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INFORME COMPARADO SOBRE LA SITUACIONDEL VIH/SIDA Y LOS DERECHOS HUMANOSEN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADASDE LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL
VIH/SIDA
Comunidad Andina de NacionesBolivia
ColombiaEcuador
PerúVenezuela
Los informes completos de cada uno de los países podrán verse en las siguientespáginas Web:
www.laccaso.orgwww.equidadecuador.org
Autores:IDH-Bolivia
Fundación Vivir Mejor-ColombiaASICAL-Ecuador
VIALIBRE-PerúACCSI-Venezuela
Septiembre de 2003
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INDICE_________________________________________________________________________
INTRODUCCIÓN1. Objetivo del Informe2. Metodología3. Criterios Claves del Informe4. Descripción de los Autores5. Descripción Socioeconómica de la Región Andina
PARTE I.ASPECTOS POLÍTICOS Y JURIDICOS- Marco Constitucional/Legal sobre los Derechos Humanos y el VIH/SIDA en la
Comunidad Andina de Naciones.- Principios orientadores nacionales, políticas de salud a nivel institucional en
VIH/SIDAMarco Institucional
- Coordinaciones Nacionales sobre SIDA/ITS; Programas Nacionales SIDA/ITS- Coordinación Intersectorial- Trabajo con el Sector No Gubernamental- Disponibilidad de Recursos disponibles en VIH/SIDA- La Cooperación Internacional / La movilización de recursos- Políticas de Integración Regional
PARTE IIDERECHOS HUMANOS
- Situación General de los Derechos Humanos- Situación General de los Derechos Humanos y el VIH/SIDA- Defensoría del Pueblo
PARTE IIIEPIDEMIOLOGIA / INTERVENCIONES
- Epidemiología del VIH/SIDA. Descripción general y tendencias
Servicios de atención en VIH/SIDA- Prestación de Servicios en Salud Integral- Acceso a Tratamiento
Ensayos Clínicos / Ética- Concepto
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- Panorama Regional
PARTE IVASPECTOS SOCIALESSituación de sectores específicos o poblaciones en situación de vulnerabilidad
- Hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH)- Las Trabajadoras Sexuales Comerciales- Niños-as, adolescentes y jóvenes- Las Mujeres- Consumidores de drogas- Privados-as de la Libertad
PARTE VASPECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
- Esfuerzos Comunitarios e Impacto
PARTE VILA SITUACIÓN DE LAS PVVS
- Derechos humanos más frecuentemente vulnerados
PARTE VIIDIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL VIH/SIDA YDDHHLa situación de los Países Andinos con relación al cumplimiento de las directricesinternacionales.
- DIRECTRIZ 1. Buscar un marco nacional que permita una actuacióncoordinada, con participación política y programas sobre el VIH/SIDA en todaslas ramas de gobierno.
- DIRECTRIZ 2. Participación de la comunidad en la formulación de Políticas,ejecución y evaluación de los programas relativos al VIH/SIDA
- DIRECTRIZ 3. Analizar y reforzar la legislación sanitaria relacionada acuestiones de salud pública
- DIRECTRIZ 4. Adecuar las leyes penales y penitenciarias- DIRECTRIZ 5. Promulgar o robustecer las Leyes que combatan la
Discriminación- DIRECTRIZ 6. Adoptar medidas políticas que regulen los bienes, servicios e
información relacionados al VIH.- DIRECTRIZ 7. Proporcionar asistencia Jurídica que enseñen sus derechos a las
personas con VIH/SIDA
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- DIRECTRIZ 8. Entorno habilitante para las mujeres, los niños u otros gruposvulnerables
- DIRECTRIZ 9. Cambio de actitudes discriminatorias y estigmatizantes contra elVIH/SIDA a actitudes de comprensión y aceptación.
- DIRECTRIZ 10. Elaboración de Normas en los sectores públicos y privados- DIRECTRIZ 11. Vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos por parte
del Estado- DIRECTRIZ 12. Cooperación con Programas y Organismos de las Naciones
Unidas
PARTE VIIICONCLUSIONES
PARTE IXRECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
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INTRODUCCIÓN
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El Consejo Latinoamericano y del Caribe de ONGs con Servicio en VIH/SIDA/LACCASO da particular relevancia a la documentación de la situación de los derechoshumanos, que comprende diagnósticos, denuncias sobre violaciones y amenazas, leccionesaprendidas y recomendaciones como una acción fundamental en el proceso de protección,promoción y acción en derechos humanos. Con la actual publicación “InformeComparado sobre SIDA y DDHH en la Comunidad Andina de Naciones”, LACCASOenriquece la serie “Informes sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos”, abordando lascuestiones relacionadas a políticas públicas, acceso a tratamientos, migraciones, prisiones,derechos reproductivos y adolescencia, con una perspectiva y experiencia local, quetendrán repercusiones en el ámbito latinoamericano y caribeño.
El “Informe Comparado sobre SIDA y DDHH en la Comunidad Andina de Naciones”, consus respectivos Informes País (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), soninstrumentos útiles para orientar políticas públicas, estrategias y actividades del sectorcomunitario. Igualmente, juegan un papel de observador en el cumplimiento de acuerdos,pactos, tratados, declaraciones suscritas por los Estados, incluida la Declaración deCompromiso en la Lucha contra el SIDA del período Extraordinario de Sesiones de laAsamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (25-27 de junio de 2001).Asimismo, son un recurso valioso para recurrir a las instancias internacionales, regionales ynacionales, para poner a funcionar los mecanismos de protección de los derechos humanos.En fin, estos informes muestran la realidad existente, diagnósticos, experiencias, leccionesaprendidas, conclusiones y recomendaciones, y permite mantener una memoria sobre lasituación actual, retrocesos y avances en derechos humanos.
La información adecuadamente sistematizada sobre el VIH/SIDA y los derechos humanosen la región LAC es muy escasa y se mantiene en el ámbito de la oralidad, corriendo elriesgo de que la misma se extravíe o pierda, contribuyendo a un alto grado de impunidad.Ello dificulta, además, el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los convenios,tratados, y muy especialmente de la Declaración de Compromiso en la Lucha contra elVIH/SIDA, que acuerda metas de cumplimiento por parte de los Estados y Gobiernos, quecomienzan a ser exigibles a partir de este año 2003.
La Declaración de Compromiso y las políticas que rigen el Fondo Global para SIDA, TBCy Malaria requieren un abordaje más integrado y coordinado de los asuntos que rodean a laepidemia, para que las respuestas al VIH/SIDA en todos los ámbitos sean mas contundentesy efectivas. Por ello se hace imperioso que entre las ONGs, PVVS, redes comunitariasregionales, agencias bi- y multi-laterales y sistema de las Naciones Unidas y otros se
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coordinen los mecanismos que permitan la sistematización de la información y suimplementación a manera de monitoreo y evaluación.
La metodología para la elaboración de los Informes País como insumo para el “InformeComparado sobre SIDA y DDHH en la Comunidad Andina de Naciones” fue construidacolectivamente entre las organizaciones participantes, a saber: Instituto para el DesarrolloHumano (Bolivia), Fundacion Vivir Mejor (Colombia), Equidad (Ecuador), Vía Libre(Perú) y Acción Ciudadana Contra el SIDA /ACCSI (Venezuela); para ello se elaboraronindicadores que apuntan mas a lo cualitativo, utilizando la revisión documental, entrevistasy estudios de casos como herramientas en su preparación.
Las organizaciones no gubernamentales involucradas en este proyecto desarrollan en suspaíses diferentes estrategias para la prevención y asistencia en VIH/SIDA, que comprendenactividades, tales como: servicios de salud, consejería, derechos humanos, incidenciapública, prevención, trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad, movilizaciónde personas que viven con VIH/SIDA, las cuales están a su vez conectadas a las diversasiniciativas regionales en la formación de redes y alianzas estratégicas.
LACCASO quiere destacar la cooperación de ONUSIDA-Andes en la consecución de esteproyecto, lo que demuestra que las alianzas son instrumentos efectivos a los fines deavanzar en la prevención y asistencia del VIH/SIDA.
Edgar CarrascoSecretario Regional
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Situación socio-económica de la Región Andina_________________________________________________________________________
La Comunidad Andina de Naciones está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, PerúVenezuela, <<ubicados en América del Sur, los cinco países agrupan a 120 millones dehabitantes en una superficie de 4.710.000 kilómetros cuadrados, su Producto Interno Bruto,ascendíó en el 2002 a 260 millones de dólares
La subregión andina constituye una de las zonas de mayor riqueza natural, ya que concentraaproximadamente el 25 por ciento de la diversidad biológica del planeta (...)en las últimasdécadas, se ha acelerado el proceso de pérdida, en muchos casos irreversible, de valiososrecursos biológicos y genéticos>>1
Los cinco países viven bajo regimenes democráticos, y mantienen la estructura de gobiernoclásica moderna y en cual su sistema administrativo se divide entre tres poderes del estado:Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Se cuenta también con otras instanciasbásicas de protección a los derechos humanos como son: la Defensoría del Pueblo yTribunal de Garantías Constitucionales.
De acuerdo al resumen presentado por la Secretaría de la Comunidad Andina, los resultados<<macroeconómicos alcanzados por los países andinos en el 2001, a excepción delEcuador, dependieron significativamente de una combinación de factores internosinherentes a cada economía y a una desaceleración en la economía internacional.
El comportamiento de la inflación, medida por el índice de precios al consumidor, lavariación acumulada de enero a diciembre del 2002 fue en Perú con la mínima del 1,52 porciento, Bolivia 2,45%, Colombia 6.99%, Ecuador 9,36% y Venezuela con el 31.23%. Lastasas de crecimiento anual del producto interno bruto, Colombia alcanzó el 1.6%, Bolivia2,6%, Ecuador 3,3%, Perú 5,2% la más alta de la región, y Venezuela que presentó un atasa negativa de crecimiento del -8,9%.
1 Comunidad Andina de Naciones. ¿quiénes somos?, y, Desarrollo Sostenible. www.comunidadandina.org
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PARTE I
ASPECTOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS_________________________________________________________________________
1.1. Marco Constitucional/Legal sobre los Derechos Humanos y el VIH/SIDA en laComunidad Andina de Naciones.
En términos generales todos los países integrantes de la Comunidad Andina de Nacionescuentan con disposiciones legales, que incorporan la perspectiva de los derechos humanos,de hecho, las Cartas Constitucionales sientan sus bases en la Declaración Universal de losDerechos Humanos Fundamentales, y aunque este elemento, les da de cierta maneracaracterísticas similares con relación al derecho a la salud, con relación a otros derechosque están estrechamente vinculados con la problemática del VIH/SIDA, se evidenciaspequeñas diferencias.
Los países de la Comunidad Andina de Naciones, en sus convenios comunitarios hanincorporado en materia de Derechos Humanos su propia Carta, conocida como la CartaAndina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, firmada por los 5Presidentes de la Comunidad en julio del 2002, en la cual ratifican su compromiso de<<respetar y aplicar la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de losEstados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de SanJosé-, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, el ProtocoloAdicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, la Carta DemocráticaInteramericana y demás instrumentos internacionales de derechos humanos de los que sonlos Países Andinos son Parte.
En ese mismo orden (...) se empeñan en la defensa de los propósitos y principiosconsagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la DeclaraciónAmericana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración sobre el Derecho alDesarrollo de las naciones>>2
Como la presentación del documento lo afirma, la Carta Andina de Promoción y Protecciónde los Derechos Humanos constituye la primera manifestación integral de la ComunidadAndina en materia de derechos humanos en el espacio comunitario, y complementa lanormativa nacional interamericana y universal en el tema.
2 Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.26 de Julio del 2002.www.comunidadandina.org
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En cada uno de los países existen los principios básicos constitucionales con relación alderecho a la salud:
En Bolivia <<el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, refiere que “Toda personatiene el derecho fundamental: inciso a) A la vida, la salud y la seguridad, conforme a lasleyes que reglamenten su ejercicio [... [ El Artículo 158, establece que el Estado tiene laobligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población”. Así mismoen su legislación secundaria, el Código Civil “considera la protección a la vida e integridadfísica y moral de las personas, el derecho a la persona a disponer de su propio cuerpo,rehusar someterse a un examen de tratamiento médico quirúrgico a no ser se obligue porley o reglamento, y el derecho a la intimidad no divulgando la vida íntima de las personas”.El Código Civil, incluye un capítulo relacionado a “los derechos inherentes a lapersonalidad preserva, la protección del nombre, el derecho al Honor, y a la preservaciónde la imagen de las personas”>>
En Colombia, su Constitución Política, refiere en su Artículo 49, que <<la atención ensalud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza atodas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de lasalud. El mismo artículo plantea que “el acceso a la salud debe ser bajo los principios de launiversalidad, solidaridad y eficiencia, y se prestarán los servicios de maneradescentralizada, por niveles de atención y con participación comunitaria. Así mismo, encon relación a la atención infantil, en su Art. 50, reconoce que “todo niño menor de un añoque no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho arecibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado”,además el Estado Colombiano reconoce los derechos de los trabajadores en cuanto alacceso a la salud, en el marco de la seguridad social (Art. 53)>>
En Ecuador, <<los derechos relativos a la salud, se encuentran consignados en el Artículo42 de su Constitución, sección cuarta, de la salud, donde reconoce que “El Estadogarantizará el derecho a la salud, su promoción y potenciación por medio del desarrollo dela seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento deambientes saludables en lo familiar, laboral y de salud, conforme a los principios deequidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. En el Artículo 43, los programas yacciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los servicios públicos de atenciónmédica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará atenciónde emergencia en los establecimientos públicos o privados. En la sección quinta, laConstitución asegura en el Art. 47 que: en el ámbito público y privado, recibirán atenciónprioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, la mujeres embarazadas, laspersonas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de altacomplejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo se atenderá a las personas ensituación de riesgo y víctimas de la violencia doméstica, maltrato infantil, desastresnaturales o antopogénicos>>. Los principios constitucionales incluyen también, laseguridad social para los trabajadores y la seguridad social campesina.
En Perú, su Constitución Política, Artículo 7, reconoce que, <<Todos tienen derecho a laprotección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad así como el deber decontribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a
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causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a unrégimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. En el Art. 9. [...[ el Estadoprotege el derecho a la salud del medio familiar y de la comunidad... El Estado reconoce elderecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social>>.
En Venezuela <<por primera vez la Constitución venezolana reconoce la vinculación a lasalud con el derecho a la vida, en efecto dispone: La salud es un derecho socialfundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida(Atr. 43 y 83 Derecho a la Salud y derecho a la vida)>> Los principios constitucionalesreconocen también la gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social ysolidaridad. La Carta Constitucional, incluye en su Artículo 86, el Derecho a la SeguridadSocial, como un derecho de todas las personas. Incluye la titularidad de ese derecho inclusolas personas que no están en capacidad contributiva, y establece a la seguridad social comoun servicio público no lucrativo, debiendo ser integral, universal, de financiamientosolidario, unitario, eficiente y participativo>>
1.2. Principios orientadores nacionales, políticas de salud a nivel institucional enVIH/SIDA
Según las autoridades de salud, a partir de 1990, Bolivia dio un fuerte impulso a laspolíticas sociales con la ejecución de un conjunto de reformas político-institucionales, queimplicaron la Reforma a la Constitución Política del Estado, un profundo proceso dedescentralización política administrativa..., el impulso a la educación primaria..., eldesarrollo de políticas de equidad de género, de prevención y erradicación de la violenciaintra doméstica y de otras políticas encaminadas a la atención de los grupos étnicos y de laniñez. Específicamente en el área de salud destacan las políticas orientadas a laimplementación del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez y del Seguro Básico de Saludcomo parte de la Reforma de Salud.
Bolivia cuenta con la Resolución Secretarial No. 0660 que norma la organización de laprevención y vigilancia del VIH y SIDA y considera temas referidos al diagnóstico, laatención integral de las PVVS3, la toma y el procedimiento de las muestras, el seguimientoa los contactos, la investigación de los derechos y deberes de las personas y la participacióncomunitaria, además de las sanciones.. La Resolución 0660 incluye también aspectosrelacionados con la no discriminación de las PVVS, la aplicación no consentida de laspruebas de detección del VIH, penaliza la discriminación y el rechazo de las PVVS por losservicios de salud públicos como privados. También penaliza la transmisión del VIH demanera deliberada.
La aplicación de la Resolución Secretarial es de competencia de la Secretaría Nacional deSalud a través de las Secretarías Regionales y en Coordinación con las SecretaríasNacionales de Educación, los Ministerios de Gobierno, de Informaciones, y de Trabajo.
En Bolivia existen también, además de lo pertinente mencionado en el Código Civil, elTítulo X, Capítulo III del Código Penal en referencia a los delitos contra la inviolabilidad
3 Personas que viven con VIH o SIDA
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del secreto que les asiste a las personas, su Código de Salud, incluye varias normasrelacionadas a las enfermedades de importancia epidemiológica como las ITS. Esteestablece regulaciones sobre donantes de sangre y su sometimiento a pruebas serológicas einmunológicas. Bolivia cuenta también con la Ley No. 1687 sobre Medicina Transfusionaly Bancos de Sangre que regula la obligación que “tienen estos servicios de realizarexámenes inmunológicos, bioquímicos y serológicos con reactivos y medios de diagnósticodebidamente registrados en el Ministerio de Salud”.
En Colombia, las políticas en VIH/SIDA están direccionadas por los contenidos de la Ley100 de 1993 que crea el Sistema de Seguridad Social Integral, que pretende la cobertura dela atención y prestación de servicios de salud para todos los colombianos4, el Decreto 1543de 1997, la Resolución 412 del 2000 del Consejo Nacional de Seguridad Social. Laspolíticas están enfocadas a la atención que a la prevención y se asume desde el Ministeriode Protección Social, anteriormente Ministerio de Salud, que las entidades territorialesdesarrollarían acciones de promoción y prevención. En 1991, el Ministerio de Salud habíaexpedido el decreto 559 que reglamentó el VIH/SIDA.
El Decreto 1543 expedido en 1997 por el Ministerio de Salud Pública se aplicaespecíficamente para la atención de las personas viviendo con VIH o con SIDA. ElDecreto impone una serie de regulaciones para evitar la discriminación a causa de vivir conel VIH o con SIDA, establece la creación protocolos de atención a paciente VIH/SIDA,prohíbe la aplicación de las pruebas de detección del VIH, establece el consentimientoinformado sobre las pruebas, y define todos los aspectos relacionados con la garantía de laconfidencialidad, y se exime de la obligación de reportar el estatus VIH a los empleadores,entre otros aspectos.
En el Ecuador, hasta el primer trimestre del año 2000, no existía un marco jurídico quegarantizara la prevención, atención, vigilancia epidemiológica y derechos de las personasviviendo con el VIH o con SIDA de manera específica empero la existencia de legislaciónde aplicación general como la Constitución de la República, que garantiza la igualdad detodos los ciudadanos ante la ley y el Derecho Universal a la salud, la Ley de Derechos yAmparo al Paciente, además de otras regulaciones tipificadas en el Código de la Salud,
Código de lo Civil y en el Penal con relación a la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas e infecciones de transmisión sexual.
