HOJA DE RUTAReflexiones para unanueva visión de país.

Una compilación de:Aldo A. Lorenzzi Bolaños

Dedicado a todos los peruanos que aspiramos a construir un país mejor para las próximas

generaciones.

El presente documento busca, plasmar a través de una serie de artículos una nueva visión de país, en la cual podamos realmente llegar a laintegración como nación, así como encontrar un nuevo norte que permita afrontar una de las crisis más delicadas que hemos afrontado en nuestra vida republicana.

Agradezco a todos los especialistas, intelectuales, periodistas, y amigos que brindaron su tiempo, para sumar a esta publicación llamada Hoja de Ruta: Reflexiones para una nueva visión de país, que tiene como objetivo llegar a las autoridades, a los ciudadanos y a todos los que buscan tejer soluciones y estrategias para salir de esta crisis, y dejar a las próximas generaciones un mejor país, sin tanta división y con mayor integración.

¿Por qué desarrollar un documento de esta dimensión?

Aldo Lorenzzi B.

PrólogoHoja de Ruta: Reflexiones de una nueva visión de país, es una compilación de quince artículos cortos y de fácil lectura, escrito en medio de la vorágine electoral de las elecciones generales 2021 en el Perú, que proyectan tanto un enfoque como un conjunto de ideas nuevas relacionadas con la urgente demanda nacional de una política seria y efectiva, muchas de las cuales no forman parte de las propuestas ni de los debates académicos y políticos en la actualidad.

Conocí a Aldo Lorenzzi Bolaños, joven abogado y comentarista político, director de Demokracia Latam, por intermedio de un gran amigo con quien compartimos una

profunda preocupación por lo peruano, y coincidimos de inmediato en la necesidad de explorar seriamente el desafío de los nuevos tiempos que se avecinan inseparables de los efectos aún inciertos de la pandemia en Perú que nos sorprende con un sistema político en pleno colapso y en proceso irreversible de descomposición.

Es por ello, que la publicación Hoja de Ruta, resulta tan pertinente como oportuna, presentando en forma ágil una serie de artículos que traen a la agenda del debate político la posición de diferentes autores con mucha experiencia en diferentes ámbitos de estudio y que no forman arte alguna de organizaciones políticas;

podríamos decir que forman parte de un pensamiento nuevo y atrevido, muy apropiado para los tiempos actuales.

En las primeras páginas encontraremos artículos relacionados con la realidad laboral, y temas sobre economía y desarrollo enfocados en los desafíos de la pequeña y mediana empresa, la minería, el turismo, así cómo la importancia de la ingeniería y la infraestructura. Todos ellos relacionados con la necesaria recuperación del trabajo y de la economía nacional en medio de la pandemia.

Una aproximación al ámbito judicial en el país, proyectada sobre una necesaria nueva vía para que el estado pueda cumplir con una función tan esencial como lo es la justicia, y la pertinencia de una escuela de jueces. Y en la última parte, necesariamente una mirada clave sobre el ámbito político que exige un verdadero cambio institucional, con una sólida base espiritual y la imprescindible gestión desde un gobierno incluyente.

Culmina la compilación de artículos con abordar el tema de la defensa y seguridad en el país, que nos lleva a reflexionar sobre lo que se viene haciendo y sobre lo que falta hacer en este importante campo de la actividad nacional.

Aldo Lorenzzi, busca generar una corriente de opinión conciliadora a partir con la visión de alcanzar a un ciudadano nuevo, con valores y comprometido con su realidad inmediata y alejado de limitarse a optar siempre por el mal menor.

Hoja de Ruta, es una lectura de reflexión libre, sin ideologías y con un sólido componente de sentido común.

Estoy seguro que este libro les llamará mucho la atención y provocará más desafíos que inconformidad o incertidumbre.

Juan Carlos Liendo O´Connor.

Una Nueva Visión País. Aldo Lorenzzi Bolaños.

La realidad laboral en el Perú: ¿Es Necesaria una Reforma? Cristian Cáceres Sifuentes. Perspectivas del Perú en los próximos cinco años. Percy Tabory.Visiones De Política Pública Para El Próximo Quinquenio: Lo Que Debe Hacerse En Defensa. Domingo Silva Cancino.Busquemos Otra Vía Para La Justicia En El Perú. Eduardo Herrera.Una Escuela de Jueces para el Perú. Enrique Mendoza Ramírez.El duro camino hacia un cambio institucional positivo en el estado peruano. Francisco Marcelo Tarquino Sandoval.

CONTENIDOS:

La minería en el Perú: Retos. Mario Cedrón Lassús.Desafíos y Futuro de la Pequeña y Mediana Empresa-Pyme. Jorge Caycho Celle.Perú: Requiere de un Gobierno Incluyente. Rómulo Fernández Medina.Turismo en el Perú: Situación, Reactivación y Estrategias en el 2023. Milca Vásquez Mamani. La ingeniería e Infraestructura en la Reactivación Económica del Perú. Rómulo Mucho Mamani.El Efecto San Mateo en la Educación Peruana y la Agenda Educativa no Negociable. Guido Bravo.La Duda Hamletiana en la Vacunación Peruana: Ser o No Ser. Carlos Marino Pando SanchezVigilancia Genómica: la clave de la Gestión de la Pandemia. Sol Pozzi-escot

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Una Nueva Visión PaísAldo Lorenzzi Bolaños

1.

Una nueva visión país.

Vivimos en un país que actualmente está desbordado por todo. Literalmente nuestra sociedad se quedó sin oxígeno, y esto se ha visto reflejado en las tendencias de los electores.

Aunque, la verdad, es difícil medir la preferencia de un candidato cuando estamos más preocupados por sobrevivir, por conseguir oxígeno y por la esperanza de tener una vacuna en este 2021, para que no se desgaste y nos gane el pesimismo y la desesperanza.

1. ¿Qué necesitamos para dar el giro que tanto esperamos?

Considero que lo primero que habría que hacer es restaurar la institucionalidad de la figura presidencial.

Al restituir esta institución podemos lograr una estabilidad para que el gobierno que ingresa pueda construir legitimidad, una legitimidad que se necesita para tener un Poder Ejecutivo que tenga la tranquilidad para desarrollar las propuestas que se ofrecieron durante su campaña.

2.

Esta legitimidad es el paso inicial para construir el consenso entre ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo. Un parlamento fraccionado no tiene mayor tarea en esta primera etapa de su gestión que estabilizar, dialogar y brindar apoyo al Ejecutivo.

Esta sería la única forma de generar el clima para que, pese a tener la pandemia encima de nuestras vidas, se puedan mejorar las condiciones del manejo de la misma, además de otros problemas que se deben de abordar de inmediato. La reactivación económica en nuestro país a su plenitud solo se podrá llevar a cabo si se empieza con un programa serio de emergencia sanitaria, en el cual se incluya la democratización de pruebas, vacunas y un mejor acceso al sistema de salud, con la colaboración de gobierno local y regional.

De esta forma lograr una integración de los niveles de gobierno, lo cual permitiría mejorar la ejecución de planes estratégicos. A fin de conseguir ello, debemos entender también que se debe de minimizar la politización en temas de emergencia sanitaria.

El empleo en nuestro país antes de la pandemia tenía más un tono informal

que formal. Esto se debe a distintos aspectos como, por ejemplo, los altos costos que tiene que asumir una empresa unipersonal, con dos o tres trabajadores, que tenía ingresos para la subsistencia y que encontró la oportunidad de sobrevivir creándose un autoempleo y generando empleo para dos o tres más ciudadanos; sin embargo, el Estado le ponía muchas trabas, por lo que ahora en estos tiempos pandémicos muchas de estas empresas pequeñas no han sobrevivido y esto ha generado mayor pobreza.

¿Qué hacer para que sigan adelante?

El nuevo gobierno debe brindar todas las condiciones para que las pymes, que son el motor de la economía peruana, tengan facilidades tributarias entre otras medidas.

La educación será un tema importante, la cual debe de tener prioridad. Se requieren crear estrategias para que a partir de un plan integrado los estudiantes regresen a las aulas en el 2022 con todas las condiciones para una educación de calidad, donde no prime un currículo ideologizado, sino que busque ser inclusiva a través de una formación humanista, en la cual los ciudadanos amen su país. El plan también debe crear

3.

un shock tecnológico en la educación, para que se dé la transferencia tecnológica con países afines a lo que buscamos para nuestras próximas generaciones.

La inversión en el Perú debe ser lo primordial, donde las alianzas públicas y privadas ayuden a mejorar el nivel de vida. Una de las acciones que se debería tomar es poner en la agenda la privatización del agua, la cual debe permitir proteger los derechos de todos los peruanos.

Tenemos el ejemplo de Cuba, que tiene este servicio básico en manos de Aguas de Barcelona, que en Cuba se llama Aguas de la Habana. Esta privatización, si se diseña de una manera cuidadosa, es muy probable que ayude a que todos los peruanos a tener agua potable. Hoy la brecha es grande.

¿Cómo podremos aplacar la pandemia si muchos peruanos aún carecen de agua potable?

Se debe reactivar la economía, pero irá en la medida en que se pueda hacer un shock de inversiones en infraestructura bien pensada, destrabar proyectos que permitan generar empleo. Eso sí: esta fórmula debe estar ligada a la estabilidad sanitaria que necesita el país, para que se

pueda invertir.

El parlamento, si bien debe velar y proteger los intereses de todos los ciudadanos, debe tener una visión integrada que permita el desarrollo que tanto necesita nuestro país, a través de leyes que puedan generar mayor inversión y seguridad para que estas inversiones no vulneren nuestros derechos. Tenemos actualmente, por ejemplo, 60,000 millones de proyectos trabados en el sector minería. Si destrabamos estos proyectos de menos a más, podríamos empezar a reactivar nuestra economía dando miles de puestos de trabajo, tan necesarios hoy en día.

Somos un país minero, y el no aceptarlo hasta ahora nos ha costado demasiado. Hay que indicar que ha habido poca capacidad del Estado en saber regular en este sector, y los conflictos sociales que no se han sabido tratar.

El canon, que ha servido como motivación para generar corrupción, debe redistribuirse en una menor proporción a los gobiernos regionales, y destinar esta participación a sectores tan sensibles como salud, educación y tecnología.

4.

Hasta febrero del 2021, según la Defensoría del Pueblo, tenemos cerca de 204 conflictos sociales, los cuales se han venido dando e incrementando por dos factores que considero importantes. La primera causa es la debilidad de las instituciones públicas, la cual ha traído como consecuencia la poca o nula confianza que tienen los ciudadanos en el Estado.

El segundo factor es un Estado que no dialoga, que solo se ha dedicado a burocratizar todo mecanismo dejando todo en manos de las “mesas de diálogo” integradas por gente poco experta en este tipo de situaciones.

Todo lo intentado no ha dado resultados, por lo que se debe buscar nuevos mecanismos que refresquen el diálogo y se pueda empezar a abordar este problema tan importante de resolver para la gobernabilidad del país.

Se necesita también reactivar el turismo. Si bien es uno de los sectores que tiene mayor complejidad para que pueda funcionar, con servicios de salud eficientes en los principales atractivos turísticos, a través de las alianzas privadas tendremos un potencial enorme que desarrollar.

Necesitamos una nueva visión de país en la cual integremos a una nación llena de dolor, porque hemos tenido una clase política que nunca le importó al ciudadano de a pie, ya que solo buscó siempre su propio beneficio. Debemos empezar a formar nuevas generaciones de peruanos que aspiren al progreso, la transparencia, la integridad y la ética.

Una nueva visión país que integre al de izquierda, derecha y centro, en el que se busque lo mejor para el país y no destruir y dinamitar las instituciones del Estado, ya tan debilitadas.

Los argumentos sobre propuesta país deben estar a la altura de lo que necesitamos los peruanos, en donde sí exista la alternancia de poder en los diferentes niveles de gobierno, pero con debates bien argumentados y con partidos políticos fortalecidos por sus mismos cuadros.

Ya no deseamos partidos políticos que sean “vientres de alquiler” o “partidos combi”, que lo único que nos han dado son crisis políticas, unas tras otras.

Es tiempo de que los peruanos que vienen detrás de nosotros tengan un nuevo país, y esta tarea es la que debemos hacer ahora. Somos “la

generación de la transición” que debe poner las bases para la nueva visión de país.

Ojalá que la historia tenga un episodio donde la polarización sea mínima, la pobreza se reduzca y nuestro sistema de salud tenga un sentido humano.

Este nuevo presente también debe buscar que la educación a los peruanos sea la principal motivación de nuestros líderes políticos, la institucionalidad sea tan fuerte como un roble y el bienestar del Perú esté por encima de ideologías que solo dividen y no construyen; y si existieran ideologías, que estas sumen.

Esperemos que tengamos una nueva visión país y que el año de nuestro bicentenario sea la mejor ocasión para construir una nueva historia.

2.

‘‘A través del presente artículo, se analiza la realidad laboral en el Perú y su impacto en los diversos actores que se ven involucrados a

efectos de proponer soluciones a las deficiencias advertidas.’’

La Realidad Laboral En El Perú:¿Es Necesaria Una Reforma?Cristian Cáceres Sifuentes

INTRODUCCIÓN.

Al respecto, debemos tener en cuenta que el Derecho del Trabajo o también conocido como el Derecho Laboral, tiene su origen en el Derecho Civil, específicamente en los contratos de vlocación de servicios; no obstante, atención a diversos y connotados acontecimientos, tales como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, se justificó la existencia del Derecho del Trabajo o Derecho Laboral.

Las grandes reformas que generó la Revolución Industrial trajo consigo una serie de abusos hacia la clase trabajadora o también denominada el proletariado. Así las cosas, a través de la Revolución Francesa y frente a los abusos que sufría la clase trabajadora debido a las precarias condiciones en las que brindaban sus servicios, comenzó lo que fue conocido como una lucha social a efectos de lograr el reconocimiento de estándares y derechos mínimos basados en nuevas ideologías

políticas y jurídicas, naciendo así el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral.

Tal es así que, Neves Mujica ha indicado que:

‘‘El derecho del trabajo es un desprendimiento del derecho civil relativamente reciente (…).

Para comprender las razones de esta escisión, debemos reparar en un dato jurídico de inmensas repercusiones sociales, que es el de los principios que inspiran el ordenamiento civil. (…)

En el marco de las colosales transformaciones que supusieron la Revolución Industrial, en el plano de la ideología económica, así como de las formas de organización de la producción y del trabajo, y la Revolución Francesa, en el ámbito de las ideologías políticas y jurídicas, el derecho civil moderno se construye sobre pilares que pueden producir desastres sobre algunas relaciones sociales. (…) Así, el contrato que vinculaba al trabajador con el empleador –entonces llamado arrendamiento de servicios- fue extraído del derecho civil para poder apartarlo de los valores antes mencionados y sujetarlo a otros distintos e incluso contrarios. Este es el origen del contrato de trabajo y del área que se ocupa de todas las relaciones derivadas de él: el derecho del trabajo. (…)

Los supuestos del nuevo ordenamiento laboral son muy distintos a los del civil. Se entiende que los sujetos de la relación laboral son materialmente desiguales, porque uno tiene poder económico y el otro no; por tanto –también en la esfera sustancial-, el último de estos carece de libertad.

La autonomía privada individual puede, por consiguiente, constituir el vínculo entre las partes, pero la regulación está limitada desde afuera por la ley. Esta se ocupa, pues, no solo del acceso y la ejecución del contrato, sino además de su contenido, y lo hace de modo relativamente imperativo: fijando beneficios mínimos en favor del trabajador, que por autonomía privada pueden incrementarse, pero no reducirse.

Constatado el desequilibrio real entre los sujetos laborales individuales, el propósito del derecho del trabajo es el de compensarlo con otro desequilibrio en el nivel jurídico, de signo opuesto al anterior: la protección del contratante débil. Este es el sentido de la intervención tuitiva del Estado en esta área.’’.

Así las cosas, sin ánimos de desconocer que el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral, subyace del Derecho Civil, es importante precisar que el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral nació principalmente debido a la asimetría

existente entre las partes que forman la relación laboral, esto es entre el empleador y el trabajador; siendo que, éste último se encuentra en una situación de sumisión que le impide ejercer con una real libertad su autonomía de la voluntad, viéndose obligado a someterse a las condiciones que establezca el empleador.

Por ello, el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral, tiene por finalidad equilibrar tal asimetría a través de una intervención .

Tuitiva por parte del Estado a favor del trabajador, estableciendo parámetros y derecho mínimos que no pueden reducirse por imperio de ley.

COYUNTURA ACTUAL.

Ahora bien, es importante tener en consideración que el ámbito laboral imparte sus efectos tanto para las relaciones laborales correspondientes al sector privado como para las relaciones laborales correspondientes al sector público. Dicho esto, debemos indicar que los regímenes laborales que abarcan la gran mayoría de las relaciones laborale en los ámbitos antes indicados son los regulados por

el Decreto Legislativo N° 276, por el Decreto Legislativo N° 728, por el Decreto Legislativo N° 1057 y por la Ley N° 30057.

En este escenario, es innegable traer a colación que la pandemia mundial sufrida a consecuencia del COVID-19 ha generado estragos en las relaciones laborales en general. Lo cual, ha sido recogido en un anterior trabajo, donde se indicó que:

‘‘Esta situación ha obligado a que se declare al COVID-19 como una pandemia mundial por motivos sanitarios, en conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Así las cosas, resultaba obvio que nuestro país no podía encontrarse ajeno a las mencionadas circunstancias, (…).

En ese escenario el Gobierno se ha visto obligado a tomar una serie de decisiones de forma urgente e inmediata a efectos de salvaguardar los intereses colectivos que se encuentran en riesgo. (…).

Evidentemente, la aplicación de las referidas medidas decretó una realidad disímil a la conocida por todos nosotros, lo que, en buena cuenta, imposibilitó el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, de manera ordinaria; encontrándose, frente a esta nueva realidad y una obligatoriedad de cambios, las relaciones laborales en general.

NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. 2016. Páginas 9 – 11.

Tales cambios encontraron sustento en el panorama poco certero en relación con la forma y posibilidad de ejercer y cumplir con las obligaciones y prestaciones enmarcadas en el seno de las relaciones laborales.’’ .

Así las cosas, tenemos que para el ámbito correspondiente al sector privado es innegable que la recesión económica generada a consecuencia de la pandemia antes indicada, dificulta el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de los empleadores privados; más aún si, en su mayoría éstos se encuentran constituidos por micros y pequeños empresarios.

Sin embargo, dicha situación no puede dejar de lado la otra cara de la moneda, esto es la realidad de la clase trabajadora, quien requiere con mayor urgencia los recursos generados por su trabajo; máxime aún si, en la actualidad sigue latente el estado de emergencia sanitario a consecuencia del COVID-19 y por ende las necesidades que requieren ser cubiertas económicamente a raíz de dicha enfermedad.

Mientras que, para el sector público es innegable que su problemática es de larga data, puesto que es prácticamente inexistente el profesionalismo en el servicio civil, la meritocracia, la igualdad, la disciplina administrativa, la gestión adecuada y el

equilibrio presupuestario, en el desarrollo de las relaciones laborales correspondiente al sector público y con la finalidad de que las entidades públicas brinden un servicio eficaz y eficiente. Este aspecto, ha sido recogido en un trabajo precedente, en el cual, se precisó lo siguiente:

‘‘(…) Para el presente caso, corresponde tener en cuenta el régimen laboral al que están sujetos los trabajadores del sector público, considerando que en el espectro de dicho sector existe una amplia gama de regímenes laborales que otorgan diversas condiciones y criterios objetivos diferenciadores sobre los trabajadores del sector privado; por otro lado y aún más importante, resulta ser el sustento que dio vida a esta iniciativa legislativa: regular adecuadamente el ingreso a la función pública, basándose en estándares como: profesionalismo en el servicio civil, meritocracia, igualdad, disciplina administrativa, gestión adecuada y equilibrio presupuestario, con la finalidad de que las entidades públicas brinden un servicio eficaz y eficiente.’’ .

