garcia, fernando, identidades, etnicidad y racismo en alatina

Identidades, etnicidad y racismo en Amrica Latina

Fernando Garca, compilador

Identidades, etnicidad y racismo en Amrica Latina

ndice

Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernando Garca Serrano

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I. LOS MOVIMIENTOS INDGENAS Y SU RELACIN CON EL ESTADO De la presente edicin: FLACSO, Sede Ecuador La Pradera E7-174 y Diego de Almagro Quito - Ecuador Telf.: (593-2) 323 8888 Fax: (593-2) 3237960 www.flacso.org.ec Ministerio de Cultura del Ecuador Avenida Coln y Juan Len Mera Quito-Ecuador Telf.: (593-2) 2903 763 www.ministeriodecultura.gov.ec ISBN: 978-9978-67-187-0 Cuidado de la edicin: Paulina Torres Diseo de portada e interiores: Antonio Mena Imprenta: Ripergraf Quito, Ecuador, 2008 1. edicin: noviembre, 2008

La normalizacin multicultural en la Guatemala neoliberal post conflicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santiago Bastos Movimiento cocalero, poltica y representacin: los casos boliviano y peruano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayar Castillo y Anah Durand Los movimientos indgenas en contra del Plan Puebla Panam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maya Collombon Bermdez Bolivia: posibilidades histricas de la autodeterminacin indgena o reforma criolla . . . . . . . . . . . . . . Pablo Mamani

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II. LOS INDGENAS URBANOSY LA GLOBALIZACIN

Mujeres indgenas, justicia y derechos: los retos de una justicia intercultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mara Teresa Sierra 107 La poltica de la multiculturalidad en Mxico y sus impactos en la movilizacin indgena: avances y desafos en el nuevo milenio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laura Valladares

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Indgenas urbanos en Quito: el proceso de etnognesis del pueblo Kitukara . . . . . . . . . . . . . . lvaro Gmez Murillo La discriminacin laboral de los indgenas en los mercados urbanos de trabajo en Mxico: revisin y balance de un fenmeno persistente . . . . . . . . . . . . . Jorge Horbart La construccin de la identidad mapuche en contextos urbanos y rurales de la Wall Mapu, Argentina . . . . . . . . . . . . . . Mirta Milln Ramrez Redefiniendo identidades culturales. Jvenes universitarios migrantes en el altiplano peruano . . . . . . Luis Rivera Vela Identidades, traducao e hibridismo: a problemtica dos Guarani e Kaiow urbanos no estado de Mato Grosso do Sul/Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jos Trajano Vieira

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121 IV. RACISMO Y PUEBLOS AFRO DESCENDIENTES Racismo e identidades na luta em torno de um programa de reserva de vagas cota tnica para ingresso em cursos de uma universidade pblica do Brasil. Relato e anlise de caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joao Marcos Alem

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III. DERECHO, SOCIEDAD E INTERCULTURALIDAD Proteccionismo humanista: retrica y praxis del neo indigenismo en el Ecuador . . . . . . . . . Gina Chvez Vallejo El pluralismo jurdico y poltico a partir del caso de las rondas campesinas de Cajamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emmanuelle Piccoli

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Presentacin

En las ltimas dcadas, los procesos alrededor de temas tnicos y de identidad en Amrica Latina han sido objeto de movilizacin poltica y de cambios sociales. Los procesos de identificacin desarrollados en los diferentes pases constituyen un rico campo de anlisis para comprender las redefiniciones sociales y culturales que atraviesan la regin. Este campo en construccin abarca una multiplicidad de temas de inters; aspecto que se refleja en el hecho que, durante el Congreso Latinoamericano y Caribeo por los 50 aos de FLACSO-Ecuador, varias mesas se plantearon discutir e intercambiar nociones en torno a esta lnea de pensamiento. Este volumen recoge los trabajos de los investigadores que asistieron al Congreso 50 Aos y que trabajan sobre las relaciones entre etnicidad, identidad y movimientos sociales en Amrica Latina. Sus enfoques pretenden reflejar tanto las transformaciones regionales de los diversos movimientos sociales latinoamericanos, como los avances tericos de un campo de conocimiento transdisciplinario en constante evolucin.

Adrin Bonilla Director FLACSO - Ecuador

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IntroduccinFernando Garca Serrano

En las ltimas dcadas, los factores tnicos y de identidad en Amrica Latina han sido objeto de movilizacin poltica y de cambios sociales. Los procesos de identificacin desarrollados en los diferentes pases constituyen un rico campo de anlisis para comprender las redefiniciones sociales y culturales que atraviesan la regin. Este campo en construccin abarca una multiplicidad de temas de inters. Por una parte, la insurgencia de los denominados nuevos movimientos sociales (indgenas, mujeres, ecologistas, jvenes, derechos humanos, etc.) movilizados por factores tnicos y culturales en los ltimos aos permite el estudio de sus reivindicaciones, procesos de constitucin y relacin con el Estado. Por otra parte, el hecho de que toda definicin de identidad involucra una relacin de poder basada en la afirmacin de las diferencias muestra la necesidad de reconstruir estos procesos polticos a partir del anlisis y crtica de estudios de caso en profundidad que fortalezca un ejercicio comparativo que determine sus semejanzas y diferencias. Todos estos elementos hacen imprescindible procesar estas tensiones y transformaciones en un marco interdisciplinario. Tanto la sociologa y la antropologa como la historia y la ciencia poltica, han impulsado en Amrica Latina nuevos desarrollos analticos en relacin con el tema del papel de la etnicidad e identidad en las luchas sociales. Un tema muy propio de la antropologa en su desarrollo desde su surgimiento como ciencia a fines del siglo XIX ha sido el tema de la diversi11

Fernando Garca Serrano

Introduccin

dad cultural cuya discusin y vigencia se mantiene. Actualmente, en tiempos de globalizacin y de homogenizacin econmica asistimos a continuos esfuerzos por confluir hacia una homogenizacin de carcter cultural, sin embargo los conflictos que vive el mundo evidencian que la heterogeneidad cultural prevalece y que su permanencia forma parte de la convivencia presente y futura. Las diferentes modalidades de luchas culturales (nacionales, tnicas, regionales, de gnero, religiosas, raciales) parecen dirigirse hacia una intensificacin en el presente siglo. Dos analistas de diferente orientacin ideolgica como I. Wallerstein (1988) y S.M. Huntington (1996) coinciden en postular que tanto la reivindicacin por las identidades como las disputas culturales siguen siendo motivo de movilizacin y pugna poltica. El primero plantea que el fortalecimiento de los grupos de identidad en condiciones de igualdad y sin exclusiones ser la salida a la crisis, mientras el segundo cree el choque de modelos econmicos ser reemplazado por el choque de civilizaciones. Esta pugna, en el caso de Amrica Latina, se ha visto expresada en la lucha por las autonomas de diferente tipo (tnicas y territoriales principalmente) que se han confrontado con dos grandes tendencias presentes en la regin, el liberalismo no pluralista y el relativismo absoluto ejemplificado en los casos de esencialismo tnico. Estas autonomas, en los diferentes pases, han sido planteadas no como la creacin de nuevos Estadonacin sino dentro del marco de la misma nacin, lo cual involucra la construccin de estados plurinacionales (el caso de Ecuador y Bolivia, por ejemplo) y de sociedades interculturales (el caso de Colombia, Mxico y Guatemala). Solamente un debate abierto con un sostenido dilogo intercultural podr destrabar esta nueva confrontacin entre la universalidad y la particularidad. En esta perspectiva, el presente volumen est organizado alrededor de cuatro temas que se consideran representativos de la relacin entre etnicidad, identidades y movimientos sociales presente en Amrica Latina a partir de la dcada de los aos 1990. Se trata de los movimientos indgenas y su relacin con el Estado, los indgenas urbanos la globalizacin y derecho, sociedad e interculturalidad y racismo y pueblos afro descendientes. Cada uno ser tratado por separado adems de acompaar una12

resea corta de los artculos presentados como ponencias dentro del eje temtico etnicidad, identidades y movimientos sociales en el marco del Congreso Latinoamericano y Caribeo de Ciencias Sociales realizado en Quito, Ecuador del 29 al 31 de octubre de 2007, como parte de la celebracin de los 50 aos de creacin del sistema FLACSO en Amrica Latina. Esta publicacin rene elaboraciones de investigadores/as que trabajan sobre los temas ya mencionados y pretende reflejar tanto las transformaciones regionales de los diversos movimientos sociales latinoamericanos como los avances tericos de un campo de conocimiento interdisciplinario en constante evolucin. Intenta resaltar las especificidades de estos movimientos en relacin con la globalizacin, la diversidad cultural y las tensiones entre niveles locales, nacionales e internacionales. Por ltimo, propone abrir un espacio de reflexin amplio que permita impulsar comparaciones tanto en la regin como en el mbito continental e intercontinental.

