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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO

LXI LEGISLATURA COLUMNAS

FECHA: 25 Enero 2016

Dirección de Comunicación Social

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MÉDULA EVODIO ES VÍCTIMA… PERO DE SU INSENSATEZ POLÍTICA Diario: Pueblo (Jesús Lépez Ochoa) Lo que sucede al alcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre no es más que la consecuencia de su insensatez política. Abrió todos los frentes de batalla y no le quedó más que pedir esquina y cobijarse en las faldas de la secretaria general de su partido, Beatriz Mojica Morga, aunque la solución de ella sea la misma: pelearse con todos, y al mismo tiempo. La soberbia ha invadido al joven presidente municipal, quien no cree que los acapulqueños sean capaces de detectar sus incongruencias, que han sido varias. Al tomar posesión Evodio dijo que en su gobierno se cuidaría que los cargos fueran ocupados por los mejores perfiles y que, “a diferencia de la anterior administración”, en su gobierno si habría planeación. El caso es que designó como director del Instituto Municipal de Planeación a David Aguilar González… ¡nada menos que el subsecretario de Planeación “de la anterior administración”! También dejó al mismo director de Saneamiento Básico y al responsable de reparar las rejillas lo puso al frente de la nueva coordinación de Zonatur. Y es que a Evodio Velázquez se le olvidó que él y su gente, fueron parte de la “anterior administración” a la que golpetea como distractor cada vez que tiene problemas. Otra incongruencia es la de la deuda, el alcalde asegura que la recibió de 2 mil 210.9 millones de pesos, cuando cualquier persona medianamente informada sabe que en México solamente existen tres municipios que tienen una deuda mayor a los 2 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos son: Tijuana, Guadalajara y Monterrey. El municipio más endeudado del país es Tijuana, su deuda es de 2 mil 541.9 millones de pesos. La de Guadalajara es de 2 mil 323.7 y la de Monterrey de 2 mil 034.9 millones. Les sigue Hermosillo, Sonora con una deuda de mil 412.8 millones.







En el supuesto de que Evodio dijera la verdad, Acapulco sería el tercero más endeudado del país, pero no es así. En los datos de la Secretaría de Hacienda hechos públicos por los medios nacionales y consultorías especializadas en finanzas públicas, este municipio no figura ni siquiera entre los que tienen una deuda de 500 a 999 millones de pesos, simplemente porque se trata de una mentira. Han sido estos escupitajos al cielo de parte del primer edil, los que le han traído en respuesta la crítica de su antes aliado partido Movimiento Ciudadano, que le ha quitado el sueño al grado de acusar que las declaraciones del diputado Ricardo Mejía Berdeja según él, mensajero de Luis Walton, no lo dejan gobernar. De tal suerte que no sólo abrió un frente innecesario contra un partido de la misma izquierda social que representa, sino que los engrandeció como adversarios, pues lo que nos está diciendo es que Luis Walton sin tener ningún cargo cuenta con el poder de no dejarlo gobernar y que la palabra de Mejía Berdeja es tan poderosa que le amarra las manos al presidente municipal. ¿No tiene asesores en comunicación? Otro pleito de Evodio, que tiene que ver con la mala selección de perfiles contraria a lo que prometió a los acapulqueños, fue la designación de gente no certificada al frente de la Secretaría de Seguridad y la Coordinación de Movilidad y Transporte con la que sustituyó a Tránsito, y su oposición a la Policía Estatal Única. En este pleito se enredó nada menos que con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador Héctor Astudillo. Lo malo es que no mide consecuencias. La intervención de Beatriz Mojica en una conferencia de prensa para arremeter contra todos -los que en la paranoia municipal se considera adversarios de Evodio- es un acto desesperado y temerario, que en nada ayudará al alcalde. UN DATO: “La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”. (Artículo 115 constitucional fracción VII). [email protected]

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SURREALISMO POLÍTICO Diario: Pueblo (Martin Martínez Olvera) Este domingo fue el natalicio del ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado. A quien le gustaba ser llamado Profesor, en virtud de su primer formación profesional, pero también licenciado, por la carrera de economía estudiada en la UNAM. Don Alejandro se conserva en la memoria popular, a pesar de que la entidad venía de los consabidos asuntos de violencia, de guerrilla, de grupos políticos que había dividido a la entidad con dos personajes que están también en el recuerdo popular, Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. Su antecesor en el Gobierno, el célebre y multicitado Ing. Rubén Figueroa Figueroa, que provenía de una familia que participara en la lucha revolucionaria, logró concluir su periodo gubernativo y con todo lo que se ha señalado en su vida, le invirtió a la capital del Estado de Guerrero, la tercera capital luego de Tixtla e Iguala. Pero ésta, Cuna de los Sentimientos de la Nación que diera a los movimientos independentistas elementos de ideario y no solo de pelea, donde querían situarla quienes no deseaban la separación de España. Don Alejandro Cervantes dio otra transformación a la capital. Influiría en ello ser nativo de esta ciudad, su inclinación hacia las costumbres, la exaltación de los valores que dieran a la entidad crecimiento económico, pero también el cultural tan importante para la elevación del pensamiento. A diferencia de René Juárez Cisneros, Gobernador Acapulqueño, los otros Gobernadores procedentes del puerto más importante para el país hasta los años 90´s, le invirtieron a Acapulco, y dejaron en manos de los ediles lo que pudieran rescatar mediante las buenas relaciones políticas, pero sin quitar la idea de retenerla para el PRI. Así, José Francisco Ruíz Massie, Zeferino Torreblanca Galindo, Rogelio Ortega Martínez, cada cual en su propio contexto de gobierno, no hicieron de la capital ni la residencia habitual de gobierno, ni le prestaron mayor atención a su crecimiento. En sus dos periodos como Presidente Municipal de Chilpancingo, el hoy Gobernador Héctor Astudillo Flores, realizó esfuerzos por solucionar la problemática que ser una sede de Gobierno tiene, y aún hacer que la capital se mantuviera en pie con dignidad.







