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EL MOVIMIENTO SINDICAL URUGUAYO: DE LA REACTIVACION A LA CONCERTACION*

Martn Gargiulo

El objetivo de este articulo es realizar un anlisis de las caracte-rsticas que ha venido adquiriendo el proceso de reactivacin del mo-vimiento sindical uruguayo, en el contexto de restauracin del sistema poltico que se viene produciendo a medida que se profundiza la tran-sicin a la democracia. Dicho anlisis pretende aproximarse tanto a los aspectos vinculados a la puja de tendencias que acompaa la consoli-dacin de los niveles dirigentes, como a la articulacin de las deman-das corporativas sobre salario y empleo que privan en las expectativas de las bases, y que sern temas centrales a encarar por las polticas econmicas del nuevo gobierno civil.

La hiptesis que guia este trabajo es que el proceso de reactiva-cin del sindicalismo uruguayo tiende progresivamente a constituir un movimiento con caractersticas bsicamente similares al existente hasta 1973, tanto en su organizacin interna como en su insercin en el sistema poltico. Ello reedita en gran medida los clivajes entre sistema de movilizacin y sistema electoral, tema que ha venido siendo anali-zado desde la perspectiva de los partidos, y que aqu consideramos desde la del movimiento sindical. En lo que refiere a la regulacin de conflictos por la recomposicin de las posiciones de poder y de la dis-tribucin del ingreso, la situacin evidencia a la vez la necesidad de instaurar mecanismos de concertacin social, y los estrechos mrgenes que quedan para su buen funcionamiento.

1. MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTIDOS POLITICOS

Cuando se busca analizar las posibilidades que tiene la sociedad uruguaya de encaminarse hacia un sistema democrtico estable, uno de los interrogantes que surge de inmediato es si el proceso de recons-titucin del sistema poltico en curso permitir superar los bloqueos

* El trabajo es parte de una investigacin sobre "Reactivacin sindical y tran-sicin democrtica en el Uruguay", que el autor viene realizando con el apoyo de una beca otorgada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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del funcionamiento social que estuvieron a la base del colapso de 1973. Dentro de la discusin acadmica sobre este punto, se ha ido generan-do un creciente consenso en torno a la idea de que dicho proceso ma-nifiesta claras tendencias a la restauracin de contextos isomorfos a los del pasado, que incluyen el restablecimiento de ciertos clivajes fun-dantes de aquellos bloqueos.

El panorama est an poco definido como para abrir juicios defi-nitivos. Del lado de las fuerzas polticas propiamente dichas, es dable observar cmo coexisten rasgos renovadores con factores estructu-rales de la vieja organizacin cuyo funcionamiento gener en el pasado mecanismos inhibitorios de intentos innovadores, sin duda impres-cindibles para dar respuesta a una problemtica que, ya presente en el 73, hoy aflora an ms agravada. En una sociedad donde las trans-formaciones sociales y econmicas que amplificaron los clivajes de los sesenta parecen haberse consolidado como cambios estructurales, la persistencia de respuestas polticas que ya se mostraron inadecuadas hace once aos casi seguro conducirla a replantear agudizados los irre-sueltos conflictos de entonces (Filgueira, 1984).

Quiz uno de los riesgos ms inmediatos para la estabilidad de-mocrtica no se ubica tanto en los partidos propiamente dichos, sino en lo que ha sido histricamente sus relaciones con los movimientos sociales, y en particular con el sindicalismo. Como hemos destacado en otra oportunidad (Gargiulo, 1984), las caractersticas que adquirieron estas relaciones dieron lugar a un sistema poltico integrado por parti-dos que constituan las opciones reales de acceso al gobierno, pero que no tenian de por si una base de apoyo a nivel de los principales movi-mientos sociales, y un sub-sistema de oposicin institucionalizado, donde predominan partidos "de izquierda" que no lograban primadas en la escena electoral, pero cuyos vnculos privilegiados con la dirigen-cia de ciertos sectores movilizados que actuaban como grupos de pre-sin corporativos, les conferia un poder paralelo. El peso de este poder se hacia sentir en las escenas inter-electorales, caracterizadas por el pre-dominio de los clivajes sociales sobre los polticos (Aguiar, 1984).

A nivel del actor individual, esta situacin se expresaba en la predominancia de una disyuncin entre comportamientos electorales y corporativos, como ya lo destacaba Solari al sealar que "...los ciuda-danos no se sienten en lo ms mnimo comprometidos con el gobierno que han votado, por el hecho de haberlo votado, en lo que ae refiere a su situacin profesional, a la situacin sindical, a los problemas de sa-larios" (Solari, 1984:152).

Segn nuestra hiptesis, la constitudn de ese sub-sistema opo-sitor que articulaba las demandas corporativas de los asalariados sin

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involucrar sus adhesiones poltico-electorales, le permiti a nuestro Istema poltico y en particular, a los partidos tradicionales ab-sorber sin mayores problemas internos las transformaciones en la com-posicin social del electorado que trajo la industrializacin, y que hace 1 problema genrico de la representacin poltica de los intereses de los movimientos laborales (Valenzuela, 1983:347).

El buen funcionamiento de este juego poltico estuvo asociado a la eficacia econmica del estilo de desarrollo adoptado en el pais, y a la posibilidad de mantener y mejorar polticas redistributivas que satis-ficieran las demandas de los sectores movilizados. En el nuevo contex-to de devaluacin e inflacin que sign la estancada economa de los aos 60, los desajustes eran inevitables, y los mecanismos institu-cionalizados de negociacin salarial fueron siendo de hecho desplaza-dos( 1) por el recurso a medidas de fuerza. Esto se reflej en el soste-nido crecimiento del nmero de huelgas y paros durante toda la dca-da, as como en la igualmente creciente respuesta represiva de las autoridades gubernamentales, a travs del reiterado y finalmente casi continuo recurso a las "Medidas Prontas de Seguridad", que casi siempre se utilizaron para reprimir movilizaciones laborales (Handel-man, 1981).

