informe 2: violaciones a la propiedad privada y al debido proceso en las intervenciones a comercios
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O la política del "Dakazo" Observatorio de Derechos de Propiedad Luis Alfonso Herrera Orellana Diciembre 2013TRANSCRIPT
VIOLACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL DEBIDO PROCESO EN LAS INTERVENCIONES A COMERCIOS
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013) O LA POLÍTICA DEL “DAKAZO”
INFORME 2
Observatorio de Derechos de Propiedad
Luis A. Herrera Orellana
Abogado, Profesor de Derecho UCV Investigador Observatorio de Derechos de Propiedad y Observatorio Económico-Legislativo CEDICE
Caracas, Diciembre 2013
“Anaqueles vacíos o el desprecio a la propiedad privada”
Con base en la Ley para la Defensa de las Personas
en el Acceso a Bienes y Servicios (Ley del INDEPA-
BIS), así como el Decreto-Ley de Costos y Precios
Justos (LDCPJ), el Presidente de la República, a
través de cadenas de radio y televisión, y sin acto
formal previo, ordenó en noviembre de 2013 a dife-
rentes organismos del Ejecutivo Nacional, inspec-
cionar, ocupar y fijar los precios máximos de venta
al público de los bienes ofrecidos por cientos de
establecimientos comerciales, en todo el territorio
nacional, afirmando que el sector privado de la
economía nacional, en especial el sector comercio,
había declarado al Gobierno y al “pueblo” una gue-
rra económica (explicación orwelliana del Gobierno
nacional al problema de la escasez, la inflación, el
desabastecimiento y la proliferación de mercados
negros y contrabando), frente a la cual se imponía
entonces responder con una “ofensiva económica
revolucionaria”.
Dichas acciones sobre el sector comercio fueron
ejecutadas, principalmente, por funcionarios acti-
vos de la Fuerza Armada Nacional, lo que profundi-
zó la ya notable “militarización” de la economía en
el país.
Esta política, que llegó a conocerse como el
“Dakazo” (debido al nombre “DAKA” del primer lo-
cal comercial que fue intervenido por el Gobierno y
cuyos anaqueles fueron vaciados), se ejecutó con
base en diversos actos regulatorios. A continuación,
una breve síntesis de dichos actos (contrarios a la
libertad de empresa y a la propiedad privada en la
generalidad de los casos) dictados por el Gobierno
Nacional (y alguno por el Parlamento, eludiendo
con ello su deber de control político) en esta mate-
ria, durante la “ofensiva económica” contra los co-
mercios privados: 1) Resolución mediante la cual se
resolvió instruir y encomendar a la SUNDECOP, ór-
gano desconcentrado de este Ministerio, a partici-
par activamente en operativos de fiscalización de
útiles escolares. Gaceta Oficial No. 40.238 de
28.08.2013; 2) Resolución mediante la cual se auto-
riza las acciones de ocupación establecidas en el
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área que en ella se indica, que se encuentran afec-
tadas por el Decreto N° 1.578, de fecha 27 de mayo
de 1987. Gaceta Oficial No. 40.267 de 08.10.2013;
3) Acuerdo en Respaldo a las Acciones Implementa-
das por el Presidente de la República, Nicolás Madu-
ro Moros, contra la Guerra Económica y en Defensa
de las Garantías Sociales del Pueblo Venezolano.
Gaceta Oficial No. 40.292 de 12.11.2013; y 4) Reso-
lución mediante la cual se ordena al Instituto para
la Defensa de las Personas en el Acceso para los
Bienes y Servicios dictar Medida Preventiva de Ocu-
pación y Operatividad Temporal a las empresas que
en ella se indican. Gaceta Oficial No. 40.301 de
25.11.2013.
Tal y como en informes previos y análisis costo-
beneficios lo advirtió y denunció CEDICE (Sobre la
Ley del INDEPABIS ver: http://cedice.org.ve/?
p=2770; por su parte, sobre el DLCPJ ver: http://
cedice.org.ve/?p=3667), la Ley del INDEPABIS y el
LDCPJ contienen normas que atribuyen, más que
potestades discrecionales, verdaderos poderes ilimi-
tados de control y sanción a los organismos encarga-
dos de su aplicación (a saber, el Instituto para la
Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Ser-
vicios –INDEPABIS-y la Superintendencia Nacional de
Costos y Precios –SUNDECOP-, que actúan junto or-
ganismos para-policiales y para-militares como los
consejos comunales y las milicias - Ver: http://
goo.gl/c7rZOu), gracias a los cuales, y debido a la
inexistencia de control judicial en Venezuela, di-
chos organismos actúan frente a la libertad econó-
mica y la propiedad privada como si éstos no fueran
derechos constitucionales inviolables.
