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FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

UNIDAD II

EL HOMBRE SE ORGANIZA PARA RESOLVER SUS

PROBLEMAS SOCIALES


1.- CONCEPTO Y FUNCIONES DEL ESTADO

Para comprender de mejor forma el contenido de esta unidad, es preciso definir al menos, desde el punto de vista teórico-conceptual qué se entiende por Estado, al margen de la gran cantidad de Estados Nacionales existentes en el mundo, alrededor de 160, debidamente independiente, mientras que otros aún se encuentran en desarrollo de tal proceso que los conduzca hacia su propia independencia. Si bien son varios los autores que definen el Estado, hay elementos comunes que dicen relación con la una tendencia estructural que se orienta a la progresiva participación de los actores políticos del estado en acciones que aseguren el crecimiento de la sociedad. Por lo tanto la tarea principal del Estado radica en asumir las responsablidades de carácter productivo para garantizar el desarrollo económico. Con respecto a la forma jurídica-político del estado, se debe velar por la toma de decisiones que interesan a una sociedad y determinan las diversas opciones que se presentan a los aparatos estatales, en forma de demandas y problemas económicos, políticos e ideológicos. El estado es entendido como un conjunto de instituciones que materializan

el poder global existente en una sociedad, estas instituciones están jurídicamente organizadas y limitadas.

Por último cabe hacer mención que el Estado como representante de los intereses de la sociedad, debe buscar mantener la integración de todos los elementos que conforman la Comunidad y orientar las acciones estatales, desde las políticas públicas y destinadas a mantener el orden social que favorezca la reproducción de la vida en sociedad.

Posterior a esta conceptualización del Estado, se identifican ciertos roles/ funciones fundamentales como centro de conducción de la Nación, dentro de los cuales destacan los siguientes:

a) El Estado es un agente de integración de la sociedad, en tanto regula el

ejercicio legítimo de la coerción y la violencia al interior de la comunidad socio-política.

b) El Estado con ocasión de las demandas sociales y la fuerza política, puede realizar cambios sociales, aunque éstos están limitados por los intereses de la clase dominante de una sociedad determinada.

c) El Estado y sus instituciones pueden jugar un papel relevante como árbitros de los denominados conflictos sociales, siempre que tales manifestaciones no pongan en juego los intereses de la clase dominante.


d) El Estado posee variadas formas de manifestar su acción, dependiendo de

las áreas a intervenir, pero que todas radican desde una base social, que son las políticas Estatales, las cuales reflejan la gestión del Estado mediante decisiones globales, destinadas a favorecer a la población en general o hacia un determinado foco de atención, con necesidades y demandas establecidas.

De tal forma, el surgimiento de las políticas estatales, tiene lugar desde la constante relación entre el Estado y Sociedad, del surgimiento de sus demandas, y de la posterior acción estatal. Del mismo modo, al hablar de las funciones del Estado, parece relevante contextualizar esas acciones hacia el ámbito de un Estado Capitalista, tan propios de las realidades de la región y común para gran parte del mundo. Así, al hablar del Estado Capitalista contemporáneo y sus funciones es un tema bastante desarrollado y complejo de enunciar en palabras simples. Por ello, se hará alusión a aquellos aspectos más relevantes y que por cierto aportan una visión general de las funciones del Estado, destacando además las políticas estatales como acciones orientadas a la sociedad global de una Nación. Desde la observación de Fernández, es posible sostener que las funciones del Estado Capitalista contemporáneo están en cierta forma relacionadas con la concepción del Estado, cuestión que se traduce en la propia forma de ser del Estado en la sociedad que actualmente viven los seres humanos. Hoy por hoy, ya no es factible visualizar al Estado someramente desde una visión económica, es decir, la multiplicidad de relaciones, sean estas favorables al Estado o que impliquen una acción destinada a satisfacer focos demandados por la Sociedad actual, involucran sin duda, una gama de elementos más lejanos a los limites del aspectos económico. Destaca también su intervención para mejorar la situación social de la ciudadanía, aportando beneficios sociales orientados hacia el área de vivienda, salud, educación entre otros. Estas y otras mediadas orientadas a paliar la realidad de las personas, son asumidas por el Estado y, entendidas como no cubiertas por el Capital de un país, y dando respuesta a las necesidades sociales de la Comunidad. Así, en todo Estado o Comunidad se buscará siempre mantener un adecuado control de la población, y de este modo propender al orden social, para lo cual es necesaria la implementación de las denominadas Políticas Sociales, que involucran áreas tales como Vivienda, Salud, Educación, Empleo, para lo cual el Estado desarrolla estas medidas, surgidas al alero de las constantes luchas de la ciudadanía.


1.1 La representación

El términos generales, al hablar de representación, es preciso contextualizar la realidad de la sociedad en términos globales, sin duda que la globalización y el propio avance, tanto desde el punto de vista tecnológico, social, economía y cultural, conlleva a una evolución integrada que involucra un desarrollo asociado principalmente al intercambio ya sea de bienes y/o servicios, entre integrantes de la sociedad que se encuentran físicamente situados en sitios apartados, o en naciones diversas. Estos son fenómenos que ocurren cada vez con mayor frecuencia, por tal situación que por la propia ubicación de cada una de las personas o entidades que intervienen en los denominados intercambios, ha cobrado relevante importancia la representación. Desde la observación jurídica, la representación es entendida como “la institución jurídica en virtud de la cual una persona llamada representante, realiza actos jurídicos en nombre de otra, llamada representado. La importancia de tal acción, a favor del representado, tiene por objetivo, provocar que los efectos de la acción u operación realizada favorezcan los intereses de la persona a quien se representa, previa autorización, para gozar de tal calidad ante un tercero. Posteriormente a esta definición preliminar del concepto de representación y, asociado principalmente al ámbito legal, se pueden distinguir tres tipos de representación que a continuación se detallan y, que favorecen la adecuada comprensión del término y su aplicación:

a) Legal b) Judicial c) Convencional

La representación legal: Es entendida como la facultad que otorga la ley a determinadas personas para actuar en representación de otras. Dentro de este tipo de representación, destaca la representación sin mandato previo, siempre que no se tratare de acciones de carácter personalísimo, así en Derecho de Familia tiene un amplio campo de aplicación, prevista en el apartado Deberes y derechos de los padres, entre las que destacan las siguientes:

El de guardar al hijo.

