Arqueológico, que sumados a las aportaciones que con recursos aprobados por la Cámara de Diputados se le han hecho (408,291.0 miles de pesos), más los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos y reembolsos (68,678.1 miles de pesos), con lo que el fideicomiso ha tenido ingresos totales desde su constitución por 989,393.5 miles de pesos.

Al margen de la normativa que regula el ejercicio y la rendición de cuentas del gasto público, en el periodo 2009-2011 se habían retirado recursos del patrimonio del Fideicomiso por 149,549.3 miles de pesos, con lo que su patrimonio, al 31 de diciembre de 2011, ascendió a 839,844.2 miles de pesos. A esa fecha el INAH informó que 459,158.8 miles de pesos del patrimonio del Fideicomiso ya habían sido comprometidos en años subsecuentes, en contraste con lo dispuesto por la normativa que regula el gasto público federal.

6. Específicamente en 2011, a partir de retiros al patrimonio Fideicomiso por 94,983.4 miles de pesos, el INAH atendió el gasto correspondiente a la realización de 19 proyectos, de los cuales dos correspondieron a la adquisición de predios, y los 17 restantes, se refieren a obra pública y la conservación y mantenimiento de zonas arqueológicas y edificios patrimonio de la nación. El INAH conservó la documentación comprobatoria y justificatoria de los pagos realizados.

7. Los rendimientos generados por la inversión del patrimonio del Fideicomiso, la cual estuvo a cargo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), como fiduciario, ascendieron a 28,813.5 miles de pesos y representaron una tasa de 3.7% anual sobre el saldo promedio anual de 765,024.3 miles de pesos.



Lo anterior se determinó con el propósito de impulsar reformas a la legislación.

Dictamen: limpio

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.


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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.

Sugerencias a la Cámara de Diputados

Revisar los criterios bajo los cuales se consideró la disposición contenida en el Anexo 23 B del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, que previó la existencia del Fondo Arqueológico (INAH), el cual fue constituido por el Ejecutivo Federal bajo la figura de un fideicomiso público no paraestatal, a cuyo patrimonio el Instituto Nacional de Antropología e Historia le ha venido aportando y retirando recursos para efectuar un gasto destinado a programas y proyectos que deberían estar comprendidos en su presupuesto autorizado, lo que ha posibilitado que ese órgano desconcentrado lleve a cabo un gasto público paralelo, que no se registra ni contable, ni presupuestalmente y el cual tampoco se refleja en la Cuenta Pública.


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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura


Auditoría de Desempeño: 11-0-11E00-07-0415

DS-029

Objetivo


Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del INBA, en términos de la eficacia en el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario E011 “Impulso al desarrollo de la cultura”; la eficiencia en la promoción y difusión del patrimonio artístico; la economía en la aplicación de los recursos asignados; los avances en el SED, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En junio de 1922, la reforma al artículo decimocuarto de la Constitución de 1917 estableció las bases para la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuya organización se desarrolló en una estructura departamental. Durante la década de 1930, se creó el Departamento de Bellas Artes con la finalidad de la enseñanza, conservación y difusión de las artes, el cual fue objeto de cambios que extendieron sus funciones y estructura, hasta convertirse de 1934 a 1946 en la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, unidad responsable de las atribuciones relacionadas con la cultura y las artes. En 1934 el Palacio de Bellas Artes quedó a cargo del Departamento de Bellas Artes.65/

El 31 de diciembre de 1946, el H. Congreso de la Unión creó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), mediante Decreto de Ley, como órgano desconcentrado y dependiente de la SEP, con personalidad jurídica propia y facultades para formar su patrimonio, responsable del cultivo, fomento, estímulo e investigación de las bellas artes, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura, así como la organización y la difusión de las bellas artes, por todos los medios posibles.66/

Respecto de las obligaciones del Estado, en la Exposición de Motivos de la misma ley se señala que éste debe atender, por su trascendencia evidente, la acción que el arte, en todas sus formas, es capaz de ejercer en la consolidación de la mexicanidad; debe abarcar tanto la conservación del legado artístico del pasado en todas sus formas, como la recolección de las obras actuales, y la orientación y el fomento de las actividades artísticas que en el futuro se desarrollen.

Así, el patrimonio artístico del INBA se integró con las pinturas, esculturas y demás obras de arte que eran propiedad del Gobierno Federal, además de los edificios públicos que albergaban dichas obras; las instalaciones de las principales escuelas de formación en las diversas ramas de las artes, y todos aquellos bienes artísticos que el instituto adquirió y recibió por herencia, legado o donación.67/

En 2007, las brechas existentes en la sociedad impedían que gran parte de la población tuviera acceso a la cultura y las artes, y los esfuerzos para ampliar el alcance y la profundidad de la acción pública en materia de cultura y arte, no eran suficientes. Asimismo, existía una fuerte centralización de las actividades artísticas en la capital del país y una limitada promoción de las artes por disociación entre la oferta cultural y los públicos a los que se debía atender.68/

65/ El arte es el estado de capacidad para hacer algo, siempre que implique un curso verdadero de razonamiento (método).

Es un producto secundario de la artesanía y la síntesis de las formas decorativas que resultan de la naturaleza del material, del procedimiento de trabajarlo y de la finalidad utilitaria que se pretende producir.

66/ Diario Oficial, 31 de diciembre de 1946. 67/ http://www.bellasartes.gob.mx 68/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial, 31 de mayo de 2007, y Consejo Nacional

para la Cultura y las Artes, Programa Nacional de Cultura 2007-2012, México, 2007.


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Actualmente, el INBA promueve y difunde el patrimonio artístico, y las actividades que desarrolla en esta materia abarcan las diferentes manifestaciones en los campos de la danza, el teatro, la literatura, las artes plásticas, la música, la ópera y la arquitectura. Para ello, el Instituto cuenta con infraestructura cultural que incluye escuelas, teatros, museos, galerías, centros de investigación y conservación, un centro de conservación, el Centro Cultural del Bosque y el Palacio de Bellas Artes, ámbitos naturales para el trabajo de creadores, agrupaciones y especialistas del patrimonio artístico de la nación.

La promoción del patrimonio artístico se refiere a la acción de propiciar o generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan, en tanto que la difusión es hacer del conocimiento público los hechos culturales para que sean disfrutados, apreciados y valorados; para ello, el instituto planea, organiza, dirige y controla las actividades para la difusión de las artes, mediante los medios de comunicación social.69/

A 65 años de su creación, el instituto, como establece su Ley Orgánica, continúa siendo el principal órgano federal responsable de la difusión y promoción del patrimonio artístico, la educación e investigación artísticas, así como de la preservación y conservación del patrimonio mueble e inmueble de los siglos XX y XXI.70/

Resultados

En 2011, el INBA logró que 7,536.9 miles de personas tuvieran acceso a la participación del patrimonio artístico, el 6.9% de la población total del país (108,813.4 miles de personas). La entidad no acreditó los criterios utilizados para determinar la meta original de 2011, de lograr que el 5.0% de la población nacional lograra tener acceso al patrimonio artístico.

Para 2011, el instituto no diseñó indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias que en materia de promoción y difusión del patrimonio artístico se establecieron en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.

Respecto de la promoción del patrimonio artístico, el instituto no acreditó el cumplimiento de las estrategias nacionales de: desarrollar una programación integral de mediano y largo plazos de la promoción cultural nacional e internacional; realizar la programación de las actividades de sus teatros de acuerdo con su vocación; impulsar la presentación de las manifestaciones artísticas contemporáneas, de frontera y ruptura de géneros, producciones interdisciplinarias y experimentación con las nuevas tecnologías; desarrollar un plan sistemático de mediano y largo plazos de la presencia de las manifestaciones artísticas de México en el extranjero; desarrollar nuevas estrategias de comunicación que motiven a los padres de familia a asistir a actividades culturales en compañía de sus hijos; establecer mecanismos de fomento y colaboración con la comunidad artística independiente; y propiciar y dar forma a mecanismos de colaboración para la promoción del patrimonio artístico con miras al conocimiento y disfrute de las artes.

En relación con la difusión del patrimonio artístico, el instituto no acreditó el cumplimiento de las estrategias nacionales de: propiciar la generación de convenios de colaboración y patrocinio para la difusión con empresas del sector privado; crear campañas y productos dirigidos al público infantil y juvenil para difundir la cultura nacional e internacional, y fortalecer conjuntamente con las autoridades estatales y municipales, la imagen de los festivales más importantes del país como una oferta cultural de vanguardia y alta calidad; y promover alianzas estratégicas para la difusión del patrimonio artístico, en el ejercicio del turismo en México.

El INBA no organizó la información de su sistema contable para determinar los costos de la promoción y la difusión de las actividades artísticas; tampoco evaluó el desempeño del programa presupuestario E011 “Impulso al desarrollo de la cultura”, y no presentó información suficiente en los principales documentos de rendición de cuentas, respecto de la promoción y difusión del patrimonio artístico, para determinar el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales correspondientes.


Respecto del objetivo nacional de lograr que todos los mexicanos tuvieran acceso a la participación del patrimonio artístico, en 2011 el INBA logró beneficiar a 7,536.9 miles de personas, lo que representó el 6.9% de los 108,813.4 miles de personas de la población nacional. En materia de promoción y difusión, la entidad careció de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias de promover y difundir el patrimonio

69/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Programa Nacional de Cultura 2007-2012, México, 2007, p. 74. 70/ Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Descripción de los antecedentes históricos que dieron origen al INBA,

información proporcionada mediante el oficio núm. SGA/266/2012 del 7 de mayo de 2012.


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artístico, establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, así como de sistemas de información con mecanismos de actualización para la toma de decisiones.



Las acciones emitidas se orientan a promover el diseño e instrumentación de indicadores y metas anuales en materia de promoción y difusión del patrimonio artístico, para evaluar el cumplimiento de las estrategias sectoriales e institucionales, y establecer un sistema de información con mecanismos de actualización permanente que permita al INBA determinar si se están cumpliendo los objetivos y metas institucionales.

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la política de impulso al desarrollo de la cultura, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que no acreditó para 2011 los criterios utilizados para estimar el porcentaje de participación de asistentes a eventos artísticos y culturales; no diseñó indicadores y metas para medir el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, de: desarrollar una programación integral de mediano y largo plazos de la promoción cultural nacional e internacional; realizar la programación de las actividades de sus teatros de acuerdo con su vocación; impulsar la presentación de las manifestaciones artísticas contemporáneas, de frontera y ruptura de géneros, producciones interdisciplinarias y experimentación con las nuevas tecnologías; desarrollar un plan sistemático de mediano y largo plazos de la presencia de las manifestaciones artísticas de México en el extranjero; desarrollar nuevas estrategias de comunicación que motiven a los padres de familia a asistir a actividades culturales en compañía de sus hijos; establecer mecanismos de fomento y colaboración con la comunidad artística independiente, a fin de promover su desarrollo; propiciar y dar forma a mecanismos de colaboración para la promoción del patrimonio artístico con miras al conocimiento y disfrute de las artes; propiciar la generación de convenios de colaboración y patrocinio para la difusión con empresas del sector privado; crear campañas y productos dirigidos al público infantil y juvenil para difundir la cultura nacional e internacional; fortalecer conjuntamente con las autoridades estatales y municipales, la imagen de los festivales más importantes del país como una oferta cultural de vanguardia y alta calidad, y promover alianzas estratégicas para la difusión del patrimonio artístico, en el ejercicio del turismo en México. Tampoco organizó la información del sistema contable del instituto para determinar los costos de la promoción y difusión del patrimonio artístico; no evaluó el desempeño del programa para 2011, y no presentó información suficiente, respecto de la promoción y difusión del patrimonio artístico en los principales documentos de rendición de cuentas, para determinar si se cumplieron los objetivos y metas institucionales correspondientes.


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Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Estela de Luz, Coordinador de los Trabajos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-11J00-02-0054

DS-030

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, como Coordinador Ejecutivo, acotado contractualmente con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., al seguimiento administrativo, validación de las facturas correspondientes, autorización de estimaciones quincenales del supervisor externo, y con FONATUR Constructora, S.A. de C.V. a supervisar, verificar y controlar el cumplimiento de los servicios contratados, así como validar la recepción de los bienes, documentos, dictámenes o reportes descritos en el contrato para la construcción del monumento Bicentenario Estela de Luz, conforme a las Reglas de Operación, contratos y demás disposiciones legales y normativas.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisaron tanto los pagos de los contratos celebrados por BANJERCITO con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., por 642,470.3 miles de pesos, como los pagos del contrato con FONATUR Constructora, S.A. de C.V., por 5,649.7 miles de pesos.

Antecedentes

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) fue designado, mediante un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2009, como Coordinador Ejecutivo de los programas y calendarios que acuerde la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula décimo segunda de las Reglas de Operación del Fideicomiso Bicentenario, su función fue emitir el dictamen sobre la procedencia de no celebrar licitación pública de las adquisiciones realizadas al amparo del artículo 41, fracciones I, II y XII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En los contratos celebrados entre BANJERCITO con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y con FONATUR Constructora, S.A. de C.V., se acordó recibir facturas acompañadas con el soporte documental (estimaciones e informes), validarlas y tramitarlas ante la fiduciaria (BANJERCITO) para su pago.

En su labor como Coordinador Ejecutivo y miembro del fideicomiso, el INEHRM se constriñó a dar seguimiento administrativo y tramitar los pagos de la supervisión técnica ejercida por FONATUR en la construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia “Estela de Luz”.

Resultados

1. El 19 de noviembre de 2009 el INEHRM recibió el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo incompleto, ya que no incorporó los resultados de los “estudios pendientes” (mecánica de suelos, levantamiento topográfico y riesgo sísmico). Además, recibió 101 planos con la anotación “no para construcción”.

2. BANJERCITO celebró un contrato con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., para “la Coordinación y Ejecución de la Construcción del espacio conmemorativo y monumento de la Estela de Luz…”, por 393,489.9 miles de pesos, no obstante que el Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario aprobó que contratara la


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“Construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia en su primera etapa”; a pesar de la diferencia citada, el INEHRM firmó el contrato sin solicitar a BANJERCITO que modificara el objeto.

3. El INEHRM no cumplió con la instrucción del Comité Técnico, situación que se constató con el oficio número INEHRM-DGADM-039-10 recibido el 29 de enero de 2010, mediante el cual el INEHRM envió a BANJERCITO entre otros puntos, la cotización y propuesta de “Alcances Generales” de FONATUR Constructora, S.A. de C.V., la cual se encontraba limitada a no realizar la supervisión de los “trabajos relativos a la revisión integral, verificación, evaluación del contenido y en su caso en la adecuación cualitativa y cuantitativa del proyecto ejecutivo”...; y que “no tendría dentro de sus funciones la responsabilidad de analizar la calidad técnica de los trabajos ejecutados”.

4. El INEHRM tramitó para su pago las estimaciones números 78, 99, 100, 101, 102, 103 y 104, por 322,813.6 miles de pesos, las cuales presentan deficiencias, como se cita: diferencias en los conceptos de obra, falta de la firma y el sello del ingeniero de soldadura en los certificados de calidad del proveedor; los números generadores que las respaldan no cuentan con la autorización de Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., (COSTOS) “Apoyo a Residencia”. Cabe señalar que después de la autorización de FONATUR Constructora, S.A. de C.V., se obtuvo la autorización de las estimaciones por parte del apoyo a residencia (COSTOS, S.A. de C.V.) y fueron entregados a la entidad fiscalizada los certificados de calidad del acero inoxidable.

5. En las estimaciones números 74, por 89,676.8 miles de pesos, y 78, por 270,074.5 miles de pesos, se reportó la recepción de los bienes sin validar por el supervisor del INEHRM.

6. Se omitieron los informes que debió presentar a la Dirección Jurídica Fiduciaria sobre los incumplimientos en los servicios contratados, y el final y de seguimiento, que se debió presentar a BANJERCITO.




La acción promovida por la Auditoría Superior de la Federación tiene como propósito fortalecer los mecanismos de control, para mejorar la operación del INEHRM.

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: el 19 de noviembre de 2009 el INEHRM recibió el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo incompleto, ya que no incorporó los resultados de los “estudios pendientes”, (mecánica de suelos, levantamiento topográfico y riesgo sísmico). Además, recibió 101 planos con la anotación “no para construcción”; BANJERCITO celebró un contrato con III Servicios, S.A. de C.V., para “la Coordinación y Ejecución de la Construcción del espacio conmemorativo y monumento de la Estela de Luz…”, por 393,489.9 miles de pesos, no obstante que el Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario aprobó que contratara la “Construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia en su primera etapa”; a pesar de la diferencia citada, el INEHRM firmó el contrato sin solicitar a BANJERCITO que modificara el objeto; el INEHRM no cumplió con la instrucción del Comité Técnico, situación que se constató con el oficio número INEHRM-DGADM-039-10 recibido el 29 de enero de 2010, mediante el cual el INEHRM envió a BANJERCITO entre otros puntos, la cotización y propuesta de “Alcances Generales” de FONATUR Constructora, S.A. de C.V., la cual se encontraba limitada a no realizar la supervisión de los “trabajos relativos a la revisión integral, verificación, evaluación del contenido y en su caso en la adecuación cualitativa y cuantitativa del proyecto ejecutivo”...; y que “no tendría dentro de sus funciones la responsabilidad de analizar la calidad técnica de los trabajos ejecutados” y se omitieron tanto los


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informes que el instituto debió presentar a la Dirección Jurídica Fiduciaria sobre los incumplimientos en los servicios contratados, como los informes final y de seguimiento, que debió presentar a BANJERCITO.


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Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Monumento Bicentenario Estela de Luz

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-11J00-04-0056

DS-031

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisó una muestra del proyecto de 61 conceptos de obra por un monto de 965,291.9 miles de pesos que representa el 84.7 % respecto del monto ejercido de 1,139,105.0 miles de pesos, por ser susceptibles de verificarse y cuantificarse, tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación:

CONCEPTOS REVISADOS

(Miles de pesos y porcentaje)

Número de contrato Conceptos Importes

(%) Ejercidos Seleccionados Ejercido Seleccionado

Contrato sin número formalizado entre el

BANJÉRCITO y I.I.I. Servicios, S.A de C.V., y

Contrato núm. IIIS-EST-COP-005-10

formalizado entre I.I.I. Servicios, S.A de

C.V., y PDI/GUTSA

1,679.0 61 1,139,105.0 965,291.9 84.7%

TOTAL 1,679.0 61 1,139,105.0 965,291.9 84.7%

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas.

Antecedentes

El 16 de junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se declara 2010 como Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana y se creó la Comisión Organizadora de esa conmemoración integrada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como Presidente de la comisión; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, como secretarios, y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El 19 de junio de 2006, se instaló dicha comisión mediante el acta de la sesión de la Comisión Organizadora, como responsable de preparar un Programa Base en donde se relacionen los actos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos por realizar en todo el país para tales


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festejos; asimismo, se determinó que la Secretaría de Gobernación fuera la encargada de la coordinación ejecutiva de los programas y calendarios acordados por la comisión; además, se aprobó la propuesta del Titular del Ejecutivo Federal para el cargo de Coordinador de los Consejos Asesores en los ámbitos nacional e internacional.

El 17 de septiembre de 2007, en el acta de la primera sesión de la Comisión Organizadora, se designó al nuevo Coordinador del Consejo Asesor y Consejo Internacional de la Comisión Organizadora, en sustitución del anterior, quien presentara su renuncia al cargo el 8 de noviembre de 2006.

El 9 de octubre de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Centralizada del Gobierno Federal, y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) suscribieron el contrato del fideicomiso público denominado Fideicomiso del Bicentenario con objeto de establecer un mecanismo para administrar y controlar de manera transparente los recursos públicos y bienes que integran el patrimonio del fideicomiso destinados tanto al funcionamiento y operación de la Comisión Organizadora como a la difusión de sus actividades; dicho contrato también fue firmado por la Secretaría de la Función Pública a través de su titular. La aportación de 50,000.0 miles de pesos, para la constitución del citado fideicomiso fue realizada por la fideicomitente, con cargo al Ramo Administrativo 27 Función Pública; además en el citado contrato se designó a la Oficialía Mayor de la SFP, como la unidad responsable del fideicomiso.

Asimismo, se indicó que en términos de lo dispuesto por el artículo 80, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito que a la letra dice: “en el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formalización de un comité técnico, dar las reglas de su funcionamiento y fijar sus facultades….” se constituyó el Comité Técnico del fideicomiso, el cual tendría como funciones aprobar los pagos de la Comisión Organizadora; elaborar, aprobar y modificar las Reglas de Operación del fideicomiso, así como las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obras y servicios relacionados con las mismas; y revisar y aprobar, en su caso, la información financiera y contable del fideicomiso y dictar las medidas correctivas que fueran procedentes; dicho comité quedó integrado por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública y por representantes de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, uno por cada dependencia, también se invitó a formar parte del Comité Técnico, con voz y voto, a un representante designado por el Presidente de la Comisión Organizadora; todos los integrantes del comité en comento, tuvieron una participación de carácter honorífico, por lo que no tuvieron derecho a retribución alguna; lo anterior quedó indicado en las cláusulas SÉPTIMA.-COMITÉ TÉCNICO y NOVENA.-FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO del referido contrato.

El 18 de diciembre de 2008, se realizó la tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario en donde se autorizó un monto máximo de 28,750.0 miles de pesos, para llevar a cabo aquellas actividades relacionadas con la difusión y selección del monumento “Arco Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia”.

El 15 de enero de 2009, en acta de la sesión de la Comisión Organizadora, se acordó convocar para el 26 del mismo mes y año, mediante invitación, a un grupo de destacados arquitectos con el propósito de que participaran en el Concurso Nacional del Anteproyecto para la Construcción de un Monumento (Arco) Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional.

El 26 de enero de 2009, los gobiernos Federal y de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), por conducto del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), convocaron a 30 arquitectos y 6 despachos, a fin de que participaran en dicho concurso.

El 27 de enero de 2009, les comunicaron y proporcionaron mediante oficio las bases, en las que se especificaron las características, procedimientos y fechas programadas para la junta de aclaraciones, entrega de propuestas y la emisión del fallo, y que el ganador recibiría un apoyo mediante un convenio con el FONCA para la realización del proyecto arquitectónico ejecutivo, el cual debería realizarse en un tiempo no mayor a tres meses a partir de la firma del convenio, el monto de este apoyo sería determinado con base en los Aranceles del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.

El anteproyecto del monumento conmemorativo (Arco) debía ser diseñado como hito urbano-arquitectónico, contemporáneo, abstracto y de gran altura, símbolo de la unidad nacional y emblema del México moderno, como remate del trazo original del Paseo de la Reforma construido en 1865, y contar con un monumento (Arco) emblemático para conmemorar la gesta de la Independencia, una plaza o espacio público, un stand de turismo


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de 6.0 m², un stand de ventas de documentos y objetos conmemorativos de 12.0 m² y una bodega de 12.0 m²; la localización del monumento sería definida por los concursantes dentro del polígono comprendido por el lado oriente por el edificio de la Secretaría de Salud y la Puerta de los Leones, y por el lado poniente, el Parque Ariel, y a un costado de la Torre Mayor, diseñando una plaza o espacio público que contuviera los elementos arquitectónicos existentes, los pasos a desnivel y que, a la vez, resolviera la accesibilidad y continuidad peatonal hacia el Bosque de Chapultepec, para lo cual debería considerarse que la altura del monumento no limitara la vista de Paseo de la Reforma ni de monumentos como la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Monumento a los Niños Héroes y el Castillo de Chapultepec, ni afectara el eje arquitectónico compuesto por el edificio de la Secretaría de Salud y la puerta de los Leones, además de tener en cuenta los elementos necesarios para el acceso y libre desplazamiento de la población en general, grupos vulnerables y adultos mayores; asimismo, se indicó que el jurado del concurso se integraría con nueve miembros; dos propuestos por el Gobierno Federal; dos por el Gobierno de la Ciudad de México; uno por el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec; dos profesionistas nacionales de reconocido prestigio (uno propuesto por el Gobierno Federal y el otro por el Gobierno de la Ciudad de México) y dos profesionistas internacionales propuestos por el Gobierno Federal y dos suplentes. Además, en dichas comunicaciones y bases, se hizo saber a los participantes que el ganador del concurso recibiría un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) para la realización del proyecto arquitectónico ejecutivo, el cual debería elaborarse en un tiempo no mayor de tres meses a partir de la firma del convenio por el que se formalizaría tal evento. Es importante señalar que el monto del apoyo señalado se determinaría con base en los aranceles del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.

El 20 de febrero de 2009, la SHCP, el BANCOMEXT, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJÉRCITO), la Secretaría de la Función Pública por medio de su titular, y la Secretaría de Gobernación, por conducto del INEHRM, representado por su Director General, celebraron el convenio de sustitución fiduciaria y modificatorio del contrato del Fideicomiso del Bicentenario, donde el BANJÉRCITO sustituye como fiduciario a BANCOMEXT, adquiriendo todos los derechos y obligaciones; teniendo como fin establecer un mecanismo que sirva para administrar y controlar de manera transparente los recursos públicos y bienes que integren su patrimonio, destinados al funcionamiento y operación de la Comisión Organizadora; y obligándose a la administración, adquisición y pago de bienes, y contratación de obras públicas y de servicios; y, además, se modificó el clausulado del fideicomiso. Entre otras, el Comité Técnico estará integrado por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública, el Director General del INEHRM y representantes de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, uno por cada dependencia; este último con la facultad de autorizar contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Por otra parte, el Director General del INEHRM manifestó en el apartado de declaraciones que el Titular del Ejecutivo Federal le encomendó participar en los trabajos que realizaría la Comisión Organizadora y que tenía facultades para suscribir el convenio mencionado; asimismo, en el citado convenio se estableció que el patrimonio del fideicomiso se integraría, entre otras, con las aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe la fideicomitente con cargo en el presupuesto autorizado a la Secretaría de la Función Pública.

El 23 de febrero de 2009 se realizó la reunión de aclaraciones del concurso nacional del anteproyecto para la construcción del monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional en las instalaciones del INEHRM; reunión a la que asistieron 28 de los 36 arquitectos y despachos invitados y en la que se acordó no descalificar a los proyectos que en su propuesta modificaran el polígono original o alguno de los requerimientos convocados con el propósito de integrar el espacio urbano y dar una mejor solución arquitectónica; y en la que se indicó que, aunque en el concurso no se establece un presupuesto, los concursantes debían presentar una propuesta factible a las condiciones del país, proponiendo una tecnología acorde a lo limitado de los tiempos de construcción.

El 11 de marzo de 2009 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se declara que la Secretaría de Gobernación, por conducto del INEHRM, estará a cargo de la coordinación ejecutiva de los programas y calendarios que acuerde la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana.

El 20 de marzo de 2009, el BANJÉRCITO celebró el contrato sin número para la prestación de servicios profesionales por honorarios, de conformidad con el acuerdo 8.7 de la tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario del 18 de diciembre de 2008, por un monto de 345.0 miles de pesos y un periodo de ejecución del 20 de marzo al 30 de abril de 2009, cuyo objeto fue planear, supervisar y coordinar las bases del concurso nacional de anteproyecto para la construcción de un monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional; supervisar y dar seguimiento a la convocatoria del concurso;


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coordinación y supervisión de las tareas del jurado; revisión de las propuestas técnicas presentadas por los invitados convocados para su presentación al jurado; coordinar y apoyar al jurado en la definición del proyecto ejecutivo; verificar anonimato del concurso; coordinación de actas notariales y pago a participantes; entrega del informe final del concurso anexando la documentación comprobatoria.

El 30 de marzo de 2009, se estableció como fecha límite para la entrega de los anteproyectos, y se realizó a solicitud del Director del INEHRM y del Secretario Técnico del concurso el acta de fe de hechos ante el Notario Público núm. 82 del Distrito Federal; en dicho acto se recibieron en total 35 anteproyectos en sobres cerrados con objeto de que el jurado seleccionara posteriormente el proyecto ganador, considerando los aspectos técnicos, simbólicos y formales relacionados con su contexto, y previera sus posibilidades de realización en tiempo y costo, toda vez que la inauguración del monumento estaba prevista para el 15 de septiembre de 2010. Asimismo, se estableció en las bases específicamente en el punto 4.9 “Premios y Reconocimientos”, que se otorgaría a cada uno de los participantes del concurso 150.0 miles de pesos como apoyo de los gastos de presentación de las propuestas. Salvo uno de los arquitectos, todos los invitados remitieron su aceptación al Secretario Técnico del concurso mediante escritos entregados en el periodo del 27 de enero al 24 de febrero de 2009.

El 13 y 14 de abril de 2009, se reunió el jurado para analizar y seleccionar de entre los participantes el proyecto ganador, considerando en su evaluación los aspectos técnicos, simbólicos y formales relacionados con el contexto del monumento conmemorativo.

El 15 de abril de 2009, el jurado del concurso se volvió a reunir en las instalaciones del INEHRM para seleccionar a los cinco finalistas y al ganador. Ese mismo día, se celebró una ceremonia en el museo Rufino Tamayo para dar a conocer el proyecto ganador del concurso; el arquitecto ganador consideró un presupuesto por 218,998.9 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 38,782.8 miles de pesos de la plaza del monumento, 69,354.8 miles de pesos del monumento, 75,640.9 miles de pesos de la plaza bicentenario y 35,220.4 miles de pesos de la plaza arbolada. El fallo correspondiente se hizo constar mediante el acta de fe de hechos del 15 de abril de 2009; conviene señalar que en dicha acta el Notario Público núm. 82 del Distrito Federal manifestó que se trasladó a su despacho para elaborar dicha acta la cual se firmó el 28 de abril del mismo año.

El 21 de abril de 2009, se aprobó la primera modificación de las Reglas de Operación y las Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES), correspondientes al Fideicomiso del Bicentenario, con el propósito de establecer los mecanismos y procedimientos tanto de operación de dicho fideicomiso, como para la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de servicios de cualquier naturaleza, incluida la obra pública y los servicios relacionados con la misma.

El 28 de abril de 2009, el FONCA cede al INEHRM, mediante convenio, los derechos y obligaciones establecidos a su favor en la convocatoria y bases del concurso para agilizar la contratación del arquitecto ganador y garantizar transparencia en la aplicación de los recursos correspondientes. Por su parte el INEHRM, a partir de esa fecha, realizó las gestiones procedentes para que el contrato se formalice con el BANJÉRCITO, en virtud de que los recursos para pagar los honorarios del arquitecto ganador provenían del patrimonio del fideicomiso.

El mismo 28 de abril de 2009, el Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario en su Cuarta Sesión Extraordinaria, formalizada mediante el acta de la misma fecha y suscrita por su Presidenta, y el Secretario Técnico, autorizó mediante Acuerdo/Fideicomiso del Bicentenario/5.3 la contratación del arquitecto ganador del concurso para la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y la dirección arquitectónica del proyecto ejecutivo.

El contrato respectivo fue celebrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJÉRCITO), en su carácter de institución fiduciaria, por conducto de su delegado fiduciario, y por el arquitecto ganador. En este instrumento intervino el Director General del INHERM. El contrato en comento fue suscrito por los antes mencionados y celebrado con fecha 18 de agosto de 2009.

El 28 de abril de 2009, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM) enviaron al INEHRM un dictamen sobre el cálculo de aranceles profesionales para el proyecto ejecutivo y la dirección arquitectónica del Monumento Bicentenario, en el que se consideraron las siguientes áreas como bases para el cálculo 8,403.73 m² para la plaza monumento; 10,742.28 m² para la plaza conmemorativa bicentenario; 18,534.46 m² de plaza arbolada; 3,346.74 m² de extensión del “Espacio Conmemorativo”; y 2,878.37 m² de fachadas de la estela de luz; y se determinó un monto de 29,024.7 miles de pesos, para la realización del proyecto ejecutivo y un importe de 7,256.2 miles de pesos, para la dirección arquitectónica.


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El 29 de abril de 2009, mediante la tarjeta informativa sin número, la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública emitió su opinión acerca del dictamen del “Cálculo de Aranceles Profesionales” presentado por el INEHRM y el CAM-SAM para el proyecto ejecutivo y la dirección arquitectónica del Monumento Bicentenario, donde expresó que se desconoce la fuente que el CAM-SAM utilizó para determinar los 3,346.74 m² de extensión del “Espacio Conmemorativo”, ya que con la información presentada por el arquitecto ganador, no se puede llegar a ese detalle y, por tanto, no es posible calcular el importe de los honorarios; asimismo, sugiere formular un plan de trabajo, conforme al cual el proyecto se desarrolle en tres etapas: Monumento y Plaza Monumento, Plaza Arbolada y Plaza Bicentenario.

El 29 de abril de 2009, el Director General del INEHRM emitió oficio sin número, mediante el cual solicitó al Secretario Técnico del concurso del anteproyecto para la construcción de un Monumento (Arco) Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional, prorrogar la contratación del arquitecto ganador, debido a que fue necesario revisar el cálculo entregado por el CAM-SAM y obtener el dictamen favorable del Comité de Obras Públicas de la Secretaría de la Función Pública en cuanto a la procedencia de realizar la contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa; en respuesta, con el oficio sin número del 30 de abril de 2009, el Secretario Técnico del concurso consideró oportuno prorrogar la contratación del arquitecto ganador hasta que se determinara el monto de los honorarios que se cubrirían por la elaboración del proyecto ejecutivo con base en el cálculo y el dictamen favorable del Comité de Obras Públicas de la Secretaría de la Función Pública.

El 30 de abril de 2009, se otorgó a los 35 participantes en el concurso del Anteproyecto la cantidad de 150.0 miles de pesos como apoyo para los gastos de la presentación de las propuestas lo que arrojó un total de 5,250 miles de pesos.

El 30 de abril de 2009, de los jurados participantes en el concurso del Anteproyecto, se otorgó el pago únicamente a 3 jurados con un total de 123.9 miles de pesos.

El 13 de mayo de 2009, el Secretario Técnico del concurso, mediante el escrito sin número, entregó al Director Adjunto de Administración del INEHRM todos los documentos elaborados durante la planeación, supervisión y coordinación de las bases del concurso nacional del anteproyecto para la construcción de un monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional; la supervisión y seguimiento de la convocatoria del concurso; la coordinación y supervisión de las tareas del jurado; la revisión de las propuestas técnicas de los invitados convocados para su presentación al jurado; la coordinación y el apoyo al jurado de la definición del proyecto ejecutivo; la verificación del anonimato del concurso; la coordinación de las actas notariales y el pago a los participantes.

El 20 de mayo de 2009, el CAM-SAM envió al INEHRM un nuevo dictamen sobre el cálculo de aranceles profesionales, en el que se determinaron importes de 27,664.1 miles de pesos, para la realización del proyecto ejecutivo, y de 6,916.0 miles de pesos, para la dirección arquitectónica.

El 3 de junio de 2009, en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, se autorizó la erogación de recursos para contratar a una entidad pública que efectuara el estudio de mecánica de suelos y el levantamiento topográfico, para la construcción del monumento conmemorativo a partir de esta fecha y hasta el 31 de agosto de 2010. Asimismo, se estableció que las características técnicas y específicas de los servicios por contratar, así como la persona responsable de validar los trabajos, deberían ser proporcionados por el INEHRM al BANJÉRCITO.

El 10 de junio de 2009, la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública emitió nota informativa en donde consta el importe del proyecto ejecutivo por 16,373.7 miles de pesos más IVA, así como la propuesta para que el proyecto se desarrolle en tres etapas. Dicha nota informativa y sus anexos no se encuentran suscritos por el titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública.

El 11 de junio de 2009, mediante el oficio núm. OM/500/231/2009, la Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública envió al INEHRM el dictamen que la Unidad de Control y Auditoría de Obra realizó en relación con el cálculo de aranceles profesionales presentado por el CAM-SAM, donde se determinó el costo del proyecto ejecutivo de 18,829.8 miles de pesos, donde resultó una diferencia de 8,834.3 miles de pesos en relación con los 27,664.1 miles de pesos calculados por el CAM-SAM, debido a que este último adicionó al factor de complejidad del proyecto un factor de rehabilitación; asimismo, se detectaron errores en las operaciones que realizó al aplicar fórmulas y variables, además de que consideró un factor de inflación diferente al reportado por el Banco de México en el periodo de diciembre de 2008 a abril de 2009, por lo que el importe de honorarios para la contratación del arquitecto ganador una vez ajustado quedó en 18,829.8 miles de pesos.


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El 6 de julio de 2009, el Director General del INEHRM envió al Comité de Obras Públicas de la Secretaría de la Función Pública el dictamen de justificación para contratar mediante adjudicación directa los servicios para la realización del proyecto arquitectónico ejecutivo del Monumento Conmemorativo, es decir casi tres meses después del fallo; en ese dictamen se indicó que el contrato sólo podía celebrarse con una determinada persona por tratarse de una obra de arte y por tener ésta los derechos exclusivos, por lo que el indicado para realizar dicho proyecto es el arquitecto ganador del proyecto, al poseer legítimamente el derecho como ganador del concurso, aunado a que el proyecto que se pretende contratar corresponde a una obra de arte.

El 15 de julio de 2009, en la Sexta Reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Secretaría de la Función Pública y después de analizar la solicitud del Director General del INEHRM, el comité dictaminó procedente la contratación por adjudicación directa del arquitecto ganador del proyecto para realizar el proyecto arquitectónico ejecutivo por un importe de 18,829.8 miles de pesos, con un periodo de ejecución de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente de su autorización. Con ese propósito con el oficio núm. INEHRM-DG-696-09 del 15 de julio de 2009 el Director General del INEHRM solicitó al BANJÉRCITO la contratación del arquitecto ganador por un importe de 18,829.8 miles de pesos, por la prestación de sus servicios profesionales consistentes en la realización del proyecto arquitectónico ejecutivo, considerando que el inicio de los trabajos sería al día siguiente de que el Comité de Obras Públicas de la Secretaría de la Función Pública emitió su aprobación; asimismo, se indicó quién sería el encargado de dar seguimiento a los servicios por parte del INEHRM.

El 23 de julio de 2009, mediante oficio núm. INEHRM-DG-712-09, el director general de ese instituto solicitó al BANJÉRCITO la contratación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que realizara el estudio de mecánica de suelos y el levantamiento topográfico para la construcción del Monumento Conmemorativo por un importe de 876.0 miles de pesos, y se indicó quién sería el responsable de dar seguimiento a los servicios por parte del INEHRM.

El 11 de agosto de 2009, el arquitecto proyectista hace del conocimiento del INEHRM que no cuenta con ninguna información del levantamiento topográfico y del estudio de mecánica de suelos.

El 18 de agosto de 2009, en la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, se autorizó la contratación para llevar la dirección del proyecto ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional y de una persona física o moral para que realizara el estudio de impacto ambiental que permitiera determinar las características de calidad del medio ambiente urbano y evaluar las afectaciones ambientales que pudieran derivarse de la ejecución de dicho proyecto; asimismo, se estableció que el INEHRM proporcionaría al BANJÉRCITO, en su carácter de fiduciario, las características técnicas y específicas de los servicios por contratar y el responsable de validar los trabajos.

Como consecuencia de estos eventos y casi tres meses después de dar a conocer al arquitecto ganador, el 18 de agosto de 2009, se celebró el contrato sin número para la prestación de servicios relacionados con la obra pública que tuvo por objeto la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional, consistente en la realización del conjunto de planos y documentos que integran los proyectos arquitectónico y de ingeniería de obra, el catálogo de conceptos y las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo; y fue adjudicado directamente por conducto del BANJÉRCITO al arquitecto ganador del proyecto, con un monto de 18,829.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 90 días naturales, contados a partir de la firma del contrato.

En el contrato se estableció principalmente que el arquitecto ganador del proyecto debía entregar al INEHRM el producto de los servicios en cinco parcialidades dentro del periodo de ejecución de los mismos y garantizar la prestación de los servicios hasta cumplirlos en su totalidad; que estaba sujeto a penas en caso de retraso en la entrega de los servicios; que se obligaba a mantener y guardar estricta y absoluta confidencialidad y reserva de toda la información que le fuese proporcionada; que era responsable de los daños o perjuicios que sufriera el fiduciario por descuido o negligencia en la prestación de los servicios; que el contrato se celebró en términos de la LOPSRM y la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA).

El 18 de agosto de 2009, se celebró el convenio de colaboración entre el BANJÉRCITO y el IPN, derivado de la solicitud efectuada por oficio núm. INEHRM-DG-712-09 del 23 de julio de 2009, suscrito por el director general del INEHRM, no obstante que esta contratación había sido autorizada mediante la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, celebrada el 3 de junio de 2009, para que se realizara el estudio de mecánica de suelos y el levantamiento topográfico para la construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario por un importe de 876.0 miles de pesos; en dicho convenio, el IPN se


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comprometía a elaborar y entregar los estudios, conforme a las características y especificaciones solicitadas por el INEHRM, de la estratigrafía del subsuelo hasta la profundidad de 35.0 m, contados a partir de la superficie actual del terreno con sus propiedades físicas y mecánicas; diseñar geotécnicamente la cimentación y la excavación del monumento, el cual comprendió ocho columnas de aproximadamente 114.0 m de altura, las cuales fueron cubiertas en dos de sus lados por dos cubiertas de 9.6 m x 104 m; y emitir las recomendaciones geotécnicas y constructivas convenientes; además, se indicó quien sería el responsable de supervisar, verificar y controlar el cumplimiento de los estudios contratados, por parte del INEHRM.

El 23 de agosto de 2009, el Director General del INEHRM solicitó al BANJÉRCITO contratar servicios profesionales para la dirección arquitectónica del proyecto ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional por un importe de 391.0 miles de pesos.

El 24 de agosto de 2009, mediante escrito, el arquitecto proyectista informó al Director General del INEHRM acerca de la necesidad de que se le entregaran los estudios de mecánica de suelos, el levantamiento topográfico, a fin de cumplir con los alcances del proyecto ejecutivo.

El 25 de agosto de 2009, mediante el escrito sin número, el arquitecto proyectista entregó al INEHRM la primera parte del anteproyecto arquitectónico y urbano de la Plaza Bicentenario, la Estela de Luz y el Espacio Conmemorativo; y los análisis diagnóstico del medio ambiente; de los factores físico-ambiental y urbano-arquitectónicos; y de la problemática general del espacio en donde se construirían.

El 28 de agosto de 2009, el arquitecto proyectista informó al INEHRM que los estudios de mecánica de suelos y levantamiento topográfico que le remitió en esta misma fecha no cumplen con lo acordado en la minuta realizada el día 18 de agosto de 2009

El 1o. de septiembre de 2009, se celebró el contrato sin número entre el BANJÉRCITO en su calidad de fiduciario y el arquitecto seleccionado, para la prestación de servicios profesionales, consistentes en la dirección del proyecto arquitectónico ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional que comprende la integración interdisciplinaria del diseño urbano arquitectónico, de los proyectos de estructura y electromecánico, así como la vinculación con el Director Responsable y los corresponsables de obra en diseño arquitectónico, seguridad estructural e instalaciones, conforme al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal; la coordinación del proyecto; la revisión de los planos urbano-arquitectónicos, de ingenierías, de los cálculos correspondientes, de los catálogos y de las especificaciones de obra; y el seguimiento de la bitácora y la recepción del proyecto ejecutivo.

El 14 de septiembre de 2009, mediante escrito, el arquitecto proyectista reiteró al Director General del INEHRM la solicitud de los estudios de mecánica de suelos y el levantamiento topográfico, ya que el no contar con ellos le impedía terminar el proyecto arquitectónico, realizar las secciones del terreno actual y finales de los rellenos y las excavaciones, el análisis adecuado de las redes de instalaciones y escurrimientos, los planos de niveles, las plataformas y la cimentación para la realización del proyecto ejecutivo.

El 29 de septiembre de 2009, mediante escrito sin número, el arquitecto proyectista entregó al INEHRM la segunda parte del anteproyecto arquitectónico, los planos de demolición, podas y trasplantes y saneamiento de árboles de la Plaza Bicentenario; y los planos de trazo preliminar, demoliciones, niveles y plataformas, así como la revisión del anteproyecto de la Estela de Luz y Espacio Conmemorativo.

Respecto del estudio del túnel del viento y mesa vibratoria, no se encontró evidencia de que el INEHRM haya contratado su ejecución, no obstante que el Arquitecto proyectista la solicitó el 24 de agosto de 2009.

El 29 de septiembre de 2009, el arquitecto proyectista, al no obtener respuesta respecto del estudio del túnel del viento y mesa vibratoria, optó por contratar a una empresa canadiense de nombre Rowan Williams Davies & Irwin Inc (RWDI), como lo manifestó en su escrito de fecha 19 de junio de 2012, presentado a esta Auditoría Superior de la Federación. RWDI entregó los resultados preliminares del estudio el 1° de diciembre de 2009, por lo que de estos resultados se derivó el ajuste de dimensiones y peso total de la estructura de acero inoxidable, lo que se informó oficialmente el día 23 de diciembre de 2009, al coordinador del proyecto en I.I.I. Servicios, S. A. de C. V., así como las modificaciones del proyecto, derivadas de estos resultados.

El 20 de octubre de 2009, mediante el escrito sin número, el arquitecto proyectista entregó al INEHRM la tercera parte del anteproyecto arquitectónico, los planos de trazo de la Plaza Bicentenario; el manual de mantenimiento; los proyectos de plantación; la paleta vegetal; mejoramiento de suelo, y el sistema de riego.


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El 30 de octubre de 2009, con el oficio núm. D.3032.BIS.X.09, el Director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Zacatenco del IPN envió al Director General del INEHRM el informe final del estudio de mecánica de suelos y el levantamiento topográfico para la construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional, por lo que, con el oficio núm. INEHRM-AD-062-09 del 5 de noviembre de ese año, el Director General del INEHRM envió al arquitecto proyectista los estudios elaborados por el IPN.

El 9 de noviembre de 2009, mediante el oficio núm. IIIS-R4-120-2009, I.I.I. Servicios, S. A. de C.V., comunicó al arquitecto proyectista que se encuentra en proceso de formalización un contrato con el BANJÉRCITO para atender la realización de la construcción del monumento Plaza Bicentenario-Estela de Luz, por lo que le solicita entregar a la brevedad posible el “Proyecto Ejecutivo” completo y, en caso de no contar con el mismo en su totalidad, le solicita de la manera más atenta entregue el avance realizado, para coadyuvar con los procedimientos de análisis y estudios correspondiente en los cuales se apoyarán las acciones necesarias para acortar los tiempos posibles y dar cumplimiento a la legislación y normatividad aplicable en la materia.

El 10 de noviembre de 2009, mediante el escrito sin número, el arquitecto proyectista realizó la cuarta entrega al INEHRM pactada en su contrato, la cual constó de los planos de los proyectos arquitectónicos; de albañilería; acabados; terracerías; estructural; y de ingenierías del proyecto de la Plaza Bicentenario.

El 16 de noviembre de 2009, mediante el escrito sin número, el arquitecto proyectista realizó la quinta entrega al INEHRM; la cual consistió en la entrega de los planos arquitectónicos, de detalles; acabados; mantenimientos de fachadas; albañilerías; despiece; plafones; cancelería; iluminación; instalación eléctrica; cimentación y estructura; e ingenierías electromecánicas del proyecto de la Estela de Luz y el Espacio Conmemorativo.

El 19 de noviembre de 2009, se celebró el acta de entrega-recepción de los servicios, consistentes en la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional, entre el BANJÉRCITO y el arquitecto ganador del proyecto, y contó con la participación de la persona designada por el INEHRM para validar y dar seguimiento a los servicios prestados; en ese acto, el arquitecto proyectista entregó formalmente el proyecto ejecutivo, el cual fue debidamente revisado y validado por la persona designada para el efecto. En este sentido, el INEHRM informó al BANJÉRCITO que constató que se realizaron cinco entregas en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, y que procedía a entregarle el proyecto arquitectónico ejecutivo para la edificación del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional. Por su parte, el arquitecto proyectista garantizó la totalidad de los servicios prestados y manifestó su conformidad de realizar las actualizaciones y adecuaciones necesarias en caso de que se modificaran los alcances del proyecto, una vez que se contara con los estudios pendientes.

El 4 de diciembre de 2009, mediante oficio sin número, el Director General del INEHRM solicitó al entonces Director de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., su cotización por los servicios del desarrollo integral de la construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional, para lo cual adjuntó el proyecto ejecutivo elaborado por el arquitecto proyectista; asimismo, mediante el oficio núm. REF: IIIS-R4-CO-268-09, el Subgerente de Construcción de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., acusó de recibida la documentación contenida en dos discos de planos de la plaza y de la Estela de Luz, señalando que a esa fecha no contaban con el catálogo de conceptos completo, ni las especificaciones técnicas, la mecánica de suelos integrada al proyecto estructural ni con la memoria descriptiva.

El 9 de diciembre de 2009, mediante escrito, el arquitecto proyectista informó al Director General del INEHRM que los estudios elaborados por el IPN y entregados el 5 de noviembre de 2009 no permiten liberar el estudio de mecánica de suelos de la estela como terminado, como lo manifestó su especialista en el proyecto estructural, quien revisó los estudios de mecánica de suelos y el levantamiento topográfico y determinó que estaban incompletos y reiteró que para realizar el “Proyecto definitivo” era imprescindible contar con estos estudios completos y que a esta fecha no se cuenta con dicho estudio.

El 10 de diciembre de 2009, con el oficio núm. III-R4-CO-277-09, el Subgerente de Construcción de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., entregó al BANJÉRCITO la cotización de su presupuesto por un importe total de 393,490.0 miles de pesos.

De lo anterior se desprende que la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., previamente a ser contratada, tuvo acceso a los documentos relacionados con el proyecto ejecutivo, toda vez que su contratación se formalizó hasta el 18 de diciembre de 2009.


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El 11 de diciembre de 2009, en su Novena Sesión Extraordinaria, el Comité Técnico del Fideicomiso Bicentenario emitió el Acuerdo/Fideicomiso del Bicentenario 13.1 por el que se aprueba la contratación de la empresa pública I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., con un importe máximo de 340,000.0 miles de pesos más el Impuesto al Valor Agregado, que suman un total de 394,400.0 miles de pesos para realizar la construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia en su primera etapa.

Conviene mencionar que I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., es una empresa pública constituida en noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), filial de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con objeto de prestar mediante actos de derecho privado servicios de operación a instalaciones de la propia PEMEX y sus organismos subsidiarios; realizar los proyectos de regularización, mantenimiento, adecuación, gestoría, soluciones técnicas y jurídicas de carácter inmobiliario; planear y desarrollar los proyectos de comercialización de sus bienes inmuebles; y participar en la venta de los activos inmobiliarios improductivos de PEMEX y sus subsidiarias.

El 18 de diciembre de 2009, el BANJÉRCITO formalizó el contrato con la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., cuyo objeto fue la coordinación y ejecución de la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento de la Estela de Luz del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional, en la Ciudad de México, D.F., con un monto de 393,490.0 miles de pesos, y un anticipo de 188,875.1 miles de pesos (48.0% del importe contratado) y un periodo de ejecución del 18 de diciembre de 2009 al 31 de agosto de 2010 (257 días naturales). En este contrato también se estipuló en la cláusula décima cuarta que el Director General del INEHRM, mediante el oficio núm. INEHRM-DG-1432-09 del 11 de diciembre de 2009, designó como responsable del seguimiento administrativo del contrato al Director General Adjunto de Administración del propio instituto.

Como ya se mencionó, el BANJÉRCITO formalizó el contrato con la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., estableciendo en el objeto del contrato la coordinación y ejecución de la construcción del espacio conmemorativo y monumento de la Estela de Luz; no obstante que el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó que ésta directamente llevara a cabo la construcción del monumento conmemorativo de la independencia en su primera etapa.

Atento a lo anterior, se advierte que la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., no tenía la capacidad para llevar a cabo la ejecución de la obra, ni siquiera en un porcentaje mínimo, toda vez, que como se establecerá posteriormente la obra fue subcontratada en un 100.0%.

El 23 de diciembre de 2009, mediante escrito sin número, el arquitecto proyectista entregó al coordinador del proyecto bicentenario y a I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el estatus del proyecto ejecutivo de la estructura de la Estela de Luz, resultado de los primeros estudios del túnel de viento entregados por la empresa canadiense Rowan Williams Davies & Irwin Inc (RWDI), la cual es una empresa consultora en ingeniería, y con las consideraciones de su equipo de diseño estructural entregó la nueva sección de las columnas de acero inoxidable y sus diferentes espesores, por lo que la nueva sección se estableció en 91 cm de diámetro en lugar de 81 cm y tramos con longitudes de 22.90 m y espesor de 3”, 27.45 m con espesor de 2 1/2”, 18.30 m con espesor de 2”, 18.30 m con espesor de 1 1/4”y 30.60 m con espesor de 7/8”.

El 23 de diciembre de 2009, el arquitecto que realizó el proyecto arquitectónico ejecutivo entregó al Gerente de Proyectos de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el proyecto ejecutivo actualizado, junto con el catálogo de conceptos, la lista de proveedores, el resumen presupuestal, las memorias descriptivas, las fichas técnicas, los estudios de mecánica de suelos y el estudio preliminar del túnel de viento, y asentó en el documento que se hacía entrega para los efectos de información, mas no para proceso constructivo, y que se retroalimentaría en su momento para los fines necesarios.

El ex director de la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., cargo que ocupó hasta el 27 de agosto de 2010, presentó desde el mes de octubre de 2009 al Coordinador General del Proyecto, quien realizó las funciones y actividades inherentes a ese puesto y relativas a los trabajos de construcción del espacio conmemorativo bicentenario Estela de Luz, como se corrobora en diversos documentos oficiales así como en su participación y reconocimiento en esa calidad ante los funcionarios involucrados en la ejecución del proyecto y el propio comité del fideicomiso. Asimismo, fue el responsable de recibir el proyecto entregado por parte del arquitecto ganador, el 23 de diciembre de 2009, que incluía los cambios y modificaciones derivadas de los resultados de los estudios de túnel de viento y de mecánica de suelos; es decir recibió el proyecto con los datos actualizados, el cual debió haber sido base para el concurso de la obra en I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. Además, tuvo acceso a información reservada y confidencial relativa a los trabajos de construcción del espacio conmemorativo bicentenario estela de luz, asimismo, se le permitió participar en la toma de decisiones respecto a la ejecución de los trabajos de construcción de dicho monumento, en su calidad de responsable.


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El 5 de enero de 2010, el Comité de Obras Públicas de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., en su primera sesión extraordinaria, y mediante el Acuerdo núm. 01-01-EXT-2010 dictaminó procedente la contratación por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de la construcción del “Monumento Bicentenario Estela de Luz”.

El 7 de enero de 2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., convocó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional núm. I3OP-002-10 para contratar a precios unitarios y tiempo determinado la obra pública consistente en la construcción de la “Plaza Bicentenario Estela de Luz”. Las empresas invitadas mediante ese procedimiento mencionado fueron Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.; Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.; Grupo de Ingeniería, Arquitectura y Asociados, S.A. de C.V.; GUTSA Infraestructura, S.A. de C.V.; Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; Gami Ingeniería e Instalaciones; S.A. de C.V.; CARSO Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V.; y Grupo Tradeco, S.A. de C.V.

El mismo 7 de enero de 2010, las empresas invitadas, mediante diversos escritos y correos electrónicos, confirmaron su participación en el proceso señalado y acusaron recibo tanto de la convocatoria correspondiente como tres CD que contenían el proyecto ejecutivo, especificaciones generales, términos, bitácora electrónica y anexos de la invitación I3OP-002-10, que incluyen los escritos y correos electrónicos de aceptación y acuse de información, y se acompañan de los tres CD’s mencionados.

Cabe subrayar que mediante el correo electrónico de fecha 7 de enero de 2010 la empresa GUTSA Infraestructura, S.A. de C.V., hizo saber su aceptación de los términos de la invitación; y que dicho correo contiene la suscripción para efectos de recepción de la documentación referente al proyecto ejecutivo y las especificaciones de éste, así como los términos, bitácora electrónica y los Anexos del procedimiento de invitación I3OP002-10.

El 7 de enero de 2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., recibió del BANJÉRCITO, el pago por concepto de anticipo por un monto de 188,875.1 miles de pesos correspondiente al contrato formalizado el 18 de diciembre de 2009 para la coordinación y ejecución de la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento de la Estela de Luz del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional.

El 11 de enero de 2010, a solicitud del arquitecto proyectista, la empresa Inoxidables y Procesos, S.A. de C.V., presentó cotización de las placas de acero inoxidable tipo S32101 según la norma ASTM A240/A con espesores de 3”, 2 ½”, 2“, 1 ¼”, 7/8”, 5/16” y ¼” en diferentes anchos y largos para la fabricación de las columnas y soportería de la “Torre Bicentenario” con un precio de 6.20 dólares por kilogramo.

El 12 de enero de 2010, el arquitecto proyectista presentó a I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., la cotización de la empresa Inoxidables y Procesos, S.A. de C.V., respecto de las placas de acero inoxidable con copia al coordinador del proyecto bicentenario, información de referencia para la evaluación de las ofertas.

Con fechas 12, 14 y 18 de enero de 2010, se realizaron la primera, segunda y tercera juntas de aclaraciones de la invitación a cuando menos tres personas núm. I3SOP-002-10, en las que se destaca por su relevancia que la convocante entregó impreso el modelo de contrato; los requerimientos básicos del Gobierno del Distrito Federal; el catálogo de conceptos final, en el cual se definió y confirmó el acero inoxidable tipo S32101; y el diámetro de 91 cm y los espesores de 3" a 7/8" de las columnas de acero inoxidable.

El 22 de enero de 2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., emitió el fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas núm. I3SOP-001-10 para la supervisión y control de calidad de la obra Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz en favor de la empresa CONIP Contratistas, S.A. de C.V.

El 25 de enero de 2010, presentaron las empresas invitadas al concurso para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz sus ofertas; entre ellas, se recibió la propuesta de GUTSA Infraestructura, S.A. de C.V., empresa que participó en asociación con Proyectos y Desarrollo de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (en adelante PDI-GUTSA), las cuales presentaron la oferta más baja, que consistió en un monto de 398,924.2 miles de pesos, más el IVA, propuesta que incluyó un catálogo de conceptos y el procedimiento constructivo, en el que se indicaron cinco secciones de cada columna de acero y un peso total de 625,031.99 kg de acero.

El 25 de enero de 2010, se realizó el acto de presentación y apertura de la invitación a cuando menos tres personas núm. I3SOP-002-10, en la cual participaron 7 de las 8 empresas invitadas, disculpándose la empresa CARSO Infraestructura y Construcción, M.R.; en el acta respectiva quedó asentado que la oferta con el mayor monto correspondió a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., con un importe de 942,228.1 miles


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de pesos y la de menor monto fue la empresa Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V. en conjunto con Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V., con 462,752.1 miles de pesos.

Las 7 empresas que participaron en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fueron las siguientes:

NOMBRE IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA (miles de pesos)

Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. 489,652.7 Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. 523,761.0 Grupo Tradeco, S.A de C.V. 532,236.9 Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V. en conjunto con Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V.

493,668.1

Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V. en conjunto con Proyectos y Desarrollos de Infraestructura SAPI, S.A. de C.V.

462,752.1

Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. 942,228.1 Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. 583,042.0

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información proporcionada por I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

El 26 de enero de 2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., formalizó con la empresa CONIP Contratistas, S.A. de C.V., el contrato núm. IIIS-AFI-SAD-048-10 que tuvo por objeto efectuar el análisis, evaluación, comparativa y dictamen de las propuestas más viables de la invitación a cuando menos tres personas núm. I3SOP-002-10 para la construcción del monumento Bicentenario denominado Espacio Conmemorativo Estela de Luz, con periodo de ejecución a partir de la fecha de firma del contrato al 28 de enero de 2010.

El 26 de enero de 2010, mediante el oficio IIIS-R4-018-2010 suscrito por el Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y dirigido al fiduciario BANJÉRCITO, comunicó a éste que con fechas 12,14 y 18 de enero de 2010 se llevaron a cabo las juntas de aclaraciones del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas I3-OP-002-10; en el oficio en mención se destaca que en la junta de aclaraciones celebrada el 14 de enero de 2010 el arquitecto proyectista entregó el proyecto estructural con las adecuaciones derivadas del estudio de túnel de viento, y se precisa que dichas adecuaciones se incorporaron durante el procedimiento licitatorio para que fueran consideradas por los participantes en sus propuestas económicas.

A su vez, el BANJÉRCITO, con el oficio DIR.JUR.FID. (ADM) 465/2010 remitió a la Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, la solicitud de la celebración de un convenio modificatorio del contrato celebrado el 18 de diciembre 2009 entre I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y el BANJÉRCITO, con la finalidad de obtener un incremento por la cantidad de 98,600.0 miles de pesos que le permitiera a esa empresa pública cubrir el monto de las propuestas presentadas en la invitación a cuando menos tres personas núm. I3OP-002-10 cuyo monto promedio superó a la cantidad pactada originalmente.

El 26 de enero de 2010, mediante oficio núm. IIIS-R4-018-2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., manifestó al Director Jurídico Fiduciario, que del acto de presentación y apertura de las propuestas del 25 del mes y año en curso, se supera en 98,600.0 miles de pesos el monto referido en el contrato del 18 de diciembre de 2009 formalizado entre el BANJÉRCITO y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y por tal motivo, es necesario y urgente celebrar un convenio modificatorio para estar en posibilidades de dar el fallo el próximo 28 del mes y año en curso.

El 26 de enero de 2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., formalizó el contrato núm. IIIS-EST-SOP-004-10, con la empresa CONIP Contratistas, S.A. de C.V., que tuvo por objeto realizar la supervisión y el control de calidad de la obra Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, en la Ciudad de México, D.F., con un monto de 18,166.8 miles de pesos, un anticipo de 1,816.7 miles de pesos (el 10% del monto contratado) y un periodo de ejecución del 28 de enero al 5 de octubre de 2010 (251 días naturales).

El 26 de enero de 2010, con el oficio núm. IIIS-R4-018-2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., manifestó que una vez que se adjudicara el contrato, procedería a formalizar un convenio modificatorio con el contratista para sustituir diversas especificaciones de obra y a su vez encomendarle distintos trabajos vinculados con el proyecto en su conjunto


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El 27 de enero de 2010, el incremento referido en el párrafo precedente quedó formalmente autorizado mediante el Acuerdo/Fideicomiso del Bicentenario 1.6, como consta en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur número 1735, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020; dicha acta fue suscrita únicamente por la Presidenta y Secretaria Técnica, del Comité Técnico del Fideicomiso mencionado; a dicha sesión asistieron las siguientes personas: el Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública; la Directora General de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Gobernación; el Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Director General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Director General del INEHRM; el Director General Adjunto de Normatividad y Servicios de la Secretaría de la Función Pública; el Director Jurídico y Fiduciario; el Gerente de Administración Fiduciaria de BANJÉRCITO; el Subdirector Jurídico Fiduciario de BANJÉRCITO; la Secretaria Particular de la Oficialía Mayor de la SFP; el Coordinador General de Administración de la Presidencia de la República, el Director General Jurídico del INEHRM; y el Director General de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República.

El 28 de enero de 2010 I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., emitió el fallo de la invitación a cuando menos tres personas núm. I3OP-002-10 para la construcción del proyecto denominado “Estela de Luz”, donde resultó ganadora la propuesta conjunta presentada por las empresas PDI/Gutsa.

Si bien es cierto que al momento de la contratación no existían sanciones firmes o definitivas sobre Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V., también se observa que ninguno de los miembros del Comité responsable de dictaminar la empresa triunfadora del concurso realizó alguna advertencia o señalamiento sobre las diversas irregularidades en que había incurrido dicha empresa y que se tenían registradas en la SFP, pues no existe constancia alguna en la que se advierta opinión o comentario al respecto. Este hecho demuestra la tendencia de beneficiarla por parte de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., lo que además implicaba un riesgo de incumplimiento al proyecto de construcción de la Estela de Luz. Es de notarse que actualmente la empresa Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V., continúa con la misma práctica de incumplimiento de contratos que ha celebrado con la administración pública federal. Lo anterior se sustenta en las resoluciones emitidas dentro de los expedientes núms.: DS/156-4/2007, PSPC/010/2010 y SAN/015/2011 por la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, respectivamente, donde se determinó la inhabilitación de la empresa Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V., para presentar propuestas y celebrar contrato alguno con dependencias y entidades de la administración pública federal, ni con entidades federativas cuando utilicen recursos federales en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

El 29 de enero de 2010 se celebró convenio modificatorio del contrato formalizado el 18 de diciembre de 2009 entre el BANJÉRCITO y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. En dicho instrumento jurídico se otorgó el incremento solicitado por un monto de 98,600.0 miles de pesos.

El 29 de enero de 2010, el BANJÉRCITO formalizó la contratación de la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., para que llevara los servicios de supervisión mediante la vigilancia y el control de los trabajos de coordinación y ejecución de la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento de la Estela de Luz del Monumento Conmemorativo del Bicentenario de Inicio de la Independencia Nacional, con un importe de 4,603.1 miles de pesos, un anticipo de 920.6 miles de pesos (el 20.0% del monto contratado) y un periodo de ejecución del 29 de enero al 31 de agosto de 2010, y que continuará al 30 de noviembre de 2010 sólo para inspeccionar la obra y elaborar el finiquito.

El 29 de enero de 2010 se celebró el contrato de obra pública sobre la Base de Precios Unitarios número IIIS-EST-COP-005-10, entre I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y la empresa PDI/Gutsa, en el que se pactaron, entre otros aspectos, los siguientes:

a) El catálogo de conceptos, en el cual se estableció la especificación ASTM A-240/A tipo S32101 para las columnas de acero inoxidable con diámetro de 0.91 m, espesores de 3” hasta 7/8” y una altura total de 118 m, acabado sandblast con abrasivo tipo micro-esfera de vidrio, con un peso de 625,031.99 kg y un precio unitario fijado en $122.24 (ciento veintidós pesos 24/100 M.N,) por kilogramo.

b) Las especificaciones de su montaje, su transporte y flete.


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c) El monto del contrato por 462,752.0 miles de pesos.

d) Plazo de ejecución del 29 de enero al 21 de agosto de 2010, es decir, 205 días.

Asimismo, se estipuló en la cláusula quinta que el anticipo por otorgar a la contratista sería del 48.0% del monto contratado, lo cual se sustentó en escrito de fecha 5 de enero de 2010, dirigido al Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción y suscrito por el Director, ambos de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; sin embargo, la ASF obtuvo copia del documento suscrito por el mencionado Director de la misma fecha, dirigido al Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción, en donde le delega la facultad de autorizar un porcentaje de anticipo mayor al 30.0%.

El 10 de febrero de 2010, la empresa PDI/Gutsa recibió de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el pago por concepto de anticipo por un monto de 191,483.6 miles de pesos, correspondiente al contrato que formalizaron el 29 de enero de 2010.

El 17 de febrero de 2010, la contratista PDI/Gutsa formalizó con la empresa TGC Geotecnia, S.A. de C.V., el contrato sin número, para que esta última realizara el estudio geotécnico que permitiera determinar las características estratigráficas del sitio, con un importe de 853.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 45 días contados a partir de la firma del contrato.

El 22 de marzo de 2010, se emitió cédula de notificación de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal para informar que la Dirección General de Regulación Ambiental otorgó la autorización condicionada en materia de impacto ambiental a favor del INEHRM solamente para la construcción de la Estela de Luz y el Espacio Conmemorativo, con una superficie de construcción total de 5,752.64 m² y la superficie de desplante del proyecto en su primera etapa de 9,524 m².

En mayo de 2010, TGC Geotecnia, S.A. de C.V., entregó el estudio geotécnico para la solución de la cimentación del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Movimiento de la Independencia a la empresa PDI/Gutsa.

El 1 de junio de 2010, el Comité Técnico del Fideicomiso, mediante el acta de la Tercera Sesión Extraordinaria, autorizó el segundo convenio modificatorio del contrato celebrado entre el BANJÉRCITO y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., como resultado de los estudios complementarios realizados para la construcción del espacio conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional.

El 4 de junio de 2010 se celebró un segundo convenio modificatorio del contrato de fecha 18 de diciembre de 2009 formalizado entre I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y BANJÉRCITO, en el cual se estableció un nuevo incremento por 198,400.0 miles de pesos.

Dicho instrumento jurídico se sustentó en el dictamen técnico de fecha 28 de abril de 2010, elaborado por el residente de obra, y revisado por el asistente técnico administrativo; dicho dictamen contó con el visto bueno del subgerente de construcción de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; fue suscrito por las personas mencionadas; y presuntamente tal documento se basó en la justificación técnica del 5 de abril de 2010, elaborada por el arquitecto proyectista y citada anteriormente.

Es importante señalar que en los acuerdos tomados en el Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario para este convenio participaron los servidores públicos siguientes, independientemente de que al final únicamente firman la Presidente de dicho Comité, así como la Secretaria Técnica, ninguno de ellos expresó su desacuerdo en relación con el monto solicitado, los asistentes fueron: la Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública; la Directora General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación; el Director General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Director General del INEHRM; el Director General Adjunto de Administración del INHERM; el Director Jurídico y Fiduciario de BANJÉRCITO; el Gerente de Administración Fiduciaria del BANJÉRCITO; el Subdirector Jurídico Fiduciario del BANJÉRCITO; la Secretaria Particular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Función Pública; el Coordinador General de Administración de la Presidencia de la República; el Director General Adjunto de Evaluación y Seguimiento del INEHRM y el Director General de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República.

El 10 de junio de 2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., recibió del BANJÉRCITO un pago por concepto de anticipo de 47,328.0 miles de pesos correspondiente al primer convenio modificatorio formalizado el 29 de enero de 2009.

El mismo 10 de junio de 2010, el arquitecto proyectista entregó al arquitecto Coordinador General de I.I.I Servicios, S.A. de C.V., y a la arquitecta Coordinadora de Proyecto en I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el reporte final


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del estudio del Túnel del Viento, el cual no tuvo variación alguna en relación con el reporte preliminar entregado por la empresa RWDI el 1 de diciembre de 2009, en virtud de que, con base en dicho reporte preliminar, se estableció la definición del diámetro de 91 cm y el espesor máximo de 3 pulgadas ya señalados en el proyecto ejecutivo presentado el 23 de diciembre de 2009, lo cual no varió con la información contenida en el reporte final entregado el 10 de junio de 2010.

