Instancia: Corte Suprema de los Estados Unidos

Fallo: Home Building & Loan Association v. Blaisdell

Fecha: 8 de Enero de 1934

Instancia previa: Suprema Corte del Estado de Minnesota

Decisión: 5 votos contra 4 a favor de confirmar el fallo de la corte estadual.

Court membershipChief Justice

Charles E. HughesAssociate Justices

Willis Van Devanter · James C. McReynoldsLouis Brandeis · George Sutherland

Pierce Butler · Harlan F. StoneOwen J. Roberts · Benjamin N. Cardozo

Case opinions

Majority Hughes, joined by Brandeis, Stone, Roberts, Cardozo

Dissent Sutherland, joined by Van Devanter, McReynolds, Butler

Hechos previos: En el estado de Minnesota, se sancionó una ley para darle un respiro económico a los ciudadanos con hipotecas durante la Gran Depresion y realizó como una medida de emergencia pesar de su interferencia en los contratos privados entre acreedores y deudores hipotecarios. Su fundamento lo encontró en la doctrina de que “The protective power of the state, the police power, may be exercised in directly preventing the immediate and literal enforcement of contractual obligations by a temporary and conditional restraint where vital public interests would otherwise suffer.”

Hechos del caso: La Home Building and Loan Association era acreedora de una hipoteca en un terreno del ciudadano Blaisdell. El deudor hipotecario, Blaisdell, dejó de pagar a raíz de los problemas económicos de la Gran Depresión, y la hipoteca fue embargada. Blaisdell llevó el conflicto a la Justicia. La Suprema Corte de Minnesota afirmó el derecho de Blaisdell de suspender sus pagos de la hipoteca temporariamente basándose en una ley sancionada previamente por la legislatura del estado titulada "Ley de moratoria de las hipotecas de Minnesota" la cual disponía que el que no pudiese pagar o cancelar la hipoteca al día del cumplimiento podía, por pedido judicial, ser beneficiado con una moratoria evitando el embargo. La H.B. & L.A. apeló el fallo adverso a la Corte Suprema de los EEUU.

Dos cuestiones fueron tratadas específicamente por la SCOTUS:

1) ¿Es el acto contrario al debido proceso y a las cláusulas de protección de iguales de la 14va Enmienda de la Constitución?2) ¿Viola la cláusula contractual de la Constitución?

- The Contract Clause prohibits states from enacting any law that retroactively impairs contract rights. The Contract Clause applies only to state legislation, not court decisions.)

- The Equal protection clauses say the laws of a state must treat an individual in the same manner as others in similar conditions and circumstances.

Contexto histórico:

During the 1930s, the Supreme Court contained both a solid liberal bloc and a conservative bloc of Justices. The four conservative Justices, known as "The Four Horsemen," were James McReynolds, George Sutherland, Willis Van Devanter and Pierce Butler. Their liberal opponents on the bench—Louis Brandeis, Benjamin Cardozo and Harlan Stone—were conversely known "The Three Musketeers", while Chief Justice Charles Evans Hughes and Justice Owen Roberts controlled the balance by serving as the swing votes. Hughes, as a progressive Republican, tended to side with the Four Horsemen, whilst Roberts was also swayed to the side of the conservatives.

As a result, The Court continued to enforce a Federal laissez-faire approach, overturning many of President Franklin D. Roosevelt's New Deal programs, which were designed to combat the Great Depression, by 5–4 margins. Most notably, the National Industrial Recovery Act was overturned in Schechter Poultry Corp. v. United States (1935), and the Agricultural Adjustment Act was struck down in United States v. Butler (1936). In response, President Roosevelt proposed the Judiciary Reorganization Bill (called the "court-packing bill" by its opponents), which would have increased the size of the Supreme Court and permitted the appointment of additional (presumably pro-New Deal) Justices. The bill, however, had many opponents, including Roosevelt's own Vice President John Nance Garner, and was defeated in Congress.

Este fue el primer caso que debió resolver la Corte respecto a medidas tomadas por el poder ejecutivo en su plan del New Deal para paliar la crisis económica de la Gran Depresión.

Fallo - Voto mayoritario: El presidente de la Corte, el juez Hughes, en su voto mayoritario declaró:"emergency does not create power, or increase granted power, or remove or diminish restrictions upon power granted or reserved.(...) while emergency does not create power, it may furnish the occasion for the exercise of power. "

Aplicó la doctrina de los llamados "poderes de emergencia", como en el caso Wilson v. New, que se desarrolló inicialmente en los tiempos de guerra, a una situación de emergencia por fuera del contexto de la guerra o crisis violenta.

Los poderes de guerra del gobierno federal de los EEUU "permiten la captación de las energías totales de las personas en un esfuerzo cooperativo supremo para preservar la nación"

La decisión de la mayoría fue cautelosa en respetar precedentes jurisprudenciales donde se reforzó la idea de que "ni aún el poder de guerra remueve las limitaciones constitucionales que salvaguardan las libertades esenciales".