El de corregir adecuadamente la conducta del hijo.

El de mantener y educar al hijo dotándolo de una profesión y oficio socialmente útil, según su vocación y aptitudes.

El de administrar el patrimonio del hijo y de representarlo en los actos de la vida civil.

Los padres administran los bienes del hijo y lo representan en los actos de la vida civil como más convenga al interés de éste.

Uno de ellos puede asumir la administración y representación en los casos que le corresponda ejercer por si solo la autoridad sobre el hijo.


El juez, podrá sin embargo, a petición de los padres, autorizar a que cada uno administre y represente separadamente ciertos bienes o intereses, e incluso a que uno de ellos asuma toda la administración y representación, siempre que así convenga el interés del hijo.

Asimismo el Tutor, también tiene ciertas atribuciones, destacando, aquellas tales como la de cuidar del menor y de representarlo en los actos de la vida civil, así como también administrar el patrimonio que a éste le correspondan.

Finalmente, el mayor de edad y/o menor emancipado que adolezca de enfermedad habitual de la mente que lo incapacite para el cuidado de su persona y bienes, debe ser declarado en interdicción y nombrársele un tutor aunque tenga intervalos lúcidos, para que lo represente y tome las decisiones por éste en caso de requerirlo.

La representación judicial: es entendida como la facultad que la ley confiere al juez, para designar para ciertos casos y procesos un representante. La idea de tal representación consiste en que un tercero actúe en nombre y representación de otro.Tal acto de representar servirá para aquellos casos de nombramiento de tutor por ejemplo, para la declaratoria de ausencia, presunción de muerte entre otros, regulados por el Código Civil. La representación convencional: Se manifiesta a través del mandato, que es un contrato en virtud del cual una persona llamada mandante confiere a otra llamada mandataria, la facultad de realizar actos o negocios jurídicos en su nombre y representación, dentro de los límites contenidos en el poder respectivo. Es regulada también por el Código de Procedimiento Civil y por de la Ley de Organización Judicial.Por lo tanto, el mandato que faculta al una tercero para actuar en representación de otro, se expresa en el poder pertinente que otorga el mandante, el cual necesariamente debe contener las formalidades exigidas. Por otro lado, cuando se trata de poderes conferidos por sociedades se debe acreditar la personalidad jurídica de esta y las facultades de quien o quienes otorgan dicho poder, haciéndose necesaria la observación de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y la normativa que regula a las Sociedades de Acciones. Finalmente, para esclarecer con mayor precisión estos términos descritos, parece relevante hacer una diferenciación fundamental entre los términos: representación y mandato. Es decir, la Representación es el término genérico que involucra a los tres tipos anteriormente descritos, ya que ésta puede ser legal, judicial o convencional, mientras que el mandato es el término específico utilizado para referirse particularmente a la representación convencional.


1.2 La participación Una Nación o país identificado como una República Democrática, debe por

ende propender a que la ciudadanía se haga parte de tales procesos democráticos, buscando con ello apegarse a la búsqueda de procesos de auto organización que en definitiva abran espacios orientados a la transformación social más allá de la simple gestión y administración. Consiste en visualizar nuevas formas, nuevos caminos que enriquezcan el accionar de la ciudadanía.

En la actualidad, desde las campañas políticas de los diferentes actores que las conforman, es que se intenta dar cabida a este concepto de la Participación Ciudadana, como si con ello, se estuviera entregando las cuotas de poder al pueblo, para definir el futuro de la nación.

En el discurso más que de transformaciones puras, se habla de una necesidad respecto a un proceso de participación pública, en el cual formen parte los diferentes actores de la sociedad.

Idealmente, se busca identificar las necesidades de la ciudadanía, sus inquietudes, sus desasosiegos que en definitiva se orienten a enriquecer la toma de decisiones, sobre todo desde el accionar político, partiendo de la base “necesidades de las personas”.

De tal modo y, mediante el intercambio de información entre los actores sociales involucrados es que se encauzan procesos participativos orientados a la transformación social, de la cual los sujetos que la componen se sientan parte integrada, como una unidad propia.

Sin embargo, lo anteriormente descrito sería el ideal de la participación ciudadana en los procesos transformadores, lamentablemente en la realidad existe más de alguna administración con características opuestas y tienden a prestar muy poca atención a las personas a las comunidades, ya sea porque consideran que cuentan con los profesionales idóneos, frente a la toma de decisiones, cuestión algo discutible, sobre todo porque los cargos políticos existe y es una realidad no ajena a la Chilena y ciertamente muy arraigada en la gran mayoría de los países del mundo.

Tal vez sea porque las decisiones se basan en aspectos técnicos sin importar mayoritariamente la visión de los propios ciudadanos que han permanecido una vida entera en tal comunidad o, simplemente porque los políticos locales, elegidos por la ciudadanía, perciban que son ellos quienes representan de la mejor forma los intereses de las personas.