En este contexto, el 6 de abril del 2000, entra por el Ministerio de la Ley5 la Ley dePrevención y Asistencia del VIH/SIDA, que entre otros de sus aspectos crea al Instituto
4 Esta ley pretende la afiliación total de los Colombianos en un nuevo régimen sobre seguridad social elmismo que se establece bajo parámetros de regulación del mercado y la competencia, en donde se propende laoferta de mejores servicios a menores costos y mayor cobertura. Está sustentada en la descentralización de losservicios y la privatización de los mismos, este modelo de seguridad social incluye un componente o régimensubsidiado para que en funciones de lograr la universalidad los sectores de la población sin capacidad decotización puedan acceder a dichos servicios.5 Entra por el ministerio de la Ley, significa: cuando una Ley es aprobada por el Congreso Nacional y esenviada al Presidente de la República o viceversa para su ratificación. En caso de que este no lo hiciere en eltiempo previsto por la ley, esta automáticamente se convierte en Ley de la República.
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Nacional del SIDA –INSIDA-, dependiente del Ministerio de Salud Pública y que seantepone a la Coordinación Nacional del SIDA –CONASIDA-. La ley estructura cincoaspectos que van desde la prevención, la asistencia, la vigilancia epidemiológica, y ladefensa de los derechos humanos. Esta ley incorpora el acceso a servicios de atención y amedicamentos para personas que viven con VIH/SIDA. Con relación a la atención alpaciente VIH/SIDA, se establece el Reglamento de Atención al Paciente con VIH o conSIDA en diciembre del 2002, que fundamentado en los principios constitucionales quegarantizan a todos los ecuatorianos el derecho a la salud, su promoción y protecciónconforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia,asegurando el acceso a diagnóstico y tratamiento.
En 1996, en Perú, con la Resolución 235-96-SA/DM, Manual de Doctrinas, Normas yProcedimientos para el control de las ETS/VIH/SIDA, define la primera política públicapara enfrentar la epidemia, por cuanto se creo el Programa de Control de Enfermedades deTransmisión Sexual y SIDA (PROCETSS)...Posteriormente, se dictamina la Ley 26626,establece normas dirigidas al reconocimiento de los derechos fundamentales de la personascomo autonomía, la confidencialidad, la salud, la no discriminación a PVS. Esta Ley creatambién el CONTRASIDA. A la fecha del presente informe el PROCETSS ha sidodesactivado como entidad rectora de la respuesta peruana frente al SIDA, siendo trasladadocomo un componente más, a la dirección de daños y riesgo del Ministerio de Salud.
Actualmente Venezuela cuenta con el Plan Estratégico Social, contentivo de la políticanacional de salud y desarrollo social el cual se inició en el año 2001, y que tiene como fin lapromoción de la calidad de vida y salud para hacer efectivos los derechos socialesconsagrados en la Carta Magna. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, cuenta con uninstrumento de la política de salud y desarrollo social orientado a la lucha contra el SIDA,cuyo objeto es facilitar el manejo de los recursos humanos y financieros.
La política en VIH/SIDA del gobierno venezolano se encuentran marcadas como metas alargo plazo que tienen como fin: eliminar la discriminación y estigma, así como lamortalidad infantil por causa de la transmisión vertical del VIH, que toda personaindependientemente de su edad, género, estatus social, raza u orientación sexual, tengainformación acerca de los medios de prevención y protección frente al VIH , así comoacceder a la atención adecuada del VIH/SIDA a fin de que goce de calidad de vida y desalud, como cualquier otra persona.
En Venezuela el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ha emitido varias resolucionescomo la SG-439 que tiene como fin específico la protección de la integridad física de laspersonas, por cuanto regula la aplicación de las pruebas de anticuerpos contra el VIH,estableciendo el consentimiento informado y regula a su vez los casos de cuando se puedenaplicar dichas pruebas.
En 1997, establece otra norma en cuya resolución declara como obligatorio la notificaciónde casos diagnosticadas como VIH/SIDA con fines de seguimiento médico. En el mismoaño, establece una nueva Resolución (SG-695) donde define las Normas deFuncionamiento de los Establecimientos de Atención al Farmacodependiente, del SectorPúblico y Privado, en los cuales se hace referencia expresa a la normativa dictada con
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relación con el VIH/SIDA sobre las pruebas de anticuerpos contra el VIH. Esta resoluciónrecoge el principio de igualdad, el de no discriminación, asegurando los servicios deatención no discriminatorios para todas las personas.
En el año 2000 emite la Resolución 621, con relación a la aplicación de las pruebas deELISA a toda embarazada que acuda al control prenatal, estableciendo su aplicación previoconocimiento e información de la persona, además asegura el derecho al tratamiento ARV alas mujeres seropositivas, incluyendo el control virológico de la madre y el recién nacido.
1.3. Marco Institucional
1.3.1 Coordinaciones Nacionales sobre SIDA/ITS; Programas Nacionales SIDA/ITS
Para la aplicación, coordinación y regulación de los principios orientadores, políticas, yregulaciones con relación al VIH/SIDA, desde los inicios de la epidemia en la región larespuesta gubernamental se vio reflejada con la institucionalización los programasnacionales sobre VIH/SIDA, ya sea a modo de direcciones y/u coordinaciones, luego secrean las Comisiones Nacionales sobre el SIDA, y con los vientos de la modernizacióndel sector salud, los Programas tienden gradualmente a desaparecer al ser trasladados comosubprogramas bajo direcciones en el contexto de los Ministerios de Salud Pública.
El Programa Nacional de ITS-SIDA de Bolivia cuenta con un Plan Estratégico quinquenal,para el período 2000-2004, que es parte del Seguro Básico de Salud, del EscudoEpidemiológico, de la Medicina Familiar y Comunitaria y de los Programas Prioritarios deSalud, como el Programa de Atención Integral a la Mujer y la Salud Sexual y Reproductiva.
Sus estrategias y líneas de acción están orientadas a: la concertación social en el desarrollode un marco legal relacionado con las ITS-SIDA; aplicación del “manejo sindrómico” deITS-SIDA; gestión de recursos financieros y técnicos; revisión, adecuación y aplicación denormas vigentes, sistematización y difusión de proyectos y fomento de la investigación;fortalecimiento del Comité Nacional y los Comités Regionales interinstitucionales;Coordinación con el Ministerio de Educación en el proceso de elaboración, revisión yaplicación de los contenidos curriculares transversales sobre educación para la sexualidad;participación y fortalecimiento de poblaciones vulnerables y coordinación con ONG quetrabajan en la temática; desarrollo de mecanismos de educación alternativa para laprevención y de un sistema solidario de gestión canalización de recursos paramedicamentos antirretrovirales.
En la actualidad, en Colombia no existe un Programa Nacional sobre el SIDA como tal, yaque sus responsabilidades durante el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, han sidotrasladadas al interior del Instituto Nacional de Salud, y dejó de fungir con su papel rector,al Programa Nacional le sobrevive Consejo Nacional de SIDA.
El Programa Nacional SIDA/ITS del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se encuentrabajo la dependencia de la Dirección Nacional de Epidemiología y tiene entre sus funcionesla coordinación de las políticas y la gestión tanto pública como privada con relación a la
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epidemia del SIDA en el país. El Programa Nacional SIDA/ITS fue creado bajo AcuerdoMinisterial del Ministerio de Salud Pública en 1985 y desde entonces ha enfocado susesfuerzos principalmente hacia la vigilancia epidemiológica del VIH, al control de calidadde la sangre y productos derivados de la misma, con un fuerte déficit en acciones dirigidasa la prevención. En al año 2001 coordina la formulación del Plan Estratégico Nacional parael 2001-2004, el mismo que se concibe como una herramienta conceptual y para organizarla respuesta nacional coordinada de manera estratégica frente al SIDA. Este plan definecuatro líneas de acción: la atención, que incluye el establecimiento de servicios de atenciónpara las PVIH/SIDA; educación; reforzamiento de laboratorios y bancos de sangre y laVigilancia epidemiológica.
Similar a lo sucedido con el Programa Nacional de SIDA de Colombia, en Perú elPrograma de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA –PROCETSS-, fuedesactivado siendo trasladado a la dirección de daños y riesgo del Ministerio de SaludPública. PROCETSS durante su existencia como ente coordinador de la respuesta nacionalfrente al SIDA tuvo como objetivos principales: el reconocimiento de la prevención comopropósito prioritario y objetivo básico para el control de las ETS/VIH/SIDA; la priorizaciónde labor en escenarios con mayor riesgo e intervenciones de mayor impacto y mejorrendimiento costo beneficio; control de las ETS como estrategia básica para la prevencióndel VIH/SIDA.
En Venezuela el Ministerio de Salud y Desarrollo Social cuenta actualmente con elPrograma Nacional de ITS/VIH/SIDA, el cual es la evolución de la Comisión Nacionalcreada por ese ministerio en 1982, cuando se conoció el premier caso de VIH/SIDA, yposteriormente en 1990 se establece la denominada Oficina de Prevención y Lucha contrael SIDA.
El Ministerio de Salud y Desarrollo cuenta con un instrumento de la política de salud ydesarrollo social orientado a la respuesta frente al SIDA, cuyo objetivo es facilitar elmanejo de los recursos humanos y financieros, el cual es denominado Plan EstratégicoNacional VIH/SIDA, con el cual el ministerio “asume el compromiso ético de colocar lalucha contra el VIH/SIDA como una prioridad de la Agenda Nacional por la Salud y laVida, y por tanto como un asunto de interés público”. El Plan Estratégico tiene trazadasvarias metas fijadas a largo plazo como: eliminar la discriminación y el estigma; lamortalidad infantil de la transmisión vertical del VIH; acceso universal a la informaciónsin ningún tipo de discrimen; acceso a la adecuada atención para el mejoramiento de lacalidad de vida de las personas, así como de la salud de las misma.
1.3.2. Coordinación Intersectorial
Cumpliendo con la normativa institucional del país, en Bolivia, la conducción delineamientos de políticas y acciones de vigilancia, prevención, control de las ITS y decoordinación intersectorial, es de responsabilidad del Ministerio de Salud y PrevisiónSocial a través de los responsables del Programa de Prevención y Control de lasITS/VIH/SIDA y de los servicios departamentales de Salud, de los distritos y de losestablecimientos de salud público y de los seguros de salud. El Ministerio de Saludreconoce que la constitución del Comité Nacional Institucional permitió dar legitimidad al
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accionar de las ONGs, instituciones públicas y privadas y otras de la sociedad civilinvolucradas en la respuesta nacional frente al VIH/SIDA. Sin embargo, el Mnisterio deSalud, reconoce también que no existe una franca participación del instituciones públicas oprivadas, ni de la sociedad civil, en acciones colectivas contra las ITS/VIH/SIDA.
En Colombia el CONASIDA fue creado en 1997 por el Decreto 1543, y tiene entre susfunciones “Proponer la política General para el desarrollo del Programa Nacional dePromoción, Prevención y Asistencia de las ETS y el SIDA, en aspectos éticos, jurídicos,laborales, internacionales, financieros y la movilización social, información masiva yeducación sexual”. El CONASIDA que como espacio de representación, no habíafuncionado en los últimos tres años, pese a que su mandato establece tener reunionesordinarias cada 6 meses, se convocó recientemente en marzo del 2003, por insistencia ypresión de los grupos de personas viviendo con el VIH/SIDA.
El 1 de diciembre de 1995 en el Ecuador se creó el CONASIDA bajo acuerdo ministerialNo. 3151 que sería un organismo encargado de formular políticas, normas y estrategiaspara la prevención de la transmisión del VIH y prestar atención integral a PVIH/SIDA, peroal igual que el recientemente creado Instituto Nacional del SIDA- INSIDA, se encuentraninactivos y aun no se prevén posibilidades de funcionamiento, manteniéndose el ProgramaNacional de SIDA como única instancia de coordinación de la respuesta institucional frenteal SIDA en el país. En la actualidad existe el Mecanismo de Coordinación de País entidadque coordina el proyecto país presentado por el Ecuador al Fondo Global para elVIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis.
Perú crea el CONTRASIDA entidad que tenía como objetivo coordinar y facilitar laimplementación de las estrategias nacionales de control del VIH/SIDA y de las ITS;promover la cooperación técnica y económica nacional y extranjera destinada al trabajo enVIH/SIDA e ITS, y proponer cambios legislativos que faciliten y garanticen el adecuadodesarrollo de la lucha contra el SIDA en el país. Desde su creación el CONTRASIDAnunca llegó a funcionar. En la actualidad existe la Coordinadora Nacional Multisectorial enSalud –COMANUSA-, coordinación creada a instancias de la propuesta país para el FondoGlobal para el VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis.
En la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio de Salud y Desarrollo Social nocuenta con convenios formales de cooperación con los demás órganos del Poder Ejecutivo,así como tampoco con los demás poderes del Estado. Sin embargo cuenta con alianzasestratégicas –convenios no escritos- con la Defensoría del Pueblo, así mismo ha logrado lacooperación del Ministerio de Educación a través de un convenio orientado a la educaciónsexual, prevención de las ITS especialmente el VIH/SIDA y con el Ministerio del Interiorsobre acceso a tratamiento a las personas privadas de la libertad.
1.3.2. Trabajo con el Sector No Gubernamental
El Programa Nacional ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud de Bolivia entre susestrategias contempla la participación activa de las entidades públicas y privadas que estánvinculadas con el sector salud y la educación, como la iglesia, ONG, Cruz Roja, etc. ElMinisterio de Salud considera que las ONG no estarían a la altura técnica del ministerio
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para el manejo e intervención en VIH/SIDA en los distintos temas que esta involucra, locual considera es una barrera para el desarrollo de un trabajo conjunto. No obstante, dichaconsideración, el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, ve también a las ONGs comocompetencia por temor a “pérdida de liderazgo del sector, discontinuidad del servicio deprevención y control, suplantación por proyectos y ONG afines”.
Por su parte, el trabajo conjunto entre ONG que trabajan en la temática del VIH/SIDA nose encuentra lo suficientemente articulado a nivel nacional, siendo una de las posiblesrazones, que el trabajo en VIH/SIDA no es la actividad principal de las ONG, sino formaparte de sus programas. Más sin embargo existen alianzas y convenios de cooperaciónbilateral y multilateral entre ellas.
Colombia cuenta con el decreto 1543 de 1997 donde estableció en el artículo 18“Participación de las ONG. El Ministerio de Salud, o la autoridad delegada, apoyará ycoordinará la planeación y ejecución de acciones de las Organizaciones NoGubernamentales (ONG) tendientes a la formación de lideres en grupos poblacionesespecíficos para la promoción y la prevención sobre los diferentes aspectos de la infecciónpor el Virus de la Inmunodeficiencia Humana /(VIH), el Síndrome de InmunodeficienciaAdquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)”. Sin embargo,las Organizaciones tienen muy baja participación, ya que no hay recursos del Estado parapresentar proyectos, debido al bajo presupuesto asignado para VIH/SIDA, en el Ministeriode Salud. Por otro lado, la desaparición del Programa Nacional SIDA/ITS, ha dejado unvacío para la interlocución de las ONG con el Estado, caso agravado por la inoperancia delCONASIDA.
En el Ecuador, “El Ministerio de Salud Pública lidera e implementa las accionesencaminadas a la prevención y control de la epidemia”, que de acuerdo a su competencia sepropone coordinar la ejecución de acciones interinstitucionales en ámbito público yprivado, para lo que toma en cuenta, el rol que juegan el sector no gubernamental comoproveedor de servicios de salud –en servicios de atención primaria, laboratorios-; asistenciay apoyo psicosocial; en actividades de promoción de salud y de prevención.
El Programa Nacional SIDA/ITS ha mantenido desde hace varios años la política decoordinar acciones con las ONG y OBC6 con trabajo en VIH/SIDA, concentradoespecialmente en la cooperación bilateral y multilateral, especialmente con ONG contrabajo en salud general, Salud Sexual y Reproductiva, la Cruz roja, y en menor escala conlas organizaciones con trabajo en VIH/SIDA. También, en parte de su programaciónconvoca al conjunto de ONG para consultas y otras acciones de índole política.
El nivel de coordinación con el sector no gubernamental por parte del Ministerio de Saluddel Perú se ha disminuido substancialmente, empero en años anteriores existir un buennivel de coordinación con ONG dedicadas a diversas áreas del quehacer social comoeducativas, de prevención, promoción de la salud, etc. En la actualidad la coordinación delMINSA con las organizaciones enfrenta varios desafíos en razón del rol de control social de
6 Organizaciones de Base Comunitaria
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las ONG frente al quehacer institucional, los mismos que se constituyen en barreras autoimpuestas por el MINSA.
En Venezuela el Ministerio de Salud y Desarrollo Social -MSDS., no tiene una instanciade coordinación dirigida a las ONG, solamente a la fecha de la elaboración del período quecubre el informe de Venezuela por primera vez el MSDS convocó a las ONG con trabajo enSIDA y otras áreas específicas, como salud sexual y reproductiva a los fines de quepresentaran proyectos en áreas de asistencia y prevención para el financiamiento. Estaexperiencia que se podría catalogar como de satisfactoria, quedó desarticulada por nocontar el PNS con una política de coordinación.
1.3. Asignación de Recursos Financieros en VIH/SIDA.
Según el Ministerio de Salud Pública de Bolivia el gasto específico para VIH/SIDA en elaño 2002 fue de US $ 988.934,00, el mismo que ascendería según para ejecutar el PlanEstratégico Nacional de Comunicación ITS-SIDA 2003-2008, para el presupuesto del 2003a un monto de US $ 1.384.800,00 y para el 2004 de US $ 1.977.100,00
En Colombia los recursos designados a nivel nacional para la atención del VIH/SIDA handisminuido dramáticamente en los últimos años: así mientras en 1995 se invertían 3000millones de pesos colombianos (aproximadamente US $ 2.000.000,00)7 para el año 2002tuvo un descenso a menos de US $ 155.925,008, es decir, un poco menos de 500millones de pesos colombianos, por lo que según concuerdan algunos funcionarios degobierno, ONG y personas viviendo con VIH/SIDA, el recorte de los recursos es uno delos principales obstáculos para el desarrollo de los programas de promoción, prevencióny atención en VIH/SIDA. En cuanto a la atención de las personas que viven con el VIH,tampoco existen estimativos financieros de cuánto cuesta la atención per cápita y conrelación a los antirretrovirales (ARV) se estima -Minsalud- que entre 1999 y 2002 seinvirtieron 30 millones de dólares.
El presupuesto para el sector salud del Ecuador, para el 2002 respondió a una asignaciónpor parte del Estado de US $ 330.169.308,71. Hasta ese mismo año, los recursos destinadospor el Ministerio de Salud para el funcionamiento del Programa Nacional SIDA/ITSpasaron de US $ 2.000.00 año a US $ 4.000,00 para el 2002, pero para el prepuesto 2002-2003 las asignaciones tuvieron un ascenso substancial en el presupuesto general de salud deUS $ 619.384,23 para el ejercicio fiscal 2002-203 y que se destinaron específicamente parala adquisición de ARV y otros insumos para la atención de PVVS y de US $ 1.337.542,55del 2003-2004. Estos valores corresponden aproximadamente al 1.69 por ciento delpresupuesto general de salud.
En el Perú se estima que en “1999 se gastó más de US $ 38.90 millones en la atención delVIH/SIDA, sumado la inversión del sector público, privado y externo. Del total invertidopor la entidad gubernamental en la respuesta nacional se calcula que su aporte fue de US $3.923.000,00”.