Siendo que, el régimen laboral

correspondiente al presente Decreto

Legislativo es aplicable tanto al sector

público como al sector privado. Mientras

que los demás regímenes laborales, sólo

son aplicables al sector público.

CARRERA HURTADO, Brenda Elizabeth,

y, CÁCERES SIFUENTES, Cristian Carlos.

La compensación de horas a

consecuencia del estado de emergencia

¿Problema o solución?, en Revista

Actualidad Jurídica N° 324. 2020. Gaceta

Jurídica. Páginas 208 – 209.

CÁCERES SIFUENTES, Cristian, y, SOSA

CÓRDOVA, Kimbherly. Breves reflexiones

sobre la convencionalidad y

constitucionalidad de las medidas

laborales prevista en el Decreto de

Urgencia 016-2020 en Revista Saber Servir

N° 3. ENAP. 2020. Página 57 .

y el equilibrio presupuestario, en el desarrollo de las relaciones laborales correspondiente al sector público y con la finalidad de que las entidades públicas brinden un servicio eficaz y eficiente, respectivamente.

CUESTIÓN EN DEBATE.

En primer lugar, es importante recordar que el Estado a través de su función administrativa puede desplegar una serie de actividades, dentro de las que encontramos, la actividad de fomento; siendo que, dicha actividad permite a la Administración Pública estimular y/o promover que los particulares ejerzan actividades de interés público, tales como, el cumplimiento de las obligaciones laborales en el marco de un estado de emergencia sanitaria que ha generado una grave recesión económica y con ello una afectación directa a los recursos de los empleadores y de manera indirecta al cumplimiento de sus obligaciones.

En el marco de la actividad de fomento, como parte de la función administrativa de la Administración Pública, existen diversas materias sobre las cuales pueden desplegarse, tales como la económica, que importa en esencia incentivos de dicha índole a efectos de lograr objetivos de interés público; dicho esto, en el marco de lo antes indicado, consideramos completamente viable la implementación de subsidios,

Dicho esto, queda en evidencia como falencias correspondientes al sector privado y al sector público, la afectación económica y dificultad para el cumplimiento de las obligaciones laborales, que afecta a ambas partes de toda relación laboral, así como, la casi inexistentica del profesionalismo en el servicio civil, la meritocracia, la igualdad, la disciplina administrativa, la gestión adecuada

beneficios y/o financiamientos, destinados asegurar el cumplimiento de los derechos laborales por parte de los empleadores correspondiente al sector privado.

No obstante, es importante precisar que la variedad de medidas posibles de adoptar, deben ser implementadas de manera proporcional y bajo criterio de razonabilidad, teniendo, entre otros, como principal criterio que la mayoría de sus beneficiarios deben ser los micro y pequeños empresarios que representan en gran parte a la fuerza económica que impulsa el país.

En tanto, para aquellas empresas que se encuentren fuera de dicho grupo, podría aplicarse algunas de las medidas antes indicadas, siempre que justifiquen fehacientemente su necesidad y aseguren su finalidad; siendo que, en caso de inconsistencias y/o incumplimientos de éstos, se establezcan procedimientos para detectarlos, así como, las sanciones respectivas, que disuadan tal posibilidad.

En segundo lugar y con relación a las relaciones laborales concernientes al sector público, es importante tener en cuenta, al menos, dos aspectos, el primero de éstos es el impulso del cumplimiento del régimen del servicio civil, y, el segundo de éstos es la eliminación de la temporalidad del régimen CAS y su consecuente carácter

indeterminado, que indefectiblemente generará una afectación presupuestal debido a que su implementación progresiva implica que los trabajadores sujetos a dicho régimen sean trasladados al régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 276 y por el Decreto Legislativo N° 728, según corresponda.

Con relación al régimen del servicio civil, tenemos que en un anterior trabajo se indicó que: ‘‘Ahora bien, frente a la existencia de diversos regímenes laborales aplicables a las personas que prestan sus servicios al estado y que se encargan de su gestión, se determinó que quienes se encuentren sujeto a la normativa correspondiente a los Decretos Legislativos N°s 276, 728 y 1057, podían ser incorporados a este nuevo régimen de manera voluntaria y que frente a la posible negativa de esta situación no operaría la pérdida de su puesto o despido; considerándose que, la naturaleza de las actividades que en puridad ejercitan tales personas no ostentan naturaleza especial con relación a la prestación de servicios que éstos ejerzan, y que amerite la existencia de una regulación especial.’’ .

Dicho régimen es el del servicio civil, que tiene por finalidad lograr el profesionalismo en el servicio civil, la meritocracia, la igualdad, la disciplina administrativa, la gestión adecuada y el equilibrio presupuestario, en el desarrollo de las relaciones laborales correspondiente al

CÁCERES SIFUENTES, Cristian Carlos.

La problemática de las empresas

municipales a la luz de la rectoría de la

Autoridad Nacional del Servicio Civil, en

Revista Actualidad Jurídica N° 323.

Gaceta Jurídica. 2020. Página 193.

sector público y con la finalidad de que las entidades públicas brinden un servicio eficaz y eficiente, respectivamente.

Mientras que, respecto a que los trabajadores sujetos al régimen CAS sean trasladados al régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 276 y por el Decreto Legislativo N° 728, según corresponda; es importante precisar que dicha disposición fue aprobada por el Poder Legislativo a través de la Ley N° 31131, la cual, fue observada en un primer momento por el Poder Ejecutivo puesto que implicaría una afectación a lo dispuesto en el artículo 79° de la Constitución Política del Perú, que prohíbe al Poder Legislativo aprobar leyes que creen o aumenten gastos públicos, teniendo en cuenta que, el traslado de los trabajadores sujetos al régimen CAS a los regímenes antes indicados implicaría un incremento automático del 25% del costo de la planilla estatal.

Siendo ello así, podemos concluir que más allá de realizar propiamente una reforma en el ámbito laboral, lo más adecuado es

índole económico, como parte de la función administrativa de la Administración Pública, que importen la implementación de subsidios, beneficios y/o financiamientos, destinados asegurar el cumplimiento de los derechos laborales por parte de los empleadores correspondiente al sector privado, y, se impulse la implementación del servicio civil a efectos de lograr el profesionalismo en el servicio civil, la meritocracia, la igualdad, la disciplina administrativa, la gestión adecuada y el equilibrio presupuestario, en el desarrollo de las relaciones laborales correspondiente al sector público y con la finalidad de que las entidades públicas brinden un servicio eficaz y eficiente.

3.

LA BATALLA ESPIRITUAL:

Soy de los que cree que nuestro creador nos está dando una segunda oportunidad para corregir nuestra conducta en lo político, social y económico; y contra lo que cree la mayoría, espero que seamos capaces de organizar un conjunto de ordenamientos que respondan a VALORES que asumamos como CONSENSO, de un DIÁLOGO TRANSPARENTE, respondan a un paradigma diferente y TRASCENDENTE, que busque el BIEN COMÚN como alternativa a la acumulación generadora de desigualdad e inestabilidad por favorecer a unos pocos.

Creo que nuestro pueblo se está agotando en pelear contra enemigos invisibles por ser muy pequeñitos como los virus de la pandemia y muy grandes como los sentimientos del MAL, disgregador por excelencia.

Creo que la ausencia de un líder Divino nos produce tal vacío, que lo tratamos de tapar con un gran conjunto de cosas y poderes innecesarios en busca de un paradigma equivocado: Placer, Tener y Poder; que se generan en el TEMOR, opuesto a lo que normalmente buscaríamos: el AMOR.

El Placer es una sensación de los sentidos del CUERPO, corruptible, y por tanto

Perspectivas Del Perú En Los Próximos Cinco Años Percy Tábory Andrade

TRANSITORIO. Sus excesos se llaman pecados capitales: Soberbia (poder): Avaricia (riqueza); Gula (comer); Lujuria (placer sexual); Envidia (animadversión por lo que el otro es o tiene); ira (carencia de perdón) y Pereza (deseo de hacer nada). El SER HUMANO no es solo CUERPO, es también ALMA y ESPÍRITU, cada uno con diferentes grados de atractividad por las grandes fuerzas que mueven al hombre: el EROS (AMOR - VIDA) y el TÁNATOS (TEMOR - MUERTE), las cuales producen tensión.

Cuando existe UNIDAD, el SER se realiza, pues acaba la tensión por dominio de una fuerza: El Bien o el Mal. Ello exige una definición que nos toma la vida. Naturalmente tendemos al bien, pero nos dejamos seducir por algunos aspectos del mal; los cuales son los generadores de tensión e infelicidad y vacío.

El ALMA es la fuerza que nos permite movernos en este plano (ánima), es capaz de sentir y pensar; procesa y tiene deseos: amar o temer, gozar o sufrir, crear o destruir, saber o ignorar, reir o llorar. Procesa la información y la convierte en pensamientos: buenos o malos, reales o irreales, los entiende o no los entiende, los ama o los teme.

EL ESPÍRITU es puro, es de Dios, solo actúa a pedido del SER y rompe la tensión; es la FUERZA DIFERENCIAL, la ampolla de oro,

donación de Dios al hombre que se lo pide. En resumen, es la VIDA ETERNA, la TRASCENDENCIA buscada, la victoria sobre la muerte que nos regaló Jesús con su Pasión, Muerte y Resurrección.

LA NECESIDAD DE LOS ORDENAMIENTOS:

El universo requiere orden para evolucionar en armonía y, lo que es necesario para el macro cosmos, lo es para el ser humano y para el micro cosmos. No significa que Dios no sea capaz de hacer milagros, pero los hace por excepción.

En este orden de ideas, el planeta tierra y en particular el Perú no puede ser una excepción. Es por ello que el caos y la evolución exigen para su ordenamiento, ciertas leyes universales que provienen del Creador. La evolución se da por etapas que revelan la VERDAD, progresivamente. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, dijo que: Él era la Camino, la Verdad y la Vida (eterna).

Cada vez que se finaliza una era, cae un imperio y mucha gente cree ver en ello el FIN DEL MUNDO, confundiéndolo con un cambio escatológico en la civilización.

Hemos pasado del caos al orden progresivo, y este se ha venido cumpliendo por etapas: del alma colectiva a alma individual, del

descubrimiento del fuego a la tecnología actual, de la antropofagia a los derechos humanos, del perfil no cumplido al ahora. Nos toca empezar el cumplimiento. Las tensiones mundiales son solo eso, tensiones para el cambio de era.

El Sistema tiene dos opciones: seguimos la progresividad o lo hacemos por imposición de la sociedad.

El Papa Francisco lo vislumbró muy bien; se trata de cambiar el paradigma y adecuar los ordenamientos a su avance progresivo. Esto se da en todos los campos: Religioso: ECUMENISMO UNIVERSAL, Económico: Economía Social de Mercado; Social: acercamiento del Estado a la sociedad a través de la potenciación de los Organismos Intermedios (entre el estado y la sociedad): Político: Una nueva forma de democracia más PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE Y TOLERANTE.

En lo personal, creo que ir más rápido es posible pero demasiado exigente para nuestro nivel evolutivo, no olvidemos que coexisten diversos grados de desarrollo humano; desde los primitivos (no contactados) hasta los místicos; desde los analfabetos hasta los científicos de punta; desde los egoístas hasta los solidarios. Si creemos en la dignidad humana, no tenemos opción, y me atrevo a ser optimista en el

sentido de creer en la bondad humana, creatura de Dios.

La pandemia del COVID 19 es una advertencia, nos llama la atención, no proviene de Dios, pero Él la tolera porque nos ama; probablemente cualquier otra llamada de atención al cambio sea mucho más costosa, como por ejemplo una guerra nuclear o difundidas guerras civiles entre los que ven sus necesidades satisfechas y los necesitados, como erradamente interpretamos los conflictos pasados, quedándonos en las causas externas sin profundizar en las causas existenciales.

El multilateralismo promovido por ciertas potencias, ha diferido el problema pero no lo ha solucionado, lo cual se puede notar en las tensiones comerciales, en el uso de la tecnología, en el cambio climático, en la carencia de valores en aras de una libertad confundida con libertinaje a manos del más fuerte y, lo que es peor, en el descontento generalizado de los pueblos.

HACIA DÓNDE VAMOS:

A la fecha de cierre del presente artículo, los resultados del último proceso electoral, según el 100% de conteo rápido de IPSOS, se definía la necesidad de una segunda vuelta electoral para elegir Presidente del país entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

Del mismo modo reflejaba un Parlamento fraccionado, razón por la cual caben dos alternativas: alcanzar acuerdos previos en dos bloques que disputarían la presidencia del país, con el compromiso de cogobernar en base a un “Programa Concordado” y con precisión de cómo se financiaría, o ir solos flexibilizando sus programas de gobierno para hacer una oferta electoral nueva, con riesgo de ganar o perder con el ajuste de plan.Se sugiere que el acuerdo sea previo y con cargo a efectuar una modificación constitucional que garantice la gobernabilidad, diferenciando la Jefatura de Estado, recaería en el Presidente de la República; de la Jefatura de Gobierno, que recaería en un Primer Ministro a propuesta del Presidente.

Esto podría implementarse con cargo a la modificación constitucional en los plazos que prevé nuestra actual Constitución, y en tanto suscribir un compromiso de gobernabilidad que rija transitoriamente. Todo ello, precisando cómo se financiaría el plan para ser viable y no una quimera.

Un acuerdo posterior presenta la desventaja de mantener la inestabilidad del gobierno, el conflicto y la falta de definición que tanto daño nos puede hacer.

En ambos casos se corren riesgos, pero se define, qué clase de país queremos la mayoría de los peruanos. No es fácil, pero es necesario.

Confronta la necesidad de perdonar y permite el ejercicio de la voluntad de la mayoría, con respeto a los derechos elementales de las minorías, siempre que como es deseable se escoja lo económicamente viable, antes que lo romántico, por muy deseable que sea. Caso contrario, el país habrá escogido una dictadura.

Confío en la reacción de nuestra sociedad, ya que nos permitiría ser un ejemplo para los demás países que enfrentan nuestros comunes problemas y a la vez poner en primer plano, con vocación de cumplimiento, el derecho de las minorías a que se respete y promueva la paz social.

4.

Estamos todavía a semanas de decidir, con nuestro voto, quien llegará a Palacio de Gobierno y él (o ella), decidirá las políticas públicas a ejecutar en los próximos años.

El examen de las propuestas presentadas por cada candidato, de los que compiten ahora en la segunda vuelta, no muestra - lamentablemente, en nuestra opinión - una visión clara de lo que es necesario para sectores tan importantes en la vida nacional, como es la Defensa y Seguridad. En ese caso, presentaremos un resumen de lo que se ha avanzado en la gestión en materia de recursos para la Defensa y lo que se debiera hacer.

Para poder desarrollar el presente artículo debemos primero señalar, de manera concisa, que entendemos por Defensa y Seguridad.

Así, consideramos como Defensa son el conjunto de actividades y recursos políticos y militares (entendiendo por militar todo lo relacionado - recursos y personal - directamente y relacionado con las fuerzas armadas de un país) destinados a evitar o rechazar ataques que se pudieran perpetrar contra un estado-nación (forma de organización política que cuenta con territorio delimitado, población constante y que se reconoce como tal y una organización de gobierno), sea por parte de agentes

Visiones de política pública para el próximo quinquenioLo Que Debe Hacerse EnDefensa

Domingo Silva Cancino

(Ejércitos) extranjeros o por otras amenazas provenientes de otra clase de agentes con poder de diverso carácter, como organizaciones terroristas, movimientos políticos violentistas, y otras organizaciones (ONGs).

También como parte de los problemas que ahora los estado-nación tienen que enfrentar y resolver tenemos los desafíos como la pobreza, la acción de organizaciones criminales trasnacionales (narcotráfico, trata de personas, tala ilegal de árboles, minería ilegal), así como terrorismo.

Es así que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desde hace más de una década, ha venido trabajando un concepto de seguridad de carácter multidimensional, en el que no solo se tome en cuenta las amenazas tradicionales (por parte de un Estado extranjero) sino otras amenazas a la viabilidad del estado-nación en su conjunto, como las derivadas de acciones por grupos de crimen organizado, o la atención de necesidades básicas de parte de la población en zonas rurales remotas, que carecen en muchos casos de servicios básicos.

Es por ello que se tiene más claro que el Sector de Defensa (y el de Seguridad, con la Policía Nacional) debe enfocarse no solo en sus roles tradicionales (la garantía de la soberanía y la integridad territorial del país)

sino en la adopción de nuevos roles, como el soporte a la acción del Estado, en estrategias de intervención multisectorial1, mediante el cual la acción de las Fuerzas Armadas se coordinan con la de otros sectores (Salud, Transportes y Comunicaciones, RENIEC, entre otros) para atender a las poblaciones de la Amazonía y de la Sierra.

Y como parte del examen de la realida de la Defensa y Seguridad del Perú para el próximo quinquenio, hubiera sido interesante contar con propuestas concretas de los candidatos a la Presidencia, más lamentablemente, es muy pobre lo presentado, por lo que nos relevaremos de hacer comentarios al respecto de las posiciones de ambos candidatos, porque en realidad o es pobre o es inexistente.

Ante ello, nos centraremos en examinar que pudo haberse avanzado en el último quinquenio, y que podría hacerse en el próximo.

¿Qué se hizo - o no se hizo - en Defensa y Seguridad en el último quinquenio?

En el último quinquenio se viene ejecutando varios programas de adquisiciones militares. En la Marina de Guerra, continúan los trabajos de modernización de los submarinos Clase Angamos (Tipo 209-1200), y para tales trabajos se ha previsto un presupuesto de S/. 1,499 millones, a ejecutarse hasta el 2022, de los cuales a la fecha se entregado S/. 750 millones (US$ 210 millones de hoy) para la preparación de las instalaciones y adquisición de los equipos necesarios (generadores, equipos ESM, periscopios, asesoría por parte del fabricante, entre otros).

Aún cuando se había previsto que ese programa concluyera en el quinquenio que está por terminar, la realidad es que solo se han avanzado la mayor parte de los trabajos de adecuación de equipos de propulsión y otros elementos de ingeniería del primer submarino (el SS-34, BAP Chipana) y se ha procedido con el corte de casco del segundo submarino (el SS-32, BAP Antofagasta), estando evidentemente atrasado el programa.

En el caso del Ejército, se avanzaron con algunos programas, como la compra de camiones tácticos RMMV 4x4 y 6x6 pero no se completó la adquisición del requerimiento inicial formulado por la institución (600 unidades).

Asimismo, quedaron suspendidos otros programas como la adquisición de vehículos blindados 8x8 para los Regimientos de Caballería Blindada, o la adquisición de un nuevo lote de misiles antitanque.

En el caso de la Fuerza Aérea, también es poco lo avanzado, salvo en las gestiones para la adquisición de aviones tipo combi (pasajeros/carga) del tipo Boeing 737, mas aquellas no fueron fructíferas, a pesar de los fondos asignados en su momento para ello, solo habiéndose concretado - este año - la adquisición y entrega de dos aviones Hércules KC-130H al Ejército del Aire español.

