gestión pública y estado: el “tamaño”, …. ¿si importa?

Gestión Pública y Estado: El “tamaño”, …. ¿si importa?.

18 de noviembre

2011 De Napoleón Bonaparte se cuentan muchas anécdotas, y de una ellas nos valdremos para introducirnos al tema del Estado y su tamaño relativo: “Un día entraba con sus generales a una biblioteca para ver los libros que había allí. Trataba de agarrar un libro que estaba en un estante alto y no podía alcanzarlo. Se acercó uno de sus generales de estatura gigantesca y le dijo: "Permítame, Majestad, que le ayude. Es que soy más grande". Napoleón le respondió: "Usted no es más grande, usted solo es más alto". Con esta aguda observación destacaba que su baja estatura era una medida relativa”. En este mismo plano relativo, el tamaño del Estado puede ser “medido” por su participación en el proceso productivo, o por la “satisfacción” de sus clientes-ciudadanos, o por la “percepción” que la comunidad internacional tenga de él según sea para invertir, para contrastar su carácter democrático, etc. Calidad no es cantidad, podría ser la frase final, pero y de sus “medidas”, cuál es la deseable y cuál es la actual? Pregunta difícil de más difícil respuesta. Intentaremos responder.

Articulo 21

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Gestión Pública y Estado: El “tamaño”, …. ¿si importa?.

Por Econ. Alfredo Espinal

El ser alto y el ser grande: Apuntes napoleónicos. Napoleón Bonaparte es reconocido en la historia como genio militar, habiendo planteado la estrategia militar moderna, con movilización de enormes recursos para campañas bélicas exitosas, aunque también con derrotas estrepitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares europeas, siendo ungido como emperador de Francia, bajo cuya condición conquisto muchos países, y era bajo, si hablamos de su estatura. Durante un periodo de poco más de una década, adquirió el control de casi toda Europa Occidental y Central mediante conquistas y alianzas, y sólo tras su derrota en la Batalla de las Naciones, cerca de Leipzig, en 1813, abdica. Regresó a Francia y al poder durante un breve período llamado los “Cien Días”, y en su última acción bélica fue derrotado en Waterloo, Bélgica, en junio de 1815 y desterrado a la isla de Santa Elena, donde falleció. De él se cuentan muchas anécdotas, y de una ellas nos valdremos para introducirnos al tema del Estado y su tamaño relativo: “Un día entraba con sus generales a una biblioteca para ver los libros que había allí. Trataba de agarrar un libro que estaba en un estante alto y no podía alcanzarlo1

. Se acercó uno de sus generales de estatura gigantesca y le dijo: "Permítame, Majestad, que le ayude. Es que soy más grande". Napoleón le respondió: "Usted no es más grande, usted solo es más alto". Con esta aguda observación destacaba que su baja estatura era una medida relativa”.

En este mismo plano relativo, el tamaño del Estado puede ser “medido” por su participación en el proceso productivo, o por la “satisfacción” de sus clientes-ciudadanos, o por la “percepción” que la comunidad internacional tenga de él según sea para invertir, para contrastar su carácter democrático, etc. Calidad no es cantidad, podría ser la frase final, pero y de sus “medidas”, cuál es la deseable y cuál es la actual? Pregunta difícil de más difícil respuesta. Intentaremos responder.

I. Una aproximación al tema. Qué quieren decir Políticos, Funcionarios del Sector Público y Ciudadanos cuando sentencian: “El Estado no llega”. Y a qué aluden cuando al criticar el “hacer”, o el “no hacer”, se habla de un “Estado sobredimensionado o elefantiásico”?. Para abordar esta problemática debemos previamente recordar el rol del Estado, que Richard A. Musgrave2 nos señala, y cuya explicación sencilla tomamos3

de la formulada por Wallace E. Oates, la primera referida a la estabilización de la economía, que consiste en el manejo adecuado de las políticas monetaria y fiscal siguiendo el postulado de Timbergen: La estabilización requiere de un control centralizado de la oferta monetaria de todo el país que permita mantener niveles de inflación que no distorsionen la actividad económica en su conjunto. El éxito de un manejo central está dado por la propia naturaleza de ambas políticas, de la lectura de las señales bajo las cuales se ejecutan y del nivel de efectos esperados. Los parámetros, tales como índice general de precios, tipo de cambio, determinantes y ciclo económico (pro y anti cíclico), estructuras tributarias, deuda y déficit fiscal, e inversión pública, requieren de una visión unificada.

La segunda se refiere a la distribución, o impacto que tiene en la economía ingreso y gasto del Gobierno, dependiente de la estructura tributaria y fiscal, resultado final de las finanzas públicas y aplicación de los programas de corte social y de promoción. Esta determinación (que involucra a fuentes y usos de recursos), balance y estructura (que a su vez es comparada internacionalmente) requiere de una gestión y modelo unificado (no hay deferencia en su aplicación) ya que podría incentivar a la movilidad de inversiones e inversores. No aludimos al sentido de preferencia sino de generalidad. La tercera es la asignación, responsabilidad del Sector Público de establecer adecuadamente los recursos fiscales y reales, que garanticen una oferta suficiente, de calidad y accesible, de bienes públicos a la sociedad y sus ciudadanos. Ello nos lleva al proceso de la producción de esos bienes públicos (y a resolver los posibles fallos del Estado, como externalidades negativas) lo cual tiene que ver directamente con la “logística” y el “plan de negocios” detrás de este rol. Esta última reflexión ha sido la hoguera de debates en economía aplicada, que a fin de cuentas es la que da respuestas a la dicotomía restricción-insatisfacción sobre la que descansa esta disciplina, y tal conflicto nos lleva a la teoría del equilibrio general y esta, a la economía del bienestar, uno de los argumentos clásicos para analizar la dimensión estatal, que hoy se recrea pero en un ambiente territorial y la gravitación del Estado-Gobierno: Centralizado vs. Descentralizado.

1 Tomado de: http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/personajes-historicos/452-curiosidades-sobre-napoleon.html 2 “The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy”, 1968, Editorial Aguilar, Madrid – España. 3 Oates, Wallace E, “Federalismo Fiscal”, 1977, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid – España.