Es el caso que, actuando bajo la premisa, expuesta
por el Presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, de que las asociaciones empresariales FE-
DECAMARAS, CONSECOMERCIO y VENAMCHAM están
ejecutando una “guerra económica contra el
país” (que consistiría en la supuesta decisión de la
totalidad o de la gran mayoría de los comerciantes
de, en forma concertada, cometer todos los ilícitos
administrativos y delitos previstos en las legislacio-
nes mencionadas y en otras más, con el deliberado
objetivo de perjudicar al Gobierno Nacional y a los
consumidores y usuarios, Ver: http://goo.gl/
ED1K12).
De este modo, a través de una “operación cívico
militar para la protección de los precios” se aplica-
ron medidas contra tiendas de electrodomésticos,
donde funcionarios de diversos organismos obliga-
ron a rebajar los precios de los productos:
“Funcionarios del INDEPABIS, SENIAT, CADIVI, SUN-
DECOP, SENCAMER, del ministerio para el Despacho
de la Presidencia, la Guardia Nacional y la milicia
estuvieron en las sucursales Daka y Pablo Electróni-
ca en Caracas, así como en otros comercios del ra-
mo, revisando facturas y órdenes de compras, para
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“Los inspectores sólo tomaron en cuenta la tasa oficial de Bs 6,30 por dólar como referencia para los productos importados y el precio neto en el caso de los bienes nacionales”
ANGIE CONTRERAS, EL UNIVERSAL
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cotejar si los precios exhibidos estaban
‘justificados’. Los inspectores sólo tomaron en
cuenta la tasa oficial de Bs 6,30 por dólar como re-
ferencia para los productos importados y el precio
neto en el caso de los bienes nacionales. Una de las
fiscales dijo que el porcentaje máximo de ganancia
que consideraron para fijar "los precios justos" no
debe exceder de 30%, que es lo que han determina-
do el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de
Comercio, argumentó. Aquellos casos que superen
el porcentaje establecido por el Gobierno, deberá
ser justificado, de lo contrario será rebajado” (Ver:
http://goo.gl/sNgm1K).
Para el 23 de diciembre de 2013, el Mayor General
Hebert García Plaza, el responsable del Órgano Su-
perior para la Defensa de la Economía Popular, in-
formó que se habían realizado “3.250 inspecciones,
850 supervisiones y abierto 161 expedientes” en
todo el territorio nacional, con “notificaciones” al
Ministerio Público, por la supuesta comisión de los
delitos de especulación, usura y remarcaje de pre-
cios, entre otros. Asimismo, anunció que 57 perso-
nas fueron privadas de libertad por los delitos antes
mencionados, y pidió a los comerciantes y empresa-
rios “no seguir atentando contra el pueblo con pre-
cios especulativos”. Indicó que “lamentablemente
hoy tenemos que informar que esa cifra ya va en el
orden de las 57 personas detenidas (…) después de
4 meses (de ofensiva económica) no hay excusas
para seguir viendo márgenes de especulación en el
país”1.
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1 Ver: http://goo.gl/tZB8qo; http://goo.gl/YHF1He; y http://goo.gl/3RdmCs. Emblemático es el caso del señor Hakim Riffai, uno de los comercian-
tes privado de libertad por la supuesta comisión de delitos económicos. Así reseñó su caso la prensa nacional: “Otro día de colas y desespero se
vivió en los municipios Simón Rodríguez, Guanipa y Anaco, donde las personas se mantenían ‘mosca’ y haciendo guardia frente a los negocios, a la
espera de comprar electrodomésticos y ropa a menor costo. En El Tigre, la mayor tensión se presentó en los alrededores del comercio Los 777,
ubicado en la avenida Miranda. Allí, desde el sábado, la Guardia Nacional Bolivariana [ente militar en funciones administrativas civiles] tomó las
instalaciones. Después de cuatro días, ayer los efectivos militares, junto con funcionarios del INDEPABIS y SUNDECOP, SENIAT y Comisión Presiden-
cial ordenaron, a las 12:00 del día, abrir las puertas del negocio, mientras socios, familiares y trabajadores protagonizaron escenas de llanto y do-
lor. ‘Yo prefiero que la gente entre y nos saquee, nos sale más barato. ¡Por Dios, esto es un irrespeto, es nuestro dinero. No me dejen sin nada!’,
expresó el hermano del dueño de la tienda, Hakim Riffai, entre lágrimas y gritos. El hombre de origen árabe estaba desesperado porque las autori-
dades, después de la revisión que realizaron, habrían detectado que los electrodomésticos tenían 260% de aumento de precio. Riffai manifestó, en
su poco fluido español, que era primera vez que le pasaba algo así: ‘¿Por qué ahora? Nunca había pasado antes. Yo compré a 60 mil bolívares (se
refería a la última mercancía que le llegó). No puedo venderlo a seis’. En medio de la conmoción, el comerciante fue sacado del establecimiento
