ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO ARMADO REGISTRADO EN NORTE DE SANTANDER (Texto resumen) FUNDACIN CULTURA DEMOCRTICA - FUNDACIN PROGRESAR CCUTA Con el apoyo de CONSEJERA EN PROYECTOS

Investigadores: lvaro Villarraga, Wilfredo Caizares y Magaly Ramos Elaboracin de texto y resumen: lvaro Villarraga CONTENIDO1. ELEMENTOS DE CONTEXTO1.1 1.2 CONTEXTO SOCIOECONMICO DE NORTE DE SANTANDER CONTEXTO SOCIOECONMICO DE SAN JOS DE CCUTA

2. ANTECEDENTES EN MATERIA DE VIOLACIONES EN DDHH Y DIH.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 DESAPARICINES FORZADAS. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA OPOSITORES. ATENTADOS CONTRA AMNISTIADOS. VIOLACIONES DE LA BRIGADA MVIL No.2 Y DEL GRUPO MECANIZADO No.5 MAZA DEL EJRCITO. EL CASO DE TIRSO VLEZ, ALCALDE DE TIB. ATAQUES CONTRA AUTORIDADES JUDICIALES Y DEFENSORES DEL DERECHO. LAS LUCHAS REPRESIN. SOCIALES INTEFERIDAS POR LA VIOLENCIA Y LA

ATAQUES DE LA FUERZA PBLICA VENEZOLANA CONTRA CAMPESINOS EN LA FRONTERA. OFENSIVA PARAMILITAR CONTRA LA POBLACIN DE EL CATATUMBO.

2.10 IMPUNIDAD Y MARGINALES ACTUACIONES DEL ESTADO. 2.11 OFENSIVA PARAMILITAR Y DESTITUCION DE MANDOS DE LA FUERZA PBLICA. 2.12 INCURSIN PARAMILITAR EN CCUTA.

2.13 EL ASESINATO DEL EX ALCALDE PAUSELINO CAMARGO. 2.14 ACTUACINES DE LA INSURGENCIA CONTRARIAS A LAS NORMAS HUMANITARIAS

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3.

DIAGNOSTICO EN DDHH Y DIH EN SAN JOSE DE CUCUTA Y EL REA METROPOLITANA, I semestre 2001 I semestre 2003.3. 1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 HOMICIDIOS MASIVOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE CCUTA. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO HOMICIDIOS MASIVOS DE POBLACION VULNERABLE EN CCUTA Y REA METROPOLITANA VIOLACIN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. PROHIBICIN DE DETENCIONES ARBITRARIAS. INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. LA ACTUACION DE LAS GUERRILLAS CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANITARIO

EL

4.

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: VIOLACINES DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DDHH Y DIH4.1 4.2 4.3 PANORAMA GENERAL LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO, MANIFESTACIONES CONFLICTO ARMADO EN CCUTA GRAVES DAOS CAUSADOS A LA POBLACIN CIVIL DEL

5.

NARCOTRFICO5.1 5.2 5.3 5.4 ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EL AUGE DE LOS CULTIVOS ILEGALES Y LA DISPUTA DE LOS GRUPOS ARMADOS IRREGULARES LA GRAVEDAD DEL IMPACTO SOCIAL Y LA PERVIVENCIA DEL NARCOTRFICO LA POLTICA ANTIDROGAS Y LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO

6.

SITUACIN FRONTERIZA Y CRISIS HUMANITARIA6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 ZONA FRONTERIZA DEL NORTE DE SANTANDER RESEA DE LAS RELACIONES BILATERALES EN TORNO A LA POBLACIN EN SITUACIN DE DESPLAZAMIENTO O REFUGIO EXTENSIN DEL CONFLICTO EN LA ZONA FRONTERIZA VIOLACIN DE DERECHOS DE LA POBLACIN MIGRANTE RECLUTAMIENTO DE NIOS REFUGIADOS PARA COMBATIR EN COLOMBIA

7.