Y en cuanto a medios de combate, solo se va avanzando paulatinamente con el programa de repotenciación de los aviones de ataque Su-25, un programa de relativo poca inversión (US$ 32 millones).

¿Qué correspondería hacer en Defensa y Seguridad para el próximo quinquenio?

Tomando en cuenta que las principales amenazas y desafíos son el narcotráfico (en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM, así como en la zona del Putumayo, la actividad de diversas organizaciones en varias ciudades del país), el terrorismo (en la zona del VRAEM), la tala y la minería ilegal en diversas zonas del país (Cajamarca, VRAEM, Cusco), así como, sumada ahora, de flotas pesqueras

extranjeras que están depredando los recursos hidrobiológicos en nuestro dominio marítimo, además de la atención de poblaciones a donde el Estado aún no llega, es que se debe más que nunca contar con una política de Defensa y Seguridad que dote a sus organizaciones operativas (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) del personal y los recursos materiales necesarios para el desempeño de sus misiones.

Así, para fortalecer la acción del Estado las fuerzas operativas de Defensa y Seguridad deben asegurar capacidades como las de transporte (despliegue eficaz), soporte logístico integrado, comando y control integrado, así como de inteligencia y vigilancia, sobre los cuales solo hay avances parciales en los últimos años.

Así, si bien se ha invertido p. ej. en la adquisición de helicópteros de transporte y asalto, así como en camiones de media movilidad alemanes por parte del Ejército y Marina, en el último quinquenio ya no han habido inversiones importantes, siendo las últimas inversiones en transportes las realizadas por la Fuerza Aérea.

En cuanto a capacidades de comando y control integrado, de gran utilidad no solo para realizar operaciones militares convencionales o acciones integradas con la Policía en la lucha en el VRAEM por ejemplo, sino en la gestión de desastres como

terremotos, inundaciones, y ahora la producida con la pandemia del COVID-19, apreciamos que no se ha logrado conformar un sistema viable que permita controlar las acciones de los elementos de la Policía y las Fuerzas Armadas por ejemplo, para controlar el ingreso ilegal de personas extranjeras en nuestro territorio, o el desplazamiento de columnas de insurgentes en el territorio del VRAEM, como tampoco ejercer control de nuestro espacio aéreo y marítimo frente a vuelos o navegaciones de aviones y buques sospechosos de trasladar droga.

Por ejemplo, no contamos con radares de vigilancia aérea, ni siquiera antiguos, para controlar vastas zonas del territorio nacional frente a vuelos no identificados. Asimismo, para el control marítimo y despliegue logístico, se ha avanzado en el último quinquenio con la botadura de patrulleras marítimas, y está dentro de los planes la construcción de hasta 3 patrulleros de altamar (OPV), aparte de completar la construcción de un nuevo Buque Multipropósito idéntico al BAP Pisco, comisionado en junio de 2018.

Sin embargo, hay aspectos desatendidos en Defensa, como el mantenimiento y modernización de las unidades de combate, caso el de nuestras fragatas, las mismas que están prácticamente al final de su vida útil, quedando 2 fragatas modernizadas parcialmente (con programas no concluidos)

y las demás con evidentes problemas de alistamiento, incluso de operatividad.

En la misma situación se encuentra nuestra flota de aviación de caza y ni que decir de nuestras unidades blindadas, que son piezas de museo, frente a lo que nuestros vecinos alinean.

Entonces, debemos pensar en serio sobre la necesidad de modernizar o reemplazar nuestras unidades de combate, tomando en cuenta que una fragata tiene un valor de US$ 450 millones aproximadamente, un caza alrededor de US$ 80 millones y un tanque unos US$ 6 millones.

Es por ello que se debe primero definirse dos ejercicios simultáneos, uno de definición de capacidades (p. ej. capacidad de enfrentamiento eficaz, es decir definir que plataformas y tecnologías debemos adquirir para estar en condiciones de enfrentar posibles adversarios) y otro de planeamiento de inversiones (poniendo como referencia un % del PBI para la adquisición de unidades nuevas) en un horizonte determinado (por ejemplo, llegar a un monto de inversión determinado al tercer año del quinquenio, tomando en cuenta la difícil situación económica por la pandemia).

Asimismo es necesaria una nueva aproximación a la Defensa, considerando la necesidad de contar con equipos de alta tecnología pero en cantidades menores, como por ejemplo, no pensar ya en Batallones de Infantería o Caballería Blindados sino en Compañías, con reducida cantidad de blindados a orugas y mayor cantidad de blindados a ruedas (como el programa para dotar al Ejército de vehículos 8x8), o la renovación de la flota de cazas por aviones de alta tecnología pero reducidos a 12-16 unidades, capaces de llevar a cabo múltiples misiones en casos de crisis puntuales, complementados por una similar cantidad de aviones ligeros de ataque de uso dual (entrenamiento y ataque, más interceptación de aviones no identificados, como los usados por narcotraficantes, por ejemplo).

Y en el caso de Marina, adquirir no solo las OPVs sino ver de adquirir un diseño que permita equipar el mismo casco con diversos sistemas y armamento para renovar la flota de superficie (como corbetas, lo que ya está siendo ofrecido por algunas empresas de diseño y astilleros.

Y los que se indica no tiene afán de promover notas discordantes respecto a la buenas relaciones que el país mantiene con sus vecinos actualmente, pero hay escenarios de conflicto potencial tanto con Colombia y Brasil en la zona del Putumayo (por presencia de ilegales y narcotraficantes), en la frontera sur

por el uso de las aguas del río Uchusuma5 y los problemas actuales en la frontera con Ecuador por la inmigración ilegal.

Sin embargo, aparte de los conflictos que en cualquier relación entre Estados puede surgir, como parte de la relación entre éstos, apreciamos que la clase política y los funcionarios encargados de la hacienda pública peruana no tienen la visión de aprobar los fondos necesarios para el reemplazo, modernización y ni siquiera el mantenimiento de los medios para la Defensa y la Seguridad de la nación, existiendo el equivocado criterio que las guerras son cosas del pasado, con lo cual el mandato constitucional (artículos 163º, 165º y 170º) no se cumple en absoluto ("el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional", "las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República" y "la Ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional") y la Defensa y Seguridad se encuentran desatendidas.

Ciertamente hay mucho por hacer pero al parecer no existe la conciencia para ello.

1.Al respecto véase entrevista al CAlm.

(actualmente en retiro) Francisco

Bolaños en Revista Perú Defensa &

Seguridad, Año 9 Nº 31, pp. 4-5.

2.Por ejemplo una fragata nueva tiene

un valor de US$ 450 millones

aproximadamente, un caza alrededor

de US$ 80 millones y un tanque unos

US$ 6-8 millones

3.Hay ofertas desde las propuestas por

astilleros como Navantia, Lürssen o

Damen, hasta propuestas por oficinas

de diseño como MTG-Marine Technik de

Alemania, por mencionar algunos

4.https://www.youtube.com/watch?v=dD

HxUDzKtwc

5.

Ya ha pasado tanto tiempo, tanta agua ha cruzado bajo el puente que nos hemos resignado, en algunos temas, simplemente a que no tendremos avance, a que no hay posibilidad. Uno de esos temas -que es fundamental para el desarrollo de cualquier país- es el de la justicia.

Si usted es un ser humano cualquiera que vive en este país, debería de interesarle el tópico. Puede verse involucrado en un accidente de tránsito, estafado en un contrato, ser robado, lesionado, violentado, etcétera. En todos estos casos, y muchos más, usted caería irremediablemente en nuestro sistema de justicia.

¿Por qué entonces parece no importar el tema? ¿Por qué ninguna autoridad competente hace nada (o poco) al respecto? Aquí hay una extraña mezcla de desconocimiento y, hay que decirlo, cierta permisividad que linda con complicidad.

Cuando un individuo cualquiera tiene un problema “justiciable”, sabe perfectamente que enfrentará muchos otros problemas en el mismo sistema que debería de protegerlo: lentitud, falta de predictibilidad (seguridad en el resultado), etcétera. Entonces la persona involucrada no tiene ningún incentivo más que, según sus intereses particulares, salir rápido y de la mejor manera posible, de nuestro bendito sistema.

Busquemos Otra Vía para la Justicia en El PerúEduardo Herrera Velarde

Es ahí en donde se abre la puerta de la corrupción. En los dos ejemplos antes referidos nacen las siguientes interrogantes, fatalmente concretas en casos reales: ¿quieres que tu caso avance rápido? O ¿quieres que el caso salga a tu favor? Pues la respuesta ya se sabe.

Para solucionarlo, justamente, hay vehículos predispuestos. Una vez fuera del problema, la persona ya no quiere saber más del bendito sistema. El siguiente debería de encargarse ¿no? Y así sucesivamente, el problema de todos se convierte en asunto de nadie.

La otra causa de nuestra situación actual, como soslayé, tiene su origen en el desconocimiento. Si ustedes tienen la oportunidad de ver las propuestas de campaña para estas recientes elecciones podrán percatarse de algo terriblemente preocupante: nuestros políticos no tienen la más peregrina idea de cómo funciona el sistema y menos de cómo solucionarlo.

Sale así el cóctel perfecto que experimentamos desde hace muchos años: un problema residual, de nadie y que nadie sabe resolver.

Si la importancia del sistema de justicia no les ha quedado suficientemente en claro hasta el momento, entonces quiero desarrollarles brevemente otro punto más. Y cuando hablo de ese “algo más” quiero apelar a una idea más grande que se llama estado de derecho.

Podría definir al estado de derecho como aquel conjunto compuesto por normas (leyes), cultura y mecanismos de cumplimiento producto del cual nace el auténtico concepto de igualdad ante la ley.

La mejor forma de aterrizar la igualdad es precisamente esa: todos somos tratados como iguales ante la ley. De ahí cada quien desarrolle su proyecto de vida como mejor le parezca.

El Perú tiene una especial inclinación por la ley. Producimos, en promedio, 60 normas legales diarias. Por decirlo de una manera más real, amamos la ley. Noten varias cosas al respecto sobre este punto: cuando existe un problema, inmediatamente reclamamos una ley o, como puede verse en todas las campañas electorales, todos los candidatos (luego las autoridades ya en funciones) -sin excepción, sobre todos los que aspiran al Congreso- reclaman a la ley como la salvación para algo.

¿Saben cuál es la mejor manera de lograr que la ley se cumpla no? Sí, acertó. El sistema de justicia logra, por ejemplo, frenar arbitrariedades o marcar el derrotero de cómo aplicar una ley.

Manda un mensaje muy potente de cumplimiento diferente a lo que ocurre actualmente en nuestro país que, tristemente, se caracteriza por tener leyes inflexibles (muchas), pero de cumplimiento

flexible. De ahí, pasito a pasito, se marca el camino a la cultura de cumplimiento, que va más bien determinado por un derrotero particular que involucra incentivos para el cambio de hábito (planteamiento dirigido, por ejemplo, al plano de los valores).

Nuevamente, todos los países desarrollados del mundo, cuentan con un estado de derecho sólido y respetable. La justicia, el sistema de administración de justicia, forma parte de esa gran idea de estado de derecho producto de la cual se puede decir que las reglas se cumplen para todos. Sin eso, hablar de desarrollo, resulta una vil estafa.

Ahora bien, visto hasta acá, nos tocaría preguntarnos, tomando como base lo antes expuesto; bueno, pues ¿cuál es la solución?

Hay que tomar en cuenta previamente que tenemos un escenario propicio para que el terrible “status quo” se mantenga. El sistema no quiere modificarse. Pese a esfuerzos identificables -que, puedo dar fe que existen- la aplastante mayoría de los componentes del sistema prefieren (les conviene) que las cosas queden como están.

En este punto quiero hacer una breve nota que revela algo no menor: el sistema -que no es solo está comprendido por el Ministerio Público y Poder Judicial- se encuentra compuesto más bien de un común denominador: abogados por todos lados.

¿Ha tomado consciencia de cuántos intentos se han producido por cambiar las cosas dentro del sistema de justicia? ¿cuántas declaraciones de emergencia, comisiones, estudios se han producido? ¿muchas no? ¿alguna ha cambiado algo? Para muestra un botón.

Tenemos un excelente instrumento como el CERIAJUS, pero ningún partido político -sí, ninguno- lo menciona siquiera para sus “propuestas” respecto al punto que nos interesa.

Esto termina por demostrar lo que antes venía sosteniendo: no nos interesa y no lo conocemos ¿cómo esperamos cambiar con esas premisas el complicado panorama que vislumbramos? No quiero hablar si quiera del fenómeno de “carga montón” punitivo que acostumbramos.

Y es que nuestras autoridades piensan que subiendo penas o creando nuevos delitos van a menguar cualquier fenómeno social. Pueden existir penas muy altas o delitos cada vez más creativos, pero ¿quién creen que es el encargo de aplicar esas normas y sanciones?

Sobre la base de lo señalado anteriormente, que astutamente escuda al sistema de justicia bajo el manto de una perversa autonomía (entendida incluso como autarquía), es que puedo concluir válidamente que al sistema simplemente no le da la gana de reformarse.

¿Qué hacer entonces?

Lo primero, es empezar a aceptar la premisa antes señalada (que el sistema no tiene ningún incentivo para cambiar). Esto es reconocer que, valgan verdades, estamos en un serio problema.

Aun así, dicen que el primer paso es reconocerlo y ahí ya habremos ganado bastante. Pero mirar las cosas desde este punto de vista no implica caer en la fatalidad de señalar que el problema es irreversible y que, por tanto, ya no hay solución.

Mi propuesta involucra empezar a mirar soluciones “fuera de la caja”. Partiendo de que cualquier intervención “desde fuera” del sistema por parte de un Presidente de la República, podría ser tomada como dictatorial o inconstitucional, debemos entonces impulsar el concepto de competencia, tal vez el mejor incentivo para el cambio.

¿Cómo logramos que los casos no entren al flujo de la justicia tradicional? Esta es una primera pregunta válida. La respuesta nos llevará a que evitar que ya no caigamos en la “timba” de la justicia.

Se genera de esta manera un sistema paralelo que “compite” con el “tradicional” para quitarle “clientes” (usuarios, justiciables, personas) e intentar resolver de mejor manera sus incertidumbres legales.

Por ejemplo, llegar a conseguir que la conciliación deje de ser un mecanismo formal; un papelito que se firma a la loca para pasar, luego, y con desmedida agresividad al pleito que se traduce en el proceso judicial. Empezar a hablar de mediación, otro desafío importante, partiendo de la premisa de que, concretamente, no es lo mismo que conciliación.

Fomentar el arbitraje, el punto ahí es cómo logramos que sea más accesible a todos, porque diera la impresión de que solamente es un mecanismo VIP para justicia. Más preguntas relacionadas como, por ejemplo ¿qué hacemos con los líos penales para que dejen de depender del Estado? Fíjense todo el cúmulo de interrogantes y tareas pendientes que tenemos.

De esto se trata cuando hablo de competencia y de pensar “fuera de la caja”. El sistema no quiere hacerse cargo, tampoco quiere cambiar, entonces busquemos otra vía.

Cuando intento hablar de estos temas me encuentro siempre con la esperanza -algo ingenua, a mi parecer- de que el Estado es el gran y único salvador y dador de justicia. Se alega que cualquier otro mecanismo podría generar desigualdades (primando el poder económico, por ejemplo) o corrupción; falencias que, sin embargo, son plenamente identificables en el sistema actual peruano.

Es el Estado peruano no es, ni por asomo, un garante, ni dador, de justicia proba, predictible, rápida y segura. En todo caso, no pretendo destruir el sistema de justicia peruano (aunque confieso que a veces me diera ganas).

Lo que quiero promover es una vía alternativa para los que no confiamos, ni queremos resignarnos a que las cosas cambien por arte de magia ya que no hay incentivos ni muestras que nos lleven a pensar que eso va a pasar.

No podemos seguir postergando la solución más tiempo, nuestro país necesita soluciones. Fíjense no más en que frases se traduce el reclamo más común que se aprecia en todos los noticieros del país: “queremos que se haga justicia” “que alguien tome cartas en el asunto” “que no haya impunidad”, etcétera.

El Perú es un país que vive en constante reclamo de la justicia desde todas percepciones y nosotros seguimos dilatando o, tercamente, insistiendo en la misma solución.

6.

El estancamiento causado por el Covid-19, ha producido una parálisis total en el ya lento Poder Judicial. Todas las evidentes e importantes mejoras en capacitación, informatización, equipamiento e infraestructura así como nuevos procesos y tribunales, no ha impedido que una ciudadanía exacerbada pida precipitadamente, y por enésima vez, una reforma judicial.

En toda institución lo importante son las personas. Antes que los locales del juzgado, las computadoras, los procedimientos o la red informática, el juez es el primer elemento de un sistema judicial.

Para ese efecto, existe un perfil del juez. Para el maestro Fernández Sessarego, el juez ideal peruano debía de rescatar la honorabilidad de la función, entender las diferencias culturales, conocimiento de la naturaleza humana, sentido democrático y respeto a la dignidad de todas las personas.

Indicaba el maestro que no bastaban los conocimientos doctrinarios, sino que era necesaria la formación ética y el cultivo de valores comprometidos con su misión para conseguir un Poder Judicial justo, rápido y eficiente. Ese perfil es el que la Ley de Carrera Judicial del Perú exige bajo el rubro de capacitación, ética y probidad.

Una Escuela De JuecesPara El Perú Enrique Mendoza Ramírez

Obviamente, para ingresar a una carrera tan humanista y especial no son suficientes los exámenes de conocimientos o pruebas técnicas.

Haciendo un símil, es como si se quisiera seleccionar a sacerdotes solamente mediante exámenes de conocimientos teológicos. Lo esencial es la parte formativa a la que debe someterse el abogado que aspira a Juez. No bastan los cursos cortos de capacitación o de actualización. Sin formación continua e intensa en el tiempo, no esperemos ilusoriamente contar con jueces de calidad.

En el Perú, con la Constitución de 1993, se creó la Academia de la Magistratura, por lo que sería razonable preguntarnos: ¿Para qué duplicar recursos si ya tenemos una Academia con rango constitucional?

En efecto, la Academia de la Magistratura tiene a cargo la formación y capacitación de jueces y fiscales para su selección y ascenso. Cumple extensa y exitosamente con la capacitación de los jueces.

Sin embargo, en cuanto a la formación, si bien la Academia procura cumplir con el encargo constitucional organizando cursos para aspirantes a jueces (PROFA) por períodos cortos de algunos meses, estos esfuerzos resultan insuficientes para formar a un futuro Juez.

La forja de un futuro juez, evidentemente, exige mayor tiempo y dedicación. Requiere de una Escuela, bajo la administración de la misma Academia de la Magistratura, con un campus propio e instalaciones adecuadas (hasta con un internado como en República Dominicana) con los mejores docentes y magistrados expertos como tutores.

Esta tarea tan importante solamente podría cumplirse a través de una Escuela en todo el sentido de la palabra. Esta Escuela formaría parte del organigrama de la AMAG, como el caso de algunas facultades universitarias que tienen una Escuela en su interior.

Ellla servirá para formar a los futuros jueces, en un período suficiente para moldearlos, seleccionarlos e inculcarles los más altos valores éticos para el ejercicio de tan honorable función.

