La secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, intentó defender este lunes la iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón en una reunión con diputados, en la que la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue especialmente crítica con la iniciativa que, alertaron, podría generar un descontento social que no le estallaría a él, sino a Enrique Peña Nieto.

Tal parece, reprochó el presidente de la Comisión del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo (PRI), cuando la funcionaria ya se había retirado, que Calderón lo hizo con alevosía y ventaja.

Los priístas alertaron que la iniciativa incluye matices en el derecho de huelga, lo cual violaría la Constitución y los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su comparecencia para explicar el alcance de la iniciativa preferente de reforma a la Ley Federal del Trabajo, Rosalinda Vélez sostuvo que no trastoca, no modifica ni violenta el artículo 123 constitucional en ninguno de sus apartados, pero dejó de lado todas las preguntas que los legisladores hicieron sobre cómo afectaría el cambio a los obreros.

Incluso, al tratar de explicar cómo beneficiaría a los trabajadores regular la subcontratación o outsourcing, la funcionaria afirmó: Es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Hay empresas que sí cumplen; sin embargo, otras han abusado de esta figura.

En respuesta, el diputado Martí Batres (PRD) dijo: Aquí no hay colesterol bueno; hay puro colesterol malo inyectado directamente a las venas de los trabajadores.

Estocada a trabajadores

Su compañero de bancada Silvano Blanco expuso que con este documento Calderón se va como llegó: en una situación irregular, producto del fraude, y ahora quiere dar una estocada a los trabajadores.

Luego de dos rondas en que la titular del Trabajo no contestó si aprobar la reforma de Calderón produciría movilizaciones y protestas como en España, el PRI optó por sólo preguntar, pero no pedir una respuesta.

El priísta Patricio Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (Sitatyr), afirmó que la presencia de Rosalinda Vélez en la cámara “es producto del exceso de confianza del Ejecutivo.

“¿Por qué –cuestionó– el Ejecutivo considera que 30 días son suficientes para sacar unas modificaciones como las que propone?” Expuso que si bien los diputados están obligados a presentar un dictamen de la iniciativa del mandatario, “queda la duda de si cuando la envió pensó en el país que dejará.

Me parecería muy irresponsable si, por una iniciativa mal aprobada, tenemos a la gente en las calles, y él no tendrá que responder al descontento social. Correspondería al próximo

mandatario. Y esto nos obliga a ser responsables, porque no podemos resolver las relaciones entre trabajadores y empresarios en 30 días, abundó.

Patricio Flores, quien cerró la tercera ronda de intervenciones, pidió expresamente a la secretaria que no le respondiera. Esto, después de que la funcionaria no contestó las preguntas que le hizo el tesorero del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto (PRI): “¿Cómo pretende que con esta iniciativa se incremente el trabajo? ¿Cómo visualiza los sueldos en los próximos cinco años? ¿Cómo visualiza el trabajo informal? En España se reformó la ley laboral, pero desencadenó huelgas, estallidos sociales, desempleo, devaluación… ¿Este es el panorama que vamos a ver en México?”

La titular del Trabajo sólo contestó que la informalidad se resolveríallevando los trabajos de la informalidad a la formalidad.

También admitió que se considera privilegiar la productividad como criterio para ascender u ocupar una vacante, que se incluyen nuevas modalidades de contratación, con periodos de prueba y rechazó que se pretenda pulverizar el salario, al pagarlo por hora. Si un patrón quiere contratar a un empleado sólo por dos horas, argumentó, tendría que pagar el salario mínimo completo.

Las iniciativas de reforma laboral presentadas al Congreso el primero de septiembre por el presidente Felipe Calderón y la que propuso la semana pasada la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –apoyada por sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)– tienen diferencias sustanciales. Esta última plantea la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas; el aumento del salario mínimo conforme al costo de la viday que se revise este incremento no sólo una vez, sino varias veces al año, y se mantenga la estabilidad en el empleo.

En tanto, la reforma de Calderón no plantea mejoría en prestaciones y en cambio propone diversas condiciones que darían inestabilidad en el empleo para los trabajadores, como son la contratación flexible y las facilidades para el despido, incluso sin indemnización, indicó la UNT.

En un comparativo que realizó esta organización se expone que en pocos puntos coinciden ambas iniciativas. Uno de ellos es impulsar la capacitación y adiestramiento, así como la productividad en el trabajo.

Sin embargo, la reforma apoyada por el PRD habla, por ejemplo, de la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces laborales dependientes del Poder Judicial, a fin de mejorar la impartición de justicia laboral y poner fin al tripartidismo en los órganos que dirimen conflictos obrero patronales, que en la práctica han significado la sujeción de las juntas a los gobiernos que aplican la ley con criterios feudales, orientados más al control operativo que a la aplicación del estado de derecho.

En materia de impartición de justicia, la reforma de Calderón señala que en los conflictos se limite el pago de salarios caídos para los trabajadores a un año, como forma de que se agilicen los procesos, aun cuando esto no depende de los sindicalizados, indica la UNT.

