evaluación resultados anuales poa-2009
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Poder Judicial de Honduras
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1. .1.1 1
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Honduras, C. A.
PLAN DE MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL 2004-2009
ABRIL, 2005
Poder Judicial de Honduras
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Índice
Presentación
Introducción
2.CONTEXTO SOCIAL, MARCO INSTITUCIONAL, PERFIL Y
RETOS DEL PODER JUDICIAL
2.1Honduras situación social y económica
2.1.1 Organización general del Estado
2.1. 2 Territorio. División política del territorio
2.1.3 Marco Político
2.1.4 Situación socio económica
2.1.4.1 Población
2.1.4.2 Empleo
2.1.4.3 Etnias
2.1.4.4 Educación
2.1.4.5 Situación macroeconómica
2.1.4.6 Pobreza
2.1.5 La administración de justicia en el contexto de país
2.2 Marco legal del Poder Judicial
2.2.1 Breve descripción del sistema de justicia
2.2.1.1 Servicios de seguridad del Estado
2.2.1.2 Representación de los intereses generales de la sociedad
2.2.1.3 Representación Legal del Estado
2.2.1.4 Defensoría Pública
2.2.1.5 Protección de los Derechos Humanos
2.2.1.6 Auditoria financiera y de la gestión
2.2.1.7 Gobernación y Justicia
2.2.2 Breve descripción del Poder Judicial 2.2.2.1 Esquema de la organización del Poder Judicial
2.2.2.2 Mapa de la distribución territorial 2.3 El Poder Judicial
2.3.1 Estructura Jurisdiccional
2.3.1.1 La Corte Suprema de Justicia
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2.3.1.1.1 La información relativa a como hacen frente a
esta demanda, se trata en cada uno de los apartados
específicos, con la finalidad de analizar con detalle sus
respectivos índices de productividad. Pleno de la Corte
Suprema de Justicia
2.3.1.1.2 Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
2.3.1.1.3 La Secretaría General.
2.3.1.1.4 Sala Penal
2.3.1.1.5 Sala Civil
2.3.1.1.6 Sala Laboral / Contencioso Administrativo
2.3.1.1.7 Sala Constitucional
2.3.1.2 Segunda instancia. Las Cortes de Apelaciones
2.3.1.2.1 Cortes de Apelación en materia penal
2.3.1.2.2 Cortes de Apelación en materia civil
2.3.1.2.3 Cortes de Apelación en materia contencioso administrativo
2.3.1.2.4 Cortes de Apelación en materia laboral
2.3.1.3 Justicia de Primera Instancia
2.3.1.3.1 Análisis de las estadísticas civiles, civiles no contenciosos,
laborales, niñez, familiar, violencia doméstica, inquilinato
y contencioso administrativo
2.3.1.3.2 Análisis de las estadísticas penales
2.3.1.3.2.1 Estadísticas de los Juzgados de Letras
2.3.1.3.2.2 Estadísticas de los Tribunales de Sentencia
2.3.1.3.2.3 Estadísticas de los Jueces de Ejecución
2.3.1.4 Jurisdicción de paz
2.3.2 Estructura Administrativa
2.3.2.1 Dirección Administrativa
2.3.2.2 Auditoria Interna
2.3.2.3 Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento
2.3.2.4 Pagaduría Especial de Justicia
2.3.2.5 Dirección de Administración de Personal
2.3.3 Servicios de apoyo
2.3.3.1 Escuela Judicial
2.3.3.2 Inspectoría de Tribunales
2.3.3.3 Dirección Nacional de la Defensa Pública
2.3.3.4 Centro Electrónico de Información Judicial
2.3.3.5 Dirección de Infótecnologia
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2.3.3.6 Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo
2.4 Otros Temas Prioritarios
2.4.1 Implementación total de las reformas constitucionales y legales
relacionadas con el Poder Judicial
2.42 El enfoque de género en la administración de justicia
2.4.3 La justicia y los grupos indígenas
2.4.4 Medios alternativos para la solución de conflictos
2.4.5 Transparencia en la gestión
2.5 Análisis de la problemática del Poder Judicial para su modernización
2.5.1 Problemas y Desafíos
2.5.2 Fortalezas
2.5.3 Debilidades
2.5.4 Amenazas externas
2.5.5 Oportunidades
2.6Conclusiones
2.6.1 Desequilibrio entre demanda y oferta institucional
2.6.1.1 El problema específico de los Juzgados de Paz
2.6.2 Independencia judicial
2.6.3 Problemas de eficiencia y eficacia
2.6.4 Problemas de capacidad institucional y de organización
2.6.4.1 Modelos integrales de organización, funcionamiento y gestión de
despachos judiciales
2.6.5 Problemas de participación y transparencia
2.6. 6 Problemas de acceso
2. PLAN DE MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL
2.1. Misión del Poder Judicial
2.2. Visión del Poder Judicial
2.3. Objetivo General
2.4. Estrategias, Objetivos Específicos, Acciones y Resultados
3. PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2004-2009
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Presentación
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Introducción
Este documento sintetiza el contexto social e histórico y las condiciones en que se
imparte justicia en Honduras. Por otra parte resume la pluralidad de iniciativas
planteadas o en proceso de ejecución, que tienen como propósito de generar un
Poder Judicial moderno e integral capaz de impartir justicia con celeridad, eficacia
y transparencia, condición indispensable para garantizar condiciones de
crecimiento, paz social, seguridad y acceso al desarrollo.
La primera parte, que denominado contexto social, marco institucional, perfil y retos
del Poder Judicial contiene la información y análisis sobre la situación del país, la
configuración del sistema de justicia, la estructura y situación orgánica y funcional
del Poder Judicial, un análisis de los principales problemas que en estos rubros
afronta la institución y que se relaciona con los temas centrales de la reforma y
finalmente, consideraciones sobre la capacidad de respuesta institucional en
relación con la demanda de los servicios.
La segunda parte constituye el Plan de Modernización del Poder Judicial. En el se
incorporan la visión de mediano y largo plazo, la misión institucional, objetivo
general, las estrategias y el desarrollo de los objetivos específicos en acciones,
actividades resultados esperados e indicadores.
Como anexos se acompañan estudios y documentos diversos que respaldan y
amplían la visión sobre la problemática y la perspectiva sobre las acciones de
reforma judicial previstas o en proceso de implementación.
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2 CONTEXTO SOCIAL, MARCO INSTITUCIONAL, PERFIL Y RETOS DEL PODER JUDICIAL.
2.1 Honduras situación social y económica.
2.1.1 Organización general del Estado. Honduras, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la República
(CR) de 1982, es un Estado democrático, cuyo poder público está dividido en tres
poderes; legislativo, ejecutivo y judicial. El Poder Ejecutivo es ejercido por el
Presidente de la República, electo por votación directa por un periodo de cuatro
años, quien preside el Consejo de Ministros. El Poder Legislativo es ejercido por el
Congreso Nacional, cuyos miembros son electos en forma directa por un periodo
de cuatro años en elecciones generales simultáneas a las del Presidente de la
República. El Poder Judicial tiene la facultad constitucional de impartir justicia en
forma gratuita en nombre del Estado y esta representado por la Corte Suprema de
Justicia, las Cortes de Apelaciones y otros tribunales. La misma normativa dispone
que el Poder Judicial tendrá una asignación financiera anual no menor del tres por
ciento del presupuesto de ingresos netos de la República, excluidos los prestamos
y donaciones, cantidad que será transferida en forma gradual en cada periodo
presupuestario.
2.1.2 Territorio. División política del territorio La República de Honduras está situada en la parte meridional de Centroamérica,
con una faja costera norte de 750 Km. de longitud frente al mar caribe y de 165 km.
de longitud al sur, frente al océano pacifico. Tiene una extensión territorial de
112,492.00 km², su plataforma continental esta localizada entre las coordenadas
siguientes: al extremo norte punta castilla, latitud norte, 16° 2’; al extremo sur
desembocadura del río negro, latitud norte, 12° 59’ 12”; al extremo oeste cerro
monte cristo, longitud este 89° 21’ 20”; y al extremo este, cabo Gracias a Dios
longitud este 89° 08.9’. Honduras comparte fronteras terrestres con las Republicas
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de Nicaragua al sur oriente, El Salvador al sur occidente y Guatemala al nor-
occidente (Datos del anuario estadístico 2000, Instituto Nacional de Estadísticas
INE).
División política Desde el punto de vista administrativo el país esta dividido en 18 departamentos,
cada uno regido por un Gobernador Político que depende de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia. (Los datos incluidos provienen
en mayor parte de la encuesta permanente de hogares que periódicamente realiza
el Instituto Nacional de Estadísticas INE, los indicadores macroeconómicos
provienen del Banco Central de Honduras, Otros datos han sido recopilados del
Informe Sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD).
Departamentos de la División Política de Honduras.
Número Departamento Número Departamento
Región central Región occidental 1 Francisco Morazán 11 Ocotepeque
2 Comayagua, 12 Copán
3 La Paz 13 Santa bárbara
Región sur 14 Lempira
4 Choluteca 15 Intibucá
5 Valle Región oriental Región Norte 16 El Paraíso
6 Cortés 17 Olancho
7 Yoro 18 Gracias a Dios
8 Atlántida
9 Colón
10 Islas de la Bahía
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Los departamentos del país se dividen asimismo en municipios, los cuales suman
un total de 298. Estas unidades políticas se integran por un cuerpo de regidores, de
entre los cuales existen un alcalde y un vicealcalde. Todas estas autoridades son
electas cada cuatro años.
2.1.3 Marco Político. En 1982, la elección democrática de Roberto Suazo Córdoba abrió paso a una
sucesión democrática ininterrumpida del poder por medio de procesos electorales
libres, poniendo fin a una era de inestabilidad política caracterizada por continuos
golpes de Estado. Actualmente, se convoca a elecciones generales por periodos de
cuatro años. Existen cinco partidos políticos inscritos, sin embargo solo dos
partidos, el Partido Nacional y el Partido Liberal han logrado ostentar el poder. El
sufragio es obligatorio tanto, para los hombres como para las mujeres mayores de
dieciocho años. En cada proceso electoral se eligen autoridades para la
presidencia de la República, autoridades municipales, diputados al Congreso
Nacional y diputados al parlamento centroamericano. Actualmente, se promueven
reformas políticas dirigidas a reducir la duración y controlar el financiamiento de las
campañas políticas, mecanismos de elección de los diputados e independizar el
organismo electoral.(Datos del anuario estadístico 2000, Instituto Nacional de
Estadísticas INE).
2.1.4 Situación socio económica. En Honduras las múltiples reformas económicas no han logrado impulsar un
crecimiento sostenido, ni equitativo; esta condición junto a otras de diversa
naturaleza constituyen factores que minan la legitimidad de los gobiernos
democráticos y crean una constante urgencia política por encontrar mecanismos y
acciones que generen su propia aceptación social y poder cerrar así el déficit de
legitimidad . En resumen la democracia hondureña, al igual que la mayoría de las
democracias latinoamericanas, es muy vulnerable a la influencia de factores no
políticos, como son los costos sociales de las reformas económicas.
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A partir de los años noventa, los temas económicos fueron tomando mayor
posicionamiento en la agenda democrática, aunque la dirección de las medidas
económicas que se sugerían tenían un acentuado carácter exógeno, desprovisto
de una adecuada discusión y participación de los actores sociales del país. El
complemento de las reformas económicas, las políticas sociales, tampoco lograron
brindar la debida protección social que la población requería y esperaba. El escaso
logro de las políticas sociales se debe a una asignación regresiva deliberada de
gastos públicos sustanciales en educación y salud; a las fluctuaciones causadas
por la incapacidad del Estado de mantener sostenidamente un aumento de sus
ingresos fiscales, por los ciclos electorales y por el giro de recursos hacia esfuerzos
de reconstrucción después del huracán Mitch de 1998.
El déficit de legitimidad democrática pudiera deberse sobre todo a las propias
deficiencias del sistema político Hondureño. El tradicional esquema clientelar en las
relaciones del Estado con la sociedad, el sectarismo en los partidos políticos y la
crisis representativa, así como la ausencia de mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de toma de decisión y evaluación de las políticas
públicas se tornan fenómenos clave para explicar el grado de desconfianza
generalizada de los hondureños hacia la elite política e instituciones democráticas.
Es por estas circunstancias que, en la última década, el gobierno y la sociedad han
impulsado mecanismos de concertación nacional como alternativa para encontrar
soluciones al creciente descontento generado por el agravamiento de las
condiciones socioeconómicas y el incumplimiento de las expectativas de los
ciudadanos. (Censo de población y vivienda año 2001, Instituto Nacional de
Estadísticas INE).
2.1.4.1 Población. De acuerdo con el censo de población y vivienda de 2001, la población Hondureña
era de 6,535,344 con un 18% residente en el Departamento Francisco Morazán,
donde se ubica la capital del país. Durante ese mismo año, la tasa de crecimiento
poblacional de Honduras era del 2.6% anual . Esta cifra representa un incremento
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de 26 personas por cada mil habitantes, colocando al país en el cuarto lugar entre
los países que crecen mas rápido en América Latina (Censo de población y
vivienda año 2001, Instituto Nacional de Estadísticas INE).
En 1998, las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y
Choluteca, ocupaban los primeros cinco lugares de la distribución de la población
nacional. En el año 2001 el orden se mantiene en las tres primeras, pero Choloma
desplaza a El Progreso del cuarto lugar al quinto puesto. Choloma es una de las
ciudades con alta concentración de la industria de la maquila que anualmente
recibe a miles de migrantes del resto del país en busca de trabajo.
Para el año 2015 la población se concentrará en los departamentos de mayor
desarrollo económico: Cortés y Francisco Morazán, ambos representaran el 37.5%
de la población Hondureña; el departamento más poblado será Cortés (Centro de
del desarrollo de la maquila), con un 20% de la población nacional; el municipio
más poblado será el Distrito Central; donde en promedio habitarán 80 personas por
Km. En el 2001 había 58 personas por cada km².
Por lo que respecta a la proporción entre la población urbana y rural, está última es
mayoritaria ya que del total de población en el censo de 2001, un 56.68%
(3,704,301) correspondía a la población rural del país.
Para el mismo año del censo, se contaba con una población joven, ya que el 41.7%
era menor de 15 años, pero en el 2015 esa proporción bajará a 36.4%, indicio de
envejecimiento de la población. Actualmente existen unas 350 mil personas con 60
o más años de edad (5.4%); para el 2015, serán 600 mil personas (6.7%) y en el
2050 serán 2,3 millones (15.3) .
La tasa bruta de natalidad TBN (por mil habitantes) es de 33.7%, la tasa global de
fecundidad (hijos por mujer) es de 4.2%, la tasa de mortalidad es de 5.2%, la tasa
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de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 34.7%, la esperanza de vida al nacer
en años es de 70.7.
Por lo que toca a la población por género, en el 2001, del total de la población, el
50.56% correspondía a mujeres, indicando un ligero incremento en relación con la
situación existente en 1998 (un 50.35% de un total de 4,614,377).
2.1.4.2 Empleo. La población en edad de trabajar (PET) para septiembre del 2002, se estima en
4,806,513 personas, de los cuales sólo la mitad era activa (50.9%). El resto no
participa dentro del mercado laboral por ser amas de casa, estudiantes, jubilados,
pensionistas, etc.
En cuanto a los hombres y las mujeres, la tasa de participación (TP) es de 71.3% y
31.9% respectivamente; lo que significa que en el caso de las mujeres, aún siendo
la mayoría de la población, solo una de cada tres trabaja, lo que demuestra que la
participación de la mujer en el mercado laboral es baja y genera un problema
ocupacional y de crecimiento relevante. Un problema relacionado con la tasa de
participación es el hecho de que cada persona ocupada tiene que mantener en
promedio a tres personas (tasa de dependencia), esto se debe a que la estructura
de la población de Honduras, es predominantemente joven (el 52% es menor de 18
años).
La tasa de desempleo abierto (TDA) a nivel nacional es de 3.8%; esto significa que
alrededor de 93,729 personas no trabajaron ni siquiera una hora en la semana de
referencia, sin embargo, dicha tasa es mas alta en el área urbana (5.9%),
particularizándose la del Distrito Central que supera tanto el promedio nacional
como el urbano (8.5%). Esta diferencia entre los valores de ese indicador esta
relacionado con el número de personas que migran del campo a la ciudad, en
busca de mejores oportunidades, sin contar con una fuente de empleo segura.
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Respecto a la tasa de desempleo invisible (TSI), muestra que alrededor de 624,615
personas (26.6%) trabajan mas de 36 horas semanales y reciben ingresos menores
al salario mínimo; este indicador en el área rural es de 37.1%, porcentaje que se
constituye en el mayor problema del mercado laboral. Esta tasa de desempleo
invisible se reduce cuando aumenta el desempleo abierto. Para el caso el Distrito
Central, esta es de 11%, con una tasa de desempleo abierto de 8.5%. En cambio,
en el área rural el subempleo invisible es del 37.1%, con una tasa de desempleo
abierto de 1.8%.
La anterior situación se asocia con el bajo nivel educativo a nivel nacional de este
grupo poblacional (3.7 años de estudio promedio), lo cual conduce a problemas de
inserción de estas personas en el mercado laboral, obligándolos a participar en
actividades de baja productividad y por lo tanto de bajos ingresos (Encuesta de
hogares, septiembre del 2002 Instituto Nacional de estadísticas INE).
El 18% de los jóvenes con edades comprendidas entre 13 y 15 años (92,252
jóvenes) solo trabajan y no estudian; mientras que el 19.9% (101,866 jóvenes) no
estudia ni trabaja. Los resultados anteriores se vuelven mas críticos cuando se
estudia la población entre 16 y 18 años, donde el 35.7% (174,590 jóvenes) no
estudian ni trabajan. En este último grupo los años promedios de educación son 5.2
años lo que muestra que estos jóvenes están dejando la escuela sin terminar la
primaria y están pasando a formar parte de la oferta laboral sin estar capacitados
(Encuesta de hogares, septiembre del 2002 Instituto Nacional de estadísticas INE).
El porcentaje mayor de ocupados se encuentra en el Distrito Central con 16.9%, en
cuanto al área urbana y rural es poca la diferencia, 49% y 51% respectivamente.
La distribución por sexo muestra un porcentaje de 64% para los hombres de 5.8
años promedio de estudio; en cambio a las mujeres le corresponde un 36% y 6.7
años promedio de estudio. En cuanto a los empleados públicos el 72.5% se
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encuentra en el área urbana y el 27.5% en el área rural; según sexo los hombres
tienen 10.2 años promedio de estudios y las mujeres 11.7.
En el sector privado, el 71.2% son hombres con 6 años de estudio promedio; en
cambio las mujeres representan el 28.8% con 4.7 años de estudio promedio. En
cuanto a las personas que trabajan independientes (cuenta propia), el 66.3% son
hombres con 4.4 años de estudio promedio; las mujeres representan el 33.7% con
4.7 años de estudio promedio (encuesta permanente de hogares mayo 2001,
Instituto Nacional de Estadísticas INE).
La relación de las cifras revela una tendencia de las personas mayor capacitadas a
ingresar a empleos del sector público, mientras que el sector privado soporta el
empleo de la masa menos calificada.
La tendencia incremental en la desproporción existente entre la tasa de población
económicamente activa y la tasa de desempleo, es una de las explicaciones al
grave problema de la violencia social reinante en el país, frente al cual los enormes
esfuerzos estatales han resultado insuficientes. Fenómenos delictivos como las
“maras” o grupos de delincuencia organizada con objetivos lucrativos (robos,
asaltos, secuestros, narcotráfico), están relacionados con amplios sectores de
jóvenes sin posibilidades educativas y de inserción en el mercado laboral.
2.1.4.3 Etnias. Los grupos étnicos en Honduras son los garífuna, negro inglés, tolupán, pech
(paya), miskito, lenca, tawaka y chortí. La identificación de los grupos indígenas en
Honduras presenta un problema ya que el censo recoge como criterio de
clasificación la auto identificación de los habitantes. De acuerdo con el censo, el
92.8% de la población no se identificó con ninguno de los grupos étnicos y de las
personas que se identificaron como una etnia, el 63.5% declaró pertenecer a los
lencas. Todos los grupos (con las notables excepciones de los garífunas y negros
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ingleses) tienen un porcentaje de analfabetismo muy superior al porcentaje
nacional. Los tolupanes y los chortís tienen el menor porcentaje de personas con
educación secundaria o superior, teniendo los misquitos y tolupanes la mayor
población joven y los garífunas y negros ingleses la mayor población de la tercera
edad.
2.1.4.4 Educación. Por lo que toca a indicadores educativos, en Honduras la tasa de analfabetismo es
del 20%. Entre las personas que saben escribir (rango de 15 años o más) el
promedio de años de estudio es de 6.2%
2.1.4.5 Situación macroeconómica. El Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2001 fue de Lps. 99,032 (millones de
Lempiras); en el 2002 fue de Lps. 80,124; incrementándose para el año 2003 a
Lps. 120,322, como se observa en el cuadro siguiente. No obstante, que desde el
2000 el artículo 318 de la Constitución de la República consignó que el Poder
Judicial contaría con un presupuesto no menor al 3% de los ingresos corrientes, las
instituciones del sector justicia en el 2002 recibieron el 7.16% del presupuesto
público, equivalente al 1.97% de PIB.
Porcentaje PIB
0
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99,032 82,124 120,322
200120022003
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El Producto Nacional Neto para el año 2003 fue de Lps. 95,757 (En Millones de
Lempiras), superando esta cantidad los valores de años anteriores (Honduras en
cifras 2001 – 2002, Banco Central de Honduras).
El ingreso per cápita por su parte ha evolucionado en la forma siguiente.
Ingreso per Cápita, Honduras, 1999 – 2003.
Año Lempiras Dólares
1999 12,075.00 852.00
2000 13,552.00 913.00
2001 14,529.00 939.00
2002 15,354.00 935.00
2003 16,537.00 953.00
En resumen el ingreso per cápita paso de US$.852.00 en 1999 a US$.953.00 en el
2003; la pobreza afectaba en el 2002 al 64% de los hogares y 3.5 millones de
personas vivían ese año en situación de pobreza extrema. La población paso de
6369.2 en el año 2000 a 6694.8 en el año 2002 (Estos valores en miles de
personas).
Honduras posee una economía eminentemente agrícola, representando el 79% de
las exportaciones, mientras el 21% lo representa la pequeña y mediana industria.
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Economía Agrícola de Honduras
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
Exportaciones
Pequeña y medianaindustria
Entre los productos principales de exportación, están el café, el banano, mariscos,
carnes, azúcar, tabaco, algodón, minerales, madera, cemento, ropa y turismo.
2.1.4.6 Pobreza. En Honduras, el 64.5% de los hogares se encuentran en pobreza (Hogares pobres
y muy pobres), y un 35.5% son clasificados como no pobres.
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Según el nivel de ingreso por área geográfica en el área urbana el 56.3% de los
hogares están clasificados “en pobreza”, con un 36.1% en el nivel de “muy pobres”
y un 20.3% en “pobres”, destacando el 43.7% de los hogares como “no pobres”.
Destaca además que en el área rural los hogares en pobreza suman un 73.8%, de
los cuales un 13.3 % son pobres y un 60.5 % son muy pobres, mientras que
apenas un 26.2 % clasifica como no pobres.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el grupo de los "Muy Pobres" con ingreso
menor al costo de la canasta de alimentos y que por lo tanto no llega a satisfacer
los requerimientos nutricionales para una vida sana ha tenido un decrecimiento en
los últimos diez años en un 1.33% y una variación porcentual de -12.5% (Encuesta
Nacional de Epidemiología y Salud Familiar ENESF 2001).
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2.1.5 La administración de justicia en el contexto de país. La situación socio económica del país y las condiciones en que vive la población
inciden directamente en la caracterización del sistema de justicia, en las
condiciones en que ésta se imparte y en los retos que tiene que afrontar. Las
limitaciones económicas y de infraestructura, el bajo nivel educativo, el limitado
acceso a fuentes de información y uso de servicios tecnológicos, afectan tanto las
posibilidades de actuación de la institución para cumplir con su papel de manera
adecuada, así como las posibilidades de la ciudadanía para solicitar los distintos
servicios que el Estado le ofrece para proteger sus derechos y administrar justicia.
Las condiciones socio económicas limitan a su vez los ingresos del Estado e
influyen en el presupuesto asignado a los servicios públicos, entre ellos el de
justicia, resultando en una insuficiente asignación financiera que afecta
directamente la calidad, diversidad, accesibilidad y eficacia de la impartición de
justicia (capacidad de respuesta), impidiendo transformar la actividad de un poder
público en un servicio.
Desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos a los órganos judiciales para
obtener solución a sus conflictos, las limitaciones antes señaladas obstaculizan
directamente sus posibilidades para solicitar los servicios en lo que resulta ser la
imposibilidad para contratar abogados, la aproximación a los juzgados, las
posibilidades de iniciar acciones de defensa, el conocimiento de sus derechos y
demás elementos necesarios para acceder con éxito a los servicios judiciales.
Por otra parte la situación actual y futura plantea nuevos retos al Estado, a la
sociedad y al sistema de justicia; los cambios impulsados por la globalización, el
desarrollo de nuevas tecnologías, la difusión de fenómenos criminales no
convencionales y la creación de amplias zonas de libre comercio plantean la
necesidad de estructurar sistemas de justicia modernos y eficientes para poder
responder a los nuevos retos.
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En resumen la necesidad de modernizar el sistema de justicia y del Poder Judicial
en particular, constituye un imperativo urgente para responder a los fines que se
plantea el Estado sobre todo cuando se han difundido como políticas estatales el
combate a la pobreza y la exclusión, la eficiencia y la transparencia en los servicios
públicos, el respeto de los derechos humanos, la modernización del Estado y la
creación de condiciones óptimas para la inversión y el desarrollo socio económico
del país.
2.2 MARCO LEGAL DEL PODER JUDICIAL
2.2.1 Breve descripción del sistema de justicia El sistema de justicia de Honduras, de acuerdo con la legislación vigente, esta
integrado por diversas instituciones, algunas pertenecientes a los poderes del
Estado, otras de naturaleza constitucional autónoma. Lo integran el Poder Judicial,
el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y los distintos cuerpos policíacos,
la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, la
Secretaría de Gobernación y Justicia, el Comisionado Nacional para la Defensa y
Protección de los Derechos Humanos y la Dirección Nacional de la Defensa
Pública. Si bien la Constitución de la República no define en forma integral el
alcance y organización del sistema de justicia, la esfera de atribuciones asignada a
cada una de estas instituciones en la diversidad de leyes que las rigen, las
constituye materialmente, con mayores o menores limitaciones, en una estructura
estatal mas o menos completa y suficientemente coherente para recibir y atender la
demanda de servicios relacionados con la solución de los conflictos sociales, sin
cuya existencia es imposible la convivencia pacífica o la llamada paz social.
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21
2.2.1.1 Servicios de seguridad del Estado La administración, dirección y control de la función policial en Honduras,
corresponde a la Secretaría de Seguridad, entidad dependiente del Poder
Ejecutivo, bajo cuyo mando se organizan las dependencias siguientes:
Dirección General de Policía Preventiva (DGPP).
Dirección General de Servicios Especiales Preventivos (DGSEP),
responsable de los Centros Penitenciarios y el control de agencias privadas
de seguridad.
Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), que investiga la
criminalidad común y organizada.
Dirección General de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI), que
tiene a su cargo la investigación de delitos fiscales y extraterritoriales y el
control de las agencias privadas de investigación.
Dirección General de Educación Policial (DGEP), tiene a su cargo la
formación y capacitación del personal de policía.
Existe otro cuerpo policial jerárquicamente desligado de la Secretaría de
Seguridad, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), que depende del
Ministerio Público.
La Secretaría de Seguridad esta a cargo de un Secretario de Estado, un
Subsecretario de Prevención y un Subsecretario de investigación, sin embargo,
actualmente se dispone solamente de un Subsecretario que asume ambas
funciones. El Secretario, los Subsecretarios, los Directores y Subdirectores
Generales de Policía son nombrados por el Presidente de la República.
En cuanto a la normativa especial, la Secretaría de Seguridad se rige por las leyes
siguientes:
Ley Orgánica de la Policía.
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22
Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Ley del Ministerio Público.
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Reglamento General de Transito.
Ley de Rehabilitación del Delincuente.
Convenios y Tratados relacionados con la materia.
Según las disposiciones de la Ley Orgánica, la Policía Nacional es un órgano
jerarquizado, apolítico y respetuoso de los derechos humanos. Desde el punto de
vista funcional es uno de los órganos estatales con menores capacidades
tecnológicas y menor cobertura geográfica, si se considera que la función policial
es uno de los servicios estatales básicos desde el punto de vista de la
gobernabilidad.
En términos generales a la policía nacional le corresponde la prevención e
investigación de los delitos, la recopilación y presentación de investigaciones y
elementos probatorios ante el Ministerio Público, el apoyo a los organismos de
justicia para ser efectivo el cumplimiento de las leyes, la administración y custodia
de los centros penitenciarios y la seguridad de los centros de rehabilitación de
menores infractores.
2.2.1.2 Representación de los intereses generales de la sociedad La representación de los intereses generales de la sociedad esta a cargo del
Ministerio Público, que de acuerdo con la legislación vigente, esta organizado de la
siguiente manera:
Fiscalía General del Estado
Dirección General de Fiscalía.
Dirección de Administración.
Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.
Dirección de Medicina Forense.
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23
En el ejercicio de sus funciones, al Ministerio Público le corresponde ejercitar la
acción penal pública, vigilar el respeto de los derechos humanos y de los derechos
constitucionales, la protección del medio ambiente y los derechos de la niñez y
adolescencia, de la tercera edad y del consumidor.
El Ministerio Público es dirigido por un Fiscal General del Estado, un Fiscal Adjunto
y por los Directores de Fiscalía de Administración, de Lucha Contra el Narcotráfico
y de Medicina Forense. El Fiscal General y el Fiscal Adjunto, son nombrados por el
Congreso Nacional de una lista elaborada por la Junta Nominadora integrada por
representantes del Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y un representante de las
Universidades. Los Directores son nombrados por el Fiscal General del Estado.
Desde el punto de vista normativo, esta institución está regulada por la Ley de
Ministerio Público, instrumento que le otorga autonomía funcional y administrativa.
Esta ley regula, asimismo, el funcionamiento del consejo ciudadano, organismo de
participación de la sociedad civil con financiamiento del presupuesto institucional
que tiene a su cargo vigilar que el Ministerio Público cumpla con la misión y
funciones para las que fue constituido.
2.2.1.3 Representación Legal del Estado De conformidad con el artículo 228 de la Constitución, la Procuraduría General de
la República es el órgano autónomo que tiene encomendada la representación
legal del Estado. La ley correspondiente específica que sus atribuciones son:
Representar al Estado de Honduras en asuntos Jurídicos nacionales e
internacionales.
Velar por la integridad de los bienes y patrimonio del Estado.
Velar por la integridad y conservación de bienes patrimoniales especiales
como el patrimonio cultural, histórico, entre otros.
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24
El Procurador y el Subprocurador General de la República son electos por el
Congreso Nacional.
2.2.1.4 Defensoría Pública Esta función esta asignada a la Dirección Nacional de la Defensa Pública,
dependencia adscrita al Poder Judicial. Por mandato constitucional le corresponde
ejercitar la defensa y representación de los imputados en materia penal cuando no
hayan designado defensor privado y la defensa y representación de los pobres,
menores e incapaces. Actualmente solo ejerce la defensa de los imputados en
materia penal.
La representación de los menores, víctimas de delitos y menores en riesgo social
es asumida actualmente por el Ministerio Público, pero no existe servicio de
defensa para los menores infractores y para las personas pobres.
El Director y subdirector de la Defensa Pública son nombrados por el Poder
Judicial.
Actualmente está en proceso de discusión y socialización un proyecto de Ley del
Instituto Nacional de la Defensa Pública, con el fin de crear un servicio público de
defensa con independencia orgánica funcional y administrativa.
2.2.1.5 Protección de los Derechos Humanos El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es la institución estatal
establecida para garantizar la defensa de los derechos y libertades reconocidas en
la constitución y los tratados y convenios internacionales ratificados por Honduras.
Su creación data de 1994, mediante reforma al artículo 59 de la Constitución. De
acuerdo con su Ley orgánica, esta a cargo de un Comisionado Nacional y un
Comisionado adjunto, ambos nombrados por el Congreso Nacional. El CNDH esta
regido por su propia Ley Orgánica y cuenta con presupuesto propio. Le
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25
corresponde la investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos
cuando se presentan denuncias en este sentido, y está facultado por ley para emitir
recomendaciones a las autoridades cuando encuentra que las violaciones han sido
cometidas.
2.2.1.6 Auditoria financiera y de la gestión El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), creado mediante reforma de la Constitución
de la República en el decreto 268-2002 del 17 de enero del 2002, es el órgano que
tiene la facultad de supervisar y controlar los fondos, bienes y recursos del Estado,
órganos descentralizados y desconcentrados así como cualquier otro órgano o
institución que reciba o administre recursos públicos. Goza de autonomía
constitucional y sólo será responsable de sus actos ante el Congreso Nacional. El
TSC realiza el control financiero tanto de la gestión de los recursos como de los
resultados en su aplicación. Le corresponde además el establecimiento de un
sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación
del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y en general el
patrimonio del Estado.
El TSC se rige por su propia ley y esta integrado por 3 miembros electos por el
Congreso Nacional por un período de 7 años. Este órgano asumió las funciones de
investigación del enriquecimiento ilícito, la auditoria del Estado y el control de los
bienes que anteriormente estaban atribuidas a tres instituciones distintas. La
Dirección de Probidad Administrativa, la Contraloría General de la República y la
Unidad de Control de Bienes Nacionales.
2.2.1.7 Gobernación y Justicia La función de Gobierno esta representada por la Secretaría de Gobernación y
Justicia, entidad dependiente del Poder Ejecutivo, que para llevar a cabo sus
funciones se divide en 2 Subsecretarías; la Subsecretaría de Gobernación y la
Subsecretaría de Justicia. De la Subsecretaría de Gobernación dependen los
gobernadores políticos departamentales; de la Subsecretaría de Justicia dependen
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diversos órganos especializados de gobierno como la Dirección Nacional de
Migración y Extranjería, entre otras.
2.2.2 Breve descripción del Poder Judicial La facultad de administrar justicia corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
Este órgano del Estado esta integrado de la siguiente manera:
Corte Suprema de Justicia
Cortes de Apelaciones
Juzgados de Letras, Juzgados de Ejecución y Tribunales de Sentencia
Juzgados de Paz, mixtos y especializados.
El Poder Judicial se creó por disposición contenida en la primera constitución
política de Honduras de 1825, en la que se dispuso su independencia de los demás
poderes del Estado, asignándole con exclusividad la potestad de impartir justicia.
La Corte Suprema de Justicia es el órgano de justicia superior; las Cortes de
Apelaciones intervienen como segunda instancia para resolver los recursos
planteados contra las resoluciones de los Juzgados y tribunales de primera
instancia. Los Juzgados de Letras, de Ejecución y los Tribunales de Sentencia son
órganos de primera instancia con distintas jurisdicciones y competencias para
abarcar la distinta gama de conflictos sociales y supervisión de los procesos.
Los Juzgados de Paz resuelven asuntos civiles y penales de limitada cuantía
(asuntos hasta las 50,000 lempiras) o consideradas faltas en el orden penal.
Los jueces que integran esta estructura se clasifican de acuerdo con la siguiente
tabla:
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27
Jueces por Tipo de Juicio (1) Total
Civil* 30
Penal 44
Familiar** 15
Trabajo 18
Niñez y Juventud 13
Mixtos 105
Otros*** 10
Magistrados de Apelación 41
Magistrados de la Corte Suprema 15
Jueces de Paz 335
Total 626 (1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e
Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005 * incluye Civil no Contencioso y mercantil
** incluye violencia doméstica
*** incluye inquilinato y lo Contencioso Administrativo
Tipo de Jueces 2004 (1) Número Porcentaje %
Jueces de Paz 335 53,5
Jueces de Letras 235 37,5
Magistrados Cortes Apelación 41 6,5
Magistrados CSJ 15 2,5
Total 626 100 (1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005
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28
En total existe 626 jueces en el Poder Judicial, con una relación de un (1) juez por
cada 11,276 habitantes, (Honduras cuenta con una población aproximada de
7,058,470 en el año 2004), es decir, casi 9 jueces por cada 100,000 habitantes,
que es una relación insuficiente que debe mejorar, si se toma en cuenta que
Naciones Unidas considera como un dato óptimo una relación de 25 jueces por
cada cien mil habitantes.