La incapacidad de los partidos mayoritarios para concretar pro-puestas realmente transformadoras, el recurso reiterado y casi per-manente al expediente represivo, la aparicin de la guerrilla tupamara y el constante incremento de los conflictos laborales y estudiantiles, en el contexto de una creciente unificacin del accionar de las izquierdas y de una radicalizacin de importantes sectores de las mismas, fue alte-rando significativamente el papel del otrora funcional sub-sistema de oposicin. Lo que haba sido en el pasado expediente de canalizacin de demandas sectoriales sin necesidad de alterar el funcionamiento electoral tipo "catch-all" de los grandes partidos, se convirti en una instancia autnoma y disfuncional a los intereses de las clases domi-nantes, y al propio sistema poltico. La combinacin de estos factores volva cada da ms inminente la fractura de un sistema poltico cuya capacidad de respuesta parecia agotada, y que progresivamente era ganado por componentes autoritarios.

(1) Desde la promulgacin en 1943 de la llamada "Ley de Consejos de Salarios", los niveles de remuneraciones fueron establecidos por comisiones tripartitas estado, empresarios y obreros, organizadas por ramas de actividad con condiciones labo-rales afnes. Si bien la poltica salarial no fue como tal modificada hasta 1968, con las medidas de congelacin salarial y la creacin de la COPRIN, de hecho la eficacia de los Consejos de Salarios como instancia de decisin concertada ya haba sufrido para entonces serios deterioros.

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En Amrica Latina, y en particular en aquellos pases que han estado soportando experiencias autoritarias con fuerte presencia mili-tar, la desmovilizacin y atomizacin impuesta a los movimientos so-ciales rompi los nexos que los podan unir a partidos polticos o al propio Estado. Esta circunstancia negativa ha sido sin embargo des-tacada por algunos autores como la posibilidad del surgimiento de nuevos movimientos o nuevas versiones de viejos movimientos con una mayor independencia de aquellos actores, abrindose as un espacio para que el movimiento social empiece a "pensar con su propia cabeza", ms libre de tutelajes polticos o estatales (Falabella, 1984). Paradojalmente, las condiciones de crisis y reestructuracin econmi-ca en contextos autoritarios estaran asi generando espacios para un desarrollo popular ms autnomo, en el cual se empiezan a fijar ciertas esperanzas del propio proceso de redemocratizacin en tales socie-dades.* 2)

La inclusin del caso uruguayo en esta tendencia que parece ser dominante en otros pases del rea no parece del todo clara. Si bien pueden identificarse algunos signos del surgimiento de movimientos sociales "renovados", el panorama general muestra un proceso mucho ms dbil, tanto en lo que refiere a la aparicin de nuevas formas de organizacin popular como a las transformaciones que pueden haber sufrido los que en el pasado fueran pilares y prcticamente, actores exclusivos de la movilizacin, esto es, los sindicatos y los gremios estudiantiles.

No existen aun estudios definidos sobre las nuevas experiencias de organizacin popular que sin duda crecieron o directamente se crearon durante el perodo autoritario, a partir de espacios que esca-paban parcialmente al control represivo. Sin embargo, no parece demasiado aventurado afirmar que el peso efectivo alcanzado por la mayor parte de esas organizaciones es an escaso,(3) pe* lo que las presiones hacia la innovacin que puedan provenir de ese lado no pare-cen ser en primera instancia un factor decisivo.

En lo que refiere a los movimientos ms "clsicos", si bien su resurgimiento a principios de la dcada del 80 pareca instrumentarse con una mayor independencia de las fuerzas polticas, y sus impulsores tenan entonces slo una identificacin difusa con el entonces pros-

(2) Algunos anlisis ms detallados sobre esta problemtica pueden verse eil Pease e al (1981).

(3) Algunos autores que se encuentran trabajando en temas conexos sealan que se trata de un proceso an no cristalizado, y que constituye como tal una potenciali-dad poltica, aunque no una realidad actuante (Prates, 1984).

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cripto espectro politico del Frente Amplio, el proceso posterior mostr cmo progresivamente la reorganizacin de los niveles intermedios y superiores de la dirigencia de los movimientos se defina como un espacio signado preferentemente por las disputas entre los sectores de la izquierda, para los que la reconstruccin y el control de sus bases de poder movilizado era por entonces la nica carta de legitimacin poli-tica, y una inequvoca fuente de poder en los eventuales mecanismos de concertacin que debera implantar un' hipottico nuevo gobierno civil.

De acuerdo con estas consideraciones, la posibilidad de que se reedite una estructuracin del sistema politico en el cual lae relaciones entre partidos y movimientos sociales sea en gran medida Isomorfa a la existente al momento del colapso de la democracia, es muy alta. Si ello es as, el equilibrio del sistema parece depender ms de una inno-vacin dentro de sus agentes polticos que del potencial renovador que puedan aportar los movimientos sociales. De este modo, una mayor capacidad de respuesta del partido que asuma el control del gobierno, y una insercin ms institucionalizada de la izquierda dentro del sis-tema poltico podra contribuir al manejo de las fuertes demandas cor-porativs que ya estn alcanzando plena expresin, evitando planteos maximalistas que alteren los frgiles equilibrios polticos de la socie-dad post-autoritaria.

2. LA DINAMICA POLITICA DE LA REACTIVACION

La reactivacin del movimiento sindical se ha venido concretando con creciente celeridad desde 1982, como corolario de la apertura pol-tica que comenz a gestarse a partir del plebiscito de 1980. Inicial-mente encarrilada dentro de las normas previstas por la Ley de Aso-ciaciones Profesionales, la progresiva distensin que se produjo en el pais como consecuencia necesaria del cronograma tendiente a recons-tituir el sistema poltico cre espacios tcitamente legtimos, que fueron ocupados por los sindicatos desbordando los mecanismos previstos por la Ley.