En cuanto al tema de la huelga, mientras la iniciativa propuesta por el Presidente pone más condicionantes al ejercicio de este derecho, la presentada por el PRD indica que el estado de huelga no podrá ser afectado por medida administrativa o judicial alguna, e incluso afirma que se debe impedir el uso de la requisa como medida del gobierno para frenar el ejercicio constitucional de este derecho.

Respecto de las relaciones colectivas de trabajo, el proyecto del partido del sol azteca señala que debe haber un nuevo modelo que prohíba la interferencia de autoridades y patrones en la libertad y autodeterminación sindical y evitar el engaño que significan los contratos colectivos de protección. También indica que el voto libre y secreto debe ser obligatorio en todas las elecciones de las directivas sindicales.

A su vez, la reforma del mandatario panista propone más condiciones para que los trabajadores puedan cambiar de sindicato, y aunque señala que debe haber voto, libre y secreto, añade que los sindicatos deben rendir cuentas sobre el uso de los recursos.

En cuanto a ingresos, la reforma PRD-UNT planea que se reduzca la jornada laboral a 40 horas, pero con pago de 56; que se incremente la prima dominical de 25 a 50 por ciento, así como los días de vacaciones y la prima vacacional de 25 a 100 por ciento del salario mensual, que desaparezca la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y sea la Cámara de Diputados la que defina los aumentos, y que éstos puedan darse varias veces al año.

La Jornada publica hoy que la iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados se propone que México sea un país donde prevalezca una nueva esclavitud laboral y social, ya que busca limitar y anular conquistas laborales tan importantes como el derecho de huelga, imponer el pago por hora, lo mismo que incluir contratos de prueba, planteó el sindicato nacional de mineros.Indicó que el proyecto se apoya básicamente en la reforma que impulsó el anterior secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y con dicho proyecto, el gobierno del presidente Calderón pretende atentar contra los empleos fijos con derechos y prestaciones de ley, como la seguridad social y la propia permanencia en el empleo, facilitando así los despidos y llevando al mundo laboral a la precarización extrema. Según esta organización, ya a punto de irse del poder, Felipe Calderón Hinojosa introduce de última hora un proyecto de reforma laboral que por sus contenidos evidentemente fue elaborado por los abogados y miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y en el que este gobierno aparece sólo como un servil aliado de esos intereses, es decir, quiere dar un golpe antiobrero.

Se trata de poner sobre el nuevo gobierno el pesado lastre de un proyecto de mandato legal que atenta contra los intereses y derechos fundamentales de los trabajadores de México, que redondea la política

antisindical y antiobrera que durante su sexenio ha mantenido, igual que su antecesor, Vicente Fox, planteó. El sindicato expuso que trabajadores mineros, electricistas, de la aviación y muchos otros han sufrido agresiones y una perversa persecución por parte de los gobiernos panistas. Ahora en este proyecto de reforma laboral, Calderón quiere que los trabajadores de México, sindicalizados o no, se sometan a los intereses de la clase empresarial y alertó que si se impone la iniciativa, se puede generar caos social, económico e incluso financiero, como ha ocurrido en países como Grecia, España, Italia y otros.

El neoliberalismo en México 

En el caso de México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de tres décadas: el modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones,desarrollo hacia adentro y economía mixta.

Desde la década de los cuarenta, la estrategia de desarrollo en México, se sustentó en la protección del mercado interno, a través de barreras arancelarias y no arancelarias que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado, desempeñó un importante papel, al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica.

Prud´homme (1995), menciona que desde los setenta se puso en evidencia la fragilidad del modelo de sustitución de importaciones como proceso central del crecimiento económico, y con ello desaparecieron las bases de estabilidad; manifestadas en aspectos como: 1) el déficit público pasó a cumplir el papel de motor del crecimiento, y éste a su vez, condujo a un fuerte deterioro de la balanza de pagos;  2) al mismo tiempo, que el déficit externo como proporción del PIB aumentaba, sus fuentes tradicionales de financiamiento (la agricultura y los servicios) tendían a agotarse, lo cual obligó a recurrir en forma creciente al adeudamiento externo; 3) el crecimiento se vio interrumpido, por políticas contraccionistas, la inflación y la incertidumbre que estas propiciaban, abrieron la puerta a la especulación y la fuga de divisas; 4) el esfuerzo del estado por recuperar el crecimiento conducían a agravar los desequilibrios macroeconómicos, en su intento por mantener el modelo en funcionamiento realizó la exportación masiva de petróleo, más cuando se detuvieron, la situación se volvió insostenible y el país entro de lleno en un período de crisis y ajuste estructural.

Al inicio de los 80 el fenómeno que se venía perfilando desde la década anterior cumple su cometido, es decir; el modelo de desarrollo que anteriormente había asegurado el crecimiento económico y la estabilidad política en el México posrevolucionario estaba en crisis (Nava, 2000).