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2.2.2.1 Esquema de la organización del Poder Judicial Esquema de la organización del Poder Judicial
Pleno de la Corte Suprema de Justicia
Presidencia de la CSJ
Salas: Constitucional, Civil, Penal, Laboral-Contencioso Administrativa
Comisión de Reforma Judicial
Secretaría General
Unidad Técnica de Reforma
Consejo de la Carrera Judicial
Oficina Nacional de Modernización, Actualización
y Mantenimiento Registral
Nivel Superior
Segunda instancia
Primera instancia
Jurisdicción de paz
Dirección Administrativa
Dirección de Administración de Personal
Planificación, Presupuesto y Financiamiento
Pagaduría
Auditoría Interna
Servicios administrativos
Escuela Judicial
Inspectoría de Tribunales
Inspectoría de Registros de la
Propiedad
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Registros de la Propiedad
Relaciones Públicas y Protocolo
Dirección de Infotecnología
Servicios técnicos y de apoyo
Defensa Pública
Servicios Jurisdiccionales
Equipo Gerencial
Juzgados de LetrasMixtos y especializados
En materia penal: Juzgados de letras de la etapa preparatoria e intermedia, tribunales de sentencia y juzgados de
ejecución de sentencias
Cortes de apelaciones mixtas y especializadas
Juzgados de PazMixtos y especializados
Servicios Jurisdiccionales Superiores
El Poder Judicial tiene prevista la organización del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, por mandato constitucional; se prevé asimismo la creación de una Auditoría del Notariado y otras dependencias de apoyo.
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Mapa de la distribución territorial 2.2.2.2
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2.3 El Poder Judicial
2.3.1 Estructura Jurisdiccional. 2.3.1.1 La Corte Suprema de Justicia: De conformidad con la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, tendrá las
atribuciones siguientes:
1.- Aprobar su reglamento interior
2.- Conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios de la
República, cuando el Congreso Nacional los haya declarado con lugar a
formación de causa;
3.- Conocer de los recursos de casación conforme a la Ley.
4.- Publicar la Gaceta Judicial.
5.- Declarar la inconstitucionalidad de las leyes en la forma y previstos en esta
constitución, entre otras atribuciones.
La Corte Suprema de Justicia funciona en pleno o dividida en cuatro (4) salas:
- Sala Constitucional (5 Magistrados)
- Sala Penal (3 Magistrados)
- Sala Civil (3 Magistrados)
- Sala Laboral – Contencioso Administrativa (3 Magistrados)
La regulación sobre el funcionamiento e integración de las Salas se encuentra en
el Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia. Por lo que respecta a la
organización del trabajo en las Salas, cabe mencionar que recientemente se
incorporaron los Secretarios por Sala. Esta medida se complementará
posteriormente con la creación de secretarías, espacio físico, sistemas
automatizados y modelos de gestión modernos.
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32
Cada una de las Salas tiene un Coordinador nombrado por el Presidente de la
Corte Suprema, por períodos de un año, en forma rotativa y de acuerdo al orden
de precedencia.
Las Salas resuelven en forma independiente los asuntos que corresponden a su
ámbito de competencia; cuando en la Sala no se llega a un consenso la decisión
se toma en el pleno de la CSJ.
Por lo que toca a la demanda que llega a estas Salas, tenemos los datos
siguientes, correspondientes a 2004:
Salas de la CSJ (1) Casos Ingresados
Penal 1,295.00
Civil 559.00
Constitucional 750.00
Laboral - Contencioso Administrativa 658.00
Total 3,262.00 (1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
2.3.1.1.1 La información relativa a como hacen frente a esta demanda, se trata en cada uno de los apartados específicos, con la finalidad de analizar con detalle sus respectivos índices de productividad. Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia es el órgano jurisdiccional de máxima
jerarquía. Está constituido por quince (15) Magistrados propietarios electos por el
Congreso Nacional por un periodo de siete (7) años a propuesta de una Junta
Nominadora integrada por representantes de organizaciones gremiales, de la
sociedad civil, de las facultades de Derecho y de la Corte Suprema de Justicia.
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33
Este modelo de organización es de reciente implementación (Enero del 2002) y
obedece a una reforma constitucional dirigida a garantizar mayor independencia
en el Poder Judicial.
El Pleno tiene actualmente facultades jurisdiccionales y administrativas. Las
facultades jurisdiccionales se refieren a pronunciar fallos sobre asuntos que no
han sido resueltos por consenso en las Salas especializadas, o aquellos que, por
su naturaleza debe de conocer toda la Corte como son la causas de extradición,
conocer del antejuicio contra los magistrados de las Cortes de Apelaciones,
nombrar y remover a los magistrados y jueces, crear, suprimir, fusionar o trasladar
los Juzgados, Cortes de Apelaciones y demás dependencias del Poder Judicial,
aprobar su reglamento interno y los demás ordenamientos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, entre las más importantes.
En el ámbito administrativo la CSJ tiene la facultad de nombrar a todos los Jueces
del país y demás funcionarios del Poder Judicial, así como organizar y dirigir la
administración de justicia. Actualmente, está en proyecto la Ley del Consejo de la
Judicatura y de la Carrera Judicial, cuyo principal propósito es separar la función
jurisdiccional de la administrativa. Este proyecto prevé que el Consejo de la
Judicatura estará integrado por cinco miembros, uno de ellos proveniente de la
carrera judicial y cuatro miembros profesionales del Derecho en el ejercicio
independiente de la profesión.
Mientras se aprueba la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial
los asuntos administrativos están temporalmente delegados en la figura del
Presidente, por acuerdo del actual pleno.
De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento Interno de la Corte Suprema de
Justicia podrá:
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34
a.- Amonestar o censurar la conducta abusiva de empleados, funcionarios, jueces,
Magistradas y Magistrados;
b.-Ordenar que se forme el expediente respectivo contra Magistrados y
Magistrados, jueces, funcionarios o empleados, cuando concurran las causas
previstas en la ley y previa las formalidades legales en su caso;
c.- Imponer multas correctivas no inferiores a cinco días de sueldo ni superior a
treinta días;
d.- Decretar la suspensión en el cargo, en su caso, hasta por tres meses, sin
derecho a remuneración, previa información sumaria. Entre otras funciones.
2.3.1.1.2 Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Dentro de las 24 horas siguientes a su elección, los Magistrados deben proponer
al Congreso Nacional a un Magistrado como candidato a Presidente de la CSJ. El
Congreso Nacional elige al presidente por un periodo de (7) años con
posibilidades de reelección por un periodo adicional.
La Presidencia tiene por mandato constitucional la representación legal del Poder
Judicial y por delegación las funciones de dirigir la administración del Poder
Judicial en sus ámbitos jurisdiccional, administrativo y de apoyo. Para desarrollar
esta actividad la presidencia se auxilia de asistentes y de Magistrados con
funciones específicamente delegadas.
2.3.1.1.3 La Secretaría General.
Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia cuenta con la Secretaría General.
Esta es una dependencia auxiliar, responsable de refrendar los acuerdos y
resoluciones del Pleno, brindar soporte técnico para su funcionamiento, atender y
tramitar las peticiones de las partes o usuarios de los servicios de justicia superior.
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35
4,182
2,395
632
1,555
2,582
1,659
5,162
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, asuntos que ingresaron y labores realizadas en el año 2004
A= Autenticas
B= Oficios
C= Acuerdos
D= Certif icaciones
E= Cedulas deNotif icaciónF= Relaciones
G= Documentos varios
A GFEDCB
Total de casos ingresados en 2004 es de 18,167
Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Traslados y vistas otorgados al Fiscal y a las Partes en el 2004
517543A= Al Fiscal (para dictamen)
B= A las Partes (para formalizar)
A
B
Total de traslados y vistas al fiscal y a las partes en 2004 es de 1,060
Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
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36
Plenos celebrados por la Corte Suprema de Justicia del año 2004
53
2934
29 A= Pleno de la Sala Constitucional
B= Pleno de la Sala Penal
C= Pleno de la Sala Civil
D= Pleno de la Sala Laboral,Contencioso Administrativo
Total de Plenos celebradose en 2004 es de 145
B
D
C
A
Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
2.3.1.1.4 Sala Penal
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interno de la Corte Suprema, la
Sala Penal tiene competencia para conocer de los recursos de casación en
materia penal así como de los asuntos que sobre la materia les remita la
Presidencia de la Corte Suprema.
La tabla que se presenta a continuación contiene los datos sobre los asuntos
iniciados y concluidos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia entre
2002 y 2004. Penal
Año (1) 2002 2003 2004
Iniciados 589 1016 1295
Acumulados del año anterior1 0 348 453
Total pendientes de resolución 589 1364 1748
Terminados 241 593 762
Terminados en años anteriores 54 318 166
Total de terminados 295 911 928
Diferencia 348 453 820
Tasa Congestión2 N/D 0.332 0.469
(1)Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
1 No hay datos disponibles de 2001 2 La formula para obtener la tasa de congestión es: Asuntos iniciados (Ai) más Asuntos Acumulados (Aa) del año anterior menos Asuntos concluidos (Ac) sobre Asuntos acumulados del año anterior más Asuntos ingresados en el año. (Ai+Aa-Ac)/( Ai+Aa)
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Los datos contenidos en la tabla que antecede revelan un marcado aumento en la
carga de trabajo de la Sala Penal. Entre 2002 y 2003 la carga aumentó en un 42
por ciento y entre 2003 y 2004 aumentó en un 21 por ciento. Por otro lado, la
capacidad de disposición de la Sala también registró un aumento, aunque el
mismo no fue proporcional al aumento de la demanda. En consecuencia, la tasa
de congestión de la Sala ha crecido.
2.3.1.1.5 Sala Civil
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Interno de la Corte Suprema, la
Sala Civil tiene competencia para conocer, de los recursos de casación en materia
civil, mercantil, registral, inquilinario, menores y familiar, así como de los asuntos
que sobre la materia les remita la Presidencia de la Corte Suprema.
La tabla siguiente presenta un análisis del comportamiento jurisdiccional de la Sala
Civil Civil
Año (1) 2002 2003 2004
Iniciados 538 487 559
Acumulados del año anterior3 0 158 299
Total pendientes de resolución 538 645 858
Terminados 380 263 257
Terminados en años anteriores 0 83 77
Total de terminados 380 346 334
Diferencia 158 299 524
Tasa Congestión N/D 0.463 0.61
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005. Entre 2002 y 2003 la demanda se redujo en un 10 por ciento. No obstante, en
2004 parece ser que la demanda retornó a su patrón de comportamiento, toda vez
que se registró un crecimiento del 12 por ciento. De esta manera, en los últimos
tres años el comportamiento de la demanda ha tenido un aumento efectivo de 2
por ciento.
3 No hay datos disponibles de 2001
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38
Por lo que respecta a la capacidad de procesamiento de la Sala, se encontró que
a pesar de la sensible disminución de la carga de trabajo ocurrida en 2003, las
tasas de congestión permanecen altas. Esto se debe a que el patrón de
productividad de la Sala no sólo no ha mejorado, sino que se ha presentado una
ligera disminución.
2.3.1.1.6 Sala Laboral / Contencioso Administrativo
El artículo 23 del Reglamento Interno de la Corte Suprema, establece que la Sala
Laboral y de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de los
recursos de casación en materia laboral y administrativa, así como de los asuntos
que sobre la materia les remita la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
A continuación abordamos los resultados de la Sala Laboral y Contencioso
Administrativa.
Laboral/Admin.
Año (1) 2002 2003 2004
Iniciados 352 481 658
Acumulados del año anterior4 0 135 75
Total pendientes de resolución 352 616 733
Terminados 217 222 400
Terminados en años anteriores 0 319 172
Total de terminados 217 541 572
Diferencia 135 75 161
Tasa Congestión N/D 0.121 0.219 (1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
La Sala laboral y de lo contencioso administrativo registra un aumento estable en
la demanda.
4 No hay datos disponibles de 2001
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39
Entre 2002 y 2003 ésta aumentó 26 por ciento. Ese mismo porcentaje de
aumento se presentó entre 2003 y 2004. Por lo que respecta a su capacidad de
procesamiento, se presentó un aumento de 59 por ciento entre 2002 y 2003 y de 5
por ciento entre 2003 y 2004. Una posible explicación de este fenómeno es que la
Sala empezó a funcionar en 2002 y fue necesario que pasar algún tiempo para
que los equipos de trabajo pudieran coordinarse para aumentar su rendimiento. En
el caso de esta unidad jurisdiccional, la tasa de congestión presenta un aumento.
2.3.1.1.7 Sala Constitucional
La competencia de la Sala Constitucional se establece en la Constitución, en la
Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, así como en el Reglamento
Interno de la Corte Suprema.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 316 de la Constitución, la Sala
Constitucional tendrá las siguientes atribuciones:
Conocer, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, de los
recursos de los Habeas Corpus, Amparo, Inconstitucionalidad y revisión; y,
Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Nacional de
Elecciones (TNE), así como, entre las demás entidades u órganos que indique la
Ley; las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será
de ejecución inmediata y tendrá efectos generales, y por tanto derogarán la norma
inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará
publicar en el Diario Oficial La Gaceta. A continuación presentamos los datos de la
Sala Constitucional.
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Constitucional
Año (1) 2002 2003 2004
Iniciados 840 850 750
Acumulados del año anterior5 0 703 529
Total pendientes de resolución 840 1553 1279
Terminados 137 353 292
Terminados en años anteriores 0 671 720
Total de terminados 137 1024 1012
Diferencia 703 529 267
Tasa Congestión N/D 0.340 0.208
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
En el caso de las Sala Constitucional, la demanda de justicia experimentó una
reducción del 13 por ciento entre 2003 y 2004. Si se considera que la justicia
constitucional inició en 2002, es posible pensar que sus alcances todavía no se
encuentran debidamente caracterizados, o bien hacer referencias al nivel de
conflictividad política entre los distintos poderes del Estado. En consecuencia, es
probable que las fluctuaciones en la demanda se mantengan hasta que los
justiciables y la propia Sala definan cuáles son los alcances efectivos de la justicia
constitucional.
Por lo que respecta a la capacidad de respuesta, las cifras indican que la Sala
puede procesar más de mil asuntos al año. Lo anterior indica que de mantenerse
el comportamiento de la demanda estable, es de esperarse que la tasa de
congestión se reduzca a cero.
5 La Sala Constitucional inicia sus operaciones en 2002
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41
Las cifras que se presentan sobre la demanda de justicia en la Corte Suprema y la
capacidad de respuesta de sus Salas indican, en términos generales, que existen
problemas para dar salida en forma expedita a los asuntos que se presentan. La
tasa de congestión de todas las Salas indica números positivos. Esto indica que el
rezago no podrá ser abatido en un futuro cercano. Parece necesario revisar la
organización del trabajo en las Salas y el equipo con que cuentan, con el objeto de
establecer estándares que permitan fijar la capacidad de trabajo de cada una de
ellas. Este tipo de acciones puede contribuir a informar mejor el proceso de toma
de decisiones en relación con la oferta de servicios jurisdiccionales de la Corte
Suprema.
2.3.1.2 Segunda instancia. Las Cortes de Apelaciones:
Las Cortes de Apelaciones son tribunales especializados o mixtos que conocen
los recursos planteados contra las resoluciones de los juzgados de letras. Las
Cortes de Apelaciones están distribuidas a nivel regional en las ciudades más
importantes del país.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Organización y Atribuciones de los
Tribunales, las Cortes de Apelaciones conocerán:
1° En primera instancia, de las demandas y acusaciones contra los
Jueces de Letras para hacer efectiva civil o criminalmente su
responsabilidad oficial.
2° En segunda instancia, de los asuntos civiles o criminales de que
conocieren en primera los Jueces de letras, los árbitros de derecho y
los Jueces de primera instancia militares.
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42
Las Cortes de Apelaciones conocerán de las quejas contra los Jueces de letras, por
faltas en el ejercicio de sus funciones, pudiendo extender multas.
A las Cortes de Apelaciones corresponde inmediatamente mantener la disciplina
judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad, y la observancia
de todas las leyes relativas a la administración de justicia.
Actualmente funcionan 12 Cortes de Apelaciones distribuidas de la siguiente
manera:5 en la ciudad de Tegucigalpa, 2 en la ciudad de San Pedro Sula 1 en la
ciudad de Comayagua, 1 en la ciudad de Santa Bárbara 1 en Santa Rosa de
Copan, 1 en la ciudad de la Ceiba, 1 en la ciudad de Choluteca.
Las Cortes de Apelaciones están integradas por tres magistrados propietarios y
dos suplentes y están regidas por un presidente. Existen 9 Cortes de Apelaciones
mixtas que conocen de todos los asuntos, salvo los contenciosos administrativos;
Dos (2) Cortes de Apelaciones del Trabajo y una Corte de Apelaciones de lo
Contencioso Administrativo con jurisdicción en todo el territorio nacional.
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Cortes de Apelación: Ubicación, Competencia, Distribución (1)
Ubicación Competencia
Distribución de las Cortes de
Apelación (segunda Instancia)
Tipo de Cortes Magistra
dos Titulares
Magistrados Suplentes
La Ceiba Atlántida 1 Mixta 3 2
Comayagua Comayagua 1 Mixta 3 2
Santa Rosa de
Copán Copán 1 Mixta 3 2
San Pedro
Sula Cortés 2 Trabajo y Mixta 6 4
Choluteca Choluteca 1 Mixta 3 2
Tegucigalpa Francisco
Morazán 5
Trabajo, Contencioso
Administrativo, Penal,
Civil, Mixta
15 10
Santa Bárbara Santa Bárbara 1 Mixta 3 2
Totales 12 Mixta 36 24 (1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
La integración de las Cortes de Apelación plantea una problemática especial para
el Poder Judicial. La LOAT establece que cada Corte de Apelación debe contar
con dos magistrados suplentes. Esta situación representa un importante problema
de asignación de recursos, toda vez que al considerarse la apertura de nuevos
tribunales es necesario considerar la existencia de los tres magistrados titulares y
los dos suplentes. La LOAT también define la forma en la que se debe organizar el
trabajo en los tribunales. Dicha regulación impide la adopción de nuevos sistemas
de organización del despacho judicial de mayor agilidad.
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44
Ante esta circunstancia y con el objeto de hacer más eficiente el esquema
existente, la CSJ ha decidido asignar a los magistrados suplentes funciones de
apoyo para los titulares y con ello aprovechar sus servicios. Asimismo, se trabaja
en el diseño de un nuevo modelo de organización judicial. Sin embargo, debe
reconocerse que se requiere mayor flexibilidad para realizar los cambios que se
consideran necesarios. En consecuencia, se estima oportuno establecer un marco
jurídico más flexible que permita a la CSJ o al órgano administrativo competente
contar con la flexibilidad necesaria para instrumentar las modificaciones que
convengan.
Por lo que toca a la demanda de justicia que llega a esta instancia, tenemos los
siguientes datos ilustrativos de 2004:
Cortes de Apelación (1) Casos Ingresados
Penal 2105 .00
Civil 2208.00
Contencioso Administrativo 272.00
Laboral 1173.00
Total 5758 00
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
El análisis de la productividad de cada una de estas Cortes es tratado en el
apartado correspondiente.
2.3.1.2.1 Cortes de Apelación en materia penal
En materia penal, las Cortes tienen competencia para conocer apelaciones en
contra sentencias definitivas e interlocutorias, así como amparos en materia penal.
Debido a las reformas procesales de 2002, la jurisdicción penal presenta una
especial complejidad.
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45
Tanto los jueces de primera instancia como las Cortes de Apelación deben
atender la demanda de asuntos que se originaron durante la vigencia del anterior
código de procedimientos penales, como aquellos que se generan durante la
vigencia del actual código.
A continuación se presenta información sobre el desempeño de las Cortes de
Apelaciones en materia penal.
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46
La información contenida en la tabla que antecede indica que las Cortes de
Apelación tienen dificultades para resolver la demanda de justicia penal de
segunda instancia. No obstante, debe considerarse que un alto porcentaje de
dicha carga de trabajo se compone con asuntos que se manejan de conformidad
con el antiguo código de procedimientos penales.
2.3.1.2.2 Cortes de Apelación en materia civil
La Cortes de Apelaciones en materia civil conocen apelaciones en contra
sentencias definitivas e interlocutorias, así como amparos en materia civil,
mercantil y familiar.
La tabla que se presenta a continuación contiene los datos sobre el movimiento de
las Cortes en 2004.
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47
De la tabla anterior se desprende que las Cortes de Apelaciones experimentan
una acumulación paulatina de asuntos sin resolver. La columna titulada “Casos
Pendientes de Resolución” detalla la forma en la que los asuntos de 2004 se
empiezan a acumular. A ellos debe añadirse la carga de trabajo pendiente de años
anteriores.
Por lo que respecta a la capacidad de trabajo de las Cortes, es posible decir que la
capacidad de trabajo se encuentra en un nivel semejante al que presentan las
mismas Cortes en los asuntos de la materia penal.
2.3.1.2.3 Cortes de Apelación en materia contencioso administrativo
Como se ha mencionado con anterioridad, la segunda instancia en materia
contencioso administrativo es competencia exclusiva de una Corte de Apelación.
En este caso, los asuntos son recibidos en la ciudad de Tegucigalpa. Los datos
sobre la operación de esta unidad jurisdiccional se detallan a continuación:
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48
Las cifras que se presentan del Tribunal de lo Contencioso Administrativo indican
que la operación de ésta unidad jurisdiccional no presenta mayores problemas y
que posiblemente se encuentra trabajando en niveles inferiores a su capacidad
efectiva de operación.
2.3.1.2.4 Cortes de Apelación en materia laboral
La Cortes de Apelaciones en materia laboral conocen apelaciones en contra
sentencias definitivas e interlocutorias, así como amparos en materia laboral.
A continuación se presenta información sobre el funcionamiento de las Cortes de
apelación laborales.
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49
Los datos contenidos en la tabla que antecede muestran la existencia de una
ligera acumulación de asuntos pendientes de resolución. En este caso, la
capacidad de procesamiento es menor a la que se presenta en las apelaciones
penales y civiles.
En términos generales, debe reconocerse que existen problemas en el
procesamiento de las apelaciones en materia penal, civil y laboral. Las causas de
este fenómeno pueden ser muy variadas. En algunos casos pueden estar
relacionados con problemas en el diseño de los procesos y en otros casos las
dificultades pueden encontrarse en la gestión ordinaria. No obstante, esta
información solamente puede ser obtenida mediante el establecimiento de
sistemas de evaluación y monitoreo que permitan conocer con mayor precisión la
forma de operación de la justicia.
2.3.1.3 Justicia de Primera Instancia. La primera instancia está integrada por los juzgados de letras mixtos y
especializados. Los juzgados de letras mixtos existen en el interior en las
localidades donde no existen juzgados especializados y conocen de todas las
materias con excepción de lo contencioso administrativo. Por lo que respecta a los
juzgados especializados existen diversas materias de especialización:
Ahora bien, una nota importante para entender la manera en que se distribuyen
los juzgados en el país, es que en el año de 2002, cuando se llevó a cabo la
reforma en materia penal, también se reestructuró la forma de agrupación de los
tribunales. Con el fin de optimizar los servicios de apoyo administrativo y de
gestión, desapareció la denominación unitaria de cada juzgado y ahora se
agrupan varios jueces (supernumerarios) en un solo juzgado. En cada juzgado
hay un juez coordinador para efectos organizativos.
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50
De esta manera, por ejemplo, en la ciudad de Tegucigalpa existen 30 jueces de
letras especializados en materia civil, pero todos están agrupados en el juzgado
de letras civil de Tegucigalpa.
Además de los juzgados civiles, están los 6 Juzgados de Letras del Trabajo con la
siguiente distribución: 2 en la Ciudad de Tegucigalpa, 2 en San Pedro Sula, 1 en
Puerto Cortés y 1 en la Ciudad de La Ceiba.
Le siguen los Juzgados de Letras de lo Civil cuya competencia por cuantía es para
conocer asuntos por un monto igual o superior a (Lps. 50,000.01) o aquellos de
cuantía indeterminada mediante un procedimiento escrito.
En tercer lugar, se encuentran los juzgados de letras de lo contencioso
administrativo que conocen de las demandas de particulares afectados por actos o
resoluciones del Estado. Actualmente, están en funcionamiento (2) Juzgados de lo
Contencioso Administrativo uno en la Ciudad de Tegucigalpa y otro en la Ciudad
de San Pedro Sula.
Existen también dos juzgados de inquilinato, uno en Tegucigalpa y otro en San
Pedro Sula.
Asimismo, en el país funcionan 10 juzgados de la niñez; 2 en Tegucigalpa, 1 en
Juticalpa, 1 en Choluteca, 1 en Santa Rosa de Copán, 2 en San Pedro Sula, 1 en
el Progreso, 1 en Tela y 1 en La Ceiba.
El Poder Judicial también cuenta con 7 Juzgados de Familia; (2), en Tegucigalpa
(1), en Santa Rosa de Copán (2), en San Pedro Sula (1), en Gracias Lempira (1),
en la Ceiba. Funcionalmente hay un Juzgado de Familia especializado en
Violencia Doméstica en Tegucigalpa.
En estos juzgados operan un total de 225 jueces de todas las materias.
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51
En términos generales existen problemas para conocer la forma en la que operan
los juzgados de letras. Lo anterior se debe a que los mecanismos disponibles para
la recolección de estadística judicial y, en general, para generar información sobre
el trabajo de éstas unidades jurisdiccionales son limitados y hasta 2002 tan sólo
reportaban información elemental sin mayor sistematización, acarreando
problemas de consistencia y utilidad.
Tradicionalmente no ha habido conciencia de la enorme y variada utilidad de la
información, lo que ha producido que ésta no sea valorada y producida de manera
satisfactoria y sistemática. Predomina aún la percepción de que la información
estadística sirve tan sólo para dar contenido a los informes anuales de la
Presidencia de la Corte Suprema y, en su caso, para establecer ciertos
mecanismos básicos de control.
Un análisis somero de los mecanismos de obtención de información en Honduras
muestra que a partir de 2002 estos fueron establecidos de manera formal con la
introducción de un sistema de manejo de información estadística, pero sus
resultados aún están en proceso de ser evaluados y mejorados. Antes de esa
fecha la información estadística era utilizada de manera muy rudimentaria y no
como guía de los procesos de planeación y modernización de la institución. En la
actualidad, los formatos que se solicitan a los juzgados para ser remitidos a las
oficinas centrales son complejos y presentan inconsistencias. La información que
se requiere empieza a ser algo más que el simple registro de entradas y salidas
de asuntos, aunque todavía presenta diversos problemas. En primer lugar se trata
todavía de información incompleta que contiene ciertos errores; en segundo
término la información es recabada en forma inoportuna perdiendo en gran
medida su posible utilidad; hay indicaciones de que se presentan problemas de
conteos dobles y, finalmente; inconsistencias en la manera en que la información
es clasificada y registrada.
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Este tipo de problemática es importante mantenerla en cuenta cuando se analizan
los datos existentes, ya que pueden ser una variable importante que define o
explica el porqué de ciertas tendencias y resultados difíciles de comprender.
Frente al enorme problema que la falta de información generaba para emprender
procesos de modernización y reforma judicial, en 2003, con financiamiento del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de
Dinamarca Pro Derechos Humanos para Centro América (PRODECA), se
constituyó el Proyecto de Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte
Suprema el que implicaba la creación de un Centro Electrónico de Documentación
e Información Judicial (CEDIJ).
De acuerdo con el acuerdo de creación, de junio de 2003, el CEDIJ es el órgano
encargado de integrar los servicios de organización y consulta de documentación
e información institucional, responsable de ordenar, analizar, clasificar, archivar,
digitalizar, publicar y divulgar la información pertinente.
La creación tan reciente de este órgano explica que exista información estadística
muy limitada en su extensión y desarrollo. Como se verá más adelante, la
información existente va de 2002 al presente, pero la relativa a 2002, no es
información del todo válida, ya que aunque fue posible recopilarla y sistematizarla
en una primera memoria, sus mecanismos de recopilación fueron aquellos
utilizados con anterioridad y adolecen de deficiencias importantes que distorsionan
las comparaciones con la información de 2003 y 2004. En la información de 2002,
todavía es perceptible cierta tendencia a aumentar los números de entradas y
asuntos resueltos y de repetir conteos. Por este motivo, los datos que se
presentan a continuación han excluido esta información sobre el desempeño de
los juzgados de letras.
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53
Finalmente, aunado a esta situación de la información estadística, es muy
importante advertir que diversos acontecimientos relacionados con cambios y
reformas en el sector y las instituciones judiciales han producido efectos en los
indicadores estadísticos produciendo resultados atípicos. Como se verá en los
cuadros siguientes, varios de los juzgados de primera instancia, o de letras,
reportan tendencias a la baja no sólo en la demanda de servicios (números de
ingresos) sino también y de manera un tanto sorprendente en la productividad
(números de resoluciones). Aunque cada caso es analizado en lo particular,
resulta importante advertir que muchos de estos fenómenos tienen que ver con la
reforma en materia de justicia de paz, la reforma en materia penal, la capacitación
de funcionarios y jueces para lograr mayor eficacia de la Ley de Conciliación y
Arbitraje así como el cambio de política en materia delictiva frente al creciente
fenómeno de las “maras” (grupos delincuentes de jóvenes).
La información disponible para 2004, nos permite ver la demanda de justicia para
los juzgados de letras:
Juzgado de Letras (1) Casos
ingresados Casos resueltos Diferencias
Civil* 12,496 .00 3,354.00 9,142.00
Penal** 11,305 .00 3,109.00 8,196.00
Familia*** 19,040 .00 3,267.00 15,773.00
Laboral 2,116 .00 1,013.00 1,103.00
Niñez y adolescencia 3273.00 1,757.00 1,516.00
Inquilinato y contencioso 840 .00 368.00 472.00
Total 49.070 .00 12,868.00 36,202.00 (1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
* Incluye casos de Civil No Contencioso.
** Incluye casos de Tribunales de Sentencia.
*** Incluye casos de Violencia Doméstica.
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54
El análisis de la productividad de cada uno de estos juzgados se analiza en su
apartado correspondiente.
2.3.1.3.1 Análisis de las estadísticas civiles, civiles no contenciosos, laborales, niñez, familiar, violencia doméstica, inquilinato y contencioso administrativo
En primer lugar, se tratan los asuntos civiles. La tabla que sigue contiene el
comportamiento de la demanda y la capacidad de respuesta del Poder Judicial de
2003 y 2004.
Juzgados Civiles (1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 7,569 100 7,578 100
Total
Sentencias de
casos
ingresados en
ese año (no
rezago)
1,275 16.84 1,142 15.07
Diferencia 6,294 83.15 6,436 84.93
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Las cifras de la jurisdicción de primera instancia en materia civil revelan dos
fenómenos dignos de consideración. En primer lugar, el escaso o nulo crecimiento
en la demanda ocurrida entre 2003 y 2004. Aparentemente, este fenómeno puede
ser explicado porque entró en vigor una reforma por la que se modificó la
competencia por cuantía de la justicia de paz.
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55
Los que antes eran juzgados que sólo recibían asuntos hasta de 1000 lempiras,
con la reforma se transformaron en más instituciones a lo largo del país con
capacidad de recibir asuntos hasta de 50,000 lempiras. Con ello la carga de
trabajo se debió trasladar de los juzgados de letras a los juzgados de paz.
El segundo fenómeno es la reducción en la producción de resoluciones de los
juzgados de letras. Si bien es posible pensar que la reducción de la carga de
trabajo puede representar también una reducción en el número de asuntos que
requieren de sentencia, ello no implica que las salidas deben tener una reducción
como la que se indica en la tabla. Lo anterior es especialmente preocupante si se
considera que las salidas en 2003 y 2004 fueron muy inferiores a las entradas.
Hay varias posibles explicaciones a este fenómeno. El primero es consecuencia
de la misma situación señalada con anterioridad. Al haberse producido un traslado
de casos por cuantía a los juzgados de paz, muchos de los asuntos que entraron
a los juzgados civiles de letras fueron asuntos técnicamente más difíciles, como
suele ser con los asuntos civiles o mercantiles de cuantías elevadas.
Otra posible explicación se presentó en razón a la Ley de Conciliación y Arbitraje
aprobada en febrero de 2001, y que entró en vigencia en marzo de ese mismo
año. A pesar de que la ley establecía la obligación para que múltiples asuntos
fueron conducidos a una etapa previa de conciliación, las jueces en su mayoría,
no habían sido capacitados para realizar estas tareas. Fue durante el 2001 y,
según reporta la Unidad Técnica para la Reforma de la Justicia, en 2002, cuando
esta capacitación se llevó a cabo, mostrando sus resultados, un decremento en
los asuntos que son formalmente resueltos mediante sentencias, a partir del 2003.
No obstante la posibilidad de que estas hipótesis sean ciertas y corroboradas,
estos fenómenos indican una muy importante y urgente necesidad por analizar
con detalle el desempeño de los juzgados civiles, para entender la manera en que
están trabajando y su débil nivel de productividad.
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56
Por lo que toca a la jurisdicción civil no contenciosa, éste tiene como competencia
los asuntos de declaratorias de herencia, testamentaria, ab-intestato, así como la
reposición de títulos-valor en materia mercantil.
Las cifras correspondientes a los asuntos civiles no contenciosos se presentan en
la siguiente tabla:
Juzgados Civiles No Contencioso(1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 5,133 100 4,918 100
Total Sentencias 2,258 43.98 2,212 44.98
Diferencia 2,875 56.02 2,706 55.02
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
La demanda en la jurisdicción no contenciosa presenta una reducción entre 2003
y 2004. No obstante, el número total de asuntos sigue pareciendo alto en función
de la oferta jurisdiccional disponible. Por otro lado, los juzgados de letras no han
sido capaces de dar salida a la demanda. Los resultados de 2003 y 2004 indican
que el rezago se acumula. Parece necesario revisar la forma en la que se integra
la competencia en esta materia y, en su caso, buscar salidas alternativas para la
demanda de justicia.
Las estadísticas de la jurisdicción laboral se presentan a continuación:
Juzgados Laboral (1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 3,533 100 2,116 100
Total Sentencias 1,169 49.45 1,013 47.87
Diferencia 2,364 50.55 1,103 52.13 (1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
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La demanda de los asuntos laborales en 2004 se redujo, al igual que las
resoluciones. Nuevamente en este caso se puede pensar que la reducción puede
estar relacionado con el descenso en la demanda. No obstante, no parece que la
correlación sea capaz de explicar todas las causas de la reducción de la
producción jurisdiccional.
Las cifras sobre la actividad en los juzgados de niñez se presentan en la siguiente
tabla:
Juzgados de Niñez (1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 3,539 100 3,273 100
Total Sentencias 1,681 47 1,757 53.68
Diferencia 1,858 53 1,516 46.32
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Aún cuando los juzgados de la niñez han experimentado una reducción en su
carga de trabajo entre 2003 y 2004, la respuesta de los juzgados no se ha
reducido. La posible explicación a la reducción de la demanda es que frente al
fenómeno de las “maras”, ha existido una tendencia por rigidizar la criminalización
de conductas de estos jóvenes y su opción por el internamiento en centros de
detención. El dato más relevante es que en 2004 un 46 por ciento de los asuntos
ingresados permanecieron sin resolución.
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58
Los datos sobre los casos de familia se presentan a continuación.
Juzgados de Familia (1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 9,791 100 8,625 100
Total Sentencias 2,027 20.70 1,608 18.64
Diferencia 7,764 79.30 7,017 81.36
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Nuevamente en este caso se aprecia la tendencia orientada hacia la reducción de
la demanda de administración de justicia. En este caso, nuevamente la
reestructuración de los juzgados de paz, elevándoles la cuantía, así como la
puesta en marcha de la Ley de Conciliación y Arbitraje, fueron dos variables
importante en esta tendencia. Asimismo, la capacidad de trabajo de los juzgados
parece haberse reducido mientras que el número de asuntos pendientes aumenta.
La distribución de la demanda jurisdiccional y la respuesta del Poder Judicial en
materia de violencia doméstica aparece en la siguiente tabla.
Juzgados de Violencia Doméstica (1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 8,687 100 10,415 100
Total Sentencias 1,645 18.93 1,659 15.93
Diferencia 7,042 81.07 8,756 84.07
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
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59
Aún cuando formalmente no existe la competencia especializada en la materia, de
hecho en Tegucigalpa, un juzgado de letras en materia familiar, en la ciudad de
Tegucigalpa, se ha abocado al tratamiento de estos asuntos. Asimismo, el CEDIJ
cuenta ya con la capacidad para distinguir el tipo de competencia que se ventila
en los distintos juzgados del país, y es posible analizar este tipo de temática,
fenómeno judicial creciente en las sociedades latinoamericanas. Así es posible
advertir el crecimiento cercano a un 20% en la demanda, si bien fuentes del
CEDIJ han señalado que la gran mayoría de asuntos son ventilados en la capital
del país y San Pedro de Sula, la segunda ciudad de tamaño e importancia. Por lo
que se refiere a la productividad, existe una ligera disminución en la relación de
asuntos resueltos frente a los asuntos recibidos (en números absolutos hay un
ligerísimo crecimiento de cuatro asuntos) lo que apunta a la existente limitación en
estas unidades para aumentar su productividad sin modificaciones en su
estructura, gestión o capacitación.