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Veamos previamente el estado del arte y el proceso de síntesis (termino dilecto de los hegelianos) hasta el concepto de Estado, política y económicamente popular, hoy en día: Desde la propuesta de la mano invisible de Adam Smith, con la claridad de ideas de este Economista sobre la necesaria presencia del Estado para asegurar la coordinación de las fuerzas del mercado, se ha establecido posiciones encontradas, no solo en la Cátedra Universitaria, sino también en los organismos internacionales, y sobre todo a los latinos nos han hecho pasar por alumnos aplicados en la buena nueva de reducir el Estado, y adoptar la tesis del Estado mínimo, a través sustancialmente de las privatizaciones. Es en los años ochenta en que, por el desprendimiento de la participación empresarial y dirigismo del Estado, se reduce éste y se retorna al Mercado surgiendo así el Neoliberalismo, que preconiza el abandono gradual del Estado Benefactor, apelando a privatización y desregulación en ese proceso y abjurando de la tesis keynesiana al señalar a la intervención estatal como el impedimento del crecimiento económico, y fuente de un circulo vicioso de deuda pública, déficit fiscal, inflación, inestabilidad, inorganicidad de subsidios y recurrentemente, de mayores déficits. De las corrientes liberales, el Monetarismo reconoce que aunque el incremento en el gasto público o la oferta monetaria pueden incidir en el crecimiento de la economía el efecto positivo solo es temporal, ya que posteriormente las políticas expansivas revierten, se genera inflación y las expectativas generan una condición de profecía autocumplida. El enfoque monetarista se restringe al ámbito de las consecuencias de la oferta monetaria sobre la actividad económica. La elección pública (La Hacienda pública en un proceso democrático, James M. Buchanam,1966) surge producto de la articulación entre elecciones políticas y la economía, consistente en aplicar a la administración pública, a los procesos de decisión política y a los problemas de elección social o colectiva, los modernos métodos de análisis económico. Con la elección pública o public choice, también denominada elección social o elección colectiva, la racionalidad económica de mercado o filosofía del homo oeconomicus irrumpe en los círculos de funcionarios, políticos, investigadores, analistas y en los procesos electorales. El mayor desarrollo de esta corriente intelectual tuvo lugar durante las últimas décadas, siendo los economistas de la Escuela de Virginia los que hicieron mayores aportes. En la economía del bienestar o Welfare Economics, la teoría de los juegos y la teoría de los bienes públicos, la teoría de la elección funda varios de sus rasgos más notables. Sus antecedentes son sin embargo, algo anteriores. Nos asegura James M. Buchanan, uno de los principales artífices de este nuevo paradigma, en la obra de J. A. Schumpeter “Capitalismo, socialismo y democracia” (1942) se sostiene mucho de lo que después ha llegado a ser parte central de la teoría positiva de la elección pública, aunque es Knut Wicksell a quien se le puede considerar el padre de la moderna teoría de la elección pública. La crisis4 de 1973, y la consecuente crítica al fracaso del keynesianismo para poder conjurar dicha crisis, que sugería una relación inversa entre inflación y empleo, elementos centrales de la llamada curva de Phillips, determinan la instauración del neoliberalismo como teoría de conducta político económica. Milton Friedman había señalado5

que esa relación no era necesaria, como demostraría el nuevo fenómeno de estanflación. El nuevo escenario estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos, y en esa paradoja, el postulado monetarista recobró audiencia, propuso nuevos algoritmos y fortaleció su credibilidad; como reacción, se diseñaron y ejecutaron nuevas medidas antikeynesianas como el adoptar medidas antirrecesivas y antiinflacionarias, integradas. La crítica monetarista al “excesivo” espacio del Estado en la economía se ancló en tres ejes: (i) Incrementar la masa monetaria y pivotearla como instrumento en la generación de la demanda agregada, recomendando mantener fija su magnitud; (ii) desaconsejaban el uso de la política fiscal, especialmente el apelar al constante déficit presupuestario, poniendo en seria duda el multiplicador keynesiano; y (iii) recomendaban una reducción en los gastos del Estado como la única forma práctica de lograr incrementar la demanda agregada, y estimular el crecimiento.

El pensamiento neoliberal sobreviniente a la crisis argumenta que la intervención del Estado debe ser mínima dado que individualismo y la asociación libre perfeccionan el funcionamiento del mercado por encima de la intervención estatal. La privatización resulta, especialmente para los latinoamericanos, mecanismo recomendado para reducir el sector público en pro del mercado y de un sector privado con más actividades económicas. La liberalización del comercio exterior e inversión extranjera complementan y aseguran la libre movilidad de los factores productivos, y por ende, de la reforma estructural. La privatización es mecanismo no solo racionalizador de gastos sino fuente de recursos para el ajuste fiscal. Con un pensamiento monetarista y neomonetarista influyente en Latinoamérica, se profundiza el debate ideológico entre los que postulan ensanchar el dominio del mercado y entre los conservadores que propugnan mantener prudentemente la acción pública. La crítica a la intervención estatal apunta sustancialmente a sus calidades reguladoras, la primera es argumentar que toda intervención estatal crea aún mayores distorsiones que las que resuelve. La segunda, sentencia

4 La crisis del petróleo (o primera petrocrisis) comenzó en octubre 1973, por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (países árabes de OPEP más Egipto y Siria e Irán), de no exportar más petróleo a los países aliados de Israel durante la guerra del Yom Kippur, entre Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. 5 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo


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que tarde o temprano las instituciones, y las orientación de sus normas, regulatorias son capturadas por los sujetos regulados, lo que forma parte argumental de los postulados6

de la llamada Teoría de Agencia.