Los movimientos indgenas y su relacin con el Estado Este tema muestra cmo en las ltimas dcadas del siglo XX se dio una movilizacin poltica de los pueblos indgenas latinoamericanos que llev a su reconocimiento y la puesta en marcha de ciertas polticas culturales especficas. Con el cambio de milenio, parecen estarse produciendo cambios en las formas en que estos movimientos se relacionan con los estados de los que forman parte pues a la vez que aceptan las reglas de la democracia electoral, retan las formas deficitarias en que sta se da en la actualidad. Sin embargo, este panorama general esconde una gran variedad de situaciones, pues las dinmicas polticas de cada pas han generado estrategias y respuestas muy diferentes por parte de los indgenas polticamente movilizados: el post zapatismo en Mxico, la implementacin del proceso de paz en Guatemala, la fallida alianza con el ex presidente Gutirrez en Ecuador, la politizacin de las demandas tnicas en Bolivia y el persistente silencio en Per. Este tema del libro propone provocar una reflexin13


Introduccin

conjunta entre especialistas de cada uno de estos y otros pases, enfocada tanto en las estrategias de los diferentes movimientos indgenas y las formas en que los estados estn reaccionando, como en los cambios que ello est suponiendo para una poblacin indgena que sufre los embates de la globalizacin. El aporte de Santiago Bastos precisa que en Guatemala, como en toda Amrica Latina, los actores polticos mayas estn ahora ms cerca de los centros de decisin pero carecen de la fuerza de presin que les permita resolver los problemas que afectan a la poblacin indgena. Desde que termin la fase de construccin de la paz, alrededor del ao 2000, se ha ido construyendo una forma de gestionar la diferencia tnica por parte del Estado y la cooperacin internacional. Este multiculturalismo cosmtico no es posible entenderse si no se mantiene en perspectiva que se trata de una sociedad que sale de un conflicto armado de larga duracin, en el que el pueblo maya fue diezmado en el conjunto de su poblacin pero, paradjicamente, reforzado en el de sus elites polticas; y en el que los argumentos de clase quedaron deslegitimados no slo por la derrota de la izquierda, sino por el reforzamiento ideolgico de la oligarqua en el contexto neoliberal y por la misma legitimidad de los argumentos neoculturales y neonacionalistas. El artculo conjunto de Mayar Castillo y Anah Durand, desde una perspectiva comparada, busca profundizar en la vinculacin movimientos sociales-organizaciones polticas a partir de las alianzas y estrategias que el movimiento cocalero establece para lograr representacin y atencin a sus demandas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se opta por la construccin del instrumento poltico (el partido Movimiento al Socialismo, MAS), que parece ser una estrategia exitosa, mientras que en el caso peruano la alianza se establece con el partido liderado por Ollanta Humala. Especficamente, el trabajo analiza la legitimidad poltica que los lderes cocaleros alcanzan en la poltica nacional y su incidencia en la democratizacin de ambas sociedades andinas. En el transcurso de los ltimos quince aos, en el escenario andino, surgi un nuevo actor protagnico, dejando atrs las protestas mineras o las tradicionales protestas campesinas. Los cocaleros productores de coca cobraron particular relevancia en la escena pblica, configurando14

un movimiento social con identidad colectiva, con demandas al Estado y con un discurso poltico. En Bolivia primero y en Per despus, los cocaleros se organizaron en centrales de productores. Adems de lograr acciones de movilizacin social, el movimiento cocalero debido a su importancia cuantitativa e impacto social, ha cobrado relevancia poltica. Utilizando el ejemplo del Plan Puebla Panam, Maya Collombon Bermdez pone en evidencia que se trata de un plan de desarrollo regional que incluye a nueve estados del sureste mexicano y siete pases centroamericanos. Trata de entender la base de un nuevo plan de desarrollo regional para la regin del Sur-sureste mexicano y Centroamrica. Este plan tiene la particularidad de haber provocado mltiples reacciones, protestas y un conjunto de reivindicaciones. Entre las movilizaciones se destacan las de los pueblos indgenas de la zona que, por un contexto socio-poltico conflictivo y gracias a una educacin popular avanzada, han tomado conciencia de los riesgos que implica el libre comercio sobre la propiedad de la tierra y del valor que constituyen los recursos naturales de los subsuelos para las grandes empresas transnacionales. Plantea la hiptesis que en el marco de la globalizacin actual los pueblos indgenas del sur mexicano y de Centroamrica logran constituirse en un nuevo sujeto poltico indgena. Bolivia, para Pablo Mamani, es un campo de compleja disputa de tres proyectos histricos inconclusos. Estos estn definidos, a su vez, por tres sectores de la sociedad, producto del colonialismo espaol y republicano. Uno proviene de las sociedades indgenas y sectores populares que es la autodeterminacin social, el otro procede desde las clases medias particularmente urbanas que tiene posturas reformistas del Estado y la sociedad y el tercero surge desde las elites blanco-mestizas que apuestan por la continuidad de la colonialidad del pas. Los tres proyectos atraviesan la trayectoria de la historia social, poltica, econmica y cultural de Bolivia. Es decir, son parte del problema estructural de Bolivia. Hoy, frente a una nueva situacin sociopoltica, los tres proyectos de sociedad y, particularmente los movimientos indgenas y las elites, se disputan el devenir de los prximos cincuenta o cien aos de la repblica. Y, en esta medida, es importante reflexionar sobre el tema.

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Introduccin

Los indgenas urbanos y la globalizacin Desde 1970, la Antropologa convirti a la ciudad en un nuevo campo de investigacin. A inicios del milenio, el 70 por ciento de la poblacin de Amrica Latina es urbano, lo cual aparece como un fenmeno demogrfico irreversible. En este contexto, nuevos procesos, antes desconocidos, requieren explicacin y anlisis, tales como la conurbacin, la formacin de metrpolis y megpolis, la migracin interna y externa, las disporas, las redes transnacionales entre otros. El movimiento de la poblacin indgena, tradicionalmente rural, a las ciudades se convierte en un flujo permanente que junto a otras corrientes migratorias ha ido conformando ciudades culturalmente heterogneas. Qu homogeniza a las ciudades? La planificacin macro social, la estandarizacin inmobiliaria y el mercado de consumo. Esta homogenizacin tambin involucra a los investigadores sociales. Sin embargo, se mantienen las diferencias: la segregacin intercultural y social. Desde los aos 1970, las ciencias sociales y el urbanismo propician la diferencia, la multiplicidad y la descentralizacin como condiciones de una ciudadana democrtica. Sin tratar de ser apologistas de la diferencia, se trata de imaginar como el uso de la informacin internacional y la simultnea necesidad de pertenencia y arraigo local pueden coexistir, sin discriminacin, en una multiculturalidad democrtica. Es imprescindible analizar las nuevas formas de urbanismo: la diversidad cultural y tnica; la ciudad industrial y la cultura obrera; desastres, violencia y miedo; jvenes e identidades; polticas y consumo cultural; migracin y fronteras y patrimonio y conservacin cultural. lvaro Gmez Murrillo muestra cmo el pueblo indgena kitukara viene reconstruyendo su identidad en mltiples espacios oficiales y en sus comunidades. Este trabajo expone algunas de sus luchas recientes en medio de un contexto urbano que parece ir en su contra. Se trata de un caso de reconstruccin de la identidad indgena a partir de un pueblo desaparecido varios cientos de aos atrs, proponiendo algunas explicaciones de dicho proceso de etnognesis. Adems expone la necesidad del gobierno de la ciudad de Quito de desarrollar polticas urbanas sobre la base de agendas pluritnicas y multiculturales, para garantizar el ejercicio de los derechos de todos sus ciudadanos.16

Desde Mxico, Jorge Horbarth propone que las condiciones precarias en que se encuentra la poblacin indgena en Mxico son el resultado del rezago econmico y social de sus comunidades y tambin el producto de una clara y sistemtica discriminacin y segregacin que limita su capacidad como grupo social y en el que, de manera contradictoria, recae buena parte de la responsabilidad de la reproduccin de las costumbres y formas culturales ancestrales, que le han dado reconocimiento y posicionamiento internacional a la identidad del mexicano. La poblacin indgena ha enfrentado histricamente los cambios de las economas modernas; sin embargo, el actual embate de los procesos de internacionalizacin de la economa y de la globalizacin ha incidido de manera negativa en sus pequeos mercados locales, desplazando sus actividades principales con predominio en el sector primario, hacia actividades terciarias de supervivencia. En la actualidad, fenmenos sociales como la migracin internacional, cuyos flujos se alimentan cada vez ms de fuerza de trabajo indgena, generan nuevos problemas al interior de las comunidades de origen, como la agudizacin de las diferencias y las transformaciones paulatinas tanto en la cultura como en la identidad. Aquellos indgenas que logran insertarse en las estructuras laborales de la economa moderna nacional viven formas directas de discriminacin en la cobertura de la seguridad social, en las formas de contratacin, en la baja promocin profesional, limitada por la presencia de economas internas en las organizaciones y pertenencia al segmento menos aventajado en el mercado laboral. Mirta Milln Ramrez, profesional indgena mapuche, indaga sobre el proceso de construccin de la identidad tnica mapuche en Argentina, el cual surge y se consolida durante los aos 1980 y 1990, y se posiciona discursiva y polticamente como una nueva forma de relacin con el estado nacional argentino. En esta, aparecen escenarios de conflicto, fricciones y de demandas de derechos colectivos e individuales que han ido conformado un nuevo e incipiente escenario poltico que cuestiona el imaginario y el discurso hegemnico basado en los argentinos vinieron en los barcos, que hace alusin al origen extranjero del conjunto de la poblacin del pas. El trabajo muestra los nuevos espacios de participacin y representacin del pueblo mapuche en la Argentina actual.17


Introduccin

El trabajo de Luis Rivera Vela se enfoca en los estudiantes indgenas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Per. En este departamento donde la poblacin es mayoritariamente rural e indgena quechua y aymara, la matrcula universitaria tambin muestra esta doble caracterstica. A travs de varios estudios de caso se analiza las redefiniciones que sufren estos jvenes en sus identidades culturales en un contexto urbano, de modernizacin y de globalizacin. Desde Brasil, Jos Trajano Vieira plantea que los guaran de Kaiow son un problema para el Estado, las ONG y los antroplogos, entre otros, porque se instalan en las ciudades y en nuevas reas no demarcadas como tierra indgena. En el medio urbano se encuentran indgenas que fueron criados fuera de las reservas y que hoy viven de forma permanente en las calles y plazas de la ciudades, en abrigos provisionales, debajo de los rboles, de los bancos de las plazas, entre otros lugares, sin lugar para vivir y sin comida, borrachos y mendigos. Estas personas han sido moldeadas, y se moldean as mismos, por peculiaridades de su biografa, gusto y capacidades. Las identidades atribuidas al grupo no precisan ser todopoderosas. La cultura es vista como una produccin irregular e incompleta de sentido y valor, frecuentemente compuesta de demandas y prcticas inconmensurables producidas en el acto de la supervivencia social. El proceso de identidad se torna una celebracin mvil: formada y transformada continuamente, en el cual el sujeto asume identidades diferentes en momentos distintos; conservando trazos de las culturas, de las tradiciones, de las lenguas y de las historias particulares por las cuales fueron marcados. Son producto de varias historias y culturas interconectadas. El objetivo del artculo es demostrar que en la interrelacin de espacios campo/ciudad, se establecen las bases para la territorialidad de los guaran de Kaiow actuales.