No escapa a los analistas políticos que el arraigo de su presencia dio el gane a las formulas municipales y distritales de su partido, que habrán de tener su propia visión de gobierno no solo para hacer un buen papel, sino incluso mantenerlo para su partido; aunque tampoco escapa que si el Gobernador Astudillo no atiende esta zona, no sea determinante lo que ellos hagan. Así pues, en el recuerdo reciente del aniversario 90 del ex Gobernador que solo se quedó con las ganas de ser Presiente Municipal de su tierra natal, Chilpancingo, para servirle, me pregunto: cuál es la visión que tiene para esta capital el Gobernador Astudillo?, o seguirá gobernando desde Acapulco como los otros. Surrealismo?







DEFENDER LO INDEFENDIBLE Diario: La Jornada Guerrero ( EDITORIAL) Si la escena fuera parte de la audiencia de un juicio penal, seguramente el juez habría denegado con un “no ha lugar” el reclamo de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Beatriz Mojica Morga, referente a que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debió hablar con el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, respecto a que el secretario de Seguridad municipal carecía de certificación y había presentado título apócrifo. La ex candidata perredista a la gubernatura criticó al titular de la SG por haber ventilado públicamente el asunto, hecho que, viéndolo bien, si tiene relación con la función pública, lo más sano es que se trate de manera pública. Muy mal acostumbrados están los gobernantes, en aras más de la connivencia que de la convivencia, a abordar irregularidades en lo oscurito, atrás del escenario, en petit comité, cuando la sociedad está en su pleno derecho de estar informada sobre lo que ocurre en el lugar que habita. Si Osorio Chong mintió, que se lo demuestren también públicamente; si fue el alcalde el que se falló, que reconozca y corrija –como lo hizo–, pero que no se caiga en un concierto de lamentaciones y críticas incendiarias por dar a conocer un hecho que los acapulqueños tenían que saber, y no por el afán del chisme, sino porque les concierne, más aun tratándose de un asunto tan delicado como es la seguridad. Lo mismo habrá que decir en el caso de los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, a quienes Osorio Chong, dijo Mojica Morga, ha pretendido responsabilizar de la situación de la violencia, sin reparar en que “el responsable de la seguridad nacional tiene nombre y apellidos”. Cierto: ha fallado el gobierno federal, pero también han fallado el estatal y los municipales. Y no sólo Osorio Chong dice que los ex mandatarios no cumplieron su responsabilidad. Los sectores sociales los responsabilizan. Si hubieran hecho su trabajo, simplemente no habrían desaparecido los 43 de Ayotzinapa.







En consecuencia, que la perredista quiera hacer ruido porque políticamente siempre hay que estar en la escena, es entendible, pero que lo que dice sea lo más conveniente y sano para la entidad, es otro punto. Aquí no hay víctimas, ni victimarios; sólo hay consecuencias.







EVODIO: CRISIS DE 100 DÍAS Diario: La Jornada Guerrero ( Roberto Ramírez Bravo ) El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, pasó apenas la barrera de los 100 días de su gobierno y entró en una crisis cuyas dimensiones todavía no es del todo posible anticipar. Sin embargo, hay algunas manifestaciones de esa crisis que tienen nervioso al equipo que gobierna, porque los escenarios no son de ninguna manera favorables. Primero hay que ver las manifestaciones del problema. Los gobiernos priístas instrumentaron el periodo de los 100 días como un momento para reflexionar sobre los primeros pasos, para revalorar sobre todo a los integrantes del gabinete y hacer los remplazos necesarios, luego de haber cumplido durante tres meses los compromisos políticos heredados de la campaña. Los perredistas, aunque no estaban obligados, continuaron con la fórmula. Evodio Velázquez no fue la excepción y anunció que en los primeros 100 días daría muestras de lo andado y dio a entender que en ese momento haría los ajustes en su gabinete, por lo que los funcionarios tendrían que haber demostrado que estaban a tono con la propuesta que el presidente había hecho en campaña. Pero los 100 días llegaron en medio del vendaval. No por los ajustes anunciados, sino por razones ineludibles, externas, comenzó la desbandada. Salieron el coordinador de asesores, Everardo García Mondragón, y el asesor en Comunicación, Roberto Camps; luego el director de Movilidad, Israel González Nava, y la directora de Cultura, Citlali Guerrero, y ahora el secretario de Seguridad, Francisco Sandoval Vázquez. A este momento, el presidente municipal llega con varios frentes abiertos: por una parte, recibe una embestida del ex alcalde Luis Walton Aburto, que mueve sus piezas de Movimiento Ciudadano en el Congreso, en las regidurías, y con el mismo equipo que tuvo en su oficina de Comunicación Social; por la otra, entra en distanciamiento con el gobernador Héctor Astudillo Flores, con quien mantenía lo más parecido a una luna de miel, que entró en crisis por el tema del Mando Único, lo que a su vez abrió un tercer frente, ahora nada menos que con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Este solo último punto debería preocupar al alcalde: Osorio Chong fue, dentro del gabinete presidencial, quien operó la caída del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero tras la desaparición de los