Sin embargo, y para una mejor comprensión de lo que se entiende por participación, se explicará los principales beneficios que ésta aporta en términos generales y más adelante se analizará los tipos de participación.


Algunos beneficios de la participación, destacan:

La observación de los sujetos involucrados puede mejorar los proyectos y acciones a ejecutar en un sector determinado.

Demuestra un compromiso con la comunidad y una gestión adecuadas.

Potencia el papel de los agentes aumentando el nivel de aceptación de las medidas a tomar o de las acciones a seguir frente a un proyecto determinado.

Favorece la toma de decisiones en todos sus aspectos.

Los sujetos forman parte integrante en la intervención.

Facilita el desarrollo de los proyectos, previamente aprobados por la comunidad en cuestión.

Los beneficios anteriormente mencionados se orientan tanto a integrar a los

sujetos en la toma de decisiones de las cuales forman parte, como también a generar un mayor nivel de aceptación y de colaboración frente a las transformaciones sociales, las cuales aunque parezcan básicas a la luz de un observador externo, son tremendamente constructivas y reconocidas por la comunidad en la cual serán implantadas.

Se distinguen dos tipos de participación:

La Participación social

La participación política.

Si bien la participación ciudadana, representa la relación entre el Estado y la Sociedad civil, la concepción moderna de ciudadanía se origina en el pensamiento del sociólogo británico Thomas H. Marshall quien la define como la pertenencia plena a una comunidad y que dicha pertenencia se define como la participación de los individuos en la determinación de las condiciones de su propia asociación.

De aquí la importancia de que sean los propios sujetos quienes, en base a sus

intereses puedan decidir en conjunto con los demás actores sociales a las medidas mayoritariamente consensuadas a favor de la propia comunidad, de la cual forman parte.

1.3 La participación social En la actualidad, se observan cada vez con mayor frecuencia demandas por

mayor participación ciudadana frente a temáticas que son comunes para la ciudadanía en general, expresando su descontento con la eficacia a la hora de la toma de decisiones políticas.

Así, para la integración del ser humano en la toma de decisiones en Repúblicas Democráticas, es que ha surgido, la democracia participativa, la cual tiene como objetivo principal, la integración de la comunidad o de las personas que en ella residen, en el proceso de adopción de decisiones.


Tales procesos, nuevos y que buscan hacer partícipe a la ciudadanía,

intentan erradicar esta visión más bien administrativa, que se tiene de los gobiernos locales, como lo que ocurre en la gran mayoría de los municipios. Sobre todo en aquellos más apartados del centro del país y con menos cantidad de habitantes, en los cuales muchos de sus habitantes residen en sectores rurales de la comuna y, solo participan de los procesos eleccionarios de las distintas autoridades y ya no tienen mayor injerencia en la toma de decisiones.

La gran mayoría de las decisiones de carácter político social, que se tomen

al interior de los municipios, debe en lo posible estar en conocimiento de la ciudadanía, hacia quienes se dirigen las acciones, para reconocer un valor de eficiencia en la acción participativa, además es importante considerar, que se debe buscar la mejor solución posible, debido principalmente a que las comunidades locales apartadas, no están mayoritariamente interesadas interesadas en acciones participativas, sino más bien dedicadas a sus quehaceres propios de las comunas rurales.

Si bien, los representantes políticos locales, regionales o nacionales, se legitiman mediante los procesos eleccionarios respectivos y en el cual se fundamenta la representación política, éste no debe basarse en la representatividad, como sujetos elegidos por la mayoría de los ciudadanos a la hora de escuchar tantos los intereses como las inquietudes del pueblo, frente a las acciones propias de la participación social, sino más bien favorecer tales iniciativas ya que contribuyen a la aceptación política y a legitimar el accionar de los representantes de la comunidad, voluntariamente elegidos por la ciudadanía.

A la hora de focalizar la participación ciudadana por parte de los representantes políticos, se observan dos aspectos claramente definidos, por una parte se busca promover la participación ciudadana, tanto para el logro de los objetivos de las organizaciones como en el área de gestión social, mientras que por otro lado, el representante del municipio local es alguien que se relaciona con los distintos actores de la comuna o localidad y s accionar se orienta en lo posible hacia la búsqueda del diálogo y las decisiones consensuadas.

Algunos autores señalan que no son formas de participación ciudadana las siguientes:

La información, la audiencia, la petición y la propuesta.

Las actuaciones dentro de las “relaciones ciudadanas” para mantener un contacto regular y estable con las asociaciones y ciudadanos.

Las acciones en que el Ayuntamiento facilita a las asociaciones un local y subvenciones. El hecho de la existencia de numerosas asociaciones no es en sí un factor de participación.

Sin perjuicio de lo anterior, se entiende la participación como la posibilidad

de intervenir en una u otra medida en la elaboración y en la implementación de una política pública de mayor o menor alcance y, que en definitiva involucra a la comunidad local o nación en el cual repercutirán las futuras acciones.


Participar a nivel social, para entenderla con la magnitud que corresponde, orientada a la transformación de lo social, implica una cierta voluntad de intervención, con fundamento que la valide y que por ende genere un sentimiento de pertenencia a un colectivo, a una comuna, región o nación, dependiendo del caso de que se trate y de la acción por la cual se esté luchando.

Aquí cobra especial relevancia la participación social, ya que si se ejecuta

de manera organizada y con ideales identitarios propios y claros a la hora de fundamentar la acción (a favor o en contra), respecto a una determinada acción, es que se logran o no los objetivos comunes propuestos de la comunidad que lucha por tales fines.