SITUACIN FRONTERIZA Y CRISIS HUMANITARIA7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 ZONA FRONTERIZA DEL NORTE DE SANTANDER RESEA DE LAS RELACIONES BILATERALES EN TORNO A LA POBLACIN EN SITUACIN DE DESPLAZAMIENTO O REFUGIO EXTENSIN DEL CONFLICTO EN LA ZONA FRONTERIZA VIOLACIN DE DERECHOS DE LA POBLACIN MIGRANTE RECLUTAMIENTO DE NIOS REFUGIADOS PARA COMBATIR EN COLOMBIA

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JUSTICIA Y CRISIS HUMANITARIA EN NORTE DE SANTANDER8.1 OBLIGACIN DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA JUSTICIA

9.

POLTICA PBLICA FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA9.1 9.2 FORMULACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA DERECHOS HUMANOS LA POLTICA PBLICA FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA Y

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ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO ARMADO REGISTRADO EN NORTE DE SANTANDER1

1. ELEMENTOS DE CONTEXTO 1.1 CONTEXTO SOCIOECONMICO DE NORTE DE SANTANDER

Norte de Santander est conformado por 40 Municipios, tiene una superficie de 22.637 kilmetros cuadrados, su poblacin se estim en el ao 2002 por el DANE en 1435.237 personas, de las cuales el 55% habita su capital Ccuta. El departamento presenta seis subregiones claramente diferenciadas ante todo por su importancia geoestratgica y comercial debido a su condicin de frontera, la cual determina las posibilidades de desarrollo. Merece destacarse la subregin oriental que comprende los municipios del rea Metropolitana de Ccuta, que se ha consolidado como una de las ciudades intermedias ms importantes del pas. Algunas de estas subregiones carecen de vas de comunicacin, de desarrollo industrial y de infraestructura, y en la administracin pblica histricamente pesan la corrupcin y el clientelismo. Tambin se registran altos niveles de atraso, de pobreza y de marcadas carencias en materia social, tanto en reas agraria s como en espacios urbanos. 1.1.1 Importancia geoestratgica. Adems una excepcional ubicacin geoestratgica el departamento posee importantes reservas naturales, gran biodiversidad, inmensa riqueza forestal con gran variedad maderera y una rica hidrografa con los ros Tarra, Zulia y Catatumbo, pertenecientes a la vertiente del lago de Maracaibo, as como un terreno mayoritariamente montaoso que colinda con las llanuras de la Costa Atlntica. Cuenta adems con la selva de El Catatumbo, de la cual hace parte el Parque Natural Catatumbo-Bar, con una extensin de 158.125 hectreas y, al sur, con el Parque Natural Tam, con cerca de 48.000 hectreas, compartido con la Repblica Bolivariana de Venezuela, y limtrofe con Arauca. Tambin posee yacimientos de petrleo e importantes minas de carbn, cuyas reservas se estiman en 68 millones de toneladas, calificadas como de excelente calidad y cuyas exportaciones anuales son de 800.000 toneladas. 1.1.2 Escaso aprovechamiento de la condicin fronteriza. Al departamento le corresponden 421 kilmetros de los 2.219 de la extensa frontera con Venezuela, pero son los de mayor relacin comercial e integracin. El punto mximo del intercambio comercial fue 1997, con 2.500 millones de dlares, lo cual llev a catalogar a Ccuta como el principal puerto terrestre de Suramrica. La Cmara de Comercio de Ccuta en el 2003 estableci que por la autopista internacional San Jos de Ccuta - San Antonio del Tchira, transit un promedio de 21.000 vehculos diarios, a pesar de la ineficiente interconexin y la limitacin por la falta de pasos fronterizos. El 80% del comercio colombo-venezolano y del sub-regional andino, se desplaza por esta frontera terrestre. Ante esta prosperidad, hubo acciones de aprovechamiento econmico, pero en1

Se autoriza la reproduccin parcial de documento citando la fuente.