normalistas de Ayotzinapa, es decir que pudo arrastrar a la debacle a una figura pública que era muy amiga del Presidente. ¿Pero cómo se llega a una situación como ésta en tan poco tiempo? Tal vez el centro de todo esté en el planteamiento principal de la campaña de Evodio Velázquez: ofreció lo nuevo y dio más de lo mismo. Para corroborarlo, basta con echar una mirada al gabinete: ni el secretario de Finanzas, Merced Valdovinos Diego, ni el de Desarrollo Social, Víctor Aguirre Alcaide, ni el secretario de Desarrollo Económico, José Natividad Calixto Díaz, ni el de Turismo, Alejandro González Molina, ni el asesor de Seguridad, Juan Heriberto Salinas Altés, y mucho menos el director del DIF, Heriberto Noriega Cantú, representan nada nuevo. Muy por lo contrario, se trata de figuras que ya arrastraban, unos más que otros, severos cuestionamientos. Es difícil hacer vino nuevo en odres viejos, eso ya se sabía desde los tiempos de la Biblia. Por eso el discurso de lo nuevo, a pesar de que hay un indudable impulso personal del alcalde, no puede prosperar, amén de que nadie en el ayuntamiento sabe con exactitud qué es lo nuevo y cómo se va a operar en términos programáticos reales. Por otro lado, algo muy difícil ha de estar pasando en el gobierno municipal, que las dirigencias nacional y estatal no se han comprometido de lleno con él. Llama la atención que la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional perredista, Beatriz Mojica Morga, le haya dado un respaldo más bien moderado, en una conferencia de prensa que dio el domingo, más enfocada en cuestionar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que a defender al alcalde de Acapulco. Los detalles de la crisis en el ayuntamiento sólo los conocen sus actores, pero fuera, en la calle, entre la sociedad civil, es posible advertir que algo delicado está sucediendo. A todo lo anterior habría que agregar el flagelo del crimen organizado, que ejecutó al menos a un funcionario y su chofer y debe tener una amenaza sobre el ayuntamiento en general. Son 100 días difíciles. Por el bien de Acapulco, más que por el propio bien de los funcionarios, es deseable que esta mala racha termine. Sin embargo, es posible que no terminará mientras lo nuevo se siga cocinando en odres viejos







OTRO PAÍS EL MUNDO AL SERVICIO DEL 1 % Diario: El Sur (Tomás Tenorio Galindo) “Sesenta y dos personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial”, indica el título de un resumen que la organización internacional Oxfam puso a circular el lunes pasado sobre el estado de la desigualdad social en el planeta, extraído de un documento amplio e imponente que a su vez tiene el siguiente encabezado: Una economía al servicio del 1 %. Este dato proviene de un análisis de la firma Credit Suisse, el cual establece que “el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante”. El estudio de Oxfam impresiona por la severidad de sus cifras y sus desalentadoras conclusiones, pues en lugar de que la pobreza descienda en el mundo gracias a las políticas gubernamentales que supuestamente están orientadas a combatir el problema, resulta que está en aumento. “Desde 2010, la riqueza de la mitad más pobre de la población se ha reducido en un billón de dólares, lo que supone una caída del 41%”, y “la riqueza de las 62 personas más ricas del planeta ha aumentado en más de 500.000 millones de dólares, hasta alcanzar la cifra de 1.76 billones de dólares”, asienta el documento. Para tener una idea de cuánto es en pesos el dinero que tienen esas 62 personas más acaudaladas del mundo, los 1.76 billones de dólares deben multiplicarse por 19, que es el margen de cotización del dólar en estos días: 33.44 billones de pesos, una suma bastante más elevada que el total del presupuesto del gobierno de México durante seis años. De acuerdo con el comunicado de Oxfam, la directora internacional del organismo, Winnie Byanyima, definió de la siguiente manera el dilema que representa esa concentración de la riqueza: “Simplemente no podemos aceptar que la mitad más pobre de la población mundial posea la misma riqueza que un puñado de personas ricas que cabrían sin problemas en un autobús”. “Los ricos no pueden seguir defendiendo la idea de que su riqueza beneficia a todo el mundo”, dijo también la ejecutiva. “Al contrario, su extrema riqueza es un síntoma de una economía global enferma. La mayoría de la población mundial, y sobre todo las personas más pobres, han pagado el precio de la reciente explosión de riqueza de las personas más ricas”, principalmente por el sacrificio al que son sometidos los salarios. El informe independiente afirma también que “si la desigualdad dentro de los países no hubiese aumentado entre 1990 y 2010, otros 200 millones de personas habrían salido de la pobreza”. Incluye además una pequeña tabla en la que describe cómo ha evolucionado la concentración de las fortunas, en la que se observa que el número de ricos extremos propietarios de la misma riqueza que la







