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Ilustración de Ed Carosia, 2011

Libro (Wikileaks).indb 94 21/10/2011 11:39:51

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4. El sexo, Assange y la libertadLa Prensa al rescate legal del rey de los secretos

El 12 de julio de 2011 hacía entrada en los tribunales de Westminster un austra-liano llamado Assange. Traje negro, camisa blanca sin corbata, gafas con montura liviana, el pelo rubio, arreglado y recortado, y -eso sí- una bolsa de mano colgada del hombro. El rostro de Assange, visto de cerca, emana calma y candor. Un inicio de sonrisa amable parece estar siempre al ralentí en la comisura de sus labios. Es alto. Atractivo. Y tranquilo. Sus movimientos no denotaban premura en el ambiente gótico del tribunal, ni fuera, ni una vez dentro de una sala de vistas con techos enormes, paredes de madera oscura, bancos antiguos, rígidos y estoicos donde dos magis-trados con peluca y toga negra pasarían dos mañanas y dos tardes interrogando a sus abogados sobre las intenciones, posturas y ángulos de penetración en los encuen-tros sexuales de Assange con dos mujeres suecas en agosto de 2010. La expecta-ción era más mediática que social. Apenas una veintena de activistas esperaba al príncipe de la transparencia en la entrada al alto tribunal de la capital londinense. Además de varias pancartas con "Free Assange" como escueto lema, otras criticaban las guerras en abstracto, o las de Irak, Afganistán o Libia en lo concreto. Nada que ver con los cientos de personas y el ambiente de juicio a un héroe popular que rodearon su entrada y salida de los tribunales londinenses de Belmarsh meses antes, el 24 de febrero, después de que el australiano se entregara a la policía británica el 7 de diciembre de 2010 para hacer frente al juicio de extradición por la investigación en Suecia de cuatro posibles delitos sexuales.


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Entrada a los juzgados de Westminster antes del inicio del juicio de extradición en apelación contra Assange, el 12 de julio de 2011 (Borja Bergareche)

LAS NOCHES CON AA Y SW

Assange mantuvo en el verano de 2010 escarceos veraniegos con dos mujeres suecas, que terminaron con más penas que gloria después de que AA (Anna Ardin) y SW (Sofia Wilen), los dos ligues de Assange según las siglas que figuran en la docu-mentación del caso, visitaran juntas una comisaría de policía el 20 de agosto para pedir consejo. Wilen estaba preocupada. Quería hacerse pruebas por posible trans-misión de enfermedades y decidió acudir a la policía a pedir consejo. Ardin fue con ella para ofrecerle su compañía. Según diversas informaciones, ambas son mujeres atractivas que, de forma voluntaria, entablaron relaciones físicas con el líder de Wiki-leaks aquel verano, mientras Assange pasaba una temporada en el país nórdico. No se conocían antes de aquel verano, pero cuando tuvieron ocasión de poner en común sus experiencias, las dos coincidieron en que había habido extralimitaciones en el trato recibido de Assange. Su intención inicial con la visita conjunta que decidieron realizar a una comisaría no era la de presentar una denuncia formal contra Assange, según atestiguan diversas fuentes y los documentos judiciales del caso. Otras hipó-tesis sostienen, sin embargo, que en el ánimo de las dos mujeres mediaba, como poco,


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un deseo de venganza sobre el macho depredador que se habría propasado en sus noches juntos. Según sostienen otras versiones, les guiaba en realidad un ánimo de lucro sobrevenido a la luz del presunto intercambio de mensajes de texto entre las dos mujeres -posterior a sus devaneos con Assange-, en los que habrían hablado de dinero. Según la defensa sueca de Assange, la propia fiscalía les informó de la existencia de este intercambio de mensajes de texto, pero su contenido no ha sido publicado.

En todo caso, y fuera cual fuera la motivación para acudir a la policía, la legisla-ción sueca hizo el resto. Y una charla informativa con la policía se convirtió en cuatro cargos por delito sexual. Según el sistema jurídico sueco, cualquier queja sobre una relación física es subsumida de forma automática en un escenario legal de delito sexual. Así, de la actuación conjunta por solidaridad femenina de dos mujeres que tuvieron relaciones sexuales con un seductor consumado, surgió una investigación policial en toda regla contra el australiano. Y una posterior orden europea de extra-dición solicitada por Suecia al Reino Unido. Para los críticos, el sistema legal sueco estaría atrapado en este campo en dogmáticas teorías de género, que han derivado en multitud de demandas por denegación del derecho a un juicio justo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otros juristas, sin embargo, defienden la vigencia de la filosofía sueca de protección de la mujer y creen que a Assange le es aplicable esta legislación como a cualquier otra persona. La extradición de Assange a Suecia conlleva su inmediato ingreso en prisión por un periodo indefinido y sin posibilidad alguna de libertad bajo fianza.

Según la "euro orden" cursada por la fiscalía de Estocolmo, Assange podría haber incurrido en un delito de coacción física contra Anna Ardin en el que "la violencia consistió en agarrar firmemente los brazos de la demandante y apartar con fuerza sus piernas mientras estaba tumbado sobre ella y le impedía moverse con el peso de su cuerpo". Además, investigaban un posible delito por acoso sexual a Ardin por "consumar el coito sin protección sin conocimiento de ella", aún sabiendo Assange que "el uso de condón era un deseo expreso y un requisito para el coito por parte de la afectada". Contra él pesaba un tercer delito, de acoso sexual también contra Ardin, en el que Assange habría "acosado a la parte afectada de manera destinada a violar su integridad sexual; por ejemplo, al acostarse a su lado y presionar su pene desnudo y erecto contra su cuerpo". Los dos primeros presuntos delitos ocurrieron entre el 13 y el 14 de agosto en el domicilio de Ardin en Estocolmo, y este tercero, el día 18 del mismo mes, también en su casa.

