FERNANDO " P I N O " SOLANAS

Causa Sur Hacia un proyecto emancipador

de la Argentina

Planeta

Solanas, Pino Causa Sur.- 1a ed . - Buenos Aires : Planeta, 2009.

344 p . ; 23x15 c m .

ISBN 978-950-49-2093-9

1. Ensayo Argent ino I. Tí tu lo

C D D A864

Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Editorial Planeta Diseño de interior: Mónica Deleis

© 2009, Fernando Solanas

Derechos exclusivos de edición en castellano reservados para todo el mundo:

© 2009, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. Publicado bajo el sello Planeta®

Independencia 1668, C 1100 ABQ, Buenos Aires, Argentina www.editorialplaneta.com.ar

Ia edición: junio de 2009 3.000 ejemplares

ISBN 978-950-49-2093-9

Impreso en Artesud, Concepción Arenal 4562, Capital Federal,

en el mes de mayo de 2009.

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723 Impreso en la Argentina

Prólogo

Los pueblos en su caminar van tejiendo en el tiempo la urdimbre de la vida entre luces y sombras, luchas y esperanzas, que se van ci­mentado en la memoria colectiva y en el hacer personal y compartido.

Todos y todas somos protagonistas en ese caminar y debemos tener presente que lo que sembramos, recogemos. No hay otro camino y por ello debemos asumir el desafío y elegir las semillas que sembraremos.

Necesitamos aprender a ver; hay quienes tienen esa mirada particu­lar y profunda para comprender y expresar el sentir de los pueblos. Fer­nando "Pino" Solanas es una persona que sabe bucear en la conciencia colectiva y expresar en su militancia el clamor de los pueblos, sus luchas en la resistencia social, cultural y política. No lo hace como espectador, sino como un protagonista en el hacer social, cultural y político.

Su extensa labor artística como cineasta ha merecido el reconoci­miento nacional e internacional por su obra testimonial. De ella surgen voces y experiencias de la resistencia de los sectores sociales, campesi­nos, obreros, excluidos y discriminados por el sistema neoliberal. La voz de "Pino" se asemeja al tábano socrático, impulsivo, profundo: despierta y mantiene la tensión en la denuncia y en el anuncio. No se detiene en la denuncia en sí misma; plantea alternativas culturales, sociales y po­líticas superadoras.

Compromiso que, más de una vez, provocó la reacción y la ira de sectores reaccionarios y debió soportar agresiones físicas e injurias por llevar adelante denuncias de los negociados, la pérdida de la soberanía nacional y el saqueo del patrimonio cultural, económico y político pro­movido por gobernantes y funcionarios que entregaron los recursos del país a manos de las corporaciones internacionales y monopolios na­cionales. Las privatizaciones realizadas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que usó el país como si fuera un feudo personal, lamen­tablemente continúan con la misma política de entrega de nuestras ri­quezas a manos de los grupos económicos internacionales.

El libro presenta años de aportes, luchas y sinsabores, y recorre acontecimientos históricos en los que "Pino" asumió su compromiso social y político, a través de artículos, notas y publicaciones desde los

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años 1989 al 2009. Entre ellos podríamos señalar lo acontecido en Ga­lerías Pacífico, donde proponía crear un gran centro cultural y artístico a nivel continental y el gobierno menemista lo dejó reducido a un em-prendimiento comercial, fruto de manejos y decisiones arbitrarias. Re­fleja también la defensa de los recursos naturales y el derecho del pueblo a la recuperación de las empresas nacionales privatizadas -YPF, Gas del Estado, la red ferroviaria desmantelada-; las fuentes energéti­cas y las riquezas naturales entregadas, como la minería y el medio am­biente. Asimismo, cuestiona la deuda externa que condiciona la vida y el desarrollo del país y afecta la educación, la salud y el bienestar de los argentinos, mientras los sucesivos gobiernos privilegian la transfe­rencia de capitales con el pago de intereses usurarios a la vorágine in­ternacional como el FMI, el BM y el BID, al costo del hambre y la pobreza del pueblo. -

Un país con grandes recursos como la Argentina hoy tiene un alto índice de analfabetismo. Un país productor de alimentos donde mue­ren más de veinticinco niños de hambre o enfermedades curables por día -cifras de UNICEF-; aunque esa estadística no refleja la realidad, porque el drama es mucho mayor, como la muerte de diecinueve indí­genas en el Chaco a causa del hambre, debido a la devastación produ­cida por los desmontes de los bosques naturales y a la pérdida de la biodiversidad y de los recursos de las comunidades.

Un país que no tiene capacidad de control sobre sus recursos na­turales, fuentes energéticas y empresas fundamentales para su infraes­tructura y para el desarrollo del pueblo es un país que perdió su soberanía. Es lo que lamentablemente ocurre en la Argentina.

"Pino" Solanas ha denunciado, reclamado y resistido las privati­zaciones desde su condición de legislador en el Congreso Nacional, frente a las políticas impuestas por Menem y Cavallo: la privatización del correo, Yacyretá, ferrocarriles, agua, teléfonos, transportes y recur­sos naturales que permitieron el saqueo del país.

Es necesario un cambio profundo de la cultura política, mediática y especuladora, a fin de "refundar la democracia". Es decir: proponer un nuevo contrato social, cultural y político que supere los avatares y traiciones de sectores políticos. Después de toda esta trayectoria reco­rrida, "Pino" continúa su lucha para construir nuevos caminos y de­fender valores, identidad y pertenencia nacional. Proyecto Sur es el desafío que presenta, nacido después de muchos años de práctica so­cial y cultural; basado en la experiencia de su militancia y construc­ción social; acompañado por referentes sociales, culturales y políticos.

"Pino" asume el desafío de generar políticas alternativas sociales y políticas para la recuperación del patrimonio del pueblo. Es uno de los

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ejes fundamentales en la lucha y compromiso social en defensa de la soberanía nacional.

El libro que presenta Solanas no se queda en la denuncia por la denuncia misma. Basta recorrer las notas, artículos y obras que viene desarrollando en instancias sociales, culturales y políticas para com­prender la dimensión de su lucha y de su compromiso junto al pueblo. En momentos de fractura del pensamiento filosófico, de valores y pers­pectivas sobre los caminos a recorrer en la construcción democrática y la vigencia de los derechos humanos, el pensamiento y la acción de "Pino" Solanas son como el agua fresca en el desierto, donde la falta de pensamiento crítico y lo mediático nos invade a través de medios de comunicación que distorsionan, incomunican y ocultan los verdade­ros problemas que vive el país.

Una farándula política oportunista va generando el miedo y la su misión que lleva a la amenaza y pérdida de las libertades ciudadanas, donde busca imponer el pensamiento único: este modelo neoliberal o el abismo. —

Se necesitanvoces con pensamiento propio y voluntades para en-frentar la dominación, que no comienza por lo económico: la domina-/ ción comienza en lo cultural. Por eso la voz y el pensamiento de "Pino" Solanas campean en nuevos caminos alternativos hacia la recuperación de la identidad, los valores y la soberanía de nuestro pueblo.

Adolfo Pérez Esquivel Buenos Aires, marzo de 2009

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Introducción

Este libro es una recopilación de artículos, reportajes, discursos y documentos políticos que hice públicos en los últimos veinte años y corresponden al período de mi actuación política. Los unen los mismos objetivos y principios democráticos: la defensa del patrimonio nacio-nal, la ética pública y la causa del pueblo. Son testimonio del compro-miso y gratitud que desde joven sentí por la Argentina. Siempre pensé que las conductas políticas se juzgan por las acciones públicas, y los in-telectuales, que pueden acceder a la información y tienen un deber ha-cia el país que ha contribuido a formarlos, no pueden esgrimir excusas para desentenderse del acontecer nacional. Hay momentos de encrú-cijada en la vida de una nación que no admiten términos medios: o se la defiende junto al pueblo o se es cómplice consciente o inconsciente de los victimarios.

Pertenezco a una generación que fue testigo de momentos históri-cos trágicos y de grandes traiciones cívicas, pero que también participó en tiempos de luchas y esperanzas para cambiar un mundo injusto. A pesar de haber vivido la mayor parte de mi juventud bajo dictaduras o democracias tuteladas, de padecer exilios y persecuciones, estoy agra-decido por la suerte de nacer en esta patria que tanto me dio y que me permitió ser testigo y protagonista de acontecimientos extraordinarios en la segunda mitad del siglo XX. Cuando vinieron los años de plomo, de duelo y de exilio, sentí que había perdido la noción del tiempo que faltaba vivir hasta volver. Mi regreso en la democracia fue la fiesta del reencuentro con el país, del que surgieron mis películas más esperan-zadas: El exilio de Gardel y Sur. Mi compromiso y mi forma de hacer política fue, desde entonces, el cine.

Lo que por primera vez me empujó hacia una construcción política fue lo vivido con la llegada al gobierno de Carlos Menem en 1989. Raúl Alfonsín había renunciado por el golpe de mercado de la hiperinfla-ción. La traición descarada de Menem al mandato del voto dejó al país patas para arriba y a sus votantes con la ilusión de que era una ma-niobra táctica del "Tigre de los Llanos". A mis críticas respondían: "No seas apresurado, Carlos es zorro, dale tiempo al bicho...". Pero no era

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ni tigre ni zorro, sino comadreja: a la semana de haber asumido re-nunciaba a su plan económico para implementar el de la minoría li-beral de Alvaro Alsogaray. Fue sincero: "Si hubiera dicho lo que haría, no me hubieran votado", confesó. Antonio Cafiero hizo su defensa con una rara noción de ética política: "La traición es inherente a la acción política", nos dijo. En el primer mes de gobierno, hizo aprobar en el Congreso una de las leyes más dañinas que jamás fueron votadas: la Re-forma del Estado y la Emergencia Económica; además, entregaba las radios y los canales a los grupos mediáticos, sin una nueva ley de ra-diodifusión que reemplazara la de la dictadura. Lo que no consiguió la represión, lo obtuvieron los sobornos. Este libro es un testimonio de esas décadas que llevaron a nuestro país a una trágica frustración.

Estamos ante un momento clave de la humanidad: la mayor crisis de la historia del sistema capitalista mundial, cuyas trágicas conse-cuencias no son las quiebras de los bancos, sino las pérdidas de vida de decenas de millones de víctimas del hambre y la pobreza en el mundo. El dilema contemporáneo plantea dos alternativas: o despierta la con-ciencia universal a fin de cambiar el modelo productivo y colocar la de-fensa de la vida y del ecosistema por encima de cualquier otro valor, o el recalentamiento ambiental, las industrias contaminantes y las aven-turas bélicas seguirán golpeando a una humanidad que pretenda dar la espalda al avance de la muerte. Nunca como en estos tiempos fuimos testigos de agresiones militares impunes contra pueblos indefensos: ciudades bombardeadas durante semanas en Yugoslavia, Afganistán, Irak, El Líbano, Franja de Gaza. ¿Cuál será la próxima agresión? ¿Que-rrán salir de la hecatombe económica con otra guerra mundial como hicieron después de la crisis del 30, iniciando ese conflicto en 1939? ¿Se ha terminado por aceptar como norma la violación de los acuer-dos y las resoluciones de paz de las Naciones Unidas, el uso de bom-bas de fragmentación y fósforo blanco sobre la población, la práctica de sádicos métodos de tortura, o prohibir que lleguen alimentos y me-dicinas a miles de ciudadanos bloqueados?

En nuestro país los coletazos de la crisis podrían llevarnos a nue-vos ajustes y olas de despidos si no se cambia de rumbo y se toman grandes decisiones. ¿Vamos a seguir pagando los intereses de la deuda a los mismos bancos que nos vaciaron en el 2001 y hoy han provocado el derrumbe de las economías de los Estados Unidos, la Unión Euro-pea y Japón junto a gran parte del mundo? ¿Seguiremos priorizando cumplir con la estafa de una deuda que no fue investigada, mientras ol-vidamos la deuda interna con nuestro pueblo? ¿Admitiremos tener un tercio de la población en la pobreza, cuatro millones de indigentes y al-tas tasas de mortandad infantil y de desnutridos habiendo recursos eco-

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nómicos y alimentarios para erradicar estos flagelos? ¿Podemos seguir resignados a que nuestras riquezas no renovables se sigan yendo por el mar para enriquecer a las metrópolis como en los tiempos coloniales?

El viejo y nuevo neocolonialismo se sigue manteniendo por la do-minación mediática que desinforma y confunde a millones de ciuda-danos. El triunfo neoliberal de los años noventa empezó por la cultura: inculcaron que el mundo no podía ser cambiado y había que subirse al tren en marcha del modelo triunfante. La derrota cultural impuso la re-signación, el posibilismo, el sentimiento profundo de que no se puede vencer al sistema dominante. La batalla argentina y latinoamericana es por una nueva emancipación de los poderes y oligarquías que nos si-guen sometiendo. Hay una revolución iniciada hace doscientos años que continúa inconclusa, pero en estos tiempos ha vuelto a despertar la conciencia de los pueblos originarios y las mayorías populares que hicieron la independencia. Desde México, el Caribe y Venezuela, pa-sando por los pueblos andinos, Ecuador, Bolivia, los movimientos cam-pesinos sin tierra de Brasil y Paraguay, hasta la Argentina y Chile, surgen movilizaciones, debates y asambleas constituyentes en un re-clamo generalizado de justicia, participación y horizontalidad.

Hoy vuelvo a la política no para una elección, sino con el objetivo de impulsar ese proyecto emancipador en el cual venimos trabajando desde hace décadas. Proyecto Sur es el punto de encuentro de varias miradas y culturas nacionales, democráticas y de izquierda: una invi-tación a recuperar la enseñanza que nos dejó el pasado para construir unidos el futuro que deseamos. Estoy convencido de que si Argentina pudo independizarse y realizar hazañas extraordinarias en el pasado, hoy puede realizarlas otra vez con la condición de encender la causa fundante: como diría Scalabrini Ortiz, para "volver a creer". Para nos-otros esa llama es la Causa Sur.

Los más de ochenta escritos que presentamos fueron agrupados en cinco partes y dieciocho capítulos, respetando el orden cronológico, a excepción de las tercera y quinta partes, donde preferimos agrupar los textos por actividades o temas. Al inicio de cada parte se incluyen pe-queñas notas sobre las circunstancias que vivíamos cuando los escribí. También, al comienzo de los capítulos, van breves crónicas sobre el contexto histórico de la época, escritas por Alejandro Tasinski y Marisa Gorzalczany. Como anexo final, se incluye un sumario de los proyec-tos más importantes que presenté durante mi labor parlamentaria. In-cluimos entre mis textos, además, documentos políticos relevantes de los grupos en los que participé en estos veinte años.

Finalmente, va mi agradecimiento a los amigos y compañeros sin quienes no hubiera podido armarse este libro. Entre películas, viajes y

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reuniones políticas, estos trabajos dormían en cajones y archivos. Lo-rena Paeta hizo la exploración y Marina Cañe Solanas los desgrabó, Lucía Vera realizó las correcciones y Alcira Argumedo y Félix Herrero nos aportaron sus consejos.

Fernando "Pino" Solanas 3 de abril de 2009

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De la cultura a la política (1989-1991)

En aquellos tiempos de 1987 y 1988, yo venía concibiendo un pro-yecto, que era la creación del mayor centro cultural de Argentina, el Imaginario de America Latina, en el predio de las Galerías Pacífico. Allí había pasado meses recorriéndolas y había filmado la mayor parte de mi película Sur. Con mis amigos, los arquitectos Juan Molina y Ve-dia y Rodolfo Livingston, le dimos forma al proyecto. Era un lugar ex-cepcional por estar en el centro de Buenos Aires, con 40.000 metros cuadrados capaces de albergar múltiples espacios para la cultura: un auditórium para la Orquesta Sinfónica Nacional; varias salas para con-ciertos y música de cámara; un salón para bailar tango; salas de cine y teatro en el subsuelo; un piso entero para hacer grandes exposicio-nes de culturas comparadas; cuatro grandes cafés en el centro de las galerías -el de artes plásticas, el de música, el de teatro y cine y el li-terario-; biblioteca, librerías, hasta una guardería infantil. La origi-nalidad de la propuesta era que debía ser autogestionado por los artistas, y se formó un movimiento apoyado por más de trescientos re-ferentes culturales del país. Menem optó por hacer un negocio: no ha-bían transcurrido cuatro meses de mandato cuando con sus testaferros constituyó una sociedad anónima y les entregó las galerías por treinta años. La denuncia pública fue inútil: pocos nos creyeron. Reinaba "Carlos", el modernizador.

Pocas veces en mi vida sentí tanta soledad e impotencia como en aquel 1991 de la privatización de las mayores empresas del país: YPF y Gas del Estado. Generaciones de argentinos habían realizado en ellas una de sus mayores inversiones y en ese momento se remataban a precio vil, sin tasación ni balance. Yo había descubierto su impor-tancia estratégica trabajando como secretario privado del ingeniero Ju-lio Canessa, en la presidencia de Gas del Estado en 1958. El plan de entrega de Menem había sido pensado en las sombras y ejecutado muy rápido: primero fueron los tres decretos desreguladores de la actividad petrolera de 1989 y el remate de los principales yacimientos; luego vino el decreto del 31 de diciembre de 1990 que anunciaba la transforma-

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ción de las Sociedades de Estado YPF y Gas del Estado en simples sociedades anónimas, cuando se requería su aprobación por el Con­greso. Frente a tanta impunidad, escribía y denunciaba, pero tenía la sensación de estar gritando a la orilla del mar contra el huracán y que nadie me oía. Incluso amigos y compañeros no comprendían lo que es­taba sucediendo y creían que exageraba. Los nuevos dueños de las ra­dios y de los canales, agradecidos por las concesiones que les otorgara Menem a dedo, silenciaron el tema y no hubo un solo debate. En agosto de 1991 el Congreso privatizaba YPF y nadie cuestionó que el presidente de la República viajara a Nueva York para controlar en la Bolsa de Wall Street que las acciones de YPF se vendieran a U$S 19 cuando valían U$S 35. Parecía el negocio de Menem y empresarios amigos que las compraban a la mitad de su precio. Por suerte, Pá­gina/12 me brindó espacio y comezaron a salir varios artículos.

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I. Las primeras batallas

En 1989 finalizaba el primer período presidencial tras el regreso de-mocrático en 1983. La dictadura militar había quedado atrás, pero sus devastadoras consecuencias no. El gobierno radical de Raúl Alfonsín sobrevivía en un 1989 caótico: descalabro económico, hiperinñación y descreimiento popular. El 14 de mayo se realizaron las elecciones presidenciales. El Partido Justicialista —a través del Frejupo- triunfó con un amplio 47% de los votos. Dos semanas más tarde Alfonsín re-nunció ante el Senado, y el 8 de julio, de forma anticipada, la fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde asumió el gobierno nacional. El pri-mer presidente de esta era democrática cesó en sus funciones antes de lo previsto.

Las promesas de "salariazo" y "revolución productiva" generaron la esperanza de millones de argentinos. Sin embargo, incumpliendo sus promesas electorales -con ejecutivos de Bunge & Born como ministros de Economía-, el menemato desarrolló un inicial ajuste ortodoxo para luego aplicar un programa auténticamente neoliberal; siguiendo las directrices del Consenso de Washington. Atravesada por un en-deudamiento externo creciente, esta política profundizó el proceso desindustrializador y privatizador iniciado en 1976.

En nombre de la libertad de mercado y la ineficiencia estatal, el gobierno menemista y las corporaciones de multimedios obtuvieron el consenso de la sociedad para dictar la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica y entregar así las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, YPF, YCF, Gas del Estado, Somisa, Obras Sanitarias y FF.CC. Argentinos. También comenzaron a privatizarse aeropuertos, canales de televisión, puertos, centrales eléctricas, entre tantos otros sectores. Roberto Dromi, entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, confesó: "el país se encuentra de rodillas".

La posibilidad de que existieran rebrotes inflacionarios alarmaba a la población. Fue la situación propicia para que el 27 de marzo de 1991 el cuarto ministro de Economía del período, Domingo Cavallo, enviara al Congreso el proyecto de Ley de Convertibilidad, que fue rápidamente aprobado. A partir del 1° de abril, el peso argentino, en reemplazo del

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obras e imágenes porque a través de ellas se constituyen las memorias y los sueños de un pueblo, su identidad nacional, siempre rehacién-dose, siempre abierta al mundo.

Para continuar en el debate de estos temas y situaciones, publica-mos estas reflexiones sobre los acontecimientos vinculados a Galenas Pacífico. Allí estuvieron en juego dos visiones de la gestión de la cul-tura: una visión privatista basada en el sponsor y el lucro empresarial, y otra basada en la dinamización del espacio público: el Imaginario de América Latina.

EL DESMANTELAMIENTO

Quizá nunca como ahora, durante un régimen democrático, se ha demostrado un abandono semejante -en los hechos, una subestima-ción- de los problemas culturales. Se ha ido muy lejos en la aplicación de políticas que dejan a la cultura a la sola suerte de su rentabilidad económica, como si su razón de ser dependiera de sus posibilidades industriales, o de mercado.

Durante los años 88 y 89 en las vistas al recambio institucional, una vez más numerosos artistas e intelectuales fueron convocados por la clase política y se les pidió elaborar planes. En la exposición de ideas y proyectos surgieron algunas que expresaron no solo viejas reivindi-caciones, sino también nuevas propuestas de leyes bajo el libro, el disco, el cine, el video, la televisión, etcétera. Al mismo tiempo, como quedó evidenciado en el Primer congreso de la Producción Cinema-tográfica -marzo de 1989- se tomó conciencia de que la crisis del cine está ligada a la expansión de la TV y de los videocasetes y de que la cri-sis creativa de la TV y el video no podían resolverse sin la atención conjunta de políticas globales que complementaron esos medios para el desarrollo del llamado espacio audiovisual. En síntesis, que en todas las pantallas y espacios de imágenes y sonido, estatales o privados, se fijaran cuotas de producción nacional y que un consejo del audiovi-sual, constituido democráticamente, velara por el cumplimiento plu-ralista de las mismas.

El gobierno triunfante el 14 de mayo de 1989, pese a haber incor-porado en su plataforma electoral todos esos planes y de prometer tam-bién en el terreno de la imagen y la cultura el urgente relanzamiento productivo, no solo no cumplió con ello, sino que pasó a ejecutar las políticas opuestas. La reforma del sector audiovisual debía democrati-zar definitivamente la televisión, posibilitando a los sectores y entida-des autónomos de la comunidad tener acceso a la propiedad de los

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medios. Esta reforma esencial fue reemplazada por una privatización apresurada a favor de los grupos monopólicos existentes, impidiendo el gran debate sobre cuál era el modelo de comunicación que quería la sociedad y que debía desembocar en una nueva ley de radiodifusión. Sin duda, este ha sido el golpe más fuerte que ha recibido la cultura ar-gentina desde hace décadas, por la poderosa influencia que la televisión tiene sobre el gusto y la información de la comunidad.

De hecho, la cultura está hoy censurada por la crisis económica y el más bajo presupuesto desde muchos años: 0,23% para 1990. Como si fuera poco, se han retirado los subsidios estatales -que eran insufi-cientes- y hasta se expropiaron temporariamente impuestos directos que lellegaban por ley, como fue el caso del cine. Frente a esta situa-ción, cada sector ha involucionado de tal forma que muchas veces en vez de volcarse la energía en la producción de nuevas obras se trata de mantener o salvar lo poco que queda, al increíble punto de que hoy varios teatros luchan para poder pagar las facturas de luz, teléfono, agua o gas, cuyos aumentos gigantescos no pueden ser absorbidos ni en el caso de trabajar a sala llena.

Pero la crisis toca no solo al teatro. En el cine los técnicos, artistas y productores se enfrentan con el mayor paro de actividades de las úl-timas décadas: apenas rodarán este año 1/3 de la producción anual; el total de espectadores que acudió a las salas en 1989 fue de 30% de los habidos en 1984 y, además, se produjo un rebrote de la censura -caso Kindergarten—, que es una franca provocación a su abolición en 1984. Jamás como en estos tiempos hubo menos conciertos, recitales y es-pectadores, ni se editaron y vendieron menos discos, libros y obras plásticas, ni fueron clausuradas o vendidas la mitad de las salas de es-pectáculos, cine o teatro, lo que representa quizás el mayor atentado contra el patrimonio cultural de la Nación. En suma, la situación de paro en que se encuentra la cultura está volviendo a producir en el país un nuevo exilio interior y exterior.

Esta situación de paro afecta gravemente la realización de las obras de cultura y la actividad intelectual del país. Es cierto que un país con grandes tradiciones culturales y una fuerte red creativa existente en la sociedad no puede ser doblegado fácilmente. Por otro lado, bajo si-tuaciones de censura o de penurias económicas, no solo también se crea, sino que a veces se generan las grandes obras que son espejo de un momento histórico o de un drama colectivo. También es cierto que muchas veces hay grandes destellos de creatividad en el seno de la in-dustria cultural o de los grandes medios de comunicación rutinizados, y esa misma creatividad podría faltar en los medios alternativos. Las re-laciones entre tendencias creativas y organizaciones productoras de

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cultura son siempre conflictivas y muchas veces, paradójicas. Esto im-plica un debate estético y cultural cuya demora, entre nosotros, también es una característica poco propicia de la cultura argentina.

Pero nadie podrá negar que el descuido de las elementales obliga-ciones del poder público con respecto a la cultura supone un daño irre-parable en el tejido social. Seguirá habiendo obras y vocaciones, pero en un contexto trágico, de disolución del público, de la pulverización del vínculo entre obras y vida pública, entre obras y vida popular. Al po-der público no le interesa la Universidad, a la que desean privatizar o asociar a fundaciones privadas ligadas a grandes grupos económicos; no le interesa el arte como enriquecimiento de la vida urbana, resigna las responsabilidades de gobierno en casos tan ostensibles como el de la Biblioteca Nacional, estimulando a toda clase de mercaderes oca-sionales y dudosos para que auspicien partes de nuestra desmantelada o incompleta infraestructura cultural, con la excusa de que no se puede inferir en el nuevo mecenazgo de las agencias multinacionales o em-presarios ungidos por el bochornoso círculo áulico del poder.

A ellos no les interesa, en definitiva, la ciudad como hecho cultu-ral, popular, democrático y público. La privatización del zoológico, la Costanera, Puerto Madero y otros espacios de nuestra democracia cul-tural urbana, muestra el punto inaceptable al que ha llegado una con-cepción irracional. Increíblemente, la falta de imaginación, conjugada al desprecio por la vida pública, los llevó a declarar que la demolición del Albergue Warnes era un hecho de planificación urbana, en vez de buscar soluciones creativas que no omitieran con tanto asco que allí existían dos enormes edificios reciclables, buscando nuevos consensos entre los propietarios del terreno y la población, para usos alternativos.

EL CASO DE GALERÍAS PACÍFICO

Es natural que en este contexto nuestra iniciativa de que el go-bierno le cediera a un colectivo cultural representado en la Fundación Imaginario de América Latina el uso y administración autónomos de las Galerías Pacífico, es decir, de su total independencia para convo-car a concursos y proyectos, fijar prioridades y políticas, comerciali-zar y administrar sus galerías, refaccionar el inmueble y construir múltiples salas y espacios culturales autofinanciados y autónomos, vino a contrapelo de la furia privatizadora y mercantilista del gobierno y puso en evidencia que su tan proclamada política liberal lo es solo para beneficiar a los grupos económicos en desmedro de los intereses sociales y que, en materia de cultura, una cosa es proclamar en la cam-

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paña electoral la libertad de la cultura y la unión indisoluble de Bor-­es y Marechal, y otra cosa es darle poder de decisión a los artistas e inteléctuales que para el poder siempre fueron imprevisibles, sospe-chosos o peligrosos.

Desde todos los sectores de la cultura hoy comienza a evidenciarse signos de contestación y resistencia al proyecto censor del oficialismo. Son la continuidad natural de una vieja y formidable historia de luchas en defensa de la libertad de expresión, del patrimonio cultural y sus le-gítimos derechos. Sería largo enumerar aquí todos los movimientos sucedidos desde hace varias décadas, pero mencionemos y rindámos-les homenaje a los 60 años del teatro independiente que dio naci-miento a la renovación del teatro argentino y que continuara al final de la dictadura con ese ya mítico movimiento que fue el Teatro Abierto; recordemos también todas las luchas del cine argentino y sus entidades contra la censura, por la defensa de la producción nacional y su obligatoriedad de exhibición, desde la primera ley de cine hasta el Comité de defensa del Cine Argentino y el Cinecon; los reclamos y luchas de los músicos en defensa de sus orquestas y la difusión de la música nacional; las luchas de los artistas plásticos como también de los diversos reclamos de los escritores, el último de los cuales se ex-presó en el boicot al discurso presidencial en oportunidad de un ob-vio y rutinario encuentro de escritores, organizado recientemente en Buenos Aires por el gobierno. No está de más recordar que todos es-tos movimientos y luchas le costaron a la cultura persecuciones, cár-celes, miles de exiliados y decenas de artistas desaparecidos durante la última dictadura.

Por eso es que el Imaginario, que nació como propuesta indepen-diente, pluralista y autónoma, lejos de disolverse o perder iniciativa, se plantea continuar su acción impulsando la resistencia al modelo cul-tural mercantilista.

Nos habíamos comprometido, y ese compromiso no ha terminado, para que Galerías Pacífico con el proyecto Imaginario de América La-tina, se convirtiera en un centro cultural:

a) Que innovase la relación de los administradores públicos con la cultura.

b) Que cambiase la concepción de las actividades culturales en el marco urbano.

c) Que relacionase de un modo original el arte, la vida intelectual, la investigación y movilización democrática de la sociedad.

d) Que combinase criterios autogestionarios, con formas de des-centralización cultural y de aprovechamiento imaginativo de

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un bien público localizado en el centro de la ciudad de Bue-nos Aires.

Aquí queremos historiar y explicar, por su carácter aleccionador, todos los acontecimientos que sucedieron alrededor de las Galerías Pacífico, pues en ellos están contenidos todos los elementos de una lu-cha entre distintas concepciones político-culturales. Se trata, por un lado, de una concepción democrática y participativa de la cultura y, por otro lado, de una concepción empresaria, mercantilista y distor-sionante del espacio público urbano. Lamentablemente es esta última la que hasta el momento ha predominado, luego de la "batalla de las Galerías Pacífico".

Aunque a los argentinos ya nada nos espanta, queremos reseñar la manera notoriamente escandalosa con la cual se cedió el predio, por treinta años, sin licitación ni ningún tipo de anuncio público, a una so-ciedad que aún se estaba constituyendo, que no tenía personería, que es propiedad del empresario David Sutton y que lleva como presidente a un empresario hotelero. Ambos son amigos personales del presidente de la República, lo cual agrava aún más el conjunto de graves irregu­laridades que caracterizó todo el trámite. Como señala el abogado Ju­lio Raffo, quien siguió todo el procedimiento, el propietario del predio, Ferrocarriles Argentinos, convocó sin difundirlo a un "concurso pri­vado", y al día siguiente preadjudicó el inmueble a Galerías Pacífico S.A. ¡En veinticuatro horas examinaron la propuesta y expidieron un dictamen! La Secretaría de Cultura prefirió recibir un minúsculo por­centaje dentro de un shopping, en vez de utilizar todo el edificio en un nuevo proyecto cultural. Todo adquiere un turbio aspecto, tan al estilo de los hechos oscuros que presenciamos a diario, y por el cual un sec­tor de personas que aprovechan su condición de funcionarios públi­cos establecen acuerdos de negocios con grupos empresarios a los que ofrecen ventajas emanadas del uso irregular, o directamente ilegal, de los bienes e instrumentos públicos.

La empresa ganadora, indica Julio Raffo, era tan joven como feliz. Había sido construida cuatro días antes. Su trámite de inscripción ni si­quiera había sido iniciado. Quizás en homenaje a esta celeridad o a la volátil existencia de esta empresa sin empleados, sin inscripción y sin proyectos, Ferrocarriles la calificó de "empresa de primera línea y re­conocido prestigio, con idoneidad específica". Poco después, Ferroca­rriles advirtió que el "concurso privado" era violatorio del reglamento de contrataciones, pero con envidiable buena voluntad, salvó este in­conveniente con una resolución por la cual la cesión se convierte en una "contratación directa". Galerías Pacífico, en este brutal trámite pri-

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vatizador, no se diferencia de otras privatizaciones hechas con desati-nada furia y gran placer destructivo. Las fuerzas democráticas y popu-lares argentinas estarán sin dudas en condiciones de examinar en el futuro todas estas lamentables decisiones, propias de una época de de-gradación política, y reorientar efectivamente la propiedad pública al servicio de la sociedad, y no de particulares que desean en el mejor de los casos hacer "buenos negocios", y que no es raro que resulten un grupo más de la galería de "buenos muchachos" con los que este go-bierno gusta relacionarse.

EL CONFLICTO

La idea de transformar Galerías Pacífico en un gran centro cultu-ral fue motivo de muchos estudios anteriores. La Facultad de Arqui-tectura había albergado muchos de estos estudios y proyectos. En todos los casos, se trataba de preservar un tesoro arquitectónico casi cente-nario, exponente de la gran arquitectura ecléctica destinada a las Ga-lerías que habían revolucionado el mundo urbano en el siglo XIX. En nuestro proyecto incluíamos la idea de generar un vértice cultural en pleno centro de la ciudad, dedicado a revolucionar el modo en que se presentan y se relacionan con la sociedad los eventos culturales. El tema al que apelábamos era una idea latinoamericana del arte, no como una interpretación ya dada del arte y la cultura, sino al contrario, como un llamado a rescatar su carácter abierto y mixturado. Queríamos des-tacar la permanente relación de creatividad y conflicto entre lo cos-mopolita y las tradiciones resistentes y violentadas de América latina, pero no como cartilla estética prefigurada, sino reconociendo una te-rritorialidad que siempre invita a nuevas aventuras creativas. Esta pro-puesta de integración latinoamericana basada en hechos culturales, lejos de atarnos a una corriente estética determinada, indicaba la ne-cesidad de retomar las iniciativas culturales a escala subcontinental, debido a que las políticas de "integración" se encuentran inmovilizadas por una concepción mercantilista, sometidas a los proyectos particu-lares de elites económicas y políticas en cuyo epicentro se encuentran las grandes compañías transnacionales, y también las burocracias es-tatales que suelen ser ámbitos de acumulación económica al servicio de sectores prebendanos.

Desde hace muchos años, otros países de América latina pusieron énfasis en esta necesidad. Así surgió el Memorial de América latina en San Pablo, Brasil, un modelo de democracia y pluralismo cultural, concebido por Darcy Ribeiro y construido por Oscar Neimeyer, uno

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de los creadores de Brasilia y de la arquitectura brasileña de vanguar-dia. También en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre, se acaba de crear la Casa de Cultura Mario Quintana, enteramente financiada por el Es-tado, y que producirá un gran impacto en la vida urbana, con un polo cultural de gran envergadura, situado en el viejo hotel reciclado y sal-vado de la especulación inmobiliaria. En Cuba, es conocida la tradi-cional actividad de la Casa de la Cultura, y más recientemente la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano, que dirige García Márquez, siendo actualmente la más importante escuela de cine del continente.

De este modo, el Proyecto Imaginario de América Latina se colo-caba dentro de una serie de decisiones que otros países habían tomado. Decisiones que implicaban vínculos nuevos y originales, produciendo una nueva interrelación con otros centros culturales de carácter aglu-tinador, existentes en nuestro país como el Municipal San Martín o el Centro Recoleta. Un proyecto así, lejos de ser gigantista o centraíiza-dor, revitalizaría todos los ramales culturales del país, fortalecería la idea de la ciudad como sede de la democracia y el pluralismo cultural, reconstruiría el tejido social del Centro de la Ciudad de Buenos Aires y permitiría expandir los límites de la obra cultural hacia todos los cen-tros de recepción del interior del país y de Latinoamérica.

Afirma Juan Molina y Vedia, quien junto con Rodolfo Livingston fue el autor del proyecto originario Imaginario de América Latina que "la ciudad es siempre cultura de acumulación, pero la cultura de saqueo amenaza dar vuelta la historia". El Imaginario también se pro-ponía, entonces, disputar lo que en palabras de Molina y Vedia, sería "el destino de la ciudad encadenado a un denso tejido publicitario que se presenta a sí mismo como al margen de ideologías", con lo que "los actuales lobbies, grandes operadores económicos y políticos, sir-ven en bandeja la posibilidad de cobijarse bajo el sponsoreo a todas las variantes de la actualidad cultural sumisa". Esto es lo que quería el Imaginario discutir: la cultura proyectándose como una formidable máquina creativa, capaz de derrotar los muros internos que construye la ciudad con una estratificación cada vez más injusta, con menos usufructo de bienes públicos por parte de la población cada vez más castigada.

Por eso, el Imaginario era una utopía urbana que entroncaba con numerosas experiencias de esta índole concebidas por todas las socie-dades en distintos momentos de su historia. Dice Rodolfo Livingston, que la arquitectura es un hecho público que sustenta la soberanía so-cial. "La dimensión social de la felicidad humana se da en la toma de posesión del espacio, de las plazas, de las costas, las calles y los edifi-cios públicos." Esta concepción de la democracia social aliada a la cul-

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tura arquitectónica, como base de la felicidad y la dramaticidad pú-blica, son parte de una concepción urbana que el Imaginario transitó y sigue transitando, porque, como siempre dijimos, el Imaginario era una lucha y las luchas continúan.

Esta idea urbana-democrática se conciliaba perfectamente con una idea del arte como una manifestación del conflicto histórico de las so-ciedades y como una lucha de interpretaciones donde se expresan di-versas identidades y visiones del mundo. Así lo evidencian en su obra y en los escritos con los que participaron en el proyecto Imaginario tanto Javier Torre como Luis Felipe Noé y Ricardo Carpani.

Multidisciplinario, concebido para fomentar la mayor comunica-ción entre distintos lenguajes y sus artistas, así como el contacto con un público desafiado a nuevas experiencias, el Imaginario tenía su fun-damento económico en un audaz plan de autofinanciamiento, correlato estricto de su propuesta autogestionaria de la cultura.

La forma organizativa que se daría sería la de Fundación, cuya di-rección y administración contaría con representantes de las artes, la vida intelectual, funcionarios del área cultural del poder público; todos extraídos de consultas generalizadas en todos los sectores, de modo que su cuerpo de gobierno fuese la fiel transcripción de tendencias, opiniones y sentimientos existentes en la sociedad. Además de esto, un Consejo Asesor estaría integrado por artistas, intelectuales y científicos argentinos y latinoamericanos, de obra reconocida y efectivo compro-miso democrático.

En cuanto a la financiación de este vasto proyecto, se había pen-sado un original sistema de gestión de los negocios existentes en la planta baja, de modo que la administración comercial de los mismos, a cargo de la Fundación, debería proveer los recursos económicos ne-cesarios. Al respecto, es necesario aclarar que las diferencias de este proyecto con la actual situación de las Galerías Pacífico no es que el nuestro tuviese el 70% del área para cultura y el resto para uso comer-cial, invirtiéndose esa proporción en el proyecto oficial, que contempla 75% para el sector comercial y 25% para cultura. No se trata simple-mente de una diferencia porcentual, sino de concepciones totalmente diferentes. En nuestro proyecto, no hay división tajante entre cultura y "galería comercial", pues todo el edificio sería una usina cultural y no un shopping center, con lo cual los comercios no impondrían una estética ni un régimen de comercialización caracterizado por una ideología de mercado. Los comercios deberían tener proporciones, motivaciones, temáticas u objetivos condicientes con el destino del edificio. En este sentido, también iba a ser una experiencia singular de autofinanciación y autogestión, con concepciones comerciales in-

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novadoras, y un modelo novedoso de relación entre galeristas y el com-plejo cultural sobre el cual pivoteaba todo el proyecto.

Pero las desinteligencias con la Secretaría de Cultura comenzaron de inmediato. Esto es ya historia conocida. Quedaba claro que había dos proyectos; uno era el de la Secretaría de Cultura que, a pesar de su nombre, asentaba toda su idea en un shopping con "fachada cultural" con una idea residual, inocua y colonizada de la cultura, y el nuestro, que planteaba, quizá por primera vez en la historia de la cultura ar-gentina, la posibilidad de que los sectores culturales del país protago-nizaran una experiencia trascendental de autogestión creadora. Esto hubiera significado una pequeña revolución en nuestros usos cultura-les y la relación con el poder público. Se hubiera ampliado la frontera del debate intelectual y se hubieran gastado condiciones para una gran asamblea de todas las corrientes estéticas y de todos los artistas del país, para discutir los derechos de la cultura.

La movilización realizada permitió, sin embargo, que el edificio fuese declarado monumento histórico nacional, con lo cual quedó pro-tegido de otras aventuras inmobiliarias. Lamentablemente, esto no al-canzó para protegerlo de la ideología mercantilista y privatista del shopping. Esta concepción de la cultura es en última instancia elitista, a pesar de su proclamación de populismo. Degrada la vida pública y los compromisos culturales del país, impone el imperio de la trivialidad, la cofradía de negocios, amparada por el funcionario oficial, y pervierte la democracia urbana, consagrando criterios cada vez más desiguales de usufructo del espacio colectivo.

Se afirmó que el proyecto Imaginario era una pasión personal de in-dividuos sin "recursos propios", no es este el lugar para detenernos en agravios y torpezas. Una lucha envuelve pasiones personales. Y no te-ner recursos personales puede ser en estos tiempos una garantía. Nues-tros recursos son nuestras ideas, sometidas a discusión democrática.

Deseamos agradecer a todos los que acompañaron esta experien-cia, que no consideramos concluida. A todos los que participaron en las reuniones del Imaginario, Juan Molina y Vedia, Rodolfo Livingsotn, Ja-vier Torre, Luis Felipe Noé, Ricardo Carpani, Alcira Argumedo, Hora-cio González, Martín Caparros, Jorge Dobal, Liliana Andreone, Marta Santore, Ricardo Goldfeld, Ana Gavensky, Cristina Bartolucci, Daniel Egea, Bety Bensusan, Elba Ferreira, Dalila Silvia Quirino, Silvia Valdés; y a los que también destinaron el poco tiempo del que disponían para apoyarnos con opiniones y trabajos, como Mauricio Kartún, Ricardo Bartís, Jorge Sposari, Gabriela Borgna, Verónica Rímuli, Sibila Camps y a tantos otros que se acercaron, nuestro agradecimiento. Hubo mu-chas discusiones y acaloradas defensas de opiniones. Este folleto no

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necesariamente contiene ideas que deban ser atribuidas en toda su ex-tensión a las personas mencionadas, pero estamos seguros de que el espíritu de movilización y compromiso con la creación libre, nos en-vuelve a todos. Un multitudinario acto en Babilonia que los medios de comunicación omitieron, donde actuaron Fito Páez, Horacio Fontova, Raúl Camota y Liliana Herrero, animado por Mona Moncalvillo y al cual concurrieron más de 2000 personas, fue una muestra de apoyo que agradecemos con gran cariño, a la espera de poder reunimos nue-vamente para retomar el compromiso con una utopía censurada.

REFLEXIÓN FINAL

Estamos ante un despojo, un despojo más. Este despojo tiene como víctima a la vida cultural-intelectual del país. El Congreso quiso inves-tigar, a través de varios pedidos de informes, las graves maniobras y fraudes que se hicieron en Galerías Pacífico. Esta investigación debe re-alizarse cabalmente a través de acciones parlamentarias, así como debe redebatirse el modelo comunicacional y de transportes, a fin de que sea la sociedad, democráticamente, la que determine la modernización de los servicios, el papel que debe jugar el Estado en los intereses pri-vados que deseen contribuir legítimamente y con equidad. No es lo que se ha hecho. No es lo que se sigue planificando, con el propósito de desmantelar recursos públicos e instituciones de interés social. Ferro-carriles, canales de televisión, teléfonos, todo se ha hecho improvi-sadamente y, para cumplir con un "ideologismo", a espaldas de la realidad. Había que privatizar a toda costa, sin diferenciar las aventu-ras financieras de los organismos sociales no estatales, instituciones privadas de interés social y empresas dispuestas a participar de la di-namización de la sociedad sin guiarse por lucros salvajes, rápidos e irracionales. Como consecuencia de ello, se ha deteriorado la vida cul-tural; producir obras es un privilegio de pocos y están desapareciendo los espectadores. Al mismo tiempo, salvo muy pocas excepciones, la te-levisión privada se convirtió en un órgano banalizador de la vida pú-blica, a lo que se agrega la privatización brutal del espacio audiovisual público, a través del "loteo" sigiloso de emisiones, destinadas a la pro-paganda encubierta.

Están cayendo las últimas salas de cine, la Universidad está aban-donada a su suerte, las salas de teatro se encuentran acosadas por im-puestos delirantes, el impuesto que iba a parar a las arcas del Instituto de Cine llegó a ser confiscado sin mayores protestas, el Fondo Nacio-nal de las Artes ya no tiene fondos y la Biblioteca Nacional depende de

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una rifa de automóvil. Las autoridades culturales están ahí para con­validar todo o para favorecer estos negocios. Por eso, se impone una gran investigación parlamentaria. Y en el caso de Galerías Pacífico, es posible rescindir un contrato irregular e ilegal, de hecho un saqueo a la cultura.

Si el Parlamento reviera la medida, es preciso rediscutir el destino de Galerías Pacífico. El Imaginario fue una lucha y un proyecto. Fue la única lucha que hubo, pero no quiere decir que sea el único proyecto sobre Galerías Pacífico ni que nos arroguemos la representación del conjunto de la cultura. Es necesario seguir peleando estos espacios. En muchas oportunidades escuchamos críticas a la manera en que reali­zamos esta lucha, que podría parecer un enfrentamiento personal o un enfoque desacertado sobre las políticas culturales. Si hay una nueva oportunidad de discutir el destino de Galerías Pacífico, con una revi­sión parlamentaria de por medio, debemos proponer nuevas argu­mentaciones y afinar las que hemos usado. Si pudiéramos realizar una gran asamblea de la cultura efectivamente representativa que diera más aire a nuestras discusiones, Galerías Pacífico podría ser un gran motivo para perfeccionar todo lo que los intelectuales y artistas son capaces de decir sobre las políticas culturales en nuestro país. No está de más re­petir entonces que "sigue la lucha". Por eso, no nos parece excesivo, con el sabor de los viejos tiempos, terminar con dos frases enfáticas:

El parlamento debe declarar nulas las adjudicaciones ilegales del patrimonio público.

El proyecto Imaginario es uno más entre los proyectos que pueden discutirse o mejorarse para darle uso socio-cultural a un inmueble público.

Fuelletos, Buenos Aires, agosto de 1989.

Despanzurrando chanchos

En un país donde los caballos montan a los jinetes, los economis­tas mandan a los políticos y los sponsors a los artistas, no resulta sor­prendente que el secretario de Cultura me amenace con un juicio por calumnias, mientras afirma que soy ordinario, nada democrático, revo­lucionario fracasado y ávido comerciante que se oculta tras un manto

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cultural. Más allá de sus divertidas piruetas políticas, el señor secreta­rio siempre se destacó por sus humoradas. La última de ellas la come­tió al proclamarse inventor del acuerdo con Bunge y Born y conseguir que el ministro Rapanelli lo retribuyese con el 0,23% del presupuesto nacional, el más bajo para Cultura de toda la historia argentina.

Más allá de estas curiosidades, lo cierto es que este no es un con­flicto entre un funcionario y un director de cine. En toda confrontación de posiciones, desde luego, hay personas involucradas, pero siempre es posible señalar los intereses generales y sociales que están en juego. Digámoslo una vez más. En el caso de Galerías Pacífico, se trata de un conflicto entre el gobierno y la sociedad, entre una visión estrecha y torpe de la cultura y un proyecto de recuperación colectiva de un bien cultural amenazado.

Le han entregado a un empresario amigo del presidente, por treinta años y sin licitación alguna, las tres cuartas partes del predio de las Ga­lerías. La alternativa era la creación de un gran centro cultural -que propusimos llamar Imaginario de América Latina—, proyecto autofi-nanciable y dirigido por una fundación que representaría a todas las ex­presiones de la cultura y de las corrientes de pensamiento del país, además de representantes de la Secretaría de Cultura.

Se trataba de una experiencia inédita: cogestionar entre los admi­nistradores culturales provenientes del poder público y los propios in­teresados -artistas, intelectuales, críticos, espectadores- lo que sería el mayor centro de cultura del país.

Sin la autoiniciativa de los creadores culturales, como la historia de este país lo deja claro, nada se hubiera hecho. En la marginalidad cul­tural, en los sótanos y en los cafés, en las cooperativas y en los barrios, en los talleres plásticos o literarios, el teatro o el cine independientes se produjeron las grandes ideas y obras de la cultura argentina. Sin este ejercicio de la autonomía estética, política y económica, no hay vida y debate cultural. El Estado y los políticos deben reconocer todo esto e intervenir en el debate, gestando espacios compartidos, sin empeñarse en convocar a la cultura solo cuando lo requieren los eventos electo­rales, para luego encerrarla en una vitrina como florero o silencián­dola con la falta de presupuesto o la represión.

Personalmente siempre concebí el arte junto a la responsabilidad social y a la crítica política, como una suerte de militancia que conjuga invención y belleza con ética y principios. Por eso no me callo. Si veo que Aerolíneas o los ferrocarriles se van a entregar a la Citicorp, a canv-bio de bonos de la deuda externa que se cotizan al 15% de su valor no­minal, o las Galerías Pacífico, que son también de Ferrocarriles, a un empresario del círculo íntimo del poder, tampoco me callo.

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Pero el señor secretario de Cultura me mandó a hacer cine y a ca­llarme, mientras protagonizaba junto a sus dos visionarios colabora­dores un meteórico rol en la serie de ATC titulada Un gavilán nos corrió... Yo, que sé de su habilidad para cultivar tomates o hacer fac­turas o chorizos, me privaré de enviarlo a su doméstica pasión de des­panzurrar chanchos y le pediré, en cambio, que no trate de reemplazar con ataques personales y macanas el debate que sobre este tema la co­munidad espera.

Por mi parte, seguiré haciendo cine, claro está, en mi país, y seguiré hablando a pesar de la censura a la que, de hecho, estoy sometido.

Casi todas nuestras denuncias fueron levantadas de la televisión por "consejo" del gobierno. Hablaré fuera y dentro de mis películas. Ya lo hice en el pasado y los uniformados de mal carácter me forzaron al exilio. Siempre me opuse a la confiscación de la cultura por el po­der y al vaciamiento de la economía por los intereses antinacionales. Lo hice en la década del 60 y me vi obligado a hacerlo mientras go­bernaban los radicales frente a la corrupción y endeudamiento de los canales estatales. También debo hacerlo ahora ante las inmoralidades y obscenidades que se exhiben alegre y desaprensivamente desde los actuales elencos gubernativos.

Quiero agradecer a tantos amigos que me hicieron llegar su soli­daridad y se pronunciaron mientras estuve ausente, preparando mi pe­lícula El viaje por América Latina. Este es un conflicto mayor, entre la injusticia social y el compromiso con los desposeídos, entre el país sa­queado y humillado y las nuevas generaciones. Seguiremos hablando, seguiremos filmando, con y desde ellos.

Página/12, Buenos Aires, 12 de marzo de 1990.

"Acuso a Menem de corrupción y traición"

"Yo he sido censurado por orden de la Secretaría de Prensa y Difusión para que no pasaran ninguna de mis denuncias sobre el negociado que se hizo con relación a las Galerías Pacífico."

-¿Qué pruebas concretas tiene para afirmar esto? -Hoy hay censura sin que haya traza de censura, pero alcanza

con una llamada telefónica. No hay una orden escrita ni listas como

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en la época de la dictadura. Igualmente -y como siempre- la televi­sión argentina es una máquina de represalias. En concreto, a mí me han dicho en los noticiarios de todos los canales que hubo orden de Cultura y de Prensa y Difusión de no pasar mis declaraciones, y te es­toy hablando de un proyecto como el del Imaginario de América La­tina, al que se sumaron intelectuales de la talla de Sabato, Yupanqui, Noé, Caparros, Livingston, Torre y muchísimos más. ¿Cómo es posi­ble que doscientos intelectuales no hayan podido acceder a diez mi­nutos de discusión por televisión? El único canal que se atrevió a venir a nuestra conferencia de prensa fue el 11, porque el jefe del no­ticiario se impuso y vino. Abraham fue el único que se animó a pa­sarlo en la edición de las doce del mediodía. Inmediatamente sonaron todos los teléfonos, no se pasó más, y Abraham quedó en la calle. Luego Jacinto Gaibur se enteró de lo que pasaba y me hizo una gra­bación. Pudo pasar unos minutos por TV, pero finalmente lo boico­tearon. En Canal 2 me grabaron veinte minutos para que al final saliera todo recortado.

—¿ Usted siempre grita así? -Por suerte me apasiono y reacciono contra la hipocresía de un

país donde todo el mundo habla en el mismo tono para referirse a los verdugos, a los mártires o a los ladrones. Yo he tratado de mantener mi capacidad de asombro y de indignación intacta. El día que la pierda ha­bré perdido la pasión no sólo por el país sino por la vida. Todavía me indigna el saqueo del país y justamente yo querría que los intelectua­les y artistas argentinos tomemos conciencia de muchísimas cosas: no somos una fuerza que pueda estar marginada de la problemática na­cional. La clase dirigente le ha hecho sentir a los artistas que la cosa pú­blica no es suya; el poder oligárquico y militar siempre luchó para separar a los artistas de las grandes causas populares.

-Volviendo a los medios, el presidente Menem afirma que en los canales reina absoluta libertad. Y además la mayoría son privados...

-Acá se entregaron los canales, se los privatizó antes de que se de­batiera la ley de radiodifusión para dárselos a los grupos monopólicos informativos. Y yo te puedo decir qué es lo que ha ejecutado este se­ñor Menem: puso en marcha el modelo comunicacional del conserva­durismo neocolonial argentino imposibilitando a los trabajadores, la CGT o la Universidad siquiera un mínimo espacio. El propio Rachid nos había prometido a un grupo numeroso de gente ligada al campo audiovisual y artístico que los canales no se iban a privatizar antes de la ley de radiodifusión. Semanas después nos enteramos de que la pri-vatización de los canales estaba en la ley de emergencia. Fui al Con-greso, hablé con más de cincuenta diputados, entre ellos Pierri, que

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-A propósito de su peronismo y del proyecto político-económico que hoy está encarnando Menem, ¿no cree que Perón, con mucho más tacto, habría implementado las mismas políticas en esta situación?

-En absoluto, creo que es una infamia calumniosa y un descono­cimiento total intentar emparentar ni remotamente la figura de un hombre como Juan Domingo Perón con el caudillejo demagogo con­servador que es Carlos Saúl Menem. Ni remotamente... Hay que leer a Perón, el estadista, el de las grandes ideas revolucionarias. Todavía hay muchos que no lo han leído.

—¿Cuál es su recuerdo del peronismo y la Triple A, López Rega, los diputados expulsados del Parlamento?

- E n el peronismo, en el radicalismo y en cualquiera de los mo­vimientos populares, la derecha y el enemigo siempre tratan de infil­trarse. Si no, no comprenderíamos cómo el yrigoyenismo termina siendo el alvearismo en el año 30. De la misma manera, sería real­mente gorila con pelos hasta en los ojos decir que todo el peronismo es Menem o la Triple A.

-¿Cómo analiza el rol de Cañero al frente del Partido Justicialista? -Cafiero es una especie de monigote que está haciendo un ridículo

papel al no oponerse de manera clara a la actual política. Perón definió al movimiento como de izquierda nacionalpopular, antiimperialista. Entonces, tenemos que preguntarnos si estos señores son ignorantes, cómplices o corruptos. En cualquiera de las tres categorías, yo les digo: "Señores, tienen que irse". Pero además les quiero decir al conjunto del partido peronista y al gobierno que de lo que ellos no se dan cuenta es de que en estos momentos el pueblo argentino los está procesando. Acá hace meses que los argentinos les hemos abierto proceso a los Menem, los Cafiero, los Dromi, los Manzano y a toda esa suerte de carnaval trai­dor que es el menemismo.

—¿Recibió algún tipo de amenaza de provocación por el tenor de sus declaraciones? Le hago esta pregunta con el antecedente de que ya en un sindicato opositor con los actuales lineamientos políticos apa­reció misteriosamente una bolsita de cocaína...

-No , pero en general sé de todas esas mañas. También sé que me escuchan los teléfonos, me los pincharon varias veces, me cortan co­municaciones e incluso dialogué con mis escuchas. Es sabido que esta gente hace cualquier cosa con tal de complicar a quien no se calla. Le ponen bombas, droga, armas... Yo seguiré con mi obra comprometida con los argentinos y no me iré del país.

-¿Nunca pensó dedicarse de lleno a la política ? -No , de lleno no, ya que no tengo la paciencia para la cosa polí-

tica. Los artistas o los intelectuales nos movemos detrás de nuestra

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energía a favor de los principios de la ética. Hacemos una militancia de ciertas utopías.

Entrevista de Gerardo Yomal. El Porteño, Buenos Aires, marzo de 1990.

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II. El atentado

La escalada de denuncias y declaraciones culminó el 21 de mayo, con la presentación de Solanas ante el Juez Federal Martín Irurzun. A la salida, en las escalinatas del Tribunal, hizo fuertes declaraciones ante los medios de comunicación. Al anochecer del día siguiente, en la playa de estacionamiento del Laboratorio Cinecolor, en Olivos, recibió seis disparos en las piernas. Mientras era trasladado en camilla, hacia el hospital, Solanas responsabilizó a Menem por el atentado y denunció: "las mafias se están robando el patrimonio público". Ese mismo día, horas antes, la referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bona-fíni, recibió un llamado con la siguiente advertencia: "A vos no te va­mos a dar en las piernas, sino en la cabeza".

El atentado cambió la vida de Solanas. El silencio o un nuevo exi­lio -como durante el último régimen militar- eran las opciones que se le presentaban. Creía que, si sus palabras dolían tanto, era porque mos­traban una gran verdad nacional. Pero advertía: "Estoy grande para callarme o andar jugando a las escondidas".

El proceso de rehabilitación le demandó meses, por lo que debió posponer la finalización de su película El viaje, prevista para ser pre­sentada en el festival de Venecia en 1991. La postergación y renegocia­ción de todos los contratos firmados puso a su productora al borde de la quiebra. Finalmente, logró terminarla y estrenarla en Cannes en 1992.

"No estoy dispuesto a callarme"

El próximo martes, el director de Sur declarará en el juzgado de Martín Irurzun a causa de la querella por injurias que le inició el pre­sidente Carlos Menem por sus declaraciones a la prensa. "A esta altura de mi vida no estoy dispuesto a callarme. Me preocupa que estemos ante un gobierno que ha perdido todo viso de ética, de moral y de le-

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gitimidad. Es por eso que ratificaré todas estas cosas que vengo di­ciendo con respecto a la gestión de Carlos Menem", adelantó Solanas en esta entrevista de Página/12.

"Menem es una persona muy inculta. El mayor valor que tenía lo perdió cuando se acercaron las elecciones y empezó con sus traiciones. A Menem nadie lo seguía por ser un estadista, ni un hombre inteligente, ni culto. Su figura más simpática era la de un hombre popular del Inte­rior que despertaba confianza porque había pasado cinco años en Las Lomitas y venía con camperita, jugándola de muchacho bueno, de com­pañero leal. De ahí, al Menem con sus patillas recortaditas y con su pa-ñuelito de seda, al pobre dirigente del Interior que queda fascinado por la gran franela de la metrópolis y de la farándula. En realidad, aquel in­teresante dirigente del Interior que hablaba de Facundo y de la América morena estaba añorando ser un tilingo más en el mundo de la farándula, de la frivolidad del unitarismo porteño." Con estas palabras Fernando "Pino" Solanas traza el perfil del presidente que decidió iniciarle que­rella por injurias como consecuencia de sus declaraciones a la revista Noticias en la edición del pasado 10 de marzo. El próximo martes, a las 11, el cineasta deberá ratificar o rectificar sus dichos ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de Martín Irurzun.

"A esta altura de mi vida no estoy dispuesto a callarme estas cosas -dijo Solanas a Página/12-. Me preocupa que estemos ante un go­bierno que ha perdido todo viso de ética, de legitimidad. Es por eso que ratificaré todas estas cosas que vengo diciendo con respecto a la gestión de Carlos Menem."

Para empezar, el director separa las aguas: "No quiero que esto se reduzca a un conflicto personal entre Menem y yo", advierte. "El peli­gro aparece - d i c e - cuando las personas ocupan funciones públicas a las cuales llegaron para cumplir el sagrado mandato del electorado de realizar un proyecto, y lo estafan cometiendo el más corrupto de los ac­tos. Si no existe una legislación que penalice esto, hay una gran inde­fensión para la sociedad argentina." Una aclaración vale la pena: "A este gobierno de peronista no le queda nada. Yo lo voté -acep ta - pero he sido estafado en mis narices. Estoy hablando desde el lugar de al­guien que ya no quiere comer mierda. Uno de los puntos débiles de esta incipiente democracia es el gran descreimiento que hay en la gente y que termina con el pedido de que aparezca un hombre fuerte, un re­dentor que nos saque de esto. Ese fatalismo se une a la campaña insi­diosa que desarrollan los medios de comunicación, sobre todo la televisión, cuyos principales programas de opinión están en manos de gente que colabora con esta imagen de que no se sabe por qué existe

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esta profunda crisis argentina y de que todos somos responsables por ser malos administradores. Una serie de mentiras gigantes".

-¿Usted afirmaría que la libertad de prensa y de expresión están en peligro?

-Por supuesto. Aquí hay que distinguir lo epidérmico y formal, de lo de abajo. El cascarón y la máscara dicen que aquí funciona la demo­cracia. Pero esto no es así desde que a partir de 1989 este señor, votado por las mayorías, se puso a ejecutar el proyecto del partido ultramino-ritario que era el enemigo de las masas que lo votaron. A partir de esta estafa no tiene ninguna legalidad la gestión de este gobierno, y debe­ría ser decretada nula si tuviéramos una mayoría parlamentaria digna, honesta, no traidora y estafadora. Creo que todavía están a tiempo los legisladores para acercar el bochín al compromiso que asumieron éti­camente con sus votantes. El país entero ve azorado a una capa de di­rigentes que trenzan en internas entre ellos y los castiga como en la elección para la constituyente de la provincia de Buenos Aires: los dos partidos mayoritarios pactaron en la cúpula y no obtuvieron ni el 40% de los votos. Todos los argentinos estamos de acuerdo en una alterna­tiva mínima: que se cumpla la Constitución Nacional. Queremos que haya proceso y cárcel para los funcionarios, banqueros, empresarios y políticos que estafen, roben o traicionen el mandato del voto.

—Volviendo al tema de la libertad de prensa, usted ha criticado en múltiples oportunidades la gestión de gobierno de Carlos Menem, sin embargo esta es la primera vez que se lo demanda judicialmente. ¿Esto implica un recorte progresivo de la libertad de prensa?

-Por supuesto. Esta es una intimidación. Este gobierno tiene una larga trayectoria de prepoteo a los trabajadores de todos los niveles. Si no, basta recordar el "ramal que para, ramal que cierra". Estando yo en Tierra del Fuego, este señor Menem vino a inaugurar no sé qué estación de servicio de un amigo de él y terminó amenazando a los empleados estatales que lo silbaron. Aquí existe el apriete por lo bajo. Yo lo viví en carne propia con la estafa groserísima de las Galerías Pacífico. Cuando yo había demostrado que se podían obtener siete millones anuales de dólares para destinarlos a la cultura, las entregaron por treinta años a una sociedad que según el gobierno tenía gran expe­riencia en el tema. Sin embargo, esa sociedad se había constituido cuatro días antes y todavía no tenía reconocida la personería jurídica. Y en­tonces Julio Bárbaro nos dijo que el responsable supremo de esa deci­sión era Carlos Menem. Yo empecé a decir estas cosas y la Secretaria de Prensa y Difusión y la Subsecretaría de Cultura presionaron a cada uno de los medios para que no sacaran ninguna declaración mía. Yo te­nía dos artículos que me iba a publicar Clarín en este momento y no

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salieron. Yo choco con el gobierno de Menem en algo muy puntual como el hecho de que hayan entregado la cultura, la educación y la in­formación a tres o cuatro grupos monopólicos. En un país que no lee, como este, a nadie se le escapa que lo que marca el consumo cultural es la televisión. La estafa política del 89 fue a caballo de privatizar rá­pido los canales, previos pactos de acuerdos políticos para que el pro­yecto liberal-colonial de este gobierno no fuera tocado. Aquí habría que haber abierto el juego con un llamado a debate en el que partici­paran las entidades intermedias. Pero en cambio se hizo de una manera canalla, burlándose de todos los que habíamos participado en los pla­nes para la reforma audiovisual. Los contratos de televisión son otra de las barbaridades corruptas de este gobierno que colocó al frente de la emisora oficial al señor Gavilán. Esta es otra de las barbaridades que el Parlamento deberá tratar y anular junto con todas las otras entregas corruptas. El señor Illia, cuando subió al gobierno, borró de un plu­mazo los contratos petroleros mañosos del señor Frondizi. Esta tradi­ción hay que rescatarla. Yo no acepto la estafa de los teléfonos, como no acepto el procedimiento corrupto de entregar los canales de TV in­cluso a empresarios que han demostrado ser vulgares contrabandistas o compradores de coches a lisiados, como es el caso del señor Vigil. Y ahora viene el manipuleo con las radios de frecuencia modulada y las radios libres.

-¿Cómo piensa probar lo que dice en el juicio que le inició Menem? -Llevaré una enorme carpeta con recortes de diarios que demues­

tran lo que afirmó. Si analizamos a los llamados doce apóstoles del se­ñor Menem, es una pandilla feroz. Peligrosísima.

-¿Cómo maneja usted el tema de que si tiene pruebas políticas, pero no judiciales, no puede salir airoso del juicio?

-Esto puede tener muchas consecuencias, pero estoy decidido a mantener una posición que no se dirige a lo jurídico ni a la superes­tructura política. Se dirige a la gente. Y yo desde la gente digo que la ma­yor parte de los legisladores del partido mayoritario son traidores, porque en lugar de respetar el mandato popular se han prestado a ser instrumentos de legalidad de esta gigantesca máquina de fraude que está vaciando la Nación, además estamos ante una justicia con una Corte Suprema bastante instrumentalizada por el Poder Ejecutivo. Esto se vio muy bien con el caso de Aerolíneas Argentinas. La justicia no escapa a las generales de la ley de las cosas que pasan en las instituciones.

-Pero tampoco aparece del lado de la oposición una opción creí­ble en la que la gente pueda enrolarse...

-La gente ha hecho gestas importantísimas como Tres Arroyos o Catamarca. Lo hicieron espontáneamente, porque no sienten que ten-

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gan representación real, concreta, legítima. Aquí hay una generación que fue quebrada, dispersada, corrida por la dictadura. El tejido polí­tico se está recomponiendo. Estaríamos equivocados si pensáramos que hay un pueblo dormido. Por otro lado, hay que decir que no hay represión directa como la que hemos conocido. La libertad de prensa, a pesar de los aprietes, todavía funciona si la comparamos con lo que hemos vivido en el país. ¿Pero esto es una gracia que nos da el go­bierno o una conquista de los argentinos con todos los dolores del pa­sado? Yo desearía que en este país se potencializara un área civil que vele contra la corrupción y cuide que las gestiones gubernamentales sean en beneficio de la comunidad.

-¿Qué pasa con el Instituto Nacional de Cinematografía? -Yo no he tenido un mango del Instituto para mi película. Pero es­

toy acostumbrado: cuando hice Sur precisaba un tanque que llegué a pedírselo hasta a Jaunarena. Nunca me lo dieron y tuvimos que in­ventar uno nosotros. Fue muy gracioso cuando en una proyección en Alemania se me acercó un señor que era coleccionista de miniaturas y que no conocía ese modelo de tanque. En la película El viaje necesi­taba un tanque Neptuno que jamás me dieron. Para evitar estas cosas solicitamos la declaración de interés nacional para el film que, por otra parte, se la dan a la mayoría de las películas y que no implica que te den dinero. Bárbaro sacó una resolución que le daba esa categoría a El viaje, a pesar de las divergencias y aclarando que no iban a darnos plata. Le contesté diciendo que yo nunca había pedido dinero y que no le reconocía jerarquía moral o cultural a él ni al presidente de la Re­pública para juzgar si mi proyecto era válido.En cuanto al Instituto, apenas funciona. Es curioso que de golpe se ejecute en toda América latina un mismo plan económico, después de estas reuniones de Bush con Gorbachov. En el tema de la comunicación viene toda una ola pri-vatizadora de televisoras y al mismo tiempo la liquidación del cine. Fí­jate que a la Argentina le queda un Instituto de Cine totalmente inoperante; Embrafilme fue privatizada, México queda con un presu­puesto tan escaso que apenas puede actuar, otro tanto sucede con Ve­nezuela. Lo grave es que, cuando un país no puede procesar sus propias imágenes o su propia información, es una colonieta. Acá estamos frente a un plan de integración nacional económica de tos países y de que­brantamiento de su identidad nacional. En la televisión y el video el 90% del material es extranjero, sobre todo norteamericano, y vos no te­nes posibilidad de colocar las imágenes reales de la comunidad. Se me podrá decir que en la TV se muestran cosas de acá. Pero la mayor parte son frivolidades mentirosas de un país. Hay cosas buenas, pero la te­levisión de toda América latina es viciosa. Es una televisión blanca

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occidental. El modelo sigue siendo el chico blanco y rubio y las gran­des mayorías de Latinoamérica están censuradas, no están con su pro­blemática en la pantalla, ni son modelo referencial.

-El hecho de que en este último Festival de Cine de Cannes no hayan participado películas latinoamericanas es un reflejo de esa si­tuación...

-Por supuesto. La Argentina producía treinta largometrajes por año como mínimo. Brasil, entre ochenta y cien. Pero cuando un pue­blo no puede producir sus imágenes es gravísimo. En la Argentina la capa dirigente tiene una idea totalmente instrumental de la cultura: es casi como un adorno. Se convoca a los intelectuales y a los artistas cuando viene alguna etapa electoral porque queda bien, pero está la idea aberrante de que la cultura no es algo necesario, sino un gasto. En televisión se han escuchado cosas increíbles del señor Romay, y esos patrones de televisión. En una reunión en la Secretaría de Cul­tura al comienzo de este gobierno el señor Romay decía que era difícil pasar cine argentino porque los directores no querían que se les cor­taran las películas. Es muy bárbara la concepción cultural de nuestra capa dirigente. Por otro lado, toda la política de Menem no es otra cosa que cumplir los compromisos de pago de la deuda externa y continuar con el viejo proyecto que ya vienen con Martínez de Hoz, el de alinear a la Argentina como una reserva colonial de Estados Unidos.

Entrevista de Adriana Schettini, publicada originariamente con el título de "La hora de los hornos". Página/12, Buenos Aires, 19 de mayo de 1991.

¡Diantres...! ¿Me quiere meter preso?

Tengo la suerte de dormir bien y hasta de tener buenos sueños. Pero cada mañana, cuando me despierto y leo los diarios, tengo la sensación de estar viviendo una pesadilla. Es la historia fantástica de un país en donde fueron creciendo las aguas servidas hasta convertirlo en una cloaca nacional con nuevas especies de ranas y renacuajos. No puedo evitarlo. Una sensación de náuseas me invade y "gluck", no me cabe otra que tragarme una cucharada de "antivómito", aquel viejo jarabe que ya en la década infame recomendaban Jauretche y Scalabrini Ortiz.

No tengo compromisos partidarios, no tengo aspiraciones políti­cas ni busco porque sí confrontaciones personales. Trato de expresarme

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como cualquier ciudadano libre que sólo tiene la voz y el voto para manifestarse. Un día, un bárbaro renacuajo me preguntó: "¿Por qué te metes en política si sos un director de cine?" Y le expliqué que no era un gesto ni ajeno ni provocativo, porque dgcir la verdad es siempre más ético que consentir la mentira. Desde hace treinta años mantengo un compromiso público a favor de un país más justo, digno y demo­crático. Recojo memorias y utopías, penas, alegrías y fantasmas de sus gentes. Denuncio lo que nos duele y avergüenza y por eso fui censurado y debí exiliarme como otros miles.

Días pasados, terminando el rodaje de El viaje, me entero de que el presidente Menem me querella por injurias y me intima con la con­dena de un año de cárcel y a que le pague 500 millones. "Pardiez -me dije-. ¿Aquella historieta fantástica y cloacal que protagoniza el im­postor doctor Rana no me estará incluyendo entre sus víctimas?" Y volví a tomar el jarabe antivómito y pude comprender que la intimi­dación, como la censura latente o dirigida que impera en buena parte de los medios de comunicación, era el estilo del actual cómic nacional. Se intimida a los jóvenes que van a los conciertos de rock, los patotean y reprimen; se intimida a los trabajadores con manoseos indignantes; se censura a los artistas e intelectuales sacándoles fuentes de financia-miento, como pasó con el cine, el teatro y el negociado de las Galerías Pacífico; se desprecia la inteligencia nacional con desmantelamiento científico y tecnológico, y los investigadores siguen emigrando del país.

Pero más alarmante fue la gigantesca estafa ética, cívica y política, como la que tuvo lugar en las elecciones del 89. Las instituciones de­mocráticas quedaron degradadas cuando el candidato triunfante se lanzó a ejecutar el programa de sus adversarios, traicionando el voto de las mayorías que lo eligieron. ¿Hay algún acto más corrupto? ¿Cuál es la condena penal para este fraude? El daño que ha producido en el tejido ético de la Nación es incalculable. Jamás hubo tanto descreimiento.

El sistema liberal-colonial que el presidente asumió sin mandato de su electorado -así como los indultos, el envío de tropas al Golfo, et­cétera- ha convertido al país en una colonia que entrega todo a cam­bio de nada. Es el fruto del delirio antisocial de una clase de dirigentes que perdieron sus raíces populares y prefirieron vivir de rodillas mien­tras la riqueza producida por los argentinos sigue fugando al extranjero. En quince años se llevaron 105.000 millones de dólares para financiar el desarrollo de las metrópolis del Norte... ¿No es esta la fantástica historieta? ¿Es responsable de esto el pueblo? ¿Alguno de los funcio­narios banqueros o empresarios que la posibilitaron está preso?

Si siguiéramos la lógica de este perverso sistema que nos quiere hacer creer que es la única alternativa posible, habría que llamar a

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nuestros hijos para decirles que la utopía argentina no es viable, que to­dos los que hicieron las guerras de la Independencia o se desangraron a lo largo de la historia se equivocaron, que los millares de jóvenes que en el pasado inmediato enarbolaron sus ideales por un país más justo y solidario no habían comprendido los beneficios del realismo geren-cial o la rapiña pragmática disfrazados de política. Por eso, lo mejor se­ría decirles que hicieran sus valijas y se fueran, pero que se fueran para siempre de este país condenado y maldito.

Como no quiero decirles esto a mis hijos ni a ningún joven, es que no me callo ni me disocio en múltiples y cínicos discursos. Pertenezco a una generación que sufrió la violencia política y vivió las dos terceras partes de su vida soportando dictaduras militares y gobiernos surgidos con la proscripción de las mayorías nacionales, es decir, una generación que vivió exiliada dentro y fuera del país, que cometió errores, pero que no renuncia ni a sus ideales ni a sus principios. Por eso defendemos una democracia real donde las formas coincidan con los contenidos y con la obligación política de respetarlos, porque son nefastas las dos alternati­vas que el país viene sufriendo: el autoritarismo golpista o la traición al mandato democrático y transformador del voto popular.

Por estas razones es que no puedo ni debo callarme. Me mueven el asombro y la indignación de la gente común, no porque sea un in­térprete favorecido, sino porque, simplemente, lo exige mi conciencia. Si el presidente quiere que por esto me condenen, sepa que será un ho­nor para mí. Lo que he dicho y vengo diciendo es la verdad. Quedarme callado sería traicionar mis 55 años de vida y entonces sí, la historieta fantástica y cloacal sería la mía. iCáspita...!

Página/12, Buenos Aires, 21 de mayo de 1991 (día en que "Pino" declaró en Tribunales ante el juez Martín Irurzun por la denuncia pe­nal de Menem).

"Es una monstruosidad política"

Instalado en su habitación del segundo piso de la Clínica Sagrada Familia del barrio de Belgrano, donde se repone de la operación que se le practicó a la madrugada, Fernando "Pino" Solanas concedió esta entrevista exclusiva a Página/12. Con el mismo tono encendido de siempre, el cineasta repitió: "No nos vamos a callar", y responsabilizó del atentado a "los grupos mafiosos que existen en el país".

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Como si se tratara de la continuidad de oscuras coincidencias que esta semana encadenaron su presentación ante la Justicia con el de­rrumbe en las Galerías Pacífico y el atentado, una protesta gremial por seis despidos, en la planta baja del sanatorio, reforzaba la des­cripción de la Argentina que hacía Solanas.

-¿Cuál es para usted el origen de esta agresión? -Es un acto de intimidación que viene de alguno de los poderes

mafiosos que están bien prendidos en esta rapiña nacional, en este gran vaciamiento nacional. En estos días yo he denunciado a varios de ellos, desde la rapiña de las Galerías Pacífico con su trágico derrumbe, lo que está pasando en YPF, lo que pasará en SOMISA, lo que sucedió en Pe­troquímica Mosconi, y tantas otras cosas más. Aquí el que habla la liga porque no están dispuestos a perder ese poder. Contra eso, queda con­testarles que no nos vamos a callar. Los argentinos no estamos de rodi­llas ni vamos a consentir que se desguace el patrimonio acumulado por nosotros durante décadas. Vamos a defenderlo con uñas y dientes, tanto como defenderemos la profundización de la democracia.

—Cuando se le preguntó si creía que había alguna relación entre el atentado y la querella que le inició el presidente Menem, usted dijo que esa sería una hipótesis grosera. ¿Podría explicarlo más?

-Creo que esto es una monstruosidad política como lo es la que­rella que me inició el presidente. Son actos intimidatorios que se pres­tan a este tipo de provocaciones. Ahora es Menem quien tiene que ver cómo desliga en la opinión pública nacional e internacional estos dos actos. Quiero dejar en claro que se trató de un atentado político y no de un intento de robo como sostiene alguna versión disparatada. Me apartaron de mi acompañante, me tirotearon desde un auto y había otro auto de apoyo con otras dos personas. Me estaban esperando adentro de la misma playa de estacionamiento de Cinecolor.

-¿Qué espera usted ahora del presidente Menem en cuanto al es­clarecimiento de los hechos?

-Espero que haga todo lo posible para esclarecerlo, pero en la Ar­gentina no sucede sólo esto: hay amenazas contra Hebe de Bonafini, profanaciones a las tumbas judías, actos de provocación salvaje que generan el descrédito del país ante el mundo. Me gustaría mucho que el presidente garantizara mi seguridad porque yo no me voy a callar. En las generales de la ley, Menem me querella por injurias y yo quiero pro­bar mis acusaciones. Solo pretendo que me deje probar mis afirmacio­nes, y tener un espacio televisivo para poder contestar.

-¿Cómo explica el comunicado de la Policía de la provincia de Buenos Aires que afirma que se trataba de delincuentes comunes?

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-Yo llevaba bastante dinero en la billetera porque iba a hacer unos pagos. Sin embargo, eso nunca estuvo en juego. Los atacantes lo que me dijeron fue "te vas a callar hijo de puta" y tiros de los dos lados.

-Algunos de los que expresaron su repudio al atentado lo aseme­jaron a la metodología que utilizaba la Triple A. ¿Qué piensa sobre esta comparación?

-La Triple A y los grupos operacionales del terrorismo de Estado fueron los más altos exponentes de la violencia política intimidatoria en este país. La Argentina está muy mafíosa y es de suponer que cada uno de los grupos mañosos tiene también posibilidades de violencia. Lo que importa es que todo el país se movilice para decirle "no" a todo nuevo atropello que pretenda volver a épocas superadas. Aquí hay que termi­nar de engañar a la gente como si fuera una mandada de imbéciles y esa es la actitud de gran parte de los legisladores del partido oficial.

-¿A quiénes se refiere concretamente cuando habla de grupos ma-fiosos?

-Son los grupos económicos que han vaciado el país y que se es­tán repartiendo los pedazos rentables del Estado como se repartieron las Galerías Pacífico, un negocio de doscientos o trescientos millones de dólares. Son los que se quedaron con ENTEL y Aerolíneas. Es el sis­tema de bancos privados que, en lugar de haber ayudado a la capitali­zación argentina, fue responsable de haber fugado ciento cinco mil millones de dólares. El señor Mingo Cavallo es el responsable de la firma de la estatización de la deuda externa de las empresas privadas. Cantidad de funcionarios delincuentes con procesos como lo fue el se­ñor Rapanelli. ¿Ha pasado algo acá? Los responsables de la violencia no son otros que los grupos de la patria financiera y la patria contra­tista que lucraron antes de la dictadura, con la dictadura, con Alfonsín y con el señor Menem.

-Usted declaró en una entrevista publicada el domingo pasado en este diario que no tenía espacio en la televisión para expresar sus crí­ticas al gobierno. ¿No denota un cierto amarillismo por parte de la TV que desde que lo balearon están aquí las cámaras de los canales?

-Por supuesto. La prensa y los programas de opinión de la TV ar­gentina han sido la punta de lanza de este plan de colonización.

-¿Lo tomó de sorpresa la agresión? -Sí, porque es tan antipolítico que nunca la hubiera imaginado.

Entrevista de Adriana Schettini y María Núñez. Página/12, Buenos Aires, 24 de mayo de 1991.

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III. El remate de YPF y la Marcha de la bandera

No solo el atentado sufrido dejó profundas huellas en la vida de So­lanas. Meses más tarde, en agosto de 1991, al tiempo que se entrega­ban a manos privadas o cerraban compañías como SOMISA, HIPASAM,

ENTEL y Petroquímica Bahía Blanca, se privatizó la petrolera estatal YPF, la principal empresa del país. El miembro informante del oficia­lismo en la Cámara de Diputados fue Oscar Parrilli, el mismo que luego sería secretario general de la Presidencia durante los gobiernos de Nés­tor Kirchner y Cristina Femández. La conversión de YPF en sociedad anónima, con la posterior venta de sus acciones, fue el plato más fuerte del proceso desarrollado entre 1990 y 1994, cuando se concretaron la mayoría de las privatizaciones.

En este proceso, los monopolios locales y los acreedores externos encontraron un punto de comunión. A falta de recursos para cumplir \ con los compromisos externos, el gobierno nacional entregó las em­presas públicas. Los grupos económicos extranjeros, asociados a veces con grupos locales dominantes, "capitalizaron" sus bonos de deuda con activos físicos que pertenecían a todos los argentinos. Lo más cu- 1 rioso es que, durante la dictadura militar de 1976-1983, estos empre­sarios crearon esa misma deuda de la que luego fueron acreedores. Habían licuado sus deudas privadas gracias al beneficio de la "estati­zación" dictada por Cavallo, y posteriormente los mismos empresarios y financistas recompraron esos títulos de deuda a bajo valor en el mer­cado. Al privatizar las empresas públicas, el gobierno nacional aceptó como pago esos bonos a su valor nominal, cuando su valor real osci­laba en torno al 15%. De esta forma se cumplía con el irónico "man­damiento Dromi": "nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado"!

La entrega de YPF no impidió que el oficialismo triunfara en las elecciones legislativas y de gobernadores que se realizaron en la se­gunda mitad de 1991. Pero tampoco se concretaría su venta bajo un consenso absoluto. Por entonces, el 20 de noviembre -Día de la So­beranía-, aún con dificultades para caminar, Solanas propuso a diver-

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sas organizaciones sociales confeccionar una gran bandera nacional de 400 metros de largo para abrazar el edificio del Congreso Nacional. Así tuvo lugar la Marcha de la Bandera, donde "Pino" fue acompañado por más de cuatro mil personas, entre ellas numerosos referentes polí­ticos, sociales y culturales, en defensa de la democracia, el trabajo y la soberanía. En tanto, ante el alineamiento de la cúpula de la CGT tras las filas menemistas, algunos sectores sindicales comenzaron a cons­truir un nuevo espacio gremial, en el que también confluyeron dife­rentes organizaciones sociales. Así nació, meses después, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Defendamos YPF

Por mis denuncias he sido querellado por Menem, he sido baleado por las mafias que actúan dentro del poder, a su sombra o a su servi­cio; y debo enfrentar ahora una querella de José Estenssoro por ca­lumnias e injurias por haber denunciado que su empresa - E P P - fue beneficiada con las áreas petroleras El Vinaral y El Mosquito. Estens­soro continúa al frente de YPF participando de la política de desguace del Estado y de entrega vergonzosa del patrimonio nacional.

No me hicieron callar, ni antes ni ahora. No solo he ratificado todo lo que dije, sino que lo he de seguir di­

ciendo a pesar de las querellas y del atentado: voy a seguir señalando que estamos inmersos en una gran cloaca nacional administrada por la corrupción bajo la responsabilidad política de Carlos Menem.

A la traición al voto le siguió el asalto a los bienes del país: hoy asistimos atónitos al reparto entre cuatro vivos de lo que a los argenti­nos nos costó más de cien años acumular: rutas, puertos, ferrocarriles, teléfonos, yacimientos, y todo lo que en el Estado tiene valor, objeto de la rapiña desesperada de una banda inescrupulosa que ofrece y entrega a precio vil el patrimonio de los argentinos, bajo el pretexto de cumplir con el FMI y la deuda externa.

El Poder Judicial debe actuar investigando y anulando los nego­cios en la entrega de ENTEL, de Aerolíneas, de los yacimientos de YPF, de la Petroquímica Bahía Blanca, entre tantos otros y que se encarcele a sus ejecutores y "beneficiarios"...

En cuanto a YPF, como lo ha venido destacando el doctor Adolfo Silenzi de Stagni, estamos asistiendo al plan más siniestro y demencial de la historia del país.

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Su enormidad es tal que la primera dificultad que tenemos en esta denuncia es que la gente pueda creer la dimensión de la entrega. Para que se tenga conciencia de ello, hay que advertir que se quiere liquidar a la principal fuente de riqueza con que contamos los argentinos. Sus ventas recaudan más de 9.000 millones de dólares anuales, cifra mayor que lo que recauda la provincia de Buenos Aires, y más de cuatro ve­ces superior a la empresa que le sigue -pública o privada y de cual­quier actividad- y seis veces más que la principal empresa automotriz.

YPF es la empresa que más impuestos paga a la Nación y la que más la ha beneficiado al producir sus combustibles a precio notable­mente inferior al precio internacional.

Habiendo YPF explorado y localizado por sus propios medios to­das las reservas energéticas del país - e n hidrocarburos- hoy se la quiere vender a precio vil para beneficio de otros intereses, siguiendo los dictámenes de la reciente Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional.

Ninguna nación desarrollada ha comprometido o enajenado sus áreas centrales de hidrocarburos. Ni Brasil, ni Venezuela, ni México han comprometido sus potentes empresas petrolíferas estatales en el pago de su deuda externa o privatización.

El Parlamento no ha reaccionado en la forma adecuada. Debe ha­cerlo para no seguir siendo un cómplice -activo o silencioso- de ese inmenso latrocinio. Debe decir "basta" si quiere salvar su cara y su res­ponsabilidad ante la Historia.

Página/12, Buenos Aires, 27 de agosto de 1991.

Y péguenle fuerte

El desguace de YPF es una operación tan aberrante, tan contraria al bien común y a los intereses de la Nación, que la principal dificul­tad que se tiene para entenderla es que cuesta creer que sea así. Mien­tras se cierran fuentes de trabajo y soberanía, como HIPASAM y SOMISA,

mientras se condena a un futuro incierto a miles de técnicos y trabaja­dores y se achican aún más los rubros salud, educación y cultura en el nuevo Presupuesto nacional, se ha permitido que José Estenssora, pe trolero privado al frente de YPF, nos hiciera perder este año 300 mi­llones de dólares, al vender petróleo un 25% más bajo que el precio internacional.

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Pero lo verdaderamente grave es que se haya consentido la venta de los yacimientos más productivos de la Argentina a un 2,5% de su valor real o potencial y que la clase dirigente de nuestro país no reac­cione: acaban de vender por treinta años las áreas centrales y el 70% de las llamadas áreas secundarias a un valor inferior a lo que YPF re­cupera en un año de esos mismos yacimientos. Créase: han vendido por 1.000 millones y por treinta años lo que a YPF le hubieran repor-tádo, en un año, 1380 millones, y en treinta años 41400 millones de dólares (cifra que amortizaría totalmente el capital de la deuda ex­terna argentina y permitiría desplegar al máximo su capacidad pro­ductiva).