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contraste con Venezuela, los proyectos viales del departamento como la va Ccuta El Escorial Bucaramanga, la de esta capital a Tib, Convencin y Ocaa y la va Ocaa Ccuta, se paralizaron2 . Es notable la ausencia de polticas estratgicas y de proyectos de desarrollo que puedan derivar en inversin, aunado al inmediatismo, la corrupcin y el impacto de la violencia, aspectos que lesionan las posibilidades del desarrollo y el aprovechamiento de las ventajas comparativas. 1.1.3 Efectos del debilitamiento de la produccin petrolera. La disminucin de la produccin y la prdida de importancia del sector petrolero en la regin, conllev la disminucin de las regalas a los municipios, el desempleo, la prdida de recursos para el desarrollo y, por consiguiente, el incremento de conflictos sociales. Adems, en aras de la proteccin de las instalaciones petroleras se produce la militarizacin de ECOPETROL y de las empresas petroleras, lo cual deriva en compromisos directos con dispositivos militares que incluyen compromisos con personal militar de los Estados Unidos, especialmente a partir del Plan Colombia. 1.1.4 Extensin de los cultivos de coca de uso ilegal. Estudios registran entre 8.000 y 12.000 las hectreas con cultivos de uso ilegal de hoja de coca, articulados a una forma de economa ilegal que resulta determinante en otra serie de actividades econmicas. Se calculan en por lo menos 20.000 los cultivadores, jornaleros raspadores de hoja de coca, procesadores de pasta de coca y transportadores, a la vez que se conectan con la extensa red de comerciantes de insumos, proveedores de todo tipo de mercancas y con quienes, de manera directa o indirecta ofrecen distintos servicios. Los narcotraficantes han adquirido propiedades con el inters de lavar dinero en conjuncin con actores armados; a la vez la ofensiva paramilitar de los ltimos aos produjo la expulsin violenta de numerosos campesinos con el consiguiente despojo o la compra a precios irrisorios de sus predios. Los qumicos utilizados dejan la tierra estril por 8 o 10 aos, lo cual no permite la sustitucin rpida de cultivos. Adems, los cultivos se hacen en reas protegidas y parques naturales, de alta biodiversidad o de importante rol en el mantenimiento de funciones productivas, sobre todo en relacin con el ciclo hidrolgico. 1. 1.5 Crisis social y deterioro de la calidad de vida. En lo relativo a la crisis social es bien indicativo encontrar que en el 2001 el departamento registr un ndice de pobreza del 50.24%3 y la cobertura de la electricidad en el sector rural no alcanz al 70%, mientras el agua potable lleg al 41.3%, el alcantarillado al 11.1% y el telfono 0.14%. 4 Igual que otras zonas de colonizacin reciente y de fronteras permanecen al margen de las polticas de desarrollo 5 . As, se conjuga el menor desarrollo de municipios de frontera, con ndices de calidad de vida e indicadores sociales y econmicos en retroceso respecto de otros del interior del pas. Las cifras de bienestar y calidad conllevan a la vez en el departamento claras diferenciaciones, pues las estadsticas favorecen a San Jos de Ccuta como centro urbano, polo de desarrollo poltico y econmico, que concentra recursos e infraestructura, con contrastes notorios de inequidad social en la misma Ccuta y2 3

Monografa Ilustrada del Norte de Santander, tomo III, Peridico La Opinin, pgina 474, 2001 Ibid. 4 Plan de Desarrollo de Norte de Santander, 2001-2003. 5 Documento Conpes 3155, Enero 28 de 2002, pg 4.