El cuarto cargo contra Assange, y el más grave, sería el de violación a Sofia Wilen el 17 de agosto, en el domicilio de esta en Enköping. Se habían conocido aquel mismo día en una rueda de prensa ofrecida por Assange en la capital sueca. Según las auto-


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cial ridades, "Assange consumó de forma deliberada el coito explotando de manera inde-

bida que ella, al estar dormida, se encontraba en una situación de indefensión", con el agravante también de no haber usado un preservativo a pesar de saber que se trataba de "un deseo expreso de la parte afectada y un prerrequisito para el encuentro sexual".

RESIDENCIA FORZOSA EN UNA MANSIÓN INGLESA

En febrero de 2011, un juez inglés dictaminó la extradición de Assange a Suecia. Pero la interposición de un recurso de apelación por parte de sus abogados forzó una nueva vista los días 12 y 13 de julio ante dos magistrados de Westminster, que a su vez pospusieron su decisión al otoño. Mientras tanto, Assange seguía su extraña vida bajo arresto domiciliario en la campiña inglesa, con la obligación de presentarse a diario en una comisaría y de llevar una pulsera con un localizador electrónico. Una vida de semi-recluso, pero en el escenario bucólico de la mansión en Norfolk de Vaugham Smith, el pintoresco periodista-millonario que dirige el Frontline Club londinense y que dio cobijo a Assange desde su entrega a las autoridades en diciembre de 2010.

Durante las dos jornadas en los que se dirimió el recurso, los jueces Thomas y Ouseley escucharon con paciencia los argumentos enfrentados de la fiscalía británica, que actuaba en nombre de las autoridades suecas, y los de los abogados de Assange sobre aspectos relativos a la orden de extradición, como la cualificación o no de la fiscalía sueca como "autoridad judicial competente" para emitir una orden europea de arresto, o la necesidad o no de que se hubieran presentado cargos formales contra Assange como requisito para la "euro orden". La justicia sueca no había acusado formalmente al australiano por los delitos mencionados, y los abogados de Assange alegaron que no cabía por tanto la emisión de la euroorden.

Las circunstancias concretas y la naturaleza de los crímenes sexuales presunta-mente cometidos por Assange dieron pie a puntillosas preguntas de sus señorías a abogados y fiscales. En relación al primer cargo por coerción física, por ejemplo, el juez Ouseley se mostró especialmente inquisitivo. Ante la descripción de los hechos por la fiscalía sueca, en base a las declaraciones de la denunciante, y según la cual Assange "agarró firmemente los brazos de la demandante y apartó con fuerza sus piernas" mientras estaba encima de ella, la representante del ministerio público britá-nico explicó los prolegómenos con algo más de detalle para indicar que Assange habría roto la ropa y las bragas de Anna Ardin antes de llegar a la posición descrita en la orden de arresto. Ouseley quiso saber más: "¿Pero llegaron a ponerse en esa posi-ción, ella de espaldas y él encima de ella, de forma consensuada o no?", interrumpió a la fiscal.


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El argumento del magistrado buscaba deconstruir la escena sexual para deter-minar los momentos en que había consentimiento y en los que no: "En relación a esta acusación concreta -comentó el juez-, hablamos de un incidente o periodo de tiempo corto y concreto, en el marco de un acto más largo en el que hubo al parecer pre-consentimiento y post-consentimiento, desde el momento en que la demandante reconoce que al final, "le dejé", según describen". "Pero ella, de espaldas, intenta evitar que Assange la penetre -respondió Clare Montgomery, la representante de la Fiscalía británica- mientras él le sujetaba los brazos para evitar que retirara con ellos su pene". En este fuego cruzado sobre su intimidad sexual, el acusado permanecía atento y tranquilo. De vez en cuando cuchicheaba con los miembros de su equipo que le rodeaban en los bancos de la defensa, donde figuraba el propio Vaughan, y pasaba anotaciones a sus abogados en pequeños papeles, no siempre atendidas por los afanados letrados.

El 22 de septiembre de 2011, el diario londinense The Independent publicó los primeros extractos de la autobiografía (desautorizada) de Assange, en los que niega estas acusaciones por delitos sexuales: "No violé a estas mujeres, y no se me ocurre nada de lo que ocurrió entre nosotros que pudiera hacerles sentirse así (…). Puedo ser un machista de alguna manera, pero no soy un violador", concluye el activista australiano ("Julian Assange: I did not rape those women", The Independent, 22 de septiembre de 2011).