El 11 de junio de 2010, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., recibió del BANJÉRCITO un pago por concepto del anticipo concedido por un monto de 95,232.0 miles de pesos correspondiente al segundo convenio modificatorio formalizado el 4 de junio de 2010.

El 19 de agosto de 2010, el Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción de I.I.I. Servicios S.A. de C.V., emitió el dictamen técnico en que se fundaron y motivaron las causas que originaron la necesidad de modificar por tercera ocasión el monto y el plazo de ejecución del contrato firmado con el BANJÉRCITO.

El 24 de agosto de 2010, en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada por el Comité Técnico, se autorizó el tercer convenio modificatorio entre el BANJÉRCITO y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., para incrementar el monto del contrato a 1,035,880.0 miles de pesos y el plazo de ejecución en 487 días.

A esta sesión asistieron los CC. la Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública; el Director General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública; el Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Director General del INEHRM; el Director Jurídico y Fiduciario del BANJÉRCITO; el Gerente de Administración Fiduciaria del BANJÉRCITO; el Subdirector Jurídico Fiduciario del BANJÉRCITO; la Asesora de la Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública; el Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; el Coordinador General de Administración de la Presidencia de la República; el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública.

El 1 de septiembre de 2010 se celebró el tercer convenio modificatorio del contrato de fecha 18 de diciembre de 2009 formalizado entre I.I.I. Servicios y el BANJÉRCITO, en el cual se determinó una nueva ampliación por un monto de 345,390.0 miles de pesos, que incluye el IVA; asimismo, se modificó el plazo de entrega de la obra para el 30 de diciembre de 2011; dicho convenio modificatorio fue suscrito por el Delegado Fiduciario; por el Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción y Apoderado de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; y el Director General del INEHRM.

El convenio referido se sustentó en el dictamen técnico del 19 de agosto de 2010, suscrito por el citado Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., así como por el residente de obra, en el cual se tomó en consideración, para determinar la necesidad del incremento señalado, un supuesto cambio en las especificaciones del acero, como resultado del estudio del túnel de viento; sin embargo, esto ya se había considerado desde la segunda junta de aclaraciones del 14 de enero de 2010. Asimismo, como resultado de un estudio de mecánica de suelo, se contempló la necesidad de una excavación más profunda.

El 1 de septiembre de 2010 se celebró el primer convenio modificatorio núm. IIIS-EST-COP-005-10-1 del contrato núm. IIIS-EST-COP-005-10 del 29 de enero de 2010 celebrado entre I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y PDI/Gutsa, el cual tuvo por objeto incrementar el monto de este último en una cantidad adicional de 481,042.2 miles de pesos, que incluye el IVA, y un nuevo plazo de ejecución del 29 de enero de 2010 al 15 de diciembre de 2011, lo que representó una modificación en el plazo de 686 días.

El 3 de septiembre de 2010, en la Sexta Sesión Extraordinaria, el Comité Técnico del Fideicomiso se autorizó ampliar el plazo al 28 de febrero de 2012 y el monto del contrato hasta un máximo de 7,076.0 miles de pesos a Fonatur, Constructora S.A. de C.V., para que continuara con los servicios de supervisión mediante la vigilancia y el control de los trabajos de la coordinación y ejecución de la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento de la Estela de Luz del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional.

El 7 de octubre de 2010, se formalizó el acta de recepción física de los servicios derivados del contrato núm. IIIS-EST-SOP-004-10 celebrado entre I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y CONIP Contratistas, S.A. de C.V., que consistieron en realizar la supervisión y el control de calidad de la obra Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, con un total ejercido de 14,248.9 miles de pesos.

El 26 de noviembre de 2010, el BANJÉRCITO formalizó con la empresa Fonatur, Constructora, S.A. de C.V., el convenio modificatorio en monto y plazo de ejecución de los trabajos por 7,062.2 miles de pesos, con lo que el contrato ascendió a 11,665.3 miles de pesos, y una vigencia hasta el 12 de febrero de 2012.


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El 10 de diciembre de 2010, la empresa PDI/Gutsa recibió de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el pago por concepto de anticipo por un monto de 21,676.6 miles de pesos correspondiente al primer convenio modificatorio que formalizaron el 1 de septiembre de 2010, en lugar de los 103,742.2 miles de pesos convenidos.

El 6 de enero de 2011, PDI/Gutsa, recibió de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el pago del anticipo concedido por 5,592.8 miles de pesos correspondiente al primer convenio modificatorio que formalizaron el 1 de septiembre de 2010.

El 13 de enero de 2011, se realizó el acreditamiento para solicitar al Comité de Obras Públicas de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., que dictaminara procedente, como caso de excepción, realizar el procedimiento de adjudicación directa, por lo que el 17 de enero de 2011, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., formalizó el contrato núm. IIIS-EST-SOP-018-11 con la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., con objeto de llevar la supervisión y el control de calidad de la obra Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, en la Ciudad de México, D.F., con un monto de 26,848.9 miles de pesos, un anticipo de 2,684.8 miles de pesos (el 10.0% del importe contratado) y un periodo de ejecución del 17 de enero al 30 de diciembre de 2011 (348 días naturales).

El 25 de enero de 2011, PDI/Gutsa recibió de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el resto de la primera parcialidad del anticipo pactado en el primer convenio modificatorio del 1 de septiembre de 2010 mediante dos pagos: uno por 9,355.1 miles de pesos y el otro por 61,375.5 miles de pesos.

El 16 de febrero de 2011, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., recibió del BANJÉRCITO el pago por concepto de anticipo por un monto de 165,787.2 miles de pesos correspondiente al tercer convenio modificatorio formalizado el 1 de septiembre de 2010.

El 17 y 24 de febrero y el 25 de marzo de 2011, PDI/Gutsa recibió de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., tres pagos por montos de 6,114.9, 21,787.5 y 60,588.1 miles de pesos, correspondientes a la segunda parte del anticipo pactado en el primer convenio modificatorio del 1 de septiembre de 2010.

El 7 de abril de 2011, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., formalizó el finiquito del contrato núm. IIIS-EST-SOP-004-10 con la empresa CONIP Contratistas, S.A. de C.V., que tuvo por objeto llevar la supervisión y control de calidad de la obra Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, ubicada en Paseo de la Reforma, a la altura de la puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, D.F., con un importe final de 14,248.9 miles de pesos por los servicios prestados.

El 31 de mayo, 9 y 30 de junio de 2011, PDI/Gutsa recibió de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., como complemento de la segunda parte del anticipo pactado en el primer convenio modificatorio del 1 de septiembre de 2010 importes de 41,608.0, 1,122.4 y 1,679.2 miles de pesos.

El 24 de noviembre de 2011 se celebró el segundo convenio modificatorio núm. IIIS-EST-COP-005-10-2 del contrato núm. IIIS-EST-COP-005-10 celebrado entre I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y PDI-GUTSA, en el cual una vez más se incrementó el monto de este último en 76,232.5 miles de pesos, que incluye el IVA, y un nuevo plazo de ejecución del 29 de enero de 2010 al 30 de diciembre de 2011, es decir, 701 días.

Dicho instrumento jurídico fue suscrito por el Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; el apoderado legal de Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.; el apoderado legal de Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.; el Subgerente de Estudios y Proyectos de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; el apoderado legal de Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V.; y el apoderado legal de Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V.

Este instrumento jurídico se sustentó en la justificación y el dictamen técnico del 24 de noviembre de 2011. En ellos se menciona la necesidad de incrementar el monto del contrato original, debido al cambio de protección catódica de la tornillería de acero al carbón en el dado de cimentación, una rampa para personas con discapacidad y obras inducidas, entre otros conceptos.


108

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE

I.I.I. SERVICIOS, S.A. DE C.V., Y PDI/GUTSA

(Miles de pesos)

Documento Fecha de

celebración

Monto Plazo

Contractual Anticipo

IIIS-EST-COP-005-10

(Contrato) 29-ene.-10 462,752.0 222,121.0 29-ene. al 21-ago.-10

IIIS-EST-COP-005-10-1

(1er. Convenio) 1-sep.-10 481,042.1 230,900.2 29-ene.-10 al 15-dic-.11

IIIS-EST-COP-005-10-2

(2o. Convenio) 24-nov.-11 76,232.5 36,591.6 29-ene.-10 al 30-dic-.11

Total 1,020,026.6 489,612.8

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas.

El hecho de haber subcontratado en su totalidad la ejecución de la obra, y sobre todo a una empresa que carece de la infraestructura y personal competente para llevarla a cabo, provocó que la obra no se entregara en los tiempos previstos en el contrato original, sino más bien se entregó 1 año y cuatro meses después y con un costo adicional de alrededor de 192.0%.

Durante el proceso de construcción de la Estela de Luz, PDI/Gutsa subcontrató a 13 empresas para realizar diferentes trabajos, los cuales que se resumen en la siguiente tabla.


109

SUBCONTRATOS FORMALIZADOS POR PDI/GUTSA

Núm.

subcontratista objeto del subcontrato

1 Euroguarco-Cimolai S.p.A Suministro, habilitado y soldado de estructura de acero inoxidable para el Monumento Estela de Luz.

2 Taltos S.R.L. Suministro de paneles de cuarzo White Ice con vidrio.

3 Grupo OSRAM S.A. de C.V. Suministro e instalación del sistema de iluminación para paneles de cuarzo. Instalación de equipos de iluminación para los sótanos.

4 Grupo Collado S.A. de C.V. Montaje de estructura metálica de acero inoxidable y súper paneles de cuarzo.

5 G Y G Aluminio S.A. de C.V. Diseño y fabricación del marco de aluminio para paneles de cuarzo y cancelería de aluminio y vidrio.

6 Fadisa Construcción del Centro S.A. de C.V.

Suministro y montaje de estructura metálica de acero estructural ASTM A-992 grado 50.

7 Majim, S.A. de C.V. Construcción de muro Milán y muro pila.

8 GERB Aislamiento de Vibraciones, S.A. de C.V.

Fabricación, suministro, instalación y calibración del sistema para el control de movimiento generado por sismo y por viento.

9 Enlace de Tecnología, Proyectos y Servicios, S.A. de C.V.

Diseño, fabricación, suministro e instalación de los equipos para mantenimiento de la fachada de la Estela de Luz.

10 Corrosión y Protección Ingeniería, S.C.

Diseño, suministro e instalación de sistemas para la protección catódica del acero de refuerzo y anclas de las columnas.

11 Consultores e Ingenieros del Valle, S.A. de C.V.

Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y de automatización y control.

12 Network Management and Services, S.A. de C.V.

Suministro e instalación de los sistema de voz y datos, de detección de incendio, de CCTV, de sonido y de CATV.

13 TGC Geotecnia, S.A.de C.V. Estudio geotécnico; proponer tipo y profundidad de desplante de cimentación y procedimiento para excavaciones estables.

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por PDI-GUTSA.

El 24 de noviembre y 5 de diciembre de 2011, PDI/Gutsa recibió de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., dos pagos por 26,000.0 y 10,591.6 miles de pesos correspondientes a la primera y segunda parcialidades del anticipo pactado en el segundo convenio modificatorio del 24 de noviembre de 2011.

El 13 de diciembre de 2011, en la Primera Sesión Extraordinaria, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el Cuarto Convenio Modificatorio del contrato suscrito entre el BANJÉRCITO y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., mediante el cual se incrementó el monto en 110,492.7 miles de pesos.

El 20 de diciembre de 2011, se celebró el cuarto convenio modificatorio del contrato del 18 de diciembre de 2009, formalizado entre el BANJERCITO y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., en el cual se incrementó el monto de este último en una cantidad adicional del orden de 110,492.7 miles de pesos, que incluyen el IVA. Este instrumento fue suscrito por el Delegado Fiduciario, y el Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción y Apoderado de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

El aumento del monto del contrato original se sustentó en la justificación técnica de fecha 24 de noviembre de 2011, en la cual se mencionó la necesidad de un cambio en la protección catódica de la tornillería de acero al carbón en el dado de cimentación, una rampa para personas con discapacidad, obras inducidas, el pago de ajustes de costos e indirectos a volúmenes de obra, entre otros.

Mediante el oficio sin número del 28 de diciembre de 2011 I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., autorizó el precio extraordinario número EXT-2232, el cual fue pagado en la estimación de obra número 114, por lo que el precio unitario del acero se incrementó nuevamente para fijarse en $261.86 por kilogramo; por tanto, se canceló el precio de $222.55 por kilogramo fijado en el primer convenio modificatorio núm. IIIS-EST-COP-005-10-1 y a su vez se modificó el de $122.24 por kilogramo fijado en el contrato núm. IIIS-EST-COP-005-10; asimismo, el peso del acero se determinó en 1,518,282.45 kg, para lo cual se utilizó en el cálculo del tonelaje de acero un peso específico de 8,000 kg/m³.


110

Todo lo anterior se autorizó en la minuta de trabajo del 27 de diciembre de 2011 suscrita por el residente de obra; el coordinador de estudios e ingeniería de costos; el subgerente de estudios y proyectos; y el gerente de Estudios, Proyectos y Construcción, todos por parte de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; y el superintendente de obra de PDI/Gutsa.

Asimismo, mediante el dictamen técnico del 29 de diciembre de 2011 se pretende justificar de igual forma lo señalado en párrafos precedentes; dicho dictamen fue elaborado por el residente de obra; aprobado por el coordinador de estudios e ingeniería de costos; y autorizado por el Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción, todos servidores públicos de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL FIDEICOMISO

Y I.I.I. SERVICIOS, S.A. DE C.V.

(Miles de Pesos)

Documento Fecha de

celebración

Monto Plazo

Contractual Anticipo

Contrato 18-dic.-09 393,490.0 188,875.1 18-dic.-09 al 31-ago.-10

1er. Convenio 29-ene.-10 98,600.0 47,328.0 18-dic.-09 al 31-ago.-10

2o. Convenio 4-jun.-10 198,400.0 95,232.1 18-dic.-09 al 31-ago.-10

3er. Convenio 1-sep.-10 345,390.0 165,787.2 1-sep.-10 al 30-dic.-11

4to. Convenio 20-dic-11 110,492.7 53,036.5* 1-sep.-10 al 30-dic.-11

Total Contratado 1,146,372.7 497,222.4

Monto cancelado 7,267.8

Total ejercido según finiquito 20-jul-12 1,139,104.9

18-dic.-09 al 30-dic.-11

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas

*En el cuarto convenio se indicó el monto del anticipo, pero éste no fue entregado a I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. por lo que no se suma.

El 7 de enero de 2012 se inauguró el Monumento Bicentenario Estela de Luz.

El 27 de enero de 2012, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., entregó a la Secretaría de Educación Pública el inmueble denominado Monumento Bicentenario Estela de Luz, ante la presencia de representantes del INEHRM, el BANJÉRCITO y Fonatur Constructora, S.A. de C.V.

Se hace mención que, además de la información y documentación obtenida durante los trabajos de auditoría, durante el periodo del 12 de junio al 13 de diciembre de 2012, la ASF citó a 34 personas, de las cuales tres no fueron localizadas, una no se presentó y una más se presentó voluntariamente; por tanto, se entrevistaron a 31, que corresponden a 22 servidores públicos de las entidades encargadas de organizar y desarrollar el proyecto tanto cuantitativa, cualitativa, normativa y financieramente, así como a nueve diferentes representantes de las empresas privadas que participaron en la construcción del Monumento Bicentenario Estela de Luz, ya sea como proveedores de los diferentes materiales utilizados, prestadores de servicios, laboratorios, consultores y supervisores, así como subcontratistas; de las entrevistas mencionadas se levantaron 32 actas circunstanciadas, ya que una persona fue entrevistada en dos ocasiones, en las cuales quedaron asentadas las manifestaciones vertidas por los actores. En razón de lo anterior, la ASF promovió al ex director de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., la imposición de multa conforme a lo estipulado en el artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.


111

Adicionalmente, se hace el señalamiento de que el Titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública no firmó el acta número 21/2011, y la Ex Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública y Ex presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario no firmó el acta número 022/2011.

De igual forma la ASF se apoyó en una empresa de reconocido prestigio internacional para constatar la problemática del acero y cuarzo empleados en la construcción de la Estela de Luz.

El 20 de julio de 2012, el BANJÉRCITO finiquitó el contrato con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y en el estableció un importe ejercido de 1,139,105.0 miles de pesos.

El 23 de octubre de 2012, se constató que CONACULTA modificó el uso de los espacios del Monumento Bicentenario Estela de Luz que recibió de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el 27 de enero de 2012, ya que sustituyó plafones reticulares marca Hunter Douglas por plafones de tablaroca, retiró luminarios con riel y muros divisorios apilables de cristal templado; colocó muros de tablaroca para construir una sala de cine en el nivel -9.625, la cual cubrió el piso de granito y el acabado aparente en muros de concreto. Para la ejecución de dichos trabajos, CONACULTA también retiró tuberías tipo conduit y cableado de la instalación eléctrica, de voz y datos y circuito cerrado; cambió las direcciones y capacidades de las tuberías de las instalaciones hidrosanitarias; y retiró en el nivel -9.625 ductos de aire acondicionado; por tanto, modificó la demanda y la distribución de las cargas y la capacidad de los tableros eléctricos, lo cual deja sin garantía los trabajos y equipos que realizó y suministró PDI/Gutsa. También se constató que se retiraron del lugar de la obra 112 piezas de cuarzo de repuesto de la estela luminosa.

El 9 de noviembre de 2012, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., finiquitó el contrato con PDI/Gutsa, y en el estableció un importe ejercido de 1,046,295.8 miles de pesos.

El total contratado por el Fideicomiso del Bicentenario para la construcción del Monumento Bicentenario Estela de Luz de 1,312,168.7 miles de pesos se integró de la siguiente manera:


112

CONTRATOS FORMALIZADOS POR EL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO

BICENTENARIO ESTELA DE LUZ

(Miles de pesos)

Contratos/convenio Entidad y/o

persona contratada

Periodo de ejecución Monto Contratado

(MDP) Inicio Término Días

Magno evento de Presentación Pública de la Convocatoria para la Construcción del “Arco Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia”.

TURISSSTE 20-ene-09 26-ene-09 6 14,898.7

Servicios Notariales con motivo de los trabajos relacionado con el Concurso de Arquitectura para la Construcción del Arco Conmemorativo del Bicentenario.

Notario Público núm.

82

15-abr-09 10 61.0

Anuncio del proyecto ganador para la Construcción del Arco del Bicentenario.

TURISSSTE 15-abr-09 15-abr-09 1 383.9

“Espacio del Bicentenario” (Exposición de maquetas en la puerta de los Leones).

TURISSSTE 15-abr-09 29-abr-09 15 8,324.8

Contrato s/núm. Supervisión y Coordinación del Concurso del Anteproyecto.

Supervisor y Coordinador

20-mar-09 30-abril-09 42 345.0

Se otorgó a los 35 participantes en el concurso del Anteproyecto la cantidad de 150.0 miles de pesos, como apoyo para los gastos de la presentación de las propuestas.

35 participantes

5,250.0

Pago a 3 jurados para el concurso del Anteproyecto Arco Bicentenario.

3 jurados 15 123.9

Dictamen de análisis de honorarios profesionales para la elaboración y desarrollo del Monumento para el Bicentenario del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (Cálculo de Aranceles).

Colegio de Arquitectos de

la Cd. de México, A.C.

15.4

Contrato s/núm. Proyecto Arquitectónico Ejecutivo.

Arquitecto Proyectista

18-ago-09 19-nov-09 90 18,829.8

Convenio de colaboración con el I.P.N. s/núm. Estudio Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico.

IPN 18-ago-09 18-sep-09 32 876.0

Contrato s/núm. Dirección del Proyecto Arquitectónico Ejecutivo.

Director del Proyecto

Arquitectónico

1-sep-09 30-nov-09 91 391.0

Evento de Colocación de la Primera Piedra. TURISSSTE 11-sep-09 22-sep-09 12 1,802.6

Contrato s/núm. Servicios de supervisión de los trabajos de la Coordinación y ejecución.

Fonatur, Constructora S.A. de C.V.

29-ene-10 30-nov-10 791 11,665.3

Contrato s/núm. para la Coordinación y ejecución del Monumento Bicentenario.

I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

18-dic-09 30-dic-11 744 1,146,372.7

BANJÉRCITO (Honorarios Fiduciarios). BÁNJERCITO 2009 2012 102,828.6

Total contratado por el fideicomiso con IVA 1,312,168.7

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas.


113

La estructura administrativa que participó en la formalización de los contratos para la construcción del Monumento Bicentenario Estela de Luz fue la siguiente:

1er Convenio Fecha de contrato 29-ene-10 Importe 98,600.0 miles de

4to Convenio Fecha de contrato 20-dic-11 Importe 110,492.7 miles de pesos

Pago de 3 jurados para el concurso del Anteproyecto Arco Bicentenario Fecha de contrato 30-abr-09 Importe 123.9 miles de pesos

TOTAL CONTRATADO POR EL FIDEICOMISO 1,312,168.7 MILES DE

PESOS

Fiduciario BANCOMEXT sustituido por

BANJÉRCITO el 20 de febrero de 2009

INEHRM 11 de marzo de 2009

Coordinación ejecutiva de los programas y calendarios que acuerde la comisión organizadora

FIDEICOMISO DEL BICENTENARIO Fideicomitente (SHCP), Fiduciario (BANCOMEXT) crean el

FIDEICOMISO el 9 de octubre de 2007

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

20 de febrero de 2009

Magno evento de presentación pública de la convocatoria para la construcción del “Arco Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia” Fecha de contrato 20-Ene-09 Importe 14,898.7 miles de pesos

Servicios notariales con motivo de los trabajos relacionados con el concurso de arquitectura para la construcción del Arco Conmemorativo del Bicentenario Fecha de contrato 6-abr-09 Importe 61 miles de pesos

“Espacio del Bicentenario” (Exposición de maquetas en la puerta de los Leones) Fecha de contrato 9-abr-09 Importe 8,324.8 miles de pesos

Anuncio del proyecto ganador para la Construcción del Arco del Bicentenario Fecha de contrato 15-abr-09 Importe 383.9 miles de pesos

Contrato s/núm. Supervisión y Coordinación del Concurso del Anteproyecto. Fecha de contrato 20-Mar-09 Importe 345.0 miles de pesos

Se otorgó a los 35 participantes en el concurso del anteproyecto la cantidad de 150.0 miles de pesos, como apoyo para los gastos de la presentación de las propuestas. Fecha de contrato 30-abr-09

Elaboración de Dictamen de análisis de honorarios profesionales para la elaboración y desarrollo del Monumento para el Bicentenario por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (Cálculo de Aranceles) Fecha 12-may-09 Importe 15.4 miles de pesos

Contrato s/núm. Proyecto Arquitectónico Ejecutivo Fecha de contrato 18-ago-09 Importe 18,829.8 miles de pesos

Convenio de colaboración con el I.P.N. s/núm. estudio mecánica de suelos y levantamiento topográfico Fecha de contrato 18-ago-09 Importe 876.0 miles de pesos

Contrato s/núm. Dirección del proyecto arquitectónico ejecutivo Fecha de contrato 1-sep-09 Importe 391.0 miles de pesos

Evento de colocación de la primera piedra 22-Sep-09 Fecha de contrato 11-Sep-09 Importe 1,802.6 miles de pesos

Contrato s/núm. Servicios de supervisión de los trabajos de la Coordinación y ejecución, del Monumento “Estela de Luz”, Fonatur, Constructora S.A. de C.V. Fecha de contrato 29-ene-10 Importe 4,603.1 miles de pesos

Contrato s/núm. formalizado entre el BANJÉRCITO y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. Fecha de contrato 18-dic-09 Importe 393,490.0 miles de pesos

2do Convenio Fecha de contrato 4-jun-10 Importe 198,400.0 miles de pesos

3er Convenio Fecha de contrato 1-sep-10 Importe 345,390.0 miles de pesos

Total contratado 1,146,372.7 miles de pesos

Convenio Modificatorio s/núm. Servicios de supervisión de la Construcción del Monumento Estela de Luz, Fonatur, Constructora S.A. de C.V. Fecha de convenio 26-nov-10 Importe 7,062.2 miles de pesos


114

Resultados

El INEHRM formalizó el acta de entrega-recepción del proyecto arquitectónico ejecutivo, aceptándolo en su totalidad y a satisfacción; sin contar con todos los estudios necesarios para la terminación del proyecto, el BANJÉRCITO omitió estipular en el contrato para la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo, el uso obligatorio de la bitácora y precisar el contenido de cada nota y formalizó el contrato con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., en el cual estableció la coordinación y ejecución, diferente a lo autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso, que estableció la construcción del Monumento Conmemorativo; I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., revisó incorrectamente la información y documentación del proyecto ejecutivo proporcionado por el INEHRM y el arquitecto proyectista antes de que se iniciara la construcción de la obra y omitió realizar los estudios necesarios que le permitieran ajustar y precisar el catálogo de conceptos para determinar un presupuesto adecuado al costo real de la obra; no indicó la volumetría correcta en el catálogo de conceptos de concurso que hubiera permitido a los licitantes elaborar sus propuestas considerando las condiciones reales de ejecución de los trabajos; no contó con la licencia de construcción de la obra; no acreditó la inclusión en el proyecto ejecutivo y, por tanto, la construcción de una rampa para personas con capacidades diferentes; cobró 91,556.5 miles de pesos como contraprestación, cuando debió haber cobrado 64,944.6 miles de pesos, en virtud de que el acero inoxidable tipo S32101 no cambió y se debió liquidar conforme a los precios de concurso; y porque se le pagaron volúmenes mayores que los ejecutados tanto en el acero como en el cuarzo; cobró 30,278.1 miles de pesos por conceptos de ajuste de costos e indirectos de concurso, sin que a la fecha de la revisión, se hubiera exhibido la documentación que acreditara la procedencia de su pago; no transfirió a PDI/GUTSA en tiempo y forma los recursos pactados por concepto de anticipo complementario, lo que generó rendimientos financieros durante el ejercicio 2011; realizó pagos indebidos en el concepto extraordinario de las columnas y elementos de acero inoxidable, tipo S32101, ya que la especificación del catálogo de concurso no cambió, por lo que los trabajos debieron pagarse conforme a los precios de contrato; y por la diferencia de 161,493.0 kg en las cantidades de acero inoxidable pagadas, toda vez que en el cálculo del tonelaje de acero se consideró un peso específico de 8,000 kg/m³ y no de 7,610 kg/m³ conforme a los resultados de las pruebas realizadas por el lnstituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.; realizó un pago por concepto de costos indirectos de la empresa PDI/GUTSA, sin considerar que únicamente se incrementó el suministro del acero inoxidable y que esto no generó gastos adicionales a la contratista y pagos en exceso por la incorrecta integración de precios extraordinarios y diferencias de volúmenes en conceptos de obra.

Recuperaciones Probables Se determinaron recuperaciones probables por 399,206.9 miles de pesos. Resumen de Observaciones y Acciones Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 12 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 8 Pliego(s) de Observaciones y 2 Denuncia(s) de Hechos. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 11 irregularidad(es) detectada(s).

Con las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, la ASF promueve las sanciones de los servidores públicos infractores, con los pliegos de observaciones recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Federal y con las Denuncias de Hechos, denunciar ante la instancia correspondiente a los servidores públicos que por sus acciones y omisiones generaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Federal.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el BANJÉRCITO, el INEHRM y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: el INEHRM formalizó el acta de entrega-recepción del proyecto arquitectónico


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ejecutivo, aceptándolo en su totalidad y a satisfacción, sin contar con todos los estudios necesarios para la terminación del proyecto; el BANJÉRCITO omitió estipular en el contrato para la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo, el uso obligatorio de la bitácora y precisar el contenido de cada nota y formalizó el contrato con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., en el cual estableció la coordinación y ejecución, diferente a lo autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso, que estableció la construcción del Monumento Conmemorativo; I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., revisó incorrectamente la información y documentación del proyecto ejecutivo proporcionado por el INEHRM y el arquitecto proyectista antes de que se iniciara la construcción de la obra y omitió realizar los estudios necesarios que le permitieran ajustar y precisar el catálogo de conceptos para determinar un presupuesto adecuado al costo real de la obra; no indicó la volumetría correcta en el catálogo de conceptos de concurso que hubiera permitido a los licitantes elaborar sus propuestas considerando las condiciones reales de ejecución de los trabajos. Además, la empresa no contó con la licencia de construcción de la obra; no acreditó la inclusión en el proyecto ejecutivo y, por tanto, la construcción de una rampa para personas con capacidades diferentes; cobró 91,556.5 miles de pesos como contraprestación, cuando debió haber cobrado 64,944.6 miles de pesos, en virtud de que el acero inoxidable tipo S32101 no cambió y se debió liquidar conforme a los precios de concurso; y porque se le pagaron volúmenes mayores que los ejecutados tanto en el acero como en el cuarzo; cobró 30,278.1 miles de pesos por conceptos de ajuste de costos e indirectos de concurso, sin que a la fecha de la revisión, se hubiera exhibido la documentación que acreditara la procedencia de su pago; no transfirió a PDI/GUTSA en tiempo y forma los recursos pactados por concepto de anticipo complementario, lo que generó rendimientos financieros durante el ejercicio 2011; realizó pagos indebidos en el concepto extraordinario de las columnas y elementos de acero inoxidable, tipo S32101, ya que la especificación del catálogo de concurso no cambió, por lo que los trabajos debieron pagarse conforme a los precios de contrato; y por la diferencia de 161,493.0 kg en las cantidades de acero inoxidable pagadas, toda vez que en el cálculo del tonelaje de acero se consideró un peso específico de 8,000 kg/m³ y no de 7,610 kg/m³ según los resultados de las pruebas realizadas por el lnstituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.; realizó un pago por concepto de costos indirectos de la empresa PDI/GUTSA, sin considerar que únicamente se incrementó el suministro del acero inoxidable y que esto no generó gastos adicionales a la contratista y pagos en exceso por la incorrecta integración de precios extraordinarios y diferencias de volúmenes en conceptos de obra.


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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Mejores Escuelas

Auditoría de Desempeño: 11-1-11MDE-07-0387

DS-032

Objetivo

Fiscalizar el programa Mejores Escuelas para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la competencia de los actores en materia de infraestructura física educativa; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; la eficiencia de las acciones de mejoramiento de las escuelas de educación básica; la economía en la aplicación de los recursos asignados, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En 2006, se presentó la iniciativa para expedir la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE),71/ en cuya exposición de motivos se señaló que la infraestructura física educativa tiene la función de propiciar las mejores condiciones para el aprovechamiento de la educación,72/ por lo que resultaba urgente la intervención coordinada y constante de todas las instancias para asegurar la vigencia de las mejores condiciones físicas alrededor del educando, ya que ello incide en el aprovechamiento escolar.

La descentralización de la infraestructura física educativa, efectuada en el periodo 1995-2000, implicó la transferencia de recursos y de funciones de las instancias federales a las estatales, lo que trajo como consecuencia: la reducción de la capacidad del Gobierno Federal para coordinar técnicamente los esfuerzos en el ámbito nacional en materia de infraestructura; la existencia de criterios distintos de calidad de las escuelas en cada entidad federativa; la atención diferenciada de la problemática en cada zona, y la carencia de un programa integral y coordinado que surgiera de un diagnóstico real de rehabilitación y mantenimiento de las escuelas. Desde entonces, las escuelas sufrieron un grave deterioro por su antigüedad, las condiciones climatológicas y sísmicas y el uso continuo, sin un programa integral y coordinado con base en un diagnóstico real y preciso de rehabilitación y mantenimiento de las escuelas, ante la insuficiencia financiera y operativa de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Con base en las consideraciones anteriores, la propuesta para la elaboración de la nueva ley se orientó a que la autoridad en materia de infraestructura educativa propiciara las condiciones para que los centros escolares alcancen un nivel óptimo de calidad. Esto implicaría un trabajo de construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos de los diversos niveles, respetando siempre la normativa técnico-jurídica de la obra pública.

Para ello, en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expidió la LGIFE, se previó la creación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED)73/ con el objetivo de articular los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, mediante la emisión de disposiciones normativas en la materia; el establecimiento de un sistema de información de la infraestructura física educativa que contenga los datos del inventario de inmuebles y de su estado, y que permita la definición de acciones en estos campos; la implementación de mecanismos de certificación y de programas de rehabilitación, mantenimiento y reconversión de la infraestructura física educativa del país, y la realización de un programa de diagnósticos técnicos de la planta física educativa en varios estados de la República, entre otros.

71/ Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Gaceta del Senado, 7 de noviembre de 2006. 72/ En la exposición de motivos de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa se indicó que la infraestructura física

educativa se encuentra conformada por los inmuebles, instalaciones, muebles, equipo y espacios para la impartición de la educación.

73/ Cámara de Diputados, LX legislatura, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, por la que se crea el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y abroga la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, 11 de noviembre de 2006.


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Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se reconoció que el atraso y las condiciones desiguales en materia de infraestructura física educativa es uno de los principales rezagos del Sistema Educativo Nacional,74/ y se destacó que: el 14.0% de las primarias presentaba cuarteaduras en sus edificaciones; en secundaria, sólo el 50.0% de los planteles se encontraba en el nivel óptimo; únicamente el 40.0% de las escuelas contaba con salón de cómputo y biblioteca, y la proporción de escuelas con laboratorios de física, química y biología era todavía menor.75/

Al respecto, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012,76/ se estableció el objetivo de: “elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, con la estrategia: “fortalecer la infraestructura escolar”, y las líneas de acción: “Establecer y promover el cumplimiento de estándares mínimos de adecuación y actualización de la infraestructura escolar, así como tomar en cuenta las nuevas necesidades que se desprenden del uso de herramientas tecnológicas y del impulso a la educación física” y “Realizar un censo para conocer el estado de la infraestructura de las escuelas que imparten educación básica”.

En 2007, con el fin de elaborar un catálogo de centros educativos y, en términos generales, obtener un diagnóstico de las características y condiciones de sus inmuebles,77/ la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó un cuestionario en las 194.1 miles de escuelas públicas de educación básica, de las cuales el 83.4% (161.9 miles de escuelas) lo respondió. A los resultados del cuestionario aplicado se le denominó “Censo de escuelas”, y con los datos obtenidos, se determinó que 33.4 miles de escuelas de educación básica se encontraban en malo, muy malo y pésimo estado, en cuanto a las condiciones de su infraestructura.

En este contexto, en 2008 se implementaron cambios importantes para la atención de la infraestructura educativa, entre los que destaca la formalización de la Alianza por la Calidad de la Educación (Alianza) por parte del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).78/ La Alianza consideró la modernización de los centros escolares con el propósito de: “garantizar que los espacios educativos sean lugares dignos y libres de riesgos; que sirvan a la comunidad; que cuenten con la infraestructura, equipamiento y tecnología de vanguardia, y que sean apropiados para enseñar y aprender”,79/ con la meta de atender en el periodo 2008-2012 a las 33.4 miles de escuelas de educación básica cuya infraestructura se encontraba en estado malo, muy malo y pésimo.

El 1 de febrero de 2008, se expidió la LGIFE, con el propósito de regular la infraestructura de las escuelas del Sistema Educativo Nacional (SEN); establecer los lineamientos generales para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones al servicio del SEN; generar procesos de planeación, a fin de que los recursos se apliquen con mayor pertinencia; crear mecanismos para prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional, y coordinar acciones para optimizar los recursos, homologar los procesos, y promover la participación de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno para la toma de decisiones.80/

Asimismo, en la LGIFE se establece la creación del INIFED como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.81/ La ley otorgó al INIFED atribuciones para: “fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, (…) y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el 74/ Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de

2007. 75/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje 3 Igualdad de oportunidades, 3.3. Transformación educativa, p. 180. 76/ Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2008. 77/ Se denomina inmueble al suelo y a las construcciones adheridas a él, y a todo lo que esté unido fijamente a un

inmueble, de modo que no se pueda separar sin deterioro del mismo inmueble. 78/ Firmado en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2008. 79/ Gobierno Federal-SNTE, Alianza por la calidad de la educación, p. 2. 80/ Cámara de Diputados, Ley General de la Infraestructura Física Educativa, Diario Oficial de la Federación, 1 de febrero de

2008, artículo 2. 81/ Ibid., artículo 15.


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sector educativo. El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales”.82/

En el periodo 2008-2011, la política en materia de infraestructura se determinó con base en las estrategias y prioridades establecidas en el PND, y el PSE 2007-2012, y en la Alianza por la Calidad de la Educación, para lo cual se determinó que la SEP sería la coordinadora de los trabajos en materia de infraestructura; el INIFED estaría a cargo de los inmuebles educativos ubicados en el ámbito urbano, y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a cargo de las escuelas ubicadas en el ámbito rural.

En ese contexto, en 2008 surgió el programa Mejores Escuelas, a cargo del INIFED, con el objetivo general de: “Mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y operatividad de los inmuebles educativos, mediante el otorgamiento de un subsidio directo a la comunidad educativa y con la participación activa de la Organización de Participación Social de Educación (OPSE)”.83/

El programa otorga un subsidio a las OPSE84/ para realizar acciones de mejoramiento en materia de seguridad, funcionalidad y operatividad en las escuelas que resultan elegibles, que se identifican por sus malas condiciones, y que requieren atención prioritaria. Para ser apoyadas, se requiere presentar una solicitud y contar con un proyecto técnico que describa las principales necesidades del inmueble, entre otros.

En 2011 había 199.4 miles de escuelas públicas de educación básica, que atendieron a una matrícula de 23,397.5 miles de alumnos. Para ese año, con el programa Mejores Escuelas, el INIFED realizó acciones de mantenimiento en 4.1 miles de escuelas públicas de educación básica urbanas que atendieron a una matrícula de 699.3 miles de alumnos, 85/ ya que quedan excluidos los inmuebles educativos que requieran reconstrucción o reubicación.86/

Resultados

En 2011, el INIFED careció de los instrumentos normativos y jurídicos que regularan su organización interna y que establecieran los requisitos de los inmuebles de las escuelas de educación básica en materia de seguridad, funcionalidad y operatividad.

En ese año, el instituto atendió a 4.1 miles de escuelas de educación básica con acciones de mantenimiento, en beneficio de 699.3 miles de alumnos, lo que representó el 2.0% de las 199.4 miles de escuelas públicas y el 3.0% de la matrícula de ese nivel educativo (23,397.5 miles de alumnos); careció de indicadores y metas para verificar el cambio en las condiciones de las escuelas atendidas; no contó con el Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, aun cuando en la misma ley se especificó que debía emitir el reglamento dentro de los 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la LGINFE, los cuales se cumplieron el 14 de octubre de 2008; realizó gestiones para la expedición del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa ante la SEP y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, sin que a la fecha de elaboración del presente informe, se hubiera publicado en el Diario Oficial de la Federación; no contó con su estatuto orgánico, no obstante que se estableció que la Junta de Gobierno del INIFED tendría hasta 90 días hábiles a partir de su integración para expedirlo, plazo legal que concluyó el 5 de enero de 2009, y no contó con la normativa que identifique los requisitos que deben de cubrir los inmuebles de las escuelas de educación básica, en términos del mejoramiento de la seguridad, funcionalidad y operatividad.

El instituto tampoco contó con indicadores para realizar una valoración objetiva del desempeño del programa Mejores Escuelas; conocer su impacto social, ni medir su contribución en el cumplimiento de su objetivo, en

82/ Ibid., artículo 16, párrafos primero y tercero. 83/ Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Lineamientos Generales del Programa de Mejoramiento de

Infraestructura Física Educativa “Mejores Escuelas”, 2009, p. 3. 84/ Es la instancia formalmente constituida en la que se encuentran representados miembros de la comunidad educativa del

plantel escolar, con el objeto de elevar la calidad de la educación y que puede estar estructurada como asociación de padres de familia o consejo de participación social.

85/ Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Lineamientos Generales para Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas, numeral 3.4.1 “Tipo de Acción de Mejoramiento del Subsidio”, p. 3.

86/ Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Lineamientos Generales del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Física Educativa “Mejores Escuelas” 2009, numeral 4.3.1 “Requisitos para recibir el Subsidio”, p. 4.


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términos de la mejora de las condiciones de seguridad, funcionalidad y operatividad de los inmuebles públicos de educación básica urbanos.

Por lo que corresponde al otorgamiento de los subsidios del programa, con la revisión de una muestra aleatoria de 111 expedientes técnicos de las obras realizadas por el INIFED en 2011, de un universo de 4,122, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 4.0%, se determinó que en el 100.0% (111 expedientes) se careció de la información de los planteles ubicados dentro del universo de la Alianza por la Calidad de la Educación; las condiciones de deterioro en los rubros de seguridad, funcionalidad y operatividad, y la identificación de las escuelas por sus condiciones físicas malas, muy malas y pésimas; en el 10.8% (12 expedientes) no coincidió la información de la cédula de información técnica con la del proyecto técnico a realizar en el inmueble; en el 1.8% (2 expedientes), no se contó con la solicitud de subsidio; en el 0.9% (1 expediente) no se tenía el acta constitutiva de la Organización de Participación Social en Educación (OPSE), y en el 0.9% (1) no se contó con el proyecto técnico.

El instituto no dispuso de información sistematizada que permitiera identificar el costo del otorgamiento de los subsidios, en términos de la seguridad, funcionalidad y operatividad de las escuelas públicas de educación básica atendidas. Con base en los registros presupuestarios del instituto, se determinaron los costos por escuela atendida con acciones de mejoramiento de la infraestructura física educativa, que en promedio fueron de 510.8 miles de pesos en preescolar, de 544.2 miles de pesos en primaria, de 552.4 miles de pesos en secundaria, y de 539.6 miles de pesos en los Centros de Atención Múltiple (CAM).

La información presentada en los distintos informes de rendición de cuentas de 2011, no permite evaluar si se cumplieron los objetivos y metas del programa Mejores Escuelas, ni el uso eficiente de los recursos erogados en ese año.


En 2011, el INIFED atendió a 4.1 miles de escuelas de educación básica con acciones de mantenimiento, en beneficio de 699.3 miles de alumnos, lo que representó el 2.1% de las 199.4 miles de escuelas públicas y el 3.0% de la matrícula de ese nivel educativo (23,397.5 miles de alumnos). Asimismo, el instituto careció de indicadores y metas para verificar el cambio en el estado físico de las escuelas atendidas.




Las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientan a que el INIFED cuente con los instrumentos jurídicos y normativos que regulen su operación y organización interna; defina requisitos, indicadores, metas y parámetros de medición para evaluar el impacto de las acciones de mejoramiento de las escuelas de educación básica en materia de seguridad, funcionalidad y operatividad; cuente con la información que acredite las acciones realizadas, y fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que la información presentada en los distintos instrumentos de rendición de cuentas permita evaluar el cumplimiento del objetivo, las metas y el uso eficiente de los recursos erogados en el programa.

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la infraestructura física educativa, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la falta del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y del Estatuto Orgánico del INIFED, documento normativo para proveerle en su esfera administrativa de los elementos para la exacta observancia de la ley, y definir las competencias y responsabilidades de sus servidores públicos y, de esta manera, otorgar certeza jurídica a los actos administrativos realizados por el instituto; a la falta de especificaciones sobre los requisitos que deben tener los inmuebles educativos, en términos de seguridad, funcionalidad y operatividad, para identificar las condiciones de los inmuebles que brindan servicios a los educandos de nivel básico; a la carencia de un sistema de información sobre el estado físico de las escuelas de educación básica, que permita priorizar la atención de los planteles con mayores necesidades, dar seguimiento a las acciones y evaluar si se han cumplido los objetivos y


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metas del programa Mejores Escuelas, y a la carencia de indicadores para medir la contribución del programa en el mejoramiento de las escuelas.


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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

"Otorgamiento de Subsidios" del Programa Mejores Escuelas

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-11MDE-02-0393

DS-033

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los subsidios mediante el programa, "Mejores Escuelas", verificar el ejercicio y comprobación del gasto por subsidios federales otorgados para mejorar la infraestructura de escuelas; que en su autorización, justificación y registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones legales y normativas.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




La muestra se integró por los recursos otorgados a los planteles educativos beneficiados con el Programa Mejores Escuelas de las siguientes entidades federativas:

PLANTELES SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN (Miles de pesos)

Entidad Federativa

Planteles Beneficiados

Total importe ministrado

Chiapas 410 217,681.6

Veracruz 372 199,237.3

Distrito Federal 300 162,429.1 Totales 1,082 579,348.0

FUENTE: Archivo electrónico del Padrón de planteles beneficiados con el Programa Mejores Escuelas de 2011, proporcionado por la Subdirección Administrativa del INIFED.

Antecedentes

El objetivo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) es contribuir a mejorar la infraestructura escolar del país, con instalaciones seguras, integrales y de calidad, vinculadas con el modelo educativo nacional. Para llevar a cabo las acciones de mejora, el INIFED cuenta con el Programa Mejores Escuelas, enmarcado en la Alianza por la Calidad de la Educación y cuyo propósito es mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad, funcionalidad y operatividad de los inmuebles educativos de nivel básico (Preescolar, Primaria y Secundaria). Para cumplir con su función, distribuye subsidios para cubrir el costo de la mano de obra, equipo y herramientas necesarias, así como los materiales para el desarrollo de las acciones de mejora, en coordinación con las autoridades locales y con la participación de los padres de familia mediante las Organizaciones de Participación Social (OPSE).

En el periodo 2008-2011, el Programa Mejores Escuelas atendió 13,647 planteles escolares con un cumplimiento en la meta programada del 107.2% (12,733 planteles escolares); en el 2011, el presupuesto ejercido para la


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atención de 4,122 escuelas fue por 2,061,076.1 miles de pesos, distribuidos en 1,155; 2,200 y 767 planteles en educación preescolar, primaria y secundaria, respectivamente, y con atención representativa en Veracruz, Chiapas y Distrito Federal.

Resultados

No se cuenta con el Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa porque al 29 de agosto de 2012 está en proceso de refrendo ante la SHCP, SEGOB, SFP para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El INIFED no cuenta con un Estatuto Orgánico que regule las funciones de las áreas que lo integran ni con el Manual de Organización acorde con sus nuevas funciones a partir de su creación en el 2008. Al mes de agosto de 2012, el Estatuto tiene un avance del 90.0% en su elaboración.

Se realizaron erogaciones de acciones de mejora en 200 planteles educativos por 108,535.4 miles de pesos, sin que se clasificaran sus condiciones físicas en malas, muy malas y pésimas, como establece su normativa, lo que no permite identificar si se atendieron necesidades prioritarias.

Se llevaron a cabo acciones de mejora en 34 planteles educativos por 7,518.4 miles de pesos, que no coinciden con la normativa interna que justifique las adecuaciones o sustituciones de los trabajos inicialmente aprobados.

Se carece de un procedimiento o política para que las autoridades educativas reporten deficiencias de los trabajos ejecutados por los contratistas.



Para fortalecer la gestión normativa y mejorar la gestión financiera del INIFED, se recomendó establecer acciones de gestión y seguimiento para contar con los refrendos del Reglamento de la Ley Infraestructura Física Educativa y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación; establecer planes de acciones con fechas compromisos y responsables para la conclusión, elaboración y actualización del Estatuto Orgánico, del Manual de Organización y el Manual de Operación del Programa de Mejora de Infraestructura Física Educativa “Mejores escuelas”, respectivamente; implementar criterios para clasificar las condiciones físicas de los planteles educativos en malas, muy malas o pésimas condiciones, con el fin de asegurar que los apoyos se destinen a escuelas con necesidades prioritarias; reforzar los mecanismos de control con el fin de que se integren en forma oportuna, y conforme a su normativa interna, los expedientes y las Cédulas de Información Técnica de acciones de mejora; reforzar los mecanismos de control para que las adecuaciones que se realicen en los Proyectos Técnicos se justifiquen conforme a los conceptos autorizados; implementar mecanismos de seguimiento y supervisión sobre los trabajos ejecutados en los planteles escolares para que en caso de irregularidades, desperfectos o anomalías, se realicen las reparaciones correspondientes o se hagan efectivas las fianzas de garantía por vicios ocultos.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa cumplió con las disposiciones normativas aplicables, al presentar una gestión financiera razonable en el ejercicio y comprobación del gasto por subsidios federales para mejorar la infraestructura de escuelas, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren a la falta del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa que se encuentra en proceso de refrendo para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación; se realizaron erogaciones por 108,535.4 miles de pesos, donde se precisó que no se clasifican las condiciones físicas de los planteles escolares conforme a la normativa; acciones de mejora por 7,518.4 miles de pesos que no coinciden con la normativa interna, que justifiquen las adecuaciones o sustituciones de los trabajos inicialmente aprobados, y carencia de un procedimiento o política para que las autoridades educativas reporten deficiencias de los trabajos ejecutados por los contratistas.


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Instituto Politécnico Nacional

Funciones de Docencia, Investigación y Difusión de la Cultura

Auditoría de Desempeño: 11-0-11B00-07-0401

DS-034

Objetivo

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de docencia, investigación y difusión de la cultura, así como de la gestión institucional.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), respecto de sus funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, mediante una muestra de 6 programas académicos del nivel superior, 6 planteles del nivel medio superior y en los recintos en donde se realizan las diferentes actividades artísticas y culturales para la difusión de la cultura; en términos de cobertura, eficiencia y eficacia en la enseñanza-aprendizaje, en la investigación y en la difusión de la cultura; la calidad del servicio; la percepción del ciudadano-usuario, y la eficiencia en los procesos para la gestión institucional de los recursos financieros, humanos y materiales.

Antecedentes

En el artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, se establece que es la institución educativa del Estado creada para consolidar, mediante la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la Nación. El artículo 2 señala que el IPN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado, con domicilio en el Distrito Federal y representaciones en las Entidades de la República donde funcionen escuelas, centros y unidades de enseñanza y de Investigación que dependan del mismo.

El artículo 3 dispone que son finalidades del IPN contribuir mediante el proceso educativo, a la transformación de la sociedad en un sentido democrático y de progreso social, para lograr la justa distribución de los bienes materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad; realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales; investigar, crear, conservar y difundir la cultura para fortalecer la conciencia de la nacionalidad, procurar el desarrollo de un elevado sentido de convivencia humana y fomentar en los educandos el amor a la paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que luchan por su independencia, así como, participar en los programas que, para coordinar las actividades de investigación, se formulen de acuerdo con la planeación y desarrollo de la política nacional de ciencia y tecnología, entre otras.

El IPN emitió el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2012, el cual refleja la participación del instituto en el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales y sectoriales, comprende la definición de las políticas y lineamientos clave para el periodo, incluida la delineación de la Misión, Visión y Modelos institucionales; se describen las Líneas Estratégicas de Acción (LEA) y sus objetivos estratégicos, comprende seis líneas estratégicas, 40 proyectos institucionales, 40 objetivos, 122 estrategias y 67 metas, como referentes obligados para la planeación de mediano plazo.

En la Tercera Sección Extraordinaria del XXVIII Consejo General Consultivo del IPN, se llevó a cabo la presentación del Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 2010-2012, que deriva del PDI 2007- 20012. El PIMP 2007-2010, describe los principios rectores del desarrollo institucional que permitirán la conducción armónica e integral de la gestión institucional, los proyectos institucionales, las líneas estratégicas de acción y está constituido por 40 Proyectos Institucionales, 207 objetivos, 296 estrategias y 449 metas.

Resultados

Para el ciclo escolar 2010-2011 en el nivel medio superior, el IPN atendió a 55,371 alumnos, lo que significó un crecimiento de la matrícula de 1.6% respecto de los 54,501 alumnos del ciclo escolar 2009-2010. En cuanto al nivel superior, atendió a 92,647 alumnos, lo que significó un crecimiento de la matrícula de 1.1% respecto de los


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91,630 del ciclo escolar 2009-2010; ambos niveles alcanzaron una cobertura del 4.4% entre la población residente en el Distrito Federal y el Estado de México de 16 a 18 y de 19 a 23 años.

En los niveles medio superior y superior, el IPN calcula la deserción escolar por diferencia, la cual resulta de restarle al total de la matrícula escolarizada la suma de los alumnos aprobados y reprobados. Sin embargo, el número de aprobados y reprobados incluye a alumnos de generaciones anteriores, lo que impide conocer los índices por cohorte generacional, y en el caso de la deserción el método propicia índices negativos, por lo tanto el método de cálculo no permite conocer datos reales de la deserción para determinar el cumplimiento del Proyecto Institucional 11 “apoyar a las trayectorias formativas: permanencia, éxito académico y aprovechamiento escolar”, establecido en el Programa Institucional de Mediano Plazo 2010-2012. Durante la revisión el instituto implementó acciones para modificar el método de cálculo por lo que la observación se solventó.

El cálculo de la eficiencia terminal para el nivel superior del IPN en el ciclo escolar 2010-2011 no se efectúa por cohorte generacional, y se constató que ésta se obtiene de dividir el total de alumnos egresados entre los que ingresaron en el año correspondiente al inicio de la generación incluyendo alumnos de generaciones anteriores, lo cual genera que la eficiencia terminal supere el 100.0% en algunos programas académicos, y por tanto no permite conocer datos reales para conocer el avance en el cumplimiento de la meta para el nivel superior SA11D030103A “incrementar gradualmente durante el trienio 2010-2012, la eficiencia terminal en el nivel superior para alcanzar un 62.0% en el año 2012” y para la estrategia “aplicar acciones tendientes a mejorar la permanencia, transición y eficiencia terminal con criterios de equidad y calidad en la formación”, establecida en el Programa Integral de Mediano Plazo 2010-2012 del IPN. Durante la revisión el instituto implementó acciones que atendieron la observación formulada.

Se observó que el cálculo del indicador del índice de titulación de los programas académicos del nivel superior, se determina al dividir el porcentaje de alumnos titulados entre los egresados de un mismo ciclo escolar y no por cohorte generacional, por lo cual se incluyen alumnos de generaciones anteriores. Este método de cálculo propicia que el índice de titulación supere el 100.0% en algunos programas académicos y por tanto no permite conocer los datos reales del índice de titulación para medir el cumplimiento del Proyecto 011 “Apoyo a las trayectorias formativas: permanencia, éxito académico y aprovechamiento escolar” del Programa Institucional de Mediano Plazo 2010-2012. Durante la revisión el instituto implementó acciones que atendieron la observación.

El IPN atendió mediante el Programa Institucional de Tutorías (PIT) en el nivel medio superior, a 15,924 alumnos de los 23,830 programados para 2011, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 66.8%. En lo que respecta al nivel superior se atendieron a 31,941 alumnos de los 37,028 programados, lo que representa un cumplimiento del 86.3%, de donde se desprende que no se alcanzaron las metas establecidas en el Programa Operativo Anual Institucional 2011. Durante la revisión el instituto implementó acciones que atendieron la observación formulada.

En el Programa Operativo Anual Institucional 2011, el IPN estableció, como metas del Programa Institucional de Tutorías (PIT), las de atender en el nivel medio superior, a 23,830 alumnos, con la participación de 810 docentes, y para el nivel superior a 37,028 alumnos, con 1,202 docentes. En el análisis del cumplimiento de metas, se observó una inconsistencia en la programación, ya que las metas de los docentes que imparten tutorías se superaron en 116.5% para el nivel medio superior y 230.6% para el superior; mientras que la meta de alumnos atendidos en media superior estuvo por abajo en 33.2% y en superior 13.7%. Durante la revisión el instituto implementó acciones para atender la observación formulada.

Se determinó que en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, el IMPI no había otorgado ningún registro de patente al IPN, por lo cual se estima que no alcanza la meta establecida de lograr, en el trienio 2010-2012, el registro y otorgamiento de al menos 15 patentes derivadas de los resultados de proyectos de investigación científica y tecnológica, en incumplimiento de lo establecido en la Línea Estratégica de Acción 3 “Responsabilidad y relación con el entorno” del Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012.

El IPN incrementó el número de investigadores en el SNI en 139.4% durante el periodo 2003-2011, al pasar de 322 a 771, y se estima que se superará la meta establecida en el PDI de incrementar en 15.0% el número de investigadores en el SNI durante el trienio de 2010-2012.

En el periodo 2003-2011, se observó que la producción de proyectos de investigación se incrementó en 48.2%, al pasar de 824 a 1,221, y se determinó que el crecimiento de la variable fue a una tasa media anual de 5.0%, por lo que se estima que el IPN, para 2012, realizará 1,276 proyectos de investigación, y por lo tanto rebasaría la meta


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establecida en la LEA 4 “Conocimiento para el desarrollo del país” de registrar anualmente 1,200 proyectos de investigación científica y tecnológica en el trienio 2010-2012.

Se determinó que en el ejercicio fiscal de 2011 se realizaron 2,720 eventos culturales, lo que representa una variación de 0.6% respecto del 2010 en donde se realizaron 2,704, por lo que se concluye que el IPN no cumplió con la meta de incrementar en 5.0% anual los eventos de divulgación cultural, científica y tecnológica, establecida en el Proyecto Institucional 31 “Difusión y fomento de la cultura, la ciencia y la tecnología” del Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012.

Se constató que en 2011 el IPN otorgó 13,672 becas institucionales, de las cuales 5,578 fueron becas a estudiantes del nivel medio superior y 8,094 becas del nivel superior, por lo que se comprobó que el IPN cumplió la meta establecida en el Programa Integral de Mediano Pplazo 2010-2012 de otorgar 5,580 becas del nivel medio superior y 3,310 del nivel superior.



Con estas acciones se espera que el instituto realice las acciones necesarias para el cumplimiento de metas establecidas en su Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el IPN avanzó en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en su planeación de mediano plazo, en las funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura, así como en la gestión institucional, ya que los principales indicadores muestran mejora y una proyección positiva en la dirección de los objetivos relacionados con la mejora de la calidad de la educación superior. Los resultados con observaciones son los siguientes:

En Investigación: No se cumplió la meta para el registro y otorgamiento de patentes ante el IMPI.

En Difusión de la Cultura: No se cumplió la meta de incrementar el número de eventos anualmente.


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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Auditoría Forense: 11-4-99001-12-0409

DS-035

Objetivo

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios adjudicados en forma directa por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos.

Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




La muestra representa el 52.4% de los 92,558.9 miles de pesos y se integra por dos contratos por 30,180.0 miles de pesos; un convenio de colaboración por 10,534.9 miles de pesos y un convenio específico abierto por 7,830.0 miles de pesos.

Antecedentes

Se ha observado que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican a las universidades, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contratos y convenios para la adquisición de diversos bienes y servicios, con el propósito de evadir el procedimiento de Licitación Pública, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de irregularidades por la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, así como constatar que las universidades cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios.

Resultados

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla subcontrató los servicios contratados con el IMSS, sin exceder el 49.0% que establece el RLAASSP, no obstante que en los contratos manifestó que disponía de la organización, experiencia, elementos técnicos y humanos necesarios, así como capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones pactadas.


Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es).


Las recomendaciones promovidas están orientadas a fortalecer los mecanismos de control y supervisión e impulsar reformas a la legislación.

Dictamen: limpio

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias; atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los


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ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cumplió con las disposiciones normativas aplicables.


Que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción analice la pertinencia de reformar el artículo 1 de la LAASSP, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía contrataron o convinieron servicios con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con base en ese ordenamiento para eludir los procesos licitatorios. Por su parte, la BUAP no cuenta con la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y capacidad suficientes, por lo que subcontrató a terceros para cumplir con la totalidad de los servicios prestados, sin exceder el 49.0%.


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Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"


Auditoría Especial: 11-4-99MGH-06-0403

DS-036

Objetivo

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en materia de capacidad, competitividad e innovación académica, así como de la gestión institucional

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




El alcance comprendió la evaluación del desempeño de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2012, mediante el análisis de los resultados de los indicadores relativos a la capacidad, competitividad e innovación académica y de gestión institucional, así como la percepción de los egresados y empleadores sobre la calidad de los servicios de la universidad.

Se revisó una muestra, determinada a juicio con el criterio de seleccionar los importes más representativos de cada operación revisada, por 121,472.8 miles de pesos correspondientes al gasto realizado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en el ejercicio fiscal de 2011, lo cual representa el 14.9% del universo seleccionado por 812,807.5 miles de pesos. La muestra se integra por 15,944.7 miles de pesos de servicios personales; 34,285.6 miles de pesos ejercidos en obras públicas; 33,768.9 miles de pesos por concepto de gastos en bienes y servicios; 18,433.7 miles de pesos erogados en la subcontratación de prestadores de servicios, y 19,039.9 miles de pesos del gasto en servicios generales.

Antecedentes

El 3 de marzo de 1975 se publicó en el Periódico Oficial del Congreso del estado de Coahuila, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la cual señaló en su artículo 1 que la universidad se creaba como un organismo público descentralizado del estado.

Mediante el decreto núm. 69, el 4 de abril de 1989, se publicó en el Periódico Oficial del estado de Coahuila, la nueva Ley Orgánica de la UAAAN, que abrogó la del 3 de marzo de 1975. Dicha ley establecía en su artículo 1, que la UAAAN se creaba como un organismo descentralizado del estado con personalidad jurídica, patrimonio y gobierno propios.

El 26 de septiembre de 2005, la UAAAN solicitó al H. Congreso del Estado su desincorporación como un organismo público estatal y se gestionó la aprobación de su nueva Ley Orgánica ante el H. Congreso de la Unión, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006, para convertirse en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.

Con la revisión de la Cuenta Pública 2001 se fiscalizó a la UAAAN, en donde se determinaron, entre otros resultados, diferencias entre lo reportado en Cuenta Pública y los estados financieros; y que la universidad no contaba con manuales administrativos y el manual de organización no estaba actualizado. Asimismo, se determinaron incumplimientos en materia de servicios personales, y en los procesos de adquisición de bienes muebles y de obra pública.


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Resultados

En el control interno, se observó que el Manual General de Organización no se encontraba actualizado, y no cuenta con políticas y procedimientos para el control y registro de los bienes patrimoniales. Asimismo, registró sus operaciones financieras en cinco contabilidades que no están consolidadas.

No se tuvo evidencia de que la universidad desarrolló un sistema de indicadores académicos y administrativos, ni de que implementó el Sistema de Planeación y Evaluación, y el Sistema de Información Académica y Administrativa para contar con esquemas que le permitieran la programación de metas y la evaluación de su desempeño.

Para la evaluación del desempeño, se analizaron los resultados alcanzados en el marco de los objetivos y metas del PIFI 2008. Se constató que, en lo general las metas para los indicadores del nivel de habilitación de los profesores de tiempo completo (PTC) y de consolidación de los cuerpos académicos (CA), se lograron, con porcentajes de cumplimiento de entre el 94.5 y el 151.4%, con excepción de los PTC con perfil deseable PROMEP en donde el porcentaje de cumplimiento fue del 56.2%, y se observó que de 2010 a 2011 dichos PTC disminuyeron de 115 a 99. Asimismo, se constató que los PTC con grado de doctor crecieron de 2006 a 2011 al pasar de 121 a 165, en tanto que, de 2001 a 2011, los PTC con perfil deseable aumentaron 47.8%; los miembros del SNI, 181.0%, y los PTC que imparten tutorías, el 115.0%.

En cuanto a los CA, se observó que la meta programada para los CA en consolidación tuvo un porcentaje de cumplimiento de 57.1%, y que de 2008 a 2011 los CA en consolidación no aumentaron al mantenerse en 4, en tanto que en el mismo periodo la universidad no ha logrado incrementar los CA consolidados, ya que continúa con 2.

Con la evaluación de los indicadores de programas educativos (PE) se constató que en 2011 las metas se lograron, con porcentajes de cumplimiento para los PE de técnico superior universitario (TSU) y licenciatura, y PE de posgrado, del 105.0 y 123.1%, en tanto que el de los PE de posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) fue del 84.6%. Se observó que existe crecimiento en el total de PE al pasar de 28 en 2001 a 37 en 2011; en los PE de posgrado al pasar de 8 a 16; en tanto que los PE en el PNPC crecieron 37.5%, y los PE acreditados por el COPAES aumentaron de 1 en 2002 a 18 en 2011, mientras que el 100.0% de los programas educativos de licenciatura y TSU evaluables se han mantenido en el nivel 1 de los CIEES.

En relación con el sistema bibliotecario y tecnologías de la información y comunicación, la UAAAN no cuenta con controles adecuados de planeación y evaluación que le permitan la programación de metas y la evaluación de su desempeño, y medir el avance en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

En el ejercicio, registro y control de los recursos, se observó que el presupuesto ejercido en servicios personales fue superior en 87,575.2 miles de pesos del presupuesto aprobado, sin contar con la autorización de la SCHP para realizar las adecuaciones presupuestarias, y se constató que los pagos realizados a los trabajadores de la universidad, se ajustaron a las categorías y sueldos de la plantilla y tabuladores autorizados por la SHCP. Sin embargo, las plazas con las que operó la universidad para el personal de apoyo y asistencia y para el personal académico, son mayores de las autorizadas.

En materia de obra pública, se constató que de 12 obras contratadas en 2011 por 5,004.0 miles de pesos, en ningún caso se presentaron las garantías de cumplimiento del contrato y en 3, además, no se presentó la garantía de vicios ocultos, y se observó que en 2 contratos por 5,671.1 miles de pesos, se autorizaron prórrogas que superaron el porcentaje del 25% del plazo pactado en los contratos.

Se observó que, en la subcontratación de servicios, por 18,433.7 miles de pesos, no se realizaron procedimientos de adjudicación ni se formalizaron contratos que determinaran la obligación de hacer los pagos, y en donde se establecieran los servicios subcontratados, el monto de los recursos que se les pagaría y la forma de garantizar la adecuada prestación de servicios. Además, no se tuvo evidencia de que los productos recibidos correspondieran a los servicios efectivamente prestados.

Por lo que se refiere a los recursos del PROMEP, se constató que los apoyos otorgados a los académicos que contaban con grado de doctor y con maestría, se realizaron de conformidad con los montos máximos establecidos en las Reglas de Operación; la universidad presentó a la SEP los informes financieros


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correspondientes, sobre el ejercicio de los fondos autorizados en el marco del PROMEP, y se cumplió con la obligación de administrar los recursos mediante una cuenta específica abierta en una institución bancaria.




Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 17 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones.


Las observaciones y acciones determinadas se refieren a que la UAAAN fortalezca su sistema de control interno; adopte medidas que resulten procedentes, a fin de que la contabilidad de las operaciones de sus unidades administrativas se realice de manera consolidada; adopte medidas y estrategias que le permitan la programación de metas y el seguimiento de su cumplimiento, así como el cumplimiento en la aplicación y control de los recursos.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra auditada, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a debilidades de control interno, en especial por la falta de consolidación de su sistema contable; la falta de un sistema de planeación y evaluación del desempeño que le permita la programación de metas y el seguimiento de su cumplimiento, e incumplimientos en la aplicación y control de los recursos.

Por otro lado, la universidad deberá realizar esfuerzos, en función de los recursos que recibe, mediante una planeación estratégica adecuada, para incrementar, de manera sostenida, su capacidad académica, e incentivar la pertenencia de sus PTC en el SNI, y aumentar los PTC con perfil deseable PROMEP y el número de los CA consolidados; asimismo, los adeudos y compromisos adquiridos en ejercicios anteriores han obligado a la universidad a realizar esfuerzos y adecuaciones presupuestarias para cubrirlos durante el ejercicio fiscal 2011.


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Universidad Autónoma Chapingo

Bienes Muebles e Inmuebles

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-4-99A1I-02-0405

DS-037

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio de la UACH estuvieron valuados, regularizados y registrados en la contabilidad conforme a las normas contables y que cumplieron con su objetivo; determinar la existencia y suficiencia de controles internos para su salvaguarda y custodia, y verificar que las acciones para regularizar los bienes inmuebles se efectuaron conforme a la normativa.

Alcance

CUENTAS DE BALANCE

Miles de Pesos




La revisión del universo y la muestra se integró por los saldos de las cuentas 111 “Maquinaria y Equipo”, 112 “Vehículos y Equipo de Transporte”, 115 “Mobiliario y Equipo de Administración”, 120 “Edificios y Construcciones”, 121 “Terrenos”, como sigue:

BIENES MUEBLES E INMUEBLES SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN (Miles de pesos)

Cuenta Descripción Valor Histórico %

111 Maquinaria y Equipo 144,778.7 1.8

112 Vehículos y Equipo de Transporte 68,545.0 0.8

115 Mobiliario y Equipo de Administración 37,954.8 0.5

120 Edificios y Construcciones 643,948.5 7.9

121 Terrenos 7,238,852.3 89.0

Total 8,134,079.3 100.0

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2011.

Antecedentes

La Ley que crea a la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) establece que es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos fines son impartir educación media superior y superior.

El Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 de la UACh establece, entre otras disposiciones, inventariar y evaluar la infraestructura universitaria, así como adquirir tecnología de vanguardia para elevar la eficiencia y calidad de las funciones y servicios universitarios. Al respecto, el Departamento de Bienes Patrimoniales es el responsable de preservar el patrimonio universitario con el registro, control y valorización de los bienes asignados a la institución por cualquier título legal.

En la Balanza de Comprobación de la UACh al 31 de diciembre de 2011, se reportó un saldo de 8,134,079.3 miles de pesos en bienes muebles e inmuebles, que representa el 80.9% del Activo Fijo.


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La Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2008, da relevancia al registro patrimonial y establece disposiciones para registrar en la contabilidad, los bienes inmuebles propiedad de los entes públicos federales, con el fin de armonizar los registros contables y facilitar la fiscalización de los activos que forman parte del patrimonio de los entes.

Resultados

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) no mantiene un ambiente de control que asegure la eficiencia y eficacia en la gestión financiera de los bienes muebles e inmuebles, que propicie la observancia de la normativa que rige en su control, como se cita a continuación:

El Manual General de Organización y el Estatuto de la UACh no están actualizados, y no tiene sustento normativo que establezca las facultades y funciones de sus áreas ni el nivel de responsabilidad para la elaboración y autorización de los manuales de organización generales y específicos.

El departamento de Bienes Patrimoniales carece de un procedimiento específico para el control y registro de los bienes muebles e inmuebles; dicho procedimiento está en proceso de elaboración, sin que se especificaran fechas compromiso para su atención.