7 Calculo estimado de cambio promedio de $1,500 pesos colombianos por un dólar8 Calculo estimado de cambio promedio de $2,700 pesos colombianos por un dólar
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Para el año 2002, se asignaron US $ 38.461.538,00 al programa de Prevención y Controldel SIDA por parte del gobierno de Venezuela, notándose un decremento con relación alaño anterior que contó con un presupuesto de US $ 54.305.108,97. El incremento de lainversión para la respuesta nacional frente al SIDA se debió a la adquisición por parte delMinisterio de Salud y Desarrollo Social de medicamentos antirretrovirales para serdistribuidos dentro de los programas de salud pública a las PVVS por un monto de US $32.868.881,74 en el 2001, y de US $ 26.160.889,47 en el 2002 donde se describe unadisminución substancial de la inversión, la misma que se ejecutó para atender a unapoblación de aproximadamente 5.200 PVVS que ingresaron al programa de ARV.
1.4. La Cooperación Internacional / La movilización de recursos
El documento de “Análisis de la Situación de la Epidemia del VIH/SIDA y de la RespuestaNacional en Bolivia”, refiere que debido a que el SIDA no es un problema prioritario en elpaís, el Programa Nacional de Salud se ve obligada a buscar financiamiento externo yparticipación multisectorial para su subsistencia. Por ello, el 89% de las accionesdesarrolladas se efectuaron con fondos de la cooperación internacional, fundamentalmentede la Cooperación Británica, Comunidad Europea, Cooperación Sueca, USAID,UNICEFF, OPS/OMS y ONUSIDA.
Colombia está calificada como un país en vías de desarrollo por encima de otros deAmérica Latina, sumergida en un escenario de conflicto armado, con graves violaciones alos derechos humanos y en una lucha permanente contra el narcotráfico, lo que centra laatención de los otros gobiernos y las agencias de cooperación, por encima de otras áreascomo el VIH, y al no constituirse para la agenda del Gobierno Nacional como prioritario,esto no se constituye como para de la agenda internacional. Por su parte, las ONG hanobtenido recursos por parte de la cooperación internacional para el desarrollo de sus planesy programas.
La cooperación internacional en el Ecuador podría establecerse en dos niveles: el primero,que compete a la cooperación con el gobierno, que con relación a la tuberculosis y lamalaria, y/u otras epidemias, “es débil, por no estar en la mayoría de las agencias el VIHcomo entre las prioridades para la cooperación. De ahí, en razón de las necesidades delpaís, el aporte económico es mínimo, incluyendo los recursos técnicos. Con relación alVIH/SIDA, el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto de pequeños recursos, destinadospor el ONUSIDA para el país, dirigidos a capacitación del personal de salud, mejoramientode la vigilancia epidemiológica, la elaboración del Plan Estratégico y para la coordinacióninterinstitucional. En un segundo nivel las ONG captan recursos tanto de agencias decooperación como de gobiernos extranjeros para sus planes y programas. Recientemente elFondo Global aprobó la propuesta de país para el VIH/SIDA.
En el Perú, la cooperación internacional se podría ver desde dos perspectivas. Una desde elapoyo directo al gobierno y a las políticas que desarrolla específicamente y por otro lado laayuda que dichos organismos prestan a la sociedad civil organizada. El Ministerio deSalud, maneja algunas asignaciones de ciertos países cooperantes quienes proveen recursoseconómicos para proyectos específicos como la capacitación a personal, mejoramiento de la
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calidad de servicios, etc. También el país capta recursos a través de préstamos y/o créditos,para, en algunos casos, desarrollar proyectos específicos. El Perú recibe cooperacióninternacional en aspectos tecnológicos.
Según el documento “Indicadores financieros de las respuestas nacionales contra elVIH/SIDA”, elaborado por la Fundación Mexicana para la Salud y SIDALAC, el aporte dela cooperación multilateral en Venezuela representa el 0.20%, representando el porcentajemás bajo de los aportes que concurren a la respuesta nacional para la prevención yasistencia en VIH/SIDA. La cooperación internacional, aparentemente, demuestra pocointerés al país, considerado como rico o un país sin información actualizada desde el puntode vista epidemiológico, o por la poca capacidad del gobierno nacional para gestionarexitosamente recursos con las agencias multilaterales de cooperación. El Ministerio deSalud y Desarrollo Social cuenta con apoyo del Programa Conjunto de Naciones Unidaspara el SIDA-ONUSIDA-, además la OPS/OMS presta al Estado venezolano asistencia deíndole técnica en esta materia.
1.5. Políticas de Integración Regional
Los cinco países de La Comunidad Andina de Naciones participan conjuntamente en dosconvenios que son, el Convenio Andrés Bello, referido a Educación y el del ConvenioHipólito Unanue referido a aspectos de salud. No obstante estos dos instrumentosimportantes de la integración andina, de acuerdo al informe de la Secretaría Protempore dela Comunidad Andina (junio 2000-2001) señala que: “a pesar de que los avances en materiaeconómica y comercial han tenido un desempeño continuo e irreversible y que el acento dela integración hasta ahora se ha centrado en aspectos económicos, se han descuidadoaspectos sociales fundamentales en la consolidación del proceso de integración”.
Al respecto de lo anterior, la Comunidad Andina da varios pasos a través del convenioHipolito Unanue, convertido actualmente en el Organismo Andino de Salud, trabajando enaspectos relacionados a la vigilancia epidemiológica, y recientemente en la negociación demedicamentos antirretrovirales para PVVS. Así mismo es importante reiterar, un convenioya mencionado y clave para efectos del presente informe es la Carta Andina de Derechos.
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PARTE II
DERECHOS HUMANOS_________________________________________________________________________
2.1. Situación General de los Derechos Humanos
El gobierno boliviano en sus políticas preconiza el respeto a los derechos humanos de susciudadanos; pero persisten grandes problemas en algunas áreas. Las deficiencias jurídicas einstitucionales fueron en desmedro de la protección plena de los derechos humanos de losciudadanos. Existen numerosas denuncias de tortura por parte de la policía y las fuerzas deseguridad del Estado, como también informes que gozan de credibilidad sobre abusos porparte de la policía, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, robo menor, extorsión y arrestoindebido. En Bolivia la lentitud procesal conlleva al encarcelamiento prolongado de losprocesados debido a procedimientos anacrónicos, a la ineficiencia y corrupción del sistemajudicial. Persisten los problemas relacionados con la violencia doméstica y discriminaciónde las mujeres, el abuso a la niñez, la discriminación y el abuso de los indígenas, ladiscriminación de los ciudadanos afrobolivianos, el trabajo infantil, las condicionesinhumanas de trabajo en la industria minera y el tráfico de personas.
El defensor del pueblo en su informe abril 2000- marzo 2001 menciona que entre una desus principales inquietudes son los conflictos sociales que surgen de la recesión. Lasituación económica está poniendo en peligro, los derechos fundamentales, entre ellos elderecho a la vida, la salud y la seguridad. La defensa de los derechos humanos en Boliviacontinua siendo una labor sujeta a las amenazas y al hostigamiento. Amnistía Internacionalha registrado una preocupante tendencia de ataques, amenazas e intimidaciones dirigidas aabogados y miembros de organizaciones no gubernamentales –ONG-, que en algunos casosse extienden a las familias de éstos. El respeto a los derechos humanos en Bolivia esincierta, pese a que firmó y ratificó convenios y acuerdos internacionales relacionados a lapromoción, defensa y protección de los Derechos Humanos.
Colombia durante el último siglo ha atravesado por un profundo estado de violencias que sehan desplazado paulatinamente de las zonas rurales hasta las urbanas. Cada una de estasviolencias ha tenido sus matices diferenciales si bien sus expresiones han cambiadosubstancialmente. Así la mezcla entre narcotráfico, guerrilla, paramilitares y profundosniveles de desequilibrio social y la participación del Estado en la violación de derechos,configuran un panorama difícil para la protección y ejercicio de los derechos humanos. Deacuerdo a lo que informa el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanossobre la situación de los derechos humanos en Colombia para el 58º período de sesiones, enel 2002 “las violaciones de los derechos humanos se producen en un marco reiterado deprácticas graves, masivas y sistemáticas, que inciden en la evolución progresiva delagravamiento de la situación en esta materia”.
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El aumento substancial en los niveles de pobreza ha deteriorado las condiciones de vida delos colombianos, “en los últimos tres años se observa en el país un deterioro estructural delcapital humano”. De acuerdo al informe alterno al Cuarto Informe del Estado Colombianoante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,período 1995-2000, plantea que “En Colombia el desempleo afecta con fuerza especial alos jóvenes, a las mujeres, a los más pobres y a otras poblaciones en situación devulnerabilidad”.
La Constitución Ecuatoriana hace un reconocimiento especial a los derechos humanosfundamentales, consagra además el igual acceso a los derechos de primera y segundageneración, el establecimiento de mecanismos de defensa como: el Amparo Constitucional,el habeas data y la figura del defensor del pueblo. El Ecuador cuenta con una legislaciónclara que sirve de soporte para la adopción de medidas de protección a los derechoshumanos y “la normativa constitucional ecuatoriana, abre jurídicamente las posibilidadespara quienes se sientan objeto de discriminación por cualquier condición que se encuentreexpresamente establecida en la Constitución”. En razón, en el Art. 24 de la mismaConstitución, reconoce que en “materia de derechos humanos y garantías constitucionales,prevalece la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia. Ninguna autoridadpuede exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley para elejercicio de los derechos ciudadanos.
Más sin embargo, la realidad expresa en el informe de situación de los derechos humanosen el Ecuador de Amnistía Internacional 2002, hace hincapié en “su preocupación por latortura y malos tratos, y en particular las muertes bajo custodia, se piensa que fueronvíctimas de ejecución extrajudicial. Hubo fuertes amenazas contra abogados y testigos deviolaciones a los derechos humanos, así como contra defensores de estos derechos. Laimpunidad sigue estando institucionalizada. La persecución y los actos de violencia contralesbianas, gay, bisexuales y transgéneros constituyeron un motivo importante depreocupación”. Además, existen denuncias que acusan a agentes de la policía de llevar acabo ejecuciones extrajudiciales. Los casos de violaciones a los derechos humanos siguensin resolverse con prontitud, imparcialidad e independencia.
El Ecuador ha ratificado prácticamente todos los pactos y convenios internacionales enmateria de derechos humanos, aspecto que se refleja también en la Carta Andina deDerechos Humanos.
En 1996 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, informa sobre lasituación de los Derechos Humanos en el país, narrando la cuantificación de la violenciapolítica, los tipos de acusaciones, asesinatos selectivos, detenciones injustas, etc., así comotocando el tema de la pobreza, desigualdad y discriminación. En las conclusiones de suinforme, indica sobre la disminución de las desapariciones forzadas y ejecucionesextrajudiciales. Previamente en 1994, la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEHemitió un informe donde daba cuenta de graves crímenes y violaciones a los DerechosHumanos sin resolverse, así como sobre la instauración en el Perú de una forma sistemática
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la práctica de la tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes ejercidas por agentes delEstado en la detención tanto de delincuentes comunes como a los acusados por terrorismo ytraición a la patria.
Amnistía Internacional en su informe del 2002, dio cuenta de que al igual que en los añosanteriores siguieron recibiéndose denuncias de torturas y malos tratos cometidos por lasfuerzas de seguridad y bajo custodia, y que el uso de la tortura para obtener confesionessirve a menudo para sustituir del hecho las técnicas de investigación moderna. Dabancuenta de que en Perú se constituyó una comisión de la verdad para aclarar las violacionesde derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000.
El 30 de diciembre de 1999 entró en vigencia la nueva Constitución de la RepublicaBolivariana de Venezuela, la cual derogó la Constitución de 1961, y comportó respecto aésta un importante adelanto en materia de derechos humanos, pues su avance se caracterizapor el reconocimiento expreso del principio de la progresividad de los derechos, y loscaracteres de irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos(art 19).
La nueva Constitución reedita la protección de varios derechos e introduce mejora encuanto no sólo se refiere al reconocimiento de los derechos humanos que no figurenexpresamente en la Constitución sino también en los tratados internacionales, y agregandoque la falta de ley que los reglamente no puede constituir obstáculo alguno para el efectivoejercicio de los mismo. Además, se extiende la protección a los derechos de las personasjurídica, ya que no habla de “inherentes a la persona humana” sino de “derechoshumanos”.
Establece también la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Mientras seerige un esquema de corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia en lo referido a laprotección de los niños y adolescentes, discapacitados, etc.
Empero contar con un marco normativo muy positivo para la vigencia de los derechoshumanos, la realidad imperante es otra, siendo los principales problemas los siguientes: laimpunidad, la corrupción de los órganos que administran justicia, el ejercicio excesivo depoder, la pobreza, la inseguridad, entre otros.
Actualmente en Venezuela, la situación de los Derechos Humanos es verdaderamentepreocupante, más cuando en un análisis retrospectivo, se constata el desmejoramiento queacompaña el complicado panorama caracterizado por el ambiente socio-políticoradicalizado, altamente agresivo, con una economía cada vez más deprimida.
La República Bolivariana de Venezuela ha ratificado los siguientes tratados o conveniosinterncionales sobre derechos humanos: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional(2000), Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmentemujeres y niños (2001), Protocolo adicional a la Convención sobre los Derechos del Niñorelativo a la participación de los Niños en Conflictos Armados (2001), Protocolo Adicional
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a la Convención sobre los Derechos del Niño sobre Ventas de Niños, Prostitución Infantil yPornografía Infantil (2001), Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales(2002), Carta Democrática Interamericana (2001), entre otros.
2.2. Situación General de los Derechos Humanos y el VIH/SIDA
La situación general de los derechos humanos y el VIH/SIDA en Bolivia se ve reflejada enla investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial No.RD/LPZ/00007/2003/DH después de la investigación de oficio realizada a nivel nacional,que en el trato humano a persona con VIH-SIDA en el ámbito del sistema de salud,establece las actitudes y comportamientos negativos en los servicios de salud dependientesdel Programa Nacional de ITS-SIDA, y también hacia grupos de personas de altavulnerabilidad social como las trabajadoras sexuales comerciales, hombres gay y otroshombres que tienen sexo con hombres y travestis, personas sujetas a tratos y atropellos, alprejuicio y homofobia, con claros elementos de discriminación y estigmatización, losmismos que se constituyen en barreras en el proceso de diagnóstico y tratamiento.
Los malos tratos a los que se sujetas las PVVS, se refleja en la permanente discriminación,en el retardo en su atención, en el aislamiento en la prestación del servicio rechazando todocontacto físico con la persona. Se aplican pruebas y exámenes de diagnóstico sin previainformación y consentimiento de las personas, particularmente a las trabajadoras sexualescomerciales y a hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres. Es una prácticasistemática la toma de muestras sanguíneas sin previo consentimiento, entre otras múltiplesviolaciones a los derechos humanos y contravenciones a los Artículos 7 y 158 de laConstitución de la República.
Aunque en Colombia la prestación de los servicios de Salud se realizan bajo el SistemaIntegrado de Atención en Salud, bajo la Ley 100 de 1993 que pretende el aseguramiento del100% de los colombianos en cualquiera de los 4 tipos básicos de participación en elsistema, con relación a la atención en VIH/SIDA muchas personas siguen enfrentandoseveras dificultades en cuanto el acceso a la atención, “negación de exámenes,medicamentos o servicios”, esencialmente relacionados con el números de cotizaciones quedebe hacer cada persona en el Sistema.
Muchas de las Entidades Prestadoras de Salud, no han consolidado acciones de promocióny prevención en la materia, y las instituciones públicas y privadas de salud no cuentan conpersonal idóneo para la atención de la población que vive con el VIH/SIDA. Para el 2002 el70% de los pacientes con VIH/SIDA no eran atendidos por especialistas en la materia.
“La situación actual de salud del Ecuador ha sido influenciada, especialmente en las dosúltimas dos décadas por un conjunto de realidades y vicisitudes que han producido unretroceso de la dinámica del proceso de salud, Podemos afirmar que existe un retrocesoporque los indicadores macro de mortalidad, morbilidad y otros, sean peores que hace diezaños, sino por la sencilla razón que continúan elevados. La cobertura y calidad de laatención no ha mejorado, la inequidad ha aumentado, la ausencia de solidaridad es másnotoria. Todo esto agravado por la falta de una adecuada conducción del sector a diferentes
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niveles y por el estilo de gestión política (partidista y personalizada) con la que se hamanejado”.
En la actualidad el Estado ecuatoriano toma coyunturalmente sus decisiones, según losgobiernos de turno, sin que exista realmente una política nacional de salud a largo plazo,que garantice la atención de la población en general y de manera particular en el caso delVIH/SIDA. Por estas razones en el Ecuador se estima que el 0.1% de las PVVS recibentratamiento antirretroviral y el acceso a exámenes de diagnóstico y de especialidad sonextremadamente restringidos. El sistema de seguridad social se haya colapsado, y las PVVSque reciben tratamiento son sujetos de interrupciones sistemáticas del mismo. En todo elpaís la situación tanto laboral, educativa y social de las PVVS enfrentan complicacionesrelacionadas a políticas de restricción, aplicación no consentida de las pruebas dediagnostico que coartan sus derechos tanto a la educación como al trabajo, en términosgenerales.
En un caso similar al resto de los países de la subregión Andina, en el Perú, existe lapercepción generalizada que las personas que viven con el VIH/SIDA no son sujetas deprotección del sistema de derechos humanos por su estatus VIH positivo, de ahí quejustifican, de cierta manera, la actitud estatal de aplicarles sanciones y/o no brindarlesservicios de asistencia. Esta situación potencialmente tiene sus raíces en la presunción deque los derechos humanos, su protección y defensa son exclusivamente relacionados conasuntos de índole política y de guerra.
Independientemente de las percepciones arriba señaladas, la normatividad en el Perú esabundante en el reconocimiento de los derechos específicos de las personas que viven conel VIH/SIDA, más sin embargo las personas se enfrentan a serias dificultades en cuanto alacceso a los servicios de salud sino en la sostenibilidad de los mismos cuando lograr suacceso a ellos, incluyendo los de la Seguridad Social. Empero la existencia de normas querecogen los principios de autonomía de la voluntad, reserva de la confidencialidad, derechoal trabajo, protegiendo al trabajador en el caso de despido por discriminación, la situaciónde las personas que viven con el VIH/SIDA continúan plagadas de una serie de situacionesque en la mayoría de los casos atentan contra sus derechos humanos personales protegidospor las normas nacionales.
La situación de los derechos humanos y el VIH/SIDA en Venezuela no difieresubstancialmente del resto de los países comunitarios andinos, aunque cuenta con mayorriqueza constitucional en cuanto a la interpretación, alcance y ámbito en cuanto aprotección de los derechos humanos se refiere, no solamente en el caso de la salud, sinotambién en cuanto a la participación ciudadana y otros aspectos concernientes al ámbitojurídico venezolano.
El cuerpo normativo vigente abre muchos caminos que permitirían de cierta manera laexigibilidad de los derechos tanto de las personas que viven con el VIH/SIDA, como deaquellos que se vean afectados por la misma causa, más sin embargo, surgen problemas deinterpretación, como por ejemplo en el caso del consentimiento para la práctica deexámenes médicos, debido a que es una práctica recurrente la exigencia por parte de
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empleadores o patronos la realización de pruebas medicas para el ingreso o para continuarcon el empleo, sin que la persona a quien se ha requerido dicha práctica pueda oponerse a lamisma, bien por necesidad de empleo o bien por la situación de superioridad en que seencuentra el patrono respecto de sus empleado. Ello supera a que tal práctica constituyauna violación a los derechos de igualdad y no discriminación, y en una aparente correctainterpretación de la normativa vigente, esto como para citar uno de los casos.