UN NUEVO ASSANGE, AMANSADO POR LA AMENAZA DE LA JUSTICIA

Tras cinco años de aventuras al mando de Wikileaks, el primer tropezón serio con la Justicia logró sacar a la luz una especie de tercera encarnación de Assange. El primero era el activista impaciente y soberbio que quería cambiar el mundo, "su" mundo. Y derrotar a la gran potencia americana, sus guerras y sus secretos. Sin mira-mientos. Sin contemplaciones. Con la misma mezcla de convicción y diversión con la que atacaba los sistemas informáticos del Pentágono cuando no era más que un adolescente en Melbourne. La primera gran mutación surgió del contacto del líder de un movimiento social con las servidumbres y responsabilidades cívicas de los perio-distas a cuya puerta llamó en busca de notoriedad e impacto, como se vio en el capí-tulo 1. Era un Assange que prefería presentarse como Editor-in-Chief de Wikileaks. El que aceptó en su momento no publicar miles de cables cuya difusión podría poner en peligro la vida de ciertas personas (una cautela borrada por el caos e irresponsabilidad que provocó la publicación íntegra de los más de 250.000 cables del departamento de


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al Estado en septiembre de 2011). En esta tercera versión, la necesidad de lidiar con el mismo sistema al que combatía lo llevó a modificar su estrategia de defensa, civili-zándola.

Durante el juicio de extradición en primera instancia, celebrado en Londres en febrero de 2011, la defensa de Assange calificó a la fiscal sueca al frente de la inves-tigación, Marianne Ny, de "feminista radical" y alegó que su cliente sufría una "perse-cución por motivos políticos". La estrategia se hacía eco del clima en la calle. En ciertos ambientes, el mero hecho de ver al "director" de Wikileaks sentado frente a un juez, pocos meses después de haber desnudado los usos, costumbres y pare-ceres de diplomáticos y soldados de EE.UU., era interpretado por los seguidores de la organización como una prueba irrefutable de la persecución a su líder. En aquella época, y como no podía ser de otra manera, la CIA apareció enseguida mezclada en el presunto montaje internacional para apartar a Assange de la circulación. En un artículo -pasquín, en realidad- publicado el 14 de septiembre de 2010 en Counter-punch, una publicación de la izquierda militante de EE.UU. editada por el periodista Alexander Cockburn, una de las dos demandantes contra Assange, la sueca Anna Ardin, era caracterizada como una furibunda anticastrista "vinculada a grupos antico-munistas financiados por EE.UU.". Entre sus delitos figuraban haber trabajado en Cuba con las Damas de Blanco, el galardonado grupo de mujeres y familiares de presos de conciencia cubanos, y escribir en Suecia para una publicación sobre asuntos cubanos relacionada con el escritor y opositor cubano Carlos Alberto Montaner, "vinculado a la CIA". ¡Cómo no!

Estocolmo es sin duda una de las ciudades que, junto con Miami o Madrid, alberga una de las mayores comunidades de cubanos en el exilio del mundo. El propio Bebo Valdés, patriarca de los pianistas de la isla, se casó en 1963 con una mujer sueca y vivió en Estocolmo hasta su traslado a España en 2007. En cuanto a Montaner, de mi almuerzo mano a mano con él en 2009, me llevé la impresión de un educado caballero liberal, obviamente anticastrista y que, a lo largo de una larga carrera profesional como intelectual y activista político, había desarrollado relaciones con instituciones políticas, académicas o periodísticas más o menos de derechas de EE.UU., y de otros países (como la fundación FAES en España, por ejemplo, dirigida por José María Aznar). Pero sobre todo, me encontré a un cubano de origen, exultante de sentido del humor sobre las peregrinas y cansinas teorías que le vinculan desde siempre a la Agencia Central de Inteligencia.

En definitiva, rodeaban al caso una serie de elementos circunstanciales hilados por sectores militantes para que la sombra de la CIA asomara también por el juicio de extradición a Julian Assange. Un marco de referencia izquierdista que sería abando-


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nado a la hora de encarar el recurso de apelación. Assange dejó las pancartas de lado, sus seguidores más ideologizados abandonaron las puertas de los juzgados y, en julio, una nueva versión -más "mainstream"- del australiano se presentaba en los juzgados con un equipo legal nuevo encabezado por la abogada Gareth Peirce, defensora de casos célebres como el de los "cuatro de Guilford", la falsa acusación de terrorismo contra cuatro jóvenes irlandeses llevada al cine por Jim Sheridan en "En el nombre del padre", película en la que Peirce es representada por la actriz Emma Thomson. La reputada abogada había defendido además a "los seis de Birmingham", un caso similar de condenas erróneas a seis jóvenes por terrorismo del IRA, y a la familia de Jean Charles de Menezes, el ciudadano brasileño muerto en el metro de Londres por disparos de la policía pocos días después de los atentados islamistas del 7 de julio de 2005 en la capital británica. El "dream team" de abogados de Assange lo completaban Mark Summers, un experto en extradiciones, y Ben Emmerson, un respetado especia-lista en derechos humanos europeos.

Todos soportaron con cintura las preguntas afiladas de los magistrados durante la vista. En sus argumentos no quedaba, tal y como se pudo escuchar en la sala, ni rastro de las acusaciones personales contra los miembros de la fiscalía sueca o del victi-mismo que caracterizaron la primera estrategia de defensa ante las autoridades judi-ciales. Este nuevo Assange, el del exilio vigilado en el Reino Unido, era un ciudadano respetable rodeado de los mejores abogados de Londres para defenderse de una serie de acusaciones relativas a su vida privada. Y cualquier intento de obtener su reacción sobre el posible impacto del proceso a las actividades de Wikileaks solía recibir la misma respuesta: un grado más de sonrisa en unos labios mudos.

UN GRAN JURADO CONTRA ASSANGE EN EE.UU.