En el sistema contable se registraron bienes muebles e inmuebles por 8,134,079.3 miles de pesos, y su depreciación por 89,916.3 miles de pesos, en forma global a nivel cuenta de mayor y subcuenta por centro de trabajo, lo que no propicia el control individual de los bienes por año de adquisición y número de inventario, entre otros. Un sistema informático se encuentra en proceso de implementación, sin evidenciarse fechas compromiso de atención.

Al cierre del ejercicio de 2011, el importe de la balanza de comprobación por 8,134,079.3 miles de pesos fue superior en 5,616,401.2 miles de pesos respecto de lo reportado en el inventario patrimonial (2,517,678.1 miles de pesos). Dicha diferencia, que no fue aclarada, es consecuencia de la falta de conciliaciones periódicas.

De la cuenta 111 “Maquinaria y Equipo” se realizó la inspección física de 88 bienes por 41,265.8 miles de pesos, donde se observó que se carece de procedimientos que faciliten localizar en archivos las facturas originales que acrediten la propiedad de los bienes y para establecer un programa de mantenimiento con plazos perentorios para formular bitácoras y mantener en buen estado los bienes propiedad de la UACh.

Con la inspección física de 96 bienes de la cuenta 112 “Vehículos y Equipo e Transporte”, se determinó que 21 vehículos considerados como activos por 2,272.8 miles de pesos no funcionan, sin que se realicen acciones para determinar su destino final, y de 10 vehículos por 429.9 miles de pesos, donados a la UACh, se precisó que de 2010 a julio de 2012, han transcurrido 2 años 5 meses sin que se registren en el inventario patrimonial, y se asignaron al delegado de inventarios mediante resguardo con el valor de un peso.

Con la inspección física de 51 bienes de la cuenta 115 “Mobiliario y Equipo de Administración”, se determinó de una pantalla electrónica por 863.1 miles de pesos, que a julio de 2012 han transcurrido 13 meses sin que se encuentre operando por falta de planeación, ya que se carece de la infraestructura que permita su instalación para cumplir con los objetivos de difusión de la UACh.

De 7 edificios y 2 construcciones por 100,992.2 miles de pesos, cuyos trabajos fueron finiquitados entre octubre de 2010 y octubre de 2011, a julio de 2012 han transcurrido de 21 a 9 meses, sin que registraran en la contabilidad, lo que demerita la confiabilidad de las cifras de la cuenta 120 “Edificios y Construcciones”.

En el inventario inmobiliario están registrados 33 terrenos por 1,815,143.8 miles de pesos, que no corresponden a valores de adquisición o de avalúo emitido por perito o profesional especializado en la materia, de tal forma que 2 terrenos, además de 3 construcciones, están registrados con valor de un peso.

Del terreno “Centro Regional Universitario del Noreste” ubicado en el estado de Sonora, a julio de 2012 ya han transcurrido 8 años sin que se procediera a su baja ante el INDAABIN a partir de su enajenación, que se suscitó en el ejercicio 2004 y los planos topográficos de 32 terrenos carecen de la autorización de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal.

Con la revisión de 42 expedientes de inmuebles por 457,949.1 miles de pesos de la cuenta 120 “Edificios y Construcciones” se comprobó que carecen de documentos relativos al valor de la construcción, superficie o medidas, áreas o unidades responsables y actas de entrega y de finiquito, que establece su normativa.

En la adquisición de 19,292 bienes de maquinaria y equipo por 5,364.4 miles de pesos y 18,533 bienes de mobiliario y equipo por 3,452.0 miles de pesos, ambas con recursos del 2010, no se calcularon ni cobraron


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penalizaciones por 3,834.8 miles de pesos por la entrega extemporánea de los proveedores, que osciló de 1 a 367 días.




Con la finalidad de mejorar la gestión financiera de la Universidad Autónoma Chapingo, se recomendó establecer planes de acciones con fechas compromiso en tiempo y responsables para actualizar el manual de organización, el estatuto, los reglamentos y manuales de procedimientos de las áreas operativas; para obtener de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la autorización de 36 plazas y la aprobación del Consejo Universitario de 22 de éstas; concluir la implementación del Sistema de Información Financiera y Patrimonial y del Catálogo de Claves de Bienes Muebles e Inmuebles en lo aplicable al área patrimonial, así como para el registro contable y control individual de esos bienes; para conciliar las diferencias de bienes entre los registros contables y el inventario patrimonial y para establecer procedimientos que regulen su conciliación periódica; elaborar procedimientos que faciliten la localización de facturas originales que acrediten la propiedad de los bienes y para regular las actividades de un programa de mantenimiento, a efecto de mantenerlos en buen estado; concluir el proceso de baja de 18 vehículos, determinar el destino final de 21 que no funcionan y cuantificar 10 a su valor real, los cuales están resguardados al valor de un peso; resguardar los bienes en lugares óptimos que aseguren su utilidad y comprobar el cumplimiento del calendario de actividades para la instalación de una pantalla electrónica; registrar en la contabilidad la capitalización de 7 edificios y 2 construcciones; gestionar los avalúos de 33 terrenos y 3 construcciones; concluir con el registro de un inmueble y con el proceso de regularización de 3 ante el INDAABIN, así como con la inscripción de las escrituras de 16 predios ante el Registro Público de la Propiedad Federal; gestionar ante la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal la autorización de los planos topográficos de 32 inmuebles; elaborar el lineamiento o procedimiento que regule de manera ordenada y secuencial la documentación legal, técnica y administrativa que integre los expedientes de los bienes inmuebles; contar en los expedientes de inmuebles con los documentos del valor de la construcción, superficie o medidas y actas de entrega y de finiquito; elaborar un procedimiento para el seguimiento de pedidos de bienes que permita identificar plazos de vencimiento en su entrega, a efecto de calcular y cuantificar el monto de las penalizaciones que se deben aplicar y, por último, obtener la autorización de la SHCP del catálogo de cuentas, de la guía contabilizadora y de los principales libros Diario General y Mayor General.

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Universidad Autónoma Chapingo no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para asegurar la eficiencia y eficacia de la gestión financiera de los bienes muebles e inmuebles, en cuanto al registro, valuación, custodia, salvaguarda, baja y conciliación de los registros contables con los patrimoniales, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: el registro contable de los bienes muebles e inmuebles por 8,134,079.3 miles de pesos y su depreciación no facilita su control por año de adquisición y número de inventario, entre otros, ya que se realiza en forma global a nivel cuenta de mayor; la falta de conciliaciones originó diferencias al cierre del ejercicio de 2011 por 5,616,401.2 miles de pesos entre la balanza de comprobación y el inventario patrimonial; en la inspección física a 88 bienes por 41,265.8 miles de pesos, se observó que se carece de procedimientos que faciliten localizar en archivos las facturas que acrediten la propiedad de los bienes; de 21 vehículos que no funcionan, por 2,272.8 miles de pesos, no se han realizado acciones para determinar su destino final; de 10 vehículos donados a la UACh, por 429.9 miles de pesos, han transcurrido 2 años 5 meses sin que se hayan registrado en el inventario patrimonial y se asignaron mediante resguardo con valor de un peso; de una pantalla electrónica, por 863.1 miles de pesos, han transcurrido 13 meses sin que se encuentre operando y por tanto no está cumpliendo con sus objetivos de difusión; de 7 edificios y 2 construcciones por 100,992.2 miles de pesos cuyos trabajos fueron finiquitados, han


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transcurrido hasta 21 meses sin que se hayan registrado en la contabilidad; de 33 terrenos, por 1,815,143.8 miles de pesos, sus valores no corresponden al de adquisición o de avalúo emitido por perito profesional especializado en la materia, de tal forma que 2 terrenos además de 3 construcciones se encuentran registrados al valor de un peso; 42 expedientes de edificios y construcciones por 457,949.1 miles de pesos carecen de documentos relativos al valor de la construcción, superficie o medidas y actas de entrega y de finiquito.


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Universidad Autónoma de Campeche

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos con la Universidad Autónoma de Campeche


DS-038

Objetivo


Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




De los cuatro Convenios de Asignación de Recursos Institucionales suscritos por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado de Campeche, para llevar a cabo diversos proyectos, se canalizó recursos a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) por 4,178.2 miles de pesos, para su aplicación en la primera etapa, de los cuales se revisó el 100.0%.

Antecedentes

Se ha observado que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican a las universidades, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contratos y convenios para la adquisición de diversos bienes y servicios con el propósito de evadir el procedimiento de la licitación pública, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de irregularidades por la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además de comprobar que las universidades cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios.

Resultados

La Universidad Autónoma de Campeche (UAC) celebró cuatro convenios de asignación de recursos institucionales con el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado de Campeche por 6,134.3 miles de pesos, de los cuales se revisó los recursos ejercidos de la primera etapa por 4,178.2 miles de pesos, en la que se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa por 574.5 miles de pesos.





Se promovieron acciones con el fin de recuperar recursos por presuntos daños a la Hacienda Pública Federal; asimismo, para que se apliquen las sanciones que procedan a los servidores públicos por los incumplimientos normativos en su actuación; además, se emitieron recomendaciones para fortalecer los mecanismos de control y supervisión.


136


La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los hechos de las investigaciones efectuadas y conforme a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Universidad Autónoma de Campeche cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, excepto por la muestra auditada correspondiente a la primera etapa de dos proyectos, ya que no se presentó documentación comprobatoria por 574.5 miles de pesos.


137

Universidad Autónoma de Coahuila

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos con la Universidad Autónoma de Coahuila


DS-039

Objetivo


Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




La muestra representa el 78.4% de 501,737.3 miles de pesos, y se integra por 10 contratos por 374,947.9 miles de pesos y 3 convenios de colaboración por 18,453.6 miles de pesos.

Antecedentes

Se ha venido observando como una práctica común, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudiquen a las universidades, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contratos y convenios para la adquisición de diversos bienes y servicios, con el propósito de evadir el procedimiento de la Licitación Pública, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de irregularidades por la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, así como constatar que las universidades cuenten con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios.

Resultados

La Universidad Autónoma de Coahuila no contaba con la experiencia, ni elementos técnicos y humanos, para cumplir con las obligaciones y compromisos contraídos y adquiridos en los contratos y convenios de colaboración; toda vez que se subcontrató el total de los servicios y se constató que la UAdeC pagó a los prestadores de servicios en promedio el 94% del monto de los contratos y convenios de colaboración suscritos con las dependencias y entidades.


Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.


Las acciones promovidas están orientadas a fortalecer los mecanismos de control y de operación; y promover ante la instancia de control competente la aplicación de sanciones a los servidores públicos.

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios; atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los ordenamientos legales,


138

las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Universidad Autónoma de Coahuila no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde se destaca que suscribió con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: 4 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 1 contrato con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS); 2 contratos con la Secretaría de Salud (SS); 2 convenios de colaboración con la Secretaría de Salud (SS); 1 contrato con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); 1 contrato con Pemex Exploración y Producción Región Norte (PEP); 1 contrato con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y 1 convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales arrojan un monto total de 393,401.5 miles de pesos, y se constató que los contratos fueron adjudicados de manera directa a la UAdeC, además de que en 8 de los 10 contratos que suscribió el Rector de la UAdeC, en el apartado de declaraciones, se manifestó que la UAdeC dispone de organización, experiencia, elementos técnicos y humanos necesarios, así como capacidad para cumplir directamente con las obligaciones contraídas; y en los dos convenios de colaboración que también suscribió el Rector con la Secretaría de Salud (SS), en su cláusula quinta se estipuló que se cuenta con los suficientes elementos humanos, materiales y técnicos para cumplir con los compromisos adquiridos.

No obstante lo anterior, se comprobó que tanto de los 10 contratos como de los 3 convenios de colaboración, los servicios fueron subcontratados al cien por ciento por la UAdeC, con 14 prestadores de servicios (8 personas morales y 6 personas físicas), lo que demuestra que la UAdeC no contaba con la experiencia, ni elementos técnicos y humanos, para cumplir con las obligaciones y compromisos contraídos y adquiridos en los contratos y convenios de colaboración; toda vez que se subcontrató el total de los servicios y se constató que la UAdeC pagó a los prestadores de servicios en promedio el 94% del monto de los contratos y convenios de colaboración suscritos con las dependencias y entidades. Es decir, la UAdeC subcontrató más de lo que estaba permitido (49%).


Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, analice la pertinencia de reformar el artículo 1 de la LAASP, debido a que el IMSS, la SS, la CNPSS, la SSP, PEMEX, CFE y la SEMARNAT, contrataron servicios con la Universidad Autónoma de Coahuila, con base en ese ordenamiento para eludir los procesos licitatorios, y por su parte, la Universidad no cuentan con la organización, experiencia, elementos técnicos y humanos, y capacidad, lo que implicó que subcontratara a terceros para realizar el cien por ciento de los servicios.


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Universidad Autónoma del Carmen

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos con la Universidad Autónoma del Carmen


DS-040

Objetivo


Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




Se revisó el 100% de los convenios, de los cuales siete corresponden a Pemex Exploración y Producción y dos a Pemex Refinación.

Antecedentes

Se ha observado que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican a las universidades, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contratos y convenios para la adquisición de diversos bienes y servicios, con el propósito de evadir el procedimiento de la licitación pública, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de irregularidades por la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar que las universidades cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios.

Resultados

La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) suscribió nueve convenios de los cuales siete fueron con Pemex Exploración y Producción y dos con Pemex Refinación; sin embargo, excedió el porcentaje establecido en la normatividad para la subcontratación de terceros en la realización de los trabajos convenidos; no acreditó la relación laboral con los profesionistas que participaron en la realización de los servicios en los convenios específicos; y aceptó la realización de trabajos en donde carece de facultades para cumplir con el objeto del convenio suscrito.

Asimismo, no presentó documentación comprobatoria de los gastos inherentes a los convenios específicos; además, no presentó evidencia del entero del Impuesto al Valor Agregado.

Se observó que efectuó cobros en demasía por horas no utilizadas en la ejecución de los módulos que se desarrollaron por 4,799.3 miles de pesos.




Se promovieron acciones para que se apliquen las sanciones que procedan a los servidores públicos por los incumplimientos normativos en su actuación; además, se emitieron recomendaciones para fortalecer los mecanismos de control y supervisión.


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Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra auditada, la Universidad Autónoma del Carmen no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: exceder el porcentaje establecido en la normatividad para la subcontratación de terceros en la realización de los trabajos convenidos, así como no acreditar la relación laboral con los profesionistas que participaron en la realización de los servicios en los convenios específicos; aceptar la realización de trabajos en donde carece de facultades para cumplir con el objeto del convenio suscrito; no presentar documentación comprobatoria de los gastos inherentes a los convenios específicos; efectuar cobros en demasía por horas no utilizadas en la ejecución de los módulos que se desarrollaron por 4,799.3 miles de pesos; y no presentar evidencia del entero del Impuesto al Valor Agregado.


Se formularon recomendaciones para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, analice la pertinencia de reformar el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que Pemex Refinación y Pemex Exploración y Producción contrataron servicios con la Universidad Autónoma del Carmen como Institución Pública de Educación Superior, con base en ese ordenamiento para eludir los procesos licitatorios, y por su parte, la institución no cuenta con la capacidad, organización, elementos técnicos y humanos; y en la mayoría de los casos, se subcontrata a terceros para realizar los trabajos.


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Universidad Autónoma del Estado de México

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos con la Universidad Autónoma del Estado de México


DS-041

Objetivo


Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




Se revisó el 100% de los contratos celebrados con la Administración Pública Federal que correspondieron seis al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); tres con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Antecedentes

Se ha observado que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican a las universidades, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contratos y convenios para la adquisición de diversos bienes y servicios, con el propósito de evadir el procedimiento de la licitación pública, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de irregularidades por la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar que las universidades cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios.

Resultados

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) celebró 6 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 3 con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y aun cuando manifestó que disponía de los elementos humanos y capacidad suficiente para realizar los servicios, se comprobó que carecía de éstos, toda vez que subcontrató personal bajo el esquema de becarios y a 14 empresas para cumplir con los trabajos encomendados, a quienes se efectuaron pagos por 99,525.0 miles de pesos y 123,415.9 miles de pesos, respectivamente. Además, se observaron egresos no relacionados con los contratos y falta de comprobación de aplicación de recursos por 143,744.5 miles de pesos y de los pagos por concepto de becas la UAEM no retuvo ni enteró el Impuesto Sobre la Renta.

Del convenio de colaboración suscrito con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), no se comprobó la aplicación de 716.4 miles de pesos, asignados para capacitación del personal de operación del proyecto trópico húmedo.




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Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones.


Se promovieron acciones con el fin de recuperar recursos por presuntos daños a la Hacienda Pública Federal; asimismo, para que se apliquen las sanciones que procedan a los servidores públicos por los incumplimientos normativos en su actuación; además, se emitieron recomendaciones para fortalecer los mecanismos de control y supervisión, y para desalentar la evasión fiscal.

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destaca que en los contratos celebrados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y un convenio de colaboración suscrito con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), aun cuando la UAEM manifestó que disponía de los elementos humanos y capacidad suficiente para realizar los servicios se comprobó que carecía de éstos, toda vez que subcontrató personal bajo el esquema de becarios y a 14 empresas para cumplir con los trabajos encomendados, a quienes se efectuaron pagos por 99,525.0 miles de pesos y 123,415.9 miles de pesos, respectivamente; también, se observaron egresos no relacionados con los contratos y la falta de comprobación de aplicación de recursos por 143,744.5 miles de pesos y de los pagos por concepto de becas, la UAEM no retuvo ni enteró el Impuesto Sobre la Renta.

Por lo que respecta al convenio de colaboración, suscrito con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la UAEM celebró acuerdos de prestación de servicios con 19 personas que identificó como becarios, para la operación del proyecto trópico húmedo, no obstante de haber manifestado que disponía de profesionales para el cumplimiento del objeto, además, no se comprobó la aplicación de 716.4 miles de pesos, asignados para capacitación del personal de operación del proyecto.


Se formularon recomendaciones para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, analice la pertinencia de reformar el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que el IMSS y el ISSSTE, contrataron servicios con la UAEM como Institución Pública de Educación Superior, con base en ese ordenamiento para eludir los procesos licitatorios, y por su parte, la institución no cuenta con la capacidad, organización, elementos técnicos y humanos; y en la mayoría de los casos, se subcontrata a terceros para realizar los trabajos.


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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas


Auditoría Especial: 11-4-99033-06-0404

DS-042

Objetivo

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en materia de capacidad, competitividad e innovación académica, así como de gestión institucional.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de metas y la evolución, durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2011, de los indicadores relativos a la capacidad, competitividad e innovación académica, así como de gestión institucional.

El alcance de la auditoría incluyó la evaluación del ejercicio, registro y control de los recursos ejercidos en el ejercicio fiscal 2011, por 324,614.3 miles de pesos. El monto de la muestra se integra por 25,406.6 miles de pesos de servicios personales; 4,976.2 miles de pesos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI); 979.1 miles de pesos, del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); 7,041.8 miles de pesos, del Fondo para Evaluar la Calidad de la Educación Superior, y 922.3 miles de pesos, del Programa de Mejoramiento de Calidad de la Educación Superior (CUPIA).

Antecedentes

Por Decreto núm. 139 del 31 de enero de 1995, publicado en el Periódico Oficial núm. 13 del 1 de febrero del mismo año, se creó la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), mediante la fusión de 2 instituciones de la educación y la cultura: el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y el Instituto Chiapaneco de Cultura.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica, la universidad es un organismo autónomo de interés público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, al servicio de los intereses educativos, sociales y culturales del Estado de Chiapas y de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Sistema de Educación Superior, la UNICACH se encuentra dentro del subsistema de Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS), cuyo presupuesto de ingresos se integra principalmente con el subsidio ordinario del Gobierno Estatal y con un apoyo solidario y de recursos extraordinarios del Gobierno Federal, mediante la formalización de los convenios respectivos.

A partir de 2011, la UNICACH sustenta su quehacer en el Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2025. En este documento se plasman las prioridades institucionales, la misión y visión, los valores que sustentan su quehacer cotidiano; se enuncian las políticas institucionales y los objetivos estratégicos, y se describen los ejes y programas respecto de la innovación, calidad y pertinencia educativa; el fortalecimiento de la investigación y el posgrado; la consolidación de la extensión y difusión universitaria; el desarrollo de la vinculación interna y con el entorno; su internacionalización, y la modernización de la administración universitaria y gestión financiera.

Resultados

En el análisis de los resultados de los indicadores de capacidad y competitividad académica, se observó que, en general, las metas se alcanzaron y se refleja una dinámica de crecimiento. El total de profesores de tiempo


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completo (PTC), pasó de 50 en 2001 a 146 en 2011; los PTC con posgrado crecieron de 20 a 123; los PTC con maestría pasaron de 13 a 60; los PTC con doctorado de 4 a 58; los PTC con perfil deseable de 7 a 70, y los PTC miembros del SNI de 3 a 23 en el mismo periodo; sin embargo, para los PTC con especialidad no se logró la meta ya que se programaron 14 y se alcanzaron 5 en 2011. En cuanto a los cuerpos académicos (CA), los porcentajes de cumplimiento de las metas programadas para los indicadores total de CA, CA en formación y CA en consolidación fueron de 127.3; 200.0, y 150.0%, respectivamente; no obstante, para los CA consolidados no se logró la meta, ya que se programaron 3 y se alcanzó 1.

Por lo que se refiere a la calidad de los programas educativos (PE), de los 56 PE con los que cuenta la universidad, el 17.9% son de buena calidad, clasificados en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES); respecto de los PE de licenciatura y Profesional Asociado, logró un crecimiento del 34.4%, al pasar de 32 en 2001 a 43 en 2011; aunque, se observan inconsistencias en la evolución del indicador, ya que existen aumentos y disminuciones en el periodo 2001-2011. En cuanto a la matrícula total de licenciatura y profesional asociado el porcentaje de cumplimiento de la meta programada fue del 177.7%; sin embargo, se determinó que existe una planeación inadecuada ya que en 2010 se atendieron 5,421 alumnos y para 2011 se programaron 3,439, menor a lo logrado en 2010; en la matrícula total de posgrado no se alcanzó la meta programada con el 23.3% de cumplimiento, y en el porcentaje de matrícula atendida en PE (evaluables) reconocidos por buena calidad (CIEES y COPAES), también presenta inconsistencias en la evolución del indicador, ya que existen aumentos y disminuciones en los porcentajes logrados en el periodo 2001-2010.

En la innovación académica, los indicadores de Porcentaje de PE que han incorporado enfoques educativos centrados en el aprendizaje; Porcentaje de PE en los que el servicio social tiene valor curricular, y Porcentaje de PE con semiflexibilidad curricular, los resultados en 2011 fueron de 101.8, 107.6 y 110.9%, respectivamente.

En relación con el ejercicio, registro y control de los recursos federales, se observó que el Gobierno del Estado de Chiapas entregó con atraso de 3 a 33 días los recursos federales ordinarios, y de 2 a 14 días los recursos estatales estipulados en el Convenio de Apoyo Financiero. Por lo que se refiere al Convenio de Apoyo Financiero para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa de Tipo Superior, el Gobierno del Estado aportó 12,254.2 miles de pesos con un atraso de tres meses.

Se constató que, en 2011, se ejercieron 13,919.4 miles de pesos con recursos de los fondos CUPIA, PIFI, PROMEP y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, y se constató que los recursos erogados por la universidad, se aplicaron en los proyectos autorizados y se cumplieron los objetivos establecidos en los convenios y anexos de ejecución de cada uno de los fondos y programas. La universidad cumplió con la obligación de administrar los recursos, en cuyo convenio así se dispuso, en un fideicomiso o cuentas específicas abiertas en una institución bancaria legalmente autorizada.



Con estas acciones se espera que el Gobierno del Estado de Chiapas entregue con oportunidad los recursos financieros a la UNICACH; y la universidad realice las acciones necesarias para el cumplimiento de metas y objetivos de los indicadores institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2025 de la UNICACH.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la UNICACH cumplió con las disposiciones normativas aplicables y con los objetivos y metas establecidos para los indicadores de capacidad, competitividad e innovación académica, y al ejercicio, registro y control de los recursos, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a que: en materia de desempeño, si bien la universidad avanzó en el cumplimiento de las metas y objetivos relativos a la atención educativa, se observan debilidades en la planeación de las metas comprometidas y en el control y seguimiento de los avances reportados sobre dichas metas, principalmente en los indicadores de PTC con especialidad; calidad de los programas educativos, y matrícula de posgrado. En materia del ejercicio, registro y control de los recursos federales reasignados, destaca la falta de oportunidad en la entrega de los recursos financieros a la universidad, por parte del gobierno estatal.


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Universidad Intercultural del Estado de México


Auditoría Especial: 11-4-99046-06-0402

DS-043

Objetivo

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en materia de capacidad, competitividad e innovación académica, así como de la gestión institucional.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento del objeto de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), mediante los indicadores establecidos en el Programa Anual “Educación para el desarrollo Integral”, autorizado por el Gobierno del Estado; los reportados a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y en el marco de los objetivos de capacidad, competitividad e innovación académica, así como de gestión institucional.

El alcance de la auditoría incluyó la revisión, mediante una muestra determinada a juicio, del ejercicio, registro y control de los recursos erogados en el ejercicio fiscal 2011, por 17,117.9 miles de pesos, los cuales representan el 25.7% del universo seleccionado por 66,497.7 miles de pesos. El monto de los recursos revisados se integra por 10,230.7 miles de pesos del Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales; 141.4 miles de pesos, del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 1,554.6 miles de pesos del Programa Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y 5,191.2 miles de pesos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes (FAI).

Antecedentes

La equidad educativa en todos los niveles (básica, media y superior), ha sido un tema de la planeación nacional, en cuyos documentos se ha reconocido la deuda social que se tiene con los pueblos indígenas, quienes enfrentan problemas no sólo de exclusión y baja cobertura sino también de mala calidad de los servicios educativos y de la poca o nula pertinencia cultural.

Según estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los jóvenes indígenas se han venido enfrentado a condiciones de franca desventaja para acudir a alguna institución de educación superior, ya que para ingresar a las universidades es necesario presentar un examen de admisión que atiende a los conocimientos que deben haber adquirido y a las habilidades que han desarrollado los alumnos a lo largo de su trayectoria educativa; sin mencionar que, en la mayor parte de los casos, los jóvenes indígenas que pueden continuar sus estudios superiores tienen que viajar grandes distancias o salir de sus comunidades.

En razón de que un sistema educativo equitativo debe representar en la matrícula de todos sus niveles educativos la misma proporción que cada grupo ocupa en la población y la urgente necesidad de lograr condiciones de equidad educativa, en 2003 se inicia la creación de las universidades interculturales como instituciones que se ubican en regiones densamente indígenas y que, como su nombre lo indica, no son exclusivamente para indígenas, pero sí preferentemente para esta población.

La UIEM fue la primera universidad intercultural del país, y fue creada mediante el Decreto publicado el 10 de diciembre de 2003 en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Comenzó sus actividades el 6 de septiembre de 2004 y se encuentra ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso. Atiende principalmente a jóvenes integrantes de los pueblos y lenguas mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlatzinca.


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En el artículo 2 del Decreto de Creación del 10 de diciembre de 2010, se establece que la UIEM es un organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Resultados

Con el análisis de la matrícula de la UIEM, se constató que el 83.3% hablaba una lengua indígena y que, por su procedencia, el 97.3% de la matrícula venía de 30 municipios del Estado de México; el 1.3%, de Michoacán; el 1.1%, de Morelos; el 0.1%, de Guerrero; el 0.1%, de Oaxaca, y el 0.1%, de la Delegación Milpa Alta del Distrito Federal, de donde se concluye que la universidad cumple con el objeto de contribuir a revalorizar y revitalizar las lenguas y culturas originales e impulsar una educación cuya raíz surja de la cultura del entorno inmediato de los estudiantes, así como de beneficiar, principalmente, a los municipios del Estado de México.

Del análisis de los resultados de los indicadores: capacitar al personal docente y administrativo; concertar acciones con los sectores público, privado y social; lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido; atender a los alumnos de educación superior universitaria; titulación de egresados, y diversificar la oferta educativa, se concluye que, en lo general, las metas fueron alcanzadas, con porcentajes de cumplimiento de entre el 100.0 y el 181.8%.

Si bien en los indicadores: tasa bruta de escolarización en educación superior (cobertura); absorción en educación superior; tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior; eficiencia terminal en educación superior; relación personal docente-personal administrativo en educación superior; índice de titulación en educación superior, costo por alumno en educación superior, la UIEM reportó porcentajes de cumplimiento del 100.0%, no se tuvo evidencia de los criterios utilizados por la universidad para programar las metas ni se acreditaron documentalmente los porcentajes de cumplimiento alcanzados.

En relación con los indicadores de capacidad y competitividad académica, se observó que, en general, las metas se alcanzaron y se observa una dinámica de crecimiento. El total de profesores de tiempo completo (PTC), pasó de 8 en 2004 a 28 en 2011; los PTC de licenciatura y TSU crecieron de 1 a 18; los PTC con posgrado pasaron de 7 a 10, y los PTC con maestría de 7 a 9 en el mismo periodo. En cuanto los cuerpos académicos (CA), los porcentajes de cumplimiento de las metas programadas para los indicadores total de CA y CA en formación fueron del 100.0%. La UIEM informó que aún no contaba con CA consolidados ya que inició su registro en 2010 y el plazo para que sean evaluados es de tres años, por lo que no será sino hasta 2013 cuando se evalúen los primeros cuerpos académicos, por lo que se concluye que la UIEM avanzó en el cumplimiento de los objetivos de mejorar el cuerpo docente y de impulsar la formación y consolidación de los CA señalado en el PDI institucional.

Por lo que se refiere a la calidad de los programas educativos (PE), se observó que de los cuatro PE con los que cuenta, tres se encuentran clasificados en el nivel 2 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y en proceso de evaluación para su clasificación en el nivel 1. El programa restante no ha sido evaluado debido a que aún no cuenta con el requisito de tener una generación de egresados.

En relación con el ejercicio, registro y control de los recursos federales, se observó que el Gobierno del Estado de México no aportó a la UIEM 1,319.4 miles de pesos del Convenio de Apoyo Financiero y que entregó con un atraso de entre 7 a 192 días los recursos federales convenidos. Por lo que se refiere al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes (FAI), el Gobierno Federal no aportó a la UIEM 1,199.0 miles de pesos, en tanto que el Ejecutivo Estatal no efectuó la aportación de los recursos convenidos por 10,568.7 miles de pesos.

Se constató que se firmaron tres convenios de apoyo financiero en el marco del Programa Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por 1,360.0, 100.0 y 850.0 miles de pesos, a fin de apoyar la realización de proyectos cuya fecha de inicio era del 23 de agosto de 2011, y la de término, el 31 de diciembre del mismo año; sin embargo, de acuerdo con los avances reportados, la fecha de término no se cumplió debido a que los recursos no se entregaron con oportunidad.

Se constató que, en 2011, se ejercieron 17,117.9 miles de pesos al amparo del CDI, del FAI, del Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales y del PROMEP, y se comprobó que los recursos erogados por la universidad, se aplicaron en los proyectos autorizados y se cumplieron los objetivos establecidos en los convenios y anexos de ejecución de cada uno de los fondos y programas. La universidad cumplió en la obligación de administrar los recursos en un fideicomiso o cuentas específicas abiertas en una institución bancaria legamente autorizada.


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En materia de apoyos financieros, en el ejercicio fiscal 2011 el Gobierno del Estado de México no entregó a la UIEM 11,888.1 miles de pesos y el Gobierno Federal 1,199.0 miles de pesos, para un total de 13,087.1 miles de pesos, en el marco de los convenios de apoyo financiero suscritos para financiar a la universidad. Asimismo, existe falta de oportunidad en la entrega de los recursos a la institución educativa.

La falta de entrega de recursos y su inoportuna ministración ocasiona que la ejecución de los proyectos para los que fueron autorizados no se cumpla adecuadamente, lo que afecta el proceso enseñanza-aprendizaje de la matrícula de 823 alumnos con los que contaba la universidad al inicio del ciclo escolar 2011-2012, y el fortalecimiento de la planta docente integrada por 28 profesores de tiempo completo.



Con esto se espera que el Gobierno Federal y Estatal entregue los recursos financieros a la UIEM, a fin de que se concluyan los proyectos para los que se autorizaron los recursos; y que la universidad fortalezca la planeación de las metas de sus indicadores.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la UIEM cumplió con las disposiciones normativas aplicables al cumplimiento de objetivos y al ejercicio y control de recursos, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a que: en materia de desempeño, si bien la universidad avanzó en el cumplimiento de las metas y objetivos relativos a la atención educativa, se observan debilidades en la planeación de las metas comprometidas y en el control y seguimiento de los avances reportados sobre dichas metas. En materia del ejercicio, registro y control de los recursos federales reasignados, destaca la falta de entrega de los recursos financieros a la universidad, por parte de los gobiernos Federal y Estatal, lo que ha propiciado que la UIEM no concluya los proyectos para los cuales se autorizaron los recursos o exista atraso en la ejecución de los mismos.


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Universidad Veracruzana

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos con la Universidad Veracruzana


DS-044

Objetivo


Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




La muestra representa el 93.2% de los 167,013.6 miles de pesos y se integra por un contrato por 1,521.0 miles de pesos, un convenio por 31,120.5 miles de pesos, dos convenios de coordinación por 80,000.0 miles de pesos, dos convenios de asignación de recursos por 20,017 miles de pesos, un convenio de colaboración por 20,000.0 miles de pesos y un convenio de apoyo financiero por 3,000.0 miles de pesos.

Antecedentes

Se ha observado que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican a las universidades, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contratos y convenios para la adquisición de diversos bienes y servicios, con el propósito de evadir el procedimiento de Licitación Pública, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de irregularidades por la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, así como constatar que las universidades cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios.

Resultados

La Universidad Veracruzana cumplió parcialmente con los trabajos convenidos para el Monitoreo y Vigilancia Ambiental de las Descargas de Agua hacia el Golfo de México, lo que representó un cobro en exceso al CTPALM de la CFE por 760.5 miles de pesos.

De una empresa subcontratada, la universidad no acreditó los incrementos a los costos unitarios por 171.2 miles pesos, ni los servicios recibidos que respalden un pago efectuado por 540.5 miles de pesos, para cubrir el monto mínimo pactado en el contrato.

La Universidad Veracruzana no realizó el proyecto “Observatorios para el Desarrollo Humano con Perspectiva Intercultural en cuatro Regiones Interétnicas de Veracruz”, toda vez que no contó oportunamente con los recursos por 3,000.0 miles de pesos, los cuales deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, conjuntamente con los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su reintegro.




Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones.


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Las acciones promovidas están orientadas a fortalecer los mecanismos de control y de operación; recuperar recursos por presuntos daños a la Hacienda Pública Federal, y promover ante la instancia de control competente la aplicación de sanciones a los servidores públicos.


La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, que se estimaron necesarios; atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Universidad Veracruzana cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, donde destaca que la Universidad Veracruzana cumplió parcialmente con los trabajos convenidos para el Monitoreo y Vigilancia Ambiental de las Descargas de Agua hacia el Golfo de México, lo que representó un cobro en exceso al CTPALM de la CFE por 760.5 miles de pesos; no acreditó, ni sustentó los incrementos a los costos unitarios por 171.2 miles pesos; ni se presentó evidencia de los servicios que respalden el pago efectuado a una empresa subcontratada por 540.5 miles de pesos para cubrir el monto mínimo contratado; no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación 3,000.0 miles de pesos de un proyecto convenido con la SEP que no ejecutó la universidad, porque la SEFIPLAN del Gobierno del Estado de Veracruz le transfirió los recursos con un atraso de 13 meses; además, existe un atraso injustificado en el inicio de la ejecución de un proyecto para el que el CONACYT le transfirió recursos por 3,350.0 miles de pesos.


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Secretaría de Salud

Prevención y Control de Enfermedades del Primer Nivel de Atención


DS-045

Objetivo

Fiscalizar las acciones de prevención y control de enfermedades del primer nivel de atención para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia operativa con que se realizó la prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención; la economía en la aplicación de los recursos financieros, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, se establece que el primer nivel de atención de los servicios de salud se enfoca en actividades de promoción comunitaria de la salud, vigilancia epidemiológica, y control y prevención de enfermedades, en el cual se inserta la prestación de los servicios de salud pública para la prevención de la morbi-mortalidad infantil; la atención de enfermedades prioritarias como el VIH/SIDA y las adicciones, y las acciones de salud de la mujer para la prevención del cáncer cérvico-uterino y de mama y a la disminución de la mortalidad materna.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SS), en los últimos 50 años en México se produjo un descenso en la mortalidad en todos los grupos de edad. Este descenso se acompañó de un cambio significativo en las principales causas de discapacidad y muerte.87/ Las muertes por enfermedades no transmisibles están relacionadas con estilos de vida poco saludables, entre los que destacan el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y de drogas, y las prácticas sexuales de alto riesgo, así como las lesiones por accidentes o violencia, que representan el 85.0% de todas las muertes que se registran en el país. El otro 15.0% corresponde a muertes por enfermedades asociadas con la pobreza, como las infecciosas, la desnutrición y las relacionadas con la reproducción, las cuales hace 50 años eran las causas de daño a la salud más frecuentes en el conjunto de la población, y que ahora afectan sobre todo a quienes viven en situaciones precarias. Las personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a edades más tempranas que el resto de la población.88/ El cuadro más frecuente de enfermedades contagiosas sigue siendo la falta de una cultura elemental de la salud en la mayoría de las comunidades. Los padecimientos transmisibles más frecuentes son las infecciones respiratorias y diarreicas.89/

En 2006, en las 32 entidades federativas del país se registró una incidencia de mortalidad infantil en un rango de 15.8 a 32.5 por cada 1,000 nacimientos estimados, dependiendo del Índice de Desarrollo Humano.

México se clasifica como un país con epidemia concentrada de VIH, al tener prevalencias elevadas en grupos clave. En 2006, la prevalencia del VIH en hombres que tienen sexo con hombres era del 10.0%; en mujeres trabajadoras del sexo comercial, del 1.0%; en hombres trabajadores del sexo comercial, del 15.0%; en usuarios de drogas inyectables, del 2.8%, y en población adulta de 15 a 49 años, del 0.3%. 90/En cuanto a las adicciones, en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 se reportó que de los 76 millones de personas de 12 a 65 años de edad, cerca de 4 millones (5.3%) eran dependientes del tabaco; 27 millones (35.5%) bebieron alcohol con poca

87/ Secretaría de Salud, Por un México sano: construyendo alianzas para una mejor salud. México, 2007. 88/ Organización Panamericana de la Salud, Municipios y ciudades saludables: recomendaciones para la evaluación de las

políticas en las Américas. Estados Unidos, 2010. 89/ INEGI,Censo General de Población y Vivienda 2010. México, 2011. 90/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico “En respuesta al VIH/SIDA e ITS 2007-2012”. México, 2008.


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frecuencia, pero en grandes cantidades, y 3.5 millones (4.6%) consumieron drogas ilegales “alguna vez” en su vida, expandiéndose a riesgos para su salud, su seguridad y la de quienes les rodean.91/

La principal causa de muerte en las mujeres se refiere a tumores malignos por cáncer cérvico uterino y de mama, y en la mortalidad materna, a los trastornos hipertensivos del embarazo, el embarazo, el parto y el puerperio.92/

En 2005, se presentaron 1,242 muertes maternas, de las cuales el 67.7% ocurrió en mujeres sin seguridad social, y el 32.3% (401), fuera de una unidad médica (hogar o vía pública). En las instituciones públicas de salud, el 21.0% de los partos atendidos fue en menores de 20 años. El riesgo de morir de las adolescentes que se embarazan es 1.2 veces mayor que el de las embarazadas mayores de 20 años. 93/ Entre 2007 y 2010, el número de defunciones por cáncer de mama se incrementó en 8.5% (636), al pasar de 7,460 a 8,096, mientras que el número de mujeres mayores de 25 años que murieron por cáncer cérvico-uterino se incrementó en 11.2% (425), al pasar de 3,781 en 2007 a 4,206 en 2009.94/

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, se estableció el objetivo de mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el fortalecimiento e integración de acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades. En congruencia con el marco de planeación de mediano plazo, en el PEF 2011 se establecieron los siete programas presupuestarios que conforman el primer nivel de atención de los servicios de salud: E036 “Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación”; E039 “Vigilancia epidemiológica”; S037 “Programa Comunidades Saludables”; E025 “Prevención y Atención contra las Adicciones”; P016 “Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS”; P017 “Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud”, y P018 “Reducción de la Mortalidad Materna”, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de mediano plazo.

Resultados

En materia de servicios de salud pública, en 2011, en los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) se registró una incidencia de mortalidad infantil en menores de 1 año, de 14.6 defunciones por cada 1,000 nacimientos estimados que, en comparación con la registrada en 2007, disminuyó en 19.8%, al pasar de 18.2 a 14.6 casos por cada 1,000 nacimientos estimados; sin embargo, en tres de las siete entidades federativas en donde se encuentran los municipios con menor IDH aumentó la incidencia de mortalidad infantil: en 84.2% en Durango, al pasar de 9.5 a 17.5 casos; en 40.3% en Guerrero, al pasar de 7.2 a 10.1 casos, y en 12.7% en Nayarit, al pasar de 11.0 a 12.4 casos.

Se registró una cobertura nacional de vacunación en niños de 1 a 4 años con esquema básico completo del 96.5%, superior en 1.6% a la meta de 95.0%; sin embargo, en el periodo 2007-2011, la cobertura de vacunación disminuyó en promedio anual en 0.4%, al pasar de 98.1% a 96.5%. En ese año, el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación se incrementó en 37.1% respecto del año anterior, al pasar de 16,198 a 22,212 casos, en lugar de reducirse en 5.0%.

En 2011, existían en el país 286 cámaras de frío para la conservación de los biológicos, cantidad inferior en 19.0% a las 353 necesarias. Por entidad federativa, 22 (68.8%) contaron con la totalidad de las cámaras de frío para la conservación de la vacunas, mientras que 10 entidades (31.2%) requirieron 67 cámaras de frío, de las cuales 14 correspondieron a Veracruz, 13 a Hidalgo, 13 al Estado de México, 12 a Puebla, 4 al Distrito Federal, 3 a Jalisco, 3 a Nayarit, 2 a Durango, 2 a Michoacán, y 1 a Chihuahua.

En el Programa Comunidades Saludables participaron 362 municipios, lo que representó el 14.7%, respecto de los 2,456 municipios del país, y el número de municipios apoyados por el programa para desarrollar proyectos de salud fue de 100, lo que representó el 27.6% de los municipios participantes, proporción inferior en 70.2% a la meta de 92.5%. De los 100 municipios apoyados por el programa, sólo el 4.0% (4 municipios) formó parte de los 125 municipios con menor IDH, de los cuales 3 fueron de Oaxaca y 1 de Puebla.

En materia de vigilancia epidemiológica, en 2011 se integraron a la plataforma única del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) los 12 sistemas de vigilancia previstos, así como los 32 sistemas estatales; sin embargo, sólo el 16.1% (5) de los 31 estados contaron con el marco analítico básico para diagnosticar los 27

91/ Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones 2008. México, 2009. 92/ Secretaría de Salud, Por un México sano: construyendo alianzas para una mejor salud. México, 2007. 93/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico “Arranque parejo en la vida”. México, 2008. 94/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico “Cáncer de mama” y “Cáncer cérvico-uterino”. México, 2008.


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padecimientos bajo vigilancia epidemiológica en sus Laboratorios Estatales de Salud Pública, proporción inferior en 79.9% a la meta de 80.0% (26) de las entidades federativas del país.

En cuanto a la atención de enfermedades prioritarias, en 2011 la SS registró 10.2 miles de casos de personas con VIH que, en comparación con las 63,042.1 miles de personas de 15 a 49 años de edad, representaron una prevalencia de VIH de 0.02 casos por cada cien personas, proporción inferior en 95.0% a la meta de 0.4 casos por cada cien personas. En relación con las adicciones, se atendió a 2,957.1 miles de adolescentes de 12 a 17 años de edad, a quienes se les brindaron servicios de prevención, detección, orientación y consejería que, en comparación con los 13,215.1 miles de personas que había en el país en ese rango de edad, representó una cobertura del 22.4%, proporción superior en 128.6% a la meta de 9.8%; sin embargo, no se dispuso de información para valorar el avance de la meta de mediano plazo de disminuir en 10.0% la prevalencia de consumo, por primera vez, de drogas ilegales en la población de 12 a 17 años de edad.

Respecto de las acciones de salud de la mujer, en 2011 se realizaron 319,515 mastografías en el mismo número de mujeres que, en comparación con las 7,664,141 mujeres de 50 a 69 años de edad que había en el país, representaron una cobertura de detección de cáncer de mama de 4.2%, resultado inferior en 74.1% a la meta de 16.2%, y significó que el 95.8% de las mujeres en riesgo de tener este padecimiento no recibió el servicio médico de detección. En ese año, la tasa de mortalidad por cáncer de mamá en el ámbito nacional fue de 17.4 muertes por cada 100,000 mujeres de 25 años y más, similar a la meta comprometida de 17.5 decesos.

Asimismo, se otorgaron 714,239 citologías en el mismo número de mujeres que, en comparación con las 1,728,025 mujeres de 25 a 34 años de edad que había en el país, representaron una cobertura de detección de cáncer cérvico-uterino de 41.3%, inferior en 51.4% a la meta de 85.0%, y significó que el 58.7% de las mujeres en riesgo de tener este padecimiento no recibió el servicio médico de detección. En 2011, se reportaron 4,060 defunciones por cáncer cérvico-uterino que, en comparación con las 31,030,145 mujeres de 25 años y más del país, representaron una tasa de mortalidad de 13.1 muertes por cada cien mil mujeres. La tasa registrada en 2011 mostró una disminución de 12.7%, en comparación con 2006, al pasar de 15.0 a 13.1 casos. De continuar con esa tendencia, la ASF estima que la meta de reducir en 27.0% la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino se lograría en el año 2017.

Respecto de la mortalidad materna, se registraron 971 defunciones maternas que, en comparación con los 1,913,353 nacimientos estimados por el CONAPO, significó una incidencia de 50.7 defunciones de mujeres por cada cien mil nacimientos estimados, resultado superior en 3.5% a la meta de 49.0 muertes por cada 100,000 nacimientos estimados. En 20 entidades federativas (62.5%), la tasa de mortalidad materna estuvo por debajo de la tasa nacional, al registrar una tasa de 18.1 a 49.3 casos, mientras que en 12 (37.5%) fue mayor, al reportar una incidencia de entre 51.4 y 113.0 defunciones.

La SS no presentó en la Cuenta Pública 2011 información suficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos de los siete programas presupuestarios que conforman el primer nivel de atención de los servicios de salud.


En 2011 se cumplió la meta de mantener la cobertura de vacunación con esquema básico completo en población de 1 a 4 años de edad por arriba del 95.0% en el ámbito nacional; sin embargo, durante el periodo 2007-2011 la cobertura de vacunación disminuyó en promedio anual en 0.4%, al pasar de 98.1% a 96.5%, debido principalmente a la menor compra de biológicos, ya que en el año se compraron 25,325.5 miles de vacunas, el 97.5% de las programadas, lo cual ha impactado en la salud de la población infantil, ya que de 2010 a 2011, el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación se incrementó en 37.1%.

Respecto de la detección oportuna de cáncer de mama y cérvico-uterino, no se cumplieron las metas, lo que provocó que las mujeres en riesgo de tener estos padecimientos no recibieran el servicio médico de detección. En 2011, la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 17.4 muertes por cada cien mil mujeres de 25 años y más, similar a la meta comprometida de 17.5 decesos; sin embargo, en el periodo 2000-2011 aumentó en promedio anual 1.3%, al pasar de 15.1 a 17.4 defunciones.



Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a asegurar el cumplimiento del objetivo y la meta de disminuir la incidencia de mortalidad infantil en los municipios con menor índice de desarrollo humano; cumplir


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la meta de reducir el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación; asegurar que los laboratorios estatales de salud pública de las entidades federativas cuenten con el marco analítico básico para diagnosticar los 27 padecimientos bajo vigilancia epidemiológica; favorecer el desarrollo de proyectos municipales de salud en los municipios con menor índice de desarrollo humano; garantizar la existencia de cámaras de frío suficientes para la conservación de los biológicos, y realizar acciones para disminuir la tasa de mortalidad de cáncer de mama en mujeres de 25 años o más.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), la Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) y los centros nacionales contra las Adicciones (CENADIC), para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), y de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud (SS), cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la prevención y control de enfermedades del primer nivel de atención, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que, en 2011, el número de enfermedades prevenibles por vacunación se incrementó en 37.1%, respecto de 2010; sólo el 16.1% (5) de los estados contó con el marco analítico básico para diagnosticar los 27 padecimientos bajo vigilancia epidemiológica en sus Laboratorios Estatales de Salud Pública, proporción inferior en 79.9% a la meta comprometida de 80.0%; los 100 municipios apoyados por el Programa Comunidades Saludables representaron el 27.6% de los 362 municipios participantes, proporción inferior en 70.2% a la meta de 92.5%; sólo el 4.0% (4 municipios) de los municipios que recibieron apoyo del programa correspondió a municipios con menor índice de desarrollo humano; la CONADIC y el CENADIC no contaron con información para valorar el avance de la meta de disminuir en 10.0% la prevalencia de consumo de drogas ilegales por primera vez en la población de 12 a 17 años; el CNEGSR realizó 319,515 mastografías en el mismo número de mujeres, que, en comparación con las 7,664,141 mujeres de 50 a 69 años de edad que había en el país, representaron una cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía de 4.2%, inferior en 74.1% a la meta de 16.2%, así como 714,239 citologías en el mismo número de mujeres que, en comparación con las 1,728,025 mujeres de 25 a 34 años de edad que había en el país, representaron una cobertura de detección de cáncer cérvico-uterino de 41.3%, inferior en 51.4% a la meta de 85.0%, y se reportaron 971 defunciones maternas que, en comparación con los 1,913,353 nacimientos estimados por CONAPO, representaron una incidencia de 50.7 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados, superior en 3.5% a la meta comprometida de 49.0 defunciones.


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Sistema Integral de Calidad en Salud


DS-046

Objetivo

Fiscalizar el Sistema Integral de Calidad en Salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría del Sistema Integral de Calidad en Salud comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia en la operación del sistema; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y la rendición de cuentas.

Antecedentes

La evolución histórica de la calidad de los servicios de salud en México se inicia en 1956, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio los primeros pasos para establecer mecanismos de validación de la práctica médica institucional. Después, diferentes instituciones desarrollaron estrategias que tuvieron un lugar relevante en las políticas nacionales; sin embargo, de acuerdo con los resultados de la “Encuesta Nacional de Satisfacción con los servicios de salud, 2000”, 95/ México presentaba baja calidad de los servicios de salud públicos y privados; heterogeneidad de los niveles de calidad entre regiones geográficas, entre instituciones y al interior de las propias instituciones; mala percepción, respecto de la calidad de los servicios por parte de la población, e insuficiente información y poco confiable sobre el desempeño de los servicios de salud.

La evolución histórica de la calidad de la atención a la salud en México, se muestra en el cuadro siguiente:

95/ Fundación Mexicana para la Salud. Encuesta Nacional de Satisfacción con los Servicios de Salud, 2000. México, 2000.


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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN MÉXICO

1. Auditorías médicas, Instituto Mexicano del Seguro Social (1956)

En 1956, el Hospital de "La Raza" inició en forma extraoficial la revisión de expedientes y, en 1957, se formó la Comisión de Supervisión Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 1959, se integró la Auditoría Médica en el IMSS, la cual se formalizó en el Boletín Médico de la institución, y se sentaron las bases para la evaluación de la calidad de la atención, mediante la revisión del expediente clínico.

2. Círculos de calidad, Instituto Nacional de Perinatología (1985)

Los "círculos de calidad", fueron adaptados a la atención médica en el Instituto Nacional de Perinatología. La filosofía que encierran los círculos de calidad, se resume en el hecho de que la calidad es responsabilidad primordial de aquéllos que producen el servicio, y son ellos quienes mejor conocen el proceso; por lo tanto, son ellos también quienes mejor pueden controlarlo, corregirlo o mejorarlo cuando así se requiera.

3. Evaluación de la calidad de la atención médica, Instituto Mexicano del Seguro Social (1987)

En julio de 1987, el IMSS editó el documento "Evaluación de la calidad de la atención en las unidades médicas del IMSS", que incluyó un "Instructivo" y una "Cédula de Registro", documentos que representaron una aportación a los trabajos del Grupo Básico de Evaluación del Sector Salud, que editó ese mismo año las "Bases para la evaluación de la calidad de la atención en las unidades médicas del Sector Salud".

4. Financiamiento de proyectos de mejora continua, Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para la Población Abierta (1994)

El Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para Población Abierta (PASSPA) fue puesto en marcha por la Secretaría de Salud (SS) en 1994, con el objetivo de ampliar la cobertura real de los servicios y mejorar la calidad de su prestación, a fin de garantizar, en el largo plazo, un giro sustancial en los riesgos de enfermar y morir entre las poblaciones más vulnerables.

5. Programa Integral de Calidad, Instituto Mexicano del Seguro Social (1997)

El Programa Integral de Calidad, elaborado por el IMSS tuvo como objetivo general: consolidar las acciones que impulsen de manera unificada la cultura de la calidad y garanticen el mejoramiento interno de las interrelaciones de los procesos, para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios que satisfagan las necesidades de los derechohabientes.

6. Programa de Mejora Continua de la Calidad en la Atención médica, Secretaría de Salubridad y Asistencia (1997-2000)

En 1997 la Secretaría de Salud inició el Programa de Mejora Continua de la Calidad de la Atención Médica. Durante el periodo 1997-2000, el programa fue implantado en 28 estados de la República. Este programa, incluyó la primera evaluación del nivel de calidad de unidades de primero y segundo nivel en la historia de esta institución.

7. Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, Secretaría de Salud (2001-2006)

El objetivo de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud fue generar una cultura nacional a favor de la calidad en los servicios de salud, planteaba elevar la calidad de los servicios y llevarla a niveles aceptables en todo el país.

FUENTE: Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico Sistema Integral de Calidad en Salud 2007-2012. México, 2012.

Con estos antecedentes, en 2007 se implementó el Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) con el objetivo de “implantar un sistema integral y sectorial de la calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos”.

En las Reglas de Operación 2011 del programa SICALIDAD, 96/ se describen las principales características del sistema:

96/ Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2010.


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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD, 2011

Objetivo general: Implementar un sistema integral de calidad en salud que coordine, integre, apoye, promueva y difunda avances en materia de calidad situando la calidad como una prioridad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud.

Objetivos específicos: Considerar las expectativas y la voz de los usuarios, desarrollando acciones destinadas a mejorar la calidad que perciben de los servicios de salud; mejorar la calidad técnica y la seguridad del paciente en la atención a la salud mediante la mejora continua, la reducción de eventos adversos, la medicina basada en la evidencia y la estandarización de cuidados de enfermería; y conducir bajo la rectoría de la Secretaría de Salud transformaciones en la calidad de la gestión y organización de los servicios de salud, institucionalizando el compromiso por la calidad.

Población objetivo: Unidades médicas de primer nivel, hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad, Institutos Nacionales de Salud y áreas centrales de calidad y seguridad del paciente de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, que desarrollen proyectos para la mejora de la calidad técnica y seguridad del paciente, la calidad percibida y la calidad de la gestión de los Servicios de Salud, de los Servicios Estatales de Salud de las 31 entidades federativas, la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, así como a otras instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Esquema de operación:

1. La SS publica y difunde las convocatorias para acceder al financiamiento o cofinanciamiento del SICALIDAD.

2. Las unidades médicas presentan solicitudes para financiamiento o cofinanciamiento en los términos y plazos de las convocatorias.

3. Una vez recibidas las solicitudes, la SS mediante la DGCES, procede a verificar que cumplan los términos y plazos dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de la fecha límite de recepción de solicitudes.

Esquema de operación:

4. El Comité Técnico para otorgar apoyos a proyectos asociados a SICALIDAD, aprueba el dictamen y notifica los resultados por escrito a los titulares de los Servicios Estatales de Salud de las 31 Entidades Federativas, Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad y otras instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

5. Una vez que se dan a conocer los resultados, la SS transferirá la suma de los montos de los proyectos beneficiados, mediante la tesorería del gobierno de la entidad federativa y de los servicios estatales de salud.

6. La instancia ejecutora formulará el reporte de avance financiero de las acciones bajo su responsabilidad en forma trimestral, el cual deberá remitir a la DGCES.

7. El ejercicio de los recursos deberá efectuarse en el transcurso del año fiscal en que le hayan sido transferidos, en el caso de que al 31 de diciembre de ese año fiscal, no se encuentren devengados los recursos recibidos, deberá reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, a más tardar en los siguientes 15 días naturales al cierre del ejercicio, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

FUENTE: Secretaría de Salud. Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD). México, 2012.

Resultados

Para 2011, la Secretaría Salud (SS) careció de indicadores, metas e información para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Sistema Integral de Calidad en Salud de: “coordinar, integrar, apoyar, promover y difundir avances en materia de calidad situando la calidad como una prioridad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud”, así como del objetivo específico de: mejorar la calidad técnica y la seguridad del paciente en la atención a la salud mediante la estandarización de cuidados de enfermería.

A 2011, mediante el SICALIDAD, se acreditaron 9,945 unidades médicas, el 82.9% de las 12,002 unidades programadas para 2012. De continuar con la tendencia observada de 2008 a 2011, el número de unidades médicas acreditadas en 2012 ascendería a 11,777, el 98.1% de la meta establecida en el Programa de Acción Específico del Sistema de Protección Social en Salud (PAESPSS) 2007-2012 y en el Programa de Acción Específico Sistema Integral de Calidad en Salud (PAESICALIDAD) 2007-2012.


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En 2011, la SS no constató que se mantuvieran las condiciones de infraestructura y equipamiento, de trato digno a los pacientes y de atención médica efectiva de las 9,945 unidades médicas que en ese año contaban con su dictamen de acreditación.

La secretaría tampoco acreditó que en 2011 aplicó el procedimiento para la reacreditación de unidades médicas en las que venció la vigencia de su dictamen.

De acuerdo con el Estado de Situación Presupuestal, al 31 de diciembre de 2011 el presupuesto ejercido en el SICALIDAD fue de 147,793.4 miles de pesos, monto igual al modificado, e inferior en 12.8% (18,794.2 miles de pesos) al original.

En 2011, la SS otorgó apoyos para la realización de proyectos, de acuerdo con los montos establecidos en las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud, y recibió de los beneficiarios de los apoyos, los informes técnicos y presupuestarios correspondientes para verificar que los recursos se ejercieron exclusivamente para los fines que fueron otorgados, excepto los informes técnicos de dos centros de salud del Distrito Federal.

La información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2011 no permitió evaluar el cumplimiento del objetivo general del SICALIDAD de: “Implementar un sistema integral de calidad en salud que coordine, integre, apoye, promueva y difunda avances en materia de calidad situando la calidad como una prioridad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud”, establecido en las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud.


La falta de verificación, por parte de la SS, de las 9,945 unidades médicas que en ese año contaban con su dictamen de acreditación limitó constatar que dichas unidades mantenían las mismas condiciones de infraestructura y equipamiento, de trato digno a los pacientes y de atención médica efectiva, por las que recibieron el dictamen correspondiente.



Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a fortalecer la política de la calidad de los servicios de salud, mediante el diseño de indicadores y metas para medir el cumplimiento del objetivo general del Sistema Integral de Calidad en Salud, de coordinar, integrar, apoyar, promover y difundir avances en materia de calidad situando la calidad como una prioridad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud; el cumplimiento de la meta de mediano plazo de acreditar las unidades médicas que ofrecen sus servicios al Sistema de Protección Social en Salud; la elaboración del programa de supervisión de unidades médicas acreditadas, y la presentación en la Cuenta Pública de información para medir el cumplimiento del objetivo de SICALIDAD.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones normativas aplicables, respecto de las operaciones examinadas del ejercicio 2011, relacionadas con el programa Sistema Integral de Calidad en Salud, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que: no diseñó indicadores y metas, ni contó con información para medir el cumplimiento del objetivo general del SICALIDAD de coordinar, integrar, apoyar, promover y difundir avances en materia de calidad, situando la calidad como una prioridad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud; no definió indicadores y metas para verificar el cumplimiento del objetivo específico de mejorar la calidad técnica y seguridad del paciente mediante la estandarización de cuidados de enfermería; no elaboró el programa de supervisión de establecimientos acreditados; no acreditó que aplicó el procedimiento de reacreditación de unidades médicas en las que venció la vigencia de su dictamen; no contó con los informes técnicos de todas las unidades médicas beneficiadas con apoyos; no incluyó en la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 los indicadores para medir el alcance de las actividades del programa en la eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios de salud, y no reportó en la Cuenta Pública 2011 la información que permita evaluar el cumplimiento del objetivo general del Sistema Integral de Calidad en Salud.


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Atención Médica en los Institutos Nacionales de Salud


DS-047

Objetivo

Fiscalizar la prestación de los servicios médicos de alta especialidad para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la atención médica de alta especialidad; la eficiencia en la gestión operativa; la economía en la aplicación de los recursos asignados; la competencia de los actores; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-201297/ y en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2007-2012, 98/ se señala que la medicina de alta especialidad está conformada por los servicios de atención a las personas con daños a la salud de baja frecuencia y alta complejidad, que involucran el empleo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con tecnología de última generación, realizados por equipos médicos multidisciplinarios.

En el Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) 2007-2012, 99/ se señala que en 2006 la problemática que caracterizaba la medicina de alta especialidad en materia de atención médica era la siguiente:

• Concentración y falta de coordinación entre instituciones especializadas de salud

Históricamente, los centros de alta especialidad han estado ubicados en zonas urbanas de mayor desarrollo, lo que significa para muchos la necesidad de largos viajes para recibir la atención médica especializada.

La atención médica hospitalaria estaba centralizada principalmente en el Distrito Federal, ya que los 10 INS que brindan servicios de alta especialidad se encontraban en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Esto, debido al crecimiento poblacional y la falta de inversión en infraestructura en salud, principalmente en hospitales, aunado a la falta de coordinación para la canalización hacia los servicios hospitalarios, lo que ha propiciado que la demanda para los servicios de atención médica de alta especialidad sea muy grande, y que se encuentren saturados. Esta saturación ha provocado la demora en la atención, una mayor concentración de servicios mal estructurados y, principalmente, que los grupos menos favorecidos no puedan acceder a los servicios por su situación económica o por su lugar de residencia.

La demanda de atención presentaba una tendencia creciente, debido a que las medidas para enfrentar las enfermedades crónico-degenerativas eran insuficientes, por lo que se requería reorientar los servicios de salud para abatir el avance de dichos padecimientos.

Persistía la falta de coordinación entre los diferentes niveles de atención médica, que ha provocado que las instituciones de salud especializadas sean cuestionadas por sus limitaciones en su cobertura y la concentración en las principales ciudades del país, por lo que resulta indispensable la creación de unidades médicas de alta especialidad con una mayor distribución en el territorio nacional, para abatir los tiempos de espera en la atención médica.

97/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2007. 98/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero de 2008. 99/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2010.


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• Desigualdad en las condiciones de salud

Las diferencias observadas en las condiciones de salud entre los estratos sociales obedecen a desigualdades en la oportunidad de atención, particularmente en los sectores más rezagados socialmente. En general, la salud tiende a ser más precaria y el acceso a servicios de salud más limitado en los estados del sureste del país, regiones rurales, comunidades indígenas y zonas marginadas. Casi una tercera parte de las defunciones en los 100 municipios más pobres del país se debe a padecimientos transmisibles, de la nutrición y la reproducción. La edad promedio de vida de una mujer que habita en las zonas marginadas es de 51 años y la del hombre de 49 años.

En los últimos 50 años, México ha presentado un descenso importante de la mortalidad en los diferentes grupos de edad. Este descenso se acompañó de un cambio igualmente significativo de las principales causas de incapacidad y mortalidad. Hoy en día predominan como causas de daño a la salud, las enfermedades crónico-degenerativas y las lesiones, padecimientos que son más difíciles de tratar y más costosos que los problemas de infección comunes, de la reproducción y enfermedades relacionadas con la desnutrición, que en la primera mitad del siglo XX fueron las principales causas de mortalidad. Esta transición epidemiológica está íntimamente ligada con el incremento en la esperanza de vida al nacer y el envejecimiento de la población, así como con riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables.

Asimismo, el sistema mexicano de salud no cuenta con recursos suficientes para enfrentar el nuevo perfil de enfermedades en la población. En el año 2000, México dedicaba el 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud. Otros países latinoamericanos con condiciones de desarrollo similares, como Argentina, Colombia y Uruguay, dedicaban más del 8.0% de su ingreso a este aspecto primordial del desarrollo social.

A fin de enfrentar esta problemática, en el PAEMAE 2007-2012 se estableció el objetivo de: “desarrollar e instrumentar un modelo integrado de atención médica con criterios homogéneos, basado en un sistema de servicios de salud de alta especialidad, en donde se garantice una atención eficiente a la población”.

De acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, los institutos encargados de prestar servicios de atención médica de alta especialidad, son los 10 siguientes:

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD QUE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, 2011 Institutos nacionales de salud 1/ Año de

creación Especialidad tratante

1. Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 2/ 1943 Padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia

2. Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” 1944 Padecimientos cardiovasculares 3. Instituto Nacional de Cancerología 1946 Neoplasias 4. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel

Velasco Suárez” 1952 Afecciones del sistema nervioso

5. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”

1981 Medicina interna en adultos y las relacionadas con la nutrición

6. Instituto Nacional de Pediatría 2/ 1983 Padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia

7. Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”

1983 Salud reproductiva y perinatal

8. Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”

2000 Psiquiatría y salud mental

9. Instituto Nacional de Rehabilitación 2005 Discapacidad 10. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

“Ismael Cosío Villegas” 2006 Padecimientos del aparato respiratorio

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2012.

1/ Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad.

2/ De conformidad con el artículo 5, fracción X, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Infantil de México está considerado como un instituto, y desempeña funciones similares a las del Instituto Nacional de Pediatría.


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Resultados

En 2011, de los 10 INS que brindaron asistencia médica de alta especialidad, 9 atendieron en conjunto a 753,208 personas con enfermedades del aparato respiratorio, cardiovasculares, neoplasias, del sistema nervioso, de salud mental, nutricionales, neurológicos, y de la población infantil, y 1 no acreditó la población atendida: el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Los 10 INS operaron sin un sistema de referencia y contrarreferencia que les permitiera conocer el número de pacientes referenciados y contrarreferenciados por las unidades hospitalarias del primero y segundo niveles de atención, a fin de garantizar el acceso oportuno a los servicios de alta especialidad.

En ocupación hospitalaria, en 2011, de los 10 INS, 7 estuvieron por arriba de la meta establecida en el PEF de 2011, de lograr el 74.6% de ocupación hospitalaria: los institutos nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición (92.2%), de Pediatría (87.5%), de Neurología y Neurocirugía (82.6%), de Psiquiatría (79.4%), de Cancerología (76.6%), y de Perinatología (75.3%), y el Hospital Infantil de México (83.4%); 2 se encontraron en un rango de cumplimiento del 71.7 % al 72.6%: los institutos nacionales de Rehabilitación y de Enfermedades Respiratorias, y 1, el Instituto Nacional de Cardiología, registró un porcentaje de 66.7%, inferior a la meta establecida.

En materia de defunciones por cada cien egresos hospitalarios, de los 10 INS, 5 registraron tasas de defunciones por cada cien egresos hospitalarios inferiores a las programadas para 2011: los institutos nacionales de Perinatología (0.4), de Cardiología (5.3), de Neurología y Neurocirugía (2.7), de Ciencia Médicas y Nutrición (1.8), y de Enfermedades Respiratorias (8.3); 2 presentaron una tasa bruta de mortalidad hospitalaria igual a la proyectada: los institutos nacionales de Cancerología y de Rehabilitación; 2 reportaron una tasa de mortalidad mayor que la señalada en su catálogo de indicadores: el instituto nacional de Pediatría (3.1), y el Hospital Infantil de México (2.9), y a 1 (10.0%) no le fue aplicable: el Instituto Nacional de Psiquiatría.

Por lo que respecta a las infecciones nosocomiales, 3 registraron resultados inferiores respecto del parámetro de 5.0 infecciones nosocomiales por cada cien egresos hospitalarios: los institutos nacionales de Rehabilitación (1.2), de Perinatología (1.8), y de Cardiología (4.0); 1 obtuvo un resultado similar al estándar establecido: el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (5.2); 1 no presentó incidencia de infecciones nosocomiales debido al tipo de atención médica que otorga: el Instituto Nacional de Psiquiatría, y 5 registraron resultados superiores al parámetro sectorial establecido: los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias (5.6), de Cancerología (6.0), de Pediatría (7.0), y de Neurología y Neurocirugía (8.0), y el Hospital Infantil de México (8.0).

En estancia hospitalaria, de los 10 INS, 2 obtuvieron un promedio de días de estancia igual al proyectado: el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Hospital Infantil de México; 5 registraron una estancia hospitalaria menor a la programada: los institutos nacionales de Cancerología, de Rehabilitación, de Perinatología, de Cardiología, y de Neurología y Neurocirugía; 2 no se ajustaron al promedio programado: los institutos nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición y de Pediatría, y a 1, el Instituto Nacional de Psiquiatría, no le fue aplicable.

Por lo que se refiere al promedio de consultas por hora médico, en 2011, de los 10 INS, 3 se situaron por arriba del estándar establecido por la SS, de registrar en promedio 3.0 consultas por hora médico: los institutos nacionales de Psiquiatría (6.1), de Cardiología (4.5), y de Pediatría (4.4); 2 se ubicaron en un rango de cumplimiento de 93.3% a 96.7%, respecto del estándar sectorial: los institutos nacionales de Cancerología (2.9) y de Ciencias Médicas y Nutrición (2.8), y 5 registraron resultados inferiores al estándar: los institutos nacionales de Perinatología (2.4), de Enfermedades Respiratorias (2.3), de Rehabilitación (2.2), de Neurología y Neurocirugía (1.6) y el Hospital Infantil de México (2.0).