mitad más pobre del mundo, se ha reducido de 388 en el año 2010, a los 62 del 2015. Es decir, algunos de ese pequeñísimo grupo de privilegiados se han empobrecido, si eso fuera posible, y algunos se han vuelto más ricos. Lo anterior quizás tenga relación con este otro hecho expuesto en el estudio: que “a pesar de que los líderes mundiales hablan cada vez más de la necesidad de abordar la desigualdad y en septiembre fijaron un objetivo mundial para reducirla, la realidad es que la brecha entre los más ricos y el resto de la población ha aumentado de manera drástica a lo largo de los últimos doce meses (los del 2015). La predicción que Oxfam realizó antes de la reunión de Davos del año pasado, de que en poco tiempo el 1% poseería más riqueza que el resto de la población mundial, se ha cumplido en 2015, un año antes de lo esperado”. Winnie Byanyima atribuye ese trágico efecto a que “la preocupación de los líderes mundiales sobre la creciente desigualdad todavía no se ha materializado en medidas concretas para contrarrestarla”, y por lo tanto “el mundo es mucho más desigual, y la tendencia ascendente de la desigualdad se está acelerando”. El mundo no puede permitir, arenga, “que cientos de millones de personas padezcan hambre mientras que las élites económicas absorben los recursos que podrían ayudar a estas personas a salir de esa situación”. Para Oxfam, el origen del crecimiento de la desigualdad social se encuentra, entre otras causas, en la permisividad estructural de las empresas transnacionales y los grandes empresarios, que se conceden el derecho a no pagar impuestos en la medida que les corresponde como al resto de los mortales, motivo por el cual “188 de las 201 mayores empresas están presentes en al menos un paraíso fiscal”, lo que les permite evadir al fisco. Calcula que unos 7.6 billones de dólares se encuentran depositados en esos paraísos fiscales, libres del pago de impuestos y ajenos al compromiso de reducir la pobreza y la desigualdad. Si ese dinero pagara impuestos, los gobiernos recaudarían 190 mil millones de dólares al año. Cien mil de esos millones son escamoteados a países en desarrollo. Las élites económicas mexicanas no cantan mal las rancheras. La misma organización Oxfam dio a conocer el año pasado que en México el 10 por ciento de la población más rica concentra el 64.4 por ciento de toda la riqueza del país, y que los 16 mexicanos más enriquecidos son dueños de 142 mil 900 millones de dólares. La fortuna de tan sólo cuatro de esos 16 mexicanos representa el 9.5 por ciento del producto interno bruto. Esos cuatro mexicanos son Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego, según estableció el informe Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político, patrocinado y dado a conocer en junio de 2015. Este estudio recuerda que a pesar de que México es la economía número 14 por su tamaño, 53.3 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y 17 millones de ellos no alcanzan ni siquiera a pagar la canasta básica, “lo que tiene sumergido al país en un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza”.







Gerardo Esquivel, autor del estudio, explicó entonces que “México está dentro del 25 por ciento de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es uno de los dos países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”. Otras clasificaciones sitúan a México en el lugar 87 entre 113 países por sus niveles de desigualdad social, que en la actualidad son, además, peores que en 1980 y por increíble que parezca, peores que en Afganistán, Nigeria, Togo o el Congo. Por encima de todo, la pobreza y su derivación, la desigualdad social, es el tema hoy. [email protected]

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¿MÁS MILITARES? Diario: El Sur (Jesús Mendoza Zaragoza) No tengo nada contra el Ejército mexicano como institución pública, con una misión específica relacionada con la defensa de la soberanía nacional, pero creo que está resultando dañado cuando se han generado grandes expectativas en su capacidad para dar seguridad en el contexto de la violencia generada por las múltiples bandas de la delincuencia organizada en México. Su imagen ha salido deteriorada en esta “guerra contra el narcotráfico” ya que no está preparado para realizarla de manera ordinaria. De hecho, ha quedado expuesto a cometer abusos y algunos de sus mandos y efectivos han sido señalados de crímenes y de violaciones a los derechos humanos. El argumento del gobierno ha sido el mismo: la situación de emergencia, que ya lleva cerca de 10 años lo hace necesario ya que las policías del país no son suficientes ni confiables. Hay que poner en condiciones a las fuerzas policiacas para sacar al ejército de las calles, nos dicen. Y esto va para largo. Desde octubre de 2011, el Ejército, la Marina Armada y la Policía Federal entraron a Guerrero en la Operación Guerrero Seguro, para atender la crisis que, si bien colapsaba la economía en ese tiempo, continúa hasta ahora. ¿Cuáles son los resultados? Los tenemos a la vista: un estado convulsionado por las bandas criminales en varias de sus regiones, con amplios territorios donde hay ingobernabilidad, con espacios del poder público cooptados por la delincuencia y miles de víctimas. La situación es peor que en 2011. La decisión de establecer un cuartel militar en Chilapa, anunciada por el secretario de Gobernación, manifiesta que persiste la idea de que la violencia puede ser sometida por medio de las armas. Hacer visibles más armas en un lugar tan convulsionado por la violencia como la región de Chilapa, daría la idea de que hay más seguridad y de que las bandas criminales están bajo control. Los resultados obtenidos en otras regiones como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, donde hay presencia permanente y visible del Ejército, desmienten esta idea. El Estado se ha enfocado a atender algunos efectos de la violencia mediante la vía represiva, mientras abandona las causas que la generan por las vícas de la negligencia y la omisión. Creo que la presencia y actuación de la fuerza pública, que incluye militares y policías, tiene que ser una parte de la respuesta del Estado. Sólo una parte y ni siquiera la parte central de una estrategia integral contra la violencia y el crimen. Necesitamos a la fuerza pública pero no así. Necesitamos al Estado como tal, a toda la fuerza del Estado que está para coordinar y promover todos los beneficios que la sociedad requiere. Necesitamos al Estado con un sistema de salud adecuado y eficaz que responda a las necesidades de salud que incluya a todos