Esta política de matar a la gallina de los huevos de oro no tiene an­tecedentes en el mundo y se ejecuta bajo el silencio de la mayor parte de la clase dirigente y con la ayuda de la televisión y la gran prensa, que han impuesto una sorda e implacable censura sobre el tema.

La desinformación sistemática ha jaqueado y dejado indefensa a la conciencia nacional, hecho tan grave como la pérdida del poder de decisión política o de defensa, y que producirá irreparables conse­cuencias en nuestro futuro como nación independiente. El gobierno ha cedido a los consorcios extranjeros y locales más de la mitad del te­rritorio petrolero del país, ocultando a la población que/Tos datos de prospección revelan que las cuencas petrolíferas argentinas son seme­jantes a las de Libia, o que la cuenca de Malvinas es más importante que la del Mar del Norte. Obvio es decir que un pueblo que desconoce su patrimonio mal puede defenderlo.

"El Estado será lo que la voluntad política de los hombres quiera", profetizó el general Mosconi, pionero del petróleo argentino, hace me-dio siglo.

Hoy vemos que los países líderes del mundo son los que han tenido como proyecto nacional la capitalización y la independencia energética y tecnológica. Algunos, por defender u obtener los recursos petroleros, han llegado al indeseable límite de utilizar la corrupción, los golpes de Estado, la promoción de los movimientos secesionistas y hasta guerras monstruosas. Nuestro país, que durante varias décadas utilizó el pe­tróleo para su propia capitalización y desarrollo, es embarcado por los actuales dirigentes en un suicidio seguro, al exportar su propio capital y ayudar a financiar la crisis de las metrópolis. En quince años se fu­garon del país 105 mil millones de dólares. Lejos de combatir la fuga, Menem permite a las empresas, con un decreto reciente, disponer li­bremente del 70% de las divisas generadas por la exportación petrolera. Italia, un país gobernado desde hace cuarenta y cinco años por un par­tido de centroderecha, hizo exactamente al revés. Hoy la ENI es la pri-

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mera petrolera estatal del mundo, con 347 compañías subsidiarias y la mitad en el extranjero.Venezuela, Brasil y México, países tan endeu-dados como el nuestro, fortalecieron sus petroleras estatales y Brasil ha llegado a nacionalizar el petróleo en su nueva Constitución.

Los decretos 1055, 1212 y 1589/89 firmados por Menem, la gestión desmanteladora y liquidadora de su funcionario José Estenssoro en YPF y el proyecto de privatización elevado por J. L. Manzano al Con­greso son el ataque más hondo que se haya lanzado alguna vez contra el patrimonio argentino. Ningún dirigente político o legislador puede permanecer callado o indiferente a lo que pasa. Que desde todos los rincones del país se hagan oír las voces de la conciencia argentina, en defensa de nuestro petróleo y de nuestro futuro.

Página/12, Buenos Aires, 22 de octubre de 1991.

YPF: la complicidad de los dirigentes

¿Cómo es posible que la clase dirigente del país no denuncie ni discuta la venta demencial de nuestros yacimientos petrolíferos en plena producción? ¿Cómo es posible que nadie se oponga a la liqui­dación de YPF, la principal fuente de recursos con que contamos para superar la crisis y desarrollar una política autónoma?

En las naciones soberanas, el petróleo es siempre un asunto es­tratégico, un tema central de los debates. Tan importante es que hace unos meses asistimos a una horrenda desmesura: medio planeta mo­vilizado para intervenir militarmente en el Golfo Pérsico, por un asunto petrolero.

En Argentina, que a veces parece un país de otro planeta, se dio un fenómeno curioso: en los meses de la campaña electoral, ningún par­tido político de oposición tomó como reivindicación central la defensa del petróleo argentino y la de su principal trinchera defensiva, YPF. Mientras tanto, el oficialismo, sigiloso, envió al Parlamento varios pro­yectos de ley que apuntan a su desmantelamiento y liquidación. El úl­timo de ellos, con la firma de José Luis Manzano y, ante la sorpresa general, avalado por el gobernador José Octavio Bordón.

¿Qué podría decir hoy, sobre esta gigantesca estafa, otro "presi­denciable" del 95, Rodolfo Terragno, autor del Petroplan alfonsinista que continuó con la tarea de vaciamiento de YPF iniciada por Martí­nez de Hoz?

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¿Qué dicen sobre esta agresión antinacional los jóvenes políticos de la "reserva" radical, como Dante Caputo, Carlos Raimundi, Federico Storani o Jesús Rodríguez?

¿Qué nos van a decir los legisladores de las comisiones de Energía, o Combustibles, o Privatizaciones, como Antonio Cassia, Elias Sapag, César McCarhty, Hipólito Solari Yrigoyen, Guillermo Tello Rosas, Bernhardt Kraemer, Zabaley, Curi, Marcó y tantos otros que hablaron de "soberanía" y "decisión nacional" en otros tiempos?

¿Qué dicen los dirigentes gremiales como Diego Ibáñez, Lorenzo Miguel, José Pedraza y todos esos que no pueden defender las con­quistas gremiales ni las fuentes de trabajo y presencian callados el de­rroche de la principal fuente de dinero que tiene el país?

¿Qué dicen los jueces como Amelia Berraz de Vidal o Humberto Blanco, ante quienes se presentaron denuncias sobre irregularidades y negociados sin tener hasta ahora respuesta?

¿Hasta cuándo el pueblo tendrá que soportar el silencio o la di­recta complicidad de los dirigentes ante estos hechos?

Nadie se engañe ni se haga el distraído. En estos días se celebra en Buenos Aires el Congreso Mundial del Petróleo, que ha convocado a funcionarios estatales y empresarios petroleros de Oriente y Occidente. ¿Sabe el pueblo argentino sobre lo que se tratará en el Congreso? Allí no solo se hará "intercambio de tecnología" o diplomacia interempre-saria. Allí se hará el reparto, liso y llano, de lo que aún nos queda a los argentinos. El presidente ha anunciado la licitación de ciento cuarenta áreas centrales, entre ellas la codiciada Cuenta Austral, que junto con la de Salta produce los mejores petróleos del país.

Los legisladores saben perfectamente en qué leoninas condicio­nes se han hecho las últimas ventas (se han cedido por 1000 millo­nes de dólares, durante treinta años, ¡yacimientos que rinden 1380 millones anuales y que darían 41.400 millones! en esos treinta años). Saben también que al frente de YPF se ha puesto a un petrolero pri­vado, José Estenssoro, que ha hecho pingües negocios con su propia empresa, la EPP Saben los legisladores que la "tasación" de los acti­vos de YPF fue dejada en manos de una sola consultora internacio­nal, la McKinsey, elegida a dedo por los acreedores del Banco Mundial. Saben, por último, que tras las licitaciones hay "padrinos", que se pagan suculentas coimas, y que si no han estallado aún gran­des escándalos es porque se ha amordazado a buena parte de la prensa y los medios.

Esto es una exhortación a esos legisladores, a los jueces, a los diri­gentes. No pueden comprometer el futuro de nuestros hijos y de la Na­ción entera disimulando o esquivando el debate sobre estos temas.

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Fueron votados para administrar, para defender y para mejorar el país que recibieron, no para enajenarlo, corromperlo y disolverlo.

Y esto es un llamado a mis compatriotas, piensen como piensen: es necesario que nos informemos, que nos comuniquemos, que nos ayu­demos a reclamar ante los poderes. Tenemos que prepararnos para de­fender nuestro futuro, antes de que nos lo arrebaten para siempre.

Vayan sabiendo, además, los responsables y socios de esta vergon­zosa entrega, que cuando la conciencia argentina recupere el gobierno y el Parlamento para servir a los intereses nacionales, serán anulados todos y cada uno de los contratos que lesionan nuestro patrimonio.

Página/12, Buenos Aires, 25 de octubre de 1991.

"Menem es la comadreja de los l lanos"

A varios meses de aquellos balazos en las piernas, el director de cine Fernando Ezequiel Solanas retomó fuerzas para volver a escan­dalizar con su opinión sobre la marcha del gobierno menemista. Esta vez la emprende contra la política petrolera, la designación de Parisier, sus colegas que apoyan al oficialismo, y con la relación entre Menem y Estados Unidos.

"Sé que a mucha gente esta idea le va a parecer audaz", advierte el cineasta "Pino" Solanas antes de sentenciar con absoluto convenci­miento que "no estamos viviendo una verdadera democracia, sino que sufrimos la implantación de un sistema que dentro de las formas cons­titucionales ha anulado el Poder Legislativo y el Judicial, y ha estable­cido una suerte de dictadura blanda. Si bien no hay represión explícita y existe una presunta libertad de prensa, gran parte de la sociedad está amenazada por el despido y muchos de los espacios televisivos están copados por los informadores del propio gobierno con sus agentes de la SIDE disfrazados de periodistas".

Dedicado a avanzar en el montaje de su último film, El viaje, una tarea en la que se retrasó más de lo previsible a causa del atentado que sufriera en el pasado mes de mayo, el director de Sur parece tan apa­sionado por su trabajo cinematográfico como para explicar el lado os­curo de la realidad nacional. "Con los casos de SOMISA y el Banco Nación -señala- queda claro el plan del menemismo, que utiliza la técnica de vaciar empresas para después rematarlas. Mientras tanto

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aquí no hay ningún funcionario preso. ¿No estamos, entonces, ante manejos verdaderamente dictatoriales al haber bloqueado la acción de los dos poderes independientes del Ejecutivo?", se pregunta.

—Pero a diferencia de lo que sucedería en un gobierno dictatorial, usted está denunciando esa actitud en un medio de comunicación.

-La censura en los medios de comunicación es muy fuerte. Cuando tenes oportunidad de opinar en alguna radio, el conductor del pro­grama siempre sufre alguna forma de apriete. Por supuesto que frente a la táctica militar de la desaparición de personas y listas negras, esta forma de censura resulta casi inglesa. Hace un tiempo yo escribí un ar­tículo donde denunciaba la liquidación de los activos patrimoniales del país con el caso del petróleo. El diario Clarín lo tuvo durante cuarenta y cinco días, finalmente me lo devolvió sin publicar. Es comprensible: los grupos petroleros están invirtiendo en los grandes grupos informa­tivos. El desfalco más grande del que tenga memoria la historia argen­tina es el vaciamiento patrimonial de YPF. La Argentina real está ausente del 98% de los medios y totalmente ausente de la TV. La única vez que yo pude denunciar esto por la televisión fue desde la camilla y con seis balas encimarse que estoy en la mira de muchos de los gru­pos mafiosos que están amamantándose con la leche patrimonial ar­gentina. También lo estuve antes y me balearon. Pero no me voy a callar.

-¿En qué quedó la investigación del atentado que sufrió? -Ninguno de los poderes actuó con la firmeza que el caso reque­

ría. El Parlamento debió haber conminado al Ejecutivo para que en­contrara a los responsables y no lo hizo y la causa judicial sigue caratulada como "tentativa de robo". Pero está claro que los responsa­bles están dentro de los grupos mafiosos ligados al mismo Poder Eje­cutivo. Cuando me pegaron los tiros, muchos amigos míos, incluso diputados, se sintieron sorprendidos porque yo responsabilizaba al go­bierno nacional. Pero tiempo después, cuando cayó Julio Mera Figue-roa, algunos funcionarios del Ministerio del Interior reconocieron que había miembros del gobierno que estaban al tanto del atentado y que la pata fuerte estaba en la Cueva 8 de la SIDE. Obviamente te lo de­cían off the record. Porque esta es la Argentina actual: la del off the re­cord, la de la guerra del dólar, la de la compra de los dirigentes. Esto se ha institucionalizado al punto de que las declaraciones del empre­sario Jorge Born sobre cuánto le había dado a cada uno de los partidos mayoritarios prácticamente no movió a nadie en esta sociedad. Y Bauza dijo que a su partido no llegaron tres millones de dólares, sino setecientos mil. En el camino alguien se mordió dos millones trescien­tos mil. Desde la Ley Sáenz Peña hasta nuestros días no recuerdo otro

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gobierno más indigno y más entregado a la rapiña colonialista que el de Menem. Cuando pienso en él, se me representa la imagen del colo­nialismo. No puedo borrarme el recuerdo de este hombre que a los po­cos días de ser elegido aceptó que Neustadt le dijera en cámara que nunca lo había visto más rubio y de ojos azules. Esa actitud tan humi­llante y antinacional me evoca la imagen del mestizo oprimido y trans­formado en servidor de su opresor.

—¿Cómo explica entonces los últimos resultados electorales en los que la mayoría volvió a votar por el oficialismo?

-Sucede que Menem, lejos de ser "El Tigre" es la comadreja de los llanos, que juega en plazos muy cortos. Es difícil comprender el resul­tado de las elecciones del pasado mes de septiembre cuando en julio, Menem era un cadáver político que no sabía cómo disimular que su go­bierno había llegado al poder financiado en gran parte por el tráfico de drogas. Su política es una mezcla de astucia y picardía disfrazadas de­trás de un estilo afectuoso y campechano al que son muy sensibles los sectores que le dieron el voto. No hay que olvidar que el peronismo siempre ha tenido un importante componente afectivo. A mucha gente aún le cuesta aceptar que un compañero, un amigo, lo ha traicionado. Además, resulta muy perjudicial que al lado de Menem estén aún de­terminados compañeros de mucha tradición dentro del Justicialismo. Algunos de ellos siguen en sus puestos porque han quedado engram-pados en la máquina de la corruptela. Otros son gente de buena fe pero que cumplen un rol muy dañino. Hay personas como José María Cas-tiñeira de Dios: nadie puede dudar de su ética y su talento. Pero yo me pregunto qué factores psicológicos lo han perturbado tanto como para haberse olvidado de que estuvo al lado de Eva Perón, y ahora es fun­cionario del menemismo. Esa es la humillación más grande que le puede hacer a Evita, porque en la Argentina jamás existió un gobierno tan consciente y militantemente vendepatria como este.

Por otra parte, Menem recibe permanentemente consejos del De­partamento de Estado, de la CÍA y del nido imperial que es la Em­bajada norteamericana en Buenos Aires. Nada decide sin consultarlos previamente. Este es un plan pensado en etapas. Por eso es que la primera medida rápida y espectacular de Menem al asumir fue la pri­vatización de la televisión. Los norteamericanos le indicaron que, cuidadosamente manejada, podía convertirse en una máquina de ador­mecer conciencias más eficaz e indolora que las brigadas de tanques. Así se pudo montar un gigantesco aparato de desinformación en el que se mantienen ocultos robos como el del petróleo. Este año se vendió por menos de mil millones de dólares, y por treinta y cinco años, una serie de yacimientos que a YPF le daban mil trescientos ochenta mi-

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llones por año. En treinta y cinco años esto representa cerca de cin­cuenta mil millones de renta potencial que nos acaban de robar a los argentinos. Una cifra igual al capital de la deuda externa. En los últi­mos quince años se ha traspasado a manos privadas el 60,2% de los ya­cimientos de petróleo. Con una producción que el año pasado fue de veintiséis millones de metros cúbicos, en treinta y cinco años esto re­presenta la friolera de 87.944 millones de dólares traspasados a manos privadas. Y lo más asombroso es que, dado el vaciamiento informativo al que me refería, el tema del petróleo - u n tema clave en el debate po­lítico de cualquier nación- ha estado completamente ausente de la campaña electoral. Y del petróleo puedo hablar con conocimiento por­que fui secretario privado de Julio Canessa, el gran impulsor de Gas del Estado.

-¿Qué piensa del proyecto de privatización de ATC, según el pro­yecto de Sofovich?

-Bueno, eso ya es el carnaval. Es el grotesco más absoluto. Den­tro de la concepción bárbara y frivola de la cultura que tiene este go­bierno, me parece coherente que Sofovich -e l dueño del Zoológico-esté al frente de ATC. Él es el mejor representante de la banalidad. Un hombre que nació y creció durante la dictadura y que siguió nego­ciando en la televisión hasta ahora, que se contrata a sí mismo y ocupa indebidamente un espacio que debería ser pluralmente democrático y un verdadero ministerio de cultura e información.

-¿Usted se va a presentar como candidato a senador en las próxi­mas elecciones?

- D e esa posibilidad me he enterado por los diarios y no aspiro a cargos. A lo que sí estoy dispuesto es a promover con muchos otros un movimiento nacional en defensa de los derechos patrimoniales, políticos, sociales y culturales de los argentinos. Un movimiento que se cuestione a fondo cómo transformar este sistema hipócritamente democrático en una real democracia participativa, plena de justicia so­cial. Por eso estoy preparado para poner todas mis fuerzas en la tarea de impulsar grandes debates nacionales para salir de una buena vez de esta parálisis y esta desinformación que no permiten darse cuenta de que el enemigo principal es hoy el menemismo. Como representante de los intereses del sistema colonial.

Entrevista de Adriana Schettini. Página/12, Buenos Aires, 3 de no­viembre de 1991.

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Defendiendo el futuro

Ni el empréstito firmado con la Baring Brothers, ni el tratado Roca-Runciman, ni el escándalo de la deuda externa que arrodilló al país en es­tos años, se aproximan al daño material que la entrega de los yacimientos petrolíferos les dejará como herencia a los argentinos del siglo XXI.

Mientras el gobierno se pavonea con el éxito de las "relaciones car­nales" con Estados Unidos, el presidente Menem juega al tenis con

¿George Bush y su hijo Neil, titular de la insólita empresa JNB, que con un capital de cien dólares obtuvo la concesión petrolera de Santa Vic-toria, de varios cientos de kilómetros cuadrados en la provincia de Salta... Empresarios como este fueron los beneficiarios del Petroplan alfonsinista, y son los que ahora van a "invertir" en la Argentina.

Pero al pueblo argentino nadie le pide permiso para regalar yaci­mientos de YPF, que producen 2.500 millones de dólares por año, en­tregándolos hasta el 2026 y privándonos de la principal herramienta de capitalización y crecimiento que tiene el país.

Los decretazos desreguladores, que entran en colisión con las le­yes y la Constitución; el desguase del Estado, que entrega lo que gene-/ raciones de argentinos fueron construyendo para cimentar nuestro' desarrollo, desde YPF, ENTEL, Aerolíneas, Fabricaciones Militares, ELMA, el Banco Nación, el INDER, hasta las rutas y los parques nacio­nales, va dando sus "frutos": aumentó un 25% la importación de ma-nufacturas en el último mes y por primera vez desde 1982 la balanza comercial quedará en rojo, miles de trabajadores especializados son arrojados a la calle, a un mercado sin capacidad de absorberlos.

¿Qué pasará cuando cada argentino -si es que se cumple el "Me-nem-dream"- tenga su videocasetera y su exprimidor automático, pero deba pagar los alimentos, vestuarios, medicamentos, teléfono, luz, gas, transportes, a "precio internacional"? ¿Qué pasará cuando las vícti­mas de la flexibilización laboral agoten sus magras indemnizaciones poniendo quioscos donde nadie compre, taxis en los que nadie viaje o efímeros tours de "plata dulce"? ¿Qué pasará cuando nuestros jóvenes no puedan seguir estudiando por los arancelamientos, la desvaloriza-ción del conocimiento universitario y la investigación científica, y cuando el talento y la creatividad no encuentren condiciones para des­arrollarse?

Ese día, para el patrimonio cultural y económico de la Nación Ar­gentina, será demasiado tarde. Por eso es importante manifestar ahora el rechazo a una política que compromete la soberanía nacional y el fu­turo de nuestros hijos.

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En 1845, un puñado de argentinos al mando de Lucio Mansilla supo enfrentar en la Vuelta de Obligado a la escuadra anglo-francesa que pretendía avasallar nuestra soberanía. Retomando ese ejemplo, muchos argentinos, sin distinciones partidarias, levantamos este 20 de noviembre la bandera azul y blanca para reafirmar nuestro orgullo de ser argentinos y exigir a nuestros legisladores y dirigentes que asuman su responsabilidad ante la Historia.

Página/12, Buenos Aires, 21 de noviembre de 1991.

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IV. Polémica sobre el negociado petrolero

Por entonces, durante los meses finales de 1991, Solanas publicó diversos artículos en Página/12, llamando a defender a YPF y de­nunciando la entrega del patrimonio público que realizaba el gobierno nacional. Sus afirmaciones originaron un debate con el periodista Marcelo Zlotowiazda. Tras varias réplicas y contestaciones, la con­frontación concluyó de forma contundente con el escrito del doctor Adolfo Silenzi de Stagni, experto en hidrocarburos, al sostener que So­lanas tenía razón, aunque despertara la incredulidad del periodista, tal como si alguien sostuviera quinientos años después de Colón que la "tierra es cuadrada".

Entre tanto, crecían los rumores acerca de su postulación a legis­lador nacional, mientras continuaba convocando a conformar un gran movimiento nacional en defensa del patrimonio de los argentinos. Fi­nalmente, convencido de que el intelectual debe comprometerse con la sociedad que constituye su referente social -para así devolverle, como acto de gratitud, lo que esta le brindó-, "Pino" decidió volcarse a la construcción política.

La quimera del oro negro

Voy a contar una historia, hace ochenta y cuatro años, un 13 de di­ciembre de 1907, los técnicos argentinos José Fuchs y Humberto Beghin, que dirigían a un grupo de once trabajadores del Estado que buscaban agua potable en Comodoro Rivadavia, telegrafiaron a la División Minas comunicando que en vez de agua, a 535 metros bajo el suelo, había pe­tróleo. Al final del telegrama, sin ocultar su alegría y entusiasmo pusie­ron: "Garantizamos que es Kerosene de la mejor calidad".

Los agoreros de turno, en ese entonces -como el doctor Pedro Arata, administrador de los yacimientos- dijeron que aunque la cali-

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dad era buena, había poca cantidad. Del pozo descubridor manaba, se­gún Arata, "un chorrito de brea que no alcanza a llenar una bañadera en una semana". El chorrito de brea, entre 1907 y 1988, le dio al país 720 millones de metros cúbicos de petróleo. En pesos, le entregó al Es­tado argentino 86.000 millones de dólares.

Por eso es justo que se haya instituido el 13 de diciembre como Día del Petróleo. Y habría que añadir: "Del Petróleo Argentino", porque fueron el Estado Nacional y los anónimos trabajadores de los yacimientos quienes impulsaron la exploración, organizaron la explotación y desarrollaron tecnología propia para hacerlo (en los Pe­rales, Santa Cruz, se está haciendo recuperación terciaria, con inyec­ción de vapor, técnica novísima que solo se ha logrado en tres lugares del mundo).

Este 13 de diciembre es particularmente triste para el petróleo ar­gentino: el gobierno de Menem ha entregado los mejores yacimientos, las mal llamadas áreas centrales y secundarias, a la voracidad de las empresas transnacionales, y ha implementado aceleradamente el des­

guace y liquidación de YPF. La CEPA (Cámara de Empresarios Petroleros Argentinos) de-

claró en una solicitada del 26 de octubre pasado -desmintiendo al presidente de la Nación- que las petroleras privadas ya tienen en sus manos el 60,2% de la producción nacional. Esto quiere decir que si la producción en 1990 fue de 173.912.970 barriles -datos oficia­les- y si ese petróleo equivale - e n precio internacional promedio-a U$S 3.826.000.000, entonces las petroleras privadas se han que­

dado en 1990 con más de 2.300 millones de dólares.

Si multiplicamos esa cifra por 35 - y a que las concesiones y sus prórrogas llegan a los 35 años - , tendremos un paquete de U$S 80.500.000.000, monto superior a la deuda externa argentina.

Con esa renta potencial que el gobierno de Menem ha regalado a unas pocas empresas, se podrían haber construido, para el pueblo ar­gentino, todas estas cosas:

2.857.000 viviendas para familia tipo, a valor FONAVI (dando te­cho a 14.285.000 habitantes). 4.000 hospitales de 200 camas cada uno. 67.000 escuelas con capacidad para recibir a 16.080.000 alumnos de doble escolaridad, más financiamiento de las universidades nacionales y creación de centros de investigación científica y cultura. 100.000 kilómetros de caminos asfaltados, para romper el ais­lamiento de vastas regiones del país.

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Es trágico y bochornoso que la Argentina haga esfuerzos para in­gresar al Plan Brady de los usureros internacionales, que esté mendi­gando un stand-by de 3.000 millones o que su Estado transfiera escuelas nacionales a las provincias, cuando tiene en la renta petrolera una herramienta colosal para su desarrollo.

Tamaña defección a las necesidades de nuestro pueblo, tamaño robo a nuestro futuro, solo me lo puedo explicar por tres motivos: 1) Se ha desinformado sistemáticamente a la población, a través de los medios masivos; 2) Se han pagado suculentas coimas "a la Corona" y a sus ministros -trascendió que para redactar un párrafo del decreto desregulador 1212/89, una multinacional pagó 54 millones de dóla­res-; 3) No existe conciencia nacional en la mayor parte de la diri­gencia política, empresaria o gremial: en el último Congreso Mundial del Petróleo, los delegados de México, Brasil y los países árabes que­daron azorados por la venta de los yacimientos, hecho inédito en el mundo, ya que ni en el Chile de Pinochet se privatizaron las minas de cobre que había nacionalizado y estatizado Allende.

Quede constancia este 13 de diciembre de 1991, Día del Petróleo Nacional, que la desregulación menemista es jurídicamente nula, de nulidad absoluta, y que cuando el pueblo recupere su mandato bur­lado, todas las concesiones leoninas de nuestro subsuelo y nuestro pe­tróleo serán revisadas.

Estos recursos deben ser recapturados, reapropiados, para financiar la formación y el futuro de nuestra juventud, con un presupuesto que sostenga las escuelas, garantice la autonomía de la Universidad y ase­gure sueldos dignos para los docentes. Ese será el mejor homenaje para los anónimos trabajadores argentinos que, como Fuchs, Beghin y otros que la historia recuerda, sacaron a relucir un día nuestro oro negro.

Página/12, Buenos Aires, 13 de diciembre de 1991.

La hora de los números I (réplica a Solanas)

En una nota de opinión publicada en este diario -"La quimera del oro (negro)"- el cineasta y, según algunos rumores, legítimo aspirante a político (¿candidato a senador por el centroizquierda?), Fernando "Pino" Solanas escribió que:

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"Las petroleras privadas ya tienen en sus manos el 60,2% de la producción nacional. Esto quiere decir que si la producción en 1990 fue de 173.912.970 barriles, y si ese petróleo equivale -a precio internacional promedio- a U$S 3.826.000.000, enton­ces las petroleras privadas se han quedado en 1990 con más de 2.300 millones de dólares."

• "Si multiplicamos esa cifra por 35 -duración de las concesiones y sus prórrogas- tendremos un paquete de U$S 80.500.000.000. monto superior a la deuda externa argentina. Con esta renta potencial que el gobierno de Menem ha regalado a unas po­cas empresas, se podrían haber construido, para el pueblo argentino, 2.857.000 viviendas para familia tipo, 4.000 hos­pitales..."

Pese a compartir el espíritu crítico del artículo a la política privati-zadora de este gobierno en petróleo y en todos los demás sectores, re­sulta imprescindible señalar un par de horrores conceptuales y de información: el más leve es que, en todo caso, Menem no le ha "rega­lado" el 60% de la producción al sector privado, ya que al iniciar su mandato las compañías petroleras ya extraían una tercera parte del to­tal. Es cierto que un 30% de "regalo" no es para despreciar, pero asi­mismo es cierto que con esa sola corrección la cifra a la que llega se reduce a la mitad, y que está olvidándose de los "regalos" que se re­montan a Frondizi, pasan por Martínez de Hoz y llegan hasta Alfonsín.

Mencionando tan solo al pasar que al "regalo" habría que descon­tarle lo poquísimo que pagaron, se llega al disparate mayor en el que incurrió Solanas. Asimilar el valor de facturación de la producción de petróleo con su "renta" implica ignorar nada menos que extraer el crudo -como fabricar cualquier otra cosa- tiene un costo. Si, como simple ejercicio, se le imputara a esa industria un margen de utilidad del 100% sobre costos, el resultado de la cuenta del cineasta quedaría reducido otra vez a la mitad, es decir a una cuarta parte.

Estas aclaraciones son imprescindibles porque, como bien lo ha demostrado el propio Solanas dando ejemplo de participación y dedi­cación a causas populares, la única alternativa para transformar esa realidad en otra con más viviendas, escuelas, hospitales y caminos es política; y porque difícilmente habrá política de oposición exitosa si se la intenta construir con poca rigurosidad y alejada de la verdad. De es­tos fracasos puede dar abundante testimonio nuestra izquierda.

Han sido muchos cientos de miles los que disfrutaron del arte de Solanas, y ni siquiera los insensibles a su estética o reacios a su men­saje pueden negar la profesionalidad de su cine. Lástima que, además

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de la pasión, no aplique a la política la misma seriedad de La hora de los hornos, Los hijos de Fierro, Sur o El exilio de Gardel...

Marcelo Zlotogwiazda. Página/12, Buenos Aires, 14 de diciembre de 1991.

YPF: regalo de comadreja

En su "Réplica a Solanas", aparecida el sábado en este diario, el periodista Marcelo Zlotogwiazda utiliza contra mí el mismo procedi­miento censor y punitivo que el gobierno emplea contra Página/12 y Horacio Verbitsky: intenta descalificar al denunciante sin ocuparse de los gravísimos hechos que denuncia.

No voy a ocupar el exiguo espacio disponible para devolver iro­nías de M. Z. sobre mi apasionamiento o mi supuesta falta de serie­dad, justamente porque creo que es muy serio y grave lo que está pasando.

En cuanto a las objeciones y críticas trataré de contestarlas aquí puntualmente:

1. He señalado claramente en distintos artículos (21/11/, 25/10, etcétera) que la entrega de las áreas productivas de YPF co­menzó a ejecutarse con Martínez de Hoz, se incrementó con el Petroplan alfonsinista y llegó con este gobierno al delirio má­ximo: permitir que la libre disponibilidad del crudo y del 70% de las divisas por exportaciones se extienda a todos los con­tratos y concesiones.

2. Usé el término renta como lo emplean las principales escuelas económicas, o sea, como equivalente del total de ingresos. Si hubiera querido decir "ganancia", "beneficio" o "utilidad", ha­bría usado, sencillamente, alguno de esos términos.

De todos modos, la segunda de las objeciones de M. Z. y su inge­nuo cálculo de "un margen de utilidad del 100% sobre costos", nos lleva a una cuestión fundamental: ¿cuánto ganan las empresas petroleras? Sintetizaré aquí una contundente y silenciada denuncia del diputado nacional Héctor Di Tulio (UCR, Santa Cruz).

La Petrolera Total, compradora por 120 millones de dólares del ri­quísimo yacimiento El Huemul, recibió de YPF 456 pozos perforados,

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Instalaciones de superficie, baterías y oleoductos que nos costaron U$S 257.836.720. Recibió también, por un valor que no se puede cal­cular, 326 kilómetros de caminos y 270 líneas de alta tensión. Todo eso sin contar lo principal, que en un yacimiento petrolífero es el petróleo.

¿Sabe M. Z. cuánto estaba produciendo El Huemul? Le cuento: 18.879 barriles diarios; 566.370 barriles mensuales. En dólares, una renta de U$S 13.592.880 al mes. Eso quiere decir que Total, con ín­fimo costo en insumos y mantenimiento, amortizará en nueve meses sus 120 millones. Tendrá, entonces, veintitrés años de libre explota­ción, más una prórroga de diez años. Y todo sin contar las perforacio­nes que haga y las reservas que descubra...

¿Todavía cree Ud., M. Z. que exagero cuando hablo de "regalo"? ¿Qué palabras usaría si tuviera que calificar estos hechos? ¿Delito?, ¿desfalco?, ¿traición a la Patria?, ¿regalo de comadreja?

Página/12, Buenos Aires, 23 de diciembre de 1991.

La hora de los números II (réplica a Solanas)

En su columna del viernes pasado publicada en este diario, Fer­nando "Pino" Solanas responde a algunas observaciones que yo le hiciera el sábado 14. Me acusa de censor y asimila mi crítica al pro­cedimiento que utilizó el gobierno contra Página/12 y Horacio Ver-bisky, argumentando que pretendí descalificarlo para no ocuparme de los gravísimos hechos vinculados con la privatización petrolera que él denunció.

Pasando por alto el disparate de la comparación y yendo a su argu­mento, insisto en que desnudar gruesos errores que cometió (de apenas varias decenas de miles de millones de dólares) es algo imprescindible si lo que se busca con las denuncias apunta a revertir e interrumpir los que efectivamente han sido gravísimos hechos vinculados con la priva­tización petrolera, como en múltiples oportunidades señaló este diario. Con poca humildad y escasa lucidez política, Solanas se empaca en no admitir errores y en no admitir que poco conseguirá sin rigurosidad, por mejor intencionado que esté.

No solo no admite la equivocación de confundir renta con factu­ración sino que la repite, con fundamentos absolutamente falsos. Dice que "usé el término renta como lo emplean las principales escuelas

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económicas, o sea, como equivalente del total de ingresos". A menos que demuestre que los clásicos con David Ricardo, el marxismo y el keynesianismo no son ejemplos inmejorables de escuelas económicas principales, el concepto de renta nunca tuvo, ni tiene, ni jamás tendrá, nada que ver con total de ingresos.

Lo que podría ser nada más que una definición errada, en este caso es más grave. Así como en su anterior columna calculó que las com­pañías privadas iban a obtener a lo largo de los treinta y cinco años de concesiones una renta de 80.500 millones de dólares, cuando en rea­lidad esa cifra correspondería a facturación o total de ingresos, en su respuesta del viernes volvió a meter la pata, diciendo que la Total "amortizará en nueve meses los 120 millones de dólares que pagó por el yacimiento El Huemul". Nuevamente se olvidó de restar los costos: multiplicó la producción mensual por el precio del mercado y sus cuen­tas le dieron que en nueve meses facturarán 120 millones de dólares.

En ninguna parte de mi primera respuesta afirmé que fuera una exageración hablar de regalo del Estado a los privados. Lo único que modestamente quise advertir es que semejantes horrores le restan cre­dibilidad y eficacia a sus denuncias. Llevando el argumento a extremo, diría que si alguien aparece por televisión denunciando un ilícito cual­quiera y al mismo tiempo afirma que la Tierra es cuadrada, poca gente acreditaría lo primero aunque fuese rigurosamente cierto.

Marcelo Zlotogwiazda. Página/12, Buenos Aires, 24 de diciembre de 1991.

La Tierra es cuadrada

Acabo de regresar del Brasil -a donde fui invitado a dictar confe­rencias por la Asociación de Ingenieros de Petrobras- y tomo conoci­miento de una interesante polémica sobre la desregulación petrolera que entabló el periodista Marcelo Zlotogwiazda con Fernando "Pino" Solanas. Digo "interesante" en cuanto al tema que se discute, pero no en cuanto al tono de la discusión. M. Z. intenta refutar a Solanas con argumentos ad hominem y apelando a una ironía y un lenguaje ofen­sivo, que no favorecen el debate ni el esclarecimiento de los hechos.

Deseo terciar en esta controversia para confirmar a los lectores de Página/12 que todas las denuncias de Solanas sobre el negociado pe­trolero se basan en hechos y cifras ciertos, verificables y que es absurdo

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y enojoso que se le atribuyan "horrores conceptuales y de información", "disparates" o "fundamentos absolutamente falsos".

Es correcto afirmar, como hizo Solanas, que fue el gobierno de Me-nem -y no el de Frondizi, Videla o Alfonsín- el que otorgó a las com­pañías petroleras privadas, en los últimos meses, el 60,2% de la producción nacional. El 30% que las compañías detentaban desde la época del Proceso era en calidad de "contratistas de YPF", con la obli­gación de entregar a la empresa estatal la totalidad de los hidrocarbu­ros que extrajeran.

Por el decreto 12/12/89, esos contratos de explotación fueron re­convertidos en "concesiones", modificando disposiciones de la Ley de Hidrocarburos vigente sin la intervención del Congreso de la Nación, dándoles a los concesionarios el derecho a la libre disponibilidad de los hidrocarburos y del 70% de las divisas que obtengan si se decide a exportar.

Un hecho agravante: varios de esos contratos reconvertidos en "concesiones" vencían entre 1992 y 1996. Ahora, los ilegítimos conce­sionarios se han hecho dueños de las reservas descubiertas y ubicadas por YPF, la que además les ha cedido miles de millones de dólares en inversiones de infraestructura hasta la tercera década del siglo XXI.

En cuanto al término "renta petrolera", es correcta la acepción que le asigna Solanas. Por otra parte, la misma que le asignan las compa­ñías petroleras y el gobierno. El 13 de diciembre del año pasado, la Subsecretaría de Energía estimó la "renta petrolera" en 10 mil millo­nes de dólares, correspondiéndole al sector producción el 36,9%; o sea, 3.690 millones de dólares. En consecuencia, el 60,2% que ahora po­seen, y que se incrementará con las actuales privatizaciones, representa -como bien sostuvo Solanas- una cifra aproximada a los 2.300 millo­nes de dólares anuales. En 35 años de concesiones y prórrogas, habrá una transferencia de recursos del sector público al privado de más de 80 mil millones de dólares. Eso siempre y cuando, en tan largo período, el precio internacional no aumente debido a las caídas de las reservas en Mar del Norte.

M. Z. insiste en afirmar que el costo de extracción del petrolero debe ser tenido en cuenta cuando se hace referencia a la "renta petro­lera". Eso tampoco es correcto. Pero aun admitiendo su tesis, debería tener en cuenta que la industria del petróleo se caracteriza por tener costos de producción extremadamente bajos en relación con el precio del crudo que se extrae.

Para dar un ejemplo, en el orden nacional, recordemos que YPF pagó a las compañías contratistas del área 25 de Mayo-Medanito un precio 600% más elevado que el costo de producción que tenía por ad-

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ministración la empresa estatal en el área vecina. Un 827% más elevado para el área Piedra Clavada y un 3.650% más para el área Centenario.

Esta desproporción entre la retribución a los contratistas y los re-ales costos de extracción, pone de relieve que los contratos petroleros y concesiones a compañías privadas sobre áreas ya descubiertas y ex-plotadas por YPF importan verdaderos fraudes contra la administra-ción pública y el patrimonio nacional, delito contemplado en el artículo 174, inc. 5o del Código Penal.

Las enormes ganancias obtenidas por las petroleras privadas han hecho que el periodista Zlotogwiazda examine la denuncia de Solanas con la misma incredulidad con que se miraría a alguien que dijera, 500 años después de Colón, que la Tierra es cuadrada. Pero Solanas tiene razón.

Adolfo Silenzi de Stagni. Página/12, Buenos Aires, 28 de diciem­bre de 1991.

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Participación y construcción política

(1992-1995)

El atentado y mis denuncias convirtieron a mi casa en el punto de encuentro con referentes políticos y sociales opuestos al proceso priva-tizador. Entre ellos Luis Brunati, del partido Encuentro popular y único miembro del "grupo de los ocho" diputados que votó contra la am-pliación de la Corte Suprema, que me proponía dar un paso hacia la po­lítica electoral para ayudar a construir una nueva oposición. Yo nunca había pensado hacer política en forma directa ni me había afiliado a partido alguno. Militaba en mi propia organización Cine Liberación, que hacía política con sus películas. También pensaba que todo ciu­dadano en algún momento de su vida debía ejercer la función pública como forma de retribuirle al país lo que recibió de él. Así fui madu­rando la idea de que había llegado el momento, aprovechando el es­pacio mediático que tenía. En marzo del 92 publiqué una columna -"Otro país es posible"- que llamaba a la unidad de todos los inde­pendientes, viejos militantes o sin partido. Se acercaba la elección del 26 de junio para elegir senador por la Capital. La respuesta fue inme­diata: se conformó un frente de partidos que venían del peronismo, la izquierda nacional, humanistas, izquierda, y propuse llamarlo "Frente del Sur". Como estaba terminando mi película El viaje y debía estrenar en Cannes y Buenos Aires, la campaña fue muy corta: en solo treinta y cinco días andando con muletas, obtuve casi el 7,8% de los votos.

Convencido de que era necesario impulsar una fuerza nacional, cometí el error de abandonar la Capital para empezar a construir el Frente en la provincia de Buenos Aires y encabezar su lista de dipu­tados para las elecciones de octubre de 1993. Pensaba que había que convertir al Frente del Sur en un Frente Grande, un movimiento po­lítico social que participara en la constituyente de Santa Fe para impugnar las privatizaciones. Encabecé la lista seguido por mi com-pañero Brunati. Hicimos una gran elección, peroVsin fiscales suficien­tes para controlarla, nos robaron la mitad de los votos. El objetivo era impedir que Brunati fuera electo y eso lo reconocerían off the record. Fue un golpe contra nuestro proyecto, porque yo quedaba solo, sin ex-

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periencia, frente al avance del ala centrista del "Chacho"Álvarez y de Graciela Fernández Meijide, que habían sido electos por la Capital. En ese verano del 94, los medios operaron en forma directa para brin­darles espacios en tanto me iban silenciando. El programa de Gron-dona convertía al Chacho en el "héroe anticorrupción" por sus denuncias contra Matilde Menéndez y era tapa frecuente de Página/12 y Clarín.

Llegó la elección del 10 de abril y nos dimos el gusto de ganarle a Alfonsín, uno de los firmantes del Pacto de Olivos, colocándonos como segunda fuerza en la provincia detrás del PJ, sacando el 17,5%, casi un millón de votos. Ese triunfo lo ocultaron hasta el día siguiente y toda la gloria fue para Álvarez, que había ganado en la Capital. Comen­zaba a imponerse en el Frente un giro hacia posiciones "posibilistas" y la tensión iba creciendo al acercarnos a la Convención. Los diarios me convirtieron en el malo de la película: con planteos ideologistas, "Pino" venía a escupir el asado exitoso del Frente. El Chacho, la Mei­jide y su ideólogo Carlos Auyero, sostenían que no se podían revisar las privatizaciones, porque se alteraría la continuidad jurídica y en­torpecería la marcha del Frente hacia el gobierno. Nosotros sostenía­mos que la continuidad debía ser solo de lo lícito, no de los delitos y estafas, ya que YPF y Gas del Estado se habían privatizado con mi­llonarios sobornos y diputados truchos, y seguíamos planteando lo mismo que habíamos denunciado durante la campaña..En la Con­vención de Santa Fe nos habíamos comprometido a no votar la ree­lección y retirarnos si intentaban hacerlo. Al tercer día, el Pf quiso tratar el llamado "paquete cerrado", que incluía la reelección de Me-nem: el obispo Jaime De Nevares cumplió con su palabra y se fue. Yo sostuve que había que acompañarlo, pero me acusaron de querer rom­per el Frente y ser antidemocrático por no aceptar la decisión de la to­talidad de los convencionales que optaban por quedarse. Quedaba enfrentado a la casi totalidad de la fuerza que había creado. Fue un momento de gran soledad. Con la esperanza de dar batalla desde aden­tro y revertir la situación, acepté quedarme. El error me hizo com­prender que era un ejemplo de lo que me había dicho Perón en Madrid: lo trascendente no es el hecho político -la votación adversa del Frente-, sino el histórico. La decisión de Don Jaime lo era, porque más allá de los aportes concretos, la Convención estaba legitimando la con­tinuidad del Pacto de Olivos para profundizar el modelo.

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V. El Frente del Sur y la primera campaña electoral

En 1992 se desarrollaba la "etapa de oro" de la convertibilidad. Sus impulsores esgrimían que el modelo de "Estado distribucionista" había fracasado y que, por lo tanto, había que desmantelarlo. El ministro del Interior, José Luis Manzano -el mismo del "robo para la corona"- ase­guraba que el dinero de las privatizaciones llegaría a los jubilados. "Pizza con champán", "déme dos", Miami, Tinelli, Neustadt, Grondona, fueron algunos de los símbolos que caracterizaron la cultura de los no­venta. Eran épocas de soledad para las voces críticas, como la de los ocho diputados disidentes del justicialismo, de agrupaciones gremia­les, grupos de izquierda o las voces provenientes de la cultura, como la de Fernando "Pino" Solanas.

En Argentina se conformaba una "comunidad de negocios": era la vieja oligarquía con intereses diversificados en las finanzas, el campo, el comercio y la industria de bienes primarios, junto a las firmas extranje­ras y los acreedores externos, que empujaban un nuevo funcionamiento económico, basado en la apertura importadora, la desregulación econó­mica y la reestructuración del Estado.

Después de la moratoria de pagos externos de 1988, la forma de nor­malizar la relación con los acreedores del país fueron las privatizaciones y el Plan Brady. Este se concretó a finales de 1992, siguiendo una política de Estado que venía de los países centrales. La negociación fue pésima para el país, porque favoreció a los bancos comerciales, que se asegura­ban el cobro de sus acreencias y disminuyeron su alto nivel de exposición en la región, al repartir las deudas en tenedores de títulos anónimos y dis­persos; mientras la Argentina perdía la oportunidad de impugnar parte de esa deuda contraída ilegal e ilegítimamente entre 1976 y 1983.

Por esa época, el sociólogo francés Alain Touraine visitó el país y saludó la modernidad y las reformas introducidas por Carlos Menem, quien meses después fue condecorado en La Sorbona por Francois Mit-terrand, el presidente socialista de Francia. Las empresas francesas y es­pañolas fueron las más beneficiadas con el proceso privatizador. El presidente español Felipe González fue un aliado internacional de Me­nem y el primer socio del proceso privatizador argentino.

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La entrega de las Galerías Pacífico, los seis tiros en sus piernas y el comienzo de la privatización de YPF habían sumido a Fernando Sola­nas en un profundo estado de reflexión. Con algo más de 50 años, en­tendía que no podía quedarse aislado en el ámbito de la cultura, que debía asumir un compromiso político mayor, tal como se lo habían exi­gido los numerosos visitantes que había recibido durante su convale­cencia. La gran convocatoria a la Marcha de la Bandera le demostró que era posible un esfuerzo mayor. Las próximas elecciones legislativas, en las que se elegiría un senador nacional por la Capital Federal, se re­alizarían en junio de 1992. Se acercaban tiempos de definiciones.

En el primer semestre de 1992 Solanas terminó una nueva película, El viaje, que había nacido como una expresión desgarrada de la realidad latinoamericana que se vivía en esos momentos. Mediante la sátira y el burlesco, el film denunciaba la corrupción y la ferocidad del modelo eco­nómico. En una Buenos Aires inundada por las aguas cloacales, uno de los personajes de la película, el presidente Dr. Rana, era la imagen cari­catural de un Menem teorizando sobre las ventajas de vivir arrodillado.

Luego de estrenar la película, que obtuvo premios en el Festival de Cannes, Solanas encaró finalmente la campaña electoral en la Capital Federal. Por entonces se había conformado el Frente del Sur, con la participación de partidos de izquierda y del Encuentro Popular, del ex diputado peronista Luis Brunati. En las elecciones del 28 de junio de 1992, Solanas obtuvo, con solo cuarenta días de campaña, el 7,8% de los votos. Llamaba entonces al voto "creativo", y no como "instrumento de castigo", para combatir el "bipartidismo estéril" y el "modelo eco­nómico de saqueo". Hacia fin de año, convocó a conformar un frente más grande para oponerse al modelo liberal menemista.

Deconstrucción y agua fría

El sociólogo francés Alain Touraine realizó declaraciones de sim­patía hacia el gobierno de Menem en ocasión de la reciente gira presi­dencial. Touraine habla de "deconstrucción y reconstrucción del Estado". Denomina "tirarse al agua fría" a la aplicación política de esos conceptos en nuestros países. Percibe, además, que todo esto tiene "un costo terrible". Pero considera que los países latinoamericanos deben terminar con la "confusión" entre el Estado, el mercado y los diversos movimientos sociales, mediante equilibrios que eviten el predominio de uno u otro factor.

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En primer lugar, resulta curiosa la rápida aceptación del desman-telamiento y desguase del Estado. En nuestro país, el primitivo y tosco lenguaje oficial puede agradecerle a Touraine el elegante nombre de "deconstrucción" que le ha puesto a esa política. La atildada reflexión del sociólogo francés, sin embargo, impone cierto límite al triunfo ab­soluto del mercado con una hipotética y futura etapa de "reconstruc­ción" de la que aquí no se oye hablar.

¿Qué es lo que motiva que un sociólogo respetado diga que Me­nem "puso de pie al país"? Imaginemos varias explicaciones. En Francia ya no existe el espíritu crítico de un Sartre o un Foucault, que megáfono en mano se lanzaban a las calles para apoyar grandes causas frente a la injusticia de los poderes. ¡Ellos sí hubieran visto con desprecio a estos gobernantes insensibles y desaprensivos con el patrimonio colectivo! Ahora, investigadores mediocres y sin pa­siones los sustituyen.

Pero, por otro lado, Francia tiene un Estado amplio y activo, frente al cual a Touraine no se le ocurriría el reproche de "confusión" con la sociedad civil. El área estatal mantiene la propiedad de los fe­rrocarriles, aviación, transportes en general, comunicaciones, y hasta la Renault; su economía está protegida y muchos sectores de ella, sub­sidiados, como la agricultura. Difícilmente se acepte allí que alguien diga "hay que tirarse al agua fría aunque los costos sean terribles".

Esos son consejos para nuestros pobres países o para las naciones del Este europeo, en las que la CEE piensa hacer sus negocios e in­versiones.

Touraine advierte finalmente sobre los peligros de una democracia socialmente injusta, o un Estado sin raíces sociales: ¿no es la hora de que los intelectuales argentinos intervengamos en la construcción de un modelo de sociedad autónomo -desde nosotros latinoamericanos-antes que terminar aceptando el apoyo "crítico" al menemismo que emana de los centros de investigaciones o las fundaciones de la CEE?

Página/12, Buenos Aires, febrero de 1992.

Otro país es posible

En las últimas semanas me han preguntado con frecuencia si aceptaría una candidatura a senador por la Capital Federal. Creo que todos debemos estar preparados para participar en acciones colecti-

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vas que nos lleven a crear una oposición real e imaginativa que convierta otra vez a la política en un compromiso con los grandes sen­timientos de autonomía y emancipación que, en un verdadero reco­mienzo, interesen nuevamente a ciudadanos sin partido y a las vocaciones políticas que hoy se encuentran disconformes con sus fa­tigadas pertenencias.

Para eso debemos partir de la idea de que otro país es posible. No es cierto que estos planes y experimentaciones económicas, tan tecno-cráticas como salvajes, sean el único camino frente a los cambios en la escena internacional. Una nueva oposición que abandone mezquinos y mediocres particularismos, que llame a la unidad en la diversidad y se atreva a grandes síntesis, que no promueva figuras providenciales ni meras sumatorias de grupos, debe demostrarlo.

Esta nueva oposición real debe ser el lugar de los que no encuen­tran lugar. De los nuevos y viejos desencantados. Es el lugar de los tra­bajadores, de los estudiantes, de los científicos, de los jóvenes, de los artistas, de los intelectuales, de los que están impacientes sin estar des­esperados, de todos los que hicieron de su marginamiento una ética de la esperanza.

La gravedad de la crisis argentina y la tarea de reconstruir el país es de tal magnitud, que solo una fuerza tan democrática como original y militante puede encararla. En este gran escenario político, los hom­bres y las mujeres libres del Sur recorremos el país entero, ciudad por ciudad, barrio por barrio, para preguntar a todos si están dispuestos a esta gesta.

Una nueva oposición como la que imaginamos debe convertir la memoria social en un factor de crítica al presente, con asambleas so­ciales, con elecciones internas abiertas, con movilizaciones origina­les y respeto pluralista. Será esta nueva oportunidad que nos abre la historia.

Este proyecto late pero aún no existe. Tampoco mi candidatura, que solo tendría sentido si contribuyera a impulsarlo. Falta todavía tiempo para las elecciones. Pongamos toda la fuerza en iniciar la marcha de esa construcción colectiva. Si logramos que avance, podrá expresarse esta vez en las urnas. En ese caso, si se me entrega la responsabilidad de una candidatura, la asumiré como una deuda que tenemos los ar­gentinos con un pasado de luchas y compromisos.

Página/12, Buenos Aires, marzo de 1992.

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Desde dónde y para qué

Semana a semana, millones de hombres y mujeres, trabajadores, estudiantes o jubilados son víctimas impotentes de una gran agresión social sin precedentes, a manos del gobierno justicialista de Menem y Cavallo. Porque son millones de argentinos que están solos y esperan, no hay otra urgencia que relanzar la resistencia contra este Estado re­presivo social a través de un grande y generoso movimiento social, po­lítico y cultural.

Entonces nos preguntamos: ¿desde dónde vamos a refundar la va-ciada acción política?

Desde los más necesitados, desde los frustrados en sus esperanzas, desde los que aún sueñan con un país justo y solidario.

Hablamos desde la situación de quienes deben caminar dos horas para llegar a la fábrica, o faltar al trabajo porque el sueldo no les al-canza para viajar. Desde los que no tienen techo. Desde los chicos de la calle. Desde los jóvenes condenados a la marginalidad. Desde las mujeres y los chicos golpeados por una sociedad que descarga su vio­lencia en los más débiles. Desde los jubilados estafados por la seguri­dad social, desde los trabajadores reducidos a la inmovilidad por la amenaza de desocupación, desde los humillados y degradados por la injusticia social.

Hablamos desde los ciudadanos que votaron y que no tienen a quién reclamar que se cumpla su mandato. Desde los millones de ar­gentinos que día a día ven con estupor cómo les roban su patrimonio y no hay justicia que lo impida, desde los que quieren un país democrá­tico y observan cómo se gobierna por decreto o cómo el partido oposi­tor se compromete a respetar la entrega de YPF, nuestro principal baluarte patrimonial, en nombre de la "continuidad jurídica"... Habla­mos desde todos aquellos que dieron buena parte de sus vidas a una militancia popular -peronista, radical o de izquierda- y que hoy están en su casa desengañados por fracasos y mezquindades. Desde los jóve­nes hartos de tantas mentiras e hipocresía que sueñan con un país justo, con un país que tenga el coraje de hablarles con la verdad en la mano.

Hablamos desde los humillados, reprimidos y frustrados que espe­ran una respuesta mientras la clase política se muestra incapaz de re­nunciar a sus pequeños poderes. Desde los jubilados que vienen protagonizando la resistencia, desde los maestros, padres y alumnos que se movilizaron por la escuela pública. Desde todos ellos llamamos a lu­char contra el sistema del despojo constituyendo el más grande movi­miento por la recuperación de lo perdido, por el juicio a las mafias

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corruptas y por la más amplia convocatoria a debatir y elaborar el mo­delo de democracia participativa que sea capaz de realizar el otro país posible.

Es imperioso reunir en un Frente Grande, grandísimo, a todas las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales que se oponen al modelo liberal menemista. Sin exclusiones. Vengan de donde vinieren, sea cual fuere su pertenencia política, hay que dejar de lado las siglas que nos desunen priorizando por sobre todo el relanzamiento del mo­vimiento de resistencia social.

O nosotros hacemos esto, con un compromiso solidario, o segui­remos siendo la voz de los intermediarios, los intérpretes, los imposto­res o los cómplices.

Hoja del Sur, Buenos Aires, noviembre de 1992.

Frente del Sur: Puntos Programáticos Fundamentales

Rotundo rechazo al modelo neoliberal del menemismo, alineado a la nefasta política antisocial, elitista y expoliadora del FMI, la Banca acreedora y sus socios, las compañías multinacionales.

Investigación pública sobre la deuda externa, contraída ilegalmente por el poder de facto de la dictadura militar, legalizada sectorialmente por el gobierno de Menem.

Ley de responsabilidad política, que obligue a los legisladores y funcionarios públicos a rendir cuentas sobre su gestión y a ser enjui­ciados y penalizados por incumplimiento de promesas electorales o desempeño fraudulento.

Redefinición del rol del Estado, como ente responsable del bien­estar y protección de toda la población, y de la defensa y administra­ción del patrimonio y riquezas nacionales con sentido social.

Cese inmediato del programa de privatizaciones y rendición pú­blica de cuentas sobre las condiciones del traspaso de las empresas públicas al área privada, el monto de las ventas y el destino de los fon­dos obtenidos.

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Debate nacional sobre la reforma constitucional, para incorporar, entre otros, el derecho al referéndum, el plebiscito, la consulta, el veto popular y otros mecanismos de democracia directa, que habilitan la par­ticipación popular en la toma de decisiones fundamentales y en la po­lítica de bienestar social de forma de garantizar el respeto y aplicación de los derechos humanos para toda la población, sin discriminación.

Incorporación de los derechos de la niñez, de la juventud, de la mujer, de la tercera edad, del amparo económico por el desempleo y la desocupación forzosa y los de los discapacitados. Creación del Minis­terio de las Edades, coordinado por especialistas y representantes ele­gidos popularmente.

Creación del Ministerio del Medio Ambiente y Calidad de Vida. Para garantizar y aplicar el derecho a un medio ambiente sano y una calidad de vida digna, y como órgano rector de una política ambiental y de control sobre el delito ecológico y los factores elementales de la condición de vida social.

Educación pública y gratuita para todos los niveles como otro de­recho humano inalienable.

Avance hacia la construcción de un frente social y popular amplí­simo, nacional y latinoamericano, como fuerza revolucionaria de cambio y oposición real a la estrategia neoliberal y como salida al bipartidismo cómplice del Norte.

Buenos Aires, 1992.

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VI. Hacia un Frente (más) Grande

El Frente Grande logró conformarse hacia abril de 1993. El 27 de ese mes, representantes del Frente del Sur -"Pino" Solanas (Corriente Independiente Sur), Luis Brunati (Encuentro Popular) y Patricio Et-chegaray (Partido Comunista)- y del FREDEJUSO -Carlos "Chacho" Ál-varez y Aníbal Ibarra (MODEJUSO) y Marcelo Vensentini (Partido Intransigente)- firmaron el Acta Fundacional, para conformar una fuerza nacional de unidad con orientación nacional, popular, demo­crática, progresista y antiimperialista, para disputar el poder contra el bipartidismo UCR-PJ.

Solanas, Álvarez y Graciela Fernández Meijide se presentaron a las elecciones a diputados nacionales del 3 de octubre. El primero, junto a Brunati, recorrió la provincia de Buenos Aires. Los dos últimos se concentraron en la Capital Federal. La tarea de quienes provenían del Frente del Sur era inmensa: controlar las mesas electorales en más de ciento treinta distritos. El robo de votos fue elocuente: de un 6% en boca de urna, se computó finalmente un 4,2%, apenas por debajo del porcentaje necesario para que Brunati pudiera ser electo diputado por la provincia junto a Solanas. Álvarez y Fernández Meijide entraron como diputados por la Capital Federal.

Corría entonces el cuarto año del gobierno menemista, y se pro­ducía el primer ajuste grande que afectaba a las provincias, que esta­ban perdiendo los polos de desarrollo de los ferrocarriles y de las empresas públicas de acero, gas, carbón y petróleo. Las explosiones so-ciales comenzaron a ganar las tapas de los diarios. Así, el 16 de di-ciembre, se produjo el Santiagazo: una marcha sindical que culminó con el incendio de la Casa de gobierno provincial, de los Tribunales y casas de políticos locales.

Hacia fin de año - 1 3 de diciembre de 1993-, Carlos Menem y Raúl Alfonsín negociaron el Pacto de Olivos, lo que derivó en una convocatoria nacional para elegir representantes convencionales que tendrían la misión, a mediados de 1994, en Santa Fe, de reformar la Constitución Nacional. La Convención Nacional del Radicalismo, máximo órgano partidario de la UCR, se había pronunciado en con­tra del acuerdo con el Partido Justicialista. Pero el ex presidente ra-

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dical, presionado por un reducido grupo de gobernadores y diputados de su partido y a espaldas de la Convención, aceptó el convite me-nemista.

Al mismo tiempo, comenzó a plantearse dentro del Frente Grande un crucial debate sobre la orientación que la fuerza debía tomar. Las posturas giraban en torno al cuestionamiento o no del modelo neoli­beral del menemismo: ¿había que oponerse a las privatizaciones, a la convertibilidad y al modelo de saqueo? Por otro lado, con relación a la construcción política, ¿hacia dónde había que crecer para ser go­bierno en 1995? ¿Construir un frente antimenemista con sectores pro­venientes del bipartidismo -como podían ser muchos grupos radicales y justicialistas-, o mirar, con tiempos de construcción menos vertigi­nosos, a las organizaciones sociales y sindicales?

El Frente Grande crecía. Las elecciones de octubre habían sido un buen comienzo. Pero las elecciones a convencionales constituyentes -realizadas en abril de 1994-, aunque convirtieron al FG en la tercera fuerza nacional, le provocaron una herida de muerte como fuerza al­ternativa al modelo económico vigente.

Una cita con la historia

Hace un año, cuando Menem se paseaba como un agente de ne­gocios arrogante y satisfecho, parecía ilusorio decir que las cosas po­dían ser de otro modo. Ahora el sentimiento compartido de darle a este país otro rumbo que lo saque del desmantelamiento, la corrupción y la insensibilidad, comienza a tener realidad política.

Los tiempos en que las fuerzas democráticas nacionales, populares y progresistas marchaban decididas a las elecciones parecen tocar a su fin. Ahora los excluidos, los desocupados, los trabajadores y estudian­tes despreciados y privados de realización, los productores y técnicos desprotegidos, las mujeres oprimidas, los jubilados sin horizonte y, en general, todas las sensibilidades innovadoras, pueden considerar que estamos ante una nueva oportunidad. Las utopías personales y las es­peranzas colectivas, con las que la historia inmediata fue tan despia­dada, podrán renacer.

Ahora nuestros compromisos políticos podrán dar un salto gene­roso hacia el futuro. Los que hicieron de su marginamiento una secreta espera y los que quieren rescatar la política para un presente de justi­cia no precisan ya exponer sus creencias bajo un manto de dudas.

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El año pasado asistimos a una elección a senador donde el Frente del Sur dejó a estos sentimientos transformadores en una auspiciosa si­tuación electoral. Las valientes movilizaciones por la escuela popular, la jubilación pública, el fortalecimiento del Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) y la conciencia de preservación de las bases mate­riales de la cultura ferroviaria del país nos permiten y exigen dar otros pasos hacia adelante.

Como resultado de múltiples voluntades y esfuerzos convergentes, estamos en la antesala de la construcción de un Frente Grande con proyección hacia todo el país, concebido como una durable opción de participación popular, democratización social, defensa del patrimonio público, cuidado de la naturaleza y renovación de la vida. Hay un nuevo clima de creciente entendimiento entre los partidos del Frente del Sur, FREDEJUSO, Democracia Avanzada y junto a ello un amplio caudal de simpatías entre peronistas disidentes, radicales, socialistas, demócratas cristianos, hombres de izquierda y de pensamiento pro­gresista, militantes sindicales, sociales y de derechos humanos.

Todos tenemos una deuda impaga con las vidas oprimidas, con el trabajo agredido y la cultura despreciada. Es hora de recrear nuestras fuerzas. Las próximas elecciones Internas abiertas de todo este nuevo espacio en crecimiento serán la fiesta, la sorpresa que nos sacará de mohosas rutinas. Comenzamos a responderle a la desesperanza. Hay una cita con la historia.

Página/12, Buenos Aires, 23 de marzo de 1993.

Pacto y censura

Se los apreciaba orondos y satisfechos. Los dos hombres estaban en un momento jubiloso de sus carreras. Entre ambos decidían por to­dos. Viéndolos en el arrobamiento del acuerdo, entre palmaditas, piz-zetas, misteriosos operadores, podíamos percibir que, justo ahora que ellos hablaban de "deponer particularismos", se estaba diagramando un país atado a las formas más conservadoras de la política y a la le­galización del modelo económico.

En efecto, el pacto para la reforma constitucional firmado por Me­nem y Alfonsín revela lo más cuestionable de la tradición patriarca-lista, lo más odioso de los hábitos de trastienda donde se reúnen en reserva los jefes, lo más entristecedor de un estilo político que en nom-

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bre de "actos históricos" está desmoralizando o descalificando al con­junto de la vida democrática.

Nos dicen qué cosas hay que discutir, cuáles son los límites que no hay que pasar. Presentan una cartilla ya masticada, con algunos pun­tos que, aunque fuesen parcialmente aceptables, terminan hiriendo el corazón de la democracia participativa. Porque esta reforma quiere si­tuarse como un obstáculo a otras modificaciones que exige el cuerpo constitucional del país. Omite cobardemente entrar en los grandes te­mas que profundizan la democracia -derechos humanos y sociales, formas de gestión participativa, defensa del patrimonio público- para limitarse a incorporar las decisiones que interesan a los patriarcas que confunden las instituciones con su afán de perdurabilidad. Un pacto de esta índole implica, de hecho, una forma de censura social.

Toman los grandes temas y los desacreditan. Pronuncian palabras graves y guiñan un ojo. La cultura menemista parece haberse genera­lizado por doquier. Una Constitución reformada implica debate abierto, creación de nuevos derechos y reflexión de toda la sociedad. Pero los caudillos quieren una Constitución fabricada en un fin de semana en­tre medialunas y movicones. Así no. Más allá de la censura, el gran de­bate está a nuestra espera.

Página/12, Buenos Aires, 17 de diciembre de 1993.

Un gran frente opositor (respuesta a La Porta)

¿Cuál es el perfil ideológico que debe tener un frente capaz de des­viar el triste destino de un país castigado por planes e ideas retrógra­das? ¿Cuáles son los modelos de construcción que debemos priorizar? ¿Fortalecer el partido o el frente? ¿Entrelazarlos con los movimientos sociales o buscar articulaciones creativas con ideas frentistas renova­das? Estos y muchos otros temas siguen abiertos y aún no han sido agotados por nuestros debates.

Yo me formé en las ideas nacional-populares de FORJA y del pero­nismo, y siempre he defendido sus grandes postulados de cambio y jus­ticia social. Si alguna vez, estimado La Porta, hubiera creído que la política consiste en sumar votos renunciando a los ideales, no hubiera su­frido exilios ni agresiones, como tampoco hubiera renunciado al PJ ac­tual, dueño de los votos. Tampoco perdí sentido crítico o autocrítico o caí

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en la mezquindad de no reconocer los aportes que otras fuerzas hicieron a la cultura democrática y social argentina. Recordemos las luchas de los socialistas o de los anarquistas y comunistas en las primeras décadas de este siglo, el radicalismo yrigoyenista y la auténtica revolución de­mocrática que fue la Reforma Universitaria de 1918. ¿Se puede olvidar la contribución ética y política que desde distintas identidades hicieron| hombres como Juan B. Justo y Alfredo Palacios, Ingenieros y Ugarte, Ga­briel del Mazo y Lisandro de la Torre, Scalabrini Ortiz y Jauretche, José Luis Romero, Lebenshon y John W. Cooke? Pero tampoco podemos ne­gar la trascendencia del 17 de octubre, ni a Perón, Evita y los trabajado­res, ni olvidar los aportes de la Constitución del 49. Reconocerla como un antecedente válido no significa que estemos pidiendo su restitución. Tampoco lo planteó Perón en el 73. Hoy necesitamos un texto que no sólo defienda el patrimonio y los derechos sociales, sino que garantice una democracia real y nos proteja contra agresiones y despojos.

El Frente Grande ha privilegiado la construcción de un frente opo­sitor que incluya sectores sociales, del trabajo, la cultura y la producción. No una mera suma de ideologías ni una unidad amorfa sin perfil ni de­bate de ideas renovadas. Todo lo contrario: la unidad en la diversidad, buscando una nueva síntesis y un nuevo lenguaje amplio y compartido. Nos empujan las urgencias de la gente y de un país saqueado por una corrupción sin precedentes. La crisis en el mundo toca a todos los mo­delos ideológicos y creo que no existen diferencias que justifiquen mar­char separados al FG y al PS. Esta desunión es aún menos comprensible a los ojos de la gente. El humor popular la empieza a tomar a la chacota. El otro día, al volver del encuentro con los socialistas, un muchacho en la esquina del Congreso me gastó así: "Che, no jodan más... Si no se jun­tan en serio, la gente les va a cerrar la puerta y se van a quedar solanas". Más allá de la inventiva popular, nosotros valoramos la estrategia de re­construcción del PS, pero creemos que la misma no es contradictoria con su integración a un gran frente electoral opositor.

Página/12, Buenos Aires, 2 de febrero de 1994.

Frente Grande: Acta Fundacional

Las deliberaciones llevadas a cabo durante estos meses por los re­presentantes del Frente del Sur, Luis Brunati (Encuentro Popular), Pa­tricio Echegaray (Partido Comunista) y "Pino" Solanas (Corriente

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Independiente Sur) y del FREDEJUSO, Carlos Álvarez y Aníbal Ibarra (MODEJUSO), y Marcelo Vensentini (PI Capital), han arribado a la de­cisión de unirse para constituir el Frente Grande a nivel nacional y es­tablecer:

1. Las fuerzas políticas que suscriben esta declaración consideran indispensable promover la unidad más amplia posible de las fuerzas políticas y sociales de orientación nacional, popular, democrática, pro­gresista y antiimperialista, para alcanzar ese imperioso objetivo.

2. Expresan la voluntad común de constituir un espacio político unificado de carácter permanente, con la decisión compartida de pro­mover la extensión de este acuerdo a todo el ámbito territorial del país, respetando las especificidades y modalidades de cada distrito.

3. Asimismo establecen que es voluntad común de los participan­tes de este acuerdo invitar a compartir la iniciativa a las fuerzas políti­cas y sociales que manifiesten afinidad con los lineamientos señalados para la construcción del Frente.

4. Se deja expresa constancia de la total y absoluta incompatibili­dad de esta propuesta con las expresiones políticas del ajuste neolibe­ral en sus vertientes corruptas o prolijas y con las variantes autoritarias del sistema o herederas de la última dictadura.

5. Asumen el compromiso de elaborar y aprobar en conjunto un proyecto alternativo para el país solidario y participativo, sobre la base de un acuerdo programático que sintetice el pensamiento y las pro­puestas de las fuerzas políticas y sociales que integran esta construcción frentista.

6. Acuerdan elaborar una carta orgánica para este Frente, susten­tada en pautas democráticas y participativas, que habrá de regir su fun­cionamiento así como también los deberes y atribuciones de sus organismos de dirección, tanto a nivel distrital como nacional.

7. A fin de dar principio de ejecución a esta voluntad política, de­ciden sentar las bases de un acuerdo para llevar adelante una presen­cia y una campaña político-electoral unificada en las elecciones previstas para el año en curso.

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8. A tal efecto acuerdan que las elecciones internas abiertas a la participación de todos los ciudadanos inscriptos en el padrón general de la Nación, serán el procedimiento para la elección de los candida­tos postulados por el frente electoral, como asimismo para la simultá­nea designación de los integrantes de los organismos provisorios de dirección del Frente.

9. Para la coyuntura electoral del corriente año, coinciden en la necesidad de realizar las elecciones internas abiertas, no más allá del mes de mayo próximo venidero, con la disposición de que estas se re­alicen en forma simultánea en todos los distritos del país donde se haya constituido el Frente.

10. Se acuerda la conformación de una tesorería única del Frente que administrará los fondos provenientes del aporte estatal que perci­bían los partidos integrantes en función de los votos obtenidos en las elecciones anteriores, así como aquellos que resulten de próximas elec­ciones. El mismo criterio se aplicará con respecto a todo otro aporte partidario y a los recursos obtenidos para las campañas electorales y las diversas actividades del frente.

11. Se conviene que, en el cumplimiento de su mandato, los can­didatos que resulten electos por este Frente deberán ajusfar su accio­nar a los acuerdos programáticos y deberán actuar en nombre y representación del Frente.

12. La vocación de dar al Frente una proyección del futuro y la ne­cesidad de articularlo a nivel nacional exigen definir un precandidato para las elecciones presidenciales de 1995. En tal sentido, por su tra­yectoria y conducta, se acuerda postular por este Frente al compañero Fernando "Pino" Solanas para esa alta responsabilidad.

Buenos Aires, 27 de abril de 1993.

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Vil. La Constituyente Nacional y la debacle del Frente Grande

Preparándose para las elecciones de convencionales constituyentes, "Pino" Solanas y un grupo de compañeros planteaban la tesis de que ha-bía que convertir al FG en un gran movimiento político, social y cultu- j ral, contrario al modelo de saqueo impuesto desde 1976 y profundizado desde 1989; había que privilegiar ir hacia un gobierno con alianzas so­ciales transformadoras. Por el otro lado, "Chacho" Álvarez, Fernández Meijide, Aníbal Ibarra y Carlos Auyero sostenían que no se podían cues-tionar las privatizaciones, pues había que garantizar la continuidad jurí-dica, y que cualquier futuro gobierno debía priorizar la gobernabilidad. )

Los medios de comunicación hicieron una fuerte campaña que voreció a la corriente chachista. Álvarez se convirtió antes de las elec­ciones constituyentes, durante el verano de 1994, en el héroe antico­rrupción que combatía los atropellos de Matilde Menéndez en el PAMI.

Llegadas las elecciones, el 10 de abril de 1994, el resultado fue exi­toso: mientras el PJ obtuvo 144 convencionales y la UCR 71, el FG se convirtió en la tercera fuerza, con 31 convencionales. Solanas logró casi un millón de votos en la provincia de Buenos Aires -e l 17,5%-, muy por arriba de lo que obtuvo Raúl Alfonsín.

Mientras, se completaba el desguace del Estado. Junto a la privati­zación de las jubilaciones, con la aparición de las AFJP -cuyo miem­bro informante también fue Osear Parrilli-, llegó la flexibilización laboral, con reducción de sueldos, retrasos en los pagos, congelamien­tos de la antigüedad y pagos en bonos. Todo esto impulsó a la CTA, in­tegrada por numerosas organizaciones sociales, a realizar la primera gran movilización nacional contra el gobierno menemista: la Marcha Federal se realizó durante el invierno de 1994.

La Convención Constituyente se acercaba. El FG tenía que tomar una definición trascendental. El PJ y la UCR habían acordado votar la reelec­ción presidencial y profundizar la fragmentación de la Nación, con la pro-vincialización de los recursos del subsueló. Esta alianza iba a constituirse en la legitimadora del modelo neoliberal implantado en los años noventa

La Convención se desarrolló entre mayo y agosto de 1994. En el se­gundo día de la Convención se presentó a votación un paquete cerrado

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que incluía las cláusulas que el FG se había propuesto no avalar. Sin embargo, dirigido por el sector del "Chacho" Álvarez, el frente que ha­bía nacido para combatir las políticas neoliberales ahora las legitimaba.

Como convencional, Solanas se había desempeñado como vice­presidente de la Comisión de Nuevos Derechos. Trabajó en varias cláu­sulas. Una de ellas, la N° 17 del artículo 75, sostiene: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos...". Además, logró que se votara por unanimidad la cláusula de cultura, in­ciso 19 del artículo 751: "Dictar leyes que protejan la identidad y plu­ralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales".

Por entonces, las diferencias entre Solanas y la corriente mayorita-ria del FG eran insalvables. Los intentos de convertir aquel frente en un partido que aunara las fuerzas políticas y sociales en un espacio unificado para combatir el modelo neoliberal (Partido del Frente), habían fraca­sado al ser controlado por el sector de Álvarez. En un intento por recu­perar los principios fundacionales, Solanas creó la Corriente Grande.

El 1o de septiembre tuvo lugar el Pacto del Molino: el FG llegó a un acuerdo con el radical Federico Storani y el senador justicialista José Octavio Bordón. Poco después, el partido País (Política Abierta para la Integridad Social, encabezado por Bordón) y el FG conforma­ron el FREPASO (Frente por un País Solidario). En elecciones internas abiertas, Bordón triunfó ante Álvarez y encabezó la fórmula presiden­cial en las elecciones de 1995. Estas se realizaron el 14 de mayo. Me-nem resultó reelecto y el FREPASO quedó en segundo lugar, con el 29%

1 "Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la genera­ción de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecno­lógico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regio­nes. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacio­nal respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la so­ciedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportuni­dades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la auto­nomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales."

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de los votos. Solanas se presentó por el frente Alianza Sur, pero ob­tuvo un magro resultado.

En sólo dos años de existencia, desde su constitución en abril de 1993 hasta mayo de 1995, el Frente Grande sufrió un viraje progra­mático que lo convirtió en un fracasado intento como experiencia po-lítica alternativa al modelo bipartidista que profundizaba las políticas neoliberales en el país.

La reelección es un botín

Está a la vista que después del 10 de abril se produjo en la provin­cia de Buenos Aires un hecho inédito, que altera la forma tradicional de hacer política. Por primera vez se mantiene firme e íntegro, después de una elección, el mandato que surge del voto mayoritario de la gente, que decidió explícitamente negar la reelección del gobernador Eduardo Duhalde, aunque en otras cuestiones haya dividido sus preferencias.

Chantajes, amenazas, coimas suculentas, la resucitada violencia de barras bravas, oscuras transas, dádivas, nombramientos, alambicados argumentos leguleyos, en síntesis, la más sofisticada "ingeniería polí­tica", como le dicen elegantemente en esferas del poder, no pudieron hasta ahora torcer ese mandato cívico.

A pocos días de conocerse los resultados electorales desafié a Du­halde a que diera el nombre y apellido de los convencionales cuya volun­tad decía ya haber ganado, y que se sumarian a sus sesenta y cinco, para otorgarle la mayoría. Quería despejar las sospechas de corrupción, como las que en Corrientes hicieron desaparecer a un elector radical cuando se discutía el nombramiento del futuro gobernador. No tuve respuesta.

Luego reclamé a Raúl Alfonsín que hiciera cumplir la plataforma aprobada por los cuerpos orgánicos de la provincia de Buenos Aires -que rechazó la reelección de Duhalde- con la misma firmeza que tuvo para intervenir su partido en Entre Ríos por oponerse al pacto de Olivos. Le sigo reclamando lo mismo ahora, ante la presión desembozada del me-nemismo y el duhaldismo, unidos por el espanto de perder el poder.

Le pedimos también al MODÍN que mantuviese una posición coherente con lo sustentado durante esta última campaña electoral. Y lo reiteramos ahora, ante la denuncia de intento de soborno de uno de sus convencio­nales por la suma de 1.500.000 pesos, que ellos mismos hicieron pública.

Pero como hasta ahora todas las maniobras fracasaron en la Con­vención bonaerense -incluidas las barras bravas de la sesión inaugu­ral, que entraron con "falopa y calzados", según lo reconoció el propio

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intendente duhaldista de Lomas de Zamora, Juan Bruno Tavano-, el gobernador decidió chantajear al presidente bajo el lema de o hay re-elección para todos o no hay reelección para nadie.

Y entonces entró por la ventana de la Convención Nacional la po­sibilidad de una cláusula tobogán, por la que desde la Constitución Na­cional se pretende garantizar la reelección de todos los gobernadores.

Y entonces entró a tambalear el Pacto de Olivos, la unidad interna del propio justicialismo y apareció sin tapujos el canibalismo impe-

rante en el partido del gobierno, con la reelección como único botín y la Constitución Nacional como simple taparrabos de esa pretensión.

La reafirmación ética que se inició el 10 de abril logró que se caigan los disfraces. Hoy está obscenamente al desnudo que la Constitución Na­cional sólo les interesa a Menem y Duhalde para perpetuarse en el poder, aunque por el camino se hagan trizas los pactos de Olivos, la unidad del justicialismo y, aún más, la credibilidad de los políticos profesionales.

El paquete que garantiza ese pacto -que no quisieron que lo abra­mos para discutirlo punto por punto-, ahora buscan romperlo de un sa­blazo - lo propuso el propio secretario general del Pajarito, Alberto Kohan- para eliminar un balotaje que ya no se sienten seguros de ganar.

Por eso, el mismo camino unitario que recorrimos en Buenos Ai­res lo queremos andar en Santa Fe: proponemos a todas las fuerzas de oposición que no avalemos con nuestra presencia la eventual intro­ducción de la cláusula tobogán, que vulnera la autonomía de las pro­vincias y la propia ley que estableció la necesidad de reforma de la Constitución Nacional, ya que la reelección de los gobernadores no es tema habilitado por ella.

Clarín, Buenos Aires, Io de junio de 1994.

El Frente Grande en la encrucijada

El Frente Grande está inmerso en una encrucijada. El imprevisto crecimiento del 10 de abril y las urgencias que plantea el 95 -con la po­sibilidad efectiva de disputar el gobierno- ha obrado con una suerte de energía estimulante y crítica, a la vez que imprecisa y confusa.

Superar esta acechanza presupone convocar a un debate profundo y democrático en el cual no se traduzcan las necesidades inmediatas en decisiones apresuradas. Nada está dado, y todo debe ser fruto de cui­dadosas construcciones colectivas. ¿En qué sentido? Primero, en el de

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formular los problemas, que no se plantean por sí mismos sino que exi­gen un aprendizaje en su propia formulación. Y luego, en resistirnos a considerar más claras las ideas que ocasionalmente nos sean más úti­les, pues el mero criterio de utilidad suele ser fuente de oportunismos desprovistos de horizontes programáticos.

LOS INTERROGANTES

La encrucijada y los interrogantes que se plantean hoy las militan-cias del Frente pueden resumirse en estas cuestiones: ¿Es posible ser go­bierno en el 95 y, de llegar a serlo, es posible satisfacer las demandas de la gente? ¿Cuál es la propuesta y el programa de gobierno que se intenta llevar a cabo: corregir o ajustar el plan Cavallo con mejor asignación del gasto y mayor sensibilidad social oponiendo a la administración corrupta del menemismo otra honesta y eficiente o, por el contrario, vamos a pre­pararnos para comenzar a reemplazar el modelo liberal que es el cau­sante de corrupciones e injusticias? ¿Nuestra política de alianzas debe privilegiar el frente antimenemista con sectores del bipartidismo o una gran alianza política, social y económica con todo el frente social que se expresó en la Marcha Federal y todos los partidos que quieran confron­tar con el modelo? ¿Y para estos fines, el Frente debe convertirse de ma­nera apresurada en un partido sin respetar los tiempos de las fuerzas que le dieron origen o debe encontrar tiempos y metodologías abarcativas? ¿El sueño de un espacio único que contuviera a todos a la manera del PT y con métodos más democráticos que los del bipartidismo no está re­ñido con las ideas excluyentes de dejar afuera al que no se disuelva ahora? ¿Es aceptable, en una fuerza nueva que aspira recrear la política y contener y sintetizar la unidad de la diversidad, que pueda reiterar el sistema de mayoría y minoría para la elección de candidatos -e l mismo PJ, la UCR y de la mayoría de los sindicatos- olvidando que no podemos estar por debajo del sistema proporcional que es el que impera según la ley electoral en el orden nacional? ¿Será la idea del Partido superior a la del Frente la de conjugar organización y espacio para la fusión con las virtudes y facilidades que ofrecen los frentes siempre abiertos a nuevas incorporaciones; en otras palabras, el viejo dilema entre organización rí­gida y estructura abierta no es un dilema que exigirá de nosotros com­prensión e invención permanente para que esta construcción no termine contratando los fines que la inspiraron? Si pretendemos meter a todos en los tiempos y en los modelos de una de las tendencias del Frente por más fuerte que sea, ¿no estaremos dando una señal equívoca y contra­dictoria? ¿La mesa promotora -nombrada por una Mesa Nacional pro-

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visoria— no nos está llevando por la premura a la tentación de caer en una suerte de PJ II o Renovación 2? Por último, ¿no son absolutamente los militantes y adherentes del Frente quienes deben decidir sobre cuál de estos modelos, métodos y formas deberá ser definitivamente el Frente Grande, es decir, no deben ser ellos quienes a través de las internas abier­tas opten por la forma de Partido o la del Frente? En síntesis, una vez más estamos frente a un tema abierto que, después de haberlo postergado durante más de un año, estalla ahora con más fuerza. Nunca como ahora debemos enfrentar todas las ideas que, en nombre de apuros electorales o de la eficacia de conducción, quieren cerrar el debate o dejar afuera a sectores que han fundado el Frente Grande. El Frente Grande está en la gente, no debe reconocer patrones de ninguna naturaleza, y debe seguir siendo en su versión Partido o Frente una Casa Abierta en permanente construcción y en torno de un proyecto programático. El único cons­tructor soberano es el adherente y no solo sus cúpulas o direcciones.

El optimismo merecido por el crecimiento del Frente contiene tam­bién un cierto desconcierto que aún hoy no tiene respuesta.

No pretendemos agotar el debate ni mucho menos, sino al menos abrirlo de la manera más honesta y respetuosa.

LA CORRIENTE GRANDE

La Corriente Grande nace en este momento de encrucijada y cri­sis. No es una organización más ni pretende serlo, sino una suerte de red que construya los lazos y referencias entre innumerables grupos y organizaciones distritales que no tienen representatividad en el Frente porque no integran ninguna de sus fuerzas nacionales, así como a to­dos aquellos ciudadanos y compañeros que se sienten como nosotros los sentimos siempre, adherentes al Frente.

Hoy queremos ayudar a unir estas voluntades en una corriente grande, abarcativa y pluralista que nace reafirmando las banderas que fundaron el Frente: ser una alternativa al modelo liberal de ajuste, cons­truir un espacio más democrático y participativo que el de las fuerzas políticas que criticamos y, por último, en articulación permanente con el movimiento social.

LA CUESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD

Nos encontramos hoy ante un debate en que se acentúan dos tesis diferentes: la gobernabilidad acrítica por un lado, y la del gobierno con

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alianzas sociales transformadoras. La primera tesis plantea gobierno de transición compartido con otras fuerzas, adaptando las propuestas a la posibilidad de gobernar.

Respetamos estas posiciones pero nos parecen equivocadas. Pen­samos otra tesis: la superación del modelo actual por el otro país po­sible, retomando las propuestas del Frente y las que viene elaborando el espacio sogial del CTP y otras organizaciones y sectores. Esta posi­ción criticaba la anterior porque no solo se aparta de los planteos tra­dicionales del Frente -que nació como alternativa concreta al modelo liberal conservador-, sino que hace un equivocado diagnóstico de la re­alidad. Los tiempos actuales no son los del 1990-92 sino lo contrario: todos los índices socioeconómicos indican que la situación irá empe­orando hacia el 1995-96. Por lo tanto, no son tiempos de resignar po­siciones, sino de mantener el tono opositor al modelo y no preocuparse tanto por los dirigentes de otras fuerzas que no sabemos qué grado de representatividad hoy tienen, sino hacer crecer el Frente con una ma­siva campaña de adherentes, fortalecerlo en su articulación con las lu­chas de los trabajadores y construir una gran alianza con las fuerzas sociales y económicas que padecen el modelo. Sacar las alas al mene-mismo con un gran frente antimenemista es bueno, pero la política de alianzas con Bordón y Storani, más allá de análisis más profundos, tampoco alcanza si no hay una sólida alianza con lo social y los sec­tores del campo, el comercio y las medianas empresas.

Por eso, nuestra propuesta es la de construir un gran Consejo Político Económico y Social que acuerde las bases de un programa de recons­trucción argentina donde se sienten no solo los sectores del Congreso de la Producción del Trabajo, sino todas las fuerzas y sectores políticos que quieran confrontar con el modelo y sumarse al proyecto alternativo.

El mayor error de la tesis de la gobernabilidad es creer que mañana todo será como hoy y que basta demostrar una imagen y una propuesta que no asuste al establishment para poder llegar al gobierno. Sin duda, que esa es una de las posibilidades y, a nuestro juicio, el Frente irá por mal camino si oscurece su perfil opositor y mimetiza su propuesta con tibios remiendos al modelo imperante. El mayor problema es explicarle a la gente cómo van a hacer para financiar sus urgencias sociales. Todavía na­die se anima a decir de dónde va a salir el dinero para pagar lo que veni­mos prometiendo a la gente desde hace un año, o para decirlo de otra manera, para poder cumplir con lo que la gente nos ha venido pidiendo con su apoyo y con su voto: trabajo, seguir estudiando, atención médica, un sueldo digno, no cerrar el negocio o hipotecar el campo, etcétera. En cualquier tiempo y lugar, lo que no sale de un lado sale del otro. Es decir, lo que se le cargue a un sector -los trabajadores- se le cargará al otro.

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El modelo actual ha dejado a los grupos monopólicos actuar en la mayor impunidad y será muy difícil poner en práctica una política de entes reguladores sin que ellos no reaccionen como los auténticos due­ños del país. A lo largo de estas décadas se amamantaron de todas las dictaduras y gobiernos como la patria contratista, impulsaron todas las aventuras golpistas, crecieron durante el Proceso y vivieron corrom­piendo el aparato del Estado. Por último, derrumbaron a Alfonsín con el dolarazo y se quedaron con toda la parte rentable del patrimonio público. ¿Cómo hacerles pagar un cambio drástico en la política im­positiva? ¿Cómo enfrentar la desestabilización que sin duda lanzarán?