Una de las caractersticas ms destacadas de la represin que el gobierno autoritario ejerci sobre el movimiento sindical uruguayo fue su altsima eficacia. Desde 1973, y hasta que surgieron las primeras asociaciones laborales al amparo de la Ley 15.137 (mayo de 1981) y su Decreto Reglamentario (octubre de 1981), prcticamente no hubo sin-dicatos funcionando en el pas, con la excepcin de algunos pocos que lo hicieron "de facto", restringidos a funciones de comunicacin entre obreros y estratos gerenciales, pero sin poder negociador (Handelman,

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1981:389), o al amparo de una institucin social y deportiva anexa al sindicato, como el caso de los empleados bancarios (AEBU).

Tal vez la propia severidad del control que el gobierno ejerci sobre los sindicatos, inclusive cuando dict normas que parecan tender a su reconocimiento y promocin (4), ha sido en gran medida responsable del "congelamiento" de la situacin existente en el 73, tal como pas con los grupos polticos; de hecho, es precisamente en este mbito del movimiento popular donde la tendencia restauradora aparece con mayor nitidez.

Luego de los primeros avances realizados durante 1982 para la constitucin de sindicatos por empresa, en 1983 se conforma un grupo de dirigentes de distintos gremios con el objetivo de organizar el acto celebratorio del Io de mayo, pero que en seguida se constituy como central representativa del conjunto del movimiento sindical. La inicia-tiva que confluy en el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) fue bsicamente poltica, y la presencia de sus fundadores en algunas listas electorales del Frente Amplio parece disipar dudas al respecto. (5) Desde el inicio, el PIT se autodefini en continuidad con el "movi-miento clasista y unitario de la clase trabajadora", como expresaba el manifiesto leido el 1 de Mayo de 1983, en una inequvoca referencia a la central existente hasta 1973, que se ratific en la celebracin de este ao, donde el lema unitario "PIT-CNT: un solo movimiento sindical" presida el estrado y sala al paso de las especulaciones sobre conflictos de tendencias al interior del movimiento. En la prctica, sin embargo, el lema unitario hace que las luchas por el control de las instancias de decisin que efectivamente se vienen dando a nivel dirigente tengan como en el pasado un carcter que casi nunca es explcito, aunque en ciertas oportunidades se evidencian hechos que son signos claros de esas luchas.

En un extenso informe sobre el movimiento sindical aparecido en el semanario "Bsqueda", se destacaban algunos detalles relevantes

(4) Una revisin de los principales contenidos de estas normas y los resultados de su aplicacin, destacando asimismo los instrumentos de control poltico que contie-nen, puede verse en nuestro ya citado trabajo sobre la evolucin de los sindicatos uruguayos en las dos ltimas dcadas (Gargiulo, 1984: 27-34).

(5) Tal es el caso de Juan Pedro Ciganda (dirigente bancario) y Andrs Toriani (Federacin Uruguaya de la Salud), que ocupan los dos primeros puestos de la lista a diputados por el sublema "Democracia Avanzada" (Frente Amplio), que ha recibido la adhesin del proscripto Partido Comunista. Otro de los fundadores del PIT, Carlos Pereyra, figura en tercer lugar en la lista a diputados de la "Izquierda Democrtica Independiente" (IDI), en la coalicin frenteamplista.

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al respecto.(6) Ante el acto del I o de Mayo de este ao, la Mesa de Pe-deraciones decidi por diez votos contra nueve cursar invitaciones a dirigentes polticos, pero el Plenario (que rene en asamblea a los re-presentantes de las asociaciones por empresa) decidi por 68 votos contra 65 reconsiderar el tema, optando luego por mayora similar el levantar la invitacin, cuando la misma ya se haba hecho pblica. Esta revisin, que caus hondo malestar en filas polticas, tuvo en los hechos una motivacin casi exclusivamente interna, en tanto fue resultado del conflicto entre una alianza tcita. de numerosas tendencias con el fin de oficiar de bloqueo frente a las posturas de quienes detentaban el control de la CNT, cuya orientacin comunista contaba ya con mayora en la Mesa de Federaciones. Este conflicto involucra distintos aspectos estratgicos e ideolgicos con consecuen-cias a nivel de la concepcin y las tcticas mismas del movimiento sindical, y reeditan en buena medida una vieja polmica al respecto entre comunistas y militantes de izquierda "independiente" que adquiri importancia en el seno de la CNT.(7) El contragolpe fue inme-diato: el manifiesto ledo durante el acto contuvo una serie de agrega-dos incluidos a ltimo momento en el texto original que haba sido redactado con la participacin de todos los sectores.

El tema clave que pauta la evolucin de la disputa interna es el relacionado con el congreso que debia determinar la estructura y la lnea del movimiento en el futuro. El planteo, tuvo inicialmente serias resistencias, centradas en el argumento de que se deba esperar a que el encuentro se realizase en condiciones que permitieran la participa-cin de antiguos dirigentes sindicales, actualmente exiliados o presos. En el fondo, lo que estaba en discusin era el problema de los pesos relativos de las fuerzas en pugna, que en aquel momento no era favo-rable a quienes consideran al PIT como una mera continuacin fiel de la CNT, aceptando estrictamente aquella dirigencia an actuante, su estructura y su plataforma; en tanto los otros sectores lo perciben como un instrumento que, a pesar de reconocerse en continuidad his-trica con la central disuelta, representa una nueva realidad sindical

(6) Se trata de un informe redactado por Mario Arregui, y aparecido en el sema-nario BUSQUEDA del martes 26 de junio de 1984 (pg. 14).