2.3. Defensoría del Pueblo
Todos los países de la Comunidad Andina cuentan con Defensorías del Pueblo, todas aexcepción de Ecuador conocen y han dado tratamiento, de cierta manera, a denuncias deviolaciones a los derechos humanos de personas viviendo con el VIH/SIDA o a causa delSIDA, de los cuales, si bien en la gran parte, varios de los casos no cuentan conresoluciones de índole jurídica de las demandas, los antecedentes dan cuenta y permitencertificar las violaciones a los derechos humanos a causa del VIH/SIDA en la regióndenunciados por la organizaciones y personas preocupadas y con trabajo en laproblemática.
En Bolivia, la Defensora del Pueblo, adopta como una acción dirigida a los medios decomunicación sobre el “tratamiento informativo acorde al respecto de los DerechosHumanos de las personas que viven con el VIH y Sida”, en la que expresa que estaspublicaciones no se adecuan al marco legal y a situaciones preventivas que pueden generaren la opinión pública una corriente de estigma y discriminación en contra de las personasPVVS, e inclusive puede constituirse en un impedimento para que soliciten tratamientocontra el SIDA por temor a represalias sociales. En este mismo sentido, refiere que “coneste tipo de notas, al citar nombres y apellidos de las personas que viven con el VIH y Sida,los medios de comunicación, están violando preceptos contenidos en la legislación nacionalcomo internacional, por lo que recuerda el deber legal de cumplir con los preceptoscontenidos en las disposiciones legales para la preservación y el respeto de uno de losprincipios básicos de la vida colectiva y democrática: el respeto a la dignidad de laspersonas”
Este y otros dictámenes posteriores fueron el resultado de las denuncias presentadas por elInstituto para el Desarrollo Humano y la Red Boliviana de PVVS, contra el Director delInstituto Nacional del Tórax de la ciudad de la Paz, la Red de Televisión ATB y del diarioLos Tiempos, de Cochabamba.
La Defensoría del Pueblo de Colombia, en el período transcurrido entre el 1 de enero aoctubre del 2002, dio tratamiento a denuncias relacionadas con el VIH/SIDA en casosrelacionados con el derecho a la intimidad, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud,observándose que el 90,90% de las quejas presentadas estaban relacionadas con el derechoa la salud, y particularmente con relación al acceso a tratamiento.
La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador faculta al Defensor del Pueblo adefender y exhortar de oficio o a petición de parte, la observancia de los derechosfundamentales, individuales o colectivos que la Constitución Política de la República, lasleyes, los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador.
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En la revisión exhaustiva del informe presentado por el Defensor del Pueblo al Presidentedel Congreso Nacional del Ecuador, correspondiente al año 2002, en la multiplicidad decasos descritos no se reportó ningún caso relacionado con el VIH/SIDA. Pero en cuanto a laSalud, el Defensor del Pueblo señaló su preocupación a través de una campaña dedivulgación sobre el respeto a la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, la cual protege ybrinda amparo legal al paciente con relación a la atención y servicio en cualquierestablecimiento de salud, sea público o privado. De igual manera sobre la Ley deMaternidad Gratuita. En el mismo informe, sientan preocupación por la situación de lasminorías sexuales del país y otras poblaciones vulnerables.
En el Perú la Defensoría del Pueblo tiene dos niveles fundamentales de intervención: estáencargada de defender los derechos constitucionales de la persona y la comunidad ysupervisar el cumplimiento de los deberes de la administración Estatal y la prestación deservicios públicos. Con relación a temas referidos al VIH/SIDA, en defensa de DerechosHumanos, su participación ha sido activa en la Acción de Amparo con relación de laprovisión de medicamentos antirretrovirales. La Defensoría colabora con diversasorganizaciones de PVVS en el seguimiento de las medidas cautelares concedidas a favor de15 PVVS por parte de la Comisión Interamericana de DDHH.
La Defensoría del Pueblo en Venezuela forma parte del Poder Ciudadano recién creado porla Constitución de la República Bolivariana, y es un ente constituido para la protección,vigilancia y promoción de los derechos humanos de todas de las personas. Por lo querefiere a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH/SIDA este organismodel Poder Ciudadano, en fecha 27 octubre del 2000 elaboró un memorando que contienecomo asunto “Violación de los Derechos Humanos de las personas que viven conVIH/SIDA”, el mismo que es difundido por la Dirección General de Servicios Jurídicos, yque además de hacer un encuadre de los derechos de las PVVS con relación a la visión delreconocimiento y protección de los derechos humanos garantizados constitucionalmentepara todo el pueblo venezolano, además, hace recomendaciones al Estado con relación aldiseño e implementación de políticas que tengan como objetivo asegurar el derecho a lasalud y en consecuencia a la vida de todas las PVVS, entre otras recomendaciones.
Aunque la Defensoría del Pueblo ha mediado en varias reclamaciones sobre violación delos derechos humanos y VIH/SIDA, los avances en esta materia siguen enfrentadas seriasdificultades, especialmente a lo referido a mediaciones y soluciones de casos concretos,permaneciendo sin solución la mayoría de ellos, e incluso sin el debido tratamiento.
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PARTE III
EPIDEMIOLOGIA / INTERVENCIONES_________________________________________________________________________
3.1. Epidemiología del VIH/SIDA. Descripción general y tendencias
El primer caso de SIDA diagnosticado en Bolivia fue descrito en 1984 en Santa Cruz.Desde esa fecha hasta junio del 2002, el número de casos registrados por el programaITS/SIDA del Ministerio de Salud es de 907 personas. La tasa nacional de prevalencia es de25 por 1.000.000 habitantes en el año 2001. Esta tasa de prevalencia del VIH/SIDA es lamás baja de la región, sin embargo es necesario mencionar que existe una importantesubnotificación y subregistro de casos. Por estas características, la epidemia se clasifica enBolivia como incipiente (de bajo nivel), debido a que ningún subgrupo de la población hasuperado el 5%. Para fines del 2001 ONUSIDA estimaba que el número de personas queviven con el VIH en el país era de 4.600. A pesar de estas cifras, Bolivia, esta situada comoun país con una tasa del 0.1% de prevalencia de SIDA en adultos.
La vía de transmisión del VIH más frecuente en Bolivia es la sexual (95%), luego está lavía sanguínea a través de transfusiones de sangre (3%) y la perinatal, de la madre viviendocon el VIH al niño/a (2%). En la transmisión por vía sexual, el 61% corresponde quedeclararon ser heterosexuales, y el 39% por relaciones homosexuales en hombres quedeclararon homo y bisexualidad. Del total de la notificación el 32% corresponde a mujeresy el 68% a hombres.
Conforme las bases de datos del Instituto Nacional de Salud (INS) y el DepartamentoAdministrativo Nacional de Estadística (DANE) En el periodo 1983 hasta diciembre de2002 se reportaron en Colombia un total de 36.419 casos de VIH-SIDA de los cuales22.156 fueron notificados como asintomáticos, 9.042 casos de sida y 5.040 muertescausadas como consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Del total decasos el 63,34% provienen del Distrito Capital de Bogota, y los Departamentos deAntioquia y Valle9. Sin embargo, al relacionar la cantidad de casos con la cantidad depoblación, se encuentra que la propagación de la epidemia se da con mayor impacto enregiones intermedias como el departamento de Risaralda, o en el Departamento de SanAndrés y Providencia, área turística del país.
Además, la mayor cantidad de casos se reportan en población joven y adulta (entre los 20y 49 años) con un 72.99%.
Si bien la mayoría de los casos reportados son hombres (82.22%), se observa como latendencia al aumento de casos de VIH/SIDA en mujeres.
9 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional deReferencia – Centro de Control de Enfermedades. 2003.
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Según datos del Instituto Nacional de Salud a junio del 2002, plantean que entre los años2001 y 2002, se dio un aumento de la transmisión vertical del 2.1% al 5.1%.
La epidemia del VIH/SIDA en el Ecuador, al igual que otros países de la región tambiénpresenta subepidemias en sus tres regiones continentales e incluso entre las provincias. Laforma de transmisión del VIH en el Ecuador es predominantemente sexual, reportándoseesta condición, hasta el 2001, 3.494 casos de un total de 3.727, es decir el 93.7% de loscasos. La distribución porcentual de las PVIH/SIDA según categoría de transmisión porsexo entre 1984-2001, corresponden al 76.84% a hombres y el 23,15% a mujeres.
Del total de hombres, el 48% se reconocieron como heterosexuales y el 45.7% como homo-bisexuales. El predominio porcentual de los heterosexuales se evidencia desde 1998, puesdesde el inicio de la epidemia hasta 1997 predominaron los homo-bisexuales.
De acuerdo a la clasificación hecha por ONUSIDA y la OMS/OPS para entender mejor ladinámica de la epidemia, con relación a las seroprevalencias, la epidemia del VIH/SIDA enEcuador se puede catalogar como concentrada en función de las prevalencias encontradasentre los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que alcanzancifras de hasta 23.4% en algunas provincias del país, otras prevalencias alcanzan un 1.5%entre las trabajadoras sexuales, y un 0.3% entre las embarazadas.
En el país la epidemia sigue golpeando fundamentalmente a la población económicamenteactiva, con una característica particularmente joven, ya que el mayor número de los casosse haya concentrado en personas de los 15 a 30 años de edad, además de personas demediana edad y tercera edad. Las estadísticas sobre el VIH/SIDA en el Ecuadorconstituyen una fuente poco representativa de información debido al subregistro existente,con relación a la notificación de diagnósticos sobre el VIH. El ONUSIDA estima queexisten aproximadamente unas 40.000 personas viviendo con el VIH/SIDA.
Desde 1983 año en que aparece el primer caso de SIDA en el Perú hasta la fecha, elpanorama de esta enfermedad se ha incrementado de manera sostenida. El número total decasos acumulados desde 1983 hasta septiembre del 2002 ha sido de 13,257 casos, según laOficina General de Epidemiología. A estas cifras también se suman aproximadamente60.000 personas que se estiman permanecen como portadoras asintomáticas, ya que sereconoce oficialmente que existe la presencia de un subregistro de casos, el mismo que escasi del 40% del total de casos que se han presentado hasta el año 2002.
En el Perú el 96% constituye la transmisión del VIH por vía sexual, destacándose asimismoque se trata de una enfermedad más urbana, siendo la Capital Lima con el mayor número decasos (aproximadamente el 70-75%. Los grupos en edades comprendidas entre los 20 y 49años concentran el mayor número de casos notificados de SIDA entre los hombres y entrelas mujeres entre los 20 y 39 años, es así que cerca del 40% de casos de VIH/SIDAreportados se encuentran distribuidos entre los 14 y 25 años de edad. En la distribución delos casos de SIDA por sexo, se observa al año 2002 una relación 3:1, según datos de laOficina General de Epidemiología. También, en el país hasta el año 2000 la epidemiaseguía concentrada en algunos grupos específicos, así la prevalencia en gestantes señaló el
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0.35%, en hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 11%, entrabajadoras sexuales 2.0% y en personas privadas de su libertad 1.1%
En Venezuela los números de casos de SIDA reportados entre los años 1997 y 2002,muestra cifras absolutas de 13.527 personas, y según datos recientes suministrados por elPrograma Nacional de SIDA –PNS-, para noviembre del 2002 se habían registrado 17.585casos de VIH/SIDA en el país, esto representa un acumulado desde el año 82, en que sediagnóstico el primer caso.
El 90% de los casos notificados se da por transmisión sexual, dentro de la misma el grupomás afectado es la comunidad homosexual y de hombres que tienen sexo con hombres(HSH) que registra el 80% de los casos notificados. Igualmente se tiene registrado que laedad más frecuente para la infección por VIH está entre 15 a 45 años de edad.
Según el informe sobre la Epidemia Mundial de VIH/SIDA, publicado en 2002 porONUSIDA se establece que el número estimado de personas que vivían con el VIH/SIDA afinales del 2001 en Venezuela ascendía a 62.000. Según las autoridades del PNS existe unsubregistro de casos que se eleva hasta un 80%.
Servicios de atención en VIH/SIDA_________________________________________________________________________
3.2. Prestación de Servicios en Salud Integral
El Ministerio de Salud de Bolivia en 1999 publicó el Manual del Manejo Integral dePersonas afectadas por las infecciones de transmisión sexual, donde se integra la consejería.Estos manuales, relevan la importancia de la atención personalizada de los pacientes y elrespeto de sus derechos. Actualmente, el gobierno, está revisando un protocolo de atencióna las personas que están viviendo con el VIH y SIDA, donde integra los aspectos deprevención, la atención integral, la confidencialidad, la consejería, el tratamiento desíntomas y paliativos, el diagnóstico y tratamiento donde incluye esquemas de tratamiento,profilaxis de enfermedades oportunistas, orientación sobre nutrición y calidad de losalimentos, además de los aspectos referidos a la bioseguridad.
En Bolivia se constata que muy pocos servicios de salud del país pueden asegurar laatención, los cuidados y el tratamiento adecuado a las personas que viven con el VIH oenfermas de SIDA. Es importante reconocer que algunas instituciones están haciendoesfuerzos para mejorar la atención a PVVS. No obstante, muchas de las personas que vivencon el VIHH y SIDA que acudieron a servicios hospitalarios públicos o privados endiferentes ciudades de Bolivia, se les negó la atención bajo pretextos que no había camasdisponibles, que no tenían personal especializado, o que los otros pacientes se irían delhospital o clínica por temor al “contagio”.
Las normas de bioseguridad, en los hospitales presentan deficiencias, debido tanto a la faltade decisión de los directores para su aplicación rigurosa y también por parte del mismo
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personal de salud. En el país muchos servicios de salud disponen de escasos recursos dematerial, para cumplir con las normas básicas de bioseguridad.
La situación en Colombia con relación a la prestación de servicios en salud integral podríaafirmarse que el Sistema de Salud colombiano se encuentra lo suficientemente preparadopara brindarlo, ya que dispone de suficiente infraestructura, y es con relación al personal desalud, en que salvo algunas excepciones, se sienten temerosas ante las personas que vivencon el VIH y SIDA, lo que sucede especialmente en las regiones más apartadas del país.
No obstante, estas “condiciones ideales”, las condiciones de acceso a los servicios de saluda las personas viviendo con el VIH/SIDA son bastante dificiles, ya que la enfermedad seencuentra clasificada como de alto costo y tiene cobertura con la asistencia médica, entregade medicamentos incluyendo algunos antirretrovirales y algunas pruebas de laboratorio, apesar de ello, la negativa de medicamentos y cargas virales son comunes en la medida enque los medicamentos de tercera generación, los esquemas más efectivos y los exámenes noestán contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS)10, y solo se tiene acceso a estos através de acciones de tutela, y teniendo acceso al sistema después de 100 semanas decontribución.
En el Ecuador, la asistencia y el apoyo en VIH/SIDA se enmarcan en un contexto queextrapola las necesidades de las personas que viven con el VIH/SIDA y va mucho más alláde los requerimientos de medicamentos y de la atención en salud. En este contexto, laasistencia integral en VIH/SIDA, básicamente ha respondido a esfuerzos presionados porlas circunstancias, más que a procesos de coordinación institucional de respuesta frente a laepidemia.
Los hospitales del sistema público de salud enfrentan una serie de limitaciones con relacióna brindar servicios de salud integral en VIH/SIDA, en primer lugar, existe un déficit depersonal especializado para la atención del paciente con VIH o SIDA, y en segundo lugar,persiste la sistemática resistencia por parte del personal de enfermería, médico yparamédico, desde las emergencias para la atención de este tipo de casos. En el Ecuadorexiste una deficiencia de infraestructura adecuada, y un limitado número de equipos ytecnología para la atención de patología aguda del VIH/SIDA, en esto último, en cuanto abioseguridad se presentan carencias y deficiencias en las instituciones.
Desde el año 2002, desde la Coordinación del Programa Nacional SIDA/ITS se hizo elprimer inventario de recursos profesionales dentro del Sistema Público y Privado quebrindan atención a pacientes con VIH o SIDA, y se implementaron por primera vez desde
10 Cada uno de los regímenes de salud en Colombia tiene un Plan Obligatorio de Salud (POS), sin embargoestos son distintos: mientras el POS contributivo (que administra las afiliaciones laborales) tiene unaamplia cobertura de patologías y tratamiento, el POS Subsidiado (que administra fondos de gobierno) no lotiene, generando inequidades en la prestación de este servicio público. Además el acceso al POS tiene unalimitante generada por el mismo modelo, y es que las personas afiliadas al sistema tienen acceso pleno a losservicios después de 100 semanas de cotización. Para administrar el proceso de afiliación al Sistema, sehan generado dos tipo de entidades: Las Empresas promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras deRégimen Subsidiado (ARS).
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los comienzos de la epidemia, tres clínicas de atención en VIH/SIDA que se proponenbrindar asistencia integral incluyendo entre ella la provisión de antirretovirales.
La normatividad en el Perú es abundante en cuanto a Prestación de Servicios en SaludIntegral, aspecto que se incluye en la “Doctrina, Normas y Procedimientos para el Controlde las ETS y el VIH y el SIDA en el Perú” en el que se plantea la atención integral enETS/VIH/SIDA, el diagnóstico y Consejería Pre y Post test en VIH, así como la atenciónde personas portadoras de infección por el VIH con diagnóstico SIDA. Igualmente, laGuía Nacional de Atención Integral del Paciente con Infección VIH/SIDA, que entre otrascosas establece, la evaluación y seguimiento del paciente con VIH/SIDA, desde exámenesfísicos hasta exámenes de laboratorio, así como tratamiento antirretroviral, con todo elesquema que representa, sin embargo, pese a la existencia de tales normas que reconocenderechos, el Ministerio de Salud no cumple con tales preceptos, o simplemente cumple enforma parcial e intermitente.
En Venezuela, la concepción de salud integral ha sido planteada como política de estado yes igualmente entendida por los trabajadores del sector salud, así como por los funcionariosdel PNS, sin embargo en la práctica son muchos los obstáculos que habría que vencer parasu aplicación efectiva.
En el Sistema de Atención en Salud no ha sido posible la prestación del servicio de saludintegral por deficiencias en la infraestructura, aumento de la demanda en los últimos 5 años,además la falta de personal (enfermeras y médicos) y las deficiencias presupuestarias, todolo cual merma la calidad de atención del servicio salud. Por otra parte, el ProgramaNacional SIDA/ITS del Ministerio de Salud y Desarrollo Social gira instructivos paraabordar el tema del VIH/SIDA como un servicio público sectorizado, parcializado, sintomar en cuenta que el tema comporta la atención de una serie de factores que requieren dela intervención de manera multidisciplinaria. Puede asegurarse entonces, que la prestaciónintegral de servicios de salud no cuentan aún con la visión de integralidad de los mismos,sino que las necesidades de los pacientes que viven con VIH o SIDA, son atendidasparcialmente y sin coordinación entre los distintos servicios.