Derecho, sociedad e interculturalidad En las ltimas dcadas, los sistemas de derecho latinoamericanos han sido objeto de luchas y de cambios de diversas ndoles. Sus transformaciones contradictorias enmarcan un rico campo de anlisis para comprender las18

redefiniciones sociales y culturales que atraviesan el subcontinente. Este terreno en construccin abarca una multiplicidad de puntos sensibles. Por una parte, los sistemas de derecho de los pueblos indgenas, reconocidos por la mayor parte de los estados latinoamericanos, plantean nuevas cuestiones de identidades jurdicas como de reconfiguraciones entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo de los estados. Por otra parte, las negociaciones de los tratados de libre comercio y las prcticas de un derecho econmico internacional se vuelven objetos de alta carga simblica donde compiten sentidos antagnicos de soberana nacional. En esta misma tensin entre niveles nacionales e internacionales, las garantas de los derechos humanos agudizan las reflexiones sobre el derecho en accin e interrogan su eficacia entre los planos simblicos y los marcos de poder estructurales. Todos estos elementos hacen imprescindible conceptualizar estas tensiones y transformaciones en un marco interdisciplinario. Tanto la sociologa y la antropologa jurdica como la historia y la filosofa del derecho, han impulsado en Amrica Latina nuevos desarrollos analticos en relacin con el pluralismo jurdico, la interlegalidad y el multiculturalismo. El caso ecuatoriano tratado por Gina Chvez Vallejo demuestra la manera cmo el Estado ecuatoriano en los ltimos veinte aos ha respondido a las demandas indgenas tanto polticas como econmicas. La insistencia estatal en mantener un tipo de relacin corporativista con el movimiento indgena ha llevado a un vaciamiento de las demandas indgenas que se han agotado en la lucha de sus reivindicaciones e inclusive fraccionado debido a los recursos econmicos asignados a estos sectores. Este conjunto de discursos y prcticas, llamadas por la autora neo indigenismo, se ha transformado en una nueva trampa para el movimiento indgena en lugar de haber conducido a una redefinicin entre el Estado y estos actores, que garantice no solamente su equidad econmica sino tambin la superacin de cualquier tipo de exclusin tnica o racial y logre la vigencia de los derechos y garantas que como ciudadanos han exigido histricamente. Emmanuelle Piccoli analiza, desde un enfoque antropolgico, los aspectos de la identidad de las rondas campesinas de Cajamarca y sus caractersticas como un movimiento social de base. Las rondas campesinas,19


Introduccin

nacidas al final de los aos setenta por la necesidad de los campesinos de protegerse de los robos, han demostrado rpidamente su funcionalidad potencial, transformndose en una forma global de gestin del vivir juntos en los caseros. La amplia difusin, en la zona norte del Per, de esta estructura de vigilancia, justicia y poltica demuestra su capacidad de adaptarse a varios contextos y hace de ella un movimiento social importante que permite una nueva afirmacin de identidad por parte de los campesinos. Se analiza cmo, en cada una de sus aspectos, la ronda es una expresin cultural especfica, a la vez tradicional y moderna, que representa al campesinado ms que cualquier otra organizacin de la regin. Por fin, el anlisis muestra cmo las rondas deben entenderse como un movimiento de las bases y cmo en su modo de relacionarse con el Estado replica una estructura de poder de tipo colonial que separa los niveles locales y nacionales. Las justicias comunitaria e indgena se enfrentan no slo a la exclusin y el racismo de la justicia del Estado, sino tambin a los retos relacionados con las polticas del reconocimiento de la diversidad. El artculo de Mara Teresa Sierra presenta dos casos de justicia indgena en Mxico que permiten reconocer los modos en que las demandas de gnero y derechos humanos se enfrentan a ideologas incrustadas en las prcticas de este tipo de justicia. Si bien dichas prcticas tienden a naturalizar la exclusin de las mujeres, por otro lado se muestra cmo las mujeres en estos procesos contribuyen al cuestionamiento de los modos tradicionales de justica a travs de la redefinicin de sus propios marcos culturales. A casi tres dcadas de la puesta en marcha de polticas multiculturales en Mxico, Laura Valladares plantea que es necesario hacer una evaluacin tanto a nivel epistemolgico como poltico sobre los principios, objetivos y alcances del multiculturalismo, as como de los diferentes actores sociales involucrados en este modelo poltico y cultural. Adems discute las expresiones de la poltica de la multiculturalidad y el papel que jug en este proceso el movimiento poltico indgena nacional. El movimiento indgena, como otros sectores sociales, asumi con gran entusiasmo los planteamientos de la poltica de la identidad, sin embargo, ante los magros resultados obtenidos en mbitos tales como la democratizacin de la estructura de poder nacional, la ausencia de polti20

cas que reviertan los altos ndices de pauperizacin y subordinacin de la poblacin indgena existe un desencanto creciente frente a dicha poltica. En este trabajo se argumenta cmo el movimiento indgena mexicano logr despus de un largo y complejo proceso de negociacin y alianzas polticas llegar a consensos alrededor de encaminar la lucha por los derechos indgenas a travs de la va legislativa, lamentablemente los resultados han sido desalentadores en diferentes niveles: no se ha logrado el reconocimiento pleno del derecho a la autonoma y el control de sus territorios, asimismo la participacin de los indgenas en las esferas de decisin nacional siguen siendo excepcionales y el modelo de una nueva democracia electoral no ha posibilitado la apertura de espacios para la participacin de la poblacin indgena a cargos de representacin popular. As, el proceso de lucha y negociacin entre el movimiento indgena y el gobierno mexicano de la ltima dcada ha tenido modestos avances y enfrenta grandes retos, de tal suerte que a ms de dos dcadas de su movilizacin se encuentra en un momento de reflujo y de debate ante intentos de reorganizacin, se viven diversos tipos de faccionalismos, procesos de radicalizacin y bsquedas para construir estrategias que les permitan volver a colocar la problemtica indgena como un tema de inters nacional.

Racismo y pueblos afro descendientes Se estima que la poblacin afro descendiente en Amrica Latina asciende actualmente a 150 millones de personas, este hecho no muestra de ninguna manera su visibilidad ni poltica ni econmica en los diferentes pases de la regin, a pesar de que en Brasil, por ejemplo, son cerca de 60 millones de habitantes. Uno de los motivos ms importantes para esta invisibilidad es la vigencia de concepciones y prcticas racistas y racialistas al interior de la poblacin mayoritariamente mestiza. Por otro lado, instrumentos del derecho internacional como la Declaracin de Durban contra el racismo y la xenofobia aprobada en el ao 2001 por Naciones Unidas marca un nuevo rumbo en la relacin Estado-pueblos afro descendientes. Por ello, es21


Introduccin

importante que los movimientos sociales afro descendientes hayan transitado, en los ltimos aos, desde el discurso y la prctica del reclamo a una propuesta inclusiva, intercultural y de identidad que enriquezca el carcter diverso de las democracias latinoamericanas. El artculo de Joao Marcos Alem (Racismo e identidades na luta em torno de um programa de reserva de vagas cota tnica para ingresso em cursos de uma universidade pblica do Brasil. Relato e anlise de caso) discute los problemas en torno a un programa de asignacin de becas cuota tnica para el ingreso a los cursos de la Universidad Federal de Uberlndia (UFU), Estado de Minas Gerais, Brasil. Se trata de una descripcin de la experiencia de un profesional de ciencias sociales llamado a tratar una cuestin simultneamente poltica y antropolgica: la coordinacin de una comisin que estudi los programas de acciones afirmativas propuestas en diversas instituciones pblicas de educacin superior en Brasil en los ltimos aos, incluidos algunos en ejecucin. El objetivo de esa comisin fue presentar un referente que fundamente la adopcin o rechazo de la cuota tnica en la UFU. Los posicionamientos polticos de los sujetos involucrados en la produccin del documento en el mbito de la comisin, as como de los sujetos presentes en los debates pblicos promovidos, sirvieron de fuentes para el relato y el anlisis. Se consideran aspectos cruciales de reelaboracin los significados en torno a las nociones de raza, etnia, identidad tnica, identidad de clase, acciones afirmativas, individualismo y desercin social. Tambin son considerados algunos aspectos de las nuevas formas asumidas por el racismo a la brasilea, ahora dividido entre la fbula negativa de las tres razas y el mito de la democracia racial, que forman parte del pueblo brasileo. Para finalizar es importante mencionar algunos retos que el tema de identidad, etnicidad y movimientos sociales enfrenta dentro de la regin latinoamericana.

Bibliografa Huntington, Samuel M. (1996). El choque de civilizaciones. La reconfiguracin del orden mundial, Barcelona, Paids. Wallerstein, Immanuel (1988). El capitalismo histrico. Madrid, Siglo XXI de Espaa.

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I. Los movimientos indgenas y su relacin con el Estado

La normalizacin multicultural en la Guatemala neoliberal post conflictoSantiago Bastos*

Antecedentes Como en toda Amrica Latina, durante las dcadas de los aos sesenta y setenta, los indgenas guatemaltecos iniciaron una movilizacin en demanda de participacin poltica a nivel nacional. Esta movilizacin fue paralela y form parte de todo un proceso de cuestionamiento al rgimen militar que gobernaba el pas y que en algunos casos tom rasgos insurreccionales cuando en la segunda mitad de los aos setenta, la insurgencia hegemoniz esa lucha ante el continuo cierre de espacios por parte del gobierno. Las polticas represivas del Estado llegaron a su cenit y dieron un salto cualitativo cuando a inicios de los aos ochenta pusieron en marcha las campaas de tierra arrasada en el altiplano occidental contra la poblacin indgena. Estas acciones, que fueron calificadas de genocidio por la Comisin de Esclarecimiento Histrico (CEH, 1999), paralizaron este ciclo de movilizacin, tanto por la muerte de toda una capa de lderes, como por la divisin poltica dentro de los sobrevivientes; pero sobre todo por el terror y la impunidad que quedaron implantados en las comunidades que haban luchado de formas muy diversas por su inclusin como indgenas en la nacin1.* 1 Investigador de la FLACSO, sede Guatemala Sobre la actuacin poltica de los indgenas en los aos 1960 a 1980, ver Falla, 1978; Le Bot, 1992; Cojt, 1997; Bastos y Camus, 2003.