Son cuatro los procesos de cambio que han dado paso al neoliberalismo en un contexto histórico: a. Crisis del paradigma del keynesianismo del Estado Benefactor. b. La crisis y derrumbe del modelo socialista. c. El surgimiento de una estructura, organización y funcionamiento de la economía mundial. d. La búsqueda de una nueva economía, en cuyo afán se producen las famosas síntesis doctrinales. En este escenario el neoliberalismo asume que liberación y globalización mundial, propiciarían un Estado más eficiente, equilibrado en sus finanzas y corporativo. Para cerrar esta breve revisión, exploramos los puntos de vista de un disidente conceptual, brillante por cierto, de los mecanismos basados en la visión tradicional del Estado bajo la óptica del Consenso de Washington, Joseph E. Stiglitz7

, que explicó en detalle en una conferencia magistral en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, una nueva agenda para las reformas en los países latinoamericanos, que permitiera corregir la agenda anterior promovida por el FMI y Banco Mundial, señalando que “Las políticas del Consenso de Washington perseguían casi un único objetivo: reducir el papel del Estado. Incluso la estabilización macroeconómica no apuntaba a dar al gobierno un papel más activo en la estabilización de la economía, sino a restringir su papel mediante el recorte de gastos. El énfasis puesto en el impuesto al valor agregado (IVA) —sin exceptuar los alimentos y ni siquiera los medicamentos— como fuente de ingresos tributarios también limitaba la función del gobierno en la redistribución. Los mercados privados no desempeñaron el papel estabilizador que les atribuían los fundamentalistas del mercado. ¿Por qué habríamos de sorprendernos? Las fuerzas del mercado por sí solas nunca han garantizado automáticamente la estabilidad económica. Lo único que sorprende es que estos resultados hayan sido al parecer tan inesperados para los defensores del Consenso de Washington. Sin embargo, ni siquiera los partidarios de los mercados privados creyeron en algún momento que esas políticas podrían resolver todos los problemas ya que, por ejemplo, no garantizaban una distribución equitativa del ingreso. Uno de los problemas fundamentales de las políticas del Consenso de Washington era su visión estrecha de las cosas: se centraban en la eficiencia económica, con la esperanza de que los demás problemas sociales se resolvieran en algún otro contexto. Fracasaron en la búsqueda de sus objetivos económicos estrechos. No obstante, incluso al fracasar en su restringida misión, exacerbaron otros problemas sociales más amplios. Aunque las políticas del Consenso de Washington hubieran logrado promover el crecimiento y la estabilidad, se podría haber exigido que se reformaran las reformas. Sin embargo, la suma de los fracasos convierte a la reforma de las reformas en una imperiosa necesidad”.

Esta línea del pensamiento, con el Estado en un rol de regulación y asumiendo tareas que solamente una entidad con la “masa crítica” institucional, social y económica puede asumir, para orientar las acciones del mercado, facilitar acciones de ajuste cíclico dentro de un curso de acción “prudente” y con reglas predecibles y razonables, es parte del espíritu de la dirección política también puesta en vigencia en la Comunidad Europea. Este aserto y la tendencia indicada es parte de un discurso que defiende el principio de la regulación y el rol del Estado, del Presidente francés Nicolás Sarkozy, cuya contextualización puede consultarse en “Gestión Pública Social: El Mito de Sísifo”, artículo del Autor publicado en la Revista Gestión Pública y Desarrollo, Año 4 - Nº 42/Enero 2011, Ediciones Caballero Bustamante, Perú.

II. Medir, …… para valorar. Ahora, examinemos los extremos referidos a “El Estado no llega” y “Estado sobredimensionado o elefantiásico”. Para ver si el Estado no llega

6 Puede consultarse con mayor detalle en “Gestión Pública: La Gestión de lo Público y lo Público de la Gestión”, Espinal, Alfredo, en Revista Gestión Pública y Desarrollo, Año 4 - Nº 46, Mayo 2011, Ediciones Caballero Bustamante,

, tomamos de referencia el “Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su concepto del “índice de densidad del Estado (IDE)” …..… Registrar estadísticamente la situación y el progreso del Estado y del desarrollo humano lleva a tomar en cuenta sus multi-dimensionalidades y complejidades. Ello obliga a una selección de variables e indicadores que sirvan para describir los aspectos considerados más básicos, dejando de lado algunos otros que podrían ser también importantes, por ello es necesario tener criterios para priorizar los componentes de la densidad del Estado. El gran riesgo de concentrarse exclusivamente en unas pocas variables, escogidas tanto por su importancia como por la posibilidad de conseguir información estadística al respecto es que se transmita una imagen limitada de la realidad tan compleja como es el progreso humano. Precisamente, uno de los objetivos de este acápite es explicar las razones conceptuales y empíricas

7.”El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina” ( http://www.analitica.com/bitblioteca/stiglitz/Stiglitz_Reformas_AL.pdf)


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que han llevado a elegir ciertos indicadores de la densidad del Estado. …. Para el Índice, …., el rol básico del Estado frente al desarrollo humano es entendido como la entrega de servicios que contribuyan a la promoción de las capacidades más elementales de las personas que habitan el territorio nacional. Bajo esta premisa, se seleccionaron un conjunto de indicadores que dieran cuenta de esos servicios, sin embargo varios de ellos se tuvieron que desestimar -no por su falta de importancia- sino por la imposibilidad de ser medidos en la escala provincial. Así justicia, vialidad, seguridad, y comunicación no pudieron formar parte del paquete de indicadores que conformarían el índice denominado de densidad del Estado – IDE”. Entonces, con una idea más concreta y evidenciada, veamos cifras8: “Los resultados a nivel departamental muestran que el IDE más alto lo tienen Lima, Arequipa y Tacna en este orden, con índices entre 0,877 y 0,826, lo que sugiere que la presencia básica del Estado en esos departamentos está cerca de llegar9

al valor máximo (1,00). Sin embargo, en el otro extremo están Huancavelica, Amazonas, Huánuco, Cajamarca y Loreto con IDE inferior a 0,540, lo que muestra una preocupante baja densidad de ese Estado expresado en sus servicios más básicos. Como se ve, la diferencia entre los índices más altos y los más bajos es significativa y ello expresa que el Estado peruano no logra superar importantes desigualdades entre departamentos en los grados de cobertura de sus servicios primordiales. El patrón de desigualdad que muestra el IDE es similar al del IDH pero con algunas diferencias: Los IDH máximo y mínimo también los tienen los departamentos de Lima y Huancavelica: 0,679 y 0,539 respectivamente. Sin embargo, Arequipa y Tacna, segundo y tercero en el IDE, pasan al quinto y sexto lugares en la escala del IDH. En el otro extremo, Cajamarca, Huánuco y Amazonas que en el IDE sólo anteceden a Huancavelica (posiciones 21 a 23), en la escala del IDH suben, en orden inverso, a los lugares 18 a 20, y son reemplazados por tres departamentos de la sierra sur: Ayacucho, Apurímac y Puno”.