Más inquietante para el activista pro transparencia es el otro flanco de su batalla judicial: la investigación criminal abierta en Estados Unidos, un proceso mucho más incierto y peligroso por la explosiva mezcla de ingredientes legales, políticos y de seguridad nacional que lo conforman. Ya a finales de noviembre de 2010, apenas unos días después de la publicación de los cables del departamento de Estado el domingo 28 de noviembre, el fiscal general del Estado, Eric H. Holder, confirmó que tanto el departamento de Justicia, de quien depende el FBI, como el Pentágono "están llevando a cabo una investigación criminal activa". El clima entre el "establishment" de EE.UU. tras la publicación de los cables era de "¡A la hoguera con el traidor!", como se verá en el séptimo capítulo. En su reacción, la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, había asegurado que su divulgación "no es solo un ataque contra los intereses


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al de la política exterior de EE.UU. y una amenaza para nuestra seguridad nacional, sino un ataque contra la comunidad internacional". La presión era muy fuerte para que la Administración Obama tuviera gestos de firmeza, aunque la apertura de un procedi-miento judicial supusiera para el gobierno adentrarse en el delicado territorio de la libertad de expresión.

A finales de diciembre, poco después de la entrega voluntaria de Assange a las autoridades británicas, surgieron ya los primeros indicios de que el departamento de Justicia había solicitado la constitución de un gran jurado en Alexandria, estado de Virginia, para estudiar posibles acciones penales contra Assange. Esta peculiar figura del derecho común implica la reunión secreta y a puerta cerrada de un jurado popular para tomar una decisión previa sobre si la fiscalía tiene material suficiente para proceder a la presentación de cargos contra una persona. El jurado se compone de entre 16 y 23 personas y, como suelen destacar los críticos de esta institución, sus miembros deben tomar una decisión a la luz exclusivamente de los materiales proba-torios recopilados por la fiscalía. Además, es el fiscal al cargo quien decide quiénes testifican ante estas personas. En las discusiones no está presente ningún abogado que represente al acusado aunque, en ocasiones - no es obligatorio-, los ciudadanos investigados han podido dirigirse al gran jurado para poder al menos presentar su versión de los hechos.

El manual de la Fiscalía General de EE.UU. destaca que sus funciones "incluyen no solo la investigación de un crimen o el inicio del proceso penal, sino también la protección de los ciudadanos frente a acusaciones delictivas infundadas". El 27 de abril de 2011, la existencia de este gran jurado fue confirmada cuando se filtró la primera citación -fechada el 21 de abril- a un ciudadano de Boston para comparecer. El contenido de la citación fue destapado por Glenn Greenwald, un antiguo abogado especializado en derechos civiles y constitucionales reconvertido en escritor y colum-nista para el portal salon.com (ver "FBI Serves Grand Jury Subpoena likely Relating to Wikileaks", salon.com, 27 de abril de 2011).

En el texto se observa que uno de los fundamentos de la investigación sobre Wiki-leaks sería la Ley de Espionaje de 1917, adoptada por EE.UU. cuando entraron en la Primera Guerra Mundial y a imagen y semejanza de la ley británica. Es la vieja norma que el gobierno de EE.UU. intentó aplicar, sin éxito, en el proceso en 1973 contra Daniel Ellsberg, el analista militar que desveló los Papeles del Pentágono. De hecho, la Ley de Espionaje no ha servido nunca para condenar a nadie que no sea funcionario del gobierno. Pero, a pesar de la falta de antecedentes, el departamento de Justicia parecía dispuesto a acusar a Assange de espionaje ilegal, tal y como informaba la citación al testigo (no identificado) requerido para comparecer el 11 de mayo:


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Notificación judicial a uno de los testigos llamados a declarar por un "gran jurado" de Virginia (obtenida por salon.com) .

"Le advertimos de que el Gran Jurado está investigando posibles violaciones del derecho penal federal que incluyen, aunque no se limitan a estos cargos, la cons-piración para comunicar o transmitir información de defensa nacional en violación de la sección 793 (g) del Título 18 del Código de los Estados Unidos [el título 18 del Código de EE.UU. constituye el código penal federal del país, y esta sección es la que recoge la Ley de Espionaje de 1917]; la conspiración para violar la ley de EE.UU. en violación de la sección 371 del Título 18, a saber: acceder a un ordenador, a sabiendas de que no se dispone de autorización, o excederse en el acceso auto-rizado, la obtención de información protegida frente a su divulgación por razones de defensa nacional o relaciones exteriores, en violación de la sección 1030 (a) del Título 18, y el robo o conversión premeditada de cualquier archivo o cosa de valor para los Estados Unidos o cualquiera de sus agencias y departamentos en violación de la sección 641 del Título 18".


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al EL GOBIERNO RECURRE A LA LEY DE ESPIONAJE DE 1917

Algunos de los delitos mencionados por la Fiscalía, como el acceder a un ordenador sin autorización, apuntaban claramente al otro presunto protagonista de esta masiva divulgación de secretos, Bradley Manning. Frente a las acusaciones de naturaleza sexual relativas a su vida privada que le atrapan en Europa, Assange se enfrenta en EE.UU. a delitos relacionados con el corazón de las actividades del Estado, con los atributos más íntimos del gobierno de las naciones desde la Paz de Westphalia: la diplomacia, la conducta de la guerra y las comunicaciones internas entre las ramas del gobierno.