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Santiago Bastos

La normalizacin multicultural en la Guatemala neoliberal post conflicto

En este entorno de revolucin y represin, ciertas propuestas polticas indgenas maduraron en la formulacin de una identidad como pueblo maya que superaba y concretaba las propuestas culturales y polticas que se haban ido forjando en esos aos, y que no encontraban encaje en las proposiciones de las organizaciones guerrilleras, ms cercanas a la ortodoxia de clase del pensamiento marxista. El contexto poltico que se abri en 1985 con la llegada / retorno de los civiles al poder formaba parte de la estrategia contrainsurgente, y as fue visto por la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) y la serie de organizaciones vinculadas a ella que reuna a las vctimas de la violencia desatada por el Ejrcito, formadas mayoritariamente por mayas. Estos actores siguieron haciendo poltica revolucionaria desde los espacios que se abran. Mientras, quienes se agrupaban alrededor de la identidad de pueblo maya, buscando no enfrentarse al poder militar, se dedicaron sobre todo a una serie de reclamos culturales la lengua y la educacin y elaboraron las justificaciones polticas de sus demandas desde un nuevo tipo institucional: la organizacin maya, formada por profesionales solo mayas que no buscaban una base sino desarrollar acciones especficas, normalmente con apoyo de la cooperacin (Hale et al. 2001). El reinicio de actividades pblicas de los mayas como tales se dio en un contexto nacional que caminaba lentamente hacia una solucin negociada del conflicto, sobre todo despus de 1993. En el plano internacional hay que destacar la cada del muro de Berln y el avance de las luchas indgenas en todo el mundo y especialmente en Amrica Latina alrededor de los 500 Aos de Resistencia, que cuajaron en el premio nobel de la paz entregado a Rigoberta Mench en 1992. Estas tendencias reforzaron la capacidad de presin y presencia de los mayas, provocando tensiones internas por la ocupacin de espacios cada vez mayores. Todo ello confluy en la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indgenas AIDPI en marzo de 1995 como parte de un proceso de paz que culmin en diciembre de 1996. Este Acuerdo supone un cambio fundamental en la forma en que el Estado guatemalteco concibe y propone gestionar la diferencia, consustancial a esta sociedad. Frente a la segregacin colonial mantenida en el asimilacionismo del ltimo siglo (Taracena et al., 2003; 2004) y el geno28

cidio cometido escasos aos antes, esta vez se parte de la idea de una nacin multitnica, pluricultural y multilinge en que se reconoce la existencia de tres pueblos indgenas con sus respectivos derechos2. En el Acuerdo se plantean sobre todo una serie de derechos culturales, mientras los polticos, sociales y econmicos apenas deberan aparecer en acuerdos posteriores (Bastos y Camus, 2003). Se reconoci a los actores mayas unificados en la Coordinadora de organizaciones del pueblo maya de Guatemala (COPMAGUA), el carcter de interlocutores directos del Estado en las comisiones partidarias y especficas que discutiran asuntos derivados del Acuerdo. Prcticamente todos los representantes del pueblo maya organizado se volcaron de 1996 a 1999 en sacar adelante esos acuerdos. As, esta fase, previa a la que se analizar, termin con una transicin en el movimiento indgena de Guatemala, que proyecta lo que ocurrir en los siguientes aos: el movimiento revolucionario fue dejando de ser la referencia bsica de la actuacin y la generacin de discursos y el Estado empieza a cumplir ese rol. La configuracin de COPMAGUA representa el fin traumtico de la influencia de la URNG (Bastos y Camus, 2003); mientras que las comisiones paritarias ponen en marcha la nueva forma de entender la poltica, ya no como presin a un Estado ilegtimo por su racismo y poltica represiva, sino como connivencia con un Estado legitimado por la paz y los organismos internacionales.

Neoliberalismo, globalizacin y normalizacin post paz Despus del fracaso de la consulta popular de marzo de 1999 en que un 55 por ciento del 12 por ciento que vot dijo no a las reformas constitucionales derivadas de los acuerdos de paz y del triunfo al final de ese ao del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido liderado por el general Ros Montt acusado de genocidio, termina el ciclo poltico que2 Los pueblos indgenas son: el mayoritario, maya (39,26%), el xinka (0.14%) de lengua no maya- y los afro americanos garfunas de la costa atlntica (0.04%). En el Acuerdo no se menciona al ahora llamado pueblo ladino, que agrupando a todos los guatemaltecos que no se consideran indgenas (60.56%) sera desde esta ptica, el cuarto pueblo que formara Guatemala, a pesar de la dificultad de darle ese apelativo (Bastos, 2007a). Los porcentajes provienen del Censo de 2002 (INE, 2004), por lo que slo son indicativos.

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gir en torno a la paz y comienza lo que podemos llamar la normalizacin post conflicto. Podemos caracterizar este periodo por la entrada de lleno de una Guatemala ya en paz a la economa globalizada, a travs de la apertura comercial que se ratifica con el Tratado de Libre Comercio, la consolidacin del turismo como fuente de divisas; el espectacular crecimiento de la migracin hasta transformarse en una de las bases de la economa, la insercin en nuevos circuitos como el de la minera o los biocombustibles, el narcotrfico o el coyotaje. Todas estas actividades no son suficientes para acabar con la pobreza general: el resultado es ms bien la ampliacin de la histrica brecha social para beneficio de quienes pueden aprovechar las oportunidades que estas opciones brindan (PNUD, 2005). Esta brecha tiene su particular lectura en trminos tnicos: disminuye la distancia social entre indgenas y no indgenas porque un pequeo sector de profesionales, comerciantes y agricultores mayas logra salir de la pobreza; pero aumenta la distancia social dentro de estos mayas y sobre todo, dentro de los no indgenas. La oligarqua est en proceso de recriollizacin dando sentido tnico a su creciente distancia social y cultural respecto al resto de la sociedad y se crean nuevas formas de racializacin de la desigualdad a tono con la realidad. El Estado asume una prctica que est ms cercana a las ideas neoliberales de quienes detentan el poder que al ideario desarrollista de los acuerdos de paz, y la privatizacin se combina con una descentralizacin de los servicios de educacin y salud que implica pasar los costes a los usuarios. Paralelamente, se consolida un sistema de representacin que pese a la supuesta presencia de la izquierda no ofrece alternativas al modelo econmico, no es capaz de romper con el poder militar previo y, por el contrario, es centro de corrupcin desde el Congreso hasta las municipalidades, pasando por jueces y otras autoridades. La impunidad respecto a los hechos del conflicto se combina con nuevas formas de violencia ligada al narcotrfico y a la renuncia del Estado a su papel de rbitro poltico, que se aprecia tanto en la ubicuidad de las maras y los homicidios hechos por sicarios, las respuestas en forma de juntas locales de seguridad y de linchamientos.

Este es el contexto en el que este nuevo Estado busca delinear las formas para manejar la diversidad tnica de Guatemala. Existen elementos coincidentes entre los gobiernos desde el ao 2000 y con ciertas embajadas e instituciones de cooperacin, los cuales son acordes con el peso internacional y el apoyo que los pases y agencias donantes han ido otorgando a los derechos de los pueblos indgenas a partir de resoluciones multiculturales. Guatemala ratific el Convenio 169 de la OIT en 1996 y recientemente promovi la Declaracin Universal de Derechos de los Pueblos Indgenas de la ONU. En consonancia, la mayora de las acciones tomadas explcitamente sobre la diferencia tnica se basan en el uso de un discurso multicultural polticamente correcto pueblos indgenas, interculturalidad, educacin bilinge intercultural, lugares sagrados por parte de la autoridades estatales, acompaado de una serie de gestos que muestra ese nuevo talante, como la realizacin de ceremonias mayas, el uso de ciertas trminos y prendas, etc. (Bastos, 2007a). Esto se combina con la entrada de figuras pblicas mayas a puestos relativamente altos del gobierno Ministerio de Cultura, Secretara de la Paz, Direccin General de Educacin Bilinge y con la creacin de espacios especficos para gestin de polticas para los mayas, en los que entran estas figuras y otros activistas de diferentes niveles. La apertura de espacios en diferentes mbitos del Ejecutivo complementaba a las histricas Academia de Lenguas Mayas, Direccin General de Educacin Bilinge y Fondo de Desarrollo Indgena de Guatemala. Fruto de los acuerdos de paz surgieron la Defensora de la Mujer Indgena y la Unidad de Lugares Sagrados del Ministerio de Cultura, y se han sumado otras como la Comisin Presidencial contra la Discriminacin y el Racismo y una cantidad de pequeas dependencias en ministerios y secretaras. Los actores mayas tambin entran como representantes de la sociedad civil en dependencias como el Fondo de Tierras. En este sentido, es interesante el caso del Programa Nacional de Resarcimiento, dirigido por la Coordinadora Nacional de Resarcimiento con presencia del gobierno y representantes de diferentes sectores la sociedad civil. La mayora de estos espacios son producto de una lucha de sectores especficos, vinculados a diversas aristas de la lucha maya (lingistas, mujeres, educadores, guas espirituales), por lo que su mera existencia es ya31

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un triunfo. Sin embargo, lo que caracteriza el actuar de todas estas dependencias, desde el Ministerio de Cultura hasta las pequeas oficinas, es la ausencia de presupuestos para llevar cabo su labor de hecho, la mayora trabaja con fondos de la cooperacin internacional y la falta de voluntad poltica desde el gobierno para apoyarla3. Aparte de estas instancias, en el resto de las actuaciones del gobierno y de otros actores no se aplica el concepto de pueblos indgenas y los que de ello se derivan, y apenas se tiene en cuenta la pertenencia tnica de los y las ciudadanas. Los desalojos de las fincas ocupadas en varias partes del pas se han realizado con lujo de fuerza sobre campesinos a los que no se califica de mayas sino de revoltosos.Tampoco se discute por qu las vctimas del Stan o de las hambrunas de Chiquimula son en su mayora campesinos indgenas que viven en condiciones de precariedad y alto riesgo por el desgaste de sus tierras. Y, desde luego, las polticas econmicas y sociales desmienten cualquier consideracin de estos indgenas como sujetos de derechos bsicos, ya sean de ciudadana o sociales. As, en el contexto de insercin global post paz, los sucesivos gestores del Estado guatemalteco estn sacando provecho de la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indgenas (AIDPI) que se hizo hace ms de diez aos, utilizando un discurso multicultural polticamente correcto y creando unos espacios en que lo maya est claramente acotado y delimitado. Siguiendo la definicin de aquel Acuerdo, estn forjando una forma de manejar la diversidad tnica del pas en que lo maya queda vinculado de forma casi exclusiva a la diferencia cultural, mientras que el resto de las dimensiones de exclusin que viven los mayas y las mayas de a pie apenas son tenidas en cuenta en esa definicin. En esta situacin, el Estado se apropia de la capacidad de definicin de lo que es o no es maya e incluso lo usa para su beneficio: el Ministerio de Cultura extiende gafetes que acreditan la calidad de ajqij, gua espiritual maya y algunos de ellos son quienes realizan las continuas ceremonias mayas de las dependencias estatales.