Unas cifras seleccionadas nos ayudan a ver el panorama comentado, y la percepción de la “llegada” del Estado con los cinco servicios vigilados, o menos de tales, y notara el lector algunas cifras realmente interesantes respecto a cómo se perciben los ciudadanos (al menos un grupo de estos, al margen de sus motivadores) con posiciones “cómodas” según el cristal (o punto de vista) con el que observa Lima al resto del país:

Cuadro 1: Índices de Desarrollo Humano (IDH) y de Densidad del Estado (IDE) 2009

Ubigeo Nacional

Población IDH Índice de brechas Departamento

Provincia IDE ranking 000000 PERÚ 27 412 157 0,6234 0,2883 - 150000 LIMA - 8 445 211 0,6788 0,1230 24 150100 Lima Lima 7 605 742 0,6840 0,1004 194 150200 Lima Barranca 133 904 0,6450 0,2726 174 150300 Lima Cajatambo 8 358 0,5796 0,4208 125 150400 Lima Canta 13 513 0,6124 0,4379 115 150500 Lima Cañete 200 662 0,6449 0,3171 163 150600 Lima Huaral 164 660 0,6395 0,3228 162 150700 Lima Huarochirí 72 845 0,6097 0,4133 130 150800 Lima Huaura 197 384 0,6423 0,2755 173 150900 Lima Oyón 20 642 0,6040 0,4010 136 151000 Lima Yauyos 27 501 0,5848 0,4425 111 020000 ANCASH - 1 063 459 0,5996 0,3394 14 020100 Ancash Huaraz 147 463 0,6048 0,2407 181 020200 Ancash Aija 7 995 0,5586 0,4659 93 020300 Ancash Antonio Raymondi 17 059 0,5395 0,4645 95 020400 Ancash Asunción 9 054 0,5285 0,4247 122 020500 Ancash Bolognesi 30 725 0,5837 0,4470 108 020600 Ancash Carhuaz 43 902 0,5413 0,4021 135 020700 Ancash Carlos Fermín Fitzcarrald 21 322 0,5223 0,6205 11 020800 Ancash Casma 42 368 0,6160 0,3408 154 020900 Ancash Corongo 8 329 0,5843 0,4030 134 021000 Ancash Huari 62 598 0,5544 0,4245 123 021100 Ancash Huarmey 27 820 0,6399 0,3469 151 021200 Ancash Huaylas 53 729 0,5617 0,4351 116 021300 Ancash Mariscal Luzuriaga 23 292 0,5219 0,5745 18 021400 Ancash Ocros 9 196 0,6124 0,4888 78 021500 Ancash Pallasca 29 454 0,5444 0,5095 63 021600 Ancash Pomabamba 27 954 0,5416 0,5190 56 021700 Ancash Recuay 19 102 0,5794 0,4487 106 021800 Ancash Santa 396 434 0,6552 0,2215 183 021900 Ancash Sihuas 30 700 0,5421 0,4980 69

8 Página 41, CAPÍTULO 2 - Una mirada de conjunto a la densidad del Estado, Ibid. 9 El IDE se basa en los porcentajes de población o viviendas que cuentan con los servicios básicos que conforman el índice (a excepción de servicios de salud que, por limitaciones de información, se ha usado el indicador población por médico). Así, un IDE de 1,00 significaría que la totalidad de las personas y viviendas de un departamento o provincia pueden acceder a los 5 servicios que componen el IDE. La brecha es (1-IDE).


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Ubigeo Nacional

Población IDH Índice de brechas Departamento

Provincia IDE ranking 000000 PERÚ 27 412 157 0,6234 0,2883 - 022000 Ancash Yungay 54 963 0,5138 0,4677 89 210000 PUNO - 1 268 441 0,5611 0,4176 8 210100 Puno Puno 229 236 0,5735 0,3044 166 210200 Puno Azángaro 136 829 0,5271 0,5243 53 210300 Puno Carabaya 73 946 0,5159 0,5196 55 210400 Puno Chucuito 126 259 0,5691 0,4924 76 210500 Puno El Collao 81 059 0,5630 0,4821 79 210600 Puno Huancané 69 522 0,5398 0,4952 72 210700 Puno Lampa 48 223 0,5571 0,5290 44 210800 Puno Melgar 74 735 0,5476 0,4585 97 210900 Puno Moho 27 819 0,5324 0,4664 92 211000 Puno San Antonio de Putina 50 490 0,5441 0,5498 31 211100 Puno San Román 240 776 0,6044 0,2427 180 211200 Puno Sandia 62 147 0,5497 0,5156 60 211300 Puno Yunguyo 47 400 0,5560 0,4045 133 240000 TUMBES - 200 306 0,6494 0,2924 18 240100 Tumbes Tumbes 142 338 0,6548 0,2589 178 240200 Tumbes Contralmirante Villar 16 914 0,6458 0,4071 132 240300 Tumbes Zarumilla 41 054 0,6325 0,3595 145 Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009: Por una densidad del Estado al servicio de la gente, Anexo: Perú: Indicadores del Índice de Densidad del Estado

Las reflexiones

: Dejando de lado críticas metodológicas, o relatividad o desviaciones de la estadística básica de partida provista por el Ente Rector nacional (INEI), la construcción de las cifras mostradas por PNUD dejan claro que la mejoría en la situación económica social objetiva por la ciudadanía peruana se debe en buena medida más a su propio aporte (medido en la naturaleza del IDH y los servicios en este indicador representado: por ejemplo, el poblador que reduce su curva de consumo de bienes indispensables para financiar el tomar prestaciones médicas fuera del sistema público de salud, por razón de urgencia, calidad, u otra) que a las prestaciones directas provistas por el Estado, en forma de capital de infraestructura o de bienes públicos. Ello se verifica de la lectura simple de la estructura de los índices, cuyos valores se sitúan entre 1,0 como el valor más deseable a 0,0 como el nivel indeseable. La diferencia entre el valor observado y el valor más deseable representa las brechas a cerrar como acción explicita del Estado, lo que define su modelo de Gestión Pública (Cuál es?) y concurrentemente, su dimensión (No solo gasto respecto a PBI sino masa de stock de capital, de servidores públicos, de sistemas funcionales, de entidades públicas, etc) y grado de concentración.