por efectivos de la GNB y llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) [policía política del Gobierno Nacional], donde
permanecerá retenido preventiva-mente. Quedó a la orden del Ministerio Público. Carmen de Marín, una de las trabajadoras del negocio, dijo que
lleva 10 años laborando y aseguró que los propietarios trabajan día y noche sin ‘quitarle nada a nadie. Tenemos factura de todo. No es posible que
se venda lo que se compró caro a precios viejos’. Después de realizar la inspección las autoridades acordaron darle 70% de descuento a todos los
electrodomésticos, pese al rechazo de los dueños y trabajadores del comercio quienes decían que la mercancía recién adquirida no podía venderse
a un precio tan bajo. Estaban de acuerdo que se ofertara las que eran de vieja existencia. En las afueras del establecimiento, Jesús Figuera, candi-
dato oficialista a la Alcaldía de Simón Rodríguez, tomó la vocería de las autoridades presentes. Allí aseguró que en el comercio hallaron ‘ilícito
cambiario, ilícito de remarcaje, gananciales desproporcionados, usura genérica por incremento de 260%, además de oferta engañosa’. Mostró una
etiqueta en donde se apreciaba un costo de un TV Led Samsung 3D de 60 pulgadas, con un precio con tarjeta de crédito (Bs 124.299,89) y con efec-
tivo (Bs 112.9889, 90). El oficialista dijo que los trabajadores no quedarán afectados, porque seguirán en sus labores, ya que no se trata de una
expropiación. Informó que la tienda tenía en sus galpones 20 mil electrodomésticos que serían vendidos. El SENIAT se encargará del sistema de
venta, ya que no permitirán que una persona compre más de un mismo artículo. La trabajadora Gregorina Suárez dijo que desde hace 7 años labora
en Los 777 y que teme quedar sin su empleo. No cree que sea justa la forma cómo arremetieron contra los dueños. A partir de las 2:30 pm hubo
intento de saqueo en el local”. Ver: http://goo.gl/APsT8e
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Según testimonios de las víctimas, declaraciones de
funcionarios autores de las medidas y reportajes
publicados por medios de comunicación, las
“inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones” han
consistido, en realidad, en la aplicación de sancio-
nes, administrativas y penales, sin previo procedi-
miento que garantice el derecho a la defensa, ya
que en el mismo acto en el que se efectúa la ins-
pección, se adoptan las decisiones de fondo (rebaja
de los precios, cierre del local, intervención del lo-
cal, comiso de la mercancía, privación de libertad
de gerentes y propietarios aunque en delitos econó-
micos no cabe la flagrancia, etc.), todo ello por
cuanto estas acciones presumen la culpabilidad y no
la inocencia de los comerciantes, y que los bienes
que comercializan no son de su propiedad, sino que
lo son del Estado, por presumir también sin prueba
de ello, que todos han sido importados con divisas
oficiales otorgadas por CADIVI, aun cuando el Presi-
dente de FEDECÁMARAS ha declarado que “solo el
2% de las empresas que hacen vida productiva
reciben dólares de CADIVI” (Ver: http://goo.gl/
BoFefh).
Tales medidas, por lo tanto, según lo demuestran
estudios que han examinado los hechos de varios de
estos casos, son violatorias de derechos como el de-
bido procedimiento, la defensa, la libertad econó-
mica, la propiedad privada y hasta la libertad per-
sonal (Ver el análisis económico-legal elaborado por
el economista Rafael González sobre las medidas
aplicadas al sector comercio por el Gobierno Nacio-
nal en: http://goo.gl/AfZ0jd).
Sin pretensión de exhaustividad, ya que más allá de
lo declarado por el director del Órgano Superior pa-
ra la Defensa de la Economía Popular (y citado pre-
viamente), no se dispone de una estadística oficial
y definitiva sobre las intervenciones, supervisiones,
inspecciones y fiscalizaciones a los comercios, sólo
cabe presumir que pasan de las tres mil acciones,
siendo los casos hasta la fecha más emblemáticos
los de DAKA (Ver: http://goo.gl/eAmJli), DUNCAN y
TITÁN (Ver: http://goo.gl/1oUubw) (únicos casos
en los que el Gobierno Nacional, a través del INDE-
PABIS, dictó medidas formales de ocupación tempo-
ral), así como los de JVG (Ver: http://goo.gl/
WSzwgQ), Pablo Electrónica, General Import, BECO
(Ver: http://goo.gl/A6NgkY), EPA (Ver: http://
goo.gl/Uxux25), Ferreterías y Agencias de Viajes
(Ver: http://goo.gl/A6NgkY), Tiendas de celulares
como Samsung, Centros Comerciales (Ver: http://
goo.gl/2zmnq), comercios del Hogar y de Ropa, co-
mo TRAKI, Nike, Timberland, El Tijerazo, Graffiti,
diversas Jugueterías (Ver: http://goo.gl/6hK2oC) y
comercios de ventas de repuestos de vehículos y
autopartes (Ver: http://goo.gl/zB6R2g), entre otros
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tantos ramos comerciales que cabría mencionar,
como las dedicadas a la ropa interior.