los guerrerenses, pues el que tenemos está colapsado por la corrupción. Necesitamos al Estado con un sistema de educación capaz de empoderar a la gente con conocimientos y habilidades para la gestión económica, política y social. Necesitamos al Estado con instituciones y políticas públicas que protejan el medio ambiente. Necesitamos al Estado con toda su capacidad para promover el empleo, la vivienda y el desarrollo económico con un sentido social. En fin, necesitamos a un Estado enfocado no a reciclar élites políticas corruptas ni a las mafias de la delincuencia, sino enfocado a atender las dolencias de la gente y a estimular el desarrollo integral y sustentable de los pueblos. En mi particular percepción, el Estado no está haciendo esta tarea preventiva de la violencia ni está atendiendo a los sectores más vulnerables ni a las víctimas. Por eso se ha reducido a mostrar su músculo sacando policías y militares a la calle. En este sentido, creo que el Ejército ha sido utilizado para ocultar todas las omisiones políticas, es decir, lo que no está haciendo el Estado. De una vez por todas, hay que entender que la seguridad de los ciudadanos no está en las armas ni en quienes las empuñan. Está en las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales, puestas para que todos los guerrerenses tengamos mejores condiciones de vida. Policías y militares tienen tareas específicas y los necesitamos, como dije antes, de otra manera. Más en función del bienestar público que de los intereses políticos de facciones y grupos privilegiados. Es insensato creer que un cuartel militar cambiará la situación en Chilapa. Puede contribuir a ello, si a su vez, se activan políticas públicas que toquen las causas de las violencias en esa región. Y eso le toca a los gobiernos. Ojalá que la actual consulta que el gobierno del estado está llevando a cabo para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo no sea una mera simulación y que abra una oportunidad para atender las causas de la violencia.







PLAN B LA INFELICIDAD DE ENTENDER Diario: El Sur (Lydia Cacho) Esta semana se cumplirán seis meses del homicidio de nuestro colega, el joven reportero Rubén Espinosa y de la activista de los derechos humanos Nadia Vera. Ellos no solamente compartían esa amistad que se profundiza con la persecución y el aislamiento, algo más profundo les unía: un tejido imperceptible a los ojos de quienes se niegan a estar enterados, a comprender. En este mundo algunos se lanzan a las profundidades oscuras y complejas del comportamiento humano para preguntarse las razones y motivaciones de quienes hacen daño y de quienes lo remedian, frente a ellos y ellas están quienes deciden nadar en la superficie, temerosos de mirar al fondo admiran el resplandor del sol sobre las aguas, aceptando sin chistar las respuestas falsas a las preguntas importantes. Se elige una carrera como el periodismo o el activismo de derechos humanos por un impulso vital, necesariamente iluso. Sin embargo el compromiso que madura exige la comprensión y el reconocimiento de la responsabilidad, la tarea conlleva la clara aceptación de pertenecer a un mundo en que la felicidad simplona no tiene cabida. Comprender y enfrentar las atrocidades perpetradas por los poderosos, o por quienes eligen el crimen como forma de vida, implica la pérdida de la inocencia. Vivir con miedo no es cosa de cobardes, eso lo sabía muy bien Nadia Vera. Porque la cobardía en realidad es el exceso de prudencia que impide abrir las puertas que otros cierran, las ventanas que urge abrir para respirar transparencia. Esa prudencia maniatada que recomienda al oído de muchos no meterse en la vida de las víctimas para no salir herida, que incita a mirar al otro lado cuando una injusticia cae feroz sobre el prójimo. Ser periodista o activista en estos tiempos no es tarea para débiles ni para corruptos. Aunque algunos de los que sirven al poder se infiltran en ambos oficios, necesariamente son evidenciados poco a poco por la sociedad que se decanta por aquellos que resultan congruentes, constantes, profesionales. Rubén y Nadia sabían que vivimos en una situación impensable hace una década, uno de los efectos más notables de Internet consiste en cambiar la distancia entre el tiempo y el espacio. Activistas y periodistas por igual nos enfrentamos al caos cultural que resulta de la cruza entre la información y la reacción social frente a ésta. Rubén entendía que las elites y autoridades han perdido el control de la información, pero no solamente las elites empresariales y políticas, también las que conforman el vasto mundo de la delincuencia organizada que integra a algunos jefes policiacos, jueces, y procuradores. Poco antes de ser asesinada Nadia intentaba comprender a profundidad la diferencia entre la vigilancia legítima de los cuerpos de