A continuación se presentan los datos sobre los asuntos relacionados con el
inquilinato.
Juzgados Inquilinato (1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 445 100 511 100
Total Sentencias 151 33.93 242 47.36
Diferencia 294 66.07 269 52.64
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Nuevamente, los dos juzgados de inquilinato existente se encuentran en la ciudad
de Tegucigalpa. En esta materia el comportamiento de la demanda presentó un
incremento sostenido, de la misma manera en que se presentó un incremento en
la productividad de los juzgados. El porcentaje de asuntos pendientes de
resolución se incrementó de 34 al 47 por ciento en el lapso de un año.
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60
Finalmente, se presentan los datos sobre la justicia contencioso administrativa.
Juzgados de lo Contencioso Administrativo (1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 356 100 329 100
Total Sentencias 93 26.12 126 38.30
Diferencia 263 73.88 203 61.70
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
En esta materia la demanda se redujo ligeramente, aún cuando se aprecia una
tendencia en aumentar la emisión de resoluciones.
El análisis de la información precedente indica la existencia de problemas de
rezago en las unidades jurisdiccionales de primera instancia. Esto confirma la
visión que se tiene de la primera instancia en los órganos de gobierno del Poder
Judicial. Al efecto, se considera que el rezago puede ser causado por problemas
en la organización del trabajo de las unidades jurisdiccionales, la existencia de
cargas de trabajo superiores a la capacidad instalada, problemas en la gestión de
las unidades jurisdiccionales y aprovechamiento inadecuado de recursos, entre
otros.
Con el objeto de mejorar esta situación se trabaja no sólo en el planteamiento de
reformas procesales sino también en el diseño de nuevos modelos de gestión y
organización. Una de las cuestiones que más debe llamar la atención es la
sensible disminución de la emisión de sentencias. Sobre este particular es
necesario poner especial atención a fin de establecer las causas y generar
soluciones viables.
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61
En 2003 se realizaron dos trabajos empíricos con el propósito de conocer el
tiempo de tramitación de los procesos civiles, laborales y de familia y los niveles
de satisfacción de los usuarios con los resultados alcanzados. Por un lado se
aplicó una encuesta a los usuarios y por el otro, se levantó una muestra de
expedientes.6
En cuanto a la duración máxima, mínima y promedio en la tramitación de las
demandas ordinarias los datos más relevantes encontrados en la muestra de
expedientes fue la siguiente:
Duración máxima encontrada: 8 años, 11 meses, 18 días
Duración mínima encontrada: 2 meses, 4 días
Duración promedio: 3 años, 5 meses, 21 meses
6 Estudio de Duración de Casos realizado por la Unidad Técnica de Reforma en Julio de 2003
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62
El análisis de los datos obtenidos en la muestra indica que los asuntos que se
tramitan con mayor velocidad son los de familia, mientras que los que presentan
más demoras son los juicios ejecutivos y los ordinarios civiles.
Otro dato importante es aquel que indica que la etapa procesal que más suele
prolongarse es el dictado de la sentencia. La siguiente gráfica presenta
información sobre este particular.
05
1015202530354045
Apertura depruebas
Conclusiones
SentenciaDefinitiva
En realidad la información anterior muestra que los criterios para determinar el
turno de los expedientes para el dictado de las sentencias no se encuentran
debidamente establecidos. También parece indicar que la tramitación diaria suele
ocupar la mayor parte del tiempo de los juzgadores quitándoles tiempo valioso
para el estudio de los expedientes y el eventual dictado de las sentencias.
2.3.1.3.2 Análisis de las estadísticas penales
En este sub apartado, se abordará el tema de los procesos penales. La
información disponible presenta un problema adicional a los señalados en las
materias anteriores. En 2001 se publicó un nuevo Código Procesal Penal que
planteó una profunda reestructuración de los procesos penales.
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63
El cambio fundamental consistió en la introducción de la oralidad, la publicidad, la
concentración e inmediatez para la simplificación de los procedimientos. Sin
embargo, para instrumentar el cambio fue necesario generar primero un régimen
de transición con el objeto de concluir con los procesos penales pendientes hasta
antes de la entrada en vigor de la nueva legislación procesal. Para tal efecto, el
Poder Judicial procedió a determinar el número de asuntos penales pendientes y
adoptó un plan para concluirlos en periodo que no superara los cuatro años. De
esta manera, en 2002 se inició el programa nacional de depuración de casos por
el que hasta la fecha se han concluido alrededor de 90,000 casos. Se calcula que
todavía quedan pendientes de solución cerca de 80,000 casos y el programa
todavía tiene una vigencia de dos años.
Esto significa, que los juzgados de letras en materia penal, hoy en día tienen que
abocarse a una doble tarea. En primer lugar terminar de resolver los asuntos
rezagados hasta el 2002, conforme a la antigua legislación penal. En segundo
término, tienen que operar conforme a sus nuevas atribuciones y en coordinación
con los tribunales de sentencia.
Debido a las modificaciones adoptadas en la legislación procesal penal, las
unidades jurisdiccionales encargadas de tramitar los juicios penales
experimentaron importantes cambios. Actualmente, el proceso penal se divide
fundamentalmente en tres etapas. La primera corresponde a la investigación y se
encuentra a cargo de los jueces de letras mixtos o especializados en materia
penal.
La segunda etapa, llamada juicio propiamente, se lleva ante un tribunal de
sentencia. Idealmente cada tribunal se integra con 4 jueces. Durante las
audiencias únicamente intervienen 3 jueces quedando el cuarto disponible para
sustituir cualquier ausencia imprevista de los titulares. Sin embargo, debido a las
restricciones presupuestarias existentes, dichos tribunales se han tenido que
integrar únicamente con 3 jueces.
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Finalmente, la tercera etapa denominada de ejecución de las sentencias está a
cargo de un juez de ejecución. Cabe aclarar que los juzgados de ejecución y los
tribunales de sentencia se amparan en la reforma constitucional y no en la Ley de
Organización de los Tribunales, pues esta Ley no ha sido actualizada.
Actualmente se tiene en proyecto una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, no
obstante, todavía no ha sido aprobado por el Congreso Nacional.
A continuación se presenta información sobre la distribución territorial de los
tribunales de sentencia y de los juzgados de ejecución.
Distribución de los Tribunales de Sentencia (1)
Número de Salas Número de Jueces
Atlántida 1 3
Colón 1 3
Comayagua 1 3
Copán 1 3
Cortés 4 12
Choluteca 1 3
Francisco Morazán 4 12
Olancho 1 3
Santa Bárbara 1 3
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
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2.3.1.3.2.1 Estadísticas de los Juzgados de Letras
Por lo que respecta al funcionamiento del nuevo proceso penal, a continuación se
presenta información estadística sobre el desempeño de los juzgados de letras:
Juzgados de Letras (1) 2003 2004
Ingresos 6,731 9,188
Sentencias/salidas 1,233 2,143
Diferencia bruta 5,498 7,045
Total de casos pendientes al cierre 4,257 5,685
Total de casos pendientes N/D 8,856
Tasa de Congestión 0.84
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Como puede observarse, en 2004 la demanda en materia penal aumentó un 36
por ciento en relación con el 2003, situación no sorprendente tomando en cuenta
el aumento de la tasa delictiva y los nuevos fenómenos de criminalidad. No
obstante, la capacidad de disposición ha presentado problemas. En 2003
quedaron sin resolver 4257 asuntos ingresados ese mismo año. En 2004 el
panorama no mejoró. En ese año 5685 asuntos ingresados en ese mismo lapso,
quedaron pendientes de resolución. Cuando se calcula la tasa de congestión para
2004, considerando los asuntos pendientes de 2003, el resultado que se obtiene
es de .8. Esta cifra es considerablemente alta e indica problemas en la disposición
de los asuntos penales. La situación de los juzgados de letras requiere de
medidas prontas para corregir el desbalance existente.
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2.3.1.3.2.2 Estadísticas de los Tribunales de Sentencia
Por lo que se refiere a los Tribunales de Sentencia, las cifras son las siguientes:
Tribunales de Sentencia (1) 2003 2004
Ingresos 1,487 2,117
Sentencias/salidas 590 966
Diferencia bruta 897 1151
Total de casos pendientes al cierre 866 1299
Total de casos pendientes menos resoluciones de años anteriores N/D 1,542
Tasa de Congestión 0.67
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Como puede apreciarse, los tribunales de sentencia también enfrentan problemas
para resolver la demanda de justicia. Cabe destacar que la productividad de los
tribunales de sentencia aumentó en este periodo, pero este resultado carece de
efecto frente al correspondiente aumento de casos ingresados. Pero, a pesar de
ello, la tasa es alta y se estima que el problema del rezago se mantendrá. Si bien
el problema no parece ser tan grave como en el caso de los juzgados de letras,
debe reconocerse que es necesario tomar medidas para evitar que se agrave. Por
lo que respecta a la demanda, entre 2003 y 2004 la misma se incremento en un
42 por ciento.
2.3.1.3.2.3 Estadísticas de los Jueces de Ejecución
Los Jueces de Ejecución de penas y medidas de seguridad, tienen a su cargo la
verificación de la prisión preventiva, la ejecución de las sentencias y la suspensión
condicional del proceso.
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Asimismo, se encargan de la sustanciación, decisión y seguimiento de la libertad
condicional y de todos los incidentes que se produzcan durante la etapa de
ejecución de las penas y medidas de seguridad, entre otras materias.
Estos jueces de ejecución fueron nombrados mediante acuerdo del 23 de mayo de
2003, de conformidad con la reforma en materia penal. Fueron 11 los jueces
nombrados en ese año, los cuales se encuentran organizados en una
Coordinación Nacional, 2 en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, 2
en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 1 en Danlí, Departamento del
Paraíso, 1 en Choluteca, Departamento de Choluteca, 1 en la ciudad de Santa
Rosa de Copán, Departamento de Copán, 1 en la ciudad de Trujillo, Departamento
de Colón, 1 en Comayagua, Departamento de Comayagua y 1 en la ciudad de la
Ceiba, Departamento de Atlántida.
La actividad de los jueces de ejecuciones en 2004, se refleja en la siguientes
gráficas (1):
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Área Jurisdiccional, Penal, Administrativa y Civil de Juzgados de Ejecución del 1º de enero al 30 de noviembre 2004
46362
194
13,239
1,4931,234
14155
Sentencias clasif icadas según penaimpuestaCómputo de sentencias practicadas
Notif icaciones
Incidentes presentados y resueltos enetapa de ejecución de penaVerif icación del cumplimiento efectivo debeneficiosSuspensión de ejecución de la pena
Libertad condicional
Conmutas de pena
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(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
Las anteriores figuras proporcionan una idea general sobre la diversidad de
servicios ofrecidos por los juzgados de ejecución. No obstante, la información no
permite realizar mayores interpretaciones sobre la situación del desempeño de
estas unidades jurisdiccionales.
Actividades relacionadas con los privados de libertad en prisión preventiva y condenados del 1º de enero al 30 de noviembre
2004
356
6
270
1,216
1,799
386
Cómputo del tiempo de cumplimiento de laprisión preventiva
Verif icación de las medidas de prisiónpreventiva
Reclamos que han interpuesto losimputados sometidos a prisión preventiva
Número de caso que han cumplido plazomáximo de prisión preventiva
Resoluciones dictadas en relación conreclamos presentados
Reclamos planteados por las personascondenadas
Actividades Civiles y otras actividades para velar la correcta aplicación de las normas reguladoras del régimen penitenciario
del 1º de enero al 30 de noviembre 2004
223
172
10
302
4
Demandas civiles presentadas
Resoluciones sobre reclamos planteados
Talleres de inducción sobre DerechoHumano realizadosReuniones de coordinación realizadas
Inspecciones a Centros Penales
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2.3.1.4 Jurisdicción de paz. La jurisdicción de paz se integra con los juzgados de paz, mixtos y especializados creados para conocer en primera instancia las demandas civiles con cuantía
menor a 50,000 Lempiras (aproximadamente 2,777 dólares) y las infracciones
penales menores denominadas faltas. Existen 331 Juzgados de Paz, uno en cada
municipio del país. Únicamente existen juzgados especializados en materia civil y
penal.
Tabla con Distribución de Juzgados de Paz por Departamentos (1)
Departamento Número de Juzgados de Paz
Tipo de juzgados de paz
Atlántida 10 (1) Civil, (1) Criminal (8) Mixtos
Colón 11 (1) Civil, (1) Criminal (9) Mixtos
Comayagua 22 (1) Civil, (1) Criminal (20) Mixtos
Copán 24 (1) Civil, (1) Criminal (22) Mixtos
Cortés 15 (2) Civil, (3) Criminal (10) Mixtos
Choluteca 19 (3) Civil, (3) Criminal (13) Mixtos
El Paríso 21 (2) Civil, (2) Criminal (17) Mixtos
Francisco Morazán 33 (5) Civil, (2) Criminal (26) Mixtos
Gracias a Dios 6 (6) Mixtos
Intibuca 18 (1) Civil, (1) Criminal (16) Mixtos
Islas de la Bahía 5 (1) Civil, (1) Criminal (3) Mixtos
La Paz 21 (2) Civil, (2) Criminal (17) Mixtos
Lempira 29 (1) Civil, (1) Criminal (27) Mixtos
Ocotepeque 17 (1) Civil, (1) Criminal (15) Mixtos
Olancho 25 (2) Civil, (2) Criminal (21) Mixtos
Santa Bárbara 29 (1) Civil, (1) Criminal (27) Mixtos
Valle 10 (1) Civil, (1) Criminal (8) Mixtos
Yoro 14 (3) Civil, (3) Criminal (8) Mixtos
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
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La distribución que se presenta en la tabla que antecede indica que la justicia de
paz se encuentra razonablemente extendida en todo el territorio nacional. Sin
embargo, existen importantes diferencias entre las unidades jurisdiccionales
existentes. En primer lugar, debe resaltarse la distinción entre juzgados mixtos y
juzgados especializados. Dicha distinción impacta directamente sobre la forma de
organización del trabajo de cada unidad jurisdiccional. Aunque la misma se
justifica por las características de la demanda de servicios judiciales en el país. En
aquellos Municipios que presentan una reducida demanda de servicios no resulta
viable instalar juzgados especializados. De esta manera, los juzgados
especializados parecen orientarse más a las zonas urbanas y los mixtos parecen
estar más cercanos al medio rural. Un ejercicio de diseño de políticas judiciales en
esta materia necesariamente debe considerar las características específicas de
los juzgados urbanos y de los rurales con el fin de ajustar mejor el servicio de
administración de justicia a las necesidades de la población a la que sirven. La
tabla que se presenta a continuación contiene información sobre el proceso de
sustitución de jueces de paz iletrados por jueces letrados. Los cambios se
desarrollaron fundamentalmente durante el 2003 (1).
Cargo Ene-02 % Nov-02 % Dic-03 %
Jueces de Paz I (Iletrados) 222 67 176 53 172 52
Jueces de Paz II (Letrados) 109 33 155 47 159 48
Total 331 100 331 100 331 100
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
La tabla muestra una tendencia favorable a la profesionalización del servicio de
administración de justicia. En ese sentido, se aprecia el paulatino proceso de
sustitución de los jueces legos por jueces profesionales. Por lo que respecta a la
forma en la que se tramitan los asuntos, la legislación procesal civil establece un
procedimiento oral. Sin embargo, en la práctica los jueces parecen coincidir en
que el procedimiento es fundamentalmente escrito.
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Al igual que en el caso de la primera instancia, en la jurisdicción de paz existen
diversos problemas para obtener información sobre el funcionamiento de éstas
unidades jurisdiccionales. No obstante, se sabe que algunos de estos juzgados
operan con cargas de trabajo significativas, mientras que otros tienen una
demanda muy reducida o prácticamente inexistente. Lo anterior hace necesario
realizar estudios sobre la demanda de administración de justicia en esta instancia,
así como de los niveles de eficiencia y eficacia de estas unidades jurisdiccionales.
Juzgados de Paz (1)
2003 2004 Desglose
Número % Número %
Ingresados 14,799 100 12,143 100
Total Sentencias 7,588 51.27 4,903 40.38
Diferencia 7,211 48.73 7,240 59.62
(1) Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), CSJ. 2005.
(2) La tabla que se presenta a continuación contiene, de manera desglosada, la relación de la demanda de justicia
de paz y la respuesta institucional durante 2004.
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Los datos contenidos en la tabla indican que los juzgados de paz enfrentan una
situación complicada. Durante 2004 se acumularon 7240 asuntos que se
encuentran en espera de resolución. La capacidad de trabajo actual de las
unidades jurisdiccionales no parece ser suficiente para absorber la demanda, toda
vez que cada mes ingresan muchos más asuntos de los que son resueltos.
Un examen de lo que indican las cifras lleva a resultados alarmantes respecto a la
eficacia de esta jurisdicción. En primer lugar, los juzgados de paz tienen una
productividad muy baja. De los 12,143 asuntos recibidos en 2004, esto implicó que
entre los 335 jueces existentes, cada uno de ellos tuvo que resolver 37.20 casos.
Si bien es cierto que la distribución es problemática ya que los jueces
especializados tuvieron una carga mayor que los mixtos y que la misma
distribución es muy desigual dependiendo de su lugar de localización, los
resultados son alarmantes, pues nos hablan de entre 3 y 4 casos promedio al
mes.
En segundo lugar, hay que recordar que estos jueces de paz conforman el 57%
del total de jueces del país, lo que nos conduce a la conclusión que más de la
mitad de los jueces existentes en Honduras cuentan con una productividad
inadecuada.
Ahora bien, en tercer lugar, si sabemos que los jueces de paz tuvieron a su cargo
12, 462 casos de un total de entradas aproximado de 65,574 en todo el Poder
Judicial, en 2004, esto nos dice que el 57% de los jueces del país se abocan a
resolver tan sólo el 20% de todos los asuntos que resuelve el Poder Judicial. Si
bien es cierto que estos jueces ven asuntos de menor trascendencia, y que
cuentan con una estructura menor, lo cierto es que aún así representan un alto
costo para la institución al contar con una productividad tan baja.
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En términos generales, se debe considerar la posibilidad de realizar cambios
estructurales en la forma en la que se desarrolla la justicia de paz. Dadas las
características de la distribución de las unidades jurisdiccionales y la construcción
de su competencia, la jurisdicción de paz puede constituir un elemento
fundamental para la consolidación de la presencia del Poder Judicial en el país.
No obstante, de seguir la tendencia de rezago existente, la justicia de paz puede
terminar por convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia y contribuir al
desprestigio de la institución. En consecuencia, parece necesario tomar medidas
inmediatas para resolver los problemas que aquejan a esta jurisdicción.
2.3.2 Estructura Administrativa.
2.3.2.1 Dirección Administrativa Es la dependencia responsable de proveer y administrar los bienes recursos y
servicios necesarios para el funcionamiento óptimo de los servicios
jurisdiccionales, administrativos y de apoyo.
La Dirección Administrativa esta organizada en departamentos y secciones
siguientes:
Servicios Administrativos
Obras Físicas
Servicios Generales (seguridad, transporte, mantenimiento, aseo)
Proveeduría
Bienes e inventario
Reproducción y Planta Telefónica
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La dirección administrativa cuenta con una oficina central en Tegucigalpa y
oficinas administrativas regionales en las siguientes ciudades:
San Pedro Sula
La Ceiba
Santa Rosa de Copán
El Progreso
Santa Bárbara
Todas ubicadas en las zonas norte, occidental y atlántica del país.
Las oficinas administrativas regionales cuentan con un fondo rotatorio de Lps.
20,000.000 (aproximadamente US$ 1,111.00), con estos recursos financian el
mantenimiento de la estructura física y vehículos, viáticos y demás gastos de los
juzgados y tribunales de la región correspondiente. La dotación de suministros se
suple por medio de procesos centralizados de compra y se distribuye
gradualmente conforme a los requerimientos. Existe un único almacén central de
suministros, las oficinas regionales cuentan con depósitos menores.
Infraestructura A continuación se presenta información sobre la situación inmobiliaria del Poder
Judicial.
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Instalaciones Físicas de los Juzgados (1)
Propias 223
Rentadas 177
(1) Datos de la Dirección de Administración de la CSJ. 2005
Es importante mencionar que en juzgados de paz la situación plantea problemas
con las instalaciones existentes.7
2.3.2.2 Auditoria Interna La Auditoria Interna es la dependencia responsable de realizar la auditoria
financiera para verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos, políticas,
planes y demás disposiciones relacionadas con la ejecución presupuestaria y el
control de los bienes y derechos del Estado.
Instalaciones físicas de los juzgados
0
50
100
150
200
250
Status
Can
tidad
Serie1 223 177
Propias Rentadas
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La Dirección de auditoria interna esta compuesta por un auditor general, auditores
auxiliares y personal de apoyo.
El auditor interno y los auditores auxiliares, son nombrados por el Tribunal
Superior de Cuentas en forma independiente. Esta oficina realiza a demás las
acciones de coordinación necesarias para facilitar la ejecución de los planes
anuales por parte del Tribunal Superior de Cuentas.
El número de levantamiento de piezas de convicción en los diferentes Juzgados
del país fueron: 2315 en los Juzgados Seccional de Tocoa, Colón, 1586 en el
Juzgado Seccional de Olanchito, 225 en los Juzgados Unificados de San Pedro
Sula, 245 en el Juzgados Seccional de Santa Cruz de Yojoa, 3385 en los
Juzgados Seccional de El Progreso, Yoro; Se realizó un cotejo al Inventario de
Piezas de Convicción de los Juzgados Unificados de San Pedro Sula, dando un
total de 1001.
Se participó en el análisis, evaluación y participación en los siguientes procesos
de licitación:
Adquisición de central telefónica para el Poder Judicial.
Adquisición de equipo de informática para el Poder Judicial.
Adquisición de materiales de oficina y limpieza para el tercer trimestre.
Contratación de servicios de limpieza, fumigación y desodorización para
diferentes edificios a nivel nacional.
Adquisición de agendas para el año 2005.
Mejoras y construcción de obras adicionales en el edificio judicial de la
ciudad de Nacaome, Valle.
Construcción de bodega en el edificio principal de la Corte Suprema de
Justicia de Tegucigalpa.
7 Ver reporte de Justicia de Paz 11.
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Adquisición de una póliza de un seguro colectivo de vida y medico
hospitalario para funcionarios y empleados a nivel nacional.
Adquisición de un vehículo para la Oficina Nacional de Modernización
Registral.
Pre-calificación de empresas constructoras.
Respectivamente se realizaron varias auditorías, entre las más relevantes
tenemos:
Arquéo de Fondos Reintegrables y Caja Chica, asignados al Programa de
Modernización de Justicia, II Etapa; Examen de Auditoría a posteriori realizada a
la Pagaduría Especial de Justicia en los rubros de gastos por concepto de
compras diversas, viáticos, reparación y mantenimiento de vehículos durante el
período comprendido del segundo semestre del año 2003 al segundo semestre del
año 2004; Examen de Auditoría a posteriori realizado trimestralmente al
Departamento de Proveeduría, envío de informe a la Dirección Administrativa con
sus respectivas opiniones comentarios y recomendaciones para su
implementación; Auditoría sobre el control de consumo de combustible a los
vehículos del Poder Judicial de Tegucigalpa; Examen de auditoría sobre piezas de
convicción en los Juzgados Unificados de San Pedro Sula.
Además se realizaron y se revisaron 2,225 órdenes de pago hasta el 6 de
diciembre de 2004.
Se calculó y se elaboró el informe de prestaciones al personal de Registro de la
Propiedad a nivel nacional con un total de 281 expedientes.
2.3.2.3 Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento
La Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento es la dependencia
responsable de la planificación, seguimiento y evaluación de la ejecución de los
planes operativos anuales y del manejo de la disponibilidad presupuestaria.
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Esta unidad cuenta con un departamento de planificación, un departamento de
presupuesto, un departamento de organización y métodos y uno de
preintervención. Las actividades principales son las siguientes:
Conducción de la formulación de planes operativos anuales y plurianuales.
Programación del gasto.
Seguimiento a la ejecución de planes y proyectos.
Manejo y control de la disponibilidad presupuestaria.
Evaluación de la ejecución física y financiera
Documentación de los procesos de ejecución física y financiera con fines
institucionales.
La dependencia esta ejecutando, desde el año 2003, un seguimiento y una
evaluación mas exhaustiva de la ejecución de los planes y programas cuya
información resultantes es enviada al Tribunal Superior de Cuentas.
Presupuesto asignado al Poder Judicial en los últimos años (miles de lempiras) (1)
Año Monto
2000 457,700.00
2001 522,558.00
2002 596,688.40
2003 660,000.00
2004 789,300.00
2005 986,631.10
(1) Datos del Departamento de Presupuesto de la CSJ. 2005
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Hace dos años se modificó la metodología para obtener la planificación anual.
Para tal efecto, se optó permitir que cada una de las áreas del Poder Judicial
diseñara su propio plan operativo anual de acuerdo con los lineamientos
previamente establecidos por la CSJ. De esta manera, cada plan contiene los
objetivos, metas, actividades y requerimientos de cada área para todo el año. El
conjunto de estos planes constituye el plan operativo anual del Poder Judicial.
Asimismo, la oficina de planificación elabora anualmente un programa de
seguimiento de los planes de cada unidad con el objeto de supervisar su ejecución
y proponer ajustes.
Un problema especialmente complejo en la ejecución de los planes operativos se
presenta cuando el presupuesto del Poder Judicial aprobado por el Congreso
Nacional no es suficiente para cubrir todos los requerimientos financieros
contemplados en los planes de las áreas.
Presupuesto asignado al Poder Judicial
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
(Años)
(Mon
to)
Presupuesto as ignado alPoder Judicial en los últimosaños Año
2000 2001 2002 2003 2004
Presupuesto as ignado alPoder Judicial en los últimosaños Monto
457,700.00
522,558.00
596,688.40
660,000.00
789,300.00
1 2 3 4 5
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En consecuencia, el Poder Judicial se ve obligado a asignar montos inferiores a
los solicitados por las áreas en sus planes. Sin embargo, este ejercicio se realiza
con una coordinación limitada, con lo cual se afecta la forma en la que las áreas
pueden instrumentar su planes respectivos. Asimismo, se presentan problemas
durante el proceso de evaluación y seguimiento de los planes, toda vez que la
oficina encargada de dicha labor espera que las áreas cumplan con lo que
establecen sus planes pero no se considera que hubo recortes en los recursos
solicitados.
2.3.2.4 Pagaduría Especial de Justicia La función principal de esta dependencia es registrar y controlar los ingresos por
transferencias del gobierno central y por concepto de cobro de servicios prestados
por la institución y dar cumplimiento oportuno a todos los compromisos objeto de
pago. Este departamento esta integrado por un pagador especial, cuatro
pagadores auxiliares y personal de apoyo
El sistema de pagos se realiza en forma manual; en el sistema integrado de
administración financiera SIAF, existe un modulo para el pago automatizado, pero
aun no se ha implementado.
La situación prevaleciente genera complicaciones tanto para la pagaduría como
para el personal del Poder Judicial, toda vez que la entrega física de los cheques
es un proceso especialmente difícil de operar. En términos generales se considera
que el área requiere una modificación estructural para mejorar su funcionamiento.
2.3.2.5 Dirección de Administración de Personal La Dirección de Administración de Personal es la dependencia responsable de la
administración del recurso humano del Poder Judicial tanto jurisdiccional como
administrativo y de apoyo; es responsable, asimismo, de ejecutar los
procedimientos de reclutamiento, selección y nombramiento del personal nuevo,
temporal y permanente. Está integrado por la Dirección de Administración de
Personal y por el Consejo de la Carrera Judicial
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Esta Dirección es el área encargada de todas las llamadas “acciones de personal”.
Su labor incluye cuestiones como el reclutamiento, selección y nombramiento de
personal nuevo. Las asignaciones, permisos y ascensos, entre otras actividades.
El área también se encarga del manejo de las planillas, en donde se establece la
forma en la que se integran las percepciones del personal.
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(1) Datos de la Dirección de Administración de Personal. CSJ
Aspirantes Evaluados Número de Casos
Investigación de Antecedentes laboral y social de los
aspirantes a cargos jurisdiccionales y administrativo.
529 casos
Investigación de casos del personal con Conductas
no Típicas y otros remitidos por superiores.
24 casos
Colaboración en la evaluación del desempeño laboral
del personal por contrato en Tegucigalpa.
37 casos
Levantamiento de Ficha de personal de Santa Bárbara
y Zona Nor-occidental.
39 fichas en Santa Bárbara y
se coordinó la entrega de las
fichas de 21 municipios.
-129 fichas en San Pedro Sula
y la entrega de las mismas al
personal pendiente.
Apoyo logístico en Evaluaciones del Personal
jurisdiccional de Francisco Morazán, Choluteca,
Olancho y El Paraíso y de la zona nor-occidental.
(Evaluación llevada a cabo por la firma Price
Waterhouse Coopers Interamericana).
911 personal que acudió a la
evaluación en Tegucigalpa, y
- 428 personal que acudió en
San Pedro Sula.
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Clasificación del Personal (Total) (1)
Recurso Humano del Poder Judicial (1) Número %
Funcionarios judiciales y administrativos 2,323 68.8
Auxiliares judiciales 182 5.4
Defensa Pública 288 8.5
Jueces y Magistrados 616 17.3
Total 3,409 100.0
(1)Datos de la Dirección de Administración de Personal. CSJ
El promedio salarial del país, es de 171,720 lempiras anuales, equivalente a
$9,540 US dólares. Las estimaciones en el Poder Judicial confirman esta
tendencia a considerar un promedio de US $9,000 a los 3,196 empleados de la
institución.
El esquema actual de trabajo de la Dirección presenta importantes problemas. En
primer lugar, los procesos internos son antiguos y poco eficientes. En segundo
lugar, la automatización de las funciones de la Dirección es prácticamente
inexistente y se limita al manejo de planillas. Un ejemplo de los problemas que se
generan con esta situación es el caso del registro del personal. Es muy
complicado acceder a los datos existentes sobre los funcionarios que laboran en el
Poder Judicial. Por otro lado, es necesario revisar los perfiles establecidos para la
selección del personal toda vez que los existentes responden a criterios que se
consideran poco actuales. En el caso de los procesos de selección de personal,
en particular el de los funcionarios jurisdiccionales, existen importantes
cuestionamientos sobre la forma en la que se desarrolla.
En términos generales, es necesario rediseñar los procesos existentes, actualizar
los criterios que rigen la operación ordinaria de las áreas administrativas y acabar
con la excesiva carga de trámites requeridos para la operación cotidiana del Poder
Judicial.
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En cuanto al Consejo de la Carrera Judicial, se trata del órgano administrativo
responsable de dirigir toda la política de administración de recursos humanos del
Poder Judicial. También interviene como el órgano de apelación cuando los
funcionarios se inconforman con motivo de la aplicación sanciones disciplinarias.
El Consejo de la Carrera Judicial se integra de la siguiente manera: Un magistrado
de la CSJ, un magistrado de apelaciones y un juez.
A pesar de que la estructura actual contempla la presencia del Consejo, debe
reconocerse que en realidad su función tiene un impacto limitado sobre el Poder
Judicial. En realidad es necesario fortalecer la acción de este tipo de órganos con
el objeto de consolidar la carrera judicial.
2.3.3 Servicios de apoyo 2.3.3.1 Escuela Judicial La Escuela Judicial es el órgano responsable de planificar, desarrollar y evaluar
los planes, programas y actividades de formación inicial, capacitación y
actualización del Recurso humano del Poder Judicial.
En relación con la formación inicial, se trata de un área de reciente creación dentro
de la Escuela Judicial. Las primeras labores en esta materia se centraron en la
capacitación de funcionarios jurisdiccionales con motivo de la entrada en vigor de
la reforma procesal penal. Los primeros jueces de sentencia recibieron
capacitación por más de cuatro meses. En similares circunstancias ocurrió la
formación de los jueces de ejecución. De manera general, merece especial
mención la coordinación entre el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el
Poder Judicial para la instrumentación de programas de capacitación para
impulsar la reforma penal.
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88
No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados con motivo de la implementación
de la reforma procesal penal, debe destacarse la necesidad de implementar
cursos de iniciación a la función judicial, toda vez que la formación de los
abogados en las universidades no es suficiente para que los egresados puedan
realizar adecuadamente la función jurisdiccional.
Por lo que respecta a la capacitación el esquema de funcionamiento habitual de la
Escuela es a través de la impartición de cursos cortos mediante el empleo de
métodos tradicionales. No se ha experimentado con la adopción de tecnologías
como la educación a distancia u otras diseñadas para mejorar el impacto del
esfuerzo capacitador.
Tampoco se ha trabajado en el diseño de programas de capacitación que
proporcionen un seguimiento permanente al desarrollo de los funcionarios
judiciales, así como en la generación de programas de actualización.
En términos generales puede decirse que la Escuela Judicial requiere de una
profunda reestructuración que le permita responder de mejor manera a las
necesidades del personal del Poder Judicial. También, debe trabajarse en la
ampliación de su cobertura y en la mejora de sus instalaciones.
Un aspecto que suele ser poco atendido es el relativo a la capacitación del
personal administrativo.
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89
Organización Interna El personal permanente de la Escuela asignado es el siguiente (1):
CARGO HOMBRES MUJERES TOTAL
Director 1 1
Subdirector 1 1
Asesora Metodológica 1 1
Administrador 1 1
Asistente de
Administración
1 1
Reproductor de
Materiales
1 1
Secretarias 5 5
Motoristas 1 1
Conserjes 1 1
TOTAL 7 6 13
(1) Datos de la Dirección de Administración de Personal. CSJ
A continuación se presentan las actividades de capacitación desarrolladas por la
Escuela Judicial en los últimos años:
Se impartieron talleres, seminarios y cursos, dirigidos a 1827 participantes entre
empleados judiciales, funcionarios judiciales y otros en temas tales como: Curso
de Formación Inicial para Defensores Públicos, Metodología de la Enseñanza
Aprendizaje, Técnicas en el área Civil y Laboral, Redacción del Módulo
Instruccional para Delitos Financieros, Curso para Docentes de Delito Financiero,
Delitos de Connotación Financiera, Lavado de Activos, Manejo de las Audiencias
en el Proceso Penal, Tráfico de Personas, El Juicio Verbal, La Prenda y
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Procedimientos de Venta de la Prenda, Problemas y Beneficios Prácticos de la
Conciliación en la Jurisdicción Civil, Los Incidentes en el Proceso Laboral,
Estructuración de la Sentencia en el Código de la Niñez y la Adolescencia,
Alimentos y Trámite de la Patria Potestad, Generalidades del Trámite de la
Demanda Civil en los Juzgados de Paz, Función del Secretario en las Audiencias
Orales, Funciones del Receptor en el Proceso.
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90
Seminario sobre: “El Juicio Verbal, la Prenda y Procedimientos de Venta de la
Prenda”, Agosto de 2004.
El Abog. Rasel Tomé disertando sobre “Delitos de Connotación Financiera”, Marzo de 2004.
Semin ación ario sobre “Delitos de ConnotFinanciera” en el Salón de la Academia
Nacional de Policía, Marzo de 2004.
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91
Se cuenta con un equipo de capacitadores o facilitadores del aprendizaje en
diferentes áreas como Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, Delitos de
Naturaleza Financiera, Lavado de Activos, Derecho Ambiental y Derecho Civil.
Estos capacitadores son funcionarios del Poder Judicial que han sido sometidos a
una capacitación intensiva tanto en el área de su competencia como en el uso de
métodos y técnicas de enseñanza para adultos.
2.3.3.2 Inspectoría de Tribunales La Inspectoría es la dependencia responsable de supervisar el correcto
desempeño de los recursos humanos del Poder Judicial y el funcionamiento eficaz
y eficiente de todas las dependencias con el fin de garantizar el cumplimiento de la
función constitucional de administrar justicia, en forma eficaz y expedita.
.
La inspectoría esta compuesta por un inspector general, un subinspector, un
equipo de inspectores, y oficinas regionales de inspección, cuenta a su vez con
personal administrativo y de apoyo (ver cuadro).
PERSONAL ASIGNADO (1)
Cargo Hombres Mujeres Total
Inspectores 21 19 40
Administrador 1 0 1
Secretarias 1 10 11
Asist. Admitivo 0 1 1
Motoristas 5 0 5
Conserjes 2 1 3
Oficinista 0 1 1
Seguridad 1 0 1
TOTAL 31 32 63
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(1) Datos de la Dirección de Administración de Personal. CSJ
Actualmente, la labor de la Inspectoría funciona principalmente a través de las
denuncias presentadas por los usuarios. Para cada denuncia se asigna a uno o
más inspectores quienes tienen a su cargo realizar la investigación y preparar un
informe sobre la misma. En caso de encontrar irregularidades, el informe se
presenta a la dirección de administración de persona la que se encarga de citar al
funcionario aludido, escuchar su justificación y emitir una resolución sancionando
la conducta. Dicha resolución deberá ser confirmada por la CSJ. En caso de que
el funcionario judicial se inconforme con dicha resolución podrá apelarla ante el
Consejo de la Carrera Judicial. Nuevamente, la resolución del Consejo deberá ser
confirmada por la Corte Suprema de Justicia Independientemente de la
responsabilidad administrativa, en los casos en los que se encuentra alguna
responsabilidad penal, el caso es turnado al ministerio público. En caso de no
encontrarse irregularidades por los inspectores el expediente se archiva.