La definicin cultural del ser maya En este contexto podemos situar el actuar del movimiento maya, que en general se adapta a esta nueva situacin intentando sacar el mximo provecho posible. Siempre refirindonos a la actuacin de ese sector de lderes, activistas y profesionales que crearon lo maya como actor poltico y se consolidaron como interlocutores del Estado y la cooperacin internacional a travs de su presencia en COPMAGUA, podemos ver dos tendencias claras y complementarias entre s: una tiene que ver con la construccin de discurso de lo propio y la otra con la forma de actuar polticamente. Por el lado del discurso, prcticamente se da por terminada la fase de elaboracin de demandas polticas y sus justificaciones: el documento que present COPMAGUA como postura conjunta de los actores mayas en 1994 es, tal vez, la ltima elaboracin de argumentaciones polticas hasta la fecha. A partir de la firma del AIDPI, las energas se dirigieron ms hacia que ste se cumpliera antes que desarrollar nuevas demandas o formulaciones, que quedan en un segundo plano. Se sustituye la elaboracin de poltica por la de polticas pblicas concretas. Durante este tiempo se consolida otro proceso anterior que toma ahora dimensiones cualitativamente nuevas. Se trata del reforzamiento ideolgico del movimiento a travs de la bsqueda, codificacin y afianzamiento de lo maya, entendido como pueblo originario y, por tanto, culturalmente diferente a lo no-maya, que ya no es lo ladino, sino que queda nominado de forma general como lo occidental. Avanzando en el esencialismo estratgico, se construye as un discurso que llega a no admitir matices y desconocer desarrollos histricos. En este proceso de recreacin de un ser maya, liberado de los elementos que la colonizacin occidental ha impuesto por ms de 500 aos, ha sido fundamental el papel que han ido tomando la cosmovisin y la espiritualidad como elementos nucleares de definicin de lo maya. Se trata de un paso adelante en el proceso de autodefinicin positiva, que ya no se basa tanto en la definicin hecha partir de marcadores externos socialmente verificables, sino de elementos espirituales, subjetivos: los valores, elementos compartidos por el hecho de pertenecer a un colec33

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La educacin bilinge supone un 5% de los gastos del Ministerio de Educacin (PNUD, 2005).

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tivo culturalmente definido como es un pueblo indgena. Se le da as una connotacin religiosa, sacra a la otredad y se buscan unas races no sociales sino sobrenaturales a esos valores y comportamientos que se supone son radicalmente (de raz) distintos. Con todo ello se ha venido produciendo una sacralizacin de la poltica y una politizacin de lo sagrado (Bastos y Camus, 2003). Este proceso supone un avance importante en la autodefinicin en el sentido de elaboracin de pensamiento propio, pero la condicin de indgena, lo maya se convierte en una cuestin solamente cultural, sin elementos polticos ni de clase. El problema surge cuando esta visin se convierte en la base de la accin poltica de los mayas en los diferentes espacios. Por una parte, sta puede abrir una brecha con otros actores de la sociedad civil definidos por su cultura occidental y, por otra, al culturalizar las visiones, se culturalizan las demandas. Es posible plantear, por ejemplo, que la pobreza generalizada en que se encuentra la poblacin maya no se debe a la explotacin, a una asignacin excluyente de los recursos o a una visin racista de sus necesidades; sino a que el modelo de desarrollo implantado en el pas, como es occidental, no ha tenido en cuenta sus particularidades culturales. Por otro lado, se culturaliza la lucha antirracista, al proponer que el racismo es el no reconocimiento de la diversidad cultural en todas sus facetas, dejando de lado toda la carga de exclusin sistmica que lleva.

Estrategias ambiguas frente al poder Por el lado de la actuacin poltica, se pueden destacar tres cuestiones que se dan de forma simultnea en los primeros aos del siglo y definen un tipo de accin bastante poco orgnica a nivel de poltica nacional. Por un lado, desaparece la omnipresencia de la URNG ahora convertida en un partido poltico que olvida a sus antiguos aliados de la vida poltica maya. Por otro, tras la experiencia de COPMAGUA, parece haber un recelo a buscar organismos unitarios. La Coordinacin Nacional Maya Waqib Kej, con una estructura bien dispersa, aparece en la campaa electoral de 2003 y no tiene mucha actuacin hasta 2006. Por ltimo, la poltica ya no la34

hacen organizaciones sino personas, esos lderes y activistas que se consolidaron en COPMAGUA y ahora se ubican de forma individual en la escena. Por eso, es ms difcil hablar de un movimiento maya en esta poca. A partir de estos elementos, lo que caracteriza el actuar de este movimiento maya siempre a este nivel, insisto es la ocupacin de espacios en el Estado, la cooperacin, Naciones Unidas, embajadas, etc. por parte de activistas y lderes de nivel nacional. Otilia Lux y Demetrio Cojt en el FRG y Rigoberta Mench y Ricardo Cajas con la Gran Alianza Nacional (GANA) son los mejores ejemplos, pero otras prominentes figuras del movimiento maya han formado parte de estos dos gobiernos, con una presencia escasa pero simblicamente importante: dos ministros de Cultura, varios viceministros y algunos directores generales. Como se ha dicho, les acompaan multitud de activistas que entran a los diferentes espacios creados. Por las mismas condiciones polticas y financieras, su actuar disperso y dependiente de la capacidad de cada caso, ha intentado resolverse a travs de la creacin en 2005 de la Coordinadora Interinstitucional Indgena del Estado. As, siguiendo la tendencia a considerar legtima la accin desde el Estado y aprovechando las ofertas creadas en estos espacios, la poltica maya deja de hacerse en las organizaciones y empieza a hacerse desde el Estado guatemalteco, en forma de polticas pblicas. Llega un momento en que la accin poltica frente al Estado prcticamente desaparece, confundida con la hecha desde l (Bastos, 2007a). El letargo de Waqib Kej frente a la actividad de la Coordinadora Interinstitucional Indgena es una muestra. Estamos pues, frente a un cambio de estrategia que en s es interesante, y similar en parte a lo que est ocurriendo en otras partes de Latinoamrica, que en Guatemala toma una serie de caractersticas particulares en relacin con los procesos locales. Por un lado, las mismas personas que se insertan en el aparato estatal mantienen el discurso maximalista de la diferencia civilizatoria con Occidente. El Estado permite este manejo discursivo como uno de los satisfactores simblicos con que maneja la poltica de reconocimiento tnico. Por otro lado, el elemento cultural define las escasas acciones polticas planteadas desde el Estado por los actores mayas. La propuesta de la Coordinadora Interinstitucional Indgena trabaja desde la idea de la pertinen35

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cia cultural, buscando profundizar en la dimensin cultural de la diversidad. Se pretende que todas las polticas pblicas tengan en cuenta los valores culturales de los pueblos indgenas para ser llevadas a cabo (SEPAZ FONAPAZ Embajadora de Buen Voluntad, 2005).El enfoque de la pertinencia cultural busca que los servicios pblicos sean conceptualizados, organizados e implementados tomando como referentes los valores de la cosmovisin de los pueblos Cuando se brindan servicios pblicos con pertinencia cultural, se debe apuntar a reproducir o reforzar los valores de la cosmovisin que se practican, o a recuperar aquellos que por razones sociales, polticas econmicas o histricas dejaron de practicarse o no se han alcanzado... Los tres pueblos indgenas, maya, xinka y garfuna, comparten precisamente tres valores: la bsqueda de armona con la naturaleza, la generacin de equidad social a partir de la comunitariedad, y la bsqueda del desarrollo espiritual. (SEPAZ, 2005:7).

Es una propuesta que supone una forma de entender el derecho a la diferencia acorde con la visin culturizada que se seal, que no cuestiona las estructuras polticas vigentes que fomentan la exclusin y que, al mismo tiempo, abre una forma de transformacin indita: no se tratara de cambiar de forma de Estado, sino de transformarlo desde dentro; no tomar las fuentes de poder estatal, sino infiltrarse en l a travs de los espacios cedidos o conquistados. Desde ac, se entiende como la renuncia a la va electoral durante los aos que siguen a la firma de la paz, como forma de acceder al poder enfrentndose a los esquemas establecidos.