En cuanto al promedio diario de consultas por consultorio, de los 10 INS, 3 se encontraron por arriba del estándar establecido por la SS, de otorgar en promedio 12.0 consultas diarias por consultorio: los institutos nacionales de Neurología y Neurocirugía (23.1), de Ciencias Médicas y Nutrición (14.0) y de Enfermedades Respiratorias (13.0); y 6 registraron resultados inferiores al estándar sectorial: los institutos nacionales de Rehabilitación (10.8), de Cancerología (9.2), de Pediatría (9.1), de Cardiología (8.2), de Perinatología (7.7) y el Hospital Infantil de México (4.1), y a 1, el Instituto Nacional de Psiquiatría no le fue aplicable.

En 2011, los 10 INS erogaron 7,006,482.4 miles de pesos, monto superior en 4.9% al original de 6,680,758.5 miles de pesos, e inferior en 5.7% al modificado de 7,431,214.5 miles de pesos. Los 10 INS recaudaron de manera conjunta 1,827.5 miles de pesos, monto superior en 2.2% a los 1,788.0 miles de pesos programados.


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La MIR del programa presupuestario E023, elaborada por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) y aplicable para los 10 INS, es adecuada y permite verificar la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz.

La información reportada por la SS en la Cuenta Pública de 2011, en materia de prestación de servicios médicos de alta especialidad, no permite evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población atendiendo la demanda de servicios de salud en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, establecido en la MIR 2011 del programa presupuestario E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud”.


La falta de un sistema de referencia y contrarreferencia en los 10 institutos nacionales de salud que brindan atención médica impidió conocer el número de pacientes referenciados y contrarreferenciados por las unidades hospitalarias del primer y segundo nivel de atención y limitó el acceso oportuno a los servicios de alta especialidad.



Las recomendaciones emitidas se orientan a asegurar el establecimiento de metas e indicadores para medir el cumplimiento del objetivo de las unidades médicas de alta especialidad en materia de atención médica; asegurar el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia; ajustarse a los estándares sectoriales de atención médica, y presentar en la Cuenta Pública información para medir el cumplimiento del objetivo de las unidades médicas de alta especialidad en materia de atención médica.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, y de los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, de Pediatría, de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, de Rehabilitación, y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, respecto de las operaciones examinadas del ejercicio 2011, relacionadas con la atención médica de alta especialidad, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que de los 10 institutos nacionales de salud, 1 no se ajustó a la meta de registrar el 74.6% de ocupación hospitalaria; 10 no cumplieron con la meta sectorial de operar con un sistema de referencia y contrarreferencia; 2 reportaron una tasa mayor de defunciones por cada cien egresos hospitalarios; 5 presentaron una tasa mayor de incidencia de infecciones nosocomiales; 2 no se ajustaron al estándar sectorial de días de estancia hospitalaria; 5 institutos no se ajustaron al estándar sectorial de 3.0 consultas de especialidad por hora médico; y 6 registraron un promedio menor de 12.0 consultas por consultorio. Asimismo, la información reportada en la Cuenta Pública no permite evaluar el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario E023.


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Formación de Recursos Humanos en los Institutos Nacionales de Salud


DS-048

Objetivo

Fiscalizar las acciones de formación de recursos humanos de alta especialidad para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de formación de recursos humanos en los 12 institutos nacionales de salud; la eficiencia en la gestión operativa; la economía en la aplicación de los recursos asignados; la percepción de los beneficiarios; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 100/ y en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2007-2012, 101/ se señala que se deberá brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente mediante el impulso de la formación de recursos humanos especializados.

En el Programa Nacional de Salud 2007-2012, se señala que los sistemas de salud requieren de recursos humanos suficientes y capacitados para responder a las demandas que impone el perfil epidemiológico de la población a la que se atiende.

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIPS) 2007-2012, 102/ se indica que la problemática en materia de formación de recursos humanos de la medicina de alta especialidad se caracterizaba por la escasez de recursos humanos, ya que los sistemas de salud requieren de una cantidad suficiente de médicos especialistas para atender la demanda que impone el perfil epidemiológico de la población.

En 2006, se reportó un déficit de médicos como consecuencia de que el 50.0% del total en el ámbito nacional se encontraba ubicado en seis entidades federativas: Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Estado de México, mientras que el Distrito Federal contaba con 3 médicos por cada 1,000 habitantes, Chiapas, Puebla y Estado de México tenían menos de 1 médico por cada 1,000 personas. El promedio nacional era de 1.8 médicos por cada 1,000 mexicanos, inferior en 37.9% al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que era de 2.9 médicos por cada 1,000 habitantes. 103/

En 2007, el número de médicos formados presentaba una proporción de crecimiento lenta, con un aumento del 19.0%, porcentaje de avance que no permitió alcanzar nuevamente el promedio señalado por la OCDE; en contraste, los médicos mexicanos fueron los que dedicaron más horas a su trabajo con un promedio de 58 horas por semana, en comparación con los médicos de China que destinaron 43.1 horas y de España con 48.5 horas. 104/

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Secretaría de Salud, 105/ en materia de formación de recursos humanos, en 2010 los institutos nacionales de salud formaron a 1,940 médicos, lo que significó el 48.2% de los 4,024 médicos especialistas formados en el ámbito nacional; para 2011 la formación de médicos en los institutos se incrementó en 2.4% con 1,988 médicos.

100/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2007. 101/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero de 2008. 102/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Investigación para la Salud 2007-2012, México, 2010. 103/ Ibid. 104/ Ibid. 105/ Secretaría de Salud, Diagnóstico situacional de médicos especialistas en México, México, 2011.


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A fin de enfrentar esta problemática, en el PAEIPS 2007-2012 se estableció el objetivo de: continuar impulsando la formación de recursos humanos especializados en las unidades hospitalarias de alta especialidad, considerando las proyecciones demográficas y epidemiológicas, así como el desarrollo tecnológico del país.

De acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, los institutos encargados de formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean afines, son los 12 siguientes:

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD FORMADORES DE RECURSOS HUMANOS DE ALTA ESPECIALIDAD, 2011

Institutos nacionales de salud 1/ Año de creación

Especialidad tratante


12. Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” 1944 Padecimientos cardiovasculares 13. Instituto Nacional de Cancerología 1946 Neoplasias 14. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

“Manuel Velasco Suárez” 1952 Afecciones del sistema nervioso



16. Instituto Nacional de Pediatría 3/ 1983 Padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia



18. Instituto Nacional de Salud Pública 3/ 1987 Investigación y enseñanza en salud pública 19. Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la

Fuente Muñiz” 2000 Psiquiatría y salud mental

20. Instituto Nacional de Medicina Genómica 3/ 2004 Fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre el genoma humano

21. Instituto Nacional de Rehabilitación 2005 Discapacidad 22. |Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias


FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2012.

1/ Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; que tiene como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad.

2/ De conformidad con el artículo 5, fracción X, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Infantil de México está considerado como un instituto, y desempeña funciones similares a las del Instituto Nacional de Pediatría.

3/ Estos institutos sólo realizan la investigación científica en salud y la formación de recursos humanos, y no otorgan atención médica.

Resultados

Para 2011, los 12 Institutos Nacionales de Salud (INS) no contaron con indicadores, metas e información para medir el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar la salud de la población, mediante la formación de especialistas médicos orientados al perfil epidemiológico.

En 2011, de los 12 INS, 8 (66.7%) cumplieron con su meta institucional establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, respecto de la formación de especialistas médicos, los institutos nacionales: de Salud Pública, de Psiquiatría, de Neurología y Neurocirugía, de Rehabilitación, de Cardiología, de Pediatría, de Enfermedades Respiratorias, y el Hospital Infantil de México, y 4 (33.3%) registraron cumplimientos de entre 91.9% y 99.3%.

Los 11 INS que forman recursos humanos especializados cumplieron las metas establecidas en sus Catálogos de Indicadores Institucionales, relacionadas con la eficiencia terminal de los médicos formados. En ese año, concluyeron su residencia médica 889 personas, 6.0% más que las 820 comprometidas.

De los 11 INS que implementaron programas de residencia médica, 10 (91.7%) realizaron adecuaciones a los programas operativos de residencias médicas de alta especialidad, a fin de formar médicos especialistas que coadyuven a la satisfacción de las necesidades demográficas y epidemiológicas que presenta el país, los


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institutos nacionales: de Pediatría, de Rehabilitación, de Enfermedades Respiratorias, de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Salud Pública, de Perinatología, de Cardiología y el Hospital Infantil de México, y 1 (8.3%) no acreditó las adecuaciones realizadas a los programas de residencias médicas, el Instituto Nacional de Psiquiatría.

Los 11 INS que implementaron programas de residencia médica en 2011 realizaron una encuesta para conocer la percepción de los médicos formados sobre los cursos impartidos, relacionada con la utilidad de los temas impartidos y los espacios físicos, de los cuales 2 (18.2%) superaron la meta institucional, respecto del nivel de satisfacción de posgrado en medicina, los institutos nacionales: de Neurología y Neurocirugía, y de Ciencias Médicas y Nutrición; 7 (63.6%), se ubicaron en un rango de 93.7% a 100.0%, de acuerdo con la meta comprometida, los institutos nacionales: de Perinatología, de Rehabilitación, de Pediatría, de Cancerología, de Salud Pública, de Enfermedades Respiratorias, y de Psiquiatría, y 2 (18.2%) registraron resultados inferiores a la meta, el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital Infantil de México.

La información reportada por la Secretaría de Salud en la Cuenta Pública de 2011, en materia de formación de recursos humanos, no permite evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar la salud de la población mediante la formación de especialistas médicos orientados al perfil epidemiológico, establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del programa presupuestario E010 “Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud”.


La carencia de información en materia de médicos especialistas formados en los institutos nacionales de salud, limita la toma de decisiones con base en un perfil epidemiológico de la población y en una perspectiva de mediano plazo; impide conocer en qué medida la formación de estos especialistas contribuye a mejorar la salud de la población, y no permite saber si las especialidades en las que se están formando los médicos atienden las necesidades de salud de la población.



Las recomendaciones emitidas se orientan a asegurar el establecimiento de metas e indicadores para medir el cumplimiento del objetivo de las unidades médicas de alta especialidad en materia de formación de recursos humanos; asegurar el cumplimiento de sus metas en formación de recursos humanos y percepción del beneficiario, y presentar en la Cuenta Pública información para medir el cumplimiento del objetivo de las unidades médicas de alta especialidad en materia de formación de recursos humanos.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, y los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, de Pediatría, de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, de Salud Pública, de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, de Medicina Genómica, de Rehabilitación, y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” cumplieron con las disposiciones normativas, respecto de las operaciones examinadas del ejercicio 2011, relacionadas con la formación de recursos humanos en las unidades de alta especialidad, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que en 2011 los 12 INS no contaron con indicadores, metas, ni información para medir el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar la salud de la población mediante la formación de especialistas médicos orientados al perfil epidemiológico; la MIR del programa presupuestario E010 no se ajustó a la metodología del marco lógico, ya que no es clara, e impidió medir el impacto del programa, respecto de lo establecido en la planeación nacional y sectorial; los indicadores establecidos para el nivel de fin, de propósito y de actividad no presentan correlación con el objetivo definido: el nombre y método de cálculo no son claros, respecto de lo que se pretende medir, ni se estableció la definición de los ocho indicadores incluidos en la matriz, y la información reportada en la Cuenta Pública no permite evaluar el cumplimiento del objetivo del programa.


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Infraestructura y Equipamiento en los Institutos Nacionales de Salud


DS-049

Objetivo

Fiscalizar las acciones de infraestructura y equipamiento de las unidades médicas de alta especialidad para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de infraestructura y equipamiento médico de los 12 institutos nacionales de salud; la eficiencia en la gestión operativa; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 106/ y en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2007-2012 107/ se señala que la medicina de alta especialidad está conformada por los servicios de atención a las personas con daños a la salud de baja frecuencia y alta complejidad, que involucran el empleo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con tecnología de última generación, realizados por equipos médicos multidisciplinarios.

En el Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) 2007-2012, 108/ se señala que en 2006 la problemática que caracterizaba a la medicina de alta especialidad en materia de infraestructura y equipamiento era la siguiente:

• Carencia de infraestructura física.

La insuficiente consideración de criterios integrales en la decisión sobre la infraestructura física generó la construcción y equipamiento de múltiples unidades con poca o nula interrelación y apoyo entre las distintas instituciones de salud; había desequilibrio entre inmuebles, personal y equipo (falta de balance óptimo de recursos); la escasez de recursos para mantenimiento representaba una situación común en el país; era frecuente encontrar unidades sobredimensionadas en relación con las necesidades reales de la población y, en otros casos, faltaba el equipo necesario, los recursos económicos eran escasos y se carecía de personal para su operación.

Los criterios para la creación de nuevas unidades médicas respondían con frecuencia a presiones políticas de autoridades de diferentes ámbitos, por grupos sociales organizados, así como por la propia población, lo que implicó una mayor carencia de sustento técnico, así como de criterios epidemiológicos, demográficos y topográficos, entre otros, que permitieran una adecuada planeación de la infraestructura.

México contaba con 4,203 hospitales, de los cuales 1,121 (26.7%) eran públicos y 3,082 (73.3%), privados. En materia de equipamiento, el sector público disponía de 0.74 camas por cada 1,000 habitantes, cantidad inferior a la sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de una cama por cada 1,000 usuarios.

• Insuficiencia de recursos físicos de alta especialidad

En 2006, el sector público contaba con 1.2 tomógrafos por cada millón de habitantes para el diagnóstico de enfermedades, cifra inferior al promedio de 20.6 tomógrafos reportados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); las instituciones para la población no asegurada contaban con 0.3 aceleradores lineales por cada millón de habitantes, cantidad menor que el promedio de 5.0 reportado por la OCDE; se disponía de 6.0 mastógrafos por cada millón de mujeres de 25 años, cantidad inferior al promedio de

106/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2007. 107/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero de 2008. 108/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2008.


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40.0 reportado por la OCDE, y se contaba con 0.3 litotriptores por cada millón habitantes, para el tratamiento de cálculos renales, cantidad menor que el promedio de 5.0 reportado por la OCDE.

Asimismo, en los documentos de mediano plazo se señala otro factor que incide en la atención médica, relacionado con la ineficiencia, la cual se refleja en una baja productividad de los recursos (médicos, consultorios y quirófanos) en algunas instituciones, mientras que en otras el problema es de una sobreutilización de los recursos asociada a un exceso en la demanda, que pone en riesgo la calidad de la atención.

A fin de enfrentar esta problemática, la administración determinó como uno de los principales propósitos, el de mejorar y ampliar la infraestructura y el equipamiento de los institutos nacionales de salud del tercer nivel, con el objeto de incrementar la calidad de las actividades de restauración y rehabilitación de la salud que otorgan los médicos especialistas a pacientes que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento.

De acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 109/ los institutos encargados de brindar servicios de alta especialidad en 2011 fueron los 12 siguientes:

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS DE SALUD ALTA ESPECIALIDAD, 2011 Institutos nacionales de salud 1/ Año de

creación Especialidad tratante






28. Instituto Nacional de Pediatría 1983 Padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia



30. Instituto Nacional de Salud Pública 3/ 1987 Investigación y enseñanza en salud pública 31. Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la

Fuente Muñiz” 2000 Psiquiatría y salud mental


33. Instituto Nacional de Rehabilitación 2005 Discapacidad 34. |Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias


FUENTE: Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2012.

1/ Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad.

2/ De conformidad con el artículo 5, fracción X, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Infantil de México está considerado como un instituto.

3/ Estos institutos sólo realizan la investigación científica en salud y la formación de recursos humanos, y no otorgan la atención médica.

En síntesis, la infraestructura y el equipamiento hospitalarios en México constituyen uno de los factores más importantes en materia de salud, con los cuales se pretende incrementar la calidad de los servicios de atención médica de alta especialidad, mediante la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, y la adquisición de un mayor número de equipos que cuenten con tecnología de punta, a fin de mejorar las condiciones de salud de la población.

109/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000.


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Resultados

En relación con la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de los Institutos Nacionales de Salud (INS), para 2011 los 12 institutos no contaron con indicadores ni metas que permitieran medir el cumplimiento del objetivo de fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las unidades de alta especialidad.

Por lo que respecta a la eficiencia operativa, en 2011, de los 12 INS, 4 contaron con la certificación del Consejo de Salubridad General (los institutos nacionales de Cardiología, de Pediatría, de Rehabilitación y de Enfermedades Respiratorias); 2 se encontraban en proceso de certificación (Instituto Nacional de Psiquiatría y Hospital Infantil de México), y 6 no estaban certificados (institutos nacionales de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Perinatología, de Salud Pública y de Medicina Genómica.

Por lo que se refiere al número de consultorios por especialidad de los 10 institutos que brindan asistencia médica de alta especialidad, 6 superaron el estándar sectorial establecido, de contar con 1.0 consultorio por cada mil habitantes sin seguridad social (los institutos nacionales de Cancerología, de Cardiología, de Rehabilitación, de Psiquiatría, de Perinatología y el Hospital Infantil de México); y 4 no alcanzaron este parámetro (los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición y de Neurología y Neurocirugía).

En materia de camas censables, 9 INS (los institutos nacionales de Cardiología, de Cancerología, de Perinatología, de Enfermedades Respiratorias, de Psiquiatría, de Neurología y Neurocirugía, de Pediatría, y de Rehabilitación, y el Hospital Infantil de México), superaron el estándar sectorial, de contar con 0.8 camas censables por cada mil personas sin seguridad social, y el de la OMS, de contar con 1.0 camas censables por cada mil habitantes sin seguridad social, y uno, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición reportó un promedio de 0.7 camas censables por cada mil habitantes, cifra inferior a los estándares establecidos.

En cuanto al número de quirófanos, 9 INS (los institutos nacionales de Cancerología, de Cardiología, de Rehabilitación, de Perinatología, de Enfermedades Respiratorias, de Neurología y Neurocirugía, de Pediatría, y de Ciencias Médicas y Nutrición, y el Hospital Infantil de México) superaron el promedio estándar de 2.0 quirófanos por cada cien mil habitantes sin seguridad social, y el Instituto Nacional de Psiquiatría, debido a los servicios que presta, no cuenta con quirófanos.

En lo referente al número de gabinetes de radiodiagnóstico, 9 INS (los institutos nacionales de Cancerología, de Enfermedades Respiratorias, de Rehabilitación, de Cardiología, de Pediatría, de Neurología y Neurocirugía, de Perinatología, y de Ciencias Médicas y Nutrición y el Hospital Infantil de México) alcanzaron el estándar sectorial de contar con 2.0 gabinetes de radiodiagnóstico por cada cien mil personas sin seguridad social, y el Instituto Nacional de Psiquiatría, por los servicios que presta, no cuenta con gabinetes de radiodiagnóstico.

La información reportada por la SS en materia de infraestructura y equipamiento, de los 12 INS en los diversos documentos de rendición de cuentas de 2011, no permite evaluar el objetivo de fortalecer la infraestructura y equipamiento de las unidades de alta especialidad en el país, para brindar servicios de salud de alta calidad y favorecer el acceso.


Los resultados de infraestructura y equipamiento del tercer nivel de atención evidenciaron que, al cierre de 2011, de los 12 INS, 4 contaron con la certificación del Consejo de Salubridad General (los institutos nacionales de Cardiología, de Pediatría, de Rehabilitación y de Enfermedades Respiratorias); 2 se encontraban en proceso de certificación (Instituto Nacional de Psiquiatría y Hospital Infantil de México), y 6 no estaban certificados (los institutos nacionales de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Perinatología, de Salud Pública y de Medicina Genómica) . Asimismo, de los 10 institutos que brindan asistencia médica de alta especialidad, 4 se encontraron por debajo del estándar sectorial de contar con 1.0 consultorios por cada mil habitantes sin seguridad social (los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición, y de Neurología y Neurocirugía), y 1 (el instituto de Ciencias Médicas y Nutrición) no alcanzó el estándar de 0.8 camas por cada mil personas.



Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 83 Recomendaciones al Desempeño.


168

Las recomendaciones emitidas se orientan a asegurar el establecimiento de metas e indicadores para medir el cumplimiento del objetivo de las unidades médicas de alta especialidad en infraestructura y equipamiento; ajustarse a los estándares sectoriales de equipamiento, y presentar en la Cuenta Pública información para medir el cumplimiento del objetivo de las unidades médicas de alta especialidad en materia de infraestructura y equipamiento.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, y de los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, de Pediatría, de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, de Salud Pública, de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, de Medicina Genómica, de Rehabilitación y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” cumplieron con las disposiciones normativas, respecto de las operaciones examinadas del ejercicio 2011, relacionadas con la infraestructura y el equipamiento de las unidades de alta especialidad, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que: en 2011, los 12 institutos no contaron con indicadores ni metas para medir el cumplimiento del objetivo de fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las unidades de alta especialidad; de los 12 INS, 4 (33.3%) contaron con la certificación del Consejo de Salubridad General: los institutos nacionales de Cardiología, de Pediatría, de Rehabilitación, y de Enfermedades Respiratorias; 2 (16.6%) estaban en proceso de certificación: el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Infantil de México, y 6 (50.0%) no estaban certificados: los institutos nacionales de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Perinatología, de Salud Pública, y de Medicina Genómica; de los 10 institutos que brindan asistencia médica de alta especialidad, 9 (90.0%) superaron el estándar establecido por la Secretaría de Salud, de contar con 0.8 camas censables por cada mil personas sin seguridad social, y el de la Organización Mundial de la Salud, de contar con 1.0 camas censables por cada mil habitantes sin seguridad social, y 1 (10.0%), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, reportó un promedio de 0.7 camas censables por cada mil habitantes; de los 10 institutos que brindan asistencia médica de alta especialidad, 4 se encontraron por debajo del estándar sectorial de contar con 1.0 consultorios por cada mil habitantes sin seguridad social: los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición, y de Neurología y Neurocirugía, y la MIR del programa presupuestario E020 “Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud” no es clara y no permite verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz.


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Investigación y Desarrollo Tecnológico en los Institutos Nacionales de Salud


DS-050

Objetivo

Fiscalizar las acciones de investigación y desarrollo tecnológico en las unidades médicas de alta especialidad para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de investigación y desarrollo tecnológico de los 12 institutos nacionales de salud; la eficiencia en la gestión operativa; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIPS) 2007-2012, 110/ se señala que la problemática en materia de investigación y desarrollo tecnológico de la medicina de alta especialidad se caracterizaba porque las condiciones globales de salud estaban condicionadas por la existencia de desigualdades crecientes relacionadas, sobre todo, con elementos sociales y económicos. Éstos incluyeron, entre otros, la falta de acceso a los servicios de salud, la pobreza, las condiciones inadecuadas de trabajo, vivienda y nutrición, el desempleo, las influencias negativas en la infancia, los efectos de la posición en la escala social, la drogadicción y la falta de apoyo social.

De 1920 a 1938, los problemas de salud más importantes del país eran las enfermedades infecciosas y la desnutrición, por lo que se apremió la necesidad de cimentar la práctica y la enseñanza de la medicina, así como la utilización de los magros recursos humanos y materiales disponibles para realizar investigaciones orientadas al análisis de los principales problemas de salud identificados: la salud mental, las adicciones y las enfermedades crónico-degenerativas.

En el periodo 1939-1990, las instituciones promovieron las especialidades médicas fundamentadas en la investigación, como la cardiología, la medicina interna, la pediatría y la medicina tropical, entre otras, así como la introducción de la medicina científica en los sistemas de seguridad social. Posteriormente, se continuó con la formación de instituciones de investigación médica en disciplinas como la perinatología, las enfermedades infecciosas y la psiquiatría y, más recientemente, la salud pública y la medicina genómica; sin embargo, a principio de los años 80 culminó la etapa de las especialidades científicas, los esfuerzos por consolidar las labores institucionales comenzaron a perder fuerza, originando una vuelta al individualismo bajo la influencia de un sistema de promoción académica que estimulaba más la producción personal que la consecución de metas comunes, mediante la investigación interdisciplinaria.

En 1984, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Salud (SS) realizaron una encuesta nacional de investigación en salud, cuyos principales resultados fueron los siguientes:

- El 80.0% de las investigaciones se concentró en el Distrito Federal, y el 20.0% en el resto del país.

- El 17.0% de los investigadores trabajó tiempo completo, y el 63.0% dedicó menos de veinte horas por semana a la investigación.

- Del total de investigadores registrados, el 65.0% fue en el sector salud y el 35.0% en el sector educativo.

- El 71.7% de los proyectos de investigación correspondió a investigación aplicada; el 23.3%, a investigación básica, y el 5.0%, a desarrollo tecnológico.

110/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2008.


170

De acuerdo con el PAEIPS 2007-2012, el presupuesto asignado a las actividades de investigación científica era limitado. Esto, debido a la falta de conocimiento de las autoridades sobre la importancia de la investigación científica para mejorar y restaurar las condiciones de salud de la población; el descrédito de los centros de investigación, debido a fallas en la planeación y en la estructuración de sus programas de investigación, y a la ausencia de una política de Estado para insertar estas actividades dentro de los planes de desarrollo. Asimismo, se indicó que, de los 1,398 investigadores del sector salud, el 17.0% (238) trabajó de tiempo completo y el 83.0% (1,160) dedicó menos de 20 horas por semana a la investigación, debido a que también debe brindar asistencia médica. Este último resultado es inferior en 20 horas al promedio reportado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 40 horas destinadas a la investigación en salud.

A fin de enfrentar esta problemática, en el PAEIPS se estableció como uno de los principales propósitos el de impulsar la investigación científica y de desarrollo tecnológico, a fin de mejorar la salud y el bienestar de la población con padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento.

De acuerdo con la Ley de Institutos Nacionales de Salud, 111/ los institutos encargados de realizar investigación y desarrollo tecnológico para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud, son los 12 siguientes:

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, 2011

Institutos nacionales de salud 1/ Año de creación

Especialidad tratante





1981 Medicina interna en adultos y la relacionada con la nutrición

40. Instituto Nacional de Pediatría 1983 Padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia



42. Instituto Nacional de Salud Pública 3/ 1987 Investigación y enseñanza en salud pública 43. Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente

Muñiz” 2000 Psiquiatría y salud mental


45. Instituto Nacional de Rehabilitación 2005 Discapacidad 46. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias


FUENTE: Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2012. 1/ Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios,

que tiene como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud; la formación y capacitación de recursos humanos calificados, y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad.

2/ De conformidad con el artículo 5, fracción X, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Infantil de México está considerado como un instituto y las funciones que realiza son iguales a las del Instituto Nacional de Pediatría.

3/ Estos institutos sólo realizan la investigación científica en salud y la formación de recursos humanos, y no otorgan atención médica.

111/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000.


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Resultados

Para 2011, los 12 Institutos Nacionales de Salud (INS) no contaron con indicadores, metas e información para medir el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar la salud de la población mediante la generación del conocimiento científico relacionado.

A 2011, los 12 INS incrementaron en 26.5% su plantilla de investigadores, respecto de 2007, resultado superior en 6.5% a la meta prevista para 2012 (20.0%). De los 12 INS, 8 (66.7%) registraron un incremento mayor que la meta programada, situándose en un rango de 24.6% a 79.2%: los institutos nacionales de Medicina Genómica, de Cancerología, de Psiquiatría, de Enfermedades Respiratorias, de Rehabilitación, de Perinatología, de Cardiología, y el Hospital Infantil de México; mientras que 4 (33.3%) reportaron un incremento menor que la meta, situándose en un rango de 11.1% a 16.2%: los institutos nacionales de Neurología y Neurocirugía, de Salud Pública, de Ciencias Médicas y Nutrición, y de Pediatría. De seguir la tendencia observada en el periodo 2007-2011, la ASF estima que, de los 4 institutos, sólo el de Neurología y Neurocirugía podría alcanzar la meta en 2012, con un incremento de 20.6% en su plantilla de investigadores.

A 2011, el 74.5% del total de investigadores de los INS formó parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 5.5% por debajo de la meta programada para 2012 (80.0%). De los 12 INS, 5 (41.7%) registraron un comportamiento superior a la meta programada para 2012, en un rango de 85.2% a 100.0%: los institutos nacionales de Cardiología, de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía, y de Ciencias Médicas y Nutrición, y el Hospital Infantil de México; mientras que 7 (58.3%) reportaron un comportamiento inferior, en un rango de 36.2% a 71.7%: los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Salud Pública, de Pediatría, de Psiquiatría, de Medicina Genómica, de Perinatología, y de Rehabilitación. De seguir la tendencia observada en el periodo 2007-2011, la ASF estima que en 2012 ninguno de los 7 institutos alcanzaría la meta de mediano plazo.

De los 12 INS, 7 alcanzaron las metas establecidas en sus Catálogos de Indicadores Institucionales, relativas al número de artículos publicados por investigador, los institutos nacionales: de Cardiología, de Cancerología, de Salud Pública, de Neurología y Neurocirugía, de Enfermedades Respiratorias, de Rehabilitación, y el Hospital Infantil de México, y 5 registraron resultados inferiores a los previstos, los institutos nacionales: de Psiquiatría, de Perinatología, de Medicina Genómica, de Ciencias Médicas y Nutrición y de Pediatría.

De los 12 INS, 7 cumplieron la meta comprometida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, de lograr que el 54.7% de los artículos científicos fueran publicados en revistas indexadas de alto impacto: los institutos nacionales de Medicina Genómica (100.0%), de Psiquiatría (87.6%), de Salud Pública (78.7%), de Enfermedades Respiratorias (72.5%), de Cardiología (71.5%), de Ciencias Médicas y Nutrición (64.7%), y el Hospital Infantil de México (62.3%), y 5 no la alcanzaron: los institutos nacionales de Pediatría (52.0%), de Perinatología (48.0%), de Rehabilitación (47.9%), de Cancerología (46.3%) y de Neurología y Neurocirugía (41.3%).

En 2011, de los 12 INS, 7 (58.3%) contaron con un comité encargado de vigilar los recursos destinados a la investigación: los institutos nacionales de Cancerología, de Enfermedades Respiratorias, de Salud Pública, de Psiquiatría, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Neurología y Neurocirugía, y el Hospital Infantil de México, y 5 (41.7%) no acreditaron que contaron con dicho comité: los institutos nacionales, de Cardiología, de Pediatría, de Rehabilitación, de Medicina Genómica y de Perinatología.

La información presentada por la Secretaría de Salud en la Cuenta Pública de 2011, en materia de investigación y desarrollo tecnológico, no permite evaluar el cumplimiento del objetivo de impulsar la investigación científica que mejore la salud y el bienestar de la población, establecido en el Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, ni el objetivo del programa presupuestario E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud”, de contribuir a mejorar la salud de la población mediante la generación del conocimiento científico.


Los resultados de investigación y desarrollo tecnológico del tercer nivel de atención evidenciaron que, al cierre de 2011, los INS realizaron 875 investigaciones: 822 (93.6%) tuvieron un enfoque de desarrollo científico, y 53 (6.4%), de desarrollo tecnológico. El favorecimiento de la investigación científica por parte de los INS limitó fabricar nuevos materiales, productos o dispositivos; establecer nuevos procesos, sistemas y servicios, o mejorar sustancialmente los existentes.


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Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a fortalecer los servicios del tercer nivel de atención médica de asegurar el establecimiento de metas e indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de las unidades médicas de alta especialidad en materia de investigación y desarrollo tecnológico; impulsar el cumplimiento de sus metas en materia de investigación y desarrollo tecnológico; promover la creación de un comité encargado de vigilar los recursos destinados a la investigación, y presentar en la Cuenta Pública información para medir el cumplimiento del objetivo de las unidades médicas de alta especialidad en materia de investigación y desarrollo tecnológico.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, y los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, de Cancerología, de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, de Pediatría, de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, de Salud Pública, de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, de Medicina Genómica, de Rehabilitación, y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” cumplieron con las disposiciones normativas, respecto de las operaciones examinadas del ejercicio 2011, relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológico en las unidades de alta especialidad, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que en 2011 los 12 INS no contaron con indicadores, metas e información para medir el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud”, de contribuir a mejorar la salud de la población mediante la generación del conocimiento científico relacionado; 5 INS no alcanzaron la meta de lograr que el 54.7% de los artículos científicos fueran publicados en revistas indexadas de alto impacto; 5 INS no alcanzaron la meta establecida en su Catálogo de Indicadores Institucional sobre el número de artículos publicados por investigador; 5 INS operaron sin un comité interno encargado de vigilar los recursos destinados a la investigación; la MIR del programa presupuestario E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” no es clara, ni permite verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz, y los indicadores presentan deficiencias en su estructura; y la información reportada en la Cuenta Pública no permite evaluar el cumplimiento del objetivo del programa.


173


Vacuna Contra la Influenza Estacional


DS-051

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para la adquisición de la Vacuna contra la Influenza Estacional, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se seleccionó como muestra el 100.0% de los recursos ejercidos por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), por un monto de 510,789.2 miles de pesos, con cargo a los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), para el pago del adeudo correspondiente a la adquisición de 10,600,000 dosis de la Vacuna antiinfluenza estacional para la temporada invernal 2010-2011.

Integración de la muestra de los recursos ejercidos para el pago de la Vacuna antiinfluenza estacional Periodo Invernal 2010-2011

(Miles de pesos)

Contrato Descripción Cantidad mínima de

dosis anual Importe

276-CENAVECE/C-A-EXC-2008 Contrato Plurianual para la adquisición de la Vacuna antiinfluenza estacional.

10.6 millones de dosis

510,789.2

TOTAL 510,789.2

FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría.

Antecedentes

Para cumplir el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), relativo a la protección en materia de salud para la población en general, así como el artículo 33 de la Ley General de Salud (LGS), el Gobierno Federal implementó una estrategia para abatir la problemática de la mortalidad de la población mexicana debido a enfermedades transmisibles que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas, al cual se le denominó Programa de Vacunación Universal (PVU), que atiende a niños y adolescentes como foco prioritario.

El desarrollo del PVU corresponde al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) que en coordinación con las entidades federativas, realiza la vigilancia epidemiológica y la prevención y control de las enfermedades transmisibles, ya que su cobertura es de nivel nacional.

Entre las vacunas que el PVU incluye, se encuentra la vacuna antiinfluenza estacional, que previene contra virus que provocan enfermedades en el aparato respiratorio.


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En mayo de 2006, el Consejo de Salubridad General (CSG) acordó establecer, como medida indispensable para combatir y prevenir los daños a la salud, la obligatoriedad de instrumentar un Plan de Preparación y Respuesta ante el riesgo de una pandemia de influenza, en el que se establecieron las actividades necesarias para evitar la posibilidad de la enfermedad y su diseminación en el territorio nacional, como es el caso de la creación de la Reserva Estratégica, la cual consistía en adquirir de manera inmediata insumos para integrar una provisión que permitiera instrumentar la respuesta inicial, y uno de estos insumos fue la vacuna antiinfluenza estacional y contra agentes asociados/relacionados.

Para junio de 2007, el CSG consideró indispensable el desarrollo previo de la capacidad de producción de vacuna antiinfluenza estacional, para hacer frente a las necesidades de atención, preventiva y curativa en las fases pre-pandémica y pandémica de influenza y para preservar la autonomía del país, por lo que acordó que el Consejo de Administración de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), tomara las medidas necesarias para que se realizaran las negociaciones y los contratos que se requirieran para iniciar y mantener la producción nacional de vacunas, estacional y pandémica, contra el virus de influenza, lo antes posible.

Ahora bien, como parte de las acciones implementadas por la Secretaría de Salud (SS) para evitar el riesgo de la enfermedad y su diseminación en el territorio nacional, y tomando como referencia el acuerdo en el que el CSG determinó que BIRMEX realizara las acciones necesarias para iniciar la producción nacional de la vacuna antiinfluenza, en diciembre de 2008, la SS, a través del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), actualmente denominado Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), suscribió con BIRMEX el contrato plurianual número 276-CENAVECE/C-A-EXC 2008, con vigencia al 2022 para la adquisición obligada de una cantidad mínima anual de dosis de la vacuna antiinfluenza estacional.

Resultados

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) no previó los recursos en el presupuesto de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, con el fin de contar con disponibilidad presupuestal para afrontar los compromisos relacionados con la adquisición de la vacuna antiinfluenza estacional mediante el contrato plurianual núm. 276-CENAVECE/C-A-EXC-2008, no obstante que éste era uno de los requisitos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizara la formalización del mencionado contrato con carácter plurianual y es uno de los aspectos a los que se encuentra sujeta la autorización; la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) pagó de las 10,600,000 vacunas por 510,789.2 miles de pesos con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) sin que esta enfermedad se incluya en el Catálogo de Intervenciones Cubiertas por el FPGC; el CENAPRECE, como responsable de administrar el contrato plurianual número 276-CENAVECE/C-A-EXC-2008, no implementó controles para garantizar el seguimiento de la aplicación de las 10,600,000 dosis de vacunas antiinfluenza estacional adquiridas.


Con la cantidad mínima obligada de dosis adquiridas por el CENAPRECE para el periodo invernal 2010-2011, mediante el contrato plurianual núm. 276-CENAVECE/C-A-EXC-2008, no se garantizó la cobertura total de la población, ya que la cantidad de dosis solicitada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) para cubrir las necesidades fue de 13,825,550 y la cantidad adquirida fue de 10,600,000 dosis.




Las citadas acciones se generaron con el propósito de que la entidad fiscalizada implemente los mecanismos de control que fortalezcan los procesos y los sistemas de control administrativo relacionados con la adquisición de vacunas; y con el fin de que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión


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omitieron o infringieron la normativa, e intervenga en aquellas irregularidades que están fuera del objetivo, alcance y año de la revisión.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) no previó los recursos en su presupuesto de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, con el fin de contar con disponibilidad presupuestal para afrontar los compromisos relacionados con la adquisición de la vacuna antiinfluenza estacional mediante el contrato plurianual núm. 276-CENAVECE/C-A-EXC-2008, no obstante que éste era uno de los requisitos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizara la formalización del contrato con carácter plurianual y es uno de los aspectos a los que se encuentra sujeta la autorización; el contrato que se formalizó tiene ambigüedades y omisiones a la norma que ponen en riesgo, durante su vigencia (2008 al 2022), el cumplimiento en las mejores condiciones para el estado en términos de economía, eficacia y honradez; con la cantidad de dosis adquiridas por el CENAPRECE para el periodo invernal 2010-2011 no se garantizó la cobertura total de la población, ya que la cantidad de dosis solicitada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) para cubrir las necesidades fue de 13,825,550 y la cantidad adquirida fue de 10,600,000 dosis; el CENAPRECE no demostró haber realizado la supervisión, validación y vigilancia continua del cumplimiento de las obligaciones del proveedor; el CeNSIA otorgó en calidad de préstamo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 400,000 dosis de vacuna antiinfluenza estacional, sin contar con las atribuciones para hacerlo, y cuando dicho instituto las devolvió, éstas carecían de los resultados analíticos emitidos por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), para asegurar que contaban con la potencia y efectividad necesarias para inmunizar a la población; la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) pagó las 10,600,000 vacunas por 510,789.2 miles de pesos con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) sin que esta enfermedad se encontrara incluida en el Catálogo de Intervenciones Cubiertas por el FPGC; el CENAPRECE, como responsable de administrar el contrato plurianual número 276-CENAVECE/C-A-EXC-2008, no implementó controles para garantizar el seguimiento de la aplicación de las 10,600,000 dosis de vacunas antiinfluenza estacional adquiridas.


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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

Programa P016 "Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS"

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-12K00-02-0425

DS-052

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el presupuesto asignado al Programa P016 "Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Los recursos sujetos a revisión corresponden al Acuerdo núm. O.I.29/0311 aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) que en su Primera Sesión Ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2011, autorizó el apoyo económico al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) para la adquisición y abasto de medicamentos antirretrovirales en el periodo abril 2011 - marzo 2012 por un importe de 1,821,875.7 miles de pesos, que representan el 100.0 % del universo seleccionado.

Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 en el Eje 3 "Igualdad de Oportunidades", numeral 3.2 "Salud", propone avanzar hacia la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad, a través de una integración funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. En este sentido el PND establece como una de las líneas estratégicas el brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social en materia de salud, con objeto de disminuir el número de familias que enfrentan gastos en salud. En la búsqueda de mejores condiciones de salud para todos los mexicanos, se atenderán de manera preferencial las necesidades de los grupos más vulnerables y comunidades marginadas, con el objetivo de reducir lo más posible la desigualdad en salud y el empobrecimiento, mediante el aseguramiento médico universal; que incluye las acciones para abatir los estragos que causa el VIH/SIDA y otras ITS.

Al respecto, el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 establece como estrategia 2 "Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud y prevención y control de enfermedades", la cual contiene la línea de acción 2.8 "Impulsar una política integral de prevención y atención de infecciones por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)".

Como parte de la atención a los pacientes con VIH/SIDA y otras ITS, el Gobierno Federal adoptó la política de acceso universal a la atención médica integral, que incluye el acceso a medicamentos antirretrovirales (ARV) y con ello mejorar su calidad de vida. Por lo que, en la Ley General de Salud (LGS), la federación previó la creación, de un fondo de reserva, sin límite de anualidad presupuestal (Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud), coordinado y vigilado por un Comité Técnico presidido por el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, para apoyar a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGC) el financiamiento de los tratamientos y medicamentos definidos por el Consejo de Salubridad General que se consideren gastos catastróficos, el cual incluye los correspondientes al "VIH/SIDA".

La adquisición y distribución de los medicamentos para el tratamiento del VIH/SIDA está a cargo del CENSIDA, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS) cuya misión radica en promover la prevención y el control de la epidemia del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante políticas públicas, promoción de la salud sexual y otras estrategias basadas en la evidencia para disminuir la transmisión del Virus


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de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, en un marco de respeto a los derechos de toda población.

El CENSIDA da cumplimiento a su misión a través del Programa de Acción en Respuesta al VIH/SIDA e ITS 2007-2012, el cual tiene como objetivo principal mejorar el acceso y la calidad de la atención integral por personal calificado a todas las personas con VIH y otras ITS.

Por lo anterior, con el Acuerdo número O.I.29/0311 del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), en su primera sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2011, determinó apoyar al CENSIDA con un importe de 2,053,689.2 miles de pesos, distribuido de la forma siguiente: 1,821,875.7 miles de pesos para la adquisición y abasto de medicamentos antirretrovirales; 230,469.2 miles de pesos destinados a exámenes de laboratorio de carga viral y linfocitos CD4, y 1,344.3 miles de pesos para exámenes de genotipo viral, que se destinarán a la atención médica de 43,898 pacientes durante el periodo abril 2011 - marzo 2012 (38,318 pacientes de continuidad y 5,580 pacientes nuevos estimados).

Cabe mencionar que el apoyo económico que se le otorga al CENSIDA no se transfiere a dicho ente como parte de su presupuesto, por tratarse de recursos que provienen del FSPSS, por lo que su ejercicio está sujeto a las Reglas de Operación del Contrato del Fideicomiso y a las Bases de Colaboración celebradas entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y el CENSIDA.

Es importante mencionar que la revisión se efectuó a los recursos por 1,821,875.7 miles de pesos, destinados a la adquisición y abasto de medicamentos antirretrovirales, que detienen o disminuyen la duplicidad de las células que propagan el virus y la actividad del VIH/SIDA.

Resultados

El CENSIDA no formalizó la modificación a los "Convenios de Colaboración en Materia de VIH/SIDA para la Transferencia de Insumos" por los recursos que efectivamente le autorizó el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; existen inconsistencias en los registros de entradas del SALVAR por 99,195 medicamentos equivalentes a 190,267.2 miles de pesos; diferencias en entrega a pacientes de 298,369 medicamentos por 546,189.4 miles de pesos, identificadas en el reporte de "Salidas" del Módulo de Inventarios de medicamentos ARV y 700,320 medicamentos registrados como "Salida" sin el número de identificación de paciente en el "Módulo de Inventarios de medicamentos ARV" del SALVAR; en 13 entidades federativas y 1 instituto se caducaron 1,050 medicamentos antirretrovirales, equivalentes a 1,499.7 miles de pesos correspondientes a recursos de ejercicios anteriores; a nivel nacional existe un exceso de medicamentos antirretrovirales de 31 claves por 57,539 insumos y escases de 5 claves por 20,719 insumos; además, el CENSIDA no realizó visitas de supervisión en las 32 entidades federativas del país y en los 5 institutos, por lo que se dejó de verificar la correcta recepción y distribución de los medicamentos transferidos.


Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es) y 4 Solicitud(es) de Aclaración.


Las acciones emitidas se establecieron con la finalidad de que el ente fiscalizado implemente mecanismos de operación y de control relativos a evitar la duplicidad en la asignación de recursos en las diversas instituciones de salud; que el ejercicio de los recursos se realice en el periodo en el cual fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Asimismo, para que evite errores administrativos y fortalezca su Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales.

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe,


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donde destacan los siguientes: no formalizó la modificación a los "Convenios de Colaboración en Materia de VIH/SIDA para la Transferencia de Insumos" por los recursos que efectivamente le autorizó el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; existen inconsistencias en los registros de entradas del SALVAR por 99,195 medicamentos equivalentes a 190,267.2 miles de pesos; diferencias en entrega a pacientes de 298,369 medicamentos por 546,189.4 miles de pesos, identificadas en el reporte de "Salidas" del Módulo de Inventarios de medicamentos ARV y 700,320 medicamentos registrados como "Salida" sin el número de identificación de paciente en el "Módulo de Inventarios de medicamentos ARV" del SALVAR; en 13 entidades federativas y 1 instituto se caducaron 1,050 medicamentos antirretrovirales, equivalentes a 1,499.7 miles de pesos correspondientes a recursos de ejercicios anteriores; en el ámbito nacional existe un exceso de medicamentos antirretrovirales de 31 claves por 57,539 insumos y escases de 5 claves por 20,719 insumos; además, el CENSIDA no realizó visitas de supervisión en las 32 entidades federativas del país y en los 5 institutos, por lo que se dejó de verificar la correcta recepción y distribución de los medicamentos transferidos.


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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Adquisición de Vacunas

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-12R00-02-0424

DS-053

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S201 "Seguro Médico para una Nueva Generación"; para la adquisición de vacunas (neumococo y rotavirus), se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




La muestra se integra por el presupuesto ejercido en la partida de gasto 25301 "Medicinas y Productos Farmacéuticos", por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) para la adquisición de vacunas antineumocóccica y contra rotavirus por 1,033,775.7 miles de pesos, que representan el 96.9% de los recursos transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) con cargo al programa presupuestario S201 "Seguro Médico para una Nueva Generación", como se muestra a continuación:

Integración de la muestra a revisar

(Miles de pesos)

Partida Clave de la

Vacuna Descripción Importe

25301 "Medicinas y Productos farmacéuticos"

151 Vacuna contra rotavirus

pentavalente (RV5) 255,739.2

150 Vacuna contra rotavirus

Monovalente (RV1) 45,008.8

148 Vacuna antineumocóccica 733,027.7

Total 1,033,775.7 FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del CeNSIA.

Antecedentes

Uno de los objetivos planteados por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció en su Eje 3 Igualdad de Oportunidades el Objetivo 7, el cual señala que el Gobierno Federal debe llevar a cabo acciones tendientes a evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico universal.

El Programa Sectorial de Salud 2007-2012, señala en el numeral 7.1 de su Sección 4 Estrategias y Líneas de Acción, el establecimiento del Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), el cual es un programa presupuestario sujeto a reglas de operación que incorpora a los niños no beneficiarios de la seguridad social, nacidos a partir del 1 de diciembre del 2006, al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), para la atención médica de los principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco años de vida.


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Para ello, con el objeto de apoyar el esquema de vacunación universal como uno de los pilares de las acciones preventivas en los menores, en 2011 se transfirieron al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) los recursos para la adquisición de vacunas antineumocóccica y contra rotavirus, que serán aplicadas a los menores de cinco años que pertenezcan a la población abierta independientemente de su afiliación al SMNG.

A través de la vacuna antineumocóccica se previenen infecciones graves, principalmente en niños pequeños, tales como la neumonía y la meningitis; esta última puede ocasionar secuelas tan graves como la pérdida de audición, problemas de aprendizaje, dificultad en el habla y retraso en el desarrollo de habilidades para la movilización, la coordinación y el aprendizaje; en tanto que la vacuna contra rotavirus previene las infecciones denominadas gastroenteritis en neonatos y niños menores de cinco años, que infecta y daña las células que recubren el intestino delgado y causa cerca del 50% de las hospitalizaciones en la población infantil.

Resultados

El proceso de adjudicación mediante el cual se adquirió la vacuna contra rotavirus pentavalente a la empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), no garantizó las mejores condiciones disponibles para el Estado, ya que no demostró que el esquema de la vacuna contra rotavirus monovalente que se venía utilizando en 2010 es intercambiable con la vacuna pentavalente; además, no demostró que el proveedor BIRMEX cumplió con los compromisos que le sirvieron como argumentos para justificar su contratación, ya que garantizaba que el cambio de esquema de la vacuna contra rotavirus se incorporaría sin afectar el Programa de Vacunación Universal y a la población objetivo; y no demostró contar con un procedimiento en el Manual de Vacunación para el tratamiento de 14,968 dosis de las vacunas antineumocóccica, contra rotavirus monovalente y pentavalente por 1,815.1 miles de pesos reportadas como desperdicios; los sistemas utilizados para el registro y control de las aplicaciones de vacunas a nivel nacional no permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa nacional de vacunación y de los beneficios sociales.


El Gobierno Federal adjudicó biológicos que no se encontraban autorizados en el Esquema Nacional de Vacunación, sin contar con los estudios científicos y la aprobación del Consejo Nacional de Vacunación que avalaran su efectividad en la población mexicana.



Las citadas acciones se generaron con el propósito de que la entidad fiscalizada implemente los mecanismos de control que fortalezcan los procesos y los sistemas de control administrativo relacionados con la adquisición de vacunas antineumocóccica y contra rotavirus realizada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia con recursos del Seguro Médico para una Nueva Generación. Además, con el fin de que proporcione la documentación que acredite que se cuenta con un procedimiento para el tratamiento que se le dará a los biológicos reportados como desperdicios en las entidades federativas; y que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron o infringieron la normativa aplicable.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que el proceso de adjudicación mediante el cual se adquirió la vacuna contra rotavirus pentavalente a la empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), no evidenció la razón del cambio del esquema de la vacuna contra rotavirus monovalente que se venía utilizando en 2010, y si

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenteritis

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas


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es intercambiable con la pentavalente adquirida en 2011. Además, BIRMEX no cumplió con los acuerdos, acciones y estudios científicos de intercambiabilidad entre ambas vacunas y de eficacia post-introducción en niños mexicanos, que se comprometió a entregar ante el Consejo Nacional de Vacunación (CNV), que sirvieron como argumentos para justificar la adjudicación de la licitación a dicho proveedor, y con lo que garantizaba que el cambio de esquema se incorporaría sin afectar el Programa de Vacunación Universal (PVU) y a la población objetivo, y no impactar la efectividad de dichos biológicos en los niños mexicanos, aunado a que el proceso de adjudicación se realizó sin contar previamente con la aprobación del CNV para la inclusión del esquema pentavalente en el PVU; los recursos para la adquisición de las vacunas antineumocóccica y contra rotavirus se presupuestaron por la CNPSS en el Seguro Médico para una Nueva Generación y no en el CeNSIA, no obstante que estas actividades le corresponden por disposición legal, como responsable del PVU; en los "Convenios Específicos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas", así como sus respectivos convenios modificatorios, no se incluyó la totalidad de los biológicos por entregar a cada entidad federativa, lo que pone en riesgo que la comprobación de la distribución y aplicación de los biológicos, no sean exigibles por la totalidad de las vacunas recibidas; los sistemas utilizados para el registro y control de las aplicaciones de vacunas a nivel nacional no permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa nacional de vacunación y de los beneficios sociales; la CNPSS y el CeNSIA no cuentan con indicadores para evaluar los resultados de la aplicación de los recursos públicos ejercidos en la adquisición de vacunas antineumocóccica y contra rotavirus, y monitorear el impacto de manera directa en la población objetivo a fin de determinar que se cumplieron con eficiencia, eficacia, economía y calidad los objetivos del Seguro Médico para una Nueva Generación y del Programa Universal de Vacunación.


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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Derechos por Autorizaciones en Materia Sanitaria

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-12S00-02-0085

DS-054

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la prestación de los servicios, el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación de los derechos en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, así como evaluar el control interno establecido.

Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2011 se reportaron 337,230.9 miles de pesos de los derechos por autorizaciones en materia sanitaria establecidos en los artículos 195 y 195-A de la Ley Federal de Derechos. Se revisaron pagos de derechos que totalizan 328,383.1 miles de pesos, asimismo, 95 trámites de permisos de importación, certificados de exportación, registros de dispositivos médicos, de fármacos y medicamento, de plaguicidas y nutrientes vegetales, y de licencias sanitarias, así como, sus modificaciones por 1,002.3 miles de pesos, incluidos en esa cifra.

Antecedentes

El 5 de julio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de creación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que estableció su organización y funcionamiento como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa, responsable del ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

El 13 de abril del 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que abrogó el Decreto de creación.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 de la COFEPRIS, se define al Riesgo Sanitario como un evento exógeno que pone en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición, generalmente involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente, o por el consumo de productos y servicios, incluyendo la publicidad.

En ese programa se establece que la COFEPRIS es responsable de instrumentar la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en materia de establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas; productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco; plaguicidas; nutrientes vegetales; sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico.

Además, de acuerdo con dicho programa de acción, la Secretaría de Salud consideró necesario que el ejercicio de algunas de las atribuciones en la materia se distribuyera hacia los gobiernos de los estados de acuerdo con sus capacidades y recursos, mediante la suscripción, en un marco de respeto a las atribuciones de los diferentes órdenes de gobierno, de Acuerdos Específicos de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en materia de Control y Fomento Sanitario.


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La COFEPRIS ha firmado 32 Acuerdos de Coordinación con igual número de entidades federativas, lo que ha permitido conformar el Sistema Federal Sanitario para organizar y realizar en toda la República Mexicana las acciones de protección contra riesgos sanitarios que, de manera coordinada y como autoridades sanitarias, ejercen el Gobierno Federal y las entidades federativas.

Conforme al Manual de Organización Específico de la COFEPRIS, se integra por una Secretaría Técnica, la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario, una Secretaría General, el Centro Integral de Servicios, las comisiones, de Evidencia y Manejo de Riesgos; de Fomento Sanitario; de Autorización Sanitaria; de Operación Sanitaria y de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, y el Órgano Interno de Control.

Es competencia de la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, realizar múltiples trámites establecidos en los artículos 195 al 195-K de la Ley Federal de Derechos correspondientes a:

• Artículos 195 y 195-A. Autorizaciones en materia sanitaria (trámites de permisos en materia de publicidad y de importación, certificados de exportación, registros de dispositivos médicos, de fármacos y medicamento, de plaguicidas y nutrientes vegetales, y de licencias sanitarias, así como, sus modificaciones).

• Artículos 195-C y 195-D. Fomento y análisis sanitario (por los servicios de verificación o fomento sanitario para evaluar o supervisar sobre las condiciones sanitarias de las actividades, productos y servicios, la aplicación de los métodos de prueba de laboratorios analíticos, procedimientos de verificación o ambos, así como por los estudios y análisis sanitarios).

• Otros servicios (expedición de los certificados y dictámenes de los productos, servicios, uso y consumo de agua potable e industrial; permisos sanitarios previos de importación o exportación, corrección, modificación, prórroga y certificados de: alimentos, bebidas, tabacos, productos de aseo, limpieza, perfumería y belleza, de materias primas y productos terminados de medicamentos, equipos médicos, prótesis, ortesis, ayudas funcionales; permisos, expedición de licencias, autorización de protocolos de investigación y de la clave alfanumérica de remedios herbolarios; por expedición, corrección o modificación del certificado de exportación de establecimientos que produzcan insumos para la salud, e inscripción de los actos jurídicos en materia sanitaria artículos 195-E, 195-G al 195-K.

Cabe mencionar que los artículos 195-B, 195-D-1 y 195-F se encontraban derogados en 2011.

Durante 2011, la COFEPRIS recibió 96,575 trámites de los artículos 195 al 195-K de la Ley Federal de Derechos, de los cuales, 16,613 trámites, de igual número de expedientes, correspondieron a los artículos 195 y 195-A.

La revisión se enfocó en los trámites que realizó la COFEPRIS relacionados con las autorizaciones en materia sanitaria, artículos 195 y 195-A de la referida ley.

Resultados

1. La COFEPRIS careció de procedimientos para la utilización, custodia, control, entrega y supervisión del manejo del papel seguridad, utilizado para expedir las licencias, permisos, certificados y registros de los trámites que realiza (artículos 195 al 195-K), además no destruyó el papel seguridad sobrante que fue sustituido desde 2007 y 2008.

2. De la revisión de 95 trámites de los artículos 195 y 195-A de la Ley Federal de Derechos, se determinó lo siguiente:

2.1. En los trámites de permisos de importación y exportación de productos; registros sanitarios, modificaciones y prórrogas de dispositivos médicos, de fármacos y medicamentos, de servicios de salud, de plaguicidas y nutrientes vegetales y de licencias sanitarias de establecimientos, que son competencia de las subdirecciones de la Comisión de Autorización Sanitaria, Comisión de Operación Sanitaria y el Centro Integral de Servicios, esas áreas no se ajustaron a las actividades y plazos de atención establecidos en la normativa, presentaron expedientes incompletos, números de solicitud distintos para un mismo trámite, normativa sin actualizar, carencia de soporte de trámites, omisión de firmas de autorización en dictámenes y en oficios de prevención, y falta de acuse de recibo de resoluciones entregadas a los usuarios.

2.2. En dos expedientes el área dictaminadora no había abierto los sobres de trámite que ingresaron el 5 de octubre y 16 de diciembre de 2011, por lo que al 23 de agosto de 2012 presentaban atraso de 173 y 123 días hábiles para su resolución, respectivamente. Para estos trámites aplica la afirmativa ficta.


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2.3. El personal de las subdirecciones de la Comisión de Autorización Sanitaria, que evalúa y dictamina la documentación que presentan los solicitantes, indebidamente celebró citas técnicas con los usuarios, sin emitir oficios de prevención para requerirles la información faltante o aclaración del trámite. Se autorizó una licencia sanitaria que incluyó la línea de distribución de “estupefacientes”, sin que el usuario la solicitara.

2.4. La Comisión de Autorización Sanitaria no efectuó acciones para obtener información de las actividades realizadas por la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Veracruz y por las comisiones estatales para la protección contra riesgos sanitarios del Gobierno del Estado de Chihuahua y Nuevo León, de los trámites que en materia de autorizaciones sanitarias realizaron, de conformidad con los Acuerdos Específicos de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios, que celebraron con la Secretaría de Salud con la participación de la COFEPRIS.

2.5. En una visita de verificación realizada por la Comisión de Operación Sanitaria a un establecimiento que solicitó licencia sanitaria de establecimientos de insumos para la salud para el giro de farmacia, con línea a autorizar de “psicotrópicos grupos II y III”, vacunas, toxoides y hemoderivados, se encontró medicamento caduco, y que se comercializaban medicamentos controlados tipo psicotrópico, sin contar con libros de control foliados ni autorizados por la Subdirección Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, y no clausuró de forma temporal o definitiva, parcial o total el establecimiento, ya que de conformidad con los artículos 451 y 452 de la Ley General de Salud, el ejercicio de la facultad para imponer sanciones administrativas prescribe en el término de cinco años, contados a partir del día en que se cometió la falta o incumplimiento administrativo.

2.6. Nueve trámites de dispositivos médicos y fármacos y medicamentos presentan atrasos en su dictaminación, aplica la afirmativa ficta.



Lo anterior con el propósito de fortalecer los mecanismos de operación, los sistemas de control administrativo y de información financiera, y de promover ante las instancias de control competentes la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones normativas en su actuación.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que la entidad rebasó los plazos establecidos en la normativa para la atención y resolución de los trámites previstos en los artículos 195 y 195-A de la Ley Federal de Derechos, presentó falta de control en la integración de expedientes, y carece de procedimientos para la utilización, custodia, control, entrega y supervisión del manejo del papel seguridad.


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Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Seguro Popular

Auditoría de Desempeño: 11-0-12U00-07-0426

DS-055

Objetivo

Fiscalizar los servicios de salud a la población abierta para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría del Seguro Popular, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas para evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud; la eficiencia en la administración del padrón nacional de beneficiarios y en la evaluación integral de los servicios; la economía en la aplicación de los recursos asignados; la calidad de los servicios otorgados mediante el seguro popular; la percepción de los beneficiarios; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y la rendición de cuentas.

Antecedentes

Desde 1943, el sistema de seguridad social mexicano ha contribuido a mejorar las condiciones de salud de la población; sin embargo, la cobertura y el acceso efectivo a la salud han sido un reto importante tanto entre regiones como entre grupos de la población, debido a que la dinámica poblacional, así como sus condiciones de morbilidad y mortalidad, imponen una complejidad adicional.

La seguridad social se introdujo en México hace más de 65 años. Hasta el 2000, mediante instituciones federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y organismos de carácter estatal, se daba cobertura a los trabajadores asalariados del sector privado y a empleados del gobierno, así como a sus familias. Asimismo, mediante la contratación de seguros privados, entre el 3.0% y el 4.0% de la población contaba con un esquema de protección y servicios de salud; sin embargo, el 50.0% de la población no tenía garantizado el acceso a servicios médicos que atendieran sus requerimientos.

En 2001, la SS elaboró un análisis de la población y del sistema de salud, derivado del mismo en noviembre de 2002 el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma y adiciones de la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, 112/ en las que se adicionó el Título Tercero Bis De la Protección Social en Salud, que dio lugar a la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), del cual forma parte el Seguro Popular. Estas disposiciones entraron en vigor al inicio de 2004.

En el Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012 (PEDSPSS 2007-2012), 113/ se señala que, hasta hace pocos años, uno de cada dos mexicanos carecía de atención a sus necesidades de salud. Esta situación generaba que el gasto de las personas para consultas, tratamientos y hospitalización, denominado gasto de bolsillo, 114/ alcanzara, en 2002, el 52.0% del total del gasto nacional en esa materia, 115/ porcentaje superior al promedio observado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 19.0%. Asimismo, se indica que entre dos y tres millones de

112/ Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2003. 113/ Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema de Protección Social

en Salud, 2007-2012, México, 2008. 114/ El gasto de bolsillo en salud comprende el pago que realizan de manera directa los hogares al prestador de los servicios

en el momento de demandar o hacer uso de éstos. 115/ El gasto total en salud considera todas las erogaciones de las actividades cuyo objetivo esencial es el restablecimiento,

mantenimiento, mejoramiento y protección de la salud en un país o entidad federativa durante un periodo de tiempo definido. Incluye: el gasto de bolsillo, las contribuciones a la seguridad social, las primas pagadas a seguros privados y el gasto gubernamental en salud transferido a los hogares.


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familias incurrían en gastos catastróficos 116/ que ponían en riesgo su patrimonio, comprometiendo con ello las posibilidades de desarrollo de cada uno de sus miembros y el acceso a mejores condiciones de vida.

En las reformas y adiciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, el SPSS se definió como un “[…] mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social”. Esta reforma dio lugar a la creación del Seguro Popular, lo que originó una política de atención a las necesidades y condiciones de salud de la población sin acceso a los servicios a cargo de las instituciones de seguridad social.

En materia de Protección Social en Salud, 117/ en el Reglamento de la Ley General de Salud se describen las características del Seguro Popular que se detallan a continuación:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO POPULAR, 2011

Atributos Generales de la Prestación de los Servicios de Salud: 1. Ser de cobertura nacional. 2. Ser servicios que se otorgan de manera gratuita para la población en el momento de su utilización. 3. Ser acciones de impacto colectivo, que pueden prestarse simultáneamente a todos los miembros de la comunidad o a un

grupo de población específica. 4. Ser servicios que deben proporcionarse independientemente de la existencia de una demanda explícita para los mismos. 5. Prestar el servicio para una persona no reduce la cantidad de recursos disponibles para otros miembros de la población. Beneficiarios: Familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud. Núcleo familiar: Puede integrarse de cualquiera de las maneras siguientes: 1. Por los cónyuges. 2. Por la concubina y el concubinario. 3. Por el padre y/o la madre no unidos en vínculo matrimonial o concubinato. 4. Los hijos menores de edad; los menores de edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consaguinidad; los

hijos solteros de hasta 25 años que prueben ser estudiantes, y los hijos discapacitados dependientes. 5. Los ascendientes directos en línea recta mayores de 64 años, que sean dependientes económicos y vivan en el mismo

hogar. 6. Las personas que aún no teniendo parentesco de consanguinidad, habitan en la misma vivienda y dependan

económicamente y sean menores de 18 años o discapacitados dependientes de cualquier edad. Requisitos para la Afiliación: 1. Ser residentes en el territorio nacional. 2. No ser derechohabientes de la seguridad social. 3. Contar con Clave Única de Registro de Población.

4. Cubrir las cuotas correspondientes. 5. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley

General de Salud.

Cuotas familiares anuales por decil de ingreso (pesos): Decil I

Régimen no contributivo

Decil V 2,074.97 Decil IX 7,518.97

Decil II Decil VI 2,833.56 Decil X 11,378.86

Decil III Decil VII 3,647.93

Decil IV Decil VIII 5,650.38

116/ Se entiende por gasto catastrófico a las erogaciones realizadas en caso de que una familia destine 30.0% o más de su

ingreso disponible o capacidad de pago al financiamiento de la atención de su salud. El ingreso disponible es aquél con el que se cuenta una vez descontados los recursos asociados con el gasto en alimentos y vivienda.

117/ Diario Oficial de la Federación del 5 de abril de 1984.


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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO POPULAR, 2011

Vigencia de los derechos:

El inicio de vigencia de derechos del seguro para los beneficiarios comenzará el mismo día de su incorporación, considerando doce meses calendario de vigencia. Al término de la vigencia de la afiliación, la familia tendrá sesenta días naturales para renovar su incorporación al seguro. En caso contrario, la suspensión temporal que sobrevenga terminará en el momento en que se regularice la situación de pago por parte de la familia afiliada.

Responsables de la prestación de los servicios de salud:

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) garantizarán la prestación de los servicios de salud a la persona de forma directa mediante los establecimientos para la atención médica de los Servicios Estatales de Salud o de forma indirecta mediante los establecimientos para la atención médica de otras entidades federativas o de otras instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Derechos de los Beneficiarios:

1. Recibir servicios integrales de salud.

2. Tener acceso igualitario a la atención.

3. Recibir trato digno, respetuoso y atención de calidad.

4. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud.

5. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud.

6. Contar con su expediente clínico.

7. Decidir libremente sobre su atención.

8. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y rechazar tratamientos o procedimientos.

9. Ser tratado con confidencialidad.

10. Contar con una segunda opinión.

11. Recibir atención médica en urgencias.

12. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban.

Obligaciones de los Beneficiarios:

1. Adoptar cuotas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

2. Hacer uso de la credencial que los acredite como beneficiarios.

3. Colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud.

4. Cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general.

5. Cubrir oportunamente las cuotas que, en su caso, se le fijen.

6. Hacer uso responsable de los servicios de salud.

7. Proporcionar de manera fidedigna la información necesaria para documentar su incorporación y para la definición del monto a pagar por concepto de cuota familiar.

FUENTE: Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984; última reforma publicada en el DOF el 7 de junio de 2012. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, publicado en el DOF el 5 de abril de 2004; última reforma publicada en el DOF el 8 de junio de 2011; Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud para 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2011.

Resultados

Al cierre de 2011, se afiliaron al Seguro Popular 51,823,314 personas, cifra similar a la meta comprometida, de afiliar a 51,747,079 personas; sin embargo, 8,152,244 personas permanecían sin acceso a los servicios de salud.

En marzo de 2012, el Consejo de Salubridad General (CSG) proporcionó a la CNPSS el primer informe “Confronta de Seguro Popular con instituciones de salud, 2011; sin embargo, en el cotejo de los padrones el CSG no consideró a los padrones de esquemas públicos y sociales de atención médica.

El CSG determinó que el Padrón Nacional de Beneficiarios del Seguro Popular, vigente en 2011, registró un índice de colisión de 12.4%, ya que 5,839,570 beneficiarios de la protección social en salud se encontraban registrados


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también en los padrones de otras instituciones de seguridad social que fueron revisados. El porcentaje de colisión con el padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 11.2%, al encontrarse 5,295,030 personas registradas en el padrón del Seguro Popular; con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de 1.0%, con 482,515 personas; con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), de 0.1%, con 37,645 personas, y con Petróleos Mexicanos (PEMEX), de 0.1%, con 24,380 personas.

De acuerdo con estimaciones de la ASF, en 2011 la proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares del país fue de 46.5%. En 2012 esta proporción podría ubicarse en 45.7%, inferior en 1.7 puntos porcentuales a la meta establecida en el Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012, de disminuir a 44.0% el porcentaje de hogares con gasto de bolsillo en salud.

La CNPSS careció de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Protección Social en Salud, de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de la población incorporada al sistema.

La comisión no evaluó los padrones de beneficiarios de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud; ni contó con la evaluación de los componentes financiero, gerencial y de impacto del SPSS, sobre el monitoreo de las aportaciones financieras del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de las familias, la identificación de las condiciones socioeconómicas de la población objetivo, el abasto y el acceso a los medicamentos, el trato que reciben los beneficiarios del seguro, y los cambios en las condiciones de salud de la población beneficiaria.

Para financiar la operación del Seguro Popular se aplicó un esquema de aportación tripartita, conforme al cual el Gobierno Federal participó con una cuota social por persona afiliada de 847.8 pesos, y con una aportación solidaria federal anual por persona de 1,271.7 pesos, que representó 1.5 veces el monto de la cuota social; las entidades federativas aportaron en forma solidaria 423.9 pesos por persona, que representó 0.5 veces la cuota social, y los beneficiarios contribuyeron con cuotas que oscilaron entre 2,074.97 pesos y 11,378.86 pesos.