Ben Wizer, abogado de la Liga Americana para los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), una de las organizaciones más activas social y jurídicamente en la denuncia de los excesos legales del gobierno de EE.UU., nos explica su opinión sobre el posible alcance del gran jurado y la investigación abierta en EE.UU. contra Julian Assange:

"El procedimiento es muy serio, han llamado a muchos testigos, y en la Administra-ción están nerviosos. El gran jurado fue iniciado por el departamento de Justicia pero, dada su naturaleza secreta, no sabemos con certeza qué base legal emplean para investigar a Wikileaks. Parece que están explorando una amplia serie de opciones, entre las que seguro figuran la Ley de Espionaje, el delito de conspiración para obtener material clasificado o el delito de divulgación de información clasificada.Si leemos la literalidad de la Ley de Espionaje de 1917, lo que los periodistas hacen cada día podría suponer una vulneración de esa norma. Pero existe un consenso histórico en los Estados Unidos que actúa en dos direcciones: el gobierno no ha perseguido a ningún periodista al amparo de esta ley y, por su parte, la prensa ha dado la oportunidad siempre al gobierno de reaccionar o aportar su opinión cuando tenía información clasificada en sus manos. La aparición de Wikileaks ha roto este consenso. Con los cables del departamento de Estado, Wikileaks dio solo en el último momento la oportunidad a la Administración de responder y dar su opinión, por lo que veremos cómo responde el gobierno ante este nuevo actor. En mi opinión, no responderán. Escucharemos de su parte un lenguaje duro e incrementarán la presión sobre el universo hacker, como ya se ha visto, pero no actuarán judicialmente contra Wikileaks. Es evidente, por otro lado, que las autoridades tienen a su alcance otras maneras de presionar o penalizar a Wikileaks, como el dirigirse a empresas privadas como Visa o Mastercard en un intento de asfixiar a la organización".

La convocatoria del gran jurado en Alexandria (Virginia) no parece casual, teniendo en cuenta que la fiscalía local de esta localidad es la única que ha presentado cargos en el pasado al amparo de la Ley de Espionaje de 1917 contra personas que no sean


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funcionarios de la Administración de EE.UU. Lo hizo en 2005 contra Steven J. Rosen y Keith Weissman, dos lobistas israelíes asociados al American Israel Public Affairs Committee (AIPAC, considerado como el más importante grupo de presión pro israelí en Washington), acusados al amparo de la Ley de Espionaje de conspirar para divulgar secretos de la seguridad nacional de EE.UU. a individuos no autorizados a conocer esa información, entre los que se citaban a funcionarios israelíes, personal de AIPAC y un periodista de The Washington Post. En aquel caso, la acusación de la Fiscalía no prosperó.

Según la información que ha trascendido, el gran jurado ha convocado a testificar a varias personas del entorno personal de Manning en Boston y a algunos acadé-micos de las universidades de la zona, donde se concentran prestigiosos centros universitarios como Harvard, el MIT o la Boston University. El 15 de junio testificó, tal y como explicó a la prensa el propio afectado, David House, un amigo personal de Manning. House respondió solo a las preguntas sobre su nombre y apellidos, y rechazó responder a ninguna otra al amparo de la quinta enmienda de la Constitu-ción de EE.UU., que recoge la no obligación de declarar contra uno mismo. Al parecer, casi todos los testigos convocados hasta la fecha por el gran jurado han seguido una estrategia similar. La red que defiende la puesta en libertad del soldado Manning, Free Bradley Manning, organizó concentraciones de protesta durante la comparecencia de House a las puertas del tribunal de Alexandria donde testificó y en Boston, su lugar de residencia.

"Utilizando las mismas tácticas "nixonianas" de amedrentamiento empleadas en la investigación de los Papeles del Pentágono, el departamento de Justicia intenta desmantelar una organización de medios, Wikileaks, y procesar a su director, Julian Assange -afirmó House a la prensa a su salida del jurado-. La red creciente del departamento de Justicia incluye ya a profesores, estudiantes y periodistas de la zona de Cambridge (Boston)."

DEJAD QUE LA PRIMERA ENMIENDA LE PROTEJA

Con su referencia a Wikileaks como una organización informativa y a Assange como su director, House se atenía al guión defensivo orquestado por los asesores legales de la organización pro transparencia: vestir de medio de comunicación un movimiento social. Es decir, alejar a Wikileaks de la naturaleza activista que les define en lo sustancial, tal y como se vio en el capítulo 1, para rebautizarlo como medio en lo formal, en un inteligente intento de acogerse a la protección legal que recibe la prensa en EE.UU. Más allá de las ínfulas de editor que pudiera tener un Assange usurpador


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al del papel de la prensa, bajo esta nueva óptica legal adquiere todo el sentido su insis-tencia en firmar sus cartas y comunicados como "Julian Assange, director", o Editor-in-chief en inglés.

Glenn Greenwald, el experto en derechos civiles que trabaja ahora como colum-nista de salon.com, es un ardiente defensor del papel desempeñado por Wikileaks (la organización lo cita en su página web entre los expertos que recomiendan a los medios que quieran cubrir sus actividades), y explica así esta estrategia:

"Publicar material secreto que desvela lo que hacen los empleados y facciones del gobierno es algo inherentemente periodístico. No creo que importe qué etiqueta le pongamos a este tipo de periodismo. Sea lo que sea lo que hacen -periodismo, "gargantas profundas", revelación de secretos o generación de transparencia-, es extremadamente valioso y debe ser animado y apoyado. Julian Assange se deno-mina a sí mismo director de Wikileaks porque los periodistas disponen de protec-ciones legales en muchos países que no amparan a quienes no son periodistas".