Solamente con una Escuela de Jueces podrá el país innovar la judicatura aprovechando nuestra rica diversidad cultural y socioeconómica, para buscar la excelencia y uniformidad en la formación de los magistrados con promociones de jueces acreditadamente probos y honestos, imbuidos en responsabilidad y devoción a su alturada tarea, dando un servicio de justicia, digno, rápido y eficiente.

7.

Las instituciones estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico y los organismos que actúan dentro del marco institucional son determinados en su estructura y evolución por dicho marco. (North, Douglass C., 1993).

Hemos querido iniciar este artículo con la definición planteada, en tanto estamos convencidos que las organizaciones gubernamentales, la estructura del estado, el espíritu de sus sistemas administrativos y la cultura organizacional, están muy influenciados por el marco institucional que hoy gobierna nuestras relaciones de interacción.

No quiero señalar desde cuándo ni a causa de qué – no podría hacerlo en un artículo tan pequeño -, pero hoy mas que nunca, estamos viviendo en un ambiente de desconfianza y descrédito, no sólo de representantes políticos, sino también de las organizaciones gubernamentales, sea por casos de corrupción, aprovechamiento indebido del cargo o ineficacia en sus funciones; hoy el estado se encuentra lejos de la población a la que se debe, ocasionando un círculo vicioso que sobre la base de la regla de la desconfianza, ha estructurado sus relaciones intra estatales, en el ámbito normativo como en el de las relaciones entre los propios funcionarios, que ha determinado un estado lento y sin respuestas eficaces a las necesidades de los ciudadanos.

El Duro Camino Hacia Un Cambio Institucional Positivo En El Estado PeruanoFrancisco Marcelo Tarquino Sandoval

Desde el punto de vista normativo, con un exceso de reglamentarismo que pretende regular todas las situaciones en un marco de responsabilidades administrativas que le quitan discrecionalidad a los funcionarios públicos al momento de resolver las situaciones propias de sus funciones y que por oro lado, exige de los ciudadanos no sólo un conocimiento especializado de varios procedimientos administrativos, sino también de trámites extensos para alcanzar lo que requiere del estado.

A manera de ejemplo, un proyecto de inversión pública, podría demorar desde su idea, cumpliendo paso a paso, hasta la culminación de su ejecución, un promedio de 3 a 4 años.

Si a eso le agregamos que un gobierno nacional tiene una duración de 5 años y los gobiernos regionales y locales 4 años (sin posibilidad de reelección), tenemos que existe una gran probabilidad de los gobernantes no inaugurarán sus ideas. Esta situación, no genera incentivos en los gobernantes por desarrollar proyectos de gran envergadura y limitarse a proyectos pequeños que pueda inaugura.

Para un país como el nuestro que requiere de grandes soluciones, el estado sólo nos ofrece mitigar problemas, pero no lo solucionarlos, alimentando también con esto a la deslegitimación de las autoridades.

En cuanto a las relaciones entre los propios funcionarios, se ha generado una cultura de la evasión de responsabilidad que llena los trámites de informes y actos innecesarios cuya finalidad, más que alcanzar la finalidad del procedimiento, es buscar la protección de cada uno de los funcionarios que actúan en el mismo.

Así, pocos toman la iniciativa y se pierde el foco en el ciudadano dirigiéndose éste en el cumplimiento de normativa que a la larga, terminará librando al funcionario de responsabilidades administrativas e incluso hasta penales.

Suma a esto el papel que juega la Contraloría y los órganos de control institucional dentro de las entidades, que más allá de evaluar la eficacia o eficiencia en el uso de los recursos de parte de los funcionarios del estado, se enfoca en el cumplimiento o no de la normativa aplicable. No interesa si el resultado se consiguió o no, lo importante es que se haya cumplido con ésta.

Adicionalmente, el accionar de un funcionario público está plagado de un cúmulo de “acompañamientos” a los que hay que rendir cuentas e informes; los órganos de control institucional con sus controles concurrentes y cada uno de los rectores de los sistemas administrativos, exigen de los funcionarios la atención necesaria a efectos de no caer en alertas que no sólo detendrían

los procedimientos, sino que su no atención lo llevaría a estar involucrado en situaciones en las que tendría que explicar sus actos en el contexto de un deslinde de responsabilidad. La labor es vasta sin duda, y las acciones que se deben realizar son muy amplias en el ámbito político, organizacional, normativo, etc.; pero en esta parte sólo quiero detenerme en lo que creo, el próximo régimen debe comenzar, esto es, la gestación de una nueva cultura organizacional en el sector público.

El punto de inicio es la creación de una carrera administrativa con base en el mérito y premio a la eficiencia. Lo que hasta ahora hemos tenido es el régimen CAS provisto de inestabilidad, diferencias remunerativas y precariedad en aspectos básicos que un régimen laboral debería brindar a cualquier servidor, como un adecuado régimen de aseguramiento en salud o condiciones de jubilación.

El último cambio en la legislación no ha considerado el mérito, más sí la antigüedad, atacando con ello tal vez el mayor valor que por consideraciones de mercado, había generado el régimen CAS, vale decir, la especialización, capacitación y trabajo constante. Hoy lo que tenemos es un régimen sin incentivos y tal vez dirigido al estancamiento remunerativo.

Entonces, se hace necesario un cambio en las estructuras del estado, desde el personal, sobre la base de la especialización y el mérito. Si pretendemos un cambio positivo en las instituciones, para que sea sostenible, debemos lograrlo desde las bases. En efecto, junto con los cambios normativos que la implementación de un cambio en la carrera pública exige – consolidando e implementando definitivamente lo ya iniciado por SERVIR –, o en la ejecución y desarrollo de los sistemas administrativos, la forma como los actores finales de este cambio institucional lo perciban, es fundamental para impactar el cambio.

No es sólo un cambio normativo que genere una carrera plagada de incentivos al mérito, sino la formación de una cultura de la eficiencia y la eficacia, que tiene que llevar a un cambio en la manera como el estado se relaciona con los ciudadanos.

Capacitación en habilidades blandas; programas de formación del perfil del servidor público; procesos de incorporación transparentes con base en perfil profesional y sobre todo personal; capacitación en especialización avanzada; línea de carrera meritocrática; remuneraciones competitivas; sistema de ascensos en base al mérito; sistema de incentivos por cumplimientos de objetivos individuales, de grupo e

institucionales; mejora en las condiciones laborales; y un adecuado sistema de control interno y externo que acompañe y que no se limite a sancionar el cumplimiento de la normativa sino sancione el cumplimiento de objetivos dentro de parámetros de eficiencia y transparencia; entre otros; son acciones que el próximo gobierno debe comenzar a implementar para buscar un cambio desde la entraña misma del sector público, para que el impulso del cambio venga desde adentro y así los cambios normativos que busquen una mayor velocidad, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, impacten verdaderamente y el estado se acerque al ciudadano con respuestas adecuadas y oportunas. Manos a la obra!

8.

La importancia de la minería para el Perú es incuestionable, representa según la evolución de los precios de los minerales entre el 10 y el 15% del PBI anual, alrededor del 60% de las exportaciones que permiten tener una balanza comercial balanceada y una tasa de cambio relativamente estable sin grandes efectos inflacionarios, aporta entre el 20 y 30% del impuesto a la renta que recauda el Estado fundamentalmente para financiar la inversión pública y del que el 50% va a las regiones mineras como canon.

Además genera unos 200 mil puestos de trabajo directo y mas de 1.5 millones de empleo indirecto.

El Perú es un país con ingente riqueza minera, es el segundo productor mundial de cobre y uno de los primeros en plata, zinc, plomo y oro, en la actualidad cuenta con una cartera de proyectos mineros cercana a los 60 mil millones de dólares que podrían en los próximos 5 años doblar su producción y su aporte al país en medio de la crisis que este atraviesa. Por ello es importante enfrentar los retos que la reactivación de la minería, fundamentalmente la inversión minera requiere.

Sin lugar a dudas el principal reto es vencer la oposición a los proyectos mineros que ha sido desarrollada durante los últimos 20 años por sectores ideologizados que suelen oponerse

La Minería en El Perú: Retos Mario Cedrón Lassús

a la inversión privada, ello implica un mayor involucramiento del Estado con la población en la promoción de la minería, el estado debe garantizar que la explotación minera se realice con los mas altos estándares operativos respetando el medio ambiente, la cultura y derechos de las poblaciones y que estas compartan el valor generado cerrando las brechas sociales y económicas actuales, teniendo mayor presencia y fomentando con las empresas el desarrollo sostenible generando oportunidades.

Ello lleva a una reformulación de la ley del canon minero y al establecimiento de mecanismos eficientes del uso de los recursos provenientes de la renta minera que por provenir de recursos naturales no renovables no puede ir a gasto corriente sino a inversión productiva como infraestructura de energía, agua y desague para todos, salud y educación con acceso a internet, riego y vías de acceso así como otras como ganadería, forestería, piscicultura, turismo, etc.

Se debe contar con mecanismos que permitan la trazabilidad del canon desde su generación , distribución y utilización con medición de los impactos obtenidos y darle visibilidad.

El segundo gran reto es la formalización de la minería artesanal que alcanza a casi medio millón de peruanos. Esto implica establecer procedimientos simples al alcance de este

importante sector cuyo potencial de desarrollo es inmenso, a la vez que se les brinda apoyo técnico, capacitación y un mercado justo y seguro para sus productos.

Un tercer gran reto es elevar la productividad del sector sobre todo a raíz de los cambios que la pandemia ha traído en la forma de operar.

Será necesario promover la digitalización y automatización de las minas, la transferencia tecnológica, la capacitación de los profesionales y técnicos que la manejen, evidentemente desde el sector privado principalmente pero con apoyo del Estado como por ej con la remoción de los factores que hoy inhiben la certificación de las competencias laborales.

Se necesitará una evaluación integral del impacto regulatorio que hoy retrasa la puesta en marcha de muchos proyectos, promover la incorporación de la mujer en las actividades mineras.

Un cuarto reto es la remediación de los pasivos mineros dejados por la minería del siglo pasado. Existen aún miles de estos que en parte han generado una mala imagen de la minería y siguen contaminando sin existir ya las empresas que los generaron, por lo que es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de remediarlos para lo cual se requiere establecer un fondo especial.

Esto a su vez genera oportunidades de inversión para el sector privado como las que se dan en otros países en los que los pasivos ambientales mineros son convertidos en activos ambientales como reservorios de agua y otros usos y los desechos mineros aprovechados como materiales de construcción bajo en concepto de economía circular.

Además deben establecerse mejores mecanismos de cierre de minas de manera que sean progresivos y garanticen que al final de la vida de una mina estos estén completamente implementados.

Un quinto reto es poner en valor los yacimientos sin trabajar, un 15% del territorio nacional está concesionado pero menos del 1% está siendo explotado habiendo numerosos casos de especulación.

Si el Estado otorga una concesión minera, es para que el concesionario invierta en explorar y si encuentra algo lo ponga en valor, no es para que busque hacer negocio con algo que es patrimonio de la nación solo en beneficio propio mediante venta o transferencia de derechos, lo que no es malo en tanto beneficie también al país pero generalmente no sucede así.

Debe establecerse un plazo prudencial para poner en producción un yacimiento o abandonarlo y que el denuncio minero

revierta al Estado y este pueda ofrecerlo al mejor postor que pueda cumplir con inversiones mínimas.

Un sexto reto es la reformulación de un Texto Único Ordenado (TUO) de la legislación minera que se ha multiplicado exponencialmente en los últimos 20 años simplificándolo, reduciendo la cantidad de autorizaciones que hoy es demandan así como el número de instituciones públicas que los requieren y exceden las 250.

El uso de la ventanilla única y la aprobación implícita por silencio administrativo permitiría agilizar trámites. esto a su vez implica un mejor desarrollo de las capacidades de gestión pública.

Un séptimo reto es pasar de productores de minerales a productores de conocimiento y tecnología minera, es decir aprovechar los eslabonamientos hacia atrás disponibles gracias al tamaño de la industria minera nacional con miras a la exportación de estos.

Además de establecer clusters mineros que generen maquinaria y tecnología minera nacionales, se debe promover la investigación y desarrollo e innovación en minería especialmente en las universidades a través de fondos concursable mas que asignación directa y permitiendo la alianza con otras instituciones públicas o privadas que no sean necesariamente de la región.

Ello a su vez permitiría mantener la competitividad de la minería peruana en costos y generar oportunidades de emprendimiento y empleo.

Un octavo reto es el reducir la huella de carbono en las operaciones mineras fomentando el uso de tecnologías limpias y energía renovable. Así mismo reducir la huella hídrica pasando de usuarios de agua a productores de agua mediante la construcción de reservorios que además presten servicio a las poblaciones dentro del concepto de minería verde o ecominería.

Un noveno reto es incorporar los conceptos de minería inteligente disminuyendo la presencia humana en el interior de las minas lo que eleva la seguridad y también la productividad mediante la digitalización y la automatización. El trabajo virtual a distancia se volverá el estándar y traerá cambios en la legislación laboral.

Un décimo reto consiste en mejora la operatividad del sistema de control tributario de la minería. Ciertamente esta tiene una presión del 48% que está algo por encima del promedio para países mineros, pero existen posibilidades de mejora en la fiscalización de la valoración de concentrados, devolución del IGV y detección de prácticas elusivas.

Es así que con políticas públicas claras y efectivas, el Estado podría en los próximos 5

años aprovechar el potencial minero del Perú como plataforma para el desarrollo sostenible, especialmente considerando que se viene un nuevo ciclo de bonanza en el precio de los minerales.

La implementación de estas políticas debe ser liderada sin lugar a dudas por el ministerio de Energía y Minas que asegure que la actividad minera en todas sus modalidades se realice conforme a la ley, con pleno respeto al medio ambiente y a los derechos de todos los ciudadanos y en beneficio del país gracias a la iniciativa privada.

La importancia de la minería para el Perú es incuestionable, representa según la evolución de los precios de los minerales entre el 10 y el 15% del PBI anual, alrededor del 60% de las exportaciones que permiten tener una balanza comercial balanceada y una tasa de cambio relativamente estable sin grandes efectos inflacionarios, aporta entre el 20 y 30% del impuesto a la renta que recauda el Estado fundamentalmente para financiar la inversión pública y del que el 50% va a las regiones mineras como canon.

Además genera unos 200 mil puestos de trabajo directo y mas de 1.5 millones de empleo indirecto.

El Perú es un país con ingente riqueza minera, es el segundo productor mundial de

cobre y uno de los primeros en plata, zinc, plomo y oro, en la actualidad cuenta con una cartera de proyectos mineros cercana a los 60 mil millones de dólares que podrían en los próximos 5 años doblar su producción y su aporte al país en medio de la crisis que este atraviesa.

Por ello es importante enfrentar los retos que la reactivación de la minería, fundamentalmente la inversión minera requiere.

Sin lugar a dudas el principal reto es vencer la oposición a los proyectos mineros que ha sido desarrollada durante los últimos 20 años por sectores ideologizados que suelen oponerse a la inversión privada, ello implica un mayor involucramiento del Estado con la población en la promoción de la minería, el estado debe garantizar que la explotación minera se realice con los mas altos estándares operativos respetando el medio ambiente, la cultura y derechos de las poblaciones y que estas compartan el valor generado cerrando las brechas sociales y económicas actuales, teniendo mayor presencia y fomentando con las empresas el desarrollo sostenible generando oportunidades.

Ello lleva a una reformulación de la ley del canon minero y al establecimiento de mecanismos eficientes del uso de los recursos provenientes de la renta minera que por provenir de recursos naturales no

renovables no puede ir a gasto corriente sino a inversión productiva como infraestructura de energía, agua y desague para todos, salud y educación con acceso a internet, riego y vías de acceso así como otras como ganadería, forestería, piscicultura, turismo, etc.

Se debe contar con mecanismos que permitan la trazabilidad del canon desde su generación , distribución y utilización con medición de los impactos obtenidos y darle visibilidad.

El segundo gran reto es la formalización de la minería artesanal que alcanza a casi medio millón de peruanos. Esto implica establecer procedimientos simples al alcance de este importante sector cuyo potencial de desarrollo es inmenso, a la vez que se les brinda apoyo técnico, capacitación y un mercado justo y seguro para sus productos.

Un tercer gran reto es elevar la productividad del sector sobre todo a raíz de los cambios que la pandemia ha traído en la forma de operar.

Será necesario promover la digitalización y automatización de las minas, la transferencia tecnológica, la capacitación de los profesionales y técnicos que la manejen, evidentemente desde el sector privado principalmente pero con apoyo del Estado como por ej con la remoción de los factores

que hoy inhiben la certificación de las competencias laborales. Se necesitará una evaluación integral del impacto regulatorio que hoy retrasa la puesta en marcha de muchos proyectos, promover la incorporación de la mujer en las actividades mineras.

Un cuarto reto es la remediación de los pasivos mineros dejados por la minería del siglo pasado. Existen aún miles de estos que en parte han generado una mala imagen de la minería y siguen contaminando sin existir ya las empresas que los generaron, por lo que es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de remediarlos para lo cual se requiere establecer un fondo especial.

Esto a su vez genera oportunidades de inversión para el sector privado como las que se dan en otros países en los que los pasivos ambientales mineros son convertidos en activos ambientales como reservorios de agua y otros usos y los desechos mineros aprovechados como materiales de construcción bajo en concepto de economía circular.

Además deben establecerse mejores mecanismos de cierre de minas de manera que sean progresivos y garanticen que al final de la vida de una mina estos estén completamente implementados.

Un quinto reto es poner en valor los yacimientos sin trabajar, un 15% del territorio nacional está concesionado pero menos del 1% está siendo explotado habiendo numerosos casos de especulación.

Si el Estado otorga una concesión minera, es para que el concesionario invierta en explorar y si encuentra algo lo ponga en valor, no es para que busque hacer negocio con algo que es patrimonio de la nación solo en beneficio propio mediante venta o transferencia de derechos, lo que no es malo en tanto beneficie también al país pero generalmente no sucede así.

Debe establecerse un plazo prudencial para poner en producción un yacimiento o abandonarlo y que el denuncio minero revierta al Estado y este pueda ofrecerlo al mejor postor que pueda cumplir con inversiones mínimas.

Un sexto reto es la reformulación de un Texto Único Ordenado (TUO) de la legislación minera que se ha multiplicado exponencialmente en los últimos 20 años simplificándolo, reduciendo la cantidad de autorizaciones que hoy es demandan así como el número de instituciones públicas que los requieren y exceden las 250.

El uso de la ventanilla única y la aprobación implícita por silencio administrativo

permitiría agilizar trámites. esto a su vez implica un mejor desarrollo de las capacidades de gestión pública.

Un séptimo reto es pasar de productores de minerales a productores de conocimiento y tecnología minera, es decir aprovechar los eslabonamientos hacia atrás disponibles gracias al tamaño de la industria minera nacional con miras a la exportación de estos. Además de establecer clusters mineros que generen maquinaria y tecnología minera nacionales, se debe promover la investigación y desarrollo e innovación en minería especialmente en las universidades a través de fondos concursable mas que asignación directa y permitiendo la alianza con otras instituciones públicas o privadas que no sean necesariamente de la región.

Ello a su vez permitiría mantener la competitividad de la minería peruana en costos y generar oportunidades de emprendimiento y empleo.

Un octavo reto es el reducir la huella de carbono en las operaciones mineras fomentando el uso de tecnologías limpias y energía renovable. Así mismo reducir la huella hídrica pasando de usuarios de agua a productores de agua mediante la construcción de reservorios que además presten servicio a las poblaciones dentro del concepto de minería verde o ecominería.