3.3. Acceso a Tratamientos
En Bolivia desde que se inició la epidemia en 1984 hasta la fecha, las personas que vivencon el VIH/SIDA (PVVS) no contaron, ni cuentan con programas de apoyo por parte delEstado para el tratamiento de las enfermedades oportunistas ni tampoco para realizar laprofilaxis. En cuanto a medicamentos ARV, no existió ni existe una voluntad política delgobierno para tener un acceso real y sostenible a los ARV. A fines del 2000, el gobierno deBrasil, decidió donar a Bolivia dos medicamentos ARV, con el compromiso de que elgobierno boliviano otorgue el tercero para completar el esquema de triterapia. Actualmenteen Bolivia menos del 2% de las personas tienen acceso a la triterapia. De estos, una ínfimaparte, es comprada por los mismos pacientes o familiares, algunos reciben donaciones deorganizaciones internacionales.
La Caja Nacional de Seguro (CNS) ha incluido en su vademécum cinco medicamentosantirretrovirales que están destinados exclusivamente a pacientes asegurados, sin embargo
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existe frecuentes interrupciones del tratamiento debido a la falta de existencia de losmismos en los inventarios de la CNS.
En Colombia se evidencian también severas dificultades en cuanto a acceso amedicamentos y a exámenes relacionados. El 90,90% de las quejas presentadas ante laDefensoría del Pueblo están relacionadas con el derecho a la salud, constituyéndose en elprincipal factor violatorio de las personas que viven con el VIH/SIDA. Adicionalmentepara el año 2001 “interpusieron 140 acciones de tutela para solicitar tratamientos anti-retrovirales. El 91% de las tutelas han fallado a favor del demandante.
En la mayoría de las Entidades Prestadoras de Salud y otras, los médicos tienen la orden derecetar los medicamentos aprobados en el Plan Obligatorio de Salud o aquellos que tenganexistencias en las farmacias de las instituciones por lo que el tratamiento es condicionado aotros factores y no por las necesidades de los usuarios.
Caso similar al boliviano, en el Ecuador el acceso a medicamentos en general, incluyendolos antirretrovirales no llega para más del 98.5% de las personas que viven con elVIH/SIDA, en el 1.5% que reciben en la actualidad ARV, se incluyen parte de las personasque demandaron al gobierno ecuatoriano y que por las medidas cautelares reciben parte deltratamiento.
En la actualidad, en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ha establecido 5 clínicas deatención a paciente VIH o con SIDA en tres ciudades del país, a través de las cuales haceentrega de ARV a un pequeño grupo no mayor de 100 personas de todo el país y brindaatención médica de especialidad, programa que, según asegura el Ministerio de Saludcrecerá gradualmente incorporando a nuevas personas. Los sistemas de seguridad socialtanto el de las Fuerzas Armadas como para el régimen laboral (IESS), destinan recursospara sus afiliados, pero las personas que son atendidas bajo el sistema del IESS sufren deinterrupciones sistemáticas del tratamiento con ARV a causa de la lentitud en los procesosde licitación y facturación que maneja este sistema de seguridad social.
En el Perú, la situación es similar a Bolivia y Ecuador por cuanto, pese a que cuentan connormas específicas en la materia, no existe acceso a los tratamientos en el sistema públicopara las personas viviendo con el VIH/SIDA en general, sólo para madres gestantes paraayudar a disminuir la transmisión vertical y para los niños recién nacidos con lactanciaartificial. Además, cabe señalar que en los Hospitales del Sistema de Seguridad Social(ESSALUD) tienen acceso a provisión de medicamentos alrededor de 1.200 PVVS, quecorrespondería aproximadamente al 10% del total de PVVS del país y el Ministerio deSalud provee profilaxis gratuita para la prevención de infecciones oportunistas, aunque elprograma sufre de interrupciones sistemáticas. Las personas que viven con el VIH/SIDAen el Perú que actualmente quieran acceder a tratamientos ARV deben por si mismasasumir los costos económicos que bordean aproximadamente entre 500 y 800 dólaresmensuales. En el Perú el sueldo promedio que gana una empleado y que recibe el salariomínimo es de aproximadamente de 130 dólares mensuales.
De los países de la región, Venezuela muestra el mejor escenario en cuanto a acceso aARV, pues el Programa Nacional de SIDA contempla una cobertura para 5.200 personas ya
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ingresados en este plan que no incluye gastos referentes a fármacos para enfermedadesoportunistas y reactivos. El plan venezolano incluye también el acceso a ARV para casosde accidentes de exposición (laboral y abuso sexual) y prevención vertical. Tambiéncuentan con un programa de medicamentos para Enfermedades Oportunistas. Por su parte,el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no solamente atiende a personasafiliadas a la seguridad social, esto es a los trabajadores que cumplan con las cotizacionesrequeridas, sino que también este servicio atiende a PVVS no afiliadas a la SeguridadSocial, por lo que provee ARV a 2.970 personas. Su programa incluye la provisión de kitsde emergencia mediante los cuales se otorgan ARV para casos de PVVS en situación deemergencia.
Aparentemente por asuntos burocráticos, recientemente en la Seguridad Social se produjoun déficit en ARV, provocando potencialmente la interrupción de medicamentos a lasPVVS, por causa de la paralización en sus procesos administrativos. Con relación al accesoa exámenes de diagnóstico y especialidad, como Carga Viral y CD4, si bien están incluidosen la atención, se incurre en desabastecimiento.
Ensayos Clínicos / Ética_________________________________________________________________________
3.4. Concepto
El ensayo clínico realizado conforme a las normas técnicas generalmente aceptadas y laética médica, constituyen una práctica necesaria para la humanidad, por cuanto es precisodeterminar previo a la comercialización, si un determinado producto es útil o no para sanaruna determinada enfermedad, o bien para elevar la calidad de vida de los seres humanos.Lo cual no es posible sino en base a la base práctica experimental, tomando en cuenta todoslos aspectos relacionados a la bioética.
3.5. Panorama Regional
En los cinco países de la región andina existen Comités de Ética o bioética que tienen lafinalidad de monitorear y regular la normatividad en cuanto a investigación se refiere, entreotras de sus funciones. En este contexto, en Bolivia y en Ecuador no existe instituciónalguna que haya realizado específicamente ensayos clínicos en VIH/SIDA, pero si existenalgunos estudios de carácter epidemiológico.
En el Perú, existen diversos comités de Ética, en algunos de ellos existe la participaciónactiva de las PVVS. Desde el año 2002 se está desarrollando un estudio en Fase II deVacuna para el VIH. En torno a esta investigación se ha constituido un Comité AsesorComunitario representado pro los diversos sectores involucrados frente a la epidemia. Elente rector es actualmente el Instituto Nacional de Salud (INS). En el mismo sentido, enVenezuela, únicamente procede el expendio de productos farmacéuticos (nacionales oextranjeros) de consumo humano (interno o externo) previo registro de los mismos ante el
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Instituto Nacional de Higiene. Para la obtención de dicho registro, se requiere elcumplimiento de una serie de condiciones, una de las cuales constituye la presentación delos resultados arrojados por el ensayo clínico efectuado de ese producto específico en elpaís, el cual debe haber llegado hasta la denominada FASE III.
PARTE IV
ASPECTOS SOCIALES_________________________________________________________________________
4.1. Situación de sectores específicos o poblaciones en situación de vulnerabilidad
4.1.1. Hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
Los hombres gay y otros hombres que tienen sexo en Bolivia y particularmente lacomunidad gay, es percibida como “promiscuos, irresponsables, enfermos, viciosos,pecadores que desafían las normas naturales y sociales”. Desde la perspectiva de la saludpública el interés es exclusivamente dentro del control epidemiológico, sin una visiónintegral que incluya el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. El estigma y ladiscriminación se han potenciado a causa del VIH/SIDA desde la sociedad, desde lasinstituciones públicas y desde los medios de comunicación. Con relación a la fuerzapública los homosexuales son sujetos de amenazas y extorsión son pena de ser expuestospúblicamente. Las organizaciones gay de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, denuncianconstantemente el acoso y la represión policial.
Desde 1994 hasta el 2001 el Ministerio de Salud con apoyo de USAID, implementó “ElProyecto Contra el SIDA”, que ubicó en cada uno de los departamentos del país a un grupode educadores de la comunidad gay, para la prevención de las ITS/VIH/SIDA, con lapromoción del uso del condón. En la actualidad las oficinas creadas para el efecto fueroncerradas y los educadores despedidos.
A pesar de que la seroprevalencia en hombres gay y otros HSH en el Ecuador fluctúa entreel 13,6% y el 30%, hasta la fecha no existen desde el Ministerio de Salud Pública unapolítica relacionada por promover campañas de prevención y atención a estos subgrupos dehombres. Según los hallazgos reportados en el Análisis de Situación y Respuesta sobre elVIH/SIDA en hombres gay y otros HSH realizado por ASICAL/ONUSIDA/MSP (2000)del Ecuador, en una las investigaciones de comportamiento se reportó que solamente el25% de este grupo asegura el uso del condón de manera permanente, y que en algunasocasiones lo dejan de usar cuando tienen pareja estable. En el mismo sentido, el 38% noperciben al SIDA como una amenaza de primer nivel y cerca del 30% señalan que tienenpocas posibilidades de adquirirlo. Persiste el acoso y persecución de la fuerza pública, yalgunas de las autoridades locales y de salud de provincia impulsan acciones y razzias sopretexto del VIH/SIDA en estos subgrupos, particularmente en las personas transgéneros.
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Mientras tanto en el Perú, la situación de riesgo y progresión de la transmisión de VIH eneste grupo poblacional es alto, que se mantiene en un 12% de acuerdo al informepresentado por el Ministerio de Salud. La situación de los homosexuales y otros HSHperuanos, se manifiesta abiertamente en intolerancia y discriminación.
Los homosexuales y bisexuales según las estadísticas del PNS de Venezuela, continúansiendo las personas más afectadas por la epidemia. Hasta el año 1999 el 59% de los casosnotificados correspondió a homosexuales y bisexuales. Las cifras acumuladas desde 1997 al2002 aunque no especifican la orientación sexual (ni comportamientos sexuales), informanque del total de 13.527 casos 12.103 corresponden a hombres. Igualmente, las personashomosexuales y transgéneros continúan siendo uno de los sectores más vulnerables a laviolación de sus derechos humanos. Los asesinatos, tratos crueles inhumanos y degradantespor parte de las autoridades policiales y particulares encierran un cuadro de impunidad quese ha hecho ya un estilo de vida en Venezuela.
4.1.2. Las Trabajadoras Sexuales Comerciales
Un caso similar al que viven los hombres gay y otros HSH, en Bolivia las trabajadorassexuales comerciales constituye otro grupo social estigmatizado en la transmisión del VIHy SIDA. El trabajo sexual comercial, es también abordado más como un tema de interés desalud pública dentro del control epidemiológico, que un marco del ejercicio de los derechosde las personas. Las políticas públicas de control de los y las trabajadores/as comercialesdel sexo tienen como objetivos de: reinsertarlas-os en la sociedad, proponiendo el abandonode este trabajo, o realizar exámenes clínicos y de laboratorio periódicamente y lapromoción del uso del condón. Las trabajadoras sexuales son permanentemente acosadas yextorsionadas por parte de la policía, y están sujetas a la creciente violencia física ypsicológica. Se estima que en Bolivia existen aproximadamente 20.000 trabajadorassexuales no registradas que no tienen accesibilidad a ningún tipo de servicio de salud,siendo hostigadas por la policía consetudinariamente. Algunos estudios revelan que sólo el17% de esta población utilizan preservativos en sus relaciones sexuales (ONUSIDA,2000:48).
Gran parte de las trabajadoras sexuales ecuatorianas que asisten a los servicios de profilaxispor ser registradas en el sistema de Centros de Salud de Atención de las ITS del Ecuador,son sometidas a pruebas periódicas de detección del VIH, y reciben de alguna manerainformación sobre el VIH/SIDA y las ITS. En el país las trabajadoras sexuales desde hacevarios años cuentan con un proceso de organización gremial que les ha permitido disminuir“en parte”, los abusos por parte de las autoridades de salud, como de la fuerza pública, y enmenor medida por pare de los dueños de locales. Otro grupo importante son lastrabajadoras sexuales de la calle, que en su mayoría no se hayan registradas en el sistema desalud para el control de las ITS, las misma que por su condición no tienen acceso a losservicios de salud, y la mayoría es víctima de la pobreza generalizada, niveles bajos deeducación a los que se suman problemas de nutrición. Las trabajadoras sexuales de la calleson permanentemente acosadas y perseguidas por la fuerza pública.
Conforme a los reportes estadísticos del Ministerio de Salud del Perú, para el año 2000 laprevalencia de VIH en trabajadoras sexuales fue de 0.7%., además este grupo de mujeres es
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reconocida como uno de los grupos con elevada prevalencia de ITS. En el Perú el trabajosexual se le reconoce como un grave problema social, se estima que hay más de 10.000mujeres dedicadas al trabajo sexual, y que la mayoría, o sea, el 70 u 80% lo ejercen demanera clandestina, siendo la mayoría de ellos mujeres de estratos bajos, y enfrentanseveras dificultades para acceder a información y en la búsqueda de servicios de salud, yaque como población estigmatizada han sido durante mucho tiempo ignoradas de lasacciones de prevención en salud.
En el Perú se evidencia también una creciente tendencia a la explotación sexual demenores, la mayoría de ellos-as son inducidos a ejercer el comercio sexual, sometidos enbase a sus necesidades económicas y/o afectivas, siendo explotados por proxenetas y/oadministradores de establecimientos.
4.1.3. Niños-as, adolescentes y jóvenes
En Bolivia se estima que alrededor de 1.500 menores viven en la calle, correspondiente el27% al sexo femenino y el 73% masculino. Un estudio reciente en la ciudad deCochabamba identificó que en esta población existe un incremento considerable delnúmero de adolescentes que están viviendo con el VIH/SIDA. A nivel nacional, losregistros del Programa Nacional indican que el 26% del total de PVVS corresponden algrupo etareo de 15 a 24 años de edad, lo que indicaría que los adolescentes y jóvenes estáncontrayendo el VIH en sus primeras relaciones. Según el Estado, tiene una coberturaeducacional del 80% de los establecimientos educativos de Bolivia con información sobreel VIH/SIDA, pero al constatar dicha información, actualmente no existe ningún programaoperacional de prevención dirigido a estudiantes de colegios o de universidades por partedel Ministerio de Educación o de Salud de manera sistemática, ni tampoco existe unaintegración efectiva del tema del VIH/SIDA en la reforma educativa, empero estarconsiderado como un tema transversal.
Los conocimientos que poseen los-as adolescentes y jóvenes del Ecuador, sobre el origen yforma de transmisión del VIH/SIDA es confusa y sin argumento, resultados en el queconfluyen varios factores, estrechamente vinculados especialmente en las relaciones quetienen estos-as con el ambiente, las relaciones de poder establecidas por los padres,maestros y profesores y el mundo considerado de los adultos. En el país, un númerosignificativo de adolescentes inician sus prácticas sexuales antes de los 14 y 15 años deedad. En el caso de los varones, tres de cada 10 adolescentes tienen su primera experienciacon una trabajadora sexual. En general no tienen un conocimiento adecuado sobre elpreservativo, o a su vez, tienen rechazo a utilizarlo. En sentido de pertenencia a grupos ypandillas obligan a los-as adolescentes y jóvenes como requisito de iniciación a lautilización de substancias psicotrópicas o experiencias sexuales que potencian su factoresde vulnerabilidad para contraer el VIH. El 8.1% de casos de VIH y SIDA notificados en elaño 2002 corresponde a adolescentes y jóvenes.
4.1.4. Las Mujeres
La construcción social del género determina diferentes paradigmas de masculinidad ofeminidad. Existen en Bolivia familias y comunidades que toleran, estimulan y moldean los
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patrones de comportamiento sexual masculino y machista, mientras que a la mujer se lavalora por su pasividad, sometimiento y automarginación. Las mujeres no tienen acceso ala información para disminuir los riesgo y aún estén informadas no pueden negociar sobrela utilización del preservativo. Las desigualdades están estrechamente relacionadas con lasactitudes hacia las mujeres que se traducen con la subordinación, opresión y explotación.Estas actitudes están determinadas por la violencia doméstica, humillación, el abuso físicoy sexual.
En el Ecuador el 90% de los casos diagnosticados en VIH/SIDA en mujeres corresponden amujeres esencialmente con relaciones de pareja monogámicas. También, se revela que lamayoría de las transmisiones del VIH en las mujeres se ha debido a un contacto sexual sinprotección. En el informe Impacto del VIH/SIDA en la Calidad de Vida de las Personas, seindica que el conocimiento que tienen las mujeres sobre esta enfermedad y otrasenfermedades de transmisión sexual, es bajo a todo nivel.
La problemática del VIH/SIDA en las mujeres del Perú se refleja esencialmente en eldescenso de la razón hombre-mujer que se determinó en 3:2 a septiembre del 2002. Alrespecto se estima que los principales factores determinantes sobre la vulnerabilidad de lasmujeres peruanas y su susceptibilidad al VIH responden a varios factores que contribuyenapotenciar sus riesgos: el silencio alrededor del sexo. Las mujeres “buenas” deben serignorantes y pasivas en las relaciones sexuales; la tradicional norma de virginidad impuestaa las mujeres jóvenes, en muchos casos, les limita su posibilidad de pedir información porpara evitar se les considere activas sexualmente, también, esta norma potencialmentepromueve prácticas riesgosas como el sexo anal, entre otros factores.
4.1.5. Consumidores de drogas
Un estudio realizado en personas que consumen drogas por vía intravenosa en los centrosde rehabilitación de las ciudades de La Paz y Santa Cruz, reveló que ninguna personaestaba viviendo con el VIH/SIDA. Las personas que contrajeron el VIH por esta vía enBolivia, afirmaron haberlo contraído en otros países.
Según el Consejo Nacional sobre Estupefacientes, en el Ecuador el consumo de alcohol ydrogas lícitas e ilícitas (informe 1998), comienza entre los 14 y 19 años de edad. Elconsumo de licor tiene mayores porcentajes que en consumo de drogas inyectables y es unelemento de “socialización” importante en la cultura ecuatoriana; el consumo de drogasilícitas alcanza al 0.1% .
En Venezuela se incrementa la notificación de casos de VIH/SIDA vinculada al consumode drogas. Los consumidores de drogas VIH+ vienen dados en su mayoría a través de lasrelaciones sexuales. El perfil de las personas consumidoras drogas viviendo con VIH,corresponde a individuos que se encuentran muy deteriorados, más específicamente, sonpersonas que tienen años consumiendo, probando todo tipo de drogas, en especial grandesdosis de cocaína y crack. La Fundación José Félix Ribas ha registrado para los años 2000-2001, 21 casos atendidos de consumidores de drogas viviendo con el VIH, siendo lapoblación masculina la más afectada (en una relación de 17 a 1 con respecto a las mujeres).De acuerdo al Programa Nacional SIDA/ITS del Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
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en Venezuela los casos de personas viviendo con el VIH/SIDA consumidores de drogasendovenosas ascienden a 100. El personal terapéutico y asistencial en general que labora enla mayoría de las organizaciones con trabajo en drogas no cuenta con suficienteinformación acerca de la materia del VIH/SIDA.