Inteligencia para la seguridad nacional y la creciente intrusión ilegal operada por gobernadores preocupados por ocultar sus delitos. Tanto Rubén como Nadia estaban en la Ciudad de México buscando refugio y abrigo de la violencia en Veracruz, ayudados, a su vez por activistas paralelamente espiados y perseguidas. Son muchas las razones que han llevado al homicidio, persecución y desaparición de activistas y periodistas en México; tal vez la más notable es la irritación de los poderosos frente a la desobediencia civil. Rubén y Nadia sabían que su trabajo formaba parte de un movimiento desestabilizador de la ignominia, del Estado represor, del sistema político que viola sus propias reglas para subsistir. Su juventud no les impidió estar dispuestos al riesgo. Ellos sabían que en la medida en que comprendían mejor los sucesos del país, perdían la inocencia y la felicidad; eso no significa que no hubieran aprendido a rescatar momentos de alegría por una tarea ética bien lograda. Alguna vez le preguntaron al filósofo Bertrand Russel: “Si le dieran a escoger entre ser feliz o saber más ¿qué elegiría?”, respondió: “Es extraño, pero preferiría seguir aprendiendo”. No cabe duda que vivimos más inquietas en la medida en que nos hacemos más y mejores preguntas para informamos para entender mejor. Miles de personas decidimos conscientemente sacrificar la felicidad simplona de la negación y la ignorancia, porque al final del día explorar y comprender el por qué y el cómo de la realidad es el primer paso para trabajar en un sentido diferente. No cambian el mundo quienes en aras de ser felices se niegan los problemas de su comunidad. Ellos, en gran medida, terminan convirtiéndose en parte del problema porque en contextos de corrupción en cadena como el nuestro, quienes van con la marea se convierten en reproductores de la normalización de la injusticia y la corrupción. Rubén y Nadia iban contra la corriente, su vida valió la pena y buscar justicia para ellos es reivindicar ese hecho concreto.







EL NUEVO PLAN DE SEGURIDAD: CUARTELES MILITARES Diario: El Sur (Tlachinollan) Muy significativo resultó ser el anuncio que hizo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el nuevo plan de seguridad, el día que el nuevo gobernador Héctor Astudillo tomaba las riendas del estado. Expresó que “desde el ámbito federal y con la presencia de todo el gabinete de seguridad y por instrucción del presidente, una vez al mes estaremos aquí en Guerrero para revisar la estrategia y vaya en el camino que nos hemos fijado todos nosotros”. Añadió que el objetivo de esta estrategia es “superar las debilidades institucionales que han impedido que Guerrero tenga una seguridad duradera”. No dio más explicaciones sobre los nuevos lineamientos de este plan. Todo se centró en el anuncio del general Alejandro Saavedra Hernández como nuevo comisionado para dirigir el plan de seguridad. Es importante señalar que el comisionado militar tomó protesta como comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo, el 2 de junio de 2014, ante el entonces gobernador Ángel Aguirre. Esta circunscripción militar tiene bajo su responsabilidad al 27 batallón de infantería de Iguala. Cuando sucedieron los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en los que fueron asesinadas seis personas, tres de ellas estudiantes normalistas de Ayotzinapa y 43 compañeros suyos desaparecidos, el general Saavedra era la autoridad máxima del instituto castrense que fue informado de todo lo que acontecía con los estudiantes y tuvo conocimiento de la participación del Ejército en los momentos claves de los asesinatos y desapariciones de los normalistas. Este antecedente funesto, que pone en entredicho la actuación del general, no ha sido un impedimento para que el gobierno federal lo coloque a la cabeza de la nueva estrategia de seguridad en Guerrero. Más bien, ha sido el mismo secretario de Gobernación quien ha expresando públicamente su oposición para que los militares del 27 batallón puedan ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aduciendo argumentos rigoristas, de que solo el Ministerio Público está facultado para solicitar la comparecencia de los elementos castrenses. El mensaje del general fue ofensivo para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos y para las familias de Los Otros Desaparecidos, porque ha sido evidente que las actuaciones del Ejército no han sido para proteger a quienes son víctimas de la violencia, sino que más bien son parte de los actores gubernamentales que actúan en contubernio con el crimen organizado. El general Saavedra manifestó que con esta nueva estrategia “se busca que las familias tengan su vida normal, que las amas de casa vivan su vida cotidiana, y los niños y la juventud acudan con tranquilidad a las escuelas”. A casi tres meses de