Un noveno reto es incorporar los conceptos de minería inteligente disminuyendo la presencia humana en el interior de las minas lo que eleva la seguridad y también la productividad mediante la digitalización y la automatización. El trabajo virtual a distancia se volverá el estándar y traerá cambios en la legislación laboral.

Un décimo reto consiste en mejora la operatividad del sistema de control tributario de la minería. Ciertamente esta tiene una presión del 48% que está algo por encima del promedio para países mineros, pero existen posibilidades de mejora en la fiscalización de la valoración de concentrados, devolución del IGV y detección de prácticas elusivas.

Es así que con políticas públicas claras y efectivas, el Estado podría en los próximos 5 años aprovechar el potencial minero del Perú como plataforma para el desarrollo sostenible, especialmente considerando que se viene un nuevo ciclo de bonanza en el precio de los minerales.

La implementación de estas políticas debe ser liderada sin lugar a dudas por el ministerio de Energía y Minas que asegure que la actividad minera en todas sus modalidades se realice conforme a la ley, con pleno respeto al medio ambiente y a los derechos de todos los ciudadanos y en beneficio del país gracias a la iniciativa privada.

9.

“Los desafíos y la agenda” de las pequeñas y medianas empresas dista mucho según el contexto de la ciudad, territorio, país, región, e inclusive, hemisferio. Si un país reconoce a la PYME como un eslabón clave y fundamental dentro de su modelo de desarrollo, entonces se evidenciarán políticas específicas, sistemas productivos, infraestructura y servicios públicos que propicien el llamado “Entorno de Negocios” califique como competitivo y permita crear y desarrollar empresa.

En el Perú, el escenario es estático, es decir, se mantienen muchos elementos enunciados que son necesarios para el desarrollo PYME sin ser atendidos o priorizados en la agenda de sus gobernantes, adoleciendo de los más

gravitante, que es justamente el reconocimiento de eslabón clave y fundamental que enunciamos, y que condiciona las mejoras de innumerables familias y las distintas sociedades que componen el país.

Por ejemplo, en Alemania, definió como un eje central de su desarrollo económico, a la pequeña y mediana empresa, tanto así que la integración de global de éstas, se encuentran alrededor del 70% del total de empresas exportadoras, pese a tener un considerable número de empresas transnacionales y grandes exportadoras.

Las aproximadamente 3,000 medianas

Desafíos y Futuro de la Pequeña y Mediana Empresa-pymeJorge Caycho Celle

empresas alemanas, conocidas como Mittelstand, cuentan con facturaciones de exportación envidiables para cualquier PYME de América Latina, todas por encima de US$150 millones las más precarias, hasta los US$1,500 millones, y con una diversificación de mercados de no menos de 16 países de destino cada empresa; según cita recientemente DELOITTE. ¿La razón?, se tratan de empresas altamente especializadas, tecnológicamente sofisticadas con productos de alta calidad; y ello se basa en un entorno favorable y promotor de ciencia, tecnología, acceso al crédito, servicios de conectividad de primer nivel, educación y formación técnica envidiable, es decir, el Estado Alemán, invierte en ser un agente de soporte al sector productivo nacional.

Algunas industrias de las medianas empresas alemanas son, por ejemplo, producción de maquinarias avanzadas, autopartes, productos químicos, y equipos eléctricos automatizados; es decir, vinculadas a industrias como la automovilística donde grandes empresas transnacionales se convierten en actores de desarrollo del país en su conjunto.

Sucede que el modelo económico alemán en materia de industria, tiene elementos más orgánicos, focalizados, desafiantes, globales e inclusivas, por citar algunas diferencias con América Latina y el Perú. Por ejemplo, las

vocaciones de negocios a largo duración, van de la mano con las relacionadas a la hiper-especialización e innovación permanente, por lo cual el enfoque global de I+D, suministros, desarrollo, tendencias y clientes es fundamental. En lo que sí coinciden con empresas latinas, siempre en términos generales por supuesto, es en la empresa familiar, por lo que para los germanos es obligatorio estudiar, perfeccionarse y especializarse tanto en la gestión de la empresa como en producción.

Adicionalmente, la cultura empresarial apunta a ser una mediana empresa y no una pequeña empresa, esa ambición es relevante para comprender la cultura de la excelencia, mejora continua y comprensión de las necesidades de crecer más y más para mantener la inversión de I+D, así como en diversificación de su oferta. Como referencia, a nivel país, Alemania invierte un 2,94% del PIB en I+D, por encima de la media europea, situada en 2,03%.

Según los expertos cuestionados en reciente estudio de DELOITTE de marzo 2021, a cerca de la Inteligencia Artificial en el sector de medianas empresas germanas, la clave está en el “juego en equipo entre hombre y máquina”, como elemento central de interés y hasta preocupación debido a la estructura familiar, en vista que la automatización de procesos se menciona con un 77%, seguida

del uso eficiente de los datos con 72%, y la aceleración de los procesos con 66%.

¿Cómo ven las Medianas empresas alemanas a la Inteligencia Artificial? Las prioridades de las empresas con alto grado de madurez digital arrojan un 100% de alta relevancia de la IA para los tres (3) elementos centrales ya mencionados (procesos y datos); y un 86% de empresas para el desarrollo de modelos comerciales.

En nuestro continente, Estados Unidos es el país desarrollado y referente por excelencia para Centro y Sudamérica. El tamaño del país es un enorme desafío de cobertura de presencia del Estado y de alcance de servicios y condiciones de competitividad ya mencionadas pero necesarias de recordar: políticas específicas, sistemas productivos, infraestructura y servicios públicos; que propicien el llamado “Entorno de Negocios”. Si bien es el país más desarrollado del mundo, las condiciones de competitividad dependen de cada territorio y, para la PYME es particularmente relevante ubicarse en entornos favorables.

A diferencia del modelo alemán, el enfoque anglosajón tiene connotaciones distintas, fuertemente con sesgo capitalista (una cuota de individualismo y no trabajo familiar o en equipo) aunque sin descuidar la especialización e innovación permanente, la I+D, las tendencias, clientes y economía de

escala. Del mismo modo, el enfoque gubernamental suele basarse desde la pequeña empresa y menos hacia la mediana empresa, sin pretender descuidarla; quizás explicado por la enorme población que alberga el país (1 de cada 7 personas no tiene empleo al 2020).

En vista de la percepción capitalista del gobierno norteamericano, a partir del 2021, a medida que se implementan los recientes programas, como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), se espera elevar de 68% a 80% de PYMEs rentables. Un dato no menor es que casi el 20% de nuevas pequeñas empresas “nacieron” durante la pandemia, similar proporción de empresas que no tienen más de 3 años de vigencia. Esta radiografía de la composición PYME de EEUU evidencia no solo la importancia del sector sino, por sobre todo, la cultura de emprendimiento y vocación hacia los negocios.

Finalmente, de acuerdo a un reciente estudio de Guidant Financial este 2021, el 27% de la pequeña empresa invertirá en infraestructura de TI, mientras que el 22% invertirá en servicios comerciales, como el uso de un tercero o software para ayudarlos a administrar la nómina, la contabilidad o la administración de inventario; el 55% invertirá paulatinamente en marketing digital y

mantendrán un 30% en marketing tradicional.

La PYME en México tiene una falla estructural enorme, la cual contrasta con el modelo germano, y es que el 95% de las empresas no forman parte de cadenas globales, en su mayoría, por falta de información, y muy probablemente, por capacidades de gestión limitadas. Cuando la PYME se vincula a una cadena de valor, abre una etapa de crecimiento en la que la mejora continua y la innovación, son muy valoradas.

Como referencia, según cifras recientes del Banco de México, el acceso a capital de trabajo y la estrategia financiera son debilidades muy marcadas en la PYME mexicana, señalan que 9 de cada 10 créditos a los que acceden no superan los US$125,000 lo cual demuestra lo reducido del acceso al crédito, así como las limitaciones para aplicar a ello, como capacidades insuficientes y escasa inversión. En resumen, son más micro y pequeñas empresas las que forman la estructura productiva mexicana.

Para un tamaño de empresa de baja facturación, las condiciones de competitividad afectan enormemente sus posibilidades de crecimiento. Siendo México un país extenso y complejo, el rol del Estado, su presencia y cobertura de servicios e infraestructura productiva, es crítico.

Es por ello que para las pocas empresas que pueden sortear ese “Entorno de Negocios adverso”, optan por la exportación y búsqueda de mejores rendimientos de sus esfuerzos, pero en conjunto, termina siendo un sector excluyente al no estar presente en la política de desarrollo económico ni ser eje fundamental.

Uno de los mayores desafíos de la PYME en Colombia son las condiciones de competitividad, en vista que, pese a los esfuerzos del Estado en los últimos 20 años en reducir brechas de infraestructura, conectividad, y simplificación administrativa, el universo PYME es enorme significando el 90% del total de empresas del país, pero aportando apenas el 30% de PBI, según cifras de la Asociación de Pymes, Micro empresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico-APPCE.

Como referencia, el “Entorno de Negocios” ha desmejorado antes de la pandemia perdiendo dos posiciones en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, mostrándose en el puesto 67.

Como un síntoma de reacción de los gobiernos que no han priorizado a la PYME como eje de su desarrollo, se crean programas de soporte que ayudan a paliar o reducir brechas a empresas que sean capaces de aplicar certificaciones o proyectos específicos con ayuda presupuestal.

Es por ello que para las pocas empresas que pueden sortear ese “Entorno de Negocios adverso”, optan por la exportación y búsqueda de mejores rendimientos de sus esfuerzos, pero en conjunto, termina siendo un sector excluyente al no estar presente en la política de desarrollo económico ni ser eje fundamental.

Uno de los mayores desafíos de la PYME en Colombia son las condiciones de competitividad, en vista que, pese a los esfuerzos del Estado en los últimos 20 años en reducir brechas de infraestructura, conectividad, y simplificación administrativa, el universo PYME es enorme significando el 90% del total de empresas del país, pero aportando apenas el 30% de PBI, según cifras de la Asociación de Pymes, Micro empresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico-APPCE.

Como referencia, el “Entorno de Negocios” ha desmejorado antes de la pandemia perdiendo dos posiciones en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, mostrándose en el puesto 67.

Como un síntoma de reacción de los gobiernos que no han priorizado a la PYME como eje de su desarrollo, se crean programas de soporte que ayudan a paliar o reducir brechas a empresas que sean capaces de aplicar certificaciones o proyectos específicos con ayuda presupuestal.

En Colombia, uno de los desafíos es acreditar la calidad del producto y de la empresa, pues solo 4 de cada 10 empresas cuentan con algún tipo de certificación. Y es que el 70% de la PYME considera que la falta de estas certificaciones les ha impedido exportar o aumentar sus exportaciones, curiosamente, percepción similar a las empresas mexicanas que procuran o desean exportar para mejorar sus ingresos, subsistir y crecer.

Como lo mencionamos, la PYME en Perú se desenvuelve en un “Entorno de Negocios” que ha venido retrocediendo de poco favorable a desfavorable antes de la pandemia, mostrando por ejemplo deficiencias graves en apertura de negocios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, acceso a electricidad, cumplimiento de contratos o resolución de insolvencias; en resumen, en los último 10 años retrocedió ocho (8) posiciones del ranking mundial del Doing Business del Banco Mundial, registrando en promedio a 75 países delante nuestro que son más propicios para hacer negocios.

La no priorización de la política de desarrollo económico y un modelo centrado en la PYME como el caso alemán, las malas condiciones de acceso a recursos financieros a costos promedio de la región, la descapitalización de las familias y PYME, las limitaciones de infraestructura, conectividad, sistemas productivos y servicios públicos limitan fuertemente la subsistencia y crecimiento.

Como sucede en Colombia, si bien existen programas que promueven las certificaciones y proyectos específicos con ayuda presupuestal, la subsistencia y crecimiento de la PYME se centra en la elusión tributaria, reducción de costos y baja renovación de bienes de capital.

No obstante, la pandemia forzó a mucha PYME a reinventarse, proceso que no ha concluido, la transformación de los modelos de negocios incluyen ahora elementos modernos del uso de herramientas digitales.

Sin embargo, las cadenas globales permitirán integrar a la PYME, tal y como ha sucedido en dos décadas, por lo que la tecnificación e inversión focalizada en sectores como el agro, la agroindustria, las confecciones, la minería, la pesca, el comercio y servicios.

El destino de la PYME en el Perú depende más de sus propias fortalezas y capacidades, que del entorno y del Estado conservador y distraído con agendas de coyuntura y no de estructura.

Nuestra riqueza salta a la luz a partir de nuestras características geográficas, geológicas, climáticas y morfológicas. Contamos con 84 de las 117 zonas de vida “microclimas”, cuna de grandes culturas como la Inca, Paracas, Nasca, Wari, Moche, Chimú; contamos con la ciudad más antigua de América "Caral", con más de 5000 años, es decir 3 mil años antes de Cristo.

La Civilización Caral se originó en el continente americano casi en simultáneo con las del viejo mundo: Mesopotamia, Egipto, India y China.

Somos el octavo país con más agua dulce del Mundo, Mar de aguas frías que produce

enorme riqueza ictiológica hacia el centro y sur del país y mar de aguas calientes esporádicas en el norte del país, esta combinación perfecta evita huracanes y ciclones. Contamos con tres regiones naturales (costa, sierra y selva), 4 400 plantas nativas, 30 millones de Hectáreas de Bosques y mucho más.

Sin embargo, por décadas, los peruanos hemos aceptado informes sobre crecimiento, promesas de políticos, regalitos a través de los más de 10 programas sociales (donde muchas veces el 80% se esfuma en gastos administrativos y corrupción), desde luego , hay muchos cómplices (políticos, funcionarios, empresarios, dueños de medios

Perú: Requiere de un Gobierno IncluyenteRómulo Fernández Medina

de comunicación) haciéndonos creer que estamos de mil maravillas y claro se reflejaba con un crecimiento en promedio a 6.1% anual, muy pegada al crecimiento de la economía china, con una declinación entre el 2014 y 2018, a una media del 3,2%, sustentada a la caída de los precios de las materias primas “minería”, sin querer escucharnos cunado señalábamos, que este crecimiento está beneficiando a unos pocos peruanos. Por presentar nuestra posición, muchas veces, hemos sido vetados.

Desde el 2020 a raíz del COVID-19, se ha desnudado y puesto en evidencia nuestra cruda realidad, sobre la ineficiencia de la descentralización, un estrado dividido e incapaz de concertar entre el ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales, locales y la sociedad civil organizada.

Hoy hablamos de una caída en la producción de más del 11%, la carencia de la infraestructura, logística y soporte profesional de la salud deficiente, con mas de 5 millones de peruanos desconectados, mas 700 alumnos que abandonan sus clases en su mayoría por la falta de conectividad al internet y en otros casos por la falta de docentes adiestrados con el uso de las tecnologías, sumado a la contracción de los mercados, sobre el cual derivan precisar propuestas los virtuales congresistas y candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral de cara a la elección presidencial.

El INEI da cuenta que en el 2020 más de 370 mil niñas, niños y adolescentes se vieron forzados a abandonar sus estudios.

El programa “Aprendo en casa” no llego a estos niños principalmente por las desigualdades que aún existen en nuestro país, entre los que podemos señalar están la falta de dispositivos tecnológicos, conexión a Internet, e incluso la baja economía familiar.En el ámbito regional, Loreto pasó a liderar la lista de regiones en donde se registró un mayor número de estudiantes sin acceso (79 786), seguido por Ucayali (53 292), San Martín (31 092), Cajamarca (21 185) y La Libertad (17 401).

La educación en lo que va este 2021 , según el Ministerio de Educación solo el 15.9% de colegios del país están habilitados para albergar clases presenciales. Eso significa un total de 17.778 escuelas en las zonas rurales y distritos que registran menor movilidad estudiantil.

Frente a estas preocupaciones sobre la salud, la educación esta la REACTIVACION ECONOMICA, sobre el cual, sin duda, esta distante del entendimiento real. Los políticos antes y hoy por lo general se dedicar a hablar de la corrupción, la inseguridad, nueva constitución y sobre el COVID-19 (vacunas) y algunos con ligereza ofreciendo más programas sociales ¿de dónde va salir el dinero?

Conocedores de nuestra realidad a lo largo y ancho de nuestro país, con profunda preocupación y responsabilidad de ciudadanos y como institución CONPYME INTERNACIONAL, consideramos que ningún gobierno le ha prestado la debida importancia a un sector relevante, principal soporte de la paz social y la economía del país (MIPYMES 99.5% del tejido empresarial con Ruc ), de las cuales el 95% corresponde a la micro empresas, 4,3% Pequeña y el 0.2% a la Mediana empresa, a ello debemos considerar a los más de 7 millones de emprendedores autoempleados.

Al respecto, las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la Republica en algunos casos ni los mencionan.

Al respecto, por nuestra parte hemos alcanzado la propuesta definida como Plan “RETO 2021-2030”, de las cuales paso a señalar parte de los ejes en la que se soporta en mencionado plan:

Descentralización

Atención especial a más del 99% de MYPES (sector que aporta +86% de la PEA y +60% al PBI) con principal énfasis en las más de 2 millones de MYPES agrarias y sus más de 4 millones de trabajadores. Poner en valor el desarrollo económico local, regional “corredores económicos”, “zonas francas” y “economía verde”, con las cuales se garantiza

el desarrollo sostenible. Beneficio directo a sus pobladores.

Formalización

Esto comprende a partir de facilitar la competitividad de las más de 2 millones de empresas con Ruc y el impulso de un programa para los más de 7 millones de informales.

Entre los programas esta “formalizándote ganas tu gana el Perú, incluye el mono tributo para micro empresas”, Ventanilla única online, Sinceramiento tributario y sinceramiento financiero.

Productividad y Competitividad

Establecer una nueva matriz productiva “prospección geográfica y sectorial” y con establecer Polígonos industriales, cadenas productivas agrícolas especializadas, Clústeres, centros científicos y tecnológicos I+D+I, a partir de fortalecer los CITES y la puesta en marcha de las escuelas técnicas rurales ETR.

Esta ETR será centros de información, asistencia técnica para la producción y gestión; además para la capacitación especializada.

Prospección y Desarrollo de Mercados

Las dificultades para el acceso a los mercados a nuestras MYPES agropecuarias, manufactureras y de servicios, sumado a la engorrosa tramitología para su formalización, los sobre costos y poco interés de las 2620 entidades estatales de adquirir producto peruano vía las MYPES.

Para muestra un botón “2018 el estado en general contrata por 46 726,7 millones de soles con solo la intervención 25,316 proveedores, el 2019 contratan por 41,378,2 con la intervención de 24 722 proveedores”, en las que sin duda participaron los cuellos blancos, el club de la construcción, etc., mientras a las MYPES se les entretiene con el programita “Compras MYPERU” solo para los sectores confecciones, calzado, muebles y metalmecánica.

Por otro lado, a falta de transparencia en las contrataciones y compras estatales, el acompañamiento para la identificación de nuevos mercados y la falta de un plan de internacionalización con intervención directa de las MYPES, dando lugar, a ser los mayores beneficiarios los intermediarios, entre ellos quienes por más de 16 años operaron con la ley 27360 (+2300 empresas agroexportadoras), las mismas que se beneficiaron con más de 3 mil millones de soles por concepto de renta.