Las diferencias anotadas, considerando el promedio nacional son de un valor de 0,7117 para el IDE, cuya interpretación sencilla es que el Estado requiere efectuar una ampliación de los servicios básicos materia10

de prestación del Estado. Y tal brecha es de 28,83% para alcanzar al nivel del IDE que representa una prestación “completa”. Ello impacta en la inversión pública y el costo social aliado.

No se ha reproducido el total de datos por regionales sino que se ha seleccionado a cuatro que están bastantes lejanos en brechas del índice IDE (1-IDE observado): Puno tiene menores prestaciones en bienes públicos (0,4176) de las que demanda Ancash (0,3394), pese al fuerte diferencial de los recursos fiscales de este ultimo por su actividad primario extractiva; A su vez, ambas superan a las demandas insatisfechas que tiene Tumbes (0,2924) y todas las regiones muestran necesidades de bienes públicos con demandas superiores a las insatisfechas en Lima (0,1230) ello por la extensión territorial, alta concentración demográfica en Callao y Lima metropolitana, y posición geográfico comercial y de fin de circuitos de transporte o inicio de estos. Ser la Capital del país le resulta a Lima sinónimo de mejor densidad de bienes públicos. Pero la diferencia de los valores establecidos por el IDE entre las provincias y distritos dentro de las provincias de las regiones citadas, es otro país y otra realidad acerca de si “llega” el Estado, o no. A este efecto resulta indispensable tener en cuenta para proponer el estudio con que se estime un tamaño del Estado, y por ende de sus niveles institucionales integrantes (Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y nivel de los tres Gobiernos), tres aspectos directamente vinculados: (i) Los procesos de convergencia, por el cual a largo plazo las regiones más pobres deben o tienden a alcanzar el nivel de crecimiento de las mas prosperas; (ii) los procesos de la dinámica de población por el cual se establecen núcleos de poblaciones alrededor de espacios que tienen determinadas condiciones consistentes con el modo de vida de sus huéspedes, o resultan en centros de oportunidad; y, (iii) el modelo 10 Identidad: porcentaje de personas sin documento nacional de identidad (menores sin partida de nacimiento o de 18 a más años sin DNI); Salud: médicos por 10 mil habitantes; Educación: tasa de asistencia a secundaria de 12 a 16 años; Saneamiento: porcentaje de viviendas con acceso a agua potable e instalación sanitaria; y, Electrificación: porcentaje de viviendas con alumbrado dentro de la vivienda.


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de Gestión Pública que gobierna el proceso de la definición, prelación, determinación de metas y público objetivo para la generación de prestaciones de bienes públicos a los ciudadanos, y cumplimiento del rol del Estado. Estas condiciones y orientaciones fueron resaltadas hace un buen tiempo atrás por el profesor Wallace E. Oates, ya citado, el cual concluye que “En un modelo ideal, donde cada grupo fuera perfectamente homogéneo, cada nivel de gobierno proporcionaría un nivel de producción Pareto-eficiente (la suma de las tasas marginales de sustitución sería igual a la de sus costes marginales) y se financiaría a través de precios iguales a su utilidad marginal. En ausencia de economías y de efectos externos interjurisdiccionales, el nivel de bienestar será tan o más alto si los niveles de consumo óptimos (Pareto) son provistos en cada jurisdicción, en vez de serlo en cualquier nivel único y uniforme para todas las jurisdicciones, siempre que éstas coincidan exactamente con los subconjuntos de población que consumen el mismo bien público. El gobierno central no puede proporcionar un nivel de producción Pareto-eficiente para cada área. Las razones institucionales de tales afirmaciones son las siguientes: (1) La centralización puede ser deseable, a pesar del carácter descentralizado del consumo del bien, si el gobierno central puede realizar importantes economías de escala; (2) Los aumentos de bienestar por la provisión descentralizada de un determinado bien público, serán tanto mayores cuanto más varíen los niveles eficientes de producción entre las jurisdicciones, es decir cuánto más alta sea la diversidad en las demandas de los consumidores geográficamente agrupados, porque será mucho más acusada la divergencia entre cualquier nivel uniforme de producción y el nivel eficiente de las localidades”. No obstante, bajo tal línea argumental debe también reconocerse que la acotación vertida resulta muy restrictiva, ya que no se han tomado en cuenta: (a) Posibles beneficios de economías de escala; (b) efectos externos entre los grupos de consumidores; y (c) movilidad geográfica de los individuos. Al efectuar un análisis transversal entre el tipo de institucionalidad a la cual debe responder una determinada dimensión de Estado, de naturaleza desconcentrada bajo un esquema de organización federativa, o bajo un manejo centralizado y con variantes, como en el caso peruano de Gobierno Unitario pero descentralizado, desatacan tres determinantes para el planteamiento de amplitud o cobertura que asegura al Estado “llegar”; Estos determinantes son explicados por Oates: “1. Economías de escala: Tecnológicamente las áreas óptimas de cobertura de los distintos servicios no tienen por qué coincidir. Sin embargo, se debe tomar en cuenta no solamente los beneficios de la descentralización (lograr que la prestación de los servicios se adecúe mejor a la demanda), sino el ahorro de costos que significa que más individuos consuman conjuntamente un bien determinado. El punto de equilibrio está donde la suma de ambos beneficios deja de crecer positivamente. La pérdida potencial por un aumento en la centralización será tanto más grande cuanto mayor sea la diversidad de las demandas individuales (preferencias y niveles de renta) y más homogéneamente estén agrupadas las personas. Cuanto más ampliamente varíen los niveles eficientes de consumo entre las jurisdicciones, más pronunciada resulta la pérdida de bienestar potencial por la provisión centralizada del bien. Por otro lado, el ahorro potencial de costos por aumentar la escala de producción de un servicio, depende fundamentalmente de aspectos técnicos. En todo caso se debe diferenciar entre producción y nivel de consumo de una jurisdicción, ya que la producción misma puede darse en mayor escala que el consumo en una jurisdicción. 2. Externalidades: Los beneficios y costos de prestación de servicios de un gobierno local, normalmente no coinciden exactamente con su jurisdicción. La solución es internalizar los beneficios y costos asociados, pero cuanto menor sea la jurisdicción11