Valga indicar, que no existe en Venezuela ninguna
prohibición de adquirir en el extranjero bienes con
divisas no oficiales, pues lo que prohíbe la Ley con-
tra los Ilícitos Cambiarios (G.O. Extra. No. 5.975, de
17.05.10, artículos 5, 7, 9, 10 y 11) es la compra
venta de divisas en el territorio nacional sin la in-
tervención del BCV, no declarar al BCV la posesión
de divisas por encima de los 10.000 dólares de EEUU
obtenidas por exportación o el destinar divisas otor-
gadas por CADIVI para el pago de bienes distintos a
los indicados en las solicitudes de autorización de
adquisición de divisas. Asimismo, está prevista una
sanción administrativa (multa) de 500 unidades tri-
butarias para los comercios que vendan bienes ad-
quiridos con divisas oficiales y no tengan exhibidos
al público anuncios que indiquen qué bienes fueron
adquiridos con tales divisas.
Sin embargo, es tal la discrecionalidad, más bien, la
incertidumbre y la falta de seguridad jurídica en
esta materia, que durante las “inspecciones” a co-
mercios el Ejecutivo Nacional “creó” de facto una
nueva prohibición y sanción, no prevista en norma
alguna, según la cual comprar bienes en el extran-
jero con divisas no vendidas por el BCV para su ven-
ta en Venezuela es un ilícito, se presume delito (es
decir, que los fondos son ilegales por no provenir
del BCV), y que debe ser castigado por el Gobierno
aunque no esté previsto en la Ley. De allí que en
algunos casos se afirmó: “otro delito es que el im-
portador Full Time Ferreteras en 2012 obtuvo divi-
sas, pero en 2013 dicen que no han adquirido ar-
tículos con divisas del Estado, sino con otras pro-
pias, por lo que se desconoce su procedencia. ‘Han
querido darle un golpe a la moneda nuestra, deses-
tabilizar la economía, la revolución y evidentemen-
te que nuestro pueblo sea quien pague las conse-
cuencias’, expresó el Ministro del Comercio Alejan-
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dro Fleming” (Ver: http://goo.gl/HmJYGL).
Para el 09 de enero de 2014, ya se habían ejecuta-
do hasta 100 nuevas inspecciones en comercios, di-
rigidas en su mayoría por SENCAMER, ello, según
informa este organismo, con el objeto “de hacer
frente a la especulación y velar porque los produc-
tos, bienes y servicios ofrecidos sean de calidad”,
señalando funcionarios de ese órgano que así
“continúa su labor en la ofensiva implementada por
el Gobierno revolucionario para contrarrestar la
ejecución de delitos como usura, remarcaje de pre-
cios, acaparamiento y especulación (Ver: http://
goo.gl/gKjEnS).
De este modo, las medidas de “inspección, fiscali-
zación y supervisión” continuaron a inicios de 2014
en todo el territorio nacional, a pesar de no ser és-
te un año electoral en Venezuela, y se siguieron
ejecutando sin previo aviso y sin debido procedi-
miento, ante lo cual surgieron voces de alerta sobre
las consecuencias de tales acciones.
Por ejemplo, el empresariado agrupado en FEDECA-
MARAS-ZULIA, señaló, a raíz de las declaraciones
del Presidente de la República sobre la obligación
de reembolso del dinero a aquellas personas que
compraron con “sobreprecio”, que la medida “es
inviable en estos momentos (…) Eso es completa-
mente inviable e imposible, eso significaría para
muchas personas una quiebra total de sus empre-
sas, porque el gran problema de esto viene dado
por la inflación, los costos de reposición en un país
inflacionario son extremadamente necesarios para
trabajar en estos momentos (…) el Ejecutivo está
en el derecho de realizar cualquier inspección, lo
importante es que éstas vayan ajustadas al debido
proceso, como reza en las leyes vigentes y la Cons-
titución, y es muy importante dar el derecho a la
defensa que tiene cada ciudadano y cada una de
esa empresas (…) los empresarios necesitamos ma-
teria prima, insumos y, materiales que nos permi-
tan producir para los venezolanos. Ninguna econo-
mía funciona con amenazas, ni con intimidación.
Hay que inyectarle confianza para atraer inversio-
nes” (Ver: http://goo.gl/IRZ6D0).