Educación y Tecnología

Urge el impulso de la la cultura emprendedora, empresarial y financiera con aplicación tecnológica “digitalización” industria y agricultura 4.0 (trazabilidad), Fintech, e-comerce, ciberseguridad, inteligencia artificial, entre otros.

Financiamiento

Las MYPES en el Perú, más del 90% no bancarizan sus actividades, según fuentes de la Superintendencia de Banca y Seguros en el 2019 solo bancarizaron el 6,3% de las MYPES y eso ha llevado a recurrir por créditos a algunas Cajas Municipales, Edpymes, Bancos con tasas altas de interés , el algunos casos llegando a más del 200% y en promedio de 70 a 75%, convirtiéndose en un factor que contribuye a la informalidad e incrementa la carga procesa judicial, etc.

Institucionalidad y Gobernanza

Por décadas venimos señalando, que el estado peruano anda de espaldas a la realidad nacional, crece el centralismo y con ello el abandono de tierras. Hay más de 5 millones de personas con dificultades por la falta de accesos en caminos, carreteras, puertos, acceso a las comunicaciones como telefonía e internet. Observamos como crece

el centralismo, basta mirar los indicadores del INE 2019 donde señala que la población Urbana cuenta con 25 808.3 millones de habitantes (79%) y en la zona rural con 6 687 (21%).

Entre las debilidades más notorias, resalta la capacidad de gobernanza, la carencia de planificación con objetivos comunes acorde a las necesidades de las poblaciones; que la planificación vaya más allá de un gobierno “urge políticas de estado”.

El modelo a seguir, pasa por establecer y/o fortalecer las Mesas de Trabajo Público Privado con énfasis en los corredores económicos sostenibles, para o cual se requiere del gobierno central (MIDAGRI – MINAM – PRODUCE – MRE – MINCUL), los 196 alcaldes provinciales, 1,678 distritales y de sus 2,658 alcaldes de los centros poblados; la academia, la sociedad civil organizada a partir de las comunidades campesinas y nativas, cooperativas, asociaciones, iglesia, ongd´s, entre otros.

Por otro lado, urge desburocratizar el estado y para el caso específico de las MIPYMES donde tenemos un Vice Ministerio MYPES e Industrias con 19 Direcciones según el Decreto Supremo 2017-Produce, cuyos resultados son deficientes en comparación a la magnitud del sector.

En este punto proponemos la creación de una Secretaria Ejecutiva integrada por representantes del estado la academia y el sector privado con dependencia directa de la PCM, por ser un órgano trasversal y operativo.

11.

A un año de haberse decretado el estado de emergencia en el Perú, nuestro país se ubica entre los países más afectados de la región y el mundo, además está sumido en una profunda crisis económica e institucional y en el aspecto político, se vive una completa incertidumbre y preocupación sobre todo en el sector privado por los resultados de las elecciones generales de 1era vuelta y que pone 2 opciones presidenciales con propuestas diametralmente distintas, que definirá a un solo ganador en las elecciones para junio próximo. Como muchos conocemos el TURISMO es una de las actividades más golpeadas por la pandemia de la COVID-19.

La imposibilidad de realizar viajes nacionales e internacionales durante buena parte del confinamiento no solo en el Perú, sino en el mundo, ha hecho que la visita a los atractivos turísticos sea nula, en una primera etapa, y baja mientras se reactiva la economía.

De acuerdo con los datos del presentados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en el 2019 llegaron al Perú 4.37 millones de turistas extranjeros, en el 2020 por la pandemia cayó a tan solo alrededor de 900,000.

Asimismo, en 2019 se tuvo un ingreso de divisas por turismo receptivo de 4,784 millones de dólares, en el 2020 se redujo a tan solo 977 millones de dólares

Turismo en el Perú: Situación, Reactivación y Estrategias en el 2023Milca Vásquez Mamani

En cuanto al turismo interno movilizó 48.6 millones de viajes en el 2019, en el 2020 cayó a 14.7 millones. Cabe señalar que, el ingreso por turismo interno ascendió a 5,656 millones de dólares en 2019, en 2020 cayó a 1,589 millones de dólares.

Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, a casi un año del confinamiento por la pandemia, el sector turístico reporta pérdidas de más del 70% a nivel nacional.

Como se puede observar nuestro país tiene un gran reto de aplacar la complicada situación que viven, desde hace más de 1 año, las empresas turísticas y sus trabajadores, es importante resaltar el gran esfuerzo que realizan los prestadores de servicios turísticos y artesanos para sostener sus negocios en la actualidad.

Es lógico entender los reclamos del Sector privado de exigir medidas de salvaguarda inmediatas para la actividad turística.

Mientras tanto el MINCETUR hace unas semanas publico la “Estrategia Nacional para la Reactivación del Sector Turismo 2021-2023”, donde incorpora los aportes y necesidades del sector privado, tanto a escala nacional como regional y que establece medidas para la reactivación económica, preservación y desarrollo sostenible del sector, en el marco de la declaratoria de emergencia nacional

por el covid-19 y en cumplimiento con la Ley N° 31103 aprobada por el Congreso de la República en diciembre del año pasado.

Este plan tiene 3 objetivos específicos: Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles, posicionar al Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros y por ultimo mejorar el nivel de competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación pública – privada.

En cuanto a Desarrollar y consolidar los destinos sostenibles se basan en las siguientes estrategias:

Fortalecimiento de la oferta turística en los destinos de acuerdo a su nivel de madurez.

Fortalecimiento de las capacidades del sector público y privado de turismo de los destinos.

Promover el desarrollo de una oferta artesanal innovadora, competitiva y que responda a las exigencias del mercado.

Fortalecer la seguridad turística en los destinos..

Las estrategias siguientes se relacionan con el objetivo de posicionar al Perú como destino con productos turísticos de primer nivel y seguros:

Promocionar el turismo receptivo fortaleciendo la imagen del destino Perú en el exterior.

Promocionar el turismo interno implementando metodologías I+D+i con énfasis en seguridad y accesibilidad.

Promover la prestación del servicio turístico con altos estándares de calidad.

En cuanto al objetivo de Mejorar la competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación pública-privada se establecieron las siguientes estrategias:

Promover y articular iniciativas que faciliten el desarrollo del sector turismo.

Fomentar políticas que incidan en la mejora de la competitividad turística

Fomentar la reactivación e innovación empresarial descentralizada, a través de programas focalizados

Los retos que vamos a enfrentar como país para reactivar el turismo principalmente será contar con destinos bioseguros y con servicios preparados para garantizar una experiencia segura y con una oferta acorde a la nueva normalidad, para eso debemos:

Recuperar la confianza del turista nacional e internacional de manera progresiva.

Fortalecer la competitividad turística a través del reconocimiento de los Destinos bioseguros.

Innovar la oferta turística y artesanal acorde a las nuevas expectativas del nuevo turista y a la nueva normalidadReducir la brecha de infraestructura turística publica.

Recuperar sostenidamente el flujo turístico, el gasto y el empleo.

Tomando en cuenta la “Estrategia Nacional para la Reactivación del Sector Turismo 2021-2023” han planteado las siguientes metas al 2021.

TURISMO RECEPTIVO

Reactivación del turismo receptivo a 1 millón de turistas extranjeros, con un crecimiento estimado de 12,7% en llegadas de turistas internacionales.

Recuperación del ingreso en divisas a US$ 1,098 millones, con un crecimiento estimado del 12,4% respecto al año 2020.

TURISMO INTERNO

Reactivación del turismo interno con un total de 19,6 millones de viajes, y un crecimiento estimado del 36,3% respecto al año 2020.

Generar un movimiento económico de US$ 2,351 millones como resultado de las campañas y acciones en turismo interno en las 25 regiones.

Mejorar el empleo turístico en 19,6% con respecto al 2020, lo que sumarían un total de 833,000 puestos de trabajo.

Como parte del sector privado debemos manifestar la preocupación que genera la omisión de variables exógenas tan relevantes como apertura de fronteras internacionales y nacionales debido a las cuarentenas, la compra de vacunas y planificación de las campañas de vacunación que no toman en

la reactivación económica de las regiones que dependen del turismo, el comportamiento de la pandemia covid19 en cada región (cuarentenas focalizadas y restricciones), amenaza de una próxima 3era ola de contagios, entre otras.

Esas condiciones hacen muy variable la ejecución de un plan y no asegura que las metas y resultados sean alcanzados.

Por tal motivo, se hace necesario proponer y articular mejor con la aplicación de estrategias nacionales respecto a la PANDEMIA COVID19 y que estén relacionadas con el fortalecimiento de la atención primaria de salud, mayor compra de vacunas y campañas de vacunación más intensivas, apertura gradual de las fronteras, entre otras.

El impacto de la pandemia del Covid-19 ha causado una tragedia en nuestro país, ha generado una crisis sanitaria sin precedentes, y todavía no tiene fecha de caducidad hasta que lleguen las vacunas y se pueda vacunar a nuestra población, simultáneamente a causado una crisis económica donde los indicadores macroeconómicos han retrocedido casi una década de esfuerzo que costó bastante lograrlo, además de 2.5 millones de peruanos que han perdido el empleo y hoy viven en condición de pobreza extrema, sumado a la crisis política, de institucionalidad, de valores y otras crisis que estamos pasando los peruanos.

Para reactivar nuestra economía, la ingeniería

está llamado a ayudar a corregir los males estructurales que tiene nuestro país, necesitamos del concurso de todas las carreras profesionales de ingeniería y demás profesiones ejercidas con el más estricto sentido de integridad, responsabilidad y productividad.

El caso de la ingeniería cobra una especial relevancia, para recuperar lo perdido y poner en el debido valor al Perú, la ingeniería es la profesión que hace uso de los instrumentos científicos y tecnológicos para la ejecución de los proyectos en distintos campos, plantea soluciones en base al conocimiento, experiencia y criterio profesional, para que se cumplan con los objetivos de funcionalidad,

La Ingeniería e Infraestructura en la Reactivación Económica del PerúRómulo Mucho Mamani

resistencia, durabilidad y seguridad de todos los proyectos de infraestructura o producción diseñados y construidos.

En los últimos años, la corrupción ha hecho un gran daño a la ingeniería, es momento de reflexionar y aplicar los más altos valores de ética que corresponden en el ejercicio de esta noble profesión.

Respecto a la infraestructura, la falta de una infraestructura adecuada, tiene un efecto directo sobre la productividad y la competitividad en la economía peruana, porque genera déficits y sobrecostos en el desarrollo económico, en la productividad y el ingreso de los peruanos.

Si bien es cierto en la última década se ha mejorado la cobertura de servicios básicos, en el acceso al agua de 72.6% a 87.6%, acceso de saneamiento en los hogares de 62.8% a 71.2%, en electricidad de 86.4% a 95.2% de hogares, es decir, 7.1 millones de peruanos con acceso al agua, 4.7 millones con saneamiento y 8.8 millones con acceso a la electricidad. A pesar de todos los esfuerzos realizados, no se ha alcanzado los niveles deseados para alcanzar el nivel de competitividad y productividad que hubiera permitido mejorar la economía de los peruanos.

Las estimaciones del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad (PNIC), indican que el Perú afronta un déficit general de inversión de 363,452 millones de soles en el

largo plazo y 117,183 millones de soles en el corto plazo.

Esto comprende la construcción de carreteras, autopistas, ferrovías, puertos y aeropuertos, túneles, presas de agua, obras de saneamiento, hospitales y colegios, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, fibra óptica, pequeñas y grandes irrigaciones.

Un desafío urgente y muy importante es el destrabe de proyectos paralizados y trabados por cientos de razones, discusiones, litigios, entrega de terrenos, etc. Esto ayudaría firmemente en la recuperación económica del Perú al inyectar inversiones frescas y generar empleo de calidad para millones de peruanos, además de añadir varios puntos porcentuales en el crecimiento económico.

Claro que es también importante el nivel y calidad de los estudios técnicos y cálculos de los presupuestos para no incurrir en los sobrecostos de las obras que nos han traído muchos problemas de corrupción principalmente.

Sobrecosto es el incremento del costo inesperado que sobrepasa el presupuesto inicial debido a alguna subestimación del costo real durante la preparación del presupuesto. Aquí se requiere que la ingeniería muestre su calidad y sus valores de integridad.

Para impulsar la promoción de inversiones privadas en concesiones de servicios públicos, se esquematizaron nuevas modalidades de promoción de la inversión privada en infraestructura.

Así aparecieron, obras por impuestos (OxI), alianzas público-privadas (APP), proyectos en activos (PA), en los últimos años ha aparecido el gobierno a gobierno (G2G) junto a la oficina de gestión de proyectos (PMO).

El G2G ya ha sido aplicado a la construcción de la Villa Panamericana, también está siendo aplicado para la Reconstrucción del Norte y en actuales momentos en proceso de adjudicación de la nueva carretera central de 136 km. entre el MTC y el gobierno de Francia, por un valor de 11,571 millones de soles, esto mucho dependerá del nivel técnico de la formulación del proyecto.

En cuanto a carreteras, tenemos todavía mucho por desarrollar para conectar adecuadamente el territorio nacional, tenemos 168,473 Km., de los cuales solo el 16 % es pavimentado.

La formación del ingeniero empieza desde la escuela primaria, con una educación orientada a la innovación, la educación secundaria y universitaria con fuerte componente del STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, sin que ello signifique descuidar la formación integral

que proporcionan el humanismo, el deporte y las artes.

En base a esta educación estaremos en condición de adaptar y desarrollar tecnología, generar conocimiento en nuestras universidades e institutos y luego incorporarlo a la empresa, Estado y sociedad civil para iniciar una verdadera innovación y diversificación productiva.

Toda obra de ingeniería tiene un fin económico que participa en ella, que debe conocer y valorar.

Inversión privada pública

2018 – 2019 (Porcentaje del PBI real)

30,025,020,015,010,05,00,0

Inversión Pública

Inversión Pública

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20174,219,0 19,1 19,6 18,2 17,3 17,6 17,919,1 20,4 21,0 20,417,1

5,5 5,9 4,9 5,4 5,8 5,6 5,1 4,9 4,8 4,64,92018 2019

Inversión Privada

Inversión Privada

% del PBI

Cuadro 2

Brecha de Infraestructura a Largo Plazo (Millones de soles)

Fuente: Universidad del Pac

Transporte

Saneamiento

Salud

Agua

Hidráulico

Electricidad

Educación

Millones de Soles

5.917

7.059

14.625

20.377

24.245

58.727

71.544

160.958

Telecomunicaciones

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

Cuadro 3

Brecha de Infraestructura de Corto Plazo (Millones de soles)

Tipo de super cie (Km y %) Pavimentado No pavimentado

21.434,00 79,60% 5.675,61 4,00% 3.623,09 13,50% 23.882,46 16,90%

1.858,57 6,90% 111.999,04 79,10% 26.915,96 100% 141.557,10 100%

Fuente: MTC (2019ª).

Cuadro 4

NacionalDepartamentalVecinalTotal

Transporte

Saneamiento

Salud

Agua

Hidráulico

12.151

35.970

28.819

27.545

6.679

6.019

Telecomunicaciones

Millones de Soles 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

13.

Uno de los principios fundamentales que sustentan al Estado, es ser garante de los derechos de los ciudadanos, siendo la educación uno de los derechos fundamentales, el Estado está en la obligación de provisionar dichos servicios en las condiciones de cobertura y calidad.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado un progresivo deterioro de la calidad de la educación en general, sobre todo en cuanto a la Educación Básica Regular.

Este deterioro en la educación, se puede graficar utilizando como metáfora el Evangelio 13:12 según San Mateo que señala

“porque a quien tiene se le dará y le sobrará; pero al quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará”. Es decir, donde los estudiantes tengan mejores posibilidades de seguir aprendiendo, se les dará más condiciones y oportunidades, en cambio a los que tienen menos condiciones o posibilidades, todo les será negado.

Aunque el evangelio citado fue escrito con otros fines, a decir de diversos autores entre los que podemos citar a Bunge (1991); Hirsch (2007); Bravo, (2008) y Jiménez (2009) quienes explican cómo opera el llamado Efecto San Mateo en diversas áreas, en particular, en la educación, podría decirse que, al llegar a la escuela, los niños vienen con

El Efecto San Mateo en la Educación Peruana y la Agenda Educativa no NegociableGuido Bravo

diferencias en sus conocimientos, habilidades y aptitudes, al inicio, los menos aventajados se las arreglan -cada vez con más dificultad-, para compensar estas diferencias, llegando a mostrar en general incrementos aritméticos en su aprendizaje, esto también se explica porque los aprendizajes en los primeros grados de la educación primaria, suelen ser más globales e integrados a los contextos cotidianos y próximos a los estudiantes, lo cual facilita su adquisición.

Pero a medida que se avanza en la escolaridad, los aprendizajes van requiriendo más recursos cognitivos, abstracción y condiciones materiales que los contextos escolares, familiares o locales muchas veces no proveen.

Debido a ello, los estudiantes más desfavorecidos o que no cuentan con los mencionados recursos y condiciones, desarrollan mayores exigencias, y al no poder cumplirlas, les genera atraso y desmotivación entre otros efectos. A su vez, esto impulsa un incremento creciente y cada vez más acelerado en las posibilidades y logros de aprendizaje de los estudiantes con más condiciones y recursos.

Por tanto, al llegar al final de la educación primaria, el acumulado de las diferencias parciales de años anteriores, produce la brecha de aprendizaje. Y aunque esto se observa en cada aula de clase, a nivel del

sistema, también se refleja entre la escuela urbana vs rural, pública vs privada. Y como es de esperar, a lo largo de la secundaria este proceso termina incrementando estas brechas, de allí que el citado Efecto San Mateo describe de manera muy gráfica el cómo se van acrecentando, tanto las brechas de aprendizaje, así como las de oportunidad o condiciones de aprendizaje a lo largo de la escolaridad.

Si bien el docente es un actor decisivo orientado a acortar las brechas de aprendizaje, también es cierto que las condiciones de trabajo, recursos, materiales, infraestructura, formación y capacitación entre otras, limitan su labor y él solo no puede evitar que las brechas de oportunidad o condiciones físicas entre urbano - rural o público - privado, terminen desencadenando grandes diferencias en el aprendizaje de los estudiantes.

Si asumimos que esto ha venido ocurriendo a lo largo de décadas en el sistema educativo, puede afirmarse que la deuda pendiente se ha ampliado de manera significativa; ante ello, estando en el año del Bicentenario de la independencia del Perú, y próximos al inicio de un nuevo periodo de gobierno, es más urgente generar consensos en materia de políticas educativas para acortar estas brechas.

Al respecto, el Consejo Nacional de Educación (2019) en relación al Proyecto Educativo Nacional PEN también ha venido señalando estas deficiencias, precisando que “el nivel de implementación de los objetivos estratégicos propuestos y su uso como herramienta orientadora de decisiones de corto y mediano plazo en las gestiones ministeriales, ha sido menor que el esperado…” sin duda, esto ha impactado en el mencionado deterioro y aumento de las brechas educativas.

A propósito de las brechas entre la escuela urbana y rural, a inicios de la década pasada, desde el Ministerio de Educación hubo un intento de implementar un proyecto ambicioso de fortalecimiento de las escuelas rurales en el país, que buscaba atenderlas en la complejidad de sus demandas, sin embargo, no pudo desarrollarse por diversas dificultades, y para no volver a cometer los mismos errores en el futuro, puede servir la siguiente experiencia.