4.1.6. Privados-as de la Libertad
La población carcelaria en Bolivia, en todo el país, se encuentra en crecimiento continuosobrepasando la capacidad instalada disponible para tales efectos, sus edificaciones sonvetustas e inapropiadas donde los-as privados-as de la libertad no disponen de las mínimascondiciones de higiene sanitaria. Según informes oficiales a junio de 1999 existían en elpaís 8.057 reclusos, de los cuales al 90% de los detenidos 7445 personas, hay que sumar acónyuges y niños que conviven en familia en el escaso espacio físico. La capacidad delconjunto de los recintos penitenciarios es para 4.103 personas. Bajo estas condiciones dehacinamiento y de precariedad sanitaria empiezan a detectarse en algunos recintospenitenciarios el VIH/SIDA, bajo condiciones favorables con relación a la violencia, lasrelaciones sexuales sin protección, falta de información y conocimientos de las formas deprevención, otras condiciones como: presencia de enfermedades crónicas, deficiencias en elsuministro de agua potable, desnutrición, y falta de servicios sanitarios permanentes, entreotras condiciones.
La situación de los-as privados-as de la libertad en el Ecuador, a nivel nacional, seconsidera que viven en condiciones de hacinamiento, y no cuentan con una infraestructuraadecuada, pues las instalaciones existentes en su gran mayoría fueron viviendas particularesque se habilitaron para centros de rehabilitación social –CRS-. La población carcelariahasta 1999 excedió la capacidad instalada en el 143 por ciento. En los distintos CRS delpaís se puede constatar presencia de privados-as de la libertad viviendo con el VIH/SIDA,especialmente identificados-as en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En susdeterminantes de vulnerabilidad los-as privados-as de la libertad en el Ecuador semantienen sexualmente activos-as a través de visitas conyugales y de trabajadoras sexuales,además se reconoce la existencia de hombres que se relacionan sexualmente con otroshombres, existe un alto índice de consumo de alcohol y drogas, altos niveles de violencia yviolaciones y condiciones sanitarias inadecuadas, de ahí que proliferan las enfermedadesrespiratorias, digestivas, dermatológicas, infecciosas y la tuberculosis es una constante enlos diferentes centros.
Igualmente que las realidades presentadas en Bolivia y Ecuador, el hacinamiento carcelarioen el Perú es extremo, donde la población penitenciaria ha ido en aumento a pesar deencontrarse los penales sobre poblados, en el Penal de Lurigancho, que fue construido para1.500 internos, en la actualidad alberga más de 7.500 internos.
Varios estudios han demostrado que entre los años 1995 y diciembre de 1998, hubo unincremento de la capacidad poblacional de 33%, es decir, 1.610 nuevos internos. Igual queotros centros penitenciarios de la región, las cárceles peruanas presentan carencias desalubridad y deficiencias en la prestación de servicios de salud.
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El conjunto de privados de la libertad tienen la percepción de que las ITS son parte de losproblemas de salud cotidiano de un interno por lo que no lo perciben como un riesgo parala salud, sino como algo natural en la vida de un hombre. Los privados de la libertad,además de recibir sus visitas conyugales, algunos reciben visitas de trabajadoras sexuales, yen la vida cotidiana las relaciones homosexuales son consideradas normales, justificados enel argumento del impulso biológico y la falta de visitas.
La situación de los-as privados-as en Venezuela no es mucho mejor que del resto de laregión, donde la falta de una visión integral del problema carcelario al más alto nivelministerial, que incorpore el conjunto de variables sociales, de recursos y de salud queinteractúan para condicionar la situación del sector. Una gran parte de las prisionescarecen de los servicios de salud mínimos para cumplir con las necesidades de la poblaciónpenitenciaria; a su vez, las condiciones sanitarias, ambientales y psico-sociales de lasprisiones agravan considerablemente los factores de riesgo intrínsecos a la realidadpenitenciaria.
PARTE V
ASPECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
5.1. Esfuerzos Comunitarios e Impacto
La respuesta frente al VIH/SIDA, desde los sectores de la sociedad civil organizada, searticula en Bolivia a partir de 1995. Se afirma que el discurso que imperaba hasta ese añoen el país estaba fundamentado esencialmente en responsabilizar a la “liberación femeninay a la revolución sexual, a la homosexualidad, a la drogadicción y a la prostitución, comotambién era considerada como un castigo divino”. Aparentemente estas representaciones yestereotipos, influyeron en la representación social ante el SIDA.
No obstante este escenario, algunas organizaciones no gubernamentales, empiezan aincorporar la temática del VIH/SIDA, abriendo programas específicos, en prevención,educación y atención, así como impulsando el proceso de organización de las personas queviven con el VIH/SIDA. En este contexto, coordinan acciones y establecen niveles decooperación. El rol importante que han jugado las iniciativas organizadas en Bolivia escontribuir a la mejor comprensión de las diversas problemáticas que involucra la epidemiadel SIDA y los factores y poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad, así comotambién la promoción y defensa de los derechos humanos con relación al VIH/SIDA y delas PVVS. En la actualidad existen varias organizaciones de PVVS y la Red Nacional dePVSS, que se encuentran articuladas con iniciativas regionales para la promoción y defensade los derechos humanos, en acciones de incidencia política y en movilización por acceso atratamientos.
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En Colombia, las organizaciones no gubernamentales especialmente de las ciudadesgrandes han establecido una serie de servicios de educación, prevención, asistencia y apoyoen VIH/SIDA, así como también de veeduría ciudadana. Otras de sus principales líneas deacción es el trabajo de sensibilización, promoción y defensa de los derechos humanos conrelación al VIH/SIDA y de las PVVS, así como de incidencia política. En múltiplesocasiones las ONG han trabajado bajo modalidad de contratos acciones y programas quecomplementan la acción gubernamental, particularmente de las Secretarías de Salud. Por suparte, en Colombia la movilización de las personas que viven con VIH/SIDA enfocada enla defensa y promoción de sus derechos humanos, no solamente han logrado unaconvocatoria nacional, sino también a nivel internacional, compartiendo sus experiencias yreplicando las lecciones aprendidas.
A nivel nacional, en el Ecuador, existen un aproximado de 43 organizaciones nogubernamentales que entre sus áreas de acción, incluyen una o varias líneas de intervenciónen VIH/SIDA, atiendo las necesidades de las diferentes poblaciones de su interés, así comotrabajando en la promoción, defensa de los derechos humanos e incidencia en políticaspúblicas. Desde 1997 se han hecho varios intentos de organización de las PVVS, las quehan sorteado severas dificultades con relación al estigma y discriminación, no obstante suproceso organizativo avanza con acciones básicamente de participación e interlocución. Porsu parte las ONGs y OBC coordinan acciones y agendas de manera bilateral o multilateral yestán alineadas en una red nacional, la Red de Incidencia en Políticas Públicas enVIH/SIDA, una Red local, y dos coordinaciones locales.
En el Perú, la articulación organizacional que diversas entidades de la sociedad civil hantenido, reflejo de esto ha sido la creación de Redes, Colectivos, Coordinadoras, entidadesconformadas sólo por ONG, a los que se suman los Grupos de Ayuda Mutua y lasagrupaciones de personas que viven con el VIH y con SIDA, en conjunto, todas lasiniciativas de la sociedad civil organizada apuntan sus esfuerzos, y en diferentes momentos,han coordinado acciones dirigidas al quehacer social como educación, prevención,promoción, servicios alternativos de atención de la salud, así como también en acciones deincidencia política, promoción y defensa de los derechos humanos.
Nada diferente al proceso generado en la región, con la excepción de Bolivia, que arrancaun poco más tarde, en Venezuela la respuesta a la epidemia del VIH/SIDA desde el sectorno gubernamental está dada por la diversidad de fundaciones y asociaciones creadas con elpropósito específico de trabajar en el área de SIDA. A esta se han unido organizaciones dederechos humanos y que trabajan con grupos o problemáticas específicas, así como tambiénla PVVS. Estas organizaciones constituidas tanto en las regiones como en Caracas prestanuna diversidad de servicios asistenciales y realizan actividades para incidir en la creaciónde políticas públicas acordes con los derechos humanos y las necesidades de la gente. Losprincipales servicios se orientan a: apoyo emocional, asistencia médica y laboratorial,asistencia jurídica y derechos humanos, consejería, centros de información, programas deprevención, grupo de apoyo y banco de medicamentos.
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PARTE VI
LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH Y SIDADerechos Humanos más frecuentemente vulnerados
Como se describe en la Parte II, punto 2.2., sobre la situación general de los derechoshumanos y el VIH/SIDA del presente informe, la situación de las personas que viven con elVIH/SIDA y poblaciones en situación de vulnerabilidad, no es nada satisfactoria, empero sedispone en los 5 países comunitarios andinos de una gama de normativas y regulaciones,que en principio se orientan hacia la protección de los derechos humanos y de manera muyespecial a los de las PVVS.
No obstante, este aparente paraíso jurídico de buenas intenciones, -donde las normas yregulaciones apenas se aplican a medias o se les da cumplimiento esporádicamente-, a lolargo y ancho de la Comunidad Andina se evidencian serias violaciones a los derechoshumanos relacionados con la existencia de la epidemia, viéndose afectados de manerasistemática: el derecho a la vida, salud, vida privada, reputación, honor, intimidad y propiaimagen, libertad y seguridad personales (tratos crueles, inhumanos y degradantes), trabajo,educación e igualdad
Pasando de la descripción anecdótica de los casos de violación a los derechos humanos delas personas que viven con el VIH/SIDA, ahora en la región, se encuentran descritasmuchas denuncias y procesos de mediación a través de las diferentes defensorías delpueblo, ante cortes constitucionales y la utilización de mecanismos como la Tutela para elreconocimiento de los derechos afectados por acción u omisión, en la mayoría de los casoscon relación al derecho a la vida y la salud.
En términos generales, por ejemplo, en Bolivia, el SIDA ha desatado una serie de prejuicios(ostracismo, estigmatización, discriminación y ataques) hacia personas que viven con elVIH y de grupos sociales denominados <<de riesgo>> como homosexuales, trabajadorascomerciales del sexo, adolescentes que viven en calle y extranjeros.
En Colombia, la situación de la mayoría de las personas que viven con el VIH y con SIDA,sistemáticamente recurren a las acciones de Tutela para que alguno de los sistemas deseguridad social, y otros, faciliten no solamente el acceso a los servicios (desde la atenciónde emergencias) hasta la provisión de medicamentos. En el país la Corte Constitucional haemitido resoluciones donde recuerda que “El Estado, la sociedad y la familiaconjuntamente participan en el cuidado de la salud de las personas a-sintomáticas yenfermos de SIDA...en el mismo sentido recuerda, sobre la obligación por parte de lasautoridades “están en la obligación de darle a estas personas protección especial comomiras a garantizar sus derechos humanos”.
Pese a los avances en legislación vigente en el Ecuador con relación a la defensa yprotección de los derechos humanos en su integridad, en el país la persistencia de violación
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de los derechos de las personas que viven con el VIH y con SIDA, se ve expresadaprincipalmente, en los ámbitos de lo laboral (donde se aplican las pruebas de VIH comopre-requisito o permanencia del empleo), la educación, la atención médico-clínica (seriaslimitaciones en los servicios, diagnóstico y acceso a tratamiento)y en el ámbito de laestructura familiar, a la que se le suman el estigma y la discriminación en la mayoría de loscasos.
La situación de las persona que viven con el VIH/SIDA en el Perú está plagada de una seriede situaciones que en la mayoría de los casos atenta contra sus derechos individuales,protegidos y garantizados por las normas nacionales, así como por diversos pactos yconvenciones de derechos humanos, ante los cuales no se acciona por lo difícil que resultaembarcarse en procesos administrativos y/o judiciales destinados a que se reconozcan losderechos humanos. Al igual que en el Ecuador, la solicitud de pruebas para el VIH en elempleo y/o se le condiciona hacerse la prueba para continuar en el trabajo, para seguir unacarrera en las fuerzas armadas o para ingresar a la universidad. Así también lastransgresiones se dan al no orientar a las persona con la consejería debida; pre y post test.Igualmente, al no respetarse la autonomía de la voluntad cuando quiere hacerse la prueba.Las constantes violaciones a la confidencialidad de exámenes y sus resultados, lasdificultades para acceder a servicios de salud, conforman este cuadro de irrespeto y abuso alos derechos humanos de las PVVS. En el Perú se han presentado varias demandas porante los tribunales de justicia por violaciones a los derechos, lo que incluye una solicitud demedidas cautelares por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el escenario venezolano la situación de las PVVS, si bien por el lado de acceso atratamiento perfila mejores condiciones que el resto de sus países hermanos, las personas engeneral se ven expuestas a violaciones a sus derechos humanos en ámbitos fuera delcontexto de la atención de salud. Ante los tribunales venezolanos se han presentado unaserie de denuncias y acciones de amparo con la finalidad de lograr el reconocimiento y lareparación de la vulneración de los derechos a la salud, vida privada, intimidad, honor,reputación, trabajo y educación.
En este sentido existe en Venezuela importantes sentencias delTribunal Supremo de Justicia y tribunales de instancia, entre las cuales destacan lasacciones de Amparo Constitucional emprendida por la organización no gubernamentalACCSI que hizo se universalizara el acceso a tratamiento a todas las PVVS en el país.
Subsecuente a lo que sucede en el resto de países de la región andina, en Venezuelatambién, un derecho especialmente vulnerado es la divulgación del diagnóstico y otrasinformaciones confidenciales, así como la practica generalizada por parte de losempleadores de efectuar diversos exámenes médicos a las personas que laboran o aspiran aobtener un puesto de trabajo. Entre esas pruebas se encuentra la de anticuerpos contra elVIH, la cual se efectúa sin previo consentimiento e información. Cómplices de esta prácticason los médicos y laboratorios privados que informan a las empresas, específicamente a lagerencia de Recursos Humanos, los resultados arrojados por exámenes practicados,difundiendo de esta forma antitética, información confidencial acerca de la condición desalud de sus pacientes, lo que esta en franca contravención con la ley y la deontología.
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PARTE VII
DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL VIH/SIDA Y DERECHOSHUMANOS
7. La situación de los Países Andinos con relación al cumplimiento de lasdirectrices internacionales.
7.1. DIRECTRIZ 1. Buscar un marco nacional que permita una actuacióncoordinada, con participación política y programas sobre el VIH/SIDA entodas las ramas de gobierno.
.Si bien existe un marco normativo (Ley 199/1991 y Decreto 1547 de 1997), en Colombialos procesos de promoción, prevención y atención no se encuentran dentro del conjunto deprioridades de las agendas políticas y en los casos en que se encuentra, está subsumida bajopolíticas de educación sexual y/o salud sexual y reproductiva. En la actualidad no existevoluntad política por parte del gobierno con relación al VIH/SIDA. El CONASIDA, no hatenido un peso decisivo en el direccionamiento de los programas desde el orden político.
Por su parte en el Ecuador hasta la fecha, la respuesta de los gobiernos de turno para eltratamiento de la epidemia del VIH/SIDA ha estado concentrada específicamente en elcontexto del Ministerio de Salud Pública. No hay una política de Estado respecto alVIH/SIDA. La presencia programática de gobierno sobre VIH/SIDA está completamenteausente de otras instancias políticas de gobierno, incluyendo las relacionadas con la cienciay la investigación. El CONASIDA como instancia de coordinación no funciona.
La política de salud relacionada con el VIH/SIDA ha sido manejada siempre desde elMinisterio de Salud Pública en el Perú. Falta decisión política por parte del Estado, estoconstituye un obstáculo para el Ministerio de la Salud para impulsar acciones en la materia.Las otras instancias gubernamentales no participan ni están interesadas en formar parte dela respuesta nacional del Perú frente al VIH/SIDA
En Venezuela, el MSD y PNS han desplegado un gran esfuerzo, con el apoyo de lasociedad civil, las agencias multilaterales y otros actores de la Respuesta Nacional, paradesarrollar el Plan Estratégico Nacional, el cual está enmarcado en el Plan EstratégicoSocial. Aunque no existe coordinación intersectorial entre los distintos organismos delEstado, se notan ligeros avances en materia de coordinación intersectorial, sobre todo conel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que está enmarcado en un proyecto llamadode Escuelas Bolivarianas.
7.2. DIRECTRIZ 2. Participación de la comunidad en la formulación de Políticas,ejecución y evaluación de los programas relativos al VIH/SIDA
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No obstante haber representación de las personas viviendo con el VIH/SIDA al interior delCONASIDA y de los Comités Territoriales de Salud Sexual y Reproductiva, tanto laspersonas viviendo con el VIH/SIDA como las ONG colombianas son tomados comoactores políticos con poco poder e influencia dentro de dichas estructuras.
En el Ecuador, la apertura de espacios de participación en la formulación de planes,programas y políticas, con relación al VIH/SIDA ha dependido fundamentalmente delinterés de cada jefe de Programa Nacional SIDA/ITS, más no como parte de la instanciagubernamental, a excepción del CONASIDA. Desde los Programas Nacionales SIDA/ITSdel MSP se han establecido mecanismos de participación de la sociedad civil organizada,incluyendo la participación de PVVS, como por ejemplo, en la formulación del PlanEstratégico Nacional sobre el VIH/SIDA; y otras coordinaciones como el Mecanismo deCoordinación de País para el Fondo Global. Más sin embargo estas experiencias, algunasautoridades gubernamentales presentan resistencias de compartir el espacio político con elsector de la sociedad civil, por temor de ver reducido su rol de poder y control que elejercicio burocrático les brinda.
En el mismo sentido que en el Ecuador, la experiencia del sector de la sociedad civilorganizado en el Perú, no es aceptada por el Gobierno, lo que se constituye en una barrerade participación y de capitalización de las experiencias de estas últimas como aporte para eldesarrollo de políticas coherentes respecto a temas puntuales referidos al VIH/SIDA.
Caso similar sucede en la República Bolivariana de Venezuela, donde la participación de lasociedad civil no es comprendida del todo en el sector público, y se la mira como unelemento perturbador en el proceso. Cuando se convoca a las ONG se las convoca parainformar sobre lo que ya se ha puesto en marcha. Las relaciones de las ONG y las PVVScon el PNS no son del todo malas, comprendiendo este último que las actividades dederechos humanos le son inherentes a las comunidades, y que las mismas han funcionadopara beneficiar la propia gestión del programa gubernamental.
7.3. DIRECTRIZ 3. Analizar y reforzar la legislación sanitaria relacionada acuestiones de salud pública
En Colombia la normatividad existente se enmarca dentro de las recomendaciones de estadirectriz, sin embargo en su aplicación se encuentran grietas que ahondan la diferenciaentre la intencionalidad de la normativa y su plena aplicación. El Acceso a la salud y la nodiscriminación, principios fundamentales de la Constitución y la Ley, se ven a diariomenoscabados por la negligencia de los funcionarios públicos y el papel que han asumidolas instituciones que prestan los servicios de salud a contributivos, subsidiados yvinculados.
Si bien desde el año 2000, en encuentra vigente en el Ecuador la Ley para la Prevención yAsistencia Integral del VIH/SIDA, que incluye cinco líneas de acción como: prevención,asistencia, control epidemiológico, derechos y deberes y defensa de derechos, esta ley aunse encuentra distante de su completa aplicación. Hasta la fecha solamente se ha expedido elreglamento de atención al paciente VIH/SIDA, que incluye una serie de servicios, entreellos la implementación de los servicios de consejería en el sistema público de salud. En
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este mismo camino, no se han hecho las regulaciones correspondientes para la protecciónintegral de los derechos humanos y el VIH/SIDA.