Con esta estrategia, Wikileaks solicita en cierta manera el amparo legal a una industria periodística interpelada de nuevo, por tanto, por este nuevo actor de la comunicación, que pide ser aceptado como co-arquitecto del nuevo ecosistema de los medios junto con los "viejos" jugadores del noble oficio de la información. ¿Merece Julian Assange beneficiarse de las garantías judiciales conquistadas por la prensa libre, fruto de décadas de compromiso cívico con las democracias liberales? Por lo pronto, se trataría de una estrategia defensiva que tiene sentido, según la opinión de los expertos consultados.

Lucy Dalglish trabajó durante años como abogada especializada en derecho de los medios antes de convertirse en 2000 en directora ejecutiva del Comité de Perio-distas por la Libertad de Prensa (Reporters Committee for Freedom of the Press), una prestigiosa organización con sede en Washington DC que ofrece asesoramiento legal a periodistas. Se muestra distante hacia una organización como Wikileaks, sin caer en el entusiasmo acrítico detectado a menudo entre los periodistas. Pero está conven-cida de que les amparan las protecciones legales de las que gozan los informadores, además de preocupada por una posible escalada de presiones contra la prensa por parte de las autoridades.

"No importa lo que sean Wikileaks o Assange. Tenían información y la publicaron, lo que le convertiría en editor. Entregó información a los medios, lo que le haría ser una fuente. Da igual. Assange tendrá a su disposición una serie de garantías en cuanto periodista, podrá articular una defensa basada en la primera enmienda a la Constitu-ción (que recoge la libertad de prensa). No creo que sea procesado penalmente, pero


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es que en realidad toda esta tormenta tiene que ver con la tecnología. El alcance de algo como Wikileaks, su capacidad física de obtener secretos y de diseminarlos globalmente asusta a mucha gente. Por eso, más que nunca en la Historia, vemos a las autoridades lanzar este mensaje: "El gobierno necesita mantener algunas cosas en secreto". Wikileaks ha metido el miedo en el cuerpo a muchos políticos por lo que, como resultado, veremos más intentos de procesamiento de periodistas bajo la Ley de Espionaje de 1917".

Ben Wizer, uno de los responsables de la estrategia legal de la ACLU, ha trabajado en demandas contra distintos estamentos del gobierno de EE.UU. en asuntos como Guantánamo, la Patriot Act de George W. Bush o la política de secretos y clasificación de varias administraciones. Por teléfono desde su despacho en Washington DC, nos explica su opinión:

"Hay dos formas de responder: mirar cómo los periodistas lo definen o ver cómo lo define la ley. Los periodistas tienden a decir: quizás Assange no es una fuente, quizás es más un editor. Pero como abogado, debo analizar lo que Assange hizo. Y la respuesta es clara: no hay manera de criminalizar lo que hizo Julian Assange sin criminalizar a Bob Woodward y Carl Bernstein por el Watergate. Es posible que él conspirara, tentara, empujara a alguien para obtener información clasificada. Pero no hay manera de redactar una norma que sitúe a Assange al otro lado de la ley sin hacer lo mismo con Woodward y Bernstein. Y no es porque lo que hicieron estos dos periodistas en los 70 fuera claramente legal, que no lo fue. Si el gobierno actuara, provocaría una respuesta unitaria a izquierda y derecha de todos los medios diciendo: "Habéis criminalizado lo que hacemos todos los días". Creo que sería ir demasiado lejos por parte del gobierno de EE.UU."

En el debate organizado en Madrid el 23 de febrero de 2011 por El País sobre Wiki-leaks, los directores de varios medios coincidían en la necesidad de que las garan-tías legales de la prensa amparen a Assange. "En cuanto editor, merece la misma protección que nosotros", dijo Alan Rusbridger, director de The Guardian. "¿Debería Julian Assange ser protegido por la Primera Enmienda? Desde luego", se contestaba Georg Mascolo, director de Der Spiegel. En opinión de Sylvie Kaufmann, directora de Le Monde, "en la medida en que Assange es un vehículo de información importante, debe ser protegido". Los mismos periodistas que se casaron con él para luego pedir el divorcio, la propia industria a la que Wikileaks empuja hacia nuevos territorios en la era digital, acepta de forma casi unánime, tal y como afirma Wizers, la necesidad de que el ordenamiento jurídico valore el papel de Wikileaks como algo necesario para el desempeño de la función social de la prensa.


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al Desde una perspectiva liberal, y de forma concreta, The Economist concluía esto en un artículo titulado "Julian Assange and The new wave" (7 de julio de 2011): "Si los fiscales de EE.UU. pueden demostrar que Assange animó a Manning a filtrar el mate-rial, podrían intentar procesar al jefe de Wikileaks por conspiración [para cometer un delito]. Esto sería preocupante para las organizaciones de medios en general porque dañaría la idea de que un periodista debería ser capaz de desarrollar una relación con fuentes confidenciales sin temor a ser perseguido".