Según Bravo (2014) hacia el año 2012 el Ministerio de Educación a través de la DIGEIBIR -Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural- lanzó el proyecto Redes Educativas Rurales RER que algunos llamaban Escuelas Marca Perú, cada una de las 72 redes que consideraba este proyecto estaba definida para atender la demanda educativa de un conjunto de escuelas (10 a 12 escuelas en promedio)

ubicadas en las zonas más alejadas, dispersas, pobres y en donde la presencia del Estado prácticamente es nula.

Asimismo este proyecto consideraba tres componentes, en primer lugar se consideró, la infraestructura educativa, que implicaba construcción de ambientes educativos con un enfoque pedagógico y culturalmente pertinente para comunidad, inclusive el material de construcción se consideró como un factor de pertinencia, cabe señalar que además de aulas se consideraba la construcción de comedor escolar, lozas deportivas, vivienda para los docentes en cada escuela y un Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), éste último, concebido como un recinto en el cual los docentes, alumnos y comunidad de toda la red podrían potenciar aprendizajes, para ello, este CRA, contaría con laboratorios de cómputo y equipamiento TICs, salas de capacitación, auditorios, albergue para visitantes, equipamiento para imprenta y publicaciones, además de servicios completos de internet, transporte según las necesidades (Yates, camionetas, motos, etc), desde este centro se pensaba nuclear la actividad pedagógica de las escuelas de la red, así como organizar, y planificar el acompañamiento pedagógico para los docentes.

Así llegamos al segundo componente del proyecto, la capacitación docente, en este

aspecto, se plantearon como estrategias, el acompañamiento pedagógico y los cursos y/o talleres centralizados y descentralizados de capacitación tanto en lenguas originarias y castellano como segunda lengua, para la formulación de estas estrategias se realizaron diagnósticos tanto a alumnos, docentes y comunidades, de tal manera que cada red tendría propuestas diferenciadas y pertinentes de intervención en este componente según sean sus necesidades.

Luego, en el tercer componente se consideró la Gestión Educativa en la Red, así, cada Red estaría gestionada por un Consejo de Red integrado por el Director de la Red quien lo presidiría, representantes de los docentes, padres de familia, alumnos, autoridades, líderes comunales y sabios entre otros con modelos diferenciados de red entre los que resaltan, redes con uno, o dos centros base (debido al manejo de diferentes lenguas originarias), redes en una o dos cuencas distintas, etc.

Hasta allí todo bien, y si sólo se considera lo que en el teoría se planteaba, se podría decir que, este proyecto habría contribuido significativamente en acortar las brechas urbano – rural y alejar el Efecto San Mateo de la educación peruana, inclusive se podría decir que después de las Grandes Unidades Escolares del gobierno de Odría, habría significado un hito en la historia de la

educación en el país, sin embargo el proyecto quedó paralizado en la etapa inicial -Estudios de prefactibilidad- y no llegó a ejecutarse, aunque oficialmente no se supo las causas de la paralización, se sabe que entre las dificultades que contribuyeron a detener el proyecto fueron, la falta de titularidad de los predios o terrenos de las instituciones educativas que iban a ser beneficiarias de las construcciones o inversión pública, ya que la mayoría de terrenos de las instituciones educativas aún figuraban en registros públicos a nombre de un particular o sólo habían sido cedidos a la escuela mediante documentos provisionales, así también, la falta de personal técnico capacitado conformando las oficinas técnicas de elaboración y asesoramiento para la aprobación de los expedientes técnicos de los proyectos fue otro factor que contribuyó a la paralización, un tercer elemento, fue el marco legal incompleto y a veces contradictorio que regulaba la elaboración de expedientes técnicos, así como la desalineación de criterios que manejaban las oficinas de proyectos del Minedu y Mef, la indefinición o superposición de competencias entre el Minedu y los gobiernos regionales en materia de infraestructura, etc.

Si bien la anécdota dejó mal sabor, defraudando las expectativas de todos los actores educativos que, en un inicio, entusiasmados firmaron la aprobación de sus

redes educativas; la moraleja es que, los proyectos ambiciosos requieren partir de un análisis riguroso de las condiciones básicas, tomar en cuenta los detalles administrativos y una mirada transdisciplinaria y previsora de la gestión de proyectos.

Y ya que se mencionó el intento de implementar el proyecto de las Redes Educativas Rurales, lo que tenemos casi diez años después de esta experiencia, como parte de la agenda educativa no negociable en educación, en primer lugar, es la gran deuda con la educación rural, sobre todo en políticas integrales de largo plazo, como también señala el Consejo Nacional de Educación (2019) “el MINEDU no elaboró planes operativos según lo propuesto en el PEN, ya que priorizó iniciativas de cada gestión con resultados observables en el corto plazo”, si bien algunas de estas intervenciones llegaron a contentar de algún modo las graves carencias de la escuela pública rural, no han evitado que las brechas aumenten, es decir, la agenda rural además de compleja es urgente.

El segundo punto de la agenda educativa no negociable tiene que ver con la revaloración de la carrera docente, al respecto, pese a los esfuerzos que se han realizado para acelerar la implementación de la de la Ley de Reforma Magisterial LRM, aún queda mucho por avanzar, tal es el caso de las áreas de

desempeño laboral señaladas en el Artículo 12Gestión pedagógicaGestión institucionalFormación docenteInnovación Investigación

Escalafón magisterial articulado a la formación continua, ascenso y perfeccionamiento, impulso al reconocimiento docente a partir de estrategias que permitan empoderar a los actores locales, regionales y nacionales, integrados en una propuesta transversal de auto, co y hetero reconocimiento con participación de las mismas organizaciones de docentes, redes educativas, Instituciones de Formación Docente IFD, gobiernos locales y comunidad educativa, todo ello asociado, al incremento de plazas para el ascenso, implementar un Sistema Nacional de Formación y Capacitación continua que se articule con la Formación inicial y continua de docentes, siendo además, descentralizada y asociada a la mejora de las condiciones laborales, con énfasis en zonas rurales, de frontera y emergencia.

Una de las políticas docentes que se ha venido consolidando y contribuyendo a dar mayor organización y coherencia a las intervenciones ha sido el Marco de Buen Desempeño Docente MBDD (Minedu, 2012), sobre todo en Formación docente, Evaluación

del Desempeño, Acceso a la Carrera Magisterial, Acompañamiento Pedagógico, entre otras, sin embargo, queda pendiente la elaboración del Marco de Competencias TIC para docentes como parte de una política complementaria, que oriente las intervenciones en la educación remota y a distancia, donde la pandemia ha dejado expuesta las carencias y limitaciones como sistema; de otro lado también urge definir la línea de carrera en cuanto a la profesionalización y/o especialización de los directivos de instituciones educativas, pues no queda del todo claro si se llega a ser director solo a partir de la experiencia docente o si luego de 10 o 15 años de haber ejercido un cargo directivo se puede o debe volver al aula.

El tercer punto de la agenda, lo constituye la implementación de un sistema de Gestión Escolar que responda a las necesidades y complejidad educativa, al respecto si bien existen avances, como las Formas de Atención Diversificada FAD, Jornada Escolar Completa JEC, Colegios de Alto Rendimiento COAR, en la atención a estudiantes de secundaria, entre otras, como señala el CNE (2019) “el aporte a la equidad es cuestionable, debido a la fuerte inversión en segmentos de población predominantemente urbana, con lengua materna castellana y, probablemente, no pobres”, es decir, vienen contribuyendo a la ampliación de brechas entre a escuela

urbana y rural, esto mismo ocurre a nivel de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada IGED, donde pese a los esfuerzos de mejora, aun se tienen limitaciones y aumento de brechas, dando como resultado, el cumplimiento del Efecto San Mateo en la gestión escolar.

Cabe resaltar que los avances se han dado a través de las estrategias Semáforo Escuela, implementación del SIAGIE, SIGMA, SIAF, SISEVE, NEXUS, ESCALE, entre otras, que integran varios sub sistemas de información, que si bien, constituyen herramientas para la gestión de la educación en la EBR, lo que ha venido quedando demostrado es que, aún es insuficiente, dada la complejidad del sistema educativo, donde quedan poco atendidas las otras modalidades como EBA, EBE y Técnico Productiva.

A modo de corolario se plantea el Teorema de la Complejidad aplicado a las organizaciones "Una estructura de administración debe tener igual o mayor complejidad que el sistema que pretende administrar", la pregunta que debe responderse es ¿cómo incorporamos la complejidad necesaria a la administración y gestión educativa en el sistema?

El cuarto punto de la agenda pendiente, lo constituye la implementación de infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar en las instituciones educativas, en

este aspecto, qué duda cabe que las instituciones educativas públicas han quedado rezagadas en cuanto al mantenimiento, dotación de servicios básicos e infraestructura, al respecto, según el Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del sector educación para la PMI 2020 – 2023, aprobado mediante la RM. 049 – 2020 – MINEDU, se considera que el 92,32% de locales educativos donde se presta el servicio de educación inicial, son inadecuados, mientras que, en educación primaria, la cifra es de 96,07% y en secundaria 91,53%, y similares porcentajes en los casos de la EBA, EBE y CETPRO, mientras que en los Programas de Intervención Temprana PRITE la brecha llega al 98,99%. Estas perturbadoras cifras revelan una situación objetiva de las condiciones inadecuadas que ofrece el sistema público para la educación y es la confirmación de que, este punto de la agenda educativa es no negociable.

Finalmente, el quinto punto de la agenda educativa lo constituye, la implementación y diseño del currículo, asociado al aseguramiento de la Calidad Educativa y resultados de aprendizaje, al respecto, se valora el hecho de que el actual Currículo Nacional de Educación Básica CNEB, ha sido fruto de un trabajo largo, sostenido y participativo, dando cabida a los diversos actores del sistema educativo en su formulación, con enfoque de competencias, asimismo, ha logrado en el proceso ir

articulando los estándares de aprendizaje como criterios de evaluación de las competencias y articular los niveles educativos de la EBR, inicial, primaria y secundaria a través de las áreas curriculares y competencias.

Sin embargo, las políticas de evaluación de los aprendizajes como la Evaluación Censal de Estudiantes ECE, han priorizado logros de aprendizaje específicos, lo cual permite tener una mirada parcial del avance en el logro de competencias que propone el CNEB, asimismo como indica el Consejo Nacional de Educación (2019) “la llamada Evaluación Censal de Estudiantes –ECE–, especialmente en segundo grado de primaria, ha derivado, en un conjunto de prácticas no deseadas como el entrenamiento para la prueba, la reducción del aprendizaje de los estudiantes solo a las áreas evaluadas, la preocupación única por los grados evaluados y la discriminación a los estudiantes que son vistos como personas que afectarían de modo negativo la calificación media de la escuela”.

Estos efectos no deseados que producen las evaluaciones estandarizadas, sobre todo en las escuelas públicas deben corregirse, y dedicarse esfuerzos hacia ello.

En relación al Sistema de Aseguramiento y Medición de la Calidad Educativa, con la finalidad de atribuirle funciones que

impliquen independencia para proveer resultados de la escolaridad con altas consecuencias en el sistema, diversos modelos sugieren que éste se constituya en un ente con autonomía técnica, administrativa y económica, que mire los resultados de la escolaridad desde fuera del Ministerio de Educación buscando retroalimentar a distintos niveles de la gestión educativa.

Otro aspecto que requiere ser revisado del CNEB está relacionado con la formación técnica, vocacional y humanística de la secundaria, articulado a la educación superior no universitaria y universitaria, la desconexión existente, ha devenido en desvalorización de la educación técnica de nivel básico, la misma que se imparte en las instituciones educativas de esta variante, y su progresivo desmantelamiento.

Al respecto, la discusión pública sobre el reconocimiento y necesidad de las variantes técnicas o vocacionales como una modalidad alternativa del sistema educativo es parte de las tareas pendientes en materia curricular.

Asimismo, otra tarea pendiente tiene que ver con la articulación de la capacitación docente alineada con la implementación del currículo, siendo a la vez, como ya se dijo, diversificada, no masificada, considerando el trayecto docente según la Ley de Reforma Magisterial y el nivel de formación o competencia del

docente, alineada con el acompañamiento pedagógico.

Si bien se valora que el CNEB ya incluye desempeños de aprendizaje que pueden ser medibles a lo largo de la escolaridad, a través de los estándares, aún queda pendiente la elaboración de Estándares de Oportunidad que permitan el aseguramiento de la calidad educativa en la Educación Básica General, pues como se ha visto en los anteriores puntos, la existencia de brechas objetivas de condiciones para el aprendizaje, denotan la necesidad de contar con este tipo de estándares que complementan y fortalecen la implementación del currículo, asimismo, visibilizan las condiciones mínimas requeridas para el desarrollo de las competencias.

Finalmente, más allá de los colores políticos, y las diferencias en las estrategias, se deja constancia de los aspectos relevantes que se consideran prioritarios en la agenda educativa peruana del Bicentenario, ante la cuál, el próximo gobierno está llamado a dar solución y luego rendir cuentas a la ciudadanía y sobre todo ante quienes son la fuente primaria de derecho y razón de ser del Estado, los estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Biblia de Jerusalén, (2014). Desclée De Brouwer SA. Bilbao.

Bravo, (2014). Redes Educativas Rurales: Una deuda pendiente con los más excluidos. http://calidadeducativaeinnovacion.blogspot.com/2014/01/redes-educativas-rurales-una-deuda.html

Bravo, G. (2017). El Efecto San Mateo en la Comprensión Lectora. https://es.scribd.com/document/366053403/S-8-Novedades-en-Investigacion-Efecto-San-Mateo?fbclid=IwAR1aeisi5nVorbeCXinVPUYhAbjptJAUpl0bUfiqpGLI0oGGWTUxtbbjSq8

Consejo Nacional de Educación, (2019). Evaluación del Proyecto Educativo Nacional al 2021: Resumen. Jids Publicidad SAC. https://www.cne.gob.pe/uploads/publicaciones/publicacion/2019/evaluacion-pen-versionresumida.pdf

Jiménez, J. (2009). El Efecto Mateo: un concepto psicológico. 30(2): 145-154.Mario Bunge, (2012). El efecto San Mateo, Polis [En línea], 2 | 2002, Publicado el 26 noviembre 2012. http://journals.openedition.org/polis/8033

Minedu, (2012). Marco de Buen Desempeño Docente. Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED. http://www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-docente.pdf

Minedu, (2020). RM N°049 – 2020 – MINEDU. Aprueban el Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicio del sector educación para la PMI 2020 – 2023. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/508805/RM_N__049-2020-MINEDU.pdf

14.

La medicina científica y las vacunas

Cuando Paul de Kruif escribió “Los cazadores de microbios” en 1946, no imagino la mega pandemia que asolaría el mundo del siglo XXI, en cambio, sí pudo dar cuenta de los experimentos e investigaciones que científicos y médicos desarrollaron para descubrir los microorganismos que eran el verdadero origen de las principales enfermedades mortales durante los siglos XVIII y XIX. En aquella época, personalidades diferentes de los investigadores Leewenhoek, Pasteur, Bhering, Koch, Roux y Metchnikof permitieron grandes avances en la medicina moderna.

Recordemos que antes de ellos, la explicación del origen de las enfermedades durante la edad media y parte de la modernidad, tenían como sustento a las teorías de la generación espontánea o del miasma.

En esta etapa de la medicina, la característica más saltante fue la decisión de los investigadores, así la mística y el compromiso para descubrir a los invisibles microbios marcaron la pauta de esta época. El Perú no fue ajeno a este esfuerzo, el joven estudiante de medicina sanfernandino Daniel Alcides Carrión se inoculo la verruga con la finalidad de describir la enfermedad, su sacrificio contribuyó a entender la enfermedad luego descrita por Barton.

La Duda Hamletiana en la Vacunación Peruana: Ser o No SerCarlos Marino Pando Sanchez

En las actuales circunstancias la humanidad sufre la más grande pandemia desde la gripe española de 1920, millones de personas han perdido la vida en el marco de síndromes respiratorios agudos y complicaciones cardiovasculares generadas por el COVID 19.

Desde diciembre de 2019, la pandemia ha significado tres millones de muertes y ha infectado a más de 145 millones de personas a nivel mundial. Retomar la convicción y la mística de los cazadores de microbios de hace dos centurias deberá ser la consigna de la medicina contemporánea.

La actitud de la poblaciónperuana frente a la vacuna

Los peruanos se encuentran desconcertados frente a la campaña de vacunación para contrarrestar la pandemia, por un lado, un alto porcentaje de la población tiene dudas frente a la efectividad o los efectos adversos que pudieran originar la inoculación, paralelamente la ciudadanía constata la demora en la aplicación de la misma, centralizada en el Ministerio de Salud, pero también ha sido testigo del escandaloso proceso privilegiado de vacunación para un grupo de altos funcionarios estatales denominado “Vacunagate”

Estudios de opinión pública indicaban, al inicio de la campaña de vacunación, que aproximadamente un 57% de los

entrevistados manifestó su voluntad de vacunarse, mientras que un 39% explico que no se vacunaría, si mañana le tocara el turno, contra el nuevo coronavirus. Paralelamente existiría una tendencia a vacunarse fuera del país por parte de algunos ciudadanos, la proporción es de un 55%.

La desconfianza frente al proceso de vacunación peruano tiene su origen en los efectos secundarios detectados en vacunas como Aztraseneca, lo que obligó a interrumpir la vacunación en algunos países europeos.

Otra razón son los bajos porcentajes de efectividad atribuidas a las vacunas de origen chino y el ritmo lento de vacunación del MINSA que se explica por la demora del gobierno central en las compras de las dosis necesarias para contrarrestar la segunda ola de la pandemia

Paralelamente, la población ha espectado como se realizó un proceso secreto de vacunación a partir del experimento de la candidata a vacuna de Sinopharm por la Universidades Cayetano Heredia y San Marcos. El expresidente Vizcarra, las ministras del gobierno de transición: Mazzetti y Astete, altos funcionarios del MINSA, de las dos universidades conductoras del estudio, funcionarios de Cancillería, son parte de los más de 400 involucrados en el denominado Vacunagate.

El asunto resulta muy grave no solo por el aspecto ético, sino también por que muestran una enorme debilidad del estado, ya que las más altas autoridades no esperan a vacunarse dentro del proceso programado de vacunación, sino que se adelantan al mismo deslegitimando las campañas de vacunación del 2021.

¿Quién debe vacunar, el estado o el sector privado?

A nivel mundial los estados se están encargando de la vacunación, pero en varios países lo realizan de manera descentralizada y con apoyo logístico del sector privado.

En el caso peruano se generó una gran controversia acerca de quién debía encargarse de la vacunación, para el economista Elmer Cuba, las vacunas deberían ser tratadas como un bien privado y no como un bien público, aunque administradas por el estado con apoyo privado. Lo cierto es que el proceso de vacunación peruano es hasta ahora un monopolio estatal y centralizado por el MINSA.

En el Perú, hasta la presente semana se había vacunado a 574,023 personas con la vacuna de origen chino Sinopharm y 306,980 de ellas han recibido también la segunda dosis.

Se ha privilegiado al personal de salud, médicos, enfermeras y personal administrativo.

Asimismo, se ha aplicado la vacuna de Pfizer hasta un total de 160,000 adultos mayores.

A nivel mundial el ritmo de vacunación bordea los 1,000 millones de vacunas anticovid-19 inoculadas. En cuanto a cobertura lideran el ranking Israel con un 60% de vacunados, seguidos de Emiratos Árabes Unidos 51%, Reino Unido 49%, destacando en América Latina Chile con un 41%. Desde la perspectiva de numero de dosis aplicadas destacan Estados Unidos (225,6 millones), China (216,1 millones) e India (138,4 millones), según el recuento efectuado con fuentes oficiales.