La poltica maya y la accin poltica de los mayas El problema es la capacidad de accin bastante escasa de estos activistas mayas dentro del Estado. Guatemala no es el Ecuador de esos mismos aos: el movimiento carece de apoyo social, de una base que presione para llevar a cabo sus programas. Por un lado, el proceso de paz, la legitimacin multicultural y el apoyo de la cooperacin internacional dieron fuerza a las organizaciones mayas sobre las populares. Adems, una de las consecuencias del proceso de negociacin con el Estado es la separacin36

de un nmero considerable de lderes de la lucha reivindicativa y de la accin con las bases. En consecuencia, cuando en estos primeros aos del siglo el movimiento opta por acercarse al Estado, lo hace a costa de alejarse de las bases; y al definir lo maya como una condicin sobre todo cultural, olvida dar cauce a muchas de sus preocupaciones cotidianas. Se hace poltica desde lo maya, no desde las necesidades de la gente maya. Esta gente maya est inserta desde sus precarias condiciones en las estructuras polticas de Guatemala, que apenas responden a ese discurso multicultural utilizado por el Ejecutivo. La mayora de las municipalidades indgenas son gobernadas por corporaciones y alcaldes indgenas, sin que ello suponga muchas diferencias en cuanto a corrupcin. Votan en igual proporcin que los no indgenas por partidos en los que apenas hay mayas y los apelan solo como guatemaltecos. En estos aos las movilizaciones sociales en que participan los mayas decaen, como decae todo el movimiento popular tras la firma de la paz. En los primeros aos es el movimiento campesino el que se muestra ms activo, a travs de ocupaciones de fincas, sobre todo en Alta Verapaz (Santacruz, 2007); pero su papel de intermediario en el mercado estatal de tierras acaba pasando factura a su capacidad movilizadora. Siguieron, tras 2004 y 2005 una serie de protestas y consultas locales contra las explotaciones mineras a cielo abierto. Se organizaron protestas que superaron los municipios afectados como la dirigida en Solol por la alcaldesa indgena, y en la docena de municipios en que se realizaron, la gente respondi de forma importante a la nueva forma de de participacin que se les propona, mostrando con ello estar interesadas en las amenazas a su futuro como mayas. Estas movilizaciones no se hacen desde lo maya tal y como se ha descrito ac y de hecho no hay presencia del liderazgo nacional maya en ellas, ms bien son quienes fueron las bases indgenas de la URNG las que participan. Pero, la mayora de los participantes son mayas y han incorporado el discurso multicultural como elemento de legitimacin de la lucha: no se pide solo tierra para subsistir, sino que se habla de la madre tierra, las consultas se basan en el Convenio 169. En este caso, tanto los llamados a la diferencia cultural como la cosmovisin, se usan para dar base a unas demandas que tienen que ver con las necesidades cotidianas de la gente.37

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Algunas de estas acciones han sido respaldadas o convocadas por instituciones indgenas locales de origen tradicional que, asumiendo como propio el discurso multicultural y las demandas mayas, utilizan su legitimidad histrica y el poder que puedan mantener para dar va a estas reivindicaciones. En estos aos ha habido varios casos de recreacin o renovacin de las alcaldas indgenas desde esta perspectiva: en Solol, Santa Cruz de Quich, Santiago Atitln, Santa Catarina Ixtahuacn. El caso ms conocido es el Comit de los 48 cantones de Totonicapn, que histricamente se dedicaba al manejo y cuidado de los recursos de agua y bosque que aseguraban la autonoma respecto al poder ladino local. Desde los aos noventa, una serie de profesionales y activistas mayas fueron entrando en esta estructura que ahora se define como el verdadero poder del pueblo maya kiche de Chwmeken y han convocado exitosamente para protestar contra leyes que nos les benefician. Esta alcalda tambin est llevando adelante casos exitosos de coordinacin entre derecho estatal y derecho maya, logrando resolver problemas de las personas desde la nueva legitimidad multicultural. As, ante la desmovilizacin de las organizaciones populares, la irresponsabilidad de los partidos polticos y la incapacidad del Estado, en algunos lugares estn resurgiendo o recrendose las antiguas estructuras locales desde el nuevo paradigma, ahora como representantes del pueblo maya. Es una tendencia que puede tener futuro, sin necesidad de romantizarla: los mismos maya kiches de Totonicapn o Chichicastenango votan mayoritariamente por diputados ladinos del FRG; en Santiago Atitln las figuras renovadas del Cabecera y el consejo de principales no han podido evitar que la violencia se apoderase de ese municipio4.

Hacia la ruptura o la redefinicin Esta diferenciacin de fines y formas de accin tiene sus costes polticos, y a partir de 2005, un sector de las organizaciones y lderes del ncleo que llamamos movimiento maya, empieza a cuestionar la actitud estatalista que gua las acciones del resto, y busca retomar, potenciar o recrear el contacto con las bases. No se cuestiona el discurso cultural ni la importancia de la cosmovisin en ello, sino para qu se usa y a quin beneficia. Se plantea que la alianza con el poder y el Estado no ha servido para resolver la situacin de la mayora de mayas que no son tenidos en cuenta en la delineacin de las polticas pblicas. De esta manera, va tomando forma una nueva diferenciacin dentro del movimiento, en que los puntos de referencia son la actitud ante el Estado y las formas de entender cmo se hace poltica. Podemos identificar varios elementos que precipitan o inducen a esta toma de postura por parte de este sector. Por un lado, el mismo xito de las movilizaciones alrededor del tema de la minera a travs de las consultas locales record la capacidad de unas bases hasta entonces olvidadas. Por otro lado, la evaluacin que estos activistas hicieron de su misma experiencia en las instancias del Estado y la cooperacin internacional mostr sus lmites. El ejemplo del Programa Nacional de Resarcimiento es determinante: la sociedad civil form parte de la CNR como rgano rector y en el que el movimiento maya se hizo presente por medio de la Coordinadora de Organizaciones por el Resarcimiento del Pueblo Maya. Se logr que Rosalina Tuyuc, histrica lideresa de las viudas, fuera la presidenta y se intent que el programa sirviera para articular a las vctimas como una nueva base (Bastos, Hernndez y Mndez, en prensa). Pero las cosas no fueron as, y tras dos aos de poca operatividad por los problemas internos, el Estado intervino el Programa, disolvi la CNR e impuso un sistema de pagos que imposibilitaba cualquier articulacin. Situaciones como sta fueron minando la confianza donde la haba en las posibilidades de un cambio desde dentro del Estado. Finalmente, el triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia fue un acontecimiento en toda Amrica Latina. En Guatemala fue celebrado por la izquierda antiimperialista y por toda la dirigencia mayanista, de forma39

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Limpieza social en Santiago Atitln. Poblaciones de Santiago, Cerro de Oro y San Lucas Tolimn a merced de asesinos. Ms de 35 personas ejecutadas durante 2007. El Peridico, lunes 24 de septiembre de 2007.

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separada. Para este sector crtico supuso contar con aliados reforzados a nivel continental y qued la idea de que si bien un triunfo electoral es posible, debe ser a base de una relacin con los movimientos sociales, que son quienes movilizan el voto y no con la actuacin desde el Estado. La preparacin de la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indgenas de Abya Yala, que deba llevarse a cabo en marzo de 2007 en Guatemala, fue vista como la oportunidad para huir de dependencias polticas y financieras y crear una red que sirviera para sustentar la presencia de los mayas en Guatemala; pero tambin sirvi para precipitar las rupturas. Apoyndose en la presencia mayoritaria de la izquierda indgena entre las delegaciones del continente y la hegemnica boliviana, los crticos desbancaron a quienes hasta entonces dirigan Waqib Kej encargada de la representacin guatemalteca consiguiendo darle una segunda vida a la Coordinacin. De esta forma, la diferencia de criterios fue tomando asidero institucional entre quienes trabajaban dentro del Estado, alrededor de la Coordinadora Institucional y de la figura de Rigoberta y quienes lo hacan cercanos a Waqib Kej y la preparacin de la III Cumbre. En esta situacin, la experiencia de Evo Morales tuvo otra consecuencia inesperada cuando un mes antes de la mencionada cumbre, Rigoberta Mench anunci su intencin de aspirar a la presidencia de la repblica a la cabeza del grupo Winaq, conformado sobre todo por los profesionales que estaban en el Estado5.

Las elecciones como sntoma y desafo Este anuncio sirvi para alegrar una campaa electoral que se prevea poco compleja; sirvi para sacar a flote el tema de la situacin de los pueblos indgenas y su exclusin poltica; y a nivel local, empez a movilizar una serie de fuerzas que se sentan cercanas a lo que representaban Rigoberta y Winaq. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.5 Inicialmente, estaba pensado y se trabajaba en la candidatura de Rigoberta Mench para las elecciones del 2011, coincidiendo el cambio de Katun que se dara en 2012.

An es pronto para analizar con detalle lo ocurrido, aunque algo se ha escrito sobre la candidatura de Rigoberta Mench y sus problemas a lo largo de la campaa (Falla, 2007; Ba Tiul, 2007; Torres Rivas, 2007). Desde la perspectiva de este artculo, esta decisin supona un cambio importante en la estrategia del sector ligado a la accin estatal, pues implicaba dejar de depender de la buena voluntad y el apoyo internacional y buscar basar la accin poltica en el respaldo ciudadano. Desde ese punto de vista es evidente la valenta de la decisin, con el poco tiempo para desarrollar una base territorial y una campaa suficientemente efectiva. Lo que podra haber sido un factor de recohesin del movimiento maya se convirti en mayor fragmentacin, pues Winaq no se apoy en la frmula URNG-MAIZ en donde estaban insertos bastantes lderes mayas de izquierda, sino por Encuentro por Guatemala EG, en que no haba ni hay lderes mayas. A nivel local, tambin se convirti en elemento de divisin de las escasas fuerzas comprometidas con el cambio, que ahora tenan dos plataformas en las que ubicarse y pedir el voto. En el plano nacional, el rechazo de parte de la III Cumbre de apoyar pblicamente la candidatura de Rigoberta Mench a la presidencia de Guatemala, fue solo el acto ms visible de las discordancias que se dieron entre Waqib Kej y Winaq en las actividades desarrolladas en la Cumbre. Ms tarde, la misma Coordinadora estuvo a punto de romperse cuando una de las organizaciones ms fuertes decidi apoyar la candidatura de Rigoberta Mench. Finalmente, ninguna de las dos opciones obtuvo el apoyo de los mayas ni, en general, de los guatemaltecos6. En el resto de los casos, los mayas se comportaron prcticamente como el resto de sus conciudadanos: votaron ms por lvaro Colom que por Prez Molina, aunque es necesario mencionar el alto apoyo al FRG en lugares como Quich y Totonicapn. El problema para el experimento de Rigoberta y Winaq no fue perder, sino la dimensin de la derrota, que tiene relacin con la debacle general de la izquierda, aunque ella haya evitado situarse ah. Su pasado y su misma figura como mujer indgena, la distanci claramente de los sectores con6 La candidatura presidencial de Encuentro por Guatemala obtuvo un 3.09% de los votos y 4 diputados, la de URNG MAIZ 2.14%.y 2 diputados de 158.