¿Tendremos que aceptar el chantaje o el terror a la fuga de capita­les para volver a decepcionar las esperanzas de millones de argentinos a los que hemos invitado a creer? En suma: en materia socioeconó­mica no hay inmovilidad o tierra neutra. O nos preparamos para un go­bierno firme, y si se hace necesario, confrontar con los de arriba, o terminaremos confrontando con los de abajo, lo que sería una absoluta tragedia frente a las alicaídas esperanzas argentinas. El cerdo, cuando se lo trincha, siempre grita. Se lo pinche en la panza, en el muslo o el costillar, sea el impuesto a las ganancias o la recuperación de la renta del gas o del petróleo, el cerdo siempre chillará.

Desde el Santiagazo y las demás luchas del Interior, pasando por la formidable Marcha Federal y el paro del 2 de agosto, estamos ante un escenario totalmente distinto que plantea la declinación del mo­delo y el menemismo, y al mismo tiempo, el despertar de tiempos de movilización que exigen al Frente estar a su cabeza.

La tesis de la gobernabilidad plantea que no se debe revisar las pri­vatizaciones, lo que significaría aceptar una enorme cadena de ilícitos contra el patrimonio público. La ética y la lucha contra la corrupción deben correr tanto para Matilde o Gostanián como para los grandes grupos económicos que nos despojaron del patrimonio rentable del país. Como bien dijo Osvaldo Álvarez Guerrero, hay que dar conti­nuidad jurídica, pero de los actos lícitos y no de los ilícitos. No inves­tigar los gigantescos ilícitos denunciados en estos años sería convalidar la impunidad como estilo de la vida nacional y el indulto como la más alta medida política. Lo que está detrás del recambio menemista es la necesidad del sistema de asegurar que no habrá modificación de la enorme transferencia de recursos y del patrimonio público a manos

' privadas. Nosotros no decimos que hay que volver a estatizar todo. Pero tampoco decimos que hay que aceptar el país de los ilícitos, la impunidad y el indulto. El Congreso debe investigar y rescatar lo que sea valioso y estratégico para el manejo de la economía y hacerlo con

' nuevas formas de gestión donde participe el conjunto de la sociedad.

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LOS MILITANTES

Desde la fundación del Frente Grande pusimos nuestros esfuerzo en trabajar para el conjunto y no construyendo una organización pro­pia. Lejos de verlo como un gesto de unidad hacia todos, algunos lo vie­ron como una debilidad y terminaron minimizando -como lo hizo el gobierno y los grandes medios- el triunfo que tuvimos en el distrito más grande y difícil del país, venciendo a Alfonsín en su casa y en­frentando también a Duhalde y a Rico. El millón de votos que obtu­vimos -la mitad de los que conseguimos en todo el país- no sirvió para que nos respetaran. Ese resultado no fue solo obra de las exito­sas denuncias televisivas, sino también de la suma de cientos de ac­tos, encuentros, movilizaciones y campañas que acompañaron la implantación del Frente en los 128 distritos de la provincia desde ju­nio de 1993, así como también del acierto y la confianza que en cada pueblo o localidad fueron aportando los nuevos referentes que incor­poramos.

Frente a los posicionamientos apresurados, el cangurismo de los dirigentes que el 11 de abril saltaron hacia el grupo "triunfante" acele­rando una crisis transversal en todas las organizaciones del espacio; frente al corrimiento programático hacia posiciones de centro liberal y la tentativa de querer hacer pasar como una disputa de candidaturas a las críticas que desde mayo venimos realizando, es que por primera vez nos hemos decidido a impulsar una línea interna: La Corriente Grande. Una corriente amplia y pluralista, que despegando las auto­nomías e identidades se dé a la tarea de reconstruir la red de todos aquellos sin partido o independientes, de grupos y agrupaciones polí­ticas o sociales que se referencian con los postulados fundacionales del Frente Grande. Unidad en la diversidad, propuesta programática para el otro país es posible y su organización interna democrática.

Casa Abierta quiere ser el instrumento de un debate y de un pro­yecto aún abierto e, inconcluso, como son las aspiraciones de trans­formación y democratización del país. Una tribuna libre y abierta para reformar la idea de la unidad en la diversidad y ayudar a la construc­ción del gran Frente que todos soñamos.

Si todo esto no fuera así, estaríamos contradiciendo lo que pro­metimos a las militancias desde la fundación del Frente. No se puede convocarlas para las campañas y tareas más ingratas y luego olvidar­las, escaparles o amonestarlas con ideas tales como que no se puede ha­cer política desde y para las militancias -tampoco ningún militante ha pedido algo semejante-. Es lamentable que en la medida de que el Frente ha ido creciendo y con ellos sus posibilidades de ocupar espa-

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cios de gobierno, también ha comenzado a desarrollarse una cierta idea de que las militancias son quienes entorpecen el éxito y el crecimiento.

Vamos a seguir trabajando por la unidad y por reconstruir la con­fianza y el afecto entre todos a través del diálogo sincero. Vamos a se­guir trabajando por abrir todos los debates pendientes y por la construcción del más grande Frente político, social y cultural que pueda derrotar a las fuerzas del modelo liberal conservador.

Volvemos a empezar con modestia y volvemos a convocar a todos los compañeros de todas las culturas políticas del Frente -estén o no encuadrados en sus organizaciones- a participar en un gran encuen­tro nacional de la militancia con el objetivo de debatir la crisis actual, la propuesta programática y el proceso definitivo de institucionaliza-ción del Frente. Todos los que hemos aportado para refundar un gran espacio político democrático y participativo, una casa abierta en per­manente construcción, debemos exigir el lanzamiento de una gran interna abierta que con el protagonismo de todos dé la respuesta defi­nitiva a estos interrogantes.

El Frente está en la encrucijada y sólo puede ser salvado con la participación activa de todos los militantes de ayer y de hoy, frente a la tentativa de marginarlos de las decisiones y debates pendientes, frente a la falta de definiciones programáticas consensuadas entre to­dos. Mientras que se produce un corrimiento hacia el centro liberal, frente al lanzamiento de candidaturas por la prensa y a la pretensión de cerrar el debate sobre la institucionalización del Frente, solo una gran interna abierta puede lograr el protagonismo de todos para tomar las grandes decisiones que demanda la encrucijada en que nos encon­tramos. Una interna abierta respetuosa que también sirva como ejem­plo democrático, que es lo que merecemos todos los que ya hace muchos años expresamos y fuimos expresados por las pasiones políti­cas de este país.

Casa Abierta, Buenos Aires, agosto de 1994.

Identidad y pluralidad cultural

Señor presidente: En honor al tiempo, no voy a abundar en otros argumentos sobre

los distintos aspectos del proyecto de minoría presentado por el Frente Grande. Me referiré a uno que hasta ahora no se ha mencionado en el

recinto y es acerca de la debida protección a la cultura. Nosotros ve­nimos planteando una defensa de la identidad y la pluralidad cultural. Si algo caracteriza a la Argentina es una suerte de obstinación por ex­presarse y por ocupar los espacios de cultura por parte de generacio­nes crecientes de jóvenes...

La_cultura es_siempre la síntesis deljiacer de unajcjomjjnidad. las culturas anteceden a las formaciones políticas, a las fronteras. La cul­tura es la identidad de una nación y nuestro proyecto es pluricultural, que se ha venido enriqueciendo con sucesivos aportes, es un proyecto pluriétnico y plurirreligioso. Al mismo tiempo, la cultura argentina nos ha representado, como una suerte de embajada espiritual, en todas par­tes del mundo.

Nosotros entendemos que hay todavía una deuda con la cultura argentina, con sus artistas, sus intelectuales. Hay un cierto concepto que asocia la producción cultural al apoyo estatal, que supone que esta creación ha venido sobreviviendo por los apoyos gubernamentales pero, en realidad, es un concepto absolutamente erróneo. Podríamos afirmar casi lo contrario: más allá de algunas etapas debidas a la ma­durez y la conciencia de algunos funcionarios, la política cultural en nuestro país fue dejada a la vera del camino.

Digamos que a lo largo de este siglo el fenómeno cultural argentino es el fenómeno de la autodecisión de sus creadores, que han venido fi­nanciando, produciendo, administrando sus obras, desde los talleres y las peñas literarias, desde los teatros independientes que los actores construyeron en garajes o galpones abandonados. Hablo de los poetas y escritores que editaron sus primeros libros; los pintores y los plásti­cos que financiaron sus talleres; los directores y productores de cine, que en su mayoría es producido por sus propios autores, con el apoyo del Instituto de Cine; los músicos, desde los López Buchardo, Williams, Gilardi, Ginastera, a Juan Carlos Paz, Piazzolla o los músicos popula­res como Arólas, De Caro, Troilo, Salgan, Yupanqui, Leguizamón y tantos otros que han venido construyendo una obra enorme por auto­determinación, por propio empuje, más que por los estímulos de las políticas culturales...

Al mismo tiempo, cuando hablamos de cultura nacional, hay un cierto prejuicio que asocia la palabra nacional con un concepto un tanto restrictivo, en desmedro de la amplitud y crecimiento de la cul­tura argentina, sin rescatar el concepto de pluralidad que le es inhe­rente. De ahí la necesidad de rescatar la idea de identidad cultural como síntesis de la pluralidad, de una formación cultural con rasgos y perfil propios, que la diferencia de otras naciones y que testimonian la existencia de otro pueblo y otro país.

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I

Ninguna cultura puede crecer aislándose del resto de las culturas del mundo. Pero tampoco puede desarrollarse si sus propios espacios culturales están ocupados -casi en su totalidad- por las manifestacio­nes de la cultura extranjera. De ahí que reivindicamos la idea de la identidad cultural -la necesidad de defender esa energía que busca ex­presarse desde las raíces-con la idea de la pluralidad de la creación cultural, abierta al conocimiento y goce de todas las culturas del mundo, pero, al mismo tiempo, defendiendo y estimulando la creación propia. Diversidad y pluralidad hacen de la cultura argentina una ma­nifestación reconocida mundialmente. Desde la escritura del talentoso Facundo, de Sarmiento -quizás el más importante libro en prosa es­crito en el siglo XIX en lengua castellana- a la reinvención del len­guaje cotidiano en la literatura con Julio Cortázar; desde la obra de ese gran relojero, miniaturista de la palabra, que fue Borges, a Marechal, Sabato y la nueva generación de nuestros prosistas, como Puig, Piglia, Caparros y Aira. Toda esta enorme riqueza que hace decir a un escri­tor como Carlos Fuentes que hoy no hay literatura más rica y creativa en lengua castellana que la literatura argentina.

Ni qué hablar de la pintura con sus grandes plásticos: Fader, Quin-quela Martín, Victorica, Spilimbergo, Pettoruti, Batlle Planas, o los con­temporáneos como Berni, Macció, Noé... que es de una riqueza impresionante en todos los terrenos. Este milagro es producto -como casi siempre- de la autodecisión y del autofinanciamiento de los cre­adores argentinos, que también tuvieron que luchar contra políticas gubernamentales que concebían a la cultura o a los artistas como una suerte de adorno al que había que sacarle rédito político.

Sin duda, ninguna comunidad puede prescindir del sector cultu­ral, porque los artistas y los intelectuales son el espejo sensible de una comunidad. Con sus dramas, sus sueños, sus utopías, sus angustias, van construyendo a través de sus obras la memoria, y la memoria de una comunidad forma parte de un espejo que nos devuelve identidad y ori­gen. Hoy lo vemos en el cine, con esa posibilidad fabulosa de preser­var para el futuro los sentimientos vivos de una comunidad, fragmentos de vida que quedan grabados para siempre, de manera que cien años después podemos ver cómo reían, lloraban, se peleaban o discutían esas mujeres y esos hombres de un tiempo determinado.

Por cierto que la mayor manifestación que tiene la cultura es el hombre vivo; y la interpretación de la vida y conflictos de los hom­bres de una comunidad concreta está dada por sus grandes artistas, escritores, intérpretes y actores. Cada comunidad tiene vocablos, len­guajes y gestos distintos; no habla de la misma manera, ni se mueve, ni camina, ni gesticula un francés igual que un italiano, un brasileño,

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un peruano o un argentino. Cada comunidad expresa su lenguaje más íntimo y misterioso a través de la mirada y los gestos de sus habitan­tes, y por estas razones son irremplazables. Los técnicos o los cientí­ficos pueden realizar su aporte singular de un país a otro, pero resulta difícil de aceptar que se puede reemplazar a un artista. Un poeta, un cantor, un actor, expresan los contenidos y rasgos más peculiares de una comunidad, y esto es lo que los hace irremplazables. Este tesoro sensible, esta síntesis viva de una comunidad que expresa la creación artística, es lo que impulsa las grandes políticas culturales de preser­vación y de estímulo a los creadores y sus obras. Nosotros estamos planteando también el tema de la libertad de creación, lo que puede parecer obvio en nuestra Constitución, que resguarda las libertades individuales. Pero, señor presidente, los artistas argentinos han su­frido no solamente olvidos, porque tuvieron que vivir de su segundo oficio y financiarse sus obras, sino que sufrieron todo tipo de perse­cuciones por expresar con verdad la realidad de su tiempo. Con los artistas y los intelectuales argentinos también se ensañaron las dic­taduras, y en la última tuvimos más de cien artistas y escritores des­aparecidos...

Todo esto está llamando a colocar el acento -en esta Constitu­ción- sobre el necesario respeto al pluralismo cultural, a la creación sin ningún tipo de censura o traba, a la libre circulación de las obras culturales, de las obras artísticas en manos de sus propios creadores. Parecería absurdo detallar esto, pero un plástico, un escultor, un pin­tor, que debe llevar su obra consigo cuando sale del país, general­mente no lo puede hacer, y hay artistas que se van a hacer sus obras afuera porque no pueden trasladarse con ellas, como lo hacen otros artistas, como puede ser un cantante, que puede grabar en cualquier parte del mundo, o un escritor que se traslada con sus escritos sin ningún problema...

Pedimos libertad de creación, libre circulación de las obras, y algo más que es muy importante: la preservación del patrimonio artístico y de los espacios culturales y audiovisuales. Hay que plantear la preser­vación del patrimonio, en una Argentina muy despiadada con él, por­que la mayor parte del patrimonio artístico y arquitectónico se ha destruido. Es curioso el caso argentino: hemos estado gobernados en buena parte de lo que va del siglo por sectores conservadores, que de­berían -por lógica- haber conservado la tradición y la riqueza cultu­ral y arquitectónica. Pero en esto hemos sido, como nación, realmente despiadados, porque se ha volteado casi todo. En todos los países ma­duros, democráticos, cultos, hay normas muy estrictas para preservar aquello que tiene un auténtico y real valor artístico, cultural, arquitec-

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tónico. Acá hay una fuga de la riqueza del arte, se van los mejores cua­dros porque no hay defensa del patrimonio artístico.

También es necesario preservar los espacios culturales, porque si no hay espacios para expresar la cultura, estará de más que tengamos ge­neraciones de artistas. Cada vez se hace más difícil para el escritor, el músico, el autor de teatro y cine, para el artista en suma, comunicar sus obras, porque la destrucción de salas es realmente impresionante. Yo les voy a dar un solo dato para no alargar mucho mi exposición: hasta hace ocho años había 1.800 salas de cine, y actualmente quedan 262; y tengo entendido que varias provincias no tienen ni una sala cínema-tográfica.

Nuestro proyecto propone preservar los espacios culturales. Un es­pacio cultural no es solo un lugar donde uno va para comunicarse, sino un imprescindible lugar de encuentro, un lugar donde misteriosamente ciudadanos y gentes que viven en distintos lugares y con distintas ideas son convocados por una propuesta cultural. No hay nada más maravi­lloso que ese espacio donde un grupo numeroso de personas comparte la emoción y el descubrimiento de una obra de cultura. Eso hay que preservarlo, así como los espacios audiovisuales. En el mundo con­temporáneo, los medios de comunicación masivos, la radio y la televi­sión se han convertido en el súper ministerio de cultura, no hay nada más importante para la formación de la opinión pública y el imagina­rio colectivo que los medios audiovisuales.

Todos los países avanzados también preservan su formación cul­tural, ese extraordinario espejo de la sociedad que son los medios de co­municación de masas. En la última ronda del GATT, el 15 de diciembre del año pasado, en Noruega, culminó un debate muy profundo, muy rico, quizás el más importante debate cultural realizado en la comuni­dad europea en los últimos años. Ese debate giró en torno al tema de si debían o no defenderse los espacios culturales frente a la enorme aculturación que conllevan las transmisiones satelitales. Se imponía entonces la defensa de la lengua y la gestualidad, que es la memoria sensible de los pueblos. Y en ese debate europeo y en la ronda del GATT se impuso la idea de una excepción para los productos cultura­les y audiovisuales en los tratados de libre comercio.

Termino diciendo que también estamos proponiendo asegurarles a todos los habitantes del país el derecho a la cultura y al aprendizaje de las técnicas artísticas como parte de la enseñanza común gratuita. Ar­gentina ya lo viene haciendo a través de los conservatorios de música, de arte dramático, las escuelas de Bellas Artes, pero en esta materia lo que abunda no daña, porque el deterioro ha sido enorme. Paradójica­mente, cada vez crece más la apetencia y la afluencia de la juventud ha-

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cia el aprendizaje de las técnicas artísticas; y eso es un tesoro, un de­recho a ser garantizado a todos los argentinos. Muchas gracias.

Intervención del diputado "Pino" Solanas en la Convencional Constituyente durante la jornada de la votación de la cláusula cultural que se incorporó a la Constitución (artículo 75, inciso 19), Buenos Ai­res, junio de 1994.

Por la reconstrucción del Frente Grande

El Frente Grande surgió con la vocación de expresar distintas co­rrientes de opinión y tradiciones democráticas, progresistas, naciona­les y populares de alternativa al modelo menemista. Esta convocatoria se concretó en la movilización social y en el triunfo alcanzado el 10 de abril, donde la provincia de Buenos Aires aportó casi un millón de vo­tos, la mitad del total alcanzado por el Frente en todo el país.

Después de las elecciones se debía continuar un proceso de cre­ciente articulación con las diversas manifestaciones de protesta social frente al ajuste salvaje, conjuntamente con la institucionalización del espacio.

Sin embargo, el Frente Grande presentaba graves falencias. Por un lado, se eludía un debate programático interno y abierto al conjunto de la sociedad. Por otro lado, conscientes de que solo contábamos con una estructura provisoria, se planteó la necesidad de convocar a una campaña de adherentes, como base fundamental para la realización de elecciones internas abiertas que garantizaran su institucionalización democrática y participativa. Por último, marcamos la necesidad de es­tablecer un reglamento interno y reglas de juego que dieran forma a la decisión de constituir esta fuerza política como una verdadera Casa Abierta para quienes quisieran sumarse a su construcción.

Contrariamente a lo esperado, comienza a producirse un corri­miento ideológico, político, metodológico y de las concepciones que habían guiado el nacimiento del Frente, en una concepción posibilista de la gobernabilidad.

La imposibilidad de procesar un debate interno que permitiera es tablecer las grandes líneas de acuerdos básicos de las fuerzas y co­rrientes que integraban el Frente condujo a hacer públicas estas carencias y las divergencias con respecto a las múltiples declaraciones del compañero Carlos "Chacho" Álvarez.

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La creación del llamado Partido del Frente -que inicialmente se pro­ponía alcanzar un registro electoral único para todas las fuerzas políti­cas y sociales que componían el Frente Grande y comenzar un proceso de construcción de una nueva identidad- fue rápidamente transformado en una herramienta de exclusión de quienes se oponían a las nuevas de­finiciones políticas, con el fin de consolidar un hegemonismo sin fisuras ni cuestionamientos.

En esta dinámica, se designan a dedo "juntas promotoras" a nivel nacional y en las distintas provincias y distritos, creando innumerables situaciones irritativas ante el desplazamiento de los opositores. Las ac­tuales "internas abiertas" que promete el Partido del Frente pretenden legitimar estas situaciones de exclusión y las mutaciones políticas y programáticas que se fueron procesando en los últimos meses.

El Frente Grande nació de la voluntad de confluencia de dos frente políticos -el Frente del Sur liderado por Fernando "Pino" Solanas y el FREDEJUSO de Carlos "Chacho" Álvarez- que habían definido puntos esenciales para la construcción de un espacio conjunto. Tal como se ha venido operando, el Partido del Frente constituye sólo una parte del Frente Grande originario, y es de hecho la continuidad del FREDEJUSO, mientras que la Corriente Grande sigue representando una porción igualmente importante del espacio.

En los hechos, ningún partido se ha disuelto. Así, estamos obliga­dos a negarnos a convalidar un proceso farsesco. Las actuales internas han demostrado su falacia ya que:

No existe un acuerdo mínimo sobre los lineamientos de una propuesta programática. No se han discutido las reglas de juego con garantías de lim­pieza y equidad para todos, consolidándose la exclusión de am­plios sectores que integran el Frente Grande. No hay padrones legítimos y se han reemplazado las listas de adherentes por un sospechoso vuelco masivo de viejos afiliados. No hay una Junta Electoral cuya composición garantice la realización de una interna verdaderamente democrática y transparente.

Es necesario realizar un llamado al sentido común para que se comprenda que se ha ido desdibujando la fuerza política que preten­día oponerse a las estrategias de Cavallo y el menemismo, y ha quedado vacante el espacio político capaz de representar a todos los afectados por el ajuste salvaje y la creciente crisis del Plan de Convertibilidad, que sigue acelerando la crisis social argentina.

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Los integrantes de la Corriente Grande, como cofundadores del Frente y ante la no disolución de ninguno de los partidos que lo inte­gran, reivindican su derecho a constituirse como fuerza con persone­ría electoral propia para contribuir en igualdad de condiciones a la unidad y reafirmación del Frente Grande. En esta tarea, no estamos dispuestos a legitimar la exclusión de agrupaciones y militantes que en distintas provincias y distritos han concurrido a dos elecciones sucesi­vas como integrantes del Frente Grande. Nadie tiene derecho a excluir a nadie.

Hacemos un llamado fraterno a todos los compañeros que inte­gran el Frente Grande -estén en el partido en el que estén- a recupe­rar el perfil opositor y el espíritu unitario, amplio y generoso que nos llevó al triunfo del 10 de abril.

También reiteramos nuestro pedido de una interna abierta y de­mocrática de todo el espacio opositor al modelo de Menem y Cavallo.

Casa Abierta, Buenos Aires, noviembre de 1994.

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La resistencia de las privatizaciones desde

el Congreso (1995-2001)

Después de dos intensos años donde mi esfuerzo se había volcado en la construcción política, al separarme del Frente Grande me aboqué de lleno al trabajo parlamentario desde las comisiones de Energía, Cul-tura, Comunicaciones, Medio Ambiente. Me había quedado solo en la Cámara, pero no derrotado. El menemismo y la complicidad de quie­nes habían legitimado su modelo en la Convención Constituyente no solo habían profundizado la miseria política y cultural de aquellos años, sino que habían dado luz verde al completo saqueo del país. En 1995 trasciende el proyecto de privatizar las dos mayores represas hi­droeléctricas del país —Yacyretá y Salto Grande— y, a pesar del triun-falismo reinante por la reelección de Menem y de que nadie creía que fuera posible impedir su venta, pensé que era un deber oponerse a este nuevo latrocinio y ahí tuve mi pequeño triunfo. Comencé una investi­gación que terminó en un pequeño libro -Yacyretá: crónica de un des­pojo-; interpelé al secretario de Energía Carlos Bastos, en la Comisión de Energía, y convencí a más de treinta diputados -entre justicialis-tas, radicales y socialistas- de visitar Yacyretá, ya que no la conocían. El tur dio resultado y comenzó a formarse una corriente de opinión opositora a la privatización con el apoyo de las regiones afectadas por las represas. Había que demostrar que no todo estaba perdido, que cuando la causa es j u s t a , siempre es posible construir una victoria. Toqué la puerta de todos los legisladores, organicé un encuentro en la Cámara con colegas del Paraguay y Uruguay y viajé a Asunción ex­poniendo el tema en el Senado. Semanas más tarde, los Congresos de Paraguay y Uruguay se manifestaron contrarios a la privatización de las represas binacionales Yacyretá y Salto Grande. En la Cámara de di-j putados argentina, Menem jamás consiguió formar quorum para vota el proyecto al que llamábamos "BMW": Bush, Menem, Wasmossy.

En la Comisión de Cultura impulsé la democratización de todos los organismos culturales que otorgan créditos y subsidios, para im­poner el criterio de comisiones pluralistas, integradas por miembros de la producción, la técnica y la creación y renovables todos los años.

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Así impulsamos la Ley de Teatro y la Reforma de la Ley de Cinema­tografía, imponiendo el Consejo Asesor, un organismo integrado por to­dos los sectores del cine con la misión de consensuar políticas y fiscalizar la gestión del Instituto frente al manejo ligero o corrupto de sus fondos. El Consejo Asesor los asustó tanto, que después de casi quince años de su aprobación, nunca lo pusieron en funcionamiento. El otro tema que me había interesado desde los tiempos de mi exilio europeo era el de la democratización de los espacios audiovisuales, incluyendo el reemplazo de la ley de radiodifusión vigente que viene de la dictadura por una nueva ley marco que asegure los derechos a la pluralidad, la comunicación e información objetiva, verdadera y oportuna. Elaboré varios proyectos de ley, hasta un canal para el Mer-cosur que sería el antecedente del que le presentara a Hugo Chávez para crear Telesur, pero nunca bajaron al recinto. La mayoría de los le­gisladores no querían confrontar con los dueños de los medios. En la mediocracia era más importante estar unos minutos en el noticiario, o un programa central, que una semana de debates en la Cámara. Des­pués de la prolongación de las licencias de televisión por diez años que hiciera Néstor Kirchner en agosto del 2005, la decisión del go­bierno de Cristina Kirchner de impulsar una nueva ley de radiodifu­sión, más los veintiún puntos consensuados con las organizaciones sociales, se abre una esperanza. Se trata de un debate fundamental para la calidad de la democracia argentina.

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VIII. Contra la privatización de la energía

Tras ver cómo se desdibujaba su primera e intensa experiencia po­lítica, Fernando "Pino" Solanas se encontró solo en la Cámara de Di­putados, con dos años por delante para dedicarse de lleno a la labor parlamentaria. Carlos Menem comenzaba su segundo período electo­ral y él, integrado al sistema controlado por el bipartidismo, se prepa­raba para participar en los próximos comicios nacionales.

Mientras tanto, el modelo neoliberal se profundizaba. Luego de cinco años de apertura externa y peso sobrevaluado, el país se hallaba en la cima de la fiesta importadora El mercado interno se regalaba las mercancías provenientes del exterior y uno de los países más bene­ficiados era Estados Unidos, quien en solo cinco años revertió su défi­cit comercial con la Argentina, acumulando un saldo positivo de 10.000 millones de dólares. Por entonces, el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) estaba pergeñándose en los papeles. Mientras, las fábricas argentinas seguían cerrando y la desocupación crecía.

Solanas, concentrado en resistir las privatizaciones desde la Co­misión de Energía del Congreso, trabajaba en ña defensa de Yaciretá y Salto Grande, las dos grandes centrales hidroeléctricas que, en con­junto, producían un tercio de la energía eléctrica consumida en el país, y cuyos proyectos de privatización habían aparecido en el presupuesto presentado para 1996. Sus conocimientos sobre cuestiones energéti­cas se remontaban a 1959, cuando trabajó en Gas del Estado, en la se­cretaría privada del ingeniero Julio V. Canessa. Ahora, el prestigioso ingeniero Adolfo Silenzi de Stagni lo asesoraba en el Congreso.

El 23 de agosto de 1995 aprovechó la presencia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, en la cámara legislativa, para increparle el modelo de saqueo implementado y los intentos de privatizar el co­rreo Nacional y Yacyretá. Entonces atacó no sólo la política econó­mica menemista, sino que denunció la "máquina de impunidad apoyada en una Justicia inoperante", que "fue degradando las institu­ciones democráticas y creando una razonable desazón del ciudadano común, que identifica la política y lo público con actividades colatera­les mafiosas o corruptas".

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Los proyectos de privatización de estas grandes obras hidroeléc­tricas avanzaban. Entonces, tras realizar una exhaustiva investigación que culminó en la edición del libro Yacyretá: crónica de un despojo, tomó la iniciativa de llevar a la gran represa, durante un fin de semana, a más de veinte diputados de diferentes sectores políticos que integra­ban la Comisión de Energía. A su regreso, los diputados habían com­prendido el valor estratégico de este patrimonio público y se opusieron a la iniciativa de Menem. Solanas también influyó para que el gobierno paraguayo y el congreso uruguayo se pronunciaran en contra de la pri­vatización. Finalmente, el proyecto fue abortado porque el gobierno nacional no logró el quorum necesario para su votación.

De manera similar, Solanas también defendió a la Comisión Na­cional de Energía Atómica (CNEA), a Parques Nacionales y a la fá­brica de Agua Pesada de Arroyito, que estaban en la lista de las privatizaciones. El avance sobre la CNEA era paradigmático del pro­ceso de desmantelamiento del campo científico-técnico del país. En sus más de cuarenta años de funcionamiento, la CNEA había desarro­llado importantes avances en la producción en materia nuclear. Sola­nas llamó a defenderla y a corregir los errores que hubiera, si fuera necesario, pero aclaraba que jamás debía privatizarse y mucho menos "abordarse estas cuestiones con objetivos de lucro". La CNEA no fue privatizada.

Una historia anunciada

Señor presidente: Contrariamente a lo que se ha dicho recientemente, creo que la

jornada de hoy es muy positiva para el Parlamento y para la democra­cia argentina. Por primera vez hemos escuchado, nada menos que de boca del señor ministro de Economía, el reconocimiento de acciones, metodologías y procedimientos corruptos de lo que él denominó ma­fias y que desde hace varios años vienen denunciando muchos secto­res del quehacer nacional con poco eco, no solo en la Justicia sino también en los medios de comunicación.

Por primera vez el ministro reconoce las metodologías utilizadas desde hace mucho -yo diría desde la época de la dictadura o quizás an­tes-, como las de la llamada patria contratista, de los que bajo el signo de casi todos los gobiernos vivieron amamantados con la leche del era­rio; de la patria financiera, de los funcionarios que se dedicaron a fun-

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dir empresas públicas y funcionarios de mayor jerarquía, ministros o se­cretarios del área que dejaron caer lo que era público facilitando el ac­ceso a grupos privados, a grupos lobbistas cercanos al poder público que con poco dinero levantaran buena parte del patrimonio estatal.

En estos años se han acumulado denuncias en la Justicia Federal Pe­nal. Innumerables legisladores de esta Cámara denunciaron la viola­ción sistemática de la Constitución y de gran cantidad de leyes y, en tal sentido, quisiera recordar a los ex diputados Abdala, Aramouni, Bru-nati y tantos otros. Hemos visto cómo se modificaban algunas leyes por decreto, cómo se transformaban en sociedades anónimas sociedades del Estado que no podían ser convertidas en tales, y cómo se violaba la ley 17.319, que en materia petrolera prohibía que cualquier persona fí­sica o jurídica pudiera ser titular de más de cinco permisos de explora­ción o explotación, estableciendo que cada uno de esos permisos no podía exceder los 250 kilómetros cuadrados. Y vimos que la Texaco llegó a acumular 88.960 kilómetros cuadrados y Astra, 60.106. Obser-vamos así la destrucción de la mayor parte del patrimonio público.

Presenciamos el aumento del precio del combustible en un 40 o en un 50%, cuando el precio mundial después de septiembre de 1990 había bajado un 50%. Vimos también que el fisco perdía 250 millones de dólares por la política de precios del señor Estenssoro, varias veces denunciado al igual que el señor Nells León, por mal desempeño como funcionario público; y por ser propietario, comprando en licitaciones públicas para su empresa EPP tres áreas secundarias de YPF Adverti­mos cómo se perdían 250 millones de dólares porque en plena Guerra del Golfo bajó el precio internacional del barril de crudo de veinte dó­lares a catorce. Toda esta cuestión culminó con esa monstruosidad que vivimos con la venta de YPF sin un balance y una tasación ajustada, como bien se denunció cuando se presentaron los recursos de amparo.

Hemos vivido en la indefensión; existía una máquina de impunidad apoyada en una Justicia inoperante. Todo eso fue degradando las ins­tituciones democráticas y creando la razonable desazón del ciudadano común, que identifica la política y lo público con actividades colatera­les mañosas o corruptas. Durante todos estos años el señor ministro gozó del monopolio de los grandes grupos de prensa, radio y televi­sión, los que unánimemente apoyaron los procesos de privatización al mismo tiempo que silenciaban estas denuncias. No recordamos que haya habido algún programa de esos grandes comunicadores dedicados a discutir temas estratégicos e importantes, como la energía o las co­municaciones, donde se hayan considerado estas denuncias. En aras de la desregulación y de la libre competencia, el gobierno le aseguraba a las empresas Telefónica y Telecom el monopolio del servicio con un

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contrato escandaloso y una tasa de ganancias del 16%. Las tarifas au­mentaron un 2.000% en ese proceso de privatización.

Entonces nos sorprende, y para bien por cierto, que el señor mi­nistro haya abierto este debate hoy, defendiendo el rol de empresa tes­tigo y a las empresas argentinas, como Encotesa. Nos habló de cómo al poner en orden el correo argentino había logrado bajar los costos. También nos mencionó que gracias a que compraron Intercargo pu­dieron bajar en un 35% los costos de las cargas en el aeropuerto; y dijo que lamentablemente por no tener acciones en Edcadassa no han po­dido extender esa baja de los costos al servicio de los aeropuertos.

Quiere decir que el ministro ha empezado a reconocer un con­junto de principios básicos que en todas las democracias maduras o avanzadas del planeta son viejos axiomas. Esta era una historia anun­ciada, pero lo que no podemos dejar de decir es que este proyecto y el modelo que impulsó el ministro se apoyaron en un sistema que me­todológicamente vulneraba la Constitución Nacional, ataba a la Jus­ticia y utilizaba los decretos de necesidad y urgencia, que hasta el día de hoy, desoyendo el mandato de la Convención Constituyente, aún no han sido reglamentados. Tampoco lo ha sido el Consejo de la Ma­gistratura y a último momento se nombraron treinta o cuarenta jueces. Esto es degradación de la democracia y está ligado a un sistema que favorece las grandes concentraciones monopólicas de grupos que ope­ran con funcionarios de empresas públicas y que confeccionan pliegos de licitación para beneficio de los privados y en detrimento del inte­rés nacional.

El señor ministro ha denunciado de manera focalizada el problema del correo y nos ha explicado cómo el empresario Yabrán había com­prado un conjunto de empresas para asegurar el dominio de su grupo y la fijación del precio. Estas cosas las hemos sabido desde siempre, como también conocemos que las cámaras petroleras se pusieron de acuerdo para aumentar el precio del combustible. Sabemos de la ne­cesidad de las empresas testigo y de que el Estado, en defensa del in­terés y el patrimonio públicos, tenga por lo menos un pie adentro para defenderse y para que los costos no sean inflados artificialmente.

Durante todos estos años hemos venido denunciando el sistema de corrupción implantado y hemos sostenido reiteradamente que no había corrupción más grande que este modelo, que ha limitado el aho­rro argentino, por no haber perfeccionado lo que era público para evi­tar el manejo de la patria contratista, el lobby y la corrupción de los funcionarios; en cambio, se ha desprendido de lo mejor y a precio vil. Pero fuimos censurados y tratados de "ultras". Sin embargo, en este re­cinto se ha dicho claramente que no solo hubo corrupción en la pri-

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vatización del correo, sino que ha habido lobby, corrupción, complici­dad entre los funcionarios y los privados a lo largo de todo este proceso de privatización; pero allí están las denuncias penales encajonadas sin ninguna respuesta.

Tendría que decir que nada de esto es nuevo, porque durante estos años pasamos de la patria financiera y contratista a la época del "Diego", y el "retorno", los escándalos del PAMI, y el robo para la corona de José Luis Manzano. Nada puede sorprendernos en una democracia que en 1983 nació herida y que aún sangra por aquel traspaso violento e in­justo que el señor ministro realizó como funcionario del Banco Cen­tral al pasar al presupuesto nacional, a la economía del Estado, lo que representaba la deuda de las grandes empresas privadas. La democra­cia argentina nació herida de muerte por esos 26 mil millones de dó­lares que arbitrariamente se nos endosaron para que los pagáramos todos los argentinos.

No puedo aceptar -si queremos hablar seriamente y con honesti­dad- que algunas cuestiones se banalicen o se tomen a la ligera. No me gustaría que el señor ministro descalificara estas apreciaciones, como ha venido haciéndolo con cada una de las denuncias de los señores dipu­tados que me han precedido en el uso de la palabra. Me he tomado el trabajo de escucharlo con atención, como también en días pasados, con motivo de la interpelación en el Senado, a raíz de la privatización de Yacyretá. El mecanismo utilizado por el señor ministro es de descalifi­cación y subestimación de quienes le podemos hacer críticas, no desde cualquiera de los costales de su modelo, sino simplemente sobre la base del debido derecho a expresar una parte de pensamiento nacional.

En defensa de ese pensamiento es que el señor ministro no puede dejar de contestar sobre ciertos temas, porque todo se privatizó para que la deuda externa no creciera. La deuda externa pública es de 8.500 millones, a lo que debemos agregarle entre 17.000 a 20.000 millones de dólares de endeudamiento que el sector privado tiene con el extranjero. En conjunto, la deuda externa ha aumentado, ya que de 62.000 millo­nes ha superado los 100.000 millones. Entonces, habiéndonos quedado sin nada, y con los números que hoy no cierran, estamos ante un nuevo e irresponsable proceso de privatizaciones, con el cual algo tiene que ver el señor ministro. Me niego a aceptar que ahora el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, que ha piloteado casi todas las privatizaciones, nos haga creer que la única mosca en la leche es el asunto del correo, porque reitero que basta abrir los cajones de la Jus­ticia para encontrar todas las denuncias.

Para traer una muestra, voy a citar el caso de Yacyretá, acerca de lo que voy a formularle una pregunta. Sobre Yacyretá hemos escuchado

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del presidente de la Nación una famosa frase: "monumento a la co­rrupción". Cuando se escuchan estas cosas y las palabras del señor mi­nistro pronunciadas en el Senado durante la interpelación llevada a cabo días pasados, uno se pregunta quién hizo esta corrupción, quién fue el responsable, porque seguramente después de escuchar al señor ministro uno supone que fueron muchos otros gobiernos. Pero resulta que en estos cuatro años, el gobierno y la gestión del ministro Cavallo también son responsables de números poco claros, de cifras gigantes que no se encuentran o no tienen explicación. Por eso, partiendo de las propias cifras del señor ministro —para que no las descalifique y sos­tenga que son falsas-, sobre la base de los pliegos e informes que aportó al Senado —que son los mismos que acompañó el ingeniero Bas­tos, secretario de Energía con motivo de la suerte de interpelación que la comisión de Energía y Combustibles le hizo ayer—, resulta que para poder terminar con las obras complementarias y la represa en cota 83, aún faltan 1.204 millones de dólares.

Pues bien, la pregunta es la siguiente: ¿Cómo es posible que en enero de 1990 el informe N° 1.140 de la consultora internacional con­signaba que la finalización de la obra requería una inversión de 1.898 millones? Durante su administración, es decir en estos últimos cuatro años según datos de su informe, se han realizado inversiones que to­talizan 2.040 millones de dólares y aún siguen faltando 1.200 para la terminación. Sólo se ha reducido en 700 millones el costo previsto por la consultora para la finalización de las obras pero ustedes han inver­tido 2.040 millones.» Este no es un asunto ajeno al ministro porque los administradores del ente nacional han sido cuatro argentinos: el señor Torres, el señor Abraham, el señor Domínguez -actual intendente de la ciudad de Buenos Aires- y el señor Bouer.

Quiero decir que no puede admitirse que el desarreglo o el manejo mafioso y corrupto de lo que es público puedan ser algo ajeno a los principales responsables o funcionarios del gobierno. Necesitamos ex­plicaciones. Con referencia a Yacyretá, no se sabe en qué se han gas­tado 1.350 millones. Los costos que se prevén para la terminación también están inflados. En el informe de la consultora se decía que para la protección de arroyos se necesitaban 103 millones, ahora usted dice que se necesitan 137; para medio ambiente se necesitaban 123 mi­llones, ahora usted dice que se necesitan 168; para mantenimiento del campamento dice que se necesitan 17 millones, pero con esa cifra se podrían construir 600 viviendas de 30 mil dólares cada una. La res­ponsabilidad de los funcionarios sobre aquellos que están bajo su con­trol es algo que no podemos dejar de lado porque de lo contrario estaríamos aceptando que solo se puede hablar de un área -hoy la Ley

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del Correo- y no de otros asuntos que han sido debidamente denun­ciados en estos años.

Toda la historia de amenazas entre grupos mañosos que el señor ministro nos cuenta la conocemos de tiempo atrás. Tan así, que hemos venido soportando decenas de amenazas telefónicas e incluso un aten­tado con seis balas en las piernas -típico procedimiento mañoso- con la advertencia de que la próxima vez sería en la cabeza. Esto tuvo es­tado público, pero parece que no hay memoria, porque no se realizó ninguna investigación a fondo y la Justicia caratuló la causa como ten­tativa de robo. Hemos soportado todo tipo de intimidaciones por de­nunciar el proceder de los grupos mañosos que se quedaban con el petróleo y el gas argentinos.

Para finalizar, volviendo al tema del correo, después de haber es-cuchado la historia de cómo pudo convertirse el viejo correo en una empresa eficiente y ordenada que diera ganancias; luego de haber oído otros argumentos favorables en el sentido de que gracias a esa empresa se había podido bajar el costo de funcionamiento; después de haber oído las denuncias que el señor ministro ha formulado de estos grupos mafiosos que han llegado hasta las amenazas; ¿cuáles son las razones por las cuales se quiere privatizar el correo argentino, además de ha­berse desregulado la actividad, si existen en el país más de 150 empre­sas privadas en el sector?

Se trata de una privatización insólita, ya que de los 189 países que constituyen la Unión Postal Universal, solo dos se han animado a en­tregar el correo a manos privadas: Holanda, en solo un 30%, y Bu-rundi. ¿Cuáles son entonces las razones que, en defensa del interés nacional y de los usuarios, llevan a impulsar esta privatización?

Discurso pronunciado durante la interpelación del Parlamento a Cavallo por la privatización del correo, Buenos Aires, 23 de agosto de 1995.

Un país sin futuro nuclear

En estos años hemos presenciado el deterioro de innumerables ins­tituciones, empresas y organismos públicos, que luego de un período de desinversión y abandono terminaron "justificando" su posterior priva­tización. Una metodología que fue denunciada brillantemente en otro momento de nuestra historia por Raúl Scalabrini Ortiz en su libro Po-

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lítica británica en el Río de la Plata. De esta forma, a través de diver­sas políticas o del accionar de funcionarios que han rematado nuestro patrimonio público y están aniquilando las potencialidades naciona­les, se condena a la Argentina a ser un país sin futuro.

Tales metodologías llevaron a un tratamiento irresponsable de la suerte de Somisa, YPF, Aerolíneas Argentinas, ENTEL, las centrales hi­droeléctricas y otras empresas e instituciones estatales, bajo el supuesto de que eran ineficientes y producían descomunales pérdidas al Estado, cuando en realidad el objetivo de las privatizaciones sistemáticamente ha sido otorgar beneficios extraordinarios a grandes grupos económi­cos financieros nacionales y extranjeros. A esta furia privatista se in­tenta sumar ahora la Comisión Nacional de Energía Atómica. El único fundamento real es el del ajuste fiscal: nuevamente, para salvar la co­yuntura financiera, se produciría la desarticulación del más importante núcleo científico-técnico innovativo del país y de América latina.

Desde hace más de cuatro décadas la CNEA ha consolidado su au­tonomía en los procesos de investigación, desarrollo tecnológico y pro­ducción en materia nuclear para usos pacíficos, con un nivel de calidad y competitividad reconocidos internacionalmente.

Esta comisión se autoabastece para la generación de energía eléc­trica y obtiene réditos económicos con los cuales financia decenas de proyectos de punta, no solo en el campo de la energía sino también en la industria, el agro, la veterinaria y la medicina. Su eficiencia la ha lle­vado a ganar licitaciones internacionales para instalar sus prototipos de reactores y ha sido pionera en la introducción del uso pacífico de la energía atómica en la mayor parte de los países latinoamericanos. Sin su aporte, la industria nacional no hubiera podido construir las turbi­nas de Yacyretá ni la medicina contaría con la producción de los ra­dioisótopos que necesita para el tratamiento del cáncer. Sucesivos gobiernos -de distinta naturaleza- respetaron este proyecto que, en función de la autonomía científica y técnica, aseguraba la unidad de la cadena de investigación, desarrollo tecnológico y producción.

Cabe recordar la batalla librada por Jorge Sabato cuando defendió para nuestras centrales nucleares el autoabastecimiento con uranio na­tural en lugar del enriquecido, que hubiera significado una absoluta dependencia frente a los países del Norte.

Ahora se pretende desmembrar esta cadena, privatizando las usi­nas y desactivando los eslabones de investigación y desarrollo, en lo que constituye un verdadero atentado contra el porvenir científico-téc­nico y económico del país.

Es necesario salvar este patrimonio de nuestra inteligencia. Es hora de defender a nuestros investigadores. Físicos, biólogos, matemáticos y

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otros científicos argentinos trabajan y son reconocidos en los mejores centros de investigación del mundo, mientras aquí se están promo­viendo políticas que solo redundan en la exportación de cerebros. Basta mencionar que luego del anuncio de privatización de las centrales se implemento el retiro voluntario y desde entonces se han retirado de la CNEA más de mil científicos, técnicos y trabajadores de un alto nivel de capacitación.

De tal perspectiva, nuestra propuesta es defender lo realizado. Co­rregir eventuales errores burocráticos o de mala conducción y otorgar a una CNEA redimensionada aquello que se le ha retaceado: los re­cursos necesarios para realizar sus objetivos. Si hablamos de rentabi­lidad, el negocio más redituable será preservar lo logrado y reinvertir en su crecimiento.

De lo contrario se habrá perdido el esfuerzo de las generaciones de argentinos que han financiado este gigantesco emprendimiento.

Por el contrario, nuestro proyecto propone que la Comisión Na­cional de Energía Atómica y Energías Renovables (CNEA-ER) debe promover complementariamente el desarrollo de estudios e investi­gaciones básicas y aplicadas en fuentes renovables de energía solar en sus variedades, como la termosolar y la fotovoltaica: las energías de los biomasa -los ricos potenciales derivados del uso del hidrógeno-junto a otras fuentes energéticas no convencionales.

A su vez, en los estudios de costos de energía y combustibles de­berán contabilizarse los correspondientes al análisis, prevención y co­rrección del impacto ambiental así como el control y el seguimiento de eventuales procesos de contaminación. Es preciso remarcar que ac­tualmente dichos costos no se registran y en un futuro próximo la des­contaminación del ambiente impondrá precios elevados.

En este contexto se inscribe el debate acerca del repositorio nu­clear, que llevó a las recientes movilizaciones de protesta en las pro­vincias de la Patagonia al conocerse el dictamen justicialista que entre otros aspectos aconseja la privatización de las centrales atómicas. Las movilizaciones expresan la riqueza de la participación democrática, única capaz de poner freno a la impunidad y a la irresponsable actua­ción de quienes pretenden guiarse por las "leyes del mercado" y el lu­cro como objetivos únicos fundamentales de nuestra sociedad. Los informes técnicos aseguran que en la actual producción de residuos nucleares en el país -incluyendo los que podría generar Atucha I I - el Problema de los repositorios recién debería afrontarse en unos veinti­cinco o treinta años, su tamaño estructural sería varias veces menor Que el diseñado en Gastre. Así, el apuro por construirlo y la dimensión Propuesta deben plantearnos serios interrogantes: ¿No será que en este

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país donde hay contrabando de armas y de oro, basura tóxica impor­tada en containers o propuestas de hacernos cargo de materia fecal francesa, podría haber también eventuales contrabandos de residuos nucleares que ingresen de forma encubierta bajo el amparo de las le­yes del mercado gracias a que las privatizaciones y la desarticulación de la CNEA dejarán sin garantías a la población del país? Hay temas delicados que son de estricta responsabilidad pública y social, y esos te­mas no pueden abordarse con objetivos de lucro.

Río Negro, Río Negro, 15 de julio de 1996.

Privatizar Yacyretá nos perjudica

"Conviene que la represa siga en manos del Estado para garantizar energía abundante y barata", dice el autor.

En una reciente nota publicada en Clarín, el secretario de Energía, Carlos Bastos, insiste en contarnos que con la privatización de Yacy­retá todos salen ganando. En efecto, la concesión de la represa es una operación tan aventurada y desventajosa para la Nación que desde to­dos los sectores políticos, la industria, el campo y el trabajo se han le­vantado voces adversas. Tampoco sería exagerado considerarla una estafa contra millones de usuarios que durante décadas aportaron a su financiación pagando en cada factura de luz un impuesto del 7% (FONGOE) para la construcción de grandes obras eléctricas, con la ilu­sión de contar con energía abundante y barata. Esos y otros aportes permitieron levantar numerosas usinas y, entre ellas, Yacyretá.

Pero su esfuerzo puede perderse cuando se deberían recoger los beneficios: buena parte de esas represas han sido privatizadas, demos­trando que la privatización de las fuentes energéticas no bajó las tari­fas ni se hicieron las inversiones convenidas. Hoy los usuarios de electricidad la están pagando más cara y se los castiga con cortes o multas del 10% si se atrasan en el pago de sus facturas.

El mundo feliz que nos describía Bastos ocultaba el enorme per­juicio que los pobladores ribereños han venido soportando. Al inun­darse 29.900 hectáreas de campos y montes, y al levantarse el nivel del río a 76 metros, 5.000 familias perdieron sus trabajos y viviendas. Como

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subió la napa freática, la mitad de la población de Posadas bebe agua de pozo contaminada y la energía llega desde Brasil más cara.

JUSTIFICACIONES

Para justificar la privatización se utilizaron dos falsos argumentos: uno es que es mejor venderla que exponernos a nuevos aumentos de costos y a la corrupción de la EBY. Quien los escucha puede creer que la EBY es algo ajeno al control del gobierno. Omiten decir que funcio­narios nombrados por ellos comparten su conducción con el Paraguay y que Carlos Menem puso al frente de la EBY a hombres de su con­fianza sin que hasta la fecha se conozca que alguno de los responsables de la corrupción fuera llevado ante la Justicia. La EBY debe ser inter­venido e investigado con la activa participación de los Parlamentos de nuestros países. Lo que fue y sigue siendo el monumento a la corrup­ción al servicio de los contratistas debe ser transformado en un ente pú­blico y democrático con control de los usuarios, los legisladores y las provincias afectadas y que pueda servir así a los pueblos, al desarrollo regional y a la integración territorial. Por eso hemos propuesto la for­mación de una comisión bicameral en ambos Parlamentos, que asegure los seguimientos de las investigaciones y las obras complementarias y formule las reformas estatutarias y administrativas de la EBY,

HAY PLATA

El otro argumento es que no hay fondos para financiar los 650 mi­llones que faltan, y es igualmente falso. Otra vez oculta algo funda­mental: la represa funciona y puede generar tantos beneficios que la aplicación de estos junto con la financiación ya acordada bastan para casi la terminación de las obras. El propio informe que Cavallo envió al Senado revelaba que entre 1995 y 1999 Yacyretá facturaría por 1.440 millones, mientras que todas las obras, para llegar a la cota de 83 m, costarían 1.204 millones, es decir, 236 millones por encima de lo pre­supuestado. Si el gobierno realmente necesitara más dinero para se­guir con las obras o pagar los servicios de deuda, resulta inadmisible que después de endeudar al país en más de 35.000 millones no quiera ampliar alguno de los créditos ya otorgados o colocar un bono con res­paldo de energía de Yacyretá, que es lo que piensan hacer las empre­sas dispuestas a tomar la privatización. En lugar de estas soluciones propone rematarla por treinta años con una tasa escandalosa de re-

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torno del 14% que en realidad llega al 17%. Dentro de dos años, cuando funcionen sus turbinas, la represa dará un beneficio neto de más de 600 millones al año sin contar con la explotación de la exclusa de na­vegación, el peaje de la ruta internacional y el complejo turístico, con ingresos que superarían los 20.000 millones. Lo que sorprende es que para recibir un "cash" de 800 millones, la Argentina debe hacerse cargo de toda la deuda contraída por el EBY -incluida la deuda paraguaya-, que asciende a un total de 8.000 millones.

Yacyretá representa más de un tercio de la energía instalada en el país. Desde su puesta en marcha hizo bajar un 30% la tarifa en el mer­cado mayorista, pero la privatización volverá a aumentarla porque el objetivo es venderle al Brasil, que en el mercado regional es quien más paga. Cabe preguntarles a los futuros gobernantes: ¿Cómo harán para bajar el costo argentino y ser más competitivos si la tarifa quedará en manos de los monopolios extranjeros? ¿Podrán relanzar productiva­mente al país y asegurar el derecho al trabajo si el primer insumo de la cadena del valor sufrirá nuevos aumentos? ¿Cuál es la razón para no optar por la propuesta del autoabastecimiento? La decisión sobre un bien estratégico como Yacyretá, que tocará a la próxima generación, no debería tomarse sin una convocatoria popular y sin la participación de las provincias afectadas.

Clarín, Buenos Aires, 7 de agosto de 1996.

El BMW nos quiere atropellar

Después de haber sufrido dos derrotas consecutivas en su intento de privatización de Yacyretá, Carlos Menem insiste en llevarla a cabo, ahora de manera encubierta, a través del gerenciamiento y la concesión de su energía.

En 1995, el ministro Cavallo y el entonces secretario de Energía, Carlos Bastos, incluían la privatización en el presupuesto de 1996, y le anunciaban al FMI su inminente enajenación. Parecía que nada podía evitarlo. Sin embargo, la acción desplegada por la Comisión de De­fensa de Yacyretá, que promovió encuentros en Buenos Aires, Asun­ción, Posadas y Corrientes, y la casi totalidad de los partidos políticos y organizaciones sociales, cuando pocos creían que nuestra principal represa pudiera salvarse, derrotó por dos veces consecutivas las aspi­raciones de Menem, su aliado Bush y Wasmosy.

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En efecto, el protocolo firmado por Menem y Wasmosy cayó el 31 de diciembre de 1996, no pudo tratarse en las sesiones extraordinarias del verano, y volvió a caer el 30 de abril de 1997.

Todo el arco político opositor, e incluso los partidos liberales y grandes sectores del justicialismo, exigieron en consonancia con el Par­lamento paraguayo, que el proyecto bajara a Diputados sin que pudiera tratarse, lo que puso el marcador dos a cero a favor de Yacyretá. Pero el éxito alcanzado hasta la fecha aún no ha conseguido el objetivo de garantizar la culminación de las obras complementarias con control parlamentario, ni aseguró que se investiguen los hechos de corrupción.

El suceso obtenido puede perderse frente a los nuevos intentos del tríptico BMW (Bush-Menem-Wasmosy). El ex presidente norteameri­cano -invitado de honor a la inauguración de la represa en septiem­bre de 1994- es padre de George Bush (h), que representa a la Brown & Rood, un fuerte consorcio estadounidense interesado en la cons­trucción de la represa de Paraná Medio. No es casual que Menem, des­pués de acordar recientemente con Wasmosy en Asunción, planeara un viaje a los Estados Unidos figurando en su agenda una entrevista con George Bush.

¿Y cuál es el acuerdo de Asunción? El tríptico BMW acordó la privatización encubierta. Montado en la excusa de terminar las obras complementarias, se adjudicará por licitación el gerenciamiento de la represa. El licenciatario tendrá una porción de la venta de la energía generada para su propio beneficio. Y el resto de la energía la venderá a cuenta de la EBY (Entidad Binacional Yacyretá); el tema central es a quién se le venderá esa energía. Si se la vende a Brasil, como es el de­seo mayoritario del oficialismo, esa energía barata va a ser capitalizada por la industria de aquel país. Además, el flujo energético faltante -de­rivado eventualmente hacia Brasil- deberá ser reemplazado en el mer­cado argentino por la más costosa energía generada por las centrales térmicas, con el consiguiente beneficio para las empresas chilenas due­ñas de esas centrales. Como siempre el gran perjudicado será el pue­blo argentino, quien deberá pagar tarifas eléctricas más caras que las actuales.

Yacyretá está produciendo más de U$S 250 millones, y en 1998 producirá U$S 350 millones. Es decir, la represa cuenta con recursos propios para financiar las obras, más los créditos que han ofrecido va­rios bancos.

Lo perverso del operativo del tríptico BMW es que después de tan­tos esfuerzos -la obra más cara que hemos pagado, y por la que aún se deben U$S 8.000 millones- el pueblo argentino perdería energía barata para relanzar el país productivamente.

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La energía de Yacyretá debe ser la justa retribución al esfuerzo ar­gentino, y deberá servir para reactivar su industria, su comercio y su agro, y para beneficiar al usuario argentino. Entendámoslo: sin energía abundante y barata no saldremos nunca de la marcha negra del des­empleo.

Página/12, Buenos Aires, junio de 1997.

La victoria de Yacyretá

De los innumerables actos de vaciamiento del patrimonio público que impulsó Carlos Menem, quizá no haya otro tan escandaloso como el intento de privatizar Yacyretá y Salto Grande. Tampoco hubo otro proyecto en el que Menem insistiera tanto y, lo que ya no se recuerda, donde tantas veces fuera derrotado.

Cuando, después del triunfo del 95, Cavallo incluyó la venta de Yacyretá y Salto Grande en el Presupuesto 96, pocos creyeron que la ola privatizadora pudiera quebrarse.

Fue entonces cuando desde la Cámara de Diputados interpelamos al secretario de Energía, Carlos Bastos; llevamos más de veinte legis­ladores a sesionar a Yacyretá y definimos el proyecto como una de­fraudación y estafa. La obra le había costado al país más de 12.000 millones de dólares y se quería vender por 1.800 millones, equivalente a la venta de tres años de energía; recibíamos en efectivo sólo un ter­cio y teníamos que hacernos cargo de una deuda de 8.000 millones. Pero eso no era todo: el proyecto era tan perverso que preveía dejar­nos sin su energía, ya que el negocio privado era venderle la energía a Brasil.

Después de movilizaciones, marchas y encuentros de protesta, en el país y en el Paraguay, el protocolo privatizador de Menem y Was-mosy, que tenía sanción del Senado argentino, cayó derrotado el 31-12-96 y el 30-4-97, al no ser tratado por la Cámara baja, y conseguíamos una de las raras victorias populares de estos años.

Como si no hubiera escarmentado, Menem volvió a meterse con Yacyretá al impulsar un tribunal arbitral y sin apelación posible, para tratar el reclamo del consorcio ERYDAY sobre cobro de deudas pen­dientes, que como fue costumbre en su historial incluía increíbles so-breprecios, y en pocos años la misma deuda había montado de 200 a 1.500 millones.

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Las recientes y acertadas declaraciones del presidente del EBY, D. Martínez Raymonda, cuestionando el arbitraje, ratificando que el Es­tado mantendrá a operación de la represa y se financiarán sus obras complementarias, reafirman la esperanza de que por fin Yacyretá pueda terminarse como fue concebida. Será un acto de reparación para los consumidores que durante décadas pagaron con un impuestos directo la más costosa obra pública del país y, sobre todo, con las poblaciones a las que afectó la represa.

La gran victoria de Yacyretá es que el gigantesco caudal de agua que pasa por sus vertederos -30% de la energía del país- hizo bajar la tarifa eléctrica un 40% en el mercado mayorista.

La energía no es un lujo sino un bien tan esencial como el agua co­rriente. Yacyretá puede hacer posible el sueño de la energía democrá­tica, abundante y barata, para que a ningún argentino le falte y pueda pagarla.

Página/12, Buenos Aires, 5 de enero de 2000.

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IX. Democracia, cultura y medios de comunicación

Mientras se acrecentaban los servicios de la deuda externa, la Ar­gentina profundizaba su deuda social: magros haberes jubilatorios, achicamiento del presupuesto para salud, educación, ciencia y técnica. La desocupación superaba el 17% y los índices de pobreza e indigen­cia se acentuaban, junto a la creciente desigualdad social. Entre 1990 y 1993, unas 110.000 personas fueron despedidas, mientras se com­probaba que la inversión realizada por los consorcios privados era muy inferior a la realizada por las empresas estatales en los años previos. En 1995, el 30% más pobre recibía sólo el 8,4% del ingreso nacional, mien­tras el 10% más rico se quedaba con casi el 40%.

Además de ser miembro de la Comisión de Energía, Solanas inte­gró en el Congreso las comisiones de Cultura, Medio Ambiente y Re­cursos Naturales. Desde esas comisiones pudo concentrarse en la presentación de proyectos de comunicación y en la convocatoria a en­cuentros para defender y promover la identidad cultural, la libertad creativa y los espacios culturales y audiovisuales.

Para ello, organizó en el Congreso dos seminarios internacionales: "Espacio Audiovisual, Democracia y Cultura" -en noviembre de 1995-, con la presencia de legisladores de México, Venezuela, Chile, Brasil, Uru­guay y Paraguay, y el 2° Encuentro: "Espacio Audiovisual, Protección y Cultura" -entre el 2 y 4 de junio de 1997-, con la asistencia de la euro­diputada Luciana Castellina, presidente de la Comisión de Cultura y Co­municación del Parlamento Europeo; y los realizadores cinematográficos y referentes de la reforma audiovisual europea, Bertrand Tavernier, Costa Gavras, Michel Gómez y Pascal Rogard. Un año antes, Solanas había sido invitado al Parlamento de la CEE, en Estrasburgo, como observa­dor del debate final del proyecto de ley marco Televisión sans frontiéres que establecía normas de protección del espacio audiovisual europeo. Entonces, Solanas llamaba a frenar la "macdonalización" de las imáge­nes y de la cultura.

A mediados de los noventa, impulsó la reforma de la Ley de Cine­matografía vigente, a fin de ampliar el Fondo de Fomento Cinemato­gráfico y democratizar el funcionamiento interno del Instituto Nacional

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de Cinematografía (INCAA). SU proyecto fue votado por unanimidad. No fue un triunfo aislado, ya que en 1997 le siguieron otros dos pro­yectos que también fueron aceptados unánimemente. Sin embargo, Me-nem vetó las leyes de Reconocimiento del Derecho de Autor para el Director de Cine y de Creación de la Cinemateca Nacional y Archivo de la Imagen (CINAIN) que habían sido votadas. Solanas insistió y buscó el apoyo de todos los legisladores y finalmente consiguió una victoria excepcional: su proyecto de la Cinemateca Nacional fue ratificado en ambas cámaras de manera unánime al mes siguiente.

Entre los años 1996 y 1997, presentó varios proyectos de ley ten­dientes a democratizar la televisión: transformar el Canal 7 (ATC) en ATP (Argentina Televisión Pública); crear un Canal Regional del Mer-cosur, que sería un antecedente del proyecto latinoamericano Telesur, y el Canal Parlamentario, a fin de establecer un puente entre el trabajo del Congreso y sus comisiones y la ciudadanía.

Luego, obtuvo otra victoria con su denuncia al intento de privati­zación del espacio radioeléctrico, a favor de la empresa francesa Tha-les, y logró derrotar en la Cámara el proyecto que impulsaba Menem y su entonces secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath.

El objetivo más anhelado de Solanas consistía en saldar una de las mayores deudas pendientes de la democracia: reemplazar la Ley de Radiodifusión de la última dictadura por una nueva ley marco que re­gulara el sistema de comunicaciones y asegurara los derechos a la plu­ralidad, la comunicación e información objetiva, verdadera y oportuna de los ciudadanos. Para ello presentó dos proyectos de ley aunque, una vez más, por presión de los grupos mediáticos, el debate quedó pos­tergado hasta hoy.

Salvemos al cine, memoria viva del hombre

El llamamiento internacional para salvar el patrimonio fílmico que ha lanzado el Sr. director general de la UNESCO a todas las naciones, ins­tituciones culturales y personalidades merece todos nuestros apoyos y esfuerzos. En efecto, por diversos procesos de autodegradación de las películas negativas, ya se ha perdido el 80% del cine producido en la pri­mera mitad del siglo XX, e igual suerte correrán decenas de miles de pe­lículas realizadas desde entonces, si no se las atiende debidamente.

Este irreparable desastre cultural había sido alertado desde hace muchos años por sectores de la creación, la producción, las cinemate-

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cas y la Federación Internacional de Archivos de Films. Sin embargo, poco fue lo que se pudo hacer.

Dentro de pocos meses el cine cumplirá un siglo de múltiples ser­vicios a la humanidad a través del arte, la información, la ciencia y la educación. Síntesis de casi todos los lenguajes expresivos, de la litera­tura, el teatro y la poesía, de la fotografía, la pintura y la música, el cine aportó lo incomparable y único que ningún otro medio pudo igualarlo; fijar y perpetuar para siempre la imagen viva de los hombres con sus formas y movimientos, su lengua y su sonido. Era acercarse al viejo sueño de ser inmortales a través del espejo de la vida que nos daba el cine. Memoria de la cultura viva, testimonio de esa sustancia única que nos diferencia y nos hace irrepetibles en el universo. La expresión de sentimientos a través de la mirada, la voz y los gestos.

Y el cine se desarrolló en todos los continentes y en América latina apenas meses después de su descubrimiento. A través del nuevo arte que nacía, pudimos vernos y reconocernos y descubrir en vivo cómo reían, amaban, o lloraban los hombres y mujeres de otras latitudes. Y lo­gramos acercarnos hasta las más lejanas culturas y conocer su identidad y su estar en el tiempo, y quisimos a seres que no habíamos visto jamás y comprendimos lo cerca que estábamos de ellos a pesar de las distan­cias y las diferencias. Ningún otro medio o lenguaje acercó y comunicó tanto a las naciones al mostrar su sentir y su pensar, las costumbres y los usos de sus comunidades.

El cine fue el mejor embajador de paz y de amistad que hemos te­nido, espejo de sueños y fantasmas, de angustias y alegrías.

Pero el siglo que nos ha dado este lenguaje extraordinario, que flo­reció en casi todas las culturas y en todos los continentes con múltiples géneros y lenguajes, parecería que ahora el fin de siglo quisiera llevarse con él buena parte de la memoria fílmica y cultural que se sigue des­truyendo, así como también dejar indefensas a las cinematografías dé­biles frente al avance de las poderosas. En efecto, desde hace varios años se viene acentuando en el mundo la expansión de unos pocos modelos cinematográficos, nacidos en una sola cultura, que han ido acaparando la casi totalidad de los espacios mundiales con la consi­guiente desaparición de cinematografías nacionales con sus lenguajes y culturas.

La gravedad del caso -y permítaseme la reflexión- es que no se trata solo de la defensa de industrias, sino de culturas que hoy sufren un proceso de aculturación más devastador que el de los siglos prece­dentes. Se puede reemplazar un técnico pero no un poeta, un cantor o un cineasta, porque ellos expresan la sensibilidad y el alma profunda de sus pueblos.

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Por todas estas razones es que yo quiero sumar mi voz y mi apoyo a la campaña mundial lanzada por Federico Mayor en nombre de la UNESCO, para salvar el cine como arte y como testimonio de las cultu­ras vivas.

Por último y en nombre de todas las cinematografías que resisten tanto en el Sur como en el Norte, me permito invitarlos a desarrollar acciones conjuntas que permitan defender los tres derechos básicos de la pluralidad cinematográfica: el derecho de todas las naciones a de­sarrollar su propio cine y a defender sus espacios cinematográficos y audiovisuales, el derecho de todos los autores y realizadores de expre­sar libremente su identidad estético-cultural y el derecho de todos los pueblos a poder conocer y gozar de todos los cines del mundo.

Por la salvaguardia de la memoria y la pluralidad del cine, unamos nuestra acción y agrandemos la mirada.

Intervención de Fernando E. Solanas en la Conferencia General de la UNESCO, París, 2 de noviembre de 1993.

Espacio audiovisual: democracia y cultura

Sin lugar a dudas, las nuevas culturas del audiovisual son uno de los horizontes básicos de la discusión contemporánea sobre el futuro de las democracias y las identidades culturales. Los cambios promovidos por la revolución científico-técnica nos abren horizontes e inician en una época nueva enmarcada por un proceso de globalización. Pero esas po­tencialidades han quedado en manos de grandes corporaciones con una capacidad de producir y transmitir al mundo sus productos culturales y, lejos de garantizar una pluralidad, imponen un modelo de comunica­ción unidireccional y excluyente. Las megafusiones internacionales es­tán cambiando la utopía de la aldea global como síntesis de la diversidad cultural en una nueva metrópoli con innumerables aldeas coloniales en proceso de aculturación. Las naciones que no difundan sus propias imá­genes e informaciones estarán condenadas a sufrir mutaciones cultura­les. Se trata de defender el derecho de relacionarse con todas las culturas y a gozar de una comunicación que avance hacia un orden democrático universal que promueva la interacción permanente entre las culturas, no solo de Norte a Sur, sino de Sur a Norte y de Sur a Sur.

¿Cómo asegurar ante estas realidades el derecho social garanti­zado en la Constitución Nacional a contar con una información obje-

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tiva y plural? ¿Cómo garantizar una comunicación que exprese múl­tiples voces y miradas, preserve las identidades étnicas y culturales, la memoria y la diversidad gestual y lingüística? ¿Cómo efectivizar una libertad de expresión que no quede reducida a la libertad de empresa, el rating o la renta? ¿Cómo fiscalizar y regular los espacios audiovi-suales -principal territorio cultural de las naciones- a partir de entre autónomos y plurales, sustentados en concepciones éticas, que repre­senten la diversidad de sectores sociales, políticos y culturales de nues­tras sociedades? ¿Cómo proteger el espacio audiovisual con cuotas de pantalla reservadas a la producción de expresión nacional frente a la amenaza de aculturación que conlleva el predominio excluyente de los oligopolios internacionales y cómo defendernos y complementarnos con nuestros hermanos latinoamericanos? ¿Cómo fortalecer los me­dios nacionales y la industria audiovisual frente al avance de los gru­pos extranjeros sin anular la diversidad informativa y cultural de nuestras emisoras y fuentes productivas? ¿Cómo hacer para que la uni­ficación de la autopista informático-comunicacional no deje en manos de un puñado de empresas de los países centrales el grueso de la me­moria y las decisiones culturales del resto de la humanidad?

En vísperas de cumplirse doce años del retorno a la democracia en la Argentina, el Congreso Nacional tiene una deuda pendiente con la sociedad: una ley marco para el sistema de comunicaciones que re­emplace la ley 22.285 en vigencia desde la dictadura militar. La discu­sión parlamentaria sobre esta ley no puede eludir los interrogantes planteados y debe ser el corolario de un gran debate en la sociedad. El seminario internacional "Espacio Audiovisual, Democracia y Cultura" intenta promover este debate reuniendo a los legisladores nacionales y latinoamericanos, representantes de los medios, técnicos, creadores y especialistas de la comunicación.

Encuentro Audiovisual en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires, 30 de noviembre de 1995.

Pasar de ATC a ATP

Repensar la televisión pública: el debate sobre el Canal 7 es una de las claves para formular alternativas culturales creativas y democráticas.

La sociedad argentina se merece un gran canal nacional, público, creativo, plural y democrático que la exprese y sea su imagen en el

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mundo, como la BBC, la RAÍ, la TVE, el canal franco-alemán ARTE y otros.Un canal que cumpla con la función que los canales privatizados no cumplen. Un canal que exprese la síntesis pluralista de todo el país y no solo de la Capital, conducido por directivos seleccionados me­diante un riguroso concurso público de proyectos y antecedentes pro­bados en la materia. Un canal que cuente con consejo asesor donde estén representadas distintas personalidades e instituciones culturales, técnicas, universitarias y de trabajadores y que convoque a una asam­blea pública semestral con el fin de recoger las sugerencias y críticas de la sociedad. Un canal con alto nivel de excelencia, sujeto a control par­lamentario y no manipulado por funcionarios nombrados "a dedo" por el presidente que sea. Argentina tiene potencialidad para transformar la vieja ATC LS82 Canal 7 en un gran canal público, una ATP (Argentina Televisión Pública), porque cuenta con recursos humanos, talento, ima­ginación y conocimientos técnicos. El modelo de este canal está en la autonomía de las universidades nacionales y otros organismos cultura­les que deben funcionar con independencia de cualquier gobierno de turno. Argentina Televisión Pública debe ser garantía de libertad, plu­ralidad, creación y seriedad informativa y al mismo tiempo contar con el financiamiento estatal, en especial, el que provenga de los fondos que recauda el COMFER, en concepto de impuestos a los medios de comuni­cación por el uso de las frecuencias que pertenecen a la sociedad.

Los diversos sectores de la cultura, intelectuales, profesionales, tra­bajadores sindicalizados del sector, deben movilizarse para encarar el debate fundamental que nos debemos para recrear la cultura demo­crática y popular y consolidar un espacio comunicacional que perte­nezca efectivamente al conjunto de la sociedad, al margen de intereses mercantiles y sectarios políticos baratos, con gran capacidad de crea­ción audiovisual. Es preciso pronunciarse por la defensa de ATC Ca­nal 7, para evitar la pérdida de su frecuencia y el fraccionamiento de su infraestructura, con lo cual una auténtica ATP sería inviable.

Página/12, Buenos Aires, 6 de marzo de 1996.

No nos vendan el cielo

El autor, Fernando "Pino" Solanas, diputado de la Nación, cues­tiona la privatización del control de las comunicaciones que se intenta hacer en la Argentina.

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En la ola mundial de las privatizaciones quizá nadie fue tan lejos como Carlos Menem: privatizó aguas, puertos, espacios públicos, YPF, Gas del Estado, SEGBA, el Zoológico, etcétera, faltándole pocas cosas: aeropuertos, correo "que solo Burundi se animó a privatizar" y hasta el mismo cielo que nadie hasta ahora osó vender.

Quizá lo único que no pueda objetarse de las privatizaciones de este gobierno fue la anticipada difusión que han tenido. Por lo tanto, resultaría contrastante que no se le quisiera dar difusión a la privati­zación del control del cielo. En este caso, el sentido común nos lleva­ría a interrogarnos acerca de los porqués de esta falta de difusión. Lo_ cierto es que se quiere privatizar nada menos que el control del espec­tro radioeléctrico, es decir, el control y organización de todas las emi­siones que van desde los 9 KHZ hasta los 33 GHZ. En otras palabras, controlar los servicios de radiofaros, radionavegación, servicios de onda corta, propagación mixta terrestre ionosférica, servicio fijo y mó­vil en HF, radioaficionados, señales de referencia, servicio móvil fijo punto a punto y punto multipunto, monocanales telefónicos, radiodi­fusión en FM, AM, la totalidad de los canales de televisión, servicio móvil fijo, telefonía celular, satélites, servicios de teledistribución de señal, servicio de microondas, radares, satélites, entre otros, cuando no hay en el mundo antecedentes de privatización semejante.

Lo que resulta por demás preocupante es que en el esquema de privatización o concesión del control del espectro, elaborado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el operador pri­vado planificaría todas estas acciones y decidiría qué, cuándo, cómo, con qué y a quién escuchar. Solo se le reserva a la CNT el poder de ve­tar la planificación que se le presente. Con lo cual se pondría en juego no solo la confidencialidad de los privados "ya de por sí gravísimo, puesto que implica, entre otras cosas, que el operador sin más control que su conciencia pueda acceder a cualquier comunicación telefónica" sino que también todas las tareas de las Fuerzas Armadas y de seguri-dad estarían seriamente comprometidas. El licenciatario desarrollará el software para la asignación de facilidades y coordinación de los servi­cios, diseñará e implementará la base de datos de los usuarios de co­municaciones del país. Todo esto implica que las frecuencias de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad serán conocidas, coordi­nadas y asignadas por el licenciatario. Por lo tanto, el privado sabrá quién está ligado con quién y de qué manera. De esta manera, se per-dería el velo en operaciones en las cuales se debería mantener la re-serva -como podrían ser operaciones contra el narcotráfico- y se facilitaría el análisis de tráfico de las emisiones propias.

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UN TEMA DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL

Quienes defienden este proyecto de privatización se basan en que el Estado no tiene recursos suficientes como para actualizar los equi­pos que permitan llevar a cabo un control eficiente. Pero estos argu­mentos resultan inadmisibles: mientras el diseño del mencionado software requeriría menos de 8 millones de dólares, por otra parte se incluyen en el Presupuesto Nacional de 1997 cerca de 40 millones en concepto de contribuciones figurativas de la Comisión de Comunica­ciones al Tesoro Nacional.

Actualmente es necesario ordenar el espectro electromagnético que se encuentra en una situación caótica. Pero es imprescindible estable­cer las normas de seguridad para la salvaguarda de la información de valor estratégico tanto para la Nación como para los particulares.

Dada la gravedad institucional que este tema reviste, es que solicita­mos en la Cámara de Diputados que se suspenda la privatización o con­cesión del control del espectro radioeléctrico hasta que ese proyecto sea analizado por el Poder Legislativo. Por amplísima mayoría -167 votos afirmativos y 5 negativos- los diputados pedimos que sobre el tema "se expidan las comisiones de Comunicaciones de esta Cámara y del Se­nado; así como las de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto y Obras Públicas". Resultaría dramático que este reclamo no fuera oído por el Poder Ejecutivo y se terminara por abrir los sobres de la privatización, y esta función indelegable del Estado quedara en manos de algunas de las empresas que adquirieron los pliegos de licitación: Roggio y Ciccone Calcográfica (de Argentina), Thompson (Francesa), Raytheon (de Es­tados Unidos), Cardoen (de Chile), Alfa Centauro SA. (de Chile, cuyo director ejecutivo es Oscar Cabello) e ítalo Mazzei Haase (de Chile), jefe de Normas y Desarrollo de la Telefónica Chilena. A los dos men­cionados en último término se les entregó en forma gratuita.

La decisión última sobre esta cuestión debe ser resuelta luego de un amplio y plural debate en el Congreso de la Nación y en el seno de la sociedad, que aún no está enterada del asunto. Es de esperar que en el infierno terrenal de nuestra empobrecida Argentina, al menos no nos vendan el cielo.

Clarín, Buenos Aires, 28 de diciembre de 1996.

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Necesitamos una gran industria audiovisual argentina

¿Puede sancionarse una ley marco que regule la actividad de las comunicaciones en el país sin mediar un gran debate donde los acto­res sociales y culturales sean convocados? No debemos cometer el mismo error que en 1989, cuando sin ningún debate ni una ley marco adecuada a los tiempos, pasamos del modelo de medios de comunica­ción en manos del Estado a medios de comunicación en manos del mercado. ¿Es que acaso el más grande espacio de información y de cultura, del cual depende la calidad de nuestra democracia, no merece una gran discusión?

Frente a la Ronda Uruguay del GATT de 1993, donde los nortea­mericanos pretendían el libre comercio de los productos audiovisuales, Europa planteó la tesis de la excepción cultural para la producción au­diovisual, que se impuso el 15 de diciembre de 1993. La Unión Euro­pea terminó protegiendo sus imágenes audiovisuales con cuotas de pantalla del 50% para la propia producción. La noción de cuota emer­gió como la legítima defensa de la diversidad cultural, la memoria, la lengua y el gesto. Los ingleses fueron más lejos aún y fijaron para la BBC una cuota del 84%, mientras que los canadienses anglófonos es­tablecieron el 60%.

Luciana Castellina -diputada del Parlamento Europeo, presidente de la Comisión de Cultura hasta 1996 y presidente de la Comisión de Comercio Exterior- tipificó el proceso de aculturación mundial con la metáfora de la "macdonalización" de las imágenes y la cultura.

Los cambios promovidos por la revolución científico-técnica nos abren horizontes e inician una nueva época enmarcada por un pro­ceso de globalización. Pero esas potencialidades han quedado en ma­nos de grandes corporaciones con capacidad de producir y transmitir al mundo sus productos culturales y, lejos de garantizar pluralidad, im­ponen un modelo de comunicación unidireccional y excluyente. Las megafusiones internacionales están cambiando la utopía de la aldea global, como síntesis de la diversidad cultural, por una nueva metró­polis con innumerables aldeas coloniales en proceso de aculturación.

PANTALLAS Y DESEOS

Las naciones que no difundan sus propias imágenes e informacio­nes estarán condenadas a sufrir grandes mutaciones culturales. Se trata

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de defender el derecho de relacionarse con todas las culturas y gozar de una comunicación que avance hacia un orden democrático univer­sal que promueva la interacción permanente entre las culturas, no solo de Norte a Sur, sino de Sur a Norte y de Sur a Sur. En la actualidad, la realidad demuestra que alrededor del 90% de las pantallas mundiales reciben imágenes generadas por los Estados Unidos, mientras que todo el cine del mundo jamás superó el 1,5% de las pantallas norteameri­canas. ¿Esta diferencia se debe solo a razones de calidad, o en mayor medida a intereses comerciales?

En nuestro país es necesario contar con medios de comunicación que se desarrollen en un marco democrático y plural, que defiendan y respeten la diversidad, y que nos expresen frente al avance del fenó­meno globalizador que tiende a la uniformidad, la pauperización y la vulgaridad de las imágenes. En este sentido, es imprescindible cons­truir una gran industria audiovisual que armonice y complemente dos realidades, hasta ahora escindidas: el sector empresarial y la cultura, que no deberán ser compartimentos estancos sino, muy por el contra­rio, se deberán convertir en usinas que se interabastezcan dinámica­mente. De la fortaleza del equilibrio de estos dos sectores depende buena parte de la memoria del futuro de la Argentina.

En vísperas de cumplirse catorce años del retorno a la democracia, el Congreso Nacional tiene una deuda pendiente con la sociedad: una ley marco para el sistema de comunicaciones que reemplace a la ley 22.285, en vigencia desde la dictadura militar. La discusión parlamen­taria sobre esta ley debe ser el corolario de un gran debate en la socie­dad. Todos los sectores sociales - la universidad, organizaciones sociales, entidades de la cultura, etcétera- deben hacer oír su voz. De la salud y la seriedad de ese debate depende que varios interrogantes se resuelvan favorablemente para los argentinos: .Seremos capaces de generar nues­tras propias imágenes, aquellas que verdaderamente nos expresen e identifiquen frente al resto del mundo? ¿Vamos a resignarnos definiti­vamente a recibir una única visión del mundo, monocolor e interesada, o finalmente vamos a dejar oír el grito sagrado que nos aliente a escri­bir nuestra propia historia y a soñar nuestro propio futuro?

Clarín, Buenos Aires, 19 de junio de 1997.

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X. Hacia otra práctica política

Tras la etapa de oro de la Convertibilidad, a partir de 1996, el pro­tagonismo fundamental lo tuvo el capital extranjero, que comenzó a adquirir empresas locales y a acceder a los paquetes de títulos de las compañías públicas privatizadas.

El proceso de extranjerización y concentración en el sector pri­vado alcanzó a empresas tradicionales como Terrabusi, Ginebra Bols, La Serenísima, La Salteña, El Ateneo, Canale, Noblex, Alfajores Ha-vanna, entre tantas otras. Entre 1990 y 1998, 426 empresas argentinas fueron compradas por grupos transnacionales en casi 30.000 millones de dólares. En 1997, entre las 500 empresas de mayor facturación en el país eran 244 las extranjeras, que facturaban más del 50%. Siete años atrás, estas eran 116 y apenas superaban el 30% de la facturación.

Pero Argentina no perdía solo su sistema productivo. En la década de los 90, una enorme cantidad de bancos locales pasaron a ser con­trolados por capitales extranjeros: en 1998 manejaban ya la mitad de los depósitos. El incremento de la deuda externa y la fuga de capitales no se detenían.

La década de los 90 también registró un aumento en los casos de megacorrupción. La creciente fragmentación de nuestra sociedad se completaba con la venta ilegal de armas, la mafia del oro, los diputru-chos en el Congreso y los escándalos de IBM, a los que Solanas se en­cargó de denunciar desde el Congreso Nacional.

En 1996 fue electo Jefe de gobierno de la ahora denominada Ciu­dad Autónoma de Buenos Aires, el radical Fernando De la Rúa. Al si­guiente año, él se unió con la UCR y formó la Alianza por el trabajo, la Justicia y la Educación, que triunfó rotundamente en las elecciones le­gislativas del 26 de octubre de 1997. Fue el año del asesinato del perio­dista José Luis Cabezas y de la instalación de la Carpa Blanca docente.

Entonces, Solanas realizaba un balance de los vertiginosos años políticos que había vivido. Aseguraba que volvería a intentar una cons­trucción política en el futuro si se respetaba un programa de transfor­mación que pusiera como prioridades atender la cuestión de la soberanía nacional y la recuperación de los recursos minerales, la de-

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mocratización de las instituciones, de la cultura y los medios de co­municación, y la democratización de las relaciones socioeconómicas. Solanas insistía en la posibilidad de cambiar el país y exclamó, al cri­ticar el despilfarro que implicaba la transferencia de recursos públicos a las corporaciones privadas: "¡Aquí hay recursos, Argentina puede y debe ponerse de pie!"

Pero en aquellos momentos, el diputado de la Corriente Grande se despedía de la Cámara. Tras anunciar que no intentaría renovar el mandato, aprovechó el receso legislativo por las elecciones de 1997 para tomar licencia sin goce de sueldo y poder terminar su film La nube. Así volvió a concentrarse durante unos años en su vida privada, hasta que inesperadamente, fumadora en mano, se encontró en medio del torbellino de los convulsionados días de diciembre de 2001.

"Es necesario refundar la democracia"

A pocos días de cumplirse los veinte años del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, el diputado nacional Fernando Solanas afirmó que desde la recuperación de la democracia en materia de derechos humanos se ha avanzado en cuestiones jurídicas y constitucionales pero se ha descendido en derechos sociales básicos como el trabajo y la educación. Polémico, el cineasta dialogó con La Capital y no aho­rró críticas al gobierno nacional, al tiempo que evaluó que "el camino del cambio es una refundación de la democracia". También cuestionó a Bordón y a Beliz, a la vez que -sin elogiarlo- rescató los orígenes de Carlos "Chacho" Álvarez.

-En vista de los hechos de represión en La Plata, Ezeiza y Santa Fe, ¿cuánto se ha avanzado y cuánto retrocedido en materia de dere­chos humanos desde la recuperación de la democracia?

-Por un lado, hubo avances en materia de tipo constitucional y ju­rídico. La incorporación de los pactos internacionales a la Constitu­ción nacional y la movilización de tantos organismos de derechos humanos han sido una suerte de contrapeso de cómo salió el país de la dictadura. Pero se ha descendido mucho en los derechos básicos so­ciales como la salud y el trabajo. Creo que no hay derecho humano más importante que el de trabajar. También se han perdido en los últi­mos veinte años los derechos más fundamentales: el de la educación, la alimentación. Hoy en día hay mayor desnutrición, un crecimiento es-

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pectacular de deserción escolar, creció el analfabetismo, hay un au­mento de la criminalidad sin antecedentes, hay un déficit de 3 millo­nes de viviendas, la degradación de la capa media y un 20% de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Si escuchamos el discurso de Menem del 1o de marzo vemos que es fantástico y esqui­zofrénico por que no tiene nada que ver con la realidad y con la polí­tica de su gobierno.

-Bueno, pero el balance que hace es de los últimos veinte años. -Claro, porque en la Argentina en los últimos veinte años ha cre­

cido la deuda externa en un 2.200%. En el 76 se debían alrededor de 5 mil millones de dólares, hoy esa cifra está en los 100 mil millones. En cuanto a este gobierno, cuando asumió en el 89 la deuda pública era de 56 mil millones, es decir que después de haber vendido casi todo el patrimonio público hubo encima un crecimiento del 50% de la deuda. Acá hubo un vaciamiento sin precedente... Si esto no se llama co­rrupción con mayúscula, no sé qué nombre hay que ponerle. No puede ser que se rematen las empresas más rentables: Yacyretá, que este año va a dar 150 millones de beneficio y en dos años dará 600 millones, la quieren vender en 1.800 millones, es decir, lo que va a recuperar en tres años.