En 2011, el Seguro Popular cubrió 324 enfermedades, de las cuales 275 intervenciones estaban contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y eran consideradas como esenciales, y 49 padecimientos fueron clasificados como de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, por lo que se encontraban incluidos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos e incluyó los cinco padecimientos considerados por la SS como los de mayor causa de muerte en México: la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer cérvico uterino, el cáncer de mama y los padecimientos del hígado. Las 324 enfermedades cubiertas representaron el 2.3% de los 14,176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud de la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con la encuesta nacional aplicada por la CNPSS, el 97.0% de los beneficiarios del Seguro Popular se mostró satisfecho con los servicios médicos recibidos y el promedio de espera para recibir atención médica fue de 119 minutos, superior en 89 minutos al estándar sectorial de 30 minutos.

La información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2011 no permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del Seguro Popular, de mejorar la salud de la población y de evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y lograr que la población afiliada tenga acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.


Los resultados del Seguro Popular evidenciaron que, al cierre de 2011, se afiliaron al Seguro Popular 51,823,314 personas, cifra similar a la meta comprometida, de afiliar a 51,747,079 personas; sin embargo, 8,152,244 personas permanecían sin acceso a los servicios de salud; el cotejo del padrón de beneficiarios del seguro se realizó parcialmente, ya que no incluyó a los esquemas públicos y sociales de atención médica; se registró un índice de colisión de 12.4%, ya que 5,839,570 beneficiarios de la protección social en salud se encontraban registrados también en los padrones de instituciones de seguridad social; la SS no realizó la evaluación de los componentes financiero, gerencial y de impacto en las condiciones de salud de la población afiliada, y no se establecieron indicadores ni metas para verificar el cumplimiento del objetivo de garantizar el acceso efectivo, de calidad y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de la población sin seguridad social.


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Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a fortalecer la política de protección social en salud a las personas sin acceso a la seguridad social, mediante el logro de la cobertura universal en salud; el diseño de indicadores para medir el cumplimiento del objetivo de garantizar el acceso efectivo, de calidad y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de la población sin seguridad social; la confiabilidad de los datos que se registren en el padrón de beneficiarios del SPSS; el cotejo de padrones que incluya a los esquemas públicos y sociales de atención médica; la cancelación de los beneficios a las personas que se encuentren registradas en otros padrones de seguridad social, y la realización de las evaluaciones financiera, gerencial y de impacto del sistema.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al Seguro Popular, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que 8,152,244 personas permanecían sin acceso a los servicios de salud; el cotejo del padrón realizado por el CSG no consideró los padrones de esquemas públicos y sociales de atención médica; el índice de colisión fue de 12.4%, ya que 5,839,570 beneficiarios de la protección social en salud se encontraban registrados también en los padrones de otras instituciones de seguridad social; no se realizaron las evaluaciones financiera, gerencial y de impacto, y no se diseñaron indicadores ni metas para verificar el cumplimiento del objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.


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Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-12U00-02-0428

DS-056

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

CUENTAS DE BALANCE

Miles de Pesos




La muestra auditada, por 13,906,452.4 miles de pesos, corresponde a los ingresos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud durante el ejercicio 2011, los cuales representan el 35.8% de su saldo al 31 de diciembre de 2011 por 38,859,609.2 miles de pesos.

Antecedentes

En atención a la necesidad de crear un mecanismo ágil y transparente para el manejo de los recursos, la Secretaría de Salud, con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), constituyó legalmente el 16 de noviembre de 2004, el fideicomiso denominado “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud”, con una vigencia de 50 años a partir de la fecha de su suscripción, o bien, en tanto siga vigente el Título Tercero Bis denominado “De la Protección Social en Salud” de la Ley General de Salud, así como las reformas al mismo, lo que suceda primero. Para lo cual se celebró el Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración entre la SHCP como fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada y como fiduciario, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); en el cual se establece en la cláusula décima segunda que la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud, es el área encargada de vigilar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, así como de la aplicación de los recursos fideicomitidos.

Dicho fideicomiso tiene como propósito administrar los recursos del Sistema de Protección Social en Salud que se transfieren anualmente a través del presupuesto de la Secretaría de Salud; el monto de los recursos presupuestarios para el ejercicio fiscal correspondiente, son determinados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en función de las proyecciones de la cuota social, la aportación solidaria federal, la aportación solidaria estatal y la cuota familiar para financiar los servicios de salud cubiertos por el Sistema, en relación al número de personas beneficiarias por entidad federativa a partir del padrón vigente al término del año fiscal inmediato anterior.

Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Salud, dispone que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, administrará y operará, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que constituya el Ejecutivo Federal; los fondos y subcuentas siguientes:

1) Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC).- fondo sin límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento del tratamiento de enfermedades de alto costo y medicamentos asociados que generen gastos catastróficos para los prestadores de servicios de salud del Sistema.

a. Subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / Industria Tabacalera.- aportaciones de recursos de la industria tabacalera por cigarro enajenado durante el periodo comprendido entre julio de 2004 y diciembre de 2006.


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2) Fondo de Previsión Presupuestal (FPP).- fondo con límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento a la atención de las necesidades de infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social, para diferencias imprevistas en la demanda de servicios y garantía de pago interestatal de servicios.

a. Subcuenta Infraestructura Física.- son los recursos destinados a cubrir las necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas en las entidades federativas con mayor marginación social.

b. Subcuenta Diferencias Imprevistas en la Demanda de Servicios Esenciales de Salud cubiertas por el FPP.- son los recursos que se destinan a cubrir el exceso en la demanda esperada de servicios esenciales bajo condiciones normales de operación.

c. Subcuenta garantía de pago por incumplimiento en la compensación económica por la prestación interestatal de servicios esenciales de salud.- es un mecanismo de apoyo a la compensación económica de las condiciones de pago establecidas en los convenios de colaboración interestatal vigentes del SPSS; es decir, permite dar certeza de pago a la entidad federativa que presta los servicios de salud.

De acuerdo con lo anterior, la revisión efectuada al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, tiene como propósito verificar que los ingresos y egresos (flujo de efectivo) del ejercicio 2011, se realizaron de conformidad con el Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, las "Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud" y la normativa federal aplicable; así como comprobar que dichos recursos se destinaron para los fines autorizados.

Resultados

El fideicomiso, al 31 de diciembre de 2011, presentó un saldo disponible de 31,692,435.5 miles de pesos, de los cuales se identificó que 12,238,572.1 miles de pesos se encuentran asignados para aplicarse en proyectos de infraestructura y atención médica autorizados por el Comité Técnico desde el ejercicio 2006 a 2011, y no han sido utilizados por las entidades federativas y unidades médicas. Los 19,453,863.4 miles de pesos restantes no se encuentran asignados a un destino específico.

No existen indicadores para evaluar el cumplimiento del fideicomiso respecto a la protección de enfermedades catastróficas, atención de necesidades de infraestructura, demanda imprevistas de servicios y pago de prestación de servicios interestatales.

Las Reglas de Operación del Fideicomiso no contemplan plazos para la aplicación de los recursos y para que las entidades federativas entreguen la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos que les fueron ministrados por la CNPSS.

En el rubro de intereses ganados del “cuarto informe trimestral de fideicomisos” presentado a la SHCP, la CNPSS erróneamente reportó un importe de 1,333.1 miles de pesos, los cuales corresponden a depósitos realizados por las entidades federativas de recursos no utilizados, de los cuales la entidad fiscalizada desconoce a qué subcuenta del fideicomiso corresponden, por lo que habitualmente los registra en la cuenta de “Acreedores Diversos”.

No existen procedimientos para regular la operación, aplicación y autorización de recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud en la subcuenta del FPGC/Industria Tabacalera.



Las citadas acciones se generaron con el propósito de que la entidad fiscalizada fortalezca y en su caso implemente los mecanismos de control administrativos relacionados con la operación del Fideicomiso el Sistema de Protección Social en Salud, que permitan la asignación, aplicación y comprobación ágil, eficaz y eficiente de los recursos destinados a cubrir las necesidades de infraestructura y atención médica, así como para que implemente indicadores que permitan su evaluación y que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento


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administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron o infringieron la normativa aplicable.


La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que, al 31 de diciembre de 2011, el fideicomiso presentó un saldo disponible de 31,692,435.5 miles de pesos, de los cuales se identificó que 12,238,572.1 miles de pesos se encuentran asignados para aplicarse en proyectos de infraestructura y atención médica autorizados por el Comité Técnico desde el ejercicio 2006 a 2011, y no han sido utilizados por las entidades federativas y unidades médicas. Los 19,453,863.4 miles de pesos restantes no se encuentran asignados a un destino específico; la CNPSS carece de indicadores para evaluar el cumplimiento del fideicomiso respecto a la protección de enfermedades catastróficas, atención de necesidades de infraestructura, demanda imprevistas de servicios y pago de prestación de servicios interestatales. En el rubro de intereses ganados del “cuarto informe trimestral de fideicomisos” presentado a la SHCP, la CNPSS erróneamente reportó un importe de 1,333.0 miles de pesos, los cuales corresponden a depósitos realizados por las entidades federativas de recursos no utilizados, de los cuales la entidad fiscalizada desconoce a qué subcuenta del fideicomiso corresponden, por lo que habitualmente los registra en la cuenta de “Acreedores Diversos”. Las Reglas de Operación del Fideicomiso no contemplan plazos para la aplicación de los recursos y para que las entidades federativas entreguen la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos que les fueron ministrados por la CNPSS. No existen procedimientos para regular la operación, aplicación y autorización de recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud en la subcuenta del FPGC/Industria Tabacalera.


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Seguro Médico para una Nueva Generación

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-12U00-02-0427

DS-057

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al programa Seguro Médico para una Nueva Generación, para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




La muestra se integra por el 98.7% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario S201 "Seguro Médico para una Nueva Generación", que asciende a 1,276,463.8 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

Integración del presupuesto revisado del Seguro Médico para una Nueva Generación

(Miles de pesos)

Capítulo Ejercido Revisado Porcentaje 1000 "Servicios Personales" 16,695.1 16,695.1 100.0% 3000 "Servicios Generales" 73,500.9 56,840.0 77.3% 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"

1,186,267.8 1,186,267.8 100.0%

Total 1,276,463.8 1,259,802.9 98.7%

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Antecedentes

El Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció en el Eje 3 Igualdad de Oportunidades el Objetivo 7, el cual señala que el Gobierno Federal debe llevar a cabo acciones tendientes a evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico universal.

Para lo cual el Gobierno Federal implementó un esquema denominado Sistema de Protección Social en Salud conocido como "Seguro Popular", en el que intervienen los tres órdenes de gobierno para la protección de la salud de la población en general no afiliada a un sistema de seguridad social; el cual tiene como uno de sus objetivos otorgar cobertura de servicios de salud a través de un aseguramiento público y voluntario para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. Los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud por medio del Seguro tienen acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Como parte de las acciones emprendidas para su cumplimiento, el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, señala en el numeral 7.1 de su Sección 4 Estrategias y Líneas de Acción, el establecimiento del Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), el cual es un programa presupuestario sujeto a Reglas de Operación que


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incorpora a los niños no beneficiarios de la seguridad social, nacidos a partir del 1 de diciembre del 2006, al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), para la atención médica de los principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco años de vida, a través de un seguro médico que cubre los servicios que se prestan en los centros de salud, acciones hospitalarias respectivas, así como los medicamentos asociados, consultas y tratamientos para la atención de 128 patologías, en adición los menores son beneficiados por las 270 intervenciones correspondientes al primero y segundo niveles de atención contenidas en el Catálogo Universal de Servicios (CAUSES) y las 44 atenciones contempladas para las enfermedades cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) .

La Secretaría de Salud (SS), a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) es la instancia encargada de la operación y promoción del SMNG, mediante el otorgamiento de apoyos económicos transferidos a las entidades federativas a través de convenios de colaboración con los Servicios Estatales de Salud (SESA), Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), Organismos Públicos Descentralizados (OPD), Hospitales Particulares y otras Instituciones del Sistema Nacional de Salud como son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

De los nueve apoyos que se otorgan a través del SMNG y que complementan los recursos que las entidades federativas reciben de la Federación vía Ramo 12, fueron destinados para 2011 en cuatro apoyos como se muestra a continuación:

a) Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios (cápita adicional); en el cual la Secretaría transferirá 210.0 pesos anuales por una sola vez por cada niño mexicano nacido cuya familia se incorpore al Sistema en el 2011 ;

b) Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMNG (intervenciones), que cubre la atención médica de padecimientos de segundo y tercer nivel que no están contemplados en el CAUSES o en el FPGC, mediante reembolsos a las unidades médicas, por evento terminado; es decir, cuando el beneficiario es dado de alta;

c) Apoyo económico para el pago de vacunas, es el complemento económico que se transfiere al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), para la adquisición de vacunas neumococo y rotavirus;

d) Apoyo económico para efectuar la capacitación en el Marco del Fortalecimiento de Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, en las entidades federativas, priorizando los siguientes temas: Seguro Médico para una Nueva Generación; El Recién Nacido; Niños y Niñas Menores de un Año; Niños y Niñas Menores de cinco Años; Enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas.

Resultados

Las Reglas de Operación del Seguro Médico para una Nueva Generación no garantizaron que los recursos públicos transferidos a las entidades federativas se aplicaron con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, ya que existen recursos que se encuentran pendientes de aplicar por 1,191,355.7 miles de pesos a nivel nacional, aunado a que no se realizaron visitas a las entidades federativas para dar seguimiento y vigilar la aplicación de los recursos ministrados a fin de que, en caso de no haberse ejercido, se procediera a su reintegro; en el ejercicio de revisión se transfirieron 190,538.0 miles de pesos al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", lo que ocasionó que no se realizara la totalidad de las transferencias por concepto de apoyos otorgados a las entidades federativas correspondientes al último trimestre del año revisado por un importe de 89,106.5 miles de pesos; se efectuaron pagos por 5,418.8 miles de pesos por concepto de intervenciones médicas realizadas en los ejercicios 2009 y 2010, los cuales no están contemplados en las Reglas de Operación del Seguro Médico para una Nueva Generación 2011; la contratación de los servicios integrales prestados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentó opacidad en su formalización, ya que el servicio se inició sin contar con instrumento jurídico alguno aunado a que no comprobó que recibió los trabajos contratados por 22,736.0 miles de pesos.


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Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 35 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.


Las citadas acciones se generaron con el propósito de que la entidad fiscalizada implemente los mecanismos de control que fortalezcan los procesos y los sistemas de control administrativo relacionados con la operación del Seguro Médico para una Nueva Generación; además, con el fin de que proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación del servicio contratado para la impartición de talleres; asimismo, que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron o infringieron la normativa aplicable, e intervenga en aquellas irregularidades que están fuera del objetivo, alcance y año de la revisión practicada.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que las Reglas de Operación del Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) no garantizaron que los recursos públicos transferidos a las entidades federativas se aplicaron con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, ya que existen recursos que se encuentran pendientes de aplicar por 1,191,355.7 miles de pesos a nivel nacional, de los cuales 495,072.5 corresponden a recursos transferidos de 2008 a 2010 y 696,283.2 en 2011, aunado a que no se realizaron visitas a las entidades federativas para dar seguimiento y vigilar la aplicación de los recursos ministrados a fin de que en caso de no haberse ejercido se procediera a su reintegro; en el ejercicio de revisión se transfirieron 190,538.0 miles de pesos al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", lo que ocasionó que no se realizara la totalidad de las transferencias por concepto de apoyos otorgados a las entidades federativas correspondientes al último trimestre del año revisado por un importe de 89,106.5 miles de pesos; se efectuaron pagos por 5,418.8 miles de pesos por concepto de intervenciones médicas realizadas en los ejercicios 2009 y 2010, los cuales no están contemplados en las Reglas de Operación del Seguro Médico para una Nueva Generación 2011; la contratación de los servicios integrales prestados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentó opacidad en su formalización, ya que el servicio se inició sin contar con instrumento jurídico alguno, aunado a que no comprobó que recibió los trabajos contratados por 22,736.0 miles de pesos; no se cuenta con indicadores para cada uno de los tipos de apoyo que otorga el programa que permita evaluar el impacto en la población, así como el logro de los objetivos y metas del Seguro Médico para una Nueva Generación.


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Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-12NBB-04-0435

DS-058

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción del proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011 un importe modificado de recursos fiscales de 258,213.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. Se revisó el 100.0% del universo, lo que representa 258,213.9 miles de pesos, el cual se determinó mediante la documentación soporte del ejercicio del gasto, en la Construcción de la torre de especialidades del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, conforme al siguiente cuadro.

IMPORTE REVISADO

(Miles de pesos)

CONTRATO EJERCIDO

2011 REVISADO %

LP-HMGG-OP-010-2009 28,082.7 28,082.7 100.0

HMGG-SROP-DIR-006-2010 4,024.4 4,024.4 100.0

HGMGG-OP-DIR-002-2010 986.4 986.4 100.0

LP-HGMGG-SROP-06-10 15,695.2 15,695.2 100.0

LO-012NBB001-N12-2011 202,347.4 202,347.4 100.0

HGMGG-SROP-DIR-002-2011 176.1 176.1 100.0

HGMGG-SROP-DIR-001-2011 514.1 514.1 100.0

HGMGG-OP-DIR-001-2011 6,387.6 6,387.6 100.0

TOTAL 258,213.9 258,213.9 100.0

Fuente: Cédula del alcance seleccionada con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada.

Antecedentes

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal de la Secretaría de Salud. El inmueble fue construido entre 1942 y 1946, y se destinó para la atención de los pacientes con tuberculosis avanzada. Por los avances en la medicina, a principios de los años


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setenta se cambió el destino del conjunto con objeto de convertirlo en Hospital General para la atención, en materia de salud, de la población abierta. A efecto de lo anterior, se realizaron las acciones físicas mínimas para su adaptación, las cuales, en la actualidad, no cumplen con las nuevas necesidades para la atención y servicio.

Durante los cuarenta años de existencia como Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, el número de pacientes se ha incrementado, motivo por el cual es necesario realizar obras para ampliar la capacidad de los servicios médicos y mejorar los diferentes espacios y locales, ya que se prevé que durante los próximos años el número de personas que requieran servicios de salud se incrementará; otro factor importante es que los espacios físicos para realizar estas actividades es muy limitado por lo que es necesario contar con estos proyectos de inversión.

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” cuenta con las siguientes especialidades: Medicina Interna; Cirugía (General y de especialidades, incluyendo Cirugía Plástica y Reconstructiva); Ginecoobstetricia; Pediatría y Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, todos ellos atendiendo Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias.

Con la construcción de la torre de especialidades se pretende brindar atención médica de la más alta calidad y eficiencia, con seguridad para los pacientes, dentro de un contexto ético, y cubrir las necesidades del tercer nivel de atención en las especialidades que no cubren otros institutos de Salud y en las cuales el hospital cuenta con una experiencia y prestigio amplios.

Este proyecto fue objeto de revisión en la Cuenta Pública de 2009 y 2010, de las cuales ya no existen observaciones pendientes de solventar para tales ejercicios.

Resultados

1. En relación con los contratos núms. LP-HGMGG-SROP-06-10 y LO-012NBB001-N12-2011, se observó una planeación inadecuada de los periodos de ejecución, debido a que la entidad omitió considerar un periodo de ejecución al contrato de supervisión, que fuera congruente con el plazo de ejecución del contrato de obra. Observación solventada.

2. Se observó que del contrato LP-HGMGG-SROP-06-10, la empresa de supervisión externa, intervino en la licitación pública nacional haciendo la evaluación técnica y económica, el dictamen y el fallo, cuando únicamente al personal del Hospital General Dr. Manuel Gea González le correspondía realizar dicho procedimiento. Observación Solventada.

3. Se detectó el incumplimiento de la cláusula segunda relativa alcance de los servicios del contrato LP-HGMGG-SROP-06-10, debido a que se incluyeron actividades consistentes en pruebas y puesta en marcha del equipo médico y del finiquito de la obra; sin embargo, en 2011 únicamente se suministró el equipo y el contrato de obra seguirá vigente hasta el ejercicio de 2012 por tratarse de un contrato plurianual. Observación Solventada.

4. Se determinó que en el contrato LP-HGMGG-SROP-06-10, la entidad fiscalizada efectuó pagos anticipados por importes de 2,171.2 miles de pesos y 1,494.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 10 y 11, por lo que deberán reintegrarse los intereses generados desde la fecha en que se efectuaron los pagos hasta la realización efectiva de los trabajos.

5. Se observó que la bitácora del contrato LP-HGMGG-SROP-06-10, se llevó mediante medios convencionales; no se asentaron las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, en las notas no se precisan las circunstancias de cada caso, sus causas, soluciones, prevención, consecuencias económicas ni fechas de atención; durante los cinco primeros meses únicamente se asentó una nota por mes, no fueron firmadas por el contratista; y no se registró en ellas la solicitud y autorización del convenio adicional para incrementar el monto del contrato antes citados.

6. En la revisión de los ajustes de costos aplicados en el contrato LP-HMGG-OP-010-2009, se detectó que en el cálculo correspondiente no se consideró el total de la afectación de su factor por concepto de anticipo, por lo que se determinó que la entidad fiscalizada efectuó pagos en exceso por un monto de 1,733.7 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación.

7. Se determinó que, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato de servicios núm. LP-HGMGG-SROP-06-10, no se justifica la contratación del personal siguiente: jefe de supervisión de control técnico, costos y


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estimaciones; supervisor de control de programas y estimaciones; supervisor de control de reportes, informes y administración de campo; proyectista en proyecto arquitectónico; auxiliar de supervisor de control de programas y estimaciones; auxiliar de supervisor de control de reportes, informes y administración de campo; y auxiliar de proyectista en proyecto arquitectónico, por lo que se efectuó un pago en exceso de 1,404.3 miles de pesos. Observación solventada.

8. Se determinó que de acuerdo con la cláusula sexta del contrato de servicios núm. LP-HGMGG-SROP-06-10, no se justifica la participación de la plantilla del personal de supervisión para realizar las actividades preliminares en el periodo comprendido del 17 de enero al 31 de mayo de 2011, debido a que en ese lapso aún no se había formalizado el contrato de obra y, por tanto, no existían trabajos que supervisar, por lo que se efectuó un pago en exceso de 2,852.4 miles de pesos. Observación solventada.

Montos por Aclarar

Se determinaron 1,741.6 miles de pesos por aclarar.


Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de Aclaración.

Las acciones promovidas se elaboraron a fin de que la entidad fiscalizada fortalezca los mecanismos de operación y control y para recuperar recursos para la hacienda pública.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Hospital General Dr. Manuel Gea González cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la revisión de los ajustes de costos aplicados en el contrato LP-HMGG-OP-010-2009, que ampara la Construcción de la Torre de Especialidades, ya que en el cálculo correspondiente no se consideró el total de la afectación de su factor por concepto de anticipo, por lo que se determinó que la entidad fiscalizada efectuó pagos en exceso por un monto 1,733.7 miles de pesos.


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Hospital General de México

Integración, Registro y Control de Bienes Inmuebles, Equipo Médico, Quirúrgico y de Laboratorio

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-12NBD-02-0433

DS-059

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los bienes inmuebles, el equipo médico, quirúrgico y de laboratorio que forma parte del patrimonio del Hospital General de México, se encuentren debidamente integrados, registrados presupuestal y contablemente, que se cuente con los documentos que acrediten legalmente su propiedad, así como constatar su uso, destino, afectación, enajenación y baja de acuerdo a las disposiciones legales y normativas.

Alcance

CUENTAS DE BALANCE

Miles de Pesos




Para llevar a cabo la auditoría se revisaron los saldos totales de las cuentas 1305 "Equipo Médico, quirúrgico y de laboratorio”, 1309 “Terrenos” y 1323 “Edificios”, los cuales ascienden a 1,752,715.4 miles de pesos, que representan el 81.1% del universo seleccionado, el cual se integra como se muestra a continuación:


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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA

(Miles de pesos)

Núm. De Cuenta Descripción Valor Histórico Valuación Saldo al

31-12-2011

1305 Equipo Médico Quirúrgico y de Laboratorio 536,702.7

536,702.7

1306 Revaluación Eq. Méd. Quir. y de Lab. 411,817.8

411,817.8

1355 Depre. Acum. Eq. Méd. Quir. y de Lab.

344,238.3 344,238.3

1356 Rev. Depre. Acum. Eq. Méd. Quir. y de Lab. 234,276.1 234,276.1

TOTAL EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 948,520.5 578,514.4 370,006.1

1309 Terrenos 560,434.4

560,434.4

1310 Revaluación de Terrenos 222,815.5 222,815.5

TOTAL TERRENOS 560,434.4 222,815.5 783,249.9

1323 Edificios 486,924.7

486,924.7

1324 Revaluación de Edificios 550,444.5

550,444.5

1357 Depreciación Acumulada de Edificios

235,099.8 235,099.8

1358 Rev. Depreciación Acumulada de Edificios 202,810.0 202,810.0

TOTAL EDIFICIOS 1,037,369.2 437,909.8 599,459.4

TOTAL DE LA MUESTRA 1,752,715.4

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2011.

Antecedentes

El patrimonio de las entidades de la Administración Pública Federal cobra relevancia a partir de la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, vigente a partir del 1 de enero de 2009, que en sus capítulos l y II “Del Sistema de Contabilidad Gubernamental” y "Del Registro Patrimonial", respectivamente, establecen entre otras disposiciones la valuación del patrimonio del Estado y su expresión en los estados financieros.

Dicha ley tiene como objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los tres órdenes del gobierno, a efecto de lograr su adecuada armonización y facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo la administración del patrimonio del Estado.

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y la normativa que de éste se derive es la base para el Sistema de Contabilidad Gubernamental; dichos ordenamientos son de observancia obligatoria para los entes públicos y son emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental.

Para dar cumplimiento al objetivo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el CONAC ha emitido, desde 2009 al 2011 diversas disposiciones para lograr la armonización contable entre los tres órdenes de gobierno, las cuales se han incorporado gradualmente.

De acuerdo con lo anterior, la revisión realizada en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” se efectuó con la finalidad de determinar las oportunidades y deficiencias en materia de integración, registro, y


201

control de los bienes muebles e inmuebles, de conformidad con la normativa aplicable en 2011, que pueden obstaculizar el cumplimiento en tiempo y forma con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Resultados

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” no contó con la documentación que sustente la situación jurídica y el registro histórico (valuación) de sus bienes muebles e inmuebles; carece de avalúos e inventarios físicos de los edificios y equipo médico quirúrgico y de laboratorio debidamente conciliados con sus registros contables; no hay consistencia en el método para el cálculo de la depreciación de sus activos fijos; carece de un inventario integral y actualizado de los bienes muebles propiedad del hospital; no cuenta con un sistema automatizado que permita administrar, controlar, identificar y conciliar los registros de inventarios de bienes muebles con las cuentas contables.



Las citadas acciones se generaron con el propósito de que la entidad fiscalizada fortalezca sus mecanismos de control que garanticen la implementación del sistema de contabilidad gubernamental que le permita captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos que afectan su situación patrimonial con la finalidad de cumplir la Ley General de Contabilidad Gubernamental.


La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la integración, registro y control de bienes inmuebles, equipo médico, quirúrgico y de laboratorio, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que se infringió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de registro y valuación de los bienes patrimoniales del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, ya que no se cuenta con la determinación e integración de la documentación que sustente la situación jurídica y el registro histórico (valuación) de los bienes muebles e inmuebles; se carece de avalúos e inventarios físicos de los edificios debidamente conciliados con los registros contables, así como de un inventario integral y actualizado de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio al 31 de diciembre de 2011; no hay consistencia en el método para el cálculo de la depreciación de los activos fijos; no se cuenta con un sistema automatizado para administrar, controlar, identificar y conciliar los registros de inventarios con las cuentas contables.


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Hospital General de México

Construcción de la Torre Médica A, y de las Unidades 501, 503 y Programa Anual de Adquisiciones y Trabajos de Mantenimiento del Hospital General de México

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-12NBD-04-0434

DS-060

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




El Hospital General de México reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011 un monto ejercido de 113,831.6 miles de pesos desglosados en las claves de cartera números, 1012ND0002, 1012NBD0003, 0812NBD0001 y 0712NBD0006, con los montos de 7,499.5; 92,670.8; 9,081.1 y 4,580.2 miles de peso, respectivamente; sin embargo, se revisó un monto de 109,382.8 miles de pesos, el cual se determinó mediante la documentación soporte del ejercicio del gasto, en el Proyecto Construcción de la torre médica A, y de las unidades 501, 503 y programa anual de adquisiciones y trabajos de mantenimiento del Hospital General de México, conforme al siguiente cuadro.

(Miles de pesos)

CONTRATOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D. CP2011

CLAVE DE CARTERA DEL

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚM. CONTRATO MONTO

ASIGNADO MONTO

EJERCIDO MONTO

REVISADO

0712NBD0006

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD 501,

PATOLOGÍA, GENÉTICA, GENÓMICA Y CENTRO

DE PERFECCIONAMIENTO

DE HABILIDADES MEDICO-TÉCNICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE

MÉXICO, O.D.

1 DRMC-COC-003BIS/2011 232.6 232.6 232.6

2 DRMC-COC-0010BIS/2011 109.4 109.4 109.4

3 DRMC-COC-0079/2011 64.4 64.4 64.4 4 DRMC-COC-0084/2011 293.6 293.6 0.0 5 DRMC-COC-0091/2011 52.0 0.0 52.0 6 DRMC-COC-0164/2011 1,093.2 1,093.2 1,093.2 7 DRMC-COC-0171/2011 2,155.2 2,155.2 2,155.2

8 DRMC-COC-0198/2011 3,327.0 0.0 239.8

7,327.4 3,948.4 3,946.6


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CLAVE DE

CARTERA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO


ASIGNADO MONTO

EJERCIDO MONTO

REVISADO

0812NBD0001

CONSTRUCCIÓN PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD 503 DE CARDIOLOGÍA Y

NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE

MÉXICO, O.D.

1 DRMC-COC-004BIS/2011 168.3 168.3 168.3

2 DRMC-COC-009BIS/2011 79.2 79.2 79.2

3 DRMC-COC-0027/2011 221.2 221.2 221.2 4 DRMC-COC-0078/2011 609.1 609.1 609.1 5 DRMC-COC-0080/2011 72.0 72.0 72.0 6 DRMC-COC-0083/2011 148.7 148.7 148.7 7 DRMC-COC-0092/2011 52.0 0.0 0.0 8 DRMC-COC-0127/2011 1,078.6 1,078.6 836.9 9 DRMC-COC-0140/2011 1,358.7 1,358.7 1,614.3

10 DRMC-COC-0174/2011 3,277.5 3,277.5 3,277.5 11 DRMC-COC-0204/2011 82,100.5 0.0 0.0

89,165.8 7,013.3 7,027.1

CLAVE DE CARTERA DEL

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO


ASIGNADO MONTO

EJERCIDO MONTO

REVISADO

1012NBDB0003

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA TORRE

MEDICA A, QUIRÓFANOS

CENTRALES OFTALMOLOGÍA,

TRASPLANTES, CIRUGÍA GENERAL, TERAPIA

INTENSIVA, GASTROENTEROLOGÍA

Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL

GENERAL DE MÉXICO, O.D.

1 DRMC-COC-002BIS/2011 207.4 207.4 207.4

2 DRMC-COC-0011BIS/2011 97.6 97.6 97.6

3 DRMC-COC-0071/2011 1,625.5 1,625.5 1,625.5 4 DRMC-COC-0081/2011 44.0 44.0 44.0 5 DRMC-COC-0085/2011 304.9 0.0 304.9 6 DRMC-COC-0086/2011 300.6 300.6 304.0 7 DRMC-COC-0087/2011 592.6 592.6 592.6 8 DRMC-COC-0089/2011 86.1 0.0 0.0 9 DRMC-COC-0090/2011 52.0 0.0 52.0

10 DRMC-COC-0106/2011 4,868.8 10,588.5 10,588.5 11 DRMC-COC-0115/2011 4,673.3 4,673.3 4,673.3 12 DRMC-COC-0131/2011 4,057.7 4,057.7 4,058.3 13 DRMC-COC-0151/2011 3,031.6 3,031.6 3,031.6 14 DRMC-COC-0162/2011 52,900.0 52,900.0 52,942.5 15 DRMC-COC-0020/2011 611.2 611.2 611.2 16 DRMC-COC-0021/2011 613.8 613.8 613.8

17 DRMC-COC-0023BIS/2011 239.8 239.8 239.8

74,306.9 79,583.6 79,987.0


204

CLAVE DE

CARTERA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO


ASIGNADO MONTO

EJERCIDO MONTO

REVISADO

1012NBD0002

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE

MÉXICO, O.D., 2011

1 DRMC-COC-0005BIS/2011 366.6 363.5 363.5

2 DRMC-COC-0006BIS/2011 358.8 357.6 357.6

3 DRMC-COC-0007BIS/2011 365.4 365.3 365.3

4 DRMC-COC-0012BIS/2011 163.4 163.4 163.4

5 DRMC-COC-0025/2011 483.9 483.9 483.9

6 DRMC-COC-0033BIS/2011 262.9 262.5 262.5

7 DRMC-COC-0044/2011 613.8 610.3 610.3 8 DRMC-COC-0076/2011 3,372.7 4,155.4 4,047.5 9 DRMC-COC-0088/2011 474.6 474.6 474.6

10 DRMC-COC-0150/2011 2,112.7 2,112.7 2,112.7 11 DRMC-COC-0173/2011 706.9 706.9 609.4 12 DRMC-COC-0175/2011 3,718.9 3,718.9 3,718.9 13 DRMC-COC-0176/2011 4,852.4 4,852.4 4,852.4 14 DRMC-COC-0208/2011 199.6 0.0 0.0

18,052.6 18,627.4 18,422.0

TOTAL 188,852.7 109,172.7 109,382.8

FUENTE: Cédula de alcance, con base en la documentación del Hospital General de México

Antecedentes

El Hospital General de México fue fundado en el año de 1905. A partir de esa fecha, ha sido una institución que presta servicios de Salud a la población enferma del Distrito Federal, el Estado de México y demás colindantes.

En 1943, como resultado de la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se establece la función principal del Hospital General de México, la cual es brindar atención a enfermos de bajos recursos económicos y, a la vez, se convierte en Centro forjador de recursos humanos para la salud y la investigación médica.

En la década de los 70, precisamente en 1979, se concluyen los trabajos de restructuración del Nosocomio y éste queda integrado por 32 Pabellones Médicos y 10 Unidades administrativas, siendo los últimos trabajos de relevancia efectuados en los terrenos del hospital en beneficio de las funciones de su personal médico y administrativo, así como para sus investigadores y decanos médicos.

Como resultado del crecimiento poblacional y con las limitaciones de un país en vías de desarrollo como el nuestro, las edificaciones no han sido mejoradas de acuerdo con las necesidades, por lo que se inicia la construcción de la Unidad 310 que constará de 17,316.42 m2, desglosados de manera general en, sótano para estacionamientos, planta baja para Gastroenterología, primer piso para Oftalmología segundo piso para Trasplantes, tercer piso para Quirófanos, y cuarto piso para Terapia Intensiva.

La Unidad 501 que constará de 10,000.00 m2, desglosados de manera general en sótano para estacionamientos, planta baja y primer piso para Anatomía Patológica, segundo piso para Genómica, tercer piso para Medicina Genética y cuarto piso para el Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Técnico Médicas, por último la Unidad 503 que constará de 12,631.57 m2, desglosados de manera general en sótano y planta baja para estacionamientos, primer y segundo piso para Cardiología, tercer y cuarto piso para Neumología de la unidad 406.

Resultados

Un subejercicio por 21,306.9 miles de pesos; la incorrecta integración de un precio no considerado en catálogo, donde no se especifican los materiales por utilizar, lo que generó un pago en exceso por 262.7 miles de pesos; no se cuenta con la documentación que soporte el pago de 324.9 miles de pesos por el Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Adecuación del Área de la Gammacámara; pago improcedente en un contrato a precio


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alzado, por conceptos no previstos en el catálogo original, por un monto de 272.8 miles de pesos; no se cuenta con la documentación que soporte el pago de 304.9 miles de pesos por la elaboración de Impacto Ambiental y Urbano; una duplicidad de facturas por un monto de 232.6 miles de pesos y en los contratos de la supervisión de la construcción de las unidades 310, 501 y 503, las estimaciones presentadas no soportan, ni justifican los pagos realizados, ya que se incluyeron conceptos no ejecutados, por montos de 1,522.7; 1,665.0 y 2,583.0 miles de pesos, respectivamente.


Se determinaron recuperaciones probables por 28,212.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 262.7 miles de pesos por aclarar.



Las acciones emitidas tienen por objeto la justificación o recuperación de pagos improcedentes o en exceso por un subejercicio; la incorrecta integración de un precio unitario; no se cuenta con la documentación que soporte el pago del Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Adecuación del Área de la Gammacámara; pago improcedente en un contrato a precio alzado de conceptos no previstos en el catálogo original; no se cuenta con la documentación que soporte el pago por la elaboración de Impacto Ambiental y Urbano; una duplicidad de facturas y en los contratos de la supervisión de la construcción, las estimaciones presentadas no soportan, ni justifican los pagos realizados, ya que se incluyeron conceptos no ejecutados.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Hospital General de México O.D. no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: un subejercicio por 21,306.9 miles de pesos; la incorrecta integración de un precio no considerado en catálogo, donde no se especifican los materiales por utilizar, lo que generó un pago en exceso por 262.7 miles de pesos; no se cuenta con la documentación que soporte el pago de 324.9 miles de pesos por el Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Adecuación del Área de la Gammacámara; pago improcedente en un contrato a precio alzado, por conceptos no previstos en el catálogo original, por un monto de 272.8 miles de pesos; no se cuenta con la documentación que soporte el pago de 304.9 miles de pesos por la elaboración de Impacto Ambiental y Urbano; una duplicidad de facturas por un monto de 232.6 miles de pesos y en los contratos de la supervisión de la construcción de las unidades 310, 501 y 503, las estimaciones presentadas no soportan, ni justifican los pagos realizados, ya que se incluyeron conceptos no ejecutados, por montos de 1,522.7; 1,665.0 y 2,583.0 miles de pesos, respectivamente.


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Instituto Nacional de Cancerología

Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-12NBV-04-0436

DS-061

Objetivo


Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




El Instituto Nacional de Cancerología reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011 un importe modificado de recursos fiscales de 210,761.8 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. Se revisó el 99.0% del universo, lo que representa 208,714.3 miles de pesos, el cual se determinó mediante la documentación soporte del ejercicio del gasto, en la Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, conforme al siguiente cuadro.

Relación de Contratos (Miles de pesos)

CONTRATO / MONTO CONTRATISTA OBJETO EJERCIDO 2011 REVISADO %

INCAN-LPN-SSG-OP-001-011 343,042.5 miles de pesos

Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.

Construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización del INCan, Primera etapa, incluyendo preliminares, cimentación, estructura y obras complementarias.

188,678.9 188,678.9 100.0

INCAN-LPN-SSG-OP-001 40,901.6 miles de pesos

Sifra y Asociados S.A. de C.V.

Gerencia de Control, Administración, Desarrollo y Supervisión de Proyecto de la Obra: “Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan”

20,035.4 20,035.4 100

TOTAL 208,714.3 208,714.3 100

FUENTE: Cédula de alcance seleccionada de la información proporcionada por la entidad fiscalizada.

Antecedentes

El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) es un Organismo Descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud; que brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos siendo además un centro de referencia y órgano rector del diagnóstico y tratamiento del cáncer en México.


207

Dirige sus acciones a la atención de pacientes no derechohabientes de la seguridad social, provenientes de todo el país y ha sido política institucional, el otorgar servicios con eficiencia, calidad y calidez, con enfoque multidisciplinario en proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento. Aunado a las funciones asistenciales como centro de enseñanza médica e investigación.

El INCan es el coordinador de 25 Centros Estatales de Cáncer (CEC), con lo cual se ofrece una posibilidad única para diseñar programas y estrategias comunes para un mejor control del cáncer a nivel nacional y mejorar la prevención y la detención temprana reduciendo la morbi-mortalidad del cáncer en México.

Con las acciones anteriores se pretenden lograr avances en las condiciones de servicio que continuará ofreciendo el instituto entendiendo e incorporando a la práctica oncológica los nuevos conocimientos de la biología tumoral para mejorar el control sobre las diferentes manifestaciones clínicas del cáncer.

Para cumplir con la meta, el INCan coordina el desarrollo del Programa Nacional de Control de Cáncer (PNCC), el cual incluye cinco temas centrales:

1.- Prevención y Detección Temprana del Cáncer.

2.- Guías oncológicas para las 10 neoplasias más frecuentes en México.

3.- Cuidados Paliativos.

4.- Infraestructura Médica y Administración de Servicios Médicos.

5.- Control del Tabaquismo.

Lo anterior es posible con la labor de: los médicos, enfermeras, personal administrativo, el Patronato, el Grupo de Damas Voluntarias y el Grupo RETO del INCan y la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, las neoplasias malignas ahora constituyen la segunda causa de muerte en la población mexicana superando los 50,000 casos en 1997.

Como consecuencia de lo anterior se usó el Proyecto de “Construcción y Equipamiento de la nueva Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología”, que tendría un costo de Inversión de 1,242,000.0 miles de pesos, de los cuales, 909,000.0 miles de pesos corresponden a recursos asignados por el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”, 33,000.0 miles de pesos donativo del Patronato y 300,000.0 miles de pesos donación de la Fundación Gonzalo Rio Arronte I.A.P., con un horizonte de evaluación a 30 años a precios de mercado sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Asimismo el patronato es un órgano de apoyo, asesoría y consulta, que tiene por objeto apoyar las labores de investigación, enseñanza y atención médica del instituto, principalmente con la obtención de recursos de origen externo.

El patronato se integrará por un presidente, un secretario, un tesorero y por los vocales que designe la junta de gobierno, entre personas de reconocida honorabilidad, pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general, con vocación de servicio, las cuales podrán ser propuestas por el Director General del Instituto Nacional de Cancerología o por cualquier miembro de éste.

Resultados

1.- No se contó con las Políticas, Bases y Lineamientos debidamente autorizadas en el periodo en el que se llevaron a cabo las licitaciones y la firma de los contratos respectivos.

2.- Los trámites correspondientes a las licencias y permisos de construcción y Manifestación de Impacto Ambiental se formalizaron con extemporaneidad.

3.- El “Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología” adjudicó el contrato; sin embargo, incumplió con el proyecto ejecutivo, y no hay evidencia de los planos firmados por el servidor público facultado y las responsivas del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables.

4.- No se presentan las adecuaciones presupuestarias correspondientes.


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5.- No contrató los servicios del Director Responsable de Obra, Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, Corresponsable en Seguridad Estructural y Corresponsable en Instalaciones, ya que el que los contrató fue el “Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología”, y no se cuenta con las bitácoras de los mismos.

6.- El precio unitario, con clave número OC31-130-000 referente “Cancelación de instalaciones existentes en líneas de alimentación al edificio, según lo indique la supervisión…”, no se encontró dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

7.- Se ejecutaron servicios adicionales por 2,249.9 miles de pesos, sin que la dependencia haya modificado el contrato mediante los convenios adicionales.

8.- No se presentó el Seguro de Responsabilidad Civil con antelación al inicio de los trabajos.

9.- El instituto no designó al residente de obra con antelación al inicio de los trabajos y el “Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología Asociación Civil” contrató a personal el cual firmó como Residente de Obra y como Coordinador de Enlace de Supervisión de Obra las estimaciones y números generadores, sin tener facultades de servidor público del Instituto.

10.- Se consideraron sólo estimaciones normales, aun cuando se realizaron cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original; pago improcedente por 758.7 miles de pesos, en el periodo de julio a diciembre de personal contratado para determinada etapa de la construcción y no se tiene evidencia documental de la participación del personal 2011.

11.- Pago improcedente por 1,589.0 miles de pesos, de enero a diciembre de 2011 de los conceptos 1.1 “Gerente de Proyecto” y 1.2 “Coordinador Administrativo”, ya que el personal por contratar para laborar en estos puestos se halló duplicado en el análisis.

12.- Pago improcedente por 478.4 miles de pesos, de enero a noviembre de 2011 del concepto 4.2 “Analista de Gestoría y Servicios”, ya que el personal que a contratar para laborar en este puesto debió de contar con el perfil de “Profesionista nivel de licenciatura: Ingeniería, Arquitectura o un área afín…”, y el profesionista que laboró como Analista de Gestoría y Servicios no cumplía con dicho perfil.

13.- No se había amortizado el anticipo otorgado 25,985.0 miles de pesos.

14.- No existe evidencia de la solicitud de autorización de la Secretaría de la Función Pública para poder llevarse por medios de comunicación convencional al inicio de los contratos, asimismo las notas no se numeraron en forma seriada, ni se fecharon consecutivamente.

15.- Pagos anticipados por un importe de 125,258.6 miles de pesos; pago improcedente por 2,946.5 miles de pesos, en el concepto OC31-130-000 "Cancelación de instalaciones existentes en líneas de alimentación al edificio…”, ya que estos conceptos de trabajo no se ejecutaron en razón de que se demolieron los edificios; además, no se encontró la instrucción por parte de la supervisión con notas de bitácora de su ejecución.

16.- En los sótanos uno, dos y tres no cuentan con las medidas de previsión contra incendio, como son la falta de los areneros suficientes de 200 litros de capacidad.

17.- Pago improcedente por 4,792.5 miles de pesos ya que no se cuenta con la evidencia documental de las partidas “Pilas de cimentación”, de los conceptos C-I.1.04, C-I.3.02 y del concepto C-I.3.04, ya que no hay documentación soporte de las entradas y salidas de los camiones a la zona de tiro; pago improcedente por 754.7 miles de pesos, del concepto 4.1 “Coordinador Normativo y Legal del Proyecto”, ya que el profesional contratado para desempeñar dicho cargo en este periodo no cuenta con el perfil.

18.- Pago improcedente por 81.5 miles de pesos, en los conceptos C-1.2.13 y C-1.3.20, debido a que la Residencia de obra no descontó el volumen total del acero de refuerzo que se utilizó en las estructuras de concreto (pilas y losas de cimentación).




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Las acciones emitidas tienen por objeto la incorrecta integración de un precio unitario; pago improcedente de personal al no contarse con evidencia documental de su participación; pago improcedente de personal que se halló duplicado en análisis; pago improcedente de personal contratado y que no contaba con el perfil solicitado; falta de amortización de anticipo otorgado; pago improcedente de conceptos de obra que no se ejecutaron; pago improcedente de acarreos al no existir los soportes documentales de entrada y salida de los camiones a la zona de tiro; y pago improcedente debido a que la Residencia de obra no descontó el volumen total de acero de refuerzo que se utilizó en las estructuras de concreto (Pilas y Losas de cimentación).

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Nacional de Cancerología no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: no se contó con las Políticas, Bases y Lineamientos debidamente autorizadas en el periodo en el que se llevaron a cabo las licitaciones y la firma de los contratos respectivos; los trámites correspondientes con las licencias y/o permisos de construcción y Manifestación de Impacto Ambiental se formalizaron con extemporaneidad; el “Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología” adjudicó el contrato, sin embargo incumplió con el proyecto ejecutivo, y no hay evidencia de los planos firmados por el servidor público facultado y las responsivas del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables; no se presentan las adecuaciones presupuestarias correspondientes; no contrató los servicios del Director Responsable de Obra, Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, Corresponsable en Seguridad Estructural y Corresponsable en Instalaciones, ya que el que los contrató fue el “Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología”, y no se cuenta con las bitácoras de los mismos; el precio unitario, con clave número OC31-130-000 referente “Cancelación de instalaciones existentes en líneas de alimentación al edificio, según lo indique la supervisión…” no se encontró dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; se ejecutaron servicios adicionales por 2,249.9 miles de pesos, sin que la dependencia haya modificado el contrato mediante los convenios adicionales; no se presentó el Seguro de Responsabilidad Civil con antelación al inicio de los trabajos; el instituto no designó al residente de obra con antelación al inicio de los trabajos y el “Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología Asociación Civil” contrató a personal el cual firmó como Residente de Obra y como Coordinador de Enlace de Supervisión de Obra las estimaciones y números generadores, sin tener facultades de servidor público del Instituto; se consideraron sólo estimaciones normales, aun cuando se realizaron cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original; pago improcedente por 758.7 miles de pesos, en el periodo de julio a diciembre de personal contratado para determinada etapa de la construcción y no se tiene evidencia documental de la participación del personal 2011; pago improcedente por 1,589.0 miles de pesos, de enero a diciembre de 2011 de los conceptos 1.1 “Gerente de Proyecto” y 1.2 “Coordinador Administrativo”, ya que el personal por contratar para laborar en estos puestos se halló duplicado en el análisis; pago improcedente por 478.4 miles de pesos, de enero a noviembre de 2011 del concepto 4.2 “Analista de Gestoría y Servicios” ya que el personal que a contratar para laborar en este puesto debió de contar con el perfil de “Profesionista nivel de licenciatura: Ingeniería, Arquitectura o un área afín…” y el profesionista que laboro como Analista de Gestoría y Servicios no cumplía con dicho perfil; no se había amortizado el anticipo otorgado 25,985.0 miles de pesos; no existe evidencia de la solicitud de autorización de la Secretaría de la Función Pública para poder llevarse por medios de comunicación convencional al inicio de los contratos, asimismo las notas no se numeraron en forma seriada, ni se fecharon consecutivamente; pagos anticipados por un importe de 125,258.6 miles de pesos; pago improcedente por 2,946.5 miles de pesos, en el concepto OC31-130-000 "Cancelación de instalaciones existentes en líneas de alimentación al edificio…”, ya que estos conceptos de trabajo no se ejecutaron en razón de que se demolieron los edificios , además no se encontró la instrucción por parte de la supervisión con notas de bitácora de su ejecución; en los sótanos uno, dos y tres no cuentan con las medidas de previsión contra incendio como son la falta de los areneros suficientes de 200 litros de capacidad; pago improcedente por 4,792.5 miles de pesos ya que no se cuenta con la evidencia documental de las partidas “Pilas de cimentación”, de los conceptos C-I.1.04,


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C-I.3.02 y del concepto C-I.3.04, ya que no hay documentación soporte de las entradas y salidas de los camiones a la zona de tiro; pago improcedente por 754.7 miles de pesos, del concepto 4.1 “Coordinador Normativo y Legal del Proyecto”, ya que el profesional contratado para desempeñar dicho cargo en este periodo no cuenta con el perfil; y pago improcedente por 81.5 miles de pesos, en los conceptos C-1.2.13 y C-1.3.20, debido a que la Residencia de obra no descontó el volumen total del acero de refuerzo que se utilizó en las estructuras de concreto (pilas y losas de cimentación).


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Instituto Nacional de Medicina Genómica

Proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-12NCH-04-0437

DS-062

Objetivo


Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisaron 170,205.4 miles de pesos que corresponden al 98.9% del monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2011 para Programas y Proyectos de Inversión, conforme al cuadro siguiente:

INTEGRACIÓN DE MONTOS AUTORIZADOS (Miles de pesos)

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO EJERCIDO 2011 REVISADO %

Convenio C-1, Contrato

DA-SRO-009-09-AD

ABA Desarrollo Inmobiliario, S.C.

Gestión y Responsivas Manifestación de Construcción Tipo C

2,142.1 2,142.1 100.0

Finiquito CA-C7, Contrato

INMEGEN-OP-05-12297001-08-06

Constructora e Ingeniería Aplicada Habitat, S.A. de C.V.

Trabajos de Jardinería 0.0 0.0 0

Convenio C3 y C4, Contrato

DA-SRO-007-09-AD

Desarrollo Tecnología y Planeación, S.A. de C.V.

Supervisión Técnico - Administrativa Conclusión de Construcción Sede del INMEGEN

11,447.2 11,447.2 100.0

Finiquito C-1, Contrato

DA-SRO-017-09-AD

Diseño Planificación e Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.

Asesoría y Apoyo para la Actualización de las Condiciones Ambientales y Urbanas

511.4 511.4 100.0

Finiquito C1, Contrato

DA-SRO-020-09-AD

Fonatur Constructora, S.A. de C.V.

Reparación en Estructura Metálica, Armaduras y Vigas IPR, Demolición de Firmes en Pisos, Aplicación de Pintura Intumescente en Estructura Metálica

19,181.6 19,181.6 100.0


INMEGEN-OP-09-12297001-017-06

Ganemedic, S.A. de C.V. Suministro e Instalación de Lonaria 4,020.5 4,020.5 100.0

Convenios CA-C1 y CA-C2,

Contrato DA-OP-002-10-AD

GANEM Construcción, S.A. de C.V.

Suministro e Instalación de Mármol y Recinto Natural en el Edificio Sede del INMEGEN

1,983.8 1,983.8 100.0

Convenio CA-C1, Contrato

DA-OP-001-11-LPN

Grupo MG Construcciones, S.A. de C.V.

Terminación de Obra Civil y Acabados de Pisos, Muros y Plafones, Cancelería y Vidrios, así como la Instalación Eléctrica del Frente 8, Niveles 2, 3 y 4 de la Nueva Sede del INMEGEN

38,796.1 38,796.1 100.0

Convenios C-7 y C-8, Contrato

Industrias y Representaciones Gar-

Trabajos de Aire Acondicionado en el Edificio Sede del INMEGEN

5,384.9 5,384.9 100.0


212

INMEGEN-OP-05-12297001-008-06

Vel, S.A. de C.V.


AD/SRO/DA/06/2011

ICISA Ingeniería, S.A. de C.V.

Servicio de Asesoría para Apoyar a la Dirección Técnica y Administrativa para la Contratación de las Obras que se Requieran para la Terminación del Edificio Sede del INMEGEN

6,133.7 6,133.7 100.0

Ejecución trabajos 2011 (s/est),


JENA Servicios de Administración y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

Suministro e Instalación de Pisos, Plafones y Muros de PVC para el Área de Laboratorios del Edificio Sede del INMEGEN

0.0 0.0 0

Convenios CA-C1 y CA-C2,


Jorge Gastón Barahona Echeverría

Suministro de Piezas Faltantes, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Nueve Equipos de Ascensores Marca Macpursa en el Edificio Sede del INMEGEN

2,797.3 2,797.3 100.0

Convenios C-7 y C-8, Contrato

INMEGEN-OP-14-12297001-AD-06

Lasser Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V.

Trabajos de Cableado Estructurado 10,502.1 10,502.1 100.0


DA-OP-002-10-LPN

Proyectos y Construcciones Sur, S.A. de C.V.

Terminación de Obra Civil y Acabado de Piso, Muros, Plafones, Cancelería y Vidrios, así como Instalación Eléctrica de los Frentes 6, 7, 9 y 10 de la Nueva Sede del INMEGEN

52,321.1 52,321.1 100.0

Finiquito CA-C2, Contrato

DA-SRO-010-09-AD

Reyval Arquitectos, S.A de C.V.

Servicios para realizar Trabajos Arquitectónicos y de Ingeniería para Actualización y Complemento Proyecto Ejecutivo

316.8 316.8 100.0


INMEGEN-SROP-14-3010006

Ing. Reynaldo Ramírez García

La realización de los Servicios consistentes en la Revisión y Verificación del Proyecto de Instalaciones Eléctricas, revisión en Obra de las mismas y Expedición del Dictamen de la Verificación, de Acuerdo a lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas Relacionadas con las Instalaciones Eléctricas y el Artículo 28 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, en la Construcción de la Sede Permanente del INMEGEN

332.6 332.6 100.0

Convenios C-8 y C-9 Contrato

INMEGEN-OP-02-12297001-002-06

RL Construcciones, S.A. de C.V.

Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendio (Sistema Conjunto)

6,524.9 6,524.9 100.0


INMEGEN-OP-13-12297001-AD-06

Siemens, S.A. de C.V. Trabajos de Seguridad y Control 3,570.6 3,570.6 100.0

Ejecución trabajos 2011 Contrato

DA-OP-005-10-AD

Soluciones Imagina, S.A. de C.V.

Sistema Modular de Señalización para el Edificio Sede del INMEGEN

1,036.2 1,036.2 100.0


INMEGEN-OP-10-12297001-021-06

Teletec de México, S.A. de C.V.

Trabajos de Electroacústica 1,349.9 1,349.9 100.0

Total (Capítulo 6000) 168,352.8 168,352.8 100.0


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CONTRATO CONTRATISTA OBJETO EJERCIDO 2011 REVISADO %

Contrato AD/DA/SRO/0001/2011

Emilio Izquierdo Ortiz Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Instalaciones Hidrosanitarias, Electromecánicas y Especiales"

177.0 177.0 100.0


Victor Manuel Mendoza Pérez

Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Instalaciones Hidrosanitarias, Electromecánicas y Especiales"

177.0 177.0 0


Victor German Salazar Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Seguimientos"

144.1 144.1 100.0


Dulce María González García

Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Instalaciones Hidrosanitarias, Electromecánicas y Especiales"

94.8 94.8 100.0

Contratos AD/DA/SRO/004/2011

y AD/DA/SRO/013/2011

Leopoldo Gómez Chávez Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Instalaciones Hidrosanitarias, Electromecánicas y Especiales"

254.9 254.9 100.0

Contratos AD/DA/SRO/005/2011

y AD/DA/SRO/012/2011

Joaquín Alejandro Valencia Martínez

Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Obra Civil, Acabados Arquitectónicos, Estructura Metálica, Herrería, Pintura y Carpintería"

216.0 216.0 100.0


Juan Carlos López Tellez Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Control y Acceso Bitácora Electrónica y Bitácora Convencional"

95.4 95.4 100.0


Ismael Alejandre de la Rosa

Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Verificación de Planos As Build frentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7"

177.0 177.0 100.0


Armando Cadena Esparza

Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Instalaciones de Aire Acondicionado, Eléctricas, Seguridad y Control frentes 9 y 10"

177.0 177.0 100.0


José Pompa Aguirre Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Instalaciones Eléctricas en los niveles 2, 3, 4, 5 y 6, Instalación y Pruebas de los 9 Elevadores e Instalaciones Pluviales en la Azotea"

113.8 113.8 100.0


José Luis Rodríguez Martínez

Concepto 62905 "Servicios Relacionados con la Obra Pública, Especialidad en Obra Civil, Acabados Arquitectónicos, Estructura Metálica, Herrería, Pintura y Carpintería"

177.0 177.0 0

Retenciones del 5% al Millar de 2010 48.3 48.3 100.0

Total (Capítulo 62905) 1,852.6 1,852.6 100.0

Monto autorizado 170,205.4 170,205.4 100.0

Fuente: Cédula analítica de alcance seleccionado con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada.

Antecedentes

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) se creó mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2004, con el objeto de desarrollar una plataforma en medicina genómica para vincular instituciones públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero, la cual contribuiría a generar su desarrollo integral en todo el país, incidiendo en enfermedades comunes, con un alto impacto en la salud y la economía de los mexicanos.

El 12 de septiembre de 2005 se inició la construcción de la primera etapa de las nuevas instalaciones del INMEGEN, en un terreno de 40,097.81 m2 donado por la Secretaría de Salud, ubicado en Periférico Sur, núm. 4809, Col. El Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal.


214

El proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica contempló la construcción de cuatro edificios, identificados como: Edificio principal; Biblioteca y anexos; Auditorio; y Servicios, en una superficie de 11,996.16 m2 de construcción, en los que habrá áreas administrativas, tres niveles de laboratorios, área de dirección, auditorio, aulas, biblioteca, restaurante, cuarto de máquinas y servicios, y dos niveles de sótanos destinados para el estacionamiento de 832 vehículos, con una superficie de 18,620.42 m2. Además, se consideró una área libre de 31,547.45 m2, integrada por 17,668.49 m2 para plazas y andadores, 3,971.33 m2 para vialidades internas y 9,907.63 m2 en áreas permeables jardinadas. El costo total inicial del proyecto fue de 1,190,387.1 miles de pesos. Con base en los resultados obtenidos en la revisión de las Cuentas Públicas 2006, 2007, 2008 y 2009, se determinó efectuar una auditoría como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2010, al proyecto de inversión referido, con el fin de dar continuidad a las revisiones anteriores.

En la Cuenta Pública 2011 para Programas y Proyectos de Inversión se tenía acumulado hasta 2011 un monto de 1,498,480.8 miles de pesos, sin incluir equipamiento, y un costo total programado modificado de 1,635,78.3 miles de pesos. En la revisión del importe ejercido en el capítulo 6000, se verificaron 20 contratos de obra, 11 de ellos adjudicados mediante licitación pública, 9 de manera directa y 11 contratos de servicios relacionados con la obra pública (capítulo 62905).

Resultados

1.- La DGPOP no coordinó adecuadamente las etapas de planeación, programación y presupuestación del gasto público, en virtud de que se efectuaron 21 adecuaciones al presupuesto del INMEGEN.

2.- En 10 convenios no se halló evidencia documental de las garantías de cumplimiento que por la ampliación del monto o del plazo las contratistas debieron constituir en su oportunidad al suscribir dichos convenios y en el caso del contrato DA-OP-004-10-AD no se entregó la fianza para garantizar el anticipo.

3.- Las modificaciones del monto y plazo efectuadas rebasaron el 25% sin que la entidad fiscalizada acreditara que solicitó la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originales con el propósito de determinar la procedencia de ajustarlo.

4.- Las garantías de cumplimiento por la ampliación del monto y del plazo en tres convenios se presentaron después de transcurridos 256, 285 y 318 días, respectivamente, del plazo establecido.

5.- En los registros internos la entidad fiscalizada consignó un total ejercido fue de $170,205,403.43, en la Cuenta Pública 2011 se reportaron $172,036,189.36 erogados en dicho proyecto, por lo que existe una diferencia entre ambos montos de $1,830,785.93.

6.- En un contrato y 5 convenios no se indicaron los términos conforme a los cuales las contratistas, en su caso, reintegrarían las cantidades que, en cualquier forma, hubieren recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos.

7.- Dentro de la valoración de riesgos y de los controles implantados para evitarlos es alta la probabilidad de ocurrencia en las actividades de entrega de requisiciones de insumos fuera de tiempo; que la carpeta de la Junta de Gobierno contiene información errónea; que no se cuenta con la conclusión de los proyectos de investigación por la falta de insumos y muestras; que los pagos a proveedores de bienes y servicios de enseñanza se realizados fuera de tiempo; y que los proyectos de tecnología de la información se elaboraron con poca información.

8.- Trabajos pagados en junio de 2011 por un importe de $4,080.019.00 se le presentaron vicios ocultos al haberse rasgado la lonaria en uno de sus extremos después de una fuerte lluvia y granizada, y a la fecha de la presente revisión (octubre de 2012) aún no se ha repuesto ni colocado la nueva lonaria.

9.- Después de dos años de haber sido desmontados por la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., aún no son retirados de la obra los prefabricados ni los vidrios estrellados; todavía no han sido retirados del sótano 2 los materiales desmontados de los pisos 2o. al 6o. producto de los trabajos de reparación y restructuración de la estructura metálica, como son pedazos de placas, vigas IPR, láminas Romsa y rejillas Irving; materiales que continúan deteriorándose por la humedad al estar a la intemperie, y por no estar debidamente estibados, identificados ni resguardados en un lugar cerrado.

10.- El sótano núm. 2 continúa con problemas de encharcamiento, con un espejo de agua de aproximadamente 3 cm, sin que a la fecha (octubre de 2012) se haya dado una solución definitiva a este problema.

11.- Se determinaron deducciones por obra mal ejecutada por montos de $83,333,375.32 y $62,646,302.05, debido a reparaciones en la estructura metálica realizadas por la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., por


215

lo cual se solicitó al Instituto Nacional de Medicina Genómica que implemente las acciones jurídicas necesarias para recuperar los dichos montos referidos.

12.- A la obra en general no se le ha dado mantenimiento por el abandono en que se ha tenido durante dos años.

13.- Las empresas Soluciones Imagina, S.A. de C.V., y Reynaldo Ramírez García no entregaron las bitácoras de obra, por lo cual no se pudieron realizar los análisis respectivos.

14 y 15.- Se detectaron trabajos de mala calidad en su ejecución los cuales sólo se han corregido parcialmente o no se han corregido y de los cuales se solicitó a la entidad fiscalizada que emprenda las acciones necesarias para que se reparen y corrijan las deficiencias detectadas y que informe de las sanciones que impondrá a las contratistas, del costo de reparación de los trabajos, y en su caso, la aplicación de la fianza para responder por los defectos de los trabajos realizados por sus vicios ocultos.


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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Nacional de Medicina Genómica cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a trabajos pagados en junio de 2011 por un importe de $4,080.019.00, se presentaron vicios ocultos al haberse rasgado la lonaria en uno de sus extremos después de una fuerte lluvia y granizada, y a la fecha de la presente revisión (octubre de 2012) aún no se ha corregido dicha situación; el sótano núm. 2 continúa con problemas de encharcamiento, con un espejo de agua de aproximadamente 3 cm, sin que a la fecha (octubre de 2012) se haya dado una solución definitiva a este problema; se determinaron deducciones por obra mal ejecutada por montos de $83,333,375.32 y $62,646,302.05, debido a reparaciones en la estructura metálica realizadas por la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., por lo cual se solicitó al Instituto Nacional de Medicina Genómica que implemente las acciones jurídicas necesarias para recuperar los montos referidos; a la obra en general no se le ha dado mantenimiento por el abandono en que se ha tenido durante dos años; y se detectaron trabajos de mala calidad en su ejecución, los cuales sólo se han corregido parcialmente o no se han corregido y de los cuales se solicitó a la entidad fiscalizada que emprenda las acciones necesarias para que se reparen y corrijan las deficiencias detectadas y que informe de las sanciones que impondrá a las contratistas, del costo de reparación de los trabajos y, en su caso, la aplicación de la fianza para responder por los defectos de los trabajos realizados por sus vicios ocultos.


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Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Ingresos por Venta de Vacunas y Productos Biológicos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-2-12NEF-02-0093

DS-063

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos obtenidos por la producción, comercialización y distribución de productos biológicos, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos de cobro, registro contable y presentación en la Cuenta Pública; asimismo, evaluar los mecanismos de control establecidos, la administración de los riesgos inherentes a la operación, y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Alcance

INGRESOS EGRESOS


Universo Seleccionado 1,833,725.6 1,869,301.0

Muestra Auditada 1,123,317.2 1,241,525.6


La muestra revisada corresponde a los ingresos por la venta de vacunas y productos biológicos cobrados y reportados en el ejercicio de 2011 por Birmex, adicionalmente se revisaron las compras de vacunas por 1,241,525.6 miles de pesos, que representaron el 66.4% del total de los egresos.

INGRESOS Y EGRESOS DE VACUNAS 2011

(Miles de pesos)

Ingresos % Egresos % Ingresos de bienes internas 1,740,104.4 Compra de vacunas 1,671,275.3

Ingresos de servicios internas 93,621.2 Otras compras 198,025.7

Total ingresos de bienes y servicios 1,833,725.6

Total Compras 1,869,301.0

Muestra Auditada 1,123,317.2 61.3% Muestra Auditada 1,241,525.6 66.4%

FUENTE: Estado de Presupuesto Obtenido de la Cuenta Pública, 2011. Integración del total de adquisiciones de Birmex 2011.

Antecedentes

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), es una empresa de participación estatal mayoritaria, constituida el 11 de marzo de 1999, como una Sociedad Anónima de Capital Variable. El 4 de agosto de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial que reformó el reglamento interior de la Secretaría de Salud, estableciendo en el segundo artículo transitorio, que Birmex dispondría de los bienes muebles e inmuebles del Órgano Desconcentrado denominado Gerencia General de Biológicos y Reactivos (GGBR).

Dicho decreto señala que los derechos y obligaciones adquiridos por el Órgano Desconcentrado se cederían a Birmex, incluidos los derechos de los trabajadores, que serían respetados conforme a la ley.

El objetivo principal de Birmex es la organización y coordinación de las acciones que conduzcan a la investigación, elaboración, compra, importación y fabricación, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, importación y exportación de productos biológicos y reactivos que permitan prevenir, curar y


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diagnosticar enfermedades, además participar conjuntamente con la Secretaría de Salud para establecer las normas relativas a la distribución, almacenamiento y aplicación de los biológicos y reactivos.

Resultados

1. La Gerencia de Costos y Presupuestos de Birmex no incluyó en el Flujo de Efectivo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011, ingresos por 3,723.3 miles de pesos.

2. Se identificó que Birmex no actualizó los Manuales de Procedimientos a fin de establecer sistemas adecuados de operación, registro, información, seguimiento, control y evaluación.

3. Se constató un desfase de 21 a 212 días para el cobro a los Organismos Públicos Descentralizados de los Estados, sin que Birmex estableciera penalizaciones por el pago extemporáneo en los convenios de abasto.

4. Se constató que existen adeudos de más de 10 años, monto que asciende a 556.0 miles de pesos de 1998 a 2001, sin que BIRMEX reportara acciones para la depuración de sus cuentas consideradas como de difícil recuperación.

5. La Gerencia de Administración de Recursos Financieros no vigiló el cobro oportuno de su cartera de clientes ya que ocho Institutos de Salud tienen un atraso en su pago de hasta 480 días por 362,565.1 miles de pesos.



Las acciones emitidas a la entidad fiscalizada tienen como finalidad mejorar sus procesos, señalar las áreas de oportunidad y eficientar el sistema de control y su gestión; así como promover ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones normativas en su actuación.

Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones normativas.


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Secretaría de Desarrollo Social

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias


DS-064

Objetivo

Fiscalizar el programa para el desarrollo de zonas prioritarias para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; la eficiencia en la operación del programa; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el desarrollo de zonas prioritarias se aborda en el apartado 3.1 Superación de la pobreza, vinculado al objetivo: “Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas que superen un enfoque asistencialista de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo”, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2007-2012 se vincula con el objetivo 3: “Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas”.