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con referencia a las provincias y los dems municipios. Norte de Santander, segn Planeacin Nacional, se encuentra en la categora 3 en el ndice de desarrollo, con una calificacin de 55,67 un poco por encima del promedio nacional de desarrollo, que es del 47,75. 1.1.6 Crisis fiscal y vulnerabilidad de los municipios. Al analizar los indicadores de desempeo fiscal por municipios, para los aos 2000, 2001 y 2002, publicados por el Departamento Nacional de Planeacin, encontramos que, por ejemplo, la magnitud del endeudamiento en promedio se mantiene en el 9%, con presupuestos de gastos e inversin tambin bajos. Para el 2000 slo 10 municipios mostraban cierta capacidad de ahorro. En el 2001 subieron levemente a 12 y para el 2002 el nmero se dispar a 32, con porcentajes de ahorro promedio del 22%, ante exigencias del Gobierno central. En el 2002 slo Ccuta se ubic en los 100 primeros (puesto 92) y Pamplona casi en el ltimo (puesto 996). El resto se encuentra entre el puesto 600 y el 950, bastante lejos de promedios alentadores. No es fcil, por tanto, esperar resultados satisfactorios de las administraciones cuando tales circunstancias se retroalimentan con el despilfarro de recursos, la politiquera y la corrupcin. Al lado de la crisis fiscal y administrativa municipal, segn el Departamento Nacional de Planeacin, para el ao 2000 el 53% de la poblacin de Norte de Santander estaba bajo la lnea de pobreza y el 20,2% en la indigencia. Los municipios tienen dificultades para captar recursos propios y financiar el gasto social, la inversin y la deuda; problemas de infraestructura, vas, carencia y deficiencias en servicios pblicos; problemticas de conflictos sociales, expresiones de violencia, etc. Es as como el 64% de ellos no alcanza a tener, en promedio, las condiciones mnimas para ser pobres 6 . Por su parte, el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 7 ubica al 45% de los municipios en calidad de vulnerables y entre los diez peor ubicados aparece Teorama, en el rango de municipio con grado de vulnerabilidad extremo. 1.1.7 Retroceso productivo y afectacin del sector rural. Las provincias cubran la demanda regional y, ante circunstancias de abundancia y bajos precios, se promova intercambio con la Costa Atlntica y el interior. Sin embargo, la situacin cambi notoriamente. Los cultivos transitorios para el 2000 bajaron en un 21% en comparacin con el ao de 1999 8 . Han disminuido las hectreas cultivadas de arroz en el Distrito de Riego del Ro Zulia. De 17.500 en 1996 en el 2001 slo alcanzaron a 11.180. Ligado todo ello a los problemas propios del sector, como la liberacin de importaciones y el contrabando, los cultivadores de arroz han sufrido la arremetida violenta de la insurgencia y de las autodefensas, no solamente en el pago obligatorio de cuotas por seguridad, de acuerdo con las hectreas cultivadas, sino ante las amenazas, los secuestros, el destierro y el asesinato. En el mismo lapso decrecieron otros productos: el frjol pas de 5.197 a 2.083 hectreas cultivadas; el maz, de 11.096 a 4.052; la papa, de 3.062 a 1.264; el

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SARMIENTO, Alfredo y RAMIREZ Clara. ndice de Condiciones de Vida: Una Propuesta para la Distribucin, Misin Social. 1998. 7 El Conflicto, Callejn con Salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Entender para Cambiar las Races Locales del Conflicto. Colombia, Bogot, D.C., 2003. 8 Ibid.

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cacao, de 14.014 a 11.433 y la caa panelera, de 14.027 a 11.140; productos de gran impacto social tanto en el rea rural como en los centros urbanos. 9 Los rendimientos son crticos y disminuye la produccin. Adems de las causas estructurales se agregan falta de planeacin, deficiente asistencia tcnica, altos costos de produccin y precios demasiado bajos para los productores. Los ingresos no compensan ni estimulan la actividad productiva condicionada con frecuencia a producir para el consumo ms que para la comercializacin. 10 Esta situacin refleja las difciles condiciones de trabajo y el deterioro social que afecta a los agricultores nortesantandereanos, en un contexto donde se conjugan el modelo econmico aperturista que llev a la crisis al sector agrcola a nivel nacional, las dificultades econmicas que sobrevinieron en el pas, el negativo efecto econmico de la penetracin de la coca en relacin con los cultivos tradicionales y el impacto de la violencia y se agregan las dificultades recientes de la economa venezolana. 1.2 CONTEXTO SOCIOECONMICO DE SAN JOS DE CCUTA 1.2.1 Deterioro comercial y manufacturero e impacto del narcotrfico. Ccuta consigui posicionamiento comercial y, en cierto grado, turstico y manufacturero, pero ha carecido de polticas y de programas de fomento, adems los sectores comercial y manufacturero decrecieron en exportaciones hacia Venezuela: en 1998 registraron un poco ms de 65 millones de dlares y en 2001 apenas un poco ms de 41 millones. Entre sus causas aparece el detrimento de renglones de la economa formal, la liberacin de importaciones y el efecto de la violencia. Segn el DANE Ccuta mantiene para el 2002 tasas de desempleo del 17% y de subempleo del 33.7%, aunque existen versiones de que el fenmeno es mayor y podra registrar rangos del 25 y hasta del 30%. En los datos de la Cmara de Comercio de Ccuta en el ao 2001 se registran cerca de 10.000 empresas en los sectores del comercio, la manufactura y las finanzas, pero la inversin se focaliza en la intermediacin financiera, la cual aument entre 1994 y 2001 al orden de 686.520 mil millones 11 . Para nadie es un secreto que las sucursales bancarias de Ccuta registran grandes movimientos de capital con promedios por encima de otras ciudades capitales, en contraste con la profunda crisis econmica y social, de manera que el comercio y la manufactura presentan un notorio detrimento patrimonial con respecto al sector financiero. De fondo se evidencia el impacto del narcotrfico en la economa local y la capacidad de adaptacin de quienes manejan sus recursos, lo cual conlleva a concluir que la rentabilidad financiera se nutre del narcotrfico, a la vez relacionado con el trfico de insumos qumicos, armas y contrabando en la frontera. 12 1.2.2 Crisis social, violencia y trasgresin de derechos fundamentales.