Finalmente, cabe esclarecer, que en la actualidad el poder político aunque

legitimado por la comunidad, no es suficiente a la hora de tomar decisiones globales que para la comuna, sin previo acuerdo entre los ciudadanos, ya que esto podría, a lo menos, provocar que las decisiones públicas carezcan de aceptación del pueblo.

Por el contrario, cuando una colectividad participa activamente en los proyectos colectivos, a implementar en la localidad no sólo se está colaborando a la existencia del delicado sistema de contrapesos del sistema democrático, sino que contribuye a la gobernabilidad del sistema político y favorece la eficacia en la gestión local, agregando cuotas de legitimación social, tan valiosas a la hora de una nueva elección política de los representante de la comuna.

Finalmente, la gestión de lo público implica un permanente ejercicio y revisión de intereses generales que importan a la comunidad y, de este modo solucionar las posibles diferencias entre ambas partes.

Por lo anterior, cada vez es más evidente que los poderes públicos han de contar con la participación de todos los colectivos, que representan intereses diversos, al interior de la comunidad, en el proceso de delimitar lo que es el interés general de los ciudadanos y orientar las mejores acciones que permitan llevarlo a cabo.


1.4 La participación política Al hablar de participación política, es preciso definir qué se entiende por tal

concepto, sobre todo destacando elementos propios de su concepción de participación y orientados hacia el accionar político.

De tal forma, la participación política es entendida como aquellas actividades que ejecutan los ciudadanos de una comunidad o nación y que está dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes.

Tal como lo señala la Constitución Política de la República de Chile, al referirse a la soberanía, dada al interior de la nación y, sobre la cual se realiza su ejercicio por “el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas”, es que las comunidades eligen a sus actores políticos, quienes deberán actuar en su representación a nivel nacional.

Esta participación política, tiene además como objetivo, influir en la formación de la política estatal, ya sea mediante acciones de carácter colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, por medio de las cuales, la ciudadanía intenta reflejar su posición, relativa a las acciones gubernamentales.

Los gobiernos democráticos, en definitiva tienen lineamientos generales en los cuales se mueve el accionar de los gobernantes, sin embargo, dependiendo de la posición de los partidos políticos mayoritariamente dominantes que estén ejerciendo el poder de gobernar la nación, es hacia donde apuntan las mediadas desde el ámbito de políticas públicas y sociales.

Desde aquí, radica por ende la importancia de la participación activa de la sociedad en general, puesto que es bien sabido que un gobierno de izquierda tenderá a orientar mediadas hacia la clase trabajadora y más desprotegida de la sociedad a la cual representa, en tanto que un gobierno de extrema derecha y, enmarcado en una economía capitalista, es que buscará favorecer a aquellos sectores elitistas de los cuales proviene, intentará mantener grandes reservas de capital, en definitiva querrá acumular capital y, manteniendo impuestos y todo cuanto permita tal objetivo, mientras que la población más desprotegida desde el punto de vista social, seguirá viviendo en las mismas condiciones precarias, aunque algunos se enriquezcan cada vez más.

En ocasiones puede haber incentivos, mediante la promulgación de alguna normativa que regule tales diferencias sociales, ciertamente notorias en el caso de Chile, entre los ricos y los pobres habrá inequidades de enormes magnitudes, ya sea desde la observación del ingreso per cápita, nivel educacional, vivienda y sobre todo en políticas de salud, los pobres seguirán esperando meses por una hora de atención especializada en los centros de salud primaria y en hospitales públicos mientras que los segmentos más favorecidos económicamente, tendrán la posibilidad de que sus hijos estudien en los mejores establecimientos educacionales tanto a nivel básico, medio y superior, además de las futuras especializaciones a las que fácilmente tendrán acceso.


Podrán acudir a las clínicas que deseen y la atención en esta área será oportuna, y naturalmente que sus hijos tendrán los mejores empleos del país y, esto no sucede por la incapacidad de los más desposeídos, sino únicamente por las oportunidades que marcaron las diferencias entre uno y otro joven.

Pues es bien sabido que la educación, tal como lo plantea Mauricio Olabarría en su libro Pobreza, crecimiento económico y políticas sociales, es uno de los factores predominantes a la hora de superar la pobreza.

Efectivamente todo este comentario, tal vez más largo de lo estimado, es únicamente con el objetivo de contextualizar esclarecer lo más simple posible la importancia de la participación social para efectos de presionar, de exigir y de cambiar aspectos propios de las políticas públicas en el marco de los diversos temas tratados, enfocados particularmente hacia el ámbito educacional.

Las personas, como sujetos capaces de movilizarse y de generar acciones que involucren la definiciones estatales, respecto a una temática, que en el caso Chileno, es una realidad latente y de la que todos los ciudadanos son testigos, es preciso y valorable que se intervenga en estas materias y encauzar acciones que favorezcan a los sectores populares.

Las Constitución Política de la República de Chile, dice claramente en su Artículo N° 1, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por tanto esta es la principal premisa por la cual se debe luchar, los Chilenos tienen garantizados los mismos derechos, pero ¿Qué grande es la diferencia en el acceso, en la forma de hacer efectivos tales derechos?.

Las personas, ciudadanos de una nación, deben tener la obligación moral de intentar incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en decisiones específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a parte de sus miembros en forma individual.

En países democráticos se debe buscar propender al dialogo, a proponer alternativas de solución frente a problemáticas que son en la actualidad de carácter social global de la nación, como lo es el caso en Chile de la Educación, en otros países de la región puede ser el desempleo, en otros algo más lejanos las guerras y en otros los niños y adultos se mueren de hambre cada día.

En estos casos extremos como el de hambruna, es notorio que la intervención, la lucha ya dejó de estar en el poder del pueblo y, además escapa de las manos de los propios gobernantes, sino que ahora más bien ya pasa al ámbito internacional.