Por otra parte, la inspectoría también realiza funciones de supervisión y vigilancia
de manera permanente en el Poder Judicial. Esta labor se realiza mediante
inspecciones preventivas. Las inspecciones son realizadas por medio de un
calendario de visitas que realizan los inspectores a los diferentes juzgados del
país. Se busca detectar problemas en el funcionamiento de las unidades
jurisdiccionales y proponer soluciones. Esta función tiene poco tiempo de haberse
implementado.
Entre el tipo de denuncias que se presentan están el extravío de expedientes,
retardo de justicia, incumplimiento de deber, violación al debido proceso, ausencia
de labores, inobservancia del debido proceso, negligencia y extravío de folios.
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93
A continuación se presenta información sobre el funcionamiento de la inspectoría:
Número de Casos Atendidos (1)
AÑO Denuncias Recibidas
Investigadas
Remitidas Dirección
Administración Personal
Remitidas Ministerio
Publico
2002 1888 1888 674 41
2003 1242 1170 319 33
TOTAL 3130 3058 993 74
** Enero –Marzo (1) Datos suministrados por la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales. CSJ. 2005
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Inspecciones Preventivas Realizadas (1)
AÑO Inspecciones realizadas
2002 99
2003 166
2004 45
TOTAL 310
(1) Datos suministrados por la Inspectoría General
de Juzgados y Tribunales. CSJ. 2005
Aplicación del Régimen Disciplinario a los casos concretos según resoluciones emitidas de las audiencias celebradas.(1)
Verbal 10
Amonestados Escrito 37
47
Sancionados con multa 87
Suspendidos 04
Destituidos 26
Sin Sanción por haber desvirtuado los cargos 35
Rescindir contrato 01
TOTAL 200
(1) Datos suministrados por la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales. CSJ. 2005
Del análisis de los datos presentados se desprende en primer lugar una
importante reducción en el número de denuncias presentadas ante la Inspectoría.
Por el contrario, el número de inspecciones preventivas realizadas experimenta un
crecimiento.
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95
Un problema importante en el funcionamiento de la Inspectoría consiste en que
dicha oficina se ha caracterizado más como una entidad represiva que como una
entidad que busca mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Asimismo, existen
problemas para definir el perfil idóneo de los inspectores y para la selección del
personal que cumplirá dicha función. La oficina presenta mucha movilidad en su
personal y suele caracterizarse por tener inspectores poco preparados. Los
funcionarios judiciales suelen quejarse que los inspectores no cuentan ni con la
experiencia ni con la capacidad para realizar las funciones de inspección.
Esta situación ha sido captada por el gobierno del Poder Judicial y se están
generando acciones para mejorar el funcionamiento de la Inspectoría. Al efecto,
existe un proyecto de reestructuración de la Inspectoría de Juzgados y Tribunales
cuya finalidad es redefinir el rol de esta dependencia incorporando conceptos
modernos de prevención, previsión y control y adecuar a la vez la estructura
organizacional y funcional a la normativa del proyecto de Ley del Consejo de la
Judicatura y de la Carrera Judicial.
2.3.3.3 Dirección Nacional de la Defensa Pública La Defensa Pública es un servicio gratuito del Estado, para hacer más efectiva la
garantía de la Defensa de las personas sometidas a juicio, por la comisión de
delitos o faltas; y en general para procurar a las mismas una posición de igualdad
en el proceso.
De acuerdo con la legislación, la Dirección Nacional de la Defensa Pública es la
dependencia responsable de representar, asesorar, asistir técnicamente a
personas imputadas y menores infractores por la comisión de delitos y faltas
cuando no quieran o no puedan designar a un defensor de su confianza. Esta
protección opera desde el momento en que son señalados como autores o
participes de un hecho punible hasta que cesen los efectos de la persecución
penal.
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96
Adicionalmente, la Constitución asigna a la Defensa Pública la obligación de asistir
a las personas carentes de recursos económicos y de otros factores previamente
calificados, que necesiten ser representados en juicios y por lo tanto requieren de
los servicios de abogados y procuradores para la garantía del debido proceso.
La Defensa Pública está integrada por un Director y un Subdirector Nacional,
equipos de defensores organizados en 4 oficinas regionales de defensa; en cada
juzgado de letras penal se ha asignado al menos un defensor público.
Personal Asignado a la Defensa Pública (1)
Cargo Hombres Mujeres Total
Director nacional 1 1
Sub. director nacional 1 1
Coordinadores 2 2 4
Sub. Coordinadores 1 1
Defensores públicos 97 133 230
Trabajadoras sociales 4 4
Secretarias 2 37 39
Motoristas 11 11
Conserjes 7 7
Aseadoras 2 2
Vigilantes 3 3
Total 303 (1) Datos suministrados por la Dirección Nacional de la Defensa Pública. CSJ. 2005
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La carga de casos recibidos por la defensa pública en los últimos 2 años es la
siguiente:
Casos Ingresados y Resueltos (1)
Año Casos
Ingresados Casos
Resueltos Casos
Pendientes % Casos
Resueltos Obs.
2002 14,344 1,554 12,790 11% Cod. viejo
2002 1,756 717 1,039 41% Cod. nuevo
2003 7,574 3,539 4,035 47% Cod. nuevo
2004 7, 561 5,446
2,115 72% Cod. nuevo
(1) Datos suministrados por la Dirección Nacional de la Defensa Pública. CSJ. 2005
De los registros manuales de la defensoría y el CEDIJ, es posible obtener la
información desglosada de la actividad que realizan en un ejercicio anual.
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CONCEPTOS TOTAL
AUDIENCIAS ATENDIDAS:
DE REQUERIMIENTOS 5104
INICIALES 5298
DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 1169
SUSP. CONDICIONAL DE LA PERSECUCION PENAL 698
CONCILIACION 606
PRELIMINARES 2630
NULIDAD DE EXCEPCIONES Y RECUSACIONES 146
PROPOSICION DE PRUEBAS 1067
ESTRICTA CONFORMIDAD 402
DEBATE 1010
DE INDIVIDUALIZACION DE LA PENA 458
RESOLUCIONES OBTENIDAS:
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO 855
SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL 1221
DECLARATORIA DE REO 215
AUTO DE PRISION 3127
SENTENCIAS CONDENATORIAS 943
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 408
SENTENCIAS DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 792
MEDIDAS APLICADAS:
DETENCION JUDICIAL 2764
PRISION PREVENTIVA 2212
ARRESTO DOMICILIARIO 231
CAUCIONES 47
INTERNAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS PSIQUIATRICOS 85
OTRAS MEDIDAS 1071
POBLACION PENAL RECLUIDA:
RECLUIDOS PREVENTIVAMENTE 4196
HOMBRES 4022
MUJERES 174
RECLUIDOS CON SENTENCIA 530
HOMBRES 506
MUJERES 24
POBLACION PENAL LIBRE: 2174
HOMBRES 1957
MUJERES 197
TOTAL JUICIOS MANEJADOS ACTUALMENTE 5446
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99
En Juicios Escritos
CONCEPTOS TOTAL
CAUSAS MANEJADAS A LA FECHA 3842
TOTAL POBLACION PENAL RECLUIDA:
RECLUIDOS PREVENTIVAMENTE 1456
HOMBRES 1346
MUJERES 110
RECLUIDOS CON SENTENCIA 684
HOMBRES 632
MUJERES 52
TOTAL POBLACION PENAL LIBRE: 2134
HOMBRES 2003
MUJERES 131
CAUSAS TERMINADAS EN EL SEMESTRE:
POR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO 832
POR SENTENCIA CONDENATORIA 803
POR SENTENCIA ABSOLUTORIA 550
POR PRESCRIPCION 315
POR REVOCATORIA DE PODER 212
LIBERTAD CONDICIONAL 287
REO SIN CONDENA 42
CAUCIONES 19
CONMUTAS 35
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Asistencia Penal a Menores CONCEPTOS TOTAL
CAUSAS MANEJADAS A LA FECHA 1134
TOTAL DEFENSAS TERMINADAS:
SENTENCIAS CONDENATORIAS 176
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 82
SOBRESEIMIENTOS DEFINITIVOS 195
SOBRESEIMIENTOS PROVISIONAL 55
REVOCATORIA DE PODER 48
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 75
CUMPLIMIENTO PERIODO DE PRUEBA 37
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 24
CONCILIACION 67
MEDIDAS CAUTELARES;
ORIENTACION Y APOYO SOCIO FAMILIAR 8
REGLAS DE CONDUCTA 162
RESIDENCIA OBLIGATORIA 45
LIBERTAD ASISTIDA 29
SEMILIBERTAD 2
INTERNAMIENTO 233
MENORES INFRACTORES:
MENORES INFRACTORES EN INTERNAMIENTO 246
MENORES INFRACTORES LIBRES 559
Asistencia Técnica CONCEPTOS TOTAL
N· DE PERSONAS ASISTIDAS: 38788
DIURNO 14380
NOCTURNO 24408
N. DE ADULTOS: 33464
N. DE MENORES: 5324
RESULTADOS DILIGENCIAS:
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD APLICADOS 2311
AUTOS DE LIBERTAD POR FALTA DE MERITOS 3277
APLICACIÓN DE LEY DE CONVIVENCIA SOCIAL 8682
ACTOS DE INVESTIGACION SOLICITADOS 236
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101
En ese sentido, destaca en primera instancia la necesidad de automatizar y
sistematizar el flujo de información sobre la actividad de los defensores.
Adicionalmente, la información existente permite conocer las cargas de trabajo
que enfrentan los defensores. De acuerdo con la información disponible para el
2004 y considerando que existen 230 defensores se encuentra que la carga de
trabajo para cada uno de ellos es prácticamente de 33 asuntos. De lo anterior, se
infiere que los defensores tienen una carga razonable considerando que tienen
menos de un asunto a la semana. Sin embargo, es necesario reconocer que este
dato no representa completamente la realidad puesto que la distribución de la
demanda de administración de justicia es muy variable en cada población y los
defensores están adscritos a todos los juzgados. De esta manera, hay defensores
que deben enfrentar altas cargas de trabajo mientras que otros tienen muy pocos
casos. Adicionalmente, la defensoría debe dividirse para atender los casos que
permanecen activos y que se tramitan conforme a las antiguas leyes procesales
penales. Lo anterior lleva a concluir que es necesario ampliar la cobertura de
servicios de la defensoría pública.
Relación entre fiscales, defensores y jueces de materia penal (1)
Plazas Número %
Fiscales 373 51
Defensores 230 32
Jueces en materia penal 125 17
731 100
(1) Datos suministrados por la Dirección Nacional de la Defensa Pública. CSJ. 2005
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102
Por lo que respecta a la obligación de la defensoría consistente en asistir en sus
juicios a los justiciables que no tengan capacidad para acceder a los servicios de
un abogado, debe reconocerse que actualmente no existe capacidad institucional
para absorber dicha carga de trabajo. Esta deficiencia responde
fundamentalmente a la falta de defensores públicos.
2.3.3.4 Centro Electrónico de Información Judicial Como ya se mencionó, al hablar de la estadística, este órgano fue creado con
fondos de asistencia internacional en el año 2003. Su función consiste en
sistematizar y divulgar, en forma continua y actualizada, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia para mejorar a la transparencia. Asimismo, contribuye
a la difusión de información judicial en general. De esta manera el Centro
proporciona información y documentación incluyendo la consulta de autos
acordados, circulares, leyes, reglamentos, documentos, bibliografía estudios,
estadísticas y cualquier otra información judicial de interés de las autoridades, del
personal institucional, de organismos especializados y de la colectividad.
Relación entre fiscales, defensores y jueces de materia penal
0
100
200
300
400
Plazas
Núm
ero
#
# 373 233 125
Fiscales Defensores Jueces en
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103
El Centro esta integrado por un director nacional, personal especializado en
Sistematización de la Jurisprudencia, estadística, Derecho Penal, Diseño Gráfico,
comunicación, archivo histórico, biblioteca, gaceta judicial y personal de apoyo.
Recurso Humano del CEDIJ (1)
CARGO HOMBRES MUJERES TOTAL
Dirección 1 1
Personal Técnico 3 2 5
Personal Auxiliar 1 10 11
TOTAL 4 13 17 (1) Datos suministrados por el CEDIJ. CSJ. 2005.
Para la sistematización de la jurisprudencia de la Corte Suprema, el Centro cuenta
con un equipo de trabajo encargado del análisis de las sentencias emitidas por la
Corte y sus Salas. Ellos se encargan de producir la síntesis de las resoluciones,
mismas que se publican en internet y en la gaceta judicial. Cabe mencionar que la
publicación de la gaceta judicial no produce erogaciones al Poder Judicial toda vez
que se financia mediante su venta al público.
Además de la jurisprudencia el Centro se encarga del manejo de la estadística
judicial. Hasta el momento la labor se ha centrado principalmente en la recolección
de datos y se espera que un futuro se puedan generar productos que contribuyan
al análisis de la función jurisdiccional.
El Centro se encuentra con una interesante paradoja. Por una parte, está teniendo
éxito organizando la información judicial existente, aunque se trata de una labor
que lleva tres años, aunque no ha terminado de resolver los problemas para que
todos los interesados pueden acceder efectivamente a la misma. En particular
preocupa que la mayor parte de los servicios de acceso a la información se
encuentran concentrados en Tegucigalpa. Hay información disponible pero no
siempre existen los medios para acceder a la misma o para difundirla.
Poder Judicial de Honduras
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
104
En ese sentido, la página web es un ejemplo interesante. Si bien existe una
cantidad considerable de información en internet, es necesario reconocer que
pocos usuarios en el país tienen capacidad efectiva para acceder a dichos datos.
El Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, con la finalidad de
brindar acceso a las sentencias de mayor relevancia emitidas por las cuatro Salas
que integran la Corte, publica mensualmente el suplemento de la Gaceta Judicial,
y en el 2004 se publicaron 9 suplementos con 2,500 ejemplares cada uno,
correspondiente a los meses de enero a octubre de 2004, estos presentan un
diseño distintivo por año, como ser el color y diseño de la portada y son
distribuidos tanto para el usuario interno como externo del Poder Judicial,
directamente por el CEDIJ a un costo accesible y simbólico, que representa gastos
de impresión y papelería, y otra parte de los suplementos es adjuntado a los
ejemplares del Diario Oficial de la República “La Gaceta” que distribuye la
Empresa Nacional de Artes Gráficas, contribuyéndose así a facilitar el acceso a la
información y cumpliendo con la divulgación de los fallos emitidos por el tribunal
supremo en aras de formar la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Con el fin de que toda la ciudadanía en general pueda acceder a las sentencias
emitidas por la Corte Suprema, actualmente se incorporó a la pagina Web del
Poder Judicial, la nueva versión de la pantalla de Consulta de Jurisprudencia, a
través de la cual se prestará un servicio mas eficiente a nuestros usuarios,
quienes podrán consultar desde la comodidad de sus oficinas, los fallos emitidos
por la Secretaria del Poder Judicial, contando con el texto completo de las
Sentencias, y teniendo también acceso a consultar leyes, autos acordados y el
Diccionario jurídico. (www.poderjudicial.gob.hn).
El Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial cuyo objetivo es
brindar a sus usuarios una información confiable, transparente y expedita, ha
venido trabajando durante el año 2004 en proyectos que faciliten a nuestros
usuarios el acceso a los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, para lo
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Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
105
cual se le ha dado seguimiento a la digitalización de dicha información, en lo que
se refiere a Casaciones Contencioso Administrativo, Casaciones Penales,
Casaciones Laborales y Civiles, teniendo en la actualidad 7,755 expedientes
ordenados.
Es importante señalar la incorporación de Honduras al Portal de la Red Iberius,
que es una red que mediante la dotación de información relevante del ámbito
judicial iberoamericano, ya que esta red tiene conectados a todos los países
miembros de Iberoamérica, poniendo a disposición sus cuerpos normativos.
Dentro de los objetivos de la Red Iberius, destaca el fortalecimiento institucional de
los Poderes Judiciales Iberoamericanos, mediante la creación de una Red Oficial
de servicios de Documentación Jurídica, la promoción del desarrollo y
fortalecimiento de Centros de Documentación Judicial que presten servicio a todos
los integrantes del Poder Judicial, y a los ciudadanos, de una manera ágil y
comprensible, acerca de los sistemas judiciales y de la legislación básicas de los
países que integran la Red, así como la utilización de Internet como el instrumento
adecuado para lograr la fluidez de la Información Jurídica y un sitio web
www.iberius.org con diversos niveles de acceso, en función de los servicios que
ofrezca.
A continuación se presentan algunos de los productos elaborados por el Centro:
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106
CANTIDAD POR AÑO DESCRIPCIÓN
2002 2003 TOTAL
Boletín informativo sobre violencia
domestica.
10,000 10,000
Suplemento mensual de la gaceta.( 6
Ediciones)
15,000 15,000
Boletín informativo de encuentros de
cumbres de presidentes de cortes
supremas de Iberoamérica.
1,000 1,000
Trifolios del Cedij. 500 5000 5,500
Convenio 169 de la organización
Internacional del Trabajo.
1,500 1,500
Instructivos para juzgados. 500 500
T O T A L 1,000 32,500 33,500
Finalmente, es el CEDIJ el órgano que da mantenimiento y actualización a la
página WEB del Poder Judicial www.poderjudicial.gob.hn mediante la producción
sistemática y continua de informes, análisis, resúmenes de jurisprudencia y
documentos diversos.
2.3.3.5 Dirección de Infotecnología La función de la Dirección de Infotecnología es proporcionar el soporte técnico
necesario para el funcionamiento del Poder Judicial. Asimismo le corresponde
incorporar y desarrollar la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la
calidad del servicio de administración de justicia. En general, es el área encargada
del desarrollo y administración de los sistemas. Finalmente, se encarga del diseño
e implementación de las políticas judiciales en el área informática.
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107
Esta integrado por un director nacional, personal especializado en Sistematización
de la Jurisprudencia, estadística, Derecho Penal, Diseño Gráfico, comunicación,
archivo histórico, biblioteca, gaceta judicial y personal de apoyo.
Recurso Humano de la Dirección de Infotecnología (1)
CARGO HOMBRES MUJERES TOTAL
Dirección 1 1
Personal Técnico 13 1 14
Personal Auxiliar 0 2 2
TOTAL 4 4 17
(1) Datos suministrados por la Dirección de Infotecnología. CSJ. 2005
La Dirección se encarga de determinar y satisfacer los requerimientos informáticos
de las unidades administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial. Esta labor la
realiza en estrecha coordinación con los demás órganos de gobierno del Poder
Judicial.
El servicio de soporte técnico se brinda fundamentalmente de manera presencial
mediante solicitudes expresas o a través de un calendario de visitas. En otras
oficinas el soporte se proporciona en línea.
La Dirección también se encarga del diseño, validación e implementación de los
planes de desarrollo tecnológico del Poder Judicial. El plan más reciente se
denomina “Plan para el Desarrollo de la Informática Institucional”. Entre las
acciones contempladas en dicho plan está la provisión de servicios informáticos a
los usuarios, así como la ampliación de la red institucional. El objetivo final es
crear una plataforma capaz de generar una red interinstitucional de información
para el sector justicia. Un elemento que se visualiza bajo este esquema es el
establecimiento del número único de procesamiento con el objeto de evitar que un
solo asunto tenga muchos números de expediente.
Poder Judicial de Honduras
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108
Además, permite tener un mayor control sobre el número de casos que
efectivamente se ventilan en el sector justicia.
A continuación se presenta información sobre la situación prevaleciente en materia
informática en el Poder Judicial:
Inventario de Computadoras de Escritorio por Departamento Geográfico A Nivel Nacional (1)
Oficina y Dependencia
Lugar
Número de
Computadoras
Colón
Juzgado de Letras Trujillo 1
Juzgado Ejecución Trujillo 1
Defensa Pública Trujillo 1
Tribunal de Sentencia Trujillo 6
Subtotal 9
Juzgado de Letras Tocoa 8
Defensa Pública Tocoa 1
Tribunal de Sentencia Tocoa 3
Subtotal 12
Yoro
Juzgado de Letras Olanchito 2
Defensa Pública Olanchito 1
Juzgado de Paz de lo Civil Olanchito 2
Subtotal 5
Juzgado de Letras Seccional Progreso 7
Defensa Pública Progreso 1
Juzgado de lo Civil Progreso 2
Juzgado de Niñez Progreso 1
Juzgado de Paz de lo Civil Progreso 1
Juzgado de Paz de lo Criminal Progreso 2
Subtotal 14
Juzgado de Letras Yoro 2
Defensa Pública Yoro 1
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109
Subtotal 3
Atlántida
Juzgado de Letras La Ceiba 10
Defensa Pública La Ceiba 5
Administración Regional La Ceiba 1
Inspectoría de Tribunales La Ceiba 2
Tribunal de Sentencias La Ceiba 8
Juzgado de Ejecución La Ceiba 1
Juzgado de lo Civil La Ceiba 4
Corte de Apelaciones La Ceiba 2
Juzgado de Niñez La Ceiba 2
Subtotal 35
Juzgado de Letras Tela 3
Defensa Pública Tela 1
Total 4
Santa Bárbara
Juzgado de Letras Primero Santa Bárbara 4
Juzgado de Letras Segundo Santa Bárbara 1
Juzgado de Letras Tercero Santa Bárbara 2
Defensa Pública Santa Bárbara 2
Juzgado de Niñez Santa Bárbara 1
Corte de Apelaciones Santa Bárbara 1
Corte de Apelaciones de Trabajo Santa Bárbara 1
Subtotal 12
Copán
Juzgado de Letras Primero Santa Rosa de Copán 6
Juzgado de Letras Segundo Santa Rosa de Copán 2
Defensa Pública Santa Rosa de Copán 3
Juzgado de Niñez Santa Rosa de Copán 1
Inspectoría de Tribunales Santa Rosa de Copán 2
Administración Regional Santa Rosa de Copán 1
Corte de Apelaciones Santa Rosa de Copán 5
Subtotal 20
Juzgado de Paz Copán Ruinas 1
Subtotal 1
Intibucá
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110
Juzgado de Letras Primero La Esperanza 2
Juzgado de Letras Segundo La Esperanza 2
Defensa Pública La Esperanza 2
Tribunal de Sentencia La Esperanza 1
Subtotal 7
La Paz
Juzgado de Letras La Paz 1
Inspectoría de Tribunales La Paz 1
Subtotal 2
Juzgado de Letras Marcala 1
Subtotal 1
Lempira
Juzgado de Letras Primero Gracias 2
Juzgado de Letras Segundo Gracias 1
Defensa Pública Gracias 1
Inspectoría de Tribunales Gracias 1
Juzgado de Familia Gracias 1
Subtotal 6
Comayagua
Juzgado de Letras Primero Comayagua 4
Juzgado de Letras Segundo Comayagua 2
Defensa Pública Comayagua 1
Inspectoría de Tribunales Comayagua 1
Tribunal de Sentencia Comayagua 7
Corte de Apelaciones Comayagua 3
Juzgado de Ejecución Comayagua 2
Subtotal 20
Juzgado de Letras Siguatepeque 2
Defensa Pública Siguatepeque 1
Subtotal 3
Choluteca
Juzgado de Letras Primero Choluteca 4
Juzgado de Letras Segundo Choluteca 3
Defensa Pública Choluteca 1
Tribunal de Sentencia Choluteca 7
Juzgado de Niñez Choluteca 1
Poder Judicial de Honduras
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
111
Juzgado de Ejecución Choluteca 1
Corte de Apelaciones Choluteca 6
Subtotal 23
Valle
Juzgado de Letras Amapala 1
Subtotal 1
Juzgado de Paz San Lorenzo 1
Subtotal 1
Juzgado de Letras Nacaome 2
Tribunal de Sentencia Sala Nacaome 2
Subtotal 4
El Paraíso
Juzgado de Letras Yuscarán 2
Subtotal 2
Juzgado de Letras Primero Danlí 3
Juzgado de Letras Segundo Danlí 2
Defensa Pública Danlí 1
Inspectoría de Tribunales Danlí 1
Tribunal de Sentencia Sala Danlí 2
Juzgado de Ejecución Danlí 1
Subtotal 10
Olancho
Juzgado de Letras Catacamas 2
Defensa Pública Catacamas 1
Subtotal 3
Juzgado de Letras Primero Juticalpa 3
Juzgado de Letras Segundo Juticalpa 2
Defensa Pública Juticalpa 1
Inspectoría de Tribunales Juticalpa 1
Tribunal de Sentencia Juticalpa 6
Juzgado de Niñez Juticalpa 1
Juzgado de Ejecución Juticalpa 1
Subtotal 15
Cortés
Juzgado de Paz Lima 1
Subtotal 1
Poder Judicial de Honduras
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
112
Juzgado de Paz Santa Cruz de Yojoa 1
Subtotal 1
Juzgados de Paz Villanueva 1
Sub Total 1
Juzgado de Paz Choloma 1
Subtotal 1
Juzgado de Letras Puerto Cortés 7
Defensa Pública Puerto Cortés 1
Juzgado de Trabajo Puerto Cortés 2
Juzgado de Paz Civil Puerto Cortés 1
Juzgado de Paz Criminal Puerto Cortés 1
Subtotal 12
Juzgado de Letras Penal San Pedro Sula 35
Defensa Pública San Pedro Sula 6
Inspectoría de Tribunales San Pedro Sula 8
Administración/ Personal/ Transporte Regional San Pedro Sula 6
Tribunal de Sentencia San Pedro Sula 25
Juzgado de Letras Primero de lo Civil San Pedro Sula 8
Juzgado de Letras Segundo de lo Civil San Pedro Sula 4
Juzgado de Letras Cuarto de lo Civil San Pedro Sula 3
Juzgado de Inquilinato San Pedro Sula 1
Juzgado de Letras Primero del Trabajo San Pedro Sula 4
Juzgado de Letras Segundo del Trabajo San Pedro Sula 4
Juzgado de Letras Primero de Familia San Pedro Sula 4
Juzgado de Letras Segundo de Familia San Pedro Sula 4
Juzgado de Letras Contencioso Administrativo San Pedro Sula 2
Juzgado de Letras Primero de Niñez San Pedro Sula 5
Juzgado de Letras Segundo de Niñez San Pedro Sula 4
Corte de Apelaciones Seccional San Pedro Sula 11
Corte de Apelaciones del Trabajo San Pedro Sula 5
Juzgado de Paz de lo Civil San Pedro Sula 1
Juzgado de Paz de lo Criminal San Pedro Sula 1
Relaciones Públicas San Pedro Sula 1
Subtotal 142
Francisco Morazán
Juzgado de Letras Penal Tegucigalpa 55
Poder Judicial de Honduras
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113
Juzgado de Paz Unificado Tegucigalpa 2
Defensa Pública Tegucigalpa 12
Defensa Pública Penal Tegucigalpa 1
Defensa Pública Niñez Tegucigalpa 1
Inspectoría de Tribunales Penal Tegucigalpa 2
Inspectoría de Juzgado y Tribunales Penal Tegucigalpa 14
Inspectoría de Juzgado de Niñez Tegucigalpa 1
Inspectoría de Juzgado de Comayagüela Tegucigalpa 1
Administración Tegucigalpa 85
Administración Penal Tegucigalpa 1
Tribunal de Sentencia Tegucigalpa 24
Juzgado de Letras Primero de lo Civil Tegucigalpa 10
Juzgado de Letras Segundo de lo Civil Tegucigalpa 8
Juzgado de Letras Tercero de lo Civil Tegucigalpa 6
Juzgado de Letras Cuarto de lo Civil Tegucigalpa 5
Juzgado de Inquilinato Tegucigalpa 4
Juzgado de Paz de lo Civil Comayagüela Tegucigalpa 1
Juzgado de Paz Primero de lo Civil Tegucigalpa Tegucigalpa 1
Juzgado de Paz Segundo de lo Civil Tegucigalpa Tegucigalpa 2
Juzgado de Letras Primero del Trabajo Tegucigalpa 6
Juzgado de Letras Segundo del Trabajo Tegucigalpa 6
Juzgado de Letras Primero de Familia Tegucigalpa 6
Juzgado de Letras Segundo de Familia Tegucigalpa 6
Juzgado de Letras de Violencia Doméstica Tegucigalpa 7
Área Psicosocial Juzgados de Familia Tegucigalpa 2
Juzgado de Letras Contencioso Administrativo Tegucigalpa 6
Juzgado de Letras Primero de Niñez Tegucigalpa 6
Juzgado de Letras Segundo de Niñez Tegucigalpa 5
Juzgado de Ejecución Tegucigalpa 7
Corte de Primera de Apelaciones Tegucigalpa 12
Corte de Segunda de Apelaciones Tegucigalpa 8
Corte de Tercera de Apelaciones Tegucigalpa 5
Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo Tegucigalpa 4
Corte de Apelaciones del Trabajo Tegucigalpa 3
Secretaria del Poder Judicial Tegucigalpa 10
Relatoría Tegucigalpa 15
Poder Judicial de Honduras
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114
Infotecnología Tegucigalpa 16
UTR Tegucigalpa 30
Depuración Tegucigalpa 26
CEDIJ Tegucigalpa 24
Escuela Judicial Tegucigalpa 11
Magistrados Tegucigalpa 15
Presidencia Tegucigalpa 5
Registro de la Propiedad Tegucigalpa 6
Archivo del Poder Judicial Tegucigalpa 2
Relaciones Públicas Tegucigalpa 2
Sala de Prensa Tegucigalpa 1
Biblioteca Tegucigalpa 1
Subtotal 489
Juzgado de Paz Guaimaca 0
Subtotal 0
Juzgado de Paz Marale 0
Subtotal 0
Juzgado de Letras Talanga 5
Defensa Pública Talanga 1
Subtotal 6
Islas de la bahía
Juzgado de Letras Roatán 1
Subtotal 1
Ocotepeque
Juzgado de Letras Ocotepeque 2
Defensa Pública Ocotepeque 1
Subtotal 3
Total 8708
(1) Datos suministrados por la Dirección de Infotecnología. CSJ. 2005.
8 Esto incluye computadoras HP, Compaq, IBM y CLR.
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115
Información de Servidores (1) Tipo de Servicio Modelos y Capacidades
Marca Sistema Operativo
Correo Web
Archivo e Impresión
Base de Datos
Aplica- Ciones
Otro TOTAL Modelo Num. De Procesado
HD RAM
Compaq Win 2003 x 4 ML 330 16Gb 1Gb
Compaq Win 2003 X x 1 ML 530 72Gb 2Gb
Compaq Win 2003 X X x 4 ML 370 144Gb 1Gb
Compaq Win 2003 x 3 Proliant 3.6Gb 256Mb
Compaq Win 2000 x 1 Proliant 36Gb 1Gb
13
(1) Datos suministrados por la Dirección de Infotecnología. CSJ. 2005.
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116
Sistemas de Información Existentes (1) (1) Datos suministrados por la Dirección de Infotecnología. CSJ. 2005.
Nombre de la Aplicación
Breve Descripción
Área de Aplicación (administración,
proyectos, recursos humanos, etc)
Base de Datos
Utilizada
Lenguaje de Programación
Número de
Usuarios
Sistema de
Seguimiento de
casos
Registro y
seguimiento de los
casos penales
Judicial Penal SQL Visual Basic
6.0
50
Sistema de
Denuncias de
Violencia
Doméstica
Registro y
seguimiento de las
denuncias por
violencia
doméstica
Judicial – Violencia
Doméstica
SQL Visual Basic
6.0
10
Sistema de
Antecedentes
Penales
Emitir hoja de
antecedentes
penales, registro
de condenados
Judicial – Penal SQL Visual Studio.
Net
10
Sistema de
archivo Fenecido
Control de
expedientes
Fenecidos
Judicial – Archivo SQL Genexus 10
Sistema de
Denuncias
Inspectoría
Registro de
denuncias a
empleados y
funcionarios
Judicial – Denuncias SQL Genexus 10
SIAF
Sistema
Administrativo y
Financiero
Administrativa
Financiera Recursos
Humanos
Multibase Cosmos 100
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117
DIAGRAMA DE COMUNICACIONES EXISTENTES EN EL PODER JUDICIAL
Cabe añadir que en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y
Comayagua, exista ya en operación una red informática que enlaza a todas las
unidades jurisdiccionales adscritas en dichas localidades, con la excepción de los
jueces de paz.
Esta Dirección ha tenido un impulso y desarrollo muy notable en los últimos años,
de tal forma que es posible decir que se ha convertido en uno de los pilares de
cambio y apoyo en la modernización de toda el Poder Judicial de Honduras.
Cuenta con sofisticados planes estratégicos de crecimiento, fortalecimiento
institucional, mantenimiento, transparencia, servicio y acceso, así copo de mejora
en los sistemas de comunicación.
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118
2.3.3.6 Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo Esta es la dependencia responsable de la comunicación institucional y de la
coordinación de los actos protocolarios y ceremonias oficiales de la Corte
Suprema de Justicia.
La dependencia organizada en 2 áreas; relaciones públicas y protocolo y el
personal está asignado de la siguiente manera:
Recurso Humano del Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo (1)
Cargo
Varones
Mujeres
Total
Relacionador Público
Protocolo
Asistente
Eventos especiales
Motorista
Conserje
Total
1
1
1
1
1
1
7
(1) Datos suministrados por el Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo. CSJ. 2005.
Esta unidad cumple con las funciones tradicionales de comunicación de un Poder
Judicial. Su labor se concentra principalmente en satisfacer las necesidades de
comunicación del Poder Judicial conforme las necesidades se van presentando.
No obstante, se considera necesario trabajar para transformar a esta oficina en un
área de comunicación social capaz de contribuir al diseño y ejecución de una
política integral de comunicación social. Asimismo, es necesario trabajar en
cuestiones relacionadas con la vinculación del Poder Judicial con la sociedad. En
particular es un órgano que busca mejorar la imagen de la institución y difundir
entre la población los servicios que ofrece el Poder Judicial.
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119
Se emiten boletines de prensa cada vez que hay un evento. Dichos boletines se
envían a las fuentes que cubre la Corte. En 2004 se emitieron 16 inserciones en la
prensa anunciando licitaciones y concursos para jueces, resultados de los mismos
y aclaraciones públicas.
Asimismo, en 2004 también aparecieron dos publicaciones destinadas a dar a
conocer los resultados de las cumbres de poderes judiciales de la región.
Actualmente, las instituciones del sector justicia se encuentran trabajando en el
diseño de una estrategia de comunicación social con el objeto de informar a la
población sobre los servicios que ofrecen y generar conciencia sobre la
importancia de su labor.
2.4 Otros Temas Prioritarios:
2.4.1 Implementación total de las reformas constitucionales y legales relacionadas con el Poder Judicial
La reforma judicial de Honduras ha sido un proceso acelerado e intenso en los
últimos años. Diversas reformas de trascendencia han alterado sustancialmente
la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. En diciembre del año 2000, el
Congreso Nacional aprobó la reforma del Capítulo XII de la Constitución de la
República reestructurando sustancialmente el contenido de las normas que
regulan la organización general de los servicios de justicia. Entre los cambios
trascendentales que aparecen en dicha reforma tenemos:
El establecimiento de un mecanismo de selección de los Magistrados con
alto grado de participación de la sociedad.
La ampliación del número de Magistrados a un total de 15.
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120
La ampliación del período del cargo de los Magistrados a 7 años.
La organización de la Corte Suprema de Justicia en 4 salas
(Constitucional, civil, penal y Laboral-Contencioso administrativa).
Traspaso de la facultad de creación y organización de los juzgados
tribunales del Congreso Nacional al Poder Judicial.
La facultad de remitir Los proyectos de Plan Operativo Anual y
presupuesto al Congreso Nacional.
La creación del Consejo de la Judicatura con el fin de separar la función
jurisdiccional de la función administrativa.
En lo relativo al contenido de esta reforma, aún quedan importantes acciones
complementarias pendientes de ejecución, entre las que se encuentran:
Dotar a las Salas Constitucional, civil, penal y Laboral-Contencioso
administrativa, de espacio físico adecuado, mobiliario y equipo, sistemas
automatizados de gestión y servicios integrados de Secretaría, atención al
público y archivo.
Promover la aprobación del Proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura
y de la Carrera Judicial.
La implementación del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial
con un modelo de organización procedimientos equipamiento, mobiliario y
espacio físico adecuado.
La completa separación de las funciones jurisdiccionales y
administrativas.
El retraso en la aprobación del proyecto relativo a la creación del Consejo de la
Judicatura ocurrió porque la Corte Suprema recibió diversas peticiones en el
sentido de incorporar más a la sociedad en la discusión de los alcances de la
reforma. La Corte Suprema accedió, con lo cual se inició un proceso de consultas
públicas en el que participaron tanto organizaciones sociales como el Congreso.