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Indicadores Econmicos Cmara de Comercio de Ccuta, 2002. Documento de la Gobernacin de Norte de Santander Concertacin y eficiencia 2001-2003. 11 Indicadores Econmicos 2002, Cmara de Comercio de Ccuta. 12 Segn el senador Hugo Serrano Gmez el contrabando diario de gasolina es de 25.000 barriles, correspondiendo al 20%.10

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En materia social y con referencia a los derechos sociales, segn el informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 13 para el 2003 en la zona metropolitana y en Ccuta, el ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas (N.B.I.) evidencia que el 67,8% de la poblacin tiene al menos una NBI, pero el 40,9% vive en condicin de miseria. Estas cifras, comparadas con el nivel nacional de 37% y 14,9%, respectivamente y con el nivel departamental (41,8% y 18,9%) colocan en evidencia el rezago social de la regin respecto del mbito nacional e incluso, en ciertos aspectos, tambin del departamental. Segn cifras de la Red de Solidaridad Social, se registraron en calidad de desplazados forzosos 22.804 personas hasta agosto de 2003, y 2.764 personas tuvieron que dejar la ciudad de manera forzosa en el mismo perodo. As mismo, el Comit Internacional de la Cruz Roja en Ccuta report 6.360 personas asistidas humanitariamente, el primer semestre de ese ao. La Defensora del Pueblo Regional de Norte de Santander, en un cotejo realizado entre las personas asesinadas y el registro de la Red de Solidaridad Social, encontr que la gran mayora de las personas desplazadas afirma que la persecucin de los grupos armados llega hasta la ciudad. Esta sera una posible explicacin frente al alto nmero de homicidios registrados en las comunas 6, 7 y 8, caracterizadas por ser zonas de invasin a terrenos baldos, ocupados fundamentalmente por desplazados forzados y campesinos pobres. Para el ao 2002 se calcul una tasa de homicidios de 115 muertes por cada 100.000 habitantes 14 , superior a la de cualquier ciudad capital latinoamericana, las cuales en promedio tienen tasas de 30/100.000 habitantes. Se presentan casos masivos de violencia crnica y de permanente violacin a los derechos ms elementales de los ciudadanos. Las organizaciones armadas de la insurgencia y de las autodefensas mantienen comportamientos de trasgresin de las normas humanitarias. Como lo seala el padre Francisco Bourtinon, prroco de Nuestra Seora de la Natividad, de la ciudadela Juan Atalaya de Ccuta: se ha venido ejerciendo todo tipo de violencia en contra de las comunidades, la de los grupos armados, la institucional, la social y la intrafamiliar 15 . 2. ANTECEDENTES EN MATERIA DE VIOLACIONES EN DDHH Y DIH. 2.1 DESAPARICINES FORZADAS.

Desde 1987 se registraron en Ocaa desapariciones forzadas, con presunta responsabilidad de la Fuerza Pblica y de los organismos de seguridad del Estado, asociadas al asesinato de lderes sociales, el ataque a los promotores del Paro Regional del Nororiente, el ataque a otro tipo de personas discriminadas o marginadas y a las amenazas a los familiares que emprendieron acciones de denuncia y bsqueda. Con frecuencia las acciones se presentaron a nombre de La Mano Negra, pero en varios casos se evidenci la participacin directa de agentes oficiales.13

Informe de la situacin en DDHH y DIH en Norte de Santander, Observatorio, Vicepresidencia de la Repblica, antes citado. 14 Resolucin Defensorial Regional No004, Bogot Agosto 29/03, Defensora del Pueblo. 15 Entrevista realizada por Wilfredo Caizares, del equipo de investigacin de la Fundacin Progresar Ccuta, noviembre de 2003.