Encuesta de IPSOS para

El Comercio de Lima.

Diario Gestión 08 de Marzo del 2021.

Algunas reflexiones de política pública

El Perú se encuentra en vísperas de elegir un nuevo presidente de la República en la segunda vuelta electoral del seis de junio próximo. Ambos candidatos han manifestado criterios favorables a la apertura de la economía para reactivarla, siendo contrarios al aislamiento social y a las cuarentenas.

En este escenario, resulta indispensable solicitarles que precisen la política de vacunación que aplicarían desde el ejecutivo.

El gobierno de transición prevé vacunar a todos los adultos mayores de sesenta años antes de finalizar su mandato, por tanto, será tarea de la nueva administración el proceso de vacunación de la población menor de sesenta años.

Al respecto el futuro gobierno deberá tomar en cuenta criterios como garantizar las dosis necesarias firmando convenios y contratos con los distintos proveedores de vacunas a nivel mundial.

Concertar y coordinar con el sector privado para el apoyo logístico y la aplicación de las vacunas.

También deberá organizar eficientemente las brigadas de vacunación tomando como experiencia las campañas contra el colera

1991 y la vacunación contra el sarampión y la rubeola del año 2006. Oportunidad en la que se llegó a vacunar al 70% de la población peruana.

En suma, el sistema de salud peruano que tiene enormes debilidades también ha mostrado mística y compromiso durante esta pandemia y ha tenido éxito reciente en materia de vacunación durante el 2006.

Confiamos en que una política pública bien diseñada podrá garantizar la protección de nuestra población lo que será el inicio de la superación de la pandemia..

Diario El Comercio 25 de abril 2021

15.

La actual crisis del COVID-19, naturalmente, ha forzado a la medicina a escala global a replantear sus métodos en función a los nuevos objetivos y desafíos que la actualidad implica.

La aparición del COVID-19, a finales del 2019 en Wuhan, China, no solamente ha obligado a los distintos estados del mundo a mirar con renovados ojos la relevancia de la innovación científica en el sector salud, sino, también, a desarrollar y fortalecer medidas de control y lucha contra el nuevo coronavirus.

Se han aplicado, a raíz de las directivas de la Organización Mundial de la Salud y los CDC (Center for Disease Control and Prevention)

del mundo medidas gubernamentales en los distintos países, como los toques de queda, las cuarentenas, el uso obligatorio de mascarillas, la distancia social, entre otros. Sin embargo, hoy, a un año y medio de la aparición de este devastador virus, la comunidad científica reafirma que, después de todo, existe un elemento clave en base al cual los estados y las autoridades de salud a escala mundial deberían determinar todas sus directivas e iniciativas de lucha contra la pandemia: la vigilancia genómica.

Hoy, que nuevas variantes del virus se propagan descontroladamente por todo el mundo, la vigilancia genómica resulta de vital relevancia si se quiere conocer cómo y a lo

Vigilancia Genómica: la Clave de la Gestión de la PandemiaSol Pozzi-Escot

largo de qué partes del mundo se mueven las distintas variantes del COVID-19. Si pensamos en pandemias, debemos, ahora, pensar en vigilancia genómica.

Una buena definición de vigilancia genómica es aquella que brinda el NHS (National Health Service del Reino Unido). De acuerdo al ente rector de la salud anglosajona, la vigilancia genómica es “la examinación de una muestra de ADN, que busca identificar la estructura de un gen en particular, y, así, identificar mutaciones importantes”. (1)

Sin embargo, para entender cuál es la relevancia de esta práctica científica, es menester recordar cómo es que se dan, para comenzar, las variantes de los virus, fruto de mutaciones a nivel genómico.

De hecho, los virus necesitan un huésped para sobrevivir y replicarse. Éstos invaden el cuerpo de un humano o un animal, y se enlazan con las células del huésped, permitiendo así que su propio material genético (ARN) penetre las células.

Posteriormente, las células del huésped leen el nuevo código genético y lo replican, llevando a la infección.

Sin embargo, puede suceder que cuando dicho código genético es transformado en proteínas, una sección del código cambia.

Es esto lo que se conoce como mutación.(2)

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud fomenta la vigilancia genómica, con el objetivo de determinar el impacto de las nuevas mutaciones del COVID-19 en cuatro niveles:

La transmisibilidad del virus.La gravedad de la enfermedad. La eficacia de los diagnósticos, terapias y vacunas.La evaluación de riesgo de las variantes preocupantes para determinar su impacto en la salud pública.

Es de esa manera que el CDC de los Estados Unidos ha logrado identificar cinco variantes de preocupación (VOC, por sus siglas en inglés) en dicho país (3). Estas son:

B.1.1.7, conocida también como la variante británica.B.1. 35, conocida también como la variante sudafricana.P.1, conocida también como la variante brasileña. B.1.43, identificada por primera vez en California, Estados Unidos.

www.bwhct.nhs.uk/genetics-wmfacs-glossary.htmlwww.paho.org/es/temas/influenza/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19#:~:text=La%20Red%20Regional%20de%20Vigilancia,la%20cantidad%20de%20datos%20de https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html#:~:text=B.1.43%20y%20B.1.43,VOC%20en%20marzo%20del%202021.

(3)

(2)(1)

Sin embargo, el éxito de programas de vigilancia genómica conocido en los Estados Unidos no es el mismo de aquellos desarrollados en otras regiones del mundo como América Latina.

Por ejemplo, el Reino Unido ha registrado 300.000 genomas del virus, mientras que en América Latina, en su totalidad, se han registrado menos de 14.000.

Un artículo de Carlos Serrano publicado el 2 de abril del 2021 por la BBC (4) plantea los riesgos reales y potenciales de una insuficiente vigilancia genómica en América Latina. Julián Villalbona, epidemiólogo molecular del Centro de modelaje matemático de enfermedades infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, quien fue consultado para dicho artículo de la BBC, formula lo siguiente: "Si no entendemos qué variantes tenemos y cómo se están transmitiendo, tenemos el riesgo de que en algún punto las vacunas no sean eficaces".

Encontramos, de esta manera, una interesante explicación al descontrol de los contagios en América Latina. El mentado artículo de la BBC, en ese sentido, llega a preocupantes conclusiones: "En América Latina hay la posibilidad de que existan variantes que no han sido reportadas y que sean responsables de una fracción importante de los casos", afirma Julián Villalbona.

Sin embargo, tal como precisa el mismo artículo, dentro de Latinoamérica existen países que llevan a cabo iniciativas de vigilancia genómica con mayor eficacia y constancia que otros. Países como México y Brasil lideran el número de secuencias registradas, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador el proceso va ganando en ritmo, pero lentamente.

En ese sentido, resulta relevante enfocarnos momentáneamente en el caso del Perú. El 22 de abril del 2021, el presidente peruano Francisco Sagasti declaró que el Perú “está en el pico de la segunda ola, y es terrible lo que está sucediendo (...)” (5)

En efecto, la situación actual en el Perú, en relación a la pandemia, se encuentra en su punto más crítico. El 18 de abril, el Ministerio de Salud peruano reportó que el día 17 de abril murieron 433 personas y se confirmaron 3081 contagios. (6)

Sin embargo, fuentes como el Sinadef (Sistema Nacional Informático de Defunciones) muestra que la realidad de las cifras es, en realidad, tres o cuatro veces más alta que aquellas reportadas por las fuentes oficiales del Ministerio de Salud.

Existen, en efecto, una serie de iniciativas, tanto a nivel del sector público como del privado, de vigilancia genómica. Una de estas iniciativas es aquella emprendida por la

Universidad Cayetano Heredia, de la mano con el Laboratorio de Genómica Microbiana y el Instituto de Medicina Tropical del Perú.

Dicho proyecto es liderado por el Dr. Pablo Tsukayama y se proyecta a secuenciar 1,500 genomas en el año 2021, en laboratorios académicos en las ciudades de Lima, Arequipa y Chachapoyas. (7)

Como vemos, incluso en esas condiciones, los números distan bastante de aquellos reportados por países como el Reino Unido, o incluso Brasil, con 5713 (8) genomas secuenciados.

El Instituto Nacional de Salud del Perú (INS), adscrito al Ministerio de Salud, realiza también la vigilancia genómica. El 6 de enero del 2021, el INS reportó haber secuenciado el genoma de 284 virus SARS-COV-2 (9).

La situación peruana, como podemos ver, es alarmante: mientras que los procesos de vacunación se dan de manera lenta y desordenada -al 18 de abril, el Perú había administrado 1.291.653 dosis de vacunas contra el Coronavirus (10)-, la posibilidad de la aparición de una nueva variante peruana, que no sería detectada por los órganos de seguimiento genómico, fue una fuerte sospecha por mucho tiempo.

La edición 524 del semanario peruano “Hildebrandt en sus trece” alertó a la opinión pública acerca de este riesgo. De acuerdo al autor del artículo “Fuera de Control”, publicado en dicho número del semanario, y escrito por Américo Zambrano, “se ha comprobado que existe un COVID-19 peruano con cinco variantes.

Una de ellas ha desarrollado dos mutaciones: la A222V2, que es la misma que apareció en Gran Bretaña, y la H655Y, presente en el coronavirus de Brasil”.

Sin embargo, tal como precisa el artículo, a causa de lo deficiente de los procesos de vigilancia genómica en el país no se pudo medir con precisión la presencia de dichas variantes en el país (11).

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56580755

https://elcomercio.pe/peru/estamos-en-el-pico-de-la-segunda-ola-y-es-terrible-lo-que-esta-sucediendo-en-nuestro-pais-afirma-francisco-sagasti-pandemia-de-covid-19-coronavirus-nndc-noticia/

https://twitter.com/Minsa_Peru/status/1383941913624014853/photo/1

https://investigacion.cayetano.edu.pe/prensa/357-video-cayetano-presenta-vigilancia-genomica-de-sars-cov-2-en-peru-en-el-peru-con-ciencia

https://www.lahora.com.ec/ecuador-ha-secuenciado-364-muestras-de-covid-19-en-un-ano-de-pandemia/

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

Esto cambió, sin embargo, el 24 de abril del 2021, día en que el Dr. Pablo Tsukuyama, microbiólogo molecular de la Universidad Cayetano Heredia, anunció la “identificación de una nueva variante de SARS-CoV-2, que parece expandirse rápidamente en Perú y Chile”. Dicha variante fue bautizada como C.37, y, de acuerdo al Dr. Tsukuyama, se encuentra presente en el 40,6% de los genomas reportados en Lima y Callao. La profecía se cumplió.

El caso del Perú es representativo de la vital importancia de la vigilancia genómica en la lucha contra el virus. De haber sido la variante C.37 identificada previamente, esta información hubiera permitido al gobierno del Perú establecer mejores y más efectivas reglas e iniciativas de aislamiento y contención del virus.

Es, en ese sentido, de suma urgencia para el Perú, tanto para el actual gobierno del presidente Francisco Sagasti como para el que tome la posta partir del 28 de julio del 2021, multiplicar cuantiosamente las sumas invertidas en vigilancia genómica.

El sector privado, liderado por la Universidad Cayetano Heredia, ha dado con importantísimos descubrimientos en este sentido, pero, si el Estado no pone de su parte, a través de la inversión pública, para fortalecer esta técnica, los resultados de sus estrategias contra el COVID-19 siempre serán insuficientes.

El conocimiento de la existencia de la variante C.37 debería permitir al Estado, por lo tanto, identificar las zonas de mayor contagio, y, así, saber dónde se necesita mayor atención médica, oxígeno, pruebas de descarte, eventuales cuarentenas focalizadas y, sobre todo, vacunas.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-realiza-vigilancia-epidemiologica-para-identificar-variantes-del-coronavirus

https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-vacuna/peru

https://www.facebook.com/SomosHildebrandtPeru/posts/252996506337528

(9)

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ALDO A. LORENZZI BOLAÑOS

Abogado, compilador, analista político, conferencista y escritor, es especialista en Nuevas Tecnologías, Estado Inteligente y Derecho Digital, vicepresidente de la Comisión de Derecho civil de la Sociedad Peruana de Derecho, fundador de Demokracia, ha publicado diversos artículos en diferentes medios digitales, es autor de publicaciones digitales compilatorias como Tiempo de Pandemia I y II, La Democracia Pandémica y Manual para una ciudadanía activa entre otros.

@aldolorenzi1

CRISTIAN CÁCERES SIFUENTES

@qriz7ian

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, maestro en Derecho Procesal por la misma casa de estudios y master en Gerencia Pública por la EUCIM Bussiness School - España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, ocupando cargos de asesoría y jefaturales. Ejerce actividad docente y realiza artículos de investigación jurídica, así como, realiza análisis político en diversas plataformas.

DOMINGO SILVA CANCINO

Abogado de profesión, con estudios en Defensa y Seguridad en la Escuela Superior de Guerra Naval - Marina de Guerra del Perú y en el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos sobre Defensa. Actualmente, aparte de sus actividades profesionales en Derecho, se desempeña como Secretario del Centro de Estudios Estratégicos en Defensa y Seguridad - CEEDS.

domingosilva2005@gmail.com

MILCA VÁZQUEZ MAMANI Es ingeniera en administración de empresas, MBA en Dirección de empresas de la Universidad Tarapacá de Chile y es presidenta de la Asociación de Turismo EMALTUR.

RÓMULO MUCHO MAMANI @muchoromulo

Ingeniero de minas, experiencia en minería y cementos. Ex viceministro de Energía y Minas, ex presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, presidente de AGROMIN, Gestor de desarrollo

EDUARDO HERRERA VELARDE

https://www.linkedin.com/in/eduardoherreravelarde1/

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (2000). Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial – ESAN (2003). Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Santo Tomás (Colombia) – Universidad de Salamanca (España). Investigador y consultor en ética y estrategias contra la corrupción. Se graduó como Magíster en Derecho Penal con la tesis titulada "Aspectos penales del buen gobierno corporativo"; primera investigación en Latinoamérica sobre la materia. Ha sido abogado litigante por más de 18 años, asesorando empresas y ejecutivos. Director Ejecutivo del Consejo Privado de Anticorrupción (CPA). Co-fundador de Dare.

Conferencista y autor de artículos en temas relacionados a Ética, Lucha Contra la Corrupción y Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Autor del libro “El cerebro corrupto” y del manual “Papelito manda”.

FRANCISCO MARCELO TARQUINO SANDOVAL

Abogado por la PUCP y Magíster en Gestión Pública por la Universidad ESAN, con estudios en modernización del estado e innovación en la Universidad de Maryland, USA; con más de siete años continuos ejerciendo cargos de dirección y/o asesoramiento de Alta Dirección en los tres niveles de gobierno del sector público. Co autor del Libro, “Análisis, Evaluación y Propuesta de Indicadores de Educación Primaria en el Perú”, publicada por la Universidad ESAN como parte de la serie, Gerencia para el Desarrollo.

ECON. PERCY TABORY ANDRADE

Economista por la Universidad Nacional de San Marcos, Asesor y Director de Empresas de diversas empresas privadas; ha sido Vice Presidente, Secretario Nacional de Plan de Gobierno y Secretario Nacional de Política del PPC, Secretario del Consejo Ejecutivo del FREDEMO, Vice Ministro de Turismo, Vice decano del Colegio de Economistas del Perú, Regidor del Concejo Provincial de Lima, profesor universitario, ha escrito "La Civilización del Amor" libro político - espiritual, que recoge las conclusiones del Concilio Vaticano II aplicadas al Perú, coautor de Libro: Perú 2021-2026, Propuestas desde el Social Cristianismo.

@ftarquino

GUIDO JUNIOR BRAVO HUAYNATES

Licenciado en Educación con especialidad en Matemática y Física por la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, Segunda especialidad en Formación Magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Especialista en Ciencia Tecnología y Sociedad por la Universidad de Oviedo y la OEI, Diplomado en Transdisciplina y Complejidad por la Multiversidad Mundo Real “Edgar Morín”, Magister en Docencia e Investigación en Educación Superior por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctorante en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morín. Especialista en Matemáticas, consultor en proyectos educativos y sociales.

SOL POZZI-ESCOT@pozzi_escot

Estudiante de periodismo. Director del portal web informativo Alquimia Cultural. Escribe en Contrapoder, suplemento dominical del Diario Expreso. Ha publicado en el Diario La República, la revista Voces y la Revista Gris. Conductor del programa web de entrevistas políticas y culturales “Persona”.

hacedordecaminos@gmail.com

ENRIQUE MENDOZA RAMÍREZ

Ex Juez de la Corte Suprema de la RepúblicaEx Consejero de la Academia de la Magistratura

MARIO CEDRÓN LASSÚS.

Ingeniero de minas graduado en el University Collegue Cardiff en Gran Bretaña, magister en gestión y política de la Innovación y la tecnología, con estudios de doctorado en medio ambiente, 45 años de experiencia profesional, catedrático universitario, consultor en temas mineros, ejecutivo internacional, es presidente de diversas instituciones mineras.

RÓMULO FERNÁNDEZ MEDINA

Actual Presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional – CONPYME INTERNACIONAL, Director PYMES Perú RTV, consultor MYPES, escritor de artículos especializados, conferencista y agricultor.

JORGE CAYCHO CELLE

Presidente Comité Compliance para la Reputación Corporativa y Sostenibilidad de la WORLD COMPLIACE ASSOCIATION-WCA, Director de STAFF de la Chamber of the Americas of USA in Perú, miembro fundador del Comité ISO 26000 de INACAL, ex Asesor Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción-PRODUCE.

Administrador de Negocios Internacionales - USMP y candidato a Magister en Gerencia Social por la PUCP, especialista en: Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Fundación Academia Diplomática del Perú, en Responsabilidad Social Empresarial y Negocios Inclusivos por la Universidad del Pacífico, en Gestión e Implementación en Compliance por Thomson Reuters, Profesional Certificado en Estándares de Reportes de Sostenibilidad - GRI, especialista en Sistemas Integrados de Gestión por SGS del Perú, Experto en Negociaciones Empresariales.

Estudios en Promoción Comercial y de Inversiones en KOIKA, Seúl–Corea, estudios oficiales del FDA en Better Process Control en Louisiana State University-USA, estudios en Negociaciones y Prevención de Conflictos además de Planeamiento Estratégico y BSC en Pacífico Business School, Coach Profesional y Máster en Programación Neurolingüística por el Instituto Latinoamericano de PNL–ILPNL.

https://jorgecaychocelle.wixsite.com/misitio/

CARLOS MARINO PANDO SÁNCHEZ

Sociólogo por la PUCP, Diplomado en Ciencia Política y Gobierno, también cuenta con un Diploma en Gestión y Resolución de Conflictos Socio Ambientales PUCP. Se desempeña como consultor en temas de Planificación Estratégica, Diseño y Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo Social; así como en Cooperación Técnica Internacional y Seguridad Ciudadana.

Ha desempeñado cargos de dirección en el sector público: Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Director General de Formación Profesional y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Director de Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Miembro del Directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú.

En el sector privado ha sido Sub – Director de el Plan de Desarrollo Rural de la ONG FOVIDA, Oficial de Monitoreo y Evaluación de la ENIEX International Youth Fundation y Encargado del Monitoreo y evaluación de los programas sociales del Hogar de CristoHa ejercido la docencia universitaria en la Universidad de San Martín de Porres y en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Paralelamente a la docencia universitaria desarrolla la capacitación profesional y técnica en formulación de proyectos sociales.

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