(7) Nos referimos a la polmica que mantuvieron en la prensa por ms de tres aos Hctor Rodrguez (dirigente textil de izquierda independiente), que escriba desde las pginas del semanario MARCHA, y otros dirigentes (Mario Acosta, Csar Reyes Daglio y Vladimir Turiansky), que lo hacan desde el diario EL POPULAR, rgano del Partido Comunista. La polmica fue luego publicada como libro por el propio Rodrguez (1973).

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imperante en el pais, con nuevas necesidades y con nueva relacin de fuerzas.

El problema llev inicialmente a hablar de "precongreso", enten-dindose que el autntico congreso se celebrara en un contexto donde la vieja guardia sindical no tuviera limitaciones para su accin. La evo-lucin posterior de la discusin interna llev a decidir la realizacin del congreso para setiembre prximo, adoptando un criterio de represen-tacin por federaciones, en contra de la posicin de quienes sostenan que deba de hacerse por asociaciones laborales de base, donde los otros sectores podran tener un peso mayor, si bien la forma en que se elegiran los delegados supona una participacin bastante directa de tales asociaciones.

Finalmente, la participacin orgnica del movimiento en las negociaciones de la Concertacin Nacional Programtica, junto con los partidos polticos y gremiales empresariales, volvi a dilatar la reali-zacin del Congreso, si bien algunos sectores sostenan que dicha par-ticipacin lo hacia an ms necesario, como instancia de discusin y decisin de la lnea del movimiento con amplia participacin de las bases.

Si bien estas disputas ms o menos silenciosas suelen desarrollar-se al margen de la base sindical, en funcin de la persistencia de la pauta "dualista" que prevalece en la estructura del movimiento,(8), esa misma pauta seala que el afianzamiento de los sectores dirigentes no depender slo del resultado de la pugna poltica, sino que se hallar fuertemente condicionado por su capacidad de lograr xitos en la articulacin de las demandas inmediatistas de las bases ante los sectores empresariales, y sobre todo, ante el estado. Este tema, puesto de hecho "entre parntesis" hasta la actualidad, a pesar de su presen-cia en las consignas reivindicativas y en la tarea diaria de los gremios ante sus patronales, ha adquirido ya plena vigencia en estrecha vincula-cin con la problemtica de la concertacin social y las negociaciones salariales con las cmaras empresariales.

(8) La hiptesis del "dualismo" como pauta organizativa del movimiento sindical uruguayo fue elaborada por Errandonea y Costbile (1969). Segn estos autores, la caracterstica fundamental del sindicalismo "dualista" que comenz a ganar terreno desde la dcada del 30, es la combinacin de una definicin mediatista de la metas prevalente a nivel de la direccin, identificadas con utopias sociales de corte revolucionario, con una perspectiva inmediatista prevalente en las bases. Como tal, la necesidad de armonizar las reivindicaciones inmediatistas de los distintos gremios entre si, y con las preocupaciones mediatistas de las direcciones, constituye en este tipo de sindicalismo una constante tensin entre base y direccin, a la cual se suma la problemtica de la lucha interna de tendencias a nivel dirigente.

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En este sentido, resulta significativo referir la circunstancia que rode el paro general llevado adelante por el PIT el 18 de enero, que coron una serie de huelgas y paros parciales llevados adelante por reivindicaciones salariales. Segn algunas valoraciones, la medida respondi ms a una presin de los militantes de base que debi ser interpretada por la dirigencia, que a una iniciativa de esta ltima. Desde el punto de vista de la dirigencia, si bien el xito del paro tendi a confirmar su posicin, no deja de ser cierto que la desavenencia que tuvieron con sectores polticos tradicionales (en especial, con el Partido Colorado) cre una fisura en el frente opositor, que hizo nece-sarias gestiones posteriores de recomposicin. Tanto para los partidos polticos tradicionales uno de los cuales ocupar el gobierno en el prximo ao como para las propias dirigencias sindicales, el xito del afianzamiento de una dirigencia que ejerza una efectiva cuota de control sobre el movimiento es en gran medida prerrequisito que garantice el efectivo cumplimiento por parte de las bases de los pactos eventualmente concretados por la dirigencia. En este tipo de circuns-tancias, el carcter "unitario" del movimiento sindical acta como factor coadyuvante a la eficacia de una posible concertacin (Grossi y dos Santos, 1983:136).

3. EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO

Para comprender mejor los desafios que se presentan a la dirigencia sindical en trminos de su funcin de imponer las demandas e intereses de los trabajadores ante las empresas y el estado, es nece-sario delinear una rpida perspectiva de la actual situacin del mercado de trabajo, en tanto factor que impone condicionantes muy serias a su gestin. Ciertos cambios que se insinan como importantes en la composicin y en la insercin ocupacional de la fuerza de trabajo, tales como el incremento de los "white collar", la disminucin absoluta de obreros industriales y el redimensionamiento de las plantas fabriles, as como cambios sustanciales en la composicin sexual y etaria de los trabajadores, sumados a modificaciones de importancia que parecen haberse registrado en la pirmide salarial (Aguiar, 1981), plantean sin duda nuevos desafios a la dirigencia sindical, y abren asimismo impor-tantes campos de anlisis para el estudio sociolgico.

En el corto plazo, los desafios ms importantes se ubican en la recuperacin de los niveles de ingreso de los asalariados y en la segu-ridad ocupacional. Varios trabajos recientes muestran que durante las dos ltimas dcadas, pero en especial, en la del setenta, el proceso de concentracin de ingreso fue paralelo a un peso decreciente de la

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participacin de los asalariados en el ingreso nacional (Melgar, 1981, 1983). Los datos a junio de este ao muestran cmo se refleja esta situacin en el salario real, cuyo descenso ha sido sostenido. Este des-censo ha sido levemente menor en el sector pblico que en el privado (Cuadro N 1), aunque aqul presenta una tendencia a la baja mucho ms marcada en los ltimos 12 meses, lo que aumenta su efecto psico-lgico sobre los funcionarios. Para el nuevo gobierno, ello puede ser una fuente importante de problemas, porque si bien los funcionarios estatales an se hallan poco organizados, debido a que no se les ha reconocido su derecho a la sindicalizacin, no debe olvidarse que n el pasado estuvieron entre los gremios ms radicalizados, que pusieron en jaque el propio control del aparato estatal, tanto mediante medidas estrictamente sindicales como mediante el ejercicio del alto poder de veto de la burocracia pblica.