Por su parte, el presidente de FEDECÁMARAS-LARA,
Alberto Gámez, afirmó que "lo peor se avecina para
el 2014 en el primer trimestre del año, en relación
a la economía del país y la falta de liquidez de di-
“(…) el Ejecutivo está en el derecho de realizar cualquier inspección, lo importante es que éstas vayan ajustadas al debido proceso, como reza en las leyes vigentes y la Constitución, y es muy importante dar el derecho a la defensa que tiene cada ciudadano y cada una de esa empresas (…) Ninguna economía funciona con amenazas, ni con intimidación. Hay que inyectarle confianza para atraer inversiones”
FEDECÁMARAS-ZULIA
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visas para nacionalizar los productos que llegan del
exterior”; recalcó que en ningún momento los pue-
den tildar de acaparadores; y que si alguna empre-
sa está inmersa en cualquier delito similar, son
execrados de inmediato de sus líneas (…) “El Go-
bierno nacional tiene que revelar las listas de los
comercios que han incurrido en dichas acciones de
especulación y acaparamiento”, recalcó Gámez,
quien a su vez explicó que han realizado varias en-
cuestas y el 82 por ciento de los comercios que han
recibido divisas son conocidas como "empresas de
maletín", la cual son afectas al Gobierno’ (…) De
igual forma, Gámez, sostuvo que los comercios no
pueden trabajar a pérdida, porque solo en gastos
operativos como la luz, el agua y empleados, da un
42%, y si cuentan la ganancia de los productos en-
tre el 15 al 18%, da un total del 60% y las fiscaliza-
ciones se están realizando de un descuento del 30%
sobre los productos que adquieren como minoris-
tas, la cual no son comprados con dólares CADIVI.
Por último, señaló que FEDECÁMARAS-LARA, reci-
bió un total de 108 llamadas de sus afiliados, la
mayoría minoristas por el temor y hostigamiento
que hay por parte de los compradores para adquirir
la mercancía (…) Puntualizó que los costos de repo-
sición no se están dando actualmente, por eso se
observan los anaqueles vacíos” (Ver: http://goo.gl/
RmpuhR).
Entre tanto, CONSECOMERCIO alertó sobre lo difícil
que será lograr la reposición de inventarios a corto
plazo, a través de su Presidente Mauricio Tancre-
din, quien aseguró que “ven difícil la reposición de
inventarios a corto plazo, pues es un proceso que
toma hasta 65 días, dado que los productos vienen
de países lejanos. ‘A los comerciantes les convie-
nen inspecciones serias, pero hay quejas en la for-
ma en que se han efectuado’, sostuvo Tancre-
di. Dijo que los comerciantes están en contra de las
especulaciones y los abusos, pero las inspecciones
deben efectuarse en común acuerdo” (Ver: http://
goo.gl/ZYjAtj).
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Incluso Mario Vargas Llosa dedicó una columna de su
Piedra de Toque2, a advertir sobre las calamidades
que tal medida acarrearía a la economía venezolana
y a los habitantes de este malogrado país.
De este modo, inseguridad, desabastecimiento, te-
mor, criminalización y pérdidas aún por cuantificar,
son las características que al momento de la elabo-
ración de este informe presenta el sector comercio
en Venezuela, el cual, debido a las complicaciones,
falta de eficiencia, informaciones imprecisas y opa-
cidad de los nuevos organismos cambiarios
(CENCOEX y CORPOVEX, aunque algunos economis-
tas consideran que el problema de fondo es la dis-
minución acelerada de divisas), no ha podido recu-
perarse aún de las graves pérdidas sufridas a fines
de 2013.
Un dato a destacar es que, a diferencia de 2012,
año en el cual se intentaron algunas demandas de
nulidad tanto contra la Ley del INDEPABIS como
contra el DLCPJ, e incluso en contra de las normas
y actos de aplicación de esas leyes, en 2013 no hu-
bo información de que los afectados por los actos
formales y meras actuaciones de hecho adoptadas
con base en aquéllas fueran objeto de reclamos ju-
diciales o de otra naturaleza, es decir, que medidas
como rebajas forzadas de precios, comisos de mer-
cancías, sanciones administrativas como multas,
cierres, ocupaciones e intervenciones, e incluso
medidas privativas de libertad, hayan sido deman-
das en nulidad por inconstitucionales e ilegales, de
modo que menos control jurisdiccional hubo a las
actuaciones con poderes ilimitados del Gobierno
Nacional.