-Apunta directamente a la política económica del gobierno. -Acá Cavallo recauda aplicando el más injusto de los impuestos,

que es el del consumo. Todos dejamos alrededor del 20% del sueldo a fin de mes solo haciendo compras. El ministro no quiere aplicar un im­puesto progresivo a la ganancia, que es la base de la recaudación tri­butaria en Estados Unidos, Europa y Japón. En los países del Norte, donde más se gana, más se aplican políticas impositivas rigurosas. Es decir que ellos defienden el interés de la nación como leones, y tanto lo han hecho que han recorrido el mundo sembrándolo de guerras. Por supuesto, no digo llegar a ese extremo, pero sí implementar una polí­tica de defensa del interés nacional. Si se pudiera economizar la mor­dida del 10 al 40% que tiene cada contratación de insumo en la Argentina, porque todos los organismos oficiales que contratan em­presas privadas participan de la mordida. ¿O qué es lo del Banco Na­ción con IBM, y qué es lo de la Aduana, los escándalos del correo? Hasta sectores oficialistas calculan que hay de 4 a 5 mil millones de mordida por año. El país podría recuperar 15 mil millones anuales si se aplicara el impuesto progresivo a la ganancia al 2% de la población, que son los grandes grupos económicos.

-Con este panorama, ¿cuáles son las perspectivas de cambios? -La Argentina requiere una refundación de la democracia, que

tiene cuatro patas: la cuestión nacional, por todo esto y porque, por

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ejemplo, no puede ser que el embajador norteamericano nos escriba la ley de patentes. La cuestión de democratizar las instituciones: la Justi­cia, el juego entre el Parlamento y el Ejecutivo y los instrumentos elec­torales, porque hoy un ciudadano común no puede hacer política si no tiene aparato político y tiene que ir al puntero, llámese Carlos "Cha­cho" Álvarez o Augusto Alasino, que son quienes deciden los candi­datos. Los punteros y los medios de comunicación. Otro punto es la cuestión social, democratizar las relaciones socioeconómicas, porque los trabajadores han perdido la mayor parte de las conquistas que te­nían. Por último, la democratización cultural y de los medios de co­municación, que están fuertemente condicionados por los avisos publicitarios.

-Parece que no, pero ¿se imagina al lado de "Chacho" Álvarez nuevamente?

-Sobre la base de estas cuatros patas de la refundación de la de­mocracia y con un arrepentimiento público de los errores, sí. Para una alianza electoral, no. Con las mañas de la vieja política se puede hacer política electoral, pero no se puede pretender cambiar la Argentina, so­lucionar los problemas que la gente espera que le solucionen. Yo dije en el 94 que la alianza con Bordón era una aventura porque no estaba sustentada en un programa y una propuesta de cambio. Bordón es Be­liz, es Palito Ortega, es gente que no cuestiona el modelo de Cavallo.

-¿Álvarez no es Beliz? -Álvarez tiene otro origen, no fue ministro ni participó de este go­

bierno. Bordón fue gobernador de Mendoza y senador justicialista hasta septiembre del 94, Chacho se fue del oficialismo en los primeros meses del 89 y formó el Grupo de los Ocho. Beliz no es lo mismo que Álvarez, eso sería una exageración.

La Capital, Mar del Plata, 11 de marzo de 1996.

Otra práctica política es posible

Tal vez mi decisión de no presentarme como candidato en las pró­ximas elecciones haya dado lugar a erróneas interpretaciones como que me retiro de la política y ni termino mi actual mandato legislativo. Algo así como reconocer que todo lo hecho fue en vano y, lo mío, una derrota. El equívoco me preocupa porque en estas épocas de renun­ciamientos, traiciones y quebraduras, se puede creer en otras más.

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No me voy de la política, no estoy muerto, ni quemado, ni tiro a la basura sacrificios y resistencias de toda una vida. Me siento con ganas y energía para continuar los caminos iniciados hace más de cuarenta años, y que conjugaron actividad social y creativa con compromiso po­lítico, renunciando a caminos fáciles y a tentaciones fútiles.

A pesar de las agresiones y exilios, de las presiones o aislamientos, no me arrepentí de mis ideas y compromisos que me llevaron a la po­lítica electiva y a que fundáramos el Frente Grande como alternativa al bipartidismo y al modelo de Menem y Cavallo.

Tampoco renuncio o reniego de mi paso por la Cámara de Dipu­tados a pesar de que la mayoría de mis proyectos no salieran. Hemos aportado a numerosas leyes de cultura -cine, teatro, etcétera-; abierto el debate sobre la democratización del espacio audiovisual; contribuido con proyectos de teledifusión y creación de una red pública de radio, televisión y noticias; defendido desde la Comisión de Energía la CNEA y propuesto su transformación en una gran central de energía renova­bles, e hicimos con Yacyretá el eje de la defensa de patrimonio ener­gético nacional.

Volviendo a mi presunto alejamiento, creo que sería un error pen­sar que sólo se hace política desde los cargos electivos, porque estaría­mos desconociendo otros aportes militantes que se realizan a diario desde otros campos. Si fuera así, estaría negando el rol cumplido con mis películas en los años de resistencia y que fueron la militancia real que me condujo hasta aquí y que me permitió ser de los primeros en en­frentar a Menem como responsable del vaciamiento y cómplice de las mafias que actuaban. Yo no llegué al Parlamento desde una estructura partidaria sino desde el cine y la cultura. Pero no quisiera desaprovechar el complejo tema de las relaciones entre referentes sociales y la política o entre los dirigentes y su profesionalización a mi caso personal.

Es necesario abrir el debate sobre el dirigente político que utiliza las militancias para llegar al cargo y luego, para mantenerlo, las olvida y las niega resignando propuestas y hasta su propia historia.

Ni me voy ni me quedo contrariando lo que siento. Seguiré mili­tando con la misma pasión de siempre. Hoy como ayer, frente a la re­signación o las genuflexiones de quienes confiesan que "no se ha de volver para atrás contada" indultando las políticas menemistas, es ne­cesario recordar aquellas certitudes que fueron la génesis de la unidad de entonces y que desde la Corriente Grande seguimos reafirmando: otro país y otra política son posibles.

Página/12, Buenos Aires, 12 de abril de 1997.

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Hoy somos todos docentes

Señor presidente: Constituye un hecho penoso que indica una pendiente de la de­

gradación política que, convocados para un tema tan noble e impor­tante como el de la emergencia educacional, no se halle presente la bancada oficialista, que se dice heredera de tradiciones nacionales y populares, cuyo primer gobierno había acabado prácticamente con el analfabetismo en la década del 40, construyendo más escuelas que en toda la historia nacional anterior.

Además, es lamentable que esa bancada, que es responsable de ha­ber votado un sinnúmero de leyes que han atentado contra el bienes­tar de los argentinos, no tenga el coraje o la dignidad política de acercarse a debatir el tema de la educación.

En las últimas semanas se ha discutido en este recinto sobre la po­breza. Entre los argumentos brindados se dijo que la situación del país no daba para otro cuadro. Incluso, el diputado que expuso por la ban­cada oficialista llegó a presentar la curiosa teoría de que habíamos al­canzado la estabilidad política y económica.

Con respecto a la estabilidad política, la opinión pública observa que los más altos funcionarios de la Nación tienen conexión con per­sonajes seriamente vinculados con operaciones delictivas o mañosas.

En relación con la estabilidad económica, vivimos un curioso espe­jismo, porque en estos últimos seis o siete años el gobierno justicialista -después de haber enajenado todo el patrimonio público y de haber vo­latilizado los 28.000 millones de dólares recibidos de las privatizacio­nes- ha duplicado la deuda externa, que hoy supera los 100.000 millones de dólares. Ello significa que ha utilizado una suma equivalente al doble de la que recibieron los aliados mediante el Plan Marshall para la re­construcción de Europa. Según el economista Galbraith, ese importe equivaldría hoy a un poco más de 45.000 millones de dólares.

Después de todo ello, nos ha quedado un país seriamente empo­brecido, con un 30% de la población que ha perdido sus principales de­rechos -entre ellos a la educación- porque ha perdido el derecho al trabajo, y que es la mancha negra de la pobreza y la degradación social.

Se ha dicho que la Argentina no puede. Yo quiero centrar este breve discurso en marcar que ello no es cierto. En cambio, sí es cierto que existe la voluntad política de continuar al servicio de intereses an­tinacionales y espurios.

Tampoco es cierto que este gobierno sea liberal, ya que es fuerte­mente intervencionista. En nuestro país existe una intervención esta-

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tal en la economía. Aquí hay subsidios a los grandes grupos económi­cos; por ejemplo, los ferrocarriles se subsidian con un millón de dóla­res diarios. También existen subsidios para las industrias metalúrgica y automotriz, al igual que para los grupos que están a cargo de las co­municaciones. ¿Acaso no regalamos los teléfonos nacionales, fijando vergonzosamente una ganancia inescrupulosa en dólares mediante es­tas transferencias?

Aquí se sigue subsidiando a los grandes grupos económicos; a aquellos que aumentaron con precio dolarizado el 50% de las tarifas eléctricas, a aquellos que denunciaron que en dos o tres años iban a re­cuperar la inversión y a girar cuantiosas ganancias al exterior.

No es cierto que aquí no haya recursos. En la Argentina existen dos o tres grandes fuentes de recursos. Una es la reforma tributaria que espera este país, en el que se sigue penando a su pueblo con la más regresiva de las políticas impositivas como es la del impuesto al consumo.

Casi el 70% de la recaudación es pagada por igual tanto por los pobres como por los más ricos, siendo esta una de las escalas más be­nevolentes para las clases pudientes. Entonces, es necesario obtener recursos mediante una profunda reforma tributaria.

La segunda gran sangría -que no escuchamos en el debate acerca de la pobreza- es la que proviene en forma permanente de la deuda ex­terna. No es serio hablar de pobreza en la Argentina omitiendo la prin­cipal causa de la crisis económica, que nació con la transferencia de los 26.000 millones de dólares de endeudamiento de las empresas priva­das con la banca extranjera, que el doctor Cavallo -como funcionario del Banco Central durante la última dictadura- transfirió a las espal­das de los argentinos.

La democracia nació en 1983 herida por dicha deuda y desde en­tonces todos los gobiernos están navegando en la tempestad ocasio­nada por el pago de los intereses de la deuda.

No puede ser que no digamos que este año saldrán de la Argentina más de 10.000 millones de dólares para enfrentar el pago de intereses y cuotas de capital de la deuda, más grave aún después de los acuerdos del Plan Brady y después de haber vendido el patrimonio público para enfrentarla.

La tercera fuente viene de evitar una rapiña de corrupción, valuada, incluso por funcionarios del oficialismo, en alrededor de 5.000 millo­nes de dólares anuales.

Aquí hay recursos; la Argentina puede y debe ponerse de pie. To­das las fuerzas sociales y políticas que defienden el interés de la Nación y de esta democracia -que por ahora es formal, pero fraudulenta en sus

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esencias- deben superar toda división mezquina para promover una nueva Argentina con seria vocación democrática.

Pero no debemos aceptar la idea neorracista de que un grupo de tecnócratas y una bancada traidora pueda diseñar una sociedad ar­gentina en la que exista un 30% de marginados y condenados a la pér­dida de todos sus derechos ciudadanos, incluidos los de la educación, la salud y la previsión social.

Aquí hay que recuperar no solamente la democracia perdida sino también los recursos que este pueblo saqueado tiene y produce. Debe­mos distribuir dichos recursos en forma equitativa, al servicio de las grandes causas.

Por último, adhiero a este gran homenaje que la Cámara realiza a sus trabajadores abnegados, los maestros, que son los que de genera­ción en generación transmiten a los más pequeños la llama de un país en el que aún creemos.

Si no fuera cierto que podemos administrar con ética, honradez e inteligencia lo que tenemos, habría llegado la hora negra de decir a los chicos que hay que irse, y a los 35 millones de argentinos que hay que pedir indemnización por despido nacional; que esto es un fraude; que la gesta de aquellos heroicos muchachos como San Martín y Belgrano que "a pata" recorrieron medio continente para liberarnos, ha sido una locura, y habría que pedir indemnización por ello; y tendríamos que vender la Argentina y decirle a españoles, ingleses, americanos y fran­ceses que vengan a ocupar el territorio.

Sin embargo nada de eso es cierto. Hoy en esa carpa nos están de­mostrando que existe una raza de grandes argentinos y argentinas que hasta en el más humilde rincón del país siguen defendiendo esa llama argentina que nos une por encima de las diferencias partidarias. Por eso, señor presidente, esta tarde rendimos homenaje a estos maestros que resisten y a todo argentino que todavía se sienta orgulloso de serlo.

Discurso pronunciado en la Cámara por el Diputado (en minoría), Buenos Aires, 1o de julio de 1997.

Un Congreso sin dignidad nacional

Señor presidente: No quisiera reiterar los conceptos ya vertidos por los señores di­

putados preopinantes, a los cuales adhiero. A fin de no hacer más larga

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esta sesión, trataré de sintetizar mi exposición y por ello solicito a la Presidencia la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Contribuiré a este debate refiriéndome a uno de los casos constata­dos en la provincia de Buenos Aires y que nosotros tuvimos ocasión de denunciar: la contratación del sistema informático IBM-Consad. La de­nuncia penal fue presentada en diciembre de 1995 con el patrocinio ju­rídico de los doctores Marcelo Magdalena, Julio Raffo y Jaime Nauguer ante el Juzgado Criminal de Lomas de Zamora, del doctor Van Schilt.

En esta circunstancia quisiera referirme a las características de la denuncia, dado que si bien se menciona en el dictamen de la comisión, no se ha ahondado en otros casos como, por ejemplo, el de Avellaneda. En este último se constató que en la evaluación de las ofertas prese-leccionadas por el municipio de Avellaneda, la empresa IBM-Unisys no empleaba ninguna metodología científica, que la municipalidad no es­taba en condiciones de cumplir ni hacer cumplir plazos y objetivos del proyecto, que para otorgar la licitación se valoraron puntos no exis­tentes en el pliego, que se violó el principio de igualdad y se vio com­prometido el principio de transparencia, que la ganadora IBM excedió holgadamente el monto de asistencia financiera que prestaba el Banco Mundial y que la licitación fue direccionada exclusivamente a un solo referente, IBM, que de otro modo no hubiera sido adjudicataria.

Pero lo más escandaloso del caso Avellaneda es que el objetivo de la licitación era la compra de un software por parte de la Municipalidad de Avellaneda. Una vez adjudicada la licitación a la empresa IBM se mo­dificaron los pliegos de esta contratación. En lugar de tratarse de una adjudicación para la compra del software por parte del municipio de Avellaneda, se la transformó simplemente en su uso, produciéndose un desfase extraordinario entre el monto por el que se compraría el soft­ware -1.800.000 dólares- y lo que significa en el mercado su alquiler, que podría reducirse a menos de un 10%.

Muchos otros puntos revelados por la investigación que realizó con mucho rigor el Juez Van Schilt figuran en esta causa, y los vamos a re­sumir en nuestro informe de investigación, que se incorporará al Dia­rio de Sesiones.

Quisiera detenerme en dos cuestiones. Celebro la actuación de la comisión. Sería obtuso no ver cuánto hemos avanzado desde agosto de 1995, cuando el superministro Domingo Cavallo concurrió a de­nunciar a esta Cámara la actuación de mafias. Nosotros señalamos al ministro de Economía que él también era responsable de las mafias que habían actuado en el vaciamiento del patrimonio público y en todo el proceso de las privatizaciones.

Han transcurrido dos años y hoy contamos con el dictamen de la

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comisión que investigó la actuación de la empresa IBM. Una cuestión importante que creemos que se debió haber profundizado es la relación entre el Banco Mundial y la elaboración de estos sistemas para la pre-adjudicación de software en decenas de municipios de la provincia de Buenos Aires.

Tengamos en cuenta que hubo un crédito de 55 millones de dóla­res otorgado por el Banco Mundial a la Nación, para destinarlo a la provincia de Buenos Aires con el objeto de reequipar a los municipios con un nuevo sistema informático.

Cuando en febrero de este año visité la comisión investigadora de la actuación de IBM, hice mención a las declaraciones -se trataba de una pista muy importante a seguir- que había realizado el perito de la Municipalidad de Avellaneda, quien dijo que el caso de ese municipio iba a servir de inspiración a la provincia de Buenos Aires para el pro­yecto Prafin, consistente en dotar a la totalidad de los municipios de la provincia con una solución informática del mismo tipo.

Lo importante del caso es que, también en relación con el Banco Mundial, el juez Van Schilt se dirigió a dicha entidad a fin de solicitar mayor información sobre el préstamo.

También debe tenerse en cuenta la nota del 29 de abril de 1993, que enviara al Banco Mundial el licenciado Alberto Bozzolo, coordi­nador general de la Unidad Nacional de Enlace-Proyecto de Desarro­llo de la Secretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. En esa carta al organismo internacional sostuvo que, en relación con las bases y condiciones técnicas para la contratación del sistema informático, tenía algunas dudas respecto de la posibilidad de que las especificaciones parecían predeterminar la marca del equipo solicitado.

El juez Van Schilt se dirigió al Banco Mundial y obtuvo como res­puesta algo verdaderamente curioso. El Banco le respondió diciendo que, en virtud del privilegio de inviolabilidad de archivos que le asiste y al que no renuncia, no podía contestar ni dar mayor información. Dicho juez también se dirigió a la comisión de investigación de IBM, pero no tuvo apoyo para seguir reclamando al Banco Mundial que abundara en información al respecto. No obstante, en la actualidad ha contado con el apoyo de la Asociación de Abogados y de diversas en­tidades nacionales y americanas de juristas.

Quisiera finalizar con el reclamo o la expresión del deseo que esta Comisión pueda continuar la investigación, porque como bien lo se­ñalaba hace un momento la señora diputada Guzmán resulta que aun sin tener respuesta de los organismos internacionales -los bancos sui­zos o los de Estados Unidos- sobre las denuncias que se realizaron,

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constituye una demostración de falta de voluntad política querer aban­donar un caso que, precisamente, no es uno más.

Lamento profundamente que siendo las 21.25 solo cuarenta y tres de los más de doscientos cincuenta diputados que integran esta Cá­mara estemos interesados en continuar con el debate de un hecho de corrupción escandaloso, y que ha sido desarrollado seriamente. Este hecho multiplica con creces los casos de corrupción de la década in­fame, como los negociados eléctricos.

También lamento que la comisión no haya querido proseguir la in­vestigación unos meses más. En un país realmente empobrecido, con tantos millones de argentinos que padecen la pobreza, habría que pre­guntarse cómo es posible tanta desaprensión y tanto abandono de lo público. Pareciera que una mancha de resignación, derrota y abandono nos impide continuar.

Pero no se trata solo de la ausencia de los diputados del oficia­lismo. Lo más lamentable es que tampoco existe real voluntad de pro­fundizar el caso desde la oposición. No hay intención de investigar a IBM, a pesar de que esta investigación ha demostrado el modus ope-randi que esa empresa multinacional ejercita en casi todas las provin­cias y municipios argentinos.

¿Cuál es la facturación de IBM? ¿Cuánto es lo que esa empresa se ha llevado en años o en décadas? No hay voluntad de investigarla ni de defender el erario; pero esa voluntad de no querer chocar con IBM existe tanto de parte del oficialismo como de las fuerzas de la oposición y esto es lo realmente lamentable, que quiebra y afecta la dignidad de la Nación.

El señor juez Van Schilt, mediante la modesta denuncia de lo que pasaba en el municipio de Avellaneda, fue capaz de provocar el pri­mer allanamiento en la sede central de IBM, en la Unisys, en Consad y en esa municipalidad. Lamento que la comisión investigadora haya tomado la denuncia...

Todos sabemos que desde hace muchos años hay organismos in­ternacionales como el Banco Mundial que desparraman créditos, que han servido para echar a la calle a miles de argentinos y para muchas otras cosas sucias. Este es uno de esos casos, porque ¿quién se quedó con los 1.600.000 dólares de diferencia que hay entre la compra de un software y su uso? Se lo quedó la empresa IBM. Los argentinos tontos, retontos, pagamos créditos -que se los lleva IBM y sus amigos los fun­cionarios locales- por diez veces más de su valor real.

¿Por qué no hay vocación de investigar al Banco Mundial? Lo que cuestiono, señor diputado Viqueira, no es el veredicto de la comisión. No es esa mi pretensión y tampoco subestimo el trabajo de sus inte­grantes. Muy por el contrario, los aplaudo.

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Cuestiono que se haya cerrado el accionar de la comisión, no ha­berle dado el apoyo necesario a ese solitario juez de Lomas de Zamora, Van Schilt, y sobre todo, la falta de vocación política en el sentido de dar una señal en serio de lucha contra la corrupción. Porque lo grave es que esto de la lucha contra la corrupción no lo creen los 210 señores di­putados que no están en el recinto, y este no es un debate más, sino el resultado de una de las primeras comisiones grandes que se crearon para investigar la corrupción en nuestro país, donde sabemos que las firmas multinacionales y los grandes consorcios argentinos corrompen el apa­rato del Estado. No es válido perseguir sólo al funcionario corrupto; tam­bién hay que hacerlo con la máquina de poder de comprar conciencias, que la tendremos hoy y mañana, y que desde la dictadura ha venido com­prando y prostituyendo el aparato del Estado. Esto es lo que lamento. Si hubiera habido voluntad política, seguramente hubiésemos tenido un gran debate político, sin mezquindades, sin estar buscando el pelo en la sopa, pero defendiendo la sopa, que es el interés de la Nación y de un pueblo empobrecido que nos pide que luchemos en serio contra la co­rrupción. Y la lucha en serio contra la corrupción no puede ser solo con­tra el funcionario sino contra los grandes grupos, contra esa máquina de corrupción que se ve impune, ahora o con los que vendrán.

Quiero terminar diciendo que en estos días dejo la Cámara y que me retiro entristecido porque no veo una voluntad política seria para cambiar esa veta negra de corrupción que viene desde el país del Norte -ese "palito" del señor Clinton por el que hoy agachamos la cabeza-cuando ¿acaso no ha sido el responsable de la quiebra argentina y del endeudamiento externo de todos los países latinoamericanos? ¿No ha sido el responsable de todo el semillero de golpes de Estado o de la fá­brica de torturadores de la Escuela de Comandos de Panamá? ¿No son acaso ellos corresponsables de la estrategia e inteligencia desarro­llada para que en la Argentina hubiera treinta mil desaparecidos? Son responsables de todo e incluso son corresponsables de la quiebra del orden institucional en las repúblicas latinoamericanas por décadas. Yo he vivido esta historia.

Lo que deploro es que no haya voluntad política ni dignidad na­cional para llamar a las cosas por su nombre; y se llame como se llame, desde el más modesto corrupto a la máquina más sofisticada y mo­derna - e n este caso IBM- tenemos que investigar a fondo: esta es una asignatura pendiente para esta Cámara.

Discurso de despedida ante la Cámara de Diputados (en minoría), Buenos Aires, 4 de diciembre de 1997.

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El regreso a la política (2001-2007)

El 19 de diciembre de 2001 aterrizaba en Buenos Aires. Venía desde Francia, donde estaba trabajando en la preparación de un film. Al despertarme el día 20, creí que soñaba: Cavallo había renunciado. Prendí el televisor y comprendí que el país estaba inmerso en un vio­lento estallido social. Por instinto, tomé la camarita de video y con mis hijos nos fuimos a ver y registrar aquella jornada histórica que terminó con De la Rúa tomando el helicóptero.

No solo su renuncia había sorprendido a todos el país -los ana­listas y politólogos comprendidos-, sino que el país vivía un momento de excepción, en estado deliberativo. En ese verano caliente del 2002 seguí marchas y asambleas y me nutrí con el reconocimiento y afecto que recibía de la gente. Filmando, me fue naciendo la idea y la nece­sidad de hacer un gran fresco sobre la Argentina. Sentía que le debía­mos una explicación a la generación de nuestros hijos, que nos miraba desde la vereda de enfrente y, con razón, no entendían nada. Todo esto me convenció de volver al cine de mis orígenes, realizar una suerte de otra Hora de los hornos que fuera una larga memoria contra el olvido. Era también otra manera de repensar un proyecto superador para el país y para mí, que había trabajado casi tres años en Europa reali­zando catorce viajes; era la fiesta de volver a recorrer y reencontrarme con mi país. Comenzaba una de las etapas más fructíferas y felices de mi vida porque el contacto con trabajadores, ingenieros, especialistas, amas de casa, jóvenes me enriqueció y estimuló hasta hoy. La riqueza del proyecto y los personajes que encontraba desde el Gran Buenos Aires a Neuquén, Tucumán, Salta, Córdoba o Mendoza, era tan grande que empezó a convertirse en una suerte de muñeca rusa: dentro de cada tema había otro tan o más importante que el anterior y era ne­cesario filmarlo para descubrírselo al resto del país. Así nacieron Me­moria del saqueo (2004), La dignidad de los nadies (2005), Argentina latente (2007), La próxima estación (2008) y este año se conocerá Tie­rra sublevada.

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El tema que volvió a preocuparme era el de la energía. Lo habían bo­rrado del debate político. En marzo de 2002 visité a fosé Rigane se­cretario del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y de la FeTERA-y le propuse crear un movimiento transversal por la recuperación del pe­tróleo y el gas y la defensa de la energía pública, y se sumaron técnicos como Félix Herrero, Gustavo Callejas, referentes sociales y organizacio­nes vinculadas con la energía. El 23 de abril convocamos a una asam­blea en el Centro Cultural San Martín y fundamos el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).

Paralelamente, con Alcira Argumedo, Julio Raffo, Antonio Medina y otros compañeros fundamos Proyecto Sur. No era una propuesta elec­toral: frente al país saqueado y los miles de desnutridos nos proponía­mos estudiar un proyecto emancipador que permitiera satisfacer el bienestar de los argentinos a partir de nuestros recursos. A medida de que lo fuimos estudiando, descubrimos las enormes posibilidades que se abrirían para la Argentina si recuperáramos el petróleo y la gran minería: se podría acabar con la indigencia, la desnutrición y la po-breza en poco tiempo. Con los años, llegamos a conformar un proyecto coherente, integral y realizable para nuestro país.

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XI. Después de la crisis: continuidad del modelo privatizador?

El menemismo dejó un país quebrado: los saldos negativos de la balanza de pagos habían alcanzado los 76.000 millones de dólares, cre­ció el giro de utilidades de compañías extranjeras, el pago de regalías, fletes, seguros y los servicios a los acreedores del exterior. A pesar de los ingresos por las privatizaciones, la deuda externa argentina se ha­bía incrementado en 60.000 millones de dólares.

Pero el modelo de la convertibilidad estaba agotado. El desgaste político y económico se produjo rápidamente. Álvarez renunció a la vicepresidencia el 6 de octubre de 2000 y debilitó aún más un ya tibio gobierno nacional.

Crecieron los casos de corrupción -Ley "Banelco", de flexibili-zación laboral, etcétera- y el "déficit cero" se transformó en política de Estado. La fuga de capitales se acentuó cada vez más. De la Rúa nombró a Cavallo como ministro de Economía y el Congreso le otorgó poderes excepcionales. En junio de 2001, negoció el Megacanje, pro­vocando un aumento de 54.000 millones de dólares en la ya abultada deuda externa, que alcanzaba así los 200.000 millones. En tanto, era desoído el fallo de julio de 2000 del juez Federal Jorge Ballestero, que ponía fin a una de las causas para investigar el endeudamiento externo: era la Causa Olmos, desarrollada durante más de dieciocho años, que llevó a concluir a Ballestero que "el país había sido puesto de rodillas". Se habían encontrado 477 irregularidades en contratos de deuda pú­blica y privada entre 1976 y 1985, que constataban el carácter ilegí­timo e ilegal de gran parte de la deuda externa.

Diciembre de 2001 fue un mes de descontento generalizado, con saqueos, violencia social y marchas sociales como la del Frenapo (Frente Nacional contra la Pobreza) de la CTA. La desocupación tre­paba y el "corralito" instalado a comienzos de mes irritaba a la po­blación. El establecimiento del estado de sitio tras las primeras protestas del 19 de diciembre, provocó la ira del pueblo. Así se pro­dujo el "argentinazo". Las protestas dejaron un saldo de treinta y dos manifestantes muertos en todo el país. Entonces, se habían fugado

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Moreno: Documento Fundacional

El contexto internacional y la grave situación interna que padece­mos han provocado el sentimiento generalizado de que la planificación, producción, transporte y comercialización de los bienes energéticos por parte del Estado Nacional constituyen una de las herramientas básicas y obligatorias para restaurar nuestra soberanía y, por consiguiente, a través de la recuperación de los recursos generados por las actividades energéticas, comenzar a superar la crisis socioeconómica en que esta­mos inmersos.

Esos recursos -producto del sacrificio de varias generaciones de compatriotas y de la acción y visión de dirigentes de la talla de Hi­pólito Yrigoyen, Enrique Mosconi, Juan Perón y Arturo Illia fueron enajenados a precio vil, en un proceso donde los ilícitos fueron el co­mún denominador. La privatización de las grandes empresas energé­ticas, privó al Estado de las herramientas que nos habían permitido alcanzar un aceptable grado de desarrollo de características solida­rias, hoy perdido, y permitió la creación de un polo multinacional de generación de poder y captación de riquezas, cuyo accionar, al con­vertir en ilusoria la independencia política, afecta la vida institucio­nal de la República y perjudica los intereses comunes, presentes y futuros, de los argentinos.

Para evitar que continúe la exacción de esas riquezas y la explo­tación irracional de bienes estratégicos, escasos y no renovables y, considerando que la pasividad ante las circunstancias descriptas cons­tituye una conducta inaceptable, los ciudadanos y las instituciones abajo firmantes hemos resuelto constituir el Movimiento por la Re­cuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO). Al mismo podrán sumarse todos los ciudadanos que compartan sus ideales. Solamente están excluidos aquellos que, de una forma u otra, hayan compartido las políticas neoliberales aplicadas, y vigentes, en el área energética, cualquiera sea la forma desreguladora o privatizadora que se haya utilizado.

En el convencimiento de que la política energética debe constituir una de las bases esenciales de un proceso de desarrollo económico y social que revista las características de ser políticamente independiente, geográficamente equilibrado y socialmente equitativo y que, en sí misma, debe asegurar para todos el acceso al consumo de los bienes de la energía, en el presente y en futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en el nivel socioeconómico o lugar de resi­dencia y en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y eco-

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nomicidad del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente proponemos:

a) Considerar a la energía como un derecho humano y un bien so­cial que debe ser democratizado para permitir la vigencia in­mediata de tarifas que aseguren la accesibilidad y permanencia de todos los argentinos en el sistema energético, como también el crecimiento y desarrollo de las actividades productivas na­cionales.

b) En el convencimiento de que somos los pueblos -no los em­presarios privados— los dueños de los recursos energéticos y quienes determinamos su forma de explotación y distribución de las riquezas generadas, estimar como necesaria e irrenun-ciable la recuperación de la capacidad de decisión nacional y la consiguiente nacionalización del sistema económico, obje­tivo que para ser cumplido requiere, ineludiblemente, contar con los recursos que genera el sector de la energía.

c) Acorde con las ideas expuestas, constituye un imperativo prio­ritario reincorporar al Patrimonio Estatal los recursos que per­tenecían a las grandes empresas nacionales y provinciales privatizadas, como también preparar un Plan Energético Inte­gral, que se integre con las propuestas de reconstrucción déla República, actualmente en elaboración en distintos ámbitos na­cionales, y que establezca la exclusiva administración estatal de los recursos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso in­tensivo de aquellos renovables y una concepción estratégica para los no renovables.

d) Otorgar, en consecuencia, renovada vigencia a las palabras que oportunamente pronunciara el Director General de YPF, Gral. Enrique Mosconi: "Desde el 1o de agosto de 1929, fe­cha en que los trusts. petrolíferos inglés y norteamericano quedan definitivamente rotos en nuestro país, los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emana­das de su propio gobierno que decide libre de ingerencias ex­trañas en todo lo relativo al combustible líquido y empiezan a volverse tierra adentro los millones que hasta entonces to­maban el mar".

Con esos objetivos, hemos resuelto la creación de este movimiento.

Buenos Aires, 23 de abril de 2002.

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Ajustar la política petrolera

Resulta inaceptable y agresivo para nuestra ciudadanía que des­pués del latrocinio sufrido por la aplicación de recetas neoliberales y planes del FMI nos pretendan dar consejos y que el gobierno quiera in­sistir con otros ajustes sociales en el Presupuesto 2002. Para ser respe­tados como Nación, debemos salir de la crisis a partir de nuestras propias fuerzas y recursos. Y la solución nacional no es otra que la re­cuperación de nuestras riquezas, sin que la ley perdone impuestos y gravámenes a quienes se enriquecieron con las prebendas, la destruc­ción de la industria, la desocupación, el vaciamiento y la extracción a precio vil de los recursos naturales. Además de las medidas que el país viene reclamando —restitución de los aportes patronales, estatización de las AFJP y el gravamen a las transferencias financieras- hay otra medida de plena legitimidad que se elude: la revisión y modificación de las concesiones energéticas y de las regalías petroleras que constitu­yen, junto con el vaciamiento financiero y la deuda externa, el otro gran latrocinio sin precedentes en la historia argentina.

La ley 17.319 fijó regalías con un tope del 12% porque era la em­presa estatal YPF la que le pagaba al mismo Estado. Pero a partir de la privatización, las petroleras pagan a las provincias regalías aún más bajas por la aplicación de descuentos que las reducen a un 6 o un 8%. En el resto del continente, esas mismas empresas aportan va­rias veces más: Repsol-YPF paga en Bolivia un 55 y distintas corpo­raciones llegan a pagar en Venezuela hasta el 37. Ello se agrava en tanto la mayor parte de las regalías se cobran en la Argentina a sim-ple declaración jurada de las empresas. Si nuestra factura global de hidrocarburos ronda los 22 mil millones de dólares anuales, sería po­sible obtener buena parte de los recursos que hoy les faltan a la Na­ción y a las provincias, aumentando las regalías y el canon de explotación, eliminando los injustos beneficios impositivos, gravando las exportaciones de crudo y gas, y reimplantando el impuesto al crudo procesado. La seguridad jurídica no puede invocarse para le-

gitimar ilícitos sino para denunciarlos ante la Justicia y corregirlos. Vale recordar que las leyes privatizadoras de YPF y Gas del Estado fueron aprobadas en sesiones bochornosas y avaladas por la Corte Suprema de Justicia.

El impuesto a las exportaciones petroleras es solamente una de las medidas que deberían tomarse, porque estas corporaciones ya lograron ganancias superlativas a expensas de los consumidores: los precios in­

­­­­­­ netos que seguimos pagando son un 30% más altos que sus si-

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milares en otras naciones. Al retirarse el Estado como regulador de los precios, nos dejó en manos de un poder oligopólico que detenta el 55% del mercado. Hagamos memoria: mientras México, Brasil y Venezuela mantuvieron sus compañías petroleras estatales, Menem y Cavallo ven­dieron nuestros yacimientos en plena producción, tasando las reser­vas a 5 dólares el barril -menos de la mitad del precio más bajo en esos años- y tomando como base las reservas de 1990, fraudulenta­mente subvaluadas. Aunque cueste creerlo, YPF fue vendida sin el in-ventario actualizado de sus bienes y los yacimientos estratégicos -los de mayor producción y mejores crudos con reservas comprobadas para más de 35 años- se cedieron por 25 años con opción a 10 más. El Es-tado recíbió 5.600 millones de dólares, pagados con bonos de deuda ex-terna cotizados al ciento por ciento de su valor, cuando en realidad se compraban por menos de la mitad. Para avanzar en la construcción de un proyecto nacional democrático e independiente, es preciso recupe­rar las riquezas que nos quitaron. Si los dos recursos básicos de la ca­dena productiva son la energía y la inteligencia, estas dos fuentes son nuestro bien más valioso, que debe ser protegido, recuperado y demo­cratizado. Nuestro país puede y debe salir de la crisis, ya que cuenta con la fortuna de tener grandes recursos naturales y un pueblo talen-toso, que en la última década fue desinformado v saqueado: un pueblo que ignora lo que tiene, y su real valor, mal puede defenderse y pro­yectarse hacia el futuro.

Página/12, Buenos Aires, 28 de enero de 2002.

Abusos privatizados

La desregulación y la privatización de los años noventa -sin duda la segunda Década Infame-, lejos de ordenar la economía de los ser-vicios públicos produjeron un descontrol. Quizá las muestras más fla­grantes sean el trato inhumano que sufre el pasajero del ferrocarril, el incumplimiento de las inversiones por la mayoría de las empresas con­cesionarias y los permanentes y abusivos aumentos tarifarios.

También lo son algunos de los resultados: los escandalosos subsi-dios que reciben los concesionarios de rutas y peajes; que 26 firmas Privatizadas obtuvieron entre 1993 y 2000 el 57% del total de los in-gresos que recibieron las 200 mayores empresas que actúan en el país, como lo demuestra Daniel Azpiazu; y que algunas empresas ferrovia-

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rias reciban por subsidios montos muy superiores a los déficits que de­claraban las empresas públicas.

Asimismo es escandalosa la función del Banco Mundial cuando funge de socio capitalista de Aguas Argentinas, acreedor importante de la empresa, y juez parte cuando integra el tribunal de arbitraje del litigio contra el Estado argentino.

El fracaso del modelo de privatización queda demostrado por la huida de las empresas proveedoras de agua en varias provincias, la quiebra de distribuidoras y transportadoras eléctricas y del gas natural sin preocupar a las casas matrices del exterior —a esto se vincula la ini­ciativa del FMI de reformar nuestra ley en el sentido de proteger a las empresas con dificultades-, la falta de inversión y el abandono de ser­vicios públicos como el ferrocarril, el aumento sideral de las garrafas de gas licuado y los cortes en el abastecimiento de energía eléctrica.

Sin duda, las petroleras gozaron y gozan de los mayores privile­gios, entre ellos la libre disponibilidad del 70% de las divisas de la ex­portación y el aumento de los combustibles. Se maltrató al usuario con las tarifas más altas del mundo con el argumento del precio del mer­cado internacional, como si las naftas fueran importadas. Con salarios congelados desde hace más de una década y un ajuste del tipo de cam­bio del 300%, producen el barril de petróleo a 4 o 5 dólares y nos lo venden a 28,5. Los aumentos aplicados desde enero del 2002 suman mas del 80%.

Entes de regulación o representantes empresarios dentro del Es­tado: ya nadie duda de que la regulación en la Argentina solo fue una ficción, y que la falta de control real fue su característica. La lucha en­tre distintos grupos empresarios logró que desde hace tiempo los entes reguladores carezcan de quorum, y tengan designaciones irregulares, ya que no cumplen las exigencias legales de concursos y duración de man­datos. Esto lleva a preguntarnos cuál es la validez de las resoluciones que se toman.

El propio Duhalde hizo evidente el fracaso de la regulación en di­ciembre pasado cuando condonó las tres cuartas partes de las multas impuestas a las empresas concesionarias del transporte ferroviario. A la mala práctica de condonar multas por el Poder Ejecutivo, se agrega la de "negociar" el incumplimiento o reducción de las inversiones.

La ley N° 25.561 de emergencia nacional exige que para renegociar las tarifas deben considerarse todas las cláusulas de las concesiones: que se tome en cuenta la situación económica de los usuarios, por lo cual no deberían modificarse las tarifas si antes no hay aumentos de los ingresos de los trabajadores y jubilados. Como prometió con buen cri­terio el presidente Kirchner, antes de aumentar las tarifas debeiá estu-

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diarse la rentabilidad de las empresas durante la prestación del servi­cio, las pérdidas por la devaluación monetaria y el cumplimiento de obras y obligaciones contractuales. Asimismo debe tenerse en cuenta el indebido aumento del 20% que tuvieron las tarifas en la década pa­sada por su actualización a la inflación de Estados Unidos. Fue un acto jurídico nulo donde un decreto modificaba la ley de convertibilidad que prohibía cualquier aumento de precios.

El nuevo gobierno debe enfrentar la impunidad de un pasado donde la seguridad jurídica solo funcionaba para las corporaciones. Llegó la hora de defender a millones de maltratados usuarios con el más estricto cumplimiento de la ley.

Página/12, Buenos Aires, 17 de junio de 2003.

¿Mafiocracia o dignidad?

¿Es asunto exclusivo del gobierno subirse sólo al ring de las ne­gociaciones con el FMI, los bancos y las privatizadas, o es una cues­tión nacional de la que dependen tarifas, crecimiento y empleo futuros...? ¿No se debería movilizar la comunidad, sus organizacio­nes e intelectuales, para defender sus intereses...? Al presidente le agradecemos habernos devuelto dignidad nacional. En solo sesenta días, Kirchner sorprendió a un país acostumbrado a la traición, con medidas que fueron más allá de las promesas y parecían inviables. Algunos siguen escépticos y esperan los "rounds" económicos, mien­tras los voceros de la mafiocracia y ciertos medios, desinforman con la misma prédica que encubrió el descomunal saqueo del patrimonio nacional. Quien no conoce lo que le pertenece ni lo que vale, mal puede defenderlo.

Hoy el país debe negociar con los representantes de quienes lo va­ciaron, nos trataron como republiqueta y nos derogaron leyes que en Estados Unidos se aprobaban, como fue la ley de subversión econó­mica. La memoria y dignidad de una Argentina que fue capaz de cons­truir su industria y principales empresas -YPF, Gas del Estado, Agua y Energía- sin ayuda del capital foráneo, hoy debe movilizarse para ayudar a cambiar la relación colonial con el FMI. A no asustarse frente al chantaje: ni el FMI, ni los acreedores pueden prescindir de la Ar­gentina, por el monto de la deuda y el peso que tiene en América la­tina, el Mercosur y el mundo. No habría mayor error que dejarse correr

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por el miedo. Es como el perro que ladra en la noche: si uno se asusta y corre, ataca o persigue; si se le hace frente, retrocede.

La decisión política del presidente de asumir sus facultades sobe­ranas para defender el interés de la Nación es la correcta y la que el pueblo esperaba desde hace años. Pero ningún gobierno puede en­frentar solo la presión de organismos y corporaciones y a la vez ser un blanco solitario de campañas desinformantes como las que defienden a las privatizadas. Otra vez intentan hacernos creer que la única salida es arreglar con los verdugos. Un poder que tuvo en el gobierno, la Jus­ticia y el Congreso, funcionarios a quienes les dictaron leyes y senten­cias. Los medios y personajes que callaron frente a los ilícitos y tarifazos del menemato: ¿qué decían cuando el patrimonio público y los derechos de trabajadores y jubilados eran devorados por la mafio-cracia bajo la protección de la Suprema ¿Con qué razones pretenden oponerse al nombramiento de Raúl Zaffaroni los que callaron durante los doce años que presidió la Corte el ex jefe de policía de la Rioja y ex socio del Conde Prófugo de Anillaco?

Frente al tema de la deuda -como bien argumentan el ex juez Salvador M. Lozada y Eric Calcagno- puede defenderse jurídica­mente una rebaja sustancial, porque durante décadas hemos pagado intereses usurarios. Si nos hubieran cobrado la tasa normal que rige en sus países, la deuda se hubiese pagado hace muchos años. Entre otras irregularidades -no haber sido jamas tratada por el Congreso-, los contratos de la deuda que fijan la jurisdicción en los tribunales de Londres o Nueva York para el caso de litigio deben ser invalidados, porque siendo contratos de derecho público solo puede actuar la jus­

ticia argentina. A su vez, sería escandaloso que a los bancos, se los compensara

por la devaluación. Tuvieron ganancias superlativas cobrando tasas del 4% mensual, con inflación cero y paridad del peso con el dólar; con­fiscaron los ahorros de sus clientes y fueron los ejecutores del vacia­miento financiero del país, girando al exterior miles de millones de dólares. La jurisprudencia es contundente y el fallo del caso Swift-Del-tec la reafirmó: las casas matrices deben responder solidariamente ante las pérdidas de sus sucursales.

Por último, tal como lo plantea el ministro De Vido, el reclamado ajuste de tarifas tiene que ver con la revisión de los contratos, las obras e inversiones prometidas, los aumentos y ganancias obtenidos y, final­mente, las pérdidas ocasionadas por la devaluación. En todos los casos, debe ser cuestión liminar la devolución a los usuarios del cobro inde­bido de más del 20% en las tarifas durante una década, por el ilícito de indexarlas de acuerdo a la inflación de los Estados Unidos. La ley de

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convertibilidad, en su artículo 9, prohibía expresamente los aumentos de salarios o tarifas.

Hay que superar desconfianzas y mezquindades políticas para for­talecer ia patriada que debe librar el país. Es preciso movilizar fuerzas v conciencias; multiplicar los debates; denunciar públicamente lo que el gobierno no puede decir; garantizar, por fin, continuidad jurídica para la Nación y los usuarios. Ante la magnitud del conflicto nadie debe quedar ajeno, viendo por televisión lo que está pasando en el ring. Todo espectador puede ser una víctima, un cómplice o un traidor.

Página/12, Buenos aires, 4 de agosto de 2003.

Petrocracia y menemismo

El pueblo argentino espera actos de reparación. La fuga electoral de Carlos Menem y la asunción del gobierno de

Néstor Kirchner interrumpió el proceso de impunidad y degradación de las instituciones con las cuales el menemato impuso los objetivos del modelo: rentas excepcionales suprimiendo los derechos sociales, des­nacionalización de la economía y liquidación del patrimonio para pa­gar la deuda externa.

El caso más paradigmático de la depredación menemista fue la ce­sión a precio vil de los hidrocarburos, uno de los sectores estratégicos del país. Sin inventario ni tasación, y violando la ley 17.319, se privati-zaron YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías del país y las que más habían invertido en su industrialización, obra pública y polí­ticas sociales.

A fin de satisfacer a los compradores, redujeron las reservas com­probadas de crudo en un 30% para retornarlas a su nivel después de privatizarlas y cedieron por veinticinco años la explotación de las áreas estratégicas al valor de lo que producían en nueve meses. ¿Alguien re­cuerda actos más fraudulentos e infames que los tratamientos de las leyes que privatizaron Gas del Estado -con varios diputruchos- o YPF? El diputado Luis Saadi denunció que en el Senado habían repartido ocho millones de dólares para votarla, pero al rato se desdijo. La sesión en Diputados fue conducida por el jefe de la bancada Jorge Matzkin, contando con Oscar Parrilli como informante del proyecto privatiza-dor y el apoyo de todos los gobernantes del PJ. Entre vítores, besos y abrazos celebraron la votación notables referentes de la mayoría, como E.

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Amadeo, E. Camaño, E. Fellner, J. González Gavióla, José Gioja, O. Lamberto, Juan C. Maqueda, Lorenzo Pepe, C. Ruckauf, Felipe Sola Miguel A. Toma y Jorge Yoma, y el ministro Manzano -e l de "robo para la corona"- declaraba: "No podemos más que felicitarnos de es­tos diputados que han dado el quorum".

Mientras algunos países perdieron su petróleo con golpes de Estado o cruentas guerras como la de Irak, la dirigencia del PJ lo entregó bajo el liderazgo de jefes corruptos y sobres con millones de dólares. Para la Argentina fue equivalente a que una invasión le arrebatara la mitad de su territorio: YPF y Gas del estado aportaban al fisco tanto como el to­tal de la recaudación de las provincia de Buenos Aires, la Pampa, Cuyo y la Patagonia. Al descuartizamiento del YPF y Gas del Estado le siguió el de decenas de usinas y represas hidroeléctricas hasta perder la sobe­ranía energética, primer eslabón de la cadena productiva. Somos el único país que extranjerizó todo su petróleo para pagar las tarifas más altas del mercado internacional y recibir las regalías más bajas del mundo.

V E M O S CON PREOCUPACIÓN

En sus siete meses de gobierno, el presidente Kirchner enfrentó bolsones de impunidad y corrupción que parecían intocables. Quienes hemos apoyado con esperanza esas acciones, vemos con preocupación que la política petrolera reafirma las prebendas otorgadas por Menem a la petrocracia: a) continuar con el privilegio de no liquidar el 70% del total de las divisas provenientes de la exportación de crudo y gas, que significan más de 3.000 millones de dólares anuales; b) aceptar el pre­cio de los combustibles del mercado internacional como si fueran im­portados, cuando se producen en el país: el gobierno acordó el precio del barril de crudo a U$S 28,50 cuando su costo de extracción es de menos de U$S 4; c) se consiente la evasión fiscal al permitir que la misma compañía extraiga, transporte, refine y venda, sin que exista ningún control de su extracción: por simple declaración jurada infor­man lo que sacan; d) se prosigue con la irracional política de exporta­ción de hidrocarburos, siendo recursos escasos y no renovables: desde la privatización, las reservas cayeron de 16 a 8 años; e) ratificarles a las provincias la propiedad de los yacimientos significa dar continuidad a los proyectos de regionalización-segregación del menemismo, con el riesgo de transformar el país en un conjunto de emiratos manipulados por trust internacionales.

Si se quiere avanzar hacia un proyecto nacional, ¿el tema no me­rece un amplio y serio debate?

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El país necesita acabar con la impunidad de los delitos que permi­tieron despojar su patrimonio: ¿Cabe alguna duda de que son actos ju­rídicamente nulos prolongar por veinticinco años y mediante decreto, los contratos de locación de obras y servicios otorgados por la dicta­dura, o la ilegítima prórroga por diez años del yacimiento Loma de la Lata a favor de Repsol, una riqueza de U$S 40.000 millones a cambio de solo 300 millones?

Así como en las décadas transcurridas desde la dictadura no pu­dieron legitimarse los ilícitos de la mafiocracia. No es sólo un tema de justicia o de reparación ética: debe entenderse que el genocidio social que padecemos también es consecuencia de la pérdida de la petro-rrenta. Si la factura anual de los hidrocarburos ronda los 22.000 mi­llones de dólares con un beneficio promedio de 10.000 millones, solo con esta renta se podrían crear más de 3.000.000 de puestos de trabajo legítimos y multiplicar los presupuestos en salud, educación, seguridad social y vivienda.

EL PUEBLO ARGENTINO ESPERA ACTOS DE REPARACIÓN

El pueblo argentino espera que en estos tiempos de normalización institucional los delitos contra el patrimonio público sean investiga­dos. Todo acto que permitiera legitimarlos o avalara su continuidad económica significaría un grave retroceso y una nueva traición al país que reclama la continuidad jurídica de los postergados intereses de la Nación. En nuestro país rige la concepción romana del derecho que coloca la ley por encima de los contratos, y si aplicáramos la Ley de Hidrocarburos vigente -N° 17.319-, caería la mayor parte de las con-cesiones. Ellas serían la base de una nueva petrolera nacional y de la recuperación de nuestra soberanía energética. Hoy como nunca se im­pone el principio del artículo 40 de la Constitución de 1949 para que la propiedad de la Nación sobre los recursos estratégicos asegure una amplia participación social y provincial de sus rentas.

La dirigencia que acompañó la ola privatizadora debe asumir su autocrítica con honestidad y coraje. El pueblo argentino espera actos de reparación: que la renovada Corte Suprema de Justicia investigue los ilícitos contra el patrimonio y el Congreso, así como anuló las leyes de impunidad, anule por fraudulentas las que avalaron el saqueo a favor de la petrocracia.

Página/12, Buenos Aires, 23 de diciembre de 2003.

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Subirse al caballo blanco

Sr. presidente: Quienes hemos venido denunciando las catastróficas consecuen­

cias que tendría la privatización de los hidrocarburos y desde el MO­RENO sostuvimos la necesidad de contar con una empresa pública de energía, saludamos la decisión de crear ENARSA y transitar por el ca­mino de la integración energética del continente. El pueblo argentino reclama terminar con la indefensión económica y la impunidad del sa­queo de nuestras reservas patrimoniales. Toda vez que el oligopolio pe­trolero quiso aumentar las tarifas, utilizó el chantaje de los cortes de energía y hablaron de la baja de reservas mientras no invertían. Hoy vuelve a oírse el coro de los mismos comunicadores y economistas ilus­trados que sirven a las corporaciones sembrando confusión y desánimo. Pero pocos se engañan: el país se reconstruye sin pedir dinero pres­tado, desde el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, que siguen so­portando salarios retrasados y un básico que es un tercio de la canasta familiar.

La creación de ENARSA exige un conjunto de medidas imprescindi­bles, sin las cuales se malograría el éxito de su gestión: 1) Auditar las reservas existentes con técnicos y profesionales argentinos; 2) Auditar los costos reales de extracción: en nuestro país el costo del barril es hoy de 4 dólares y nos lo venden a 28,50. ¿Qué nación justa puede ad­mitir que sus consumidores paguen tarifas con un 700% de ganancia?; 3) Establecer el legítimo criterio del precio interno porque los com­bustibles no son importados; 4) Hacer cumplir la Ley vigente de Hidro­carburos -N° 17.319- declarando la nulidad de las concesiones y actos que la violan; 5) Acabar con el saqueo de reservas, la depredación de recursos no renovables y la contaminación; 6) Control de la extrac­ción que se realiza por simple declaración jurada de las petroleras.

Sr. presidente, a un año de gobierno Ud. ha logrado un consenso mayoritario al interpretar anhelos y saldar asignaturas pendientes que parecían inmodificables. Ante los chantajes y extorsiones por la crisis energética, ha pedido que lo ayuden. No se deje intimidar: el pueblo ar­gentino no vacilará en apoyarlo. Aunque todo no puede hacerse en doce meses, existen ilícitos que siguen impunes y debilitan la credibi­lidad de su gobierno: ¿Por qué no denunciar los delitos vinculados con la deuda externa y hacer cumplir la ley anulando las privatizaciones que han acumulado causales suficientes? ¿Cómo se explica que Aero­puertos 2000 no haya pagado el canon de la privatización, ni abone im­puestos u obras sociales desde 1998? ¿No debería realizarse una

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auditoría e inventario de los bienes concesionados? ¿No sería necesa­rio convocar la ciudadanía a debatir el modelo de gestión que debe re­emplazar a las empresas de servicios que se recuperen, como es el caso del correo? ¿No es hora de ir cambiando el modelo impositivo del me-nemato para comenzar a distribuir la riqueza con alguna equidad?

Frente a los graves problemas que Ud. debe enfrentar, incluyendo la negociación con el FMI, ¿quién le negaría autoridad si en un acto de reparación histórica convocara a un referéndum vinculante -como marca la Constitución Nacional- para que el pueblo decida sobre te­mas que afectan a su presente y futuro? ¿Alguien duda de que nuestros maltratados usuarios votarían contra los recientes aumentos tarifarios y por la garrafa a precio bajo? ¿Qué foro internacional podría dar curso a las presiones monopólicas si Ud. hace cumplir la ley y la voluntad de los ciudadanos?

A lo largo del siglo XX dos grandes líneas se enfrentaron: la de quienes afirmaban que éramos capaces de desarrollarnos contando con el talento y el ahorro interno y las que sostuvieron que era imposible hacerlo sin "la ayuda" del capital y la tecnología externos. De un lado los que construyeron nuestra infraestructura energética -Yrigoyen, Pe­rón, Illia; del otro, los Videla-Martínez de Hoz, Menem, Cavallo-, De la Rúa, Machinea. Hoy no caben dilaciones: ni Argentina ni América latina pueden perder esta oportunidad de reencauzar su destino. Mi­llones de argentinos desean ayudarlo, Sr. presidente. Al costado del ca­mino sigue acampando un pueblo que espera ser convocado para la epopeya de construir un nuevo proyecto nacional. Ahí están miles de trabajadores y técnicos de las ex YPF y Gas del Estado dispuestos a contribuir al éxito de ENARSA y PetroAmérica. Ud. se ha montado a su caballo blanco, arisco y desconfiado por tantas traiciones, condúzcalo firme y siga honrando sus compromisos ante el pueblo que lo apoyará solidario y generoso.

Página/12, Buenos Aires, 18 de mayo de 2004.

Otro "Nunca Más"

El patrimonio que formaron generaciones de argentinos fue ven­dido o concesionado en la última década violando leyes con la mayor desaprensión: el Congreso posibilitó que los servicios públicos se en­tregaran sin tasación ni inventario de sus bienes y propiedades. La ope-

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ración terminó en un despojo sin precedentes: entre otros delitos, los talleres ferroviarios fueron saqueados y miles de sus máquinas y re­puestos se remataron por sistema de "loteo" que encubrían sus con­tenidos. Solo en la concesión del Ferrocarril Belgrano a la Unión Ferroviaria desaparecieron 4.000 vagones de 20 metros, lo que equi­vale a un convoy del Tigre a La Plata. Las reservas petroleras se calcu­laron un 30% menos para beneficiar a los compradores; repartieron yacimientos, materiales y buques de YPF entre dirigentes y amigos del "menemato"; ejecutaron el "per saltum" y permitieron que Iberia hi­potecara la flota de Aerolíneas Argentinas para comprarla. Todo suce­dió en la más descarada impunidad, sin que un fiscal o juez pudiera impedirlo y sin que la televisión dedicara ni un solo programa para in­formar o debatir las privatizaciones: las campañas mediáticas hacían creer a la ciudadanía que el culpable de sus males era el Estado y los demonios sus empresas de servicios. Un pueblo que no sentía al patri­monio nacional como propio e ignoraba su valor, mal podía defen­derlo. Aún hoy sigue sintiendo que los bienes del Estado no son suyos, sino pertenencias del gobierno, es decir, del partido gobernante.

El gobierno del presidente Kirchner ha promovido acciones a las que ninguno de sus antecesores se había animado, como cancelar con­cesiones que no cumplieron contratos -correo- o que siguen maltra­tando a los usuarios y destrozan valiosísimos materiales públicos como es el caso de los trenes. Hoy la asignatura pendiente continúan siendo los ilícitos cometidos contra los bienes del Estado y así como es justi­cia terminar con la impunidad de malas concesiones lo es también exi­gir una auditoría de inventario de los bienes públicos que fueron dados en uso y que deben ser devueltos o repuestos en condiciones. Si rom­per o robar lo que es público no es delito, difícilmente puedan recons­truirse una ética ciudadana y una conciencia solidaria que defiendan lo que es propiedad común de la Nación.

El país está saliendo de una de las peores crisis de su historia. La hecatombe que significó el derrumbe del modelo con su secuela del ge­nocidio social y las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 exigen una refundación democrática y abrir los debates que nuestra so-ciedad se debe. (¿No deberíamos aprovechar el precio de tantos atro-pellos para estudiar cuál deberá ser el modelo de gestión de los bienes públicos que se recuperen -caso correo o ferrocarriles- que nos de­fienda de corruptelas y asegure una administración honesta, moderna y eficiente? Entre la vieja y burocrática administración estatal y los in­cumplimientos y tarifazos de las corporaciones privadas, hay opciones y antecedentes en el mundo de nuevos modelos de gestión democráti-

cos y participativos, que incluyen a usuarios y trabajadores.

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Frente a estas asignaturas pendientes, hemos constituido la "Co­misión Nacional para la recuperación del patrimonio" (CONADEPA) in­tegrada por asociaciones y personalidades, con el fin de: 1) Iniciar acciones ante el Parlamento para recuperar los bienes y empresas del Estado y denunciar ante la Justicia los ilícitos cometidos contra el pa­trimonio exigiendo la condena de sus responsables; 2) Solicitar al go­bierno una auditoría de inventario de los bienes concesionados y/o la reposición de los faltantes; 3) Desarrollar una conciencia pública so­bre el valor económico y político, social y cultural que tiene el patri­monio para el bienestar de los argentinos y el desarrollo del país; 4) Convocar un gran debate sobre el modelo de gestión de las empresas de servicios públicos; 5) Promover la realización de referendums vincu­lantes sobre estos temas.

Queremos invitar a asociaciones, ciudadanos y usuarios a que nos acompañen en esta gesta por hacer realidad el "Nunca Más" de los de­litos contra el patrimonio público.

Fernando "Pino" Solanas, Elido Veschi, José Rigane, Ángel Cadelli y Ariel Basteiro

(Comisión Provisoria de la CONADEPA)

Página/12, Buenos Aires, 11 de junio de 2004.

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XII. El saqueo de los recursos petroleros

El 2 de noviembre de 2004, Kirchner promulgó la ley 25.943 que creaba le empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), pensada como compañía estatal testigo para el mercado energética Sería la titular de los permisos de exploración y explotación de todas las áreas petroleras marítimas aún no concesionadas, incluida la plataforma continental. La iniciativa fue saludada por el MORENO al llegar al Parlamento, pero pro­vocó fuertes críticas de parte del grupo encabezado por Solanas y Fé­lix Herrero, quienes sostenían que al ser sociedad anónima permitiría sin licitación pública, entregar en exploración y explotación las rique­zas hidrocarburíferas argentinas e incorporar capital petrolero extran­jero como suscriptor de sus accione?] Para MORENO, ENARSA debía ser una sociedad de Estado que pudiera recuperar la renta petrolera.

Mientras tanto, en Venezuela se profundizaba el proceso de trans­formación social y en Bolivia los sectores populares, con el movimiento indígena a la cabeza, se preparaban para dar la gran pelea electoral. Evo Morales prometió nacionalizar sin demoras los recursos naturales, en caso de asumir la presidencia. En Mar del Plata, en noviembre de 2005, el gobierno nacional contribuyó a poner fin al proyecto neolibe­ral del ALCA, durante la IV Cumbre de las Américas.

El 23 de octubre de 2005 se llevaron a cabo elecciones naciona­les. Se renovó la mitad de los diputados nacionales y un tercio de los senadores. En la ciudad de Buenos Aires, la Alianza Propuesta Re­publicana (PRO), de Mauricio Macri, alcanzó la mayoría con el 33%, arriba del 21% obtenido por el ARI. En la provincia de Buenos Aires, Kirchner rompió su alianza política con Eduardo Duhalde. El ex pre­sidente concurrió con el lema pejotista, y Kirchner con el Frente para la Victoria. Sus respectivas esposas, "Chiche" Duhalde y Cristina Fer­nández, se presentaron como candidatas a senadoras nacionales. El FpV obtuvo en diputados y senadores más del 40% de los votos. El MORENO denunció la ausencia en el debate público de los grandes te­mas nacionales.

Luego de la presentación de Memoria del saqueo en marzo de 2004, donde hace un recorrido por la historia de los años noventa, la

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degradación política y la devastación económica del país que terminó en los estallidos de diciembre de 2001, en septiembre de 2005 presentó La dignidad de los nadies, que revela las propuestas solidarias y las pequeñas victorias de las víctimas del modelo.

La asunción de Carlos Menem como senador disparó otro enorme descontento de Solanas con la pareja presidencial, pues fue la Comi­sión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por la primera dama, Cristina Fernández, lasque aprobó su designación.

En febrero de 2005 se cerró el canje de la deuda en default, con una importante quita de capital, pero bajo la misma lógica financiera de­nunciada ante la Justicia Federal por Alejandro Olmos (h). La Argentina volvió al mercado de capitales y en diciembre de 2005 saldó con 10.000 millones de dólares de las reservas del BCRA la deuda con el FMI.

El 5 de mayo de 2006, el presidente Néstor Kirchner recibió en su despacho de la Casa Rosada a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y a Solanas, quien explicó la crisis energética que vivía el país y planteó la necesidad de recuperar los hidrocarburos. El ejemplo lo había dado el presidente boliviano Evo Morales sólo cinco días antes. Tiempo después, Solanas rememoraba: "En quince días Kirchner tenía una reunión con el presidente español, Zapatero. Nos usó para presionar. Luego negoció el 15% del paquete accionario de YPF que terminó en manos de testaferros como el banquero Es-quenazi".

En julio de 2006, el MORENO lanzó junto a otras agrupaciones la Campaña por un millón de firmas para recuperar la renta petrolera, Meses más tarde, firmó junto a Hebe de Bonafini una solicitada exi­giendo nuevamente la nacionalización, ante la votación en el Congreso de una ley de regímenes promocionales que implicaban millonarios be­neficios impositivos para las petroleras multinacionales. El 7 de octu­bre se realizó en Buenos Aires el "Primer Plenario Federal por la Nacionalización del Petróleo y del Gas Ya".

Impulsada por los gobernadores de las provincias petroleras, el 23 de noviembre de 2006, se aprobó en el Congreso la llamada "Ley Corta" de Hidrocarburos, que modificó a la vigente Ley de Hidrocar­buros (17.319/67) y reglamentó el artículo 124 de la Constitución Na­cional de 1994, que establecía la "provincialización" del subsuelo de la Nación.

El 13 de diciembre, día del Petróleo Nacional, en un acto público frente a la sede de la multinacional Repsol, Solanas criticó la firma de contratos petroleros por parte de ENARSA y la decisión de no recuperar los recursos naturales, y llamó a la unidad de todas las fuerzas sociales y políticas para emprender esta lucha.

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¿ENARSA a la "angoleña"?

A lo largo de quince años de campañas mediáticas, ocultamientos y turbias maniobras se fue consumando el despojo de nuestra renta pe­trolera. Es por eso que hoy las actividades de ENARSA -titular de la mi-llonaria riqueza de las reservas marítimas- deben ser transparentes y brindar toda la información necesaria para que su orientación pueda ser debatida públicamente. Si su desembarco en el Senado provocó la reacción de sectores políticos y sociales para que se le restituyera la ma­yoría de capital estatal, los primeros pasos de ENARSA siguen generando más confusiones que certezas. En efecto, ahora vuelve a sorprendernos con la firma de una carta de intención con la empresa CHINA-SONANGOL

que aportaría hasta 5.000 millones de dólares para la exploración y ex­plotación hidrocarburífera. Cabe informar que se trata de una filial de la Sociedad Nacional de Angola (SONANGOL) que no explota directa­mente sino que lo hace a través de multinacionales norteamericanas. Este modelo consiste en crear una empresa que recibe las áreas no ex­plotadas -como la plataforma marítima argentina- y puede adjudicar­las sin necesidad de convocar licitaciones públicas. Así el 75% de la explotación petrolífera angoleña quedó en manos de Chevron-Texaco mientras que su Estado ysu pueblo reciben mínimas regalías. El modelo angoleño a la argentina lo llevará adelante una ENARSA con solo veinti­cinco empleados y no una empresa petrolera: porque no tendrá petró-leo propio sino abundantes contratos con las trasnacionales. Esto significa que reafirma la peor política neoliberal al alejarse del modelo de empresa pública creado por Mosconi y de las grandes petroleras la­tinoamericanas (PEMEX, PDVSA, PETROBRAS, YPFB) que son empresas in­tegradas al servicio de sus intereses nacionales y sus pueblos.

El MORENO apoyó la creación de ENARSA como un instrumento pú­blico tendiente a recuperar los recursos hidrocarburíferos y una señal autocrítica de quienes nos gobiernan. Lo hicimos teniendo presente que si desde la nada, en 1925 fuimos capaces de realizar con YPF la Primera petrolera estatal del continente, hoy el país cuenta con la ca-pacidad necesaria para refundar otra gran empresa y, junto a Vene­zuela, Brasil y Bolivia, construir PetroAmérica. Pero las instituciones, como el revólver, no son culpables de la corrupción o el asesinato. Sin debida información pública, sin control social ni parlamentario, ENARSA

Puede terminar siendo un brazo más de la petrocracia legitimando mi-llonarias concesiones a espaldas del pueblo. La ciudadanía desconoce el valor de las reservas y hasta el propio Estado ignora cuántas son: es ignorancia, irresponsabilidad o complicidad? Todavía la dirigen-

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cia política y social no ha tomado con decisión el tema cardinal de la renta petrolera y su factible recuperación, que es una de las líneas di­visorias entre quienes sostienen las políticas neoliberales del 90 o im­pulsan un proyecto emancipador.

Quedan varios interrogantes a los que es necesario se les dé res­puesta: ¿realizará ENARSA con técnicos argentinos la urgente auditoría sobre las reservas de hidrocarburos o seguirá dependiendo de lo que di­cen las empresas? ¿Hará también la necesaria auditoría de costos y verificar que nuestra producción promedio del barril de crudo no su­pera los 3 U$S? ¿Se pondrán controles sobre la extracción de crudo y gas, o se seguirá aceptando el procedimiento impune de la declaración jurada de las petroleras? ¿Les seguirán otorgando a los futuros socios de ENARSA el exclusivo privilegio de quedarse con el 70% de las divisas provenientes de la exportación petrolera? ¿Podrá ENARSA contribuir a la reconstrucción del patrimonio energético nacional si sus directores son ex funcionarios de la era privatizadora de Menem-Estenssoro, como su designado presidente Exequiel Espinoza; como Jorge Haiek, operador de Carlos Grosso durante su gestión en la ciudad; o el actual presidente de la Caja de Valores? ¿Y el solitario y respetado Aldo Fe-rrer, podrá contrabalancear un rumbo que parece marcado por los ne­gocios privados, o frenar el desembarco de las trasnacionales tras las pocas reservas estratégicas que sobreviven? ¿Por qué no apelar al re­feréndum vinculante para cancelar las concesiones nulas e ilegítimas y contribuir con esos yacimientos al capital fundante de ENARSA? ¿No llegó la hora de convocar a los miles de técnicos y trabajadores que formó YPF y Gas del Estado para explorar, extraer y comercializar los recursos en beneficio nuestro? ¿Dejaremos los argentinos de entregar nuestras riquezas como obedientes hijos de la pavota o nos decidire­mos, por fin, a recuperar la descomunal renta petrolera?

Página/12, Buenos Aires, 20 de enero de 2005.

Hugo Chávez o la revolución en democracia

Señor presidente, nuestro querido Don Hugo Chávez Frías; sus dis­tinguidos acompañantes, los ministros Alí Rodríguez, Rafael Ramírez, Andrés Izarra y otros; los señores embajadores, de Cuba, Alejandro González Galiano, y de Venezuela, Don Freddy Balzán, y demás miem­bros de su comitiva.

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Señor presidente: hace dos años que en este mismo teatro, per­mítame recordarle, usted nos tiró un guante provocador y magnífico; había una concurrencia semejante, artistas, intelectuales, referentes sociales, militantes y apasionados seguidores de su gesta. Recordando al maestro de maestros, Simón Rodríguez, ese guante fue: "O inven­tamos o erramos". Amigos y compatriotas: frente a nosotros está la posibilidad de repensar esta América destruida; repensar y construir por prepotencia de nuestro deseo y voluntad, por anhelo de justicia, por reivindicación histórica de esta América morena, con sus indios, negros, mulatos, blancos y tantos otros que de todas las civilizaciones y corrientes migratorias vinieron a dar lo mejor, y que a lo largo de estas décadas o siglos que hemos dejado atrás fueron consecuente­mente traicionados en sus legítimos anhelos de cambio, de justicia social, de progreso, de salud, de educación, de alimento. Señor pre­sidente: oigo en sus legítimos reclamos de usufructuar y gozar de las materias primas, de los minerales y del petróleo riquísimo que tene­mos y que se lo siguen llevando afuera, una manera de lograr esa po-siblidad.

Usted nos invitó a trabajar por la unidad de América, porque el proyecto neoliberal no es solo el hambre, no es solo llevarse la riqueza afuera, sino sembrar la desunión entre los hermanos -bien lo sabemos los argentinos, porque nos cuesta unirnos-, sembrar el enfrentamiento entre nuestras naciones y entre nuestras provincias.

El neoliberalismo sembró desde los medios de comunicación de masas algo mucho más terrible: nos sembró la derrota cultural, nos hizo sentir en lo más hondo que a este mundo no lo podemos cambiar, señor presidente. Con la cabeza pensábamos: "Sí, tienen razón, todo esto es verdad". Pero el sentimiento nos decía: "No, es difícil cambiar, estamos en la era del modelo único..." y teníamos que tragarnos la abe­rración de aceptar que nos dijeran que la guerra y la muerte son inevi­tables, que el camino único es inevitable, que el hambre, la injusticia y la desigualdad son inevitables e incorregibles. Ese sentimiento todavía impera, señor presidente.

Fueron épocas donde, si nos oponíamos, éramos tildados de "vo-luntaristas". Pero usted, señor presidente, lo sabe bien, porque ha res­catado y reactualizado la mejor sangre, el mejor esfuerzo y energía transformadora y voluntarista de esos "cabeza dura" que, a pata y de­sangrándose por los caminos de América, hicieron la emancipación. Usted nos recuerda en cada uno de sus discursos que nuestras más avanzadas ideas sociales ya estaban en Bolívar, en Simón Rodríguez, en Artigas, en San Martín, en Martí y, por supuesto, en el Che y en el gran Fidel, que todavía nos cuida.

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Señor presidente, de corazón creo interpretar lo que siente nues­tro pueblo, y es que usted está enseñando una fenomenal victoria, al de­mostrar que es posible vencer el hambre, que es posible ser soberanos y dignos; al demostrar que es posible poner en beneficio de nuestros pueblos las riquezas que tienen, al demostrar que es posible pensar con una ética distinta, una ética de patria grande, una ética generosa, una nueva relación con los hermanos latinoamericanos. Su acción es ge­nerosa, sus iniciativas de integración le rompen el juego a la desunión imperialista... Su iniciativa de crear PetroAmérica; su iniciativa de crear un fondo, un banco latinoamericano; su iniciativa de crear un canal de televisión para los pueblos del Sur; su iniciativa de realizar la universidad bolivariana y tantas otras...

Usted está demostrándole al mundo -y ya termino- que les está propinando una gran derrota a los agoreros, a los pseudoprogresistas que en cuanto llegaron a los gobiernos traicionaron el sagrado mandato del voto: lo traicionaron en Venezuela, lo traicionaron en México, lo traicionaron en Argentina varias veces y en Brasil también.

Usted está demostrando que, a la vez, su práctica inventa ideolo­gía y transita un nuevo modelo. Está demostrando, para disgusto de los pseudointelectuales, que usted es un gran intelectual y un gran es­tratega. Usted está demostrando que aquel sueño de unir la libertad y el socialismo es posible. Usted está demostrando que las ideas eman­cipadoras de la primera independencia, el patriotismo de la gesta del siglo XIX, podían unirse con la democracia social; podían unirse, tam­bién, con esta democracia participativa con pleno protagonismo po­pular que usted lidera.

Usted le ha demostrado, a todo Occidente y al mundo, ser el diri­gente más democrático y de mayor coraje, por haber sido capaz de im­pulsar una gran transformación en la conciencia de su pueblo, con esa extraordinaria Constitución, y aplicarla poniendo en riesgo su man­dato. Usted les dio una paliza en las urnas siete u ocho veces, expo­niendo al mundo un nuevo camino: democracia social, democracia participativa, democracia con vocación de integración, militancia ac­tiva por la paz, por la justicia y por la hermandad.

¡Bravo, presidente Chávez!

Discurso de Fernando "Pino" Solanas en ocasión del encuentro de Hugo Chávez con intelectuales y dirigentes sociales y políticos, Teatro ND Ateneo, Buenos Aires, martes 1o de febrero de 2005.

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¿Y la renta petrolera?

Dentro de pocos días terminará un proceso electoral donde grandes temas nacionales fueron soslayados y la sociedad sigue desinformada so­bre cuestiones esenciales como la renta petrolera, la disminución de las reservas y las posibilidades de recuperar las concesiones ilegítimas que otorgara Menem. Nadie puede defender lo que no sabe que le pertenece e ignora su valor. Desde su fundación, el MORENO vino denunciando que el país se encaminaba hacia una crisis energética por falta de inversión e incumplimientos de las petroleras. En la época de YPF se perforaban más de cien pozos exploratorios por año y con la privatización hoy no llegan ni a veinticinco. La aventura fue tan grande que nos convirtieron en ex-portadores de crudo cuando el país no contaba con reservas para ello ni j estábamos autoabastecidos: el 40% de nuestras familias no accede al gas natural por redes y debe adquirirlo envasado y a precios internacionales. El petróleo siempre fue un insumo estratégico al servicio del desarrolló nacional, pero el neoliberalismo lo convirtió en un commodity. La con­secuencia de tanto desatino fue la reducción de las reservas de crudo de dieciséis a nueve años, y de gas de treinta y cinco a doce.

Cada vez que las petroleras han querido aumentar los precios, ob­tener beneficios o prolongar las concesiones, lanzaron campañas sobre el agotamiento de las reservas. Con Menem, la información quedó en manos de las corporaciones y el Estado es rehén de sus chantajes. Hace pocos días, el alto funcionario de Petrobras, Osear Vicente, planteó pú­blicamente que para realizar nuevas inversiones las concesiones de­bían prolongarse hasta que se agotaran sus reservas y el gobierno debía afrontar los costos exploratorios. Ante tanta voracidad, ¿no debería el gobierno -como digna respuesta- revisar las concesiones para anular las que están violando la ley vigente N° 17.319? ¿Qué clase de seguri­dad jurídica es aquella que avala la continuidad de los ilícitos y su con­validación? ¿Cómo se explica que la Secretaría de Energía no realice una auditoría oficial con profesionales argentinos? ¿Por qué no con­vocar a los miles de técnicos y trabajadores desocupados del petróleo para reconstruir la industria más rentable del país? ¿Qué duda cabe de que el mejor negocio para la Nación sería invertir en ella una parte del superávit fiscal? ¿No se está perdiendo la excepcional ayuda ofrecida Por Venezuela para hacer de ENARSA una real petrolera con extracción, refinación y ventas propias?

La dirigencia nacional y provincial, sus funcionarios y legislado-res, los referentes políticos y sociales, los comunicadores deben deba­to la recuperación de la millonaria renta petrogasífera que en Argentina

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ronda los 15.000 millones de dólares: ¿hasta cuándo la vamos a seguir regalando? Hoy las naciones rediscuten contratos, concesiones y re­galías y la UNCTAD, de las Naciones Unidas, constata que somos la que menos se ha beneficiado con la renta de los hidrocarburos. ¿Podemos permitirnos que el recurso que se agota en el mundo, las petroleras lo extraigan en nuestro país sin control oficial y a simple declaración ju­rada? ¿Qué explicación hay para seguir cediendo la renta del crudo cuyo costo de producción es en Argentina de U$S 4,50 por barril mien­tras el precio internacional acaba de llegar a U$S 70? ¿Cuál es la ra­zón para que este digno y noble pueblo que contribuyó a descubrir y desarrollar los actuales yacimientos no participe de las rentas genera­das? Los grandes momentos de industrialización y desarrollo na­cional se realizaron sin recurrir al crédito externo, desde el ahorro que posibilitaba YPF y Gas del Estado. Su privatización significó una catástrofe económica porque el país perdió un ingreso anual de U$S 8.000 millones, que en quince años representó una transferen­cia hacia el sector petrolero de unos U$S 120.000.

Reconocer los errores y corregir el rumbo no es una debilidad po­lítica sino una expresión de fortaleza, madurez y responsabilidad. Los tiempos por venir son cruciales para el futuro argentino. Si las organi­zaciones sociales y políticas no se movilizan, lo más probable es que mientras las dirigencias continúen con sus esgrimas electorales, los ya­cimientos y millones de hectáreas fiscales o privadas seguirán pasando a manos extranjeras. Lo que sigue dividiendo aguas en la política na­cional son estos grandes conflictos. Es hora de recordar a Alejandro Ol­mos y, parafraseando lo que decía de la deuda externa, afirmar que: "o se está al servicio del país rescatando la renta petrolera o se está al ser­vicio de las corporaciones y en contra del país".

"Pino" Solanas, Félix Herrero y Gustavo Callejas

Página/12, Buenos Aires, 18 de octubre de 2005.

Menem: ¿olvido o perdón?

¿La sociedad permitiría que Jorge Rafael Videla asumiera como se­nador de la Nación? Seguramente no, porque una gran movilización so­cial lo hubiera impedido. La paradoja es que otro ex presidente, responsable de tantas o más muertes que aquél y con varias causas pe-

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nales en curso, logró que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Cristina Fernández de Kirchner, aprobara su man­dato. Carlos Saúl Menem, el símbolo y paradigma del saqueo en la Ar­gentina, pudo prestar juramento en el Senado sin una seria oposición en la justicia y sin ninguna movilización en su contra: como si el silencio fuera una forma de aceptación o perdón. Tampoco se escucharon voces de protesta en la Cámara de Diputados, donde se desarrolló una correcta acción para impedir que asumiera el ex comisario torturador Patti. ¿Cómo fue posible que el hombre que huyó de las elecciones del 2003 y hasta hace pocos meses pedía refugio en Chile acosado por los recla­mos de la justicia argentina, pudiera regresar y que las causas penales se durmieran permitiéndole ser electo senador para gozar de inmuni­dad parlamentaria hasta que los procesos caduquen? ¿De qué forma fue cambiando su imagen mediática por la de un anciano pintoresco, complicado por asuntos conyugales, hasta lograr esta suerte de olvido y perdón? ¿Qué hizo que el asombro o la indignación no se manifestaran en la calle? ¿Dónde quedó el reclamo masivo "que se vayan todos"?

Se dirá que Menem y sus cómplices no fueron iguales a los jefes del terrorismo de Estado, ni los únicos responsables, en tanto meros eje­cutores de un plan concebido por grandes corporaciones y organismos internacionales. El terror represivo fue reemplazado en democracia por una violencia cotidiana y silenciosa que mata a largo plazo. Menem, junto a otros como Cavallo, Juan José Llach, Roque Fernández, Fer­nando De la Rúa, José Luis Machinea y también los Camdessus, Fis-cher, Kruegger y Ratto, deberán ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Ellos diseñaron y/o ejecutaron políti­cas de ajuste que terminaron ocasionando decenas de miles de muer­tes por desnutrición y enfermedades curables, como dan cuenta las estadísticas oficiales. Más muertos que todas las víctimas del terrorismo de Estado y la Guerra de Malvinas: un genocidio social del que la so­ciedad y los medios no se hicieron eco.

En Carlos Saúl Menem se concentran, además, tantos delitos con tra la Nación que puede ser juzgadocomo uno de "los infames traido-res a La Patria" de acuerdo con la constitución Nacional ( artículos 29 y 119) y al Cocligo Penal (artículos 214 y 215), como expone la denun­cia que presentamos ante el Procurador General de la Nación con Ber­nardo Alberte (h), Norberto Galasso, Ana Lorenzo y otros ciudadanos. Recordemos que entre otras acciones, Menem multiplicó varias veces la deuda externa soslayando al Congreso Nacional; destruyó un patri­monio público acumulado por generaciones de argentinos; remató sin tasación ni balance y, a la quinta parte de su valor real, los yacimien­tos hidrocarburíferos y las empresas de servicios públicos. Fue quien ce-

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dió tierras, lagos, usinas, caminos, puertos, la flota mercante y la ma­yor fábrica de aviones del hemisferio Sur. Destruyó el más extenso sistema ferroviario del continente que fabricaba rieles, vagones y 1o-comotoras, iniciando la mayor ola de quebrantos, despidos y pobreza de la historia nacional que culminara con la extranjerización de la eco­nomía. Conculcó derechos sociales adquiridos destruyendo el sistema jubilatorio; entorpeció la investigación del atentado a la AMIA; cons­tituyó una asociación ilícita con sus ministros para otorgarse sobre­sueldos y ejecutar acciones mafiosas como el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y la voladura de la Fábrica de Armas de Río Tercero con cientos de víctimas inocentes. Es posible seguir enumerando la his­toria de su impunidad: ¿cuántos asesinatos y falsos suicidios ligados a los accionares ilícitos del menemato quedaron sin condena? ¿Quién indemnizará a las víctimas sociales de sus planes de ajuste?

La violación de los derechos sociales es también una forma de la violación de los derechos humanos. ¿Puede haber olvido o perdón frente a tantos ultrajes? Si estos actos no son gravísimos delitos con­tra el pueblo y la Nación, ¿cuáles otros hubieran hecho falta para ha­cer intervenir a los ministros de Justicia, procuradores y fiscales, para impedir que Carlos Menem llegara a senador? Si una sociedad no es capaz de juzgar los delitos contra el Estado y su patrimonio, ¿puede re­construirse una conciencia ciudadana solidaria que sea custodia de una administración transparente de los bienes públicos? Se ha bajado con firmeza el retrato de Videla y las leyes de impunidad fueron anuladas, pero la imagen de Menem sigue en la pared: las mafias de la patria fi­nanciera y contratista continúan sobreviviendo a los gobiernos y no hay señales de que se pretenda investigar el saqueo del patrimonio pú­blico. ¿Cuántas movilizaciones harán falta para que los argentinos po­damos juzgar a los responsables de la más perversa agresión en democracia? ¿Cuánto más deberemos soportar la impunidad y ver­güenza que, otra vez, expresa el Senado de la Nación?

Página/12, Buenos Aires, 23 de diciembre de 2005.

El Congreso en la encrucijada: pueblo o petroleras, patriotas o traidores

En los próximos días, los legisladores deberán resolver si ceden una gran porción de los ingresos de los argentinos a las mayores be-

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neficiarias del espectacular saqueo a que fue sometida nuestra Nación al el proceso de desregulación y privatización, iniciado en 1989 y aún

vigente. Actuando siempre a instancia y complacencia del Poder Ejecutivo

de turno, los diputados se aprestan a votar una serie de beneficios de todo tipo, teóricamente destinados a promover las actividades explo­ratorias, que no significan otro cosa que eximir a los trusts internacio­nales del petróleo de correr el riesgo minero, prácticamente el único de peso que existe en esa actividad, al que estaban obligadas por su pro-pia responsabilidad empresaria. En forma transversa, se va cediendo a las provincias, facultades de dominio jurisdiccional que están en ma-nos de la Nación y que así deben mantenerse.

Vuelve a repetirse la historia: las inversiones y las pérdidas son del Estado argentino y las ganancias son privadas. Con este proyecto, se restan recursos a la educación, salud, seguridad y desarrollo infraes-tructural. Resulta curioso que si no invirtieron con el barril que superó los 70 dólares, ahora exijan hacerlo a costa de los impuestos que paga toda la población argentina. Es inadmisible que se pretenda que en esta actividad tan rentable tenga que venir el Estado a apoyar exigencias que no son aceptadas en ningún lugar del mundo.

De tal forma, se pretende subsanar la alarmante declinación de las reservas de petróleo y gas originadas en la explotación depredatoria, ex­portaciones intensivas e inconstitucionales, la ausencia casi total de las inversiones en exploración, y a la desaparición de todo control es­tatal, ya que se extrae a simple declaración jurada.

En contrapartida, siguen gozando de la libre disponibilidad del 70% de las divisas de exportación y obtienen beneficios descomunales: el costo promedio de producción del barril en Argentina es U$S 5 -y en el mercado internacional supera los U$S 70-. Diecisiete años de vi­gencia incontrolada de las reglas del mercado muestran un fracaso ino­cultable ante la pérdida del autoabastecimiento, logrado en la década del 80 sobre la base del esfuerzo de nuestra empresa Yacimientos Pe­trolíferos Fiscales.

No nos cabe duda de que el Congreso es el poder popular por ex­celencia. Históricamente, existe un gran número de legisladores que integran la larga lista de traidores a la patria. En forma destacada, fi­guran en ella quienes votaron, en la infame década de los 90, las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica, como también los que dieron quorum para el tratamiento de las leyes de Federalización del Subsuelo y privatización de YPF, Gas del Estado -votada con cinco falsos diputados-, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y Segba, y los que permitieron la Reforma Constitucional de 1994 que, con el eufe-

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mismo de provincializar el dominio originario del subsuelo, han viabi-lizado su privatización.

Así como el Poder Legislativo, haciendo justicia a la memoria de los desaparecidos, torturados y asesinados por el Proceso dictatorial, reparó la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tiene hoy la obligación de iniciar la reparación de los perjuicios oca­sionados por aquellas leyes medulares en el proceso de saqueo y de­predación de la más importante riqueza nativa de los argentinos; leyes que provocaron la conversión de millones de trabajadores en desapa­recidos sociales.

Quienes integramos las organizaciones firmantes de la presente, asumimos el compromiso histórico de señalar ante el pueblo de la Na­ción e iniciar las acciones legales que oportunamente correspondan, a quienes, votando positivamente el proyecto en cuestión, se sumen a la larga lista de los infames traidores a la patria.

Invitamos a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, profesionales, económicas, estudiantiles y a todos los ciudadanos a ad­herirse al rechazo de la ley que no es más que la profundización de la entrega del petróleo de todos los argentinos.

MORENO: Fernando "Pino" Solanas, presidente; Félix Herrero, Gus­tavo Calleja, José Rigane, vicepresidentes. Asociación Madres de Plaza de Mayo: Hebe de Bonafini, presidenta.

Página/12, Buenos Aires, 6 de septiembre 2006.

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XIII. La entrega de Cerro Dragón

Para Solanas, la firma de los nuevos contratos petroleros, anun-ciados a principios de 2007, confirmaba el derrotero de Néstor Kirch-ner en el sentido de profundizar la entrega de los recursos petroleros/ y mineros iniciada por Carlos Menem. Cristalizaba así su percepción sobre la etapa que venía. El caso de la prórroga de la concesión del ya­cimiento patagónico de Cerro Dragón -cuyo origen data de 1958- en beneficio de Pan American Energy (PAE) -propiedad de la British Pe­troleum, Amoco y Bridas, esta última de los argentinos Bulgheroni-terminó por convencerlo. La entrega se hizo por cuarenta años, hasta la extinción del yacimiento, bajo condición de que PAE levantara un juicio que mantenía en el tribunal del Banco Mundial para el arreglo de diferencias, el CIADI.