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servadores con los que haba estado en el gobierno; pero la falta de definicin ideolgica y la ausencia de un discurso anti neoliberal, la distanciaron de la triunfante izquierda latinoamericana. Se repiti el espejismo de la consulta popular de 1999 (Bastos, 2007a): confundir el apoyo de las altas esferas internacionales con el del voto popular y creer que tena ms aceptacin de la que realmente haba. Arrastr la misma visin que manejaba al trabajar en el gobierno: creer que ella realmente representaba los intereses de los indgenas. En la campaa esto implic creer que las y los mayas la iban a votar por ser indgena. Solo desde esta perspectiva se entiende el tamao de su desencanto y, si es cierta, muestra el desconocimiento de la realidad en que se movi. La escasez de votos recibidos se debe a causas que tienen que ver con la construccin histrica de la identidad tnica (Bastos, 2007b), y tambin con la diversidad ideolgica de los mayas, con la forma que ha tomado los procesos electorales en el pas, a la forma de actuar polticamente de los mayanistas en las ltimas dcadas que se ha descrito en parte; y en concreto de la misma Rigoberta y del resto de Winaq.

Conclusiones al vuelo En Guatemala, como en toda Latinoamrica, los actores polticos mayas estn ahora ms cerca de los centros de decisin, pero carecen de la fuerza de presin que les permita resolver los problemas que afectan a la poblacin indgena. Desde que termin la fase de construccin de la paz, alrededor de 2000, se ha formado una manera de de gestionar la diferencia tnica por parte del Estado y la cooperacin internacional. Este multiculturalismo cosmtico no se puede entender sino se lo coloca en la perspectiva de una sociedad que sale de un conflicto armado de larga duracin del que los mayas salieron diezmados a nivel popular pero, paradjicamente, reforzados a nivel de elites polticas, y en el que los argumentos de clase quedaron deslegitimados por la derrota de la izquierda y por el reforzamiento ideolgico de la oligarqua en el contexto neoliberal, adems de la misma legitimidad de los argumentos neoculturales y neo nacionalistas.42

Esta situacin fue aceptada por una buena parte de la dirigencia maya que ha buscado sacarle el mximo provecho a un Estado que no les apoya. Aunque posiblemente el prximo gobierno contine con esta forma de accin multicultural, as como parte de la dirigencia siga entrando a estos espacios, parece que esta estrategia es cada vez ms cuestionada por los actores. Por un lado, es criticada por los mismos dirigentes que han buscado en la contienda electoral la forma de abrir espacios y obtener ms poder y parecera que esta decisin no va a suponer renunciar a la forma de hacer poltica7; pero necesariamente implica la necesidad de buscar fuerzas propias, negociar alianzas y crear un discurso que cale en la gente. Por otro lado, est el sector crtico que busca mayor contacto con las bases y una accin ms cercana a la izquierda indgena latinoamericana. Para su consolidacin cuenta con la dificultad del derrumbe de la izquierda local, la ausencia de una figura antisistema que juegue el papel de Evo Morales, y con un contexto econmico cada vez ms adverso. Pero, al contrario, van mostrndose poco a poco sntomas de rearticulacin, y cada vez lo hacen ms desde la conciencia de la diferencia y los derechos propios. De todas formas, el reto es muy difcil: las sombras del conflicto, que en los finales del siglo pasado parecan disolverse, reaparecen con una profundidad inesperada en las opciones autoritarias y en las formas nuevas y viejas de la violencia que asola a la poblacin.

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lvaro Pop habl del grupo de profesionales de Winaq como el ncleo del prximo partido indgena en Guatemala (Prensa Libre, 11 de septiembre 2007).

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Movimiento cocalero, poltica y representacin: los casos boliviano y peruanoMayari Castillo* y Anah Durand**

Introduccin La problemtica de la produccin de hoja de coca en la zona andina es un tema complejo, relacionado con las formas de encarar el desarrollo, la democracia y la relacin entre Amrica Latina y el mundo. Los pases productores, como Per y Bolivia, deben ensayar soluciones al problema del narcotrfico bajo los condicionamientos de la poltica antidrogas norteamericana, caracterizada por su sesgo represivo. Desde esta mirada, los productores cocaleros son un eslabn ms de la cadena de produccin de cocana que va los circuitos del narcotrfico va a parar a los consumidores del Primer Mundo. Desde nuestro punto de vista, los productores cocaleros son tambin actores que han construido su protagonismo desde los mrgenes del sistema en base a una plataforma que oscila entre lo ilegal y lo legal. Son sujetos polticos que han puesto en marcha procesos de movilizacin, interpelando a la sociedad sobre la realidad de miles de campesinos pobres que cultivan la coca y que exigen respuestas ms all de su simple prohibicin. En el marco de sistemas polticos incapaces de canalizar las demandas de amplios sectores de la poblacin, los movimientos cocaleros de Bolivia y Per generan rupturas en los cercos institucionales. As, la movilizacin y la protesta se configuran como herramientas centrales para la consecu* Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. ** Instituto de Estudios Peruanos.

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Mayar Castillo y Anah Durand

Movimiento cocalero, poltica y representacin

cin de sus objetivos. Junto a esto, la participacin en estructuras formales de representacin se constituye tambin en una prctica cada vez ms asumida por el movimiento. La participacin en la arena poltica institucional no slo influye en las estrategias del movimiento cocalero, sino que en determinadas circunstancias lo fortalece o debilita, transformando su rol en el sistema poltico. Por esta razn, es importante analizar el proceso de constitucin del movimiento cocalero en Bolivia y Per y su decisin de generar nuevas estrategias de accin colectiva. Asimismo, es central explorar el impacto de los movimientos cocaleros en las instituciones democrticas indagando en cmo consiguen la modificacin de enclaves autoritarios en los sistemas polticos latinoamericanos. El objetivo de esta ponencia es analizar la participacin del movimiento cocalero boliviano y peruano, enfatizando en los espacios institucionales, analizando sus principales costos, logros e impactos en el sistema poltico nacional. Pese a las divergencias innegables de cada pas, encontramos un elemento comn que gua el estudio: la demanda por inclusin de sectores histricamente ignorados por el sistema poltico. Buscamos aqu ensayar una mirada comparativa de los procesos de organizacin, movilizacin y participacin poltica de los productores cocaleros en Per y Bolivia, no para sealar los xitos o fracasos de uno u otra experiencia, sino como un aporte para entender la complejidad de los procesos que actualmente viven.

El proceso cocalero en el Per La organizacin cocalera en el Per La produccin cocalera en el Per abarca catorce cuencas de selva alta en diez distintas regiones del pas. Desde que en 1961 la Organizacin de Naciones Unidas coloc a la hoja de coca en la lista de estupefacientes prohibidos, la principal distincin que se establece en torno a la produccin de coca radica en el carcter legal o ilegal del cultivo. La aceptacin del dictamen de la ONU por parte del Per implic la adopcin de medidas tales como la creacin del monopolio estatal de supervisin de la48

coca y cocana (ENACO) y la promulgacin en 1964 del D.S. 254 que limit las zonas autorizadas de produccin de coca a determinados valles del Cusco y Puno. Estas medidas dejaron en la ilegalidad a vastas extensiones de cultivo, que constituan cerca del 95 por ciento de la produccin total de coca, ubicadas principalmente en El Valle del Alto Huallaga entre los departamentos de Hunuco y San Martn, y el Valle del Ro Apurmac entre Ayacucho y Cusco (Gootenberg, 2003). En 1979, se aprueba el Decreto N 22305 que sella el primer convenio de represin de drogas con los Estados Unidos y pone en marcha diversos operativos policiales1 con resultados pobres en cuanto a destruccin de laboratorios de cocana, pero lamentables en cuanto al uso de la violencia contra la poblacin. Esta represin estatal generalizada impuls la organizacin de los productores cocaleros que exigan al gobierno soluciones ms all de la simple erradicacin de los cultivos, en un contexto influido por el alza de precio de la cocana y el posicionamiento de los carteles colombianos. En el Alto Huallaga surgi el Comit Regional de Productores de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos (CRPCLP-A) y en el Valle del Ro Apurmac fue fundada la Federacin Campesina del Valle del Ro Apurmac (FECVRA), una de las ms importantes organizaciones de Ayacucho. Los nacientes esfuerzos organizativos de los productores cocaleros se vieron interrumpidos por la irrupcin del conflicto armado interno. En 1982, Sendero Luminoso lleg a los dos principales valles: el Huallaga y el Apurmac, considerados claves por su posicin geogrfica y los recursos que podan proveer va el negocio de la droga. En el Huallaga, siguiendo la estrategia de anular todo esfuerzo de organizacin autnoma, Sendero socav la legitimidad de la CRPCLP-A promoviendo a los FEDIP (Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo); organismos poco estructurados con mltiples demandas subordinadas a las necesidades polticas definidas por el partido. El trabajo con los FEDIP fue parte de la estrategia1 Nos referimos a la ejecucin de los operativos policiales Verde Mar I, Verde Mar II, Bronco I y II donde segn denuncias de la poca se vulneraron los derechos humanos de los campesinos del Alto Huallaga, destruyndose sus cultivos y deteniendo a los principales dirigentes cocaleros. Ver al respecto: Comisin de la Verdad y Reconciliacin (CVR, 2004).