Este esclarecimiento, si bien es bastante amplio, involucra los más variados tipos de acciones que desde la Ciencia Política contemporánea se observan como indicadores de la participación política de las personas en una nación determinada y la amplia gama de posibilidades que tiene el gobierno a la hora de implementar acciones estatales.


En un comienzo y, apuntando a que una gran parte de los habitantes de

una nación, no estaban inscritos en los registros electorales y por ende no tenía derecho a participar de los procesos eleccionarios, para elegir a sus representantes; ya sea por falta de información, por falta de interés político, porque no sabía leer ni escribir o simplemente por no querer formar parte de estar acciones, a veces algo apartadas y que desde los sectores obreros, no eran significativas hasta que empezaron a darse ciertas condiciones sociales en los años 60 en Chile, que sin duda no dejaron indiferente a estos sectores empobrecidos, que habían llegado a las ciudades desde los campos en busca de mejores oportunidades; aquí surgió la denominada Cuestión Social, de la que no se profundizará, en este apartado, más allá que a simple modo de contextualización social y de inicios de la participación social a nivel masivo, por conseguir igualdad de derechos y trabajos dignos.

De esta forma, radicada en la participación o no de la ciudadanía en los procesos eleccionarios es que se clasificó a los ciudadanos entre aquellos que participaban y los otros que eran meros espectadores y además quienes ni siquiera acudían a votar.

Siguiendo a Nie, Verba y Kim, particularmente destacan las siguientes esferas a considerar a la hora de estudiar la participación social:

a) El grado de influencia que se ejerce a través de la actividad, lo que incluye el nivel de presión que se despliega sobre los dirigentes para que actúen de determinada manera y la precisión de la información que los ciudadanos les transmiten sobre el comportamiento que se espera de ellos.

b) La amplitud del resultado a obtener, según se produzca un beneficio colectivo o particular.

c) El grado de conflicto en el que se verán envueltos los participantes. d) El nivel de iniciativa personal requerida para realizar la actividad e) El grado de cooperación con otros ciudadanos, necesario para llevar

a cabo la actividad.

De tal forma se determinan los modos de participación social de la comunidad y, esta vez no se limita, como en un comienzo a la clasificación rudimentaria de la que se habló ni tampoco se considera el factor esfuerzo a la hora de llevar a cabo acciones participativas.

Ahora bien, desde la Ciencia Política, existen diversos modos de participación y dicen relación principalmente con elementos tales como la presión gubernamental a la hora de emitir el voto, poca claridad en los votantes. Tal fenómeno se da en elecciones de caracteres locales, regionales o nacionales.

En oportunidades, también, es bien sabido que los partidos políticos o candidatos a ser elegidos por los votantes de una comunidad realizan campañas que simplemente buscan conseguir votos, ya sea para ser elegido o mantener el cargo, en estas instancias que en ocasiones suelen ser caóticas, se intenta persuadir a los votantes a favor de un determinado candidato; existen aportes en dinero, entrega de propaganda, entre otras.


Destacan actividades tales como, ponerse en contacto con funcionarios

públicos respecto a asuntos particulares del ciudadano; participar en protesta; demandar fuerte y públicamente si el gobierno hace algo que se considera incorrecto o perjudicial, participar en campañas de desobediencia cívica, etcétera.

En definitiva, en los países democráticos, de los modos de participación

anteriormente descritos y, en los cuales participa una parte minoritaria de la comunidad, votar se convierte en el único acto del que usualmente forma parte más de la mitad de la población hábil de un país, el resto constituyen actividades aisladas, lo que se traduce en que los actos eleccionarios son a nivel universal, los únicos que caracterizan a las democracias modernas y en los cuales está presente la gran parte de sus ciudadanos por voluntad propia y ejercen su voto en forma libre.

Desde tal concepción entonces, se entiende que los ciudadanos, en su mayoría forman parte de las decisiones locales, regionales y nacionales, eligiendo a sus representantes, derechos que también deben hacer valer respecto a los cumplimientos de los propios objetivos propuestos por los candidatos en las campañas políticas, ya sea municipales, senatoriales, o presidenciales de una nación.

1.5 Clasificación de la participación política

1. De acuerdo a su inserción o no en el proceso estatal de toma de decisiones puede distinguirse:

Participación institucional: se refiere a aquellas actividades integradas a los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones: referendos, elecciones, organismos consultivos, etc.

No institucional: comprende actividades que no forman parte de los canales oficiales para el establecimiento de políticas, y que están dirigidas a ejercer presión sobre ellos, tales como manifestaciones, campañas electorales, peticiones individuales o colectivas a organismos públicos, promoción de intereses de grupos determinados o clases sociales, militancia y actividad dentro de los partidos políticos.

2. Atendiendo al carácter de la decisión que resulta del acto de participación, ésta puede clasificarse:

Decisiva: Aquí las decisiones tomadas por los ciudadanos tienen carácter vinculante para los gobernantes, quienes están obligados a regirse por ellas. Este es el caso de las elecciones que se dan en los países.

Consultiva: Esta conduce a disposiciones o consultas que formalmente el gobierno no está obligado a materializar en acciones. Este sería el caso de los llamados referendos consultivos, de la iniciativa popular legislativa, y en general de la participación no institucional.


La actividad de participación puede también ser clasificada en directa o indirecta. En el primer caso, la comunidad toma la decisión mediante votación general, respecto a una temática en cuestión y, en la cual participan todos los ciudadanos hábiles para tales efectos.

En la participación indirecta los ciudadanos designan representantes o mandatarios para que tomen parte, en nombre de ellos en la actividad desarrolla; por ejemplo, en el caso de organismos oficiales en los que se incluye representación de organizaciones ligadas a importantes sectores sociales tales como cámaras empresariales y centrales sindicales.