En el “Diagnóstico sobre el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)”, se señala que: “durante el ejercicio fiscal 2008, la Secretaría de Desarrollo Social operó el ‘Programa de Atención a Microrregiones’ (PAM) y el ‘Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria’ (PAZAP). El primero operó desde 2002, mientras que el segundo inició operaciones en 2008”. El PAM se caracterizó por “trabajar bajo un enfoque territorial en el que se articulan todas las acciones necesarias para brindar, de manera integral, oportunidades de desarrollo a la población que se encuentra en regiones caracterizadas por la exclusión social, la marginación y la pobreza”, 118/ mientras que el PAZAP tenía como objetivo “contribuir a la reducción de las desigualdades municipales y regionales a través de una política de desarrollo territorial de los municipios y localidades con mayor marginación y rezago social del país”. 119/

“El PAM y el PAZAP compartían buena parte de sus universos de atención, tipo de acciones y montos de apoyo, y ambos programas atendían acciones prioritarias para el Gobierno Federal en función de su alto impacto en el bienestar de la población, así como proyectos impulsados por las autoridades locales y seleccionados por éstas en función de su conocimiento especializado de las necesidades específicas de cada localidad.” 120/

En este contexto, la SEDESOL consideró que “fusionar los programas redundará en importantes beneficios: Se operará bajo una visión integral de las necesidades de la población a atender; se facilitará la concertación con las autoridades locales, al plantear bajo un mismo programa acciones que comparten un marco conceptual de visión territorial, y se facilitará la búsqueda de reducciones en el gasto operativo necesario para administrar el programa y entregar los componentes a la población a atender.” 121/

118/ Diagnóstico sobre el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), emitido por la SEDESOL en agosto de

2008. 119/ Idem. 120/ Idem. 121/ Idem.


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En 2008, la fusión del PAM y del PAZAP dio origen al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), el cual operó a partir de 2009.122/ En las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), para el ejercicio fiscal 2011, se estableció el objetivo general: “Contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo”, y el objetivo específico: “Crear o mejorar la infraestructura social básica y de servicios, así como las viviendas, en las localidades y municipios de muy alta y alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza, para impulsar el desarrollo integral de los territorios que conforman las Zonas de Atención Prioritaria y otros que presentan condiciones similares de marginación y pobreza”.

Respecto de la cobertura del programa, se señala que el PDZP: “podrá operar en las 32 entidades federativas y, de manera particular, en los territorios definidos como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), conforme lo siguiente: los municipios de alta y muy alta marginación que forman parte de las ZAP; los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), independientemente de su grado de marginación (40% o más de la población hablante de lengua indígena mayor de cinco años); las localidades identificadas como estratégicas para el desarrollo de las regiones establecidas en la Declaratoria de ZAP, y sus áreas de influencia; las localidades de alta y muy alta marginación, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja siempre y cuando no se duplique con las actividades del programa Hábitat”. 123/:

La población objetivo se define como: habitantes de los municipios y localidades señalados en la cobertura del programa.

Resultados

En 2011, mediante el PDZP, la SEDESOL apoyó a 1,039 (83.1%) de los 1,251 municipios de alta y muy alta marginación que forman parte de las ZAP, en los que se atendió a 17,716 localidades y 669,304 viviendas; a 8 (40.0%) de los 20 municipios catalogados como predominantemente indígenas, en los que se atendió a 193 localidades y 7,833 viviendas; a 1,693 (62.2%) de las 2,720 localidades estratégicas para el desarrollo de las regiones, en beneficio de 267,098 viviendas, y a 5,165 (20.6%) de las 25,127 localidades de alta y muy alta marginación, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja, en beneficio de 253,980 viviendas; sin embargo, no cuantificó las necesidades que plantea atender mediante el PDZP por tipo de apoyo, ni el número de habitantes beneficiados, que constituyen su población objetivo; ni dispuso de indicadores y metas para evaluar la cobertura del programa.

La SEDESOL no dispuso de información sobre el fortalecimiento del capital físico, la forma en que se da la integración de las regiones marginadas rezagadas o en pobreza, ni el desarrollo integral de los territorios que conforman las ZAP, comprendidas en los objetivos general y específico del PDZP; tampoco reportó información suficiente en los documentos de rendición de cuentas para evaluar el cumplimiento de los objetivos general y específico del programa.

Asimismo, se determinó que en 2011 las obras y acciones en materia de mejoramiento de la vivienda y de dotación de infraestructura social y de servicios, que se realizan mediante el PDZP, tienen duplicidad con las de 17 programas federales que atienden a población en rezago.

Además, no acreditó que las 8,260 acciones de vivienda que otorgó mediante el PDZP en beneficio de habitantes de localidades de marginación media, baja y muy baja se efectuaran en beneficio de habitantes que presentaron condiciones de pobreza, rezago social o marginación, y no especificó el tipo de acción que se realizó con los apoyos para casos de contingencias.

En cuanto a las obras y acciones apoyadas con el PDZP en 2011, la SEDESOL no contó con indicadores para evaluar el desarrollo de infraestructura productiva comunitaria y sistemas de comunicación, del rubro “Infraestructura social y de servicios”; la realización de muros reforzados y techos, del rubro “Mejoramiento de

122/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias para el

ejercicio fiscal 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2008. 123/ Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el ejercicio fiscal 2011.- ZAP: Son las

localidades, municipios, áreas o regiones, tanto de carácter rural como urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación o vulnerabilidad determinadas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social.


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la vivienda”, ni los apoyos complementarios para el levantamiento de información socio-económica y las acciones de asistencia social y servicios comunitarios.


La SEDESOL no acreditó la contribución del PDZP en la reducción de las desigualdades regionales, mediante el fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de los habitantes de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo, debido a que no identificó con precisión a la población objetivo; no cuantificó las necesidades de vivienda, ni de infraestructura social y de servicios en las zonas prioritarias. Asimismo, se identificó que las acciones y obras que se realizan con el PDZP se duplican con las de 17 programas que operan en regiones marginadas, por lo que no se asegura la coordinación de acciones para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos.



Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación se enfocaron principalmente a que la SEDESOL realice las gestiones necesarias y mejore la forma de operar, dar seguimiento y evaluar los resultados del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a fin de que disponga de información sobre su contribución, en la reducción de las desigualdades regionales, mediante el fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de los habitantes de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a: la falta de cuantificación de las necesidades de vivienda, de infraestructura social y de servicios, y de la población objetivo; la duplicidad de las obras y acciones con las de 17 programas que operan en regiones de marginación; la falta de evidencia de que las 8,260 acciones de vivienda en beneficio de habitantes de localidades de marginación media, baja y muy baja se efectuaran en beneficio de habitantes que presentaron condiciones de pobreza, rezago social o marginación; la falta de especificación del tipo de acción que se realizó con los apoyos para casos de contingencia; la falta de indicadores para evaluar la cobertura del programa y el cumplimiento de los objetivos general y específico del programa, y la insuficiente rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos general y específico del programa.

Si bien es cierto que el Gobierno Federal otorga apoyos a las entidades federativas y municipios para la ejecución de obras y acciones de infraestructura social y de servicios, y de mejoramiento de la vivienda, también lo es que son los municipios quienes tienen a su cargo, entre otras funciones y servicios públicos, los de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de aguas residuales y alumbrado público, de conformidad con el artículo 115, fracción III, incisos a y b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es necesario evaluar la conveniencia de que, mediante modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal o al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos asignados al Programa de para el Desarrollo de Zonas Prioritarias se transfieran a las haciendas públicas de los municipios por medio del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.


Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, evalúe la conveniencia de que, mediante modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal o al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos asignados al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, se transfieran a las haciendas públicas de los municipios por medio del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".


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Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras


DS-065

Objetivo

Fiscalizar la eficacia para promover el acceso y permanencia de las madres y padres al mercado laboral, y la eficiencia de las acciones para aumentar la oferta de espacios de cuidado y atención infantil.

Alcance

Comprendió la revisión del desempeño de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en cuanto a los servicios de cuidado y atención infantil; el acceso y permanencia de las madres y padres solos al mercado laboral para contribuir a la igualdad de oportunidades; el incremento del número de estancias infantiles para atender la demanda de estos servicios; y la cobertura geográfica de las estancias infantiles para atender la demanda de las madres y padres solos que trabajan o buscan empleo.

Antecedentes

En el Informe Final 2010 de la Encuesta Cualitativa con Enfoque de Género del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México, se señaló que desde los años setenta la estructura ocupacional en México ha experimentado transformaciones, y es cada vez mayor la participación de las mujeres en la esfera del trabajo asalariado en el país. En 1970, las mujeres representaban casi un 15.0% de la población económicamente activa del país, para 1980 un 26.3%, en 1990 un 29.3% y para inicios del 2000 un 34.0%. En el año 2009, la participación laboral femenina fue cercana al 40.0%. Pero la incorporación de las mujeres en las actividades económicas no ha producido efectos proporcionales el acceso igualitario al mercado laboral.

En el informe se señaló que el cuidado infantil era ofertado por guarderías privadas o jardines de niños, dirigido a familias de clase media y alta; en tanto que organizaciones asistenciales brindaban el servicio sólo en casos de abandono y orfandad. En la década de 1970 surgieron los primeros esfuerzos institucionales para proporcionar el cuidado infantil a las madres trabajadoras urbanas que se integraban al mercado laboral.

Para la década de los ochenta, se configuró una concepción más integral del cuidado infantil, como parte de los derechos sociales y de una política laboral de mayor alcance mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las regulaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En el informe de la FLACSO se indicó que el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) se creó en 2007 como uno de los modelos de atención infantil, fuera del esquema tradicional de seguridad social, para que las madres se incorporen al mercado de trabajo u otras actividades que les generen una remuneración. El servicio lo proporcionan otras mujeres de la comunidad mediante un subsidio gubernamental.

Resultados

Con la aplicación del programa de estancias infantiles en 2011, la SEDESOL contribuyó a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de 260,414 beneficiarios (97.9% madres y 2.1% padres), que representó un cumplimiento del 94.9% de la meta.

El número de hijos o niños al cuidado de los beneficiarios en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos que recibieron servicio de la red de estancias infantiles, fue del 92.5% de la meta, al atender a 277,609 menores que recibieron servicio en la red de Estancias Infantiles, de los cuales 47.0% eran niñas y 53.0% niños.

Respecto de los beneficiarios que permanecieron más de dos meses en el Programa de Estancias Infantiles (PEI) y accedieron a un trabajo remunerado, se verificó que de los 1,222 encuestados, 380 no trabajaban y de éstos, 300 (79.0%) contestaron que después de incorporarse al PEI pudieron acceder a un trabajo, lo que representó un cumplimiento del 92.9% de la meta.


223

Acerca de los beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingresar al PEI y que mientras estuvieron en el programa lograron mantenerse en un trabajo remunerado, se verificó que de los 1,222 encuestados, 842 trabajaban antes de entrar al programa y de éstos 762 (739 mujeres y 23 hombres) continuaron laborando, conforme a lo cual la meta se cumplió al 100.0%.

Por lo que se refiere a las horas semanales que utilizaron los beneficiarios para permanecer en el mercado laboral, se verificó que los 1,222 beneficiarios encuestados utilizaron 34 horas en promedio para permanecer en el mercado laboral, cantidad que representó un cumplimiento del 97.0% de la meta.

Respecto de los beneficiarios que utilizaron el tiempo para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar, se verificó que de los 1,222 encuestados, 1,157 lo utilizaron para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar, lo que representó un cumplimiento del 100.0% de la meta; en tanto que los 65 restantes fueron casos especiales como beneficiarios incapacitados para trabajar o tener a su cuidado a un hijo enfermo.


El programa impactó en las 32 entidades federativas del país a las familias de 260,414 beneficiarios en situación de pobreza patrimonial o con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, para que dispusieran de tiempo para buscar empleo o permanecer en él, al haber dado servicio de atención y cuidado a 277,609 menores, mediante 9,311 estancias infantiles en operación e incrementado la oferta en 772 estancias que operarían en el siguiente año.



Dictamen: limpio

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con el objetivo de contribuir, mediante la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y de padres solos con niños bajo su cuidado.


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Programa Rescate de Espacios Públicos


DS-066

Objetivo

Fiscalizar el programa de rescate de espacios públicos para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; la eficiencia en la operación del programa; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

A 2007, México presentó un “constante crecimiento en sus niveles de urbanización, que no ha podido ser acompañado por la acción de los gobiernos locales para dotar de suficiente infraestructura y seguridad a aquellas zonas que han quedado marginadas, padeciendo precariedad urbana en sus espacios públicos. Tales condiciones propician las desigualdades sociales, siendo la proliferación de la delincuencia organizada una de sus expresiones más preocupantes.” 124/

En ese año, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) puso en marcha el Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), como una estrategia de combate a la pobreza urbana, ya que consideró que “el rescate de espacios públicos favorece el mejoramiento del entorno y el desarrollo comunitario, así como la plena integración social de grupos y personas en situación de vulnerabilidad”.

El Informe Final de Diseño del Programa de Rescate de Espacios Públicos señala que en 2007 “el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa no está correctamente identificado y claramente definido, (…) el programa surgió de las demandas captadas durante la campaña presidencial y la premura para su ejecución impidió elaborar un diagnóstico inicial que identificara la problemática y sus necesidades específicas, así como establecer el universo conocido de acción; es decir, las áreas potenciales a intervenir”. (…) El programa no desarrolló una base conceptual para contar con herramientas que le permitan incrementar el impacto en la construcción de identidad comunitaria y en la cohesión y tejido sociales. De no generarse un marco teórico con una metodología propia para incidir en la dimensión social, los beneficios se restringirían a la dimensión física (infraestructura) y, en ese caso, existirían pocas posibilidades de lograr el fin y el propósito”.

En el “Diagnóstico de Rescate de Espacios Públicos”, elaborado por la SEDESOL en 2010, se señala que: “la implementación de políticas en materia de intervención de espacios públicos ha cobrado relevancia internacional (…)”, y que: “la agenda de gobierno en países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa incluye la definición de criterios para planificar la generación de nuevos espacios y la recuperación de lugares con deterioro, a fin de que la población cuente con parques, instalaciones deportivas, plazas, jardines u otros lugares que propicien el fortalecimiento de la vida en las ciudades”.

En el mismo diagnóstico se señala que: “aunque son diversas las problemáticas que rodean a los espacios públicos, son dos las que han adquirido una mayor importancia (…). Por un lado, la visible insuficiencia de los espacios públicos existentes respecto a la magnitud de la población que habita las zonas urbanas. Por otro lado, la creciente subutilización y deterioro de aquellos espacios que se encuentran en funcionamiento. Aunque en la actualidad no se tiene un dato certero sobre la cantidad de espacios públicos que se encuentran en situación de deterioro o abandono debido a la inexistencia de fuentes de información adecuadas, existe evidencia suficiente para afirmar que ambas problemáticas afectan a gran parte del territorio nacional”.

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos, para el Ejercicio Fiscal 2011, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2010, el objetivo general del

124/ Informe Final de Diseño del Programa de Rescate de Espacios Públicos, emitido por el Colegio Mexiquense, AC, el 24 de

octubre de 2007.


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programa fue: “Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas”, y el objetivo específico: “Rescatar espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas físicamente a las zonas metropolitanas y ciudades, para el uso y disfrute de la comunidad, y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social”. Asimismo, se señala que: “El Programa tendrá cobertura nacional y su universo de actuación serán las localidades urbanas integradas físicamente a las zonas metropolitanas y ciudades que cuenten con una población de cincuenta mil o más habitantes de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (…). Se dará prioridad a las que presentan problemas de marginación e inseguridad”, y la población objetivo “son las personas que habitan alrededor de los espacios públicos en los que interviene el programa”.

Además, en las reglas de operación se establecen las modalidades y acciones del programa:

“a) Participación Social y Seguridad Comunitaria.

• Impulsar la organización y participación de los ciudadanos en la elaboración de proyectos y planes orientados al rescate de los espacios públicos que promuevan su uso y sentido de pertenencia.

• Promover el desarrollo de actividades cívicas, artístico-culturales y deportivas para el aprovechamiento del tiempo libre y recreación, como medidas dirigidas a prevenir conductas antisociales y de riesgo.

• Integrar a prestadores de servicio social y promotores comunitarios en la instrumentación de estrategias y proyectos en el espacio público.

• Impulsar la conformación de redes sociales, comités vecinales y de contraloría social, como formas de organización y participación comunitaria, que coadyuven a la promoción y el cuidado del espacio público y la seguridad vecinal, y que funjan como gestores de las necesidades del espacio, su funcionamiento y sostenibilidad.

• Sensibilizar y prevenir conductas antisociales y de riesgo entre los habitantes que concurren a los espacios públicos o que viven en su área de influencia, y con ello, fortalecer la cohesión social.

• Promover la inclusión social y la equidad de género, dando preferencia a grupos vulnerables y personas con discapacidad favoreciendo el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

• Sensibilizar y prevenir la violencia familiar y social para fomentar la sana convivencia.

• Incentivar la elaboración de planes y estudios que contribuyan al diagnóstico y evaluación de la situación de inseguridad y violencia; que planteen estrategias y acciones de solución, el posible impacto de las acciones desarrolladas en los espacios públicos, así como generar indicadores que permitan conocer el desempeño del Programa en las ciudades y zonas metropolitanas participantes.

• Impulsar la realización de jornadas sobre la conservación de recursos naturales.

b) Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos

• Construir, remozar, habilitar o rehabilitar plazas, espacios deportivos, y otros espacios públicos de uso comunitario donde se desarrollan actividades recreativas y culturales, con adaptaciones propias para personas con discapacidad.

• Construir, ampliar y mejorar el alumbrado público, banquetas, guarniciones y otras obras que permitan el uso de la población en general, y que brinden habitabilidad a los espacios públicos.

• Construir, ampliar, dotar y/o rehabilitar el mobiliario urbano para el correcto funcionamiento de los espacios públicos.

• Fomentar acciones de prevención situacional que propicien condiciones de seguridad a los ciudadanos, a través de la adecuación o mejoramiento del diseño de los espacios públicos, la colocación de luminarias con especificaciones para la seguridad pública en áreas de riesgo y el establecimiento de módulos y sistemas remotos de vigilancia en puntos estratégicos.

• Mejoramiento de vías y accesos, así como el establecimiento de rutas, senderos y paraderos seguros para los peatones y señalética”.


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Resultados

La SEDESOL no identificó con precisión a la población potencial, a la población objetivo ni a la población atendida por el Programa de Rescate de Espacios Públicos en 2011; no contó con el número total de espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono, o inseguridad ubicados en localidades urbanas integradas físicamente a las zonas metropolitanas y ciudades; no dispuso de un indicador para medir la cobertura de atención del programa, y en los indicadores de: “Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos”, “Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos” y “Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos”, tanto el nombre como el método de cálculo, se establecen con base en la percepción de los hogares y no de las personas que habitan alrededor de los espacios públicos en los que interviene el programa, que constituye su población objetivo. Asimismo, la dependencia careció de un indicador para evaluar la contribución del programa en la mejora de la calidad de vida y no registró 354 comités de contralorías sociales conformadas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública.


La SEDESOL no identificó con precisión a la población potencial, a la población objetivo, ni a la población atendida del Programa de Rescate de Espacios Públicos; no identificó el número total de espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad ubicados en localidades urbanas integradas físicamente en las zonas metropolitanas y ciudades, que constituyen el universo potencial del programa, ni contó con un indicador para evaluar la contribución del programa en la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan alrededor de los espacios públicos en los que intervino, lo que limitó verificar el cumplimiento de los objetivos general y específico del programa. Por lo anterior, no se garantiza que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y se facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios sociales del programa.



Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación se enfocaron principalmente a que la SEDESOL realice las gestiones necesarias y mejore la forma de operar, dar seguimiento y evaluar los resultados del Programa de Rescate de Espacios Públicos, a fin de que disponga de información sobre su contribución, para el uso y disfrute de la comunidad y con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a: la falta de identificación de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, así como del universo de espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad; las deficiencias en la integración del padrón de beneficiarios del programa; la insuficiencia de información para una adecuada rendición de cuentas, y la falta de indicadores para medir la cobertura de atención del programa y la contribución del programa en la mejora de la calidad de vida de los hogares en torno a los espacios públicos intervenidos. Tampoco se garantiza que los recursos –subsidios- se canalicen exclusivamente a la población objetivo del programa, ni se facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios sociales de su asignación y aplicación. Estos resultados revelan deficiencias en el diseño y rendición de cuentas del programa que ameritan que se evalúe la pertinencia de realizar cambios estructurales en su operación.

Si bien es cierto que el Gobierno Federal otorga apoyos a las entidades federativas y municipios para el rescate de espacios públicos, también es cierto que son los municipios quienes tienen a su cargo, entre otras funciones y servicios públicos, las calles, parques y jardines, así como su equipamiento, de conformidad con el artículo 115, fracción III, inciso g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es necesario evaluar la conveniencia de que, mediante modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal o al Presupuesto de Egresos de


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la Federación, los recursos asignados al Programa de Rescate de Espacios Públicos se transfieran a las haciendas públicas de los municipios por medio del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.


Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, evalúe la conveniencia de que, mediante modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal o al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos asignados al Programa de Rescate de Espacios Públicos, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, se transfieran a las haciendas públicas de los municipios por medio del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".


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Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Programa de Apoyo Alimentario

Auditoría de Desempeño: 11-0-20G00-07-0441

DS-067

Objetivo

Fiscalizar el Programa de Apoyo Alimentario para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprende la revisión de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y en la cobertura; la eficiencia en los procesos para cumplir con los objetivos general y específico del programa; la competencia de la entidad para la operación del programa; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

En 2003, el Ejecutivo Federal dio a conocer la promoción de tres acuerdos nacionales: el "Acuerdo en contra de la pobreza y el hambre"; el "Gran acuerdo por el Campo Mexicano" y el "Gran acuerdo por el Empleo y el Ingreso de las Familias". Del primer acuerdo se derivó el Programa de Apoyo Alimentario (PAL)125/, que surgió como una modalidad del Programa de Desarrollo Local (Microrregiones), a cargo de la SEDESOL, para atender a un sector de la población en pobreza y marginación que no había sido alcanzada por los programas alimentarios y sociales del Gobierno Federal126/, ya que existían más de 800 mil familias en todo el país que no recibían ningún tipo de apoyo y estaban en zonas rurales aisladas, y su ingreso diario era insuficiente para tener acceso a una alimentación y nutrición adecuadas127/.

En sus inicios, al Programa de Apoyo Alimentario se le conoció como el "Paquete Alcance" y el programa "Te Nutre". A partir de septiembre de 2003, los objetivos y estructura del programa fueron delineados con más detalle, por medio de acuerdos administrativos entre diferentes instancias del Gobierno Federal, la SEDESOL (Unidad de Microrregiones) lo operó.

En un principio, el programa buscaba, mediante el reparto de alimentos y la entrega de subsidios pecuniarios, contribuir al consumo de alimentos nutritivos de la población que estaba en condiciones de pobreza en el medio rural y carecía del apoyo de algún programa social. Originalmente el apoyo consistió en una transferencia alimentaria en especie (y en menor proporción en una transferencia monetaria) y otros beneficios para mejorar la salud y nutrición de las familias.

A fines de 2003, se definió a la población objetivo del programa como los hogares en localidades de menos de 2,500 habitantes de alta y muy alta marginación que no reciben beneficios de otros programas alimentarios del Gobierno Federal. Esta definición de población se mantendría vigente hasta 2008.

A partir de febrero de 2004, DICONSA instrumentó el programa, con lo cual se aprovechó la amplia red de distribución de abasto social y la infraestructura de red de almacenes, tiendas y equipos de transporte para operar en zonas rurales.

Para 2008, como parte de la estrategia del Ejecutivo Federal de generar una política social integral que promoviera la alimentación y nutrición de los hogares en situación de pobreza, ubicados en localidades rurales marginadas del país, se fusionan en una sola modalidad el PAL y el Programa de Abasto Rural (PAR), con lo cual

125/ El programa se basó en la suscripción de un convenio entre DICONSA, S.A. de C.V., y la SEDESOL, mediante el Programa

de Microrregiones, con el cual se implementó la entrega de apoyos en la forma de un paquete alimentario, especialmente diseñado para la asistencia a grupos vulnerables; esta acción se complementó mediante capacitación en materia de alimentación y salud, y adicionalmente se establecieron sinergias con otros órdenes de gobierno e instituciones para lograr mayores beneficios en favor de los hogares apoyados.

126/ Universidad Iberoamericana, A.C., Estudio de Evaluación Externa del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., marzo de 2006.

127/ SEDESOL, CNPDHO-DICONSA, S.A de C.V., Acta de entrega-Recepción del Programa de Apoyo Alimentario.


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se creó el Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Rural (PAARyAR), el cual tenía como propósito mejorar la alimentación, e impulsar y fortalecer las capacidades básicas de las familias de los hogares rurales en situación de pobreza.128/

En 2009, se fusionan el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria (PAAZAP), creado en 2008 y operado por la SEDESOL, y el componente de apoyo alimentario del Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Rural, a cargo de DICONSA (PAL), creado en 2004. La fusión fue un mandato de la Cámara de Diputados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. Ambos programas se crearon para atender los problemas de nutrición y alimentación de la población pobre en localidades rurales dispersas, de alta y muy alta marginación, que no son atendidas por los programas alimentarios.129/

En 2009, el diagnóstico del PAL identificó que el problema que se buscaba atender era la persistencia de desnutrición crónica, la anemia y la deficiencia de micronutrientes en familias en situación de pobreza en localidades rurales marginadas y desatendidas por los programas de asistencia social existentes. El diagnóstico destacó que los grupos poblacionales de mujeres y niños tienden a concentrar el problema sobre todo en localidades rurales.130/

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, se señaló que el Programa de Apoyo Alimentario sería operado junto con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades "para generar economías de escala, optimizar el uso de recursos administrativos para la operación de programas a partir de las medidas de austeridad, buscando con ello sinergias y eficiencias en el uso de los recursos. (...) con la transferencia del Programa de Apoyo Alimentario se busca incluir a las familias que por su localización o situación familiar actual no son elegibles para recibir apoyos federales mediante el Programa Oportunidades."

En las reglas de operación del PAL de 2011 se eliminó como causal de baja la asistencia semestral obligatoria de las familias a las unidades de salud, por lo que la entrega de los apoyos del programa no está condicionada.

Asimismo, el criterio de pobreza alimentaria, que se consideraba en la población objetivo en las reglas de operación del programa de 2010, cambia por el de hogares por debajo de la línea de bienestar mínimo, definida como el valor monetario en un mes determinado de una canasta alimentaria básica.

Resultados

Al cierre de 2011, el padrón del PAL se integró por 673,547 familias activas, distribuidas en las 32 entidades federativas, cifra superior a la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, de 670,000 familias. El PAL tuvo presencia en 50,792 localidades del país, el 26.4% de las 192,739 localidades potenciales.

El 93.7% (47,616) de las localidades atendidas por el PAL en 2011 se ubicó en el ámbito rural, en beneficio del 42.1% (283,348) de las familias inscritas en el programa, y el 6.3% (3,176) se ubicó en localidades urbanas, con el 57.9% (390,199) de las familias beneficiarias. En el 40.8% de localidades (20,731) donde operó el PAL, también operó el Programa Oportunidades, conforme lo permiten las reglas de operación, esto es, 5.2 puntos porcentuales más respecto de las localidades de 2010, que representaron el 35.6%.

En 2011, el PAL otorgó a las familias beneficiarias un apoyo monetario de 510.0 pesos mensuales en promedio, para contribuir a mejorar la calidad, cantidad y diversidad de su alimentación, lo que representó el 49.6% de los 1,029.0 pesos del costo promedio mensual de la canasta alimentaria básica en el ámbito urbano y el 70.5% de los 723.2 pesos del costo de la canasta alimentaria básica en el ámbito rural.

128/ Estos cambios se reflejaron en las reglas de operación del programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el

30 de diciembre de 2007. Sin embargo, para el ejercicio fiscal 2009, los programas se separaron nuevamente y el PAL se rediseñó, incluyendo el padrón activo del Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria (PAAZAP), el cual dejó de operar en 2008, como se constata en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2008.

129/ Hospital Infantil de México Federico Gómez, Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud, Evaluación del diseño del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de DICONSA, S.A. DE C.V., 2009.

130/ Universidad de Guadalajara; DICONSA "Diagnóstico del Programa de Apoyo Alimentario", México, 2009.


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En ese año, las familias beneficiarias no recibieron el apoyo monetario de manera oportuna en el bimestre correspondiente, debido al proceso de bancarización masiva del PAL, por lo que no se logró el cumplimiento de la meta del indicador “Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario" del 96.0%.

En 2011, la CNPDHO no entregó complementos alimenticios a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, situación que también se presentó en 2010, y se identificó que en lo que va de 2012 tampoco los ha entregado a ese grupo de riesgo. Al respecto, la CNPDHO se declaró imposibilitada para instrumentar las acciones que permitan el cumplimiento del programa en materia de acceso a los servicios de salud; del seguimiento nutricional materno-infantil, y de la orientación o capacitación especializada, a fin de incidir en la mejora de las condiciones de salud y nutrición de la población atendida.

Además de que, tanto en 2010 como en 2011, la CNPDHO no contó con una estructura orgánica, en la que se defina la autoridad y responsabilidad para la operación del PAL; se segreguen y deleguen funciones, y se delimiten facultades entre el personal.

Por lo anterior, en agosto de 2012, la CNPDHO solicitó a la SEDESOL que se evalúe y determine el alcance real del objetivo del PAL; se especifiquen los sectores que deben intervenir para asegurar el cumplimiento de los objetivos y, en consecuencia, se definan las responsabilidades de la coordinación nacional en términos de las atribuciones conferidas.

Asimismo, la supervisión realizada por la CNPDHO para evitar mermas en los apoyos en especie del PAL fue insuficiente, ya que no acreditó la existencia de mecanismos de control interno para monitorear la caducidad de esos apoyos, por lo que no evitó que en el ejercicio fiscal 2011 caducaran 18,771 sobres de complementos alimenticios y leche fortificada, resultado de diferencias en las conciliaciones de los apoyos en especie reportados como entregados.

Para 2011, la CNPDHO ejerció en el PAL un monto de 3,695.1 millones de pesos, el 90.1% de los 4,099.8 millones de pesos autorizados en el presupuesto original. El 11.3% se aplicó en gastos de operación, proporción superior en 1.7 puntos porcentuales a la establecida en las reglas de operación.


En 2011, la CNPDHO no cumplió con el objetivo del Programa de Apoyo Alimentario, de contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones para mejorar su alimentación y nutrición, ya que no entregó complementos alimenticios a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, situación que también se presentó en el ejercicio fiscal 2010; la falta de supervisión en la entrega de los apoyos en especie originó que caducaran 18,771 sobres de complementos nutricionales y de leche fortificada; en el primer trimestre no entregó los apoyos monetarios del programa a 215,000 familias, el 31.9% de las 674,000 familias que estaban en el padrón de beneficiarios del PAL, y en el 40.8% (20,731 localidades) de las 50,792 localidades atendidas por el PAL también operó el Programa Oportunidades, debido a la falta de precisión en la identificación de la población objetivo.




Las recomendaciones de la ASF se orientan principalmente al establecimiento de mecanismos que le permitan cumplir con las metas programadas para la entrega de apoyos monetarios y complementos nutricionales a los beneficiarios del programa; a la identificación del número de niños de seis meses a cinco años y de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarios del PAL que deben recibir complementos alimenticios y leche fortificada; a la instrumentación de mecanismos de control y supervisión de existencias y caducidades de los apoyos en especie, y a la gestión de una estructura orgánica que defina las responsabilidades de la CNPDHO, en términos de las atribuciones conferidas, en tanto la SEDESOL evalúe y determine el alcance real del objetivo del PAL, especifique los sectores que deben intervenir para asegurar el cumplimiento de los objetivos y defina las responsabilidades de la CNPDHO.


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Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa de Apoyo Alimentario (PAL), de contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones para mejorar su alimentación y nutrición, como se precisa en los resultados que se presentan en la parte correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que en 2011 la CNPDHO no entregó los apoyos en especie a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; no cuantificó el total de niños menores de cinco años a los que debió entregar ese tipo de apoyos; no contó con mecanismos de control interno para monitorear la caducidad de los complementos alimenticios, ni las acciones a cargo de DICONSA para el control eficaz de la entrega de los apoyos en especie, lo cual originó que en ese año caducaran 18,771 sobres de complementos nutricionales y de leche fortificada. Asimismo, manifestó ante la Comisión Intersectorial de Desarrollo Social que no es de su competencia entregar esos apoyos, debido a que no tiene la capacidad para detectar a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y garantizar que se tomen los suplementos; no dispone de una estructura organizacional, ni cuenta con atribuciones para operar el PAL; no cuenta con un parámetro definido para precisar a la población objetivo, ni para especificar claramente el grupo de atención, lo que propició que en el 40.8% de las localidades con presencia del PAL (20,731), también operara el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Por recomendación de la ASF, durante el desarrollo de la auditoría, la CNPDHO solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social que evalúe y determine el alcance real del objetivo del Programa de Apoyo Alimentario; se especifiquen los sectores que deben intervenir, y se definan las responsabilidades, en términos de las atribuciones conferidas, ya que esa entidad está imposibilitada para instrumentar acciones a fin de cumplir el objetivo del programa, respecto del acceso de los beneficiarios a los servicios de salud, del seguimiento nutricional materno-infantil y de la orientación y capacitación especializada que incidan en la mejora de las condiciones de salud y nutrición de la población. Lo anterior incumplió las reglas de operación, por lo que, en opinión de la Auditoría Superior de la Federación, y con base en el artículo 14, fracción VII, de la Ley de Planeación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá analizar los resultados del PAL, respecto del objetivo del Gobierno Federal al cual está alineado y evaluar su diseño, a fin de tomar las medidas necesarias para reestructurar el diseño y la operación del programa y corregir las desviaciones detectadas.


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Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Programa de Apoyo Alimentario

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-20G00-02-0442

DS-068

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa de "Apoyo Alimentario" para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisó el trámite de la solicitud, autorización y ministración del 100.0% de los subsidios concedidos a los beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario, por 3,695,138.2 miles de pesos, y que se registraron como ejercidos en la partida 43101 "Subsidios a la Producción".

Antecedentes

El Gobierno Federal atiende, a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), a 5.8 millones de familias, las cuales reciben apoyos en efectivo y en especie para mejorar su educación, salud y nutrición; no obstante lo anterior, hay un número importante de familias que, pese a que forman parte de su población objetivo, no pueden ser atendidas por el PDHO, en virtud de que para su operación se requiere de la existencia de servicios de salud y educación, los cuales no están disponibles para la totalidad de la población del país. Ello contribuye al hecho de que la desnutrición y la anemia sigan siendo un problema de salud pública, especialmente en los menores y las mujeres en edad fértil.

Bajo esta necesidad y como parte de la estrategia del Ejecutivo Federal para promover acciones para mejorar la alimentación y la nutrición en las familias en condiciones de pobreza en el medio rural y que además no contaban con el apoyo de ningún otro programa social, en 2003 surge el Programa de Apoyo Alimentario (PAL).

La población objetivo del PAL son los hogares en localidades de menos de 2,500 habitantes de alta y muy alta marginación que no reciben beneficios de otros programas alimentarios del Gobierno Federal. Este programa en su inicio quedó a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., debido a que esta empresa contaba con la infraestructura de almacenes, tiendas y equipo de transporte para operar en las zonas rurales.

A partir del 1o. de enero de 2010, cambia su adscripción a la CNPDHO dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como unidad responsable de su operación.

En 2011, el objetivo general del PAL fue "Contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición, en particular de los niños menores de 5 años y de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia."

La población objetivo del programa son los hogares cuyos ingresos no exceden la línea de Bienestar Mínimo, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes y que no son atendidos por el PDHO.


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La cobertura del Programa es en localidades tanto del ámbito rural como del urbano donde habita la población objetivo de las 32 entidades federativas del país. Los apoyos otorgados por el PAL en 2011 y sus características se detallan a continuación:

APOYOS DEL PAL 2011 Y SUS CARACTERÍSTICAS Tipo de Apoyo Monto del Apoyo Descripción

Alimentario (Monetario)

285 pesos por familia al mes y con entregas bimestrales.

Para contribuir a mejorar la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación.

Alimentario Vivir Mejor (Monetario)

120 pesos por familia al mes y con entregas bimestrales.

Para compensar a las familias beneficiarias por el efecto del alza internacional de los precios de los alimentos básicos.

Infantil Vivir Mejor (Monetario) Apoyo Especial para el Tránsito Al Programa de Oportunidades (Monetario)

105 pesos por familia al mes y con entregas bimestrales por niño de 0 a 9 años (hasta tres por familia). 405 pesos por familia al mes y con entregas bimestrales, máximo dos bimestres.

Para fortalecer el desarrollo de los hijos menores de cero a nueve años (hasta tres apoyos por familia). Se entregara a la beneficiaria del Programa mientras se realiza el traspaso al Programa Oportunidades, con el objeto de proteger su economía.

En especie Suplementos alimenticios 10 sobres de complemento

nutricional por cada niño mayor a 6 meses y menor a 2 años. 10 sobres de leche fortificada para cada niño entre 2 y 5 años de edad. 10 sobres de complemento nutricional para cada mujer embarazada o en periodo de lactancia.

Para reforzar la alimentación infantil, así como de las mujeres embarazadas en periodo de lactancia.

FUENTE: Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el Ejercicio Fiscal 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2010.

Para seleccionar las localidades del país donde se lleva a cabo la identificación de nuevas familias para incorporarlas al PAL, se toma en cuenta la totalidad de localidades del país, teniendo prioridad aquellas que no cuentan con apoyo del PDHO, así como las localidades donde no existe capacidad de atención de los servicios de salud y educación. En cada localidad seleccionada se evalúa individualmente la información socioeconómica proporcionada por cada familia. Una vez seleccionadas las localidades, la unidad responsable del programa se encarga de la recolección, captura, procesamiento, resguardo y análisis de la información socioeconómica proporcionada por las familias, la cual se registra en forma de cuestionario homogéneo a nivel nacional para cada uno de los hogares dentro del contexto rural, semiurbano y urbano. La incorporación de las familias se confirma cuando se determina su elegibilidad considerando la disponibilidad presupuestal del PAL.

Por cada familia se elegirá a un titular, quien recibirá directamente los apoyos, deberá tener una edad de 15 o más años. La entrega de apoyos monetarios es bimestral, a través de las liquidadoras, mediante entregas directas en efectivo o depósito en cuenta personalizada, en los módulos de entrega de apoyo instalados en las sucursales de las liquidadoras o las situadas temporalmente para tal efecto. Los apoyos en especie también se entregan preferentemente de manera bimestral, en función de las alternativas de distribución.

Por último, es necesario señalar que así como se tiene derecho a este beneficio también existen causales y motivos para la suspensión de los apoyos monetarios y en especie de las familias beneficiarias.


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Resultados

El Manual de Organización Específico de la CNPDHO no contempla las funciones referentes al PAL, y el Manual de Procesos y Procedimientos Sustantivos y de Soporte de la CNPDHO no estuvo actualizado, ni autorizado por las áreas competentes.

No se efectuaron conciliaciones periódicas y oportunas entre la CNPDHO y las liquidadoras, a fin de constatar el manejo de los recursos eficiente, eficaz, económico y transparente.

Por otra parte, se realizaron pagos en el ejercicio de 2011, por servicios devengados en el 2010, que no fueron considerados en los ADEFAS y por ende comunicados ante la SHCP.

Se presume un probable daño por 142.9 miles de pesos debido a que se realizaron pagos mensuales brutos por concepto de honorarios superiores a los montos autorizados. Asimismo, se identificaron entregas de apoyos por importes superiores a los establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario (PAL) por 966.0 miles de pesos que no fueron aclarados por la entidad fiscalizada. Además, no se acreditó el reintegro en la Tesorería de la Federación de las cargas financieras que se originaron por los reintegros extemporáneos de los apoyos monetarios no entregados a los beneficiarios.

También, se observó que no se llevaron a cabo acciones de seguimiento, supervisión y evaluación de la información de las entradas, salidas, existencias, mermas y vencimiento de caducidad de los apoyos en especie (sobres de leche en polvo fortificada y complemento nutricional), lo que originó que 10,316 sobres de complemento nutricional y leche fortificada por 136.1 miles de pesos caducaran, y que 18,771 sobres por 243.9 miles de pesos, próximos a caducarse, no se entregaran a los beneficiarios ni al sector salud para su reaprovechamiento, provocando su destrucción. Además, no se acreditó la entrega de apoyos en especie por 133.4 miles de pesos.

Por otro lado, los gastos de operación fueron superiores en 24,725.3 miles de pesos en relación con el porcentaje autorizado en las Reglas de Operación del PAL y no se redujeron en al menos el 4.0% respecto del presupuesto ejercido en 2010.

Se observó que en cada una de las cuentas bancarias abiertas por las liquidadoras se concentran tanto los recursos del PAL como los del PDHO, lo que dificultó identificar los movimientos financieros del programa sujeto de revisión. En las Reglas de Operación del PAL y en los convenios respectivos no se especificó que el reintegro de recursos por parte de los prestadores del servicio, respecto de los subsidios que reciban, se debe realizar en conjunto con los rendimientos generados.

Se encontraron existencias de apoyos en especie en los almacenes de DICONSA y LICONSA que representaron el 48.5% de lo entregado durante todo el ejercicio 2011 (2,164,940 sobres entregados en los seis bimestres), por lo que existieron inventarios excesivos; no se lleva una contabilidad específica para el PAL, por lo que la información no es clara y transparente.

Recuperaciones Operadas y Probables

Se determinaron recuperaciones por 1,478.6 miles de pesos, de los cuales 99.9 miles de pesos fueron operados, y 1,378.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.


Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones.

Las acciones señaladas anteriormente tienen por objeto promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestales y contables; fortalecer los mecanismos de operación y control; promover la sanción de servidores públicos infractores y recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública.




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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la CNPDHO cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que se presume un probable daño por 142.9 miles de pesos debido a que se realizaron pagos mensuales brutos por concepto de honorarios superiores a los montos autorizados. Asimismo, se identificaron entregas de apoyos por importes superiores a los establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario (PAL) por 966.0 miles de pesos que no fueron aclarados por la entidad fiscalizada. Además, no se acreditó el reintegro en la Tesorería de la Federación de las cargas financieras que se originaron por los reintegros extemporáneos de los apoyos monetarios no entregados a los beneficiarios.

También, se observó que no se llevaron a cabo acciones de seguimiento, supervisión y evaluación de la información de las entradas, salidas, existencias, mermas y vencimiento de caducidad de los apoyos en especie (sobres de leche en polvo fortificada y complemento nutricional), lo que originó que 10,316 sobres de complemento nutricional y leche fortificada por 136.1 miles de pesos caducaran, y que 18,771 sobres por 243.9 miles de pesos, próximos a caducarse, no se entregaran a los beneficiarios ni al sector salud para su reaprovechamiento, provocando su destrucción. Además, no se acreditó la entrega de apoyos en especie por 133.4 miles de pesos.

Por otro lado, los gastos de operación fueron superiores en 24,725.3 miles de pesos en relación con el porcentaje autorizado en las Reglas de Operación del PAL y no se redujeron en al menos un 4.0% respecto del presupuesto ejercido en 2010.

Se observó que en cada una de las cuentas bancarias abiertas por las liquidadoras se concentran tanto los recursos del PAL como los del PDHO, lo que dificultó identificar los movimientos financieros del programa sujeto de revisión. En las Reglas de Operación del PAL y en los convenios respectivos no se especificó que el reintegro de recursos por parte de los prestadores del servicio, respecto de los subsidios que reciban, se debe realizar en conjunto con los rendimientos generados.

Se encontraron existencias de apoyos en especie en los almacenes de DICONSA y LICONSA que representaron el 48.5% de lo entregado durante todo el ejercicio 2011 (2,164,940 sobres entregados en los seis bimestres), por lo que existieron inventarios excesivos; no se lleva una contabilidad específica para el PAL, por lo que la información no es clara y transparente.

Asimismo, es relevante mencionar que con motivo de la auditoría se logró el reintegro de 99.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación.


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DICONSA, S.A. de C.V.

Ingresos por Ventas

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-2-20VSS-02-0091

DS-069

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las operaciones de venta, la captación, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por ese concepto, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, así como evaluar el control interno establecido.

Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




El universo se integró por 11,692,633.3 miles de pesos de ingresos por ventas de bienes y 2,381,419.0 miles de pesos de ingresos por transferencias fiscales, reportados en la Cuenta Pública.

La muestra por 2,550,976.5 miles de pesos, el 18.1% del universo, se integró por los conceptos siguientes:

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA, 2011 (Miles de pesos)

Concepto Importe

Tiendas rurales 648.2

Programas especiales 123,930.2

Tiendas móviles 33.4

Capital de trabajo 42,645.0

Inventarios 2,300.7

Total de Ingresos por ventas 169,557.5

Ingresos por transferencias 2,381,419.0

Total de la muestra 2,550,976.5 FUENTE: Cuenta Pública 2011, Estados Financieros 2011

de Diconsa, S.A. de C.V., facturación de almacenes rurales, actas de capital de trabajo y movimientos de inventarios.

Antecedentes

Diconsa, S.A. de C.V. (Diconsa), es una empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuyas acciones forman parte de la estrategia del Ejecutivo Federal en el establecimiento de una política social integral. Dichas acciones están orientadas a mejorar la alimentación, la nutrición y el abasto de productos básicos y complementarios en localidades rurales marginadas del país.


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La empresa se constituyó el 28 de abril de 1986 con la denominación de “Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S.A. de C.V.”, con duración de 50 años. Actualmente, la entidad está agrupada en el sector coordinado por la SEDESOL.

El 8 de octubre de 1999 se aprobó la modificación de la denominación de la sociedad para quedar como “Diconsa, S.A. de C.V.”, la cual surtió efectos a partir del 1 de enero de 2000; además el 10 de diciembre de 1999 se modificaron en forma integral sus estatutos.

El 21 de diciembre de 1999 se protocolizó el acuerdo tomado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de diciembre de 1999, en el que se autorizó la fusión de la entidad con las 16 compañías afiliadas del sistema, por lo que Diconsa subsiste como sociedad fusionante. Dicha fusión surtió efectos a partir del 1 ᵒ de enero de 2000.

Objeto social

De acuerdo con sus estatutos sociales, Diconsa tiene por objeto:

I. Coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país, garantizando el abasto de productos básicos y complementarios no perecederos a precios competitivos, a fin de satisfacer la demanda de la población en pobreza extrema, ubicada en zonas de alta y muy alta marginación, de difícil acceso y sin fuentes alternativas de abasto, mediante su participación organizada.

II. Instrumentar la participación antes mencionada a través de la organización, administración y operación de sucursales o unidades operativas, así como de almacenes y puntos de venta destinados a la comercialización de los bienes de consumo necesarios para la alimentación de los sectores de la población objetivo, a efecto de que lo anterior permita a la empresa su equilibrio financiero.

III. Promover y organizar la participación de la comunidad para propiciar la corresponsabilidad en los programas a cargo de la empresa.

IV. Impulsar la modernización del mercado de los bienes de consumo necesarios para la alimentación de los sectores de la población objetivo.

V. Ampliar la cobertura de puntos de venta y almacenes, en la medida en que persistan problemas de competencia en los mercados rurales de las localidades objetivo, particularmente en aquellos lugares en donde no exista presencia alguna de oferta de los productos.

VI. Participar con las distintas instituciones de gobierno y/o particulares en programas de abasto y distribución de productos en beneficio de los grupos más vulnerables, y cuando se presenten situaciones de emergencia o desastre.

Programa de Abasto Rural

Diconsa contribuye en la consecución de su objeto social mediante el Programa de Abasto Rural (PAR), el cual para 2011 fue regulado por el “Acuerdo por el que se modifican las reglas de operación (ROP) del Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal 2011”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2010.

El objetivo general del PAR es “contribuir al desarrollo de capacidades básicas, en particular las nutricias, mejorando la alimentación de la población que habita en localidades rurales”, y su objetivo específico es “abastecer localidades rurales de alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna”, al transferir un margen de ahorro a la población beneficiaria en los productos distribuidos por Diconsa, en comparación con los precios ofrecidos por las otras alternativas en los mercados locales.

En 2011, Diconsa contó con 15 sucursales, que coordinaron a 35 unidades operativas, las que a su vez supervisaron 298 almacenes generales que surtieron 23,806 tiendas comunitarias. Para constituir las tiendas comunitarias las sucursales apoyan económicamente a las comunidades rurales con un fondo representado por mercancías y ciertos activos fijos denominados “Capital de Trabajo”.

Durante 2011, se abrieron 813 tiendas y se reabrieron 751 tiendas, es decir, fueron puestas en operación 1,564 tiendas; asimismo, se cerraron de forma temporal o definitiva 1,276 tiendas.


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Resultados

El enfoque de esta revisión fue fundamentalmente el estudio y evaluación del control interno en el abastecimiento, distribución y comercialización de productos.

1. El inventario de la Unidad Operativa Valles Centrales Oaxaca representó el 45.6% del total de la sucursal Oaxaca y el del almacén rural Santiago Matatlán el 4.1% respecto de esa unidad operativa. El inventario de la Unidad Operativa Mérida representó el 51.8% del total de la Sucursal Peninsular, y el del Almacén Rural Tixkokob el 8.1% respecto de esa Unidad Operativa. El almacén rural Santiago Matatlán de la Sucursal Oaxaca carece del soporte documental de los movimientos de entradas y salidas de mercancías de las líneas seleccionadas, 16 frijol, 17 arroz, 18 azúcar y 23 harina de maíz; no fue posible validar la exactitud del registro de inventario por 1,943.9 miles de pesos, por lo que las cifras no son confiables.

2. Ventas a través de tiendas rurales

− De la facturación de junio de 2011 por 267.4 miles de pesos, correspondiente a las tiendas del almacén rural Santiago Matatlán de la Sucursal Oaxaca, ese almacén no contó con la relación de la cobranza, ni con recibos de ingresos, fichas de depósito ni estados de cuenta bancarios del 52.3% por 139.9 miles de pesos.

− El 100.0% de la facturación de junio de 2011 del almacén rural Santiago Matatlán, por 267.4 miles de pesos, no contó con el pedido ni la constancia de la autorización de la salida de mercancía del almacén.

3. En los almacenes rurales Santiago Matatlán y Tixkokob, en el 61.4% y 58.5% (15 y 77 facturas), respectivamente, de la facturación de las tiendas rurales de junio de 2011 transcurrieron más de siete días de vencimiento entre la emisión de la factura y la cobranza, por lo que excedió el término previsto en la normativa.

4. Ventas a través de tiendas móviles

− En la facturación de junio de 2011 de las tiendas móviles de los almacenes rurales Santiago Matatlán y Tixkokob se observaron deficiencias en la operación debido a la falta de control en la determinación de la demanda social y en la salida de mercancía de los almacenes.

− En la facturación de los almacenes rurales Santiago Matatlán y Tixkokob, en el 57.1% y 100.0% (4 y 6 facturas), respectivamente, transcurrieron hasta 27 y 39 días entre la emisión de la factura y la aplicación del cobro.

− El almacén rural Santiago Matatlán careció de las carátula de la cartera, el reporte de cobranza y los estados de cuenta bancarios, lo que impidió verificar el cobro de 21.9 miles de pesos, equivalentes al 59.3% de la facturación de junio de 2011.

5. Ventas por concepto de programas especiales

− Del cobro de la facturación de junio de 2011 del almacén rural Tixkokob, entre la emisión de la facturación a nombre de los consejos comunitarios y gobiernos municipales transcurrieron 23 y 132 días, respectivamente.

6. Al 31 de diciembre de 2011, Diconsa calculó la reserva de baja de capitales de trabajo por 21,074.1 miles de pesos; sin embargo, en la información financiera registró 42,148.2 miles de pesos, el doble del monto calculado.

7. Diconsa no concilió 364,923.9 miles de pesos de ingresos por ventas presentados en la Cuenta Pública 2011 con los reportados en la información financiera.

8. En 2011 Diconsa tuvo un remanente de 333,501.1 miles de pesos de transferencias fiscales, de acuerdo con la normativa debió enterarlo a la Tesorería de la Federación (TESOFE), o bien podía capitalizarlo como aportación del Gobierno Federal. Al cierre de 2011 lo presentó en los estados financieros como un pasivo a favor de la TESOFE, sin embargo no lo devolvió, dispuso de esos recursos para adquisición de maíz y hasta noviembre de 2012 inició gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Social para regularizarlo como capitalización, no obstante que conforme a la normativa, debió obtener la


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autorización de la capitalización antes del cierre y presentación de la información financiera de 2011, y reflejarlo en las notas a los estados financieros.





Lo anterior se realizó con el propósito de fortalecer los mecanismos de operación, los sistemas de control administrativo y de información financiera y promover ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones normativas en su actuación, así como recuperar recursos económicos.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, Diconsa, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: incumplimiento de políticas, procedimientos y reglas de operación del programa de abasto rural; carencia de soporte documental de pedidos, de cobranza por 175.4 miles de pesos y de movimientos de mercancías por 1,943.9 miles de pesos; atraso en cobros, expedientes incompletos, falta de actualización de manuales y omisiones de registro; no concilió 364,923.9 miles de pesos de ventas presentadas en la Cuenta Pública con las reportadas en la información financiera; determinó una reserva de baja de capital de trabajo por 21,074.1 miles de pesos; sin embargo, registró el doble por 42,148.2 miles de pesos; registró un remanente de transferencias fiscales por 333,501.1 miles de pesos como pasivo a favor de la Tesorería de la Federación; sin embargo, no lo devolvió, dispuso de esos recursos para adquisición de maíz y hasta noviembre de 2012 inició gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Social, para regularizarlo como capitalización, no obstante que conforme a la normativa, debió obtener la autorización de la capitalización antes del cierre y presentación de la información financiera de 2011. Las observaciones totalizan 721,618.4 miles de pesos que representan el 28.3% de la muestra.


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LICONSA, S.A. de C.V.

Ingresos por Ventas

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-2-20VST-02-0090

DS-070

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las operaciones de venta, se determinaron, cobraron, registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con las disposiciones legales y normativas, así como evaluar el control interno establecido.

Alcance

INGRESOS

Miles de Pesos




Al 31 de diciembre de 2011, Liconsa, S.A. de C.V., obtuvo 5,602,508.4 miles de pesos por las ventas netas de leche, de los cuales se seleccionaron 2,609,880.3 miles de pesos conformados por 1,305,099.5 miles de pesos de las ventas de la Gerencia Metropolitana Norte, 1,216,654.6 miles de pesos de la Gerencia Metropolitana Sur, 46,791.6 miles de pesos de la Gerencia Estatal Querétaro y 41,334.6 miles de pesos del Programa de Abasto Social Chihuahua.

Antecedentes

Liconsa, S.A. de C.V. (Liconsa), es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social, que en 2011 tuvo como misión industrializar y distribuir leche de alta calidad a un precio accesible, en apoyo de la alimentación y nutrición a los beneficiarios de familias en condiciones de pobreza, para contribuir al desarrollo de capital humano.

Liconsa se constituyó el 2 de marzo de 1961 con la denominación de Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A., la cual ha sufrido diversas modificaciones:

• El 10 de junio de 1963 se acordó modificar la cláusula primera de la escritura social para quedar como "Rehidratadora de Leche CONASUPO, S.A."

• El 24 de febrero de 1970 se acordó transformar a la empresa en sociedad anónima de capital variable.

• El 27 de octubre de 1972 se modificó la denominación para quedar como "Leche Industrializada CONASUPO, S.A. de C.V.".

• El 15 de agosto de 1995 la empresa fue sectorizada hacia la Secretaría de Desarrollo Social bajo la razón social de Liconsa, S.A. de C.V.

De acuerdo con los estatutos sociales registrados en escritura pública del 25 de febrero de 2010, el objeto de Liconsa es el siguiente:

I. Coadyuvar al fomento económico y social del país participando en:

1. La adquisición y enajenación por cualquier título legal de leche fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrialización y la de sus derivados, en plantas propias o de terceros contratadas con los sectores público y privado, así como de complementos alimenticios.

2. El procesamiento, distribución y venta de leche fluida pasteurizada o en polvo y de otros productos lácteos y sus derivados, complementos alimenticios y otros productos derivados del aprovechamiento de sus procesos industriales, a los sectores urbanos y rurales en pobreza, en establecimientos propios o de


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terceros, mediante cualquier canal de distribución que se precise en las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la sociedad o en otros programas autorizados.

3. La distribución y venta a precio preferencial de leche líquida, pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo, así como de los complementos alimenticios, derivados lácteos u otros productos mediante cualquier canal de distribución y comercialización, a fin de obtener recursos adicionales.

4. La concertación de acciones con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales para la instalación, operación y/o venta de bienes y servicios complementarios en las lecherías, a efecto de generar un mayor beneficio social e integralidad en el uso de la infraestructura con que cuente la sociedad.

II. La adquisición, renta, obtención en comodato o por cualquier título legal de bienes inmuebles y de bienes muebles, en especial equipo, materiales y materias primas como leche líquida o en polvo, de origen nacional o internacional, que se utilicen para desarrollar las actividades necesarias a fin de lograr el objeto social.

III. La celebración de toda clase de actos, contratos y convenios de cualquier naturaleza, necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.

Para cumplir con su encargo social, Liconsa opera el Programa de Abasto Social de Leche (PASL), el programa social más antiguo en el país, que inició en 1944.

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los programas mediante los cuales se otorguen subsidios deberán sujetarse a reglas de operación con objeto de asegurar que la aplicación de los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

El 31 de diciembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se modifican las reglas de operación del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2011”.

El objetivo general de las reglas de operación del PASL es contribuir al desarrollo de las capacidades básicas mejorando la nutrición y la alimentación de la población en pobreza patrimonial; en tanto, el objetivo específico es apoyar a los hogares beneficiarios para que tengan acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio.

El PASL está enmarcado en el objetivo 1 del eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Igualdad de Oportunidades), en el que se establece como prioridad reducir en forma significativa el número de mexicanos en condición de pobreza por medio de políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas resuelvan sus necesidades de alimentación.

Asimismo, en el marco del Programa Sectorial de Desarrollo Social, el PASL contribuye al Objetivo 1 y a la Estrategia 1.1 al intervenir en una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.

Resultados

1. En el 2011 Liconsa, S.A. de C.V. (Liconsa), operó con 10 plantas industriales: tres en el Estado de México (Tlalnepantla, Tláhuac y Toluca) y siete en igual número de entidades federativas: Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Veracruz (Jalapa), Tlaxcala, Michoacán (Jiquilpan) y Colima. Además, dos empresas le proporcionaron el servicio de maquila para secado de leche en Chihuahua (Industrias Lácteas Chihuahuenses, S.A. de C.V., hasta 14 de febrero de 2011 e Ilas México, S.A de C.V., a partir del 15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2011). Liconsa informó que se industrializaron 1,093,063.5 miles de litros de leche, de los cuales 1,003,520.8 miles de litros, el 91.8%, se destinaron para el Programa de Abasto Social de Leche.

2. Los manuales de Procedimientos para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional; para la Compra e Internación de Leche en Polvo de Importación; para la Programación y Producción de Leche en Polvo y Leche Líquida; para la Programación y Distribución de Leche Líquida; para la Programación y Distribución de Leche en Polvo; y las Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, presentan algunas inconsistencias y omisiones tales como: diferentes puestos con la misma actividad, datos de los diagramas de flujo no presentados en la descripción de actividades y se omiten cargos de quienes deben elaborar y autorizar algunas de ellas;


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actividades que no siguen el sentido lógico del procedimiento presentado en los diagramas de flujo, repetidas y con falta de reglas de decisión.

3. En 2011 Liconsa adquirió 677,275.6 miles de litros de leche fresca nacional por 3,319,162.3 miles de pesos. Asimismo, adquirió leche polvo tipificada como nacional a Ilas México, S.A. de C.V., e Industrias Lácteas Chihuahuenses, S.A. de C.V., equivalente a 29,496.8 miles de litros (3,539.6 miles de kilogramos), por 149,142.1 miles de pesos. Importó 67,897.3 miles de kilogramos de leche en polvo por 3,128,128.3 miles de pesos.

4. La leche fresca proveniente de los centros de acopio y de productores de leche de Chihuahua totalizó 145,286.7 miles de litros, equivalentes a 702,805.2 miles de pesos, la entregó Liconsa para su deshidratación a Industrias Lácteas Chihuahuenses, S.A. de C.V., e Ilas México, S.A. de C.V. Como resultado de ese proceso dichas empresas entregaron 17,174.2 miles de kilogramos de leche en polvo de los cuales Liconsa pagó por el servicio de maquila 241,942.8 miles de pesos.

5. Liconsa no concilia la cobranza reportada en la Cuenta Pública con la presentada en la información financiera. Con motivo de la auditoría realizó una conciliación, en la cual determinó una cobranza de 5,797,179.8 miles de pesos, cifra superior en 29,724.5 miles de pesos a los 5,767,455.3 miles de pesos informados en la Cuenta Pública.



Lo anterior se realizó con el propósito de fortalecer los mecanismos de operación, los sistemas de control administrativo y de información financiera, y promover ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones normativas en su actuación.

Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, Liconsa, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones normativas aplicables.


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Comisión Nacional de Vivienda

Subsidios a la Producción

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-00HDB-02-0468

DS-071

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos recibidos, su aplicación a los programas de adquisición de vivienda, su registro contable, presentación en estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




El universo por 5,210,332.7 miles de pesos corresponde a las erogaciones por subsidios federales que otorgó la Comisión Nacional de Vivienda a la población con necesidades de vivienda por 5,169,944.1 miles de pesos y gastos de administración por 40,388.6 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2011; se revisó una muestra del 21.8% por 1,136,852.2 miles de pesos.

Antecedentes

La política nacional de vivienda se sustenta en los artículos 4 y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece el derecho de toda familia de disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que les otorgue créditos baratos y suficientes para la adquisición de tales viviendas.

La Comisión Nacional de Vivienda se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006 a partir de la expedición de la Ley de Vivienda, como un organismo público descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y define a la comisión como la instancia federal encargada de coordinar la función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se cumplan los objetivos y metas del Gobierno Federal en materia de vivienda, señalados en el Programa Nacional de Vivienda 2008-2012.

El 19 de febrero de 2007, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Esta es Tu Casa” con el propósito de ofrecer un subsidio a la población de bajos ingresos como un complemento de su capacidad de financiamiento, a fin de acceder a alguna de las soluciones habitacionales.

Asimismo, la Ley de Vivienda estableció el Sistema Nacional de Vivienda para coordinar y concertar las acciones para cumplir los objetivos, prioridades y estrategias de la política nacional de vivienda, integrado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.


244

Resultados

1. En la Cuenta Pública 2011, la CONAVI reportó subsidios federales por 5,169,944.1 miles de pesos, que se destinaron a 165,706 beneficiarios, en cuatro modalidades: adquisición de vivienda nueva o usada; adquisición de lote con servicios; mejoramiento de vivienda y autoconstrucción o autoproducción.

2. El 3 de enero de 2012, la CONAVI recibió 28.9 miles de pesos por la devolución de dos subsidios de Entidades Ejecutoras y reintegró a la Tesorería de la Federación el 24 de agosto de 2012, lo que generó cargas financieras no enteradas por 1.3 miles pesos.

3. La CONAVI otorgó 16 subsidios por 454.7 miles de pesos, a beneficiarios menores de 18 años de edad, que no contaban con la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones como lo establece el Código Civil Federal; además, en las Reglas de Operación y en el Manual de Procedimientos para la Operación del Programa “Esta es Tu Casa”, no están contemplados.

4. De 70 Entidades Ejecutoras que recibieron recursos del Programa “Ésta es Tu Casa” en 2011, se revisaron los expedientes de 35 de ellas, las cuales cumplieron con los requisitos para adherirse al programa.

5. La CONAVI mantuvo recursos en sus cuentas bancarias por 109.1 miles de pesos, de los cuales identificó ocho depósitos por 91.8 miles de pesos, que reintegró a la TESOFE; sin embargo, faltaron cinco depósitos por 17.3 miles de pesos por reintegrar, ya que no ha identificado a que Entidades Ejecutoras corresponden.

6. Al 31 de diciembre de 2011, la CONAVI no ha recuperado las cargas financieras por 1,641.6 miles de pesos, generadas por la devolución extemporánea de 18,707.7 miles de pesos, correspondientes a tres Entidades Ejecutoras, por subsidios solicitados a favor de 2,453 beneficiarios durante los años 2007 y 2008.




Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones.


Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria se emitieron con la finalidad de promover la sanción de servidores públicos infractores, así como la recuperación de recursos económicos para la Hacienda Pública, y el Pliego de Observaciones se formuló para recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública.

Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión Nacional de Vivienda cumplió con las disposiciones normativas aplicables, en la obtención y aplicación de los recursos para el Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Ésta es Tu Casa”, su registro contable, presentación en estados financieros y en la Cuenta Pública, respecto de las operaciones examinadas.

La cuantificación monetaria de las observaciones, los errores y omisiones de la información financiera totalizó 17.3 miles de pesos. La muestra auditada fue de 1,136,852.2 miles de pesos.


245

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena

Auditoría de Desempeño: 11-1-00AYB-07-0438

DS-073

Objetivo

Fiscalizar las políticas transversales con población indígena para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la instrumentación de políticas transversales con población indígena; la eficiencia en el otorgamiento de los apoyos a los indígenas, mediante acciones concertadas con distintas instancias de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

El 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el reconocimiento de que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, así como el respeto a sus autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres. Asimismo, el apartado B de la CPEUM obliga explícitamente a todas las instituciones que tengan responsabilidades en materia de desarrollo regional; educación; cultura; salud; vivienda; equidad de género; infraestructura y medios de comunicación y telecomunicación; inversión de capital y actividades productivas, y protección a migrantes, a atender directamente a los pueblos indígenas y sus comunidades, y a la Cámara de Diputados, a establecer partidas específicas con recursos para indígenas en cada ramo presupuestario apropiado.

En el marco de la política de inclusión de los indígenas que se realizó en el periodo 2001-2006, el 21 de mayo de 2003 el Ejecutivo Federal emitió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que abrogó la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista. De acuerdo con la nueva ley, la Comisión es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México, y tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con el artículo 2o. de la CPEUM.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012)131/, se señala que la población indígena se caracteriza por vivir en extrema pobreza, alta marginalidad y en una situación de desigualdad de oportunidades, escasez de empleos, bajos salarios y relaciones asimétricas, respecto de la población no indígena, que derivan en graves rezagos de desarrollo.

Al respecto, en el Eje 3. Igualdad de Oportunidades, Tema 3.4. Pueblos y comunidades indígenas, del PND 2007-2012, se estableció el objetivo 15. “Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad”; con las estrategias 15.1. “Constituir la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal para toda la Administración Pública Federal”, 15.2. “Consolidar los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, las autoridades y las organizaciones indígenas en el diseño y operación de los programas dirigidos al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas” y 15.4. “Focalizar acciones e instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la población indígena con respecto al resto de la sociedad: alimentación, salud y educación”.

131/ Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.


246

En el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI) 2009-2012, se señala que la población indígena enfrenta rezagos en la cobertura y calidad de los servicios de salud, lo que origina altas tasas de mortalidad infantil y materna; la prevalencia de baja talla en municipios indígenas es de 31.2%, en comparación con el promedio nacional, que es de 8.9%. En materia de educación, el 25.5% de la población indígena es analfabeta, y el 70.0% de la población entre 15 y 24 años no accede a la educación media superior y superior. 132/

En congruencia con el PND 2007-2012, en el PDPI 2009-2012 se estableció el Eje 2. “Superación de los rezagos y desarrollo con identidad”, con el objetivo 3. “Promover el desarrollo con identidad en las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género”, y las estrategias 3.1. “Favorecer la coordinación de acciones entre órdenes de gobierno”; 3.2. “Impulsar el fortalecimiento municipal y la mejor utilización de recursos federales”, y 3.3. “Promover entre dependencias federales, gobiernos estatales, municipios y actores locales, acciones de planeación territorial para el desarrollo sustentable y con identidad en las regiones indígenas”.

El primer ejercicio en el que se presupuestaron recursos a la CDI para el programa presupuestario P012 “Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena” fue en 2009.

Resultados

En 2011, la CDI contó con mecanismos para la detección de las necesidades específicas de los pueblos y comunidades indígenas, en materia de alimentación, salud y educación; sin embargo, no acreditó el establecimiento de procedimientos para su utilización, ni acreditó la vinculación de las solicitudes de los indígenas registradas en el Sistema de Atención a Solicitudes Indígenas (SASI) con los objetivos establecidos en el PND 2007-2012 y en el PDPI 2009-2012, que señala la entidad que son los documentos que rigen la transversalidad de las políticas con población indígena.

Para 2011, la CDI no determinó la población o área de enfoque potencial, objetivo ni atendida, para la instrumentación de políticas transversales con población indígena, ni definió indicadores para medir la cobertura del programa.

La CDI no dispuso de la normativa que integre los criterios de selección de los temas prioritarios de atención de las políticas transversales con población indígena, y que formen parte de una norma debidamente establecida y autorizada por la instancia facultada.

En 2011, la CDI ejerció 60,075.4 miles de pesos en el programa presupuestario P012 “Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena”, monto igual al presupuesto modificado, e inferior en 90.5% al original (631,290.2 miles de pesos), ya que 550,445.6 miles de pesos (el 87.2%) fueron transferidos a instituciones públicas mediante reducciones líquidas para la realización de acciones conjuntas en beneficio de la población indígena, y los otros 20,769.2 miles de pesos fueron reducciones netas al presupuesto original por cierre de ejercicio y transferencias a otros programas de la CDI.

En ese año, la CDI suscribió 14 convenios: 5, con instituciones públicas, con el objeto de realizar acciones de educación, de vivienda y de salud; 8, con organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de potencializar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y mejorar la vivienda indígena, y 1, con una institución académica, suscrito para fortalecer el conocimiento de la cultura, las políticas públicas y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, la entidad no dispuso de evidencia sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los convenios, ni el número de indígenas beneficiados.

La CDI realizó acciones de verificación, supervisión y seguimiento en 3 de los 14 convenios de colaboración y concertación suscritos en 2011 con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, y no realizó las reuniones para evaluar y dar seguimiento de los avances en las obras convenidas.