PAE aseguró inversiones por 2.000 millones de dólares hasta 2017, más otros 1.000 millones para la década posterior; y subió tres puntos un aporte especial que se sumaba a lo que Chubut cobraba en con­cepto de regalías hidrocarburíferas -12% aproximadamente-, más otras mínimas inversiones. A cambio, se queda con toda la riqueza del yacimiento. Este acuerdo firmado con las gobernaciones de Chubut y Santa Cruz fue el primero en el contexto de la nueva ley 26.197 de hi­drocarburos (del 3-1-2007), al que seguirían la prórroga de todas las concesiones de las demás provincias petroleras.

Asimismo, en un contexto mundial que se movía hacia un prota­gonismo creciente de las empresas estatales en las políticas energéticas, la transnacional española Repsol vendió el 14,9% de las acciones de YPF. Pero el comprador no fue el Estado argentino, sino el grupo Pe-tersen, cuya cabeza es actualmente el empresario argentino Enrique Eskenazi. Este grupo nació de un holding argentino fundado en 1920, que creció de la mano de la construcción y la obra pública, y que ahora participa también en las agroindustrias, el transporte y los servicios, fundamentalmente financieros. Con una sociedad registrada en Ma­drid en agosto del 2007, se presentó como un comprador argentino.

Más allá de los intereses manifiestos del gobierno, la "argentiniza-ción" de la empresa no provocaría cambios sustanciales en el manejo

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de los recursos estratégicos de la Nación, como son el petróleo y el gas. Estos recursos básicos, que constituyen el 90% de la matriz energética de la Argentina, seguirán en manos privadas y con la categoría de com-moditie para exportación.

El 17 de julio de 2007, Solanas encabeza un nuevo acto frente a Repsol, organizado por el MORENO, la federación de energía de la CTA (FeTERA), Autoconvocados y la Comisión Nacional para la Conme­moración del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino (COCEPA). Esta vez, como único orador, criticó con dureza la política petrolera del gobierno nacional, la entrega de Cerro Dragón, y llamó con firmeza a lograr la unidad de las fuerzas sociales y políticas.

¿Concesiones a perpetuidad?

El neoliberalismo logró imponer en América latina la idea de que las concesiones de bienes públicos son contratos que, de hecho, se to­man a perpetuidad. En estos días hubo dos hechos significativos rela­cionados con ellas: uno en Venezuela, difundido por todo el sistema mediático, y otro en Chubut, cuidadosamente silenciado. Un aluvión de imágenes manipuladas, fuera de contexto y transmitidas casi en ca­dena, dice que el presidente Hugo Chávez atenta contra la libertad de prensa al no renovar la licencia de la televisora RCTV, que luego de veinte años de vigencia, concluyó el 27 de mayo. Lo que callan es que renovó la concesión de todos los demás canales privados y que el 80% de los medios son opositores a su gobierno.

La desinformación generada obliga a reiterar lo obvio: no prorro­gar una licencia no es autoritarismo ni delito, es el legítimo derecho de cualquier Estado soberano. En el Encuentro por el Derecho a la In­formación, realizado en Caracas el 19 y 20 de mayo, escritores y pe­riodistas franceses, españoles y belgas afirmaron que en Europa la no renovación de una concesión es un hecho administrativo que nadie cuestiona; y coincidieron en que ningún país de Occidente goza hoy de más libertad de prensa que la Venezuela de Chávez: ¿quién puede ne­gar su paciencia al haber permitido que la sediciosa RCTV continuara cinco años más, después de incitar al golpe de Estado, el magnicidio y la huelga petrolera que paralizó PDVSA?

En contraste con esa desbordante campaña mediática, en nuestro país se produjo un hecho escandaloso silenciado por los medios na­cionales e internacionales: la prórroga hasta el 2047 de una concesión

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que vence en el 2017 del yacimiento petrolero más importante de la Argentina, que tiene el 25% de las reservas de crudo del país. Se trata de Cerro Dragón, situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90 km de Comodoro Rivadavia, que es explotado por Pan American Energy perteneciente a la British Petroleum y Bridas, de Carlos Bul-gheroni. La renegociación fue aprobada el 24 de mayo por la legisla­tura de Chubut con el voto de los justicialistas, casi todos los radicales y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el gobierno nacional. Es la continuidad de la política menemista de provincialización de los recursos petroleros, que fue legitimada meses atrás en el Congreso con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (N° 17.319) llamada "ley corta". La prórroga de Cerro Dragón, diez años antes de su venci­miento, significa ceder su explotación por cuatro décadas, es decir, hasta la total extinción del yacimiento. Una medida similar a la pró­rroga anticipada del mayor yacimiento de gas del país, Loma la Lata, que otorgó De la Rúa a Repsol en marzo de 2000.

Según un estudio del ingeniero Víctor Bravo -del Instituto de Eco­nomía Energética-, publicado por el InfoMoreno (N°197-24/5/07), la Bri­tish Petroleum y Bridas invertirán en Cerro Dragón U$S 3.362 millones para extraer las reservas comprobadas que representan -a valores del primer trimestre de 2006- U$S 28.653 millones y por las que pagarán las regalías más bajas del continente. Los ingleses no nos ganaron solo en Malvinas: nos siguen venciendo con socios cipayos. ¿Cuánto ha­brán pagado por renovar la fabulosa concesión? La gravedad del caso es que aparece como la confirmación del proceso de reprivatización del petróleo argentino hasta su extinción definitiva. El caso Cerro Dra­gón se suma a los permisos de exploración de la plataforma continen­tal cedidos el año pasado por el gobierno nacional sin licitación y libre de todo impuesto; a la aprobación de la llamada "ley corta de hidro­carburos" que cede a las provincias el dominio total de las reservas y yacimientos; a las desgravaciones e incentivos fiscales a las petroleras; a la autorización a Repsol de vender el 25% de las acciones de YPF a capitales privados argentinos, pudiendo comprarlas el Estado con las reservas del Banco Central y fondos públicos. Todas estas medidas nie­gan el discurso antiliberal de Néstor Kirchner: con el 70% de los ar­gentinos apoyando la nacionalización del petróleo y después de la exitosa recuperación para Bolivia que realizara Evo Morales, la diri­gencia actual otorga o autoriza concesiones a perpetuidad de millona-rias reservas que deberían ser explotadas por las provincias y la Nación en beneficio del país.

Al igual que los recursos naturales, las frecuencias de radio y tele­visión no son propiedad de ningún concesionario, sino patrimonio in-

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delegable e imprescriptible de los pueblos. Son otorgadas para cum­plir con la finalidad social de un servicio público que asegure los de­rechos a la comunicación y a la información objetiva y plural de los ciudadanos, como lo establecen los Pactos Internacionales de Dere­chos Humanos y Sociales incorporados a la Constitución. La persis­tencia de la campaña internacional lanzada contra los legítimos y soberanos derechos del gobierno de Hugo Chávez de no renovar la concesión de RCTV, no tiene otro objetivo que aislar a la Revolución Bolivariana para atentar contra ella.

En Argentina, la ausencia de una ley de marco regulatorio debatida por la sociedad es una de las causas de la degradación del sistema te­levisivo. ¿No es una vergüenza que siga rigiendo la Ley de Radiodifusión de la dictadura genocida y que el ex funcionario menemista Julio Bár­baro dirija hoy el CONFER? ¿Puede alguien sostener que los canales controlados por Hadad-Menem, Monetta-Manzano o Telefónica son el paradigma de la libertad de prensa, la información transparente y ve­raz? ¿No fue el conjunto de los medios corresponsables del modelo neoliberal que remató los recursos naturales y las empresas públicas y nos llevó a una catástrofe social? ¿Cómo puede aceptarse que el pre­sidente Kirchner haya agraviado a la ciudadanía prorrogando por diez años las licencias de televisión sin promover el reemplazo de la ley de la dictadura?

Nuestra alicaída democracia está en relación directa con el sistema mediático imperante, que ayuda a formar la opinión pública y el ima­ginario colectivo; propaga modelos de consumo; realza o censura acon­tecimientos. En la mediocracia que vivimos, las empresas mediáticas no buscan satisfacer los derechos constitucionales ni la cultura, sino lograr rentabilidad y mantener el statu quo: ejercen una disimulada censura social y política y de todo lo que denuncia el despojo de nuestras ri­quezas. La cultura, la historia y la realidad social están ausentes. Des­aparece la creatividad y el vacío es ocupado con producciones tan degradantes como imbéciles. ¿Hasta cuándo la intelectualidad argen­tina -comunicadores, pensadores, escritores y artistas- guardará si­lencio frente a temas tan cruciales como la democratización de los medios audiovisuales y la defensa de nuestros recursos naturales? En este año electoral, ¿no es hora de exigirle a los candidatos, el trata­miento de una nueva ley de teledifusión y la anulación de las ilegítimas concesiones petroleras?

Página/12, Buenos Aires, 3 de junio de 2007.

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La verdadera antinomia

Después del impacto destructor que tuvo sobre la economía na­cional la privatización petrolera de Menem y el fracaso de un modelo energético incapaz de asegurar el autoabastecimiento, la reciente pró­rroga hasta el 2047 de la concesión de Cerro Dragón, firmada por las provincias de Chubut y Santa Cruz con el visto bueno del gobierno na­cional, es un grave punto de inflexión y una acción antinacional que anuncia la reprivatización de las concesiones otorgadas por Menem, hasta su extinción.

Cerro Dragón es el principal yacimiento de petróleo del país, si­tuado al sur de Chubut y al norte de Santa Cruz. Maneja el 25% de nuestras reservas y es explotado por la Pan American Energy, que es de British Petroleum -cuarta petrolera mundial- y su asociada local Bri­das. La prórroga fue adjudicada sin licitación, diez años antes de su vencimiento, como lo hiciera De la Rúa con Loma de la Lata en el año 2000.

¿Cómo es posible que habiendo reservas superiores a 40.000 mi­llones de dólares en el Banco Central, no se haya pensado en explotarlo entre la Nación y las provincias en beneficio del pueblo? ¿Cómo puede aceptarse que el gobierno apruebe la compra del 25% de las acciones de YPF por capitales bancarios locales -Eskenazi- y no lo haga el Es­tado nacional? ¿Hasta cuándo los gobernantes van a facilitar negocios privados con recursos y riquezas públicas? ¿No bastaron las trágicas consecuencias que dejaron las entregas y traiciones de Frondizi, Me­nem y De la Rúa?

Hace un año, el presidente Kirchner revelaba que el 70% de los ar­gentinos apoyaba la nacionalización del petróleo y el gas, pero en sus cuatro años de gobierno, lejos de avanzar hacia su recuperación, ha reafirmado el camino privatista iniciado por el menemato. Recorde­mos los permisos de exploración de la plataforma marítima continen­tal -única área no concesionada- con libre disponibilidad del recurso y sus impuestos; los incentivos fiscales a las corporaciones para reali­zar la exploración que estaban obligadas a hacer por contrato y no hi­cieron; la reforma de la Ley de Hidrocarburos para traspasar el dominio total de los yacimientos a las provincias.

Arrastrando los argentinos una dolorosa historia de fracasos, de­bemos hacer el esfuerzo de superar las divisiones y unirnos para evitar la reprivatización de los hidrocarburos y la promulgación de la ley an­titerrorista. Los sueños y esperanzas no reemplazan una realidad que no es blanca ni negra, sino de un gris oscura que impide verla. Mien-

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tras se distraía a la ciudadanía con la aparente puja electoral entre mo­delos antagónicos, el gobierno impulsaba iniciativas que solo pertene­cen al bando de los Menem-Macri: la prórroga de las concesiones petroleras en las mismas condiciones de los años noventa y una ley an­titerrorista que busca criminalizar la protesta social.

El país puede recuperar para beneficio del pueblo la fabulosa renta del petróleo y el gas. La nación más débil y pobre del continente de­mostró que era posible hacerlo con los hidrocarburos dentro de la ley y el orden y ninguna petrolera se fue de Bolivia. Todas las organiza­ciones políticas y sociales, así como los referentes culturales e intelec­tuales, deben expresarse públicamente por la defensa del petróleo y de nuestros recursos naturales.

Una vez más, la historia demuestra la falsedad de la antinomia cen-troizquierda versus centroderecha. Hoy como ayer, el conflicto se plan­tea entre el proyecto nacional, democrático y antiimperialista, o el antinacional, que entrega nuestro patrimonio. Parafraseando al doctor Alejandro Olmos, decimos: "O se está defendiendo nuestros recursos petroleros o se está con las corporaciones y los enemigos del pueblo ar­gentino".

Página/12, Buenos Aires, 4 de julio de 2007.

Unidad para nacionalizar el petróleo

Buenas tardes, queridos compañeros. Aquí estamos reunidos, dando una buena señal frente a un hecho dramático y lamentable del acontecer nacional, como es la luz verde que el gobierno del presidente Kirchner acaba de dar para volver a privatizar las nefastas concesiones otorgadas por Carlos Menem. Esto no es un dato menor, porque clari­fica y separa las aguas. Estoy hablando de la prórroga de las concesio­nes petroleras, que acaban de comenzar con la del yacimiento estrella del país -por la cantidad y calidad de producción- que es Cerro Dra­gón, y que marcará la tendencia futura para todos los yacimientos del país. Como ustedes saben, el dominio de las reservas fue transferido por el gobierno nacional a las provincias, a través de sucesivos actos que corroboraron el voto que Néstor y Cristina Kirchner hicieron en la Reforma de la Constitución de 1994. Eso significa que las reservas pe­troleras quedaron en manos de las provincias que, como emiratos se-

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parados, negociarán con corporaciones de la dimensión de British Pe­troleum -la cuarta corporación mundial petrolera-, cuya facturación anual es semejante al Producto Bruto Interno de toda la Argentina. Imagínense ustedes lo fácil que resulta entonces apropiarse de las re­servas petroleras hasta su extinción total, como ocurrió en la provin­cia del Chubut donde, salvo dos legisladores radicales, todos los demás -justicialistas, radicales y representante de un partido local- aproba­ron el ignominioso contrato.

No estoy haciendo literatura, ni una chicana. Se trata de algo ig­nominioso, porque es una vergüenza que la Secretaría de Energía de la Nación, con el visto bueno de la Presidencia, hayan dado luz verde a un contrato que, en plena crisis energética, le otorga a las petroleras la libre disponibilidad del petróleo, es decir, que pueden llevarse o ex­portar todo lo que deseen. Y, como si esto fuera poco, el increíble con­trato anuncia que ninguna medida ni legislación futura podrá modificar el 12% de regalías pactado.

El 12% se origina en las concesiones que vienen de la época en que YPF Sociedad del Estado le pagaba regalías a la Nación. Con las privatizaciones del menemato las empresas se subieron a caballo de ese 12% y hoy lo reiteran, sabiendo el presidente Kirchner que en América latina, dada la estampida del precio del petróleo, hoy no se negocia nada por debajo del 30, el 35 o el 40%. En definitiva, Cerro Dragón representa un golpe muy fuerte para la economía y el Tesoro Nacional.

Cerro Dragón produce 5 millones de metros cúbicos al año; esto es, 36 o 37 millones de barriles al año; multipliquen por 70 dólares el ba­rril y tenemos una cifra colosal. Este yacimiento producirá de aquí al 2047 -a valores de hoy- más de 30 mil millones de dólares; pero como el petróleo se acaba, el precio se seguirá disparando y no podemos ha­cer futurología de cuánto le va a rendir a la British Petroleum y a la Amoco, que es su socia -es decir la Standard Oil-, el yacimiento de Cerro Dragón. Lo grave, compañeros, es que esta inversión de 3.200 millones que harán a lo largo de su explotación, bien podría ser reali­zada por la Nación, asociada a las provincias de Chubut y Santa Cruz.

¿Cómo es posible que teniendo más de 43 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central, el gobierno Kirchner no anteponga el interés público y el interés de la Nación por encima de los intereses privados? ¿Cómo es posible que se sigan haciendo negocios privados con lo que es de todos, con lo que es público?

El mismo caso se repite con la historia perversa y mentirosa de la "argentinización" de la compañía YPF Repsol. No hay ninguna argen-tinización, sino una reprivatización de YPF. El gobierno nacional tiene

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autoridad para impedir semejante venta, porque tiene un director per­manente en el directorio de Repsol y un síndico, que jamás han exigido nada, que jamás le exigieron a la compañía una auditoría de reservas, que jamás cuestionaron a Repsol cuando colocó como reservas pro­pias el 20% de las reservas argentinas. Recuerden la denuncia de Soliz Rada en Bolivia. Lo cierto, compañeros, es que Argentina bien podría hacerse del 25% de Repsol con esos 250 o 300 millones de dólares que el banquero Esquenazi -casualmente de Santa Cruz- pondrá para que­darse con el 25% de YPR En este punto conviene preguntarnos: ¿hasta dónde pretenden tomar de idiota al pueblo argentino? ¿Cómo es po­sible semejante descaro, compañeros?

Ese 25% de la petrolera se compra con lo que están produciendo los pozos, entonces, compañeros, es algo que sigue siendo posible; pero todavía hay un mecanismo en la conciencia de los argentinos, a pesar de que el 70% de los ciudadanos dicen que es necesario nacionalizar, es decir recuperar el petróleo y el gas, que le dice al ciudadano: "sí, es­tamos todos de acuerdo, pero por algo no se puede hacer". Aquí lo que nos falta, compañeros, es intensificar nuestro trabajo, intensificar el boca a boca, demostrarle y explicarle a cada ciudadano que si el país más pobre y débil del continente, sin la experiencia petrolera de la Ar­gentina, pudo nacionalizar los hidrocarburos, a pesar de los chantajes y las presiones diplomáticas, sin que ninguna empresa, ni petrolera, ni ninguna otra, se retirara de Bolivia, nosotros también podemos.

Evo Morales, el primer presidente indígena de América, honró la democracia latinoamericana y desagravió quince, veinte o veinticinco años de democracias neoliberales, tramposas, corruptas, entreguistas y traidoras del mandato popular.

En consecuencia, compañeros, ¿por qué es necesario recuperar algo que es posible? Es necesario e imprescindible porque en un mundo que ha entrado en una fuerte crisis energética, todos los países han salido a recuperar o a asegurarse el abastecimiento energético. No puede ser que a contramano de la historia y de los vientos que soplan en América latina este gobierno tome la dirección contraria, la de se­guir entregándole a las corporaciones el recurso que tenemos y que también necesitarán las generaciones futuras.

En consecuencia, es necesario recuperar el petróleo y el gas para constituir una gran petrolera nacional, que sea fuente de soberanía y de independencia, para asegurar el servicio público, para asegurar que la energía sea como lo fue antes... un recurso humano, un bien social. Y es necesario recuperar esa enorme renta de 15 mil millones de dólares anuales, que es lo que se apropian las petroleras, para revertiría, como lo hizo antes YPF y Gas del Estado, en obras públicas, en créditos para

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las PyME y la industria, en seguridad social para los trabajadores, im­pulsar la industria y el empleo: porque es una vergüenza que en esta Ar­gentina con 43.000 millones de dólares de reservas todavía existan 1 millón y medio o 2 millones de planes sociales. Compañeros, una gran industria petrolera es una locomotora que dinamiza y genera la tecno­logía nacional y miles de fábricas subsidiarias. Pero la recuperación del petróleo no puede ser un hecho aislado.

Tenemos otro ejemplo, que es la entrega absoluta de la minería y de los metales argentinos. Han desembarcado en nuestro país todas las corporaciones mineras, a partir de las leyes que se votaron durante el gobierno de Menem, cuando era presidente de la Comisión de Mine­ría el hoy gobernador de San Juan, el señor Gioja. Las mineras están contaminando todas las poblaciones aledañas, y eso no sale en la prensa nacional. Las mineras dejan el 1% de regalías y se llevan todo, sin la obligación de ingresar sus ventas; en consecuencia, la política del presidente Kirchner es una verdadera estafa, es una puerta abierta para el saqueo de los recursos y los bienes naturales.

Ustedes piensen que la herencia real y natural que tienen los pueblos son los recursos de la tierra, son los recursos naturales, que le deben servir, bien administrados, para financiar su desarrollo y su progreso; pero como en la época de la colonia, los recursos naturales más ricos se los llevan al extranjero. En el caso de la minería, los 4.000 o 5.000 millones de dólares de exportaciones no regresan, pero como el sistema es a declaración jurada de los que se llevan la riqueza, nadie puede controlar, como con las petroleras, cuánto es la mordida y el robo. Pero como si fuera poco, y eso da la medida del cinismo y la hi­pocresía del señor Kirchner, el gobierno subsidia a las corporaciones mineras con entre el 2,5 al 7% de sus exportaciones. Pero la desinfor­mación es grande, seguramente la mayor parte de los filósofos que es­taban en el reciente Congreso de Filosofía de San Juan ignoraba que su gobernador, José Luis Gioja, fue quien impulsó en los años noventa las leyes que habilitaron la entrega de la minería argentina.

Compañeros, acá se ha impuesto junto al neoliberalismo, enmas­carado como progresista, esa política de mentiras y estafas gracias a la desinformación de la población, que se logra a través del sistema me­diático y la televisión. Pero esa política prosperó gracias a la división y desmovilización de las fuerzas que deben luchar por el cambio y, por último, como si fuera poco, la tercera pata de la mesa es la criminali-zación de la protesta, que tiene como frutilla de la torta la última ley antiterrorista.

Coloquemos las cosas en su lugar. El gobierno de Kirchner, a pe­sar de los esfuerzos que hace para presentarse como una fuerza pro-

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gresista de centroizquierda, para competir con la derecha más abierta, el mes pasado en la contienda de la capital, mostró que sus lealtades estaban con la esencia del modelo agro-minero-exportador de Carlos Menem.

Daremos dos ejemplos: uno, el voto del contrato de Cerro Dragón que se hizo en Chubut el 24 de mayo; el otro, la difusión y negociación del articulado de la ley antiterrorista.

En consecuencia, compañeros, hay que mirar las cosas con claridad, ya que las viejas antinomias siguen presentes. Han sido confundidas con "modernas" antinomias entre centroderecha y centroizquierda. Pero este conflicto ha demostrado que en lugar de ser una antinomia real, han servido para confundir a la ciudadanía. Recordemos que en nom­bre del centroizquierda el gobierno de la Alianza, a tres meses de asu­mir el señor De la Rúa, entregó el yacimiento principal de gas de Loma de La Lata, en marzo de 2000; y lo llevó como una ofrenda al rey Juan Carlos. O sea, que centroizquierda o centroderecha ha sido hasta la fe­cha una falsa antinomia. La real, la verdadera confrontación se dio, y se da en la Argentina, entre los que nos dominan hasta ahora y un pro­yecto auténticamente nacional, es decir, que antepone a cualquier otro interés, la defensa del interés de la Nación y la defensa de los intereses del pueblo. ¿No es una vergüenza que esa gente, con el beneplácito del gobierno, permita que la garrafa de gas, lo único que tiene el hogar humilde, valga entre 25 y 30 pesos, cuando debería obtenerse por mo­nedas? No hay un mejor ejemplo de desprecio al pueblo que ese.

Digo que la real alternativa nacional es inseparable de las banderas de la democracia participativa, sostenida con una permanente e inteli­gente movilización y organización popular. Los gobiernos son populares si generan información y vías informativas populares. Son populares si generan organización en la base de la sociedad. Son populares si basan su poder en la movilización permanente del pueblo. Una movilización que genera conciencia, que genera inventiva revolucionaria.

Defender el interés de la Nación y defender una auténtica demo­cracia, que respete los derechos sociales y humanos que ya están con­sagrados en la Constitución Nacional, pero que marche a cambiar su signo "neoliberaloide". Lo que hemos vivido ha sido la fiesta de la trai­ción, y es también consecuencia del artículo 23 de la Constitución, que dice que el pueblo no gobierna sino por medio de sus representantes.

La democracia participativa a la que aspiramos es para recuperar de una vez por todas los recursos naturales, para recuperar de una vez por todas los derechos sociales y los derechos humanos del pueblo, para honrar el voto y hacer que no pueda ser jamás traicionado, para tener la posibilidad de revocar los mandatos de los traidores, para juz-

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gar públicamente y con los medios de comunicación, en juicio público, a los corruptos y a los traidores.

Cuando digo defender el interés nacional y el interés del pueblo, digo defender la gran unión de La Patria Grande Latinoamérica. Digo defender la hermandad desde el Caribe a la Patagonia. Digo defender la alianza estratégica con aquellos que han honrado la palabra, con aquellos que han honrado los viejos anhelos de emancipación de nues­tro pueblo. Me refiero a Cuba, me refiero a Venezuela, me refiero so­bre todo a Bolivia, a Ecuador, y a los que están viniendo y levantan las banderas de esta Patria Grande.

Cuando digo que tenemos que defender el proyecto democrático nacional y popular, digo que es un proyecto de neto corte antiimpe­rialista, es un proyecto antioligárquico y antiimperialista. Es un pro­yecto para acabar con la patria contratista y la patria subsidiada, compañeros. Es un proyecto para acabar con los especuladores. Es un proyecto para ir democratizando en sucesivas etapas las relaciones de la sociedad.

¿Frente a eso qué nos encontramos? La antinomia al proyecto na­cional, democrático y antiimperialista es el proyecto neoliberal disfra­zado a veces de progresista, y a veces de centroizquierda. Son los que siguen beneficiándose con el saqueo de los recursos naturales. Son los que no se animan a declarar la estafa de la deuda. Son los que no se animan a terminar con la política de privatización de los servicios pú­blicos, compañeros. Son los que no se animan a juzgar a los corruptos y ladrones.

¿Qué mayor oprobio puede haber para la Argentina que la demo­cracia, que se volvió a recuperar en 2003 con el gobierno Kirchner, no haya sido capaz de juzgar a ninguno de los grandes bandidos que sa­quearon el patrimonio público?

Esta Argentina de Kirchner, lejos de haber juzgado con un juicio oral y ejemplar al más grande traidor que tiene este país, responsable del genocidio social y del destrozo del patrimonio público, lejos de ha­berlo juzgado en un juicio aleccionador, negoció el encajonamiento de las decenas de causas penales; y en la Comisión de Asuntos Constitu­cionales del Senado, su presidenta, la actual candidata Cristina Fer­nández de Kirchner, aprobó los pliegos del mayor delincuente institucional que generó la Argentina: Carlos Menem, para asumir como senador.

Por último, compañeros, nos queda lo más difícil. Lo más difícil es la cruzada, la suma de todos los esfuerzos y todas las campañas que el pueblo argentino debe realizar como una osadía más, en estos dos­cientos años de independencia.

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Las grandes transformaciones de la Argentina se hicieron sobre la base de esfuerzos monumentales. Así fue la expulsión de los ingleses. Así fue inventado el Ejército de los Andes en Mendoza cuando, en 1815, Alvear le niega a San Martín los recursos, un Alvear que en ese momento decía: "Estas provincias quieren pertenecer a Gran Bretaña, obedecer sus leyes, pagar sus impuestos". ¿Qué hizo San Martín en la empresa de los Andes, sin industria, sin nada? Convocó al pueblo a la plaza, redujo los salarios a la mitad y esa porción de dinero fue a la construcción de la industria y del armamento, los cañones, fusiles, pól­vora... ¡Cuan grande era la pasión y la fe que un año y medio después 4.500 hombres armados salían de Mendoza para realizar una de las osadías más grandes de la historia militar, el cruce de los Andes!

Argentina ha realizado proezas espectaculares. En 1923 le dieron a Mosconi la dirección de una oscura repartición del Ministerio de Agricultura. Y nueve meses después, frente a todos los agnósticos y agresores, procesaba naftas nacionales. Dos años y medio después po-nía en funcionamiento la destilería de La Plata. Él y sus amigos pusie-ron sus bienes como aval de los créditos que dio el Banco Nación. Esos eran los patriotas de antaño y cuando llegó el golpe del 6 de septiem­bre de 1930, un día después fue detenido, junto con Baldrich, en la ca­lle; Mosconi dice "mi delito fue haber multiplicado 400 veces el capital de la compañía".

Tenemos ejemplos de creación de empresas públicas, pero después del siglo que hemos vivido, no habrá otro modelo que el de generar empresas públicas con plena participación de los usuarios -pasajeros en el caso de los trenes-, trabajadores y técnicos que sean la garantía del control de sus administraciones y de sus gestiones.

Volviendo a lo más difícil, compañeros, que es la campaña a poner en movimiento, una campaña nacional donde no quede ciudadano ar­gentino al que no le hayamos tocado la puerta y le hayamos dicho: ¿Le parece bien que estén reprivatizando lo que hizo Menem? ¿Le parece bien la prórroga de Cerro Dragón?

Hay signos que indican que este contrato leonino ha dividido aguas, y ha sido un golpe o un despertar para muchísimas conciencias. Cuando digo esto, hay que cruzar la calle, compañero, e ir a ver al com­pañero o ciudadano justicialista, al radical, al independiente, al sin par­tido, a los compañeros de izquierda, de todas las fuerzas... No hay ninguna fuerza que pueda dividir al pueblo argentino frente a la epo­peya de la recuperación de los recursos naturales. Lo voy a decir más claro: la epopeya sanmartiniana del momento es una gigantesca cam­paña por la unidad del pueblo argentino, digo bien, por la unidad del pueblo argentino en defensa de un conjunto de principios y de causas

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básicas. La defensa de los recursos naturales y el petróleo, es una de ellas. Tenemos otras que arrastramos con dolor, verdad y justicia: los derechos humanos.

Que se derrame de una vez por todas la leche acumulada. Que se derrame la riqueza en la Argentina; que sea una vergüenza para todos que exista alguien que gane treinta veces más que el que gana menos. Que se reafirme la política independiente de la Argentina y su unión la­tinoamericana.

Compañeros, tenemos que hacer el esfuerzo de encontrarnos, te­nemos que hacer el esfuerzo de levantar rencores, apagar el fuego de las heridas... dar lugar a la solidaridad, a la comprensión, a la con­fianza. No se podrá construir nada, no se podrá cambiar este estado de cosas en tanto sigamos desunidos en decenas de organizaciones po­pulares, en decenas de organizaciones sociales, cuando todos estamos buscando los mismos resultados y los mismos objetivos.

Yo hago un llamamiento interpretando el anhelo y el pensamiento de todas las organizaciones convocantes de este acto. No hablo a título personal. Agradezco la deferencia que me han hecho para decir estas palabras y estoy intentando trasmitir al final de mis palabras el carozo del asunto. Ese carozo es la necesidad, la urgencia, el deseo que tene­mos de unirnos, de tomarnos el matecito de la unidad, compañeros, de mirar para adelante y no para atrás, unidos alrededor de estas ban­deras que tantas veces hemos repetido.

No me cabe duda de que sí somos capaces de conformar esa gran unidad, partiendo de la gran bandera de la recuperación del petróleo, de la gran bandera de decirle no a la estafa de esta nueva privatización del petróleo y de YPF; no me cabe la menor duda, compañeros, de que vamos a avanzar, a poner en marcha esta cruzada y gran campaña por la democratización y el rescate de nuestra querida Argentina. Muchas gracias.

Discurso de Fernando "Pino" Solanas en un acto frente a Repsol, Buenos Aires, 17 de julio de 2007.

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Proyecto Sur: un movimiento emancipador

En enero de 2006, a dos meses de la histórica votación contra el ALCA en la cumbre de Mar del Plata, el gobierno Kirchner lanza una de sus más temerarias medidas económicas que anuncia su giro a la derecha: por primera vez se otorgan concesiones sobre la plataforma marítima continental a las corporaciones, entre ellas, las del Golfo de San Jorge. Nuestro océano nunca había sido entregado y guarda cuan­tiosas reservas detectadas y comprobadas por la YPF estatal. Cuando el 1o de mayo de 2006 Evo Morales anunció la nacionalización del petróleo, se produjo un gran alboroto en todo el continente. Repsol y Petrobras chillaron por la medida y aquí, por intermedio de Hebe Bo-nafini, por primera vez Néstor Kirchner me invitaba para conversar so­bre el tema petrolero. Durante una hora le expuse nuestros puntos de vista mientras él asentía y reconocía que había sido un error la pro-vincialización del petróleo votada por él en la Reforma del 94. Ter­minó pidiéndole al ministro Julio de Vido -allí presente- formar una comisión para estudiar el tema y nos recordó que el periodismo nos es­taba esperando. Pero como anunciaba Perón: cuando se quiere en­cajonar algo, debe crearse una comisión. Y así fue. La entrevista y nuestras declaraciones levantaron la polvareda en el ambiente petro­lero, porque temían que Kirchner imitara a Evo. En verdad, se trataba de una maniobra periodística para asustar a Repsol: el presidente te­nía programado viajar a Madrid para reunirse por primera vez con el primer ministro Rodríguez Zapatero. Desde entonces Kirchner seguiría negociando la compra del 25% de YPF por capitales privados argenti­nos y se concretaría con la farsa de la "argentinización" de la petrolera. En lugar de trabajar para un negocio del Estado, lo hacía para favo­recer al banquero Esquenazi -dueño del Banco de Santa Cruz y ad­ministrador de los fondos reservados de esa provincia-, que compraba el 15% de las acciones a través de la sociedad Pertersen que se cons­tituía en Madrid en agosto de 2006. Un mes después, el gobierno en­viaba al Congreso un proyecto de ley para otorgarle a las petroleras nuevos y mejores beneficios impositivos para que hicieran las perfo­raciones que no habían hecho y otro proyecto para modificar la ley vi-

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gente de hidrocarburos, que se llamó "la ley corta". Por el mismo, apro­bado en enero de 2007, todos los yacimientos dejaban de pertenecer a la Nación y pasaban a las provincias. Se concretaba el proceso de se­gregación de la Argentina, que había comenzado con la Reforma Cons­titucional del 94 y era una traición a la línea histórica de Mosconi, Baldrich y Perón que hicieron de los hidrocarburos un recurso estra­tégico de la Nación.

El año 2007 fue la fiesta del reparto: los diez gobernadores de las provincias petroleras se entregaron a la renegociación de las conce­siones otorgadas por Menem para prolongarlas treinta años más. Lo hacían violando la ley que dice que solo pueden renegociarse seis me­ses antes de que terminen -en 1917- y no diez años antes.

El gobernador Cleto Cobos negoció las doce áreas mendocinas y la mitadse las quedó el dúo Manzano-Vilas; en Neuquén, Chubut y Salta no se quedaron cortos. Con un petróleo que se acaba y seguirá su­biendo, nadie firma contratos por menos del 50% y aquí se entregaron reservas por treinta años a una tasa del 12%. Para saber lo que Kirch-ner facilitó sepamos que equivalen a más de 500.000 millones de dó­lares. Los off the record de las negociaciones revelaron que los sobornos oscilaron entre 100 y 400 millones de dólares. Todo esto sucedía sin que la dirigencia política se movilizara ni se debatiera en el Congreso o los medios. La prórroga del yacimiento estrella del país, Cerro Dra­gón, nos convenció de que era necesario dar un paso hacia la batalla política electoral de las elecciones de 2007. El riesgo era muy grande pues había que inventarlo todo. No veníamos a jugar una elección, sino a plantar las banderas de un gran proyecto nacional y la recupe­ración de los recursos naturales, como el petróleo. Era iniciar un largo camino, retomar las gestas de tantos argentinos que nos habían pre­cedido, y sabíamos que una parte del país estaba esperando una pro­puesta distinta y creíble. Nos tiramos al vacío y salimos quintos a nivel nacional. Meses después, el gobierno de Cristina Kirchner lanzaba como señal de modernización del país el proyecto antinacional del "tren bala". Le opusimos la propuesta del "Tren Para Todos, cuidado por todos" y con la película La próxima estación comenzamos a ins­talar en el país el tema de la reconstrucción de los ferrocarriles y el transporte argentino. En esa gesta seguimos andando y divulgando nuestro proyecto de transformación de la Argentina, en paz y en de­mocracia. Hace décadas que decimos el neoliberalismo global es un gi­gante con pies de barro. Hoy vivimos un tiempo excepcional a nuestro favor con varios gobiernos en el continente promoviendo procesos de cambio y revoluciones en paz. A no perderlo.

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XIV. Peronismo y kirchnerismo

A mediados de 2007, Solanas fue consultado por diferentes fuerzas políticas y sociales, organizaciones sindicales y de ciudadanos, sobre la posibilidad de presentarse como candidato a presidente en las elec­ciones nacionales del 28 de octubre de ese año. Estas fuerzas habían establecido un diagnóstico similar sobre los límites del actual gobierno para construir un proyecto nacional, popular y democrático, y deci­dieron intentar firmemente el enorme desafío.

El Partido Socialista Auténtico, el Movimiento Buenos Aires para Todos, ligado a la CTA, y el Proyecto Sur, de "Pino" Solanas, confor­maron así el Movimiento Proyecto Sur, que reunió a diferentes co­rrientes y tendencias ideológicas y políticas. Con mujeres y hombres comprometidos con el campo popular, este proyecto se convierte en la síntesis de experiencias, estudios e investigaciones de profesionales y grupos sociales. "El Proyecto Sur reafirma que recuperando los recur­sos petroleros y naturales del país es posible acabar con la pobreza y el desempleo y desarrollar sus capacidades industriales y científico-téc­nicas, en el marco de una integración continental autónoma", se afir­maba en las bases programáticas.

Según quienes se lanzaron a esta patriada, el espacio nacional, po­pular y democrático se había quedado sin representación. Frente a las elecciones del 28 de octubre, "todos los candidatos mediáticos expre­san variantes del centro a la derecha (...) ninguno cuestiona el modelo de saqueo agro-minero exportador del menemismo".

El objetivo inicial del proyecto fue hacer oír una voz alternativa, plantar banderas, aportar a la construcción de un amplio movimiento político social y cultural, de carácter nacional. Así, con apenas cua­renta días de campaña electoral, sin recursos y con un enorme valor, Proyecto Sur logró presentarse en varias provincias con candidatos propios. El triunfo fue del Frente para la Victoria, con Cristina Fer­nández y el radical Julio Cleto Cobos ("Cristina, Cobos y Vos..."). Muy lejos quedaron las restantes fuerzas, pero para Proyecto Sur esa elec­ción fue el inicio de un largo camino: con numerosas dificultades, en­tre ellas el robo de boletas en provincias enteras, se lograron más de

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300.000 votos y la elección de Claudio Lozano como diputado nacio­nal. Y "Pino" Solanas volvió a instalarse como voz autorizada en el es­cenario político.

Una de las principales diferencias con el kirchnerismo que sostiene el referente de Proyecto Sur está vinculada al rescate del ideario na­cional y popular y, particularmente, la relectura sobre el "peronismo au­téntico" y la descomposición que de él hizo el Partido Justicialista. A raíz de ello, Solanas lanzó frases -y artículos- como "Perón hoy no es­taría en el PJ", o también "Hoy Perón sería Trotsky, y las medidas que tomó, de extrema izquierda".

Proyecto Sur y las elecciones del 28 de octubre

Hace varios años fundamos Proyecto Sur con el objetivo de pro­fundizar una propuesta económica, social y cultural para el país. Lo integramos mujeres y hombres comprometidos con el campo popular, que hemos venido haciendo aportes desde el trabajo y las organiza­ciones sociales, la docencia o la cultura. Proyecto Sur es la síntesis de experiencias, estudios e investigaciones de profesionales y grupos so­ciales, sobre la realidad nacional e internacional. El Proyecto Sur rea-fima que "recuperando los recursos petroleros y naturales del país es posible acabar con la pobreza y el desempleo y desarrollar sus capaci­dades industriales y científico-técnicas, en el marco de una integración continental autónoma".

Hoy existe en el país una necesidad, una urgencia y una vacancia política. El espacio nacional, popular y democrático carece de repre­sentación: todos los candidatos mediáticos expresan variantes del cen­tro a la derecha. La elección del 28 de octubre no es un simple recambio presidencial sino la profundización del modelo neoliberal que, en su esencia, es común tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a los candidatos del justicialismo y el radicalismo: Lavagna, Ló­pez Murphy, Sobisch y Rodríguez Saá. Detrás de un pseudo progre­sismo o centroizquierda, las propuestas de Elisa Carrió no van más allá de los cuestionamientos institucionales y propone como ministro de Economía al liberal Prat Gay. Ninguno cuestiona el modelo de saqueo agrominero exportador del menemismo: hoy en América latina y en nuestro país -como diría Alejandro Olmos- la línea divisoria está mar­cada entre los que plantean la recuperación del petróleo y los minera­les y los que silencian o defienden su entrega.

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Ante el vacío político y respondiendo a las sugerencias de ciuda­danos y organizaciones sociales en todo el país, con otras fuerzas her­manas tomamos la decisión de participar en esta coyuntura electoral. El objetivo es hacer oír nuestras propuestas, abrir los debates y apor­tar a la construcción de un amplio movimiento político, social y cul­tural de carácter nacional. Nos planteamos tener legisladores en todas las provincias en las elecciones de 2009 y competir por el gobierno na­cional en el 2011. El mandato de la hora es afianzar la unidad, reparar lazos solidarios, reconstruir la confianza, encontrarnos los que com­partimos sueños, luchas y esperanzas para derrotar las políticas y las fuerzas que nos sojuzgan.

LA CRISIS POLÍTICA Y EL GOBIERNO KIRCHNER

Ante la falta de entusiasmo y el malestar general, una vez más los argentinos son convocados a elegir representantes. En las últimas dé­cadas han venido soportando una historia de fracasos y traiciones, la degradación de las instituciones y la crisis de los partidos políticos. As­queado de corrupciones y maltratos, a fines de 2001 el pueblo salió a la calle con la consigna "que se vayan todos" y una vez más, como el 17 de octubre y el Cordobazo, se hizo oír. Sin embargo, las moviliza­ciones y asambleas no lograron construir sus propias representaciones políticas y en abril de 2003 se terminó votando al menos malo de los mismos.

Néstor Kirchner, heredero del justicialismo que en los años no­venta remató el patrimonio público, inició su gobierno con medidas re­clamadas por la mayoría de los argentinos, despertando esperanzas: su acertada política de Derechos Humanos; el rechazo al ALCA, el re­lanzamiento del Mercosur, la alianza con Venezuela. Pero la reforma de la Corte Suprema de Justicia no fue extendida a los tribunales fede­rales y de casación; no hubo condenados por corrupción y se aceptó que Carlos Menem asumiera como senador con causas penales en curso. El crecimiento económico de un 8,5% anual no significó una real redistribución de la riqueza ni créditos accesibles para los peque­ños productores. Continuó la extranjerización de la tierra; la destruc­ción del bosque nativo; los subsidios a los grupos económicos y empresas privatizadas sin exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales. Se mantuvo el injusto sistema impositivo de Menem y las corruptas concesiones ferroviarias; se conservaron leyes de la dicta­dura como la de Entidades Financieras de Martínez de Hoz y la de Ra­diodifusión, prorrogando por diez años las concesiones de los canales

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de televisión abierta; se ha negado la personería gremial a la CTA ig­norando las recomendaciones de la OIT. Se pagó al FMI una deuda indebida que cuestionó hasta el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y se renegoció el endeudamiento privado externo. Pero, ade­más, Lavagna-Kirchner, cometieron un error imperdonable: atar los bonos a la inflación, lo que sigue incrementando la deuda externa que hoy alcanza 180.000 millones de dólares. En el transcurso de estos años, la política pendular del gobierno se fue inclinando progresiva­mente a la derecha.

LA CONTINUIDAD DEL SAQUEO DE NUESTRA RIQUEZA

Contrariamente a lo que se informa, Argentina es un país muy rico con recursos suficientes para acabar con sus focos de pobreza y satis­facer las aspiraciones sociales de su pueblo. Las reservas de los yaci­mientos petroleros en producción ascienden a más de 130.000 millones de dólares, existiendo grandes reservónos no explotados en la plata­forma marítima. El ocultamiento de nuestra riqueza es tal, que pocos ciudadanos saben que somos la sexta reserva de minerales del planeta con más de 5000 km de cordilleras y mesetas con oro, cobre, plata, molibdeno y 60 metales más. Hablamos de yacimientos valuados en más de 200.000 millones de dólares y los candidatos mediáticos silen­cian que esta renta millonaria se fuga al exterior. Las privatizaciones petroleras de Menem le costaron al país una pérdida superior a toda su deuda externa. El vaciamiento económico es consecuencia de la cen­sura informativa. Nadie puede defender lo que no sabe que tiene y des­conoce su valor. Como en los tiempos coloniales, las riquezas del país se van al extranjero dejando poco o nada y una grave contaminación ambiental.

Los recursos naturales son la herencia con que cuentan los pueblos para financiar su desarrollo. Los años noventa y los que estamos vi­viendo, se recordarán como los del saqueo del petróleo y la minería. Es imperativo reconstruir una ética pública que comienza por cuidar lo que es de todos y reivindicar principios y valores en desuso: solidari­dad, participación, honestidad, amor a la Patria.

A pesar de esta nefasta experiencia, el gobierno Kirchner ha faci­litado este año la reprivatización de las concesiones petroleras de Me­nem, traspasando a las provincias el dominio total de los yacimientos. Es el hecho político y económico más grave de la década. Los gobier­nos provinciales están prorrogando las concesiones por treinta y cua­renta años más, pudiendo explotarse en conjunto con la Nación para

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beneficio de todo el país. Es el caso de cientos de áreas y del principal centro petrolero, Cerro Dragón, cuya concesión -que data de 1958-acaba de ser extendida hasta el 2047, es decir, hasta su extinción total. Son el petróleo y gas que le pertenecen a nuestros hijos y nietos y a pesar de la crisis energética, el gobierno sigue autorizando las expor­taciones de gas, crudo y naftas.

Argentina puede recuperar sus recursos si su pueblo se moviliza y lo exige como lo hizo el hermano pueblo boliviano venciendo presio­nes diplomáticas y chantajes mediáticos que pronosticaban el caos. El petróleo y el gas fueron nacionalizados dentro de la ley y ninguna pe­trolera se fue de Bolivia. El próximo 13 de diciembre se cumplirán en la Argentina cien años del descubrimiento del petróleo y del desarro­llo de nuestra propia industria hidrocarburífera. Con decisión política, y sin depender del crédito externo, se demostró que podían realizarse objetivos ambiciosos. Una vez más queremos convocar a todos a con­tinuar esta patriada: debemos desarrollar una nueva y multitudinaria fuerza política capaz de parar el saqueo y recuperar los recursos natu­rales para ponerlos al servicio de la Nación y la felicidad del pueblo. Por ello, es imprescindible participar en las elecciones del 28 de octu­bre dando su voto a la construcción de un espacio y referencia nueva: Proyecto Sur.

Estos fundamentos fueron publicados en su versión original junto con los textos programáticos, Buenos Aires, 16 de septiembre de 2007.

Solidaridad, unidad y revolución

Muchas gracias, compañeras, compañeros, amigos, que nos acom­pañan en este momento fundacional que es una fiesta del corazón, del compromiso y de la conciencia. Hoy escuché decir: "¿Esto no es más de lo mismo?" Y respondí: "No: es algo más de la obstinación que arrastramos desde hace varias décadas, de torcerle el puño a estos po­deres que nos vienen oprimiendo". Nosotros estamos lejos de estar de­rrotados. Hemos sufrido algunos golpes y algunos retrocesos porque hemos estado ligados al derrotero de nuestro entrañable pueblo.

Hoy retomamos el desafío y las banderas con más experiencia de la que teníamos diez años atrás; seguros de que no cometeremos los mismos errores; vendrán quizás errores nuevos, pero nadie nos va a correr ni un huesito de pollo de la decisión de llevar hasta la victoria

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estas propuestas que no son otras que retomar las banderas emanci­padoras que hace doscientos años se desplegaron en esta Patria y to­davía están inconclusas. "Seamos libres", nos decía San Martín, "lo demás no importa nada".

Es la hora de reconquistar nuestra capacidad soberana de decidir, de alimentar a este pueblo, de realizarlo, de acuerdo con sus propias decisiones y fortalecer la construcción de la gran Nación inacabada, de la Patria Grande desde Cuba a la Patagonia.

Pero nada viene de regalo, compañeros, somos conscientes de todo lo que nos falta. Los comienzos siempre son confusos y desordenados. No nos asusta, lo difícil fue poner en movimiento esta rueda que, como bien decía el compañero Brunati, está teniendo una respuesta extraor­dinaria. Una vez más, aquí estamos convocando con letras de nobleza a rescatar la Patria cautiva, a forjar una unidad fraterna. Estamos con­vocando a compañeros y trabajadores que vienen de grandes corrien­tes e identidades políticas pero que, por la traición, sufrieron fuertes disociaciones. Este movimiento que iniciamos se nutre con los com­pañeros que vienen de las grandes gestas: del 17 de octubre, de las luchas obreras después del golpe del 55 y de las resistencias a las dic­taduras militares, de los movimientos sociales, del Cordobazo, de los Derechos Humanos y del 19 y 20 de diciembre.

Como decía Claudio (Lozano), este es el espacio que se ofrece para dar lugar a una nueva síntesis, que sea el motor del movimiento social fundido con el movimiento cultural; el pensamiento y el instrumento político que sea capaz de honrar las urgencias y voluntades populares. Este es el espacio de los compañeros que vienen de la izquierda y de los movimientos sociales, de los que no se apartaron de los ideales del movimiento peronista, de los defensores del patrimonio nacional, aque­llos que no dudan que hay que volver a integrar en la Constitución el artículo 40 de la Constitución del 49.

Pero para la enorme tarea que tenemos por delante hace falta mul­tiplicar esta fuerza; nos falta un mes para las elecciones, este compro­miso es lo que nos dinamiza, pero nos falta mucho para llegar al círculo mayor de la ciudadanía. No nos financian las multinacionales, no nos financian los fondos reservados del gobierno, nuestra fuerza es el boca a boca, la cadena de correos por Internet y el prestigio de todos estos candidatos. Venimos de una vida de aportes a la comunidad, una vida reconocida por la comunidad, ese es nuestro capital, compañeros... Esta es la hora de golpear las puertas, de decirle al compañero que to­davía cree, al vecino, al amigo que nos dice: "Pero... ¿por qué salen ahora y no después, el 29 de octubre?" Salimos ahora porque vivimos momentos de urgencia nacional, la patria está en peligro y esto no es

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una frase. El hecho más grave de la política económica de esta década y quizá desde los tiempos de los años 90 es la reprivatización del pe­tróleo y el gas, lanzada en las sombras por el gobierno Kirchner.

A veces las palabras no alcanzan y como esto que digo no es noti­cia, no tiene espacio en los grandes medios de comunicación y es si­lenciado por los candidatos mediáticos; cuando decimos estas cosas sentimos que causan sorpresa y nos interrogan como diciéndonos: "¿Será verdad lo que decís? Porque esto no lo veo en ninguna parte ni tampoco lo oigo..." Desde hace meses se negocia en las sombras la prórroga de las privatizaciones de petróleo y gas que concediera Me-nem. Se trata de treinta o cuarenta años más de prórroga, hasta la ex­tinción definitiva de los pozos.

¿Cómo es posible que en un mundo con el dólar en declive, con la principal potencia mundial endeudada hasta los tuétanos, rehén de China por su endeudamiento, y en el cual hoy sólo el petróleo y el oro sostienen las monedas en el mundo, cómo es posible, señor Kirchner, que usted negocie este recurso esencial, que es el que debe financiar el progreso y el desarrollo de nuestros hijos y nietos? Usted está impulsando su reprivatización y con este acto se ubica en la vi­trina de los grandes traidores a la Nación Argentina... También es una gran traición a la juventud argentina. El acuerdo de Kirchner con el gobernador Cobos es el disfraz del acuerdo de reprivatización del petróleo y el gas, porque el señor Cobos ya negoció las doce áreas de Mendoza.

Entonces, compañeros, este es un momento de extrema gravedad para los argentinos. Por eso ahora venimos a plantar nuestras bande­ras y en el 2009 les plantaremos legisladores en las provincias. Desde ahora, compañeros, hay que prepararse y capacitarse con el mayor de los rigores y estudiar la realidad para encontrar las soluciones menos dolorosas y costosas para nuestro pueblo, que sean viables y posibles, ya que en el 2011 lucharemos por el gobierno nacional.

Este es el momento de conversar fraternalmente con los vecinos y parientes, explicarles que el gobierno actual está formado por funcio­narios que fueron protagonistas activos del saqueo y destrucción del patrimonio público en la época de Menem y Duhalde; que tiene como grandes aliados a los intendentes del Conurbano Bonaerense ligados al narcotráfico y a las policías bravas del "gatillo fácil". Por más disfraz "progre" que se ponga, tiene alianzas con los gobernadores que fueron el eje de la entrega y el saqueo del patrimonio público, como el señor Gioja, de San Juan, que piloteó las leyes mineras, de las peores que tiene la Argentina.

En consecuencia, compañero, ¿qué te han puesto delante de tus

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ojos para que creas ver en estos dirigentes que han venido navegando en los intestinos putrefactos del "pejotismo" una fuerza progresista?

También les decimos a los compañeros de distinto signo que creen ver en el ARI una fuerza progresista, una fuerza de centroizquierda que hace gala de principios democráticos y nos habla de la ética como un contrato: ¿Cómo haces, hermano, para seguir viendo a esa fuerza como progresista cuando el líder de esa fuerza ha venido demostrando auto­ritarismo y discrecionalidad en su construcción política y termina pos­tulando como candidato al Ministerio de Economía a un conspicuo exponente del liberalismo, el señor Prat Gay? Y lleva de candidata a senadora a la señora Estenssoro, que sigue reivindicando los ideales de su padre, el descuartizador de YPF, que se quedó con tres áreas de YPF en el Estrecho de Magallanes. Por haberlo denunciado, el señor Estens-soro intentó llevarme a la justicia con dos juicios, que se los ganamos.

La señora Carrió, que se llena la boca con la ética, olvida que la pri­mera de todas las éticas es la que defiende lo público, lo que es de to­dos; esa es la ética suprema. La señora Carrió calla y silencia el saqueo petrolero y el saqueo de la minería donde, como ustedes saben, las cor­poraciones se llevan todo, no tienen la obligación de ingresar sus ven­tas al país, y encima el señor Kirchner las subvenciona con un 2% al 7% de las exportaciones. Este silencio, esta complicidad con el saqueo indigna. ¡Basta de resignación, compañeros!

Derrotemos a la cultura de la derrota que nos inculcaron en los años noventa, aquello de que el mundo y la realidad no podían ser cam­biados; todo eso es falso, compañeros, porque hay victorias todos los días, hay pueblos en América latina más pequeños y más débiles que nosotros, pero con una unidad entrañable y una gran decisión, que han sido capaces de vencer. Ahí está el ejemplo de que "se puede", ese ejem­plo está en Bolivia, compañeros.

Evo Morales, el primer presidente indígena de nuestra América, honró la democracia latinoamericana porque es el único presidente que en estas décadas cumplió la palabra empeñada: nacionalizó el pe­tróleo y el gas y ninguna corporación se fue de Bolivia. Les dio vuelta la taba, hoy es Bolivia la que se queda con el 82% de la renta y las cor­poraciones siguen trabajando allí. Quiero decir que no hay ninguna ra­zón para que la Argentina no pueda recuperar 16.000 o 17.000 millones de dólares de renta petrolera. Es una cifra tan descomunal que es la lo­comotora de nuestra propuesta programática.

Dije que aquí está el espacio, aquí están los dirigentes, hemos sin­tetizado una gran propuesta que la vienen nutriendo las organiza­ciones sociales, la CTA, la Federación Agraria, el MORENO... Esta propuesta demuestra que recuperando el petróleo y el gas, volviendo

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al régimen que sirvió para construir la infraestructura de la Argentina, sus carreteras, decenas de ciudades en la Patagonia, la siderurgia, et­cétera, podremos poner en marcha un extraordinario plan de repara­ción nacional. Lo primero de todo son tres grandes reparaciones: los bolsones de indigencia, pobreza y miseria, que no pueden esperar... los pibes, como decía Claudio; segundo, reparación histórica con fon­dos económicos para los pueblos originarios. La tercera reparación his­tórica es a la juventud argentina, que fue víctima de los experimentos económicos de los años noventa. Los jóvenes que fueron expulsados de la escuela, los que no pudieron ingresar a la Universidad, los que qui­sieron buscar trabajo y no lo encontraron... En 2001 la mitad de los desocupados eran jóvenes de menos de 25 años, con sus familias des­truidas, porque siempre tenían un padre o hermano desocupado. Fue­ron arrojados a la marginalidad y al refugio de la droga.

Hacen falta miles de becas que permitan reincorporarlos al apren­dizaje, al perfeccionamiento. ¡Prioridad suprema, la distribución de la riqueza! Salir del régimen regresivo, que venimos arrastrando hace décadas. Terminar con la ley financiera y bancaria de Martínez de Hoz, que le impide al crédito público ir en auxilio de las PyME con problemas. Democratizar el sistema audiovisual, reformar la Ley de Radiodifusión acabando con la ley de la dictadura; acabar con la ex-tranjerización de la tierra; acabar con el festín de las oligarquías pro­vinciales repartiendo tierras o concesiones petroleras o mineras. En resumen, reconstruir el Estado. La destrucción del Estado fue funcio­nal al saqueo, porque hoy la Argentina no controla lo que se extrae de sus riquezas, no controla las inversiones extranjeras, no controla a las corporaciones y la contaminación ambiental; solo controja a los la­drones de gallinas. Hay que reconstruir el Estado para que sirva al país, y controle y administre con racionalidad y honestidad lo que es del pueblo y de la Nación.

La reconstrucción del Estado exige la democratización de las ins­tituciones, que el Parlamento se convierta en el vértice de los debates y las discusiones populares, abierto al pueblo y no cercado por la po­licía. Que la reforma judicial avance hacia la Corte de Casación y ha­cia los jueces federales. Recordemos que no solo no hay ningún condenado por robarse la Nación, sino que el mayor delincuente, el jefe de la banda devastadora, el señor Menem, hoy es senador... El mi­nistro de Justicia Iribarne fue el encargado de encajonar las causas pe­nales que arrastraba Menem y la señora Cristina -presidenta de la Comisión de Asuntos constitucionales- fue quien aprobó sus pliegos como senador de la Nación. La convivencia y los acuerdos entre el me-nemato y los distintos grupos del PJ son evidentes.

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Termino diciendo que nos planteamos políticas activas en defensa del medio ambiente, prohibiendo la minería a cielo abierto con sus­tancias tóxicas; y políticas para proteger y recuperar los recursos na­turales; el reajuste del ingreso de los jubilados; el reconocimiento de la personería tan injustamente negada a la CTA.

Compañeros, antes de terminar no quiero olvidarme de hacer pú­blica la presencia de grandes compañeros que seguramente ustedes co­nocieron y que a mí me acompañaron como ángeles guardianes, y que hoy no están, pero que los siento presentes en este momento funda­cional. Estoy pensando en los dos entrañables "Cachos": Cachito Ta-borda y Cacho "El Kadri". Estoy pensando en aquel gran militante, cruelmente asesinado, Julio Troxler. Estoy pensando en Rodolfo Or­tega Peña, y en muchos otros que no olvido, pero que sería intermina­ble nombrar, aquellos que nos pasaron su sabiduría, que nos pasaron su cariño... Yo tuve la suerte de conocer y tratar a Raúl Scalabrini, a Arturo Jauretche... Tantos compañeros y jóvenes que defendiendo sus ideales dejaron su vida en los años negros de la dictadura. Y en los años noventa, aquel compañero extraordinario que tanto aportó a la construcción de una fuerza nacional y que nos contuvo y dio siempre el consejo oportuno, el incansable e inolvidable Germán Abdala.

Sabemos que tenemos una antorcha alimentada por todos ellos, y que viene de mucho más atrás, una llama que viene desde aquellos pendejos del 22 de mayo de 1810 y de los que hicieron a pata la independencia desangrándose por los caminos de América; de aquellos petroleros que dejaron su vida perforando pozos en los años diez, en los veinte y en los treinta, en los que nació la extraordinaria YPF del General Mosconi y Baldrich -que en siete años multiplicaron en cuatrocientas veces su com­pañía-; no puedo dejar de mencionar el talento extraordinario de tantos ingenieros, investigadores y científicos, de miles de trabajadores anóni­mos que pusieron su pasión y que, a pesar de los bajos presupuestos, de las incomprensiones oficiales y de los malos tratos, aportaron a la cons­trucción de la ciencia y la tecnología nacional. No puedo olvidarme de todos ellos porque son los que nos dicen que pudimos hacerlo, y sin de­pender de créditos ajenos; lo pudimos hacer sin vender el alma, compa­ñeros. Y todo eso nutre esta sigla simbólica que vemos en el firmamento, que es SUR, con la "S" de la Solidaridad por encima de todo, para cons­truir nuestro propio camino hacia una sociedad justa y socialista. Pero para ello es necesario tener presente también la "U" de la Utopía y para realizarla se necesita una gigantesca Unidad, compañeros. ¡Unidad, com­pañeros! Para que todos, sin abandonar nada de su historia y su identi­dad, aporten para mejor resolver los problemas que tenemos por delante y que son infinitos. Por supuesto no me puedo olvidar de la "R" -letra

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final de SUR-, la "R" de Refundación, la "R" de la Reconquista y la "R" de esa Revolución inconclusa que comenzó en mayo de 1810 y se pro­fundizó con el 17 de octubre, las resistencias obreras, el Cordobazo y el 19 y 20 de diciembre... Compañeros: ¡Viva la Patria Profunda! ¡Viva la Argentina Latente, compañeros!

Discurso pronunciado en Casa Suiza, en el cierre de campaña de Proyecto Sur, Buenos Aires, 26 de septiembre de 2007.

Acabemos con la derrota

En las últimas décadas los ciudadanos han soportado fracasos y trai­ciones. Cansados de maltratos, a fines de 2001 salieron a la calle con la consigna "que se vayan todos". Como en el 17 de octubre y el Cordo­bazo, el pueblo se hizo oír. Sin embargo, las asambleas no lograron cons­truir sus propias representaciones políticas y en 2003 se terminó votando al menos malo. Ante la falta de entusiasmo y los interrogantes que genera la elección del 28 de octubre, nuestra decisión de participar ha recibido numerosos apoyos, mientras otros nos plantean sus dudas. Sienten que lo electoral es una trampa y el camino adecuado sería continuar cons­truyendo sólo desde abajo con las organizaciones sociales. Pero la lec­ción que arrojan las luchas y movilizaciones de éstas décadas es que la construcción social sin construcción política nos lleva a un callejón sin salida.

Algunos sostienen que es un error presentarnos ahora por la falta de tiempo y recursos; que sería mejor lanzar nuestro espacio después de los comicios. Pero es en los tiempos electorales cuando se abren los debates. Lo mejor es enemigo de lo bueno: los inicios siempre son confusos, ninguna iniciativa puede crecer si no comienza a andar. No pensamos llegar ahora: se trata de plantar las banderas de nuestra pro­puesta, obtener diputaciones y avanzar hacia 2009 para disputar el go­bierno en 2011. Nuestros objetivos no son solamente electoralistas; pretendemos impulsar con otras fuerzas un movimiento nacional, po­lítico, social y cultural, capaz de realizar los ideales de independencia tantas veces traicionados. Proyecto Sur -donde participan Alcira Ar-gumedo, Julio Raffo, Luis Brunati- nació hace cinco años junto al MO­RENO, con el fin de elaborar una propuesta transformadora. Sumamos nuestros esfuerzos a los de Claudio Lozano y Buenos Aires para Todos; Mario Mazitelli, Jorge Selser y el Partido Socialista Auténtico y lucha-

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dores sociales como Ángel Cadelli y Ana Lorenzo; porque todos hemos venido enfrentando las dictaduras, el neoliberalismo, la injusticia y el saqueo. Ahora insistimos: es tiempo del despertar de una conciencia emancipadora desde el Caribe a la Patagonia.

Quienes temen que al sacarle votos a Cristina Fernández se le hace el juego a la derecha, aunque no comparten todas sus políticas defi­nen a los Kirchner como la opción de centroizquierda. ¿Con qué lupa los ven? ¿Es progresista un gobierno integrado por ex funcionarios de Menem y Duhalde; aliado con los mismos gobernadores, los mis­mos intendentes corruptos del Conurbano Bonaerense y las mismas camarillas sindicales; todos ellos protagonistas del saqueo nacional y la pérdida de los derechos sociales de los trabajadores? Las medidas acertadas del gobierno Kirchner -derechos humanos, Corte Suprema, rechazo al ALCA- no deben hacernos soslayar que mantiene el modelo impositivo de Menem, que el crecimiento económico no significó dis­tribución de la riqueza, que aún hay catorce millones de pobres, indi­gencia, desnutrición y tres millones de chagásicos, que mantiene la Ley de Radiodifusión y la de entidades financieras de Martínez de Hoz vi­gentes desde la dictadura, que no impidió la extranjerización de la tie­rra y de las empresas nacionales, que hizo votar la ley antiterrorista y

[ h a profundizado la entrega del petróleo y la minería. Néstor Kirchner votó la privatización petrolera menemista que le costara a la Nación una pérdida de más de 200.000 millones de dólares. Hoy ha dado luz verde a una reprivatización de los hidrocarburos con la prórroga de las concesiones hasta el 2047, es decir, hasta el agotamiento de las re­servas, cuando pueden ser explotados por la Nación y las provincias conjuntamente. En tiempos en que el petróleo se acaba y es causa de guerras atroces, entregarlo así constituye una traición a la Patria y a la juventud, porque son los recursos de nuestros hijos y nietos,

Lo que perdura en buena parte de los ciudadanos es el temor al cambio: la convalecencia de una cultura de la derrota imperante en los noventa, que nos hizo sentir que la realidad no podía ser cambiada. Suerte de fatalidad enraizada en nuestros sentimientos que debemos vencer, porque existe la posibilidad real de transformar el país. Por es­tas razones creemos que este es el momento propicio para comenzar

a construir una alternativa política. Hoy existe en el país una necesidad, una urgencia y una vacancia política. El espacio nacional, popular y de­mocrático no tiene representación: todos los candidatos mediáticos ex­presan variantes del centro a la derecha. La elección del 28 de octubre no es un simple recambio presidencial sino la profundización del mo­delo neoliberal que, en su esencia, es común a Cristina Fernández y a Lavagna, López Murphy, Sobisch, Rodríguez Saá y Elisa Carrió. Detrás

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de un aparente progresismo, las propuestas de la Coalición Cívica no van más allá de planteos institucionales y ofrece como ministro de Eco­nomía al liberal Prat Gay. Ninguno de ellos cuestiona el modelo agro-minero-exportador de Menem y el despojo de los recursos, ahora profundizado por Kirchner.

Lo nuestro no es meramente testimonial: Proyecto Sur es la única propuesta que demuestra la viabilidad de acabar a corto plazo con la pobreza y el desempleo e impulsar un fuerte desarrollo industrial. ¿Cómo? Volviendo a la gran política de Estado que desde 1907 a 1989 hizo de los hidrocarburos un recurso estratégico y un servicio público] La renta petrolera hoy llega a 16.000 millones de dólares anuales, con lo que es posible alcanzar soberanía alimentaria, acabar con la indi­gencia, la pobreza y el desempleo; reparar a los pueblos originarios res­tituyéndoles sus territorios y sus derechos y posibilitar a la juventud que fue la víctima de los planes de ajuste, su recapacitación e inserción laboral. Además, es preciso reconstruir el Estado, democratizar las ins­tituciones, avanzar con una reforma constitucional que incorpore la democracia participativa y relanzar las grandes industrias del Estado, el plan siderúrgico y el desarrollo científico.

Se trata de reconstruir una ética pública capaz de cuidar aquello que es de todos y reivindicar principios y valores en desuso: solidari­dad, participación, honestidad, amor a la Patria. Necesitamos acabar con la derrota, reconstruir la confianza, volver a encontrarnos quienes compartimos luchas y esperanzas para convencernos de que unidos podemos vencer. El 13 de diciembre se cumplirán cien años del des­cubrimiento del petróleo en el país: Argentina puede nacionalizar el petróleo y el gas si el pueblo se moviliza como lo hicieron los herma­nos bolivianos con Evo Morales, y ninguna petrolera se fue de Bolivia. Queremos convocarlos a esta patriada: hoy existe una línea divisoria entre los que plantean la recuperación del petróleo y los minerales y los que silencian o defienden su entrega.

Página/12, Buenos Aires, 16 de octubre de 2007.

La gloria y el oprobio

Hace cien años se iniciaba en el país una de las grandes osadías de su historia: el descubrimiento del petróleo y la gloria del desarrollo de la primera industria petrolera pública del mundo. Las primeras voces

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escuchadas en 1907 frente al hallazgo fueron detractoras: sostenían que ese petróleo no servía o que siendo un país agrícola y no industrial, el Estado no debía despilfarrar recursos en asuntos petroleros. Era la voz de los trusts que importaban crudo, contestada por un gran de­fensor del servicio público: el ingeniero eléctrico Jorge Newbery. Con Justino Thierry, escribe El petróleo (1910), primer libro sobre los hi­drocarburos argentinos reeditado por la Biblioteca Nacional. Prueban que nuestro crudo no es sulfuroso y aconsejan promover una ley que lo proteja, declarando a Comodoro Rivadavia Reserva Nacional. La investigación de Newbery influye en su amigo, el ingeniero militar Enrique Mosconi que con justicia, ha sido llamado el San Martín del siglo XX. Exitoso organizador de la Fuerza Aérea, Mosconi fue nom­brado por el presidente Alvear en 1922 al frente de una pequeña re­partición: YPF. Sin contar con inversión o apoyo técnico externo, como el Libertador en el Plumerillo, armó su propio ejército de trabajadores, técnicos e ingenieros. Mosconi y su compañero, el general Alonso Bal-drich, se llevaron la gloria de probar que era posible realizar la utopía de construir una gran industria petrolera: en nueve meses procesaron naftas y en dos años inauguraban la destilería de Ensenada. Fue una pa­triada solitaria: para destrabar los créditos del Banco Nación, su amigo Carlos Madariaga y otros, dieron como aval sus bienes personales. La epopeya fue tan exitosa que YPF, promovió el desarrollo de la Patago-nia, construyó miles de kilómetros de rujas, levantó cientos de ciuda-des, escuelas y hospitales, financió represas hidroeléctricas, el plan siderúrgico, aeronáutico y nuclear, investigación científica y técnica y antes de su destrucción, aventajaba técnicamente a Francia, España e Italia y les enviaba catalizadores para las naftas.

La permanente lucha de Mosconi y Baldrich enfrentó los planes de la Standard Oil que, asociada a la oligarquía salteña, impulsaba la provincialización del petróleo. Sabían que para vencer los trusts, los países latinoamericanos debían unirse. Se integran entonces al movi­miento Alianza Continental, y en 1927 Mosconi viaja a Perú y México. Conoce al general Lázaro Cárdenas, le transmite el ejemplo de YPF y convoca a la integración: "Así como la emancipación política del con­tinente se selló con las corrientes libertadoras de Bolívar y San Martín, realicemos nuestra independencia económica por la conjunción de nuestros ideales". Pero su batalla más gloriosa la libró en el país cuando impulsa el debate por la nacionalización: "Es menester acelerar la mar­cha hacia el Junín y Ayacucho económicos (...) terminando el ciclo que se inició en Buenos Aires el 1o de agosto de 1929 en que YPF rompe los trusts, tomando el contralor del mercado del combustible lí­quido". Su prédica da frutos: en 1936 Cárdenas nacionaliza el petró-

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leo; diez años después, en Brasil, el general Huber Barboza crea Pe-trobras y el general Perón Gas del Estado. La Constitución de 1949, en su artículo 40, fijaba: "Los minerales y caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón y gas (...) son propiedades inalienables e impres­criptibles de la Nación". Desde el conservador Figueroa Alcorta, los radicales Alvear e Yrigoyen, hasta Perón, Illía y Alfonsín, se construyó una gran política de Estado: los hidrocarburos eran un recurso estra­tégico al servicio de toda la Nación.

El oprobio antinacional comienza el 6 de septiembre de 1930, con el golpe militar del general salteño Uriburu, que viene a impedir el proceso de nacionalización. Dos días después, Mosconi y Baldrich fueron detenidos en la calle acusados de defraudación y de favorecer la infiltración comunista, por el acuerdo con la sociedad soviética Iu-yamtorg que nos vendía crudo a mitad de precio. El peligro real era YPF: administrada por Mosconi, en siete años había multiplicado cuatrocientas veces su capital. El legado del ejército de San Martín, Mosconi, Baldrich, Savio y Perón sería enfrentado por el ejército oli­gárquico y represor de los Uriburu, Aramburu, Onganía, Videla y Gal-tieri que, alentados por las petroleras, iniciaron el descuartizamiento de YPF. En los años noventa Menem lanza las privatizaciones y la provincialización del petróleo y la minería, que va a significarle al país una pérdida mayor que el total de la deuda externa. .El oprobio del menemato es profundizado por Kirchner al transferir los yacimientos a las provincias; otorgar mayores beneficios a las petroleras; entregar la rica plataforma marítima, única área no concesionada, y dar luz verde a la compra del 25% de YPF-Repsol, apareciendo como com­prador el banquero privado que administra los fondos de Santa Cruz, cuando puede comprarlo la Nación. Los agradecidos gobernadores Das Neves, Cobos, Romero, Feller, Saiz, Peralta o Sobisch están pro­rrogando las concesiones de Menem hasta el 2047, incluido Cerro Dra­gón. Son reservas valuadas en U$S 140.000 millones que pertenecen a la generación de nuestros hijos.

Mientras el mundo entero disputa el petróleo y se asiste a guerras atroces, la clase dirigente argentina elude el debate y lo entrega. Mos­coni decía en la Universidad de México: "En torno del petróleo se han entablado las más tenaces luchas, métodos de posesión y dominio, to­rrentes de oro destinados a obtener la infidelidad, el soborno y la alta traición de los encargados de custodiarlo; vemos a capitalistas, políti­cos, funcionarios y ministros, produciendo esta interminable serie de inmoralidades (...) es regla la conocida divisa 'dividir para reinar'". Cuando la conciencia continental se moviliza y el 70% de nuestro país desea la nacionalización, no hay ninguna razón para no hacerlo. No

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debe perderse esta excepcional coyuntura: es hora de unirnos para re­cuperar una riqueza imprescindible capaz de terminar con la pobreza y permitirnos realizar las legítimas aspiraciones del pueblo argentino.

Página/12, Buenos Aires, 13 de diciembre de 2007.

Descuartizando a Perón

El acuerdo de Néstor Kirchner con Roberto Lavagna y su decisión de presidir el Partido Justicialista es un acto que clarifica el escenario político. La táctica del pejotismo es dividirse antes de las contiendas electorales y dirimir sus internas en elecciones nacionales -1985, 2003 y 2007- para después juntarse de nuevo. Otro tanto le está pasando a la UCR en su afán de reconstruirse. Esta vez Kirchner vuelve a estre­char filas con el mentor de su plan económico y sus viejos compañeros Duhalde, Caamaño, Barrionuevo, Romero, Porta, De la Sota, Rodrí­guez Saá y Menem. Que nadie se asombre: el acuerdo de Kirchner con Menem en el 2005 habilitándolo para asumir como senador, significó encajonar sus causas penales y el desplazamiento del ministro Beliz que investigaba sus cuentas en Suiza. ¿Quién presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado?: la senadora Cristina Kirchner. ¿Para qué se unen tantos dirigentes: para profundizar un proceso li­berador, democratizar la democracia, recuperar la soberanía, el petró­leo, la participación popular, o reconstruir las industrias del Estado? No. Porque no los une la pasión nacional y social de Perón y Evita, sino el poder para sí, servir al sistema o enriquecerse. El pejota es la gran central de negocios donde la traición y los business reemplazaron la ética de la política.

Hoy vuelven a juntarse en un PJ que ratifica su pertenencia a la In­ternacional Social Cristiana que preside Vicente Fox y están Aznar y Felipe Calderón. Un PJ donde conviven honestos con delincuentes y coimeros, peronistas auténticos con vendepatrias, pro yanquis, neoli­berales, terratenientes, dueños de radios y canales. Gobernadores que reparten concesiones mineras y tierras públicas entre sus amigos y avalan la extranjerización de millones de hectáreas. Son los mismos que en los años noventa remataron el petróleo y vaciaron el patrimo­nio público, iniciando ese modelo que terminó en un genocidio so­cial: más de 30.000 muertos en 2001 y 2002 por desnutrición o enfermedades curables.

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Lo que divide la política nacional es el modelo neoliberal profun­dizado por Menem y no las disputas entre dirigentes; un modelo que hoy continúa con matices propios: la entrega del petróleo y la minería, los subsidios a las privatizadas y las corporaciones, la polarización de la riqueza. En la Reforma de 1994, en vez de reponer el artículo 40 de la Constitución de 1949 -"Los minerales y caídas de agua, los yaci­mientos de petróleo, carbón y gas (...) son propiedades inalienables e imprescriptibles de la Nación"- los justicialistas con Néstor y Cris­tina Kirchner votaron su negación y derrumbaron la secular política de Estado que ponía los recursos estratégicos al servicio de la Nación: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio" (artículo 124). De Menem a los Kirchner, esas riquezas benefician a las multinacionales y a funcionarios que hacen negocios privados con bienes públicos. ¿No es un ejemplo mayor la falsa "argentinización" de YPF-Repsol a manos del banquero privado de Santa Cruz? Mientras tanto siguen llevando petróleo y me­tales sin control público: un saqueo de más de U$S 20.000 millones anuales consentido tanto por Menem como por los Kirchner. La impu­nidad es total: son las empresas quienes dicen lo que se llevan mientras la dirigencia argentina lo permite y lo silencia. Elisa Carrió, Lavagna, Al-fonsín, ninguno discute las cuestiones estratégicas como la prórroga hasta el 2047 de las viejas concesiones de Menem que posibilitó Kirch­ner con el traspaso de todos los yacimientos a las provincias.

El descuartizamiento del proyecto de Perón no es nuevo, hace dé­cadas que lo vienen haciendo. En su mensaje sobre el Proyecto Argen­tino en el Congreso -1/5/74- Perón planteaba realizar una revolución en paz y ratificaba la propiedad sobre los recursos naturales. Ocho se­manas después, moría en circunstancias misteriosas que no se quisieron investigar. A pesar de estar delicado de salud no había unidad de emer­gencia en la residencia presidencial: ¿Lo dejaron morir o lo envenena­ron como a Joao Goulart? Entre quienes lo rodeaban estaba López Rega. Meses después llegaba el rodrigazo que anunciaba el plan de Mar­tínez de Hoz. La trágica saga continuó: golpeados por la derrota o com­prados por el cañonazo de los millones de las privatizaciones, las conducciones pejotistas enterraron las cenizas del proyecto de Perón. Antonio Cañero, justificando el travestismo, diría: "la traición es inhe­rente a la acción política".

Es hora de invertir nuestros esfuerzos en el rescate y reconstrucción del movimiento nacional ante la extraordinaria etapa de la historia continental que nos toca vivir. Quienes tuvimos la honra de tratar y aprender con Perón, Scalabrini, Jauretche, Cooke, sabemos que no hay misión más urgente para los compañeros peronistas que unirnos con

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todos los patriotas y militantes políticos y sociales, para realizar la re­volución nacional inconclusa. Dejemos vanas ilusiones, tengamos gran­deza y honremos lo que Perón nos decía al despedirse el 12/6/74: "Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. La unidad que propusimos fue para con­cretar la liberación nacional y no para darles coraje a los enemigos del pueblo. Esa unidad era y es para que el pueblo pueda hacer su volun­tad sin obstáculos".

Página/12, Buenos Aires, 11 de febrero de 2008.

"Hoy Perón sería Trotsky"

—¿No pensó en hacer una película sobre los Kirchner? -No se me ocurrió. Podríamos llamarla La Santa Alianza. Hace

cuarenta o cincuenta años que vienen remando juntos. Por un lado es encomiable, meritorio. Por otro, seguramente ha de ser conflictivo. Le han hecho mucho daño al peronismo.

—A ver... -En sus justas palabras: se dicen peronistas, pero las ideas neode-

sarrollistas o neoconservadoras de los Kirchner poco tienen que ver con el pensamiento nacionalista democrático de Perón. Pensar que las tres primeras medidas que tomó Perón fueron nacionalizar el Banco Central, los depósitos bancarios y el comercio exterior. Arrancó así. Hoy Perón sería Trotsky.

-¿No será mucho? -Las medidas de Perón fueron tan contundentes que hoy en la Ar­

gentina serían de extrema izquierda. -¿Es decir que Kirchner no se parece en nada a Perón? -Perón le diría a Kirchner que sea obediente, que se encuadre. El

arte de Perón fue conducir un movimiento tan heterogéneo. Kirchner hace políticas que están sostenidas en los beneficios extraordinarios que les dan a los grandes grupos económicos en su alianza con el sec­tor exportador como las petroleras y las mineras. No ha seguido para nada el mandato peronista.

-¿No le envidia a Kirchner su habilidad para construir poder? -Sería necio no reconocerle condiciones al matrimonio Kirchner.

Son tan excepcionales que van por el segundo mandato. El Flaco, el se­ñor Néstor, como buen pejotista es temible para tenerlo enfrente, como

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enemigo político, por la cantidad de astucias, de trampas y de cosas que te puede llegar a hacer. Son temibles.

-¿Es posible construir una fuerza mayoritaria? -Yo fundé y construí el Frente Grande. Me expulsaron para aliarse

en torno a la nada. La historia marca que no me he apartado. Atención: a los que hablan de fuerza minoritaria les digo que en el 94 obtuve casi un millón de votos en la provincia. Y en 2007 hasta los analistas que no son de izquierda reconocieron que hicimos una elección estupenda. En cincuenta días de campaña fuimos quintos. Demostramos que se puede hacer política sin billetera.

—Pensar que dicen que usted como político es un excelente ci­neasta. ..

-Acá estamos en la de siempre. En general, la política y el con­junto de los medios, la verdad, me toma a la chacota.

—¿A la chacota? -Sí, a la chacota. Hablan del cineasta, de qué excelente cineasta.

Pocos dirigentes han estudiado tanto y tienen una propuesta tan seria como la nuestra. Hace cincuenta y cinco años que estudio el país y soy uno de los pocos dirigentes de mi generación que puede resistir un ar­chivo. No quieren admitir que está naciendo una fuerza con figuras re-ferenciales que se caracterizan por la coherencia y por haber recorrido y estudiado el país.

-Del 83 hasta hoy, ¿quién fue el presidente más peronista? -Ninguno. Auténticamente peronista, ninguno. El pueblo argen­

tino, tan castigado, se ha refugiado en la resignación. De Alfonsín a Kirchner siempre ha habido política del chantaje. Se chantejeó con los fantasmas más temidos y dolorosos. Alfonsín era el terror a los milita­res. Vino Menem y dijo miren la hiperinflación. La gente decía roba pero hace. Nadie quería oír nada. Kirchner ha chantajeado con la cues­tión del campo. Venían los comandos civiles. Pero se le votó en contra y no vino nadie.

Entrevista de Santiago Fioriti. Clarín, Buenos Aires, 31 de enero de 2009.

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XV. Transporte, industria y desarrollo científico

Si algo resulta atractivo en las propuestas de "Pino" Solanas es su preocupación por el desarrollo científico y cultural del país. Ello se refleja en la tercera película de su fresco de la Argentina actual: Ar­gentina latente. Allí rescata todos los grandes esfuerzos con los cua­les se construyó lo más avanzado de las técnicas y la ciencia nacional. Con testimonios de técnicos, ingenieros, físicos, investigadores so­ciales, la película refleja también los desarrollos actuales, como los del Instituto Balseiro e INVAP (sociedad del Estado, de la provincia de Río Negro).

Aventurarse en el mundo de la ciencia y la técnica nacional lo llevó a chocar con la dura realidad de los escasos presupuestos y recursos con que cuentan los científicos y técnicos argentinos, lo que en mu­chos casos explica la "fuga permanente de cerebros". Sin embargo, pudo detectar detrás de estas dificultades todos los saberes y capaci­dades que se habían desarrollado y se desarrollaban en el país, lo que constituía, en efecto, una Argentina latente por la cual luchar.

Tras la presentación de la película, Solanas despertó el interés de aquellos protagonistas y de estudiantes que se sintieron homenajeados e incentivados a continuar el camino científico y técnico del país. Ello explica las numerosas invitaciones que recibió para presentar el film en facultades e institutos de diferentes provincias, como sucedió en la Fa­cultad de Ciencias Físico-Matemáticas -FAMAF- de la Universidad Na­cional de Córdoba, el 5 de junio de 2007.

En otra sintonía, a inicios de 2008, trascendió la noticia de que el gobierno nacional estaba negociando un contrato de construcción de un Tren de Alta Velocidad en el país. El trascendido fue tomado con preocupación por Solanas, quien se encontraba entonces preparando el cuarto film de su saga documental: La próxima estación: historia y reconstrucción de los ferrocarriles.

Con varios estudios disponibles y habiendo escuchado la propuesta de especialistas en transporte e ingenieros ferroviarios, Proyecto Sur impulsó como respuesta alternativa al Tren Bala, el movimiento Tren Para Todos.

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Se impulsaron encuentros y actos en el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires y ante más de quinientas personas, Solanas hizo pú­blica la propuesta. Lo acompañaron los ingenieros Elido Veschi, Nor-berto Rosendo, Jorge Contestí, y los trabajadores ferroviarios Edgardo Reynoso -delegado de TBA-, Rubén Duarte y Dante Miranda -del Movimiento Nacional Ferroviario-. A poco de iniciarse la campaña, gracias a la creación del sitio en Internet www.trenparatodos.com.ar, se juntaron centenares de miles de firmas.

Meses más tarde, junto al avance de la crisis financiera interna­cional, el proyecto oficial se estancó, por no conseguir el financia-miento necesario para comenzar las obras. Sin embargo, el proyecto del Tren Para Todos continúa con el impulso del estreno de la película de Solanas, La próxima estación -el 4 de septiembre de 2008-, que en sólo tres meses logró más de 70.000 espectadores en todo el país.

El llamado a construir un Tren Para Todos se extendió luego a la necesidad de construir un Transporte Para Todos. Los conflictos en las compañías aéreas privatizadas, Aerolíneas Argentinas y Austral, des­nudan el extraordinario saqueo que realizaron los operadores priva­dos españoles, en especial su último controlador, el Grupo Marsans. Ante esto, Solanas llamó a detener la estafa, denunciar y enjuiciar a los empresarios, y crear un proyecto integral del transporte argentino que incluya la reconstrucción de la flota marítima y fluvial y la indus­tria aeronáutica con una perspectiva de integración latinoamericana.

Se puede transformar la Argentina

Buenas tardes. Mis disculpas por el retraso. Algo le pasó a mi querido amigo Sergio Tagle, que no pudo pasar a buscarme a la hora programada; pero él es el culpable de esta extraordinaria recepción, así que le estoy infinitamente agradecido, como también a todas las autoridades y muchachos de esta casa que me permiten este privile­gio de poder conversar y aportar nuestros puntos de vista en víspe­ras del estreno de esta, mi última película. Argentina latente intenta correr el injusto velo de olvido a uno de los patrimonios más ricos que desarrolló la Argentina a lo largo de su historia. Ese patrimonio con­siste en lo que fueron aportando miles de artesanos y técnicos, miles de ingenieros de todas las especialidades, y miles de científicos, in­vestigadores, biólogos, médicos, técnicos, físicos, matemáticos, etcé­tera, etcétera.

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Lo más curioso del caso es que a mí se me ocurrió hacer esta pelí­cula al constatar el vacío informativo que había sobre esta materia. En otros países es orgullo nacional, es una fiesta nacional, celebrar los lo­gros espectaculares de su tecnología y de su ciencia. Andando por los caminos de la patria descubrí que modestos ciudadanos, incluso fun­cionarios y profesionales, no tenían ninguna idea de quién había cons­truido ese puente espectacular, o aquella represa hidroeléctrica: ¿Quién la concibió? ¿Quién la proyectó? ¿Quién estuvo al frente de su cons­trucción? ¿Y estos aviones, que parece que eran buenos? Y no estoy hablando de hace muchísimos años... Hace muy poco tiempo, a co­mienzos de los años noventa, el avión de entrenamiento Pampa com­pitió en dos licitaciones internacionales con los mejores aviones del mundo. Pero no encontré a nadie que supiera quién había concebido y dirigido ese proyecto, como tampoco en otras disciplinas de la ciencia.