La efectividad de este tipo de participación depende en gran parte de los mecanismos de elección de los mandatarios y su libertad de acción como representantes, es decir, cuanto es el poder de decisión, que se le confiere ara actuar en representación de un tercero.

Por otra parte, la participación puede ser obligatoria o voluntaria. En el primer caso el ordenamiento jurídico dispone la puesta en práctica del proceso de participación o la instrumentación del organismo respectivo como un requisito necesario para la toma de alguna decisión.

En el segundo, la puesta en práctica del proceso participativo depende discrecionalmente de quien esté facultado para dar inicio al proceso. Esta facultad puede recaer en los ciudadanos mismos o en un órgano gubernamental; por ejemplo, cuando se faculta a un número determinado de electores o a uno o varios de los poderes públicos, tales como presidente o el parlamento, para solicitar la convocatoria de un sufragio con la finalidad de decidir, por ejemplo, sobre la derogatoria de una ley en particular o parte de ella.

Por último, los mecanismos de participación también pueden clasificarse en temporales o permanentes.

Esta clasificación es apropiada principalmente respecto a los organismos con intervención ciudadana que se crean en la administración pública, y distingue entre aquéllos que propician una presencia no oficial duradera, de los que la admiten sólo circunstancialmente para asuntos específicos.

1.6 Factores de participación política Este es un elemento fundamental, a la hora de estudiar el concepto de

participación, sobre todo en el ámbito político.

Con lo anterior, los factores de participación más desmenuzados, y sobre los cuales se ha indagado en profundidad, son aquellos que dicen relación con el nivel de influencia, que pueda ejercerse sobre grupos de personas, los cuales pueden repercutir directamente sobre las decisiones ciudadanas y, están dadas por el estimular o desalentar la participación política de los ciudadanos.


Tal elemento, si es analizado en profundidad, podrá ser un factor determinante, en cuanto a las propias decisiones que puedan tomar los habitantes y que además puede ser un distractor, frente a medidas significativas para la comunidad en una materia en particular.

En ocasiones, estos distractores que incitan a inclinarse por una u otra alternativa, se ven intermediados por bienes materiales, que buscan inclinar la acción de las personas hacia un foco, desvirtuando la real importancia de la participación, informada y verás.

Estos análisis, ya sean de un solo país o en forma comparada, tratan de identificar las diferencias en los niveles de participación entre grupos sociales, o entre países, proponiendo modelos explicativos sobre los factores o variables que generan tales diferencias.

La determinación de los factores vinculados a la alta o baja participación de algunos grupos o de la comunidad en general con respecto a actividades fundamentales como votar, ha servido de base para propuestas de reforma legislativa que eliminen obstáculos a la participación, para justificar el mantenimiento de normas o instituciones que claramente contribuyen a la elevada asistencia electoral, como el voto obligatorio.

Precisamente la posibilidad práctica de modificar algunas de las condiciones que afectan los niveles de participación política, una vez conocidas, es lo que hace importantes estos análisis sobre los factores que inciden en ella.

No todos los factores son alterables por vía legislativa, algunos como los relativos al sistema de partidos son muy resistentes o inmunes a la manipulación voluntaria, sin embargo, aún en este caso, su conocimiento es muy importante porque contribuye a la mejor comprensión del funcionamiento del sistema político.

Así mismo, los estudios prácticos han distinguido dos clases de factores que influyen en los niveles de participación, que son los de carácter institucionales e individuales. a) Factores institucionales: En este tipo de factores, se encuentran aquellos que se refieren particularmente a las características propias del sistema político y el ordenamiento jurídico que los rige.

En este apartado, se ubican las normas relativas a la participación ciudadana, en su generalidad y con las particularidades establecidas por la normativa de cada estado, respecto de las mismas.

Como ejemplos de estos elementos, destacan la obligatoriedad o no del voto, el tipo de registro electoral, las facilidades legales para el sufragio y el sistema electoral.


Todos estos factores, influyen en la propia participación política de los ciudadanos y, tales aspectos jurídicos, sin duda afectan la participación electoral.

Estos criterios, de obligatoriedad o voluntariedad, para entender los procesos de participación política, son determinados por la región y puestos en práctica a nivel de cada soberanía estatal, sin poner en riesgo los derechos de os ciudadanos. Sin, embargo y, como una conducta esperable, aunque no del todo aceptada por la ciudadanía en su conjunto, cundo existe la política participativa que establece el voto obligatorio, a nivel general se observan mayores grados de participación política, e ocasiones involuntarias, pero que tienen por objetivo, la toma de decisiones por parte de todos los sujetos integrantes de un distrito.

Por otra parte, es preciso recalcar, en términos generales, que las características mismas del sistema político, tal como se comentó en apartados anteriores pueden ser factores que fomenten o inhiban la participación ciudadana, por lo que parece necesario para los países que buscan la integración de todos los ciudadanos en proceso como la participación política, que se hagan revisiones constantes relativas a materias electorales, intentando llegar a acuerdos que favorezcan la toma de decisiones y que además incentiven a la población a hacerse presente en instancias como estas, sobre todo políticas de inclusión orientadas a los jóvenes.

Así, por ejemplo, habrá mayor participación cuando se trae de incorporar a todos los sectores sociales insertos en una determinada comunidad, tales como grupos étnicos, extranjeros residentes en la región con derecho, según la propia constitución política de un país, quien define a los extranjeros como nacionales cumplidos ciertos requisitos.