En lugar de ello, acaso por el temor a reclamar de-
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2 “En suma, pasada la ilusión que estas operaciones han creado en una opinión pública desesperada por la corrupción, el empobre-
cimiento y la anarquía creciente que vive Venezuela, el precio que el país tendrá que pagar por la demagogia irresponsable de es-
tos días será muy alto. Sin duda, contrariamente a los cálculos del Gobierno, se traducirá en una nueva y más aplastante derrota
del Gobierno en las próximas elecciones del 8 de diciembre, lo que obligará a aquél, al igual que en las presidenciales, a un nuevo
fraude monumental a fin de mantenerse en el poder pese a su descrédito y a la ruina a la que precipita cada día más a su desdi-
chado país. Venezuela nunca tuvo una agricultura floreciente, a la altura de las enormes posibilidades agrícolas con que cuenta;
pero con el chavismo, sus expropiaciones e invasiones, las tomas arbitrarias de fincas y la asfixiante burocratización imperante, la
producción agraria en ciertas regiones se redujo a mínimos y en otras simplemente desapareció. El resultado de todo ello es que el
país debe importar casi el 95% de lo que consume, algo que en la época del apogeo del petróleo, apenas se advertía. Pero el con-
trol revolucionario implantado por Chávez y Maduro en la industria ha rebajado la producción petrolera venezolana de manera ra-
dical, a la vez que la política de control de divisas, una de las fuentes más prósperas de la corrupción, ha convertido la obtención
de dólares para los comerciantes y empresarios que necesitan importar materias primas y productos del extranjero en una verda-
dera pesadilla. Sólo los enchufados en el Gobierno consiguen divisas, o los que están dispuestos a pagar por ellas comisiones millo-
narias. Los otros deben obtener las divisas en el mercado negro, donde el dólar vale diez veces el precio oficial. Esa es la explica-
ción de la subida desmedida de los precios y del desabastecimiento generalizado. Las valientes rebajas impuestas manu milita-
ri por Maduro sólo servirán para acelerar el desabastecimiento generalizado —los anaqueles se quedarán vacíos, en efecto—, y el
mercado negro, que crecerá de manera elefantiásica, estará sólo al alcance de los privilegiados, es decir, los favorecidos por el
régimen o por la vertiginosa corrupción generada por la política intervencionista en la economía. En otras palabras, la política del
socialismo chavista habrá contribuido a agravar las diferencias económicas y sociales que se proponía abolir” (Ver ¡Vacíen los ana-
queles!, en El País: http://goo.gl/8Kpzlm ).
bido a la falta de división de Poderes e independen-
cia judicial que se observa en Venezuela desde hace
años, la estrategia de los sectores afectados ha sido
la de “condenar la especulación y la usura”, aco-
giendo la nuevalengua oficialista (Sobre esta pro-
blemática en Venezuela ver: http://goo.gl/dQPWO2
y http://goo.gl/LErFJj), el intentar ajustarse a las
exigencias del Gobierno (a pesar de su irracionali-
dad económica) y hasta colaborar en algunos casos
con las medidas ordenadas por el Ejecutivo Nacio-
nal, y sólo en algunos casos el alertar y explicar al
país no sólo lo arbitrario de las mismas, sino los gra-
ves perjuicios que éstas, en el corto plazo, causarán
a los consumidores y usuarios en general.
Sólo en ciertos casos específicos se han rechazado
las arbitrariedades descritas por los medios de co-
municación independientes, y se ha exigido la apli-
cación del debido proceso, la intervención de las
embajadas de países de los que son nacionales algu-
nos de los comerciantes afectados, explicar que só-
lo un mínimo porcentaje de empresas privadas
“recibieron”3 en 2013 divisas oficiales para impor-
tar y que las “inspecciones” se debían aplicar a tra-
vés de los procedimientos previstos en las leyes,
siendo algunos expertos en regulación económica
los que han denunciado las violaciones jurídicas y
graves efectos económicos que tendrán estas medi-
das en contra del sector comercio.
Sobre lo anterior, el Vicepresidente de FEDECÁMA-
RAS, Antonio Armando “criticó la forma en que el
Gobierno nacional aplicó la regulación de precios
en diferentes establecimientos de electrodomésti-
cos. ‘Hay otras vías para evitar los abusos. El Esta-
do tiene cómo resolver la situación, porque mucha
gente que estaba en las colas no fue a comprar’.
Exhortó al Ejecutivo a no crear anarquía en las ca-
lles del país, pues expresó que el ambiente está
tenso, debido a los actos vandálicos. ‘Lo lógico es
que el Gobierno haga sus inspecciones como se de-
be, porque así como lo están ejecutando están bien
equivocados’. También instó a los dueños de co-
mercios a establecer precios justos a los artículos
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“Hay otras vías para evitar los abusos. El Estado tiene cómo resolver la situa-ción, porque mucha gente que estaba en las colas no fue a comprar”
ANTONIO ARMANDO, VICEPRESIDENTE DE FEDECÁMARAS
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3 Término empleado indebidamente en el caso de las divisas asignadas por CADIVI, ya que las empresas privadas que importan en
Venezuela nunca “reciben” esas divisas (ni se las entrega la República en efectivo, ni se las deposita en una cuenta privada en el
extranjero, esto último sólo ocurría en el caso del desaparecido SITME), sólo reciben una autorización para “adquirir” las divisas
(esto es, para comprarlas y pagarlas al Banco Central de Venezuela) y una autorización para liquidarlas a favor de sus proveedores
en el extranjero (es decir, para que el Banco Central ordene hacer el pago efectivamente), de modo que es la República, a través
del Banco Central de Venezuela la que paga en el exterior al proveedor extranjero de la empresa privada venezolana que importa.