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121
Actualmente, dicho proceso se encuentra muy avanzado y se espera que pronto
se apruebe la nueva legislación. Dicho retraso ha afectado los procesos de cambio
dentro del Poder Judicial.
Además de esta importante reforma constitucional, en los mismos años habrían
dos reformas que, como se ha venido comentando a lo largo de esta trabajo,
impactarían de manera importante la operación del Poder Judicial, ya sea en
materia civil, con la reestructuración de los juzgados de paz, o en materia penal,
con el cambio de procedimiento y de instancias para solventarlo.
En lo relativo a la reforma de la justicia civil, el objetivo que se buscó con esta
reforma a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 2001, fue
acercar la justicia a las distintas comunidades del país, mediante la transformación
de lo que solían ser juzgados de poca trascendencia, con asuntos de poca
cuantía, a juzgados que tomaran las facultades encargadas anteriormente a los
juzgados de letras, con asuntos que llegaban a las 50,000 Lempiras (como
$2,800 US). La problemática en este caso fue el contar con los funcionarios
judiciales que estuvieran capacitados para hacer frente a este tipo de asuntos. Por
ello en el año posterior de presentó el fenómeno de substitución de jueces
iletrados a funcionarios licenciados en derecho. Este proceso no ha concluido del
todo y aún se denota, como se vió en el apartado de las estadísticas
correspondientes, un desequilibrio entre la cantidad de asuntos que llegan a este
tipo de juzgados y su capacidad de respuesta..
Posteriormente en el año 2002, entró en vigor la otra reforma de gran
trascendencia en materia penal, que cambiaría, como ya se mencionó, la
estructura de los procesos penales, y consecuentemente la estructura y
funcionamiento de los juzgados en materia penal. Este proceso implicó un cambio
mucho mas pronunciado ya que lo que antes se llevaba a cabo con un solo tipo de
órgano, ahora se trataría con tres diferentes órganos, los juzgados de letras,
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122
los tribunales de sentencia y los juzgados de ejecución., No obstante, este cambio
no es lo más importante en la reforma penal, ya que el objetivo final era volver la
administración de justicia un proceso mucho mas eficiente e imparcial, cambiando
un sistema caracterizado por ser inquisitorial (la carga de la prueba caía en el
acusado o indiciado) a un sistema acusatorial (la carga de la prueba caía a la
autoridad acusatoria) y oral, en búsqueda de la simplificación e inmediatez, para
así evitar que la justicia se niegue por problemas de deficientes diseños y
responsabilidades institucionales, de discrecionalidad de la autoridad o bien de
tramite y proceso burocrático.
2.4.2 El enfoque de género en la administración de justicia
El enfoque de genero en el sector justicia Hondureño, históricamente, al igual
que la mayoría de los países latinoamericanos, había sido muy limitado. La
incorporación del enfoque de género en los servicios de justicia ha logrado
mayor relevancia a partir de 2003, luego de la formulación de un proyecto
especial para dicho fin.
Los problemas de la mujer en el sector justicia en Honduras, sin embargo, son
todavía muchos, que van desde el reconocimiento social de la problemática
específica que sufren las mujeres para recibir los servicios de justicia, la
adaptación de las instituciones jurisdiccionales a la realidad y demandas
específicas de la mujer, en lo relacionado a violencia doméstica, condiciones en
la familia, a aspectos laborales, tanto en la institución como en lo que atañe a
sus derechos laborales en general en la sociedad.
Por lo que toca al tema de la violencia de género y la situación de la mujer en el
ámbito familiar, a pesar de las limitaciones financieras se han ejecutado varias e
importantes acciones iniciales gracias a la asistencia internacional. Dichas
acciones se pueden ilustrar mediante la designación de jueces especializados en
casos de violencia doméstica en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
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123
Otra acción consistió en la implementación de los juzgados de la niñez de
conformidad con lo establecido en el nuevo código de la niñez y la adolescencia.
Asimismo, se han incrementado los servicios de apoyo a los juzgados,
especialmente en cuestiones psicológicas y de trabajo social, acción no
exclusiva pero si trascendente para el enfoque de género..
No obstante, aún en este tema quedan pendientes entre otras, las siguientes
acciones:
El nombramiento de jueces especializados para atender los casos de
violencia doméstica en las otras ciudades del país.
Un estudio para identificar la problemática y alternativas de solución con
respecto a los grupos de mujeres que constantemente presentan quejas
sobre el trato que reciben en el ámbito laboral de las maquilas.
Fortalecimiento de la organización, funcionamiento, infraestructura y el
mejoramiento del acceso a la jurisdicción de la niñez y la adolescencia.
La incorporación del enfoque de género en la selección del personal del
Poder Judicial.
Los Juzgados de Familia suelen reportar con mayor frecuencia las solicitudes de
pensión de alimentos y reconocimiento de la paternidad. Sin embargo, los datos
revelan que aún cuando se trata del tipo de asuntos mas recurridos por parte de
las mujeres de pocos recursos, hay un gran número de casos que no llegan a los
juzgados por la existencia de barreras de acceso genuinas, relativas al
desconocimiento sobre sus derechos y sobre el acceso y funcionamiento de los
juzgados, el alto costo de los servicios de abogados y a la ausencia de ayuda y
asistencia legal del Poder Judicial para esta tipo de población.
Poder Judicial de Honduras
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124
Se trata además de procesos largos que afectan requerimientos básicos
inmediatos de las usuarias, lo que señala también la necesidad de reformular los
procesos en el sentido de volverlos expeditos y ofrecer auténticas soluciones a
aquel tipo de problemática que no puede esperar.
Por lo que toca al aspecto laboral, en Honduras, al igual que en Latinoamérica es
perceptible un problema de gran magnitud relacionado con la igualdad de
condiciones en el lugar de trabajo entre le hombre y la mujer y especialmente el
problema existente considerando las condiciones de trabajo en el sector
maquilador, que involucra en su mayoría mano de obra femenil. Es común que es
este sector no se respeten los derechos laborales de las trabajadoras, siendo
frecuentes los despidos sin beneficios, la falta de pago de horas extraordinarias,
problemas de acoso sexual, denegación de beneficios, etc.
En Honduras, es posible detectar prejuicios culturales y falta de preparación de los
jueces (aún cuando la inmensa mayoría de estos son mujeres) en el momento de
analizar y resolver conflictos que involucran a la mujer trabajadora. Como mínimo,
los jueces consideran que su deber es tratar a los trabajadores de la misma
manera, cuando la realidad ha puesto a la mujer en una clara situación de
desventaja.
Este problema apunta a la necesidad de establecer mecanismos de
transformación en los juzgados, pero también de la necesidad de revisar los
marcos legales y de establecer una agresiva política de sensibilización nacional en
el tema de la discriminación de la mujer.
En la actualidad, en Honduras no hay un problema en lo que toca a la
participación de la mujer en el órgano judicial, ya que las mujeres ocupan un
porcentaje total del 35.8 de entre los juzgadores del país, como se puede apreciar
en la tabla siguiente:
Poder Judicial de Honduras
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125
Jueces por Género (1) Mujeres % Hombres Total
Civil* 16 53.3333 14 30
Penal 23 52.2727 21 44
Familiar** 14 93.3333 1 15
Trabajo 13 72.2222 5 18
Niñez y Juventud 8 61.5385 5 13
Mixtos 34 32.381 71 105
Otros*** 3 30 7 10
Magistrados 6 40 9 15
Jueces de Paz 93 27.7612 242 335
Total 210 35.8974 375 585(1) Datos suministrados por CEDIJ. CSJ. 2005
* incluye Civil no Contencioso y mercantil
** incluye violencia doméstica
*** incluye inquilinato y lo Contencioso
Administrativo
Como se puede observar, con la excepción de los jueces de paz, que ocupan un
57% de total de juzgadores por su número, las mujeres son predominantes entre
los jueces del Poder Judicial hondureño. En el caso de los magistrados de la Corte
Suprema aún cuando las mujeres ocupan un 40% del total de sus miembros, en la
actualidad la Presidencia recae en la abogada Vilma Cecilia Morales Montalbán.
Un aspecto que llama especialmente la atención es que, a pesar de que existen
problemas importantes relacionados con la desigualdad y la discriminación hacia
la mujer, no hay sensibilidad social respecto al tema. De ahí que han sido los
órganos de asistencia internacionales los que han enfatizado este tema. Una
mirada a la encuesta realizada a la población hondureña “Voces de los Grupos
vulnerables para el Acceso de la Justicia en Honduras”, realizada a instancias de
la Corte Suprema en enero de 2005, confirman este problema:
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126
Las Leyes y la Discriminación a la Mujer en Honduras
1
2
3
4Total
Jóvenes
Índigenas
Pymes
Afrodescendientes
Est. BajoHombres
Mujeres
Primaria
Secundaria
Superior
Mujer igual der. que hombre
Leyes Honduras favorecenmujer
Fuente: Anexo cuadro promedio 4a) Indice: 4 = muy de acuerdo, 1= nada de acuerdo
2.4.3 La justicia y los grupos indígenas
La población indígena se ha caracterizado por ser uno de los principales grupos
marginados en la sociedad hondureña, si bien en número son reducidos.
Independientemente del grupo social del que se trate, existe una conciencia
generalizada entre las personas entrevistadas del mal trato que reciben los
indígenas.
Un aspecto que resalta en el tema de la población indígena y los servicios de
justicia, es la necesidad de hacer llegar mecanismos que faciliten el conocimiento
y la comprensión de las leyes en los dialectos y lenguas que estos grupos utilizan.
No obstante los esfuerzos no se han dirigido a mejorar esta situación.
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127
Los datos que la encuesta realizada a grupos vulnerables demuestra, es que la
mayor parte de la población piensa que mejorar el acceso de los grupos indígenas
a la justicia, por un elemento tan elemental como es el de la traducción a su
dialecto no influiría en un mejor cumplimiento de parte de este grupo.
El Idioma de las Leyes según y la Discriminación a Indígenas
Fuente: Anexo cuadros 68.
71
Frases TotalGrupo
Joven Indígena Pymes Afrodescendiente
20 16 22
75 69
22 11 18
Da lo mismo como están escritas las leyes 69 69
21
67 80
Tendrían mejor trato con leyes en su lengua
Est. Bajo Mujeres
8Trato justo con leyes en español 8 6 6 610 7
2.4.4 Medios alternativos para la solución de conflictos
La eficacia de las instituciones judiciales y del orden jurídico en general, es un
problema muy grave que directamente impacta la estabilidad social y el
desarrollo económico. De ahí que Honduras, como muchas otras naciones de
América latina, lleva a cabo sus esfuerzos de modernización legislativa y judicial
con la preocupación de volver eficaces sus instituciones y que la conducta social
verdaderamente se ajuste a lo que las leyes establecen. Por lo que toca
específicamente a las instituciones jurisdiccionales, es una preocupación
prioritaria el convertir a las instituciones que administran justicia en órganos
accesibles y que trabajen de manera eficaz.
Una mirada simple a la realidad Hondureña nos revela que la sociedad no ve a
las instituciones judiciales como los únicos mecanismos para resolver sus
conflictos, ni siquiera que confía en ellos para tal efecto.
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128
Por lo que toca a la forma de resolver sus conflictos, la encuesta encargada por
la Corte Suprema para ver el acceso a la justicia de grupos vulnerables revela la
siguiente información.
Medios para resolver conflictos: Vía jurisdiccional o externa
Total/n=1614
Jóvenes/n=252
Mujeres/n=804
Afrodesc./n=146
Estrato bajo/n=496
Pymes/n=220
Indígenas/n=130
Grupo
20
30
50
60
70
80
Porc
ent a
jes
40
Los tribunales de justicia 54 62 55 54 51 46 42Fuera d 41 32 39 42 41 50 47e tribunales
de justicia
Del total de 1,614 entrevistados un total de 54% opinó que el mecanismo ideal
para resolver conflictos son los órganos jurisdiccionales y un 41% de los
entrevistados (el resto no contestó), opinó que los medios adecuados para
resolver los conflictos se encuentran fuera de los tribunales. Si bien el resultado
es muy delicado, es especiosamente grave en lo que ataña al grupo indígena de
los entrevistados, ya que ahí una mayoría, un 47% opinó a favor de los medios
distintos a los tribunales, lo que claramente apunta a su falta de acceso a los
órganos judiciales.
Por lo que respecta a la confianza en las instituciones judiciales, la misma
encuesta muestra los datos siguientes.
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129
Confianza en la justicia impartida por tribunales AfrodescendientesEst. BajosMujeresHombres
Fuente: Anexo cuadro promedio 2a) Indice: 5 = siempre, 1= nunca
Esta información significa que el esfuerzo de ampliar y mejorar los canales para
mejorar el servicio de justicia, tiene que complementarse con instituciones dentro
y fuera del espectro judicial que también estén abocados a la resolución rápida y
confiable de aquellos conflictos que por su tipo o complejidad no ameriten iniciar
un procedimiento formal.
En este sentido, Honduras cuenta, desde 2001 (aunque su publicación fue en
diciembre de 2000),con una Ley de Conciliación y Arbitraje que entre otras
medidas establece la creación de oficinas de conciliación en las cámaras de
comercio para atender la problemática en materia mercantil. No obstante, los
alcances de esta legislación en otras materias son todavía limitados.
Como se ha mencionado esto se ha agravado por la lenta capacitación de los
jueces y funcionarios que deben de llevar a la práctica este tipo de actividad.
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130
En cuanto a la presencia de mecanismos alternos en el Poder Judicial la
situación actual se muestra muy diversa. En la materia laboral la conciliación se
emplea con relativa frecuencia. En materia penal, la nueva legislación procesal
contempla la conciliación y todavía es demasiado pronto para conocer sus
efectos.
En los juicios civiles el uso de mecanismos como la conciliación y la mediación
es muy limitado. A pesar de que la legislación procesal civil contempla la
posibilidad de conciliar las controversias, la figura se encuentra prácticamente en
desuso. Se considera que el uso de la conciliación es limitado principalmente
porque se presentan complicaciones para asistir a las partes en estos procesos
facilitando la búsqueda de una solución. Asimismo, los funcionarios
jurisdiccionales suelen mostrarse muy escépticos respecto de los alcances de
los mecanismos alternos, en particular en controversias sobre menores. Se
reconoce la necesidad de más capacitación para los funcionarios judiciales
encargados de estas labores.
La utilización de mecanismos alternativos fuera del espacio judicial (es decir,
auténticamente alternativos a las instituciones judiciales) no es algo totalmente
ajeno a las prácticas del país. Es frecuente, como muestra el estudio elaborado
por el Instituto del Banco Mundial antes citado, que en las prácticas comerciales
y empresariales se suelen intentar resolver las divergencias y conflictos a través
de la negociación con las contrapartes con y sin abogado, tal y como muestra la
gráfica siguiente.
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131
Finalmente, cabe mencionar que existe un anteproyecto para enlazar a los
juzgados, especialmente los de paz, con los funcionarios municipales que tienen
también la responsabilidad de llevar a cabo ciertas funciones de conciliación
para los conflictos vecinales y comunitarios de sus circunscripciones
municipales. Es claramente el espacio de estos juzgados de paz, donde la
conciliación es más atractiva, siempre y cuando se logré llevar a cabo de una
manera eficiente con la capacitación adecuada.
2.4.5 Transparencia en la gestión
El Estado de Honduras ha asumido como política la promoción e implementación
de la transparencia en la gestión pública en respuesta a los fuertes problemas de
confianza pública y corrupción en la gestión gubernamental.
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos
Atlántico
Este
Oeste
Sur
Centro
Norte
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% % de los mecanismos a usados
Otros
Por medio de un abogado privado para negociar el
Por medio de la negociación directa con la contraparte
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132
Entre las acciones implementadas, destaca la creación del Consejo Nacional
Anticorrupción que impulsa diversas iniciativas en el ámbito público y privado.
Esta labor ha contribuido a generar un ambiente propicio para la apertura y la
transparencia en las instituciones públicas.
El Poder Judicial enfrenta un reto trascendental en materia de transparencia,
generación de información y comunicación social. La situación del Poder Judicial
revela dificultades para la generación y difusión de información institucional. Mas
aún, tal y como sucede en la mayoría de países latinoamericanos, existen
dificultades para conocer la forma en la que los jueces realizan su labor y, en
general, sobre el papel del Poder Judicial en la sociedad. Una nota en el
periódico El Heraldo de Tegucigalpa contribuye ejemplifica el distanciamiento
existente. La nota se titula “Sospechoso. Poder Judicial anula Ley Seca” y se
refiere a una suspensión provisional otorgada por un juez a favor de una
cervecería. Con ello queda sin efecto la orden de suspender la venta de bebidas
alcohólicas durante la semana santa. En la nota se trata de responsabilizar al
Poder Judicial por intervenir con una decisión que beneficia a la colectividad y se
indica que el municipio estudia la posibilidad de denunciar al juez por la posible
existencia de corrupción.9 Dicha nota muestra una imagen de un Poder Judicial
con una menoscabada legitimidad.
Para corregir esta situación el Poder Judicial ha planteado imprimir mayor
transparencia en la gestión pública judicial y administrativa por medio del
establecimiento de mecanismos que permitan un mayor acceso de la sociedad a
los actos, procedimientos y actuaciones de los funcionarios y empleados del
Poder Judicial y la implementación del rendimiento de cuentas en la ejecución de
los planes y presupuestos de cada una de las unidades para cuyo efecto se
pretenden diseñar e implementar diversos mecanismos, sistemas y
procedimientos. Un ejemplo de esta nueva corriente se puede ilustrar con la
publicación en el Diario El Heraldo de Tegucigalpa de una nota sobre la
9 El Heraldo del 19 de marzo de 2005, página 6.
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133
suspensión de un juez por problemas administrativos en su unidad
jurisdiccional.10
Hasta el momento, las diversas áreas del Poder Judicial se encuentran
trabajando en el diseño de sus políticas de transparencia. Los principales
avances en la materia se presentan en los programas de seguimiento en la
ejecución de los planes y en la divulgación de información judicial a través de
Internet y de la gaceta. En el primer caso, el contenido de la página permite
conocer con mayor precisión los alcances del esfuerzo por transparentar y
proporcionar información institucional. Sin embargo, una gran parte del contenido
de la página todavía se encuentra en fase de construcción. En consecuencia,
parece necesario revisar la política de comunicación social y de acceso a la
información a través de Internet y establecer un programa para la ejecución de
dicho proyecto.
En el segundo caso, la Gaceta Judicial muestra ser un instrumento adecuado
para la difusión de información jurisprudencial. La Gaceta contiene las
sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales superiores del Poder
Judicial que ellos mismos consideran más relevantes. Esta publicación puede
tener un impacto muy favorable sobre el proceso de construcción de seguridad
jurídica. Sin embargo, cabe preguntarse por los medios para su distribución. La
utilidad de este tipo de herramientas radica en el éxito de su distribución entre
los usuarios de la justicia.
Desde una perspectiva jurisdiccional, los avances en materia de transparencia
se presentan con más claridad en el proceso penal.
Lo anterior es consecuencia de los cambios introducidos con motivo de la
reforma al proceso penal. Si bien, todavía es posible hacer muchos ajustes al
modelo imperante, debe reconocerse que el panorama es más positivo.
10 Ver El Heraldo del 17 de marzo de 2005, página 2.
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134
La situación es distinta en otras materias. En estos casos resulta conveniente
reducir los índices de opacidad existentes.
Por lo que respecta a la percepción de la población sobre la corrupción en el
Poder Judicial, la información empírica disponible indica que los usuarios del
sistema y la población en general tienen poca confianza en el Poder Judicial. 11
Por otro lado, cuando se pregunta a los encuestados sobre sus niveles de
confianza hacia el Poder Judicial las respuestas tienden ha mostrar niveles bajos
de confianza. La encuesta “Voces de los Grupos Vulnerables para el Acceso de
la Justicia en Honduras” reveló que el nivel de confianza de la población es bajo
en relación con las distintas instancias jurisdiccionales del Poder Judicial.12
Algunos de los resultados se presentan a continuación:
11 Un estudio sobre gobernabilidad y corrupción en Honduras, reveló que de acuerdo con la percepción pública, el Poder Judicial es una de las instituciones con más problemas de corrupción. Ver World Bank Institute. Governance and Anti-Corruption in Honduras: An input for action planning, January 9, 2002. Otro trabajo sobre el tema es el elaborado por Seligson, Mitchell. Gobernabilidad y transparencia en Honduras después del Huracán Mitch: Un estudio de opinión ciudadana, Universidad de Pittsburg-Casals & Associates, 2001. Se puede consultar en: www.probidad.org/almacen/2001/honduras.pdf 12 Consultoría Interdisciplinaria en desarrollo, S.A. Voces de los grupos vulnerables para el acceso de la justicia en Honduras, Corte Suprema de Justicia-Banco Mundial, Honduras, diciembre de 2004.
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135
Confianza en el Sistema Judicial
1
2
3
4Total
Jóvenes
Indígenas
Pymes
Afrodescendientes
Est. BajosMujeres
Hombres
Primaria
Secundaria
Superior
Índice
Fuente: Cuadro promedio 2.2a) Indice: 4 = Muy honesto, 1= nada
Como puede apreciarse, la baja confianza en el sistema de justicia es una clara
manifestación de los problemas existentes en cuanto a la existencia de leyes
inadecuadas (deficientes y desactualizadas), altos niveles de corrupción, ineficacia
de las instituciones y, de manera muy importantes, la existencia de barreras
culturales, físicas y económicas, principalmente, a los servicios que provee el
Estado, en particular los relacionados con la justicia.
Por lo que toca a la existencia de leyes inadecuadas, la información que se
muestra a continuación de la encuesta elaborada por petición de la Corte
Suprema revela la siguiente información:
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136
Conocimiento de las Leyes
Mujeres golpeadas 70 33 65 33 59 37 70 30 66 29 64 32 69 33Derechos de las mujeres 54 26 48 23 59 32 59 27 43 22 52 25 54 26Niños sin educción y alimentación 43 21 36 20 39 20 48 25 37 21 40 21 43 23Empleados despedidos 39 16 26 11 28 13 48 20 32 15 33 14 34 14Víctimas de robos 34 12 29 11 42 18 33 9 19 8 32 12 30 10Consumidores no reciben producto 27 10 15 6 21 7 42 15 14 6 17 7 23 8Derechos de personas acusadas d 26 10 25 10 31 12 30 9 15 8 24 10 24 8Derechos y deberes de hondureño 26 8 23 8 33 11 27 7 15 5 24 9 23 7
Fuente: Anexo cuadros estadísticos 34 - 41
% Dice hay info.
Mujeres%
Conoce ley
% Dice hay info.
Est. Bajo%
Conoce ley
% Dice hay info.
% Conoce
ley
% Dice hay info.
% Conoce
ley
% Dice hay info.
% Conoce
ley
% Dice hay info.
% Dice hay info.
% Conoce
ley
% Conoce
ley
Total Indígena Pymes AfrodescendientJovenLeyes
Grupo
El cuadro indica que en general la mayoría de la población no tiene conocimiento
de la legislación específica, ni siquiera en aquellos temas que más les puede
preocupar, por tratarse de asuntos que les afectan.
De acuerdo con un estudio preparado por el Instituto del Banco Mundial en
coordinación con el Consejo Nacional Anti-corrupción, sobre gobernabilidad y
corrupción13, la corrupción es vista como el principal problema existente en el
país desde la perspectiva de los empresarios, así como el tercero, después del
crimen y el costo de la vida, para los usuarios y funcionarios públicos. Ahora
bien, tratándose sin embargo del Poder Judicial, aunque el problema existe, es
menor a otros campos de la vida social.
13 Intitulado “Escuchando las voces de los funcionarios públicos, firmas y usuarios servicios públicos”, cuyo primera versión fue de enero de 2002.
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137
Como puede verse, la corrupción del Poder Judicial es un problema, pero no el
más grave desde el punto de vista de los empresarios y de la sociedad en su
conjunto. De acuerdo con la gráfica, los usuarios no encontraron que el Poder
Judicial fuera el poder mas corrupto (sólo lo considero un 40% de los
entrevistados) y por lo que toca a los empresarios, estos opinaron de manera
creciente, ya que un 62% opinó en sentido positivo.
Ahora bien, a pesar de los hallazgos encontrados, existe un contraste
interesante entre estos datos y las percepciones ciudadanas, como se muestra a
continuación:
Percepción del Poder Judicial
(Basado en el punto de vista de los usuarios y las Empresas)
El Poder Judicial es un Poder completamente dependiente del Poder Ejecutivo
El Poder Judicial es injusto
El sistema judicial es manipulado por la presión económica
El Poder Judicial no inspira confianza
El Poder Judicial es el mas corrupto de todos los Poderes en Honduras
El sistema Judicial no ayuda a resolver los conflictos*
Usuario Empresas % de encuestados de acuerdo
* La pregunta fue contestada solo por las empresas
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138
En realidad la información contenida en las anteriores gráficas indica que poca
gente conoce de manera directa o ha estado en contacto con gente que haya
tenido alguna experiencia relacionada con el soborno en el interior del Poder
Judicial.
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139
De lo expuesto en el presente apartado se desprende que existe un importante
distanciamiento entre el Poder Judicial y la sociedad. Si bien las cifras sobre la
existencia de sobornos en las unidades jurisdiccionales no es especialmente
alta, debe reconocerse que la presencia misma de ciudadanos en las unidades
jurisdiccionales tampoco lo es, por lo que una política de acercamiento y
participación ciudadana daría muy buenos resultados y generaría mayor
confianza en la institución.
En cuanto a la confianza pública, los datos reflejan una ciudadanía poco
informada sobre el papel que realiza el Poder Judicial y que desconfía de dicha
institución. El escenario actual plantea importantes desafíos para las políticas de
transparencia y acceso a la justicia del Poder Judicial.
2.5 Análisis de la problemática del Poder Judicial para su modernización
2.5.1 Problemas y Desafíos:
El conjunto de problemas existentes en el Poder Judicial son derivados del análisis
hecho de la institución, así como de las opiniones de los usuarios en el estudio
realizado por el Instituto del Banco Mundial en cooperación con el Consejo
Nacional Anti-corrupción, donde se les pregunto a los empresarios y a usuarios en
general respecto a los principales problemas que constituían factores de
obstaculización para la adecuada administración de justicia.
En ese sentido conviene destacar primero la manera en que se representan estas
opiniones en la gráfica siguiente:
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140
Mientras que para los empresarios los principales problemas que enfrenta el
Poder Judicial son el tiempo de duración de los procesos (67%), la complejidad de
las leyes (63%), o bien la credibilidad de los jueces (59%) y dificultades procesales
(57%), para los usuarios en general, los factores de obstaculización son el tiempo
de duración (75%), las dificultades para seguir con el proceso (70%), la
complejidad de las leyes (68%), y la credibilidad de los jueces (65%).
A estos problemas siguen aquellos de dificultades para una adecuada
representación legal, la incompetencia de los jueces y la corrupción (costos del
soborno).
Acceso a la adecuada representación
Incompetencia por parte de los jueces
Costo del Soborno
Factores que obstaculizan la Justicia
(Basado en el punto de vista de los usuarios y las Empresas)
Credibilidad de los Jueces
Complejidad de la Leyes
Tiempo de duración de los procesos
Usuario Empresas
Dificultades para seguir a través del proceso
% de encuestados de acuerdo
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141
Una vez identificado este primer conjunto de factores, es necesario agregar
aquellos problemas detectados en la gráfica presentada en materia de
transparencia y corrupción los cuales son la falta de independencia, su
incapacidad para resolver posconflictos que se le presentan o aquellos existentes
en la sociedad, la corrupción y la falta de confianza en su trabajo.
Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, es desde la perspectiva de los
usuarios en donde se plasman todos estos problemas.
De la misma manera las diferentes problemática detectadas a lo largo del
diagnóstico que quedan clasificadas de acuerdo con el área que afectan así como
el tipo de problema del que se trata.
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Tipo de Problemas
Áreas Político-Judiciales Administrativos Jurisdiccionales
(Servicios Judiciales) Usuarios
Relaciones Interinstitucionales
Estructura/ Organización
• Inexistencia de
sistemas de evaluación al
desempeño
• Necesidad de
acondicionamiento de la
infra-estructura física
• Falta de
mecanismos de supervisión
de la cobertura judicial
regional
• Formulación de
políticas de género tanto
para el funcionamiento de la
institución como para la
atención de este tipo de
conflictos en materia
familiar, laboral y penal,
principalmente.
Diseño de estrategias para
la ampliación y
fortalecimiento de sistemas
de oralidad en la materia
penal y en otros ámbitos.
• Inexistencia del Consejo de
la Judicatura
• Fortalecimiento de la
Escuela Judicial
• Falta de establecimiento de
ingeniería de procesos con la finalidad
de mejoramiento y simplificación de
trámites
• Fortalecimiento del sistema
de denuncias, quejas e investigación
a funcionarios y personal de la
institución.
• Mejoramiento de la
funciones notariales incluyendo
mecanismos de auditoría y control
• Falta de niveles de
productividad adecuados en todos los
niveles que producen un desequilibrio
entre oferta y demanda
• Necesidad de re-diseñar los
juzgados de paz, a efecto de que se
conviertan es estructuras mas
eficientes
• Falta de un auténtico y
eficaz sistema de medios alternativos
• Necesidad de
acondicionamiento de la infra-
estructura física y equipamiento de
juzgados rurales
• Ampliación de la cobertura
de la Defensoría Pública
• Leyes demasiado
complejas
• Dificultades para una
adecuada representación
• Falta de independencia
• Falta de mejoramiento de
inmuebles para servicios
• Falta de
mecanismos de coordinación
con otras instituciones en
materia no penal, como civil,
familiar, laboral, etc.
• Falta de
mecanismos de coordinación
con municipios en materia de
mediación y conciliación
• Falta de
mecanismos de coordinación
con universidades nacional e
internacionales
• Falta de
mecanismos permanentes de
trabajo con el Poder
Legislativo a efecto de llevar a
cabo análisis y discusiones
sobre temas legales de interés
común
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142
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143
Recursos Humanos
• • Falta de capacitación
formación del personal administrativo
• Falta de definición de los
perfiles de puestos idóneos
• Falta de programas de
capacitación
• Falta de credibilidad de
los jueces
• Incompetencia de los
jueces
• Corrupción
• Falta de traductores a
lenguas y dialectos indígenas
• Falta de
coordinación para la
organización y realización de
eventos de difusión conjuntos
así como de cursos de
capacitación y formación
Procesos y Tecnología
• Falta de
información estadística para
planeación y evaluación
• Desarrollo de
sistemas de gestión y de
apoyo a tareas de gobierno
• Falta de información
estadística para procesos de
planeación y optimización de recursos
• Perfeccionamiento de
sistemas informáticos de apoyo
administrativo
• Rediseño de procesos
administrativos que reduzcan costos y
optimicen estructura existente
• Falta de información
estadística para mejoramiento del
desempeño
• Desarrollo de sistemas de
gestión
• Excesiva duración de
procesos
• Complejidad procesal
• Falta de información al
usuario
• Creación de redes
(e-web) de colaboración
informativa con diferentes
instituciones nacionales e
internacionales
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144
2.5.2 Fortalezas: De conformidad con los talleres de planificación estratégica que organizó el
Poder Judicial con la asistencia del Banco Mundial, a efecto de elaborar este Plan
de Modernización, los distintos miembros participantes de áreas judiciales y
administrativas detectaron las siguientes fortalezas de la institución:
1. Se cuenta con personal técnico capacitado en planeamiento estratégico
para facilitar la implementación de las reformas.
2. Existe un Plan Estratégico Plurianual (2003 – 2008) como base para
orientar la ejecución de las reformas en general.
3. Existe compromiso por parte de las autoridades para impulsar acciones de
reforma judicial y administrativa.
4. Se cuenta con personal jurisdiccional y administrativo joven, con mayores
posibilidades de adaptarse e impulsar las reformas.
5. Se cuenta con una generación de jóvenes líderes con formación profesional
actualizada.
6. El Poder Judicial tiene cobertura jurisdiccional en todos los municipios del
país.
7. Se cuenta con fuentes propias de financiamiento adicionales al presupuesto
ordinario (tasa por servicios regístrales entre otras).
8. Se cuenta con políticas tecnológicas claras y acciones de modernización de
la tecnología.
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145
9. Se cuenta con una plataforma de sistemas como base para impulsar el
desarrollo de nuevas aplicaciones.
10. En el tema de Infotecnología se cuenta con una estructura organizacional
con capacidades para brindar soporte técnico eficiente para el desarrollo
tecnológico.
11. Se cuenta con modelos conceptuales de organización, funcionamiento y
gestión de los despachos judiciales con visión de servicio de calidad al
usuario.
12. Existen propuestas organizacionales y de funcionamiento para la
implementación de diversas acciones de reforma.
13. Se cuenta con mecanismos funcionales de coordinación interinstitucional
(Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, Comisiones Regionales,
Equipos Técnicos Multidisciplinarios y Unidades Técnicas de Reforma)
14. Se cuenta con edificaciones judiciales nuevas en las ciudades más
importantes del país.
15. Se cuenta con planes para el desarrollo de la formación y capacitación en el
servicio.
16. Se tienen en proceso de revisión y validación diversos proyectos de ley
para impulsar la reforma y modernización de los servicios de justicia (Ley
del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, Ley Orgánica, Código
Procesal Civil, entre otras).
17. El Poder Judicial mantiene el liderazgo en cuanto a la promoción y
ejecución de iniciativas de reforma del sistema de justicia.
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146
2.5.3 Debilidades:
De la misma manera, los participantes del Poder Judicial en los talleres de
planificación estratégica, encontraron las siguientes debilidades de la
institución:
1. El Mobiliario y equipo existente es, en su mayoría, obsoleto en la mayor
parte de juzgados del interior del país.
2. Un alto número de edificaciones judiciales son rentadas y no reúnen las
condiciones idóneas para prestar servicios de justicia.
3. Los procedimientos administrativos se basan en modelos tradicionales de
gestión y no han sido objeto de rediseño o actualización; no se cuenta con
procedimientos escritos.
4. Con excepción de la materia penal no se cuenta con perfiles de puestos
actualizados y acordes a los requerimientos actuales de los servicios.
5. La distribución de la competencia territorial y por materias no responde a
estudios actualizados sobre las necesidades del servicio.
6. La mayor parte de los juzgados no cuenta con sistemas de gestión
eficientes y modernos.
7. Un porcentaje significativo de jueces de paz no son profesionales del
Derecho.
8. La capacitación no cubre la totalidad de las necesidades, ni ofrece
alternativas accesibles y modernas. No existe un programa sistemático de
capacitación del personal administrativo.
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147
9. No se cuenta con un sistema integral de atención a los usuarios.
10. La Defensoría Pública atiende únicamente la materia penal manteniendo
sin cobertura otros ámbitos que le señala la ley, como la defensa de los
pobres.
11. No se cuenta con suficientes medios o fondos para facilitar el transporte
necesario para realizar diligencias judiciales.
12. La mayor parte de los procedimientos siguen siendo escritos, y, en los
procedimientos con oralidad, (excepto la materia penal) se ha observado
una continua tendencia a la escrituración.
13. No se cuenta con una estrategia comunicacional integral, completa ni con
infraestructura de soporte moderna para implementarla.
14. Existe una percepción social negativa de la probidad de los servidores
judiciales.
2.5.4 Amenazas externas:
1. La ineficacia de algunas leyes o procedimientos puede generar inseguridad
jurídica e inestabilidad social.
2. La falta de preparación en el conocimiento de delitos no convencionales
puede propiciar su multiplicación coincidiendo con la apertura comercial que
generarán los tratados de libre comercio.
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148
3. La inadecuación de la legislación a la problemática mundial de terrorismo,
criminalidad financiera y cibernética puede crear condiciones para el refugio
de criminales buscados en el ámbito internacional.
4. La aplicación inadecuada de algunas leyes o procedimientos puede
propiciar la aprobación de reformas que desnaturalicen el nuevo sistema
procesal penal.
5. La excesiva judicialización inclusive de asuntos no contenciosos puede
agravar la carga procesal de los juzgados.
6. La inexistencia de una adecuada auditoría de la función notarial puede, con
ocasión de la apertura comercial, incrementar la inseguridad jurídica en los
actos notariales y de comercio.
7. El continuo deterioro de las condiciones socioeconómicas de los habitantes
podría restringir aún más el acceso a los servicios de justicia.
2.5.5 Oportunidades:
1. La reforma a la Constitución de la República en cuanto a las normas que
regulan la organización del Poder Judicial le permite a la Corte Suprema de
Justicia una mayor flexibilidad en la organización de los servicios judiciales.
2. Actualmente se recibe asistencia técnica y cooperación de diversos
organismos internacionales (AECI, BID, USAID, BM, entre otras) para la
ejecución de acciones de reforma y modernización.