Cuadro N 1

INDICE DE SALARIOS REALES JUNIO 1984 (Base 1968 = 100)

Variacin ltimos SECTOR Junio 1984 12 meses

TOTAL 47,13 9,17 Sector pblico 48,26 12,70 Sector privado 46,28 5,03

Fuente: DGE y C Boletn mensual (Agosto 1984).

Dentro del sector privado, la situacin del salario real muestra va-riaciones de importancia en las diversas ramas, lo que plantea la difi-cultad de imponer reivindicaciones genricas que no contemplaran las demandas particulares de los asalariados, ni presumiblemente las realidades ocupacionales y las posibilidades financieras de las diferen-tes empresas. El panorama se completa por ltimo con los datos referentes a desempleo, que tambin muestra un aspecto poco homognea (Ver cuadro N 2).

El cuadro N 2 permite observar asimismo que en algunas ramas particularmente significativas, como las industrias manufactu-reras y la de la construccin, puede resultar adems particularmente difcil optimizar las variables "ocupacin" y "salario real", si no se

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Cuadro N 2

SALARIO REAL Y DESEMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD (Junio 1984)

DESEMPLEO % SALARIO REAL* RAMAS (abril-junio) (1968 = 100)

Industrias Manufactureras 14,3 37,90 Construccin 16,7 45.94 Comercio 11,4 53,49 Transporte y comunicaciones 6,1 39.16 Servicios 46,40 Banca, finanzas, servicios a empresas 7,9 Servicios comunales, sociales, persona-

les y pblicos 8,2 * Sector privado.

Fuente-. Elaborado en base a datos de DGE y C., Boletn mensual (Agosto 1984).

produce un contexto de reactivacin que a la vez eleve la demanda de mano de obra y permita a las empresas pagar mejores salarios sin poner en juego la estabilidad en la ocupacin.

Los datos provenientes de recientes encuestas de opinin que in-dagaron acerca de las principales tareas del nuevo gobierno(9) indican que la creacin de nuevas fuentes de trabajo es la tarea ms importan-te para el 26% de la poblacin, en tanto para el 17% lo es el aumentar sueldos y salarios. Esta tendencia se refuerza cuando se consideran las tres tareas ms importantes: la creacin de fuentes de trabajo es incluida en ese grupo por el 62% de las personas, y la suba de salarios por el 46%. Mientras para las personas de ingresos ms altos la rees-tructuracin de la economa y el fortalecimiento de la democracia apa-recen como tareas prioritarias, para las de ingresos ms bajos se regis-tran netas preferencias por la creacin de fuentes de trabajo y eleva-cin de salarios, existiendo como era esperable un nfasis mayor en el tema salarial en los ocupados, y en el tema ocupacional en los desocupados, personas en seguro de paro e inactivos.

(9) Nos referimos a encuestas realizadas por el Departamento de Estudios de Opinin Pblica de EQUIPOS Consultores Asociados. Los datos manejados provie-nen del Informe Mensual N 1 (Io de julio de 1984) y del propio banco de datos.

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Desde el punto de vista econmico, ha sido remarcada la necesi-dad de compatibilizar un proceso de crecimiento con una necesaria redistribucin del ingreso (Notaro, 1984). Sin lo primero, el equilibrio democrtico est claramente comprometido en el mediano plazo, en tanto en una economa estancada y sin controles autoritarios se gene-raran rpidamente condiciones de confrontacin que recrearan los disfuncionamientos que se encontraron en la base del recurso golpista. Sin lo segundo, la crisis sobrevendra de inmediato, a juzgar por las expectativas mayoritarias de la poblacin, y la creciente capacidad de movilizacin de los sectores asalariados.

La combinacin del "mapa" que delineamos en estas cifras, y las demandas polticas que se vienen definiendo en el movimiento sindical permiten predecir que los conflictos potenciales involucrados se en-cuentran entre los ms relevantes, tanto en lo que refiere a la redistri-bucin de las cuotas de poder social como del ingreso nacional. En lo primero, la desarticulacin casi absoluta del movimiento sindical durante el perodo autoritario, con la fuerte represin que pes sobre su dirigencia, estimula la defensa de reclamos sobre amnista y liberta-des para la reorganizacin de los sindicatos; en lo segundo, la acentua-da cada del salario real, la fuerte concentracin del ingreso operada, y la alta tasa de desocupacin marcan el carcter perentorio de ajustes redistributivos que permitan volver manejable la inevitable puja por recomponer los niveles de ingreso de los asalariados. El tratamiento de estos tpicos conduce directamente a lo que sin duda constituye uno de los aspectos claves de la temtica de la "concertacin".

4. LOS SINDICATOS Y LA CONCERTACION

La temtica de la concertacin social ha venido ganando terreno tanto en el campo de la discusin acadmica como en la propia prctica poltica, buscndose en ella un instrumento para dirimir los conflictos que se plantean a sociedades democrticas emergentes de perodos autoritarios. En esta perspectiva, la concertacin tiende a verse como una prctica destinada a involucrar directamente a los diversos actores sociales en el proceso de toma de decisiones, logrando as que el estado deje de ser el nico responsable y por ende nico soporte de las mismas, a la vez que se gesta un mayor compromiso con el mante-nimiento del sistema poltico (dos Santos, 1984).