En el Perú, el Ministerio de Salud es el encargado de dirigir las políticas de salud pública, yexiste normatividad referente a ello, como la Ley General de Salud, la Ley 26626, referidaespecíficamente a la lucha contra el SIDA, donde se precisan los derechos a lavoluntariedad de la prueba, la confidencialidad, el derecho al trabajo y el acceso a la salud através de la Atención Integral de salud, existen vacíos substanciales en cuanto al acceso atratamiento gratuito, para consignar la obligación que el Estado tiene de proveer losmedicamentos a las PVVS.
Las normativas referidas al VIH/SIDA en Venezuela han sido emanadas de ResolucionesMinisteriales que regulan situaciones específicas, tales como: limitación a la aplicación depruebas de anticuerpos; testeo y tratamiento obligatorio para embarazadas y; notificaciónobligatoria. Sin embargo, la aplicación práctica de estas resoluciones enfrenta seriosproblemas, no teniendo las autoridades competentes la fuerza administrativa para hacerlascumplir. La visión de política pública mantiene el concepto de obligatoriedad, que chocacon los principios más elementales de los derechos humanos, más sin embargo, laparticipación de las ONG y PVVS en el proceso de reforma constitucional permitió lainclusión de algunos artículos que son aplicables claramente a circunstancias que envuelvenla violación de los derechos humanos de las PVVS, como la exigencia del consentimientopara la participación en experimentos clínicos y exámenes de laboratorio.
7.4 DIRECTRIZ 4. Adecuar las leyes penales y penitenciarias
En Colombia no se conocen acciones de aplicación indebida de la Ley a personas viviendocon el VIH/SIDA o grupos discriminados, si bien es cierto que las personas con mejorsituación económica tienen acceso a mejores servicios legales. Tampoco Colombia cuentacon una legislación encaminada al tratamiento del VIH/SIDA en el régimen penitenciario ypenal, de ahí que tanto el conjunto de personal administrativo como privado de la libertaddesconocen sus aspectos básicos relacionados con el VIH/SIDA en su contexto. El sistemapenitenciario no cuenta con la infraestructura y personal necesario para atender lasnecesidades sanitarias y de salud de las personas privadas de la libertad.
La Ley para el Control y Asistencia Integral del VIH/SIDA contempla acciones civiles ypenales con relación a las personas que viven con el VIH/SIDA en el Ecuador, en el casoparticular de la transmisión del VIH con pleno conocimiento. Igualmente, esta ley incluyeacciones en contra de los profesionales de la salud que se niegan a la prestación de losservicios. A esta ley, la precede el Código Penal, que a la transmisión de infecciones detransmisión sexual la tipifica como delito. En el país, sin embargo, el sistema penitenciariocarece de una política definida que garantice el bienestar y las condiciones de salud de laspersonas internas en los Centros de Rehabilitación Social del país, que en su totalidad vivenen condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Las Leyes en el Perú no han cambiado con relación al VIH/SIDA, aunque existe una leyque penaliza la transmisión de alguna enfermedad considerada peligrosa o contagiosa, lamisma que concede hasta 10 años de pena privativa de la libertad, si se le causa muerte a la
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persona. Con relación a las leyes penitenciarias, no han tenido modificaciones por causa delVIH/SIDA, aunque el sistema penitenciario ha estado otorgando beneficios penitenciarioscomo el Indulto Humanitario. En el Perú, los-as privados-as de la libertad viven encondiciones de hacinamiento, con ausencia de servicios médicos, y un sistema educacionaly preventivo inexistente.
La sanción de un nuevo Código de Procedimiento Penal acorde al sistema internacional deDDHH que reformó el sistema penal, trajo algunas esperanzas para humanizar la justiciapenal en el país. Sin embargo, el mismo tuvo que pasar por un proceso de reforma paraadaptarlo a las crecientes demandas tanto de la comunidad como los gobiernos locales quealegaban que el mismo protegía en demasía a los delincuentes. Sin embargo, las reformasse han quedado en el papel y en la práctica el sistema de justicia continua perpetuando losvicios que arrastra de tiempos anteriores. El sistema penal venezolano continuafavoreciendo la discriminación y muy especialmente opera en contra de los grupos ensituación de vulnerabilidad, a los cuales muchas veces se le aplican penas y sancionesbasados en prejuicios. La impunidad hace del sistema penal venezolano un facilitador de laviolación de los derechos humanos.
7.5. DIRECTRIZ 5. Promulgar o robustecer las Leyes que combatan laDiscriminación
En Colombia existe el Decreto 1543 de 1997 que incluye la no discriminación con relaciónal VIH/SIDA, empero su aplicación ha sido restringido. No se conoce de ningún caso quehaya sancionado una conducta discriminatoria, aunque se han presentado casos dediscriminación. A pesar de la normativa existente, se evidencia que el conjunto deprácticas cotidianas y actitudes siguen produciendo mecanismos de rechazo hacia laspersonas viviendo con el VIH/SIDA, y de los grupos minoritarios GLBT.
El segundo país en el mundo que incluyó la no discriminación por la orientación sexual fueel Ecuador. La Constitución Política del Estado reconoce también la no discriminación porestado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier índole. Más sin embargo, entérminos de protección jurídica en contra de la discriminación, las leyes secundarias no sehan adecuado a los principios constitucionales, razón por la cual en Ecuador se encuentraun déficit lo suficientemente significativo con relación a la protección de las personasafectadas y viviendo con el VIH/SIDA, así como del conjunto de poblaciones vulnerablespor la epidemia.
La ley No. 27270 que penaliza la discriminación publicada el 26 de mayo del 2000 en elDiario Oficial El Peruano, incorpora el delito de discriminación al Código Penal, el mismoque dispone “el que discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial,étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad...” Lamencionada ley precisa que “se entiende por discriminación, la anulación o alteración deoportunidades o de trato, en los requerimientos personales, a los requisitos para ingresar acentros de educación, formación técnica y profesional, que impliquen un tratodiferenciado...”
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Poco se ha hecho en Venezuela, para no decir nada, por sancionar leyes específicas quecastiguen los actos discriminatorios. La discriminación permanece en la Constitución yleyes con criterio de principio. Generalmente el resarcimiento para las victimas de ladiscriminación arbitraria tanto de parte del gobierno de los particulares no se evidencia.
7.6. DIRECTRIZ 6. Adoptar medidas políticas que regulen los bienes, servicios einformación relacionados al VIH.
Las dificultades propias del modelo de atención de salud de Colombia, y los modos con loscuales se ha venido operando en la última década, dificultan el acceso real y pleno amedicamentos y servicio integral de la salud. El Estado colombiano requiere una mayorinversión y control de las empresas prestadoras de salud, al igual que las institucioneshospitalarias y demás instituciones de salud.
Varios de los lineamientos descritos para la presente directriz se encuentran contempladostanto en la Ley sobre Control y Atención Integral del VIH/SIDA, así como en elReglamento de Atención Integral al Paciente VIH/SIDA del Ecuador. Sin embargo, comoel resto de compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano, se encuentran en papel, nitampoco existe una campaña mediática de prevención del VIH/SIDA ni para la poblaciónen general, ni mucho menos para grupos específicos. El Ministerio de Salud está avanzandoen la iniciativa regional sobre acceso acelerado a medicamentos.
En el Perú, las políticas destinadas a regular bienes, servicios e información relacionadascon el VIH, están dadas en la Resolución Ministerial No. 235-96-SA/DM, Doctrina,Normas y Procedimientos para el Control de las ETS y el SIDA, que entre otras cosasestablece los enfoques estratégicos del funcionamiento del Programa sobre el SIDA, y otrosaspectos relacionados con la atención integral. El país cuenta también con la Ley 266626que enmarca el respeto a los derechos de las PVVS.
En Venezuela la atención integral con acceso a ARV ha sido un logro de las PVVS quienesprogresivamente demandaron al Estado para que la misma fuese reconocida como parte delderecho a la salud. Actualmente, la Seguridad Social, Ministerio de Defensa y Ministerio deSalud tienen programas de atención integral con ARV, que se brindan a la colectividad através de diversos hospitales y clínicas públicas. En la actualidad, aunque estos derechos seencuentran consignados sufren interrupciones por diversas causas.
7.7. Proporcionar asistencia Jurídica que enseñen sus derechos a las personas conVIH/SIDA
La Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales cumplen un rol importante, peroestas no cuentan con el personal capacitado para entender las implicaciones y humanas dela epidemia del VIH/SIDA, lo que limita su capacidad de acción en Colombia. Así mismo,muchas personas que viven con VIH/SIDA desconocen sus derechos, por causa de lascondiciones de anonimato en las cuales viven y por la ausencia de atención integral en elsistema de salud. También, existen personas y organizaciones no gubernamentales queapoyan los procesos de amparo de derechos, pero cobran sus servicios, lo que limita elacceso a estos de las PVVS.
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Por parte del Estado ecuatoriano no existe ningún programa y/o apoyo dirigido a serviosjurídicos, ni ningún plan que incluya desarrollo de materiales informativos y otrasherramientas de capacitación dirigido al sistema jurídico del país, tanto en el ámbitopúblico como privado. La Defensoría del Pueblo aún no contempla o ha delineado accionesa seguir para la protección y defensa en casos relacionados con el VIH/SIDA.
Igual que en el Ecuador, el Estado peruano no cuenta con ningún programa específicodirigido a brindar apoyo jurídico con relación al VIH/SIDA y a las PVVS, si bien a travésdel Ministerio de Justicia se maneja a los defensores de oficio, abogados que el Estadoproporciona a personas de escasos recursos económicos, estos mayormente trabajan enprocesos penales y en trámites civiles asesoran fundamentalmente en trámites referidos acuestiones de familia, como procesos de alimentos, tenencias, etc.
En condiciones similares que en el resto de la Comunidad Andina, la Defensoría del Pueblode Venezuela desde su creación ha sido la institución del Estado que ha mostrado interésen resolver la compleja problemática que envuelven las violaciones a los DDHH de lasPVVS y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Los programas de promoción,acción y protección de los DDHH, así como los de asistencia jurídica continúan en manosde organizaciones no gubernamentales, las cuales han hecho de los tribunales de justiciauna excelente herramienta para el reconocimiento de los derechos humanos. Así mismo laDirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, haparticipado con sus fiscales asignados, en diversos amparos intentados por lasorganizaciones de la sociedad civil representando a particulares, sin embargo, lasinvestigaciones solicitadas corren la misma suerte de las que van a la Defensoría delPueblo.
7.8. DIRECTRIZ 8. Entorno favorable para las mujeres, los niños u otros gruposvulnerables.
En Colombia la cooperación entre Estado, ONG y Comunidad apunta al desarrollo de laoctava directriz, pero la falta de recursos necesarios para facilitarlas son el principalobstáculo para su cumplimiento. De este modo la mayoría de las acciones son incipientes,puntuales y sin sustentabilidad,
En Ecuador, podría decirse que las preocupaciones por parte del Estado, y un sectorimportante de la sociedad civil organizada, con relación a la generación de ambientesfavorables para mujeres, niños-as y jóvenes, está sustentada en una preocupación queincluyen muchos de los factores sociales y ambientales que les afectan, pero estos seencuentran desvinculados de la problemática que les plantea el VIH/SIDA como epidemia,lo que amplía en déficit estatal en esta materia. Con relación a grupos vulnerables como loshombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres, los-as privados-as de lalibertad y usuarios-as de drogas, no existe preocupación por parte del Estado, ni muchomenos de generar políticas públicas y servicios que permitan el abordaje público de susproblemáticas, ni mucho menos intervenciones focalizadas, ni acciones para disminuir enellos el estigma, la discriminación y la exclusión, en estos grupos se incluyen también lastrabajadoras sexuales.
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En los últimos 4 años los-as niños-as han sido los más afectados, la situación que se estápresentando en el Perú últimamente con relación a estos-as se da en la orfandad, laseparación de los padres y los pleitos por la guarda, notándose un incremento en lasdemandas en el ámbito judicial, bajo justificaciones sobre la seropositividad de alguno delos cónyuges o de la pareja para obtener la custodia de los menores.
La situación en Venezuela refiere a los limitados programas especiales para mujeres yniños y sobre todo en el ámbito asistencial. Sin embargo serias deficiencias se encuentranen los mismos, lo cual hace parte de la grave crisis asistencial en salud que vive el país. Noexisten tampoco programas especiales o servicios sociales para combatir desigualdades oprejuicios que afecten a mujeres, niños y grupos en situación de vulnerabilidad.
7.9 DIRECTRIZ 9. Cambio de actitudes discriminatorias y estigmatizantes contra el VIH/SIDA a actitudes de comprensión y aceptación.
Esta es la más rezagada dentro de la aplicación de las directrices en Colombia. La CampañaMundial de Lucha Contra el SIDA 2002 “Estigma y Discriminación, vive y deja vivir”, notuvo mayor relevancia ni en el sector público, privado o gubernamental. En el país, laspersonas que viven con el VIH/SIDDA organizadas, para paliar la discriminación existentehan incorporado a los procesos de empoderamiento a los grupos de referencia: parejas,familia, amigos, lo que ha contribuido a la lucha en contra del estigma y la discriminaciónen el país.
En el Ecuador, por parte del Estado no existe ningún programa y/o apoyo para capacitacióny educación dirigidos a combatir las actitudes de estigmatización, discriminación yexclusión social asociados al VIH/SIDA. Tampoco sobre sensibilización y entendimientode la epidemia, pese a la existencia de un marco jurídico que incluye dichas acciones ycompromisos.
Se supone que a través del Programa Escuelas Bolivarianas se está abordando en Venezuelalos asuntos relacionados a promover una actitud respetuosa de la condición de salud conrelación al VIH/SIDA. No obstante en dichas escuelas existen problemas no resueltos deacuerdo a los derechos humanos, pues de las mismas instituciones existen evidencias deexpulsión de niños a causa de su estatus de VIH.
7.10 DIRECTRIZ 10. Elaboración de Normas en los sectores públicos y privados
El Decreto 1543 de 1997, la Ley 100 de 1993 y la Constitución de 1993 incorporanelementos importantes delineados en la directriz 10 apuntando a la construcción de unaética profesional en la atención a las personas viviendo con el VIH. Por lo anterior seapunta a un entrenamiento en consejería a las personas encargadas de la realización de laspruebas y se ubica el consentimiento informado y la protección de la identidad de laspersonas como premisas fundamentales. Del mismo modo se disponen de espacios paradenunciar las faltas a la ética por parte de los profesionales de la salud, como son losTribunales de Ética Médica.
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Con relación al VIH/SIDA en el Ecuador hay un vacío importante con relación a laimplementación de programas que comprometan tanto a los sectores públicos comoprivados para que revisen e incorporen los aspectos éticos, reglamentos y/o políticas conuna visión y perspectiva de derechos humanos. Esta ausencia se refleja, por ejemplo, en lafalta de normativas que impidan la aplicación de las pruebas de anticuerpos contra el VIH yque impidan la violación a los derechos humanos por parte de los laboratorios privados eincluso la Cruz Roja que procesan pruebas por peticiones para: pre requisitos de empleo,ingreso a centros escolares y/o universitarios, etc.
En el Perú no se cuenta con información suficiente para determinar si todas las institucionescuentan con códigos disciplinarios sobre el VIH/SIDA, lo que constituye un vacío en losdiversos sectores. Salvo los códigos de deontología y ética de los colegios médicos,psicólogos, Colegio de Abogados, no existe en ellos nada específico relacionado con elVIH/SIDA, por lo tanto no cuentan con normas que impidan y/o mitiguen los abusos yviolaciones a los derechos que se puedan presentar por parte de estos profesionales.
Caso similar sucede en Venezuela donde hay ausencia total en cuanto a generar códigos dedisciplina del sector público, y lograr mejores comportamientos en funcionarios públicoshacia la problemática del VIH/SIDA.
7.11 DIRECTRIZ 11. Vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos por partedel Estado
En Colombia no existen instituciones de vigilancia de los derechos fundamentales conrelación al VIH/SIDA, de las personas que viven con el VIH/SIDA o de sus grupos dereferencia. Si bien la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales tienen a cargo lafunción de velar por la protección de los derechos humanos, su ejercicio en cuanto al temadel VIH/SIDA se da más por el acercamiento de los denunciantes que por un seguimientosistemático a la atención de las PVVS.
En este mismo sentido, si bien el Ecuador cuenta con suficiente legislación en materia dederechos humanos, y dispone de varios mecanismos para protegerlos, incluyendo alVIH/SIDA, dista mucho todavía para que estos se conviertan en una realidad práctica parala promoción y defensa de los derechos humanos específicamente en VIH/SIDA, así comode las poblaciones particularmente vulnerables como las minorías sexuales, entre otras.
Es lejano pensar en el Perú en una institución formada específicamente para vigilar laprotección de DDHH de PVVS, existen otros mecanismos de defensa, protección yvigilancia que actualmente están trabajando en el tema, tal es el caso de la Defensoría delPueblo, que viene efectuando una labor encomiable en la búsqueda de garantizar elirrestricto cumplimiento y respeto a los derechos de las personas en general yparticularmente de las PVVS.
En Venezuela las instancias encargadas de vigilar y proteger los derechos humanos son laFiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, ambas han encaminadodenuncias sobre violaciones a los derechos humanos relacionados con el VIH/SIDA, perolos trámites y procesos no han superado los intricados procesos burocráticos de las mismas.
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7.12 DIRECTRIZ 12. Cooperación con Programas y Organismos de las NacionesUnidas
Los representantes de ONUSIDA en Colombia han cooperado activamente con las accionesdesarrolladas por el Estado Colombiano en los procesos de planeación, promoción yprevención del VIH/SIDA, el ONUSIDA es miembro del CONASIDA. No obstante, eltema de los derechos humanos y el VIH/SIDA no forma parte de la agenda del gobierno, alrespecto no se han desarrollado políticas públicas en la materia. ONUSIDA por su parte haapoyado los procesos de formación de las personas viviendo con el VIH/SIDA y ONG en lapromoción y defensa de los derechos humanos.
En el Ecuador, las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado en conjunto eindividualmente con el Ministerio de Salud Pública sobre algunas líneas de acción sobre elVIH/SIDA, sin embargo, en materia de los derechos humanos y el VIH/SIDA no existeiniciativa alguna de coordinación entre el Gobierno y dichos organismos. En el país lasdirectrices no han sido difundidas a nivel nacional y pocas organizaciones con trabajo enVIH/SIDA las conocen, incluyendo las organizaciones de derechos humanos. El sectorcomunitario es el que ponen mayor énfasis en el tema de los derechos humanos y elVIH/SIDA, que desde sus propios espacios lo ha colocado en la agenda nacional.
La cooperación por parte de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas hapermitido el avance de iniciativas y de propuestas nacionales como la presentada al FondoMundial para el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Similar al resto de los paísescomunitarios las directrices no se han difundido. Aunque existe legislación pertinente en eltema de los derechos humanos, existen vacíos substanciales y por tanto se siguenvulnerando los derechos de las personas, por la discriminación debida a la condición deVIH/SIDA en el país.
El Gobierno Venezolano durante el período Extraordinario de Sesiones de la AsambleaGeneral de las Naciones Unidad sobre el VIH/SIDA, ratificó su compromiso con losDDHH de las PVVS y las poblaciones vulneradas, el mismo afirma que el tema delVIH/SIDA en el país se aborda desde la perspectiva de los DDHH, en esta afirmación seasegura el acceso a tratamiento a las PVVS sobre la base de los principios de gratuidad,universalidad, integridad, equidad, integración social y solidaridad.