Es en el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando tiene su aplicación la estrategia neoliberal; inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales 1; desmantelamiento, que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000).

Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía, para el último año, su participación abarcaba solo 23 ramas. En 1982, tenía el gobierno federal 1155 empresas, en 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que “no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”, argumento presentado en un documento informativo por el gobierno federal (SHCP, 1988).

En el período salinista el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica gubernamental, en ésta etapa; se realizan algunas reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado, tal es el caso de los Artículos 28, 73 y 123  referidos a la reprivatización de la Banca, la reforma electoral, de la ley de culto; y del Artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros (tendiente a eliminar los ejidos) 2 (Vidales, 1996).

En efecto, con las modificaciones realizadas al Artículo 27, se buscó crear las condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola, abriéndose la posibilidad de participación del capital privado nacional y extranjero en las tierras ejidales y comunales, además de ser objeto; de compra, venta, arrendamiento y de contratos de asociación; se buscaba también incrementar la productividad y capitalizar las actividades agrícolas con el apoyo del sector privado. Es decir; la modificación al Artículo 27, forma parte de la reestructuración de la economía mexicana en general en un nuevo modelo de inserción en el mercado mundial. En esta lógica la agricultura requería de una modernización de infraestructura productiva y de comercialización para aumentar la productividad y competitividad internacional. Para ello, se necesitan cuantiosas inversiones en el agro, que ahora tienen que ser realizadas por el capital privado (Prud´homme, 1995).De acuerdo con Nava (2000), en el contexto de la reestructuración económica, las políticas neoliberales en el medio rural se traducen en:

Reformas al Art. 27 Constitucional para cancelar el reparto agrario, acelerar la entrada al libre mercado de la tierra ejidal y comunal, liberalizar la mano de obra y fomenta la producción agropecuaria y forestal a gran escala, vía inversión del gran capital industrial nacional y extranjero.

Desmantelamiento y privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario, así como de la infraestructura productiva.

Retiro de subsidios y precios de garantía de todos los productos agropecuarios.

Orientación de la producción agrícola al mercado internacional (exportación).

Implementación de programas asistenciales para los campesinos pobres que al ser considerados sectores infuncionales, quedan excluidos del esquema de desarrollo.

El neoliberalismo, continúa con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá,  en enero de 1994; representando con ello, su entrada a la economía global al conformar la mayor área comercial de Norteamérica, anunciado como el instrumento conducente al crecimiento económico y social que el país necesitaba.

En la cuestión agropecuaria, el TLCAN, generó expectativas para alentar la expansión del sector agroexportador, no obstante las asimetrías económicas y sociales con la economía norteamericana y la economía canadiense. La incorporación de México al Tratado ha venido a ser un eje estratégico para forzar a la modernización del sector agropecuario, los productores que reunieron las condiciones inmediatas para elevar la productividad, reducir costos y vender a precios competitivos han sido los beneficiarios de este cambio estructural, alrededor del 5% del total; los productores que no han sido capaces de hacerlo, 95%, están condenados al desplazamiento del mercado; su producción a ser sustituida por importaciones de alimentos y materias primas provenientes de sus socios comerciales (Salinas, 2004).

Posteriormente en los años 1994-2000 del período presidencial de Ernesto Zedillo, el neoliberalismo continuó su marcha. En el plano constitucional, modifica el artículo 28, con el objetivo de permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicación, vía satelital y

los ferrocarriles, crea las Afores transformando con ello la seguridad social de los trabajadores y se compromete con el capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica3 .

La política neoliberal de Vicente Fox Quezada (2000-2006), se encaminó bajo el mismo esquema que sus antecesores al ponerse al servicio del capital trasnacional y buscando cancelar los derechos de la nación y de los mexicanos. Dentro de las acciones realizadas en este período se puede hacer mención entre otras: la continuidad en intentos por privatizar la industria energética, a la privatización de la educación superior, reduciendo y suprimiendo en gran medida el presupuesto otorgado a las universidades públicas; a la privatización paulatina de los servicios de salud, y a la tendencia creciente de la desaparición de la seguridad social de los trabajadores. Estos rubros han sido retomados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quién al inicio de su período, da paso a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), afectando seriamente a los trabajadores agremiados de este Instituto, además de continuar su pugna por llevar a cabo la reforma de la industria energética.

El legado económico y social del neoliberalismo al concluir el foxismo e inicio del período presidencial de Felipe Calderón, se resume en: a) estancamiento económico (con un crecimiento de apenas el 2.4 por ciento); b) la falta de empleos formales; c) el grave deterioro de los salarios reales; d) la concentración de la riqueza y la exclusión social; e) un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores expectativas de vida; f) una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida; (Chávez, 2006).

Finalmente y afianzando el anterior planteamiento, la política neoliberal en México aplicada desde 1982,  no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse, y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, etcétera; demostrando con ello, su incapacidad para generar el bienestar que tanto se pregonaba.