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en veta, aunque considera que esto no puede lo-
grarse si el empresario no tiene acceso al dólar ofi-
cial de Bs 6,30. ‘Si no tienen la divisa al precio que
es, es imposible que el valor de los productos sea el
mismo. Por supuesto serán más altos’. Por su parte,
el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelo-
na, Bachar Kobrosly, recordó que ‘muchos comer-
ciantes trabajan con proveedores nacionales. No
importan y por eso los precios son más altos’. Re-
cordó que expender los artefactos con 70% de des-
cuentos genera pérdidas a estos empresarios” (Ver:
http://goo.gl/6cHlVJ).
La Cámara de Comercio e Industria del Estado Méri-
da, en cambio, “solicitó garantizar la integridad de
las personas y los bienes de los comercios que están
siendo acusados de ‘usureros’ y por ende sometidos
al escarnio público. ‘En esta institución creemos
que la buena fe se presume y la mala hay que de-
mostrarla, por lo que exigimos se respete la Consti-
tución que establece el debido proceso y la legiti-
ma defensa, el cual debe ser aplicado a todos quie-
nes resulten involucrados en prácticas vedadas con-
tra la dignidad y las buenas costumbres’, dicen en
una nota de prensa. El representante de las comer-
ciantes árabes ante esta institución, Fidel el Bon-
ney, dijo que conversó con el embajador de Siria en
Venezuela, con el objetivo de solicitar su interme-
diación ante las autoridades nacionales (…) Aclaran
que no se oponen a las sanciones de algunos comer-
ciantes que puedan resultar inmersos en hechos in-
debidos, pero rechazan la generalización como
práctica común porque perjudica a quienes están
establecidos y reconocidos como comerciantes ho-
nestos”. En paralelo, el directorio de FEDECÁMARAS
alertó “sobre el enorme peligro que suponen prác-
ticas como las que hemos presenciado en las horas
y días recientes, las cuales solo dejarán en un plazo
no muy lejano menos empleos disponibles para la
población, menos oportunidades para que la gente
pueda acceder a los bienes y servicios, mayor ines-
tabilidad e incertidumbre (…) el gremio no apoya ni
fomenta conductas empresariales al margen de la
ley, pero tampoco se hace eco de atropellos al Es-
tado de Derecho y al debido proceso que puedan
lesionar, de forma grave, a ciudadanos, empresas y
al principio mismo de la propiedad privada consa-
grado en la Constitución nacional” (Ver: http://
goo.gl/x1TpsV).
El presidente de CONSECOMERCIO, Mauricio Tancre-
di, enfatizó que esa instancia está dispuesta a cola-
borar con todas las visitas e inspecciones que em-
prenda el gobierno en los centros comerciales (…)
aseveró que “todas estas reducciones de precios,
todos estos aciertos deben ser hechos bajo el pará-
metro del acuerdo, no se pueden dictaminar cam-
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INFORME 2
Observatorio de Derechos de Propiedad
bios en los precios en los productos sea bienes o
servicio sin tener curso del afectado, sería en este
caso los dueños de los locales comerciales” (…) “A
su juicio, desde el Ejecutivo no se puede tomar una
decisión generalizada y unitaria en todos los pro-
ductos en un mismo margen, por el contrario se de-
ben tomar en cuenta diferentes factores que varían
según la circunstancia…” (Ver: http://goo.gl/
FWNa1A).
Ante la permanente acusación de ventas con sobre-
precio de bienes que habrían sido supuestamente
adquiridos con divisas oficiales, de nuevo, el Presi-
dente de FEDECÁMARAS desmintió las declaraciones
del Gobierno nacional con respecto al otorgamiento
justo de los dólares, argumentando que “no se le
han repartido los dólares a quién se les tienen que
repartir. Alguien tiene que responder por qué fue
más importante importar un plasma de 70 pulga-
das en vez de otorgar dólares a la industria far-
macéutica, que debido a eso, en estos momentos
están falleciendo personas en los hospitales por la
falta de medicamento”. En este sentido, dijo que
los empresarios piden ‘transparencia’ y que se pu-
blique una lista de las instituciones que reciben dó-
lares a través de CADIVI, así como por vía del Siste-
ma Complementario de Administración de Divisas
(SICAD). “Que se haga esto público para que todos
los venezolanos tengamos acceso a cuál fue el cri-
terio de asignación y a quién se le asignaron esos
dólares”. Igualmente, indicó que la mayoría de los
comerciantes no importa directamente, sino que
‘solo el 2% de las empresas que hacen vida pro-
ductiva reciben dólares de CADIVI’ de las 8.000
que se benefician de esta administración públi-
ca” (Ver: http://goo.gl/nBso9g).
Finalmente, cabe destacar que el Presidente de la
asociación de defensa de los derechos de los consu-
midores y usuarios ANAUCO, el abogado Roberto
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INFORME 2
Observatorio de Derechos de Propiedad
León Parilli, aseguró que “en casos como el de
las tiendas de electrodomésticos, se debe seguir el
‘debido proceso’ y permitir el derecho a la defensa
de los comercios implicados, pues en todo el con-
flicto el más perjudicado es el comprador. Dijo que
‘las vías que se tomaron no son las más propicias.