3. Costes de congestión: Con frecuencia la utilidad de un bien público es asociada negativamente, a partir de cierto nivel con la cantidad de consumidores

es menos probable que la causa o efecto externos puedan ser internalizados. Sin embargo, la existencia de externalidades no controladas implica la presencia de ganancias comerciales potenciales. Por tanto, es posible una solución mediante acuerdos mutuamente beneficiosos entre partes. Ello es viable en el caso de un número reducido de externalidades y de unidades de decisión. En caso de mayor complejidad, se requiere de una organización para la toma de decisiones públicas, cuya organización y funcionamiento (costes administrativos y costes de participación) no es despreciable. En este caso, la solución podría ser un aumento en el tamaño de la jurisdicción para la prestación de que se trate, y cuando la jurisdicción de tamaño óptimo para varios servicios es similar, sería deseable establecer un nivel único de gobierno para todos ellos.

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11 La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en los artículos 76º (Delegación de competencias y funciones específicas) y 77º (Avocación) le da mandato legal a esta conclusión, bajo las mismas razones argumentales indicadas; La Ley Nº 27867, bajo el principio de subsidiaridad invocado en el numeral 10º del artículo 8º establece el sentido de proximidad y de cooperación.

. Al seleccionar la localidad donde residirán, los consumidores no consideran la congestión que pueden causar, que reducirá la utilidad para todos. Si se puede cobrar un precio y excluir a consumidores adicionales, se puede lograr una solución eficiente: admitir nuevos consumidores hasta que el beneficio (ahorro) marginal (economías de escala) sea igual a la pérdida de utilidad marginal por congestionamiento. La movilidad de los consumidores puede tener efectos encontrados: por un lado debería promoverse formación de grupos con gustos homogéneos, pero, por otro, ella puede atentar contra la eficiencia”. El concepto Valor por Dinero resulta de tal idea.

12 Igualmente en el caso de las ventajas económicas por nivel de producción la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala en el literal c) del articulo 73º el “Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales”.


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Y ahora, examinemos lo referente al “Estado sobredimensionado”. Para una discusión productiva y clara, es menester primero definir lo que conceptualmente (e intuitivamente en los no iniciados) se acepta como Estado, o Gobierno, como su sinónimo por default. Este “uno u otro” puede justificarse en la medida en que lo que ha sido normalmente el centro de discusión y pugna de poder (o el objeto del deseo del Poder) ha sido el Gobierno, Central hasta el 2003 y Nacional después, o el Poder Ejecutivo, para distinguirlo de los otros dos Poderes del Estado (Legislativo y Judicial) y Gobiernos Regional y Local. Es el Gobierno Nacional el objetivo de los sucesivos y siempre “renovados” procesos de rediseño, reforma o de modernización del Estado, y de acuerdo a los postulados de justificación formalmente invocados (Ley Nº 29158, articulo 5º) para que la función ejecutiva sea compartida territorialmente13

, se apuesta por un proceso de mejor toma de decisiones para asegurar la eficacia en la formulación e implementación de las políticas públicas, mediante la descentralización y la determinación de competencias y funciones en el Poder Ejecutivo reflejada en los demás niveles de Gobierno. Por otra parte, los gastos correspondientes a los otros poderes del Estado están comprendidos dentro del Presupuesto Único, nivel nacional, administrado por el Gobierno Nacional y este no hace intervenciones de asignación o de restricción a los demás niveles de Gobierno que aplican y determinan sus demandas y su aplicación para su propio sostenimiento, que buscan ampliar a costa del contribuyente en pos de Recursos Directamente Recaudados.

La estadística fiscal de gestión presupuestal SIAF registra recién para el periodo 2007, coincidiendo con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y en adelante, información detallada por nivel de Gobierno (Nacional, Regional y Local) la cual se muestra a valores nominales (corrientes) pero para hacer una comparación de estructuras (el mecanismo operativo de Gestión Publica privilegia el sistema de meta) se apela a contrastar directamente las cifras de cierre 2007 y 2010 a valores corrientes, comparando su estructura con el Presupuesto Institucional Modificado (o final) de cada periodo, variación o aumento del 2010 respecto al 2007 y aumento de la cifra presupuestal de inicio y de cierre del periodo:

Cuadro 2: Marco presupuestal comparado 2007-2010: Poderes y Nivel de Gobierno (Nuevos Soles nominales) Nivel de Gobierno 2007 Ejecución

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Gobierno Nacional 40.954.397.383 46.030.920.370 39.740.188.817 39.650.171.181 39.487.134.293

Poder Ejecutivo 39.808.372.772 44.770.965.818 38.553.098.748 38.467.112.660 38.305.993.159 Poder Judicial 850.350.884 961.788.716 900.546.133 896.834.476 895.269.419

Poder Legislativo 295.673.727 298.165.836 286.543.936 286.224.045 285.871.715 Gobierno Regional 10.368.217.210 14.158.383.333 11.601.432.832 11.570.934.806 11.536.106.039 Gobierno Local 6.633.334.450 11.128.292.091 6.867.855.705 6.858.082.874 6.229.145.644 Total nacional 57.955.949.043 71.317.595.794 58.209.477.354 58.079.188.861 57.252.385.976

Nivel de Gobierno 2010 Ejecución PIA PIM PIA PIM PIA

Gobierno Nacional 58.953.779.648 63.601.413.166 54.368.843.976 54.268.141.614 54.144.471.802 Poder Ejecutivo 57.342.686.503 61.949.389.483 52.746.113.371 52.728.512.760 52.606.930.548

Poder Judicial 1.287.886.991 1.326.358.537 1.310.124.213 1.227.022.462 1.225.411.650 Poder Legislativo 323.206.154 325.665.146 312.606.392 312.606.392 312.129.604

Gobierno Regional 13.006.620.011 19.926.537.859 16.220.634.592 16.218.006.685 16.166.179.792 Gobierno Local 9.896.879.038 22.885.922.653 17.815.546.006 17.797.520.058 17.726.442.476 Total nacional 81.857.278.697 106.413.873.678 88.405.024.574 88.283.668.357 88.037.094.070