La opinión de la mayoría intentó presentar la disputa judicial como una cuestión meramente de interpretación correcta de las disposiciones constitucionales, así evitando cualquier noción de suspensión de la constitución bajo circunstancias de emergencia. Con esta decisión, no se afectó a los derechos ni libertades constitucionales ni las limitaciones a los poderes gubernamentales. Pero el alcance de todos estos derechos, libertades, limitaciones y poderes fue redefinido en tiempos de graves crisis económicas para asegurar que la emergencia sería superada lo antes posible.

Las obligaciones de un contrato se ven afectadas por una ley que las torna inválidas o las libera o extingue. Aquí la integridad del endeudamiento hipotecario no fue afectada; los intereses continuaron corriendo, el deudor hipotecario iba a pagar el valor de alquiler de los locales como lo establecen los procesos judiciales. La obligación permanecía.

Además, no sólo las leyes existentes son interpretadas en los contratos con el objetivo de fijar obligaciones entre partes, también la preservación de los atributos esenciales del poder soberano son interpretados en los contratos como un postulado del ordenamiento jurídico. Este poder, llamado poder de policía, es de suma importancia para cualquier derecho en los contratos entre partes.

Voto en disidencia:The contracts clause was meant to foreclose state action impairing the obligations of contracts — primarily and especially in respect to such action aimed at giving relief to debtors in time of emergency.

Críticas:Adherents of the Chicago school of economics have characterized Blaisdell among the Court precedents that have diminished constitutional protection of individual property rights. Richard Epstein's (the Laurence A. Tisch Professor of Law at the New York University School of Law and Adjunct Scholar at the American libertarian think tank Cato Institute) criticisms have been some of the most vocal:“Blaisdell trumpeted a false liberation from the constitutional text that has paved the way for massive government intervention that undermines the security of

private transactions. Today the police power exception has come to eviscerate the contracts clause.”

Fuentes: Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice, By

Oren Gross, Fionnuala Ní Aoláin Summaries of Leading Cases on the Constitution, By Paul C.

Bartholomew, Joseph F. Menez Butler, Henry N.; Ribstein, Larry E. (1999). "Regulating Corporate

Takeovers: State Anti-takeover Statutes and the Contract Clause". University of Cincinnati Law Review

Epstein, Richard A. (1984). "Toward a Revitalization of the Contract Clause". University of Chicago Law Review (The University of Chicago Law Review, Vol. 51, No. 3) 51 (3): 703–751.

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/290/398/ https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Building_%26_Loan_Ass

%27n_v._BlaisdellAvico, Oscar Agustín c/ De la Pesa, SaúlCS, Buenos Aires, 07/12/1934.Hechos: Los Sres. De la Pesa y Avico celebraron un mutuo hipotecario, siendo ellos mutuante y mutuario respectivamente.El Sr. Avico, demanda a De la Pesa por negarse éste a recibir el pago por consignación de intereses computados al 6% anual y la prórroga de tres años en el plazo para el pago del capital que la ley 11,741 le concede a las obligaciones afianzadas con hipoteca. De la Pesa dice que eso no fue lo convenido en el contrato de mutuo, sino que fue un interés del 9% pagaderos por semestre anticipado. Dice que lo convenido en el contrato son derechos adquiridos que han ingresado a su patrimonio (derecho de propiedad) y por lo tanto, la ley 11.741 es retroactiva y nula y afecta a su derecho de propiedad cuya inviolabilidad defiende el art. 17 de la CN.Fundamentos: En primera instancia, el juez de paz hace lugar al reclamo y ratifica la constitucionalidad de la Ley 11.741. Por su parte De la Pesa apela esta resolución. Y el juez de segunda instancia revoca la sentencia de Primera Instancia, rechazando la consignación efectuada por Avico y declarando que la ley 11.741 es inconstitucional por ser incompatible con las garantías de los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional. Esta resolución es también apelada y es concedido el recurso extraordinario.El Procurador General, dictamina que el Congreso está habilitado para sancionar la ley que se quiere impugnar, y que la prórroga del plazo de las obligaciones hipotecarias y la limitación del interés que puede exigirse durante su vigencia, no contrarían lo establecido en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, por lo que solicita la revocación de la sentencia apelada. Sostiene que la ley 11.741 ha procurado que el cumplimiento de las obligaciones con garantía sobre los bienes raíces se efectúe en condiciones menos apremiantes en beneficio de los intereses generales y de la economía del país. La Corte falla a favor de la constitucionalidad de la ley en cuestión, fundamentando su decisorio, principalmente en una remisión a la corte de EUA, y su Constitución. Dice que el derecho de propiedad del art. 17 de la CN está basado en las enmiendas de la Constitución Americana, y que nadie mejor que la Corte de ese país para establecer los límites de ese derecho. 

- Menciona a Blaisdell en considerando 8)