‘El camino es que las instituciones del Estado ac-
túen como deben actuar, señalen al infractor, ni
todos son malos ni todos son buenos’. Para el re-
presentante de Anauco debe respetarse ‘el derecho
a la defensa, al debido proceso, a tener tranquili-
dad y a saber que uno tiene instituciones del Esta-
do que están haciendo su trabajo y no que tiene
uno que ir corriendo a buscar solución’. Parilli
agregó que “no se debe generalizar a los que come-
ten infracciones, ‘más allá de agarrar a los que es-
tén violando la Constitución, se puede generar un
problema de anarquía y de violencia, más en vías a
navidad o elecciones” (Ver: http://goo.gl/n3lyKB),
mientras que expertos en regulación económica co-
mo Rafael González señalaron que se cometieron
graves violaciones al debido proceso y presunción
de inocencia (Ver: http://goo.gl/sXDv4n), al princi-
pio de tipicidad sancionatoria y que, en contra de lo
afirmado por abogados del Gobierno como Herman
Escarrá, se habían cometido claras confiscaciones
basadas en criterios de desproporción económica
usados por el Ejecutivo Nacional (Ver: http://
goo.gl/Zf3BMZ).
Es el caso que, según testimonios de las víctimas,
declaraciones de funcionarios autores de las medi-
das y reportajes publicados por medios de comuni-
cación (varios de ellos antes citados), las
“inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones” han
consistido, en realidad, en la aplicación de sancio-
nes, administrativas y penales, sin previo procedi-
miento que garantice el derecho a la defensa, ya
que en el mismo acto en el que se efectúa la ins-
pección, se adoptan las decisiones de fondo (rebaja
de los precios, cierre del local, intervención del lo-
cal, comiso de la mercancía, privación de libertad
de gerentes y propietarios aunque en delitos econó-
micos no cabe la flagrancia, etc.), todo ello por
cuanto estas acciones presumen la culpabilidad y no
la inocencia de los comerciantes, y que los bienes
que comercializan no son de su propiedad, sino que
lo son del Estado, por presumir también sin prueba
de ello, que todos han sido importados con divisas
oficiales otorgadas por CADIVI.
Tales medidas, por tanto, fueron y son aún violato-
rias de los derechos al debido proceso y a la propie-
dad privada protegidos por los artículos 49 y 115 de
la Constitución venezolana, 8, 21, 24 y 25 de la
Convención Americana, de la obligación establecida
en el artículo 1.1 de dicho Pacto Internacional, y de
igual modo, de los derechos protegidos por los ar-
tículos II, XXIII, XXV y XXVI de la Declaración Ameri-
cana de los Derechos y Deberes del Hombre (Ver:
“(...) las vías que se tomaron no son las más propicias. El camino es que las ins-tituciones del Estado actúen como de-ben actuar, señalen al infractor, ni to-dos son malos ni todos son buenos”
LEÓN PARILLI, PRESIDENTE DE ANAUCO
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INFORME 2
Observatorio de Derechos de Propiedad
http://goo.gl/vdWBQU y http://goo.gl/TQUv0x).
Valga añadir que esta política de la “ofensiva eco-
nómica”, en una “segunda etapa”, ha continuado
hasta el mes de junio de 2014, apoyada en órganos
de investigación penal como el SEBIN y de funciona-
rios de organismos militares, con la misma orienta-
ción de criminalizar la actividad comercial, negar
los perjuicios derivados de la planificación central
de la economía y los controles intervencionistas y
ocultar las causas de los graves problemas que afec-
tan a los consumidores y usuarios sin distinción de
preferencia política o militancia partidista.
Este reportaje del diario El Mundo del 03.06.14 lo
describe así: “La segunda fase de la "ofensiva eco-
nómica" lleva 5.262 fiscalizaciones”, según informó
este martes el intendente de Precios Justos, Roger
Prepo García durante la inspección efectuada a la
empresa de repuestos automotrices Venamerican.
Detalló que el tercer sector con más inspecciones
en el ámbito nacional corresponde al
de autopartes, con aproximadamente 610 operacio-
nes, en las que se han aplicado unas 90 medidas en
diferentes formas por ‘especulación’ o acumula-
ción’. Sobre la empresa Venamerican, señaló que
detectaron márgenes especulativos de más de
200%. Resaltó que se ha establecido con el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Sis-
tema de Exploración Popular, "que nos permitió dar
con esta empresa que estaba practicando la activi-
dad especulativa” (Ver: http://goo.gl/vpJh9V ).
Elaborado por el Doctor Luis Alfonso Herrera para el
Observatorio de Derechos de Propiedad.
Para más información: [email protected]
www.paisdepropietarios.com
País de Propietarios #ObservatorioPropiedad