Lo más escandaloso es que hace dos o tres meses se inauguró en Australia otra "tontería" argentina... un reactor de alta sofisticación, un reactor nuclear para investigaciones científicas. Es decir, un súper re­actor, mucho más sofisticado y refinado que cualquiera de los simples reactores de generación eléctrica. Allí trabajaron durante cuatro años ochenta o noventa ingenieros y físicos nucleares argentinos. Ese reac­tor fue ganado, por licitación, a las mejores empresas de construcción atómica del mundo: la General Atomic de Estados Unidos, la Siemens, la empresa francesa que construye submarinos nucleares, etcétera. Na­die sabía quiénes lo habían construido. Entonces, no es solamente un dato menor... Es un dato escandaloso. Debe provocarnos dolor ver hasta qué punto el sistema informativo argentino ha producido seme­jante vaciamiento, semejante olvido. Argentina tendría que haber cele­brado como una fiesta nacional la inauguración del reactor en Australia. No nos hubiera extrañado que hubieran partido varios chárters con cientos de argentinos, y que el canal público de televisión hubiera trans­mitido en cadena la inauguración. Pero fue una noticia más, como si producir semejante complejidad fuera un tema menor y cotidiano.

En consecuencia, esta película trata de paliar esa injusticia, y tam­bién luchar contra el hecho de que buena parte de los argentinos sien­ten que somos un país pobre, que no tenemos nada porque lo perdimos todo, y que no tenemos capacidades para la ciencia y la técnica. Lo que sí todos recuerdan es que miles de argentinos profesionales e in­vestigadores han ido abandonando el país, quebrando familias, porque parece claro que el país no ofrece un destino para los jóvenes investi­gadores, para los jóvenes con vocación científica.

Sin embargo, resulta obvio que la Argentina es uno de los territo­rios y naciones más ricos del mundo. No encontré nadie que supiera

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que Argentina es la sexta reserva metalífera del planeta. No es solo uno de los cinco países exportadores de granos... es la sexta reserva de me­tales. Por supuesto, todas estas noticias están bien silenciadas, y hay que buscarlas con lupa en los diarios. Un país riquísimo, que produce una gran riqueza, pero que se va al extranjero, y aún hoy no nos queda nada de esta riqueza; y, por supuesto, las empresas de servicios públi­cos que fueron privatizadas así como las de petróleo y gas siguen es­tando en manos extranjeras, porque no hay una decisión en contrario. Casi todos los bienes públicos fueron dados en concesión, y las con­cesiones tienen un límite de tiempo, y pueden ser revocadas por el no cumplimiento de las cláusulas contractuales. ¿Me entienden?

Tal es el caso del petróleo. Las corporaciones petroleras estaban obligadas a perforar nuevos pozos para reponer las reservas que se iban chupando. Esto no lo hicieron, y ningún gobierno fue capaz de obli­garlas a cumplir con la ley. ¿Me entienden? Porque todo tiene razones. Cuando no hay razones y el sistema mediático no da razón a ninguno de los hechos, ni explica las causas, terminamos creyendo que este es un país maldito. Hemos vivido con gobiernos que permitieron basu-rear los compromisos contraídos con la Nación, y por supuesto, tam­bién con la Constitución. Más de la mitad de las concesiones petroleras violan la Ley Nacional de Hidrocarburos N° 17.319, que está vigente. Esta ley dice que ningún concesionario puede tener más de cinco áreas de explotación. Repsol tiene sesenta y tantas, Petrobras veintiocho, Pluspetrol catorce o quince... Los años noventa dejaron un racimo de complicidades con el saqueo de los recursos naturales del país. Es algo que no se ha revertido, mal que le pese a muchos compañeros y mu­chos amigos cuyas esperanzas son tan grandes que les impiden ver los hechos de la realidad.

Yo no he perdido las esperanzas, pero soy testigo de cincuenta años de la vida política nacional, y a lo largo de este medio siglo he constatado una tendencia, que yo no llamaría una cualidad, a una li­mitación de los espíritus argentinos, que con mucha facilidad depo­sitan toda su fe y esperanza, apasionada y militante, y luego le cuesta mucho ver los desvíos, o la simple traición de los puntos de partida. Yo tenía 20 años cuando fui testigo de la gran campaña por "Frondizi presidente" para impedir el continuismo del golpe gorila... Recorde­mos que la revolución libertadora a los pocos meses pasó a fusil a quince o veinte argentinos. Incluso cometió el abuso de fusilar a dos dignos generales encarcelados como presos comunes en la Peniten­ciaría de Buenos Aires. Venía de bombardear la Plaza de Mayo un mediodía, el 16 de junio de 1955. Entonces, en aquellos años de opo­sición a ese régimen que había confinado a cuatro mil dirigentes sin-

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dicales y sociales en Ushuaia, y a otros tantos en la Patagonia, llegó Frondizi con un proyecto de nacionalismo económico y para acabar con las leyes del régimen gorila. Pero a los cuarenta y cinco, lejos de hacer esto, ascendió a general del ejército a Aramburu, y a almirante a Rojas. Y se puso a negociar contratos, cesiones y concesiones pe-troleras. En aquel momento yo tenía 23 años y era secretario privado del presidente de Gas del Estado, un verdadero talento, un ingeniero argentino, que en el año 46 fue nombrado como primer presidente de Gas del Estado, y que le dijo a Perón: "General, yo me hago respon­sable de traer el gas desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Será el gasoducto más grande o más largo del mundo. Yo me hago res­ponsable de esto". "¿Y cómo lo financiamos?", le preguntó Perón. "Lo vamos a financiar con lo que produce la empresa."

Ese ingeniero era Julio V. Canessa, que en el año 48 inauguró el gá-soducto más largo del mundo. Canessa se había formado en la YPF de los generales Mosconi y Baldrich, en los años veinte. Alguien que ha­cía de la ética, de la defensa de la ética pública, de la ética de la Nación, la bandera mayor. Discutía hasta el precio de una silla, cuando hubo que comprar sillas. Bueno, la YPF de Mosconi no entregaba un lápiz jiuevo si no ledevolvías el cabo del lápiz usado. El patrimonio público, el capital de la sociedad, es más sagrado que el capital individual. Es-tos conceptos se aplicaban entonces. Bueno, yo fui testigo de cómo se traicionaron las esperanzas del año 58, cómo Frondizi fue hacia otro lado, y ocho meses después estaba Alvaro Alzogaray como ministro de Economía y por supuesto "nos tiraron desde el balcón"... y con Ca­nessa nos fuimos a casa. Desde entonces he estado ligado al tema de la energía. Eso hizo que en los años noventa, cuando fui elegido dipu­tado nacional, o incluso antes, cuando se empezó a rumorear en el año 90 que venía la privatización de YPF, fui de los primeros que salió a atacar a Menem por esa privatización. "No, no van a privatizar nada", decían los compañeros. "¿Cómo se te ocurre que van a vender YPF?" "Van a privatizar algunas empresas burocráticas." "No seas ansioso, deja que se tome su tiempo..." Lo llamaban el tigre de los llanos... pero en verdad no era un "tigre" sino una "comadreja de los llanos", por su capacidad destructiva. Pero yo no podía aceptar la Reforma del Es­tado. Todos los dirigentes que la aceptaron deberían ser juzgados por traidores a la patria: el Congreso le delegaba al Poder Ejecutivo, con­tra lo que dice la Constitución Nacional, la facultad de vender todo el patrimonio público, sin balance ni inventario. No existe en la historia nacional un abuso semejante.

A los dos meses de asumir Menem, toda la dirigencia, e incluso los compañeros más combativos, decían: "es un juego táctico", "no es tan

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así", "deja correr el tiempo". Bueno, igual pasó con Alfonsín. Cuando en abril del 85, en Plaza de Mayo, mandó a su militancia a casa, porque entrábamos en la economía de guerra. Y se caía el plan económico de Grinspun, un gran ministro de Economía que cuestionaba la deuda ex­terna que había dejado la dictadura, porque era una canallada, una es­tafa monumental: de esos 42.000 millones de deuda externa, 26.000 eran de deuda privada de las corporaciones y multinacionales, de la cual no había constancia en ningún banco, ni en el Banco Central. Ha­bía sido la estafa de la bicicleta financiera; las empresas se hacían dar créditos en el extranjero, sacaban el dinero, luego entraba al país y vol­vía como aval de nuevos créditos... Esto está contado en mi película Memoria del saqueo. Esa deuda privada la reconoce el gobierno de Al­fonsín en el año 85, cuando Machinea, el "joven y brillante" Machinea se hace cargo del Banco Central y por primera vez reconoce la deuda externa, otorgando pagarés del Banco Central, ya que no había ni un registro de la existencia de esa deuda. Por supuesto, también se le dijo a las militancias "estos son juegos tácticos, tené confianza, hay que apo­yar al gobierno, la crisis siempre es muy honda..." El principal argu­mento fue siempre "estamos en una crisis monumental"... Ese fue el principal argumento del Plan Prebisch en el 56, fue el principal argu­mento de Frondizi en el 58. Grinspun fue despedido por Alfonsín, y vino Sourrouille con el Plan Austral. Y dos años después vinieron las leyes de impunidad al terrorismo de Estado. Luego con Menem pasó otro tanto.

En consecuencia, queridos amigos, y veo muchos jóvenes, que es lo que más me interesa, quiero resaltar que existe un conjunto de prin­cipios y de normas fundantes de una nación democrática. Puede haber proyectos de otro signo, pero en el marco de una nación que retoma las tradiciones latinoamericanistas y emancipadoras de la causa de Mayo, de San Martín, de Bolívar, de Artigas, hay un conjunto de principios fundantes, que a quien sea que venga y no los respete hay que decirle "No". Lo que no significa negar todas las cosas buenas que ese gober­nante pudo estar haciendo... Digo que en estos cincuenta años he sido testigo activo de esta porción de la historia Argentina. Y les digo: "va­cúnense contra las pasiones desenfrenadas que impiden ver la violación de algunos de esos principios fundantes de un país democrático e in­dependiente". En el año 89 se votó la Ley de Reforma del Estado, y en el 90 se empezó a vender todo. Y en el 91 estaban todos tan desarma­dos que fueron testigos mudos de la gran estafa de la privatización de las dos primeras empresas del país: YPF y Gas del Estado. En el Con­greso llegaron a votar diputados "truchos", lo que salió en los diarios. Se interpusieron recursos de amparo, pero como lo primero que hizo

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Menem fue privatizar los medios de comunicación tras pactar con los grupos mediáticos, a los que les dijo: "apoyen mi plan privatista y les entrego el canal por casi nada", esos amparos no tuvieron difusión. Me­nem también multiplicó los jueces de la Corte Suprema, nombrando jueces amigos, y multiplicó las cámaras federales. En consecuencia, toda denuncia contra los graves delitos federales que se cometieron, era encajonada.

Y vuelvo a Córdoba. Córdoba, la madre de la industria metalme-cánica argentina. Desde esta Córdoba surgió el polo industrial, tecno­lógico y científico que habría de desarrollar las industrias nacionales de punta, pioneras de esta epopeya. Fue el brigadier De la Colina con la Fábrica Militar de Aviones, quien en 1930, construyó con diseño pro-pio el primer prototipo diseñado y fabricado enteramente en el país. Entre los años 45 y 47 construyeron doscientos aviones de entrena­miento; y ahí le toca el turno al ingeniero brigadier Juan Ignacio San Martín, que despieza el avión ya construido "DL" y le dice a Perón: "Yo voy a intentar construirlos en Córdoba, hacen falta doscientos... pero déjeme intentarlo". No se podían importar aviones de entrena­miento, acababa la guerra, nadie te vendía un avión. Entonces desarmó el avión, y en un gran hangar colocó todas las piezas. Llamó a los tres­cientos talleristas y pequeños industriales de Córdoba, y les dijo: "Se­ñores, tengo que construir doscientos aviones, ¿quién se anima?" Fue un día entero de deliberaciones y recorridas, pero después se constru­yeron los doscientos aviones.

Nadie puede imaginarse cómo fue posible que, un año después, de esa fábrica estuviera saliendo el primer avión a reacción del hemisferio Sur, el Pulqui 1. Octavo país en el mundo. ¡Con qué velocidad! Hoy nos cuesta creer que en el año 50 Argentina había construido un caza bom­bardero que competía en calidad con el mejor avión norteamericano y el mejor avión ruso, el Sabre 86 y el Mig 15: era el Pulqui 2. Por su­puesto los odios y las presiones internacionales fueron tan grandes para impedir el desarrollo nacional, que en el año 56, cuando hubo que com­prar aviones de combate, la famosa Revolución Libertadora compró los Gloster Meteor ingleses, infinitamente inferiores al Pulqui 2. Ese dinero que tendría que haber alimentado la fábrica, para construir veinticuatro o treinta y seis aviones, fue a parar a los ingleses.

Alguno se preguntará: "¿Pero tan importante es la fábrica militar de aviones?" Bueno, las industrias de armamentos en la Argentina te­nían como fin servir a la defensa nacional, sobre todo en un momento en que nacía un gran proyecto nacional que aspiraba a ayudar a la pa­tria grande, e independizarse de los poderes económicos. Mirándolo desde adentro, estos proyectos permitieron la acumulación de una

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masa descomunal de materia gris. En la fábrica militar de aviones tra­bajaban 10.000 técnicos e ingenieros de todas las especialidades, desde la metalurgia a combustibles, electrónica, aleaciones, etcétera. Bueno este gran canalla de Menem terminó de romper el plan aeronáutico ar­gentino, entregando gratis la fábrica al primer consorcio armamentista del mundo, la Lockheed-Martin. Es más: nosotros les pagamos a ellos para que mantengan nuestros aviones. Lo cuenta muy bien en la película el comodoro Alfredo Aguirre, que está acá con nosotros. Esa fábrica se entregó a cambio de nada. A la Lockheed-Martin se le entregaron incluso las patentes de todos los aviones nacionales. Yo pregunto: "Pero, ¿el Pampa es de la Lockheed-Martin?". "Y, si". ¿Hasta qué punto este gigantesco traidor a la patria que hoy es senador de la Nación -y que me avergüenza hasta el vómito-, hasta qué punto ese Congreso, ese Senado, es una cloaca nacional?

Pero no fue solamente eso, sino que el proyecto Embraer, un pro­yecto brasileño, se lo abandonó. Voy a hacer un poco de historia: Ar­gentina aventajaba a Brasil, no solamente en petróleo, sino también en aviación. Le sacaba muchos cuerpos de ventaja. Cuando en los años cincuenta Argentina había construido el Pulqui, y en los ochenta el

i Pampa, los brasileños solo habían llegado a un avioncito turbohélice que se llamaba Tucano. Brasil le propone a Argentina producir un

) avión de pasajeros de manera conjunta. Fue el llamado proyecto Em­braer. El gobierno de Alfonsín entró, e hizo un aporte de 40 a 50 mi­llones de dólares. Construyen un primer prototipo del Embraer y no fue satisfactorio. Hay que hacer una nueva inversión para continuar. Hay que colocar otros 50 millones de dólares. Menem dice: "No, no vamos a gastar tanta plata", a pesar de que pagó por su avión presidencial, el Tango 1, 58 millones de dólares. Hoy la fábrica Embrear, en Brasil, es líder mundial en fabricación de aviones de pasajeros, hasta cien pasa­jeros. Encontrás aviones Embraer en la compañía Alitalia, en la Luf-thansa, en la compañía Suiza, en Copa, en Continental, y en veinte o treinta compañías internacionales más. El proyecto Embraer le da a Brasil más beneficios que toda la exportación de café.

Lo que vivimos en los años noventa fue la destrucción de las po­tencialidades industriales y científico-técnicas argentinas. Fue la época en que Cavallo mandó a los científicos a lavar platos. Que un súper mi­nistro de Economía diga eso, debería ser una conmoción nacional, por­que manifiesta una ignorancia que no tiene nombre. La comunidad internacional está entrando en la sociedad del conocimiento, donde el recurso científico-técnico es el más buscado, y los señores Menem y Ca­vallo, sin ninguna inocencia o ignorancia, argumentaban que era más barato importar ciencia y tecnología. Claro, esto era funcional a retro-

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traernos a un país primario, solo productor de materias primas, para agonía de la industria nacional. Piensen que la aventura neoliberal, pro­movida por planes minuciosamente estudiados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, termina en la catástrofe de 2001, en la cual el 70% de las grandes empresas argentinas pasaron a manos extranjeras.

¿Cuál es la importancia de esto? Cuando una empresa es extran­jera, no produce tecnología en el país. La importa. La tiene hecha y la trae. Las automotrices internacionales no son industria nacional, son armadoras instaladas en el país. Producen algunas partes de sus re­puestos, pero la inteligencia y la ingeniería, no es nacional. Esto es gra­vísimo. ¿Por qué? Porque así tiraron a la basura a la masa de miles y decenas de miles de científicos, ingenieros e investigadores, o les dije-ron: "Hagan las valijas y vayanse. No hay trabajo para ustedes".

Algún despistado o malintencionado puede creer que las empresas del Estado se defienden solo por una cuestión ideológica: las empresas del Estado son los bastiones de la tecnología nacional. Junto a cientos de pequeñas y medianas empresas y fábricas subsidiarias aseguraban una investigación genuinamente nacional. Les encargaban a técnicos e ingenieros argentinos la producción de piezas, máquinas, herra­mientas, y complejos industriales. Cuando esto se acaba, el destino que le queda a un país, es decirle a sus hijos: "Chicos, el país está maldito, hagan las valijas y vayanse, no hay trabajo, no hay desarrollo de la cien­cia y la tecnología". En los años noventa, junto a otros éxodos por mal­tratos, persecuciones al sector científico-técnico y bajos presupuestos, se produjo una de las mayores fugas de cerebros argentinos hacia fuera. Hoy 50.000 profesionales e investigadores de lo mejor del país están trabajando en el extranjero. Lo cual representa una desinversión colo­sal, porque toda esa capacitación nos ha costado muchísimo dinero. Y se lo regalamos a los del Norte, sin que les haya costado nada.

En consecuencia, el compromiso de desarrollar la industria tiene que ver con la necesidad de reasegurar trabajo genuino en todas las es­pecialidades, para que el país alcance grados de independencia y so­beranía nacional. Las empresas del Estado eran el motor de la tecnología nacional. YPF, Gas del Estado, y los treinta y siete talleres-fábrica ferroviarios donde se fabricaban locomotoras diesel a vapor y todo tipo de vagones, estaban, al mismo tiempo, alimentados por cien­tos de pequeñas fábricas.

En consecuencia, hemos vivido en los años noventa un plan minu­ciosamente estudiado de desindustrialización del país. Y cuando digo minuciosamente estudiado, es porque está en el discurso y las posiciones del Departamento de Estado de los años setenta, y de la Comisión Tri-lateral, formada por Estados Unidos, Europa y Japón. En esos docu-

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mentos planteaban que era necesario para el mejor desarrollo de "su" mundo, desindustrializar Chile y Argentina, para que fueran países pro­veedores de materias primas y alimentos, y que el polo industrial del Cono Sur debía ser Brasil. Eso está en los documentos de la Trilateral, y en los planteos de Henry Kissinger para América latina. Quebraron la Ar­gentina en sus grandes estructuras estratégicas, pero esto no quiere de­cir que se haya perdido todo. Bastaría un simple decreto, para tirar abajo los tres decretos que firmó Menem para privatizar y desregular la activi­dad petrolera en Argentina. No sé si se entiende. Yo se lo dije al presi­dente Kirchner cuando lo visité con Hebe de Bonafini: "presidente, no la hagamos tan complicada... con un decreto, usted baja los tres decre­tos desreguladores de Menem, que fueron un atentado a ochenta y dos años de política de Estado en defensa del petróleo que fue consensuada entre todas las fuerzas del país".

Ustedes saben que el petróleo se descubrió en 1907. Gobernaba el conservador Figueroa Alcorta, que al saber que había petróleo dice "todo eso le pertenece ahora a la Nación". Desde entonces hasta Me­nem, pasando por gobiernos de todas las fuerzas políticas y militares, todos acataron esa gran política de Estado, que consistía en "el com­bustible es un servicio público, los hidrocarburos son un bien estraté­gico y no renovable". A lo que nosotros le agregamos: la energía es un bien social, y un derecho humano. Pero todo eso puede recuperarse con voluntad política. Ustedes se preguntarán: ¿Qué tiene que ver esto

con la ciencia y la técnica? En los años setenta, los laboratorios de YPF en Florencio Várela eran tan avanzados que le vendían a Francia y a Italia catalizadores para sacarle el plomo a las naftas. YPF fue la pri­mera petrolera estatal de Occidente. Desde 1923, se desarrollaron en ella investigaciones extraordinarias, y había ingeniería en petróleo. Cuando llega Menem, en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires se suprime la carrera Ingeniería en Petróleo, la Ingeniería Naval, la In­geniería ferroviaria, y la Ingeniería Vial. Se impone el modelo que viene pujando desde la famosa Alianza para el Progreso de destruir el tren y reemplazarlo por el automotor. ¿Se entiende? Era la época de

Frondizi y Alvaro Alsogaray, ministro de Economía, del desembarco de las multinacionales del automotor en la Argentina, que había empe­zado en los años sesenta. Un modelo que emparenta a las constructo­ras automotrices con las corporaciones petroleras y con la construcción de autopistas, destruyendo el más extraordinario, moderno y eficaz sis­tema de transporte que, en todas las naciones, sigue siendo el ferroca­rril. El ferrocarril puede llegar a cualquier punto, aunque haya una semana de nieve o de lluvia. No así el transporte automotor. Ustedes saben que al destruir el ferrocarril, de 42.000 kilómetros de vías, pasa-

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mos a tener 8.000; y 800 localidades se convirtieron en pueblos fantas­mas, porque el tren ya no pasaba por sus estaciones. Quedaron inco­municados y se produjo un éxodo extraordinario, una catástrofe social. Cerca de un millón de argentinos emigraron hacia las ciudades. Tam­poco sobre estos hechos hay mucha información. Quizás en los últimos años, a partir de la catástrofe de 2001 y 2002, empezaron a surgir al­gunos estudios sociales, antropológicos y económicos. Porque las uni­versidades también fueron arrastradas a la fiesta irresponsable y colonizadora del modelo neoliberal. Esas ingenierías suprimidas fueron reemplazadas por carreras de administración o de gestión, para pro­porcionar técnicos de servicios; para proporcionar ingenieros de man­tenimiento, no ingenieros para crear, inventar, idear y fabricar lo que el país necesita. Muy bien decían acá los muchachos: lo primero que tiene que saber una universidad es para qué forma profesionales. ¿Para qué y para quién los forma? Y en consecuencia, ¿cómo debe formarlos?

La fiesta neoliberal convirtió a nuestras universidades en fábricas de profesionales para las naciones desarrolladas. Algo inadmisible. Algo que debe ser denunciado y reemplazado por otra concepción. Ya lo decía el ingeniero Juan Maggi, a quien muy pocos recuerdan, pero que fue un verdadero talento de la ingeniería nacional. Maggi fue el primer presidente de Agua y Energía, empresa creada en 1947, que te­nía como misión empezar a desarrollar proyectos para usinas hidroe­léctricas del país. Luego sería secretario de Transporte en el 51, y como tal hizo un plan integral de transformación de los ferrocarriles nacio­nales. Maggi decía: "Lo primero que hay que saber es para qué for­mamos ingenieros: ¿para que se vayan al extranjero y hagan mejor su carrera individual? ¿O por el contrario, formamos ingenieros que de­ben saber que los formamos para el desarrollo y la defensa económica, científica y técnica del país?". Más aún tratándose de una nación en desarrollo y que se ve acosada por otros países que no quieren que se desarrolle, a quien no le venden algunas cosas, y lo chicanean en otras. Reitero: ¿Para qué formamos profesionales? Hay que formarlos para la defensa y desarrollo del país. Lo cual requiere que ese profesional conozca bien las necesidades del país. Por supuesto, en aquel mo­mento había un plan estratégico nacional. Porque nadie puede formar ingenieros si no especificamos el "para qué"; y en cualquier país, el "para qué" es lo que se llama el Proyecto Nacional, un proyecto es­tratégico cuyas líneas generales deben estar consensuadas con las prin­cipales fuerzas políticas del país. Porque no se desarrolla un plan o una industria en cuatro años. Argentina tuvo un proyecto estratégico en los años 1940-50, pero desde aquel entonces el país navega sin un proyecto estratégico.

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¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el perfil de la Argentina en el mundo? ¿Qué tenemos los argentinos? ¿En qué somos fuertes o en qué podemos ser fuertes? ¿Cuáles son nuestros recursos naturales? ¿Cuáles son nuestras capacidades científico-técnicas? En este mundo tan competitivo, ¿cuáles son las cuñas que puede meter Argentina? ¿Qué le podemos vender al mundo? Convengamos en que si solo ven­demos soja, carne, petróleo y oro, no tendremos un destino para nadie. Eso está claro. Ya lo hemos visto. Por lo tanto, el destino de cualquier país grande es encontrar un perfil. Hay países pequeñitos, con muy po­cos millones de habitantes, como Finlandia. Muchos de ustedes tal vez tengan un teléfono marca Nokia. Nokia es finlandesa. Es número uno, o comparte esa posición con alguna empresa estadounidense en la fa­bricación de teléfonos, y es líder en la telefonía mundial. Encontró un nicho. Eso le significa la absorción de cientos o miles de técnicos e in­genieros en electrónica, para poder competir con la continua evolu­ción que tiene este tipo de aparatología.

Argentina no tiene un proyecto estratégico. En mi película Argen­tina latente, funcionarios de primer orden de Argentina lo dicen. En­rique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial lo dice en la película: "Yo no tengo directiva alguna". "¿Pero cómo trabajan?". "En función de lo que nos piden". Cuatro mil técni­cos e ingenieros en cuarenta y tantas especialidades industriales tra­bajan en el INTI para ayudar a desarrollar tecnología nacional. Es la función del INTI, y no tiene directivas: ¿Qué hacemos? ¿Construimos ómnibus, o construimos trenes? ¿Qué podemos hacer? Lamentable. Hay un desperdicio absoluto de miles de capacidades.

Por el contrario, ¿qué tiene la Argentina como recurso? Acabo de decir que la Argentina es uno de los países más ricos en recursos na­turales, y que eso nos bastaría para tener absoluta independencia eco­nómica, si esos recursos naturales estuvieran al servicio del bienestar de la Nación, es decir, si fueran nacionales. Bolivia, el país más pobre y débil del continente, acaba de demostrar que se puede. Llega el pri­mer presidente indígena de América latina y da una gran lección a la "ilustrada" democracia liberal latinoamericana, porque en los años no­venta, todas esas democracias, una tras otra, fueron un ejemplo de en-treguismo, corrupción y traición al mandato popular. Carlos Salinas de Gortari, procesado y prófugo por todo tipo de delitos en las privatiza­ciones mejicanas, y que terminó su mandato ordenando asesinar al candidato Colosio del PRI, que lo iba a suceder. Carlos Andrés Pérez, expresión de una oligarquía venezolana que se fumó los recursos de la petrolera más importante de América, y terminó reprimiendo durante el "Caracazo", en 1989, que produjo cuatrocientos muertos y múltiples

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heridos. Todos ellos burlaron el mandato. En Brasil la red Globo in­ventó en seis meses un presidente a partir de un monigote aventurero: Collor de Mello. Y nosotros tuvimos a Carlos Menem. Yo lamento que Cavallo haya nacido en Córdoba... Pero no es la única provincia con ese tipo de funcionarios... Mendoza dio a Dromi, el teórico de las pri­vatizaciones, y a Manzano, que se resiste a caer y posee buena parte del sistema comunicacional argentino.

Decía que Evo Morales le dio una lección a América. ¿Cuál lec­ción? Yo no voy a decir que hay que premiarlo porque es honesto, por­que ser honesto es un deber, pero hay que destacar que es el único presidente latinoamericano que ha cumplido con la palabra empeñada a sus votantes. Y durante seis meses dijo: "No vamos a imponer esto por la fuerza, vamos a nacionalizar el petróleo y el gas con los más amables y elegantes modales, dentro de la Constitución y la democra­cia". Después de seis meses, ninguna empresa se había ido, como chan­tajeaban los medios de comunicación, y Bolivia no cayó en el caos; al contrario/en vez del 18% que recibía Bolivia, hoy recibe el 82% de la renta petrolera; de 200 millones de dólares que recibía antes, hoy Bo-livia recibe 1.600 millones.

¿Por qué digo esto? Porque si Bolivia pudo, qué fácil y simple le se­ría a la Argentina, que además tiene toda la legislación para hacerlo. Menciono solo una ley: la de Emergencia Económica, que se renueva todos los años. Con el 8,5% de crecimiento anual y con 40.000 millo­nes de dólares de reservas en el Banco Central el país está lejos de es­tar en emergencia económica. Sin embargo, la renuevan porque les permite tener un mayor margen de maniobra en ciertos frentes. Con esa ley, si lo necesitas, "te pasas a degüello a todo". Arturo Illia, un hono­rabilísimo y digno presidente, asumió y a los pocos meses cumplió, y pasó a degüello los contratos petroleros que había firmado Frondizi. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Porque esto es común en el mundo, en la negociación de las concesiones petroleras.

Volviendo a la Argentina y a los temas de mi película, yo quise sa­lir a contar, a recordar, hacer memoria contra el olvido, que la Argen­tina en el pasado pudo hacer cosas extraordinarias, y que hoy sigue haciendo buena parte de ellas. Y si no hace otras, no es porque no es­tén las capacidades, sino porque no hay decisión política. La Fábrica Nacional de Aviones se puede recuperar con un simple decreto. Por­que el contrato se renueva todos los años.

Hoy la Argentina fabrica barcos de 60.000 toneladas en los Asti­lleros Río Santiago. ¿Dónde están los Astilleros Río Santiago? En el puerto de La Plata. Es una gran fábrica de fábricas. Allí se puede cons­truir cualquier exótica maquinaria que se necesite para cualquier uso.

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Allí se construyó una parte de las turbinas de Yacyretá, la mayor re­presa hidroeléctrica de la Argentina. Se construyó una parte impor­tante de la usina de Embalse. Pueden construir un motor de 20 metros de largo para colocar en un barco. Y se construyeron barcos de alta so-fisticación, como las corbetas misilísticas.

Esas son las potencialidades que tiene la Argentina. Por supuesto tenemos una industria de petróleo y gas hiperdesarrollada, aunque esté en manos privadas. Y tenemos algo extraordinario, que es el dominio de todo el ciclo nuclear. Esto lo muestra esta película. Por primera vez la cámara se mete y recorre todo el ciclo de la energía nuclear en la Ar­gentina.

Enrique Gavióla, uno de los primeros grandes físicos que dio la Argentina, fue uno de los iniciadores de la escuela físico-matemática en la universidad de La Plata, en los años veinte. Fue uno de los que terminó su doctorado junto a la generación de la física cuántica en Alemania, en los años veinte, y que lo trajo a Albert Einstein a La Plata. De ese núcleo extraordinario surge una generación de físicos con mil voltios de revolución, muchachos. Que no le tenían miedo a nada. Son los que van a constituir el núcleo fundante de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entre ellos está José Balseiro, un ex­traordinario físico que se empeñó en realizar las ideas de Gavióla, que trabajó en el Observatorio Astronómico de Córdoba, y fundó esta Facultad, entre otras tantas de las otras múltiples actividades cientí­ficas que promovió.

Balseiro se propuso realizar algunas de las ideas de Gavióla. ¿Cuá­les eran esas ideas? Pensó en crear un instituto superior de física, que becaría a los mejores alumnos de física matemática del país, y los con­centraría en un campus, en el centro atómico. Los alumnos, además de formarse, debían seguir con sus profesores las investigaciones que ellos estaban realizando en el centro atómico. Era el sueño del pibe: seguir a sus propios profesores en sus investigaciones. Pero Balseiro también planteó otra posición que venía de Gavióla, que es el desarrollo de un sentido ético en el investigador científico; la responsabilidad social del científico. La sociedad pone mucho en el investigador, a través de las universidades, para formarlo; por lo tanto el científico, entre otros com­promisos, tiene que devolverle a la sociedad un acto de gratitud para con el país que lo ha formado. Fíjense qué curioso. A los egresados del Balseiro los quieren contratar rápidamente cuando egresan. Van por el doctorado a los diferentes centros atómicos del mundo, realizan una experiencia de un par de años, y la inmensa mayoría de ellos, a pesar de ofrecimientos de sueldos importantes, ha regresado al país. Se les ha inculcado un gran amor al país y lo demuestran.

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Voy a recordar una anécdota que es muy significativa, porque ese sentido de patriotismo está más allá de las culturas políticas. Argen­tina es un país cosmopolita y plural. Yo soy autor de la cláusula de cul­tura que está en la reforma del 94 de la Constitución Nacional, que dice que hay que proteger la identidad y pluralidad cultural. La Ar­gentina se formó con múltiples aportes culturales y migratorios. Ar­gentina es Mitre y Sarmiento, y del otro lado, los caudillos que fueron degollados por estos. Argentina es el ejército masacrador de Roca, el ejército aristocratizante y oligárquico de Uriburu, pero Argentina tam­bién es el ejército nacional de Mosconi y Perón, que desarrolló toda la gran industria Argentina y buena parte de las cosas de que hemos es­tado hablando. Argentina es el ejército vergonzoso y vendepatria de Carlos María de Alvear y de Rondeau. Recordemos también 1815: de­rrota de Napoleón en Waterloo, vuelven las monarquías, es la restau­ración monárquica en Europa, la Santa Alianza. Vuelve Fernando VII; una expedición española toma Cartagena y Caracas, Bolívar está en retirada, y San Martín queda aislado y sin recursos, como gobernador de Cuyo. ¿Qué dice Alvear? Que "estas provincias aspiran a pertene­cer a Gran Bretaña, obedecer sus leyes, acatar su mandato..." Eso dice Alvear, el compañero de San Martín, que llegaron a Buenos Aires en el mismo barco en 1811. Pero Argentina también era Belgrano y San Martín. Frente a semejante traición, el Ejército del Norte y el Ejército de los Andes desacataron el mandato de Alvear, se insurreccionan y Al­vear cae. Argentina es esa totalidad. Compréndase esto como una in­vitación a defender la unidad nacional, lo cual no significa defender el remate de la Nación.

También quiero recordar a Bernardo Houssay. Ustedes saben que fue un antiperonista furioso, del sector aristocratizante argentino, y que fue también un gran talento, primer Premio Nobel en Fisiología, padre de la escuela fisiológica argentina, hombre de un rigor espectacular, que trabajó con modestísimos medios. Voy a contar esta anécdota por­que hay que levantarle un monumento a Houssay, que se lo merece no solamente por científico sino por gratitud a un gran patriota. Cuando obtuvo el Premio Nobel, tuvo ofertas millonarias para irse a trabajar afuera. Pero no quiso: "Yo estudié y me formé aquí, y no voy a aban­donar a mis alumnos"... ¿Me entienden, chicos? Uno de sus alumnos privilegiados, el doctor Charreau, bioquímico, fue invitado a la Univer­sidad de Harvard a dar un seminario. Durante su estancia, le ofrecen quedarse como profesor. Charreau le escribe a Houssay, y le dice: "Es­toy tentado a quedarme... le adelanto que mis planes son quedarme...". Houssay le escribe una carta y le dice: "Mi querido Charreau, sus pa­dres han hecho mucho por usted, sus profesores han hecho mucho por

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usted, yo hice mucho por usted, en consecuencia, le doy un mes para que haga las valijas y se vuelva a casa". Y Charreau se volvió a casa. Houssay es también un grande porque invirtió muchas horas de su tiempo haciendo amansadoras en la Casa de Gobierno para que le lle­varan el apunte. Tenía la obsesión de crear un organismo para promo­ver la carrera del investigador científico. Hasta ese entonces, el investigador científico no tenía una carrera, había que investigar des­pués de hora, y bancarse sus investigaciones. Houssay logró imponer el reconocimiento de la carrera del investigador científico con dedica­ción exclusiva, y así nació el CONICET. Hoy hay 12.000 becarios en el CONICET, trabajando en todo tipo de investigaciones de todas las disci­plinas. Y eso es algo que se le debe a Houssay.

Por eso digo que el país es todo esto, y tengamos las ideas políticas que tengamos, hay algo superior que es el amor a la Patria. El amor a la Nación. La defensa del interés nacional, la defensa de los valores democráticos y éticos, y esto es obviamente lo que debemos impulsar.

Nuestra película Argentina latente le rinde homenaje a Córdoba, porque acá recordamos no solamente la industria automotriz a través del testimonio del ingeniero Francisco San Martín, ya fallecido, aunque lo pude filmar en 2002 o 2003, en el Museo de la Industria. Hemos es­tado en Las Varillas, filmando la reconstrucción de una fábrica de ma­quinaria agrícola que hoy es pionera. De fábrica quebrada pasó a ser pionera en el mercado interno y a ser una de las principales exporta­doras. Pero acá en Córdoba también funciona el Instituto Aeronáutico Universitario, donde hay 6.000 o 7.000 muchachos y chicas que estu­dian carreras que tienen que ver con la ingeniería aeronáutica. Argen­tina fue el cuarto país del mundo que, desde Córdoba, pudo colocar a un ser vivo en la atmósfera y traerlo a Tierra. Era 1970 o 1971 y el mo­nita Juan murió en el zoológico. Es decir, teníamos un extraordinario desarrollo en cohetería y combustibles.

Y acá en Córdoba está la Estación Terrena Córdoba. No es una ex­centricidad, pertenece a la Comisión Nacional de Actividades Espa­ciales, que preside una eminencia científica Argentina a quien casi nadie conoce. Al menos en la Capital Federal, ningún cronista sabe que existe. Este señor es Conrado Franco Varotto, egresado del Bal-seiro, y alumno del gran Jorge Sabato, un físico nuclear al que se debe el nacimiento de la metalurgia en la Argentina. ¿Por qué es grande Conrado Varotto? Tenía 35 años cuando le encomendaron enriquecer uranio. Nadie le quería dar bibliografía, no había información en los años setenta y ochenta en la Argentina. Vendíamos reactores nuclea­res con uranio enriquecido y no podíamos enriquecer uranio ni tenía­mos quien nos lo vendiera.

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A don Conrado Franco Varotto le pregunté: "¿Cómo hizo para ha­cer esto?", porque en dieciocho meses encontró el camino y logró enri­quecer uranio. ¿Saben lo que me dijo? Algo extraordinario, que está en la película: "El éxito de mi misión es que tuve unos pibes extraordina­rios". "¿Unos pibes extraordinarios?", le contesto... "Mire, el más viejo era yo. Tenía 35 años. Todos los que me rodeaban, que eran decenas, eran todos chicos. Por supuesto, profesionales, egresados de las univer­sidades. Todos muy, muy jóvenes". Y dice: "por algún milagro del Su­premo, los chicos que salen de nuestras universidades son de un talento creativo extraordinario; las universidades tienen muchos problemas, ya lo sabemos, pero no se puede hacer ciencia si no es con talento y crea­tividad, y los chicos argentinos la tienen". Varotto dice que son como anguilas que se meten por cualquier recoveco y encuentran la vuelta para llegar. A nada le dicen que no se puede. Si no va por acá, va por allí, o va por allá. Y menciona otra idea extraordinaria que debería asi­milar tanto tecnócrata, dedicado a trasladar modelos tecnológicos y científicos extranjeros... Varotto dice: "Para hacer grandes cosas en ciencia, no se necesita tener un país perfectamente estructurado, equi­librado y realizado, como tantas veces hemos escuchado". Aquello de "como en Estados Unidos o Francia". No se necesita nada de eso. Por cierto que se necesita un mínimo de orientación, un piso mínimo que asegure el desarrollo de los proyectos. Lo esencial, dice Varotto, "es te­ner creatividad. Y los pibes argentinos tienen una creatividad extraor­dinaria". Varotto, además, asimiló las ideas de Jorge Sabato, que decía: "No nos podemos quedar solo en las ciencias duras", tenemos que transformar esta capacidad científica en capacidad operativa, en tec­nología. Y hace treinta años, a iniciativa de Conrado Franco Varotto, fundaron la empresa estrella que tiene la Argentina, que se llama INVAP,

creada por la Comisión Nacional de Energía Atómica en asociación con la provincia de Río Negro. Con sede en Bariloche, es la empresa pública que viene demostrando que con objetivos claros y buena ad­ministración, es posible ser un ejemplo de eficiencia, y también de ren­tabilidad, porque ganan muchísimo dinero. ¿Qué hace INVAP? INVAP

fue la encargada de construir todos los prototipos de reactores de in­vestigación científica que Argentina ha instalado ya en cinco países. El último en Australia. Venciendo a empresas líderes como ya dije, INVAP

también es quien fabrica satélites de última generación: construye un satélite por encargo de la NASA, y construye satélites para un proyecto conjunto con Italia, que serán de última generación, con radares para prevenir las catástrofes climáticas, inundaciones, incendios, etcétera. Estos satélites tienen la misión de observar la Tierra y fotografiarla. El satélite argentino que cada noventa minutos pasa por nuestro territo-

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rio, y que es monitoreado desde la estación cordobesa de Falda del Carmen, no es un satélite a radar, entonces muchas veces por nubosi­dades y tantos otros factores, o de noche, no pueden sacar fotografías. No obstante las imágenes que manda a la Tierra permiten identificar objetos a 1,80 m de distancia. Vale una anécdota de cuando nos visitó el presidente chino hace dos años; le regalaron una carpeta con las fo­tografías de China de cuarenta y ocho horas antes. Todo eso se hace acá. Pero la nueva generación de satélites a radar saca fotografías de noche, de día, con nubes y sin nubes. Y todas esas cosas se están pro­duciendo hoy en la Argentina.

El corolario en todo esto es que Argentina no solamente es un país muy rico en materias primas, sino de un potencial científico muy grande. Voy a terminar recordando uno de los grandes conflictos que sigue presente y que ha signado la historia Argentina. Es el conflicto en­tre "se puede" y "no se puede". ¿Será posible hacer esto? "No, no es po­sible", generalmente te responden. Desde los albores de la Patria, hubo quienes decían que era imposible enfrentar a los ingleses. La Segunda Invasión traía 11.000 hombres profesionales, y Buenos Aires tenía so­lamente 40.000 habitantes. La mitad eran hombres, entre viejos, jóve­nes y chicos. Pero hubo un puñado de locos con mucha dignidad y coraje, que trabajaron mucho y construyeron una fuerza que junto a todo el pueblo de Buenos Aires expulsó a los ingleses; a pesar de todos los que decían: "Nos van a matar a todos, los ingleses ahorcan o de­güellan", "No te metas". Años después otro loco dijo: "Hay que cruzar los Andes, vencer a los españoles en Chile, y de allí por mar vencerlos en el corazón del imperio, que es Lima". Dijeron que estaba loco. No se conocía en la historia de las hazañas militares que se hubiera atra­vesada una cordillera de esa altura con 5.000 hombres, 7.000 muías y caballos, etcétera, etcétera. "Esto es una locura, una aventura absoluta. Nos van a pasar a todos a degüello", decían. San Martín, aislado, ¿qué hizo? Convocó a todo el pueblo de Cuyo y dijo: "Estamos en peligro, una expedición española de 10.000 hombres viene por nuestras cabe­zas, pero los vamos a enfrentar, y los vamos a derrotar. Desde mañana, declaro emergencia para todos. Todos cobraremos la mitad de los suel­dos. La otra mitad vendrá para la construcción del ejército". ¿Pero cómo un ejército, si Mendoza era una aldea? No había industria, solo algunos talleres, algunas zafras... Había muy poco en Mendoza. Frente a los "no se puede", San Martín dijo: "¿Cómo que no se puede?" Hay un viejo proverbio chino que dice: "Una hormiga nunca podra matar a un elefante, pero se lo puede comer. Todo es cuetión de tiempo". Al-

'gunas cosas se hacen rápido, otras se hacen en diez veces más de tiempo. El ejemplo de San Martín dio nacimiento a la industria nacio-

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nal porque construyó desde la nada todo su armamento, cañones, mu­nición, pólvora, sables, fusiles, en los talleres que inventa en Mendoza, con la ayuda de un extraordinario personaje como fue Fray Luis Bel-trán, que tenía conocimientos de química, fundiciones y esas cosas. San Martín demuestra que se puede, y San Martín antes de cruzar los Andes vuelve a convocar a su pueblo y le dice: "Seamos libres, lo de­más no importa nada: si no tenemos vestimenta lo haremos con lo que nos tejan nuestras mujeres y si no andaremos en pelotas como nuestros hermanos los indios". La otra actitud grandiosa de San Martín es cuando Rondeau, el Director Supremo de Buenos Aires, en el año 1821 y en vísperas de su campaña al Perú, le ordena que vuelva con su ejér­cito para disciplinar a los caudillos díscolos del Litoral. San Martín era la cara del ejército democrático nacional anticolonialista emancipador que había realizado su campaña junto a negros, mulatos, indios y crio­llos, le contesta a Rondeau: "Jamás mi espada ni mi ejército estarán para reprimir a mis conciudadanos y hacer correr sangre argentina".

Conferencia de "Pino" Solanas en la Facultad de Matemática, As­tronomía y Física de Córdoba (FaMAF), 5 de junio de 2007.

Balas perdidas: negocios privados y bienes públicos

En el primer mes del gobierno de Cristina Kirchner, se han produ­cido dos hechos graves para el país que desde Proyecto Sur denuncia­mos durante la campaña electoral: la compra del 25% de las acciones de YPF por el banquero privado de Santa Cruz, Enrique Eskenazi, con la aprobación y seguimiento de los Kirchner y el lanzamiento del me-gaproyecto del Tren Bala. Son medidas de consecuencias estratégicas para el futuro de la Argentina que merecen un amplio y profundo de­bate nacional. El gobierno soslayó al Congreso y la dirigencia política -incluso parte de la oposición- mira para otro lado como si se tratara de algo poco relevante.

Los dos casos demuestran las opciones neoliberales y privatistas del oficialismo. La reprivatización de una parte de YPF en beneficio de la "burguesía nacional" vinculada con el matrimonio presidencial es un escándalo, cuando el país tiene reservas públicas suficientes para recapturar toda la empresa en beneficio de la Nación. La supuesta­mente experimentada sociedad Pertersen Energía -que habría de per-

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mitir la "argentinización" petrolera- es una leyenda en tanto no existe en el país y fue registrada en Madrid en agosto de 2007. La compra del 14,9% de las acciones por Eskenazi requirió apenas el 10% en efectivo porque el 90% restante es un crédito concedido por Repsol y varios bancos. Otra vez negocios privados con riquezas y bienes públicos, como está sucediendo con la repartija de concesiones mineras en las provincias aliadas al kirchnerismo. Cientos de yacimientos son entre­gados a diario a sociedades formadas por amigos del poder, que a su vez las negocian con las multinacionales.

En cuanto al llamado Tren Bala, o tren de alta velocidad francés TGV, el anuncio del contrato parece una broma de mal gusto cuando los pasajeros quedan abandonados y sin respuestas en estaciones o en aeropuertos. Si logran viajar, lo hacen como ganado en trenes que no están en condiciones de circular a más de 50 km por hora. Los Kirch-ner están profundizado la destrucción del sistema ferroviario argen­tino iniciada por Menem, a través de concesiones donde el Estado paga todos los sueldos, roturas, reposiciones y gastos de funcionamiento, y el privado —sin correr ningún riesgo- es el único beneficiario del mi­llonario reparto del negocio de los ferrocarriles. Hoy el sistema ferro­viario les cuesta a los argentinos tres veces más que cuando los trenes eran del Estado y teníamos 36.000 km de vías y 95.000 trabajadores. Ahora apenas se conservan 8.000 km y 14.000 empleados. Dicen que "el bala" nos costará 3.600 millones de dólares, y que el 90% lo pro­porcionará el banco francés Société Genérale. Es decir, otra vez nos en­deudamos en una obra faraónica que nunca se sabe lo que llegará a costar ni cuándo estará terminada. Baste recordar los casos de la Planta de Aguas Pesadas, en Arroyito, la central termoeléctrica Atucha II, que sigue en construcción, o Yacyretá, que terminó costando diez veces más de lo previsto inicialmente y siguen las obras. El Tren Bala no ha funcionado en ningún otro país fuera de Europa -n i aun en Estados Unidos- porque entre sus numerosas exigencias, necesita desarrollos tecnológicos paralelos. El intento de implantarlo en Egipto fue un cos­tosísimo fracaso.

No se trata solamente de los costos de fabricación, ni del elevado precio del boleto para los pasajeros de la clase media y alta del co­rredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba: este proyecto nos ata a la tec­nología de punta francesa y reafirma la renuncia del gobierno a reconstruir la industria ferroviaria nacional. Exportaba a América la­tina y en la actualidad puede ser en el país una de las palancas de la re­construcción de cientos de miles de puestos de trabajo. Ingenieros y especialistas argentinos demuestran fehacientemente, que con lo que hoy se gasta y con lo que se piensa gastar, es posible reconstruir un sis-

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tema ferroviario que le restituya a los pueblos del Interior y a las eco­nomías regionales, un tren seguro y confortable que circule a 120 km por hora. El ferrocarril no es sólo un medio de transporte, es una cul­tura de la comunicación y un instrumento fundamental para la inte­gración nacional.

Es necesario promover el debate y exigir la participación del Con­greso: el abandono es tal, que Argentina no cuenta con una ley nacio­nal de transportes. Necesitamos recuperar los recursos naturales estratégicos y dar respuesta a la dramática crisis de transporte que vi­vimos. Un país de 4.000 km de longitud, de base agraria, con 40 mi­llones de habitantes, sin petróleo ni ferrocarril no es viable: no sería posible llevar ni las cosechas hasta los puertos. El debate entre lo pú­blico y privado sigue pendiente: la experiencia de los últimos años de­muestra que las privatizaciones, además del maltrato a los usuarios, han sido y continúan siendo, un robo.

Página/12, Buenos Aires, 20 de enero de 2008.

Tren Para Todos

La sociedad argentina padece uno de los más caros e inseguros sis­temas de transporte, con catastróficas consecuencias humanas y eco­nómicas. En 2007 el transporte vial le ocasionó al país la mayor cantidad de accidentes de su historia, con más de 8.000 muertos y mi­les de heridos. No es solo imprudencia o el alcohol: es el colapso del sistema de transporte a raíz de la drástica reducción del ferrocarril y las privatizaciones que demostraron ser incapaces de dar mejor servicio que el transporte público.

En todo el mundo se siguió desarrollando el ferrocarril porque es el más económico de todos los transportes y el único que entra a cual­quier pueblo con niebla o lluvia. En nuestro país, el Plan Larkin (Banco Mundial, año 1959) levantó ramales para hacer economías, pero su real objetivo fue debilitar las economías regionales y la industria na­cional. De casi 50.000 km de vías y 130.000 ferroviarios que había en 1955, pasamos a 36.000 km y 95.000 trabajadores en 1989. Hoy tene­mos 7.000 km y 14.000 ferroviarios y no se puede circular a más de 50 km/hora. ¿Cuáles fueron los ahorros? Ninguno.

Con el gobierno Kirchner pagamos tres veces más que antes: tres millones de dólares por día y con las inversiones, once millones de pe-

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sos al año. El Estado paga todos los sueldos, compras y reparaciones y, además, subsidia con más de mil millones de pesos el gasoil de au­tos, colectivos y camiones, viajemos o no en ellos. Argentina paga uno de los sistemas de transporte más caros del mundo: equivale al 27% de su PBI, contra el 9% de Canadá y Australia.

Siendo un país agrario, el transporte automotor no es viable. El fe­rrocarril cuesta siete u ocho veces menos: una locomotora arrastra la carga de cincuenta camiones; un tren mediano lleva tantos pasajeros como diecinueve ómnibus. Con la mitad de lo que gastarán en el Tren Bala se reconstruyen a nuevo 11.000 km de vías para los cargueros y 7.000 km para los cinco grandes ramales a las provincias, más tres­cientas locomotoras y cientos de vagones nuevos para poder circular a 120 km por hora. La reconstrucción de la industria ferroviaria pública puede crear miles de puestos de trabajo en vez de comprar trenes en desuso -caros y sin repuestos- de Portugal o España. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, debería explicar por qué derrocha los re­cursos en chatarra ferroviaria.

Frente a la crisis y la desinformación, el kirchnerismo quiere hacer votar en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados la Ley de Reordenamiento Ferroviario, sin el necesario debate y cerrando la ronda de consultas. Tras su paso por el Senado, el proyecto de ley fue vaciado de contenido: el Estado les seguirá sirviendo la mesa a los mis­mos concesionarios que nos comen desde Menem. Con la complici­dad de funcionarios, son responsables del vaciamiento impune de los 37 talleres-fábricas con sus miles de máquinas y repuestos, más el des­trozo y robo de miles de vagones y locomotoras. El valioso patrimonio fue entregado sin inventario previo a los Taselli, Cirigliano, Roggio, Ro­mero, Techint, Urquía, Brahma, Camargo Correa. Hoy poco queda de él y ninguna denuncia penal prosperó.

La medida más salvaje de las privatizaciones fue sacarles a los pue­blos los trenes interurbanos que unían las provincias. Nada golpeó más a los productores y las economías; se perdió la carga difusa y el servicio de correo. Miles de poblaciones sin pavimento hasta la ruta quedaron ais­ladas; ochocientas estaciones cerraron; sus pueblos se transformaron en fantasmas y un millón de habitantes emigró hacia las capitales.

Frente a la tragedia social, el proyecto de Cristina Fernández no es reconstruir la red que integraba al país, sino instalar el Tren Bala hacia Rosario y Córdoba y a Mar del Plata. Su modelo referencial es Puerto Madero, obra de la corporación creada por Menem y Grosso que se apropió de los terrenos públicos del puerto sin pagar nada. Hoy el me­tro cubierto se vende a U$S 4.000: ¿Podrán comprar los argentinos o solo los extranjeros?

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El Tren Bala es antidemocrático y antinacional: su boleto será caro, aumentará la dependencia tecnológica y la deuda externa. El impera­tivo es restituirle al pueblo su derecho al transporte: volver al Tren Para Todos, un servicio interurbano seguro y confortable, y revisar el modelo actual para reducir las víctimas y costos de la guerra del automotor. El tren debe volver a ser una cultura de la comunicación que integre a la Nación.

Página/12, Buenos Aires, 20 de febrero de 2008.

Estafas del modelo privatizador

La estatización de Aerolíneas será un caso más del "Estado re­bobo". ¿No sería convenible crear una nueva empresa?

La iniciativa del gobierno de estatizar Aerolíneas Argentinas plan­tea serios interrogantes a la vez que confirma el rotundo fracaso del modelo privatizador de los transportes públicos. Siguiendo los anun­cios gubernamentales y con una negociación en manos del secretario de Transporte, hay que preocuparse: Ricardo Jaime estuvo ligado al es­cándalo de Southern Winds y al de LAFSA.

El Estado paga los salarios del personal sin haberla dotado de un solo avión. Ahora el gobierno debe explicar a la ciudadanía cómo fue posible que aceptara los balances fraudulentos presentados por Marsans en estos años y que fueron antes cuestionados porque ocultaban el que­branto. Se pretende retomar Aerolíneas con su flota y oficinas interna­cionales vendidas, los talleres vaciados y un pasivo de U$S 900 millones.

Lo más probable es que sea otro capítulo del viejo culebrón "El Estado Rebobo", que cuenta cómo se lo roba y vuelve a hacerse cargo de las deudas que deja el agradecido concesionario privado. ¿Qué en­señanzas deja el vaciamiento y privatización de nuestra línea aérea de bandera? ¿Qué medidas deberían tomarse para evitar otra defrauda­ción? ¿Debemos retomar Aerolíneas o crear una nueva empresa -esta vez pública- retomando sus rutas y excelente personal?

LA PRIVATIZACIÓN

Aerolíneas Argentinas fue creada en 1950 por el gobierno de Pe­rón y llegó a ser líder de las compañías del hemisferio Sur. Daba be-

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neficios y era considerada de las más seguras del mundo. Al comienzo de los años noventa fue valuada en algo más de U$S 600 millones, muy por debajo de su valor real. La tasación del Boeing 707 -que estaba vo­lando- fue de un dólar, lo que motivó el pedido de la Fuerza Aérea para que se lo cedieran, y aún sigue operando. Contaba con una flota de veintiocho aviones propios y uno alquilado, con rutas internacio­

nales y el monopolio de las de cabotaje. Al momento de la licitación, el único interesado fue Iberia, que

ofertó U$S 260 millones en efectivo por el 85% de las acciones, más otros U$S 560 millones en títulos de la deuda argentina, que cotizaban en el mercado al 20% de su valor nominal, pero se los tomaba al 100% para comprar empresas del Estado. Eran los tiempos alegres del Plan Brady-Cavallo.

La privatización de Aerolíneas se consumó con abusos jurídicos y económicos inaceptables. Para comprarla, Iberia hipotecó la flota de aviones de nuestra compañía y la Corte Suprema inventó la oscura te­oría del per salium para sacarle la causa al juez natural Garzón Funes.

Allí no terminó la cosa: los talleres de Aerolíneas, que contaban con tres simuladores de navegación e innumerables repuestos, fueron vaciados y transferidos a Madrid; se levantaron rutas internacionales y nacionales mientras los aviones y las oficinas en París, Nueva York y otras capitales se vendieron.

Para evitar la quiebra, en 2001 el gobierno español extendió un crédito de € 800 millones al grupo Marsans destinado a pagar las deu­das de Aerolíneas y comprarla. El nuevo operador las pagó en parte y el resto del dinero fue desviado hacia otros fines. Como su hermana ve­nezolana Viasa -también comprada por Iberia-, Aerolíneas terminó vaciada y quebrada.

C R I S I S Y COLAPSO DEL TRANSPORTE

Las concesiones ferroviarias que se arrastran desde Menem consti­tuyen una estafa a la sociedad. El modelo kirchnerista de patria subsi­diada alcanza en ellas su máxima expresión: el Estado paga los salarios de los trabajadores y todas las roturas y reposiciones de material. Los concesionarios realizan las reparaciones de rodados y estaciones, fac­turando varias veces por encima del valor real. Las denuncias de so­breprecios efectuadas en estos años fueron desoídas por el gobierno y la Justicia. En los treinta y siete talleres-fábrica se robaron miles de re­puestos nuevos, máquinas y herramientas dejados en custodia. El sa­queo fue total y no se conocen acciones penales.

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En cuanto a la calidad del servicio, se suprimieron los trenes a las provincias y las cargas pasaron a las carreteras, que terminaron colap-sadas, multiplicando los muertos y heridos; nunca los pasajeros fueron tan maltratados ni los aviones tuvieron tan poco mantenimiento técnico.

En síntesis, los ferrocarriles se privatizaron porque perdían U$S 1 millón por día. Hoy cuestan U$S 3 millones diarios y solo queda el 20% de los ferrocarriles que teníamos. Los transportes y las comuni­caciones son asuntos estratégicos que exigen un gran debate y la con­vocatoria a universidades y organizaciones sociales y políticas para estudiar un nuevo modelo de gestión de los servicios públicos.

¿ O T R A FALSA " A R G E N T I N I Z A C I Ó N " ?

Ahora el gobierno sale en salvataje del concesionario español que deja la empresa con una deuda que ronda U$S 900 millones, un solo avión propio y cuarenta y tres alquilados, pero la mitad no vuela por averías.

¿Por qué el Estado argentino, siendo acreedor de Aerolíneas, tiene que hacerse cargo del quebranto? ¿No pasó lo mismo con la vieja pri­vatización de Austral, quebrada por el grupo Pescarmona? ¿Otra vez pagaremos deudas para volver a entregar la empresa al capital privado o a López Mena, dueño de Buquebús o será otra falsa "argentinización" como la de YPF-Repsol con el banquero Ezkenazi? ¿Se exigirá una au­ditoría de inventario de los bienes entregados? ¿Cómo y quiénes tasarán la fundida compañía cuyo activo son las rutas y el personal?

Frente a las alternativas que abre el traspaso de Aerolíneas al Es­tado, recordemos que los servicios públicos como las escuelas y los hospitales no tienen como objetivo dar ganancia sino un servicio social a la comunidad. Los transportes y las comunicaciones son asuntos es­tratégicos que exigen un gran debate y convocar a las universidades y organizaciones sociales y políticas para estudiar un nuevo modelo de gestión pública.

ALTERNATIVAS AL MODELO

¿Cuál es la alternativa a la vieja empresa estatal bajo control del partido gobernante o a la compañía privada que busca beneficios rá­pidos a cualquier precio? ¿Con lo que se piensa gastar: no es hora de partir hacia un nuevo modelo de empresa pública donde los usuarios y trabajadores participen en su control?

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El debate postergado entre lo público y privado sigue ocultando falsos mitos como que el Estado es mal administrador. Las institucio­nes no son responsables de sus conducciones como no lo es el auto­móvil ante su víctima. Las privatizaciones demostraron lo contrario de lo que anunciaban: fueron y siguen siendo un pésimo negocio y un robo a la Nación.

El gobierno nacional no tiene el proyecto de reconstruir la aero­navegación. Las rutas de cabotaje comenzaron a cederse a compañías extranjeras cuando el Estado —además de Austral— cuenta con dos em­presas que esperan se las dote de equipos: LAFSA, con personal y sin aviones, y LADE, con una vieja flota donde vuelan pocos aviones.

¿No sería más sensato que en base a ellas y al personal y rutas de Aerolíneas se invierta en una nueva compañía lo que se piensa pagar por las deudas de Marsans? La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones hasta hoy fue cómplice del despojo. Es de es­perar que esta vez el Congreso impulse un gran debate sobre el futuro de la aerolínea de bandera y la reconstrucción del sistema integral de transporte.

Crítica, Buenos Aires, 26 de julio de 2008.

El fracaso privatizador

La reciente votación en Diputados que dio media sanción a la re-estatización de Aerolíneas Argentinas (AA) constituye un valioso paso adelante en la recuperación de nuestro patrimonio nacional. Pero le­jos de haberse agotado, el debate recién comienza: los argentinos nos debemos una profunda autocrítica sobre el monumental fracaso de las políticas de privatización de nuestros servicios públicos y el calami­toso estado del transporte. Es la necesaria discusión sobre los nuevos modelos de gestión pública de las empresas de servicio.

En este sentido, luego de lograr sustanciales modificaciones, junto al Bloque del SI, Proyecto Sur ha decidido acompañar con disidencias parciales el proyecto del gobierno para recuperar la aerolínea de ban­dera. En esta oportunidad, el oficialismo ha superado la terquedad con que se lo viera actuar durante el conflicto agrario y ha demostrado vo­cación de abrirse al diálogo.

En primer lugar, logramos que se eliminara la posibilidad de repri-vatizar la empresa. Si bien se establece la figura de Sociedad Anónima,

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se acordó que habrá mayoría estatal. También se consiguió que des­apareciera la mención del Acta de Acuerdo que el gobierno firmó con el grupo Marsans; y que se fijara como fecha para la tasación el mo­mento de la intervención, 16 de julio, cuando la empresa estaba en es­tado de quiebra. Además, la valuación queda a cargo del Tribunal de Tasaciones y, finalmente, la última palabra sobre el valor de la compa­ñía la tendrá el Congreso. Si no se llegara a un acuerdo, el gobierno de­berá proceder a una justificada expropiación.

Debemos explicar que el gobierno nacional conocía desde hace años el ruinoso estado de Aerolíneas Argentinas, pero nada hizo para recuperar la empresa. Primero Iberia, luego American Airlines y final­mente el Grupo Marsans saquearon y quebraron a la compañía. Ade­más de dejar una millonaria deuda, vendieron las oficinas que AA tenía en las principales ciudades del mundo; desmantelaron el centro de simuladores de vuelo más avanzado de América latina y un banco de pruebas de motores de alta potencia; vaciaron los talleres especia­lizados y almacenes de repuestos; y vendieron los veintiocho aviones propios. Acorde con el saqueo de la privatización y la desidia guber­namental, el proyecto que el gobierno presentó originalmente resul­taba escandaloso, porque acordaron con el grupo Marsans que el Estado argentino se haría cargo de la deuda de 900 millones de dóla­res para luego reprivatizar la compañía; y establecía que ante un pro­bable desacuerdo entre el gobierno y el privado por el precio final de las acciones, un tercero internacional sería quien daría un fallo inape­lable. ¿Cómo ha sido posible que en estos dieciséis años ningún go­bierno iniciara acciones penales por el vaciamiento de AA? Además, Marsans, en lugar de invertir, hizo desaparecer los 750 millones de dó­lares que obtuvo para sanear sus empresas. Ahora, es una obligación para el gobierno nacional demandar a quien corresponda por este des­falco. Por ello, desde Proyecto Sur exigíamos 180 días para investigar a fondo la situación de la empresa y llegar a una propuesta seria.

Hoy, el caso de Aerolíneas Argentinas es una evidencia más del monumental fracaso privatizador. Ante esto, las organizaciones socia­les y sindicales, las asociaciones de usuarios, las universidades y las fuerzas políticas tienen que discutir un nuevo modelo de control y ges­tión de empresas públicas de servicio, hecho que debe traducirse, en esta oportunidad, en un proyecto para el funcionamiento transparente y eficiente de nuestras compañías aéreas. Es necesario que Aerolíneas Argentinas, así como las empresas de trenes y de otros servicios, se constituya finalmente como Sociedad de Estado, situación que, dis­tinto de las sociedades anónimas, conllevan mayores y más rigurosos controles de operación.

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Se trata, en definitiva, de enterrar con decisión el mito de que el desembarco de los capitales privados en los servicios públicos asegura mayor eficiencia y transparencia de gestión. En el caso de la aerona­vegación, resulta innecesario advertir que la seguridad en este servicio es esencial. Pero sabemos que el capital privado tiene como principal objetivo la ganancia y no la seguridad de los pasajeros. La recordada catástrofe de LAPA y la reciente tragedia de Spanair demuestran qué sucede cuando se intenta bajar los costos de mantenimiento u operar con aviones viejos para asegurar rentabilidad. El servicio aéreo, así como el ferroviario y el marítimo, son servicios públicos. En conse­cuencia, tienen que estar en manos del Estado que, además de poder cumplir con un servicio de excelencia, aportaría innumerables benefi­cios a la sociedad en materia comunicacional, cultural y económica.

En Argentina, después de cinco años de gobierno de los Kirchner, solo hemos visto cómo empeora el sistema de transporte. Nunca los pasajeros han sido tan maltratados y el inviable avance del transporte automotor provoca más de 8.000 muertes cada año. Ante ello, el go­bierno nacional propone la construcción del elitista e irracional Tren Bala, no recrea la flota marítima y fluvial, y regaló, por primera vez, las rutas de cabotaje.

Las modificaciones que logró introducir Proyecto Sur a la iniciativa oficial para la recuperación de Aerolíneas Argentinas son una contri­bución al debate que nos debemos sobre el descomunal fracaso del mo­delo privatizador en los transportes, para avanzar hacia la constitución de nuevas sociedades de Estado con nuevos modelos de gestión que aseguren servicios públicos con participación de la comunidad.

Página/12, Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.

La quimera ferroviaria

Mi película La próxima estación es el cuarto capítulo de una obra que comprende cinco partes: Memoria del saqueo, La dignidad de los nadies, Argentina latente, La próxima estación y Tierra sublevada, que actualmente estoy filmando. En todas ellas, el objetivo es suscitar un debate sobre el fracaso neoliberal privatizador y la catástrofe que ha producido. Son fruto de una profunda investigación y reflexión colec­tivas, en la búsqueda de explicaciones y de propuestas alternativas. En su reciente artículo "La quimera ferroviaria de Pino" en Página/12

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(28/9/08), el periodista José Natanson señala que "la denuncia es opor­tuna" y "los datos son irrefutables". En efecto, a pesar de la dureza de las denuncias y de la cantidad de información utilizada, ni en esta ni en las anteriores películas se pudo cuestionar la rigurosidad de los fun­damentos empleados. Tal vez debido a ello, Natanson utiliza el artilu-gio de criticar la "quimera ferroviaria", basándose en que la "visión del mundo" que la orienta sería "facilista", "nostálgica" y hasta "cariñosa". A lo cual agrega una descalificación por omisión de mi actividad polí­tica como referente de Proyecto Sur, al considerarme "un artista vir­tuoso y militante comprometido"; mecanismo que se repite desde La hora de los hornos, cada vez que mis denuncias y propuestas duelen. Al ser derrotada nuestra posición en el Frente Grande, allá por 1994, también se descalificaron como "testimoniales" o "personalistas" las advertencias acerca de que el grupo de Carlos "Chacho" Álvarez es­taba distorsionando las postulados fundantes de esa fuerza política: re­cién fuimos creíbles cuando en 2001 Álvarez terminó proponiendo a Domingo Cavallo como ministro de Economía.

Ahora, una gran proporción de esos mismos progresistas caminan detrás del posibilismo kirchnerista. Por nuestra parte, estamos conven­cidos de que en un contexto internacional y regional de grandes cam­bios, se puede aspirar a una profunda transformación del país y, como parte de ella, del sistema de transportes. No se trata de volver a un "pa­raíso perdido", sino de recuperar en grandes trazos la memoria y el aprendizaje de la epopeya que significó la construcción autónoma del avanzado sistema ferroviario argentino, así como de las políticas y ac­tores que lo llevaron a su irresponsable y aberrante destrucción. Es un balance de lo mejor que supimos tener para superarlo y de lo peor que sufrimos a fin de no repetirlo. Se nos acusa de pasar por alto los oríge­nes del neoliberalismo: Memoria del saqueo se ocupa extensamente del tema. Tampoco ignoramos que Inglaterra y Estados Unidos tomaron medidas irracionales sobre el ferrocarril, al igual que Brasil y México. En el caso argentino, se venían anunciando desde el Plan Larkin de Fron-dizi en los años sesenta, promovidas por las transnacionales automo­trices y los grupos petroleros que comenzaban a instalarse en el país. La posterior evolución de los precios del petróleo y el predominio del ca­pital financiero especulativo impusieron límites al desarrollismo key-nesiano y facilitaron -dictaduras militares y una deuda fraudulenta mediante- la imposición de políticas neoliberales: en ese contexto his­tórico de despojo nacional y social -junto a un sistema de corrupción con dirigencias políticas y sindicales articuladas con grupos económico-financieros locales y extranjeros con el aval del FMI, el Banco Mundial y Estados Unidos- se terminan de destruir los ferrocarriles.

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La crítica referida al olvido de consignar los límites del desarro-llismo esquiva nuestras advertencias sobre el actual modelo de trans­portes, que va rumbo a encontrar serios límites: ya no es viable un sistema basado en el paradigma del petróleo. Además de los precios del crudo; la contaminación ambiental; la saturación de rutas, con más de 8.000 muertos y 12.000 lisiados anuales; el millonario desperdicio en subsidios. Son límites contundentes a una política neoliberal en este campo, cuyos únicos beneficiarios siguen siendo concesionarios pri­vados, conducciones sindicales y funcionarios corruptos, que no están interesados en superar el subdesarrollo estructural de los transportes. Es que no se trata de construir un país sobre los impulsos del mercado o los intereses de las corporaciones transnacionales y los grupos fi­nancieros especulativos, sino a partir de una estrategia soberana que garantice los derechos básicos de los argentinos.

Nos alegra que Natanson coincida en que la propuesta Tren Para Todos es razonable, al desactivar el proyecto del Tren Bala; pero se equivoca al considerar que proponemos una mera "reactivación de los ferrocarriles del pasado". No somos tan tontos: se trata de neutralizar la primacía del automotor y tomar ciertas referencias de países como China -hoy a la vanguardia en la industria y tecnología ferroviaria- y también de India, Rusia o los europeos, que promueven el ferrocarril como un eje central del sistema de transportes terrestres. Obviamente, el ferrocarril es un medio y no soluciona todos los problemas de cons­trucción de un proyecto nacional y de integración latinoamericana au­tónoma, con un Estado que garantice el progreso económico, la justicia social y la recuperación de las economías regionales. En ese marco, la banda ancha y las computadoras no son excluyentes sino complemen­tarias de los ferrocarriles.

La vuelta del ferrocarril es inevitable, por razones económicas, am­bientales y de seguridad, aunque gran parte de la dirigencia argentina no tome nota de esta realidad. En el siglo XXI, modernidad, tardomo-dernidad o posmodernidad, todavía el ferrocarril es el único medio que puede garantizar a todos los argentinos un servicio regular, aun en las peores condiciones climáticas.

Nos complace que La próxima estación haya impulsado un debate, que debiera ser serio y no incluir banales descalificaciones. Además de un film, es una propuesta para reconstruir el servicio y las industrias del tren, con empresas públicas controladas por usuarios, trabajadores, universidades, Estados nacional, provincial y municipal. En definitiva, ninguna quimera, sino un Tren Para Todos, cuidado por todos.

Página/12, Buenos Aires, miércoles 8 de octubre de 2008.

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El collar de Marsans

El collar con que la Corona española homenajeó a la presidenta Cristina de Kirchner, más que una condecoración, ha resultado ser la correa con que Marsans quiere llevar al país adonde él quería. El grupo empresario delincuente que quebró Aerolíneas Argentinas y estafó tanto al gobierno español como al pueblo argentino pasó a ser la víc­tima a quien nuestro país debe indemnizar haciéndose cargo de un mi­llonario contrato de compra de avio'nes.

El episodio es tan insólito y escandaloso que cuesta creerlo, salvo que estemos ante un nuevo cuento español: ahora resulta que no bastó que la compañía estatal Iberia y luego Marsans vendieran todos los aviones de la flota de Aerolíneas Argentinas (AA), las oficinas en las grandes capitales del mundo, se llevaran los sistemas de navegación, vaciaran de máquinas y repuestos de los talleres, desviaran hacia sus otras compañías aéreas, Air Comet y Air Europa, el millonario rescate que les diera el gobierno español en 2002 para salvar AA, recibieran del argentino el salvataje de casi 1.000 millones de pesos para sueldos y combustibles desde julio de 2008 y dejaran la empresa quebrada con un pasivo de U$S 890 millones. No obstante esta cadena de delitos ejecutada sin que los gobiernos argentinos la denunciaran, de regreso del viaje a Madrid nos cuentan la fábula de que para evitar que Mar­sans se enoje y nos denuncie ante el tribunal del CIADI, sería necesario hacernos cargo del 50% del millonario contrato de compra de aviones por 5.000 millones de euros que para abastecer a sus empresas Air Co­met, Air Europa y Aerolíneas, el grupo español firmó con la construc­tora francesa Airbus. Entonces: ¿para qué se convocó al Congreso Nacional, al Tribunal de Cuentas y a la Auditoría General de la Na­ción? Su dictamen fue que por su pasivo, la empresa valía un dólar. Al gobierno le sobraban las razones para demandar al grupo Marsans ante el CIADI por vaciamiento y quiebra fraudulenta.

Los empresarios Antonio Mata, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias no tienen ningún argumento jurídico para sustentar una demanda porque violaron todos los acuerdos. Estamos ante un cuento fantástico: después de una de las historias de vaciamiento más grose­ras que nos dejaron las privatizaciones en manos de empresas de la Corona, es vergonzoso que el gobierno diga que debe hacerse cargo -en total- de más de U$S 3.500 millones que dejan los empresarios espa­ñoles. Es el cuento del ladrón que quiere demandar a su víctima.

Como si fuera poco, la operación mediática desinformante dice que es un buen negocio hacernos cargo de semejante contrato, porque

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el precio es excelente y si no correríamos el riesgo de quedarnos sin aviones. La verdad es otra: Marsans quiere deshacerse de ese contrato por la contracción del mercado aéreo. Hoy sobran aviones.

El lector se preguntará si es realmente necesario comprar treinta y cinco o más aviones nuevos. Aerolíneas necesita reconstruir su flota, pero nadie tiene información fidedigna sobre sus necesidades reales. Hoy en el mundo la tendencia no es comprar aviones, sino tomarlos en leasing. Decenas de compañías proveedoras abastecen el mercado mundial y Argentina puede reconstruir su flota alquilando, como lo hacen todas las compañías. Hoy la flota de Aerolíneas-Austral es al­quilada: un Airbus o Boeing para cabotaje, en leasing, sale cerca de U$S 800 mil de depósito y U$S 200 mil por mes.

El salvataje de Marsans nos recuerda al antinacional proyecto del Tren Bala. Como si se tratara de la compra de unos firuletes madrile­ños, se quiere comprometer al país con más endeudamiento externo. La ineptitud del gobierno en materia de transporte y de su responsable Ri­cardo Jaime ya le hizo perder al país miles de millones de dólares por no reconstruir la flota marítima, aérea o los ferrocarriles. En su lugar, cedieron por primera vez el mercado de cabotaje a las líneas extranje­ras. Hoy, American Airlines, a través de Lan Argentina, conquistó el 30% del mercado interno. Somos uno de los seis grandes exportado­res de granos y se pierden por año U$S 3.000 millones en fletes ma­rítimos por no tener flota. Con U$S 3.000 millones se podría impulsar la industria naviera, la ferroviaria y la aeronáutica nacional, gene­rando decenas de miles de puestos de trabajo. Con esa suma se pue­den reconstruir los trenes de pasajeros interprovinciales y los cargueros o invertir la mitad de esa suma en la fábrica de aviones de Córdoba y la construcción de una flota de cuarenta barcos cerealeros de 30.000 toneladas cada uno, como los realizados en estos años para Alemania en Río Santiago a U$S 25 millones cada uno.

Una fuerte inversión de capital en aeronáutica se justificaría si im­plicara traspaso tecnológico y puesta en marcha de nuestra industria. Hay que pensar en la integración latinoamericana a través de grandes proyectos, como una gran línea de bandera continental, y con la bra­sileña Embraer participar en la reconstrucción de nuestra línea de ban­dera. La opinión pública y las fuerzas políticas y sociales deben repudiar este intento de premiar a los ladrones a costa de nuevos ajus­tes y tarifazos al pueblo argentino. Denunciemos a Marsans, pongá­mosle el collar y llevémoslo al CIADI.

Crítica, Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.

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XVI. El campo, las corporaciones exportadoras y el poder financiero

El primer conflicto de envergadura que se le presentó a la presi­denta Cristina Fernández fue el que tuvo como protagonistas visibles a los productores agropecuarios. En efecto, luego de que el ministro Martín Lousteau anunciara el 11 de marzo de 2008 una suba de re­tenciones a las exportaciones agropecuarias con la resolución 125, se desarrollaron protestas violentas con ceses de comercialización y ne­gociaciones que duraron cuatro meses.

Los empresarios rurales más importantes del país, junto a peque­ños y medianos productores, todo ellos representados en la Mesa de Enlace, se lanzaron a cortar las rutas por tiempo indeterminado, exi­giendo el fin de las retenciones a las exportaciones para sus productos. Si bien el conflicto continúa, el enfrentamiento abierto tuvo un punto de inflexión cuando el Senado, con el voto "no positivo" del vicepre­sidente opositor, Julio Cobos, rechazó la resolución 125.

Desde un inicio, Solanas había planteado la posición de Proyecto Sur en diferentes artículos periodísticos: apoyo a las retenciones mó-viles -que debían ser segmentadas-, junto a un Plan Nacional Agro-pecuario que repoblara al campo, asegurara la soberanía alimentaria y la diversidad agropecuaria y diera respuesta a todas las regiones, culti­vos y productores. Ello implicaba: establecer juntas nacionales por pro­ducto; restringir la concentración y extranjerización de tierras; promover a pequeños productores, indígenas y campesinos; terminar con el trabajo rural en negro; limitar y controlar el uso de agrotóxicos; proteger el bosque nativo; producir semillas e insumos por el INTA y entregar al costo al productor; realizar obras hídricas en zonas de cre­ciente sequía; permitir las exportaciones de carnes no consumidas por la población, para no perder los mercados exteriores. Nada de todo eso se establecía en la resolución 125.

Pero lo fundamental era el papel de quienes no aparecieron en es­cena. Desconociendo durante cinco años los reclamos de campesinos, chacareros e indígenas, el gobierno nacional había aplicado una me­dida de corte fiscalista, que en ningún momento consideraba en su conjunto el real problema de la producción agropecuaria: las multina-

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cionales del cereal -Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras—, que continúan siendo un sector intocable y que se queda con casi un tercio de la renta agraria; más los pools de siembra y arrenda­tarios culpables de la sojización y sus nefastas consecuencias ecológi­cas. Fueron las multinacionales exportadoras las que consumaron una estafa a los productores y al fisco nacional, por un monto de 1.750 mi­llones de dólares, detrás del velo de la resolución 125.

Posteriormente, en septiembre, el gobierno anunció que cancelaría la deuda externa que el país tiene con el Club de París. A comienzos de la gestión de Kirchner se había anunciado que comenzaba una era de "desendeudamiento". Pero en la práctica, se evidenció que, en términos absolutos, la deuda y sus vencimientos anuales no se achicaban lo su­ficiente como para que dejaran de constituir un permanente ahogo ex­terno. Entre 2003 y 2008, se efectuaron pagos por más de 31.000 millones de dólares al FMI, al BID y al BM. Ahora se anunciaba el pago al Club de París. Lejos de continuar la senda abierta por las in­vestigaciones de Alejandro Olmos Gaona, que contribuyeron a que el gobierno ecuatoriano encabezado por Rafael Correa investigue y de­nuncie a fondo la deuda externa del Ecuador, el país se mantuvo den­tro de la lógica del "sistema de la deuda" impuesto por la banca acreedora, que acentúa la dependencia externa del país y facilita la san­gría de divisas, obstáculo histórico para el desarrollo nacional.

Semanas más tarde, se anunció que se terminaba el absolutismo de las AFJP. Proyecto Sur saludó la iniciativa, por considerar que la polí­tica privatista iniciada catorce años atrás había constituido un "saqueo jubilatorio". Sin embargo, advirtió qué lejos estábamos los argentinos de escapar al yugo del poder financiero. La falta de controles públicos permitió durante 2008 una fuga de capitales que alcanzó los 23.000 millones de dólares. Por otra parte, la banca privada y extranjera to­davía sigue digitando los destinos de la economía nacional.

La hija de la pavota

El conflicto desatado con las retenciones a la renta agraria, está dejando de lado a uno de los principales protagonistas de la crisis: el sector exportador y las multinacionales del cereal. Los Dreyfus, Bunge y Born, ADM el grupo Cargill-Monsanto y otros son los que mandan, fijan el precio y se apropian sin necesidad de una millonaria renta que ha llegado hasta un tercio del total. La Argentina es la hija de la pavota:

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de los cinco grandes países exportadores de granos, Estados Unidos y la CEE subsidian la exportación cerealera e intervienen en apoyo de sus productores; los otros dos países -Australia y Canadá- mantienen el monopolio estatal sobre el comercio exterior a través de mecanismos similares a nuestra antigua Junta Nacional de Granos.

La crisis actual debe servir para replantear el conjunto del pro­blema. ¿Cuál es la razón para ceder la renta y una política soberana e integral de sostén agrícola? No solo para los productores de soja: ¿puede aceptarse que el productor de manzana o yerba mate reciba sólo el 10% del precio de venta? El desastre económico y social que sig­nificó la desaparición del 40% de los productores rurales que teníamos en los años setenta no puede aceptarse como irreversible. El otro tema grave que no puede soslayarse y parece ser el más temido, es la reforma agraria. De casi 500.000 productores pasamos a 300.000. Esas propie­dades quedaron en manos de los bancos, grupos concentrados, terra­tenientes y sociedades anónimas. Hoy la mitad de la tierra pertenece a menos de 7.000 propietarios y 40 millones de hectáreas pasaron a ser propiedad de extranjeros, incluso en áreas de frontera.

La expansión de la producción sojera está arrasando con la fertili­dad de nuestras pampas, el bosque nativo y las tierras de los pueblos originarios contrariando la Constitución Nacional. La soja forrajera al­canza la mitad de la producción de cereales y el área sembrada llega hoy a los 35 millones de hectáreas, casi el 10% de la superficie total del país. Con certeza, el ingeniero Alberto Lapolla dice: "La sojización des­enfrenada de la Nación, lejos de ser un hecho saludable, constituye un verdadero problema en expansión para la economía nacional y la pro­tección de nuestro ecosistema agrícola, así como también para la vida misma de nuestros habitantes... Mientras los Estados Unidos están to­mando medidas para reducir la superficie sembrada con soja transgé-nica, pagando sobreprecios y más subsidios por la soja común, la Argentina sigue expandiendo la frontera sojera sin límite ni precaución alguna".

Por la peligrosa tendencia al monocultivo sojero -el pasto-soja-nos estamos transformando de productores de alimentos en provee­dores de forrajes para el mercado mundial. Desde Menem, hemos abandonando nuestra soberanía alimentaria, junto a la pérdida de los recursos minerales e hidrocarburíferos. El gobierno de los Kirchner ha profundizado el modelo agro-minero exportador: entregó el dominio total de los yacimientos a las provincias y estas se lanzaron a prolon­gar -diez años antes de lo que marca la ley- las concesiones de Me­nem hasta el 2047. Santa Cruz ratificó hace dos semanas la prórroga del principal yacimiento de petróleo del país, Cerro Dragón, hasta su ex-

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tinción definitiva. ¿Cuándo será el día en que la ciudadanía ocupe las plazas, bloquee las rutas y los puertos para impedir que se lleven nues­tro petróleo y minería? Los hermanos bolivianos dieron el ejemplo, en octubre de 2003, rebelándose contra el envío de gas a Estados Unidos.

La política de retenciones es justa y la han utilizado todas las na-ciones para desarrollarse. Pero debe distinguirse a los pequeños e in­defensos productores, de los grandes y la Sociedad Rural. No se pueden meter a todos en la misma bolsa ni ocuparse solo de las explotaciones de la pampa húmeda, mientras se abandona al conjunto de los demás cultivos agrícolas y frutícolas del país. El conflicto agrario no se solu­ciona con posiciones de fuerza o soberbia, ni mezclando la protesta de los pequeños chacareros con los poderosos que terminan exigiendo la anulación de las retenciones. El gobierno puede destrabar el conflicto cambiando el sistema propuesto por retenciones segmentadas que no graven de igual forma al chico que al grande: el 4% de los productores -solo 2.817 - concentran el 60% del cultivo de soja. El 96% restante - 7 1 8 9 8 productores producen el 40%. Los enemigos de la renta agraria siguen siendo las multinacionales del cereal y la oligarquía te­rrateniente. Solo con la puesta en marcha de una Junta Nacional de Granos y Carnes y un plan de desarrollo agropecuario que incluya la recolonización y el repoblamiento rural, podremos recuperar el con-junto de la renta y dejar de ser los hijos de la pavota.

Página/12, Buenos Aires, 28 de marzo de 2008.

Por un campo productivo al servicio de la Nación y nuestro pueblo

Frente a la decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso de la Nación el tratamiento de las retenciones móviles, Movimiento Pro­yecto Sur expresa su posición ante la "cuestión agraria", considerando que no estamos frente a una problemática sectorial sino nacional, puesto que se compromete el interés de todos los argentinos, en espe­cial el de los sectores de más bajos recursos.

A cien días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsa­bilidad de las partes: el gobierno, con una medida correcta pero mal aplicada, permitió que entidades gremiales agrarias que representan di­versos intereses se abroquelaran y pusieran en práctica medidas de fuerza inaceptables que produjeron graves perjuicios y desabasteci-

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miento. No es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dicta­dura y el saqueo de la Nación, que quienes nacieron del "Grito de Al-corta". A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoya­dos en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes mul­tinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.

También marcamos el lamentable papel que ha jugado parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pre­tenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al go­bierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de "golpe" para cerrar filas e impedir el debate que nos de­bemos.

Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gra­dualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería. El oro, el cobre y de­cenas de metales aumentaron un 300% su precio en los últimos años, pero no pagan retenciones y goza de exenciones impositivas y subsi­dios. Estos beneficios también alcanzan a la actividad ictícola y a las corporaciones petroleras, no obstante que el crudo duplicó su valor en los últimos siete meses.

Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal -Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria; los pools de siembra y arrendatarios; y los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos produc­tores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de diez hectáreas cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49,7% de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblacio­nes. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales -800.000 de ellos trabajan en negro-, las miles de hectáreas

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de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.

Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino exige atender el reclamo de las dos ter­ceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto ac­tual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones -MoCaFor, MoCaSe, Frente Nacional Campesino, entre otros-. No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Cen­tral 50.000 millones de dólares de reservas, existan regiones como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco, con 50% de desnutrición, y que en el país haya más de 5 millones de argentinos en estado de indigen­cia y 13 millones en la pobreza?

Por estas razones, Movimiento Proyecto Sur propicia: Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La

producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación na­cional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente in­flación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.

Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evo­lución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad -en contraposición al monocultivo sojero-, todo ello garanti­zado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.

Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa -de Soros, con 600.000 hectáreas- estén exentos del impuesto a la ganancia; el esta­blecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con "mesas de concertación" por producto; una equitativa coparticipación federal; revisión y limi­tación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la pro-

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ducción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversi-dad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como he­rramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las universidades na­cionales en la "cuestión agraria"; desarrollo de semillas, tipos y espe­cies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multina­cionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.

Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la ini­ciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones ne­cesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de re­tenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la re­solución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores que las anunciadas -22% al 27%-, mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no solo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sec­tor más concentrado.

Se puede. Solo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la de­fensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la ali­mentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispen­sable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.

Desde sus inicios, Movimiento Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse si no se nacionalizan los recursos naturales, el pe­tróleo y el gas. Hoy volvemos a reiterarlo.

Solicitada del Movimiento Proyecto Sur. Buenos Aires Para Todos - Proyecto Sur -

Partido Socialista Auténtico.

Claudio Lozano, Fernando "Pino" Solanas, Mario Mazzitelli, Jorge Cardelli, Alcira Argumedo, Jorge Selser, Leopoldo González, Luis Bru-nati, Carlos Del Frade.

Página/'12, Buenos Aires, 25 de junio de 2008.

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La noche del Senado

La decisión del Senado, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba la resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política y un llamado de atención hacia las formas de conduc­ción gubernamental del kirchnerismo. El proyecto del gobierno no cayó solamente por el voto del vicepresidente Cobos o gracias a una confa­bulación reaccionaria. También aportaron la tozudez del gobierno, que se negó a consensuar determinadas reformas al proyecto con otros sec­tores que buscaban segmentar las retenciones y dar prioridad a la in­vestigación de la grosera defraudación realizada contra el Estado por las grandes exportadora de granos y oleaginosas. A partir de noviem­bre de 2007 y hasta fines de mayo de 2008, debido a la negligencia o complicidad de las autoridades las retenciones sirvieron para estafar al Estado en 1.169 millones de dólares, que las exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al fisco. En esta dirección apun­taba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de Claudio Lo­zano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.

La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevaron al país a atravesar más de cien días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en Diputados no sirvió como advertencia: en el Senado, el gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha ne­gado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de ga­binete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentámiento con "el campo". Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones -dentro de una lógica de con­frontación amigos-enemigos- tendientes a exacerbar el conflicto y cris­par los ánimos sociales. No solo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invo­cando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar

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a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la ley anti­terrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pe-jotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convo­catoria del nuevo presidente del PJ -uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del Conurbano y más cómplices del saqueo nacional- fueron consi­derados golpistas, antidemocráticos, integrantes de una "nueva dere­cha" antipopular; con los cuales es imposible llegar a cualquier consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del gobierno busquen ese con­senso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.

Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas -un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país- que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo -im­pidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales- el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de se­guridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden come­terse "errores de escala". Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos doscientos mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más hete­rogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una me­dida correcta, como son las retenciones móviles, desconociendo que debían ser segmentadas e ignorando, además, que en ese negocio par­ticipan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los po­ols de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomisos no tributan ganancias.

Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentámiento contra "el campo" durante más de cuatro meses ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 mi­llones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes, y en particular los ferrocarriles; al perfil im­positivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la "ley Martínez de Hoz"; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exporta-

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ción; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la re­cuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunica­ción y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licen­cias son del pueblo; al tema de las estadísticas del INDEC; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas pú­blicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar res­puesta a los desafíos de una nueva época histórica.

Alcira Argumedo y "Pino" Solanas.

Página/12, Buenos Aires, 18 de julio de 2008.

Honrando deudas oscuras

La cancelación de la deuda con el Club de París indica el fracaso de la "política de desendeudamiento" iniciada en 2002. Las campañas informativas y los voceros del establishment impusieron el sofisma que dice que para crecer es preciso el crédito externo y, a fin de obtenerlo, deben cancelarse todas las deudas del pasado. Sin embargo, en 2002 el país inició un ciclo de crecimiento sostenido sin recurrir al financia-miento extranjero. Después de la catástrofe económica y social produ­cida por la perversa lógica de la deuda, ¿cómo es posible que ahora se quiera recurrir al mismo circuito? ¿Otra vez el paradigma del crédito externo para las grandes corporaciones que luego traspasan sus deudas al pueblo argentino como lo hicieran, a través de Cavallo, en 1982? ¿No bastó la fuga de 26.000 millones de dólares en 2001, con la parti­cipación activa de los bancos y grandes empresas que hoy aplauden el pago al Club de París?

Entre 2003 y 2008 se han "honrado" pagos por más de U$S 31.000 millones al FMI, BID, BM y ahora al Club de París. Cuando en 2005 se realizó el Canje Global con la banca acreedora, Lavagna y Kirchner ata­ron la mitad de la deuda remanente a la inflación: una de las causas del culebrón del INDEC. Faltaría ahora, para conformar al establishment, el arreglo con los bonistas que quedaron fuera del Canje, que reclaman

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U$S 30.000 millones. El gobierno ha venido pagando con ingresos ge­mimos, reservas o emisión de nueva deuda con tasas de interés usu­rarias del 16% como la reciente venta de bonos a Venezuela. En la mayoría de los casos, se cancelan solo intereses y el monto de la deuda no ha disminuido respecto a 2001. Hoy se deben oficialmente U$S 150.000 millones, pero alcanzan los U$S 200.000 millones si se cuen­tan los hold outs y otras obligaciones en firme como los intereses capi-talizables. Entre 2008 y 2011, habrá vencimientos que exceden los U$S 60.000 millones. En este contexto se produce la grave decisión de can­celar la deuda con el Club de París.

La presidenta ha mencionado que el 45% de la deuda con el Club de París se contrajo antes del regreso de la democracia y que "debe ser una de las más genuinas". Lo sorprendente, es que gran parte de esta deuda fue contraída a pedido del represor Emilio Massera para el equi­pamiento de submarinos que nunca se fabricaron. Según documentos oficiales de 1987, uno de los créditos reclamados por Holanda no de­bía pagarse por ser producto de acciones irregulares y delictivas. Es el llamado "Caso Cogasco": los fondos nunca ingresaron al país, pero fueron registrados como deuda de Gas del Estado. Además, funciona­rios de la dictadura endeudaron a las empresas públicas para alimen­tar la fuga de capitales y la "plata dulce". Son hechos que no hablan de deudas genuinas. A su vez, en 2000, ante la crisis de la Convertibilidad, se contrajo una deuda con España que terminó en la fuga de capitales.

El país debe pagar sus obligaciones externas, siempre que sean le­gítimas y que corresponda. Pagar al Club de París sin esperar los re­sultados de la causa iniciada en la Justicia Federal sobre las deudas contraídas durante la dictadura militar convierten al estado de derecho en una ficción. Que esta deuda haya sido contraída en tiempos de un régimen militar da pie a la aplicación de la teoría jurídica norteameri­cana de la "Deuda Odiosa", que desconoce las deudas contraídas por dictaduras sin el consentimiento del pueblo o que no se utilizan en su beneficio. En 1923, en un litigio entre Costa Rica y el Royal Bank of Ca­nadá, el arbitro internacional William Taft -ex presidente de Estados Unidos y de la Corte Suprema- declaró como "deuda odiosa" los com­promisos que había contraído el dictador costarricense Tinoco. Ahora, es el gobierno Bush quien la busca aplicar en Irak, a fin de no pagar las obligaciones del gobierno de Saddam Hussein.

Otra doctrina jurídica, la del "delito de ejecución continuada", in­dica que las reestructuraciones de deuda en Argentina no pueden bo­rrar el ilícito de origen. La sentencia del Juez Jorge Ballestero del año 2000, en la causa iniciada por Alejandro Olmos, concluye que la deuda externa "ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976

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mediante la instrumentación de una política vulgar y agraviante (...) que tendía, a beneficiar y sostener negocios privados en desmedro de sociedades y empresas del Estado". El mismo Banco Mundial aceptó que la deuda contraída entre 1976 y 1982 fue utilizada para la evasión de capitales e importaciones no registradas. ¿Por qué razón se ha re­nunciado reiteradamente a defendernos con la jurisprudencia que nos favorece? ¿Será porque es una condición para lograr el financiamiento del negociado del Tren Bala?

Estamos asistiendo al despilfarro de millonarios recursos, fruto del esfuerzo de los argentinos. A modo de ejemplo, con la mitad de los U$S 6.700 millones que pagarán al Club, es posible reconstruir a nuevo el colapsado sistema nacional de transportes: los trenes interurbanos que unían las provincias y los ferrocarriles de carga con 300 locomo­toras y 16.000 vagones nuevos. Con la otra mitad podríamos recom­poner la flota marítima y fluvial dotándola con cuarenta barcos graneleros nuevos de 30.000 toneladas -U$S 25 millones cada una -junto a varios petroleros, barcazas y navios fluviales. Quedarían, ade­más, cerca de U$S 2.200 millones para proveer de una flota de aviones a Aerolíneas Argentinas, Austral y Líneas Aéreas del Estado y poner en funcionamiento del sistema de transportes de aire, agua y tierra.

El país exige un riguroso debate en torno al "sistema de la deuda" para no continuar con las políticas indicadas por la banca acreedora que nos lleva a más dependencia y vaciamiento. Siguiendo el ejemplo de Ecuador, donde se investiga un proceso similar al nuestro, Argen­tina debe investigar su endeudamiento externo a fin de establecer quié­nes, cómo y para qué se contrajeron las deudas, discriminar lo legítimo de lo que no lo es y establecer así, cuánto efectivamente debemos.

Página/12, Buenos Aires, 15 de septiembre de 2008.

Fin del saqueo jubilatorio

La correcta decisión de terminar con el negociado de las AFJP es una de las mayores medidas que toma el gobierno nacional para recu­perar el rol del Estado como garante de los derechos de los trabajadores argentinos. Esta medida, que forma parte del programa de Proyecto Sur, apunta a romper la trama oscura del poder financiero que impuso desde 1976 el modelo neoliberal. Cuando se votó la creación de las AFJP en 1993, bajo el cínico nombre de Ley de Solidaridad Previsional, se hacía

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referencia a la insolvencia del sistema público y la imposibilidad para el Estado de garantizar el 82% móvil. Los privatistas prometían revertir el déficit crónico del sistema previsional, incrementar la cobertura y ampliar el mercado de capitales, objetivos que nunca se cumplieron.

La capitalización privada constituye un sistema de rapiña institu­cionalizado y la destrucción del tejido social solidario, que permitió a las AFJP dañar el futuro previsional de los argentinos. Las AFJP desfi­nanciaron al Estado, agravando el déficit fiscal y el posterior endeu­damiento externo, y obtuvieron exorbitantes comisiones. Pero lo peor, no revirtieron la morosidad previsional, no ampliaron los aportes vo­luntarios, ni garantizaron la cobertura jubilatoria. ¿Acaso creíamos que apostar las jubilaciones en la Bolsa de Valores iba a garantizar el futuro de nuestros trabajadores?

Bastaría con indicar que casi tres cuartas partes de las personas en edad de jubilarse son indigentes para demostrar la falsedad de la capi­talización y desigualdad privada. Este esquema funcionó por la capta­ción compulsiva y engañosa de afiliados; y desde los inicios de las AFJP hasta 2001, el Estado dejó de recaudar 75.000 millones de dólares, al tiempo que se congelaron los haberes de los jubilados durante 10 años. En promedio, entre 1994 y 2006, se apropiaron de un tercio de los montos recaudados. En concepto de comisiones, las AFJP obtuvieron U$S 10.600 millones. Como sucedió con la privatización de los servi­cios públicos, la excepcionalidad de la Argentina neoliberal consistió en que se garantizó a los privados una tasa de rentabilidad extraordi­naria inigualable en el mundo.

El saqueo del Estado desde los inicios del neoliberalismo no con­sistió en hacerlo desaparecer, sino en utilizar sus mínimas estructuras a favor de los sectores dominantes. Con las AFJP, se quebró el orden constitucional, y se desfinanció al Estado e incrementó la deuda pú­blica. La Justicia investiga hoy diferentes fraudes cometidos por las AFJP: desde la venta a precios ínfimos de títulos de deuda pública, fi­nanciamiento a grandes empresas (compraventa de acciones) y desvío de operaciones en perjuicio de los ahorros jubilatorios; siendo todo ello violatorio del artículo 14 bis de la Constitución y de normas me­nores. Asimismo, como ocurre con los subsidios a los concesionarios privados de los trenes, las ganancias privadas las garantiza un Estado que se hace cargo de las cuentas mayores; en el caso de las AFJP, de los haberes que no alcanzaban el mínimo vital para sus jubilados, en­tre otros. Lo peor es que se eliminó el derecho al 82% móvil de los ju­bilados: los haberes apenas alcanzan a la mitad de los que obtenían en su época activa. Al pasar al sistema de reparto, los actuales jubilados privados cobrarán ahora mejores jubilaciones.

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Por si fuera poco, las AFJP desfinanciaron al Estado. En lugar de destinar parte de sus fondos en la infraestructura básica del país, como la reconstrucción del sistema de transportes, los fondos de las AFJP -más del 50%- se utilizaron para comprar deuda del Estado y otros negocios financieros. La estafa encubierta se complejizaba, ya que el flujo de fondos previsionales hacia los privados agudizó el déficit fiscal y provocó el posterior endeudamiento público. ¿Resultaba razonable que los privados prestaran al Estado, con tasas usurarias, la misma plata que le quitaban?

Todo lo dicho debería servir de advertencia a quienes parecen ha­ber hecho mal los cálculos que sustentan la idea del "robo de los aho­rros", porque se ha visto que los ahorros ya desaparecieron con las AFJP. Más allá de lo correcto de la medida, tenemos que llamar la aten­ción por las dudas que genera su estatización. No solo porque los mis­mos que aprobarán hoy el fin de las AFJP son los que aplaudieron su creación hace quince años -los Parrilli, Gioja, Fellner, Balestrini, et­cétera-, sino porque en medio de la crisis financiera, el gobierno ha anunciado que honrará las fraudulentas deudas del país. Por ello, desde Proyecto Sur exigimos autonomía y autarquía para la ANSES, la participación en su conducción de trabajadores, jubilados y el Es­tado. Proyecto Sur ya lo había dicho durante la campaña. También lo sostuvieron los jubilados en sus más de ochocientas marchas al Con­greso: se puede terminar con el saqueo. La estatización de las AFJP es necesaria, porque con buenos controles, volver al sistema solidario de jubilaciones es un beneficio para el futuro de todos los argentinos.

Página/12, Buenos Aires, 12 de noviembre de 2008.

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XVII. Argentina, la Potosí del siglo XXI,

y las políticas secesionistas

Uno de los motivos que llevaron a Solanas a criticar duramente el rumbo del gobierno nacional fue la orientación del modelo económico, calificado cada vez con mayor precisión como "modelo agro-minero exportador".

Mientras profundizaba sus estudios para su obra fílmica sobre la si­tuación del país, Solanas encontró que la cuestión minera se había con­vertido en una realidad tanto desoladora como insoslayable.

En un trabajo titulado "El despojo de los metales argentinos", So­lanas advertía que, siendo los minerales uno de los bienes más genui-nos del que disponen los pueblos para su desarrollo, y siendo la Argentina el sexto país con mayor riqueza metalífera en el mundo, la brutal explotación que realizaban las multinacionales en la Cordillera y en las Sierras nacionales, debía frenarse.

El "boom minero argentino", consistente en la atracción de in­versiones extranjeras con enormes e inescrupulosos beneficios, ha­bía comenzado en la época de Menem. Luego de varios años de explotación, ya se podían constatar los irreversibles daños para las comunidades aledañas a las minas y para toda la Nación. Los méto­dos de explotación más económicos llevan a las empresas a practicar la depredación de recursos sobre la base de explotaciones "a cielo abierto" -dinamitando las montañas-, usando cianuro y sustancias tóxicas que destruyen el medio ambiente y la biodiversidad. Por otra parte, parecen sin límites los privilegios de que gozan las empresas mineras que operan en nuestro país: anuncian por simple declara­ción jurada la extracción y las reservas; pueden retener el 100% de las divisas obtenidas de la exportación en el exterior; y tienen libre dis­posición de la producción y de la renta minera. En realidad, puede decirse que no pagan regalías.

Este saqueo de los recursos naturales denunciado por Solanas es parte de un esquema general que tiene lugar en todo el continente la­tinoamericano, constitutivo del modelo global que ha asumido el ca­pitalismo en su fase actual, cuya condición intrínseca es la eliminación de las atribuciones soberanas de los Estados nacionales. Por ello, junto

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a su compañero Félix Herrero, Solanas criticó la política secesionista que se hace visible en regiones de diferentes países de Sudamérica.

Frente a estas políticas se despertaron, con mayor o menor inten­sidad, resistencias sociales y culturales en todo el continente. En mu­chos casos, estas encontraron expresiones políticas que plantearon serios desafíos al orden neoliberal.

En este marco, los países sudamericanos desarrollan un proceso de integración continental relativamente autónomo, cuyas direcciones y re­laciones han ido variando en estos años. Esto provocó la reacción de Estados Unidos, que impulsaba en la región el Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA En efecto, frente a los diferentes encuentros regionales y la final conformación de la Unión de Naciones Sudameri­canas, se reactivó la IV Flota estadounidense, que en julio de 2008 co­menzó su descenso hacia los mares y ríos sudamericanos. Frente al saqueo de sus recursos naturales y la secesión, el inédito proceso de in­tegración regional no tiene un decurso definido y determinable.

El despojo de los metales argentinos

Los que en aquella tierra viven dicen que en la tie­rra adentro hay unas sierras de donde sacan infi­nitísimo oro.

SEBASTIÁN CABOTO, 1544

Hoy como ayer, uno de los bienes más genuinos del que disponen los pueblos para su desarrollo son los recursos naturales de sus terri­torios, que forman parte del capital de toda la sociedad. Desde la con­quista, esas riquezas fueron sustraídas por los ocupantes y, salvo raras excepciones, siguen en manos extranjeras. El llamado "boom minero argentino" que atrae a las multinacionales del sector, anunciando gran­des beneficios para el país, es una operación que desinforma y encubre el silencioso saqueo de recursos metalíferos no renovables, permitiendo sistemas extractivos depredadores y contaminantes, que están siendo denunciados en todo el mundo. La nueva "fiebre del oro" se inició du­rante la década de Carlos Menem y se ha mantenido y profundizado con los sucesivos gobiernos, creándose incluso una suerte de tercer te­rritorio en la Cordillera de los Andes mediante el Tratado de Integra­ción y Complementación Minera Argentino-Chileno de 1997.

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Pueden sorprender estas afirmaciones, pero el tema de la explota­ción minera y la legislación que la ampara no han estado presentes en el debate político y menos aún en los medios de comunicación. Es raro encontrar a un ciudadano -periodista, profesor, magistrado o diri­gente— que sepa que Argentina es el sexto potencial minero del pla­neta, o que guarda en sus sierras, mesetas y cordilleras, depósitos detectados de oro, cobre, plata, plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, níquel, cobalto, uranio y otrosminerales, que se estiman en la suma de 170.000 millones de dólares. La Secretaría de Minería de la Nación (SMN) sostiene: "La oportunidad que presenta el potencial ge­ológico de la Argentina radica en que el 75% de las áreas atractivas para la minería permanecen sin explotar. La totalidad de los prospectos, ya­cimientos y depósitos fueron ubicados y puestos a disposición de la ac­tividad privada a comienzos de la década del 90, como resultado de varios años de trabajo prospectivo del Estado".1

Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente evidencia una clara servidumbre colonial. Establece que la propie­dad de las reservas mineras es de los Estados provinciales pero les prohibe explotarlas: están obligados a cederlas a las empresas priva­das, transfiriéndoles las investigaciones geológicas y los descubri­mientos realizados por el Estado. Si a esto se suma la falta de control público sobre los minerales que exportan, las excepcionales desgrava-ciones impositivas, las bajísimas regalías o los subsidios otorgados, no sería exagerado afirmar que el despojo colonial del cerro de Potosí di­fiere poco en su esencia del que hoy practica la mentada "gran mine­ría" en nuestro país. Contrariamente a lo que se hace creer, el oro, la plata, el cobre y sesenta metales más, se van al extranjero sin pagar nada; pero nos dejan pobreza, corrupción, una grave contaminación ambiental y comunidades divididas por la asociación o resistencia a la corporación minera. Sin embargo, semejantes atropellos han atrave­sado el Congreso Nacional, la Justicia y los organismos del Estado, sin haber provocado una fuerte reacción en los medios de comunicación y las fuerzas políticas.2

1 "Diez Razones para Invertir en Minería Argentina", Secretaría de Mi­nería de la Nación (SMN), p. 6.

2 Estas notas están basadas en informaciones oficiales, artículos publica­dos en la prensa nacional y testimonios grabados a especialistas, trabajado­res y vecinos de las poblaciones aledañas a las minas.

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I) LAS LEYES DE MENEM Y EL PLAN DE LAS C O R P O R A C I O N E S

El 29 de marzo de 2006, en una entrevista que me concediera el in­geniero Jorge Mayoral,, secretario de Minería de la Nación, afirmaba: "Estamos inmersos en un fantástico boom prospectivo y exploratorio que nos hace formar parte del club de los países privilegiados del mundo. Decimos que Argentina se constituye en un top-ten en mate­ria de afincamiento del negocio de riesgo y de la inversión para estos tiempos en el mundo". El llamado "boom minero" tiene su origen en las leyes de entrega de los recursos naturales que iniciara el gobierno de Carlos Menem en los años noventa y en la ley de Reforma del Es­tado de 1989. No era otra de sus perversas iniciativas, sino la ejecución de planes nacidos en los centros del poder económico, el Banco Mun­dial y las grandes corporaciones americanas, canadienses y británicas, para apropiarse de nuestros recursos metalíferos frente al crecimiento de la demanda internacional.

No es casual que, en la misma década, la globalización diera pro­cesos semejantes en más de 70 países donde desembarcaron las trans­nacionales para apropiarse de sus metales. En Argentina, se les abrió las puertas con la Reforma de la Constitución de 1994, que otorgó a las provincias la propiedad de todos los recursos del subsuelo: "Corres­ponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (artículo 124)". Era una reforma mañosa. En el caso del petróleo, venía a legalizar el proceso de privatizaciones lan­zado en 1989 que terminó con ochenta y dos años de política de Estado: desde el presidente Figueroa Alcorta hasta Menem, los hidrocarburos fueron propiedad de la Nación. También era una norma injusta: bene­ficiaba a diez provincias que tenían petróleo y dejaba afuera las catorce provincias restantes que totalizaban el 85% de los habitantes del país. Desde 1907, los porteños, bonaerenses, cordobeses, santafecinos, en­­­­­­­­­­­, correntinos, misioneros, tucumanos, santiagueños habían aportado durante más de ochenta años al financiamiento y desarrollo de la industria hidrocarburífera nacional.

En Chile fueron más frontales: legislaron contra su Constitución, que plantea: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inaliena­ble e imprescriptible de todas las minas". Al final de la dictadura pro­mulgaron una ley que permitía entregar las minas en propiedad privada y a perpetuidad. Lejos de derogarla, los gobiernos de la Concertación le sumarían facilidades que culminaron con el Tratado de Libre Co­mercio firmado con Estados Unidos por el presidente Lagos. Como consecuencia, las empresas estatales que desde la nacionalización del cobre tenían casi el 100% de la producción, se convirtieron en pro-

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ductores minoritarios con poco más del 30%: la mayoría del cobre y la minería chilena, es hoy de las corporaciones norteamericanas.3

La estructura legal impulsada por las corporaciones mineras en la Argentina durante los años noventa consistió en un paquete de leyes tan permisivas que parecen dictadas por las empresas: Ley de Inversio­nes Mineras, N° 24.196/93 y su modificación, ley 25.161/99; Ley de Reorganización Minera, N° 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero, N° 24.228/93; Ley Régimen de Financiamiento del IVA, N° 24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería, N° 24.498/95; Ley de Protección Ambiental, N° 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras, N° 25.429/01. Era secretario de Minería de la Nación Ángel Maza -gobernador de La Rioja hasta hace pocas semanas- y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados el ultramenemista José Luis Gioja, hoy gobernador de San Juan y fervoroso kirchnerista, que logró colocar a su coprovinciano Jorge Mayoral en la Secretaría de Minería de la Nación. El ascendente poder de Gioja no es casual: en San Juan se instaló la mayor empresa de oro y cobre del mundo: la canadiense-norteamericana Barrick Gold Corporation que, en el límite con Chile, ya puso en marcha los mayo­res yacimientos auríferos del país: Veladero y Pascua-Lama.

2) N U E S T R O R E T R Ó G R A D O C Ó D I G O DE MINERÍA

Las leyes mineras del menemato se amparan en nuestro ultrali­beral Código de Minería de 1887: prohibe al Estado -único dueño del recurso- explotar los minerales y además, según la Secretaría de Mi­nería de la Nación: "La fortaleza de los principios del Código de Mine­ría está basada en la claridad de las reglas y un sistema muy liberal que favorece la inversión privada (...) garantiza derechos de propie­dad perpetuos, transferibles, no discriminatorios y la inexistencia de restricciones a la propiedad por sustancia mineral (...) inclusive estra­tégicas, nucleares y otras (...) El derecho a explotar y usar la mina es exclusivo, perpetuo y transferible sin discriminación de nacionalidad del comprador del prospecto. La concesión minera implica un autén­tico derecho de propiedad permitiendo la venta y leasing del activo. Este es además, susceptible de hipoteca sin autorización previa (...)

3 El gobierno de Salvador Allende nacionalizó el cobre el 11/7/1971: "Hoy es el día de la dignidad nacional y la solidaridad. Es el día de la digni­dad porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica".

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Hay muy pocas barreras para acceder a las áreas mineras a diferencia de lo que sucede en otro países como consecuencia de los derechos de aborígenes y temas relacionados con parques nacionales".4

En el mencionado diálogo con el secretario de Minería, Jorge Ma­yoral, nos aclaró: "No hay dueños de minas, hay concesionarios de mi­nas. Es decir, el dueño es el Estado y entrega a un operador para que realice con el recurso un desarrollo productivo". Cuando le pregunta­mos por cuánto tiempo eran las concesiones, respondió: "Mientras se cumplan las condiciones de la concesión en materia de sustentabilidad ambiental (...), se haga efectivo el pago de los canon y se cumpla con la normativa vigente en todo aspecto, la concesión no tiene fin (...) perdu­ran mientras se dé cumplimiento irrestricto con la normativa vigente".5

Solo basta la intención de comenzar a explotar una reserva de­tectada por el Estado y declarar los primeros gastos de exploración, para que la reserva pueda ser entregada. Las corporaciones llegan a las provincias luego de una serie de traspasos, compras y ventas del pros­pecto originario, que al inicio ha sido otorgado a alguna de las em­presas creadas en el entorno del poder provincial. El ingeniero en minas catamarqueño Héctor O. Nievas nos relató la cadena de cesio­nes: "Los funcionarios, ex funcionarios, parientes y amigos del gober­nador, arman sus pequeñas empresas. Son sociedades anónimas donde no figuran y ahí va a parar la primera cesión del yacimiento. Los com­pran por "chaucha y palito" y los revenden a las multinacionales en al­gunos millones de dólares. A su vez, estas los hacen cotizar en las Bolsas internacionales para venderlos en cientos de millones (...) En los últimos meses del gobierno de Oscar Castillo (h) cerca de 150 ya-cimientos mineros llegaron a manos privadas sin haber pasado por la legislatura. Estos yacimientos fueron descubiertos por catamarqueños, que los estudiaron y llegaron casi hasta la etapa de explotación del yacimiento con inversión provincial y nacional. Es decir, lo único que tuvieron que hacer las grandes mineras es empezar a sacar el mineral y concentrarlo para llevárselo. Pero este proyecto pudo haber sido ex­plotado por nosotros, con el esfuerzo y el capital nacional y pidiendo nosotros los créditos".6

En La Rioja, la empresa Yamiri S.A. posee los derechos de explo­tación de las 211 minas provinciales, incluyendo las del cerro Famatina, riquísimas en oro. Su presidente es Carlos Medina, pariente del gober-

4 "Diez Razones para Invertir en Minería Argentina", SMN, pp. 18 y 19. 5 Entrevista grabada al ingeniero Jorge Mayoral, 29/3/2006. 6 Entrevista grabada al ingeniero Héctor Nievas en Catamarca, junio de 2006.

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nador Maza.7 Los negociados, traspasos y ventas de activos mineros argentinos en las Bolsas de Nueva York, Toronto, Londres y otras, aca­ban de mostrar casos resonantes como el proyecto Navidad, en la me­seta centro-norte de Chubut, en la localidad de Gastre. Es una zona con 500 habitantes que guarda millonarios depósitos de plata y plomo. Dos empresas canadienses -IMA Explorations (Inversiones Mineras Argentinas S.A.) y Aquiline Resources (Minera Aquiline Argentina S.A.)- se trenzaron en un juicio millonario en la Corte de Toronto (Ca­nadá) por la posesión del activo, ya que las dos alegan tener legítimos derechos sobre ese rico yacimiento: "De acuerdo con los estudios, es­conde 300,7 millones de onzas de plata y 1,27 millón de toneladas de plomo. Todo ese metal equivaldría a 3.700 millones de dólares, según las cotizaciones actuales, pero podría ser más con futuras excavaciones. Es uno de los depósitos de plata más grandes del mundo.".

Volviendo al Código de Minería, en su artículo 214 establece que no se impondrá ninguna contribución sobre la propiedad minera, sus productos, talleres, maquinarias y vehículos. La exención alcanza a todo gravamen o impuesto, cualquiera fuera su denominación -presente, fu­turo, nacional, provincial o municipal-, aplicable a la explotación y co­mercialización de la producción minera. Como si no fuera suficiente, en el Acuerdo Federal Minero (Ley N° 24.228/93) suscripto por Carlos Menem y los gobernadores de entonces, eliminaron los gravámenes, ta­sas municipales e impuestos de sellos que afecten la actividad minera dentro de cada provincia. A su vez, el Código fue modificado por la Ley de Protección Ambiental (N° 24.585/1/11/95;, donde se sustituyó su artículo 282 por el siguiente: "Art. 1: Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de seguri-dad, policía y conservación del ambiente" e incorpora el "Título Com­plementario de la Protección Ambiental para la Actividad Minera". Pero todo queda sujeto a "reglas" y reglamentaciones que llegan tarde, son benignas, no tienen autoridad que las haga cumplir y de hecho, termi­nan absolviendo a los responsables del daño ambiental.

3) TRATADO ARGENTINO-CHILENO

El Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno firmado por los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei

7 Jaime Rosemberg, en La Nación, Buenos Aires, 11/3/2007. 8 Lucas Livchits, en Página/12, Buenos Aires, 9/1/2006.

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(29/12/97) y promovido en los dos países por la Barríck Gold, es el hecho más grave del proceso de enajenación de nuestra minería. Su

administración se automatiza de los estados por cuarenta años7 creando una suerte de tercer territorio o país. Ante esto, el Manifiesto del Cobre9 firmado por numerosas personalidades chilenas, denuncia: "Este tratado es un fenómeno inédito en la historia contemporánea. Es el inicio de una gran transformación de la organización territorial del mundo que se superpone a los países y que se corresponde a la glo-balización actual de la economía mundial. Constituye un paso adicio­nal en el dominio universal del capital sobre la sociedad y sobre la naturaleza. En perspectiva, es la expropiación más grave de las rique­zas básicas de nuestro país en toda su historia mundial contemporánea y el despojo a nuestro pueblo más desconocido por la ciudadanía en su conjunto". Este tratado no fue el primero firmado con Chile sobre re­cursos mineros: lo antecedieron el Protocolo de 1993 sobre facilitación de trabajo aéreo para la exploración, el Acuerdo de Complementación Económica, el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de In­versiones (1991), Fundamentos de un Tratado de Integración y Com­plementación Minera (1996), y el Memorándum de Integración Física y Facilitación Fronteriza.

La desmesura del tratado es tal que abarca de Norte a Sur la cor­dillera de los Andes y todo el oeste de nuestro país lindante con Chile. No contiene cláusula alguna que preserve la integridad y la ecología de los parques y reservasnaturales, sean provinciales o nacionales. Entre las reservas y parques que entran en el tratado se encuentran: la Re­serva Biosfera San Guillermo e Ischigualasto (San Juan) y Talampaya (La Rioja); los parques nacionales Laguna Blanca y Lanín (Neuquén), Nahuel Huapí (Río Negro), Lago Puelo y Los Alerces (Chubut), Perito Moreno (Norte de Santa Cruz); termas Fiambalá (Catamarca), Pis-manta (San Juan), y Caviavue (Neuquén); embalses los Nihuiles I, II y III y Valle Grande sobre el río Atuel, Los Reyunos sobre el río Dia­mante, Agua del Toro, El Sonseado y Copahue, todos en Mendoza.

El convenio binacional cede nuestra soberanía al crear una franja en la frontera con Chile en las altas cumbres de los Andes que no es ni chilena ni argentina: es el tercer territorio de las transnacionales. A ellas les hemos delegado facultades extraordinarias para perforar y mo-

9 El Manifiesto del Cobre (Santiago: 11/7/2001) fue elaborado por los especialistas chilenos Orlando Caputo Leiva, Juan Rodrigón Araya y Graciela Galarce Villavicencio en el Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad (CETES).

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ver cerros, eliminarlos, cambiar o contaminar cauces de agua, alterar ecosistemas. El tratado permite a los inversionistas la exploración y ex­plotación de los recursos mineros existentes y su uso sin ningún tipo de restricción, aplicando el principio de trato nacional y otorgando faci­lidades fronterizas sin restricciones para el tránsito entre Argentina y Chile. Desde San Juan, un túnel de siete kilómetros perforado en las al­tas cumbres de Los Andes hacia Chile, llevará oro, plata y cobre rumbo a los puertos del Pacífico.

4) EL DESEMBARCO DE LAS CORPORACIONES

Nuestro país presenta un régimen fiscal para el sector minero que es de casi 20% menos que la que rige en las principales regiones mi­neras de Canadá y Australia. El Minning Journal, de Londres, ubica a la Argentina en el segundo puesto del ranking mundial en oportuni-dades de inversión. Los enormes beneficios otorgados a las compañías mineras permitieron el desembarco en masa de las mayores corpora­ciones: Barrick, Homedstake, BHP, MIM, Billiton, Río Tinto, Bajo la Alumbrera, y otras. Las exploraciones pasaron de 135.000 metros per­forados en el 2002 a 400.000 en el 2005: "Una sola explotación mi­nera -e l potasio de Río Colorado, en Mendoza- significa una inversión total de 735 millones de dólares. Cuando se ponga en marcha a pleno en 2009, Argentina pasará a convertirse en el primer productor de América latina y el quinto a nivel mundial de un fertilizante impres-cindible (...) Sólo por las regalías, Mendoza recibiría 12 millones de dó-lares y el valor de las exportaciones llagarán a 400 millones (...)". "Ya se invierten 4.000 millones de dólares en 'las 7 grandes': Huevos Ver­des y Manantial (Santa Cruz), Gualcamayo, Casposo y Pascua-Lama (San Juan), Agua Rica (Catamarca) y Pirquitas (Jujuy) y se sumarán a otros nombres como Veladero (San Juan) El Pachón, Cerro Vanguar­dia (Santa Cruz) y La Alumbrera".10

Sin duda, en minería se ha producido un fuerte flujo de inversio­nes extranjeras pero los montos anunciados son apenas una referencia, ya que el Estado no hace un seguimiento serio de tales inversiones. En nuestro país, la llegada y salida de los capitales extranjeros rara vez fueron controladas por las autoridades. Desde el empréstito de la Ba-ring Brothers firmado por Rivadavia en 1822, las inversiones y crédi­tos extranjeros siguen siendo uno de los mitos recurrentes del país.

10 Osear Martínez, en Clarín, Buenos Aires, 18/2/2007.

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Hace varias décadas, en sus investigaciones sobre los ferrocarriles, Raúl Scalabrini Ortiz probó que las cuantiosas inversiones inglesas en los trenes eran falsas: "Los ferrocarriles ingleses hicieron su capital con el esfuerzo de los argentinos (...) Carlos Marx afirma que el capital se forma con la plusvalía que el patrón sustrae al obrero. La investigación minuciosa, casi peso a peso, me convenció de que, entre nosotros, la plusvalía la puso el usuario y el capital original, el gobierno argentino".11

Demuestra así cómo los trenes fueron financiados y construidos por el gobierno nacional o las provincias y cedidos gratis a los tenedores de empréstitos y financistas ingleses. Pero en la memoria colectiva aún subsiste que los hicieron ellos.

Recordemos que en 2001 fugaron del país 26.000 millones de dó­lares sin que ninguna institución -AFIP, AFILCO, BCRA-, legislador o funcionario lo denunciara penalmente como exige la ley.12 Los pocos organismos de control existentes en el Ministerio de Economía y el Banco Central fueron desmontados en los. años noventa. En el país rara vez se hizo el monitoreo de una inversión mientras que en países como Canadá o Noruega lo hacen cada tres meses. En general, las in­versiones extranjeras se escondieron detrás de operaciones publicita­rias y fueron menores que las anunciadas. En el caso de las petroleras vemos con frecuencia en los diarios avisos a página entera que anun­cian inversiones de 4.000, 6.000, 9.000 millones de dólares: su falta de cumplimiento llevó al país a la crisis actual. Por no invertir en nuevos pozos, las reservas que teníamos de hidrocarburos -35 años en petró­leo y 16 en gas- calculadas al momento de la privatización, hoy des­cendieron a 9 y 7 años. En el caso de la minería, las empresas están interesadas en declarar mayores inversiones que las reales porque pue­den deducirlas en un 100% del impuesto a las ganancias. En estos años neoliberales, ¿cuándo la AFIP o el BCRA auditaron a las corporacio­nes y sus balances? La realidad es que las empresas se llevan lo que quieren amparadas en la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley N° 21.382/93) y los Tratados de Promoción y Protección de las Inversio­nes Extranjeras que tienen el valor de tratados internacionales.

11 Raúl Scalabrini Ortiz, Bases para la reconstrucción nacional, Buenos Aires, Plus Ultra, pp. 93-94.

12 El MORENO presentó el 6/11/06 una denuncia penal contra las petro­leras Esso, Shell, Repsol y Pe-com por defraudación agravada y contra legis­ladores y funcionarios de AFIP, AFILCO, BCRA por no haberla denunciado penalmente.

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5) B E N E F I C I O S Y REGALÍAS DE LAS EMPRESAS MINERAS

Las leyes mineras de Menem otorgaron a las empresas ventajas ex­cepcionales de las que no goza ninguna otra rama empresaria, ni las pe­troleras: de las 23 provincias argentinas solo 7 cobran regalías. La madre de esas normas del despojo es la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196/ 93), que estableció en su artículo 22: "Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías (...) no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor 'boca de mina' del mineral extraído". Pero no era todo: la Ley 25.161/99 esta­blece la reducción de los costos operativos sobre la regalía, incorpo­rando a la Ley N° 24.196 -artículo 22 b i s - algunas definiciones: "Artículo 1: Se considera 'mineral boca de mina' el mineral extraído, transportado y/o acumulado previo a cualquier proceso de transfor­mación - la roca o piedra en bruto antes de su molienda-. Se define el 'valor boca de mina' de los minerales o metales declarados por el pro­ductor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su co­mercialización, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de boca de mina a dicha etapa, con excepción de los gastos y/o costos directos o indirectos inherentes al proceso de ex­tracción".

Sobre la piedra en bruto, extraída a la montaña, sin ser molida ni procesada, se calcula el 3% de regalía y se le hacen las siguientes de­ducciones: "Los costos a deducir, según corresponda, serán: A) Costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes al proceso de extracción del mineral hasta boca de mina. B) Costos de trituración, molienda, beneficio y todo pro­ceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final, a que arribe la operación minera. C) Costos de comercialización hasta la venta del producto logrado. D) Costos de administración hasta la en­trega del producto logrado, menos los correspondientes a extracción. E) Costos de fundición y refinación" (Ley 25.161/99, artículo 1).

¿Pero quién determina dónde comienza o termina cada proceso? La propia empresa. No hay ninguna autoridad pública que controle lo que extraen ni lo que exportan, ni sus costos de comercialización. El sistema funciona a simple declaración jurada de las mineras sobre los principales metales que explotan -oro, cobre, plata- sin declarar todos los demás que los acompañan. Téngase en cuenta que ningún metal se encuentra sólo en la roca sino que está mezclado con muchos otros: donde hay oro hay cobre, plata, molibdeno, y otros. Se calcula que, en los barros metalíferos transportados por las mineras, van cerca de 60 minerales muy requeridos para las nuevas aleaciones, superconducto-

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res e industrias de punta. Sobre ellos, no pagan nada.13 Recien 180 días después que lacarga llega al puerto de destino, la empresa declara lo que llevó y paga la regalía deduciéndole los gastos de procesamiento, transporte, seguro, flete, administración y comercialización. Las rega­lías, que son el canon mundialmente establecido como compensación por la pérdida de materiales no renovables, queda reducida a lo insig­nificante: las provincias terminan cobrando del 1 al 1,5%, según las de­claraciones juradas de las propias empresas.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, la ley 24.402/94 esta­blece un régimen especial de financiamiento: "Artículo 1: A) Las ope­raciones de compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos. B) Las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera (...) Artículo 2: (...) en tanto los mismos sean destinados al proceso productivo orientado hacia la venta en el mer­cado externo (...) o bienes destinados a la exportación".

Todas estas medidas a favor de las corporaciones explica que las empresas mineras dedicadas a la extracción de metales "se apropiaron del 89,2% de la renta promedio generada por la actividad en los últi­mos seis años, contra el 10,8% que quedó en manos del Estado", según un informe del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) que agrega: "el Estado obtiene una retribución muy baja por la explotación de sus recursos naturales, considerando que prácticamente toda la pro­ducción se exporta y finaliza la etapa de refinación en el exterior".14 La

13 En la primera rotura del mineraloducto de Minera la Alumbrera, en Tucumán, se hizo en Canadá un estudio del concentrado del mineral derra­mado y contenía: aluminio 539,90 kg/t; arsénico 21,21 g/t; azufre 3,00 kg/t; antimonio 3,03 g bario 5.00 kg/t; berilio 21,36 g/t; bismuto 1,67 g/t; calcio 219,70 kg/t; cadmio 2,27 g/t; cobalto 18,18 g/t; cromo 75,75 g/t; cesio 55,49 g/t; cobre 100,00 g/t; cerio 577,21 g/t; disprosio 43,94 g/t; erbio 27,27 g/t; eu­ropio 12,12 g/t; estaño 12,12 g/t; estroncio 1,91 kg/t; fósforo 9,24 kg/t; galio 99,09 g/t; gadolinio 51,51 g/t; germanio 1,36 g/t; hafnio 15,15 g/t; hierro 137,87 kg/t; holmio 9,09 g/t; lantano 278,00 g/t; lutecio 4,55 g/t; indio 0,12 g/t; litio 153,02 g/t; magnesio 15,20 kg/t; manganeso 2,79 kg/t; molibdeno 5,61 g/t; novio 46,79 g/t; níquel 42,42 g/t; neodimio 266,40 g/t; oro 0,08 g/t; plata 439 g/t; plomo 284,20 kg/t; potasio 166,70 kg/t; praseodimio 69,69 g/t; rubidio 855,98 g/t; renio 0,03 g/t; samario 50,00 g/t; selenio 30,30 g/t; so­dio 218,20 kg/t; tantalio 576,00 g/t; teluro 0,76 g/t; titanio 10,30 kg/t; talio 5,30 g/t; terbio 7,58 g/t; torio 101,51 g/t; tulio 4,55 g/t; vanadio 152,52 g/t; wolfranio 10,61 g/t; zinc 227,25, zirconio 399,96 g/t; uranio 28,79 g/t; ytrio 205,29 g/t, y terbio 25,76 g/t.

14 Crónica, 29/1/2006.

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SMN lo confirma así: "Las tasas de retorno de las minas de oro y co­bre argentinas se ubican entre las más altas del mundo, ocupando el cuarto puesto en el caso del oro y el tercero en el caso del cobre, se­gún la "Colorado School of Mines...".15

Valga como ejemplo de rentabilidad que, mientras los yacimien­tos extraen 1 g de oro por tonelada de roca, la riqueza de Veladero es tal que permite sacar de 2 a 4 g, produciendo 550.000 onzas de oro por año con un margen de utilidad de 500 dólares por onza, más la producción de plata y mercurio.16 A diez kilómetros de Veladero, el megaproyecto Pascua-Lama, cuando produzca a pleno, tendrá una producción de 1.200.000 onzas de oro y 45 millones de onzas de plata al año, más todo el cobre y decenas de otros metales.

6) MlLLONARIAS RENTAS QUE SE VAN AL EXTRANJERO

El gran mito de las inversiones extranjeras y del caudal de expor­taciones es la riqueza que le aportan al país. Las empresas y la Secre­taría de Minería de la Nación (SMN) anuncian los éxitos de su política minera de Estado y el récord de inversiones que se prevé ascenderá a 6.000 millones de dólares. El diario Clarín señala: "si todo sale como dicen los especialistas del sector, para 2010 Argentina podrá ser con­siderado un país minero con exportaciones no menores a los 7.000 mi­llones (...) En 2006 las ventas al exterior llegaron a los 2.758 millones de dólares. El 85,5% de ese monto correspondió a envíos de cobre y oro".17 Estas cifras, basadas en datos proporcionados por las empresas, hacen creer que estamos ante una gran generación de ingresos para los argentinos. Pero no es cierto: las empresas y la SMN ocultan que la casi totalidad de ese tesoro se exporta y sus millonarias ventas no re­tornan al país porque las corporaciones mineras gozan de la libre dis­ponibilidad del mineral. Mientras las petroleras disponen del 70% de las divisas provenientes de la exportación, las mineras pueden dejar afuera el 100% de ellas. Los decretos del PEN N° 417/03 -firmado por E. Duhalde- y 753/2004 -con la firma de Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Roberto Lavagna- así lo establecen.18 Un ingeniero de

15 "Diez Razones para Invertir en Minería Argentina", SMN, p. 16. 16 Dirección Nacional de Minería, Dir. de Inversiones Mineras, mime

di@minería.gov.ar. 17 Osear Martínez, en Clarín, Buenos Aires, 18/2/2007. 18 Decreto PEN N° 753/2004, artículo Io: "Déjese sin efecto la obligato-

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Minera Alumbrera declaraba en un programa de televisión: "El 100% de lo producido, que son 700.000 toneladas al año, 104 toneladas por hora, se exporta desde puerto propio en la localidad Puerto General San Martín, al norte de Rosario. Es decir, la totalidad de la producción de 700.000 toneladas de cobre y oro son exportadas a mercados exter­nos de Brasil, Estados Unidos, Europa y Oceanía".19

De lo que no se habla es del valor de esta riqueza: ¿cuánto repre­senta a valores de hoy? La SMN estima que Minera Alumbrera "es­pera producir 195.000 t de cobre y 700.000 onzas de oro durante 2003".20 Si tomáramos estas cifras e hiciéramos un estimado a la coti­zación de la Bolsa de Londres de hoy -18/4 /07- , las 195.000 t de co­bre a U$S 7.830 la tonelada, darían U$S 1.526.850.000 y las 700.000 onzas de oro a U$S 788,50, serían U$S 481.950.000. Es decir: un to­tal de más de 2.000 millones de dólares anuales, sin contar las decenas de otros metales que acompañan el oro y el cobre y por los que no de­claran ni pagan.

El caso de La Alumbrera no es una excepción: hay yacimientos mayores como los de Veladero y Pascua-Lama que están en el mismo distrito de los Andes sanjuaninos y los opera la misma corporación Barrick Gold. Según la SMN, "es uno de los distritos auríferos-ar-gentíferos más ricos del planeta, con recursos de 40 millones de on­zas de oro y 1.000 millones de onzas de plata".21 A U$S 688,50 la onza de oro dan 27.540.000.000 dólares y a U$S 14,05 la onza de plata,22 son 14.050.000.000 dólares, lo que hacen un total de U$S 41.590 millones de reservas metalíferas del yacimiento, sin contar el mercurio, el cobre, el molibdeno y todos los demás metales que los acompañan. Tomando el costo de producción en Veladero de una onza de oro o plata desde la extracción del mineral hasta el lingote de oro a U$S 155 la onza -según datos de la SMN-, producir los 40 millones de onzas de oro y 1 millón de onzas de plata, costarían U$S 16.120

riedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas pro­venientes de la exportación de productos que fuera prevista por los artículos 1o del decreto N°2581/ 64 y 10 del decreto N° 1555/86, correspondientes a las empresas mineras que con posterioridad a la vigencia del presente decreto obtengan los beneficios reconocidos en el artículo 8 de la ley 24.196/03."

19 TN Ciencia por el canal Todo Noticias, julio de 1996. 20 Mina Bajo de la Alumbrera, Dirección Nacional de Minería, SMN. 21 "Diez Razones para Invertir en Minería", SMN, p. 4. 22 Cotizaciones en la Bolsa de Londres del 18/4/07: onza de oro U$S

688,50; onza de plata U$S 14,05 y la del cobre U$S 7.830 la tonelada.

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millones y dejarían de utilidad en los veinte años de vida útil de estos yacimientos, 25.470 millones de dólares, más todos los metales valio­sos que no declaran.

Una cifra que sorprende y hace dudar de ella, pero las reservas es­tán dadas por la SMN sobre la base de estudios propios y datos pro­porcionados por la empresa. Para dar un ejemplo aproximado de lo que representa esta suma de dinero, se podría construir durante los próximos veinte años y entre otras cosas: mil quinientos hospitales de alta complejidad con su instrumental; cinco mil escuelas de polimodal equipadas y setenta mil kilómetros de rutas asfaltadas.

La producción anual de Pascua-Lama, en su primera etapa, será de "800.000 onzas de oro y 35 millones de onzas de plata (...) Las tres etapas completas podrán llevar la producción a 1,2 millones de onzas de oro al año"23 y 50 millones de onzas de plata, aproximadamente. Es decir, producirá plata por valor de 700 millones de dólares y oro por U$S 826 millones, un total anual de más de U$S 1.500 millones sin contar el cobre y todos los minerales y metales que no declaran ni pa­gan pero que recuperan y venden. En cuanto a los costos de explota­ción, vale reiterar lo que la SMN afirma: "los costos de producción -argentinos- están entre los más bajos del mundo (...) las tasas de re­torno de las minas de oro y cobre argentinas se ubican entre las más al­tas del mundo, ocupando el cuarto puesto en el oro y el tercero en cobre, según el Colorado School of Mines".24 Si tomamos la produc­ción anual que tendrá Pascua-Lama de 1,2 millón de onzas de oro y 50 millones de onzas de plata, a U$S 155 la onza, costarían produ­cirlas U$S 793,6 millones y se venderían a U$S 1.528 millones, es de­cir, dejarían una utilidad anual de U$S 735 millones.25

Como vemos, las corporaciones se apropian de la casi totalidad de una renta de metales no renovables y que debería ser tomada por la provincia o el país, que son sus dueños. La Barrick Gold, con una in­versión prevista en Pascua-Lama de 1.500 millones de dólares26 en un solo año, habrá exportado más de lo que invirtió y en dos años habrá recuperado su inversión. Como en Potosí y los países coloniales, la his­toria es la misma: nuestros recursos minerales se van sin ningún valor agregado, para dar trabajo y riqueza a las metrópolis.

23 Informe sobre Pascua-Lama, SMN, Dirección Nacional de Minería. 24 "Diez Razones para Invertir en Minería", SMN, p. 36. 25 Informe sobre Cerro Vanguardia, SMN Dirección Nacional de Minería. 26 Natalia Muscatelli, en Clarín, Buenos Aires, 07/12/2006, y Barrick-

Web Site Regional Argentina-Chile.

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7) LAS VENTAJAS IMPOSITIVAS DE LAS MINERAS

Las empresas mineras gozan de las mayores ventajas del empresa-riado argentino: no se le aplican retenciones como al agro y a los hi­drocarburos y tienen beneficios fiscales de excepción, establecidos en la Ley 24.196/93, artículo 8: "Los emprendimientos mineros com­prendidos en el presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de 30 años contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad. La estabilidad fiscal significa que las empresas que desarrollan actividades mineras en el marco del presente Régimen de Inversiones no podrán ver afectada en más la carga tributaria total, determinada al momento de la presentación, como consecuencia de aumentos en las contribuciones impositivas y tasas, cualquiera fuera su denominación, en los ámbitos nacional, provinciales o municipales (...) será también aplicable a los regímenes cambiario y arancelario, con exclusión de la paridad cambiaría y de los reembolsos, reintegros y/o devolución de tributos con motivo de la exportación".

En cuanto a las ganancias, su artículo 12 indica que "podrán dedu­cir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 100% de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios es­peciales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de in­vestigación aplicada y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica de los mismos"; y agrega en el artículo 13: "Las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de nue­vos proyectos mineros y para la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones mineras existentes (...) tendrán el siguiente régimen de amortización en el Impuesto a las Ganancias: a) Las inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones (...) accesos, obras viales, obras de captación y transporte de aguas, tendido de líneas de electricidad, instalaciones para la generación de energía eléctrica, campamentos, viviendas para el personal, servicios de salud, educación, comunicaciones y otros servicios públicos como policía, correos y adua­nas, se amortizarán de la siguiente manera: el 60% del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en que se produzca la habilitación respectiva y el 40% restante en partes iguales en los dos años siguientes". En su artículo 14 dice que "las utilidades provenientes de los aportes de minas y de derechos mineros, como capital social (...) estarán exentas del Impuesto a la Ganancias", y en su artículo 21 fija que "Los inscriptos en el presente régimen estarán exentos del pago de los derechos de importación y de todo otro derecho, impuesto especial (•••) por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o partes o elementos componentes de dichos bienes...".

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El impuesto a las ganancias de las empresas extranjeras residentes en la Argentina, según informa la SMN, "tributan sobre su renta mun­dial, pudiendo computar como pago a cuenta de este impuesto, las su­mas efectivamente abonadas por gravámenes análogos sobre sus actividades en el extranjero".27 En cuanto al impuesto a la renta mí­nima presunta, una tasa del 1% grava los activos mundiales de las em­presas argentinas. El pago de este impuesto y el del impuesto a las ganancias, se compensan mutuamente.

A toda esta batería de favores que pagamos los argentinos, deben agregarse los beneficios del Régimen de Inversiones Extranjeras en la Argentina (Ley N° 21.382/93), que estableció el marco legal para las mismas: estas compañías extranjeras pueden invertir sin necesidad de aprobación previa o requisitos de registro; transferir libremente su ca­pital y sus ganancias sin tener que pagar cargas o impuestos sobre di­chas transferencias; acceder libremente al mercado cambiario sin restricciones; exención del Impuesto al Cheque (decreto N° 613/2001) cuya tasa es del 6%o y deducción del 100% del impuesto a los com­bustibles líquidos que todos pagamos al cargar nafta.

Con estos excepcionales beneficios fiscales cabría preguntarse qué porcentaje de la inversión representan. Para dar solo un ejemplo, cuando se habla de una inversión extranjera de U$S 5.000 millones, sig­nifica que la mitad de la misma será maquinaria y equipamiento traído del exterior y que no pagará la tasa media del 15% de derechos de im­portación. ¿Cuánto deberían pagar de impuesto a la ganancia y todos los demás, con las fabulosas utilidades de más del 100% que en dos ejercicios amortizan su inversión? ¿Cuál es el negocio que hace el país con la Gran Minería si se llevan todo y no pagan nada?

Pero esto no es todo: como si todos estos beneficios y prebendas no bastaran para reducir riesgos y asegurar ganancias a las empresas, en lugar de aplicar fuertes retenciones a la exportación, el gobierno las compensa con reintegros. Digo bien: reintegro a las exportaciones mi­neras. Una verdadera estafa al pueblo, ya que la Nación termina sub­sidiando a corporaciones que se llevan los minerales sin control alguno: para las exportaciones mineras del Noroeste los reintegros son del 2,5% (Resolución de la SMN N° 130/93); y las de puertos patagónicos, tie­nen reembolsos del 5% al 12% aumentando cuanto más austral sea la ubicación geográfica del puerto. Se encuentran legislados por la Ley N° 23.018 y su modificatoria N° 24.490.28

"Diez Razones para Invertir en Minería", SMN, p. 36.

Julio Sevares, en Clarín, Buenos Aires, 13/2/2007.

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Estoy seguro de que a esta altura de la crónica, la sorpresa del lec­tor será muy grande: es tan abusivo el sistema que resulta poco creíble. Cuando expongo el tema en una charla, buena parte de la audiencia queda choqueada. Algunos desconfían y toman mis palabras como exa­geraciones para llamar la atención. Otros dudan y preguntan si es ver­dad. Les cuesta comprender que semejante régimen de prebendas se haya votado y que después de una década no haya periodistas, legisla­dores o dirigentes denunciado el tema. Pero la única verdad es la reali­dad por indignante que sea: no es exagerado decir que las empresas no solo no pagan, sino que nosotros les pagamos para que se lleven todo.

8) LA CONTINUIDAD DE LA POBREZA

Cabría preguntarse cuál es el progreso y los beneficios que las cor­poraciones traen a los pueblos, que son los propietarios del recurso mi­nero. Más allá de un cierto incremento en el comercio y los servicios, la situación de las provincias sigue siendo más o menos la misma de siempre. Basta ver el cuadro de pobreza que hay en San Juan, Cata-marca, Salta y La Rioja, las más ricas en minerales del país. El caso más elocuente es el de Catamarca: lejos de haber paliado su miseria y obtener una masa de empleos sustantiva, el 62% de la población es po­bre, el 40% está desocupada y la mitad subalimentada. Una solicitada del Partido Justicialista provincial denunciaba: "La Gran Minería no generó ningún efecto económico regional, Catamarca aumentó su ín­dice de pobreza y desempleo (ver índice del INDEC) a pesar de ser la mayor exportadora de minerales del país. Aumentó la desnutrición y mortandad infantil, la miseria en las comunidades es alarmante (...) Nuestros minerales le dejan a Catamarca en concepto de regalías el 1% y el Estado nacional le reintegra el 2,5% (...) De los L632 millones de dólares de exportaciones -año 2005- nada regresa al país (...) de los 6.000 millones de dólares previstos en inversión para el período 2006-2010, serán desgravados íntegramente al momento del pago de Impuesto a las Ganancias".29

La situación en La Rioja y San Juan no difiere de la de Catamarca: a los pueblos y viviendas que están al pie de las minas más ricas les fal­tan servicios sanitarios, aguas corrientes no contaminadas, luz eléc­trica y buena atención hospitalaria: ¿puede aceptarse que todos los años haya muertos por picadura de escorpión porque no hay vacunas

29 Solicitada, en Clarín, Buenos Aires, 7/5/2006.

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ni siquiera en la capital provincial? ¿Y qué pasa en la riquísima Salta, que además de su minería tiene la segunda cuenca gasífera del país y una rica agricultura de exportación? Sufre altas tasas de desnutrición y enfermedades de la pobreza: chagas, infecciones intestinales, disen­terías, colitis, tifus, leishmaniasis, cólera, paludismo. La ciudad de Ge­neral Mosconi -capital petrolera de la provincia- con 25.000 habitantes, altísima desocupación y una de las temperaturas más altas del país, solo recibe agua cuatro o cinco horas por día y esas aguas es­tán contaminadas por las petroleras.

El otro mito es la generación de puestos de trabajo que trae la mi­nería: "Los empleos directos - en todo el país- pasaron de 24.000 a 37.000 entre 2003 y 2006 y se calcula que llegarán a 40.000 este año. Los indirectos treparon de 97.000 a 160.000 en el mismo período".30

Esos números son severamente cuestionados en las provincias por­que responden más a la proyección de ecuaciones abstractas que a las cifras de la realidad. Aquello tantas veces repetido de "cada empleo di­recto genera cuatro indirectos" es más teórico que real. Dice un in­forme de la Red Eco Informativo (22/9/06): "Los puestos de trabajo masivos solo se registran durante la construcción de las plantas de tra­tamiento del mineral. Estas obras llevan en promedio unos 26 meses. Luego de finalizadas solo quedan en el yacimiento el 17% de los em­pleados. . .) Dentro del esquema de costos, la mano de obra resulta un componente menor al 20% del total de egresos. Y si comparamos los salarios con el monto bruto de facturación, apenas llega al 6% del mismo".

La minería no se procesa ni se industrializa en el país: la mayor parte de los empleos indirectos son en servicios y comercio. Minera Alumbrera - l a mayor mina de oro y cobre de Catamarca y una de las cinco grandes del país- "emplea 1.300 operarios y de ellos, solo 300 son catamarqueños".31 La propia empresa declara: "Pagamos por año 67 millone de pesos - 2 2 millones de dólares- en salarios directos (...) y en los últimos 12 meses pagamos 75 millones de pesos de re­galías - 2 5 millones de dólares-".32 Una multinacional que, como he­mos visto, factura y exporta a valores de hoy 2.000 millones de dólares por año, más todos los demás metales que no declara ni paga, solo gasta en salarios 22 millones de dólares y en regalías 25 millo­nes. En realidad, estos sueldos y magras regalías los pagamos todos

30 Clarín, Buenos Aires, 18/2/2007. 31 Solicitada, en Clarín, Buenos Aires, 7/5/2006. 32 Solicitada, en El Ancasti, Catamarca, 13/5/2006.

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los argentinos: Minera Alumbrera recibe de la Nación el 2,5% de rein­tegro a sus exportaciones, es decir, cerca de 50 millones de dólares que cubren aquellos gastos.

La política de puertas abiertas a las corporaciones y de excepcio­nales ventajas impositivas parece contentarse con el incremento de puestos de trabajo, sin ninguna exigencia para procesar o industriali­zar los minerales en el país. En el fondo, ¿no es una idea neocolonia-lista la de entregar todo porque nos dan trabajo? ¿Quién y cómo hizo los cálculos de las pérdidas que le ocasiona al país la cesión y fuga de miles de millones de dólares en metales, más todos los impuestos que no pagan? ¿Alguno pensó cuántas decenas de miles de empleos esta­bles podrían crearse si recuperáramos para la Nación la riqueza mi­nera? ¿Cuántos más si su decantación y refinado se hiciera en el país y fabricáramos equipos y maquinarias para su extracción?

Otro de los argumentos que se presentan como aportes al desa­rrollo y progreso provincial son las obras de infraestructura que dejará la industria minera: caminos, líneas dé tensión electrica, construccio-nes o campamentos. Lo que no se dice es que esas obra solo le sirven a las propias empresas que deben realizarlas para funcionar en sus ya­cimientos. Las minas están en altura o lugares desiertos, lejos de las ciudades e inhóspitos para quien no trabaje en ellas. Cabe preguntarse qué pasará cuando se agote el mineral dentro de veinte años y la em­presa se vaya. ¿Querrá alguien vivir en la inclemencia y soledad a 4.000 metros de altura, sin fuentes de trabajo, mantenimiento, servicios y energía? Los campamentos se convertirán en "fantasmas" muy peli­grosos, por décadas de utilización de sustancias tóxicas.

9) U N A EXPLOTACIÓN DEPREDADORA

El boom minero argentino también se relaciona con la falta de restricciones para explotar a cielo abierto o tajo abierto empleando cianuro y mercurio, un sistema extractivo peligroso que se está pro­hibiendo en muchos países. Es más económico y más perverso: como el mineral no está concentrado en un sitio preciso como en las viejas galerías y se encuentra diseminado en grandes extensiones junto a muchos otros metales, se lo extrae haciendo volar con dinamita la montaña. Como informa un ingeniero de Minera Alumbrera, el yaci­miento "está diseñado para llegar a procesar 120.000 toneladas de roca útil por día. Esto conlleva a una producción de 2.100 toneladas diarias de mineral concentrado, que se diluye en agua, se lo espesa, se le coloca dispersantes y después se lo impulsa por cañerías hasta Tu-

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cumán".33 Las minas amanecen con una cadena de explosiones produ­cidas por decenas de toneladas de dinamita. En el yacimiento de Pascua-Lama, la Barrick Gold emplea diariamente 82 toneladas de explosivos.34

La voladura de las montañas, además de ahuyentar las especies anima-les, forma nubes de polvo que quedan suspendidas o son llevadas por los vientos hacia los valles donde se cultiva, y están las poblaciones. Ese material pulverizado es una de las mayores fuentes de intoxicación y contaminación ya que lleva importantes volúmenes de minerales libe­rados por las explosiones -plomo, arsénico, uranio, cromo, zinc, asbesto, mercurio, azufre, cobalto, manganeso- que serán inevitablemente res­pirados por los trabajadores y habitantes de los valles.

La roca es triturada y se deposita en lagunas artificiales o piletones de varios kilómetros de extensión, para ser decantada mediante el pro­ceso de lixiviación, que consiste en separar el oro de los otros metales con una suerte de sopa química donde el cianuro es el componente principal. Para ello se utiliza el agua de los ríos y arroyos de montaña. Minera la Alumbrera, en Catamarca, utiliza 80 millones de litros de agua fósil al día extraídos a gran profundidad deldesierto del Arenal, en Santa María. Son aguas de máxima pureza que la naturaleza nece­sitó siglos para su formación y se utilizan para producir una suerte de barro metalífero en una región cuyo problema es la falta de agua. El in­geniero Nievas nos decía en Santa María: "El oeste catamarqueño es una zona semidesértica, el problema del agua es grave. La Alumbrera no paga nada por ella y está provocando una gran desertificación: los agricultores ya no encuentran agua cuando bombean y deben buscarla más abajo. Con el nuevo proyecto minero de Agua Rica, muy cerca de Alumbrera, piensan sacar una cantidad similar y será la ruina de los pueblos del Oeste. Debemos legislar para que no extraigan más las aguas fósiles y sean utilizadas solo para el consumo humano, dejando la recarga de los acuíferos para los emprendimientos industriales (...) El barro que se forma -60% de sólido y un 40 de líquido- es sacado por un 'mineraloducto' de 518 km hasta Tucumán: se ha roto muchas veces produciendo derrames que contaminaron los ríos de la zona. En Tucumán es semisecado, se lo carga en trenes de la misma empresa, y lo transportan hasta su propio puerto en San Lorenzo -Rosar io- para embarcarlo. El proceso final de fundición y refinado se hace fuera del

país, lo que significa una pérdida importante de valor agregado".

33 Programa de TN Ciencia transmitido por el canal Todo Noticias, julio de 1996.

34 Clarín, Buenos Aires, 28/1/2007, tomado de Liberation, París.

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San Juan tampoco cuenta con lluvias suficientes y necesitan los cursos de agua que bajan de la cordillera. Estos serán afectados por el método extractivo de las mineras que desvían arroyos y ríos para for­mar lagunas. "Cuando el agua no les alcance, irán por los glaciares, como está pasando en Veladero y Pascua-Lama, a 4.500 m en los An­des sanjuaninos...", decía el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. "Hay un espanto en la comunidad científica internacional -continúa-, por­que dicen que los glaciares los van a sacar del lugar con palas mecáni­cas, para llevarlos a un cuarto glaciar que se llama Guanaco. Los tres glaciares son muy pequeños. Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Pero son gla­ciares, los que podemos ver con el ojo humano. Están los otros, los que no vemos, que no tienen nieve a la vista. Y hay más de 50 glaciares que ellos niegan. Son los glaciares de roca, conocido técnicamente con el nombre de "permafrost". Los minerales están ahí, y lo que van a ha­cer es destruirlos (...) Lasmineras dicen que el insumo principal que van a usar, es la cal, y el cianuro de sodio después. Eso lo dicen en el informe de impacto ambiental y es una mentira gravísima. Cuanto más extendidos estánlos metales, mayor cantidad de agua se necesita para atraparlos. ¿Cómo lo logro? Usando todo el agua que tengo a mi al-cance. Y van a usarla toda, lo único que les importa son los bajos cos­tos y no pagan el agua. ¡Es una cachetada! Cuando el mundo anuncia la escasez del agua, esta gente por el oro y por la plata, piensa destruir los glaciares".35

La impunidad de las corporaciones no tiene límites: en Pascua-Lama "una sección de 20 hectáreas de las vetas de oro se encuentra de­bajo de los glaciares. No importa, aseguró la Barrick, se pueden desprender los hielos y llevarlos en camión hasta otro glaciar, al que terminarán adhiriéndose. La explicación no convenció. Bajo presión de los ecologistas y de una parte de los 70.000 habitantes del valle de Huasco, Chile resiste el proyecto. A las puertas del desierto de Ata-cama, el más árido del mundo, este maravilloso valle forma un colchón verde bañado de ríos. El valle nace en la cordillera y sus recursos hi­dráulicos dependen en parte de los glaciares que molestan a la firma ca­nadiense. Si el hielo se derrite, el agua bajará al valle. El 13% de la población vive de la agricultura..."36

Si bien las tres cuartas partes del planeta se componen de agua, solo el 3% es dulce. A más de mil millones de personas en el mundo

35 Javier Rodríguez Pardo en el Programa de Sergio Elguezábal, en TN Ecología, 2005.

36 Informe firmado por los ingenieros Sergio L. Jorrat y Pedro Ottonello, Tucumán, 27/9/2005.

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les está faltando agua potable y las mineras las derrochan para lavar la roca.

10) LOS MEGAYACIMIENTOS DE VELADERO Y PASCUA-LAMA

Los yacimientos de Veladero y Pascua-Lama están en la órbita de la Reserva Biosfera San Guillermo, siendo incompatible con el estatus de áreas protegidas por la UNESCO y son los mayores emprendimientos auríferos del país. Se ubican en los límites trasandinos a 150 kilóme­tros de Vallenar -Chi le - en plena cordillera de los Andes, donde na­cen las altas cuencas hídricas. Veladero se encuentra en el Valle del Cura, a 10 km del complejo Pascua-Lama que está sobre la frontera. En 1999 se construyó el túnel que comunica a Pascua, lado chileno, con Lama, Argentina. Al amparo del Tratado Minero Argentino Chileno, los yacimientos son explotados por Barrick Gold y sus subsidiarias Compañía Minera Nevada, en Chile, y Exploraciones Mineras Argen­tinas S.A., en Argentina. El yacimiento de Pascua-Lama comenzó a operar a mediados de febrero pasado, tendrá una vida productiva de veinte años y cuenta con reservas de 40 millones de onzas de oro, 1.000 millones de onzas de plata y 300.000 toneladas de cobre. Se han pre­visto tres etapas de producción: en la primera se producirán alrededor de "800.000 onzas de oro y 35 millones de onzas de plata (...) Las tres etapas completas podrán llevar la producción a 1.200.000 onzas de oro al año",37 a lo que hay que sumar cobre y otros metales. A Pascua-Lama deben agregarse las reservas calculadas de Veladero, de 17 millones de onzas de oro y 400 millones de onzas de plata. Tiene una vida útil de trece años y una producción actual de 530.000 onzas de oro, más plata, mercurio y decenas de otros metales.38

Desoyendo las voces que denuncian el grave impacto ambiental que están produciendo estos yacimientos, la Barrick Gold actúa con la prepotencia de quien es dueño y señor del territorio. Para darnos una idea, bueno es leer el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el legislador Carlos Tinnirello en octubre de 2004: "El informe de la consultora de la empresa, solo para Veladero, prevé utilizar casi 4.000 toneladas anuales de cianuro. Se movilizará con vo­ladura a cielo abierto 190.000 toneladas diarias de roca que permitirán

37 Dirección Nacional de Minería: Dirección de Inversiones Mineras, mimedi@minería.gov.ar.

38 ídem, informe sobre Veladero.

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extraer doce millones de toneladas anuales de mineral que será tritu­rado y cinco millones de toneladas de mineral ROM no triturado. Los desechos con los compuestos químicos habrán de movilizar durante dieciséis y veinte años, miles de toneladas de metales pesados como el plomo, cromo, cadmio, cobre, uranio, arsénico y otros, tan letales como el propio cianuro. Entre setecientos y mil millones de toneladas de ma­terial estéril se acumularán en escombreras que abarcarán casi mil hec­táreas, además de las montañas que desaparecerán y la apertura de caminos de 35 metros de ancho para que transiten los camiones de gran porte (...) El proyecto de extracción contempla la trituración y posterior lixiviación de importantes cerros como el Penélope, que vir-tualmente desaparecerán del lugar, como Filo Federico, Laym, Pan de azúcar, Porfiada, Loma Centro, TD, Caracoles Centro, Caracoles Norte y tantos otros. El proyecto de extracción contempla dejar del lado ar­gentino nuevos cerros y montañas de estériles y escombreras gigantes­cas, tanto en el caso de Veladero como en el complejo Pascua-Lama".39

En Veladero - u n ecosistema sumamente frágil- la lixiviación de los metales se hace sobre una gran pileta de siete kilómetros por dos de ancho -a l pie del cerro Pelado- con pilas de material triturado de quinientas mil toneladas cada una que son regadas con cianuro. El "re­volucionario" sistema no prevé ningún imprevisto o falla del sistema, estando en una zona de frecuentes sismos. Las piletas son "previamente forradas con membranas que debieran garantizar impermeabilidad, pero terminan filtrando los compuestos tóxicos, ya sea por fallas de fa­bricación, por desprendimientos de rocas de hielo sobre las piletas, por inundaciones, exceso de lluvias, por el peso de fuertes nevadas, o de­bido a la propia corrosión y uso; sin contar derrames por negligencia empresaria, válvulas mal cerradas, malformaciones de los suelos elegi­dos donde asientan las piletas o plataformas, o por movimientos sís­micos que sacudirán las membranas aislantes como si fueran de papel. Nadie duda que allí se instala la gran bomba de tiempo sobre la pro­vincia de San Juan y hacia ambas cuencas, la del Atlántico y la del Pa­cífico (...) El control del Estado Nacional no existe y el del Estado Provincial parece formar parte de la propia empresa. La minera señala que no habrá residuos líquidos; pero no niega que "el agua residual quedará retenida en los relaves (...) Los pueblos de Argentina y Chile desconocen lo que está ocurriendo en las altas cumbres de los Andes sanjuaninos, pero algunos gobernantes, sí".40

39 Carlos Tinnirello, Cámara de Diputados de la Nación, expediente N° 6568, 7/10/2004.

40 ídem.

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Los daños que ocasiona este tipo de explotación impune no son solo los ambientales. Con un control médico precario, a casi 5.000 me­tros, con vientos helados y temperaturas de varios grados bajo cero, las condiciones laborales que soportan los trabajadores son extremas. Tienen seis horas de viaje desde la ciudad de San Juan por camino de montaña y quedan confinados en el yacimiento una o dos semanas. El mal de altura, el rigor del clima, la presión atmosférica y la descom­pensación a la que se ven sometidos, son causantes de frecuentes muer­tes por paros cardiorrespiratorios.

II) EL PODER DE LAS MINERAS DENTRO DE LAS PROVINCIAS

Lo que hemos informado son algunos de los numerosos efectos ambientales y sociales que produce el desembarco de trasnacionales que producen miles de millones de dólares al año en territorios débi­les e indefensos para hacerles frente. Valga el ejemplo de la Barrick Gold que desde San Juan, con Veladero y Pascua-Lama exportará por más de 2.000 millones anuales. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja declaraba complacido: "Tienen previsto invertir en Pascua-Lama una cifra que triplica el presupuesto anual provincial".41 En Catamarca, las exportaciones de Minera Alumbrera -U$S 1.600.000.000- también triplican el presupuesto de la provincia. Semejante peso económico se convierte en un poder real en las provincias que influencia goberna­dores, ministros, legisladores, magistrados, municipios y concejales. El lobby y su capacidad de ablandar y asociar son sistemáticos: en medio de la pobreza y la frustración provinciana, es fácil cooptar a funciona­rios, comerciantes, empleados y hoteleros, que se benefician en forma directa. Con subsidios y donaciones, ayudas sociales y avisos, las cor­poraciones manejan las decisiones políticas, los medios de comunica­ción, la universidad y todo tipo de organizaciones no gubernamentales.

El impacto socio-cultural es tremendo: "La gente conoce La Alum­brera por lo que dicen los medios, pero la minera compra publicidad y está siempre en radio, televisión y diarios", nos decía el investigador y ci­neasta catamarqueño Patricio Schwanek, autor del notable documental Asecho a la ilusión. "Nadie tiene una opinión formada porque no hay in­formación. Nadie sabe cuánto produce la mina ni cuánto gana y deja. Se manejan cifras que no tienen relación con la realidad cotidiana que si­gue igual. La falta de cambio hace que la gente termine descreída o re-

41 Jaime Rosemberg, en La Nación, Buenos Aires, 11/3/2007.

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signada. En una provincia como la de Catamarca, donde el estado se desentiende de su población, Alumbrera viene a ser una especie de mi-nisterio de acción social, que está presente en eventos culturales, depor-tivos y educativos, otorgando becas a universitarios, y siendo sponsor de proyectos. Por eso, son muy pocos los que pueden animarse a preguntar si esa mina nos trae beneficio. El común de los catamarqueños le da la espalda al tema. ¿Por qué? Porque aquí es muy grave perder el trabajo-el 38% de la rnasajaboraljiepende del estado provincial o municipal y si habla mal, puede perder su trabajo. Entonces, la urgencia de sus ne­

cesidades le impide ver el saqueo que se está llevando a cabo y solo per­cibe a la minera por lo que da: las tizas en las escuelas, las becas en la universidad, la asistencia social, las bolsas de cemento en algún munici­pio, o quizás el gasoil para juntar la basura (...) Eso termina dividiendo a la sociedad entre los que no quieren ver ni hablar porque algún bene­ficio sacan y los damnificados directos. Pero todos son víctimas: pobres

jo medio pobres, mientras se ahonda la pobreza..." Si ha sido seductor el desembarco de las corporaciones, mucho

más difícil es sacarlas y/o condenarlas judicialmente: el gobierno pro­vincial siempre es débil frente a su poder de compra. Minera Alum­brera fue procesada en Tucumán por la contaminación que las roturas de su "mineraloducto" produjeron al río Medinas, pero el juicio se ha­bría retirado a cambio de la construcción de un centro hospitalario. Las mineras actúan como si fueran Estados dentro de las provincias y solo se ingresa a los yacimientos con permiso: sus territorios abarcan

decenas de kilómetros alambrados. La impunidad de su accionar les permite cortar rutas y caminos provinciales y para llegar al otro lado, los pobladores deben hacer decenas de kilómetros de más. Cuando vi­sité Andalgalá, Belén y Santa María - las tres ciudades que rodean los grandes yacimientos de oro Alumbrera, Agua Rica y Cerro Colorado-quise visitarlos pero me cortaron el paso; solicité permisos y me los ne­garon. Nadie puede ni acercarse porque tienen un sistema militarizado de seguridad en un perímetro de 10 kilómetros alrededor del yaci-miento. Hay guardias con armas largas, camionetas que vigilan día y noche y no pasan ni los antiguos pastores de la zona que llevaron por generaciones sus llamas y cabras por esos senderos.

12) LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Se ha dicho muchas veces que la tragedia de Cromañón permitió poner de relieve la ausencia del Estado y de controles públicos sobre la aplicación de leyes y reglamentos. En las explotaciones mineras y

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de hidrocarburos esa ausencia del Estado es total: el abandono e im­punidad de Cromañón se multiplica a lo largo del país. Hoy los méto­dos de explotación son más hipócritas y depredatorios que en la Colonia y muchísimo más contaminantes. Todos los emprendimientos mineros semejantes a los que hemos relatado, tanto nacionales como extranjeros, experimentaron contaminación de suelos, aire y agua. "La minería es una de las actividades más dañinas, en términos ambienta­les, que desarrollan los seres humanos. En Estados Unidos, la minería de recursos no combustibles produce cuando menos seis veces más desechos sólidos que la cantidad total de basura que produce el país, en todos sus pueblos y ciudades (...) No existe empresa minera que no contamine: la industria minera es una de las primeras causas de con­taminación de cursos de agua en Estados Unidos."42

La actividad minera, como la de hidrocarburos, exige controles es­peciales y permanentes para que su explotación no dañe el medio am­biente ni agote los recursos naturales, que también, le pertenecen a las generaciones futuras. Un ejemplo es la explotación petrolera en nues­tro país: desde la privatización su accionar fue tan impune que los te­rritorios sufrieron un gran daño ambiental. En épocas de YPF se perforaba con agua y sustancias no tóxicas. Las empresas privadas op­taron por perforar rápido con químicos que contaminan las napas de agua. Las poblaciones aledañas a los yacimientos tienen sus aguas po­tables con altos porcentajes de metales pesados. Basta ver los territo­rios mapuches, en Neuquén: los animales morían tomando agua o parían antes de tiempo. La Comunidad Mapuche hizo las denuncias ju­diciales y solo la escuchó la Corte Interamericana de Derechos Hu­manos, y le dio la razón. Repsol tuvo que indemnizarlos y hasta hoy les sigue proporcionando agua potable. Pero el daño causado a la natura­leza es de largo plazo y difícil de reparar.

Está probado que los cursos de agua de la minería de altura arras­tran desechos y toxinas de las voladuras y la lixiviación aumentando los índices de arsénico y arrastrando partículas de metales aguas abajo. Una contaminación imposible de evitar aunque las empresas lo inten-taran. Pero no es Todo: el piso de los lagos artificiales está recubierto con membranas protectoras para evitar las filtraciones. Pero los movi­mientos geológicos producen fisuras y filtraciones y esas aguas conta­minadas con cianuro descienden hacia las napas potables y los ríos, produciendo un silencioso y lento proceso de intoxicación, muerte de animales, pérdida de cultivos y aumento de enfermedades -hepatitis,

42 G. Tyler Miller, Ecología y Medio ambiente, México, Grupo Editorial Iberoamérica, 1994, p. 564.

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diabetes, cáncer o abortos-. Esto sucede en todas las poblaciones ale­dañas a los yacimientos y a las ciudades de Andalgalá, Belén, Santa María, Esquel, San Juan, etcétera, condenadas a beber agua con una pe­ligrosa carga de metales pesados, donde la población viene denun­ciando la acción de las mineras y la complicidad silenciosa de las autoridades.

Como hemos dicho, las roturas del "mineraloducto" de Minera Alumbrera, ha llevado la contaminación a Tucumán, Santiago del Es­tero y Córdoba. "Estudios realizados en aguas del embalse de Río

Hondo dan cuenta de que la cuenca del río Salí-Dulce está contami­nada por efluentes que volcaría la minera La Alumbrera (...) Los estu­dios aportados por la Comisión Nacional de Energía Atómica a la Federación de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales constituyen un llamado de atención por cuanto la contaminación con­firma estudios previos realizados en el Embalse de Río Hondo y en Mar Chiquita", dijo el defensor del pueblo santiagueño, Darío Alarcón, en tanto el informe de CNEA señalaba que "los valores consignados de vanadio, cromo, plomo, mercurio, níquel y selenio que se encontraron en la muestra -extraída del Río Medinas, en Alpachiri- superan los lí mites tolerables establecidos por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable para consumo humano".43

"Minera La Alumbrera -nos denunciaba el ingeniero H. Nievas en una entrevista- ha emplazado un dique de cola donde yantados los re-siduos que salen de la planta que no tienen ningún valor económico. El dique es como una presa hidráulica de 2 km de extensión, con la dife­rencia de que en vez de almacenar agua, almacenan barro con mucha agua. Ese dique fue emplazado en la zona de altas filtraciones, que está llena de fisuras y fallas geológicas. Se lo hizo en la parte alta de un río. Esas filtraciones van a comunicarse con el río Visvis y con el tiempo terminará en el campo de Andalgalá y cerca de la ciudad que tiene 20.000 habitantes (...) Nosotros hemos demostrado científicamente que existe una conexión hidráulica entre el dique de cola y el río Visvis (...) Yo era inspector de Calidad Ambiental y cuando demostramos las fallas y filtraciones nos dejaron afuera. El problema grave será en el futuro cuando la acidez empiece a descender, es el drenaje ácido' de mina donde se van a movilizar metales pesados río abajo y lo vamos a here­dar nosotros y las generaciones futuras. Pero seguramente la empresa se habrá ido, quedará la contaminación y ella no será responsable".44

43 Julio Rodríguez, en Clarín, Buenos Aires, 8/2/2007. 44 Entrevista al ingeniero Héctor Nievas, realizada en Andalgalá, julio de 2006.

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En una nota de opinión, Julio Sevares explica que "El drenaje ácido se genera por la oxidación de los sulfuras de la piedra cuando se expone al aire o al agua. Este fenómeno se produce en las minas y en las obras que dejan grandes superficies de piedra expuesta (...) La minería a cielo abierto (...) en nuestro país, en los últimos años, deja expuestos cente­nares de miles de metros cuadrados de piedra. Arrastrado por el agua, el ácido drena hacia las napas de agua o los ríos de superficie causando contaminación (...) Según un trabajo de la UNESCO sobre protección am­biental: "El drenaje ácido es uno de los más graves problemas ambien-tales de la explotación minera (...) es muy común que minas desactivadas continúen generando drenaje ácido, un proceso que puede durar déca­das, inclusive siglos".45 Por su parte, el ingeniero Nievas concluye di­ciendo: "Alumbrera ha firmado un contrato con OMAP, que es la dueña del yacimiento, donde dice que los que van a ser responsables del futuro ambiental es OMAP, una pequeña empresa que no tiene plata ni para pa­gar los sueldos, imagínese el futuro que nos avecina. No hay un proyecto, no hay un plan de cierre de mina donde diga de qué manera vamos a re-trobombear las aguas del dique y cómo vamos a tratar esas aguas acidas. Es muy grave el futuro que espera a los catamarqueños. Se llevan todo, no dejan nada, y la contaminación va a durar cientos de años".

No solo los especialistas de las provincias han denunciado la con­taminación: el enviado especial de La Nación, Oliver Galak, escribió sobre los efectos que se están sufriendo en San Juan a raíz de la puesta en marcha de Veladero: "La manipulación del cianuro, sus posibles fil­traciones a los ríos y napas de agua de la Cordillera y su esparcimiento por el aire, constituyen algunos de los cuestionamientos que los am­bientalistas hacen (...) por eso exigen que San Juan, como antes lo hi­cieron Chubut y Río Negro, prohiba el uso de este producto para la extracción de oro". Pero no son solo las corporaciones quienes conta­minan. La falta de control y la fiebre del oro hicieron que cientos de PyME emplearan métodos extractivos tan salvajes como los denun­ciados en este trabajo. Sobre los efectos del cianuro en los pueblos, el cronista dice: "Las huellas nocivas se sienten en el aire. En Cormina se pueden observar los efectos de la producción de oro con cianuro (...) crecen hoy unos arbustos pelados que nada tienen que ver (...) con los arbustos que se ven a pocos metros de aquí. Es porque lo que están to­mando es todo veneno. Está saturado de metales pesados (...) A dos horas de la capital provincial, hoy quedan unas 50 familias en Mara-yes. Entre los chicos se han detectado malformaciones, bronquitis cró-

Julio Sevares, en Clarín, Buenos Aires, 27/3/2007.

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nica, hepatitis C, entre otras enfermedades". Y termina el cronista di­ciendo que la agrupación ecologista Inti Chuteh "tomó testimonio a algunos pobladores. Son escalofriantes. Los chicos se revuelcan en la tierra con cianuro y andan enronchados (...) las cabras toman agua y se cagan muriendo".46 Las familias acuden a los hospitales regionales y la respuesta es la misma: "no hay medios para investigar, no podemos hacer estos análisis, vaya a la capital". ¿Qué le queda por hacer al ve­cino o al chacarero? Viajar decenas o cientos de kilómetros a la capi­tal provincial para tratarse o deponer el pedido o denuncia y regresar a la espera de una respuesta que nunca llega.

13) UNA INOFENSIVA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Frente a este gravísimo cuadro, la comunidad tiene para defenderse la Ley de Protección Ambiental (N° 24.585 /95) y el artículo 41 de la Constitución Nacional,47 que dice: "Todos los habitantes gozan del de­recho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades pre­sentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el de­ber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cul­tural y de la diversidad biológica y a la información y educación am­bientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones loca­les. Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o po-tencialmente peligrosos y de los radiactivos".

La Ley de Protección Ambiental (N° 24.585 /95) modificó el ar­tículo 282 del Código de Minería. Se trata de una norma esencialmente preventiva porque en ningún caso detiene el daño: se reduce al proceso

46 Oliver Galak, en La Nación, Buenos Aires, 27/2/2006. "Oro, cianuro y dólares, el cóctel de la controversia en San Juan: Veladero podría generar U$S 7.000 millones por año; quejas de ambientalistas".

47 En la Reforma Constitucional de Santa Fe -1994- fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos donde se trató el artículo 41. El proyecto inicial era más taxativo y hablaba de la reparación y compensación del daño causado: se optó por una fórmula más ambigua.