Estos elementos, favorecen la inclusión social y el derecho de las personas a elegir a sus representantes, sobre la base de los intereses comunes. Los esfuerzos que realizan los partidos políticos y las organizaciones asociadas con ellos para estimular la actividad política constituyen un factor de gran importancia para determinar los niveles de participación, especialmente en actividades de resultado colectivo tales como votar o realizar campañas políticas.

La organización formal de la sociedad civil, como ente capaz de regular los procesos de participación política, también juega un rol importante en la determinación de los niveles de participación política, mientras sea capaz de visualizar las demandas de la población y de orientar respuestas socio-políticas significativas y que favorezcan tantos los intereses como las necesidades de la ciudadanía.

Lo importante es encauzar desde la organización local, regional o nacional, respuestas que desde lo político puedan satisfacer las demandas civiles de la ciudadanía en su conjunto.


Generalmente, las asociaciones locales de vecinos encauzan las peticiones y necesidades de las comunidades a nivel local, apoyadas por las asociaciones gremiales, profesionales y sindicales que también actúan en ese mismo sentido y son los principales reflejos de la vida social, hacia donde debe el accionar de los políticos, si se intenta obtener mayores niveles de participación ciudadana en el ámbito de la esfera política.

Estas organizaciones sociales, incluso aquéllas que no se relacionan directamente con la política, como las religiosas sirven como espacios para la discusión y confrontación de ideas, la generación de vínculos solidarios y la reafirmación de la capacidad de acción de los ciudadanos.

Por lo tanto, estos sectores, significantes a la hora de tomar decisiones políticas, aportan además elementos que favorecen la participación política y por otro lado, enriquecen el accionar político. b) Factores individuales: Diversos estudios han tratado de determinar si algunas características propias de los sujetos sociales, tanto desde el área sociológica como psicológica, aparecen asociadas con los niveles de participación política y pudieran incidir en mayor o menor medida, en los índices de participación.

En la actualidad, la tendencia mayoritaria indica que en condiciones parecidas, quienes tienen más grado de participación son los adultos, mientras que los jóvenes y los ancianos se mantienen algo más distantes.

También se visualizan diferencias de género, en cuanto a los niveles de participación, destacan así los hombres sobre las mujeres, también ligados a los recursos socio-económicos con los que estos grupos cuentan y, que generalmente van de la mano con los niveles educacionales alcanzados por estos sectores, que marcan la diferencia también en lo económico y social.

En cuanto a los factores psicológicos, destaca la participación de quienes sienten a nivel personal y motivacional, mayor interés por la política y por ende tienden a formar parte de las decisiones locales y nacionales de un país, haciendo visible sus orientaciones políticas y sus convicciones sociales.

Tales convencimientos van de la mano con el nivel de responsabilidad y deber cívico impuesto por estos sectores de la ciudadanía, destacando la capacidad e influir en los procesos sociales en la toma de decisiones desde lo político.

En ocasiones la participación en términos individuales, está también ligada a la identificación con un determinado partido político, aunque no sea el de interese dominante, sino más bien es un tema ligado al convencimiento individual, sobre todo en los grupos etarios más jóvenes. c) Interrelación entre los factores institucionales e individuales: Estudios comparados que abarcan países de diferente nivel de desarrollo político y económico sugieren que los factores dominantes, en cuanto a la determinación del nivel de participación política, son los institucionales; al estar ellos presentes los factores individuales son neutralizados en gran medida, de modo que tienden a


minimizarse las diferencias en cuanto a participación fundadas en diferencias de recursos socio-económicos o tendencias psicológicas individuales.

Los factores institucionales por lo tanto, cumplen un papel igualador en cuanto al uso efectivo de los derechos políticos por parte de la población.

Esto es importante porque implica que la eliminación o reducción del peso de los mismos, podría derivar en la aparición de desigualdades en cuanto al uso efectivo de los mecanismos de influencia política en perjuicio de los sectores de menos recursos.

2.- CONCEPTO DE ESTRUCTURA SOCIAL, ESTRUCTURA POLITICA

La estructura social, desde la mirada sociológica, se entiende como la forma

que adopta el sistema global para concebir las relaciones entre individuos.

Tal concepto es introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel, a finales del siglo XIX, para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad.

Tales relaciones pueden ser o no presenciales, cuestión que se explica desde una visión global de la sociedad y de la evolución de la misma, haciendo posible la interacción entre sujetos sin previo contacto físico.

Han sido variados los autores que han intentado dar una concepción a la Estructura social desde la observación teórica. Sin embargo, la falta de un consenso acerca de en qué medida las estructuras tienen una existencia real, más allá de las acciones de los individuos, ha sido identificada como un problema de la relación agencia-estructura.

Se ha hecho notar, la posición de algunas corrientes, particularmente la de origen empirista, que niegan la posibilidad de concebir adecuadamente la estructura social en su conjunto y, sin parcelación para entender el concepto, lo cual ha generado diversos debates, que intentan establecer un entendimiento común.

De tal forma, se puede identificar a la Estructura social con más de un significado, señalando aquel que más se asimila al concepto de Sistema social o al de organización social.

Surge, entonces, desde la perspectiva sociológica de la dialéctica, del funcionalismo y del interaccionismo simbólico, los cuales aportan descripciones con distintos puntos de vista, en cuanto a la definición de estructura.


La misma postura adoptan las ciencias sociales más próximas a la sociología, como lo son la ecología humana, la psicología social y la antropología cultural.

Uno de los autores más destacados en esta materia es Anthony Giddens, quien define la estructura como la articulación de reglas y recursos implicados de manera recursiva en la producción de las prácticas sociales.

Por lo tanto, la estructura habilitante y constrictora, según los planteamientos del autor, es el resultado de la reproducción de las prácticas sociales.