3. Se cuenta con ofertas de asistencia técnica financiera y logística de
organismos cooperantes para impulsar las reformas.
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149
4. El éxito obtenido en la implementación de la reforma penal, ha creado
condiciones propicias para ampliar la reforma a las demás materias.
5. Se ha firmado un convenio para el respeto a la independencia entre los
poderes del Estado.
6. Se ha iniciado la contratación de una firma para la evaluación de todo el
personal jurisdiccional.
7. Se ha logrado apertura a nivel del Congreso Nacional para la aprobación de
los nuevos proyectos de ley.
8. Existe apertura y un creciente nivel de participación de la sociedad en
asuntos de justicia.
9. La aprobación de una nueva reglamentación para la devolución o
declaratoria de abandono de vehículos permitirá dotar de unidades de
transporte a los órganos de justicia, entre ellos el Poder Judicial.
2.6 Conclusiones
2.6.1 Desequilibrio entre demanda y oferta institucional
El Poder Judicial de Honduras enfrenta diversos problemas en materia de la
demanda existente y la oferta de servicios de administración de justicia. Si bien, al
igual que muchos otros poderes judiciales de la región, se afronta un creciente
aumento de la demanda, debe reconocerse que no existen suficientes recursos
para mantener una política permanente de ampliación de la cobertura de servicios.
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150
Este problema es aún mayor cuando se analiza la capacidad instalada en la
cobertura ya existente puesto que, como se ha analizado a lo largo de este
trabajo, la productividad existente en las diversas unidades jurisdiccionales es, en
términos generales, muy baja. En buena medida es necesario establecer con
mayor claridad políticas que permitan informar los procesos de toma de decisión
para la definición de la oferta de servicios judiciales y en su caso para informar de
los espacios que requieren atención y mejoría urgente. Asimismo, es necesario
explorar la posibilidad de diversificar la oferta de servicios existente favoreciendo
la implementación de servicios alternativos como la conciliación y la mediación.
Como es posible advertir, son los juzgados de letras las instancias que atienden el
mayor número de asuntos que ingresan al Poder Judicial
Tipo de instancia Casos ingresados Porcentaje
Juzgados de Paz 12.143.00 17.0%
Juzgados de Letras 49.070.00 70.0%
Cortes de Apelación 5.758.00 8.0%
Salas de la Corte Suprema 3262.00 5.0%
Total Casos ingresados 2004 70.233.00 100.0%
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151
Estos Juzgados de letras, sin embargo, cuando se descomponen los números
tienen un productividad también muy baja. Sólo los de materia penal se
encuentran por arriba del 15% en lo que atañe a su productividad frente al total de
asuntos de que llega a la institución. La relación de números de casos resueltos
en 2004 en los Juzgados de Letras con el número de jueces indica que cada juez
resuelve 54 casos al año, mientras que los jueces penales resuelven cada uno 70
casos al año
Total General de Casos Resueltos Juzgados de Letras
Año Casos resueltos N de Jueces N de casos x Juez
2003 12,122 235 51
2004 12,868 235 54
Total de Casos Ingresados 70,233 casos
17%
70%
8% 5%
100%
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152
Casos Penales
Año Casos resueltos N de Jueces N de casos x Juez
2003 1,823 44 41
2004 3,109 44 70
Casos Civiles, Laboral, Familia, otros.
Año Casos Resueltos N de Jueces N de casos x Juez
2003 10,299 191 54
2004 9,759 191 51
No existe una variación significativa en la productividad de los Juzgados de Letras
en el lapso de los años 2003 al 2004, prácticamente se mantiene el mismo nivel,
en cambio si hay un aumento importante, mas del 80%, en la materia penal,
motivado por el cambio del Código de Procesamiento Penal.
Juzgado de Letras
Casos ingresados
% del total de casos de juzgados
% de total de casos del P.J.
Civil* 12,496 .00 25,5 % 17,8 %
Penal** 11,305 00 23 % 16 %
Familia*** 19,040 .00 38,8 % 27 %
Laboral 2,116 .00 4,3 % 3 %
Niñez y adolescencia 3273.00 6,6 % 4,6 %
Inquilinato y contencioso 840 .00 1,7 % 1,1 %
Total 49,070 .00 100.0%
Total de ingresos del PJ 2004
70,233 .00 75.2%
* Incluye casos Civil no contencioso.
** Incluye casos de tribunales de sentencia.
*** Incluye casos de violencia doméstica
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153
Un vistazo a las Cortes de Apelación muestra que este problema es bastante
grave, puesto que, en primer lugar, es un número muy reducido de causas que
llegan a esta instancia, tan solo el 8%, cuando en promedio debe de tratarse de
cifras alrededor del 50%.
Esto revela que el país tiene serios problemas de acceso de la gente a servicios
legales que vayan mas allá de las denuncias de primera instancia, es decir de
acceso a servicios legales un poco más sofisticados como los que se requieren
para impugnar ante una Corte de Apelación.
Corte de Apelación
Casos ingresados
% del total de casos de apelación
% de total de casos del P.J.
Penal 2,105 .00 36,5 .0% 2,9 %
Civil 2208.00 38,3 % 3.1%
Contencioso
Administrativo 272.00 4,7 % 0.4%
Laboral 1173.00 20,3 % 1,6 %
Total 5,758 .00 100.0%
Total de ingresos del PJ 2004 70,233 .00 6.8%
El bajo número de asuntos que llega a la Corte Suprema no debe sorprender, ya
que en general, por tratarse de la instancia a cargo de los procesos mas delicados
y complejos, como son los amparos y recursos, pocos son los casos que acaban
siendo revisados en este nivel.
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154
Salas de la CSJ Casos
ingresados
% del total de casos de
la CSJ
% de total de casos del P.J.
Penal 1295.00 39.7% 1.8%
Civil 559.00 17.1% 0.8%
Contencioso
Administrativo 750.00 23.0% 1.1%
Laboral 658.00 20.2% 0.9%
Total 3262.00 100.0%
Total de ingresos del PJ 2004 70,233 .00 4.6%
A continuación, se hace una descripción de los factores relacionados con la
demanda institucional.
La legislación nacional conserva aun una alta propensión a la judicialización de los
procedimientos no contenciosos. Esta situación hace que se incremente
innecesariamente la carga procesal de los jueces, afectando su eficacia y
eficiencia.
En este sentido el Poder judicial tiene previsto realizar una revisión amplia y
completa del marco jurídico que contiene las atribuciones de los jueces para
formular proyectos de reforma dirigidos a desjudicializar los procedimientos no
contenciosos, para permitir a los funcionarios judiciales concentrarse en los casos
de mayor relevancia. Un primer paso es la revisión y aprobación del nuevo Código
de Procedimientos Civiles del país, el cual busca simplificar los procedimientos e
introducir figuras que, en este sentido, aligeren la carga que llega a ser tratada en
los tribunales.
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155
Un segundo problema es el relacionado con el capital humano. Las bajas tasas de
productividad encontradas en las distintas instancias, sin duda muestran la
existencia de sistemas de gestión deficientes, de leyes que entorpecen el
desarrollo de los procesos, así como de falta de estructura física, tecnológica y
humana de apoyo a la labor, pero lo que también es un hecho es que los niveles
de demandas existentes, en un plano comparativo, no son críticos, de hecho son
también bastante bajos.
El Poder Judicial Hondureño ha iniciado acciones relacionados con mejorar la
capacitación y formación de sus integrantes, pero es muy claro que estas acciones
son insuficientes para hacer frente a la magnitud del problema. El país requiere
contar con información precisa sobre el desempeño de sus integrantes para así
poder buscar los elementos precisos que hagan falta para mejorar los servicios
que se prestan.
El factor de información, como ya se mencionó, también es un factor que afecta la
forma de responder a la demanda. Si no hay información útil para saber cómo es
que esta trabajando la institución, difícilmente se pueden tomar las decisiones
necesarias para mejorar.
La información estadística es necesaria para fungir como guía a los esfuerzos de
reforma y modernización judicial, indicando donde se producen los problemas de
gestión y flujo o bien cuáles son y dónde se encuentran las irregularidades
procesales. También pueden servir para ampliar el acceso de grupos marginales,
tradicionalmente excluidos o bien como una herramienta fundamental para la
planeación y toma de decisiones respecto a las necesidades de cobertura y
utilización de recursos, o bien para determinar donde los mecanismos alternativos
de solución de controversias pueden resultar mas eficaces.
Para implementar este tipo de sistemas informativos, no se trata tan sólo de contar
con apoyo tecnológico-informático apropiado, sino de desarrollar las categorías de
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156
información adecuada para las múltiples necesidades de la institución, como las
anteriormente señaladas.
Un análisis somero de los mecanismos de obtención de información en Honduras
muestra que en a partir de 2002 estos fueron establecidos de manera formal con
la introducción de un sistema de manejo de información estadística, pero sus
resultados aún están por ser evaluados y mejorados. Aún la estadística es
utilizada de manera muy rudimentaria y no como guía de los procesos de
planificación y modernización de la institución. Los formatos que se solicitan a los
juzgados para ser remitidos a las oficinas centrales son complejos y presentan
inconsistencias. La información que se requiere empieza a ser más que el simple
registro de entradas y salidas de asuntos, pero en general presenta diversos
problemas. En primer lugar se trata todavía de información incompleta y que
todavía contiene errores; en segundo término la información es recabada en forma
inoportuna perdiendo en gran medida su posible utilidad; hay indicaciones de que
se presentan problemas de conteos dobles y, finalmente; inconsistencias en la
manera en que la información es clasificada y registrada.
2.6.1.1 El problema específico de los Juzgados de Paz
Los problemas de los juzgados de paz son quizá el ejemplo de los problemas
estructurales existentes en la institución. Fueron modificados a partir de una idea
muy plausible, como fue la intención de dotar de verdaderos tribunales a las
comunidades, es decir en los espacios territoriales donde estas se encuentran en
un esfuerzo por acercar la justicia a la población. Sin embargo, la reforma llevada
a cabo para fortalecer estos tribunales, no tomó en cuenta otro tipo de información
(seguramente inexistente en ese momento) como era la distribución de la
demanda, el tipo de demanda existente, la capacidad misma de los jueces de paz,
el costo que estos representan.
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157
Un primer acercamiento a la información respecto a estos juzgados muestra que
se trata de las instancias jurisdiccionales que atiende casi un 20% del total de la
demanda de justicia existente. Esta cifra ya es digna de ser analizada puesto que
se supone que con la reforma debían de ser estos los tribunales que mas casos
atrajeran, situación que no se presentó.
Porcentaje de resolución de casos
En el año 2004 el número de casos resueltos fue de 12,868 para los Juzgados de
Letras y 4,903 casos para los Juzgados de Paz, 72 % y 28 % respectivamente.
Esto demuestra una diferencia sustantiva entre las dos instancias, ya que no solo
los Juzgados de Paz atiende el 20% de los casos ingresados, además resuelve
muy pocos de ellos.
Ahora bien, estos tribunales, a pesar de atender sólo el 20% de la demanda están
constituidos por la gran mayoría de los jueces existentes en el Poder Judicial, es
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Casos resueltos
Jueces de Paz
Jueces de Letras
Casos de juzgadosde letras y de paz
2288 %%
7722 %%
110000%%
Total de casos resueltos en 2004 es de 17,771 .
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158
decir, como se puede ver en la gráfica siguiente estos jueces componen
prácticamente el 60% de todos los jueces de la institución.
Porcentaje de Jueces por instancia
Con estos dos elementos se pueden considerar, como se hace en la gráfica
siguiente la carga procesal de los distintos jueces para constatar que aún cuando
todos los juzgadores del país tienen una carga de trabajo bastante baja, los jueces
de paz, que son mayoría, y que atienden sólo el 20 % de la carga que entra al
Poder Judicial, unos 36 casos ingresados por juez, pero resuelven un total de 14
asuntos al año, lo que resulta insostenible para la institución.
Número de jueces dePazNúmero de jueces deletras
5599..8822%%
4400..1188%%
Total de Jueces 570 (335 de Paz y 235 de Letras)
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Número de Jueces y carga de trabajo individual (anual)
Los jueces de paz, ya con las deficiencias señaladas es la instancia mas costosa
para la institución como se puede observar con las dos gráficas siguiente.
0
50
100
150
200
250
300
350
Jueces de Letras Jueces de Paz
Número de Jueces
carga procesal porjuez
235 208
335
36
Total de carga procesal Juzgado de Paz 12,143 casos al año aprox. Total de carga procesal Juzgado de Letras 49,070 casos al año aprox.
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160
Porcentaje del presupuesto asignado
Porcentaje del presupuesto total
Como se observa, la situación de los jueces de paz requieren de una modificación
urgente. Es necesario analizar con cuidado la manera de utilizar esta capacidad
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
Presupuesto Asignado
Jueces de Paz
Jueces de Letras
Total del presupuestopara jueces
60%
40%
100%
Total de Presupuesto asignado para los jueces US$ 5,551,280 al año aprox.
05000000
1000000015000000200000002500000030000000350000004000000045000000
Presupuesto Asignado
Jueces de Paz
Jueces de Letras
Total del presupuestopara el Poder Judicial8% 5%
100%
Total de Presupuesto asignado para el Poder Judicial US$ 43,370,000 al año aprox.
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161
instalada para rediseñarla en mecanismos que atienden mas casos y de mejor
manera, tanto en cantidad como en calidad.
2.6.2 Independencia judicial
La independencia de los jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones es
uno de los temas de mayor preocupación a nivel de la sociedad y del sistema de
justicia. La independencia tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los
juzgadores pero se consolidad a través de numerosos mecanismos que
involucran distintas áreas y operaciones de la institución. El Poder Judicial
pretende implementar diversas acciones dirigidas a promover y consolidar la
independencia judicial entre ellas las siguientes:
Consolidación de los mecanismos de planeación y evaluación institucional
que permitan al Poder Judicial formular sus políticas institucionales y
definir sus necesidades y posibilidades de acción.
Fortalecimiento institucional en las áreas operativas, jurisdiccionales y
administrativas, en búsqueda de mayor eficiencia, eficacia, transparencia
y acceso a la justicia.
Formulación de un sistema de información integral, a partir de los
importantes pasos que ya se han dado, con la finalidad de contar con
múltiples módulos que alimenten los distintos espacios donde la
información se requiere, aquellas de gobierno, para efectos de
planeación, evaluación y control, áreas de operación administrativa, áreas
de atención al público.
Revisar, implementar e imprimir transparencia a los procedimientos de
reclutamiento, selección y nombramiento del personal del Poder Judicial.
Implementar y desarrollar las normas de la Carrera Judicial.
Consolidación de la Escuela Judicial
Implementar una reingeniería en los servicios de formación y capacitación
del personal jurisdiccional y administrativo.
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162
Diseñar e implementar un sistema moderno y objetivo de evaluación de
los recursos humanos.
Incorporar a la sociedad en la supervisión de los procesos de selección y
nombramiento del personal, entre otras.
Asimismo, es necesario aclarar que una parte fundamental de la independencia
judicial radica en la imagen del propio Poder Judicial. En ese sentido, es
fundamental que se instrumenten campañas dirigidas a la opinión pública con el
objeto de fortalecer la visión que se tiene de los jueces y su función en la
sociedad.
2.6.3 Problemas de eficiencia y eficacia
En este aspecto es necesario considerar diversas cuestiones. En primer lugar,
destaca la falta de capacidad para resolver con velocidad los juicios que se
presentan en todas las materias. Los datos existentes para juicios civiles,
familiares y laborales muestran que la mayor parte de ellos duran más de dos
años. En el caso de los procesos penales el rezago también es importante. Se
calcula que todavía se encuentran pendientes de resolución más de 70,000
causas iniciadas antes de la entrada en vigor de las reformas procesales penales.
En el caso de los procesos penales que se llevan de acuerdo con la legislación
procesal de 2002, los datos muestran que los tiempos de tramitación se han
reducido.
Luego de dos años de vigencia del proceso penal, ésta ha logrado establecerse en
la práctica de los operadores, esto es, las partes asumen la litigación oral como
modo de hacer en el ámbito penal y el desarrollo de juicios orales y públicos dan
muestra de ello. Sin embargo, no existe una conciencia judicial uniforme a este
respecto pues aún algunos juzgadores consideran que la publicidad del proceso
se encuentra limitada al juicio y no a las otras audiencias, factor que ha afectado la
transparencia plena de la oralidad.
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163
Las instituciones han mostrado capacidad de adaptación, tanto en el plano
normativo como organizacional, por ejemplo, tanto el Ministerio Público como la
Defensa Pública han adaptado sus labores a las demandas de la lógica procesal,
es decir, al cumplimiento del seguimiento de los casos y asistencia a las
audiencias programadas, mediante mecanismos de trabajo que permiten el
acoplamiento de la agenda judicial con las otras demandas del servicio.
Pese a los grandes y positivos esfuerzos realizados para implementar la reforma,
ésta enfrenta dos circunstancias que ameritan un análisis detenido:
La evidencia empírica indica que el sistema muestra una debilidad estructural para
su propia alimentación, es decir, la capacidad de procesamiento de las demandas
recibidas es baja, situación que se manifiesta principalmente en el ámbito de la
investigación criminal en donde existe un gran número de casos abiertos
acumulados tanto en sede del Ministerio Público como en la policial. En pocas
palabras, el sistema no estaría recibiendo todos los casos que podría procesar.
Un segundo factor de cuidado es la una tendencia creciente a la acumulación de
casos activos en sede judicial, la cual afecta directamente la duración de los
procesos. Al observar las estadísticas sobre casos en sede de Juzgados de Letras
en 2003 destaca que en el período se dio una gran cantidad de resoluciones a
casos correspondientes al año previo. Luego, se evidencia en la tabla, la cantidad
de casos pendientes de resolver al cierre del año, equivalente al 63.24% de la
cantidad de casos ingresados a sede judicial. Estimaciones del año 2002,
calculaban que al cierre de año habían 51.3% de casos activos en sede judicial
con relación a los casos ingresados. Estos datos nos indicarían que la tendencia a
la acumulación de casos activos, estaría creciendo, situación que afectaría el
efectivo desempeño y gestión del sistema.
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164
Estas cuestiones podrían estar indicando la necesidad de que la reforma asuma
nuevos desafíos, tales como el fortalecimiento de las labores de investigación
criminal, que debería generar un mayor caudal de insumos para el sistema. Al
mismo tiempo, deben adoptarse metodologías que faciliten o generen un
tratamiento rápido y ágil de los casos activos en sede fiscal, tales como la
evaluación temprana de estos. En sede judicial, es necesario aprovechar los
mecanismos de descongestión que la misma normativa brinda, los cuales, según
estadísticas judiciales, habrían experimentado una disminución en su aplicación
entre 2002 y 2003. Las salidas alternas aplicadas en 2003 representaron un tercio
de las aplicadas en 2002.
Pese a los problemas señalados, también el desarrollo de la reforma estaría
mejorando sus resultados en el plano de los juicios orales. Mientras que en 2002,
los porcentajes de condenas y absoluciones en juicio fueron de 28.57% y 71.43%
respectivamente. Mientras que en 2003, de acuerdo con los datos de la
observación de juicios orales, la proporción de condenas se habría incrementado
hasta un 66% sobre un 34% de absoluciones.
Los estudios también muestran que los problemas de gestión al interior de las
unidades jurisdiccionales son un factor importante para la lentitud del aparato de
administración de justicia. En particular, preocupa la falta de flexibilidad existente
para la tramitación de cualquier tipo de solicitud en los juzgados. Esta situación no
sólo mantiene ocupado al personal de los juzgados sino que también exige una
buena parte del tiempo de los jueces.
Las anteriores cuestiones contribuyen para ilustrar los problemas existentes
relativos a la falta de adecuación del marco jurídico existente para regular no sólo
la tramitación de los procesos sino también para normar la organización y el
funcionamiento del Poder Judicial.
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165
En segundo lugar, a pesar de que no existen estudios sobre la calidad de las
resoluciones judiciales hay ciertos elementos que permiten pensar que esta
cuestión constituye un problema para los usuarios del servicio del administración
de justicia. Pero el problema también afecta al propio Poder Judicial, toda vez que
las resoluciones que no resuelven efectivamente los problemas que se plantean,
mantienen activos los expedientes.
En tercer lugar, debe mencionarse que la legislación vigente contempla la
posibilidad de acudir a los tribunales para resolver una serie de cuestiones que no
tienen una naturaleza estrictamente contenciosa. Esta situación distrae muchos
recursos del Poder Judicial y sería posible resolverla desviando este tipo de
labores a otras instancias.
En cuarto lugar, destaca la problemática existente con motivo de la distribución de
competencias entre las unidades jurisdiccionales. El problema es especialmente
agudo en los juzgados de paz. Estas unidades jurisdiccionales han visto
modificada su competencia y con ello se ha limitado el acceso de asuntos penales
a estas instancias. Es necesario revisar esta situación para determinar si resulta
conveniente ampliar la competencia de estos juzgados.
2.6.4 Problemas de capacidad institucional y de organización
Existe la necesidad de trabajar en el rediseño de toda la administración del Poder
Judicial y de la gestión en los despachos jurisdiccionales. La situación actual
revela problemas para el funcionamiento eficaz y eficiente de los órganos debidos
a cuestiones como la duplicación de funciones, la reiteración de trámites y la
inadecuación de la estructura orgánica para enfrentar las funciones existentes. El
caso de los mecanismos de control establecidos para el ejercicio del presupuesto
ilustra esta problemática en el área administrativa, en donde cada erogación debe
ser revisada no sólo por la auditoria interna sino también por la dirección de
presupuesto.
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166
Posteriormente cuando se revisa la cuenta, la auditoría revisa nuevamente dicho
movimiento. Con ello, este tipo de gastos llegan a ser revisados hasta tres veces.
Sin embargo, la transformación plantea desde problemas legislativos hasta
situaciones específicas relacionadas con la planificación de las mismas. En el
caso de los obstáculos legislativos, la legislación vigente es excesivamente
detallada y dificulta la incorporación de modificaciones a las plantillas del personal
de los juzgados y a la forma en la que se trabaja. Asimismo, la separación de la
gestión de los asuntos jurisdiccionales de los administrativos ha enfrentado
retrasos debido a la falta de aprobación de la legislación destinada a crear el
Consejo de la Judicatura. Es necesario revisar cuál será el diseño del Consejo de
la Judicatura y de qué manera incidirá en el fortalecimiento institucional.
Asimismo, es necesario avanzar en los sistemas de gestión, supervisión y
disciplina en el trabajo jurisdiccional. Actualmente, existen diversos unidades
administrativas encargadas de llevar a cabo esta función y la tramitación de los
procesos disciplinarios involucra una larga serie de etapas. Las acciones para
revisar y mejorar estos proceso deben instrumentarse una vez que se hayan
adoptado decisiones de política judicial que establezcan con precisión las áreas
encargadas de llevar a cabo estas tareas y la forma en la que se realizarán.
Finalmente, en materia de carrera judicial, es necesario trabajar en la
profesionalización de los funcionarios judiciales. La Escuela Judicial tiene
limitaciones para atender la demanda de capacitación tanto en el momento en que
los funcionarios ingresan al Poder Judicial como durante su permanencia en el
mismo.
Desde la perspectiva de la infraestructura, se reconoce que solamente un tercio de
los inmuebles ocupados por el Poder Judicial son rentados. El avance es
significativo. No obstante, al estudiar las condiciones de los edificios del Poder
Judicial se identifican problemas tales como la inadecuación de las instalaciones o
la insuficiencia de espacios.
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167
En el área de tecnología y sistemas se advierten avances limitados. Hasta el
momento únicamente las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula cuentan con
unidades jurisdiccionales con equipamiento moderno básico. No obstante, el
proceso de asignación de equipo a otras regiones del país es todavía muy
limitado.
En materia de procesos de generación de información existe mucho que trabajar.
Actualmente el flujo de información tanto administrativa como jurisdiccional es muy
limitado. Los órganos del Poder Judicial deben planear una estrategia para
establecer mecanismos que aseguren la generación de información sobre las
actividades de todas las áreas del Poder Judicial y asegurar su flujo al interior de
la institución. Asimismo existen problemas de coordinación, oportunidad y calidad
en la información cuando ésta se intercambia con otras instituciones del sector
justicia.
2.6.4.1 Modelos integrales de organización, funcionamiento y gestión de despachos judiciales
Actualmente las unidades jurisdiccionales del Poder Judicial enfrentan importantes
problemas para la organización del trabajo. Se trata de cuestiones que no sólo
afectan la buena marcha de los procesos sino que también se traducen en
importantes costos administrativos. Para resolver estas cuestiones se ha
considerado necesario replantear la forma en la que se desarrolla el trabajo en las
unidades jurisdiccionales. En consecuencia, el Poder Judicial ha impulsado la
modernización de los servicios de justicia en los temas de organización,
funcionamiento, tecnología, infraestructura, gerencia, desarrollo del recurso
humano y capacitación entre otros. A pesar de la diversidad de la problemática y
de las condiciones existentes en los juzgados, los órganos de gobierno del Poder
Judicial trabajan para diseñar e implementar un modelo conceptual de
organización, funcionamiento y gestión de los despachos judiciales.
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168
La puesta en funcionamiento de este modelo se considera fundamental a la luz de
la necesidad de imprimir integralidad, cohesión y coherencia a las distintas
acciones de reforma y modernización que realiza el Poder Judicial.
Entre los objetivos del modelo están los siguientes:
Estructurar una propuesta de organización, funcionamiento y gestión que
integre los diversos elementos de la modernización.
Facilitar la adaptación del modelo a las condiciones y requerimientos de
cada localidad.
Orientar, organizar y dar coherencia a la diversidad de acciones de
reforma que continuamente esta ejecutando el Poder Judicial.
Proveer a los usuarios de servicios eficientes, eficaces y de calidad.
Facilitar la generación de información útil para la toma de decisiones
gerenciales y operativas.
Facilitar la implementación de una base organizacional, tecnológica y
estructural fundamental para el desarrollo de futuras acciones de reforma.
2.6.5 Problemas de participación y transparencia En los últimos años, el Poder Judicial, ha desarrollado diversos mecanismos de
participación ciudadana para el mejoramiento de los servicios de justicia. Entre
ellas ha tenido especial importancia la creación de una alianza estratégica con la
Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia. La coalición es una agrupación de
organizaciones no gubernamentales de diversa índole (empresariales y laborales,
entre otras) interesadas en el mejoramiento de la administración de justicia. Una
de los resultados más importantes de la colaboración entre el Poder Judicial y la
coalición fue el consenso al que se llegó para que la CSJ decidiera solicitar al
Congreso Nacional la suspensión de la aprobación de la ley sobre el Consejo de la
Judicatura, con el objeto de iniciar un proceso de discusión pública de dicho
proyecto.
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169
Los acuerdos del Poder Judicial con la coalición también han permitido impulsar
la difusión del contenido y alcances de la reforma penal, la socialización y
validación de los proyectos de Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial,
Ley Orgánica del Poder Judicial, revisión del Código Penal y Código Procesal Civil
y la ejecución de diversas actividades de fortalecimiento de la coordinación y
modernización interinstitucional.
Sin embargo, debe reconocerse que existe mucho por hacer. El contacto directo
con el Poder Judicial no es común entre la población. Únicamente el 9 por ciento
de la población encuestada en 2004 afirmó haber acudido a un juzgado en el
último año.14
La percepción popular parece favorecer el empleo de instancias ajenas a la
justicia. La gráfica que se presenta a continuación muestra la postura de los
ciudadanos ante la perspectiva de llevar sus conflictos al Poder Judicial
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170
La siguiente tabla presenta la percepción de la población encuestada sobre los
resultados de la función jurisdiccional.
Le voy a mencionar algunas opiniones, dígame si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo
Total Joven Indígena PyMEs Afro-
descendientes
Estrato
bajo Mujeres
Los jueces
favorecen más
a los ricos que
a los pobres
78 73 81 82 77 78 76
Para ganar un
juicio hay que
pagar soborno
a los jueces
56 50 67 55 59 64 58
Como puede observarse, las opiniones de los encuestados revelaron que no se
considera que la justicia adjudica con imparcialidad. Este factor debe ser tomado
en cuenta como un importante obstáculo para el acceso a la justicia. Al margen
de los resultados que efectivamente arroje la función jurisdiccional, si la
percepción pública indica que no existe confianza, las posibilidades de que
acuda al Poder Judicial a resolver sus conflictos pueden verse afectadas.
Los prestadores de servicios jurídicos tampoco parecen tener especial
consideración en la percepción de los encuestados. Los datos revelan que baja
confianza hacia los abogados. En todo caso, menos del 30 por ciento de los
encuestados en 2004 dijeron haber tenido contacto con un abogado. La
percepción sobre el costo de los servicios, fue que los mismos son caros.
14 En este apartado se citan datos provenientes de: Consultoría Interdisciplinaria en desarrollo, S.A. Voces de los grupos vulnerables para el acceso de la justicia en Honduras, Corte Suprema de Justicia-Banco Mundial, Honduras, diciembre de 2004.
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171
Existen también algunos datos sobre la distribución territorial del Poder Judicial.
El tiempo promedio para cubrir la distancia entre el domicilio y la unidad
jurisdiccional más cercana es ligeramente superior a los 30 minutos de trayecto.
Cuando éste dato se descompone por grupos, el resultado es que la población
indígena es la más alejada. En estos casos, el promedio de tiempo de traslado
es de 1 hora.
Los anteriores datos indican arrojan diversas cuestiones sobre la situación del
acceso a la justicia en Honduras. En primer lugar, destaca un aspecto que puede
resultar fundamental para instrumentar una política orientada a fortalecer el
acceso de la población. Se trata del hecho que desde el punto de vista
geográfico, las unidades jurisdiccionales no se encuentran muy distanciadas de
la población. Desde luego que la condición de los indígenas en este aspecto
tiene que ser revisada, no obstante, la justicia indígena parece ser un tema que
debe abordarse en forma integral y con un tratamiento especializado que rebasa
los alcances de una política de distribución territorial orientada a servir a toda la
población. En todo caso, la información empírica disponible revela una
importante ventaja estratégica para el Poder Judicial al contar con una
distribución que lo mantiene cerca de la población.
En segundo lugar, destaca particularmente el reducido contacto de la población
con el Poder Judicial. Es necesario revisar qué tipo de necesidades tienen los
justiciables y adoptar medidas para acercarlos a las instituciones que
administran justicia. El Poder Judicial es responsable de dar cauce institucional a
los conflictos sociales y esta tarea es fundamental para una debida articulación
del estado de derecho. Mientras los ciudadanos sigan optando por vías
informales para la solución de sus conflictos, seguirán presentándose obstáculos
para la consolidación del estado de derecho en el país.
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172
En tercer lugar, los niveles de confianza pública indican que, a pesar de su
cercanía física, el Poder Judicial se encuentra alejado de la sociedad. Ésta no
conoce con claridad las funciones de la judicatura y tiene muchas dificultades
para colocarse en condiciones de usar sus servicios.
Por último, también debe mencionarse el papel de la profesión jurídica. Los
abogados son los responsables de llevar los conflictos de los justiciables a las
instancias jurisdiccionales. Si esta labor no se realiza en forma adecuada
cualquier esfuerzo que se realice al interior del Poder Judicial tendrá efectos
limitados.
En materia de transparencia existen muchas oportunidades para avanzar. Los
funcionarios del Poder Judicial han empezado a debatir la conveniencia de iniciar
un proceso de apertura y transparencia en la institución. Es necesario consolidar
este proceso mediante el diseño de una política de acceso tanto a la información
jurisdiccional como aquella relativa al manejo y administración de los tribunales.
Por lo que respecta a la corrupción la información obtenida de las encuestas
indica que los índices de corrupción en el Poder Judicial se mantienen en la
percepción pública. Aunque quizás el dato más revelador de algunas de estas
encuestas es el limitado contacto de la población con el Poder Judicial, toda vez
que un alto número de encuestados parece no haber tenido contacto con dicha
institución.
Esta situación indica que es conveniente trabajar más en la vinculación del
Poder Judicial con la sociedad y en mejorar la imagen de la institución. Hasta el
momento, las acciones en ese sentido son limitadas. Para ello se debe ponderar
la forma en la que una campaña de medios puede instrumentarse y el área del
Poder Judicial encargada de hacerlo.
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173
Desde la perspectiva del sector justicia existen algunos avances. Las
instituciones de dicho sector han organizado una grupo de trabajo
interinstitucional orientado a generar una política de comunicación social en
materia de justicia.
2.6.6 Problemas de acceso
En materia de acceso a la justicia debe reconocerse que la cobertura actual del
Poder Judicial es todavía limitada. Aparentemente un alto porcentaje de la
población no tiene contacto con el Poder Judicial. Desde luego que esta
problemática no es exclusiva de la institución judicial sino que responde a
dificultades de carácter estructural como lo es la ausencia de conocimientos
jurídicos y, en general, sobre el funcionamiento de las instituciones del sector
justicia. Conviene que los tribunales planteen estrategias orientadas a mejorar los
conocimientos jurídicos de la población y faciliten el empleo de los tribunales como
mecanismos legitimados para resolver la conflictividad social y proteger sus
derechos. En particular se deben instrumentar programas de difusión y de
vinculación social. Los medios de comunicación pueden tener un impacto
especialmente marcado en esta labor.
Por otro lado, en el área de oferta de servicios judiciales, el Poder Judicial debe
trabajar más en la diversificación de sus servicios. Esto no sólo implica la
ampliación de la cobertura actual sino también la introducción de servicios de
asistencia, así como de mecanismos alternativos para resolver controversias.
Precisamente, a propósito de la introducción de los mecanismos alternativos para
resolver controversias en el Poder Judicial, es conveniente reconocer que el
avance es discreto. Existen problemas relacionados con la capacitación de los
funcionarios encargados de llevar a cabo dichas tareas y, en general, se percibe la
necesidad de concienciar al personal del Poder Judicial sobre los alcances de este
tipo de mecanismos y sus beneficios para los usuarios y para el propio Poder
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174
Judicial. En realidad el problema no se encuentra necesariamente en la ley, la
legislación civil, laboral y penal parecen ser los suficientemente flexibles como
para aceptar la introducción de la conciliación en los procesos. La cuestión en
realidad radica en la voluntad de los funcionarios judiciales y en la cuidadosa
selección de los asuntos que sean susceptibles de ser sometidos a una
conciliación.
Por lo que respecta a la cobertura de servicios, la perspectiva regional plantea
algunas variantes. Existen zonas del país en donde hay muchas dificultades para
llevar los servicios jurisdiccionales. Un ejemplo de ello son las zonas de difícil
acceso como los son los departamentos de Lempira, Intibucá, Gracias a Dios,
Olancho y Colón.
Desde la perspectiva de género se registran algunos avances, aunque debe
reconocerse que hay todavía mucho por hacer. Recientemente el Poder Judicial
puso en funcionamiento juzgados especializados para atender casos de violencia
doméstica en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estos avances
deben ser complementados con la apertura de otras unidades jurisdiccionales
especializadas así como la provisión de servicios sensibles a la problemática
existente.
El Poder Judicial también desarrolla acciones en materia de género mediante la
colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer. Se espera que este tipo de
acciones tengan un impacto favorable en el sector justicia.
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175
2. PLAN DE MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL
2.1. Misión del Poder Judicial.
Conducir al gobierno del Poder Judicial, dentro de un marco de políticas
definidas, que acertadamente orientan la trascendente labor de impartir justicia,
bajo un imperio de la legalidad, la legitimidad y la equidad, como única forma de
que este Poder del Estado, brinde un aporte efectivo a la paz social, al
constituirse así, en verdadero garante de la vida, el honor, los bienes y derechos
de las personas.
• Administrando la justicia de manera expedita, eficiente, responsable,
gratuita e imparcial, aplicando la Constitución de la República los tratados
internacionales y las normas sustantivas como las adjetivas que conducen
el debido proceso, para garantizar el otorgar a cada quien lo suyo;
resolviéndose así los conflictos y solicitudes que acceden a los juzgados y
tribunales.
• Implementando un régimen efectivo de garantirás constitucionales, para
contribuir a la instauración de la seguridad jurídica, como única forma de
propiciar el desarrollo económico y social del país, y fortalecer a Honduras
como Estado democrático y constitucional.
2.2. Visión del Poder Judicial.
Que, al más corto plazo, podamos contar con un Poder Judicial independiente,
fortalecido y prestigiado:
• Que sea visto por la comunidad nacional e internacional como un
autentico soporte para el Estado de Derecho,
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176
• Que haga de Honduras un país confiable ante las demás naciones; al
contar con una ejemplar administración de justicia,
• Que sea garantía de seguridad jurídica, tanto para las y los hondureños
como para las y los extranjeros que residen en el país y que intervienen
en él o que nos visiten,
• Que al año 2009 cuente con una estructura organizativa y funcional
validada, con políticas claras y determinantes, de tal manera que esta
estructura se constituya en un marco rector indefectible en pro de
garantizar, a perpetuidad, la seguridad jurídica con que soñamos todos los
hondureños y hondureñas,
• Que sea capaz de satisfacer las expectativas de las y los hondureños de
contar con una justicia expedita, transparente y oportuna.