La CDI no elaboró la evaluación de costo y beneficio de las inversiones del programa presupuestario P012 “Instrumentación de políticas transversales con población indígena” de 2011, en donde se muestre que son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto, y tampoco contó con mecanismos para la planeación de las inversiones que en ese ejercicio contrajo mediante la suscripción de 14 convenios de concertación y colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

132 Ibid.


247

En la MIR 2011 del programa presupuestario P012, el indicador para el objetivo de Fin no permite medir el cumplimiento del objetivo; el indicador para el objetivo de Propósito no aporta información para verificar la cobertura o el cambio en la población potencial generadas por la ejecución del programa y no especifica cuáles son las instituciones públicas objetivo, ni cuáles fueron las instituciones que aplicaron políticas a favor de los pueblos indígenas.

La CDI no generó información suficiente para reportar en los principales documentos de rendición de cuentas de 2011 los resultados para evaluar la contribución de la instrumentación de políticas transversales con población indígena en el desarrollo integral de los pueblos indígenas mediante la orientación de políticas públicas.


Las deficiencias en la operación y rendición de cuentas de la instrumentación de políticas transversales con población indígena no permiten verificar su contribución al desarrollo integral de los pueblos indígenas mediante la orientación de políticas públicas, ni el impacto de las acciones de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que suscribieron convenios con la CDI y, por tanto, verificar el cumplimiento de los objetivos y metas y el adecuado ejercicio de los recursos públicos del programa.



Las recomendaciones de la ASF se orientan principalmente a que la CDI fortalezca los mecanismos de control interno, a fin de que en el programa Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena se detecten las necesidades y se seleccionen los temas de atención prioritaria de las comunidades indígenas; se definan indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa y la cobertura de la atención a la población indígena, y que emita información suficiente para la rendición de cuentas de la aplicación de los recursos asignados.

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la instrumentación de políticas transversales con población indígena, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a que no estableció procedimientos para la utilización de mecanismos para la detección de las necesidades especificas de los indígenas; no se normaron los criterios de selección de temas prioritarios de atención; no determinó la población potencial ni objetivo de la instrumentación de políticas transversales con población indígena; no acreditó la verificación, supervisión y seguimiento de las acciones convenidas en 2011 con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil; no fueron adecuados los indicadores definidos por la CDI para medir el cumplimiento del objetivo del programa, y la entidad no generó información suficiente para reportar en los principales documentos de rendición de cuentas los resultados para evaluar la contribución del programa al desarrollo integral de los pueblos indígenas mediante la orientación de políticas públicas.


248

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Adquisiciones de Bienes, Servicios, y Subsidios y Transferencias

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-00AYB-02-0439

DS-074

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones de bienes, servicios, subsidios y transferencias de las delegaciones de la CDI, para verificar que se observaron las disposiciones legales y normativas referentes a la autorización y el ejercicio del presupuesto; a los procesos de adjudicación y contratación de bienes y servicios, su recepción, pago, distribución y registro presupuestal y contable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Se revisó una muestra de 5,162,987.2 miles de pesos, que se integró por los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de las delegaciones estatales Oaxaca, por 868,282.6 miles de pesos; Chiapas, por 497,676.2 miles de pesos; Guerrero, por 562,603.0 miles de pesos; Hidalgo, por 536,481.6 miles de pesos; Distrito Federal, por 927,600.0 miles de pesos; Chihuahua, por 460,176.4 miles de pesos; Veracruz, por 431,317.4 miles de pesos; Puebla, por 344,120.2 miles de pesos; San Luis Potosí, por 293,390.3 miles de pesos, y Estado de México, por 241,339.5 miles de pesos.

Antecedentes

En diversas notas periodísticas e informes del OIC, en la Delegación Estatal de la CDI se mencionó que en Chiapas hubo una inadecuada formalización de contratos de obra pública e irregularidades en los procedimientos de licitación y adjudicación, cuyo monto está por determinarse.

En 2010 se detectó que en el Programa Albergues Escolares Indígenas se realizaron erogaciones no autorizadas por las reglas de operación, por lo que la ASF presentó dos denuncias de hechos.

La falta de infraestructura adecuada y planeación deficiente para la ocupación de los albergues representa una consecuencia social para la población objetivo del programa, indígenas con alto grado de marginación.

Resultados

1. La CDI celebró el contrato número DRMSG-060-11, cuyo proceso de adjudicación no contó con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente, y el área requirente omitió informar al Director General de la CDI, con copia al Órgano Interno de Control, sobre el resultado obtenido y la forma en que contribuyó al logro del objetivo por el que se realizó la contratación.

2. Con el contrato número DRMSG-060-11, la CDI adquirió un lineamiento público desarrollado y practicado en el INIFED, con algunas adaptaciones, en lugar de celebrar con el INIFED un convenio de colaboración.

3. Los 78 convenios de concertación, por 112,971.8 miles de pesos y los 76 contratos de Obra a Precio Fijo, por 110,023.6 miles de pesos, celebrados por la CDI para la rehabilitación de albergues escolares indígenas, carecieron de validez jurídica, ya que no contaron con el fundamento normativo que los justificara.

4. En el Convenio Específico de Colaboración, celebrado con la SEP, la CDI no proporcionó documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones convenidas, por 334.5 miles de pesos, ni la restitución de recursos a la Tesorería de la Federación, por 1,340.0 miles de pesos.


249

5. En el Convenio Específico de Colaboración número DGAJ-CV-096-11, celebrado con el FONHAPO, los subsidios otorgados no se ajustaron a lo convenido en el Anexo Técnico, sin que la CDI solicitara al FONHAPO la restitución de los recursos.




El uso ineficiente de los recursos y la falta de transparencia en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, subsidios y transferencias de recursos impacta la adecuada atención de la población objetivo, indígenas con alto grado de marginación, a los cuales no llegan los beneficios de los programas.


Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Pliego(s) de Observaciones y 1 Denuncia(s) de Hechos.

Las acciones promovidas se orientaron a fortalecer los mecanismos de operación y control para la publicación oportuna de las reglas de operación de los programas operados por la CDI; que los procedimientos de adquisición se ajusten a la normativa; que los mecanismos para el otorgamiento de subsidios para rehabilitación de albergues se publiquen en la página web de la CDI en los plazos establecidos en las reglas de operación; que los convenios de concertación y los contratos de obra, celebrados por la CDI para la rehabilitación de albergues escolares indígenas cuenten con el fundamento normativo que los justifique; que los albergues escolares indígenas estén en condiciones de operación; que los indicadores representen el impacto de las acciones realizadas por la CDI; también se promueve la sanción de servidores públicos infractores que en su gestión omitieron publicar las modificaciones de las reglas de operación de los programas a cargo de la CDI en el plazo establecido en la normativa; realizaron la invitación a cuando menos tres personas relativa al contrato DRMSG-060-11 y su administración, sin ajustarse a la normativa; omitieron publicar en la página web de la CDI, en el plazo establecido en las reglas de operación de los programas, los mecanismos para el otorgamiento de los subsidios para la rehabilitación de albergues; celebraron 78 convenios de concertación y 76 contratos de obra a precio fijo, previo a la publicación de la norma que los justificaba; rehabilitaron del albergue escolar indígena Lázaro Cárdenas de la Delegación de la CDI en Oaxaca, el cual se entregó el 6 de septiembre de 2011 y al 3 de julio de 2012 no se encontraba en operación por carecer de energía eléctrica, y por no dar seguimiento al cumplimiento del Convenio Específico de Colaboración celebrados con la SEP y FONHAPO.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de las adquisiciones de bienes, servicios, subsidios y transferencias, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: la CDI contrató un servicio, cuyo proceso de adjudicación no contó con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; adquirió un lineamiento público desarrollado y practicado en el INIFED, con algunas adaptaciones, en lugar de celebrar con el INIFED un convenio de colaboración, y el área requirente omitió informar al Director General de la CDI, con copia al Órgano Interno de Control, el resultado obtenido por el contrato; 78 convenios de concertación, por 112,971.8 miles de pesos, y 76 contratos de Obra a Precio Fijo, por 110,023.6 miles de pesos, celebrados por la CDI para la rehabilitación de albergues escolares indígenas, carecieron de validez jurídica, ya que no contaron con el fundamento normativo que los justificara; del Convenio Específico de Colaboración, celebrado con la SEP, no se proporcionó la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones convenidas, por 334.5 miles de pesos, ni la restitución de recursos a la Tesorería de la Federación, por 1,340.0 miles de pesos; y en el Convenio Específico de Colaboración número DGAJ-CV-096-11, celebrado con el FONHAPO, los subsidios otorgados no se ajustaron a lo convenido en el Anexo Técnico, sin que la CDI solicitara al FONHAPO la restitución de los recursos.


250

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Prevención y Control de Enfermedades Crónico-Degenerativas

Auditoría de Desempeño: 11-1-00GYN-07-0444

DS-075

Objetivo

Fiscalizar las acciones de prevención y control de las principales enfermedades crónico-degenerativas para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas, en materia de prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas, a cargo del ISSSTE; la eficiencia en el otorgamiento de la atención médica preventiva y curativa, en la disponibilidad de los recursos físicos y en el equipamiento médico; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce que 35 millones de personas de todo el mundo murieron por enfermedades crónicas en 2005, y se prevé que las muertes por las enfermedades crónicas aumentarán en 17% para 2015. De acuerdo con la OPS, entre las enfermedades crónicas más frecuentes y de mayor importancia para la salud pública en la región de América Latina y el Caribe se encuentran la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de mama, el cáncer cérvico uterino, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado, la enfermedad pulmonar obstructiva, la nefritis y nefrosis, el tumor maligno de próstata y los tumores malignos de tráquea y bronquios.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se señala que actualmente en el país predominan como causas de daño a la salud, las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Estos padecimientos son complejos, difíciles de tratar y más costosos que las infecciones comunes, los problemas reproductivos y las enfermedades relacionadas con la desnutrición.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Diabetes mellitus, se señala que a partir de 2000 esta enfermedad es la primera causa de muerte en mujeres, y la segunda en hombres, y en 2006 la diabetes representó el 13.8% de todas las muertes ocurridas en el país, con una edad promedio al morir de 66 años.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Cáncer cérvico uterino, se establece que la cobertura de detección de este padecimiento entre la población susceptible de presentarlo es de 70.7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de 2003. A lo anterior se suma la mala calidad en la detección de la enfermedad, ya que las pruebas de detección sólo identifican una lesión precursora o cáncer en 3 de cada 200 citologías interpretadas, debido principalmente a los factores siguientes: equipo obsoleto o sin mantenimiento; falta de mobiliario, e insumos de baja calidad.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Cáncer de mama, se señala que en México no existe una estructura y organización dedicada a la detección de esta enfermedad, aunado a la ausencia de contratación de radiólogos, oncólogos, enfermeras y técnicas radiólogas que garantice la oferta permanente del servicio en los diferentes turnos, así como a la escasa formación de estos recursos humanos, por lo que las plazas de nueva creación para este personal no se cubren de manera inmediata.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Riesgo cardiovascular, se señala que las enfermedades cardiovasculares constituyen la segunda causa de muerte en el país, y que durante 2006 las tasas de mortalidad por cada 100,000 derechohabientes por estas enfermedades, alcanzaron cifras de 51.3 muertes por enfermedades isquémicas del corazón; 37.5 decesos por enfermedad cerebrovascular, y 23.7 defunciones por enfermedad hipertensiva. Además, se señala que en México existen limitaciones en los programas de prevención y control para el manejo adecuado de los pacientes con sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y dislipidemias; la carencia y mala calibración del equipo médico; la falta de personal capacitado, y las dificultades de la población para acceder a los servicios que ofrecen las instituciones de salud del país.


251

El ISSSTE se fundó el 30 de diciembre de 1959, con el propósito de ofrecer protección social a los trabajadores que se rigen por el apartado “B” del artículo 123 constitucional. Su funcionamiento y operación se financia con las cuotas de los trabajadores, las aportaciones del Gobierno Federal y las de los gobiernos de las entidades federativas en las que tiene presencia. El 31 de marzo de 2007 se aprobó la nueva ley del ISSSTE, cuyo objeto principal fue crear los mecanismos que aseguraran la viabilidad financiera del instituto, y abatir deficiencias y responder con prontitud, eficiencia, oportunidad y calidad a la necesidad insatisfecha de servicios de la derechohabiencia.

De acuerdo con el ISSSTE,133/ las enfermedades crónicas no transmisibles representan uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud, entre los que destacan: el gran número de casos afectados; su creciente contribución a la mortalidad general; el incremento en personas con incapacidad prematura, y el elevado costo del tratamiento.

En 2011, la población derechohabiente del ISSSTE fue de 12,206,730 personas, de las cuales 2,680,403 (22.0%) fueron trabajadores; 7,781,365 (63.7%), familiares; 842,489 (6.9%), pensionistas, y 902,473 (7.4%), familiares de pensionistas.

Resultados

Atención Médica Preventiva

En 2011, el ISSSTE aplicó pruebas para la detección de las principales enfermedades crónico-degenerativas, con las coberturas de atención siguientes: diabetes mellitus, 34.8%; enfermedades cardiovasculares, 71.0%; cáncer cérvico-uterino, 16.2%; y cáncer de mama, en pruebas de detección por exploración clínica, 17.0%, y por mastografía 16.0%.

Respecto de la calidad en la detección y tratamiento de cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, el instituto no programó metas, ni dispuso de información sobre los indicadores establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SSA2-2011 Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y la NOM-014-SSA2-1994 Para la prevención, detección, diagnóstico, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, y los programas de acción específicos 2007-2012 Cáncer de mama y Cáncer cérvico uterino.

Para 2011, el instituto no programó las metas del PrevenISSSTE; no obstante, con la información disponible se determinó que en ese año el instituto registró un resultado de 17.4% en el indicador “Alto riesgo general”, al identificar a 34,757 trabajadores, de 199,326 que contestaron la Encuesta de Evaluación de Riesgos en Salud, con altas posibilidades de presentar una de las cinco enfermedades que se identifican mediante el PrevenISSSTE; de 53.1%, en el indicador “Perfil de alto riesgo para diabetes mellitus”; de 40.8%, en el indicador “Perfil de alto riesgo para hipertensión arterial sistémica”; de 32.7%, en el indicador “Perfil de alto riesgo para cáncer de mama”, y de 5.4%, en el indicador “Perfil de alto riesgo para cáncer cérvico uterino”.

En el surtimiento completo de recetas a los pacientes que recibieron atención médica, el resultado del ISSSTE fue de 92.7%, inferior en 4.3 puntos porcentuales a la meta programada de 97.0% e inferior en 2.3 puntos al estándar establecido en el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud de la Secretaría de Salud (SS) de 95.0%. En la satisfacción por el surtimiento completo de recetas médicas, el instituto registró un resultado de 92.4%, inferior en 2.6 puntos al estándar establecido en el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud de la SS, de 95.0%.

Atención Médica Curativa

El ISSSTE no diseñó indicadores ni metas para evaluar las tasas de mortalidad por diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cáncer cérvico uterino. Con la información disponible, la ASF determinó la incidencia de muertes por cada 100,000 derechohabientes: 14.8 decesos, por diabetes mellitus; 6.7, por enfermedades cerebrovasculares; 5.4, por enfermedades isquémicas del corazón; 5.6, por enfermedades hipertensivas, y 6.3, por otras enfermedades cardiovasculares.

133/ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Diagnóstico situacional sobre las principales

enfermedades crónico-degenerativas que aquejan a los derechohabientes, México, 2011.


252

En cáncer de mama, registró 3.9 defunciones, y 1.3, por cáncer cérvico uterino, por lo que el instituto se ajustó a la meta establecida por la SS, de mantener la tasa de mortalidad por debajo de 11.5 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años.

Disponibilidad de recursos

En 2011, el ISSSTE reportó las acciones de atención médica por enfermedades crónico-degenerativas en el programa presupuestario E003 “Detección oportuna de enfermedades”, en el que se ejercieron 1,478,793.1 miles de pesos, 537.7% más que los 231,893.5 miles de pesos programados, principalmente por las mayores erogaciones realizadas por el instituto para el pago de compensaciones por actualización y formación académica de su personal médico, compensaciones a médicos residentes y las retribuciones por servicios de carácter social.

Para 2011, el ISSSTE no dispuso de un sistema de información para determinar el costo promedio anual de la atención médica que recibieron sus derechohabientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa, por lo que no fue posible vincular los servicios médicos otorgados con el costo que representó para el instituto la atención médica ofrecida.

Rendición de cuentas

La información reportada por el ISSSTE en los principales documentos de rendición de cuentas de 2011 limitó evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales de mejorar las condiciones de salud de los derechohabientes, mediante los programas de promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de atención médica integral, así como de proporcionar servicios de salud oportunos y de calidad.


En 2011, el ISSSTE registró una cobertura de 34.8% en la detección de diabetes mellitus, respecto de los 6,962.2 miles de derechohabientes mayores de 20 años, y de 71.0% en la detección de enfermedades cardiovasculares, respecto de los 6,294.0 miles de derechohabientes mayores de 25 años.

En cáncer cérvico uterino, la cobertura de las pruebas de detección fue de 16.2%, respecto de las 3,136.5 miles de mujeres de 25 a 64 años susceptibles de padecer esta enfermedad; en cáncer de mama, la cobertura de detección por exploración clínica fue de 17.0%, en relación con las 3,349.3 miles de mujeres de 25 a 69 años y, por mastografía, de 16.0%, respecto de las 928.1 miles de mujeres de 50 a 69 años en riesgo de presentar esta enfermedad.

Para 2011, el ISSSTE no dispuso de un sistema de información para determinar el costo promedio de la atención médica que otorga a sus derechohabientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas y, con ello, identificar la carga financiera que representa para el instituto la atención de sus derechohabientes con estos padecimientos, caracterizados como de larga duración y con un alto costo para las instituciones de salud pública.



Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación se enfocaron principalmente a que el ISSSTE programe las metas de los indicadores que dan cuenta de la calidad en la detección y tratamiento del cáncer de mama, de cáncer cérvico uterino, de los resultados obtenidos en el PrevenISSSTE, y de los indicadores que evalúan las tasas de mortalidad por diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cáncer cérvico uterino.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones normativas aplicables a otorgar el servicio médico integral a sus derechohabientes que padecen las enfermedades crónico-degenerativas de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la falta de metas de los indicadores que dan cuenta de la prevención y control de


253

enfermedades crónico-degenerativas; la falta de información para evaluar el cumplimiento de los valores establecidos en las normas oficiales mexicanas para evaluar la detección, el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama y de cáncer cérvico uterino, y la falta de información en los principales documentos de rendición de cuentas para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales.


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Pagos por las Obligaciones de la Ley del ISSSTE

Auditoría Especial: 11-1-00GYN-06-0108

DS-076

Objetivo

Analizar el comportamiento del endeudamiento derivado de la Ley del ISSSTE.

Alcance

Se evaluó el impacto de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), para fortalecer la sustentabilidad financiera del instituto al disminuir la contingencia de insolvencia con la constitución del esquema de reservas financieras y actuariales específicas para cada seguro y cobertura.

Antecedentes

Desde la creación del ISSSTE, el aumento en el monto de las pensiones es el problema más grave que ha enfrentado, lo que provocó la crisis financiera más severa de toda la historia del instituto. Esta problemática originó un déficit creciente en los fondos de pensiones y de salud, que requirieron de transferencias fiscales de mayor cuantía al transcurrir el tiempo.

Por el constante deterioro económico del ISSSTE y la incidencia negativa que tenía para las finanzas públicas, el 31 de marzo de 2007, se expidió una nueva Ley del ISSSTE. Esta ley emprendió el camino hacia un sistema nacional de seguridad social que otorga la portabilidad de los servicios y derechos de la seguridad social al trabajador, al establecer el sistema de pensiones basado en cuentas individuales. El sistema de pensiones de capitalización individual implicó el reconocimiento del Gobierno Federal del pasivo laboral devengado por los trabajadores activos hasta antes de la entrada en vigor de la ley mediante la emisión de los bonos, lo cual se reflejó en los saldos de deuda del Gobierno Federal.

El endeudamiento del Gobierno Federal se fundamenta en el artículo vigésimo primero transitorio de la Ley del ISSSTE, que establece que para cumplir con las obligaciones generadas con los trabajadores por la promulgación de la ley, se autorizó al Ejecutivo Federal, para que, por conducto de la SHCP, celebrara los actos jurídicos necesarios para emitir y pagar los Bonos de Pensión del ISSSTE, así como, en su caso, a contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento de las obligaciones del Gobierno Federal asociadas con la ley.

Para cumplir con la obligación, se emitieron y colocaron bonos de pensión para cada trabajador equivalentes al monto definido en el artículo noveno transitorio134/ de la Ley del ISSSTE. El monto de los bonos de pensión en cada caso particular se determinó con base en los años de cotización y edad del trabajador, así como por el sueldo básico anual. Estos bonos están denominados en Unidades de Inversión (UDI) y resultan equivalentes al valor presente neto de la pensión de los trabajadores a la fecha de su retiro.

En el periodo del 1° de enero al 14 de noviembre de 2008, los trabajadores tuvieron que elegir entre el nuevo esquema de pensiones y el régimen anterior, y de un total de 2,072,518 servidores públicos, 294,736 (14.2%) eligieron el nuevo régimen de cuentas individuales.

Para reconocer los pasivos laborales del ISSSTE y afrontarlos, en 2008 el Gobierno Federal implementó algunas acciones con los resultados siguientes:

134/ Artículo noveno transitorio: “el valor nominal de emisión expresado en unidades de inversión de los Bonos de Pensión

del ISSSTE que se calculará a cada Trabajador será el que se determine conforme a la tabla (…). Para determinar el monto de los Bonos de Pensión del ISSSTE en cada caso particular, se deberá multiplicar el numeral que corresponda en la tabla a los años de cotización y edad del trabajador, por el sueldo básico, elevado al año y expresado en unidades de inversión, que estuviere percibiendo el trabajador al último día del año anterior a que entre en vigor esta ley”.


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• El reconocimiento mediante depósitos a la vista por un monto de 43,030,900.0 miles de pesos (10,314.9 millones de UDI) para los trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de la reforma cumplían con los requisitos para jubilarse.

• La emisión de bonos de pensión por 177,448,000.0 miles de pesos (42,535.9 millones de UDI) para el resto de los trabajadores.

• Se reconocieron pasivos pensionarios por 220,478,900.0 miles de pesos, equivalentes al 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2008.

• Se asumieron pasivos por 70,900,000.0 miles de pesos, equivalentes al 0.6% del PIB de 2008, para hacer frente a los costos de transición hacia el nuevo régimen135/, con fundamento en el artículo vigésimo primero transitorio de la ley, en donde se establece que se puede recurrir al endeudamiento adicional para solventar esos gastos, con lo que se reconoció el gasto de manera anticipada y se financió con deuda pública136/.

• El efecto total de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE equivalió al 2.4% del PIB de 2008.

Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de la deuda pública derivada de la Ley del ISSSTE ascendió a 171,932,753.7 miles de pesos, y tiene un perfil de vencimiento homólogo a las presiones de gasto por la transición a la nueva ley identificadas en cada año, de tal manera que conforme se vayan presentando los vencimientos de deuda, el Gobierno Federal los refinanciará mediante la emisión de nuevos valores gubernamentales.

Resultados

Antes de 2007 la situación financiera del ISSSTE, provocada principalmente del costo de las pensiones, le impedía enfrentar sus compromisos financieros y requería de aportaciones del Gobierno Federal, por lo que le resultaba imposible constituir reservas. Con la entrada en vigor de la nueva ley, el ISSSTE empezó a crear reservas cuyo saldo pasó de 13,283,000.00 miles de pesos al cierre de 2008 a 54,014,890.00 miles de pesos al 31 de diciembre de 2011.

La nueva Ley del ISSSTE coadyuvó a fortalecer la sustentabilidad financiera del instituto mediante dos mecanismos principales: a) la absorción del costo de los pasivos pensionarios y el costo de su administración por el Gobierno Federal, ya que éste se hizo cargo, hasta su extinción, de las pensiones en curso de pago y de las que se generen bajo el régimen de reparto; y b) la constitución del esquema de reservas financieras y actuariales específicas para cada seguro y cobertura que respaldan contingencias de corto y largo plazos.

Las pensiones de los trabajadores que no optaron por el bono de pensión, quedaron a cargo del Gobierno Federal, quien absorbió el monto y el costo de su administración, con lo que el ISSSTE se liberó del pasivo histórico pensionario por 220,478,900.0 miles de pesos, además de los costos de transición hacia el nuevo régimen por 70,900,000.0 miles de pesos, situación que contribuyó a lograr el equilibrio y la sustentabilidad financiera del instituto.

El pasivo pensionario se trasladó al Gobierno Federal, quien lo asumió como deuda pública con la finalidad de cumplir con las obligaciones generadas con los trabajadores del Estado.


La publicación de la Ley del ISSSTE permitió que las pensiones de los trabajadores que no optaron por el bono de pensión, quedaran a cargo del Gobierno Federal, quien absorbió el monto y el costo de su administración, con lo que el ISSSTE se liberó del pasivo pensionario histórico por 220,478,900.0 miles y del costo para enfrentar la transición hacia el nuevo régimen de pensiones por 70,900,000.0 miles de pesos; situación que contribuyó a lograr el equilibrio y la sustentabilidad financiera del instituto.

135/ Estos costos resultaron del incremento en contribuciones del Gobierno Federal, contribuciones perdidas al depositarse

en cuentas individuales, intereses por pasivos que se asumen con la reforma, transferencias extraordinarias al ISSSTE y contribuciones al ahorro voluntario de los trabajadores.

136/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008.


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Dictamen: limpio

La Auditoría Superior de la Federación considera que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones normativas aplicables al comportamiento del endeudamiento derivado de la Ley del ISSSTE.

Las pensiones de los trabajadores que no optaron por el bono de pensión, quedaron a cargo del Gobierno Federal, quien absorbió el monto y el costo de su administración, con lo que el ISSSTE se liberó del pasivo pensionario histórico por 220,478,900.0 miles y los costos de transición hacia el nuevo régimen por 70,900,000.0 miles de pesos, situación que contribuyó a lograr el equilibrio y la sustentabilidad financiera del instituto.



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Análisis Financiero de Fondos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-00GYN-02-0448

DS-077

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los nueve fondos operados por el ISSSTE para constatar que los recursos recibidos se clasificaron de acuerdo con los fines para los que fueron otorgados; que en su ejercicio se respetaron las restricciones de gasto y que su registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.

Alcance

CUENTAS DE BALANCE

Miles de Pesos




Los Estados Financieros dictaminados (consolidados) del ISSSTE, al 31 de diciembre de 2011, muestran un Resultado del Ejercicio (Remanente), por 4,909,907.7 miles de pesos, como resultado de la captación de ingresos por 85,541,031.7 miles de pesos y la aplicación de costos y gastos, por 93,928,428.9 miles de pesos, con lo que arrojó un resultado de operación negativo por 8,387,397.2 miles de pesos, que con el apalancamiento de las transferencias del gobierno federal para gastos de operación, por 13,297,304.9 miles de pesos, permite mostrar el remanente positivo de 4,909,907.7 miles de pesos.

Por lo anterior, se verificó la determinación del saldo del Resultado del Ejercicio, mediante la aplicación de pruebas globales con la integración de las principales cuentas de ingresos y egresos, considerando los 9 fondos que maneja el ISSSTE: Seguro de Salud; Invalidez y Vida; Prestaciones sociales y culturales; Riesgos de Trabajo; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; Préstamos personales; Préstamos Hipotecarios y Fovissste, y Pensionissste.

Antecedentes

En julio de 2011, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para promover que la ASF auditara al ISSSTE, toda vez que el nuevo esquema financiero del instituto, de acuerdo con la Ley del ISSSTE, en vigor a partir del 1º de abril de 2007, incluyó la aportación extraordinaria del Gobierno Federal, por 8 mil millones de pesos, para mejorar la atención de sus derechohabientes, lo que no se ha visto en la práctica, al no revertirse el déficit histórico del fondo médico y continúa el rezago en materia tecnológica, infraestructura médica, equipo de laboratorio y desabasto de medicamentos.

Resultados

1. El ISSSTE presentó un resultado de operación deficitario por 8,387,397.2 miles de pesos, que se apalancó financieramente con las transferencias que el Gobierno Federal otorgó por 13,297,304.9 miles de pesos, lo que dio un remanente al cierre del ejercicio de 4,909,907.7 miles de pesos. El déficit en la operación se genera por el comportamiento de los fondos de “Seguro de Salud”, “Prestaciones Sociales y Culturales”, y de “Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez”.

2. Se carece de lineamientos que regulen el manejo, seguimiento, control y ejercicio de los recursos financieros y presupuestales, aplicables a los nueve fondos con que cuenta el instituto.

3. No se acreditó la autorización y los criterios para la determinación de los factores de dispersión del Fondo de Administración, en los seguros de Salud, Invalidez y Vida, Prestaciones Sociales y Culturales, Riesgos de Trabajo y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.


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Las acciones promovidas tienen como propósito fomentar que se cuente con lineamientos y criterios que permitan eficientar el manejo, registro, seguimiento, control y ejercicio de los recursos financieros y presupuestales de los nueve fondos con que opera el instituto; y dar transparencia en los criterios utilizados para la dispersión de los Gastos de Administración.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los fondos con que opera, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la falta de políticas y lineamientos que regulen el manejo, seguimiento, control y ejercicio de los recursos financieros y presupuestales por fondo, ya que no acreditó la autorización y criterios utilizados para determinar los factores de dispersión del fondo de “Gastos de Administración” en los seguros de Salud, Invalidez y Vida, Prestaciones Sociales y Culturales, Riesgos de Trabajo, y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.


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Subcontratación de Servicios


DS-078

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre para verificar que en los procesos de recepción por las áreas usuarias y pago de los servicios, así como en su registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones legales y normativas.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Para la auditoría se revisó un monto ejercido en el 2011 por 794,846.5 miles de pesos, registrados en la subpartida 33901 0007 "Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre”, integrado por los siguientes contratos:

Selección de la muestra auditada (Miles de pesos)

Contrato prestador de servicios Ejercido 2011

LPN-CS-DA-SRMS-149/2010 Selecciones Médicas, S.A. de C.V. 264,042.6

LPN-CS-DA-SRMS-150/2010 Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V. 530,803.9

TOTAL 794,846.5 FUENTE: Integración por factura, unidad hospitalaria y Cuentas por Liquidar Certificadas de los Contratos LPN-CS-

DA-SRMS-149/2010 y LPN-CS-DA-SRMS-150/2010.

Antecedentes

En la revisión de la Cuenta Pública 2010, se detectó que el ISSSTE carece de normativa para determinar las necesidades de las unidades médicas respecto de los servicios médicos; la cantidad de pruebas estipuladas en el cuerpo de los contratos números LPN-CS-DA-SRMS-149/2010 y 150/2010, no coincide con la establecida en sus anexos; algunas pruebas resultaron más caras que las presentadas en el estudio de mercado, aun sin considerar los insumos; además, en el caso del Hospital Regional "1o. de Octubre" los costos de 72 pruebas pactados en el contrato son superiores de 10.8% a 776.1% que los de sus proveedores anteriores, los exámenes se realizan con equipos de la misma tecnología y no se le asignaron las pruebas de laboratorio necesarias para trasfundir sangre, entre ellas las requeridas para realizar trasplantes de órganos, por lo que a la fecha de la auditoría (octubre de 2011), a 58 pacientes no se les habían realizado pruebas de compatibilidad y HLA, necesarias para efectuar los trasplantes; asimismo, el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" no hizo 142,034 pruebas de laboratorio, y el Hospital Regional "1o. de Octubre", 12,046, ya que no se incluyeron en la licitación, así como tampoco los insumos para efectuarlas; los laboratorios del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" y del Hospital Regional "1o. de Octubre" carecen de controles de calidad externos que garanticen la calidad y confiabilidad de las pruebas que realizan, ya que no se incluyeron en la licitación.


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Resultados

1. Al 31 de diciembre de 2011, la entidad reportó un pasivo circulante por 503,874.9 miles de pesos, en el Servicio Integral de Análisis Clínicos y Banco de Sangre, que no corresponden a gastos efectivamente devengados.

2. El ISSSTE no cuenta con indicadores de gestión y desempeño para evaluar los servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre, tampoco con un sistema informático para el seguimiento de estos servicios en sus unidades médicas.

3. Se determinó una deficiente planeación en los servicios de Análisis Clínicos y Banco de Sangre, ya que no se incluyeron pruebas de laboratorio, o no se asignaron a las unidades médicas; tampoco se incluyeron materiales y reactivos necesarios para realizar las pruebas; además, existen pruebas y procesos que no cuentan con controles de calidad externos.

4. Se recibieron e instalaron 41 equipos de laboratorios de análisis clínicos y para banco de sangre en las unidades médicas, en fechas posteriores a la establecida en los contratos.

5. Las pruebas específicas para pacientes de trasplantes no fueron consideradas para las unidades médicas que realizan esta clase de operaciones, lo que repercute en la atención a los derechohabientes; en el Laboratorio de Pruebas Especiales del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", se dejaron de atender 7,059 pacientes, por falta de reactivos, y se han dejado de hacer 383 cariotipos en sangre periférica; 179 en médula ósea, 59 en líquido amniótico, 12 en vellosidades carioamnióticas, 271 diagnósticos por Fish de enfermedades genéticas, así como 9 rompimientos cromosómicos; en el Hospital Regional “León”, de febrero a mayo de 2011 se enviaron a procesar fuera del hospital muestras de sangre de 545 posibles donadores, de los que en 282 pruebas (51.7%) el proveedor tardó hasta 17 días en entregar los estudios; y en el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”, se retrasaron 4 trasplantes de riñón por falta de pruebas, por lo que se subrogó el servicio para realizarlos.

6. En los hospitales regionales de “León” y en el “Dr. Valentín Gómez Farías”, los costos en algunas pruebas del contrato LPN-CS-DA-SRMS-150/2010 son mayores por 3,648.6 y 5,293.8 miles de pesos, respectivamente, en relación con los que se venían pagando con los proveedores anteriores.

7. Las unidades médicas manifestaron deficiencias en la prestación del servicio; sin embargo en los oficios que envían a la Subdirección de Infraestructura para validación y trámite de pago, señalaron que no procede aplicar deducciones por concepto de penas convencionales.


Se detectaron deficiencias en la planeación de las necesidades de los servicios de laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre, así como en la prestación del servicio, lo que repercute en la atención a los derechohabientes, ya que en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” se dejaron de atender, 7,059 pacientes por falta de reactivos; además, se dejaron de hacer pruebas en médula ósea, líquido amniótico y enfermedades genéticas, entre otras. En el Hospital Regional “León”, por la falta de pruebas, de febrero a mayo de 2011 se procesaron fuera del hospital, muestras de sangre de 545 posibles donadores, de los que en el 51.7%, los resultados se entregaron hasta 17 días después; y en el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” se retrasaron 4 trasplantes de riñón por falta de pruebas, por lo que se subrogó el servicio para realizarlas.



Las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientaron a fortalecer los mecanismos de control en la operación y supervisión de los servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre, así como para promover el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias por los actos u omisiones de los servidores públicos que no planearon adecuadamente los requerimientos de los servicios, ni asignaron las pruebas que necesitaban las unidades médicas; no aplicaron penalizaciones por incumplimientos en los contratos; por efectuar la contratación a precios superiores que los que se venían contratando, y por no asignar a las unidades médicas las pruebas específicas que requerían para pacientes de trasplantes.


261

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la Subcontratación de servicios, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, debido a deficiencias en la gestión financiera, en las que destacan las siguientes: al 31 de diciembre de 2011, se reportó un pasivo circulante por 503,874.9 miles de pesos, el cual no corresponde a gastos efectivamente devengados; no cuenta con indicadores de gestión y desempeño para evaluar los servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre, ni con un sistema informático para su seguimiento; asimismo, en su contratación no se incluyeron pruebas de laboratorio o no fueron asignadas a las unidades médicas, así como tampoco los materiales y reactivos necesarios para realizarlas, por lo que se han tenido que adquirir con presupuesto de los hospitales; existen pruebas y procesos que no cuentan con controles de calidad externos; los hospitales muestreados manifestaron deficiencias en el abasto de insumos y reactivos (no se entregan en tiempo, o se entregan incompletos, se entregan reactivos con fechas de caducidad corta); las pruebas para pacientes de trasplantes no fueron asignadas para los hospitales regionales “1º. de Octubre”, “Lic. Adolfo López Mateos” y “Dr. Valentín Gómez Farías”, así como el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, unidades médicas que realizan esta clase de operaciones, y recibió e instaló equipo en fechas posteriores a la establecida en los contratos. Además, en los hospitales regionales “León” y “Dr. Valentín Gómez Farías”, los costos de algunas pruebas, estipulados en el contrato LPN-CS-DA-SRMS-150/2010, fueron mayores en 3,648.6 y 5,293.8 miles de pesos, respectivamente, que los que pagaba mediante contratos anteriores que ellos mismos adjudicaban.


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Erogaciones y Aplicación de Proyectos de Servicios de Informática y sus consumibles


DS-079

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por los proyectos de administración y aplicación de servicios informáticos y de sus consumibles, para constatar la razonabilidad del gasto en la automatización de los servicios integrales del ISSSTE; comprobar que los servicios e insumos contratados fueron recibidos; que los sistemas implementados estuvieron debidamente documentados y en funcionamiento y que su registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




El ISSSTE reportó, en 2011, un total de presupuesto ejercido en las partidas 33301 y 35301 “Servicios de Informática” por 1,689,435.2 miles de pesos, y 21401 “Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos” por 125,683.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 31 contratos, por 1,226,000.8 miles, que representa el 67.5% del total ejercido en ambas partidas presupuestales, integrado como se indica:


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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE CONTRATOS REVISADOS

(Miles de pesos)

Núm. Contrato Importe ejercido en 2011

1 LPN-CS-DA-SRMS-012/2010 154,480.9

2 AD-CS-DA-SRMS-099/2011 26,680.0

3 AD-CS-DA-SRMS-102/2011 149,979.8

4 AD-CS-DA-SRMS-105/2011 39,883.1

5 LPN-CS-DA-SRMS-115/2011 0.0

6 AD-CS-DA-SRMS-121/2011 34,000.0

7 AD-CS-DA-SRMS-122/2011 229,472.8

8 AD-CS-DA-SRMS-071/2011 36,611.0

9 AD-CS-DA-SRMS-075/2011 241,327.6

10 LPN-CS-DA-SRMS-083/2011 40,046.0

11 AD-CS-DA-SRMS-108/2011 1,201.1

12 AD-CS-DA-SRMS-112/2011 63,598.0

13 AD-CS-DA-SRMS-113/2011 69,999.1

14 AD-CS-DA-SRMS-157/2011 98,906.5

15 LPN-CS-DA-SRMS-206/2011 1,589.2

16 LPN-CS-CGA-SRMS-106/2008 16,348.9

17 LPN-CS-CGA-SRMS-173/2008 4,980.7

Total Capítulo 3000 1,209,104.7

1 DA-SRMyS/JSA-039/2011 1,004.5

2 DA-SRMyS/JSA-040/2011 50.7

3 DA-SRMyS/JSA-041/2011 8.3

4 DA-SRMyS/JSA-083/2011 2,266.4

5 DA-SRMyS/JSA-029/2011 2,295.8

6 DA-SRMyS/JSA-030/2011 945.5

7 DA-SRMyS/JSA-031/2011 150.3

8 DA-SRMyS/JSA-034/2011 377.6

9 DA-SRMyS/JSA-035/2011 446.4

10 DA-SRMyS/JSA-036/2011 194.4

11 DA-SRMyS/JSA-046/2011 5,204.7

12 DA-SRMyS/JSA-047/2011 2,557.7

13 DA-SRMyS/JSA-048/2011 597.9

14 DA-SRMyS/JSA-044/2011 795.9

Total capítulo 2000 16,896.1

Muestra Total Capítulos 2000 y 3000 1,226,000.8

Fuente: Reporte del presupuesto ejercido por unidad responsable y partida presupuestal del 2011 y relación de contratos y pedidos del ejercicio 2011.

Antecedentes

Esta auditoría se seleccionó para atender el requerimiento de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) número 702/2011 del 21 de julio de 2011, “...mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión para que se realice una auditoría especial directa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios a todos los procesos administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado durante el período 2006-2011".


264

Resultados

1. El “Sistema de Administración de Seguros de Vida” (SASVID), por el que se pagaron 26,680.0 miles de pesos, se recibió sin cumplir las características técnicas solicitadas, por lo que no se encuentra implementado ni en funcionamiento. Al respecto, la ASF presentará ante la PGR una denuncia de hechos.

2. Se determinó que el “Sistema Informático para el Control y Monitoreo Operativo, Normativo y Técnico de los Proyectos y Contratos de Servicios de TIC”, por el que se pagaron 39,883.1 miles de pesos, no es utilizado, por lo que no se cumplió con el objeto de la contratación, por esta irregularidad, la ASF presentará ante la PGR una denuncia de hechos.

3. Existen dos contratos para el servicio administrado de equipos de cómputo y periféricos que incluyen “implementación, configuración y puesto a punto”, por 50,761 equipos, por lo que en 2011 se pagaron 103,860.1 miles de pesos, aun cuando no se encontraban implementados todos los equipos, no se acreditó la ubicación de 5,263 equipos y se presentaron retrasos en la implementación hasta de 724 días, por estas irregularidades, la ASF presentará ante la PGR dos denuncia de hechos.

4. En un contrato, no se acreditó la recepción de los servicios por 4,980.7 miles de pesos.

5. No se acreditó la documentación justificativa de los pagos, por 8,360.3 miles de pesos.

6. Se determinó un contrato con pago improcedente por 54 horas-hombre pagadas de más, por 17.4 miles de pesos.




Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es), 12 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 9 Pliego(s) de Observaciones y 4 Denuncia(s) de Hechos.


Con el propósito de promover la recuperación de recursos por el pago de servicios que no cumplieron con las características técnicas o las condiciones pactadas en los contratos; promover la sanción de servidores públicos que no administraron, ni vigilaron los contratos de servicios de informática, así como fortalecer los procesos administrativos para la adjudicación, contratación y recepción de los servicios tecnológicos que coadyuven al cumplimientos de las metas y objetivos institucionales.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de las erogaciones por servicios informáticos, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: un contrato para el desarrollo e implementación del “Sistema de Administración de Seguros de Vida”, por el que se pagaron 26,680.0 miles de pesos, sin que cumpliera con las características técnicas solicitadas; un sistema para el control y monitoreo Operativo, Normativo y Técnico de los Proyectos y Contratos de Servicios de TIC, por 39,883.1 miles de pesos, que no se utilizó ni cumplió con el objeto de la contratación; existieron dos contratos para el servicio administrado de equipos de cómputo y periféricos, que incluye la “implementación, configuración y puesto a punto”, por 50,761 equipos, por lo que se pagaron en 2011, 103,860.1 miles de pesos, aun cuando no se encontraban implementados todos los equipos, no se acreditó la ubicación de 5,263 equipos y se presentaron retrasos en su implementación hasta por 724 días; en otro contrato no se acreditó la recepción de los servicios, por 4,980.7 miles de pesos; omisiones por los administradores responsables de la vigilancia del cumplimiento de los contratos, por lo que se aceptaron desfases y la falta de verificación en los entregables; y no se acreditó la documentación justificativa de los pagos en 3 contratos, por 8,360.3 miles de pesos.


265


Equipamiento Médico en los Tres Niveles de Atención a la Salud del ISSSTE

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-00GYN-04-0459

DS-080

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a las adquisiciones, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, suministraron y pagaron conforme a la legislación aplicable

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




De un importe total ejercido en 2011 de 340,115.1 miles de pesos, en el programa Equipamiento Médico en los Tres Niveles de Atención a la Salud del ISSSTE, se revisaron cinco contratos con un importe de 58,942.2 miles de pesos, que corresponde al 17.3% del monto total del programa. Cabe señalar que se revisó el 100.0% del valor de los cinco contratos.

Ejercido revisado

561 8,443.6 8,443.6 100.0

562 5,248.3 5,248.3 100.0

DA/169/11 21,099.1 21,099.1 100.0

DRMO/ADQ/077/11 17,228.4 17,228.4 100.0

DA/395/09 6,922.7 6,922.7 100.0

TOTALES 58,942.2 58,942.2 100.0

Número de contratoMonto del contrato

% de revisión

Contratos Revisados (Miles de pesos)

Nota: Las suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE.

Antecedentes

El programa Equipamiento Médico en los Tres Niveles de Atención a la Salud del ISSSTE tiene por objeto fortalecer la capacidad resolutiva de servicios a la salud en las unidades médicas del ISSSTE en todo el país, mediante la sustitución e innovación del equipo médico y de laboratorio. Del programa mencionado se seleccionaron cinco de los contratos con mayor monto ejercido en adquisición de bienes y servicios médicos con un monto de 58,942.2 miles de pesos, cuyas características son las siguientes:

El Contrato número 561, se formalizó el 23 de diciembre de 2011 por un importe de 8,443.6 miles de pesos, más el IVA, fue adjudicado a la empresa Healthcare Systems de México, S.A. de C.V., y tuvo como objeto adquirir e instalar en la Clínica de Especialidades y Centro de Cirugía Simplificada en la ciudad de Mérida el equipo médico siguiente: un ecocardiógrafo tridimensional doppler color y una unidad radiológica y fluroscópica transportable


266

tipo arco “C”. El contrato se adjudicó mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. IA-019GYN031-N13-2011-C1.

El Contrato número 562, fue formalizado el 23 de diciembre de 2011 por un importe de 5,248.3 miles de pesos, más el IVA con la empresa Servicios Avanzados en Medicina Integral, S.A. de C.V., y tuvo por objeto adquirir e instalar en la clínica de especialidades y centro de cirugía simplificada en la ciudad de Mérida el equipo médico siguiente: un osteodensitómetro, una unidad de anestesia intermedia y una unidad de fluorangiografía. El contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. IA-019GYN031-N13-2011-C2.

El Contrato número DA/169/11, formalizado el 9 de diciembre de 2011 por un importe de 21,099.1 miles de pesos, más el IVA con la empresa Healthcare Systems de México, S.A. de C.V., tuvo por objeto la adquisición de un Sistema de administración, almacenamiento, distribución y procesamiento de imágenes médicas PACS/RIS, que permita el envío y recepción de los estudios de imagen y la integración de los sistemas sin pérdida de información. En el contrato se estableció la instalación del sistema en los siguientes hospitales y clínicas de la Delegación Regional Poniente: Hospital General Tacuba, Hospital General Fernando Quiroz; Clínica de Especialidades Pisanty; Clínica de Medicina Familiar Marina Nacional; Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac; Clínica de Medicina Familiar Legaria; Clínica de Medicina Familiar Observatorio; Clínica de Medicina Familiar Revolución y Clínica de Medicina Familiar Azcapotzalco. El contrato se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública nacional número LA-019GYN028-N13-2011 y se celebró bajo la modalidad de precio fijo.

El Contrato núm. DRMO/ADQ/077/11, se formalizó el 30 de diciembre de 2011 por un importe de 17,228.4 miles de pesos, más el IVA con la empresa Healthcare Systems de México, S.A. de C.V., y tuvo por objeto la adquisición de un Sistema de administración, almacenamiento, distribución y procesamiento de imágenes médicas PACS/RIS, que permita la recepción y envío de los estudios de imagen radiológicas y la integración de los sistemas sin pérdida de información. En el contrato se estableció la instalación del sistema en los hospitales y clínicas de la Delegación ISSSTE Oaxaca siguientes: Clínica Hospital “B” de Tehuantepec; Clínica Hospital “A” de Tuxtepec; Clínica Hospital “A” de Huajuapan de León; Clínica Hospital “A” de Pinotepa Nacional; Clínica de Medicina Familiar y Especialidades de Oaxaca y Clínica de Especialidades más Centro de Cirugía Simplificada de Puerto Escondido. El contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional número LA-019GYN033-N3-2011 y se celebró bajo la modalidad de precio fijo.

El contrato núm. DA/395/09 de carácter plurianual, se formalizó el 23 de diciembre de 2009 por un importe de 35,951.6 miles de pesos, más el IVA, con la empresa Super Red, S.A. de C.V., y tuvo por objeto la adquisición e instalación de un sistema satelital de televisión digital para el ISSSTE, adquisición de equipo, materiales y accesorios e instalación en diversas clínicas y hospitales de la Delegación Regional Poniente. Para el ejercicio presupuestal de 2011, se estableció como objetivo proporcionar el servicio de mantenimiento del sistema en 11 clínicas y hospitales de esa delegación, por un importe de 6,922.7 miles de pesos, más el IVA. El contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. 00637138-015-09 y se formalizó bajo la modalidad de precio fijo.

Resultados

En el transcurso de la auditoría y derivado de la intervención de la ASF, las Delegaciones Regional Poniente y Estatal de Oaxaca del ISSSTE implementaron medidas para que la empresa Healthcare Systems de México, S.A. de C.V., pusiera en operación al 100.0% el sistema de administración, almacenamiento, distribución y procesamiento de Imágenes Médicas PACS/RIS, en las nueve hospitales y clínicas de la Delegación Regional Poniente y en seis de la Delegación Estatal Oaxaca.



Con la recomendación promovida se pretende que la entidad fiscalizada fortalezca sus mecanismos de operación y control.

Dictamen: limpio

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los


267

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones normativas aplicables.


268


Construcción del Hospital General Morelia, Michoacán


DS-081

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




De un importe total ejercido en 2011 de 221,470.7 miles de pesos con 176 conceptos de obra y de supervisión, se revisó un importe de 166,331.1 miles de pesos con 83 conceptos de obra y de supervisión, monto que corresponde a una muestra del 75.1%, por ser los conceptos más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en campo.

CONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentaje)

Número de contrato Conceptos Importes

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados

DA-SOC-O-LLM-004-2009 149 56 218,755.4 163,615.8 74.8 %

DA-SOC-O-LLM-003-2009 27 27 2,715.3 2,715.3 100.0 %

TOTALES 176 83 221,470.7 166,331.1 75.1 %

Antecedentes

El contrato núm. DA-SOC-O-LLM-004-2009 tuvo por objeto realizar los trabajos de desarrollo del proyecto ejecutivo y construcción de obra nueva del Hospital General tipo "B" (Alta Especialidad), en Morelia, Mich., bajo la modalidad de precio alzado en sustitución del Hospital General "B" Vasco de Quiroga, en Morelia, Mich. El contrato se adjudicó el 14 de septiembre de 2009 mediante la licitación pública nacional núm. 00637167-012-09, con base en los artículos 27, fracción I, y 30, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., (ICA), con un importe de 405,337.2 miles de pesos, con un periodo de ejecución de 600 días naturales, del 5 de octubre de 2009 al 27 de mayo de 2011.

El 10 de marzo de 2010, se formalizó el primer convenio de prórroga por 35 días naturales por la definición tardía de los niveles de plataforma por parte de las entidades responsables del desarrollo denominado “Ciudad Salud” (estatales, municipales y Secretaría de Salud Estatal), además, el 10 de junio de 2011, se formalizó por la misma causa un segundo convenio de prórroga por 42 días naturales, y quedó la fecha de terminación para el 12 de agosto de 2011.


269

Actualmente, el Hospital General tipo "B" (Alta Especialidad), se encuentra terminado y en operación, con el finiquito de la obra pendiente, un monto ejercido de 399,515.1 miles de pesos y 5,822.1 miles de pesos por cancelar.

La obra se encuentra en proceso de finiquito, con un monto ejercido en 2011 de 218,755.4 miles de pesos.

Para la supervisión de los trabajos, se adjudicó el contrato núm. DA-SOC-SP-LLM-003-2009 mediante la licitación pública nacional núm. 00637167-011-09 a la empresa SIFRA y Asociados, S.A. de C.V., con un importe de 9,532.9 miles de pesos, y un periodo de ejecución de 630 días naturales, del 5 de octubre de 2009 al 26 de junio de 2011. Con un importe ejercido en 2011 de 2,715.3 miles de pesos.

Resultados

La entidad fiscalizada autorizó un proyecto ejecutivo que no consideró en su diseño, los lineamientos para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad; no se informó mediante escrito a la Secretaría de Economía sobre las pruebas de hermeticidad realizadas a las tuberías de aire y gas; y se ejecutaron parcialmente las actividades principales del contrato a precio alzado y existen importes pendientes por ejercer, que no fueron cancelados oportunamente en el finiquito.



Las 3 recomendaciones que se generaron se orientaron a fortalecer los mecanismos de operación y control de la entidad fiscalizada.

Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución y pago respecto de las operaciones examinadas y conforme a la legislación aplicable.


270


Ampliación y Remodelación del Hospital General Veracruz, Veracruz


DS-082

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




De un importe total ejercido en 2011 de 156,725.2 miles de pesos con 5,857 conceptos de obra y supervisión, se revisó un importe de 68,552.8 miles de pesos con 112 conceptos de obra y supervisión, que corresponde a una muestra del 43.7%, por ser los conceptos más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en campo.

CONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentaje)

Número de contrato

Conceptos Importes

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados

DA-SOC-C-008-2009 5,830 85 152,897.8 64,725.4 42.3 %

DA-SOC-SP-004-2009 27 27 3,827.4 3,827.4 100.0 %

TOTALES 5,857 112 156,725.2 68,552.8 43.7 %

Antecedentes

El contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, número DA-SOC-C-008-2009 del 24 de julio de 2009, tuvo por objeto realizar los trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas para la demolición, ampliación y remodelación del Hospital General de Alta Capacidad Resolutiva, ubicado en Veracruz, Ver., con un plazo de ejecución de 732 días naturales, del 7 de agosto de 2009 al 8 de agosto de 2011.

La adjudicación del contrato se realizó mediante el procedimiento de licitación pública nacional número 00637167-009-09, con fundamento en los artículos 27, fracción I, y 30, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a la empresa GAMI Ingeniería, S.A. de C.V., con un importe de 515,865.2 miles de pesos, más el IVA.

Se formalizaron los cuatro convenios siguientes: DA-SOC-C-008-2009-IA, para ampliar el monto a la asignación de 2009, en 23,774.8 miles de pesos más el IVA, sin modificar el importe contractual; DA-SOC-C-008-2009-1M para ampliar el plazo en 114 días naturales, con un periodo de ejecución del 7 de agosto de 2009 al 30 de noviembre de 2011; DA-SOC-008-2009-Ad para ampliar el plazo en 152 días naturales del 7 de agosto de 2009 al 30 de abril de 2012; y DA-SOC-008-2009-Ad-1 para ampliar el monto del contrato en 46,044.6 miles de pesos más el IVA que representa el 8.9%, del monto originalmente pactado en el contrato, y quedó un monto total de 561,909.8 miles de pesos, más el IVA y un periodo de ejecución del 7 de agosto de 2009 al 30 de abril de 2012.


271

La obra se encuentra en proceso de finiquito, con un monto ejercido en 2011 de 146,615.7 miles de pesos que comprende el pago de 31 estimaciones, más 6,282.1 miles de pesos de ajuste de costos que suma un total de 152,897.8 miles de pesos más el IVA (177,361.4 miles de pesos).

Para la supervisión de los trabajos se adjudicó el contrato núm. DA-SOC-SP-004-2009 mediante la licitación pública nacional núm. 00637167-005-09 a la empresa Supervisores Técnicos, S.A. de C.V., con un importe de 16,499.3 miles de pesos, y un periodo de ejecución de 792 días naturales, del 22 de mayo de 2009 al 22 de julio de 2011. El 8 de marzo de 2012 se formalizó el convenio de prórroga número DA-SOC-SP-004-2009-Ad por 152 días naturales que representa el 19.2%, del periodo originalmente pactado en el contrato, con fecha de terminación para el 31 de mayo de 2012, y un importe ejercido en 2011 de 3,827.4 miles de pesos.

Resultados

La entidad fiscalizada autorizó un proyecto ejecutivo que no consideró en su diseño los lineamientos para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad; pagó estimaciones de los trabajos ejecutados en el ejercicio 2011, con un plazo mayor a 20 días naturales a partir de la fecha en que fueron autorizadas por la residencia de obra, y autorizó el pago de 1,392.0 miles de pesos, sin acreditar la renta de oficinas y campamentos incluidos en el costo indirecto de concurso.




Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración.

De las 2 acciones que se generaron, la recomendación se orientó a fortalecer los mecanismos de operación y control de la entidad fiscalizada; y la solicitud de aclaración a aclarar o justificar operaciones o bienes de la entidad fiscalizada.

Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución y pago respecto de las operaciones examinadas y conforme a la legislación aplicable.


272

Instituto Mexicano del Seguro Social

Prevención y Control de Enfermedades Crónico-Degenerativas

Auditoría de Desempeño: 11-1-00GYR-07-0443

DS-083

Objetivo

Fiscalizar las acciones de prevención y control de las principales enfermedades crónico-degenerativas para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas, en materia de prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas, a cargo del IMSS; la eficiencia con la que se otorgó la atención médica preventiva y curativa, y en la disponibilidad de los recursos físicos y el equipamiento médico; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

Antecedentes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce que 35 millones de personas de todo el mundo murieron por enfermedades crónicas en 2005, y se prevé que las muertes por las enfermedades crónicas aumentarán en 17% para 2015. De acuerdo con la OPS, entre las enfermedades crónicas más frecuentes y de mayor importancia para la salud pública en la región de América Latina y el Caribe se encuentran la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de mama, el cáncer cérvico uterino, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado, la enfermedad pulmonar obstructiva, la nefritis y nefrosis, el tumor maligno de próstata y los tumores malignos de tráquea y bronquios.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se señala que actualmente en el país predominan como causas de daño a la salud, las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Estos padecimientos son complejos, difíciles de tratar y más costosos que las infecciones comunes, los problemas reproductivos y las enfermedades relacionadas con la desnutrición.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Diabetes mellitus, se señala que a partir de 2000 esta enfermedad es la primera causa de muerte en mujeres, y la segunda en hombres, y en 2006 la diabetes representó el 13.8% de todas las muertes ocurridas en el país, con una edad promedio al morir de 66 años.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Cáncer cérvico uterino, se establece que la cobertura de detección de este padecimiento entre la población susceptible de presentarlo es de 70.7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de 2003. A lo anterior se suma la mala calidad en la detección de la enfermedad, ya que las pruebas de detección sólo identifican una lesión precursora o cáncer en 3 de cada 200 citologías interpretadas, debido principalmente a los factores siguientes: equipo obsoleto o sin mantenimiento; falta de mobiliario, e insumos de baja calidad.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Cáncer de mama, se señala que en México no existe una estructura y organización dedicada a la detección de esta enfermedad, aunado a la ausencia de contratación de radiólogos, oncólogos, enfermeras y técnicas radiólogas que garantice la oferta permanente del servicio en los diferentes turnos, así como a la escasa formación de estos recursos humanos, por lo que las plazas de nueva creación para este personal no se cubren de manera inmediata.

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Riesgo cardiovascular, se señala que las enfermedades cardiovasculares constituyen la segunda causa de muerte en el país, y que durante 2006 las tasas de mortalidad por cada 100,000 derechohabientes por estas enfermedades alcanzaron cifras de 51.3 muertes por enfermedades isquémicas del corazón; 37.5, por enfermedad cerebrovascular, y 23.7, por enfermedad hipertensiva. Además, se señala que en México existen limitaciones en los programas de prevención y control para el manejo adecuado de los pacientes con sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y dislipidemias; la carencia y mala calibración del equipo médico; la falta de personal capacitado, y las dificultades de la población para acceder a los servicios que ofrecen las instituciones de salud del país.


273

El IMSS se creó el 10 de enero de 1943, y se integró conforme lo establece el artículo 123 constitucional, por representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. De acuerdo con este artículo y la Ley del Seguro Social, el IMSS tiene a su cargo 5 seguros: 1) de riesgos de trabajo; 2) de enfermedades y maternidad; 3) de invalidez y vida; 4) de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 5) de guarderías y prestaciones sociales.

En la Exposición de Motivos para la reforma de la Ley del Seguro Social, presentada por el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados en noviembre de 1995, se manifiesta que la propuesta de reforma a esta ley tenía como fundamento emprender los cambios indispensables para fortalecer al instituto y darle viabilidad en el largo plazo; acrecentar su capacidad de dar mayor protección; mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de servicios de salud, y garantizar prestaciones sociales adecuadas y pensiones justas.137/ También, se declaran las consecuencias que para este ramo ha tenido la transición epidemiológica y que ha consistido en la disminución proporcional de las enfermedades infecciosas, en tanto que las enfermedades crónico-degenerativas aumentan, lo que plantea el doble reto de mejorar la calidad de los servicios y garantizar los recursos financieros y materiales para hacer frente a las necesidades cambiantes de la atención médica.

Resultados

Atención médica preventiva

En 2011, el IMSS aplicó pruebas de detección de las principales enfermedades crónico-degenerativas, con las coberturas de atención siguientes: diabetes mellitus, 23.7%; enfermedades cardiovasculares, 70.8%; cáncer cérvico uterino, 33.8%; cáncer de mama por exploración clínica, 51.1%, y por mastografía, 23.9%.

En 2011, el IMSS registró 427,517 casos nuevos de enfermedades crónico-degenerativas: 158,126 (37.0%) de diabetes mellitus; 259,469 (60.7%), de enfermedades cardiovasculares; 7,646 (1.8%), de cáncer cérvico uterino, y 2,276 (0.5%), de cáncer de mama.

En el surtimiento completo de recetas a los pacientes que recibieron atención médica, el resultado fue de 95.7%, similar a la meta institucional de 96.0%, y se ubicó dentro del estándar de la Secretaría de Salud (SS), de lograr un surtimiento completo igual o mayor de 95.0%.

Atención médica curativa

En 2011, el IMSS logró que el 41.4% de los derechohabientes con diabetes mellitus estuviera bajo control médico, y se ubicó en el rango de la meta programada, de ser igual o mayor que 30.0%. En relación con los pacientes hipertensos, el instituto logró que el 86.2% de los derechohabientes estuvieran controlados y se ubicó en el rango de la meta programada de ser igual o mayor que 80.0%.

En ese año, el IMSS refirió oportunamente al segundo nivel de atención al 59.0% de los pacientes diabéticos con diagnóstico de retinopatía, neuropatía y nefropatía, inferior en 31.0 puntos porcentuales a la meta programada de referir al 90.0% de los pacientes diabéticos.

Respecto de la calidad y oportunidad en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, el instituto no programó metas, ni dispuso de información para evaluar los resultados conforme a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SSA2-2011 Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y la NOM-014-SSA2-1994 Para la prevención, detección, diagnóstico, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, y los programas de acción específico 2007-2012 Cáncer de mama y Cáncer cérvico uterino.

Para 2011, el IMSS no diseñó indicadores ni metas para evaluar las tasas de mortalidad por diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Con la información disponible, la ASF determinó el número de defunciones por cada 100,000 derechohabientes: 54.7, por diabetes mellitus; 26.6, por enfermedad isquémica del corazón; 20.7, por enfermedad cerebrovascular, y 14.8, por hipertensión arterial.

La tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino fue de 5.9 decesos por cada 100,000 mujeres derechohabientes, en cumplimiento de la meta programada de ser menor de 6.6 decesos y del estándar establecido en el Programa de Acción Específico 2007-2012 Cáncer cérvico uterino, de mantener la tasa de mortalidad por debajo de 11.5 defunciones, y en cáncer de mama, la tasa de mortalidad fue de 10.6 decesos por

137/ Cámara de Diputados, Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley del Seguro Social, México, 9 de noviembre

de 1995, foja 2361.


274

cada 100,000 mujeres derechohabientes, y se ubicó en el rango de la meta programada de ser igual o menor de 11.2 defunciones, y del estándar establecido en el Programa de Acción Específico 2007-2012 Cáncer de mama, de mantener la tasa de mortalidad por debajo de 17.1 defunciones.

Disponibilidad de recursos

Para la atención médica de sus derechohabientes con alguna de las cuatro enfermedades crónico-degenerativas evaluadas, en 2011 el IMSS dispuso de 0.1 consultorios de especialidad por cada 1,000 derechohabientes; 2.6 gabinetes de radiodiagnóstico y 0.2 tomógrafos por cada 100,000 derechohabientes, y de 4.0 mastógrafos por cada 100,000 mujeres derechohabientes.

El costo promedio anual de la atención médica otorgada a los derechohabientes del IMSS que recibieron tratamiento de sus padecimientos crónico-degenerativos fue de: 14.0 miles de pesos por derechohabiente en diabetes mellitus; 4.2 miles de pesos en enfermedades cardiovasculares; 46.8 miles de pesos en cáncer de mama, y 15.2 miles de pesos en cáncer cérvico uterino.


En 2011, las acciones de prevención de enfermedades crónico-degenerativas del IMSS no fueron suficientes para identificar en forma temprana los riesgos que podrían afectar la calidad de vida de la población susceptible de padecerlas, instituir su tratamiento oportuno y evitar la muerte prematura, toda vez que las coberturas de detección de este tipo de padecimientos no fueron las óptimas: en diabetes mellitus, la cobertura de las pruebas de detección fue de 23.7%, respecto de los 8,814.7 miles de derechohabientes susceptibles de padecer esta enfermedad; en enfermedades cardiovasculares, del 70.8%, en relación con los 14,186.0 miles de personas en riesgo de presentarlas; en cáncer cérvico uterino, del 33.8%, respecto de las 8,856.1 miles de mujeres de 25 a 64 años de edad susceptibles de padecerlo; en cáncer de mama, la cobertura de detección por exploración clínica fue de 51.1%, en relación con las 10,623.9 miles de mujeres de 25 a 64 años, y por mastografía, de 23.9%, respecto de las 3,453.1 miles de mujeres de 50 a 69 años.



La recomendación de la Auditoría Superior de la Federación se enfocó a que el IMSS cumpla con la meta anual que establezca en su programa de trabajo sobre la referencia oportuna al segundo nivel de atención de sus derechohabientes diabéticos con diagnóstico de retinopatía, neuropatía y nefropatía.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño del Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables a otorgar el servicio médico a sus derechohabientes que padecen las enfermedades crónico-degenerativas de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y cáncer cérvico uterino; incrementar la cobertura de detección de cáncer de mama, cáncer cérvico uterino y enfermedades cardiovasculares, y disminuir las tasas de mortalidad por cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, diabetes mellitus y enfermedades cerebrovasculares, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente al incumplimiento de la meta anual de la cobertura de detección de diabetes mellitus establecida en el programa de acción específico y de la referencia oportuna de derechohabientes con complicaciones derivadas de diabetes mellitus al segundo nivel de atención médica, para su control y tratamiento, y a la falta de información, indicadores y metas que den cuenta de la calidad y oportunidad en la detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama y cáncer cérvico uterino.


275


Operación y Administración de las Reservas en Inversiones

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-00GYR-02-0136

DS-084

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de las reservas en inversiones, que su manejo y control consideró las inversiones con mejor relación riesgo-beneficio, que los rendimientos obtenidos correspondieron a los pactados al momento de su inversión; que se depositaron en las cuentas institucionales íntegramente, conforme a las políticas internas del IMSS, y que el registro contable se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y la normativa aplicables.

Alcance

CUENTAS DE BALANCE

Miles de Pesos




INTEGRACIÓN CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN VALORES

(Miles de pesos)

Inversiones a Corto y Largo Plazo Inversiones Totales al

31 -dic-2011

Recursos ajenos

***

Inversiones administradas por la Unidad de Inversiones

Financieras

Inversiones Temporales 13,206,004.0 13,206,004.0 Reserva Fondo de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Contractuales 17,994,545.2 17,994,545.2

Reserva Fondo Subcuenta 2 16,788,167.8 16,788,167.8

Reserva de Invalidez y Vida 9,307,289.9 9,307,289.9

Reserva del Seguro de Riesgo de Trabajo 8,811,397.3 8,811,397.3

Reserva para Gastos Médicos Pensionados 546,845.6 546,845.6

Reservas para Seguros de Enfermedad y Maternidad 61,970,114.7 61,970,114.7

Reserva Operativa y Contingencia Financiera 1,204,184.6 1,204,184.6

Reserva General Financiera y Actuarial 2,487,845.6 2,487,845.6

Afore Siglo XXI 1,011,687.7 1,011,687.7 0.0

Reserva SAR 1,499.9 1,499.9 0.0

Reserva del Programa Primer Empleo 2007-2012 1,044,155.3 1,044,155.3 0.0

Total de Valores de Inversión 134,373,737.6 2,057,342.9 132,316,394.7 FUENTE: Balanza de Comprobación dictaminada al 31 de diciembre de 2011. ***Los recursos ajenos no se tipifican como inversiones financieras, debido a que su origen y destino no son parte de la actividad principal del IMSS.


276

Antecedentes

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 278 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene constituidas las reservas Operativa, Financiera y Actuarial; Operación para Contingencias y Financiamiento; General Financiera y Actuarial y el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual (subcuentas 1 y 2).

Reservas Operativas (RO): Son el capital de trabajo de los seguros y la vía de fondeo para las demás reservas.

Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento (ROCF): Su fin es procurar estabilidad y certidumbre en la operación cotidiana del instituto y facilitar la planeación de mediano plazo.

Reserva Financiera y Actuarial (RFA): Su propósito es hacer frente al riesgo de caídas en los ingresos o incrementos en los egresos ocasionados por problemas económicos persistentes.

Reserva General Financiera y Actuarial (RGFA): Es para enfrentar efectos catastróficos o variaciones de carácter financiero como resultado de problemas epidemiológicos o económicos severos y de larga duración.

Fondo Laboral (FCOLCLC): Es administrado por el IMSS con objeto de disponer de los recursos necesarios para el pago de las jubilaciones de sus propios trabajadores.

Con lo anterior se comprueba la importancia que tiene la correcta operación y administración de las reservas financieras y del fondo laboral, a fin de garantizar la liquidez y los recursos necesarios para el cumplimiento de los compromisos contraídos por el instituto.

Por lo anterior, cada reserva y el fondo laboral son diversificados en portafolios de inversión, por tipo de instrumento gubernamental, bancario, corporativo y mercado accionario.