EL PELIGRO DEL REARME DE LOS GOBIERNOS

La posibilidad de que Assange fuera juzgado penalmente sería, en efecto, muy preocupante desde el punto de vista de la libertad de expresión. No cabe duda de que los gobiernos occidentales, erizados por el coladero de material clasificado que ha destapado Wikileaks, estén tentados de rearmarse para impedir que se repita algo así. Cualquier medida que pudieran tomar afectaría inevitablemente, de forma negativa, al trabajo que cientos de periodistas realizan cada día husmeando entre las basuras y los secretos de los gobiernos. Así lo constató uno de los organismos de libertad de prensa más prestigiosos del mundo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, que envió el 17 de diciembre de 2010 una carta al presidente Barack Obama firmada por Paul E. Steiger, ex director de The Wall Street Journal y presidente del CPJ, y su director ejecutivo, Joel Simon [aclaración: el autor trabaja como consultor externo para el CPJ desde junio de 2006]. En sus dos primeros párrafos, se lee lo siguiente:

"Le escribimos ante nuestra profunda preocupación por las informaciones que indican que está considerando perseguir penalmente a Wikileaks y Julian Assange por la publicación de cables clasificados y otros documentos. Basándonos en todo lo que sabemos sobre estos hechos, le pedimos que evite iniciar esas acciones. Nuestra preocupación no emana de compartir los motivos y objetivos de Assange. De hecho, nos gustaría que haga públicos sus fuentes de financiación y apoyos. Pero la Constitución protege el derecho a publicar información importante para el interés del público. Este derecho ha sido afirmado durante décadas de jurisprudencia en EE.UU. y ha servido bien al pueblo.El jueves, el comité de Justicia de la Cámara de Representantes mantuvo debates sobre las implicaciones de iniciar acciones contra Assange al amparo de la Ley de Espionaje de 1917. Creemos que un procesamiento podría animar al gobierno a sostener teorías legales aplicables por igual a todos los medios de comunicación, lo cual sería muy peligroso para el interés público. La Historia muestra que no era


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intención del Congreso que esta ley se aplicara al periodismo. Durante casi un siglo, el gobierno ha evitado utilizar la Ley de Espionaje contra la prensa. Alterar estas duraderas posturas supondría una grave amenaza de daño a la protección de la libertad de opinión y de prensa que recoge la Primera Enmienda".

Desde el lado del poder político, fue la senadora demócrata por California, Dianne Fenstein, quien colgó primero el cartel de "Wanted" con la foto de Assange en un artí-culo titulado, sin grandes rodeos, "Procesen a Assange bajo la Ley de Espionaje" (The Wall Street Journal, 7 de diciembre de 2010). Fenstein considera en el artículo que "la ley que el señor Assange sigue vulnerando es la Ley de Espionaje de 1917", y dispara contra la que sería la estrategia de defensa del activista australiano.

"El señor Assange asegura ser un periodista y sin duda usará la Primera Enmienda para defender sus acciones. Pero no es un periodista. Es un agitador con intención de dañar nuestro gobierno, con cuyas políticas resulta estar en desacuerdo, pero sin mirar a quién causa daño. En cuanto a la Primera Enmienda, el Tribunal Supremo ha mantenido que su protección de la libertad de expresión y de prensa no supone una luz verde a abandonar la protección de nuestros intereses nacionales vitales. De la misma manera que la Primera Enmienda no constituye una licencia para gritar "¡Fuego!", en un teatro lleno de gente, tampoco es una licencia para poner en peligro la seguridad nacional".

UNA JURISPRUDENCIA FAVORABLE

La senadora hacía referencia a la famosa sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Schenck vs. Estados Unidos de 1919, en la que el juez Oliver Wendell Holmes, ponente de la sentencia, estableció la validez de la Ley de Espionaje y su apli-cación para prohibir el reparto de panfletos opuestos al reclutamiento obligatorio en plena Primera Guerra Mundial. En su justificación de esta restricción a la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda, el juez escribió que "la protección más rigurosa de la libertad de expresión no alcanzaría a un hombre que grita "¡Fuego!" de forma falsa en un teatro causando el pánico". Esta formulación quedó desde entonces grabada como la metáfora del test aplicable a los límites a la libertad de expresión, si bien el propio Tribunal Supremo de EE.UU. fue limitando posteriormente el ámbito de aplicación de la excepción. La jurisprudencia aplicable en la actualidad deriva de la sentencia en el caso Brandenburg vs. Ohio, de 1969, que acota el discurso prohibido a aquel dirigido a crear una "acción ilegal inminente". Esta doctrina es la que permite la quema de la bandera de EEE.UU. en un acto de protesta, o la celebración de concen-traciones del Ku Klux Klan o del Partido Nacional Socialista.


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al En septiembre de 2010, cuando solo se había producido aún la filtración de los diarios afganos, una experta legal del Congressional Research Service -el respe-tado servicio de documentación del Congreso de EE.UU.- elaboró un informe en el que analizaba los posibles delitos aplicables a acciones como las protagonizadas por Wikileaks ("Criminal Prohibitions of the Publication of Classified Defense Information", Congressional Research Service, 10 de septiembre de 2010, por Jennifer K. Elsea). En su análisis, establece que "parece existir amplia autoridad legal para perseguir a individuos que obtienen o difunden documentos como los que están en cuestión, siempre que quede satisfecho el elemento de la intencionalidad [de causar daño al interés nacional de EE.UU.] y se pueda demostrar el daño potencial a la seguridad nacional". Una conclusión que se encargaba de recoger la propia senadora Fenstein en su artículo. Pero en su informe, la abogada matiza que, "así como la obtención ilegal de información podría ser objeto de procesamiento penal, la publicación de esa infor-mación está protegida [por la interpretación jurisprudencial de la Primera Enmienda]". De su opinión legal se deriva un negro horizonte procesal para el soldado Manning, y un "difícil caso para los fiscales" en el caso de querer procesar a Assange, según la propia abogada del Congreso.