2.3. Objetivo General
Lograr la organización y funcionamiento de un Poder Judicial eficaz, eficiente,
moderno e independiente para garantizar a los usuarios nacionales y extranjeros
condiciones mejoradas de acceso, seguridad jurídica y equidad como medio
indispensable para lograr condiciones de desarrollo y paz social.
Poder Judicial de Honduras
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
177
2.4. Estrategias, Objetivos Específicos, Acciones y Resultados:
Línea Estratégica No. 1
1. Mejora de la capacidad de funcionamiento de la estructura Jurisdiccional y Administrativa del Poder Judicial.
Objetivo Específico
1.1. Lograr la eficiencia y efectividad en el funcionamiento del área jurisdiccional para satisfacer la demanda de los
usuarios de una forma expedita, oportuna y de calidad.
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
1.1.1. Promover la
implementación de la
oralidad y la
simplificación de los
procedimientos en las
distintas materias.
− Mejorar el Código Procesal
Penal, readecuación y
compatibilización del Código
Penal
− Proponer medidas que
mejoren la aplicación del
Código Procesal Penal y del
Anteproyecto de nuevo
Código Penal.
− Código Procesal Civil:
Realizar un estudio
Formulación de
anteproyectos de ley.
Campañas de socialización
de anteproyectos de ley.
Reproducción y distribución
de ejemplares de las Leyes a
lo interno y externo del
sistema de justicia
Aprobación de ley.
Agilización de los
procedimientos en las
distintas materias judiciales.
Disminución de Términos y
plazos procesales.
Mayor satisfacción de los
usuarios con los nuevos
Poder Judicial de Honduras
178
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
diagnóstico de carga
procesal civil activa e
inactiva a nivel nacional y de
los motivos de la inactividad
de los procesos en materia
civil.
− Asistir en la revisión e
implementación del Código
Procesal Civil para
incorporar la oralidad en los
procesos civiles.
− Analizar las cargas de
trabajo y la aplicación de la
oralidad para la
implementación de la
oralidad en las materias civil,
familia, laboral, contencioso-
administrativo, inquilinato,
violencia doméstica, niñez y
adolescencia, fiscal.
− Realizar eventos para
procedimientos.
Poder Judicial de Honduras
179
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
promover el nuevo modelo
de oralidad propuesto plena
en las materias civil, familia,
laboral, contencioso-
administrativo, inquilinato,
violencia doméstica, niñez y
adolescencia, fiscal.
− Realizar eventos para la
divulgación del nuevo
modelo de oralidad plena en
las materias civil, familia,
laboral, contencioso-
administrativo, inquilinato,
violencia doméstica, niñez y
adolescencia, fiscal.
− Dotar de equipos de voz
para la implementación de la
oralidad plena en las
materias civil, familia,
laboral, contencioso-
administrativo, inquilinato,
violencia doméstica, niñez y
Poder Judicial de Honduras
180
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
adolescencia, fiscal.
− Capacitar al personal de los
juzgados para la
implementación de la
oralidad plena en las
materias civil, familia,
laboral, contencioso-
administrativo, inquilinato,
violencia doméstica, niñez y
adolescencia, fiscal.
− Publicitar la oralidad plena
en las materias civil, familia,
laboral, contencioso-
administrativo, inquilinato,
violencia doméstica, niñez y
adolescencia, fiscal.
1.1.2. Actualizar el
marco normativo de
conformidad con las
reformas
constitucionales al
− Elaborar el texto definitivo
del anteproyecto de la Ley
del Consejo de la Judicatura
y de la Carrera Judicial
− Aprobar la Ley del Consejo
Establecimiento de una
organización jurisdiccional
flexible y ajustada a las
nuevas realidades.
Mayor seguridad jurídica.
Unidades jurisdiccionales más
ágiles y eficientes.
Poder Judicial de Honduras
181
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
capítulo del Poder
Judicial aprobadas en
el año 2001.
de la Judicatura y de la
Carrera Judicial por el
Congreso Nacional de la
República
− Elaborar los reglamentos de
la Ley del Consejo de la
Judicatura y de la Carrera
Judicial
− Aprobar por la Corte
Suprema de Justicia los
Reglamentos de la Ley del
Consejo de la Judicatura y
de la Carrera Judicial
− Distribuir a los operadores
de justicia el anteproyecto
de la Ley del Consejo de la
Judicatura y de la Carrera
Judicial
− Informar a la sociedad
hondureña sobre el
anteproyecto de Ley del
Proceso continuo y
participativo de reforma legal
debidamente reglamentado
por el Poder Judicial.
Consolidación de las
atribuciones de la Corte
Suprema de Justicia.
Sistema de monitoreo y
evaluación de las leyes.
Poder Judicial de Honduras
182
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
Consejo de la Judicatura y
de la Carrera Judicial
− Distribuir a los operadores
de justicia la Ley y el
Reglamento del Consejo de
la Judicatura y de la Carrera
Judicial
− Informar a la sociedad
hondureña sobre la Ley y el
Reglamentos del Consejo de
la Judicatura y de la Carrera
Judicial
− Dar seguimiento en el
Congreso Nacional para la
socialización y discusión de
la Ley del Consejo de la
Judicatura y de la Carrera
Judicial.
− Divulgar el contenido y
alcances de la Ley del
Consejo de la Judicatura y
de la Carrera Judicial para
Poder Judicial de Honduras
183
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
facilitar su implementación
entre los distintos
operadores de justicia.
− Implementar un proceso
continuo y participativo para
identificar las necesidades
de legislación, formulación y
socialización de los
proyectos de ley, así como
el seguimiento y evaluación
de las leyes aprobadas.
− Diseñar la metodología para
realizar el monitoreo y
evaluación de las leyes
aprobadas.
− Dotar de equipo y mobiliario
mínimo para la instalación
del Consejo de la
Judicatura.
Ley Orgánica del Poder
Poder Judicial de Honduras
184
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
Judicial:
− Discutir y analizar el texto
del anteproyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial.
1.1.3. Revisar y
reestructurar la
competencia territorial
y por materia.
− Hacer el nuevo mapa de
competencias del Poder
Judicial en todas las
instancias y materias,
evaluación y propuesta de
organización de la justicia de
paz
− Crear los medios de
compatibilización de la ley
de Conciliación y Arbitraje
con los procesos judiciales
− Realizar programas de
capacitación del personal
judicial en el mapa de
competencias, modelo de
organización de la justicia de
paz y medios alternos de
Diagnóstico de la
competencia territorial y por
materia, así como de la
demanda existente.
Formulación del plan de
reestructuración.
Mayor acceso de los usuarios
a los servicios de justicia.
Optimización y racionalización
de los recursos materiales,
económicos y humanos.
Distribución equitativa de la
carga procesal.
Poder Judicial de Honduras
185
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
resolución de conflictos
− Divulgar el mapa de
competencias, modelo de
organización de la justicia de
paz y medios alternos de
resolución de conflictos
1.1.4. Organizar y
ejecutar un programa
nacional de depuración
de casos.
− Organizar y ejecutar un
programa nacional de
depuración de casos,
completando el área penal y
ampliando el área civil
− Diseñar el manual de
procedimientos para la
depuración de casos, civiles,
capacitar a los depuradores
y verificar su aplicación
− Promover en los juzgados la
revisión periódica de
expedientes inactivos por
depurar para su envío
− Reducir en un 100% la mora
procesal en materias penal e
Análisis cuantitativo y
cualitativo de la carga
procesal existente.
Formulación del programa.
Programa Nacional de
Depuración de Casos dotado
de los recursos necesarios
para su funcionamiento en
las materias penal y civil.
Manual de procedimientos
para depuración de casos de
la materia civil
Descongestionamiento de
causas en los juzgados y
tribunales.
Mejora la imagen del Poder
Judicial.
Poder Judicial de Honduras
186
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
iniciar la depuración en
materia civil.
− Apoyar los programas de
depuración de casos
penales inactivos y para
inventariar / deshacerse de
evidencias del sistema
anterior, con una transición
de las responsabilidades
fiscales de la Unidad de
Depuración de Casos a la
Corte Suprema.
Reducción del 100% de
mora procesal penal
Reducción del 30% de mora
procesal civil
1.1.5. Diseñar e
implementar modelos
de organización,
funcionamiento y
gestión de los
despachos judiciales.
− Asistir la sostenibilidad y
continuidad de la reforma
penal: brindar asistencia
técnica para la continuidad y
sostenibilidad de las
acciones de reforma
institucional.
− Brindar soporte técnico para
optimizar la atención a los
usuarios, identificando
Manual de Organización y
Funcionamiento de los
Despachos Judiciales.
Establecimiento de nuevos
modelos de Despachos
Judiciales de conformidad
con el manual aprobado.
Optimización y racionalización
de los recursos materiales,
económicos y humanos.
Mayor celeridad en los
procesos judiciales.
Mayor calidad de gestión.
Mayor credibilidad e imagen
Poder Judicial de Honduras
187
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
aspectos funcionales y
administrativos que se
deben mejorar y modificar
para la satisfacción de los
usuarios de las
dependencias
jurisdiccionales.
− Elaborar manuales e
instructivos.
− Implementar mecanismos de
difusión de la información
sobre las acciones y
avances de la reforma y
modernización.
− Diseñar e implementar los
modelos de organización,
funcionamiento y gestión de
los despachos judiciales de
las materias civil, laboral,
familia, contencioso-
administrativo, inquilinato,
niñez y adolescencia y
del Poder Judicial.
Poder Judicial de Honduras
188
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
fiscal, y un sistema
automatizado integral de e-
justicia, incluyendo la
gestión de los procesos en
todas las instancias y
materias, y la publicación de
decisiones judiciales,
jurisprudencia y doctrina,
vinculándolos con centros
de información pública
− Reorganizar el servicio de
citaciones y notificaciones:
estructurar la organización y
funcionamiento para la
centralización de los
servicios de citaciones y
notificaciones para brindar
un servicio de calidad al
usuario; instalar una central
de citaciones y
notificaciones en cinco
sedes judiciales del país
Poder Judicial de Honduras
189
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
para optimizar el servicio;
implementar el sistema
automatizado requerido para
las centrales de citaciones y
notificaciones para
automatizar el control del
servicio y el procedimiento
de pagos; informar a los
usuarios sobre el
funcionamiento del servicio;
supervisar y apoyar el
funcionamiento de las
oficinas de citaciones y
notificaciones y el
cumplimiento de los
procedimientos establecidos
para mejorar los aspectos
funcionales que lo necesiten
− Realizar un diagnóstico de la
situación actual de la
impartición de justicia en la
etapa de ejecución de las
Poder Judicial de Honduras
190
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
medidas y resoluciones
judiciales, diseño de una
propuesta organizacional y
elaborar el plan de
fortalecimiento de los
juzgados
− Capacitar al personal de los
juzgados de ejecución de las
medidas y resoluciones
judiciales
− Definir el perfil del juez de
ejecución en el caso de
violencia doméstica
− Diseñar los talleres sobre
derechos humanos y el
sistema judicial con jueces
de ejecución
− Diseñar los mecanismos de
coordinación
interinstitucional de los
jueces de ejecución e
instituciones vinculadas
Poder Judicial de Honduras
191
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
− Realizar los talleres de
divulgación de la reformas y
nuevos servicios en la etapa
de ejecución
− Ejecución de sistemas de
monitoreo y manejo de
casos para mejorar la
independencia,
transparencia e
imparcialidad del sistema
legal
− Centrales automatizadas de
recepción y distribución de
documentos: estructurar la
organización y
funcionamiento para la
centralización de los
servicios de recepción y
distribución de
documentación para brindar
un servicio de calidad al
usuario, instalar una central
Poder Judicial de Honduras
192
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
de recepción y distribución
de documentos, en seis
sedes judiciales para
optimizar el servicio y el uso
de los recursos; informar a
los usuarios sobre el
funcionamiento del nuevo
sistema para la adecuada
utilización del mismo
− Dotar de equipos
tecnológicos para la
implementación del modelo
del despacho judicial de las
materias civil, laboral,
familia, contencioso-
administrativo, inquilinato,
niñez y adolescencia y
fiscal.
− Divulgar los servicios y
procedimientos de sistema
automatizado integral de e-
Poder Judicial de Honduras
193
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
justicia.
− Capacitar funcionarios y
empleados para
implementar los despachos
judiciales de las materias
civil, laboral, familia,
contencioso-administrativo,
inquilinato, niñez y
adolescencia y fiscal, salas
de la Corte Suprema de
Justicia, el pleno y oficinas
auxiliares.
− Divulgar los nuevos
servicios de los despachos
judiciales de las materias
civil, laboral, familia,
contencioso-administrativo,
inquilinato, niñez y
adolescencia y fiscal y salas
de la Corte Suprema de
Justicia, el pleno y oficinas
auxiliares.
Poder Judicial de Honduras
194
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
− Realizar eventos de difusión
dirigidos a usuarios del
nuevo modelo de despachos
judiciales de las materias
civil, laboral, familia,
contencioso-administrativo,
inquilinato, niñez y
adolescencia y fiscal y salas
de la Corte Suprema de
Justicia, el pleno y oficinas
auxiliares.
1.1.6. Desarrollar e
implementar un
sistema automatizado
integral de gestión de
los procesos en todas
las materias e
instancias.
− Diseñar e implementar el
sistema de gestión de
procesos de las materias
civil, laboral, familia,
contencioso-administrativo,
inquilinato, niñez y
adolescencia y fiscal, y un
sistema automatizado
integral de e-justicia,
incluyendo la gestión de los
procesos en todas las
Sistematización de los
procesos en todas las
materias e instancias.
Elaboración del manual
técnico y de usuario
correspondiente.
Elaboración de un plan de
implementación del sistema.
Agilización de los procesos
jurisdiccionales.
Control de la gestión de los
casos.
Acceso a la información por
parte de los usuarios.
Información estadística
judicial confiable y oportuna.
Poder Judicial de Honduras
195
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
instancias y materias, y la
publicación de decisiones
judiciales, jurisprudencia y
doctrina, vinculándolos con
centros de información
pública.
− Desarrollar un sistema
automatizado para la
adecuada planeación y
coordinación de audiencias.
− Dotar de equipos
tecnológicos para la
implementación del diseño
del sistema de gestión de
procesos de las materias
civil, laboral, familia,
contencioso-administrativo,
inquilinato, niñez y
adolescencia y fiscal.
− Divulgar los servicios y
Poder Judicial de Honduras
196
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
procedimientos del sistema
automatizado integral de
justicia.
− Capacitar funcionarios y
empleados para
implementar los despachos
judiciales de las materias
civil, laboral, familia,
contencioso-administrativo,
inquilinato, niñez y
adolescencia y fiscal, salas
de la Corte Suprema de
Justicia, el pleno y oficinas
auxiliares.
− Divulgar los nuevos
servicios de los despachos
judiciales de las materias
civil, laboral, familia,
contencioso-administrativo,
inquilinato, niñez y
adolescencia y fiscal y salas
de la Corte Suprema de
Poder Judicial de Honduras
197
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
Justicia, el pleno y oficinas
auxiliares.
− Realizar eventos de difusión
dirigidos a usuarios del
nuevo modelo de despachos
judiciales de las materias
civil, laboral, familia,
contencioso-administrativo,
inquilinato, niñez y
adolescencia y fiscal y salas
de la Corte Suprema de
Justicia, el pleno y oficinas
auxiliares
1.1.7 Diseñar e
implementar un modelo
para evaluar el impacto
social de las
resoluciones judiciales.
− Diseñar una metodología
para evaluar el impacto
social de las resoluciones
judiciales.
− Realizar eventos para
validar y socializar la
metodología con personal
clave.
− Implementar la metodología
Estudio sobre el impacto
social de las resoluciones
judiciales.
Mecanismos de evaluación
de conformidad con los
resultados del estudio.
Efectividad social de las
resoluciones.
Mejora la definición de
políticas públicas judiciales.
Calidad de las resoluciones
judiciales.
Poder Judicial de Honduras
198
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
para evaluar el impacto
social de las resoluciones.
1.1.8 Diseño de un
plan de desarrollo de la
infraestructura física
del Poder Judicial de
acuerdo con las
nuevas necesidades de
organización y
sistemas.
− Apoyar al Poder Judicial
para la construcción o
remodelación de
edificaciones propias que se
requieren para facilitar el
acceso a los servicios de
justicia en el marco de la
aplicación de la oralidad y
del concepto de servicios
comunes: construcción de 5
edificios judiciales en los
municipios de Sta. Bárbara,
Tocoa, Trujillo, Ocotepeque;
centro de capacitación de la
Escuela Judicial y
adecuación del espacio de
Inspectoría General de
Juzgados y Tribunales.
Estudio sobre la situación
actual de los edificios
judiciales.
Elaboración del plan maestro
de infraestructura del Poder
Judicial.
Edificios judiciales
construidos y remodelados
Conocimiento de la situación
actual y las necesidades en
materia de infraestructura del
Poder Judicial.
Socialización del Plan
Maestro de Infraestructura del
Poder Judicial.
Eventual implementación del
plan maestro de
infraestructura del Poder
Judicial.
Poder Judicial de Honduras
199
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
− Remodelar para la
reubicación de Juzgados de
Primera Instancia y
Juzgados de Paz en
Tegucigalpa.
− Remodelar los edificios
judiciales de La Ceiba, El
Porvenir, Esparta, Arizona,
La Masica, Comayagua, La
Libertad, Siguatepeque, Villa
de San Antonio, Santa Rosa
de Copán, San Pedro Sula,
San Antonio de Copán, La
Entrada, Pto. Cortes, Danlí,
Yuscarán, Complejo de
Juzgados de Tegucigalpa,
Edificio de Juicios Orales de
Tegucigalpa, Talanga, La
Paz, Texiguat, Gracias,
Marcala, Santiago de
Puringua, Erandique, San
Fernando de la Paz,
Poder Judicial de Honduras
200
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
Juticalpa, Nacaome,
Goascorán, Langue, El
Progreso.
− Construir de edificios
judiciales de Lepaera, Yoro,
San Ignacio, Liure, Iriona,
Cedros, Dulce Nombre de
Culmí, Guarizana, Guayape,
Aramecina.
1.1.9 Desarrollar y
ejecutar un plan para el
mantenimiento
preventivo y correctivo
de la infraestructura
física del Poder
Judicial.
− Realizar estudio de
necesidades de
mantenimiento y elaborar el
plan anual y el plan de
implementación.
− Realizar eventos validación
y socialización del plan.
− Realizar eventos de
capacitación del equipo de
trabajo responsable de
ejecutar el mantenimiento.
− Ejecutar el plan de
mantenimiento preventivo y
Formulación del plan.
Aprobación y ejecución del
plan en los términos
correspondientes.
Mejora en el mantenimiento
de la Infraestructura del
Poder Judicial.
Conservación en el tiempo de
la infraestructura física.
Optimización del uso de los
recursos financieros.
Poder Judicial de Honduras
201
Acciones Actividades Indicadores de Resultados Indicadores de Impacto
correctivo a la
infraestructura física
Objetivo Específico
1.2. Fortalecer los servicios de apoyo a la función jurisdiccional para lograr un servicio de justicia integral y eficaz.
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
1.2.1. Reorganizar con
criterios modernos los
archivos judiciales
activos e inactivos de
todas las materias.
− Organizar, equipar e
implementar los archivos
judiciales de expedientes
fenecidos en Tegucigalpa y
San Pedro Sula;
− Localizar, clasificar,
identificar y trasladar los
expedientes fenecidos a las
nuevas sedes;
− Constituir el respaldo
automatizado de los
expedientes por medio de la
Estudio sobre archivos
judiciales basado en
experiencia comparada.
Establecimiento del modelo
optimo de organización de
los archivos judiciales.
Incremento del número de
consultas a los expedientes.
Mejora en el tiempo de
respuesta a las consultas y
peticiones de las partes.
Mejora el acceso a la
información por partes de los
usuarios internos y externos.
Mayor control de la gestión de
los expedientes.
Facilita el ejercicio del recurso
de revisión.
Mejora la seguridad y
conservación de los
expedientes.
Poder Judicial de Honduras
202
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
digitalización para reducir el
espacio y mejorar la
conservación de los
expedientes;
− Implementar un servicio de
atención al usuario para
garantizar el derecho al
recurso de revisión;
− Definir y ejecutar los criterios
para la destrucción de
expedientes fenecidos.
− Estructurar la organización
uniforme de los archivos
para los juzgados de las
diferentes especialidades a
nivel nacional; implementar
un sistema automatizado de
administración de archivos
para el adecuado control de
los expedientes;
− Dar seguimiento al
funcionamiento de los
Automatización del archivo
judicial
Mejora la credibilidad e
imagen del Poder Judicial.
Satisfacción de los usuarios.
Poder Judicial de Honduras
203
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
archivos, la prestación del
servicio y el manejo ético de
los expedientes;
− Informar a los usuarios
sobre el funcionamiento del
nuevo sistema de archivo
para mejorar la eficiencia en
el préstamo de expedientes.
1.2.2. Reorganizar,
inventariar y dar salida
a las piezas de
convicción y ejecución
relacionadas con el
proceso penal anterior.
− Reglamentar el manejo y
salida de las piezas de
convicción del antiguo
procedimiento penal;
− Brindar soporte técnico para
la continuación de los
inventarios de piezas de
convicción en los juzgados
penales a nivel nacional.
Inventario sistemático y
actualizado de las piezas de
convicción.
Adecuación del marco
normativo correspondiente.
Mejorar los medios para dar
salida ágil y oportuna a las
piezas de convicción.
Optimizar los espacios
físicos.
Mejora la custodia de las
piezas de convicción.
Agilización del proceso de la
devolución de sus bienes a
los propietarios.
Incremento de los ingresos
propios del Poder Judicial.
1.2.3. Crear la unidad − Diseñar la propuesta Incremento en el número de Mejora la disponibilidad de
Poder Judicial de Honduras
204
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
de registro y
acreditación de peritos,
intérpretes, y
traductores. (URPIT).
organizacional para la
Unidad de registro y
acreditación de peritos,
intérpretes y traductores.
− Divulgar los servicios de la
unidad de registro y
acreditación de peritos,
intérpretes y traductores.
− Diseñar, desarrollar,
implementar y capacitar
sistema automatizado de
gestión para la unidad de
registro y acreditación de
peritos, intérpretes y
traductores.
− Dotar de la infraestructura
tecnológica para el sistema
de gestión para la unidad
de registro y acreditación de
peritos, intérpretes y
traductores.
pericias.
Calidad de los resultados de
las pericias.
auxilio de especialistas
técnicos a los operadores de
justicia.
Certificación de la calidad de
los especialistas.
Poder Judicial de Honduras
205
Objetivo Específico
1.3. Mejorar los servicios administrativos para garantizar el apoyo eficiente en el desarrollo de la función jurisdiccional.
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
1.3.1. Realizar una
reingeniería de los
servicios
administrativos.
− Realizar una
reingeniería de procesos
y puestos en el área
administrativa para
eficientar la gestión de
apoyo en el área
jurisdiccional.
− Implementar la
reingeniería
administrativa.
− Capacitar al personal en
los nuevos roles para la
implementación de la
reingeniería
administrativa.
− Publicar los manuales
Diagnóstico de la situación actual
en el área administrativa.
Estandarización de los procesos
administrativos.
Optimización y racionalización del
uso de los recursos.
Disminución en el tiempo de
respuesta.
Propuesta organizacional de
acuerdo con el rediseño de los
procesos
Agilización de los trámites
administrativos.
Respuesta oportuna a las
demandas de los jueces y
demás funcionarios
judiciales.
Eficiencia y eficacia de los
procesos administrativos.
Poder Judicial de Honduras
206
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
de la reingeniería
administrativa
1.3.2. Ampliar la
desconcentración de los
servicios
administrativos.
− Identificar las
necesidades y elaborar
la propuesta de
desconcentración de
servicios
administrativos.
− Elaborar la normativa y
manuales para la
operación de las oficinas
administrativas
Fortalecimiento de la gestión
estratégica en el nivel central.
Disminución del tiempo de
respuesta.
Mejora de la calidad en la toma de
decisiones.
Relación entre los recursos
Respuesta oportuna a las
demandas del servicio
administrativo.
Incremento del porcentaje
de ejecución del
presupuesto.
Separación efectiva de la
función jurisdiccional y
Poder Judicial de Honduras
207
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
regionales.
− Implementar la
propuesta de
descentralización.
− Dotar de infraestructura
tecnológica a las
oficinas regionales.
presupuestados y ejecutados. administrativa.
1.3.3. Readecuar e
implementar el sistema
automatizado integral de
administración
financiera y de recurso
humano de acuerdo al
nuevo modelo
organizativo.
− Fortalecer la plataforma
informática y del Poder
Judicial para brindar
servicios integrados
automatizados a las
diferentes áreas, y
diseñar e implementar
sistemas automatizados
de apoyo a la labor
jurisdiccional.
− Adaptar, implementar y
capacitar los sistemas
integrados de gestión
financiera, administrativ
e implementar el
Sistematización de los
procedimientos administrativos.
Generación de información
oportuna y de calidad para la toma
de decisiones.
Disminución del tiempo de
respuesta.
Mejora del seguimiento y
control de la planificación y
ejecución de los recursos.
Mejora la agilización y
calidad de los trámites
administrativos.
Poder Judicial de Honduras
208
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
sistema de recursos
humanos.
− Adaptar los sistemas
integrados de recursos
humanos.
− Realizar eventos de
divulgación de los
procedimientos dirigidos
a los usuarios internos y
externos.
− Divulgar los nuevos
procedimientos y
servicios
implementados.
1.3.4. Implementar
herramientas de calidad
en la gestión de los
procesos
administrativos.
− Realizar la auditoria ISO
de los procesos
administrativos
− Realizar la certificación
ISO de los procesos
administrativos.
Establecimiento de controles de
calidad de los procesos.
Optimización de los recursos.
Satisfacción de los
atributos de calidad de los
resultados esperados de
los procesos.
Mejora en la calidad de los
resultados y⁄o productos de
la gestión administrativa.
Poder Judicial de Honduras
209
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
1.3.5. Diseñar e
implementar un sistema
de medición de la
satisfacción de los
usuarios internos y
externos de los servicios
administrativos.
− Ejecutar talleres para la
medición de la
prestación de servicios y
satisfacción de los
usuarios internos y
externos.
− Diseñar e implementar
el sistema de medición
de la prestación de
servicios y satisfacción
de los usuarios internos
y externos
Estudio sobre las necesidades de
los usuarios en relación con los
servicios administrativos.
Información oportuna y de calidad
en relación con la satisfacción de
los usuarios.
Readecuación de los
procedimientos en función
de las necesidades de los
usuarios.
Mejora en la calidad de las
decisiones gerenciales.
Mejora la planificación y
ejecución del presupuesto.
1.3.6. Implementar y
difundir la cultura de
servicio al usuario.
− Definir un plan de
implementación del
nuevo sistema de
atención a usuarios
− Capacitar al recurso
humano sobre el
servicio de calidad al
usuario
− Publicar el sistema de
atención de calidad a
Identificación de mecanismos
idóneos que integren una cultura
de servicio al usuario.
Nueva imagen del Poder Judicial.
Mejora el trato y la atención del
usuario.
Cambio de valores del
recurso humano.
Mejora de la credibilidad y
percepción de la imagen
del Poder Judicial.
Satisfacción del usuario.
Poder Judicial de Honduras
210
Acciones Actividades Indicadores de Resultado Indicadores de Impacto
usuarios
Línea Estratégica No. 2
2. Fortalecimiento de la independencia y gobierno judicial.
Objetivo Específico
2.1. Desarrollar capacidades organizacionales y técnicas del gobierno judicial para la formulación y ejecución de políticas
públicas judiciales.
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
2.1.1. Diseñar y
desarrollar el modelo
de organización de las
funciones de gobierno,
administración, carrera
judicial y
− Diseñar la propuesta
organizacional del
Consejo de la
Judicatura, sus
manuales y
reglamentos.
Separación de las funciones
administrativas y jurisdiccionales
del Poder Judicial.
Formulación y vigilancia del
cumplimiento de las normas de las
Mejora la coordinación y control
de la gestión institucional.
Mejora en la productividad
institucional .
Poder Judicial de Honduras
211
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
administrativa.
− Rediseñar el sistema
de gestión de la
carrera judicial por la
Dirección de la
Carrera Judicial
− Incrementar y mejorar
la dotación de
recursos humanos y
materiales de la
gestión de la Carrera
Judicial
− Ampliar la sede del
Consejo de la
Judicatura y Corte
Suprema de Justicia
en Tegucigalpa.
Carreras Judicial y Administrativa.
Diseño integral de la estructura de
gobierno y administración.
Mejora en la calidad de las
decisiones gerenciales.
Mayor participación de
organizaciones de la sociedad
en la gestión.
2.1.2. Evaluar y ajustar
el sistema de
planificación
estratégica y operativa
a nivel central y
regional.
− Diagnosticar la
situación actual del
sistema de
planificación
estratégica y operativa
a nivel central y
Vinculación efectiva entre planes y
presupuesto.
Relación entre recursos
planificados y ejecutados.
Mejora la calidad de la gestión
de los programas y proyectos.
Mejora de la toma de
decisiones de los diferentes
niveles de la institución.
Poder Judicial de Honduras
212
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
regional, y para
elaborar una
propuesta de rediseño
del sistema de
planificación
estratégica y
operativa.
− Diseñar, desarrollar e
implementar un siste-
ma automatizado de
apoyo a las funciones
de planificación
estratégica y operativa
a nivel central y
regional.
− Realizar eventos de
capacitación al
personal del sistema
de planificación
estratégica a nivel
central y regional.
− Publicar los manuales
Incremento en la productividad y
calidad.
Mejora el control y la ejecución
del presupuesto.
Mejora la detección de
necesidades y priorización de
acciones
Poder Judicial de Honduras
213
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
del sistema de
planificación
estratégica a nivel
central y regional.
− Realizar viajes
técnicos para el
intercambio de
conocimientos entre la
Corte Suprema de
Justicia y otros
poderes judiciales que
han implementado o
están en un proceso
de modernización,
mediante la
participación en
eventos y reuniones
internacionales.
− Desarrollar talleres
para el intercambio de
conocimientos entre la
Corte Suprema de
Poder Judicial de Honduras
214
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
Justicia y otros
poderes judiciales que
han implementado o
están en un proceso
de modernización,
mediante la
participación en
eventos y reuniones
nacionales.
2.1.3. Diseñar e
implementar un
sistema de información
gerencial y diseñar e
implementar un
sistema de
seguimiento, control y
evaluación de la
gestión institucional.
− Diseñar, desarrollar,
implementar y
capacitar sistema de
información gerencial
y un sistema de
seguimiento, control y
evaluación de la
gestión institucional
(que incluya
estadísticas
desagregado por
género).
− Desconcentrar la
Diseño del sistema de información
en base a experiencias
internacionales y necesidades
detectadas
Desarrollo y evaluación del
sistema
Calidad y oportunidad de la
información en la toma de
decisiones.
Mejora la calidad de
decisiones gerenciales y de
políticas públicas.
Mejora el seguimiento y control
de la gestión.
Poder Judicial de Honduras
215
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
emisión de
certificaciones de
antecedentes penales
para mejorar la
atención de los
usuarios y el
fortalecimiento de las
capacidades de
generación de
información para la
toma de decisiones.
− Publicar materiales
de divulgación de
análisis, estudios y
estadísticas de la
gestión institucional.
− Realizar los eventos
de divulgación de los
resultados de
análisis, estudios y
estadísticas de la
gestión institucional.
Incremento de las fuentes de
información disponibles para
diversos usos y requerimientos
Poder Judicial de Honduras
216
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
2.1.4. Diseñar e
implementar un
sistema integrado de
información
interinstitucional en
forma conjunta con los
órganos del sistema
de justicia.
− Realizar el estudio,
para el diseño,
desarrollo,
implementación y
capacitación del
sistema integrado de
información
interinstitucional.
− Elaborar el modelo
del sistema de
información judicial.
− Realizar eventos de
capacitación en
ofimática para
usuarios del sistema
integrado de
información.
− Realizar eventos de
divulgación del
sistema dirigidos a
usuarios internos y
externos.
Contribuye al ajuste y formulación
de políticas y estrategias
institucionales en función de las
necesidades y demandas de los
servicios.
Facilita la realización de acciones
para el desarrollo institucional.
Establece parámetros de calidad
en la evaluación de la gestión.
Formulación del manual técnico y
de operación del sistema
correspondiente
Incrementa la generación de
información.
Incrementa las posibilidades de
acceso de los usuarios a la
información.
Mejora la ejecución de los
planes institucionales.
Coordinación interna en las
políticas públicas de la
institución
Desarrollo de acciones
preventivas y proactivas en la
gestión institucional
Mejora la coordinación de las
instituciones del sistema para
una adecuada protección y
cobertura de derechos a la
ciudadanía
Mayor confiabilidad
interinstitucional de la
información.
Mejora el seguimiento de los
Poder Judicial de Honduras
217
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
− Divulgar el sistema
dirigidos a usuarios
Establece el control del acceso y
la seguridad de la información.
casos a través de las diversas
instituciones del sistema.
2.1.5. Crear y ampliar
mecanismos de
coordinación
interinstitucional del
sector Justicia.
− Mejorar el marco
constitucional y legal
en relación al Poder
Judicial; para la
Comisión Interinstitu-
cional de Justicia
Penal para reformar
el marco judicial en
materia penal y para
la comisión interinsti-
tucional pertinente
para revisar el Código
de Procedimientos
Civiles.
− Apoyar a las Comisio-
nes Regionales y Lo-
cales; brindar asisten-
cia técnica para
mejorar el funciona-
miento y la coordina-
Mejor capacidad de respuesta a
las exigencias y necesidades del
sistema.
Desarrollo de las unidades de
enlace y de comunicación
interinstitucional.
Oportunidad y calidad de las
decisiones interinstitucionales.
Aumenta las posibilidades de
coordinación en las acciones de
reforma al sistema de justicia.
Mejora la unificación de criterios
para la aplicación de las leyes.
Mejora la imagen y liderazgo
institucional.
Mayor certidumbre y
confiabilidad en los resultados
del sistema en su conjunto
Poder Judicial de Honduras
218
Acciones Indicadores de resultados Indicadores de impacto
ción de las comisio-
nes regionales y loca-
les; dotar de apoyo y
mobiliario a las comi-
siones regionales
para su óptimo
funcionamiento;
apoyar el diseño de
prontuarios e instruc-
tivos para facilitar la
coordinación interins-
titucional.
− Identificar las
entidades que
intervienen en las
distintas materias
(civil, laboral,
contencioso-
administrativo,
familia, inquilinato,
violencia doméstica y
niñez y adolescencia)
Poder Judicial de Honduras
219
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
y diseñar una
estrategia para la
institucionalización de
la coordinación entre
entes vinculados por
materia.
− Publicar manuales,
acuerdos y normas
de coordinación
interinstitucional.
− Realizar eventos para
la divulgación de los
mecanismos, manua-
les, acuerdos y nor-
mas de coordinación
interinstitucional
2.1.6. Diseñar e
implementar una
estrategia de
comunicación
institucional
− Diseñar la estrategia
de comunicación
institucional
− Implementar la
estrategia de
comunicación
Definición de mensajes y voceros
institucionales sistemáticos e
integrales
Establecimiento de mecanismos
informativos para contingencias de
Fortalece la imagen y
credibilidad institucional.
Incrementa la generación de
información hacia los usuarios.
Poder Judicial de Honduras
220
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
institucional. comunicación frente a los medios
Amplia la comunicación de la
información.
2.1.7. Definir e
implementar
procedimientos para la
identificación de
necesidades de
reforma legal.
− Elaborar la
metodología y
procedimientos para
la identificación,
redacción,
seguimiento y
evaluación de
proyectos de reforma
legal.
Diseño de la metodología que
permita la identificación de
necesidades a partir de consultas
a la ciudadanía, a los abogados y
a los propios miembros de la
judicatura y de detección de
problemas institucionales.
Establecimiento de mecanismos
de identificación de necesidades
periódicos y permanentes
Agilización del proceso desde la
formulación hasta la aprobación.
Mayor aceptación y legitimidad de
los proyectos e iniciativas de
reforma.
Mejora en el contenido de los
proyectos de reforma legal.
Reducción de los vacíos
legales.
Mejor calidad de los proyectos
de reforma.
Poder Judicial de Honduras
221
Objetivo Específico
2.2. Crear y desarrollar la carrera judicial y administrativa para una adecuada selección, formación y evaluación del
capital humano del Poder Judicial.
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
2.2.1. Diseñar un modelo
de organización de los
servicios de formación
inicial, capacitación y
actualización del
personal jurisdiccional,
auxiliar y administrativo.