Variación relativa PIA (2010/2007) PIM (2010/2007) PIA (2010/2007) PIM (2010/2007) PIA (2010/2007) Gobierno Nacional 43,95% 38,17% 36,81% 36,87% 37,12%

Poder Ejecutivo 44,05% 38,37% 36,81% 37,07% 37,33% Poder Judicial 51,45% 37,91% 45,48% 36,82% 36,88%

Poder Legislativo 9,31% 9,22% 9,10% 9,22% 9,19% Gobierno Regional 25,45% 40,74% 39,82% 40,16% 40,14% Gobierno Local 49,20% 105,66% 159,40% 159,51% 184,57% Total nacional 41,24% 49,21% 51,87% 52,01% 53,77%

Nivel analizado Estructura 2007 Estructura 2010 Variación PIM/PIA 2007 PIM/PIA 2010 Gobierno Nacional 70,66% 72,02% 38,17% 12,40% 7,88%

Poder Ejecutivo 97,20% 97,27% 38,37% 12,47% 8,03% Poder Judicial 2,08% 2,18% 37,91% 13,10% 2,99%

Poder Legislativo 0,72% 0,55% 9,22% 0,84% 0,76% Gobierno Regional 17,89% 15,89% 40,74% 36,56% 53,20% Gobierno Local 11,45% 12,09% 105,66% 67,76% 131,24% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Portal de Transparencia Económica, http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/ Como resulta fácil de ver directamente, todo el sector público aumenta su nivel de gastos entre el año 2007 y 2010, y el mayor aumento es del Gobierno Nacional, en el cual se incorporan Organismos Constitucionalmente Autónomos y otras

13 La transferencia de competencias, recursos y funciones de las entidades del Poder Ejecutivo a los gobiernos regionales y locales se realiza de acuerdo con lo dispuesto por las normas de descentralización, precisando la responsabilidad de cada nivel de gobierno en cada materia, las formas de coordinación correspondientes, así como, el redimensionamiento de funciones y responsabilidades de aquellas entidades.


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entidades. El aumento, en comparación, resulta notabilísimo en caso de los Gobiernos Regionales y aun más en el nivel Local, tanto del presupuesto de partida como en el de cierre. Además de considerar el fuerte aumento de ingresos por la mayor actividad reflejada en el PBI y como habíamos establecido antes, la dimensión del gasto no es sinónimo de tamaño del Estado, para lo cual en rigor debemos establecer bases comparables de qué se ha producido con ese gasto, por lo que este punto queda resaltado y pendiente de la construcción del IDE 2010. Para reflexionar más claramente respecto a las “dimensiones” del Estado, reflejadas en la entidad Gobierno, traemos a colación un texto seleccionado del Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014 (Ministerio de Economía y Finanzas, 25 de Mayo 2011) página 77 y siguientes, respecto al nivel de gastos: “Hasta el año 2014, se estima que los ingresos del Gobierno General se incrementarán en más de S/. 30 mil millones con lo cual se financiaría un incremento del gasto no financiero por aproximadamente S/. 16 mil millones. Se espera que estos incrementos presupuestales se encuentren reflejados en una mejora de la productividad de aquellos sectores donde se han destinado mayores recursos públicos. Como parte de esa perspectiva, es importante trabajar en la capacidad de absorción de dicho incremento presupuestal y asegurar que los mayores recursos se traduzcan efectivamente en resultados, es decir, mejorar los servicios para los ciudadanos, en especial para los más pobres. Mejorar los servicios de salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros, implicará sin duda importantes esfuerzos de reforma en cada uno de estos sectores luego de los sustantivos incrementos presupuestales de los últimos años. Esta preocupación es importante porque en los últimos años el Presupuesto de la República se ha incrementado 80% (alrededor de S/. 39 mil millones) entre los años 2005 y 2011, concentrándose en la función Transporte, que prácticamente ha incrementado en cinco (5) veces el total de sus recursos públicos, y en gran medida estuvieron destinados hacia las concesiones viales, aeroportuarias, Tren Eléctrico, rehabilitación y mejoramiento de carreteras. En ese sentido, se espera que en los próximos años los recursos públicos se encuentren orientados básicamente a mejorar los servicios y otorgarle una mayor calidad de vida a las poblaciones menos favorecidas económicamente. En comparación con otros países, nuestra economía no es la única que tiene que enfrentar problemas de capacidad de absorción ante rápidos incrementos presupuestales. Existen ejemplos como los países candidatos a ser miembros de la Unión Europea durante el período 2004-2006 que enfrentaron problemas de capacidad de absorción de la gran cantidad de fondos externos (fondos estructurales) sobre todo en lo referente a la capacidad administrativa. Dicha capacidad es entendida desde tres perspectivas: macroeconómica (los fondos estructurales asignados medidos en términos del PBI cuyo límite es de 4% del PBI del país miembro), administrativa e institucional (capacidad de las autoridades para decidir, financiar y supervisar los proyectos), y financiera (posibilidad de cofinanciamiento de los proyectos, tanto del público como del privado). Estas definiciones son utilizadas para ver la programación de los recursos, tanto de los antiguos como en los nuevos miembros de la UE. Cabe señalar, que la capacidad de absorción implica también la eficiencia y efectividad en el uso de dichos recursos. Por lo cual, muchos de los países candidatos fueron recomendados a reestructurar o reorganizar sus sistemas para adaptarlos a las políticas de la UE. Un mayor gasto no es suficiente para mejoras en los servicios al ciudadano. Al respecto, es ilustrativa la experiencia de Chile en los noventas donde importantes incrementos presupuestales no llevaron necesariamente a una mejora sustantiva en la percepción ciudadana del servicio o en su productividad. El estudio “Resultados y rendimiento del gasto en el sector público de salud en Chile 1990-1999” (CEPAL, 2000) señala que entre 1990 y 1999 el gasto total del subsistema público de salud se incrementó en un 169% en términos reales; sin embargo entre 1992 y 1999 la eficiencia del gasto público en salud disminuyó en un 40%”. Como apunte final de este apartado debemos indicar que el marco legal formulado, tanto de Modernización de la Gestión del Estado (Ley Nº 27658) como la Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158), se señalaba sin duda alguna el precepto del redimensionamiento de funciones y responsabilidades de las entidades del Poder Ejecutivo como efecto del proceso de transferencia de competencias al nivel sub nacional. Sin embargo, y muy por el contrario, hasta Julio 2010 la Gestión Pública no solo no entendió el mandato legal sino que lo subrogó creando doce (12) nuevas entidades, según se detalla: 2 Ministerios (Ambiente y Cultura) y 10 Organismos Públicos (OEFA, OSINFOR, ANA, SERNANP, CEPLAN (refundada al haberse creada antes – Ley Nº 28522), SERVIR, PERU COMPRAS, OSITRAN, OSCE (reconversión de CONSUCODE) y SIERRA EXPORTADORA); posteriormente se crearía el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres dejando a INDECI mutilada.