Para concluir este repaso a las implicaciones legales que plantean las acciones de Wikileaks a la libertad de expresión, recurrimos a la opinión de Yochai Benkler, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y autor de un libro titulado The Wealth of Networks ("La riqueza de las redes"). Benkler es un respetado académico conocido por su defensa de los nuevos paradigmas colaborativos de la era digital, que publicó con un amplio eco un borrador de su artículo "A Free Irresponsable Press: Wikileaks and the Battle over the Soul of the Networked Fourth State" ("Una prensa libre e irresponsable: Wikileaks y la batalla por el alma de un cuarto poder en red"), prepa-rado para la revista Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. En su análisis, Benkler termina por describir "un nuevo modelo de la función de vigilante del poder de la prensa, que no es ni puramente descentralizado y en red [como reclamarían los adalides del nuevo wiki-mundo] ni puramente tradicional [como defenderían los sectores inmovilistas de los medios tradicionales], sino una interacción mutua entre las dos formas".

A partir de este esquema, concluye, como consideran también estas páginas, que Assange merece la misma protección legal que recibiría el director de The New York Times, puesto que Wikileaks, a pesar de ser de una naturaleza distinta a la de los medios de comunicación, desempeña un papel relevante en la configuración de la opinión pública democrática.


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"La conclusión es que, en cuanto a la doctrina sobre la Primera Enmienda, Wikileaks tiene derecho a la protección de la que dispone una amplia variedad de miembros del cuarto poder, desde panfletos radicales a las grandes empresas periodísticas de la industria de la información. En cuanto a los valores de la Primera Enmienda, lo que se protege con esta negativa a privilegiar a The New York Times frente a Wiki-leaks es el acceso continuo del público a un flujo constante de información veraz, relevante públicamente, sobre el funcionamiento interno del gobierno. A medida que se desarrolla una esfera pública en red, a medida que un grupo de actores cada vez más diversos -desde blogueros individuales como Instapundit, fundaciones como la Sunlight Foundation, pequeñas empresas de publicación online como Talkingpoints-memo hasta grupos descentralizados de activistas políticos como DailyKos o Town-hall- desempeñan un papel más importante en la construcción de la esfera pública, crece la importancia funcional de desvincular el grado de protección constitucional del nivel con el que el actor implicado es una parte familiar del modelo de masas del siglo XX.No podemos permitirnos, como comunidad política, crear una primera clase de porta-voces y agencias de información privilegiadas y otra segunda clase de productores de información en red cuyos productos llevamos a la esfera pública cuando creemos conveniente, pero a los que tratamos como susceptibles de supresión cuando sus publicaciones se convierten en menos aceptables. Hacer esto socavaría la calidad del discurso público y la aportación del cuarto poder en la sociedad de la informa-ción en red".

CONCLUSIÓN

Desde la red que reclama su puesta en libertad, llamada Sweden vs. Assange, destacan que el acuerdo de extradición bilateral entre Suecia y Estados Unidos recoge una figura de "entrega temporal o régimen de libertad condicional" que permitiría a Suecia extraditar a Assange a EE.UU. -en el caso de que este fuera entregado por el Reino Unido a Estocolmo-, incluso aunque el Reino Unido incluyera la no entrega a EE.UU. como condición para enviar a Assange a Suecia. Suele ser habitual que, en cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia de Derechos Humanos, los tribunales europeos inserten una condicionalidad así. "Es muy probable que EE.UU. solicite la extradición de Julian Assange a Suecia y que se emplee este mecanismo mientras Julian Assange esté bajo custodia sueca", afirman en su página Web. Otros, como se ha visto, creen poco probable que las autoridades estadounidenses procesen penalmente al líder de Wikileaks. Y parece razonable pensar que, en el caso de que se concretaran los cargos criminales, la industria cerraría filas en torno a "uno de los nuestros", sea cual sea su opinión sobre la labor de esta organización.


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al Algunas fuentes consultadas estiman que el gran jurado podría tomar una deci-sión sobre si procede o no enjuiciar a Assange antes de que termine el 2011. Pero, por otro lado, la Administración Obama podría tener el incentivo de alargar el proceso al menos hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2012, en las que el primer presidente negro de EE.UU. se juega su reelección para un segundo mandato. A Obama no le interesa que, en este periodo electoral, la Justicia de EE.UU. tome la previsible decisión de renunciar a presentar cargos contra un "espía" y un "traidor", algo que podría ser utilizado por la oposición republicana para atacar sus credenciales en materia de defensa del interés y la seguridad nacional del país. Una decisión en sentido contrario, abriendo un juicio penal contra Assange, podría alejarle (aún más) de sectores progresistas que aún le apoyan, a pesar del tono centrista que ha presi-dido las decisiones de un presidente que era calificado como un "socialdemócrata a la europea" por algunos (miopes a izquierda y a derecha) cuando llegó a la Presidencia.

Irónicamente, el futuro de la prensa está ligado en estos momentos a la suerte procesal de un solo hombre. El estado de las relaciones entre periodistas y gobiernos dependía, en el verano de 2011, de la meticulosidad de dos jueces ingleses sobre las prácticas sexuales de un australiano rubio acusado por dos mujeres suecas. Y de la mayor o menor debilidad de carácter de un gay veinteañero devorado por el ambiente castrense, que se enfrenta a décadas de prisión militar por descargar archivos. Así se construye la historia. Y, le guste o no la aportación de Julian Assange, la indus-tria periodística está comprometida con su futuro procesal. En el lado oscuro de esta historia, desgraciadamente, la expectativa legal de Bradley Manning es eso… otra historia.


ilustración de ed carosia, 2011€¦ · wikileaks . confidencial. 95. 4. el sexo, assange . y la...

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