Resultados

Del total de inversiones administradas por la Unidad de Inversiones Financieras (UIF), por 132,336,262.4 miles de pesos, cifra que se corresponde con el valor operativo reportado por el área de Control de Operaciones, se constató que las emisiones en empresas e hipotecarias siguen presentando calificaciones degradadas, sin que se emitan medidas prudenciales que permitan su rescate total o parcial, cuando hay emisiones en las que su valor sigue decreciendo y tiene alto riesgo de incumplimiento; la emisión COMM270 por 33,716.1 miles de pesos, se reestructuró con una pérdida de 13,234.9 miles de pesos (39.3%); las emisiones hipotecarias HSCCB 06, 06-2 y 08 por 210,660.2 miles de pesos se pactaron sin garantías reales para los tenedores, lo que restringió las acciones de reclamo y defensa; se capitalizaron intereses virtuales por 6,047.2 miles de pesos; deterioros de inversiones por 313,433.6 miles de pesos; improcedencia en los registros contables por deterioros y recursos ajenos por 115,725.4 miles de pesos; falta de seguimiento y transparencia en la reestructura de las emisiones METROCB 07 y 07-2.



Las acciones generadas al IMSS van dirigidas a la mejora operativa y transparencia en la inversión de las reservas, por lo que la ASF promueve acciones que coadyuven en la diversificación del riesgo y en la calidad crediticia de las reservas, para que éstas cumplan con el fin para el cual fueron creadas.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera, administrativa y operativa de las reservas de inversión, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a deterioros de inversiones en deuda corporativa por 313,433.6 miles de pesos; la emisión COMM270 de Comercial Mexicana por 33,716.1 miles de pesos, se reestructuró con una pérdida de valor por 13,234.9 miles de pesos (39.3%); las emisiones hipotecarias HSCCB 06, 06-2 y 08 por 210,660.2, miles de pesos, se pactaron sin garantías reales para los


277

tenedores, lo que restringió las acciones de reclamo y defensa; se capitalizaron intereses virtuales por 6,047.2 miles de pesos; inversiones en emisiones hipotecarias por 972,008.6 miles de pesos, con calificaciones crediticias degradadas por riesgo en el pago de intereses, en la recuperación del capital y con garantías insuficientes para la protección de las inversiones; registros contables improcedentes, por 115,725.4 miles de pesos, por no corresponder el movimiento realizado con la naturaleza de las cuentas.


278


Adquisición y Abasto de Medicamentos por Adjudicación Directa y Oferta Subsecuente de Descuentos


DS-085

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición y abasto de medicamentos mediante adjudicación directa y oferta subsecuente de descuentos, para comprobar que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que la compra se basó en necesidades propias de las unidades médicas; que los medicamentos se recibieron, registraron, resguardaron y suministraron oportunamente a la derechohabiencia; que el consumo estuvo soportado y que el registro contable y presupuestal se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y normativa aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




La muestra por 4,273,529.9 miles de pesos representa el 34.7% del total adjudicado (12,298,839.9 miles de pesos) mediante 2 licitaciones públicas por oferta subsecuente de descuentos, 1 adjudicación directa y compras mediante bolsa única de ofertas (BUO), como se muestra a continuación:


FUENTE: Base de datos de los eventos realizados o ejecutados en el ejercicio 2011.

Antecedentes

A partir de 2009, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) empezó a adjudicar medicamentos en la modalidad de Oferta Subsecuente de Descuentos (OSD), proceso autorizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el cual el IMSS determina que la presentación de la OSD es para los proveedores solventes que cumplan satisfactoriamente las condiciones legales y técnicas del proceso normal, la forma en que los licitantes calificados podrán presentarla, incluyendo los topes mínimos y máximos que serán permitidos entre una y otra oferta, y el sistema sólo aceptará la oferta que mejore el último precio ofertado. El proceso de la OSD consiste en que una vez determinada la mejor opción en el proceso normal, por cada una de las partidas, se registra el importe de cada una de las propuestas económicas susceptibles de ser evaluadas, así como el nombre o razón social de los licitantes que las ofertaron; se clasifican en orden ascendente, se inicia con la que ofertó el menor precio (mayor descuento contra los precios máximos de referencia) y, al término de la puja, resultará ganador de

Concepto Importe %

Licitación Pública OA-019GYR047-N11-10 536,447.2 4.3 Licitación Pública LPI-00641321-015-09 1,307,346.4 10.6

Adjudicación Directa SA-019GYR047-I1-11 2,429,025.6 19.8

Compras BUO 710.7 0.0

Total 4,273,529.9 34.7


279

la partida el primer licitante calificado que manifieste la aceptación del menor precio propuesto mediante el sistema.

Por los resultados satisfactorios que el instituto ha obtenido al optimizar recursos y conseguir menores precios que los ofertados en el proceso normal de la licitación, al conseguir un ahorro en relación con el total licitado, mediante la modalidad de OSD, se seleccionó para revisar la compra de medicamentos de 3 eventos por 73 claves, en 2 licitaciones (nacional e internacional) y 1 adjudicación directa, esta última con los titulares de las patentes, mediante la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios para Medicamentos y Otros Insumos para la Salud de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, en donde se consiguieron para el IMSS bonificaciones en especie, de 1.0% al 7.0% de tres proveedores. Del total de las adjudicaciones de medicamentos realizadas por el IMSS en 2011, (considerando eventos multianuales) por 12,298,839.9 miles de pesos (100.0%), se encuentran dentro de las de mayor importancia, la licitación pública nacional núm. OA-019GYR047-N11-10, por 536,447.2 miles de pesos (4.3%) y la internacional núm. LPI-00641321-015-09, por 1,307,346.4 miles de pesos (10.6%), como Oferta Subsecuente de Descuentos, donde se adjudicaron 15 y 17 claves, respectivamente, así como la adjudicación directa núm. SA-019GYR047-I1-11 con 41 claves de patentes adjudicadas por 2,429,025.6 miles de pesos (19.8%).

Cabe mencionar que una vez adjudicadas las claves de medicamentos a los proveedores, el proceso continúa con la recepción en las delegaciones, que en caso de incumplir los proveedores en la entrega, éstas aplican las penas convencionales correspondientes, asimismo realizan la distribución oportuna a las unidades médicas y estas últimas a su vez suministran los medicamentos al derechohabiente.

Resultados

De 115,015 piezas bonificadas por los proveedores, no se solicitaron en tiempo y forma 1,324 piezas (1.2%) de medicamentos, sino hasta 230 días después de la conclusión de la vigencia del contrato; además, los proveedores, entregaron la bonificación de 14,469 piezas (12.6%) en forma extemporánea sin que el IMSS notificara el atraso a su Órgano Interno de Control para evaluar la procedencia de la sanción correspondiente; falta de aplicación de sanciones a 11 proveedores por incumplimientos totales en la entrega de 52 órdenes de reposición, por 583.3 miles de pesos de la Delegación Estado de México Oriente; falta de comprobación del suministro con recetas individuales y colectivas de 226 piezas de medicamentos al derechohabiente o al servicio, por 194.1 miles de pesos; y compra emergente de medicamentos mediante el procedimiento bolsa única de oferta (BUO), que generaron pagos de más por 73.5 miles de pesos, al mismo proveedor, que incumplió en su entrega.

Recuperaciones Operadas y Probables

Se determinaron recuperaciones por 1,061.9 miles de pesos, de los cuales 214.7 miles de pesos fueron operados, y 847.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.



Con el propósito de mejorar las operaciones desde la adquisición, recepción, control y suministro de medicamentos, las acciones emitidas por la ASF están enfocadas a establecer lineamientos para que se obtengan en tiempo y forma las bonificaciones en especie establecidas en los contratos; se apliquen las penas convencionales oportunamente; se soporte el suministro de medicamentos al derechohabiente o al servicio, con recetas individuales y colectivas de la salida de medicamentos, que demuestren que estuvieron justificadas con el diagnóstico correspondiente; se realicen compras emergentes en las mejores condiciones, siempre y cuando el proveedor adjudicado no tenga un contrato celebrado; se requisiten las recetas conforme a su normativa y se normen los tiempos de entrega de medicamentos al derechohabiente, en caso de recetas negadas.




280

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de la gestión financiera de la adquisición y abasto de medicamentos mediante adjudicación directa, oferta subsecuente de descuentos y bolsa única de ofertas (BUO), que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a los actos u omisiones de los servidores públicos del IMSS que en su gestión no solicitaron, en tiempo y forma, 1,324 piezas de las bonificaciones en especie de medicamentos establecidas en los contratos, sino hasta 230 días después de la conclusión de la vigencia del contrato, no notificaron al Órgano Interno de Control de incumplimientos de los proveedores de 14,469 piezas por lo consiguiente no se evalúo la procedencia de la sanción correspondiente; a la falta de aplicación de sanciones a 11 proveedores por incumplimientos totales en la entrega, por 583.3 miles de pesos de la Delegación Estado de México Oriente; a la falta de comprobación del suministro de medicamentos al derechohabiente o al servicio, con recetas individuales y colectivas de 226 piezas por 194.1 miles de pesos; a la compra emergente de medicamentos mediante el procedimiento BUO, que generaron pagos de más por 73.5 miles de pesos; a deficiencias en la requisitación de 5,091 recetas y en la integración de 8 expedientes clínicos, y al desfase de entre 10 y 184 días en el surtimiento de recetas por la falta de lineamientos que delimiten tiempos para surtir medicamentos, de las recetas con el estatus de “negadas”.


281


Subrogación de Hemodiálisis y Servicios de Diálisis


DS-086

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a las delegaciones, por Subrogación de Servicios de Diálisis y Hemodiálisis; que en su adjudicación se obtuvo las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que correspondieron a servicios efectivamente devengados, otorgados conforme a las características y condiciones contratadas y que el registro contable y presupuestal se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y la normativa aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA (Miles de pesos)

Delegación Universo Muestra %

Sur 244,997.8 183,748.4 Norte 212,461.6 159,346.2

Edo. de México Oriente 351,582.8 263,687.1 Totales 809,042.2 606,781.7 75.0

Fuente: Estado de ingresos y gastos del IMSS al 31 de diciembre de 2011.

Antecedentes

En 2008 el Instituto Mexicano del Seguro Social efectuó una licitación pública internacional, en la que adjudicó el servicio de hemodiálisis a dos proveedores mediante el contrato plurianual (2009-2011) en 10 delegaciones, incluyendo Sur y Norte del D.F. y Estado de México Oriente, la cual fue cuestionada por deficiencias en el proceso licitatorio y en la prestación del servicio.

Los servicios subrogados por el IMSS para el tratamiento de insuficiencia renal son los siguientes:

La hemodiálisis subrogada, que es el procedimiento terapéutico especializado que se brinda por un tercero en hospitales privados, con el uso de aparatos e instrumentos adecuados.

La diálisis, que es un proceso que extrae las toxinas y el exceso de agua en la sangre, como terapia renal sustitutiva, tras la pérdida de la función renal.

Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA), que es un procedimiento terapéutico que realiza el paciente o su familiar en su domicilio, con una máquina automatizada para diálisis peritoneal.

Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA), que es el procedimiento terapéutico que realiza el paciente o su familiar en forma manual en su domicilio.

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_renal_sustitutiva

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_renal_sustitutiva

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_filtrado_glomerular


282

Resultados

En la adjudicación de los servicios subrogados de hemodiálisis se observó que el proveedor adjudicado subcontrató a un tercero para prestar los servicios en la Delegación Sur del D.F., por 5,301.7 miles de pesos, con conocimiento del IMSS; existieron servicios de hemodiálisis sin constancias de recepción del servicio por 5,192.6 miles de pesos, y variaciones en precio de un mismo proveedor en diferentes delegaciones.






Las acciones generadas al IMSS van dirigidas a mejorar los procesos de adjudicación, administración y cumplimiento de los contratos adjudicados, por lo que la ASF promueve acciones que contribuyan a la implementación de medidas preventivas y correctivas ante los incumplimientos contractuales por parte de los proveedores, a fin de evitar la especulación, falta de transparencia en las adjudicaciones de bienes y servicios, favorecer las mejores prácticas gubernamentales y promover sanciones a los servidores públicos infractores.



La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de la gestión financiera de los recursos asignados a las delegaciones por subrogación de servicios de diálisis y hemodiálisis, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y donde destacan los siguientes: las unidades de hemodiálisis presentaron incumplimientos en la prestación del servicio; irregularidades en las supervisiones médicas realizadas por el personal del IMSS, en el servicio de subrogación de hemodiálisis; un proveedor adjudicado subcontrató a un tercero para prestar los servicios de hemodiálisis en la Delegación Sur del D.F., por 5,301.7 miles de pesos, con conocimiento del IMSS; servicios de hemodiálisis sin constancias de recepción del servicio por 5,192.6 miles de pesos y costos unitarios de DPA y DPCA diferentes de un mismo proveedor en diferentes delegaciones.


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Servicios de Guarderías del Esquema Vecinal Comunitario


DS-087

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a los Servicios de Guardería del Esquema Vecinal Comunitario, verificar que fueron autorizados, comprobados y pagados, que los servicios contratados se recibieron conforme a las condiciones pactadas y comprobar que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




El universo de 5,763,131.7 miles de pesos corresponde al ejercicio del gasto del capítulo 3000 “Servicios Generales” del Programa Presupuestario E007 “Servicios de guardería”.

La muestra de 877,191.4 miles de pesos, se integra por el ejercicio del gasto del capítulo 3000 del Programa Presupuestario E007 de las delegaciones Regional de Baja California y Estatal de Sonora, por 471,001.4 y 406,190.0 miles de pesos, respectivamente.

Antecedentes

El Seguro Social cuenta con cinco ramas para brindar atención y servicios a los trabajadores del régimen obligatorio, dentro de las cuales se incluye el seguro de guardería, que cubre el riesgo de que la mujer trabajadora o el trabajador viudo o divorciado, que conserve la custodia de hijos en la primera infancia (43 días y hasta 4 años de edad), no pueda proporcionarles cuidados durante su jornada de trabajo.

Para financiar el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, los patrones pagan al instituto una cuota del 1% del salario base de cotización del trabajador, de la cual al menos el 80% debe destinarse al ramo de guarderías, independientemente de que tengan o no trabajadores beneficiarios de ese servicio, conforme a lo estipulado en los artículos 211 y 212 de la Ley del Seguro Social.

Para otorgar la prestación de los servicios de guarderías, el instituto establece instalaciones especiales por zonas, convenientemente localizadas, donde opere el régimen obligatorio. El ámbito geográfico y el universo de asegurados del IMSS es muy amplio para poder proporcionar este servicio, desde diciembre de 1988, y a la fecha ha concertado convenios de subrogación de servicios de guardería con asociaciones o sociedades civiles constituidas ex profeso para tal efecto.

Mediante la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales y el Departamento de Guarderías, las delegaciones del IMSS son las responsables de contratar a los prestadores del servicio de guardería, administrar los contratos, así como verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que resulten de ellos.

La contratación de los prestadores del servicio de guardería se realizó por adjudicación directa, en virtud de las opiniones emitidas por la Dirección Jurídica del instituto y la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, actualmente Secretaría de la Función Pública, que señalaron con los oficios núms. 14453 y UNAOPSPF/309/AD/0.-1125/2001 del 19 de septiembre de 2000 y 4 de diciembre de 2001, respectivamente, que la contratación de los servicios de guarderías se incluye en el supuesto de la fracción VIII, actualmente fracción IX, del artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que la prestación de los servicios de guardería debe contratarse mediante los procedimientos previstos por el artículo


284

26 de la citada ley; también puede ser bajo el supuesto de excepción previsto en la fracción III del artículo 41 de dicha ley, siempre que las operaciones se sometan al dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad para los efectos del artículo 22, fracción II, de dicha ley.

Resultados

En la Delegación de Sonora del IMSS, se constató que en 38 contratos, por 225,897.4 miles de pesos, la fianza de cumplimiento no se presentó por el 10.0% del monto anual contratado; en 3 contratos, por 16,614.4 miles de pesos, no se evidenció la documentación que acredite en 2011 la cobertura y contratación del seguro de responsabilidad civil, en 1 contrato, por 2,639.5 miles de pesos, no se presentó el programa de capacitación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hasta 2012; en 52 contratos, por 286,936.9 miles de pesos, se determinaron deficiencias en la presentación de listas de constancias laborales ante la STPS; respecto de la Delegación de Baja California, un contrato por 6,926.1 miles de pesos no acreditó contar con la Licencia de Uso de Suelo, la Licencia de Construcción y la Autorización de Operación, y de 1 contrato, por 2,465.9 miles de pesos, no se presentó el programa para su autorización ante la STPS; además, 154 contratos, por 843,054.6 miles de pesos, no evidenciaron que las directoras cumplieran con el perfil establecido en el momento de su contratación.


Como resultado de la revisión, se constató que la entidad fiscalizada no se ha asegurado de que los prestadores del servicio de guarderías cumplan en tiempo y forma con la totalidad de las condiciones contractuales requeridas, situación que genera incertidumbre y desconfianza a los usuarios, ya que no se tiene la certeza de que ante cualquier eventualidad los prestadores del servicio se encuentren respaldados en las fianzas y seguros requeridos, ni que el personal contratado por los prestadores del servicio cuente con las habilidades y conocimientos requeridos.



Con el propósito de mejorar la gestión financiera de la entidad fiscalizada respecto de los recursos asignados a los Servicios de Guarderías del Esquema Vecinal Comunitario, las acciones que promovió la ASF están enfocadas a fortalecer los mecanismos de control que le permitan asegurar que las fianzas de cumplimiento de los contratos de los prestadores de servicios de guarderías sean por el 10.0% del valor total del contrato; que las guarderías cumplan con la contratación y cobertura de seguros de responsabilidad civil requerida en los contratos; que los prestadores de servicios cuenten con los permisos correspondientes de las autoridades estatales o municipales para su funcionamiento; que presenten para su autorización en tiempo y forma los programas de capacitación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como para hacer constar ante dicha autoridad su respectivo cumplimiento y que realicen la contratación del personal de acuerdo con el perfil de puestos requerido, debidamente soportado.

Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los recursos asignados a los Servicios de Guarderías del esquema vecinal comunitario, ya que fueron autorizados, comprobados y pagados; asimismo, los servicios contratados se recibieron conforme a las condiciones pactadas y su registro contable y presupuestal se realizó conforme a la normativa establecida.


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Fondo para Ayudas Guardería ABC


DS-088

Objetivo

Fiscalizar las actividades del Fideicomiso "Fondo para ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC", para constatar el cumplimiento de su objeto de creación así como la gestión financiera a efecto de verificar que los apoyos se otorgaron, autorizaron, comprobaron, pagaron y registraron contablemente, conforme a las disposiciones legales y la normativa.

Alcance

CUENTAS DE BALANCE

Miles de Pesos




El universo por 253,278.9 miles de pesos, se integró por los conceptos de valores de renta variable y pagos a fideicomisarios, correspondientes al ejercicio 2011, de los estados financieros del fiduciario, como se muestra a continuación:


Concepto

Importe

Valores de Renta Variable 244,269.7

Pagos a Fideicomisarios 9,009.2

Total 253,278.9

FUENTE: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y Base de Datos de pagos a fideicomisarios en el ejercicio 2011, del Fideicomiso.

Para fines de transparencia, el importe por 253,278.9 miles de pesos, el IMSS lo presenta en el renglón de Otros Activos del Balance General Comparativo de diciembre de 2011, en la subsubcuenta 11230308, denominada Fondo ayudas extraordinarias Guardería ABC.

Antecedentes

El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado, que se propagó a las instalaciones de la Guardería ABC, S.C., a raíz del cual fallecieron 49 niños y otros resultaron lesionados, entre ellos maestras de la misma guardería y madres de los menores que asistían a ella. Las mujeres eran trabajadoras aseguradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, por lo tanto, gozaban de la prestación del servicio de guardería, que es un componente de la seguridad social que otorga el IMSS.

Como consecuencia del incidente señalado, los menores que resultaron lesionados viven en condiciones especiales, como la necesidad constante de aire acondicionado a fin de facilitar su rehabilitación y en algunos casos su condición actual les impide asistir a centros escolares ordinarios, por lo que las madres de estos


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menores modificaron o abandonaron sus actividades laborales, a fin de dedicarse al cuidado y rehabilitación de sus hijos, lo que además ha afectado sus ingresos familiares y, por lo tanto, su calidad de vida.

Lo anterior originó que el IMSS constituyera un fideicomiso público irrevocable para la administración e inversión, celebrado entre el IMSS y Banamex, fungiendo el IMSS como fideicomitente; Banamex como fiduciario; y como fideicomisarios las madres de los menores fallecidos y de los lesionados, así como los adultos lesionados para administrar los recursos aportados por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con los cuales se les otorgan diversas ayudas a las madres afectadas.

Resultados

Las inversiones en valores reportadas al 31 de diciembre de 2011 se encuentran debidamente registradas, invertidas en papel gubernamental; durante 2011 se hicieron pagos por 9,009.2 miles de pesos correspondientes a diversas ayudas a que son sujetas las fideicomisarias, de las que se determinó que la ayuda de seguro de salud para la familia no contó con la totalidad de la documentación que evidencie el derecho a la ayuda; en cuanto a la ayuda de pago de consumo de energía eléctrica, se presentaron dos casos a quienes se les pagó 2.8 miles de pesos por conceptos distintos a los establecidos, los cuales fueron recuperados por el IMSS durante el desarrollo de la auditoría, y respecto a la determinación del importe de las ayudas por solidaridad a las madres de menores fallecidos, menores lesionados o maestras o adultos lesionados, la entidad fiscalizada no demostró la base ni el sustento de cómo se determinaron dichas ayudas para las fideicomisarias.





Las acciones están encaminadas a promover la observancia del marco normativo que regula las operaciones de la entidad fiscalizada, principalmente en el establecimiento de mecanismos de control relativos a las actividades del fideicomiso conforme a lo establecido en sus reglas de operación, contrato de fideicomiso, así como a que en un futuro se cuenten con estudios de investigación para cubrir los compromisos de los fideicomisos.

Dictamen: limpio

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con el objeto de creación del Fideicomiso "Fondo para ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC" y las disposiciones normativas aplicables.


287


Finiquito del Contrato Multianual de Administración y Soporte de Aplicaciones de Cómputo y Continuidad de los Servicios


DS-089

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los gastos erogados por la continuidad de los proyectos de Administración y Soporte de Aplicaciones de Cómputo (SASA) pendientes de implementar y de los nuevos proyectos contratados hasta el finiquito; constatar su funcionalidad, el cumplimiento del objetivo previsto y la adquisición de equipo de cómputo; que los resultados estuvieron debidamente documentados; verificar si el citado finiquito por la terminación del contrato SASA, estuvo debidamente calculado, correspondió a servicios devengados, y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




El universo seleccionado por 2,084,393.9 miles de pesos se integra por el total reportado en las subsubcuentas de gasto 42062410 “Asesorías e Implementación de Consultoría en Información”, por 1,092,704.3 miles de pesos; 42061506 “Servicios Integrales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, por 219,980.5 miles de pesos; 42062516 “Equipo de Cómputo”, por 177,469.8 miles de pesos, y la subcuenta de balance 13230101 “Mobiliario, Equipo de Oficina y de Cómputo de 2011”, por 594,239.3 miles de pesos. La muestra corresponde al 59.2% del universo, por 1,234,425.4 miles de pesos, que se integran como sigue:


288

INTEGRACIÓN DE CONTRATOS REVISADOS (Miles de pesos)

Contrato Proveedor Universo Muestra Proyectos Soporte,

mantenimiento y adquisición de equipo

Subsubcuenta de gasto 42062410 Asesorías e Implementación de Consultoría en Información. Finiquito al Servicio de Administración de Soporte a las Aplicaciones (SASA)

1 8S8056 Tata Consultancy Services de México, S.A. de C.V.

223,474.8 132,776.2 90,698.6

Continuidad de los servicios y proyectos. 2 P150132 Novutek, S.C. (Pertenece al Instituto

Tecnológico De Sonora) 74,076.3 27,896.5 46,179.8

3 P150111 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

169,924.9 106,303.5 63,621.4

4 P150129 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

83,655.0 361.2 83,293.8

5 P150124 Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) 82,669.5 9,579.4 73,090.1

6 P150950 Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) 23,074.2 8,224.1 14,850.1

7 P150581 Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) 34,866.0 34,866.0 -

8 P151119 Neodata Valle de México, S.A. de C.V. 974.4 974.4 -

Total de continuidad de los servicios y proyectos. 469,240.3 188,205.1 281,035.2 Subtotal 1,092,704.3 692,715.1 320,981.3 371,733.8 Subsubcuenta de gasto 42061506 Servicios Integrales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Instalación de equipo de cómputo en el ámbito nacional. 9 P150121 Universidad Autónoma de Nuevo León

(UANL) 5,378.8 5,378.8

10 P150131 Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) 5,265.0 5,265.0

11 P150133 Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 3,366.9 3,366.9

Total de instalación de equipo. 14,010.7 14,010.7 Servicios de administración y prevención de riesgos. 12 P151047 Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e

Instalaciones, S.A. de C.V. 47,003.2 47,003.2

Total de administración y prevención de riesgos. Subtotal 219,980.5 61,013.9 61,013.9 Subsubcuenta de gasto 42062516 Equipo de Cómputo. Servicios de mantenimiento 13 C150714 Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, S.A. de

C.V. 91,405.9 91,405.9

Subtotal 177,469.8 91,405.9 91,405.9 Subcuenta de balance 13230101 Mobiliario, Equipo de Oficina y de Cómputo 2011. Adquisición de TIC (equipo de cómputo y periféricos).

14 11BI226 Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V.

132,373.2 132,373.2

15 11BI227 Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, S.A. de C.V.

46,694.1 46,694.1

16 11BI228 Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V.

147,049.7 147,049.7

Total Equipo de Cómputo 326,117.0 326,117.0 17 11BI230 Expertos en Cómputo y Comunicaciones, S.A.

de C.V. 16,067.9 16,067.9

18 11BI231 Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, S.A. de C.V.

13,083.8 13,083.8

19 11BI232 Ofi Store, S.A. de C.V. 17,300.8 17,300.8

20 11BI233 Ofiequipos PC, S.A. de C.V. 16,721.0 16,721.0

Total de Periféricos 63,173.5 63,173.5 Subtotal 594,239.3 389,290.5 389,290.5 Total General 2,084,393.9 1,234,425.4 473,401.1 761,024.3

FUENTE: Cédula Analítica: Integración de contratos revisados, contratos e integraciones del ejercicio de los contratos.

Antecedentes

La auditoría se eligió debido al interés camaral que han tenido los resultados obtenidos en las revisiones de los trabajos contratados con el prestador de servicios Tata Consultancy Services de México, S.A. de C.V., a las observaciones de la Cuenta Pública de 2010, entre las que destacaron: la falta de continuidad en proyectos de diagnóstico, pagos improcedentes y proyectos cancelados que representaron erogaciones sin utilidad, así como


289

por el proceso de finiquito del contrato multianual con el prestador de servicios referido, que ascendió a 223,474.8 miles de pesos; y las nuevas contrataciones para dar continuidad a los servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicativos con instituciones educativas.

Además, la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) en su Informe de Labores dio a conocer el desarrollo e implementación de tres proyectos estratégicos en el ámbito nacional:

• El nuevo expediente clínico electrónico NECE (diciembre de 2011).

• DELTA - Incorporación de funcionalidad para el registro y seguimiento de cuotas obrero patronales.

• Actualización People Soft (administración presupuestal y financiera, entre otros).

Por otra parte, la dirección destacó la adquisición de 74,691 equipos de cómputo, que dieron prioridad en su distribución a proyectos del área médica.

Respecto de la adquisición de equipo de cómputo, periféricos y prestación de servicios, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados solicitó a la ASF, mediante el oficio núm. CP2R3A.-1858 del 25 de julio de 2012, una investigación de situación excepcional en relación con la asignación presuntamente irregular de contratos a diversas empresas interrelacionadas que participaban con socios en común en los procedimientos licitatorios.

Resultados

Se considera que existe una probable coalición en favor de una o varias personas morales en particular, en perjuicio del público en general, de parte de los proveedores de equipo de cómputo, periféricos y prestadores de servicios Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V.; Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, S.A. de C.V.; Ofi Store, S.A. de C.V., y Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A de C.V., en virtud de la relación que guardan sus representantes legales con los accionistas; de los equipos de cómputo adquiridos se determinó la falta de aplicación de penas convencionales por 6,456.9 miles de pesos, debido a que se constató que los coordinadores delegacionales de informática de los almacenes de Puebla, Nuevo León, Jalisco, Nivel Central, D.F. Norte y D.F. Sur proporcionaron información respecto de la fecha real de la entrada de 7,030 equipos de cómputo, con la que aparentaron su entrada con fecha anterior a su salida de la aduana o de entrega por el importador; y se detectaron omisiones en la declaración de aportaciones de seguridad social de dos empresas y en las visitas domiciliarias realizadas no proporcionaron información del detalle de pago de sus contribuciones fiscales.

De 6 proyectos, por 182,587.9 miles de pesos, está pendiente el cumplimiento total de las etapas del ciclo de desarrollo de sistemas (configuración, implementación y post-implementación). El proyecto Quijote, con pagos por 39,131.2 miles de pesos (23,320.9 en 2009, 12,357.2 en 2010 y 3,453.1 en 2011), no se ha materializado en beneficio del área usuaria.

Por errores e inconsistencias presentadas por el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Autónoma de Nuevo León en las órdenes de servicio y en las actas de entrega de las instalaciones de equipo, está pendiente que se reciba el pago por 4,902.3 y 1,262.1 miles de pesos, de parte del IMSS.




Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Pliego(s) de Observaciones, 3 Denuncia(s) de Hechos y 4 Multa(s).

Con el propósito de mejorar las operaciones desde la dirección, control y administración de proyectos, procesos de adquisición de equipo de cómputo y prestación de servicios de mantenimiento, las acciones emitidas por la ASF están enfocadas a fortalecer lineamientos para que los trabajos pagados correspondan con los devengados y no existan pagos en exceso; se les dé continuidad a los proyectos que se encuentren en fases de desarrollo, pruebas del usuario, de tecnología y despliegue, con el fin de cumplir con sus objetivos en beneficio y utilidad de los procesos del Instituto; se determinen y fijen periodos de pruebas, instalación y despliegue, a fin de brindar beneficios y optimizar la operación; se implementen procedimientos de revisión interna que permitan identificar la relación entre proveedores que participan en los procesos licitatorios, para fomentar una libre competencia


290

entre los oferentes, que impida una coalición entre los proveedores y evite que se aparente la entrega de bienes a los almacenes del IMSS y permita que se informe las fechas reales de recepción; que el SAT considere la factibilidad de revisar a los contribuyentes que no evidenciaron el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como que el IMSS audite a los patrones que no evidenciaron el pago correcto de las aportaciones de seguridad social.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los proyectos de Administración y Soporte de Aplicaciones de Cómputo por desarrollar, ni con la adquisición de equipo de cómputo, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes:

• Se considera que existe una probable coalición en favor de una o varias personas morales en particular, y con perjuicio del público en general, con los proveedores Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V.; Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, S.A. de C.V.; Ofi Store, S.A. de C.V., y Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V., en virtud de la relación que guardan sus representantes legales con los accionistas.

• De los equipos de cómputo adquiridos se determinó la falta de aplicación de penas convencionales por 6,456.9 miles de pesos, debido a que se constató que los coordinadores delegacionales de informática de los almacenes de Puebla, Nuevo León, Jalisco, Nivel Central, D.F. Norte y D.F. Sur proporcionaron información respecto de la fecha real de la entrada de 7,030 equipos de cómputo, con lo que aparentaron su entrada con fecha anterior a su salida de la aduana o de la entrega por el importador.

• Se detectaron omisiones en la declaración de aportaciones de seguridad social de dos empresas y en las visitas domiciliarias realizadas no se proporcionó información del detalle de pago de sus contribuciones fiscales.

• De 6 proyectos, por 182,587.9 miles de pesos, está pendiente el cumplimiento de las etapas correspondientes al ciclo de vida del desarrollo de sistemas (desarrollo, configuración / implementación y post-implementación).

• El proyecto Quijote, con pagos por 39,131.2 miles de pesos (23,320.9 en 2009, 12,357.2 en 2010 y 3,453.1 en 2011), no se ha materializado en beneficio del área usuaria.


291


Gestión Operativa de la Coordinación de Fiscalización


DS-090

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de la Coordinación de Fiscalización a patrones, para constatar que su control, seguimiento, determinación, recuperación y registro contable de créditos fiscales, fueron conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables.

Alcance

CUENTAS DE BALANCE

Miles de Pesos




El universo de 4,621,100.5 miles de pesos, se integra por las cuentas por cobrar reportadas en las delegaciones Sur del Distrito Federal y Regional Estado de México Oriente, registradas en el Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2011, del cual se revisó una muestra de 760,415.3 miles de pesos, conforme a lo siguiente:

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA

(Miles de pesos) Delegación Subdelegación Importe %

40 "Sur del Distrito Federal”

Del Valle 362,287.0 47.6

Piedad Narvarte 224,960.9 29.6

Subtotal 587,247.9 77.2

15 "Estado de México Oriente"

Tlalnepantla 173,167.4 22.8

Subtotal 173,167.4

22.8

Total 760,415.3 100.0

Fuente: Cartera proporcionada por la Coordinación de Cobranza, correspondiente a las delegaciones Sur del D.F y Regional Estado de México Oriente.

Antecedentes

Conforme a la Ley del Seguro Social (Ley), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recauda, administra y, en su caso, determina las cuotas de los seguros establecidos en la ley.

En las revisiones de las cuentas públicas 2006 y 2007 a las cuotas obrero patronales e ingresos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó irregularidades económicas por deficiencias en la observancia del control interno, que dieron lugar a la promoción de acciones sancionatorias y resarcitorias.


292

Al cierre de 2011, el saldo de las cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales ascendió a 32,488,880.1 miles de pesos, con un incremento de 1,612,059.6 miles de pesos (5.2%) en relación con 2010 (30,876,820.5 miles de pesos), de lo que destacan las delegaciones Sur del Distrito Federal y Estado de México Oriente, que registraron un saldo de 3,478,561.3 (11.3%) y 1,142,539.2 (3.7%) miles de pesos, respectivamente; y obtuvieron el 1° y 6° lugares de representatividad nacional.

Resultados

La entidad fiscalizada no justificó ni comprobó la disminución en la recaudación de 36 créditos fiscales por 3,088.6 miles de pesos en 3 registros patronales; en 14 expedientes de patrones, no se encontraron integrados los acuerdos del Comité de Seguimiento y Evaluación de Resultados, que describan sus recomendaciones, respecto de la emisión de resoluciones, aclaraciones administrativas interpuestas por el patrón y las acciones o procedimientos adicionales por desahogar; no se subsanaron oportunamente las omisiones que dieron lugar a las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 26 créditos fiscales por 2,025.0 miles de pesos; ausencia de cédulas de liquidación que soporten la totalidad de los créditos en mora y finalmente los manuales de organización, de procedimientos y circulares en la práctica no cumplen con los objetivos de proporcionar confiabilidad, veracidad y oportunidad.





A efecto de mejorar la gestión de la entidad fiscalizada en los aspectos financiero, administrativo y de operación de los actos de fiscalización a patrones para la determinación, seguimiento y recuperación de cuotas obrero patronales, las acciones que promovió la ASF están enfocadas a fortalecer e implementar las políticas y procedimientos que contribuyan a evitar discrepancias entre el inventario documental y el sistema de cobranza; evitar el desfase del inicio de los actos de fiscalización; contar con toda la documentación de prueba para determinar la procedencia de las aclaraciones administrativas de créditos fiscales; asegurar el seguimiento de las revisiones de los actos de fiscalización a patrones; asimismo, integrar correctamente los expedientes que documentan la desaparición o inexistencia del patrón y, en caso de acreditar su falta de localización, presentarse a las autoridades para la cancelación del adeudo; finalmente, para que afecten oportunamente los sistemas y control de la cartera en la reposición de créditos fiscales.

Dictamen: negativo


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera, administrativa y operativa de la Coordinación de Fiscalización a patrones, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: el control interno en la práctica no cumple con los objetivos de proporcionar confiabilidad, veracidad y oportunidad, respecto de la incorporación, recaudación y fiscalización de los créditos fiscales; falta de justificación y comprobación de 36 disminuciones de créditos fiscales realizados a 3 patrones por 3,088.6 miles de pesos, así como la falta de integración de los acuerdos del Comité de Seguimiento y Evaluación de Resultados en los expedientes de revisión de los actos de fiscalización; no se subsanaron oportunamente las omisiones de fundar y motivar la competencia territorial de los créditos, para efectuar su reposición dentro del plazo legal; falta de aplicación de la normativa establecida por el instituto; ausencia de cédulas de liquidación que soporten la totalidad de los créditos en mora; desfase en la emisión de órdenes de visita domiciliaria para iniciar los actos de fiscalización directa a patrones; deficiencias en la integración de expedientes de patrones no localizados, al detectarse faltantes de documentos y omisiones de requisitado; reposición de 26 créditos por sentencias de nulidad, fuera de los cuatro meses que establece la ley, y falta de integración de expedientes para cancelar créditos fiscales en los registros contables del instituto.


293


Construcción de Hospital General Regional, Nuevo de 236 Camas en Metepec, en el Estado de México

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-00GYR-04-0456

DS-091

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




Del contrato de obra pública vigente en el ejercicio de 2011, se revisó una muestra de 454,347.5 miles de pesos, que representa el 83.9 % respecto del total de actividades que comprendió la ejecución de la obra en el ejercicio 2011, por un monto de 541,234.7 miles de pesos, por ser representativa del monto ejercido y por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación:

ACTIVADES REVISADAS (Miles de pesos y porcentajes)

Número

de contrato

Actividades

Ejecutadas Revisadas

Importe de actividades


Alcance de

la revisión

(%)

OBRA

1-081601MA-4-43096 89 28 534,735.9 447,848.7 83.8

SUPERVISIÓN

1-081601MA-5-43230 7 7 6,498.8 6,498.8 100.0

Total 96 35 541,234.7 454,347.5 83.9

FUENTE: Expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada.

Antecedentes

El contrato de obra pública a precio alzado número 1-081601MA-4-43096, se formalizó el 27 de noviembre de 2009 mediante la licitación pública internacional a la empresa Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V., en participación conjunta y solidaria con Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V., tuvo por objeto la ejecución del “Proyecto integral” para el Diseño, Construcción, Equipamiento de Instalación Permanente, Pruebas y Puesta en Operación de los equipos e instalaciones, con un monto de 534,735.9 miles de pesos, más 16.0% del Impuesto al


294

Valor Agregado (IVA); con un plazo de ejecución de 660 días naturales, comprendidos del 1 de diciembre de 2009 al 21 de septiembre de 2011.

El 22 de diciembre de 2009, se elaboró acta circunstanciada de suspensión temporal parcial de los trabajos por la entrega extemporánea del resolutivo de manifestación de impacto ambiental, por un periodo de 130 días naturales del 21 de diciembre de 2009 al 29 de abril de 2010, y con fecha de reanudación de los trabajos el 30 de abril de 2010 y terminación el 29 de enero de 2012. Al 31 de diciembre de 2011 se tenía un monto ejercido de 495,758.1 miles de pesos, actualmente la obra se encuentra concluida y en operación.

El contrato de servicios de supervisión a precios unitarios núm. 1-081601MA-5-43230, se formalizó el 31 de mayo de 2010, mediante licitación pública internacional a la contratista Aconsa y Asociados Consultores, S. de R.L., en participación conjunta con Consultores Asociados en Edificación, S.C., tuvo por objeto realizar la supervisión y control del proyecto integral por un monto de 6,498.8 miles de pesos sin IVA (16%), con periodo de ejecución de 580 días naturales, comprendidos del 1 de junio de 2010 al 1 de enero de 2012.

Posteriormente, el 27 de enero de 2012, se formalizó el convenio modificatorio núm. 1-081601MA-5-43230-C1-11 para ampliar el monto en 788.5 miles de pesos, que sumados al monto contractual da un importe de 7,287.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 12.1% y al plazo de ejecución en 90 días naturales, que representan un incremento del 15.5% que sumados al periodo contractual da un total de 670 días naturales, comprendidos del 1 de junio de 2010 al 31 de marzo de 2012. Al 31 de diciembre de 2011 se ejerció un monto de 6,498.8 miles de pesos.

Resultados

Se operó un importe de 98.0 miles de pesos correspondiente a una sanción por incumplimiento del programa de obra autorizado.





No se llevó a cabo la instalación de los equipos propios del inmueble en el plazo establecido en el programa de trabajo.

Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables.


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Construcción del Hospital General Regional, Nuevo de 216 Camas en la Ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas


DS-092

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




De lo reportado a mayo de 2012 en los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado y de supervisión, con un importe ejercido de 264,615.3 miles de pesos, de los cuales corresponden 254,103.4 miles de pesos para el contrato de obra y 10,511.9 miles de pesos para el contrato de supervisión externa, se revisó el importe ejercido al 31 de diciembre de 2011, esto es, 120,520.9 miles de pesos del contrato de obra y 8,053.6 miles de pesos del contrato de supervisión, que suman un importe de 128,574.5 miles de pesos, que representó el 48.6%, por ser de las más representativas respecto a su monto ejercido y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. Los contratos revisados se señalan en el cuadro siguiente:


Número

de contrato

Actividades




Alcance de

la revisión

(%)

1-092901MA-4-43248

2-092901MA-5-43246

36

22

27

22

254,103.4

10,511.9

120,520.9

8,053.6

47.4

77.0%

Total 58 49 264,615.3 128,574.5 48.6%


Antecedentes

El contrato de obra pública núm. 1-092901MA-4-43248 se formalizó el 22 de septiembre de 2010 mediante una licitación pública internacional a la Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V., tuvo por objeto efectuar el proyecto integral para la Construcción del Hospital General Regional, nuevo de 216 Camas en la Ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, con un monto contratado de 547,827.9 miles de pesos, más 87,652.5 miles de pesos del 16.0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que suman un total de 635,480.4 miles de pesos y un plazo de ejecución de los trabajos de 660 días naturales, comprendidos del 11 de octubre de 2010 al 31 de julio de 2012. No se otorgó anticipo en este contrato. Al 31 de diciembre de 2011, se había ejercido un monto de 254,103.4 miles de pesos; la obra a mayo de 2012, se encuentra en ejecución y reporta un importe ejercido de 264,615.3 miles de pesos.


296

El contrato de servicios relacionados con la obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado de supervisión núm. 2-092901MA-5-43246, se formalizó el 14 de diciembre de 2011, mediante el procedimiento de adjudicación directa a la Universidad Autónoma de Nuevo León, tuvo como objeto la Supervisión y control del diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento de instalaciones del proyecto integral para la construcción del Hospital General de Zona, 216 camas, con un importe contratado de 13,500.0 miles de pesos, más 2,160.0 miles de pesos del 16.0% del Impuesto al Valor Agregado y un periodo de ejecución de 690 días comprendidos del 15 de diciembre de 2010 al 3 de noviembre de 2012. En este contrato no se otorgó anticipo. Al 31 de diciembre de 2011 se había ejercido un importe de 8,053.6 miles de pesos; los trabajos de supervisión de la obra a mayo de 2012 se encuentra en ejecución, con un importe ejercido de 10,511.9 miles de pesos.

Resultados

En el aspecto normativo, el contrato de obra y de servicios se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; sin embargo, en algunos castillos de los muros divisorios se presentó mala calidad, los cuales fueron reparados, por lo que la observación fue atendida, actualmente la obra se encuentra en proceso.



Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables, al verificarse que se dio cumplimiento a la contratación y ejecución de los trabajos contraídos por el contratista y supervisión de obra, y que se aplicaron las deducciones contractuales conforme a la normativa y se verificó el control de la calidad de los materiales.


297


Construcción de Hospital Regional, Nuevo de 250 Camas en Charo Tres Marías, en el Estado de Michoacán


DS-093

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




De los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, vigentes en el ejercicio de 2011 se seleccionaron uno de obra pública, y dos de servicios relacionados con las mismas, de los cuales se revisó el 100.0% de los 157 conceptos por un monto de 255,589.0 miles de pesos y por ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación:

CONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentajes)

Número Conceptos Importes Alcance de

la revisión

(%) de contrato Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados

PROYECTO Y OBRA

2-10170001-4-43249 119 119 233,786.3 233,786.3 100.0

GERENCIA DE PROYECTO

2-10170010-5-43250 23 23 9,875.2 9,875.2 100.0

SUPERVISIÓN

2-10170010-5-43251 15 15 11,927.5 11,927.5 100.0

Total 157 157 255,589.0 255,589.0 100.0

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.

Antecedentes

El contrato de obra pública a precios unitarios número 2-10170001-4-43249 se formalizó el 18 de octubre de 2010, fue adjudicado en forma directa a la contratista Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., tuvo por objeto la ejecución del proyecto integral para la Construcción del Hospital General Regional 250 camas, sustentable, ubicado en la Ciudad Tres Marías, en el municipio de Charo, Michoacán, por un monto de 619,354.3 miles de pesos y un periodo de ejecución de 480 días naturales, comprendidos del 21 de octubre de 2010 al 12 de febrero de 2012.


298

Al 31 de diciembre de 2011 se habían ejercido en la obra 406,851.7 miles de pesos, de los cuales 233,786.3 miles de pesos fueron en 2011.

El contrato de gerencia de proyecto a precios unitarios número 2-10170010-5-43250 se formalizó el 8 de octubre de 2010, fue adjudicado en forma directa a la contratista Inmobiliaria y Constructora Galva, S.A. de C.V., tuvo por objeto la ejecución de los trabajos de Gerencia de Proyecto para coordinar y supervisar los trabajos de planeación y coordinación del proyecto integral para la construcción del Hospital General Regional 250 camas, por un monto de 24,500.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 582 días naturales, comprendidos del 11 de octubre de 2010 al 14 de mayo de 2012.

Al 31 de diciembre de 2011 se habían ejercido 13,495.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 9,875.2 miles de pesos en 2011.

El contrato de supervisión externa a precios unitarios núm. 2-10170010-5-43251 se formalizó el 20 de octubre del 2010, fue adjudicado directamente a la contratista Consultores de la Obra Pública, S.C., el cual tuvo por objeto la ejecución de los servicios de supervisión y control de la Construcción del Hospital General Regional 250 camas por un monto de 13,717.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 511 días naturales, comprendidos del 21 de octubre de 2010 al 14 de marzo de 2012.

Al 31 de diciembre de 2011, se habían ejercido en la supervisión externa 13,477.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 11,927.5 miles de pesos en 2011.

Resultados

Se operó un importe de 2,768.8 miles de pesos, integrados por 1,759.1 miles de pesos, debido a que la contratista no realizó el porcentaje comprometido de pruebas de laboratorio y de 1,009.7 miles de pesos porque no se aplicó la pintura esmalte intumescente con acabado semi-mate en la estructura metálica.





Dictamen: limpio


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables.


299


Construcción de Hospital General de Zona, Nuevo de 144 Camas en la Ciudad de Hermosillo, en el Estado de Sonora


DS-094

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance

EGRESOS

Miles de Pesos




De los contratos de obra pública a precio alzado y de supervisión vigentes en el ejercicio de 2011, se ejerció un importe en el primero de 230,967.3 miles de pesos y 4,411.6 miles de pesos en el segundo, sumando un total de 235,378.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 233,582.0 miles de pesos, que representan el 99.2% de lo ejercido en 2011, por ser una muestra representativa y por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en documentos y planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación:


Número

de contrato

Actividades




Alcance de

la revisión

(%)

1-092701MA-4-43331

1-092701MA-5-43334

33

16

30

16

230,967.3

4,411.6

229,170.4

4,411.6

99.2

100.0

Total 49 46 235,378.9 233,582.0 99.2


Antecedentes

El contrato de obra pública número 1-092701MA-4-43331, se formalizó el 23 de febrero de 2011 y se adjudicó mediante la licitación pública internacional a la Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V., en sociedad con las empresas Desarrollo Canoras, S.A. de C.V., y Fypasa Construcciones, S.A. de C.V.; tuvo por objeto la ejecución del proyecto integral para la construcción del Hospital General de Zona 180 Camas con Unidad de Quemados Sustentable, ubicado entre la Avenida Alberto Gutiérrez, Calle de la República de Cuba y la Avenida Tecnológico, en la Colonia Mirasoles de la Ciudad de Hermosillo, en el Estado de Sonora, por un monto de 568,527.5 miles de pesos, más el


300

16.0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un plazo de ejecución de 630 días naturales, del 1 de marzo de 2011 al 19 de noviembre de 2012. En este contrato no se otorgó anticipo.

Al 31 de diciembre de 2011, fecha en que se registró el pago de la estimación núm. 20, se ejerció un importe de 230,967.3 miles de pesos. En abril de 2012 la obra se encontraba en ejecución, con un importe ejercido de 403,705.6 miles de pesos más IVA.

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 1-092701MA-5-43334 se formalizó el 28 de marzo de 2011 y se adjudicó mediante licitación pública internacional a la proposición conjunta de las empresas Desarrollo, Tecnología y Planeación, S.A. de C.V., y la Promotora y Consultora de Ingeniería, S.A. de C.V.; tuvo por objeto la supervisión y control de la ejecución del Proyecto Integral para la construcción del Hospital General de Zona 180 Camas con Unidad de Quemados Sustentable, por un monto de 8,434.4 miles de pesos, con un plazo de ejecución de 667 días naturales, comprendidos del 1 de abril de 2011 al 26 de enero de 2013. En este contrato no se otorgó anticipo.

Al 31 de diciembre de 2011, fecha en que se registró el pago de la estimación núm. 12 se había ejercido un importe de 4,411.6miles de pesos.

Resultados

Se operó un monto de 575.2 miles de pesos, integrado por 559.1 miles de pesos, por obra pagada no ejecutada en el concepto de muros de tabique, más 16.1 miles de pesos por concepto de gastos financieros.





Dictamen: limpio

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro social cumplió con las disposiciones normativas aplicables.


301

Instituto Nacional de las Mujeres

Acciones para Promover Una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres

Auditoría de Desempeño: 11-1-00HHG-07-0039

DS-095

Objetivo

Fiscalizar las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizan los aspectos de eficiencia y eficacia.

Para el análisis de la eficiencia, se verificó el cumplimiento de las normas de control interno y la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios P010 “Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género”, S010 “Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género” y S229 “Fortalecimiento a las políticas municipales de igualdad y equidad entre hombres y mujeres” y los indicadores vinculados con las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; se revisaron las actividades que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) realizó en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como los acuerdos suscritos en esa materia, vigentes en 2011, y los modelos de atención de mujeres consignados en el Centro de Documentación del INMUJERES y los que fueron evaluados; se constataron las acciones para implementar el sistema de monitoreo del comportamiento violento contra las mujeres y las campañas de promoción de la cultura de la no violencia contra las mujeres del periodo 2007-2011; se verificó la definición del Modelo de Atención en refugios para mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos y la atención de las solicitudes de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género.

Para la eficacia, se analizó el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 (PROIGUALDAD 2009-2012) en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, así como los registros de las mujeres víctimas de violencia atendidas mediante el Módulo de Gestión Social con acciones de orientación, asesoría y canalización a refugios para la atención de mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos.

Antecedentes

En 1981, como resultado de la adhesión y ratificación por parte de México a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 138/ se elaboró el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, que tuvo por objeto promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres; y en 1995 México firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, que fue ratificada por el Senado en 1998, en la que “los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”.

En atención a los compromisos internacionales asumidos por el gobierno mexicano, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se reconoció que la violencia contra las mujeres transgrede sus derechos y obstaculiza el ejercicio pleno de su ciudadanía, por lo que se planteó como estrategia reformar el Código Penal Federal para que se tipificaran y penalizaran con rigor ese tipo de delitos, y se puso en práctica el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, como el instrumento programático que definió las líneas y las directrices para ampliar y profundizar la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo.

138/ El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas firmó la Convención sobre la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres.


302

En congruencia con las políticas nacionales, los compromisos internacionales y a las demandas de la sociedad civil, en 1998 se instituyó la Comisión Nacional de la Mujer, integrada por un Consejo Intersecretarial y la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer, esta última como el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) responsable de la consecución de los asuntos de la mujer, la cual por su alcance limitado a partir del 12 de enero de 2001, se remplazó por el INMUJERES, instancia responsable de las políticas para el adelanto de las mujeres mexicanas, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, que conforme al artículo 6° de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres tiene, entre otros objetivos: “la promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia. La representación del Gobierno Federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales”.

En 2003, el INEGI aplicó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la cual reveló que en México, por cada 100 mujeres de 15 años y más, 38 sufrían de violencia emocional; 29 violencia económica; 9 violencia física, y 8 violencia sexual, por lo que el 18 de noviembre de 2004 los legisladores presentaron la iniciativa de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, que tiene por objeto “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, con la publicación de esta ley se conformó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 139/

El 5 de junio de 2007, se publicaron los resultados de la ENDIREH 2006, los cuales reportaron que el 67.0% de las mujeres mexicanas de 15 años y más declaró al menos una situación de violencia, ya sea en el ámbito comunitario, escolar o laboral, o en el espacio familiar y de pareja.

Para atender esta problemática, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, en el Programa Sectorial de Gobernación 2008-2012 y en el PROIGUALDAD 2009-2012, se propuso como prioridad la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Resultados

En materia de prevención de la violencia contra las mujeres, al 2011, las acciones fueron limitadas, ya que no se logró establecer y operar el sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, debido a que el INMUJERES no se coordinó con la Secretaría de Seguridad Pública ni los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas para sistematizar las áreas geográficas y los ámbitos de la sociedad con comportamiento violento contra las mujeres.

Por lo que se refiere a las acciones para atender a las mujeres víctimas de violencia, en diciembre de 2011, el INMUJERES, en coordinación con los integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, concluyó la elaboración del “Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia sus Hijas e Hijos”, el cual se difundió a partir de 2012 para su aplicación, lo cual reveló que los refugios para mujeres en situación de violencia que operaron a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 y hasta 2011 no lo hicieron bajo un mismo modelo.

Asimismo, durante 2011 y al momento de la revisión, el INMUJERES careció de un registro de los modelos empleados por la Federación, las entidades federativas y los municipios que permitiera disponer de información oportuna y suficiente respecto de su elaboración, instrumentación, evaluación y mejora. Durante la auditoría, el IMUJERES presentó el listado de 95 modelos de atención contenidos en su Centro de Documentación (CEDOC): 8 de la Federación, 82 de 26 entidades federativas, 4 aplicados por municipios y 1 perteneciente a una

139/ Conformado por el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien presidirá el sistema, la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSA), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Procuraduría General de la Republica (PGR), el DIF-Nacional, los Mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas y, como Secretaría Ejecutiva, el INMUJERES.


303

organización de la sociedad civil, de los que el instituto evaluó el 34.7% (33) correspondiente a los ejercicios de 2007 a 2009, y no evaluó ninguno de los 45 modelos de 2010 y 2011.

Mediante el Módulo de Gestión Social, de 2007 a 2011 el INMUJERES recibió 11,271 solicitudes de atención, que en promedio anual crecieron 27.6%, al pasar de 1,572 solicitudes en 2007 a 4,163 en 2011, y fueron atendidas por los servicios de asesoría (10,699) y canalización (572); sin embargo, el INMUJERES no contó con lineamientos y procedimientos para otorgar este tipo de servicios.

Con base en las estadísticas de la ENDIREH 2006, la ASF estimó que por cada 100,000 mujeres que reportaron haber sido víctimas de violencia en 2006, de 2007 a 2011, 41 acudieron al INMUJERES para solicitar atención.

Para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, se constató que de 2007 a 2011, en los 41 refugios para mujeres que fueron apoyados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud se atendieron 6,547 mujeres que, con base en estimaciones de la ASF, ello significó que por cada 100,000 mujeres que en 2006 manifestaron ser víctimas de violencia familiar, 115 fueron atendidas en refugios, 23 mujeres en promedio al año, y por cada 100,000 mujeres que en 2006 manifestaron ser víctimas de violencia de pareja, 46 ingresaron a los refugios, 9 mujeres en promedio al año; aunque la labor del INMUJERES en esta materia resultó insuficiente, ya que no definió acciones ni estrategias para impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia, ni mecanismos y procedimientos para promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas fuera proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna.

Además, a 2011, el avance en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el PROIGUALDAD 2009-2012 mostró que el indicador “Incidencia delictiva contra las mujeres” del objetivo estratégico 3 “Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil” registró un índice de 8.6%, inferior en 4.4% a la meta de 9.0% prevista para 2012, lo que significó un resultado satisfactorio al lograr una reducción del 14.9% respecto de la línea base de 10.1% registrada en 2004. Respecto de los indicadores del objetivo estratégico 4 “Garantizar el acceso de las mujeres una vida libre de violencia”, se verificó que el indicador “Porcentaje de mujeres víctimas de violencia sexual y/o física por parte de su pareja” cuya meta a 2012 fue reducir a 5.0% dicho porcentaje respecto del registrado en el año base (2006) de 13.3%, se situó en 5.9%, con lo cual se estimó que el índice previsto se alcanzará en el 2012; y en el caso del indicador “Porcentaje de mujeres mayores de 15 años que hayan sido víctimas de violencia comunitaria”, cuya meta a 2012 fue disminuir a 20.0% dicho porcentaje respecto del registrado en el año base (2006) de 39.7%, se ubicó en 27.3%, lo que significó una reducción de 31.2% respecto del año base (39.7%), pero mayor en 36.5% que la meta programada para 2012 (20.0%) y, conforme a las estimaciones que la ASF realizó, este nivel se logrará en el 2016.


La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH) reveló que 25,567,410 mujeres de 15 años y más habían sufrido algún tipo de violencia, lo que representó el 67.0% de las 38,160,314 mujeres en ese grupo de edad registradas por el INEGI en 2006. 140/

Para la atención de las mujeres víctimas de violencia, el INMUJERES operó el Módulo de Gestión Social, mediante el cual recibió 11,271 solicitudes de atención entre 2007 y 2011, que registraron un ritmo de crecimiento anual promedio de 27.6%, al pasar de 1,572 en 2007 a 4,163 en 2011, lo que significó que por cada 100,000 mujeres que reportaron haber sido víctimas de violencia en la ENDIREH 2006, 41 acudieron al INMUJERES para solicitar atención entre 2007 y 2011.

Asimismo, con base en la información que la ASF tuvo al alcance sobre la operación de 41 refugios para mujeres en situación de violencia, que recibieron recursos presupuestarios en 2011 por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, se constató que se atendió a 6,547 mujeres de 2007 a 2011, cuyo ritmo de crecimiento anual promedio fue de 19.5%, al pasar de 1,037 mujeres en 2007 a 3,741 en 2011, lo que significó que, de acuerdo con datos de la ENDIREH 2006, por cada 100,000 mujeres que en 2006 manifestaron ser víctimas de violencia familiar, 115 fueron atendidas en refugios, 23 mujeres en promedio al año, y por cada 100,000 mujeres que en 2006 manifestaron ser víctimas de violencia de pareja, 46 ingresaron a los refugios, 9 mujeres en promedio al año.

140/ El número absoluto de mujeres víctimas de violencia fue calculado por la ASF con base en el porcentaje de mujeres

víctimas de violencia que arrojó la ENDIREH 2006.


304

Lo anterior reveló que, si bien existieron mecanismos para atender a las mujeres víctimas de violencia, los esfuerzos resultaron marginales por debilidades en el diseño de la política pública en relación con la falta de control de los modelos de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la indefinición de la instancia encargada de verificar, dar seguimiento y evaluar que los refugios para la atención de mujeres víctimas de violencia operen con base en lo dispuesto en la normativa, y la ausencia de programas de difusión para promover la cultura de la no violencia contra las mujeres.



Las recomendaciones están orientadas a promover modificaciones legislativas para que se determine la instancia gubernamental que vigilará la operación de las instituciones públicas o privadas que atiendan y apoyen a las mujeres víctimas de violencia; así como a mejorar el desempeño del INMUJERES mediante la emisión de lineamientos y procedimientos que atiendan cada uno de los ejes de esta política, relativos a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades; la coordinación con la SSP y los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas, para sistematizar las áreas geográficas y los ámbitos de la sociedad con comportamiento violento contra las mujeres a fin de determinar acciones que permitan prevenir este tipo de conductas; la elaboración de un diagnóstico sobre las instancias públicas y privadas que ofrecen atención a las mujeres mediante programas reeducativos integrales, a fin canalizar a estas instituciones los casos de mujeres víctimas de violencia que acudan al instituto; el establecimiento de registros sobre las unidades de atención, protección y refugios para las víctimas de violencia que existen en el país y los servicios que proporcionan; y el fortalecimiento del control interno institucional y del sistema de evaluación del desempeño.

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño del Instituto Nacional de las Mujeres no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para prevenir y atender la violencia contra las mujeres a efecto de avanzar en su erradicación.


Se formuló una acción para que, por conducto de la Comisión de Equidad y Género, se promuevan modificaciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se especifique la instancia gubernamental responsable de verificar, dar seguimiento y evaluar que los refugios para la atención de las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos operen en los términos que disponen los artículos 54, 56 y 57 de esa ley.


305

Instituto Nacional de las Mujeres

Promoción y Coordinación de las Acciones para la Equidad de Género

Auditoría de Desempeño: 11-1-00HHG-07-0038

DS-096

Objetivo

Fiscalizar la eficacia de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; la eficiencia en la coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las autoridades estatales y municipales, así como con organizaciones de la sociedad civil para asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Alcance

La auditoría comprendió la revisión del desempeño del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en cuanto a la coordinación de las acciones con las dependencias y entidades de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno para cumplir con la política de igualdad entre mujeres y hombres; la promoción de las acciones para que organizaciones públicas, privadas y sociales apliquen políticas para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, y el otorgamiento de apoyos económicos a proyectos de desarrollo social de organizaciones de la sociedad civil en beneficio de las mujeres, y la evaluación de los indicadores del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 (PROIGUALDAD).

Antecedentes

En 1974, el Estado reformó el segundo párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para integrar el principio de igualdad jurídica entre mujeres y hombres, y estableció el Programa Nacional del Año Internacional de la Mujer, que preparó la participación de México en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975. En enero de 2001 se creó el INMUJERES, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

El INMUJERES tiene entre sus objetivos la promoción de la cultura de igualdad de género, la no discriminación contra las mujeres, así como la representación del Gobierno Federal en esta materia ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales. Entre sus atribuciones se encuentran apoyar la formulación de políticas públicas para alcanzar la igualdad de género; incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal; e impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Uno de los instrumentos de la política de igualdad es el PROIGUALDAD, documento en el que se establece la plataforma de las líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, así como fortalecer la capacidad económica de las mujeres a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo, el cual fue propuesto por el INMUJERES, tomando en cuenta las necesidades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

Resultados

En cuanto a la coordinación de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, el INMUJERES promovió que las instituciones de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, así como las organizaciones de la sociedad civil se integraran a la RENAVTEL, a fin de ofrecer atención, orientación y asesoría telefónica a mujeres y hombres en situación de violencia. A 2011 se incorporaron a la RENAVTEL 42 instituciones, de las cuales 22 fueron instancias de las mujeres en las entidades federativas, y 20 instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Al cierre de 2011, las instancias de la mujer que no se habían incorporado al servicio telefónico fueron las de Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. De las 42 instituciones incorporadas a la Red, 26 reportaron al INMUJERES que atendieron 51,792 llamadas, de las cuales 44,784 (86.5%) fueron realizadas por mujeres; 6,761 (13.0%) por hombres, y en 247 casos (0.5%), las personas no especificaron el sexo.


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Por lo que se refiere a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el instituto certificó a 694 organizaciones con el Modelo de Equidad de Género (MEG), de las cuales 421 (60.7%) fueron entidades paraestatales, 157 (22.6%) empresas públicas federales; y 60 (8.6%) empresas privadas transnacionales, las cuales en su conjunto representaron el 91.9% del total de las organizaciones certificadas. Con la certificación, el Instituto distingue a las organizaciones o instituciones que desarrollan, fomentan e impulsan la equidad de género, y propician la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, así como en el desarrollo profesional, capacitación y participación en los procesos de toma de decisiones.

Como parte de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el INMUJERES con el apoyo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación en Competencias Laborales (CONOCER) certificó a 132 personas de instituciones públicas y privadas para que vía telefónica ofrecieran asistencia a víctimas en situaciones de violencia de género. El resultado fue superior en 32.0% respecto de la meta, porque la certificación actuó como incentivo para que las personas aumentaran la demanda de cursos. Del total de personas certificadas, 116 (87.9%) fueron mujeres y 16 (12.1%) hombres. Algunas de las instituciones que sobresalieron en la capacitación de su personal fueron la Secretaría de Seguridad Pública de Durango con 21 (15.9%) servidores públicos; la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit con 13 (9.9%); el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí con 7 (5.3%); la Fiscalía del Estado de Coahuila con 7 (5.3%); la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa con 6 (4.5%); la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco con 5 (3.8%), y el Instituto Jalisciense de las Mujeres con 4 (3.0%), que en conjunto representaron el 47.7% del total.

Asimismo, se verificó que en materia de capacitación institucional el INMUJERES no contó con un Programa Anual para 2011, en el que planteara un diagnóstico, los objetivos, las estrategias, las metas de capacitación, así como los temas de los cursos tanto para la modalidad presencial como a distancia. Al respecto, el INMUJERES capacitó en línea a 2,167 personas en materia de género: 1,348 en un curso básico y 819 en uno de prevención del acoso y hostigamiento sexual.

En lo que corresponde a los apoyos económicos otorgados a los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil para impulsar la capacidad económica de las mujeres, se constató que de los 236 proyectos presentados, el INMUJERES apoyó mediante el fondo PROEQUIDAD a 50 proyectos que cumplieron los lineamientos y criterios establecidos en el procedimiento respectivo. Con la revisión de una muestra aleatoria de 29 informes finales de los proyectos, se constató que se orientaron a impulsar la capacidad económica de las mujeres, a garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia, así como a promover el empoderamiento de las mujeres en los espacios de toma de decisiones; con los proyectos se benefició a 38,185 mujeres y hombres, de los cuales 15,013 fueron en forma directa y 23,172 en forma indirecta.

Por lo que se refiere a la evaluación del PROIGUALDAD, se determinó que el avance de la política de igualdad entre mujeres y hombres ha sido limitado, en el indicador de mortalidad materna (MM) se registraron 51 MM por cada 100 mil nacimientos, lo que significó un rezago de 24.8 MM respecto de la meta para 2012, y en el de violencia contra las mujeres el resultado fue de 28.6%, lo que representó un rezago de 8.6 puntos porcentuales respecto de la meta. En el caso de los hogares encabezados por mujeres en pobreza alimentaria -que mide la reducción del número de mujeres en esta condición–, el resultado fue de 11.7%, con un desfasamiento de 4.7 puntos porcentuales respecto de la meta para 2012 (7.0%), y en el de mujeres empleadoras el resultado fue de 2.4%, por debajo en 1.1 puntos porcentuales respecto de la meta sexenal que fue de 3.5%.

La Administración Pública Federal avanzó en la institucionalización de la política con perspectiva de género, las dependencias y entidades implementaron mecanismos para denunciar la discriminación por género y en el caso de alumnas respecto de alumnos en secundaria con un logro académico en la prueba ENLACE de matemáticas, experimentó un incremento de 4.8 puntos del 100.0% estimado.

En ocho de los 16 indicadores, los resultados oscilaron entre el 62.5% a 96.8% respecto de las metas para 2012, los que se relacionaron con las secretarías que cuentan con sistemas de información con perspectiva de género; mujeres en mandos medios y superiores en la Administración Pública Federal; entidades federativas con leyes armonizadas con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; mujeres víctimas de hostigamiento laboral; incidencia delictiva contra las mujeres; mujeres víctimas de violencia sexual y física por parte de su pareja; discriminación en el ingreso entre mujeres y hombres, y reducción de la desigualdad de género en materia económica y política.


Las acciones del INMUJERES promovieron la igualdad entre mujeres y hombres, 50 organizaciones de la sociedad civil recibieron apoyos económicos para proyectos orientados principalmente a garantizar el acceso a la justicia y


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a una vida libre de violencia, ampliar las oportunidades de las mujeres y reducir la desigualdad de género; se incorporaron las líneas telefónicas de 22 entidades federativas y 20 instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil a la Red Nacional de Atención a Personas en Situación de Violencia, para ofrecer servicios de atención, información y orientación a mujeres víctimas de violencia; y se certificaron a 694 organizaciones públicas y privadas con el Modelo Equidad de Género, como reconocimiento por las mejoras en las condiciones laborales de las mujeres.



Las observaciones y acciones determinadas se refieren a que el INMUJERES rediseñe el indicador de fin del programa “Promoción y Coordinación de las Acciones para la Equidad de Género” a fin de evaluar la contribución al logro de la igualdad entre mujeres y hombres, así como al fortalecimiento de la Administración Pública Federal, estatal, municipal, y de la sociedad civil; fortalezca su sistema de registro, control y seguimiento de información para evitar inconsistencias en las cifras; formule anualmente un Programa de Capacitación, y acuerde y formalice, en el ámbito de su competencia, mecanismos con las autoridades de los tres poderes de la unión para avanzar en el logro de los objetivos del PROIGUALDAD.


La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra auditada, el Instituto Nacional de las Mujeres cumplió con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como de coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades estatales, por medio de las instancias de la mujer respectivas, acciones para erradicar la discriminación y asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente del informe y se refieren principalmente a que el INMUJERES no contó con un indicador que le permitiera evaluar el grado en que contribuye a la igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de las capacidades de la administración pública para institucionalizar y transversalizar la equidad de género, tampoco acreditó contar con un Programa Anual de Capacitación para 2011 en el que se establecieran las metas, cursos y actividades de capacitación para ese año; y en el PROIGUALDAD, los indicadores mortalidad materna, violencia comunitaria contra las mujeres, hogares encabezados por mujeres en pobreza alimentaria y mujeres empleadoras presentaron rezagos respecto de las metas para 2012.

informe del resultado de la fiscalización superior de la ... · informe de la auditoría...

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