Epilogo: Estado y Gestión Pública … sin dimensión!. Volvemos a la incertidumbre inicial “Qué quieren decir Políticos, Funcionarios del Sector Público y Ciudadanos cuando sentencian: “El Estado no llega”. Y a qué aluden cuando al criticar el “hacer”, o el “no hacer”, se habla de un “Estado sobredimensionado o elefantiásico?”, respuestas que hemos tratado de responder con el mayor rigor posible, bajo la limitación que el formato de artículo nos establece, para lo cual repasamos y comentamos los aspectos conceptuales,


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instrumentales y también revisado datos, que nos invitan a ser prudentes antes de aventurar ideas sobre si la relación ingreso a PBI es una medida adecuada del tamaño del Estado, o si lo es la dimensión del empleo público a empleo total, o cualquier otro indicador que la literatura internacional se encuentra construyendo, incluido el interesante y relevador IDE o Índice de Densidad del Estado, formulado por PNUD. La Gestión Pública conecta al Estado con el Ciudadano mediante “El modelo, en suma, es el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la función pública”. De ellos (la gestión por procesos en puridad no es modelo14

sino herramienta) es la gestión de políticas la que reviste importancia crítica al estructurar y organizar alrededor de ella a aquellas acciones circunscritas al proceso de diseño y gestión de políticas públicas, donde se concrete “el ciclo de operación del gobierno, como un proceso retroalimentado en que se comienza por la formulación de políticas públicas de largo plazo, se continúa con un esfuerzo de planificación y presupuestación de largo y corto plazo, y con un ciclo de control que tiene una dimensión estratégica, operacional y presupuestaria, y una administrativa, de probidad y transparencia. Finalmente, este ciclo debe cerrarse con una evaluación ex post que retroalimente todo el ciclo” El entrecomillado corresponde a las conclusiones de Waissbluth y Larraín, del documento ya citado; no olvidemos que la Gestión Pública a su vez incorpora un Sistema Administrativo (Modernización de la Gestión Pública).

De lo analizado y considerando los procesos en curso, podemos concluir que: a. La dimensión del Estado, y casi un consenso a nivel internacional, está representada usualmente por el nivel del

Gobierno Nacional (dentro de los cual los demás Poderes en general, no son mellados) sin establecer ni orientar la dimensión relativa o parámetros en función a la territorialidad o sinergia con el nivel local (y delimitación de sus competencias, entre ambos niveles) por lo que también el medir el esfuerzo fiscal del ciudadano en función a su aporte regional y nacional al total de ingresos respecto al PBI (nacional o regional) no tiene modelo comparador.

b. La determinación del proceso de diseño del modelo de Gestión Pública resulta indeterminado y subrogado por instrumentos (ni siquiera herramientas) como el presupuesto por resultado.

c. Consecuencia de lo anterior, la dimensión del Estado pierde su punto de apoyo al ser propuesta para orientarse a metas y no para desarrollarse por estructuras (institucionalidad) y una evidencia de lo señalado puede apreciarse al ver la estructura de retribuciones establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas a los Alcaldes según la densidad de su población, y que no tiene en cuenta el nivel de recursos movilizados ni la complejidad de expertise a este efecto requerido; no se cuenta tampoco con redes de soporte para resolver esta restricción.

d. La ausencia de un modelo de Gestión Pública determina que los procesos de reforma y modernización generen efectos contrarios a los invocados para emprender precisamente tales procesos (redimensionamiento del Estado) y más bien se incremente el número de organismos públicos adscritos a este; la idea de valor por dinero o de la alternativa publico privada, o al menos, la avocación o la institucionalización de soluciones para externalidades negativas, no es ni de lejos parte de la Agenda Oficial.

e. En el sector privado, la naturaleza de las condiciones económicas y de mercado influyen directamente en las decisiones respecto a la organización empresarial y estrategias a aplicar, lo cual incluye al recurso humano y su perfil acorde a cada pronóstico sobre el cual van a comprometer recursos; en el sector público, nada se reduce sino tiende a crecer y lo hace con más de lo mismo, como evidencian los procesos de planificación, del servicio civil, de adquisiciones, etc.

Insistimos en nuestra recomendación de diseñar y desarrollar el estudio con que se estime un tamaño del Estado, y por ende de sus niveles institucionales integrantes y sus tres aspectos directamente vinculados: (i) Los procesos de convergencia; (ii) los procesos de la dinámica de población; y, (iii) el modelo de Gestión Pública. Economista Alfredo Espinal, Especialista en Economía Pública y Planificación Regional. Diplomado de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales - Pontificia Universidad Católica, Perú; Maestría en Economía Empresarial y Regional, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Email: [email protected] Artículo publicado en la Revista Gestión Pública y Desarrollo, Año 5 - Nº 51/Octubre (Parte I) y Nº 52/Noviembre, 2011 (Parte II), Ediciones Caballero Bustamante, Perú (www.gestionpublica.org.pe)

14 Modelos académicamente validados son el Weberiano, las escatologías de Mintzberg, el Modelo de redes, etc. Para un mayor detalle consultar “Modelos de gestión pública: implicancias para la planificación, evaluación y control de gestión del Estado”, de Mario Waissbluth y Fernando Larraín (ver en http://www.reformadelestado.cl/media/archivos/20100114114127.pdf).

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gestión pública y estado: el “tamaño”, …. ¿si importa?

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