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de aprobación de la declaración de impacto ambiental y a determinar las medidas correctivas que surjan de ella. Por un lado su artículo 18 dice: "el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restablecerlo, recomponerlo, según correspondiere" y el artículo 19 plantea como probables sancio­nes: "Multas (...) reparación de los daños ambientales (...) Clausura temporal (...) en caso de tres infracciones se procederá al cierre defini­tivo del establecimiento". Pero el artículo 25 limita su alcance y permite que la acción contaminante continúe: "Los impactos irreversibles e in-evitables producidos no podrán afectar bajo ningún aspecto las activi­dades que se estuvieran realizando (...) Las acciones conducentes a la corrección de impactos futuros, consecuencia de la continuidad de las actividades, serán exigidos a los responsables por la autoridad de apli­cación, quedando a cargo de los primeros la ejecución de las mismas".

Resulta vergonzoso que la SMN lo señala como una ventaja para los inversores: "Cabe destacar que, a diferencia de otros países, el es­caso desarrollo de la actividad minera en la Argentina permitió que esta legislación fuera de tipo preventiva y no correctiva, lo cual implica importantes ventajas para la inversión minera en términos de riesgo ambiental y de certeza de mitigación y/o remediación de daños".48

La Ley de Protección Ambiental -N° 24.585/95- es una norma be­nigna para con los responsables del daño ecológico. No habiendo una eficaz autoridad que controle los yacimientos, les exija medidas preven­tivas y las haga cumplir, todo queda en meros deseos o futuros pleitos y en manos de las empresas. El artículo 23 de la Ley de Inversiones Mi­neras -N° 24.196/93- parece más una burla que una norma: "A los efec­tos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad minera, las empresas deberán constituir una previsión especial para tal fin. La fijación del importe anual de di­cha previsión quedará a criterio de la empresa, pero se considerará como cargo deducible de la determinación del Impuesto a las ganancias, hasta una suma equivalente al 5% de los costos operativos de extracción y be­neficio". Una vez más, el zorro como buen guardián del gallinero.

14) RESISTENCIA Y MOVILIZACIÓN POPULAR

La Secretaría de Minería de la Nación sigue afirmando que el me­dio ambiente está resguardado por una legislación que lo protege: las

48 "Diez Razones para Invertir en Minería Argentina", SMN.

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leyes N° 24.585 de Protección Ambiental y N° 24.196 de Inversiones Mineras. Ninguna de las dos contempla explícitamente lo que exige la Constitución Nacional, artículo 41: "El daño ambiental generará prio­ritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley". Si bien la defensa del medio ambiente fue declarada prioridad nacio­nal, el problema principal es que el Estado no tiene capacidad para ha­cerla cumplirla protección ambiental entra en las órbitas provinciales que han consentido y negociado con las mineras y su control pasa a un puñado de inspectores que terminan cooptados por ellas. Las denun­cias de los pobladores y sus organizaciones son sistemáticamente des-oídas y encajonadas en los municipios y reparticiones provinciales.

Pero nada es eterno: la histórica movilización de los vecinos de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras de Fray Bentos fue un acelerador de conciencias y dio nuevas esperanzas a las protestas ambientalistas. La unidad, perseverancia y justicia de una resistencia que se mantiene desde hace años logró que los gobiernos provincial y nacional tomaran la defensa del medio ambiente como Política de Es­tado. Al mismo tiempo, en todas las provincias cordilleranas se han producido marchas y protestas y han nacido organizaciones de auto-convocados en defensa de sus territorios. Sus movilizaciones históricas contra la contaminación de las mineras en sus yacimientos a cielo abierto, consiguieron prohibir el uso del cianuro y el mercurio: en Es-quel la reacción de la comunidad llevó a un plebiscito en 2005 y los ve-cinos obtuvieron el rotundo triunfo del No; la provinciasdeChubut lo prohibió por ley -Ley N° 5001- y también en Río Negro. En La Rioja, la movilización de los ambientalistas frente al desembarco de Barrick Gold para explotar la mina La Mexicana en el cerro de Famatina -a cielo abierto y con cianuro- los llevó a cortar el camino de acceso, el proyecto se detuvo y la corporación anunció su retiro.49

En San Carlos de Bariloche, la Pastoral Social de la diócesis sos-tuvo el derecho de los pueblos a defender su calidad de vida y denun­ció "el uso excesivo de agua, el polvo en suspensión, los daños paisajísticos, el uso de mercurio y cianuro y el drenaje ácido de las mi­nas" porque "donde hubo una mina se crea un foco tóxico que durará siglos (...) Los emprendimientos mineros incumplen la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT, sobre los derechos de los pue­blos originarios".

Jaime Rosemberg, en La Nación, Buenos Aires, 11/3/2007.

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15) POR UNA MINERÍA NACIONAL, RACIONAL Y SUSTENTABLE

En una charla sobre minería, alguien me acusó de estar en contra de la minería. "De la minería no, pero de la minería contaminante y sa­queadora, sí", le contesté. Juan Perón decía que en la lucha social o po­lítica, lo primero que hay que hacer es identificar a los amigos y a los enemigos. Sin dudas, las transnacionales mineras y petroleras son ene­migas de nuestro pueblo. No vienen a ayudar al país, ni a hacer bene­ficencia ni a cuidar el medio ambiente. Llegan para llevarse la mayor cantidad de riqueza con la menor inversión y en el menor tiempo po­sible. Saben que el futuro es siempre incierto y que ninguna concesión es eterna frente a la decisión soberana de un pueblo. Lo aprendieron a lo largo de los tiempos y en nuestro país, con Arturo Illia, que anuló los contratos petroleros de Frondizi. Lo han corroborado ahora con la llegada de Evo Morales al gobierno de Bolivia. Una doble y luminosa rareza: frente a la tradición de las democracias latinoamericanas de traicionar el mandato del voto, el primer presidente indígena del con­tinente quizá fue el único que honró su compromiso frente al pueblo: nacionalizó el petróleo y el gas resistiendo chantajes mediáticos y pre­siones diplomáticas y ninguna empresa se retiró de Bolivia. En el país más pobre y débil de la América sureña, Evo y su pueblo demostraron que podían nacionalizarse por vías institucionales los recursos mine­rales del país. Tras la consigna "petróleo y gas para Bolivia" enfrenta­ron con organización y coraje en octubre de 2003 al sanguinario gobierno de Sánchez Lozada, al precio de ochenta muertos.

En nuestro país, también se puede y se debe recuperar los recursos metalíferos que están en manos de las transnacionales. Es inmoral que, ante los graves problemas sociales que soporta un tercio de la pobla­ción, se permita el despojo de sus riquezas. Pareciera que la dirigencia social y política no está convencida de que puedan recuperarse y quizá por eso no aparece como prioritaria la disputa de la renta mineral. Una millonaria riqueza capaz de terminar con la desocupación y la indigen­cia. Solo la renta petrolera anual ronda los 15.000 millones de dólares. La renta de la gran minería es más difícil de cuantificar porque la in­formación viene de las mismas empresas. Siendo sus costos muy bajos -salarios y explotación- no es exagerado pensar que, entre lo que ma­nifiestan y ocultan, más todos los metales que se llevan y no declaran, la renta minera son varios miles de millones de dólares anuales.

Lo importante es responder al principal interrogante: ¿es posible recuperar la minería? Sin duda, si existe voluntad política de cambiar las leyes y hacerlas cumplir. Pero nada se puede hacer si previamente no se instala el tema en la sociedad y hay una gran movilización po-

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pular para sostenerla. Las concesiones pueden recuperarse por los si­guientes medios: 1) por no cumplimiento de las normas establecidas en sus contratos; 2) por daño al medio ambiente e invocando las resolu­ciones de las Naciones Unidas y los pactos de Derechos Humanos y Sociales incorporados en nuestra Constitución: ellos reconocen el de­recho a un medio ambiente sano, a los recursos naturales, al agua y la energía; 3) por romper la adhesión a los acuerdos y leyes mineras de Menem, dictando sus propias normas, códigos y condiciones. Las le­gislaturas provinciales pueden hacerlo, así como también: 4) prohibir el uso de aguas fósiles o potables y la utilización de cianuro y materias tóxicas para la actividad minera.

Los gobiernos provinciales están obligado a controlar lo que se ex­trae y la Nación lo que se exporta, exigiendo que el producido de sus ventas regrese al país. Solo se necesita decisión política para fijar reten­ciones a la exportación de minerales, así como derogar los escandalosos reintegros. El presidente Kirchner debe romper con el modelo minero de Menem y ejercer su autoridad política enviando al Congreso una nueva legislación que modifique el Código de Minería y las leyes del menemato reemplazándolas por otras que protejan y desarrollen la minería nacio­nal dentro de marcos de sustentabilidad ambiental. Estas medidas de­tendrían el saqueo y la explotación depredatoria de las corporaciones.

16) HACIA UN NUEVO MODELO DE EMPRESA MINERA PÚBLICA

¿Cuál debería ser el modelo de explotación de nuestra minería? La respuesta debe venir de un amplio debate y reflexión sobre el futuro de nuestra minería y un nuevo modelo productivo. En el país hay "una activa participación de empresas medianas y pequeñas que represen­tan el 81% del total de empresas mineras y participan del 46% del va­lor total de la producción. La distribución de producción entre empresas PyME y grandes es bien diferenciada. Mientras que las pri­meras producen principalmente rocas de aplicación y minerales no me­talíferos (juntos representan el 98% de su valor de producción) las grandes mineras producen casi exclusivamente metalíferos". La con­centración y expansión de las corporaciones en la extracción de meta­les se refleja en las cifras: "se apropiaron del 89,2% de la renta promedio generada por la actividad en los últimos seis años, contra el 10,8% que quedó en manos del Estado".50

50 Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), Crónica, Buenos Aires, 29/1/2006.

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A pesar del fracaso del modelo privatista en los años noventa, el de­bate entre lo público y privado aún no está planteado en el país y sub­siste el mito de que lo privado es más eficiente y lo público burocrático y corrupto. Lo privado ha sido una fuente de corrupción permanente y sus mayores logros no alcanzan las grandes realizaciones industria­les y tecnológicas que el Estado realizó con ingeniería y capitales na­cionales: YPF, Gas del Estado, gasoductos y represas, la CNEA y el plan nuclear. Lo grave es que seguimos perdiendo tiempo. Desde la dictadura, todos los gobiernos le han escamoteado a la sociedad el de­bate mayor: ¿cómo gestionar los bienes públicos y las empresas de ser vicios? La experiencia nacional y mundial indican que frente a los modelos de la empresa estatal dirigida por el partido gobernante o la privada en manos del mercado, queda por inventar una tercera opción: la empresa pública coparticipada por trabajadores, técnicos y funcio­narios y el control de usuarios y consumidores.

Ni es cierto que el Estado es mal administrador, ni que para ex­plotar la minería debemos apelar a las transnacionales. El país tiene reservas suficientes para reemplazarlas: con U$S 37.000 millones en el Banco Central puede fácilmente financiar los 5.000 o 6.000 millones de dólares que dicen van a invertir en el país y que se hacen en el trans­curso de varios años. Hoy no solo es posible sino que sería idiota no hacerlo porque es un negocio descomunal. El mito del auxilio del ca­pital extranjero fue destrozado a lo largo de la historia y vuelve por la debilidad de los dirigentes y la presión del neoliberalismo que es un muerto que no termina de morir. Basta mirar para atrás y tomar el ejemplo del desarrollo de la industria petrolera. Sin antecedentes en el país ni en América latina, el general Enrique Mosconi fue designado en 1923 director de la naciente YPF, que era una oscura repartición mi­nisterial: con escasos recursos, en nueve meses procesaba naftas na­cionales y dos años después, en 1925, comenzaba en Ensenada la mayor destilería del país. Era una causa patriótica y los funcionarios ejercían una ética pública, solidaria con la Nación: como el Banco le negaba avales para los créditos de la destilería, el doctor Carlos Ma-dariaga -director de YPF- y otros compañeros, le brindaron sus cam­pos y bienes personales para avalar la operación. La gestión de YPF fue tan exitosa, que en seis años rompió el monopolio de los trusts y en siete años multiplicó cuatrocientas veces el capital de la compañía. Se­senta años después, con el fin de privatizarla, los Neustadt y compañía mentían a voces al decir que YPF era la única petrolera del mundo que daba pérdida. Las instituciones, como el cuchillo, no son responsables de los delitos que desde su conducción se impulsen. Si se coloca un delincuente al frente de YPF, como el ex general represor Suárez Ma-

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son, la lógica es el saqueo, el vaciamiento. La buena administración pública no es solo un asunto del pasado: en nuestra época y a contra­mano de la era privatizadora, una empresa pública - I N V A P - pudo demostrar ser tan eficiente y creativa que en treinta años pasó a ser lí­der mundial en la construcción de reactores nucleares para investiga­ción científica, dando excelentes beneficios.

Pero no se puede reinventar la empresa pública si al mismo tiempo no se avanza en una refundación ética de las instituciones, partidos políticos, sindicatos y organizaciones intermedias. Una cuestión de tiempo y un tema cultural. La corrupción es transversal, ha penetrado todas las instancias. No es un mal endémico e incurable: es un pro­blema educacional que debe atacarse desde la escuela, la universidad, los medios de comunicación y las organizaciones sociales, para en­tender que no hay mayor delito que atentar contra lo público. No es casual que el nacimiento y desarrollo de YPF, Gas del Estado e INVAP tuvieran en su conducción grandes realizadores que eran hombres éti­cos, liberados de la tela de araña del colonialismo mental. Para ellos no existía el "no se puede", sino organización y tiempo, y financiaron el grueso de sus obras con lo que producían sus empresas. Recorde­mos otra vez a los generales Mosconi y Baldrich, que inventaron la in­dustria nacional hidrocarburífera, pionera en América latina; a Julio V. Canessa, que realizó en 1948 el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que era el más largo del mundo, y con quien aprendí a defender lo público cuando en 1958 fui su secretario en Gas del Es­tado; a quienes crearon INVAP, que se formaron en el Instituto de Fí­sica y las ideas éticas de José Balseiro. Todos ellos, en la acción pública, hicieron ejercicio de una Ética de la Nación y nos convencen de que "sí se puede". La lucha contra la corrupción deberá ser una gran Política de Estado y llegará el día en que el pueblo argentino pueda juzgar por traición a la Patria a quien encarna la antiética: Car­los Menem enajenó el patrimonio público, golpeó la escuela y la cien­cia, e hizo del soborno y la compra y venta de funcionarios una práctica nacional.

Hay que debatir las bases de una minería nacional, pública, sus-tentable y racional, bajo control de la comunidad y en beneficio del pueblo. Con el 75% de las reservas mineras sin explotar, tenemos un enorme futuro por delante que puede asegurar empleo bien remune­rado, seguro y estable, a miles de argentinos. Deberá desarrollarse una auténtica industria minera que procese buena parte de los metales en el país y promueva la fabricación de equipos y máquinas y se discuta un nuevo marco regulatorio para la actividad de cientos de PyME del sector. Por los riesgos ambientales y humanos que ocasiona, no cabe

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duda de que los yacimientos deben estar celosamente controlados por autoridades locales y nacionales, más las asociaciones ambientalistas. Siendo el trabajo minero uno de los más dañinos contra la salud, los trabajadores mineros deberán recibir beneficios directos y participa­ción en las utilidades.

Desde la Reforma de la Constitución de 1994, las provincias tienen el dominio de los recursos minerales, pero acosadas por sus bajos pre­supuestos y creyendo ganar poder para negociar con las corporaciones, terminaron siendo rehenes. El mito de que los recursos mineros en ma­nos de las provincias era sinónimo de riqueza para ellas, terminó en un traspaso sin precedentes hacia las corporaciones. Solo un 10% de gran­des mineras concentra más del 90% de la producción de metales que, se destinan en su casi totalidad al exterior. Es imperioso avanzar con madurez hacia un nuevo tipo de asociación de las provincias con la Nación, en el marco de un acuerdo federal y constitucional. El Estado nacional cuenta con recursos suficientes para aportarle a las provincias y asociarse en la producción minera. Es preciso concebir empresas pú­blicas que reemplacen los conceptos rentísticos y depredadores de las trasnacionales por objetivos sociales donde participen, además del Es­tado y los trabajadores, representantes de asociaciones vecinales y ambientalistas en el control de los métodos extractivos. La minería na­cional, pública y sustentable, debe generar riqueza para dar progreso y beneficios, en primer término, a las poblaciones del territorio; reducir al mínimo el daño ambiental; invertir en la prevención y reparación del mismo si lo hubiere y conformar un fondo económico que garan­tice el financiamiento de los trabajos del cierre final de las minas, para evitar secuelas de contaminación.

Cuesta entender que no habiendo hoy una actividad más rentable que la explotación de hidrocarburos y minerales, el gobierno nacional no invierta en la creación de una gran empresa pública petrolera y una minera con parte de sus grandes reservas monetarias. El costo de pro­ducción del barril de crudo en el país está entre 4 y 5 dólares, mientras en el mercado internacional se vende a más de 60. La onza de oro so­brepasó los 680 dólares y en nuestra cordillera tenemos reservas equi­valentes a billones de onzas de oro y otros metales valiosos, que los regalamos a cambio de puestos de trabajo que equivalen a los reinte­gros que pagamos por las exportaciones. ¿Puede haber un mejor ne­gocio para la Nación y las provincias que recuperar los recursos metalíferos y explotarlos en nuestro beneficio?

Un nuevo modelo de minería nacional, pública y sustentable, no impide ni se contrapone con la participación de empresas privadas como en Venezuela o Cuba, donde siempre el Estado es el socio ma-

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yoritario y las inversiones de riesgo las hacen los privados. Es al revés de lo que sucede en nuestro país, donde siempre el riesgo es del Estado y las ganancias del privado. Tenemos la extraordinaria experiencia que dejó YPF, Gas del Estado, Hidronor, Agua y Energía y otras empresas públicas cuando obedecían a políticas que defendían el interés de la Nación. Su paradigma no era la tasa de ganancias sino el bien común: tanto invertían en sus explotaciones como en viviendas, rutas, escue­las y hospitales para la comunidad. Estos antecedentes no son para co­piarlos tal cual eran, sino para enriquecerlos y actualizarlos con nuevas ideas de aquí y de afuera. Hoy como nunca, como diría Simón Rodrí­guez, "O inventamos o erramos".

17) R E P A R A C I Ó N AL PUEBLO ARGENTINO

La realidad de América latina fue siempre la de países muy ricos con pueblos pobres y explotados con altas tasas de analfabetismo y mortandad. Pero la historia no pasa en vano y hoy renace la concien­cia de los pueblos originarios y las mayorías populares que lucharon por su liberación. No hay política emancipadora en el continente si no plantea la recuperación de las riquezas naturales: petróleo, gas, mine­ría, tierras, aguas. En Argentina, esos postulados estaban impresos en la Constitución Nacional de 1949 -derogada por decreto por el golpe de Aramburu y Rojas- y deben ser recuperados. Su artículo 40 decía: "Los minerales y caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón y gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los ve­getales, son propiedades inalienables e imprescriptibles de la Nación", y agregaba: "La importación y la exportación estarán a cargo del Es­tado (...) Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación (...) Los que se hallasen en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación (...) El precio de la expropiación (...) será el del costo de origen (...) menos las su­mas que se hubiesen amortizado".

El gobierno y el Congreso Nacional deben reparar al pueblo ar­gentino del impune saqueo a que fue y es sometido. Es necesario que la dirigencia política y social reaccione y rompa su pasividad: hoy na­die puede hacerse el distraído o decir que no está informado. Es un llamado a la dignidad frente al impune despojo y a una servidumbre colonial que únicamente difiere del Potosí de la Conquista, en el re­emplazo de las armas por asociaciones espurias, sobornos y buenos modales. El silencio o la obediencia debida de los legisladores a sus

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jefes, solo pueden confirmar una complicidad activa con el despojo de los bienes nacionales. En la dolorosa historia que hemos revelado, no quedan términos medios. Más allá de las pertenencias políticas está en juego la Patria y se la defiende o se la traiciona. La derecha y el centroizquierda europeos -británicá, francesa, española- o nor­teamericanos lo entendieron tan bien que, defendiendo los intere­ses de sus naciones, protegieron sus recursos y mercados y hasta invadieron con ejércitos, créditos y empresas el mundo entero. La di­rigencia política y social debe promover en el Parlamento la modifi­cación del Código de Minería, la anulación de las leyes mineras de Menem y los tres decretos privatizadores de la actividad petrolera51

que destruyeron ochenta años de política de Estado. Mientras esa re­paración no ocurra, la política económica de la Argentina y del actual gobierno Kirchner seguirá siendo, en su esencia, continuidad del mo­delo neoliberal, agro-minero-exportador, iniciado por Menem y pro­fundizado por De la Rúa.

Estamos en el año del recambio presidencial y otra vez la ciuda­danía constata la degradación del debate político: los grandes temas y proyectos -entre ellos el de minería y petróleo- son reemplazados por pujas y chicanas entre candidatos sin proyectos. Esta batalla ne­cesita librarse también en la comunicación: resulta asombroso que pudiendo obtener esta información en la página web de los organis­mos de Estado, la Secretaría de Minería y los diarios, la denuncia so­bre la realidad de nuestra minería siga ausente en las espacios, discursos, cátedras y publicaciones. Es necesario que periodistas y comunicadores, profesores e intelectuales, universidades y organiza­ciones sociales convoquen a pronunciarse contra el despojo de nues­tros metales. El MORENO ha incluido el tema entre sus objetivos de lucha y promoverá por todos los medios la recuperación de toda nuestra minería.

Vivimos un momento único en América latina, con un avance y perspectiva en la integración continental como nunca tuvimos en estas décadas. La excepcional contribución y perspectiva que abre la generosa política del presidente Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana hacia los países del continente permite avizorar el financiamiento conjunto de empresas públicas latinoamericanas para explotar los recursos na­turales en beneficio de nuestros pueblos. Hoy más que nunca, la divi­soria de aguas entre el modelo neoliberal y una política nacional

51 PEN. Decretos de necesidad y urgencia N° 1055/89, 1212/89 y 1589/89.

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emancipadora, pasa por la recuperación de esos recursos. Como diría el doctor Alejandro Olmos: o se está junto al pueblo argentino por la nacionalización de la minería y los hidrocarburos, o se está del lado de sus enemigos: las corporaciones y sus aliados locales.

Realidad Económica, Buenos Aires, mayo de 2007.

Secesión y petróleo

El pasado viernes 9 de mayo, el presidente venezolano, Hugo Chá-vez, denunció la acción de sectores separatistas que intentan crear nue­vos países a partir de la fragmentación de nuestra América latina, a propósito de un intento en ese sentido en el estado Zulia de Venezuela. Mencionó la existencia de una Confederación Internacional por la Li­bertad y Autonomía Regional (Confilar), creada en septiembre de 2006 y financiada por alguna "usina de ideas" estadounidense. Su forma ope­rativa son los foros internacionales sobre Autonomía Regional, reali­zados hasta ahora en Santa Cruz, Guayaquil, Zulia y uno próximo en Iquitos. Chávez denunció la reunión celebrada hace pocas semanas en la ciudad de Guayaquil, que con el propósito aparente de dar "mayor autonomía" a los estados provinciales -o departamentales- busca di­vidir a los estados que poseen gas y petróleo.

¿Cuáles son las provincias o departamentos que se intenta balca-nizar? La Confilar menciona a Loreto, en Perú; Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, en Bolivia; Zulia, en Venezuela; Limón, en Costa Rica; Sonora y Jalisco, en México; y Guayas, en Ecuador. En realidad, este movimiento es una adecuación de las "fundaciones" que propiciaban el libre comercio a una entidad que se instala en el centro mismo de la política latinoamericana: la promoción de "autonomías" para los Es­tados provinciales con petróleo es apoyada por grupos económicos norteamericanos. A las reuniones de Confilar asisten representantes políticos del Oriente boliviano, del Zulia venezolano, del Loreto pe­ruano, mientras que la sede permanente queda en Santa Cruz de la Sierra. Por Argentina asisten representantes de las fundaciones Frie-drich von Hayek (Buenos Aires) y Libertad (Rosario).

Es por demás conocido que vivimos en una era de disputas por las reservas petroleras del mundo porque los países que no dispongan de hidrocarburos tendrán serios problemas en los próximos decenios. Las invasiones y amenazas de Estados Unidos y los países europeos

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a los territorios con petróleo y gas natural -o carbón, como pudo verse con la forzada "autonomía" de Kosovo impuesta a Serbia- es ahora un tema permanente. La historia no es nueva en nuestro con­tinente, ya se trate de la provocación de guerras entre nuestros paí­ses, intentos de segmentaciones de regiones o desintegraciones "provinciales" del dominio del subsuelo. Las disputas por nuestros mercados y reservas entre las petroleras Standard Oil o Exxon y la Shell provocaron, primero, la guerra del Chaco paraguayo, y luego la de Ecuador y Perú.

Argentina fue un país que sufrió otro tipo de fragmentación luego de la Guerra de las Malvinas y el ignominioso "acuerdo" firmado con Inglaterra en febrero de 1990. Las consecuencias fueron el abandono de las políticas de protección de la Antártida y las Islas del Atlántico Sur y el avance inglés hacia esos territorios con su reclamo de 350 mi­llas de jurisdicción marítima violando el Acuerdo Antartico de 1961. La entrega de nuestra soberanía y los recursos estratégicos se viene reali­zando desde Menem hasta Kirchner, contrariando la tradición argen­tina de propiedad estatal y nacional de los recursos naturales. El petróleo, el gas, el oro, el cobre, la plata y otros sesenta metales se en­tregaron a las corporaciones norteamericanas y europeas. El subsuelo fue fragmentado al otorgar la propiedad de los hidrocarburos y mine­rales a las provincias con la Reforma Constitucional de 1994 y el tras­paso de los yacimientos petroleros realizado por Kirchner en octubre de 2006. Desde entonces, cada gobernador renegocia directamente con las transnacionales y las concesiones han sido extendidas de diez a treinta años más. Así sucedió con el gas de Loma La Lata (Neuquén, 2000) y el petróleo de Cerro Dragón (Chubut, 2007; Santa Cruz, 2008). Imitando a los gobernadores Das Neves y Peralta, ahora es Jorge Sa-pag, de Neuquén, quien prolonga las concesiones de crudo hasta la ex­tinción del recurso.

El proyecto separatista es quedarse con el gas en Bolivia, cuyo go­bierno felizmente ha intensificado su política de recuperación nacional de sus recursos naturales. Pero no seguros de lograr que los departa­mentos orientales se adueñen de los hidrocarburos -las votaciones au­tonómicas no alcanzan la mayoría de las poblaciones a causa de una gran abstención- no dejan de amenazar con la entrega del petróleo de Maracaibo y del Ecuador, mientras los intentos de privatización de la histórica Pemex de México encuentran la oposición de una gran mo­vilización popular.

Para la revolución bolivariana, dividir la Nación es causa de gue­rra; así, el presidente Chávez afirmó al referirse a quienes operan por la balcanización: "Búsquense un ejército y arránquennos, si pueden,

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un pedazo de nuestra patria. No lo van a lograr". Ojalá los demás paí­ses latinoamericanos actúen con la misma decisión en su defensa de la soberanía territorial y los recursos naturales.

"Pino" Solanas y Félix Herrero

Página/12, Buenos Aires, 9 de junio de 2008.

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XVIII. Proyecto Nacional: unidad y redistribución de la riqueza

En medio de una transición fundamental en el funcionamiento del sistema global, ante una crisis financiera sin precedentes en los últi­mos setenta años, y ante el visible retroceso del imperio norteameri­cano, América latina enfrenta desafíos cruciales para su futuro. Solanas se pregunta: "Se ha hablado de giro a la izquierda, de populismos, de socialismo del siglo XXI, de gobiernos progresistas, pero ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿Hacia dónde debemos marchar los pueblos de este subcontinente?".

Su respuesta se expresa en los debates en torno a las orientaciones, voluntades y límites del proyecto kirchnerista. Sobre todo en lo que se refiere a temas tan importantes como la unidad, el hambre, el saqueo del petróleo y la minería, el progresismo, los dobles discursos, las na­cionalizaciones, la distribución de la riqueza; todas cuestiones que di­rimen en la actualidad argentina.

Esto lleva a Solanas a sentenciar: "Lo que divide aguas en la ac­tualidad latinoamericana es, en definitiva, la necesidad de desnudar y romper la convivencia y connivencia con el orden neoliberal y todas sus implicancias: la privatización de los espacios y recursos naturales, el avasallamiento de las soberanías nacionales, la ruina de las industrias nacionales, la sumisión de los mercados de cada país a las necesidades de los países centrales, la pauperización y empobrecimiento de las po­blaciones".

Ante esta disyuntiva, y aun reconociendo los logros que en este sentido consiguió el gobierno kirchnerista, Solanas plantea que la Ar­gentina está perdiendo esta oportunidad histórica para transitar, junto al resto de los países del continente, hacia la emancipación latinoa­mericana, en un momento impredecible en cuanto al nuevo orden mundial. Y que ello sólo puede realizarse partiendo del hecho de des­cartar las categorías europeas de centroderecha y centroizquierda, y encarar un verdadero Proyecto Nacional Emancipador.

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El kirchnerismo: ¿un gobierno progresista?

Estamos en medio de una transición fundamental del funciona­miento del sistema global. Atrapados en la peor crisis financiera mun­dial desde la Gran Depresión de los años 30, sin certezas sobre su futuro, presenciamos lo que ha sido denominado como el comienzo de la declinación del imperio norteamericano. El gobierno republicano de George W. Bush, en sus últimos días de gestión, dará los coletazos de una potencia que no se resigna a aceptar el todavía sigiloso orden multipolar. En este marco, ¿cómo se puede entender la posibilidad de América latina en el concierto de naciones, en tanto continente sobe­rano, integrado, desarrollado, tecnificado, democratizado? En esta nueva etapa en que los pueblos latinoamericanos intentan romper la pesada herencia neoliberal, ¿qué es lo que cada país debe aportar para el proceso emancipador? Se ha hablado de "giro a la izquierda", de "populismos", de "socialismo del siglo XXI", de "gobiernos progresistas", pero ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿Hacia dónde debemos marchar los pueblos de este subcontinente?

Lo que divide aguas en la actualidad latinoamericanas es, en defi­nitiva, la necesidad de desnudar y romper la convivencia y conniven­cia con el orden neoliberal y todas sus implicancias: la privatización de los espacios y recursos, el avasallamiento de las soberanías estatales, la ruina de las industrias nacionales, la sumisión de los mercados de cada país a las necesidades de los países centrales, la pauperización y em­pobrecimiento de las poblaciones. En un mundo en crisis, donde la energía y los alimentos son ya recursos críticos, es la capacidad de cada gobierno latinoamericano de recuperar la dimensión estatal y pública y de revertir la privatización de los recursos, lo que brindará la posibi­lidad de consumar la integración continental en términos soberanos frente al resto de las potencias.

Si algo caracteriza a este nuevo orden es que se agotan ciertos pa­radigmas: uno de ellos es el del petróleo, cuyo precio se triplicó en los últimos años e impulsó el surgimiento de los denominados "naciona­lismos de recursos", gobiernos que han adoptado diferentes caminos para recuperar sus recursos naturales y las rentas provenientes de ellos, asistiendo a un regreso triunfal del poder público: Arabia Saudita, Ru­sia, Venezuela, Brasil, Irán, Bolivia, Ecuador, entre muchos otros, han tomado este camino. Según la Agencia Internacional de Energía, en los próximos cuarenta años, 90% de la nueva provisión energética pro­vendrá de los denominados países en desarrollo. Mientras tanto, las grandes petroleras privadas -Exxon-Mobil, Shell, British Petroleum,

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Chevron- controlan cada vez menos cantidad de reservas y participan cada vez menos de la producción mundial de petróleo y gas. ¿Se pre­cisa otra evidencia de la necesidad que tienen los países poderosos por asegurarse reservas petroleras?

América latina, como se sabe, es rica en recursos energéticos. En los últimos meses, la noticia la ha dado Brasil, que se ha convertido en una potencia petrolera tras el descubrimiento de grandes reservorios de petróleo y gas. Por ello mismo, su presidente, Lula Da Silva, y la buro­cracia brasileña, han expresado su preocupación por el envío de la IV Flota norteamericana a patrullar los mares sudamericanos. Estados Unidos, como se observa con claridad en el caso boliviano, está deci­dido a provocar desestabilizaciones en la región, donde se llevan ade­lante profundas reformas sociales y que, en un proceso de integración inédito, se está cambiando el eje de la política continental.

En el marco estrictamente sudamericano, para horror de Was­hington y las derechas vernáculas, se está desarrollando un bienvenido proceso de integración a través de la UNASUR y otros instrumentos como el Banco del Sur y el Consejo de Defensa Sudamericano, en el que el gobierno argentino ha tenido un rol destacado. Venezuela ha llegado al punto de confirmar que recibió a dos bombarderos rusos Tu-polev Tu-160 y que pronto hará lo mismo con cuatro buques rusos con más de mil hombres a bordo. Los voceros estadounidenses advirtieron inmediatamente que este episodio es una evidencia de que la Guerra Fría está nuevamente en marcha. Sin embargo, este escenario está le­jos de asemejarse al de la bipolaridad de la segunda posguerra mundial. Estamos ante la emergencia de un orden geopolítico y económico in­ternacional diferente incluso al período posterior a la caída de la URSS.

En el nuevo orden, que va definiéndose por la sólida presencia en la "mesa grande" de países como China, India, México, Brasil y Rusia, donde ya no reina el pensamiento único, la tendencia actual es la de re­cuperación de las herramientas básicas de soberanía estatal y recursos naturales. Es este sentido el que puede echar luz sobre el carácter pro­gresista o de izquierda de los gobiernos en América latina.

KIRCHNERISMO Y NEOLIBERALISMO

Tras cinco años de gobierno del matrimonio Kirchner, ¿qué ha ocurrido en Argentina, en el sentido en que pensamos el proceso la­tinoamericano? ¿En qué medida se puede hablar de ruptura con el neoliberalismo? Lejos de recuperar la estratégica dimensión estatal bajo una renovada concepción de lo público, el gobierno encaró una política

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confusa de ilusión neodesarrollista, de la mano de una burguesía que vive de la "patria subsidiaria" y de un "capitalismo de amigos".

A pesar de ciertos avances positivos, lejos de encarar una sincera ruptura del orden neoliberal, el actual proyecto kirchnerista ha tole­rado e incluso profundizado este modelo heredado, bajo los mitos de "ruptura con el pasado", "modelo de desarrollo inclusivo", "desen­deudamiento", "reconstrucción del Estado", entre otros. Estos mitos han generado una enorme confusión. Siendo cierto que el gobierno kirchnerista ha tomado una iniciativa que puede ser considerada de iz­quierda al momento de priorizar la integración sudamericana, desa­rrollando, por ejemplo, un rol activo en la defensa de Bolivia contra las tendencias secesionistas, ¿cómo explicar que en su país, los Kirchner hayan votado en 1994 la "provincialización" de los recursos del sub­suelo y en 2006 hayan puesto en práctica este principio secesionista con la aprobación de la "ley corta" de hidrocarburos? ¿Qué palabras pueden justificar que la pareja presidencial diga en foros internacio­nales que la energía es un recurso crítico mientras consuma la medida más antinacional de la década: entregar por cuarenta años, hasta su agotamiento, las reservas de Cerro Dragón a la British Petroleum, un área que representa más de 25% del petróleo del país? ¿O aprobar la segunda ola de privatizaciones de los recursos del subsuelo? Y cuando se refiere de la misma forma, en los mismos foros, a los alimentos, ¿puede acaso omitirse que, ante un conflicto tan grave y extenso como el que se vivió en el país referido a la "cuestión agraria" -que, insóli­tamente, le permitió a la reaccionaria oligarquía terrateniente dispo­ner de amplias bases sociales- en ningún momento el gobierno se dispuso a atacar a las multinacionales exportadoras que, con el mono­polio de la comercialización, impiden toda política que apunte a ga­rantizar la soberanía alimentaria de los argentinos? ¿Qué decir de un gobierno que no ha modificado el regresivo sistema de impuestos que castiga al consumo de los sectores populares mientras las transaccio­nes financieras (incluidos los pool soyeros) no pagan impuesto a las ganancias? ¿Cómo calificar el sometimiento de un gobierno a las re­glas del perverso sistema financiero mundial, que se observa en el pago al Club de París y la reapertura del Canje 2005 a los llamados "hola out", que ni siquiera intenta echar mano a las contundentes investiga­ciones en causas judiciales que hay abiertas y con sentencia firme en la Justicia Federal argentina que demuestran de forma inapelable la es­tafa de la deuda externa?

Vivimos todavía un modelo de saqueo basado en las privatizacio­nes, la extranjerización de la industria y los recursos, y el desguace es­tatal. Su piedra de toque es la reforma constitucional de 1994, que

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traspasó el dominio del subsuelo a las provincias, quebrando la uni­dad de la Nación, la única que puede enfrentar la voracidad de los trusts multinacionales. En complemento, existe aún un paquete de le­yes y decretos que continúa protegiendo el modelo privatista, como la ley de Reforma del Estado de 1989 y decretos subsidiarios. Son estos, en primer término, los pilares incólumes que hay que derrumbar para iniciar un camino posneoliberal.

Debemos pensar entonces qué se hizo durante estos últimos cinco años para reconstruir el Estado, con el fin de recuperar la plena sobe­ranía nacional y los recursos naturales, que son las piernas con las que camina una nación, para poder industrializarse y salir del atraso.

La debilidad de la política petrolera argentina ha creado diez Ko-sovos -cantidad de provincias con petróleo y gas- y su debilidad se manifiesta claramente cuando observamos que mientras los activos de Exxon-Mobil son el doble del PIB argentino, el PIB de Chubut y Santa Cruz -dos de las provincias petroleras- representan poco más del 3% del PBI nacional. Con la "provincialización" de los recursos, estas pro­vincias deben enfrentar en solitario el colosal poder económico de las multinacionales. Este es el modelo menemista-kirchnerista de la frag­mentación del subsuelo argentino, y la prórroga de la concesión del área Cerro Dragón hasta su agotamiento a British Petroleum es uno de sus principales frutos. El fracaso de este modelo se hace evidente con la caída abrupta de las reservas, la falta de inversiones, las expor­taciones según dispongan las petroleras y la necesidad de importar fuel oil, gasoil, otros combustibles y gas natural; es decir, la pérdida del au-toabastecimiento.

Esta política es coherente con el pasado de la pareja presidencial: apoyaron calurosamente la privatización de YPF y Gas del Estado desde 1989; votaron la "provincialización" del petróleo en la consti­tuyente de 1994; entregaron íntegramente sin licitación el único sub­suelo no privatizado por Menem -las áreas del mar argentino- en 2007, eximiendo de impuestos a las empresas privadas y utilizando a ENARSA, una estatal "de bolsillo", para evitar toda licitación pública; au­mentaron las retenciones en 2007 y 2008, pero recién cuando las ex­portaciones han disminuido sustancialmente; siguen permitiendo la exportación de crudo, gas natural y combustibles, a pesar de la dismi­nución de las reservas mientras se publicita como "argentinización" a la participación minoritaria del grupo "nacional" Eskenazi en YPF SA -filial de Repsol YPF SA-, a través de una empresa sin domicilio en Argentina y que cotiza totalmente en el extranjero. Desde Menem hasta los Kirchner, las reservas han caído estrepitosamente, con un condi­mento especial: los argentinos no sabemos qué manejo hacen los pri-

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vados de estas y el gobierno nacional se niega a hacer una auditoría pú­blica sobre el estado de las mismas.

La situación energética argentina es de extrema debilidad. Pero po­dría resolverse, en primer lugar, con la mera firma de un decreto que anule los tres decretos desreguladores de 1989, provocando un cambio en la irracional política de exportaciones, en la remesa de utilidades y en la comercialización interna, al volver a considerar a la energía como un servicio público y al petróleo como un bien estratégico.

ARGENTINA, ¿ P O T O S Í DEL SIGLO XXI?

Argentina es la sexta potencia en recursos mineros del mundo, pero lejos de aprovechar de forma sustentable estas riquezas, se ha abierto al saqueo y la brutal contaminación.

El "boom minero" es consecuencia de la permisividad de las leyes nacionales, promocionadas por gobernadores y legisladores que hoy militan en las filas kirchneristas, como el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Este paquete de leyes, que son una infamia contra la Na­ción, otorga a las mineras la exención del pago de todos los impuestos —desde impuesto al cheque hasta a la importación y aduana para en­trar máquinas-; sólo les obliga a pagar el 3% de regalías, pero pueden descontar todos los gastos de exportación, seguros, fletes y transporte hasta el puerto de destino; y no les exige industrializar nada en el país. Por si fuera poco, la utilización de los mecanismos de explotación a cielo abierto con cianuro, envenena el suelo y subsuelo, y provoca in­numerables enfermedades en la población. Argentina se está convir­tiendo en una Potosí del siglo XXI.

Recientemente, el gobierno nacional anunció la cancelación de la deuda con el Club de París. Se pagarán aproximadamente 6.700 mi­llones de dólares. En 2002, el país inició un ciclo de crecimiento sos­tenido sin recurrir al financiamiento externo. Sin embargo, en ningún momento se tomó la decisión de salirse de la perversa lógica de la deuda que, iniciada en 1976, sigue funcionando como la sangría del país. ¿Cómo puede aceptarse la continuación del paradigma del crédito externo para las grandes corporaciones que luego traspasan sus deudas al pueblo argentino? ¿No bastó la fuga de 26.000 millones de dólares en 2001, con grandes bancos y empresas a la cabeza, los mismos que hoy aplauden el pago al Club de París? Entre 2003 y 2008 se han "hon­rado" pagos por más de 31.000 millones de dólares al FMI, BID, BM y ahora al Club de París. En la mayoría de los casos, se cancelan solo intereses y el monto de la deuda no ha disminuido respecto a 2001.

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Entre 2008 y 2011, habrá vencimientos que exceden los 60.000 millo­nes. Pruebas del fracaso de la "política de desendeudamiento" iniciada en 2002.

El país debe pagar sus obligaciones externas, siempre que sean le­gítimas y que corresponda. Pagar al Club de París sin esperar los re­sultados de la causa iniciada en la justicia federal sobre las deudas contraídas durante la dictadura militar convierte al Estado de derecho en una ficción. La aplicación de las teorías de "la deuda odiosa" y del "delito de ejecución continuada" permitiría encarar desde una pers­pectiva soberana y justa este problema. Las políticas indicadas por la banca acreedora nos llevan a más dependencia y vaciamiento. Si­guiendo el ejemplo de Ecuador -donde se investiga un proceso simi­lar al nuestro-, Argentina debe investigar su endeudamiento externo a fin de establecer quiénes, cómo y para qué se contrajeron las deudas, discriminar lo legítimo de lo que no lo es y establecer así, cuánto efec­tivamente debemos.

El "campo" argentino no escapa a las desigualdades e injusticias del país. De un lado, están las multinacionales exportadoras, los pools de siembra y los arrendatarios; y los grandes terratenientes nativos o ex­tranjeros. En el otro extremo del abanico, están los pequeños y media­nos productores, campesinos y pueblos originarios: 200.000 productores tienen menos de diez hectáreas per cápita, con condiciones irregulares en la tenencia de la tierra. A esto se suma la irresponsable extranjeriza-ción, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales -800.000 de ellos trabajan en negro-, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido o el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxi-cos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.

El gobierno nacional impulsó este año un correcto instrumento para este sector: las retenciones a las exportaciones. Antes ya lo había hecho con el petróleo. Pero ahora lo hizo a través de la pésima e injusta resolución 125, que englobaba a todos los productores -desde peque­ños a grandes terratenientes- en la misma bolsa, poniendo en eviden­cia la carencia de una propuesta integral. El gobierno nacional se empecinó en aprobar esta polémica resolución -finalmente recha­zada- que, ante todo, encubría una de las mayores estafas al Estado na­cional de los últimos tiempos: una defraudación fiscal por 1.763 millones de dólares, encabezada por los monopolios exportadores ce-realeros y oleaginosos: las multinacionales Cargill, Dreyfus, AGD, Ni-dera y Bunge, entre otras, que se quedan con un tercio de la renta agraria y burlan al fisco con exportaciones en negro y tercerizadas. Mientras el gobierno se negaba a incluir la denuncia en el proyecto ofi-

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cial, como pedía Proyecto Sur, la estafa se realizaba con la complicidad de funcionarios gubernamentales y del senador oficialista Roberto Ur-quía, dueño del monopolio Aceitera Deheza. Utilizando el fantasma del "golpe" y hasta jugando la carta de la renuncia de la presidenta, el gobierno provocó una tremenda confusión en toda la sociedad e hizo creer a buena parte del progresismo que aplicaba una política trans­formadora.

Argentina precisa recuperar el monopolio estatal del comercio ex­terior. Sin embargo el gobierno, en más de cinco años, no solo no se lo ha propuesto, sino que no ha encarado política agropecuaria alguna que garantice la soberanía alimentaria de los argentinos.

Esta oscura radiografía nacional incluye al transporte. Nunca, como en estos últimos años, el pasajero había sido tan maltratado en Argen­tina. El inviable avance del transporte automotor deja cada año 8.000 muertos y 12.000 lisiados en las calles y rutas del país. Ante ello, el go­bierno nacional propone la construcción del elitista e irracional Tren Bala -Tren de Alta Velocidad-, no reconstruye la flota marítima y flu­vial, y regala, por primera vez, las rutas aéreas de cabotaje.

En el caso de la aeronavegación, la seguridad en este servicio es esencial, pero sabemos que el capital privado tiene como principal ob­jetivo la ganancia y no la seguridad de los pasajeros. La recordada ca­tástrofe de LAPA y la reciente tragedia de Spanair demuestran qué sucede cuando se intenta bajar los costos de mantenimiento u operar con aviones viejos para asegurar la rentabilidad. Recientemente, el ofi­cialismo aprobó la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Todavía está por definirse la forma en que se hará y si será un buen o mal ne­gocio para los argentinos. Esta línea de bandera ha sido literalmente sa­queada tras su privatización y presta un pésimo servicio. Pero antes de estatizarla, el gobierno nacional había presentado un deplorable pro­yecto que, entre otras cosas, planteaba la reprivatización posterior de la empresa, con el Estado absorbiendo deudas y asumiendo costos.

Por su parte, la privatización de los ferrocarriles en los noventa desembocó en la actual crisis ferroviaria, con el pésimo servicio pú­blico que brindan los concesionarios, la destrucción de las industrias estatales y el saqueo de los treinta y siete grandes talleres ferroviarios, 80.000 trabajadores despedidos, 800 pueblos fantasmas y caída de las economías regionales. Frente a este desguace ferroviario, el gobierno propone construir un Tren Bala. ¿Puede ser considerado "popular" un medio de transporte cuyo boleto será inaccesible para la mayoría de los argentinos y que lo pagarán con los subsidios del Estado, aunque no viajen en él? ¿Qué tan "estratégica" es una obra que, elitista y antina­cional, se llevará adelante emitiendo, solo en el inicio, nueva deuda

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pública por 4.000 millones de dólares a treinta años con una tasa in­cierta que superará el 12% anual, y que implicará la importación, sin transferencia, de tecnología extranjera? ¿Cómo puede aceptarse un proyecto de este tipo cuando con el mismo dinero es posible recons­truir a nuevo el colapsado sistema nacional ferroviario: los trenes in­terurbanos que unían las provincias y los ferrocarriles de carga con 300 locomotoras y 16.000 vagones nuevos?

El servicio aéreo, así como el ferroviario y el marítimo, son servi­cios públicos. En consecuencia, tienen que estar en manos del Estado que, además de poder cumplir con un servicio de excelencia, aporta­ría innumerables beneficios a la sociedad en materia comunicacional, cultural y económica. Pero ninguno de estos emprendimientos puede llevarse adelante sin poner un ojo en la integración continental. Nece­sitamos comunicar a los países sudamericanos, con la asociación de empresas estatales, que hagan sostenible el esfuerzo que por sí solas las líneas aéreas ya no pueden hacer.

RECONSTRUIR EL ESTADO

Identificamos ya el verdadero núcleo de la dependencia que se debe romper, hablamos de la necesidad de recuperar los recursos y vi­mos la situación actual en sectores estratégicos del país, pero ¿hacia dónde ir? Es la democratización y reconstrucción del Estado, nuevas formas de propiedad, con participación y control ciudadano, lo que se precisa, bajo un nuevo concepto de lo público.

Si asistimos al surgimiento de una "nueva" burguesía nacional cuyo paradigma son sectores empresarios cuya acumulación primitiva la hi­cieron a través de la corrupción y el "capitalismo de amigos", el pro­blema entonces es cómo reconstruir las sociedades de Estado que atiendan los servicios públicos y las principales industrias, con mode­los de gestión y control público, con participación de universidades, trabajadores, técnicos y usuarios. No se trata solo de recuperar el rol de un Estado interventor, sino de darle un nuevo contenido y sentido a esa participación estatal. Recordemos que la "paradoja neoliberal" consiste en que el bendecido "Estado mínimo" precisa de una decisiva intervención estatal en beneficio de actores económicos y sociales es­pecíficos.

Tenemos que devolver al país al estado de justicia: es el derecho de todo habitante a acceder a los bienes materiales y espirituales necesa­rios para una plena realización en sociedad. Solo una verdadera polí­tica de redistribución del ingreso y salud, vivienda y habitat pueden

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permitir luego democratizar la educación, garantizar la recalificación laboral y el ingreso a las universidades y a los sistemas científicos, en este mundo del conocimiento.

Argentina está perdiendo esta oportunidad. Esto no significa des­conocer los logros alcanzados por el gobierno kirchnerista, como la anulación de las leyes de impunidad del terrorismo de Estado, la re­novación de la Corte Suprema de Justicia -aunque no de instancias menores- junto a la ratificación de la alianza con el Mercosur y Una-sur -incluyendo el rechazo al ALCA en 2005-, además de la decisión de no emplear políticas represivas ante el conflicto social -a pesar de aprobar la ley antiterrorista-. Pero no se puede avalar la continuidad de políticas en favor de las poderosas corporaciones económico-fi­nancieras que no llevan a una redistribución de la riqueza, como de­muestran los resultados después de más de cinco años de gobierno. Necesitamos la reconstrucción del Estado para poder defender al pue­blo del maltrato, de la explotación, de la contaminación y del abuso de los poderosos. Reconstrucción de un Estado eficiente y moderno, sub­ordinado a una ley suprema que es la ética de la Nación. Es el único camino para acompañar a Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil y el resto de los hermanos del continente, hacia la emancipación latinoameri­cana ante el nuevo orden mundial.

No hemos mencionado otros problemas que el gobierno no ha en­carado convincentemente: el sistema impositivo regresivo, la vigencia de la ley de entidades financieras de la dictadura militar, la extranjeri-zación de la industria y los recursos, el corsé que suponen los tratados bilaterales de inversión, la ley de inversiones extranjeras, todos ítems impostergables para un gobierno que se precie de "progresista". Un país que no controle su crédito público, no reconstruya su infraestructura y no disponga soberanamente de sus recursos naturales no está en con­diciones de reconstruir su nación y, aún menos, de dar un aporte de­cisivo al desarrollo de América latina.

Le Monde Diplomatique, La Paz, Bolivia, octubre de 2008.

Unidad para construir un proyecto nacional

Después de los fracasos y traiciones de la llamada centroizquierda, hoy vuelve a plantearse en la Capital la operatoria kirchnerista de in­tentar unir las fuerzas progresistas para enfrentar a Macri, como repre-

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sentación inequívoca de la derecha. La política de las manipulaciones mediáticas ya mostró su falsedad en mayo de 2007, cuando se quiso con­vencer a la ciudadanía de que las fuerzas progresistas eran las del Frente para la Victoria. Así les fue: en ese mismo mes sus legisladores votaban en el Congreso la ley antiterrorista y Néstor Kirchner daba luz verde al hecho más grave de la política argentina de los últimos años: la segunda privatización del petróleo y el gas con la prórroga de Cerro Dragón y to­das las concesiones de Menem hasta el 2047; es decir, hasta la extinción total del recurso. Por eso, para no repetir la farsa, se impone discutir qué es lo que consideramos una política progresista o reaccionaria, na­cional o entreguista. ¿No es la nueva derecha criolla quien se asocia a las corporaciones que saquean nuestros recursos estratégicos no reno­vables, sin control público y a simple declaración jurada? ¿No es esta nueva derecha, con el "capitalismo de amigos", la que se beneficia me­diante la entrega salvaje de las tierras fiscales -pertenecientes a los pue­blos originarios- y los yacimientos mineros y petroleros a los amigos o socios de los gobernadores provinciales? ¿Es realmente de avanzada la decisión de pagar al Club de París y a los fondos buitre, sin revisar la le­gitimidad de la deuda externa, mientras el dictamen del juez Ballesteros sobre su carácter fraudulento duerme en el Congreso? ¿Qué decir del Tren Bala como opción a una reconstrucción de los ferrocarriles con tec­nologías y fábricas propias, que pueden generar miles de empleos y ga­rantizar autonomía? ¿Dónde colocaríamos a conspicuos miembros y amigos del Frente para la Victoria, como Cristóbal López, Eskenazi, el senador Roberto Urquía y otros grandes exportadores de granos, que estafaron al fisco por 1.700 millones de dólares con el paraguas de la re­solución 125?

El formato progresista de la era "K" es una peculiar combinación de derechos humanos con esencias del modelo neoliberal. Basta re­cordar que en nombre del centroizquierda se han venido avalando las políticas económicas neoliberales más puras, ejecutadas desde el go­bierno menemista y algunas otras desde la dictadura. ¿No sigue vigente la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que priva a la pe­queña empresa de acceder al crédito público y sigue al servicio de las multinacionales? ¿No bastó la fuga de 26 mil millones de dólares en 2001, para evitar la reciente fuga de 22 mil millones de dólares impo­niendo un riguroso control de cambios y divisas? ¿No es necesario re­cordar la trágica aventura de la Alianza, con el soborno de senadores para flexibilizar las leyes laborales? ¿No merece recordarse el regreso de Cavallo -agosto de 2 0 0 1 - con poderes excepcionales votados por los legisladores del Frente Grande para negociar un megacanje que nos costó casi 54 mil millones de dólares más.

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En esta gran confusión, el gobierno de Cristina Kirchner, que para muchos se ubica en la franja del progresismo o centroizquierda, hace pocos días anunció un subsidio a las petroleras de 8.750 millones de dólares (Clarín, 13/11/08) y desconoció la decisión del Congreso Na­cional, como respuesta al reclamo del lobby minero de la Barrick Gold, vetando la ley de protección de los glaciares que había logrado unanimidad en Diputados y solamente tres votos en contra en el Se­nado. Se acaba de nombrar -con el elogio y abrazo de algunos pro­gresistas- a Débora Giorgi como ministra de la Producción. La flamante funcionaria, entre sus innumerables cargos, fue secretaria de Industria de Fernando De la Rúa y firmó, junto a José Luis Ma-chinea, uno de los convenios más escandalosos y lesivos al interés de la Nación: la prórroga por diez años -y diez años antes de lo que fija la ley- del que fuera el yacimiento de gas estrella del país: Loma La Lata. Sus millonarias reservas, tasadas en más de 10 mil millones de dólares, fueron cedidas por 300 millones de dóllares y sólo debía pa­gar un 12% de regalías. Para dar idea del colonialismo del convenio, baste citar el artículo 1.3: "El Estado Nacional y la Provincia garan­tizan que durante la vigencia de la prórroga de la Concesión (...) mantendrán indemne a YPF frente a cualquier reclamo o acción de terceros o decisión o cambio legislativo que pueda afectar o modifi­car el régimen de dominio que rige sobre el área Loma La Lata-Sie­rra Barrosa, obligándose a mantenerla en el ejercicio íntegro de sus derechos".

¿No son estas razones suficientes para delimitar qué es derecha o izquierda en la Argentina y quiénes son las personas creíbles frente a la ciudadanía? En las décadas recientes y hasta la actualidad, los tra-vestismos políticos y las piruetas oportunistas se convirtieron en ma­teria corriente. El ser humano y la dirigencia como parte del género puede cometer errores y todos los hemos cometido; pero es preciso co­rregirlos con acciones autocríticas y compromisos públicos que los superen. No obstante, hay cosas que son inadmisibles. Una de ellas es la traición al mandato de las urnas y otra, las operatorias mediáticas o acuerdos a espaldas del pueblo, soslayando el abierto debate de ideas. Todo tiene sus límites: estamos hablando de un debate que necesaria­mente excluye a quienes fueron los protagonistas de la entrega y la co­rrupción de ayer o de hoy. La actual crisis mundial es grave y exige respuestas creativas, impulsadas con grandeza y coherencia, des­echando cualquier intento de obtener beneficios personales o de grupo con recursos públicos y sociales, al costo del sufrimiento de una gran proporción de nuestros compatriotas. El debate debe incluir entonces las políticas a seguir, entre otras, con las corporaciones mineras, pe-

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troleras y exportadoras de granos, favorecidas con una renta que per­tenece a todos los argentinos.

Es indispensable el debate y definición de un auténtico proyecto nacional, capaz de ser integrador de nuestras potencialidades, anhelos y voluntad de evolución, insertado en forma creativa y autónoma en la región. Es hora de que todos aportemos a su diseño y construcción. La tarea es inmensa y ninguna fuerza política o social se encuentra con ca­pacidad de hacer frente a ello en forma aislada. Por estas razones, Pro­yecto Sur propone a quienes se sienten identificados con el espacio progresista, nacional y popular, una Mesa de Diálogo para la cons­trucción del Proyecto Nacional. La unidad que proponemos no se re­duce a lo electoral ni se basa en la distribución de cargos o lugares en una lista. Nos proponemos construir una fuerza política, social y cul­tural que sea capaz de impulsar un proyecto emancipador en posibili­dad concreta de recuperar los recursos estratégicos y democratizar las instituciones, como paso indispensable para terminar con la indigen­cia, el hambre y la degradación del ambiente. Se trata de recuperar y honrar la credibilidad de nuestro pueblo.

Página/12, Buenos Aires, 8 de diciembre de 2008.

Oro, hambre, saqueos y complicidades

Termina otro año con la tragedia de millones de niños acosados por la pobreza y el hambre, con miles de muertos por desnutrición o enfermedades curables. Un genocidio social evitable que entre el año 2000 y 2002 se cobró cerca de 100.000 víctimas —según el INDEC— y que al final de la década habrá dejado otros 100.000 muertos si conti­núan las políticas neoliberales. El hambre es un crimen evitable y con­sentido por una cultura de la hipocresía, cuya violencia cotidiana, silenciosa y sistemática mata a millones de compatriotas. En este mismo diario 'Tato" Pavlovsky escribía el 22/11/08: "No debe valer más la vida de un desaparecido que la de un niño que muere de ham­bre, ni de los 27 que mueren por día por causas evitables (...) La in­dignación debiera ser la misma". Pero son más quienes lo toleran, o miran para otro lado, que quienes se rebelan ante estos crímenes abe­rrantes. A la Argentina le sobran recursos económicos para acabar con esta inmoralidad: ¿cómo puede haber hambre en un país que produce 134 millones de toneladas de alimentos al año y que tiene inmensas re-

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servas ictícolas, abandonadas a la depredación de las flotas pesqueras extranjeras? ¿Con qué argumento se tolera la desnutrición, cuyas se­cuelas pueden ser irreversibles, existiendo millonarios recursos mine­rales, se acumula superávit fiscal y cientos de miles de chicos jamás probaron un durazno o una manzana?

En la Quiaca, el obispo Pedro Olmedo continúa denunciando con huelgas de hambre y crucifixiones una desnutrición que afecta al 50% de la población. Los más desprotegidos son nuestros hermanos aborí­genes, con el mayor índice de mortalidad infantil. Están condenados al hambre por el despojo de sus territorios originarios que les daban el ali­mento: es el viejo racismo colonial en democracia. En Salta, el gober­nador del Frente para la Victoria, Juan Urtubey, permitió arrasar en este año 400.000 hectáreas de bosques nativos y la Legislatura aprobó el desmonte de 5.000.000 de hectáreas más. Acabo de ver personal­mente el sistema de explotación aplicado por los terratenientes: cien­tos de niños indígenas indocumentados son empleados por $ 120 al mes para limpiar árboles volteados. Sin agua ni alimentos, expuestos a las alimañas y a leguas del poblado, duermen en el suelo tapados con un nailon.

Entregar los recursos naturales que permitirían terminar con el hambre y la indigencia es la otra cara del crimen del hambre. Para el periódico inglés Minning Journal, Argentina tiene la sexta reserva de metales del planeta. Dos de sus mayores yacimientos situados en los Andes sanjuaninos y en manos de la Barrick Gold Co., Veladero y Pas­cua-Lama, para la Secretaría de Minería de la Nación (SMN) son "uno de los distritos auríferos más ricos del planeta, con recursos de 40 mi­llones de onzas de oro y 1.000 millones de onzas de plata". Un tesoro que, a U$S 830 la onza de oro y U$S 11 la de plata, es de U$S 44.200 millones, mientras su costo de producción desde la extracción al lingote y a U$S 155 la onza es de U$S 16.200 millones. En 20 años de vida útil se llevarán un beneficio de U$S 28.000 millones, U$S 1.400 millones por año.

Las corporaciones mineras no tienen obligación de procesar nada en el país; están exentas de casi todos los impuestos y solo pagan re­galías del 1% al 1,5% porque se les permite deducir los gastos de ex­tracción y flete. Por lo demás, las regalías solo cuentan para oro, plata y cobre y se llevan gratis un concentrado metalífero de más de sesenta metales, algunos más valiosos que el oro, como molivdeno, renio o cad­mio. No hay control público sobre lo que extraen, exportan y liquidan. Pueden guardar en el exterior el 100% de las divisas de sus ventas y aquí nos dejan una contaminación que costará fortunas repararla. Va­ciamiento y descapitalización colonial que recuerda a Potosí: se trata

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de una renta que, con los hidrocarburos, supera los U$S 20.000 millo­nes anuales y debiera ser destinada a erradicar el hambre y la exclusión social. ¿No debe procesarse a los gobernantes por no cumplir con su deber de cuidar nuestros recursos?

Hay hambre porque no existe la voluntad política de terminar con él. Los gobiernos de la década, lejos de saldar esta deuda, pagaron la deuda externa con el agravante de no haberla investigado. Claudio Lo­zano demuestra que con U$S 7.000 millones se puede eliminar el ham­bre infantil y si se invierte el 5% del PBI acabamos con la pobreza. Pero la prioridad de los gobiernos kirchneristas ha sido subsidiar a las corporaciones con U$S 10.000 millones anuales. El doble discurso se vuelve transparente: por un lado los Kirchner hacen política con los Derechos Humanos, unen a la mayoría del país para la estatización de las AFJP y pregonan la distribución de la riqueza; por otro, la Presi­denta subsidia con miles de millones de dólares a las petroleras; otorga impunidad a la delincuencia financiera con el blanqueo de capitales y veta la ley de protección de los glaciares. ¿Es que el oro extraído con cianuro por la Barrick Gold Co. es más valioso que las principales re­servas de agua dulce del país, condenadas a ser destruidas?

Si el hambre es un crimen, hay víctimas y hay responsables, cóm­plices, mentores intelectuales: son los dirigentes y economistas que eje­cutaron los planes neoliberales causantes de la desocupación, la pobreza extrema y el despojo nacional. Recordemos al FMI, al ejército de ge­rentes de corporaciones y petroleras, banqueros, exportadores y terra­tenientes, junto a los Menem, Cavallo, Roque Fernández, De la Rúa, Machinea, y tantos otros que hasta hoy sustentan los principales ejes del neoliberalismo, ignorando que su potencial destructivo es tal, que ahora está destruyendo a sus promotores en el corazón del imperio. También es condenable el silencio de aquellos que saben y callan. ¿Cómo es po­sible aceptar que magistrados, grandes intelectuales, profesores, filóso­fos y comunicadores, no denuncien el crimen del hambre y el saqueo de los recursos del país? Pienso en queridos y talentosos compañeros, como varios compañeros de Gasa Abierta, que tantas veces hicieron oír sus voces defendiendo las causas de los derechos humanos y la demo­cracia y hoy callan estos latrocinios. ¿Cuántas marchas del hambre ha­rán falta para aceptar que el hambre es un crimen y que el saqueo de los recursos naturales es causa de nuestro empobrecimiento?

Es hora de reemplazar el silencio por la denuncia, la inacción por la protesta: salir de nuestras casas y pararnos frente a las gobernacio­nes y parlamentos exigiendo un cambio de rumbo. Aceptémoslo: el hambre es un crimen de lesa humanidad en tiempos de paz. Sus res­ponsables deberán ser juzgados por el tribunal de los pueblos. No pre-

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tendemos ser destituyentes, pero cada día que pasa mueren decenas de pibes y esas muertes pesan sobre la conciencia.

Página/12, Buenos Aires, 4 de enero de 2009.

Construyamos la alternativa

Nos encontramos ante las puertas de un proceso electoral que mar­cará tendencias hacia el 2011. A pesar del injustificable adelanto de las elecciones, estamos mejor preparados para competir y profundizar la propuesta de Proyecto Sur: una alternativa a las políticas neolibera­les que nos saquean y a las dos derechas del bipartidismo que lo per­miten. Una vez más, el oficialismo y sus aliados intentan hacernos creer que el enemigo es solo una parte de la derecha económica y política y no los dos brazos con que opera el modelo neoliberal agro-minero-exportador: el Partido Justicialista y la alianza UCR-Coalición Cívica. Sus diferencias no son económicas, sino políticas: siguen siendo la al­ternancia gerenciadora del sistema neocolonialista imperante, después de traicionar las causas fundantes de Alem, Yrigoyen y Perón. Cóm­plices de los grupos económico-financieros dominantes, del poderío de los Estados Unidos, del FMI y del Banco Mundial, las distintas ex­presiones del bipartidismo son responsables de la crisis y la degrada­ción argentina.

En su momento, un artículo mío publicado en este diario -"Oro, hambre, saqueos y complicidades", 05/01/09- provocó diversas res­puestas, sin que ninguna contestara su denuncia principal: el hambre es un crimen evitable y consentido porque el país tiene los recursos para acabar con él. Algunos compañeros se molestaron porque no mencio­naba los logros del gobierno, como si cada vez que se critica sea nece­sario recordarlos. Los he ponderado innumerables veces en los medios y en mis notas, por honestidad política e intelectual. Queremos debatir con sinceridad, sin recortar declaraciones o sacarlas de contexto. Jamás dije que "Kirchner es Menem" o que "el kirchnerismo es la continuidad del menemismo" porque en lo político -DD.HH., relaciones exteriores, justicia- tienen grandes diferencias. Reitero lo dicho: Néstor y Cristina continúan el modelo agro-minero-exportador iniciado por Menem y las prebendas a la "patria subsidiada". Otros se enojaron porque traté a Kirchner de traidor. No tuve ánimo de ofenderlo, fue él quien se puso junto a Menem: al modificar la Ley de Hidrocarburos -N° 26.167, de

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enero de 2007- que traspasa el dominio de los yacimientos a las pro­vincias, traicionó la línea histórica nacional que desde Yrigoyen, Mos-coni, Perón a Illia, considera al petróleo como un bien estratégico nacional.

En lugar de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones o res­cindirles las concesiones, Kirchner las prolongó por treinta años. Fue el mayor golpe económico que sufrió la Argentina desde Menem: si to­mamos la producción actual de 230 millones de barriles anuales y el va­lor del crudo a una media de U$S 50 el barril multiplicado por treinta años, darán U$S 345.000 millones, a los que debe sumarse un 45% más del gas. Una descomunal transferencia superior a los U$S 500.000 mi­llones -sin contar que el crudo subirá en los próximos años-, más que suficiente para acabar con el crimen del hambre, la indigencia y fi­nanciar el desarrollo del país. Es un recurso que le pertenece a nues­tros hijos y se entregó sin necesidad: la Nación y las provincias podían recuperar los yacimientos por los graves incumplimientos, o cuando vencieran las concesiones en el 2017, y reconstruir una empresa petro­lera nacional. No se pueden silenciar estos temas: fueron y son políti­cas del gobierno. Somos el único país del mundo que permite a las petroleras concentrar el ciclo total de explotación: sin debidos contro­les públicos extraen, transportan, refinan y venden. La estafa al fisco es inmensa. En minería es peor: se premia con subsidios del 2,5% al 7% sus exportaciones y pueden dejar fuera del país el 100% de sus ventas. ¿No se parece a Potosí? Estas riquezas son de todos y hay que cuidar­las y defenderlas entre todos. Sin reconstruir una ética pública, no po­dremos llegar a la Argentina que soñamos.

¿He querido decir que todo lo que hizo el gobierno está mal como dicen Carrió, Morales y Macri? Lejos de estos ánimos destituyentes, defendemos la continuidad republicana del gobierno y el legítimo de­recho del Estado de fijar las políticas distributivas. Con la misma fir­meza con que criticamos las complicidades del gobierno K con el saqueo de nuestras riquezas, defendemos sus aciertos y apoyamos en el Congreso sus buenas iniciativas -ante las AFJP, la reforma de la Ley de Radiodifusión, recuperar la fábrica de aviones de Córdoba- porque lo que es bueno para la Nación y para el pueblo, es bueno para Pro­yecto Sur.

Lo que nos ocupa ahora no es el pasado, sino el desafío de cons­truir lo que falta: el movimiento político, social y cultural que pueda de­rrotar la cultura de la entrega y la derrota y pueda transformar en paz nuestra Argentina. Frente al temor al cambio, la resignación o el posi­bilismo, planteamos objetivos emancipatorios, democráticos y partici-pativos. Pero, ¿por dónde pasa esta alternativa? Sectores progresistas

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y neokirchneristas plantean que, como no hay nada a la izquierda de Kirchner, hay que apoyar al gobierno para evitar que avance la dere­cha y criticarlo desde adentro para que corrija el rumbo. Así, en mayo de 2007, todos se unieron detrás del Frente para la Victoria para de­rrotar a Macri, mientras daban luz verde a la reprivatización de Cerro Dragón y la ley antiterrorista. Creemos que esta posición es un error y un grave olvido: Kirchner preside el PJ, partido que nuclea a quienes remataron los bienes de los argentinos y hace de lo público asunto de negocios privados. Su pragmatismo político no tiene principios: es vá­lido abrazarse con Barrionuevo, Saadi, Gioja o Rico. Así le fue en Ca-tamarca. No pueden hacernos creer que la derecha es solo la Sociedad Rural. ¿Qué son acaso las grandes corporaciones petroleras, mineras, agroexportadoras y financieras? ¿Debemos cosificar la historia y estar a la zaga de un gobierno aliado a esta gran derecha? A pesar de la quie­bra global, en nuestro país los bancos fueron el sector que más ganan­cias obtuvo en 2008 por las tasas usurarias que siguen cobrando con la vista gorda del gobierno.

Sabemos que las alternativas no nacen espontáneamente, se las construye con obstinación, coherencia y principios. Es lo que venimos haciendo desde agosto de 2007 con Proyecto Sur. Parecía empecinado y suicida, pero demostró que un importante sector de nuestra sociedad lo esperaba. Las movilizaciones y luchas sociales de los últimos veinte años enseñaron que sin construir una fuerza propia, sin disputar poder político, los esfuerzos son capitalizados por otros. Hoy seguimos cons­truyendo una fuerza alternativa que uniendo culturas nacionales, pro­gresistas y de izquierda, se prepara para reemplazar al bipartidismo y llegar al gobierno. Tarea ciclópea que solo podrá llevarla a cabo un gran­dísimo movimiento y es lo que debemos realizar entre todos. Hemos vuelto a la política no por una elección, sino para realizar el Proyecto Sur. Participaremos en los futuros comicios hasta lograrlo: 2009, 2011, 2013, 2015, etcétera. Estamos creciendo en las provincias y el 28 y 29 de marzo celebramos el primer Congreso Nacional. Desde estos objeti­vos, va nuestro mensaje fraterno: a los militantes sociales y territoriales que aún desconfían de la política; a los compañeros que siguen en sus casas; a todos los trabajadores, jóvenes y mujeres que guardan la espe­ranza; a los investigadores y técnicos; a los grupos de artistas e intelec­tuales, a Carta Abierta y a todos aquellos que deseen aportar les decimos: encontrémonos con amistad y modestia, tomémonos un ma-tecito y construyamos juntos la alternativa que el país necesita.

Página/12, Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.

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Anexo

Proyectos presentados por "Pino" Solanas

ante el Congreso de la Nación

Durante su mandato como diputado en el Congreso de la Nación, entre 1993 y 1997, "Pino" Solanas presentó, como firmante, más de 150 proyectos de ley, de resolución y declaración, entre otros.

Entre los proyectos más importantes, se encuentran la creación de una Ley de Teledifusión, de la CNEA-Energías Renovables; de Argen­tina Televisora Pública (ATP); de Buenos Aires Cultura Televisión Pú­blica (BAC); del Canal Regional para el Mercosur; la Ley de Creación de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (CinAIN), apro­bado en 1999 y luego vetado por el presidente Carlos Menem y nue­vamente votado por unanimidad en ambas cámaras.

También figuran los pedidos de informe a ministros menemistas, sobre los procesos de privatización del Parque Nacional Iguazú, la Co­misión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Yacimientos Petrolí­feros Fiscales (YPF), Empresa Social de Energía de Buenos Aires (ESEBA), Yaciretá y Salto Grande, y del espacio radioeléctrico. También, sobre casos de presunta evasión impositiva que involucraban a em­presas del Grupo Macri, tráfico de armas a Polonia y Croacia y los frau­dulentos contratos de IBM.

En temas culturales, además de los proyectos de teledifusión, pro­movió la democratización de los organismos culturales incorporando para la selección de obras y proyectos y del otorgamiento de créditos y/o subsidios la formación de comisiones plurales integradas por re­presentantes de la creación y la producción. Entre los proyectos pre­sentados se encuentran el reconocimiento del derecho de autor para el director de cine; la reforma de la ley vigente de cinematografía; una ley nacional de Música y aportes a la ley nacional de Teatro. Abrió los debates sobre la necesidad de reformar la ley de radiodifusión vigente que viene de la dictadura y organizó la realización del Seminario In­ternacional sobre Espacio Audiovisual, Democracia y Cultura; y pro­yectos de conservación del patrimonio histórico nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Es autor de la cláusula de cultura incorpo­rada a la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 19) en la Reforma Constituyente de Santa Fe.

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Asimismo, se ocupó de temas referidos a los Derechos Humanos para el esclarecimiento de los actos de represión y presentó un pro­yecto de reconocimiento del derecho a conocer la verdad por parte de los familiares de desaparecidos, y también contra la represión de la protesta social. Asimismo, se ocupó de la problemática de trabajo y previsión social y de temas sanitarios, de contaminación del medio am­biente, trata de niños y muchos otros.

A continuación, reproducimos un breve sumario de sus proyectos más importantes.

Energía e investigación científica

C R E A C I Ó N DE LA C O M I S I Ó N NACIONAL DE E N E R G Í A ATÓMICA

Y E N E R G Í A S RENOVABLES (3518-D.-95)

Este proyecto de ley tomó estado parlamentario el 22 de agosto de 1995. Proponía transformar a la CNEA en comisión también encar­gada de las energías renovables. Como organismo autárquico, depen­diente directamente de la Presidencia de la Nación, se orientaría hacia la investigación y desarrollo de nuevas fuentes energéticas, en especial las relativas a la energía solar, eólica, biogás, hidrógeno, microturbinas hidroeléctricas, mareomotriz, geotermia y similares. También se crea­ría en su órbita un área de estudios y formulación de políticas para promover la descontaminación y el control de la contaminación am­biental. La CNEA-ER tendría el objetivo de garantizar que la producción en ciencia y tecnologías avanzadas, en materia nuclear y energías re­novables, se rija por los principios de la ética social y la preservación del medio ambiente.

Derechos humanos

LEY DE LA V E R D A D Y D E P U R A C I Ó N DEL ESTADO

Y LAS FF.AA. (1091-D.-95)

El proyecto de ley tomó estado parlamentario el 15 de junio de 1995. Proponía un régimen para el esclarecimiento de los hechos de-

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nominados "aberrantes" durante el último gobierno de facto, y que tu­vieron como consecuencia la desaparición de personas. El objetivo bus­cado era que las personas que hubieran sido detenidas ilegalmente durante la dictadura militar impuesta en 1976 -y /o antes-, o sus fa­miliares, pudieran disponer de mecanismos legales que permitieran ac­ceder a la verdad respecto de los hechos que caracterizaron la represión ilegal.

Medio ambiente

C R E A C I Ó N DEL R E G I S T R O DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

(2049-D.-95)

El proyecto ingresó a la Cámara el 2 de junio de 1995. Tenía la in­tención de crear el registro de contaminación, bajo competencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, para establecer un sistema de control y monitoreo de la contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires y en las distintas jurisdicciones del país, donde la concentración de contaminante supere los niveles normales.

Cultura y comunicación

LEY DE R A D I O D I F U S I Ó N (6164-D.-97)

El proyecto tomó estado parlamentario en abril de 1998. Buscaba reemplazar por primera vez la Ley 22.285 dictada durante la última dictadura militar, considerando el nuevo marco democrático y el de­sarrollo de la revolución científico-técnica que se expandía desde los años ochenta, basado en el complejo de la teleinformática, la biogené-tica y las fuentes energéticas alternativas, que consolidaron un nuevo paradigma productivo y de administración, y que dictaba la necesidad de establecer una nueva ley marco. El proyecto buscaría garantizar la de­mocratización de los espacios audiovisuales y la promoción de los de­rechos a la información, las comunicaciones y la cultura, en vistas de que el sistema global argentino de comunicaciones e información consti­tuye un bien de finalidad social. El articulado exigía el reconocimiento

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de la libre expresión de las ideas de los habitantes, sin censura previa y la imposición a los emisores de la obligación de difundir una infor­mación pluralista, objetiva y veraz, distinguiendo las informaciones de las opiniones. Un año antes, el proyecto había sido presentado bajo el nombre de Régimen de Teledifusión (4424-D-96).

LEY NACIONAL DE LA M Ú S I C A (6964-D.-96)

Este proyecto de ley buscaba declarar de interés cultural y some­tida a protección a la actividad musical, comprendiendo la creación, in­terpretación, investigación museológica y la difusión, el aprendizaje y perfeccionamiento de la música nacional; entendiendo por esta, toda aquella compuesta por argentinos o residentes en la Argentina que tu­viere durante tres años su domicilio en el país, con prescindencia de gé­nero, estilo y medios técnicos empleados; también la música folklórica, ciudadana y composiciones eruditas de los países latinoamericanos. También se creaba el Instituto Nacional de la Música y establecía que las estaciones de radio, televisión o abono debieran incluir en su pro­gramación musical un porcentaje del 50% de musical nacional.

C R E A C I Ó N DE LA CINEMATECA Y A R C H I V O DE LA IMAGEN

NACIONAL - C i n A I N - (4620-D.-97)

El proyecto ingresó el 22 de agosto de 1997. Fue aprobado en am­bas cámaras, vetado por Menem y luego ratificado por unanimidad en el Congreso. La cinemateca funcionaría bajo el ámbito de la Secre­taría de Cultura de la Nación. Tendría la misión de recuperar, res­taurar, mantener, preservar y difundir el acervo audiovisual nacional y universal; mantener un centro de documentación y estudios audio­visuales, así como una biblioteca especializada; publicar un boletín mensual; mantener salas de exhibición cinematográfica y videográfica y de experimentación audiovisual, con extensión a todo el país; pro­mover la formación e intercambio de estudiantes y profesionales del ámbito de la investigación y preservación de las películas. Sería la primera cinemateca pública, siendo que hasta entonces se suplía su función con organismos privados, cine-clubs o reparticiones públi­cas no específicas.

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M O D I F I C A C I Ó N DE LA LEY DE P R O P I E D A D INTELECTUAL

(5245-D.-94)

El proyecto ingresó a Diputados el 30 de noviembre de 1994 y fue aprobado años más tarde por unanimidad en ambas cámaras. Esta mo­dificación buscaba el reconocimiento del director de la obra cinema­tográfica como autor de la misma. La modificación consistió en la sustitución del artículo 20 de la ley 11.723 de 1923, que no contenía es­pecificidades para la obra fílmica. El nuevo artículo otorga reconoci­miento al director de cine, cuando antes daba al productor y al guionista la titularidad de los derechos intelectuales sobre la obra ci­nematográfica. Fue luego vetada por Menem.

C R E A C I Ó N D E ARGENTINA TELEVISIÓN PÚBLICA - A T P -

(2334-D.-96 Y 6165-D.-97)

Este proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de mayo de 1996. Su intención era crear un gran canal público, creativo, plural y democrático, al estilo de la BBC, la RAÍ, la TVE, el canal franco-alemán ARTE y otros. Un canal que cumpla con la función que los canales privatizados no cumplen y exprese la síntesis pluralista de todo el país. El canal contaría con directivos seleccionados mediante un riguroso concurso público y un consejo asesor representativo de personalidades e instituciones culturales, técnicas, universitarias y de trabajadores y que convoque a una asamblea pública semestral con el fin de recoger las sugerencias y críticas de la sociedad. Un canal con alto nivel de excelencia, sujeto a control parlamentario y no manipu­lado por el gobierno de turno. Debería prestar servicio de televisión diario, con alcance a todo el territorio nacional y en forma gratuita.

C R E A C I Ó N DEL CANAL REGIONAL PARA EL M E R C O S U R

(3034-D.-97)

El proyecto ingresó el 3 de junio de 1997. Sería un ente descen­tralizado, autárquico, con autonomía administrativa, económica y financiera, que funcionaría en el ámbito del Comité Federal de Ra­diodifusión u organismo reemplazante. Tendría como objetivo prestar servicios de televisión diario con nivel de excelencia y alcance en todo el territorio de los países que integran el Mercosur y su área de in­fluencia regional, con programación destinada a todo público y que

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promueva valores de la cultura en general y la cultura nacional de los países del Mercosur. Se regiría por los principios del pluralismo polí­tico y artístico, y de libertad de expresión y creación. Frente a la glo-balización de los mercados y la internacionalización de los medios de comunicación de masas hegemonizadas por los países del hemisferio Norte, resultaba necesario para fomentar los lazos culturales y comu-nicacionales entre los países vecinos.

CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE D I F U S I Ó N AUDIOVISUAL

DE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA (2211-D.-97)

El proyecto de resolución se presentó el 2 de mayo de 1997. Bus­caba crear la Secretaría de Difusión Audiovisual de la Actividad Par­lamentaria, que tendría a cargo la puesta en funcionamiento y administración del Canal Parlamentario. Su misión sería la transmi­sión en directo de las sesiones de la Cámara. Los días y horarios en los que no hubiera sesión, difundiría el contenido de los proyectos pre­sentados y la actividad de las comisiones. Difundiría entrevistas a le­gisladores respecto de los proyectos que hubieran presentado, asegurando la exposición pluralista. También se encargaría de difundir la actividad parlamentaria de los diferentes distritos del país y de los países vecinos. La propuesta se basaba en el marco de descredibilidad ante la actividad parlamentaria, permitiendo establecer una vigilancia activa de la opinión pública, siendo que, solo así, esta podría acompa­ñar y juzgar adecuadamente la actividad congresal.

SUSPENDER LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPECTRO

RADIOELÉCTRICO ( 6 1 0 3 - D . - 9 6 )

El proyecto de resolución se trató en noviembre de 1996. Se pedía la suspensión de la privatización hasta tanto no se expidieran las co­misiones de comunicación, relaciones exteriores y defensa y los secto­res interesados en el tema. Siendo que el espectro radioeléctrico abarca los servicios radiofaros, de radionavegación, de onda corta, radioafi­cionados, de referencia, raonocanales telefónicos, radiodifusión, cana­les de televisión, telefonía celular, satélites, radares, etcétera, su entrega a manos privadas constituía una violación a la seguridad privada y a los intereses y seguridad nacional.

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índice

Prólogo 7 por Adolfo Pérez Esquivel

Introducción 11 por Fernando "Pino" Solanas

DE LA CULTURA A LA POLÍTICA (1989-1991)

I. Las primeras batallas 19 La batalla de las Galerías Pacífico 20 Despanzurrando chanchos 32 "Acuso a Menem de corrupción y traición" 34

II. El atentado 41 "No estoy dispuesto a callarme" 41 ¡Diantres...! ¿Me quiere meter preso? 46 "Es una monstruosidad política" 48

III. El remate de YPF y la Marcha de la bandera 51 Defendamos YPF 52 Y péguenle fuerte 53 YPF: la complicidad de los dirigentes 55 "Menem es la comadreja de los llanos" 57 Defendiendo el futuro 61

IV. Polémica sobre el negociado petrolero 63 La quimera del oro negro 63 La hora de los números I (réplica a Solanas) 65 YPF: regalo de la comadreja 67 La hora de los números II (réplica a Solanas) 68 La Tierra es cuadrada 69

PARTICIPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POLÍTICA (1992-1995)

V. El Frente del Sur y la primera campaña electoral 77 Deconstrucción y agua fría 78 Otro país es posible 79 Desde dónde y para qué 81 Frente del Sur: Puntos Programáticos Fundamentales 82

VI. Hacia un Frente (más) Grande 85 Una cita con la historia 86 Pacto y censura 87 Un gran frente opositor (respuesta a La Porta) 88 Frente Grande: Acta Fundacional 89

VIL La Constituyente Nacional y la debacle del Frente Grande 93

La reelección es un botín 95 El Frente Grande en la encrucijada 96 Identidad y pluralidad cultural 102 Por la reconstrucción del Frente Grande 107

LA RESISTENCIA DE LAS PRIVATIZACIONES DESDE EL CONGRESO

(1995-2001)

VIII. Contra la privatización de la energía 115 Una historia anunciada 116 Un país sin futuro nuclear 121 Privatizar Yacyretá nos perjudica 124 El BMW nos quiere atropellar 126 La victoria de Yacyretá 128

IX. Democracia, cultura y medios de comunicación 131 Salvemos al cine, memoria viva del hombre 132 Espacio audiovisual: democracia y cultura 134 Pasar de ATC a ATP 135 No nos vendan el cielo 136 Necesitamos una gran industria audiovisual argentina .... 139

X. Hacia otra práctica política 141 "Es necesario refundar la democracia" 142 Otra práctica política es posible 144 Hoy somos todos docentes 146 Un Congreso sin dignidad nacional 148

EL REGRESO A LA POLÍTICA (2001-2007)

XI. Después de la crisis: ¿continuidad del modelo privatizador? 157

MORENO: Documento Fundacional 160 Ajustar la política petrolera 162 Abusos privatizados 163 ¿Mafiocracia o dignidad? 165 Petrocracia y menemismo 167 Subirse al caballo blanco 170 Otro "Nunca Más" 171

XII. El saqueo de los recursos petroleros 175 ¿ENARSA a la angoleña? 177 Hugo Chávez o la revolución en democracia 178 ¿Y la renta petrolera? 181 Menem: ¿olvido o perdón? 182 El Congreso en la encrucijada: pueblo o petroleras,

patriotas o traidores 184

XIII. La entrega de Cerro Dragón 187 ¿Concesiones a perpetuidad? 188 La verdadera antinomia 191 Unidad para nacionalizar el petróleo 192

PROYECTO SUR: UN MOVIMIENTO EMANCIPADOR

XIV. Peronismo y kirchnerismo 205 Proyecto Sur y las elecciones del 28 de octubre 206 Solidaridad, unidad y revolución 209 Acabemos con la derrota 215 La gloria y el oprobio 217

Descuartizando a Perón 220 "Hoy Perón sería Trotsky" 222

XV. Transporte, industria y desarrollo científico 225 Se puede transformar la Argentina 226 Balas perdidas: negocios privados y bienes públicos 243 Tren Para Todos 245 Estafas del modelo privatizador 247 El fracaso privatizador 250 La quimera ferroviaria 252 El collar de Marsans 255

XVI. El campo, las corporaciones exportadoras y el poder financiero 257

La hija de la pavota 258 Por un campo productivo al servicio de la Nación

y nuestro pueblo 260 La noche del Senado 264 Honrando deudas oscuras 266 Fin del saqueo jubilatorio 268

XVII. Argentina, la Potosí del siglo XXI, y las políticas secesionistas 271

El despojo de los metales argentinos 272 Secesión y petróleo 310

XVIII. Proyecto Nacional: unidad y redistribución de la riqueza 313 El kirchnerismo: ¿un gobierno progresista? 314 Unidad para construir un proyecto nacional 322 Oro, hambre, saqueos y complicidades 325 Construyamos la alternativa 328

ANEXO

Proyectos presentados por "Pino" Solanas ante el Congreso de la Nación 333