En el caso uruguayo, la regulacin de estos conflictos se vuelve an ms importante si se considera la improbabilidad de la aparicin de un actor social hegemnico con capacidad de ejercer un control legtimo sobre el estado, el gobierno y los principales movimientos so-

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cales (Martorelli, 1984:23). Tambin debe excluirse la posibilidad de una incidencia directa del partido de gobierno sobre las dirigencias sindicales por la va de adscripciones poltico-partidarias, ya que como vimos anteriormente el nuevo ordenamiento porquico tiende a reproducir el modelo segn el cual dichas dirigencias se iden-tifican mayoritariamente con los grupos de la izquierda, cuya coalicin no presenta posibilidades objetivas de triunfar a nivel nacional.

Las posturas reivindicativas del movimiento sindical, tal como surgen de algunos documentos representativos (en especial, el Mani-fiesto del 1 de Mayo ltimo), apuntan a la articulacin de demandas polticas y corporativas, en un esquema que reproduce la doble funcio-nalidad del movimiento y la dialctica caracterstica entre bases y direcciones. Para la dirigencia, el conflicto se plantea preferentemente a nivel de la distribucin del poder, y en especial, en el reconocimiento y la participacin de los movimientos sociales en la toma directa de decisiones en lo poltico, apoyados por la fuerza que emana de su capacidad movilizadora y de la legitimidad que ella instaura. Hacen hincapi por tanto en la demanda democrtica, en una amnista irres-tricta y en la derogacin de las leyes aprobadas durante el periodo autoritario sobre derecho colectivo de trabajo y organizaciones gre-miales en particular. Sus planteos estructurales en materia econmica se remiten en lo esencial a una vigencia del programa de la disuelta CNT, en una postura que reivindica la continuidad "histrica" del movimiento obrero.

En tanto proyecto que se autodefine como "clasista", formulado en un lenguaje poltico radical para el mediano plazo, esta postura implica una clara incompatibilidad ideolgica con importantes secto-res econmicos y de opinin. Pero, en la prctica, no sern stos los puntos de enfrentamiento, dado el propio carcter "dualista" del mo-vimiento y las preocupaciones corporativas inmediatistas predomi-nantes a nivel de las bases, cuya atencin es hoy ms que nunca vital para la consolidacin de la dirigencia. Como surge con evidencia del panorama que describimos en el punto anterior, esas demandas estn centradas en la defensa del salario, del empleo y de las condiciones de trabajo, aspectos que, junto con el tema del reconocimiento de los derechos y la accin sindical, vienen siendo y sern los principales puntos de conflicto en las negociaciones ante los empresarios y en el futuro ante el estado.

La posicin de los empresarios se ha centrado en la temtica de la reactivacin econmica como punto de arranque para cualquier intento de recuperacin del poder adquisitivo de los salarios y del nivel de empleo. En distintos momentos, declaraciones de representantes de

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las Cmaras de Industrias y de Comercio han hecho hincapi en los problemas de la deuda externa e interna, la reactivacin econmica y la "paz social", temas que son sus puntos de partida en el abordaje de la problemtica laboral. En relacin al movimiento sindical, su preocu-pacin fundamental parece ubicarse en el evitamiento de conflictos laborales que cuestione el efectivo control de los medios de produc-cin,(10) para lo cual se han mostrado dispuestos a conceder ajustes salariales.

El juego de estas posturas pudo verse con claridad en lo que fue la reciente negociacin salarial entre empresarios y sindicalistas, y en la propia actuacin del PIT-CNT en la llamada Concertacin Nacional Programtica. Analizando el desarrollo de dichas negociaciones, pare-ce evidente que los tres objetivos que guiaron la conducta de los re-presentantes sindicales pueden describirse como (a) la defensa del salario; (b) la preservacin de la independencia de los sindicatos en cuanto al planteo de reivindicaciones y de las movilizaciones que las apoyen; y (c) el logro de avances en la obtencin del reconocimiento de las organizaciones existentes. Del lado empresarial, la exigencia no ne-gociable fue el requerimiento de que los gremios firmaran un "pacto de no agresin" como parte del acuerdo, por el cual deban comprome-terse a "...mantener la regularidad del trabajo, no tomando medidas sindicales por mejoras salariales o por solidaridad", segn expresa el punto 8 de la propuesta empresarial.) 11)

El hecho de que haya sido precisamente este punto el que llev al fracaso de la negociacin destaca la importancia de lo que enunciamos como el objetivo (b) de los representantes sindicales. Si bien todo pareca indicar que se estaba arribando a un acuerdo en materia de montos y procedimientos de ajuste salarial, en tanto se produca adems un tcito reconocimiento a la representatividad del PIT-CNT, la inclusin del compromiso de "no agresin" significaba para loa sindicalistas la firma de un documento "...a travs del que se le impide a los trabaja-dores que se defiendan",(12) segn declaraciones de un dirigente al fi-

(10) Este aspecto fue ya resaltado por Handelman (1981: 378) como significativo en la percepcin de la lite industrial acerca de los conflictos laborales previos al golpe de 1973. En una encuesta que realizara en 1976 sobre unos 300 industriales acerca de los logros ms importantes del rgimen, el 52% incluan el "control de la movilizacin laboral" como el principal logro del gobierno de facto. Los industriales tendan a per-cibir en la movilizacin un* efectiva puesta en peligro del mantenimiento del control sobre los medios de produccin, si bien no de la propiedad de ellos.

(11) Ver Semanario BUSQUEDA, N 255, pg. 20. (12) Declaraciones del dirigente Andrs Toriani, reproducidas en BUSQUEDA,

N 255, pg. 20.

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nalizar las conversaciones. Si bien el acuerdo solo regira hasta el pr-ximo 1 de marzo, para un movimiento obrero an no del todo afianza-do aceptar la exigencia patronal supona por una parte un peligroso precedente, y por otra, un compromiso quiz imposible de legitimar y hacer cumplir efectivamente en el conjunto de los gremios. Mirando a los empresarios, su intransigencia es un buen indicador de las dificul-tades que an tienen para adaptarse a la nueva situacin, donde deben incorporar las demandas sindicales a su planificacin empresarial.

