EXISTEN ALTERNATIVAS A LOS RECORTES

9 de diciembre de 2010

VICENÇ NAVARRO

Se ha creado una percepción generalizada, reproducida en los

mayores medios de información del país, de que la única respuesta

posible a la desconfianza mostrada por los mercados financieros hacia

la economía española es la que el Gobierno de Zapatero está llevando

a cabo. Esta respuesta incluye las reformas laborales orientadas a

flexibilizar y abaratar los salarios (supuestamente para hacer la

economía más competitiva) y la reducción del gasto público,

incluyendo el social. Esta última medida se realiza con el objetivo de

reducir el déficit público, cuya elevada dimensión se presenta como la

causa de que aquellos mercados duden de la fortaleza de la economía

española.

Y lo que es incluso más llamativo es que los mayores partidos en la

oposición en las Cortes españolas –PP, CiU y PNV– piden más dureza

en aquella respuesta, exigiendo mayor desregulación de los mercados

de trabajo (mediante medidas que debilitarían enormemente a los

sindicatos, descentralizando la negociación colectiva) y mayores

recortes de gasto público y social. Se establece así una dinámica de

competición para mostrar a tales mercados quién es más duro. Vimos

la semana pasada cómo grupos de empresarios se reunieron, unos

con el presidente Zapatero y otros con el monarca, para presionar al

Gobierno a fin de que no le flaquearan las piernas en su toma de

decisiones. Un análisis de las propuestas que estos grupos han hecho

muestra que ninguna afectaría los intereses del mundo de las

grandes empresas y de la banca. Antes al contrario, todas ellas

muestran una gran blandura hacia los intereses de tales grupos

fácticos, que saldrían todos ellos beneficiados con dichas medidas.

Echo en falta una invitación del Gobierno y del monarca a los

sindicatos y a los pensionistas para que estos tengan la oportunidad

de exigirles dureza, y pedirles que sus piernas no flaqueen en el

momento de tomar decisiones para ayudar a la economía a que salga

de la crisis, a base de afectar los intereses de aquellos grupos que les

visitaron. En realidad, la reducción del déficit público puede

conseguirse bajando el gasto público o, como alternativa, subiendo

los impuestos, y muy en particular los de aquellos que se han

beneficiado enormemente de la bajada impositiva que el presidente

Zapatero, y antes el ex presidente Aznar, realizaron durante los

últimos 15 años. Esta reducción de impuestos ha sido, tal como ha

señalado el Fondo Monetario Internacional, responsable del 40% del

déficit estructural existente en España y en la mayoría de países de la

OCDE (el club de países más ricos del mundo) que siguieron

semejantes políticas. Si se recuperaran los tipos existentes antes de

las reformas regresivas fiscales, pasando de un 43% a un 45% para

las rentas superiores a 60.000 euros, y se añadiera un nuevo tramo

para los que ingresan más de 120.000 euros, con un tipo del 50%, el

Estado ingresaría 2.500 millones de euros más a las arcas, afectando

únicamente al 3,98% de los ciudadanos. A esta cantidad podría

añadirse la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, cuya

eliminación en 2008 favoreció enormemente a los sectores más

pudientes de la sociedad. Con tal medida, el Estado podría ingresar

otros 2.120 millones de euros.

Si, por otra parte, se recuperara el tramo que pagaban las grandes

empresas en su impuesto de sociedades, pasando del 30% al 35%, el

Estado recuperaría 5.300 millones de euros (afectando únicamente a

un 0,12% del total de las empresas, que son las que tienen una base

impositiva superior a 30 millones). Otra cantidad recuperable podría

conseguirse aumentando el tributo de un 1% a un 5% en las

sociedades de capital variable, las famosas Sicav.

Y la respetada asociación de técnicos tributarios del Ministerio de

Hacienda, Gestha, ha indicado que, a través de medidas creíbles e

inmediatas, se podría reducir en un 5% del PIB el tamaño de la

economía sumergida. Ello significaría un aumento de 12.700 millones

más para las arcas públicas, que deberían incrementarse a 6.155

millones más si eliminaran los paraísos fiscales que están siendo

utilizados ampliamente por la banca y por las grandes empresas.

Todas estas y otras medidas que deberían tomarse no afectarían a la

gran mayoría de las clases populares, recaudándose 35.235 millones

de euros, más del doble que los fondos que el Gobierno español

intenta conseguir mediante las medidas que están dañando las clases

populares. Ni qué decir tiene que ninguna de estas propuestas fueron

sugeridas por los grupos de empresarios que visitaron al presidente y

al rey pidiendo dureza.

Todas estas medidas fiscales regresivas que tomaron los gobiernos

de Aznar y Zapatero son responsables de que España continúe siendo

uno de los países más desiguales de la OCDE. La renta disponible de

la decila superior en España es 10,3 veces mayor que las rentas de la

decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE.

Finlandia es 5,6 veces, Suecia 6,2, Alemania 6,9 y así una larga lista

de países que son menos desiguales que España. Sólo son más

desiguales EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña 13,8. Y la propiedad está

incluso más concentrada, pues el 10% más rico de la población

española posee el 58% de toda la propiedad.

Y es precisamente esta enorme concentración la que dificulta la

recuperación económica, pues los ricos consumen mucho menos que

las clases populares. Y lo que se necesita ahora es que se consuma y

con ello crezca la demanda. Si el Estado fuera duro con los ricos del

país y recaudara aquellos 35.235 millones de euros, podría crear

empleo, por ejemplo, en los escasamente financiados servicios del

Estado del bienestar, lo que estimularía enormemente la demanda y

con ello la recuperación económica, reduciendo así el déficit público.

Si no lo hacen es porque les flaquean las piernas para enfrentarse a

los ricos.