Sostiene Giddens que las propiedades estructurales existen sólo en la medida en que la conducta social es reproducida recurrentemente en el espacio y el tiempo. Las instituciones son los rasgos más duraderos de la vida social; así, hay formas institucionales que se extienden por inmensos recorridos de espacio y tiempo conformando sistemas sociales.

Por otra parte, para entender la Estructura política, preciso hacer una distinción, puesto que la realidad política presenta dos fases, una de ella es la faz estructural, o estructura política y la otra es la denominada faz dinámica.

Así el concepto de estructura política, es entendida como un sistema de relaciones humanas de mando-obediencia, lo cual un conjunto de partes relacionadas entre sí y, generalmente estas formas de poder se expresan mediante las instituciones, con vocación de orden y estabilidad.

Se trata de roles diferenciados y jerarquizados, que diferencian a sus ocupantes respecto del resto de los sujetos y, también entre sí.

En el interior y en el entorno de esa estructura, se desarrolla la faz dinámica de la política, que es la vida y la acción de los hombres que encarnan esos cargos o roles en un momento dado, o se relacionan de diversos modos con ellos.

Del mismo modo, la sociedad reproduce un conjunto de normas y principios establecidos y continuamente se producen actitudes que contradicen la norma, comportamientos que se alejan al carácter normativo imperante en la sociedad, en estas ocasiones es que se condicen la vida social y política, debiendo la sociedad ser capaz, en la propia reproducción de las prácticas sociales, encauzar acciones orientadas a la regulación de la misma.

Son estas instancias, llevadas al alero de las políticas públicas y particularmente hacia el ámbito de acción de las políticas sociales, es que la acción estatal, debe propender a diseñar acciones que busquen dar respuesta a determinadas demandas sociales, pero que a la vez se estas solicitudes emanadas de los sectores sociales, permitan mantener el equilibrio necesario entre la acción estatal y la capacidad de acción de la ciudadanía.


Es decir, las políticas sociales, deben estar encaminadas a aportar herramientas a la población más allá de su carácter asistencialista y paliativo.

Para esclarecer de mejor forma, los conceptos de relativos a la estructura

social y política es que se indaga en los planteamientos de E. Goffman, quien en su en su libro El estigma, desarrolla la teoría del etiquetaje, dando cuenta que tal característica es propia de los observadores externos para agregar para designar a un cierto grupo social, frente a lo cual es la propia sociedad quien, sobre la base de su construcción, posee la capacidad para determinar que se entiende, como normal y qué está fuera de norma, según los parámetros del observador.

Las instituciones sociales dan un marco que en definitiva es el que regula las conductas, de los seres humanos en sociedad, cuestión que favorece el orden social y los comportamientos individuales y colectivos esperados, por lo que todo el accionar humanos está regulado, también en base a las normas culturales y las conductas esperadas, que son reproducidas en situaciones particulares, aportando elementos que son por la sociedad en general, reconocidos, aceptados y además esperados.

De esta forma, las instituciones, como parte integrante de la estructura social y política de un Estado, proporcionan a las personas un marco que facilita el ordenamiento social, los cuales siguiendo E. Goffman representan el ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? actuar, relativas a la situación social de la que se trate y, en razón a asumir un rol determinado.

En este aspecto, la institución es relevante, puesto coloca al ser humano en contexto con la realidad social al proporcionar los elementos que permiten la adaptación a tales roles/funciones, tales procesos van de la mano con la socialización, partiendo desde el seno de la familia, como primer ente encargado de aportar a las personas modos de comportamientos y conductas esperadas, para la reproducción social.

Por lo anterior, se entiende a la institución, desde la observación sociológica y psicológica, como el conjunto de procedimientos que la sociedad utiliza para introducir a los individuos dentro de la sociedad, siendo procesos creados y establecidos por la propia sociedad, referidas a lo social, cultural y por lo tanto desde el actuar humano, constituyen los patrones sociales reguladores de la conducta de los seres humanos. Se incluyen en estos aspectos, hábitos, rutinas y conductas aprendidas tanto a nivel individual, familiar y social.

Por otro lado, Estructura Social, desde la visión de Manuel Nava, se entiende como aquella que coordina las actividades individuales, para funcionar como un grupo social, tomando como elementos básicos, los modelos estables y duraderos que organizan las relaciones sociales y proporcionan el soporte fundamental de lo que se entiende como sociedad.


Esta estructura social, representa también la propia cultura de una sociedad determinada, con características identitarias, que afectan a todo el conjunto de sus integrantes.

En definitiva, al hablar de estructura social, se hace alusión a cualquier institución en cuanto al ejercicio del poder político y los derechos de la misma.

Al referirse a los Estados propiamente tal se hace alusión a la forma de gobierno, régimen político, modelo político y sistema político propio del Estado del que se trate.

Finalmente, Carlos Marx, sostiene que la vida social, con todos sus aspectos y particularidades, está determinada por tres estructuras: Una económica, una jurídicaI Política y una ideológica, que involucra a la sociedad en general y, desde ahí se orientan todos las acciones del estado, involucrando a las políticas públicas y sociales en todas sus dimensiones, las acciones en el ámbito económico que dicen relación con el mecanismo adoptado por el país y además desde los aspectos jurídicos se definen los lineamientos que favorezcan el orden social, la reproducción de conductas y comportamientos socialmente aceptados y la elaboración de nuevos procesos normativos que involucran la regulación de la vida en sociedad.

BIBLIOGRAFIA

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Arturo Fernández y Margarita Rozas, Políticas Sociales y Trabajo Social, Ed. Hvmanitas, Buenos Aires.

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