En cuanto al tercero de los actores involucrados directamente en este aspecto de la concertacin esto es, el estado, su posicin no puede ser tratada del mismo modo que los anteriores, ya que en alguna medida depender del grupo poltico que asuma el poder. Sin embargo, existen ciertos aspectos cruciales que operan como restricciones al po-sible papel del estado, y que hacen a su doble insercin en la economa, como agente poltico y como empleador. Segn datos de la Encuesta de Hogares, el sector pblico empleaba en 1983 un 23% de la PEA, lo que equivale a decir que casi un tercio de los asalariados percibe su remuneracin del estado (rganos administrativos o empresas p-blicas). De esto se sigue que las decisiones de poltica salarial que se adopten en el sector privado de la economa no son indiferentes para la gestin financiera del sector pblico. Asimismo, las decisiones de pol-tica salarial respecto a los empleados en el sector pblico, afectan deci-sivamente el mercado de empleo en el sector privado. Por tanto, el comportamiento del estado en la negociacin salarial adquiere inevi-tablemente un doble aspecto: por un lado, el vinculado con su funcin poltica en relacin a actores empresariales y sindicales; por otro el relacionado con su rol de empleador de un tercio de la fuerza de trabajo asalariada, en condiciones de tensin de las finanzas pblicas, y con una previsible presin de sindicatos de funcionarios pblicos hoy en puja por su derecho a la agremiacin.

Los anlisis econmicos parecen mostrar que un proceso redistributivo de ingresos entre el sector asalariado y el empresarial-productivo en las condiciones de la economa uruguaya slo es posible si se acepta cierto proceso inflacionario, aunque tambin es claro que no cualquier nivel de inflacin permite una redis-tribucin favorable a los asalariados. Por otra parte, las restricciones impuestas por el endeudamiento externo limitan las posibilidades re-distributivas al reducir el nivel absoluto de ingreso disponible interna-mente. En lo que refiere al empleo, es posible sin embargo pensar en su incremento en el corto plazo sin requerimientos importantes de inver-sin, ya que ciertas medidas tendientes a la reactivacin tomadas desde un gobierno con credibilidad en los sectores econmicos podran

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movilizar el apreciable margen de capacidad instalada ociosa en la industria. Si se recuerda la importancia de este factor en las demandas de la poblacin, este hecho no es nada desdeable.

Diversas variables, tales como los servicios de deuda externa, la tasa de inversin, las remuneraciones del capital financiero, la tasa de inflacin y el dficit fiscal, asi como el ritmo de crecimiento, unidas a otras derivadas de las presiones polticas y sociales de los actores invo-lucrados, debern ser compaginadas en delicados equilibrios que marcan tanto las restricciones como las posibilidades de una con-certacin, e indirectamente, de la propia estabilidad democrtica.

Cules son las probabilidades que tiene la sociedad uruguaya de articular mecanismos de mediacin entre actores con intereses objeti-vamente conflictivos, sin violentar el reconocimiento de la legitimidad de sus derechos ni las restricciones sociales y econmicas? Sin duda esta es la gran pregunta que se plantea a los intentos de instrumentar formas que permitan regular las tensiones de la democracia emergente. Sobre este particular, la reflexin terica y la prctica poltica sealan que las posibilidades son funcin del compromiso democrtico de los actores, y del mbito de interseccin que pueda identificarse en el rango de las demandas y ofertas en cuestin.

En relacin a lo primero, ha sido destacado (dos Santos, 1984:68) que el hecho mismo de la concertacin social depende de la existencia de un pacto poltico democrtico que compromete a los actores a la mantencin y efectiva utilizacin del sistema de reglas que rigen a la sociedad pluralista; sin este consenso de base, es muy difcil instituir mecanismos efectivos de concertacin, y mucho menos mantenerlos, en tanto lo que est entredicho es la propia aceptacin del juego demo-crtico, con los derechos y responsabilidades que del mismo se deri-van. Con respecto a lo segundo, se requiere la posibilidad de que los diversos sectores puedan convenir en un cierto "mapa" mnimo co-mn, que les sirva como instrumento operativo para referirse a la situacin del pas. Sin ponerse mnimamente de acuerdo sobre las caractersticas de ese "mapa" (que equivale a decir: sobre las restricciones y posibilidades que surgen de la situacin presente y su eventual evolucin prospectiva), parece casi imposible llegar a acuer-dos reales, en tanto los actores se estn manejando con modelos diferentes ya veces incompatibles de lo que es el "territorio" por el cual se debe transitar.

Ambos aspectos se hallan profundamente relacionados. Cuando se atiende a la correlacin de fuerzas que se mueven en el sistema, puede notarse que el respeto a las reglas del juego democrtico es el nico camino posible. Tanto el sistema movilizado vinculado a la iz-

77 quierda como el sistema represivo vinculado 8 las Fuerzas Armadas, que hacen su aparicin en el eje del inicio de los afios setenta, son hoy da actores claves, que tienen en comn la caracterstica de manejar fuentes de poder extrnsecas al sistema electoral. Esto introduce un segundo eje de poder en el sistema politico, que se cruza con el electo-ral. Dicho eje se halla dominado por la oposicin "movilizacin vs. represin", y de su equilibrio quiz dependa buena parte de la salud del sistema politico emergente.(13)

Esta situacin de la escena poltica, unida a las caractersticas criticas del campo econmico, presionan para promover un decidido compromiso democrtico en todos los sectores polticos y en gran medida un mnimo consenso en cierto diagnstico comn en el corto plazo (Rial, 1984:15).(14) El mensaje democrtico, antiviolentiata, re-formista, tiene hoy ms aceptacin de lo que poda tenerlo hacia co-mienzos de los setenta (Martorelli, 1984:16), y el objetivo estabilizador del sistema democrtico parece ser ms all de los nfasis diferencia-les un punto compartido. Los distintos actores saben que por encima de sus deseos las Fuerzas Armadas sern un elemento indes-cartable en el corto plazo, y por ende una "amenaza" a la superviven-cia del sistema si su disfuncionamiento sobrepasa ciertos "umbrales de tolerancia" con que se puedan manejar en el futuro las Fuerzas Arma-das (Gargiulo, 1984:34). Si el objetivo sealado es indudable del lado de los partidos tradicionales, en tanto lo que est en juego es su propia razn de existencia, no menos indudable parecera serlo para la izquier-da y los movimientos sociales, los grandes perdedores en 1973, pero a los que hoy el sistema poltico les ofrece un lugar institucionalizado y por tanto corresponsable de su mantenimiento.