anunciado el nuevo plan castrense de seguridad, las amas de casa, los niños, las y los jóvenes, los maestros del estado y sobre todo de Tierra Caliente, no ven que la tranquilidad llegue a sus hogares. Tomando como referencia el balance anual de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública corroboramos que en el 2015 el número de homicidios ascendió a 18 mil 650 casos, teniendo un incremento del 7.6 por ciento en comparación con 2014. Para colmo de males, nuestro estado no sólo se consolidó como la entidad con la mayor tasa de homicidios del país, sino que además registró un incremento del 30 por ciento en este delito. Fueron 56.50 casos por 100 mil habitantes, siendo el promedio nacional de 14.06 casos, es decir, que casi cuadruplicamos el nivel nacional de los homicidios. Ante estas cifras de la muerte, como guerrerenses tenemos que pedirle cuentas a las autoridades que han diseñado estos planes de seguridad que para nada han dado resultados tangibles, por el contrario vemos un colapso en las instituciones de seguridad y justicia y un robustecimiento de las bandas del crimen organizado. La estrategia anticrimen que se anunció con la llegada del gobernador Astudillo no es nueva, pues existen por lo menos tres planes anteriores: en el 2007, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la Operación Conjunta Guerrero, con el apoyo del entonces gobernador Zeferino Torreblanca. En el 2011 el mismo presidente Calderón lanzó otro plan conocido como Guerrero Seguro, estando como gobernador Ángel Aguirre. Para el 2014, luego de los crímenes de Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto implementa el Operativo Tierra Caliente siendo gobernador Rogelio Ortega. Los tres operativos estuvieron comandados por el Ejército y la Marina y lamentablemente los resultados fueron fatales, no solo por el número creciente de homicidios sino por la pérdida del control de la seguridad por parte de las autoridades civiles y militares. A pesar del incremento de las fuerzas militares y el envío de más efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería, las autoridades no logran contener la espiral de violencia ni abatir a los grupos de la delincuencia organizada que son los verdaderos amos y señores que controlan varios municipios y tienen gran influencia en seis de las siete regiones del estado. A pesar de estos resultados adversos y de esta escalada de las muertes violentas, el gobierno federal insiste en su misma estrategia de militarizar la seguridad y de construir cuarteles militares, como lo anunció el secretario de Gobernación Osorio Chong el pasado jueves 21 de enero en Chilapa. Informó además que enviará más efectivos militares a la cabecera municipal de Zitlala, Teloloapan y Chilapa. Por su parte, el gobierno del estado emitirá una convocatoria para contratar más policías que serán capacitados por el Ejército “para que sean policías con capacidades para resguardar a la población… habrá (con ello) la preparación que requiere el reto de Guerrero”. En contrapartida del nuevo plan de seguridad que se aplica a las y los guerrerenses, los organismos internacionales de derechos humanos han







expresado en diferentes foros al gobierno de México las consecuencias de la militarización de la seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el periodo de sesiones de octubre pasado manifestó lo siguiente: “La militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, así como una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad. La CIDH considera indispensable que el gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de los militares de estas tareas, que por su naturaleza corresponden a la policía civil… Dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. De acuerdo a los estándares interamericanos en la materia, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser temporal y estrictamente excepcional”. Para la CIDH la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es causa y consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada “guerra sucia” de los años 1970 y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. En este contexto recomienda al Estado mexicano que desarrolle “un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles”. Por su parte, en 2014, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, publicó su informe sobre México, dando cuenta de “una impunidad sistemática y endémica” que alentaba las violaciones al derecho a la vida mediante: amenazas de muerte; muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta; muertes a manos de supuestos miembros de grupos armados ilegales; y desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias causantes de muerte. “Ante la gravedad de la situación actual, es imperativo actuar decididamente: el derecho a la vida está gravemente amenazado en México y este problema debería tener la máxima prioridad a nivel nacional. Una dura represión militar difícilmente mejorará la situación. En cambio, es preciso un fortalecimiento sistemático, holístico e integral del Estado de derecho, uno de cuyos elementos fundamentales es la rendición de cuentas por los atropellos cometidos”. A pesar de contar con una serie de recomendaciones, el relator especial concluyó que “la desmilitarización de la seguridad pública y diversas medidas de







fortalecimiento de las investigaciones de casos de privación de la vida, el Estado no ha tomado las medidas necesarias y adecuadas para poner fin a la práctica de ejecuciones extrajudiciales. Al contrario, el último año ha sido testigo de una serie de ejecuciones extrajudiciales tanto individuales como a grupos de personas civiles”. Las investigaciones que ha realizado el GIEI sobre la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tres estudiantes fueron asesinados y 43 de ellos siguen desaparecidos, ha dado cuenta de la presencia del Ejército en los momentos en que los normalistas eran agredidos por policías municipales y federales. Documentaron cómo monitorearon a los estudiantes y el hostigamiento que infligieron a varios de ellos. Hay más indicios de su complicidad con los grupos del crimen organizado que tienen años operando en Iguala y que han causado más de un centenar de desapariciones y que, sin embargo, siguen actuando con total impunidad. La nueva estrategia de seguridad no está diseñada para revertir esta violencia que padecen los familiares de desaparecidos, por el contrario se tiende un manto de impunidad a sus perpetradores, y se le da más poder a una institución castrense que no ha sido investigada por crímenes del pasado y por las graves violaciones de derechos humanos de los últimos años en que se pusieron en marcha estos operativos. Los resultados son fatales porque la violencia y la inseguridad campean en todo el estado a pesar del incremento de efectivos militares. Estamos ante una encrucijada marcada por la sangre y el dolor de miles de víctimas de la violencia, por lo mismo no podemos permitir que se reediten planes de seguridad que toleran graves violaciones de los derechos humanos y que no se centran en la seguridad de las y los ciudadanos de a pie, quienes son las víctimas de esta estrategia militar fallida.