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de Sendero cuya presencia en un primer momento fue bien recibida por los pobladores, pues segn la Comisin de la Verdad y Reconciliacin (CVR), los cocaleros esperaban que este grupo subversivo los defendiera de la represin estatal y de los abusos de los carteles del narcotrfico. En el Valle del ro Apurmac Ene (VRAE), la presencia de Sendero Luminoso busc tambin controlar la totalidad de la zona pero se encontr con un abierto rechazo por parte de los campesinos, quienes a partir de 1984 empezaron a organizarse en grupos de campesinos armados denominados comits de autodefensas (CAD). La vorgine de violencia que enfrenta a subversivos, autodefensas y al ejrcito hacen que el Ro Apurmac sea una de las zonas ms afectadas por una guerra que se prolonga hasta mediados de los aos noventa cuando Sendero Luminoso es expulsado de la selva ayacuchana2. Superada la etapa de mayor violencia, los campesinos retoman la produccin agraria, siendo la hoja de coca un cultivo prioritario. El incremento de las hectreas cocaleras, coincidente con una nueva alza en los precios internacionales de la coca y el ascenso del gobierno conservador de George Bush a la presidencia de los Estados Unidos, lleva al gobierno peruano a retomar las actividades de erradicacin de los cultivos. Presionados por esta nueva oleada represiva, los cocaleros de los diferentes valles inician coordinaciones, protagonizando un segundo momento organizativo. La salida del fujimorismo y la desmilitarizacin de las zonas cocaleras facilitan la organizacin de los productores. El 20 de enero de 2003 se funda en Lima, la Confederacin Nacional de Productores Agropecuarios de las cuencas cocaleras del Per (CONPACCP) conformando la directiva Nelson Palomino del VRAE y Nancy Obregn y Elsa Malpartida del Valle del Huallaga. Si bien la existencia de la CONPACCP ha estado signada por las disputas internas ha desarrollado con xito diversas acciones de protesta que han puesto a los cocaleros al centro del escenario nacional. Es el caso de la marcha de sacrificio a Lima realizada en marzo del 2003 en la que se movilizaron ms de 6000 cocaleros consiguiendo que: la Confederacin2 Al parecer todava en el Valle del Ro Apurmac Ene quedan algunas columnas senderistas (aproximadamente 200 hombres) pero muy aisladas y al servicio de los carteles del narcotrfico.

sea reconocida como interlocutor vlido, que la opinin pblica y los medios de comunicacin percibieran que los productores cocaleros no son delincuentes ni terroristas y que el presidente Toledo dialogar directamente con la dirigencia cocalera (Cabieses, 1998). La marcha de sacrificio dej irresueltos algunas exigencias que posteriormente fomentan las discrepancias internas tales como el pedido de libertad para Nelson Palomino,3 el cese de las erradicaciones forzosas y el re empadronamiento de los cocaleros en ENACO. Estos temas y las discusiones sobre el destino de fondos obtenidos para la marcha de sacrificio, producen la primera fractura de la organizacin reflejando las dificultades de la CONPACC para consolidarse como gremio nacional permaneciendo las diversas cuencas permanecen como ncleos de poder local reacias a aceptar dirigencias nacionales que minen su influencia en las respectivas zonas. Slo a fines del 2005 los distintos valles cocaleros vuelven a confluir en el IV Congreso de la CONPACC realizado en Ayacucho. En suma, los esfuerzos cocaleros por constituir una organizacin nacional han pasado por dos momentos importantes, coincidentes con la intensificacin de las polticas represivas del Estado. El ltimo intento organizativo plasmado en la CONPACC evidencia una persistente debilidad para lograr una cohesin que fortalezca la capacidad de negociacin e interlocucin del gremio pero logra sostenerse como un referente organizativo importante para miles de pobladores de la selva en el Per.

Movimientos sociales: identidad y conflicto Un movimiento social puede ser definido como una red de relaciones sociales que producen un sentido colectivo de la accin, caracterizndose por la identificacin compartida de intereses y la delimitacin de un campo de conflicto. De acuerdo a esto, para analizar el proceso de construccin de los productores cocaleros como movimiento social nos detendre3 Nelson Palomino fue apresado a fines de 2003 acusado de secuestro y otros delitos contra el orden pblico. Si bien todas las cuencas aceptan incorporar el pedido de su libertad como una demanda principal, no hay acuerdo sobre cmo conducir su defensa. Finalmente sale libre en junio de 2006.

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mos en la identidad compartida por los productores y el campo de conflicto construido. Para Melucci (2002) la identidad colectiva refiere a la capacidad de los sujetos para definir expectativas comunes, evaluando en conjunto lmites y posibilidades de la accin. En el Per, las migraciones y la violencia poltica son factores que influyen decisivamente en la construccin de la identidad cocalera. Las oleadas migratorias que colonizan los valles cocaleros del Per se inician a principios del siglo XX con la instalacin de las delegaciones de tierras de montaa que introducen en la selva cultivos como el maz, la caa de azcar y el cube, cuya raz era muy utilizada en la fabricacin de insecticidas. En la dcada de los aos sesenta, se produce una nueva oleada cuyo principal incentivo son los precios cafetaleros pero tambin el cultivo de coca que empieza a ser cotizado por las mafias cubano americanas y los carteles colombianos. Son dos los tipos de colonizacin que se producen: el Ro Apurmac: basado en relaciones de parentesco que mantienen el lazo con la comunidad andina y el Huallaga: llevada a cabo por campesinos sin tierra o peones de la costa y la sierra norte que rompen vnculos con sus comunidades de origen. En ambos casos son procesos protagonizados por actores poco politizados y sin trayectoria organizativa previa. Los esfuerzos organizativos inciales de estos colonizadores se ven cortados por el conflicto armado interno que impacta decisivamente en la constitucin de la identidad cocalera. En el caso del VRAE, Sendero Luminoso desata una gran violencia que se agrava con la llegada de la Infantera de Marina, encargada de la lucha antisubversiva en la zona4. Se corta as el esfuerzo de organizacin autnoma de los pequeos productores y la prioridad pasa a ser la autodefensa. El surgimiento de los CAD y la supuesta alianza temporal que establecen con los narcotraficantes5, envuelve a los productores en una dinmica de guerra que afianza com4 Los marinos comenten mltiples abusos contra la poblacin tales como el asesinato en la base principal de la Marina del lder de la FECVRA, Julio Orozco Huaman. Ver Comisin de la Verdad y Reconciliacin (2004). Esta alianza en pleno boom del precio de la coca entre 1984 -87, llev a los narcotraficantes a pagar cupos que permitieron a los CAD comprar armas y pagar a grupos de campesinos para que se dediquen a tiempo completo al enfrentamiento antisubversivo (CVR, 2004).

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ponentes propios de un escenario de guerra como la polarizacin y el autoritarismo. En el valle del Huallaga, el conflicto armado se expande en un contexto donde los narcotraficantes haban impuesto su ley ante la complicidad de los escasos agentes del Estado ah presentes. Sendero Luminoso se asienta como agente ordenador y se constituye como referente de organizacin en la vida cotidiana de miles de familias cansadas de los abusos. Tras el triunfo de Fujimori y a costa de una gran violencia el ejrcito consigue el repliegue de Sendero Luminoso, aunque para los campesinos la pacificacin signifique tambin convivir con posturas radicales, violentas y jerarquizadas. En cuanto a la definicin del campo de conflicto gira en torno a dos ejes principales: a nivel local las demandas se dirigen a la cooperacin internacional y, a nivel nacional las exigencias se dirigen al Estado. En cuanto al primer eje, la implementacin de proyectos de desarrollo alternativo (PDA) se remite a mediados de la dcada del noventa en que se incrementa el apoyo de agencias de cooperacin internacional como el Fondo de Naciones Unidas, el Fondo Per-Canad, AID, entre otros. Si bien en un primer momento hay una coordinacin entre las ONG y los productores, el panorama vara radicalmente el ao 2000 en un contexto signado por el alto precio de la hoja de coca en el mercado internacional y la cada de los precios del caf y el cacao, principales productos promocionados por los PDA. Los cocaleros critican la ineficiencia de las ONG y exigen se diferencie al cocalero del narcotraficante realizando una serie de protestas que en el caso del Ro Apurmac culminan con la quema del local de CARE Per y el encarcelamiento del dirigente Nelson Palomino en febrero de 2003. A nivel nacional, el conflicto se orienta progresivamente a la confrontacin con el Estado y las polticas antidrogas. En las movilizaciones lideradas por la CONPACC, las plataformas reclaman al Estado el cese de las erradicaciones y la implementacin de una poltica de desarrollo que ofrezca alternativas productivas reales. En estas acciones resalta la accin de Nelson Palomino del VRAE y Nancy Obregn y Elsa Malpartida del Valle del Huallaga, quienes con distintos matices son representativos de una nueva generacin que comparte una socializacin primaria influenciada por el conflicto armado, tanto con el radicalismo autoritario sende53

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rista como con el ejrcito y sus iniciativas pacificadoras. Estos lderes activan un momento de descontento generalizado, donde los discursos radicales coinciden con el sentir de las bases. Tenemos as un movimiento cocalero cuya identidad se halla marcada por la experiencia de migrantes con escasa tradicin poltica y por el peso de la violencia que influye en la politizacin de los cocaleros, hacindola proclive a una polarizacin poco ideologizada pero muy radical que otorga mucho peso a los liderazgos. En esta dinmica de movilizacin, los cocaleros delinean un campo de conflicto desde donde interpelan cada vez ms al Estado asumindolo como un espacio donde concretar sus demandas: la arena electoral es vista como un escenario de disputa a conquistar.

Participacin electoral del movimiento cocalero Para entender la participacin poltica del movimiento cocalero es necesario detenerse en cmo y por qu la organizacin decide dar este paso adelante. En primer lugar resalta la existencia de una estructura organizativa que permite discutir y aprobar la participacin electoral. Pese a todo, la CONPACC se mantiene como referente legitimada de articulacin de la protesta y los vaivenes de los gremios locales. De otro lado, hacia fuera la CONPACC es considerada un actor importante pues agrupa a ms de cinco mil cocaleros, una masa electoral nada despreciable. Finalmente, se cuentan las evaluaciones compartidas por los lderes cocaleros, quienes en un contexto de criminalizacin de la protesta y a la luz del triunfo de Evo Morales en Bolivia, empiezan a hablar de la necesidad de participar en el terreno poltico. En el IV Congreso de la CONPACC realizado el 2005 en Ayacucho, los cocaleros trazan el objetivo de conformar un instrumento poltico propio que les permita disputar puestos de poder a nivel nacional y local. Si bien en el congreso de Ayacucho hay acuerdo sobre la participacin cocalera en las elecciones, en medio de la agitacin electora

garcia, fernando, identidades, etnicidad y racismo en alatina

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