En lo que refiere directamente al movimiento sindical y a los

(13) Segn el modelo que estamos proponiendo, cualquier accin de uno de los dos polos que fuera interpretada como "excesiva" por parte del otro, podra desenca-denar un proceso de realimentacin constante, que se detiene por la neutralizacin de uno de los polos (obviamente, el de menos poder real). Este esquema explica en buena medida la dinmica del conflicto en el inicio de los setenta, y nada parece impedir que, a menos que se acuerden reglas precisas de regulacin, una mezcla similar pueda producir efectos similares.

(14) Subsiste sin embargo el problema planteado por la ruptura del frente polti-co opositor al decidirse ta negociacin con los militares el 26 de junio pasado, donde el partido Nocional decidi retirarse de la multipartidaria. Los nacionalistas afirman sin embargo su voluntad concertacionista, y participan de la mesa de concertacin programtica. De todos modos, el acuerdo entre partidos se ve complicado por la su m atona del proceso de desplazamiento de la dictadura y ta carrera por el triunfo electoral, que los obliga a diferenciarse (Rial, 1984:1S).

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aspectos de la concertacin que lo involucran, los sucesos acaecidos hasta la fecha, en especial, su participacin en la "Concertacin Na-cional Programtica", y las declaraciones pblicas de dirigentes politicos y sindicales, parecen indicar que existe una mutua voluntad de llegar a puntos de acuerdo donde las demandas corporativas y sobre todo, los medios por los que se las sostenga, no generen tensio-nes "excesivas" para los frgiles equilibrios de la sociedad en transi-cin. Sin perjuicio de ello, en tanto los lderes de los partidos tradicio-nales tienden a plantear las cosas en trminos que realzan el rol prota-gnico de los partidos y sus mecanismos de legitimacin electoral, los dirigentes gremiales hacen hincapi en la movilizacin de masas, afir-mando de hecho las formas de legitimidad independientes que referi-mos en el punto primero de este artculo como caractersticas del sis-tema poltico.

Como es tradicional, la dirigencia sindical tendr un cierto poder transformador sobre la demanda de las bases, poder que en el caso particular evolucionar en funcin de su propia eficacia en articularlas e imponerlas ante el estado y las empresas. Como en todo caso, esta funcin de transformacin puede operarse "amplificando" las deman-das postura maximalista o "reduciendo" la seal de la base, en pro de volverlas compatibles con la estabilidad del sistema. Por su-puesto, las tendencias moderadas, contarn de suyo con el apoyo gubernamental, lo que puede operar a su favor hablando en trminos de eficiencia. No obstante, la articulacin "moderada" puede tener problemas internos a la dirigencia, en tanto no necesariamente se com-patibilice con las orientaciones polticas de los distintos grupos que disputarn el poder en el plano sindical; ello puede devenir en ciertas dificultades de legitimacin a nivel de las bases, y la posicin ltima deber surgir de una previa transaccin que salvaguarde el lema unita-rio, y respete las cuotas de poder del momento.

El complejo juego de poder y equilibrios que est a la base de todas estas situaciones pauta las condiciones mismas de la concerta-cin, y de la propia estabilidad inmediata del sistema democrtico. Como ocurri en el pasado, estar siempre presente el riesgo de desem-bocar en mecanismos de "empate", que bloqueen la implementacin de polticas a mediano y largo plazo. El compromiso de respeto a las regias de juego democrtico y la coincidencia mnima en un diagns-tico comn de los problemas actuales pareceran de poder alcan-zarse condiciones suficientes slo en el corto plazo.

El anlisis sociolgico muestra que dos o ms partes en conflicto pueden ser atradas a una relacin de cooperacin al descubrir un fin supraordinario comn y reconocerlo de algn modo como tal (North,

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1974; Laue, 1981). Ello da lugar a acuerdos institucionalizados me-diante los cuales, las partes aceptan ciertas reglas de juego que les permiten la consecucin de sus propsitos sin contravenir el fin comn. Para llegar a esos acuerdos, se requiere tener de algn modo en claro cul es ese fin, esto es, cul es el objeto o valor por el que se paga el "precio" de postergar legtimos intereses particulares, as como un cierto mecanismo que permita decidir si se avanza o no en la consecu-cin del objetivo comn.

Si bien la propia convivencia democrtica es un valor cuya impor-tancia permitira colocarlo en ese nivel superior, sera un funesto error olvidar que en las condiciones del Uruguay no es posible pensar en una democracia estable si no va a acompaada de un proceso de desarrollo econmico y social. Para una sociedad en crisis, ello supone la necesi-dad de identificar un nuevo modelo de desarrollo, que contemple la si-tuacin objetiva del pais en el contexto regional y mundial, asi como sus condiciones internas. Tal vez la definicin de estos aspectos no sea posible sin que se produzcan conflictos intersectoriales que queden fuera de los espacios de concertacin. El interrogante que se abre es si el sistema social habr alcanzado entonces un grado de integracin que permita regular esos conflictos como parte integral del funcionamiento social, o si habr de enfrentarse a nuevas rupturas.

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