ESTRICTAMENTE PERSONAL EL CASO CONTRA KATE Diario: El Sur (Raymundo Riva Palacio) El horizonte legal de la actriz Kate del Castillo está pintado de negro. A diferencia del actor Sean Penn, a quien llevó a ver a Joaquín El Chapo Guzmán a su escondite en la sierra de Durango para hablar de una película y entrevistarlo, el gobierno de Estados Unidos –de acuerdo con lo que han transmitido a Los Pinos– está dispuesto a quitarle la ciudadanía y entregarla a la justicia mexicana. Si se le encontrara culpable de los delitos por los que se le investiga, de todas las celebridades de Hollywood en la licuadora judicial del entramado financiero de Guzmán y el Cártel del Pacífico, ella sería la pieza desechable. Paradójicamente, ella puede cambiar su destino. El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la PGR, están armando el enjambre financiero de Guzmán, que según los investigadores, es muy amplio y complejo. Dentro de toda esa telaraña se encuentra la pista de la actriz, que tiene tres empresas, Royal Makeup, Kate del Castillo Productions y Tequila Honor, que están siendo puestas de cabeza por especialistas de la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro. El propósito es construir el mapa de transferencias de dinero de esas empresas a individuos y otras compañías con recursos que se presume eran del Cártel del Pacífico. La idea de la película de El Chapo producida por el Cártel del Pacífico para exaltar la imagen del criminal y fustigar al gobierno fue descubierta por un trabajo de contrainteligencia del Cisen. En el momento que se supo del plan, dijeron funcionarios federales, se buscó establecer los vínculos que les aportaran más información. De esa manera se llegó a la conductora Yolanda Andrade, agregaron, por el hecho circunstancial de que su padre era compadre de Guzmán. Pero las investigaciones sobre ella mostraron que no había existido ningún contacto con él o sus abogados. La investigación dio resultados en 2014, cuando detectaron una llamada entre los abogados de Guzmán y la señora Del Castillo, a partir de lo cual se fue desenvolviendo la trama más interesante de lo que iba a ser la película de El Chapo. En esas llamadas, de acuerdo con la información de inteligencia –que aún no forma parte de la indagatoria en la PGR–, las llamadas intervenidas ese año condujeron a pagos y comisiones de las empresas de la actriz a nueve holdings y varias personas de la industria del entretenimiento en México y Estados Unidos, que están bajo sospecha por la presunción de que esas operaciones fueron realizadas por miembros del Cártel del Pacífico.







Desde el primer momento se involucró al gobierno de Estados Unidos, en lo que comenzó como una operación binacional, que se ha vuelto multinacional. Desde 2014 la PGR trabaja esta línea de investigación con el FBI y la DEA, y el SAT con el Departamento del Tesoro, dijeron funcionarios federales. El FBI también intervino los teléfonos de la señora Del Castillo en Estados Unidos, en donde surgió un abogado en Nueva York, cuyas conversaciones llevaron a la presunción de que la actriz también podría estar involucrada en el lavado de dinero del Cártel del Pacífico en ese país. Estas investigaciones aún no se integran a la indagatoria en México, donde sin embargo hay al menos tres empresarios que están señalados como probables testigos de elementos constitutivos de delito, que aún no han sido llamados a declarar en la PGR. La investigación sobre la señora Del Castillo continúa ampliándose, con lo que su desenlace legal está lleno de incertidumbres. El lavado de dinero es uno de los delitos más difíciles de probar, y la experiencia mexicana en ese campo ha sido desfavorable para las autoridades. La PGR citó a declarar a la actriz en Estados Unidos, pero al ser ciudadana estadunidense desde septiembre de 2015, tiene la doble nacionalidad y es altamente probable que el Departamento de Justicia no permita que los ministerios públicos federales mexicanos hablen con ella. Tiene que presentarse a declarar, porque la citaron en calidad de testigo, pero sería ante un fiscal en la Corte Federal de Miami, donde el gobierno de Estados Unidos decidió radicar el caso. La PGR, de cualquier forma, podría formular preguntas previamente. Iniciar el proceso en contra de la señora Del Castillo en Estados Unidos es más riesgoso para ella. Según explicaron funcionarios mexicanos, cuando menos hay dos delitos por los cuales podrían procesarla. Uno es el de conspiración, donde no necesita haber cometido un crimen, pero basta que supiera de un plan e intentara romper la ley. El otro es por haber ayudado a narcotraficantes internacionales, que se encuentra vigilada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. Pero al mismo tiempo, la fortaleza de un caso contra ella en Estados Unidos, le da, paradójicamente, más posibilidades de evitar la cárcel. La ley le permitiría llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia para que a cambio de declarar contra los involucrados, le otorgaran inmunidad. Esto, en caso de que hubiera pruebas sólidas de un acto criminal o que decidiera colaborar con los fiscales unilateralmente. El costo sería el final de su carrera, posiblemente una nueva identidad, y cortar con todo lo que ha sido y la rodea hasta ahora, volteando a ver siempre para atrás sobre su hombro, porque su cabeza tendría precio. Ningún camino es fácil para ella. [email protected] twitter: @rivapa

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