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Entre las vctimas se encuentran: El 23 de abril de 1987, el estilista Pedro Julio Rivera Granados; el10 de octubre de 1988, el conductor Moiss Navarro Pacheco; el 14 de marzo de 1989, el conductor Germn Noguera Cano; el 1 de mayo de 1991, el agricultor Yanni Antonio Ortiz Torrado y el 28 de enero de 1996, los campesinos Luis Jos Guerrero y Jos Sossa. El 31 de marzo de 1997 fueron amenazados en Ocaa los familiares de personas desaparecidas. Asociados en Asfaddes, se vieron obligados a cerrar la oficina seccional de esta organizacin.16

En aos recientes se registraron nuevos casos de desaparicin forzada en mayor nmero, combinados con secuestros, tomas de rehenes, torturas y homicidios, como parte de la grave problemtica humanitaria tambin en Ocaa pero en otros lugares del departamento, comprometiendo por lo regular de manera abierta a los grupos paramilitares. Un caso dicientefue el del 11 de octubre de 2000 en Ocaa cuando Luis Alberto Guerrero, Miguel ngel Torrado, Zenith Vera Vergel y Reinaldo Salcedo Gmez fueron secuestrados por paramilitares de las AUC y en el mismo hecho desaparecieron John Jairo Ortega Prez y John Jess Botello.17

2.2

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA OPOSITORES.

El 21 de agosto de 1983 el F2 registr la captura en Tib de Ramn Gilberto Barbosa y Danuil Guerrero quienes fueron desaparecidos, asesinados e incinerados segn testimonios por miembros del Ejrcito. El primero era un reconocido dirigente campesino y el segundo un joven estudiante, ambos militantes del Partido Comunista Marxista Leninista; sus familiares buscaron esclarecer el caso, pero fueron objeto de nuevos ataques: El 21 de marzo de 1987, en Teorama, el Ejrcito allan ilegalmente y produjo destrozos en la finca La Suiza de propiedad de la familia de Ramn Gilberto Barbosa, el 9 de agosto de 1987 en Ocaa, detuvieron a Jess Evelio Barbosa Zambrano, hermano de la primera vctima, lo desaparecieron y luego el Batalln Santander inform que haba sido dado de baja en un enfrentamiento con el Ejrcito. En el Paro Cvico Regional del 10 de junio de 1987 el dirigente de la Coordinadora Departamental del Frente Popular en Norte de Santander, Hctor Andino, fue vctima de un intento de secuestro y de un atentado a bala. En 1991, luego de varias amenazas al parecer por personas vinculadas con los organismos de seguridad del Estado, el abogado y dirigente del Frente Popular Carlos Meneses, quien haba participado como candidato a la Asamblea Departamental, sali de Ccuta en calidad de refugiado al exterior. El 16 de agosto de 1990 en La Gabarra, Tib, fue detenido por el Ejrcito, sin formula de juicio, Joaqun Hernndez, miembro de la Unin Patritica y corregidor de El Sesenta. El 5 de marzo de 1992 la Unin Patritica denunci ante el Ministro de Gobierno Humberto De La Calle la ausencia de garantas polticas. En particular se refiri en Norte de Santander a las amenazas de muerte contra el candidato a la alcalda de El Zulia por la UP, Hugo Antonio Parada, quien debi renunciar y desplazarse junto con su familia, luego se cre en ese municipio el movimiento Unidad por el Desarrollo de El Zulia conformado por la UP, el Partido Comunista, el Nuevo Liberalismo, la Unin Cristiana y el Conservatismo Independiente, con respaldo del campesinado, para proclamar la candidatura a la alcalda del dirigente conservador Edgar Santana, quien tambin fue amenazado, tuvo que renunciar y desplazarse con su familia. Al realizarse la V Conferencia Regional del Partido Comunista en Norte de Santander, en octubre de 1995, los militares detuvieron a varios delegados y les decomisaron documentos y detuvieron al joven Gabriel Becerra, en un retn del Batalln Hroes de Saraguro, Tib, el 28 de septiembre de ese ao. El 15 de noviembre siguiente, este mismo movimiento poltico denunci que la direccin del DAS del Norte de Santander en Ccuta solicit al Partido Comunista y a la Unin Patritica suministrar la lista de os integrantes de sus respectivas juntas directivas en el departamento, en un procedimiento inusual y en un contexto de graves violaciones con responsabilidad estatal. En Ccuta fue detenido durante cuatro aos de Jos Gregorio Ortiz, en razn de su militancia comunista. As mismo, el 27 de enero de 1996 fue detenido el16

