Exigencias de una ciudadanía activa

“Una persona, un voto”, reza el contenido de un principio básico de todo sistema

democrático. Con él, se quiere significar que el voto de cada hondureño y

hondureña tiene el mismo valor, sin importar su condición social y económica.

Bajo esta premisa se ha considerado que nuestro país es democrático porque en

teoría el voto de la señora que sobrevive vendiendo cualquier cosa en las calles

vale lo mismo que el voto de un terrateniente millonario.

De esta forma, el Estado hondureño se ha preocupado más por ser activo en

términos electorales, invirtiendo casi mil millones de lempiras en un proceso de

elecciones primarias e internas pero se ha mantenido pasivo ante la existencia

de altos porcentajes de pobreza, exclusión social, corrupción y violencia.

Y en vez de incrementar la inversión social en los pilares de toda construcción

democrática como la salud y la educación, adopta medidas regresivas que deja

en mayor precariedad a la mayoría de hondureños y hondureñas que ya se

encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este escenario, el principio de “una persona un voto” se desfigura frente a la

desesperación que produce la miseria y la criminalidad, generando una

“ciudadanía de baja intensidad” en la que los sectores más excluidos no son “sólo

materialmente pobres, sino también legalmente pobres”.

Por ello no es lo mismo votar enfermo, con hambre y sin saber leer y escribir,

que votar sano, satisfecho y alfabetizado, y aquí es el Estado el principal

responsable de que todos y todas tengamos las mismas condiciones reales de

participación; sin embargo, la clase política hondureña que ha gobernado el

Estado ha demostrado con creces que son incapaces y negligentes para

responder a los intereses de las grandes mayorías.

Y durante décadas han ignorado por completo los verdaderos problemas

estructurales del país que si fueran resueltos a través de la implementación de

políticas públicas inclusivas y tendientes al respeto y goce efectivo de todos los

derechos humanos, revertirían el proceso de deslegitimación en que se

encuentran las instituciones hondureñas.

Frente a las propuestas políticas que han de surgir de estas elecciones primarias,

la ciudadanía debe estar atenta a analizar cuál de ellas realmente propone y

apuesta por la democratización del Estado y de los partidos políticos, por una

mayor participación de las personas, por un mayor control de la gestión de las

instituciones estatales y por generar condiciones reales que promuevan la

igualdad formal y socio-económica.

Nuestra Palabra | 20 Noviembre 2012