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PARTE VIII
CONCLUSIONES
La mirada sobre la situación de los derechos humanos del VIH/SIDA en el marco de lasdirectrices internacionales sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA y de los compromisosadquiridos por los gobiernos en el UNGASS, arroja de primera vez un saldo negativo porcuanto, empero existir en los cinco países comunitarios andinos una gama de legislaciones,normativas y regulaciones en la materia, y que en primera instancia, podría verse como losuficientemente avanzada en la materia con relación a otras regiones, como por ejemploCentro América, existe un enorme vacío que superar para equiparar la intención con laaplicación y observancias prácticas de la normativa en general.
La visión de los distintos gobiernos con relación a los derechos humanos en general puedeafirmarse que está sujeta a los marcos constitucionales vigentes cuyas declaraciones partendel reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, en los cincopaíses, con legislaciones secundarias que implican no solamente el reconocimiento de los-as ciudadanos-as en aspectos relacionados con la salud, sino que también con otros como lano discriminación por la orientación sexual, la interculturalidad, la diversidad étnica, entreotras más.
En el mismo sentido, existe una riqueza coincidente en cuanto a las políticas de protecciónde mujeres y niños-as, así como también sobre el reconocimiento de los derechos sexualesy reproductivos, inclusive aspectos relacionados con la migración y libre tránsito entre lospaíses, con relación a esto ultimo, aun varios de ellos cuentan con regulaciones queinvolucran las pruebas obligatorias para VIH para inmigrantes en casos de permanencialegal y residencia.
Esta visión, –de derechos humanos-, sigue sin constituirse en políticas prácticas de Estado,ya que los gobiernos responden a sus propios intereses partidistas, que en la mayoría de loscasos no coincide con la promoción de una cultura de respeto y fomento de los derechoshumanos, aspectos que como factores críticos se suman a la situación de pobreza en laregión por causa de la corrupción en primer lugar, administraciones deficientes, y laingobernabilidad, todos ellos afectan ineludiblemente la situación de los derechos humanosde los grupos particularmente con alta vulnerabilidad social.
No se puede asegurar que en los cinco países con relación a las directrices sobre losderechos humanos o en el cumplimiento de los acuerdos de UNGASS, los países hayanhecho modificaciones o esfuerzos para cumplir con dichos compromisos internacionales, eneste caso, cada uno de ellos tienen aspectos políticos coincidentes en materia de derechoshumanos y VIH/SIDA que potencialmente podrían responder a dichos compromisos, peroen ninguno de los casos se evidencian los esfuerzos institucionales, más allá de loscomunitarios, para responder en esta materia, aspecto que permite asegurar que al respectoaún queda todo por hacer para empatar eficazmente lo comprometido con los fundamentospolíticos ya existentes “en papel” en la Comunidad Andina de Naciones. En ninguno de los
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cinco países existen comités especiales o grupos de trabajo específicos para impulsar,promover y/o el monitoreo a los compromisos de índole internacional adquiridos por losgobiernos en el caso particular sobre los derechos humanos y el VIH/SIDA.
En este sentido, es importante reconocer que en la región en cuanto a políticas públicassaludables, tenemos avances substanciales, pero que desafortunadamente los aparatosestatales, básicamente lentos, convierten a las políticas en herramientas disfuncionales parasu operatividad, sumada a la inestabilidad de los funcionarios del sector público de salud,que en muchos casos, su eficiencia se ve truncada por causa, además de los cambios degobierno, por razones de la implementación de nuevas políticas relacionadas con la agendaen materia o temas de salud que consideran prioritarios para la nueva gestión. Esto por logeneral, salvo la excepción venezolana, en el resto de países andinos, ha salido mal libradala problemática del VIH/SIDA, cuyas políticas existentes cada vez pierden coherencia yprogresivamente van dejando de ser sistemáticas.
Existe la tendencia en la región hacia la reestructuración de los servicios, planes yprogramas nacionales fundamentados en las políticas de modernización y disminución delgasto público por razones de las políticas fiscales que basadas en bajar la inversión social,debilitan a los Programas Nacionales sobre el SIDA/ITS restándoles capacidad paraarticular a nivel nacional para el desarrollo de acciones de cooperación y complementaciónentre el Estado, ONG y personas viviendo con el VIH/SIDA, así como también disponen depresupuestos limitados para la implementación de sus respectivos planes estratégicosnacionales sobre el VIH/SIDA.
Es coincidente también, que en la Región Andina, el acceso a la salud y la atención integralse constituyen en el principal factor de vulneración de derechos de las personas en generaly particularmente de las personas viviendo con el VIH/SIDA, en unos países, se evidenciaun retraso substancial en la implantación de planes y programas, clínicas de atención,acceso universal a medicamentos y a servicios de atención, así como también sobre planesy programas de promoción, prevención y defensa de los derechos humanos fundamentales,como de protección contra el estigma y la discriminación por causa del VIH/SIDA.
En otros países como Colombia y Venezuela, el acceso a servicios de atención, dediagnóstico y medicamentos de última generación para el tratamiento del VIH/SIDA seenfrentan a, en el caso de Colombia a un sistema de seguridad social obligatoria y otrosplanes, que dejan por fuera de control del Estado al conjunto de las entidades prestadoras desalud privadas y algunas públicas con relación a la obligatoriedad de proveer los serviciosde sus asegurados que viven con el VIH/SIDA sin restricciones, recurriendo a acciones detutela, así como en Venezuela que se dan interrupciones sistemáticas de tratamientoantrirretroviral por cuestiones de su desarticulada burocracia.
Con relación al acceso a servicios y tratamiento, la situación de Bolivia, Ecuador y Perú seconstituye en la principal debilidad de los gobiernos, pues existen enormes barreras, nocuentan con planes y programas de cobertura que permitan a las PVVS acceder atratamiento del VIH/SIDA con antirretrovirales, en la mayoría de los casos no alcanzan nipara el tratamiento de las infecciones oportunistas. En la actualidad con algunas de laspropuestas país presentadas para financiamiento al Fondo Global, los gobiernos, alimentan
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las expectativas en función del Fondo, más sin embargo, como en el caso del Ecuador, nomencionan y/o aseguran cuanto será su contraparte a invertir en la propuesta país, paraasegurar a mediano plazo la sostenibilidad sobre el acceso a ARV una vez finalizados losproyectos.
Las políticas nacionales sobre el VIH/SIDA siguen siendo competencia exclusiva de losMinisterios de Salud Pública, aunque existen iniciativas de coordinación como losCONASIDA en Colombia y Ecuador, CONAMUSA en el Perú y CONTRASIDA, comoentidades formalizadas, no cumplen con el rol para lo que fueron creadas, aunque seconstituyeron en su momento en espacios de participación de varios sectores nacionales queforman parte de la respuesta frente al VIH/SIDA, incluyendo la participación de lasAgencias de Naciones Unidas –ONUSIDA, y otros sectores de gobierno,desafortunadamente, ya sea por eventos políticos, por la reestructuración y baja en lainversión en los programas, estas instancias de coordinación se han quedado sin piso y porlo tanto sin capacidad de convocatoria.
Otros de los factores que demuestran la afectación de la coordinación intersectorial sesustenta en que pese a que en todos los países se habla por parte de los gobiernos de“participación social”, se observa que predomina una ausencia de mecanismos departicipación social en la identificación, formulación, desarrollo y control de programas yplanes de salud colectiva, incluyendo también sobre aspectos relacionados al tratamientodel VIH/SIDA.
En el mismo tenor, las ministerios gubernamentales e instancias del Estado no participan dela respuesta frente al VIH/SIDA, y lo hacen es de manera nominativa por lo que constituyeun obstáculo para que los gobiernos tengan una dimensión real de la problemática delVIH/SIDA en todas sus aristas que la componen.
Los Programas Nacionales en VIH/SIDA de los respectivos gobiernos han contado con elapoyo de las distintas Agencias del Sistema de Naciones Unidas, ya sea de maneraindependiente con programas de cooperación técnica y financiera como la OPS/OMS,PNUD, etc., sobre todo para mejorar la vigilancia epidemiológica en la región, o a través deONUSIDA, así mismo algunos gobiernos han recibido apoyo de la cooperación bilateralque con relación a los recursos asignados por parte de los gobiernos, los aportes resultan losuficientemente significativos ya que incluyen asistencia técnica y en menor medidafinanciera, la misma que ha significado el impulso al posicionamiento de temas como:derechos humanos, incentivar la coordinación intersectorial, la formulación de los planesestratégicos nacionales sobre el VIH/SIDA, en apoyo en la formulación del las propuestasde país para el Fondo Mundial sobre el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, la articulacióncomunitaria en la respuesta nacional y de las personas que viven con el VIH/SIDA.
Por su parte el sector comunitario organizado, se ha articulado en redes, coaliciones ycoordinaciones, incluyendo las personas que viven con el VIH/SIDA, en primera instanciapara el fortalecimiento de la respuesta comunitaria ante el VIH/SIDA a través delintercambio de información y experiencias aprendidas, así como para el desarrollo deacciones de incidencia en las políticas públicas, promoción y defensa de los derechos
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humanos, difusión de la información y campañas de sensibilización con relación a lasituación de las personas que viven con el VIH/SIDA.
La poca movilización por los derechos humanos en los cinco países andinos esconsecuencia de la falta de compromiso por parte de los gobiernos para hacer cumplir lanormatividad existente sobre el VIH/SIDA, donde se reconocen los derechos de laspersonas, pero que en la práctica estos preceptos no son respetados, por las autoridadescomo tampoco por la población que en su mayoría desconoce la existencia de lanormatividad, salvo en Colombia, que en algunas ocasiones el Consejo Nacional deTelevisión transmite spots publicitarios sobre los derechos generales de los ciudadanos peromuy pocos sobre VIH/SIDA.
Las Defensorías del Pueblo, vienen jugando un rol importante en la mediación sobreviolación a los derechos de las personas viviendo con el VIH/SIDA y se dispone de unnúmero significativo de casos presentado ante los tribunales de justicia que dan testimonioen los ámbitos de lo laboral, social, educación, justicia y salud principalmente, de dichasviolaciones. Todas las Defensorías del Pueblo han hecho declaraciones y recomendacionesimportantes en la materia.
A nivel individual, un más de 300 personas viviendo con el VIH/SIDA presentarondenuncias contra sus gobiernos por acceso a medicamentos antirretrovirales –ARV- ante laComisión Interamericana de DDHH de la Organización de Estados Americanos, la mismaque dictaminó en primera instancia medidas cautelares contra los países demandados sobrela obligatoriedad de provisión de ARV de los demandantes, los gobiernos han hecho casoomiso de dichas medidas, o sino, han dado una ligera respuesta a lo demandado por elCIDH.
Si bien el rol que juegan las Defensorías del Pueblo en la región es relevante, las causasseguidas e incluso aquellas acciones ante los Tribunales de Justicia o Ministerio Público, lamayoría de los casos se quedan sin las resoluciones de investigación respectiva a causa delos intrincados procedimientos burocráticos en que se sumergen tanto del sistema judicialcomo en las mismas Defensoría del Pueblo, como es el caso de Venezuela.
Los niveles de pobreza cada vez mayores, y con un significativo número de personas quepasan de ser pobres a la indigencia, así como también el creciente índice de desempleo entodos los países de la región, así como el aumento del fenómeno de la migración, productocoincidente de la endémica crisis política y altos niveles de corrupción ya mencionados,que afectan a la población en general, asociado también a los índices de vulnerabilidadsocial que viven sectores de la población como los hombres gay, hombres que tiene sexocon hombres, hombres y mujeres dedicados al comercio sexual, usuarios de drogas ilícitaso no, privados-as de libertad, entre otros, con relación al derecho a la vida, la falta deprotección de estas poblaciones, persisten los tratos crueles y degradantes, así como elestigma y la discriminación por causa del VIH/SIDA.
Es por eso que las condiciones anteriores describen la situación del VIH/SIDA en los paísesde la Comunidad Andina de Naciones, aspectos que “definitivamente afectan la calidad devida de la gente, sobre todo por lo que se refiere a la salud, educación, seguridad social,
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vivienda, derechos estos que están íntimamente ligados a la posibilidad de superar las crisispersonales y colectiva que está generando la epidemia del VIH/SIDA” en la región.
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PARTE IX
RECOMENDACIONES_________________________________________________________________________
Las recomendaciones emanadas de los cinco informes apuntan a:
La necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, y muyespecialmente los relacionados con los de auditoria social a las acciones de lasentidades públicas y privadas de prestación en servicios de salud.
Es importante la creación de un observatorio de derechos humanos y VIH/SIDA quepermita medir de manera permanente y sistemática los casos que se presentan con elfin de apuntar a la construcción de una política pública en la materia, la cual en laactualidad es altamente deficiente.
El Estado debe fortalecer una serie de mecanismos prácticos enfocados alcumplimiento y aplicación de la visión de los derechos humanos descritos en suConstitución, planes y programas, además de reiterar, no solamente en laobligatoriedad de la observancia de los mismos, sino también de sanciones por suincumplimiento tanto en los ámbitos de gobierno como privado.
En el orden normativo, difundir todas las Resoluciones, leyes, acuerdos ycompromisos internacionales a todos los servicios públicos y privados para suconocimiento, a través de actividades de capacitación, formación y en los currículosde formación de los funcionarios públicos tanto del sector salud, migración, sistemajurídico, Trabajo, Educación, Universidades, federaciones, sindicatos y otrasinstituciones, de tal manera que esto se refleje en programas institucionales enVIH/SIDA, y de protección de los derechos humanos de las PVVS y de los gruposen mayores condiciones de vulnerabilidad social, principalmente minorías sexuales,trabajadores-as sexuales y usuarios-as de drogas.
En función del cumplimiento de sus obligaciones internacionales, es necesario lacreación de instancias de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las mismas,incluyendo una amplia participación ciudadana, además de la activación delrespectivo mecanismo de coordinación intersectorial sobre el VIH/SIDA. En estemismo sentido es clave la creación de veedurías ciudadanas en los países dondeexistirá financiación del Fondo Global (FG), que los gobiernos no reemplacen suinversión por los montos del presupuesto asignado para la propuesta país del FG.
Convocar la participación ciudadana en general, instituciones públicas y privadas,ONG, PVVS, para que en forma conjunta se pueda fortalecer la respuesta frente alVIH/SIDA, incluyendo en la respuesta nacional, otras instancias como elONUSIDA y las agencias de cooperación técnico-financiera.
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Reconocer que en cumplimiento de sus obligaciones con relación a los derechoshumanos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales ostentan un saldonegativo, ya que persiste la discriminación, las dificultades para el acceso a lajusticia, la impunidad, la corrupción gubernamental, la impunidad como elementosque impiden la promoción y justiciabilidad de los derechos fundamentales.
Es necesario la despolitización y desburocratización de las instituciones del Estadollamadas a la protección y promoción de los derechos humanos, tales como laDefensoría del Pueblo y el Ministerio Público, pues impiden que la ciudadaníaencuentre respuestas adecuadas a las violaciones de sus derechos humanos.
Asegurar el acceso a servicios de atención a las personas que viven con elVIH/SIDA, incluyendo los de diagnóstico y tratamiento con ARV en los países conmayor deficiencia como Bolivia, Perú, Ecuador, y observar la calidad de laatención, aseguramiento y sostenibilidad de los mismos en Venezuela y Colombia,tanto por parte de las instituciones de la seguridad social como las entidadesprestadoras de servicios en salud privadas.
Aumentar la inversión en recursos técnico-financieros para ampliar la respuestanacional frente al VIH/SIDA y la ejecución de los respectivos planes estratégicos yel fortalecimiento político-financiero de los correspondientes Programas Nacionalessobre el SIDA/ITS.
Compromisos como UNGASS deben redituar en la exigencia a los países conrelación a sus cuentas nacionales sobre el VIH/SIDA, de tal manera que estopermita asegurar a las políticas existentes su eficaz aplicación y cumplimiento.
Fortalecer los mecanismos que en el ámbito país ha desarrollado el sistema deNaciones Unidas, tales como: Equipo País, Grupo Temático y Grupo Técnico,asegurando la participación de la sociedad y en especial de las PVVS.
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Venezuela
Constitución de la República Bolivariana de VenezuelaLey de MedicamentosLey de Ejercicio de la Farmacia y su ReglamentoResolución No. 621 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (G.O. No.37.064 defecha 26 de octubre de 2000)Resolución No. 104-99 del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (G.O. No. 36.648de fecha 24 de febrero de 1999)Resolución No. SG.-695 del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (G.O. No.36.291 de fecha 15 de septiembre de 1997)Resolución No. SG.-439 del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social(G.O. No. 35.538de fecha 26 de agosto de 1994)Resolución S/n del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (G.O. No. 31.356 defecha 8 de noviembre de 1977)Resolución Normas Generales del Programa de Inmigración Selectiva (Gaceta OficialNº 4.508 Extraordinario del 30 de diciembre de 1992)Reglamento reinvestigación en Farmacología Clínica, Normas de Junta Revisora deProductos FarmacéuticosDictamen No. 71 de fecha 29 de noviembre de 2002 del Ministerio del TrabajoInforme 2001 de Amnistía InternacionalInforma Anual VIH/SIDA y Derechos Humanos Venezuela de ACCSI años 1999 y2002.Informe Anual de Provea Situación de los derechos Humanos en Venezuela años:Octubre 1998 / Septiembre 1999, Octubre 2000 / Septiembre 2001 y Octubre 2001 /Septiembre 2002.Informe sobre la Epidemia Mundial de VIH/SIDA de ONUSIDA publicado en el año2002Plan Estratégico Nacional VIH/SIDA, Un enfoque para la salud y la calidad de vidaProyecto efectuado en forma conjunta por la Fundación Mexicana de la Salud, A.C.(FUNSALUD) y SIDALAC con financiamiento de ONUSIDA y la Comisión Europea.Manual Defensoría del Pueblo, Noviembre 2000.Memorando “Violación de los Derechos Humanos de las personas que viven conVIH/SIDA” de fecha 27 de octubre de 2000 por la Defensoría del Pueblo.Declaración de Compromiso en la lucha contra el VIH/SIDADirectrices Internacionales sobre VIH/SIDA
Entrevistas a:
María Eugenia Pacheco, microbiólogo II del Instituto Nacional de Higiene “RafaelRangel”en fecha 28 de mayo de 2003.
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Freddy Pérez Consultor Jurídico del Instituto de Higiene “Rafael Rangel”en fecha 14 demayo de 2003.Doctoras Morela Maristany Médico Jefe 2 de Salud Pública,Jefe del Departamento deFarmacología y Dra. Mirella Piñate de Acero del Instituto Nacional de Higiene “RafaelRangel”en fecha 14 de mayo de 2003.Dr, Jesús Medina de Lambda de Venezuela en fecha 17 de marzo de 2003.Asia Villegas de la Defensoría del Pueblo en fecha 8 de mayo de 2003.Daysi Matos coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA y Gladis Castillode dicho programa en fecha 9 de mayo de 2003.María Elena Marín Médico Adjunto del Departamento de Medicina ServicioInfectología del Hospital Vargas en fecha 22 de abril de 2003.
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