− Fortalecer la Escuela
Judicial en su
organización funcional
− Apoyar a la Escuela
Judicial en la produc-
ción y edición de
materiales de apoyo a
la ejecución de la
capacitación
− Establecer procedi-
mientos y mecanismos
que aseguren el
reconocimiento de los
méritos profesionales y
educacionales en las
carreras judicial y
administrativa
Evaluación del modelo de escuela
judicial adecuada a la institución
Diagnóstico de necesidades
relativas a la capacitación judicial
y administrativa
Evaluación de los programas de
formación, capacitación y
actualización
Amplia y perfecciona los
programas de capacitación en
base a la experiencia internacional
y al diagnóstico de necesidades.
Desconcentra los servicios de
capacitación.
Cambio y mejora en los
programas de formación,
capacitación y
actualización conforme a
evaluaciones sistemáticas
Vinculación de la escuela
judicial con el desarrollo de
la carrera judicial y
administrativa
Satisfacción de los
participantes de cursos y
programas así como de los
propios órganos decisorios
de la institución con el
rendimiento del personal
Poder Judicial de Honduras
222
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
− Apoyar el mejoramiento
de la impartición de
justicia mediante el
desarrollo de activi-
dades de capacitación.
− Readecuar el espacio
físico de la Escuela
Judicial.
− Ampliar la dotación de
recursos humanos y
materiales de la
Escuela Judicial.
− Mejorar la estructura,
organización y el
funcionamiento de la
Escuela Judicial.
− Elaborar los programas
y temarios para acceso
a la carrera judicial.
− Elaborar el plan docente
de formación inicial y
materiales pedagógicos
Escuela Judicial fortalecida en los
aspectos de organización, gestión,
y recursos pedagógicos, humanos
y materiales
Plan docente de formación inicial
y materiales pedagógicos
elaborados
Plan docente de formación
continua y materiales pedagógicos
elaborado
Poder Judicial de Honduras
223
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
correspondientes.
− Elaborar el plan docente
de formación continua y
materiales pedagógicos
correspondientes.
− Diseñar e implementar
el modelo de
organización de los
servicios de formación
inicial y continua del
personal jurisdiccional,
auxiliar y administrativo
y diseñar el
procedimiento y
metodología para la
selección de
instructores del sistema.
− Capacitar al cuerpo de
facilitadores en áreas
temáticas de interés
para la implementación
del modelo de
Poder Judicial de Honduras
224
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
organización de los
servicios de formación
inicial y continua del
personal jurisdiccional,
auxiliar y administrativo.
− Publicar el material
didáctico para los
instructores en áreas
temáticas de interés
para la implementación
del modelo de
organización de los
servicios de formación
inicial y continua del
personal jurisdiccional,
auxiliar y administrativo.
− Realizar el evento de
capacitación en áreas
temáticas necesarias
para la implementación
del modelo de
organización de los
Poder Judicial de Honduras
225
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
servicios de formación
inicial y continua del
personal jurisdiccional,
auxiliar y administrativo.
− Participar en los cursos
de formación continua
que imparta la Escuela,
de conformidad con el
Plan que se haya
elaborado.
− Realizar programas de
capacitación y
educación continua
para jueces, fiscales,
defensores, y expertos
forenses para mejorar la
calidad en la toma de
decisiones judiciales, de
la fiscalía, y la defensa.
− Diseñar, desarrollar y
capacitar un programa
de e-learning.
Poder Judicial de Honduras
226
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
− Desarrollar y capacitar
programa de e-learning
planteando el desarrollo
curricular e instruccional
de cursos a distancia en
las diferentes
modalidades posibles y
el equipamiento de la
escuela judicial.
− Desarrollar página web
y campus virtual del
programa de e-learning.
− Dotar de infraestructura
tecnológica para el web
site y el campus vitrtual,
6 computadores, 6
estaciones modulares y
1 impresora láser
industrial
− Dotar de infraestructura
tecnológica para el
programa de e-learning.
Poder Judicial de Honduras
227
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
− Dotar de infraestructura
tecnológica para un
aula del programa de e-
learning.
− Publicar materiales
didácticos para el
programa de e-learning
− Realizar eventos para la
divulgación del
programa de e-learning.
− Realizar un estudio
sobre la vinculación del
libre comercio e
integración regional con
la impartición de justicia
(identificación de la
demanda de servicios y
dimensionamiento de la
capacidad institucional
para atenderla),
formular una estrategia
y un plan para mejorar
Poder Judicial de Honduras
228
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
la respuesta institu-
cional a las demandas
del libre comercio y la
integración regional.
− Realizar eventos para la
divulgación del servicio
de arbitraje.
− Publicar la divulgación
del servicio de arbitraje.
− Realizar eventos de
capacitación para
mejorar la respuesta
institucional a las
demandas del libre
comercio y la
integración regional.
− Publicar material
didáctico para capacitar
a los empleados y
funcionarios judiciales
para mejorar la
respuesta institucional a
Poder Judicial de Honduras
229
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
las demandas del libre
comercio y la
integración regional.
2.2.2. Revisar y adecuar
con criterios de
transparencia a los
procedimientos de
reclutamiento y selección
de personal.
− Crear el compendio de
perfiles del personal
jurisdiccional.
− Definir los
procedimientos,
metodologías y criterios
de evaluación y
selección de los
aspirantes o candidatos
a los cargos con
criterios de
transparencia.
− Publicar manuales de
los procedimientos,
metodologías y criterios
de evaluación y
Cambio de los procedimientos de
reclutamiento y selección en base
a la participación social
Hacer públicos los procedimientos
de reclutamiento y selección, así
como su aplicación y resultados
Lograr una relación entre los
perfiles profesionales y
administrativos requeridos por la
institución con los perfiles de
ingreso
Fortalecimiento de la estructura,
organización, funcionamiento,
recursos humanos y materiales de
Mejora la imagen y
credibilidad del Poder
Judicial.
Mejora la calidad del
recurso humano.
Poder Judicial de Honduras
230
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
selección de los
aspirantes o candidatos
a los cargos.
− Realizar eventos de
capacitación al personal
responsable de
implementar los
procedimientos,
metodologías y criterios
de evaluación y
selección de los
aspirantes o candidatos
a los cargos.
− Realizar eventos de
socialización de los
perfiles de cargos
jurisdiccionales dirigido
a magistrados y
personal de la carrera
judicial.
− Utilizar el modelo de las
primera promociones,
todas las dependencias de la
Corte Suprema de Justicia que
intervienen en la correcta
aplicación de la Carrera Judicial
Poder Judicial de Honduras
231
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
elaborado por la
Escuela Judicial, en los
dos procesos de
selección y formación
inicial de Jueces(zas)
de Sentencia y
Jueces(zas) de
Ejecución que se
celebren en el año 2005
y 2006.
− Participar de un 20% de
docentes españoles(as)
y de un equipo persona
especializado(a) en
Género y Justicia en los
Cursos de Formación
Inicial de los aspirantes
a Jueces(zas) de
Sentencia y
Jueces(zas) de
Ejecución que se
presenten a los dos
Poder Judicial de Honduras
232
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
procesos de selección
que se celebren en el
año 2005 y 2006
− Nombrar en el cargo el
80% de las
candidaturas que
superen los dos
procesos de selección
de Jueces(zas) de
Sentencia y
Jueces(zas) de
Ejecución que se
celebren en el año 2005
y 2006
− Utilizar el modelo de
selección acorde con la
nueva normativa de
Carrera Judicial en el
proceso de selección y
formación inicial de los
Jueces(zas) de Letras y
Jueces(zas) de Paz que
Poder Judicial de Honduras
233
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
se celebre en el año
2007
− Participar en los cursos
de formación inicial de
los aspirantes a
Jueces(zas) de Letras y
Jueces(zas) de Paz que
se presenten al proceso
de selección que se
celebre en el año 2007
− Nombrar en el cargo el
80% de las
candidaturas que
superen el proceso de
selección de
Jueces(zas) de Letras y
Jueces(zas) de Paz que
se celebre en el año
2007
− Realizar eventos para la
divulgación del servicio
Poder Judicial de Honduras
234
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
de arbitraje.
− Realizar eventos de
capacitación para
mejorar la respuesta
institucional a las
demandas del libre
comercio y la
integración regional.
− Publicar material
didáctico para capacitar
a los empleados y
funcionarios judiciales
para mejorar la
respuesta institucional a
las demandas del libre
comercio y la
integración regional.
2.2.3. Diseñar e
implementar un sistema
de evaluación del
desempeño del personal
− Evaluar el personal
administrativo del Poder
Judicial.
− Diseñar, implementar y
capacitar en el sistema
Diseño del sistema en base a
indicadores y estándares de
eficiencia, calidad y costos
Sustitución de las variables
Incrementa el sentido de
responsabilidad y la
rendición de cuentas del
personal.
Poder Judicial de Honduras
235
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
de evaluación del
desempeño del
personal jurisdiccional y
administrativo del Poder
Judicial, mediante la
elaboración de los
instrumentos,
metodología y criterios,
además de su
instrumentación.
− Publicar manuales e
instrumentos de trabajo
relacionados con el
sistema de evaluación
del desempeño.
− Realizar eventos de
divulgación del nuevo
sistema de evaluación
del desempeño al
público en general y al
personal jurisdiccional y
administrativo del Poder
discrecionales y subjetivas en las
evaluaciones del personal, por
variables basadas en la
productividad y el mérito.
Mayor control del desempeño.
Contribuye a una mejor
detección de necesidades
de capacitación.
Mejora de la calidad de las
decisiones gerenciales.
Mejora de la calidad de los
resultados.
Poder Judicial de Honduras
236
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
Judicial.
− Realizar campaña de
divulgación del sobre
los resultados de la
evaluación del personal
jurisdiccional y
administrativo del Poder
Judicial.
Poder Judicial de Honduras
237
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
2.2.4. Establecer medios
de motivación, cambio
actitudinal y desarrollo
integral del recurso
humano del Poder
Judicial.
− Rediseñar el sistema de
evaluación del
desempeño de
Jueces(zas) y
Magistrados(as) por la
Corte Suprema de
Justicia.
− Incrementar y mejorar la
dotación de recursos
humanos y materiales
de la gestión de la
Carrera Judicial.
− Definir una estrategia y
un plan para mejorar la
motivación, cambio de
actitudes y desarrollo
integral del recurso
humano del Poder
Judicial.
− Realizar talleres para el
intercambio de
conocimientos, el
Desarrollo de acciones orientadas
a generar un cambio de
comportamiento y valores del
recurso humanos
Evaluaciones sobre el incremento
de la motivación y satisfacción en
el trabajo.
Aumento de la
productividad.
Mejora de la atención al
público
Poder Judicial de Honduras
238
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
cambio de actitudes, la
promoción del trabajo
en equipo y el
desarrollo integral del
recurso humano del
Poder Judicial.
− Publicar boletines
dirigidos al
fortalecimiento de la
cultura profesional del
recurso humano del
Poder Judicial
Poder Judicial de Honduras
239
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
2.2.5. Ampliar,
desarrollar y mejorar los
mecanismos de
coordinación en materia
de formación,
capacitación y
actualización de los
operadores de justicia.
− Establecer convenio de
colaboración con los
departamentos de
psicología y el de
trabajo social para
apoyar a los juzgados
de familia a través de
estudiantes en práctica.
− Determinar los
requerimientos del
Poder Judicial
relacionadas con la
creación de nuevas
carreras y
especialidades
− Realizar eventos con
las universidades para
la divulgación de los
requerimientos de
nuevas carreras y
especialidades.
− Realizar eventos para el
Establecimiento de mecanismos
conjuntos entre las instituciones
del sistema, a efecto de llevar a
cabo las acciones de planificación,
diseño y ejecución en materia de
formación, capacitación y
actualización
Reducción de costos de formación
y capacitación.
Mejora en la unificación de
criterios en la aplicación de
las leyes.
Mejora el nivel profesional
del recurso humano.
Poder Judicial de Honduras
240
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
establecimiento de
convenios con las
universidades estatales
y privadas para la
capacitación y
actualización de los
profesionales
vinculados al sector
justicia.
2.2.6. Ampliar el
programa de becas
nacionales y en el
exterior.
− Sufragar por el
programa becas de
formación inicial de los
aspirantes que superen
las dos primeras fases
de los dos procesos de
selección de
Jueces(zas) de
Sentencia y
Jueces(zas) de
Ejecución que se
celebren en el año 2005
y 2006, garantizando
Diagnóstico en materia de
necesidades de la institución en
materia de becas nacionales e
internacionales
Complementa las acciones y
actividades desarrolladas por la
escuela judicial
Incremento del nivel de
especialización.
Mejora el nivel profesional
del recurso humano.
Poder Judicial de Honduras
241
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
que al menos un 50%
de las mismas se
orienten al acceso de
las mujeres a la
judicatura.
− Viajes técnicos para el
intercambio de
conocimientos entre la
Corte Suprema de
Justicia y otros poderes
judiciales que han
implementado o están
en un proceso de
modernización,
mediante la
participación en eventos
y reuniones
internacionales.
− Talleres para el
intercambio de
conocimientos entre la
Corte Suprema de
Poder Judicial de Honduras
242
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
Justicia y otros poderes
judiciales que han
implementado o están
en un proceso de
modernización,
mediante la
participación en eventos
y reuniones nacionales.
Línea Estratégica No. 3
3. Promoción de la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Judicial.
Objetivo Específico
3.1. Incorporar mecanismos de apertura y transparencia para una mejor rendición de cuentas en los procedimientos y
actuaciones judiciales y administrativas.
Poder Judicial de Honduras
243
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
3.1.1. Diseñar e
implementar mecanismos
para lograr la publicidad
de los procedimientos y
actos de contratación y
adquisiciones del Poder
Judicial.
− Diseñar e
implementar los
mecanismos
administrativos para
lograr la publicidad de
los procedimientos y
actos de contratación
y adquisiciones, y uso
de los recursos del
Poder Judicial.
− Capacitar al personal
del poder judicial en
los mecanismos
administrativos para
lograr la publicidad de
los procedimientos y
actos de contratación
y adquisiciones, y uso
de los recursos del
Poder Judicial.
− Divulgar los
procedimientos y
Identificación de la demanda de
información específica, a efecto
determinar los contenidos a
publicitar y los métodos idóneos
para llevarlo a cabo
Incremento de la información
disponible hacia los usuarios.
Mejora la credibilidad
institucional.
Incrementa el número de
oferentes.
Mejora en la imagen
institucional.
Satisfacción de los usua-
rios con la información de
las adquisiciones.
Poder Judicial de Honduras
244
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
actos de contratación
y adquisiciones, y uso
de los recursos del
Poder Judicial.
3.1.2. Incorporar a la
sociedad en la
supervisión de los
procesos de adquisición y
contratación.
− Identificar las
organizaciones e
instituciones
vinculadas e
interesadas en
fortalecer el sistema
de organización de
justicia y proponer
mecanismos para
hacerla efectiva.
− Definir los
mecanismos de
participación de
organizaciones e
instituciones
vinculadas e
Diseño de los mecanismos de
participación social en la supervisión
de procesos de adquisición y
contratación.
Reducción de las quejas por
irregularidades en los
procedimientos.
Mayor credibilidad y
legitimidad institucional.
Disminución del número de
quejas y denuncias.
Poder Judicial de Honduras
245
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
interesadas en
fortalecer el sistema
de organización de
justicia y proponer
mecanismos para
hacerla efectiva.
− Apoyar las
organizaciones de la
sociedad civil que
están involucradas en
la reforma y
monitoreo del sector
justicia que están
involucradas en la
reforma y monitoreo
del sector justicia.
− Mejorar la capacidad
y visión
organizacional de
asociaciones
profesionales legales
seleccionadas a fin
Poder Judicial de Honduras
246
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
de que puedan
participar en la
formulación de
políticas sobre temas
que afectan el sector
justicia, y para que
puedan apoyar de
mejor manera las
necesidades de sus
asociados y
representar a sus
miembros en temas
de reforma.
− Divulgar los avances
en la implementación
de los mecanismos
de participación para
fortalecer el sistema
de justicia
Poder Judicial de Honduras
247
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
3.1.3. Ampliar los
mecanismos para la
difusión de información
jurisdiccional y
administrativa, leyes,
doctrina e información
relacionada.
− Diseñar y
reglamentar los
procedimientos de
acceso a la
información
institucional.
− Dotar de
infraestructura
tecnológica al
sistema automatizado
integral de e-justicia,
incluyendo la gestión
de los procesos en
todas las instancias y
materias, y la
publicación de
decisiones judiciales,
jurisprudencia y
doctrina,
vinculándolos con
centros de
información pública
Mayor generación de información
pública
Incremento en el número de
consultas.
Mejora el acceso de los
usuarios a la información
judicial.
Incrementa la demanda de
servicios.
Mejora la credibilidad
institucional.
Número de usuarios.
Poder Judicial de Honduras
248
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
(para las ciudades de
Choluteca, Santa
Rosa de Copán,
Ceiba, Comayagua,
Juticalpa, San Pedro
Sula, Tegucigalpa y
Catacamas).
− Publicación para
divulgar los
procedimientos de
acceso a la
información
institucional.
3.1.4. Diseñar e
implementar mecanismos
de participación de
instituciones y
organizaciones de la
sociedad interesadas en
fortalecer el sistema de
administración de justicia.
− Identificar y diseñar
de instancias
interinstitucionales
para promover la
coordinación entre
instituciones del
sector justicia
incluyendo el
Ministerio Público,
Análisis de los distintos espacios y
formas de participación social en el
sistema de justicia.
Mayor participación de la sociedad
en el sistema de justicia en los
mecanismos diseñados para ello.
Mejora cualitativa en la
respuesta a las
necesidades y
requerimientos de
servicios.
Mejora la credibilidad
institucional.
Poder Judicial de Honduras
249
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
Secretaría de
Seguridad, Secretaría
de Gobernación y
Justicia, Procuraduría
General de la
República, la Defensa
Pública, Comisionado
Nacional de los
Derechos Humanos,
Tribunal Superior de
Cuentas, y otros.
− Promover la
colaboración intra- e
interinstitucional en el
sector público en
general, incluyendo
Secretarías de
Estado, instituciones
descentralizadas y el
Poder Legislativo, y el
sector privado.
Mayor satisfacción de los
usuarios.
Poder Judicial de Honduras
250
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
3.1.5. Adecuar y agilizar
los mecanismos de
auditoria financiera y de
gestión.
− Revisar, adecuar y
agilizar los
mecanismos de
control y auditoria
financiera y de
gestión, mediante el
ajuste de los
procedimientos y la
elaboración de
manuales de
organización,
procedimientos y de
funciones.
− capacitar en los
ajustes a los
mecanismos de
control y auditoría
financiera y de
gestión.
− Auditoría del
notariado: emitir la
normativa rectora de
Mejora la capacidad auditora.
Mejor captación de quejas y
denuncias.
Desarrollo de la función preventiva y
correctiva.
Mayor control de la gestión
administrativa y jurisdiccional.
Mayor cumplimiento de las
normas y políticas.
Racionalización de los
recursos.
Mejora en la percepción de
la rendición de cuentas del
Poder Judicial.
Poder Judicial de Honduras
251
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
las funciones,
facultades,
responsabilidades y
actuaciones de la
Auditoría Especial del
Notariado; definir la
organización interna
modalidad de
funcionamiento de la
Auditoría Especial del
Notariado en el Poder
Judicial; crear un
directorio de Notarios
Públicos, que cuente
con información
actualizada sobre los
notarios que ejercen
la fe pública en el
país y permita
realizar el control de
su supervisión y de
las quejas
Poder Judicial de Honduras
252
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
presentadas;
establecer un sistema
para autofinanciar la
Auditoría Especial del
Notariado.
Objetivo Específico
3.2 Establecer procedimientos de acceso a la información judicial y administrativa a efecto de lograr una mayor
vinculación entre las actividades institucionales y la población que generen incentivos a la responsabilidad social.
Acciones Actividades Indicadores de resultado Indicadores de impacto
3.2.1. Diseñar y
reglamentar los
procedimientos de
acceso a la información
institucional.
− Diseñar y reglamentar los
procedimientos de acceso a
la información institucional.
− Divulgar los procedimientos
de acceso a la información
institucional.
Identificación de la demanda
de información requerida por
los distintos usuarios.
Análisis de las disposiciones
contenidas en el
anteproyecto de ley de
acceso a la información.
Elaboración de las normas
Mayor acceso a la información
judicial.
Seguridad jurídica.
Poder Judicial de Honduras
253
Acciones Actividades Indicadores de resultado Indicadores de impacto
correspondientes.
3.2.2. Crear instancias
de atención al público y
provisión de la
información.
− Crear las instancias de
atención al público y
provisión de la información.
− Desconcentración del acceso
a la jurisprudencia, leyes e
información judicial: preparar
las bases para facilitar el
acceso a la jurisprudencia,
autos acordados, circulares,
leyes y otra documentación
por medio del CD ROM,
sistema de consulta,
publicación de la Gaceta
Judicial y otras
publicaciones; preparar a
operadores de justicia,
sociedad civil y estudiantes
de derecho sobre la
importancia del conocimiento
y utilización de la
jurisprudencia nacional, con
Estudio de las disposiciones
del anteproyecto de ley de
acceso a la información con
los requerimientos y
posibilidades institucionales.
Creación y capacitación de
las instancias
correspondientes.
Agilizar la entrega de
información oportuna a los
usuarios.
Mayor vinculación con la
sociedad y contribuir a una
mejor relación con los medios
de comunicación.
Poder Judicial de Honduras
254
Acciones Actividades Indicadores de resultado Indicadores de impacto
el fin de contribuir a la
transparencia, la formación
de doctrina y la seguridad
jurídica del país;
desconcentrar los servicios
de acceso a documentación
y bibliografía por medio de la
creación de pequeñas
bibliotecas jurídicas en el
Poder Judicial a nivel
nacional (San Pedro Sula,
Choluteca y Santa Rosa de
Copán, en una primera
etapa).
− Dotar de infraestructura
tecnológica (2 kioskos, 14
sillas de espera, 6 estantes,
1 credenza grande, 2
impresoras láser, pantallas
LCD, 10 computadores) para
un centro de información de
usuarios.
Poder Judicial de Honduras
255
Acciones Actividades Indicadores de resultado Indicadores de impacto
− Dotar de infraestructura
tecnológica (kioskos, puntos
de consulta) para
implementar las instancias
de atención al público y
provisión de la información
para Choluteca, Tegucigalpa,
San Pedro Sula, Ceiba,
Santa Rosa de Copán,
Juticalpa, Catacamas, El
Progreso, Danlí, La
Esperanza, Gracias, Tocoa,
Olanchito y Siguatepeque.
− Divulgar las instancias de
atención al público y
provisión de la información.
Poder Judicial de Honduras
256
Línea Estratégica No. 4
4. Mejora del acceso de la población a los servicios de justicia.
Objetivo Específico
4.1. Desarrollar mecanismos que permitan un mayor acceso de la población a los servicios jurisdiccionales.
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
4.1.1. Diseñar el marco
jurídico de actuación e
implementar los
juzgados móviles.
− Diseñar el régimen los
juzgados móviles y
estrategia de
implementación.
− Dotar de plataforma
tecnológica para la
implementación de los
juzgados móviles.
− Realizar eventos de
capacitación y
observación para la
implementación de los
juzgados móviles.
− Dotar de plataforma
Normas de actuación de los
juzgados móviles.
Puesta en marcha de un juzgado
móvil.
Incrementa el número de casos
resueltos.
Incremento de la cobertura
geográfica.
Incrementa el número de usuarios
de los servicios.
Mayor cobertura geográfica
de áreas criticas.
Mayor atención de
conflictos sociales.
Satisfacción del usuario.
Poder Judicial de Honduras
257
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
tecnológica para la
implementación de los
juzgados móviles
− Realizar eventos para
divulgar el régimen los
juzgados móviles y
estrategia de
implementación.
− Divulgar los juzgados
móviles
4.1.2. Promover el uso
de los mecanismos
alternos de resolución
de conflictos.
− Analizar, desarrollar y
presentar el modelo de
resolución alternativo de
disputas para expandir
el acceso al sistema
legal por parte de
grupos marginados,
especialmente las
mujeres y pobres.
− Dar asistencia técnica
cuando se haya
aprobado el modelo,
Estudio empírico sobre el uso e
impacto de los mecanismos
alternos de resolución de
conflictos.
Diseño de medidas de promoción y
difusión de los mismos.
Mayor resolución de
conflictos a través de
conciliación, mediación y
arbitraje.
Simplificación de los
procedimientos judiciales.
Poder Judicial de Honduras
258
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
para su ejecución en
uno o dos centros
pilotos.
− Hacer el nuevo mapa de
competencias del poder
judicial en todas las
instancias y materias,
evaluación y propuesta
de organización de la
justicia de paz.
− Crear los medios de
compatibilización de la
ley de conciliación y
arbitraje, con los
procesos judiciales.
− Remodelar Juzgados de
Paz de Colón,
Ocotepeque, Lempira,
La Paz, Intibucá y Valle.
− Realizar programas de
capacitación de
personal judicial en el
Poder Judicial de Honduras
259
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
mapa de competencias,
modelo de organización
de la justicia de paz y
medios alternos de
resolución de conflictos.
− Divulgar el mapa de
competencias, modelo
de organización de la
justicia de paz y medios
alternos de resolución
de conflictos.
4.1.3. Redefinir la
estructura, organización
y los procedimientos de
la Defensa Pública
orientada a la
desconcentración y
especialización de sus
servicios.
− Apoyar el
fortalecimiento
organizativo y funcional
de la Defensoría
Pública.
− Organizar un sistema
automatizado y físico de
registro y control de
todos los casos
manejados por la
Defensa Pública a nivel
Incrementa el número de usuarios
de los servicios.
Mayor cobertura geográfica y
diversificación de sus servicios.
Consolidación de la independencia
de los servicios de defensa.
Mejora la capacidad de
respuesta a las exigencias
y demandas del servicio.
Incrementa el acceso de
usuarios.
Seguridad jurídica.
Poder Judicial de Honduras
260
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
nacional para su
adecuado seguimiento y
permitir realizar un
monitoreo y evaluación
del desempeño de los
defensores públicos, así
como la producción de
estadísticas.
− Promover la
independencia de la
Defensa Pública como
un organismo técnico-
jurídico especializado de
carácter público y
gratuito, con autonomía
funcional, administrativa
y financiera,
independiente de otras
entidades del Estado,
por medio de iniciativa
de ley ante el Congreso
Nacional.
Poder Judicial de Honduras
261
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
− Preparar a los
defensores públicos
para la gestión y
negociación con los
fiscales del Ministerio
Público a efecto de
lograr la aplicación de
medidas
desjudicializadoras
como criterios de
oportunidad,
conciliaciones,
suspensión condicional
de la persecución
penal, procedimientos
abreviados y estricta
conformidad con la
acusación.
− Crear los manuales de
procedimientos para
involucrar a los
defensores públicos en
Poder Judicial de Honduras
262
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
materia de familia y
laboral
− Dotar de plataforma
tecnológica para la
realización de ejercicio
inicial de especialización
de la defensa en la
materia de familia y
laboral en San Pedro
Sula.
− Realizar eventos de
capacitación para la
realización de ejercicio
inicial de especialización
de la defensa en la
materia de familia y
laboral en San Pedro
Sula.
− Evaluar el ejercicio
inicial de especialización
de la defensa en la
materia de familia y
Poder Judicial de Honduras
263
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
laboral en San Pedro
Sula.
4.1.4. Revisar y
proponer reformas al
marco jurídico para
desjudicializar
procedimientos no
contenciosos.
− Revisar y proponer
reformas al marco
jurídico para
desjudicializar
procedimientos no
contenciosos.
Análisis de posibles consecuencias
producto de la desjudicialización
de procedimientos.
Elaboración del anteproyecto de
ley que contenga las reformas a
los procedimientos no
contenciosos.
Socialización de las
propuestas de reforma.
4.1.5. Incorporar el
enfoque de género en la
administración del
sistema de justicia.
− Proveer fondo para
servicios de ayuda legal
implementado por ONG
con énfasis en zonas
rurales y maquiladoras.
− Elaborar los perfiles de
puestos de los
mediadores en los
Mejorar la sensibilización sobre
problemática de género, tanto en lo
concerniente a conflictos
especiales como a equidad en el
desempeño profesional.
Mejora de la equidad en el
tratamiento de los casos
Mejora del acceso a
servicios de justicia.
Poder Judicial de Honduras
264
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
juzgados de familia.
− Realizar eventos de
capacitación a los
mediadores de los
juzgados de familia
− Fortalecer los procesos
de la legislación
nacional que consagra
los derechos de las
mujeres a fin de
garantizar su aplicación
− Diseñar normativa y
capacitación en el tema
de género (Inspectoría
de Tribunales, Cortes de
Apelaciones, Corte
Suprema y operadores
de justicia a nivel
regional)
− Crear y ejecutar los
módulos de
capacitación de género
Poder Judicial de Honduras
265
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
especializada para
operadores de justicia.
− Realizar talleres de
validación de los
módulos de
capacitación de género
especializada para
operadores de justicia.
− Publicar materiales de
los módulos de
capacitación de género
especializada para
operadores de justicia.
− Remodelar la planta
física del juzgado de
San Pedro Sula para
separar el juzgado de
violencia doméstica de
familia.
− Dotar un vehículo para
los notificadores y
Poder Judicial de Honduras
266
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
jueces de ejecución del
juzgado de violencia
doméstica de San Pedro
Sula.
− Dotar dos vehículos
para notificadores y
jueces de ejecución de
los juzgados de
violencia doméstica y el
de familia de
Tegucigalpa.
− Dotar de infraestructura
tecnológica a la unidad
de apoyo psicosocial del
juzgado de familia de
Tegucigalpa
− Realizar campañas de
divulgación sobre Ley
de Violencia Doméstica
en la zona rural y sobre
los derechos de la mujer
Poder Judicial de Honduras
267
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
4.1.6. Realizar
campañas para informar
a la sociedad sobre los
mecanismos de acceso
a los servicios de
justicia.
− Diseñar e implementar
campaña de información
para orientar a la
sociedad sobre los
mecanismos de acceso
a los servicios de
justicia.
− Identificar necesidades
y diseñar programas de
educación jurídica de la
población en los centros
de información del
Poder Judicial y otros
medios e instancias de
la sociedad.
− Realizar eventos para la
divulgación de los
programas de
educación jurídica de la
población.
− Divulgar de los
programas de
Diseñar una estrategia de
comunicación dirigida a la
población.
Incremento de la demanda
de los servicios.
Incremento de la solución
de conflictos sociales.
Poder Judicial de Honduras
268
Acciones Actividades Indicadores de resultados Indicadores de impacto
educación jurídica de la
población.
Poder Judicial de Honduras
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
269
3. PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2004-2009
La identificación de los gastos de inversión necesarios y la valoración de cada
una de las actividades del Plan de Modernización del Poder Judicial se basó en
la metodología de costos unitarios. Asimismo, se establecieron los siguientes
supuestos:15
El período de ejecución de todas las actividades del Plan se
realizarán en un período de cinco años (2004-2009), iniciando en el
año 2004.
Las categorías de inversión son: Consultoría y Asistencia Técnica,
Capacitación y otros Servicios, Bienes y Obras.
Las probables fuentes de financiamiento son: presupuesto de la CSJ,
y fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo,
Banco Mundial, USAID, y Cooperación Española en proyectos
identificados.
Los gastos de inversión correspondientes a obras (construcción,
readecuación y mantenimiento) serán ejecutado por fondos
provenientes del presupuesto de la CSJ, BID y Banco Mundial.
Las fuentes de información para la identificación de los gastos y la
valoración de las actividades son: fichas técnicas insumos para el
diseño del proyecto BID, proyecto USAID, proyecto Cooperación
Española, proyecto Banco Mundial, Dirección de Infotecnología,
Dirección de Administración, Unidad Técnica de Reforma (UTR).
15 Ver detalles en hoja de calculo anexa.
Poder Judicial de Honduras
270
En este sentido, el costo global de inversión para la ejecución del Plan de
Modernización del Poder Judicial es de US$ 35,699,237 , distribuidos según
categorías de inversión en: 33.13% en consultorías y asistencia técnica, 8.6% en
capacitación y otros servicios, 19.14% en bienes y 39.11% en obras.
Correspondiendo el 53% de los recursos para el logro del lineamiento
estratégico referido a la mejora de la capacidad del funcionamiento Jurisdiccional
y Administrativa del Poder Judicial ,el 19% a la promoción de la transparencia y
la rendición de cuentas del Poder Judicial el 11% al fortalecimiento de la
independencia y Gobierno Judicial y el 12% a la mejora del acceso de la
población a los servicios de justicia.
Asimismo, el costo global de inversión distribuido por categorías de inversión y
fuentes de financiamiento refleja que el 27% será ejecutado por recursos
provenientes del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia; el 17% por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 12% por USAID, el 38% por el
Banco Mundial y por Cooperación Española el 3%. Cabe destacar, que del total
del monto financiado por la CSJ (27% del total del plan) el 62.5% está dirigido a
la construcción, readecuación y mantenimiento de los edificios judiciales; el 0.8%
a la adquisición, reposición y mantenimiento de la infraestructura informática
(hardware, software y comunicaciones y redes) de todo el Poder Judicial; el 7% a
consultoría y asistencia técnica y 3% a capacitación y otros servicios.
El monto estimado del proyecto BID es de US$ 6,133,000. Distribuidos el 13.4%
en consultoría y asistencia técnica, 16.2% en capacitación y otros servicios, el
15.7% en Bienes y el 21.5% en obras.
El monto estimado del proyecto BM es de US$ 15,000,000. La distribución
corresponde el 28.2% en consultoría y asistencia técnica, 67.4% en capacitación
y otros servicios, 79.1% en bienes y 16% en obras..
Poder Judicial de Honduras
271
En la hoja de calculo anexa se puede encontrar el detalle de las categorías de
inversión, fuentes de financiamiento por los cinco años de ejecución de cada
lineamiento estratégico. Ver anexo Hoja de Calculo en Excel.
Poder Judicial de Honduras
Distribución por Lineamientos Estratégicos, fuente de financiamiento y Categorías de Gasto
Expresado en US $
Fuente de financiamiento
Banco MundialPPF
Banco MundialProyecto
Cooperación Española
Euros al tipo de cambio
1.354413
BID USAID Presupuesto
Corte Suprema de Justicia
Total Lineamientos Estratégicos
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
Mejora de la capacidad del funcionamiento
Jurisdiccional y Administrativa del Poder Judicial 278.250 1% 4.766.664 25% 321.048 2% 4.976.755 26% 1.060.476 6% 7.675.689 40% 19.078.881 53%
Promoción de la transparencia y la rendición de
cuentas del Poder Judicial 627.220 9% 2.352.000 34% 762.489 11% 551.895 8% 1.060.476 15% 1.565.393 23% 6.919.473 19%
Fortalecimiento de la Independencia y Gobierno
Judicial 49.900 1% 2.525.912 66% - 0% 174.350 5% 1.060.476 28% - 0% 3.810.638 11%
Mejora del acceso de la población a los servicios de
justicia 350.550 8% 2.671.424 62% - 0% 250.001 6% 1.060.476 24% - 0% 4.332.450 12%
Unidad Ejecutora del Proyecto 134.820 9% 684.000 48% - 0% 180.000 13% - 0% 438.975 31% 1.437.795 4%
Contingencia 59.260 4% 400.000 3,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 120.000 1,2% 120.000 0,3%
Gastos operativos 0,0% 100.000 0,7% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0
Total costo del Plan 1.500.000 4% 13.500.000 38% 1.083.537 3% 6.133.000 17% 4.241.904 12% 9.800.057 27% 35.699.237 100%
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
272
Poder Judicial de Honduras
273
Distribución por Lineamientos Estratégicos, fuente de financiamiento y Categorías de Gasto
Expresado en US $
Fuente de financiamiento
Banco MundialPPF
Banco Mundial Proyecto
Cooperación Española
Euros al tipo de cambio
1.354413
BID USAID Presupuesto
Corte Suprema de Justicia
Total Categoría del gasto
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
Consultoría y Asistencia técnica 735.410 6,2% 3.322.250 28,2% 1.083.537 9,2% 1.577.100 13,4% 4.241.904 36,0% 828.775 7,0% 11.788.976 0,3313
Capacitación 404.600 13,2% 2.064.400 67,4% - 0,0% 496.409 16,2% - 0,0% 99.000 3,2% 3.064.409 0,0861
Bienes 300.730 4,4% 5.390.026 79,1% - 0,0% 1.067.779 15,7% - 0,0% 52.470 0,8% 6.811.005 0,1914
Obras - 0,0% 2.223.324 16,0% - 0,0% 2.991.712 21,5% - 0,0% 8.699.812 62,5% 13.914.848 0,3911
Contingencia 59.260 4,0% 400.000 3,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0
Gastos operativos 0,0% 100.000 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Totales del plan 1.500.000 4,2% 13.500.000 38% 1.083.537 3% 6.133.000 17% 4.241.904 12% 9.680.057 27% 35.579.237 100%