Asfaddes. Lista de detenidos desaparecidos, 1979 2002, Asfaddes, en Veinte Aos de Historia y Lucha, Asociacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Bogot, 2003. 17 Panorama de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia, Informe de Avance, octubre de 2000 marzo de 2001, Comisin Colombiana de Juristas, que a la vez retoma otras fuentes y en especial los registros del Banco de Datos de Cinep Justicia y Paz. Pg. 49.

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dirigente del Partido Comunista Luis Humberto Roln, sindicado injustamente de rebelin. El 3 de febrero de 1996 fueron detenidos 30 habitantes del Barrio Antonia Santos, acusados de subversin.18

2.3

ATENTADOS CONTRA AMNISTIADOS.19

El 8 de Marzo de 1991 fueron asesinados en San Cayetano Rosa Rodrguez Velsquez y Elas Guerrero Pabn, amnistiados del EPL. El 2 de junio en Ccuta, fue asesinado al parecer por la disidencia del mismo EPL Omar Augusto Mrquez, amnistiado del EPL, actor, dramaturgo y poeta. El 30 de abril de 1992, fue asesinado en zona rural de Sardinata Andrs Evelino Torres Durn, amnistiado del EPL20 . El 21 de junio de 1992 fue asesinado en San Cayetano Uriel Antonio Toro Villegas quien haba sido comandante del Frente Libardo Mora Toro del EPL y se desempeaba como miembro de la Comisin de Reinsercin del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Segn varias versiones, los homicidas fueron integrantes de la disidencia del mismo EPL, que se mantuvo en armas, y la accin fue cometida como represalia por suscribir el pacto de paz con el Gobierno.

En 1992 en informe el Defensor del Pueblo registr 5 asesinatos de desmovilizados del EPL: uno en Ccuta, uno en Convencin, uno en Ocaa, uno en Tib y dos en Puerto Santander y a la vez estableci que se haban producido en el departamento 13 homicidios y una desaparicin forzada.21 Las conclusiones relativas a los amnistiados e indultados en el departamento afirman que son casi inexistentes los procesos; que hay temor ante las represalias de los grupos armados y que se nota indiferencia de las autoridades a distinto nivel. Entrega adems una serie de recomendaciones sobre el impulso de investigaciones administrativas y penales, el proceso de paz, la proteccin de minoras y la necesidad de implementar estrategias que comprometan los distintos sectores.En abril de 1993 en el contexto de varias violaciones cometidas por la Brigada Mvil No.2 del Ejrcito22 en Teorema, se produjo el fusilamiento del concejal Freddy Buitrago, amnistiado del EPL y miembro del Partido Esperanza, Paz y Libertad, la detencin de una menor de edad y de un campesino, a quienes posteriormente tambin torturaron y fusilaron. Las vctimas fueron reportadas como cadas en combate con la UC ELN. De igual manera, Elida Angarita, promotora de salud, fue objeto de tortura y heridas y se le sindic de ser guerrillera. Los habitantes de la regin afirmaron en sus declaraciones que ninguna de las vctimas perteneca a la guerrilla. El 10 de enero de 1994, fue asesinado en La Playa Wilson Sanjun Criado, indultado del EPL de lo cual se sindica al grupo paramilitar Los Tunebos, responsable a la vez de varias muertes durante ese ao, aunque otras versiones sindicaron a la disidencia del EPL. El 2 de abril de 1995, se present con responsabilidad de un grupo paramilitar, en La Esperanza una masacre, precedida de torturas, que arroj como vctimas fatales a Alcibio Garnica Garca, Vctor Manuel Garnica Garca, hermano del anterior, Gabriel de Jess Salcedo Angarita, director del Programa de Accin Comunal de San Alberto y militante de la AD-M1923 , un N.N. de sexo masculino y de 65 aos de edad aproximadamente, Carlos Julio Snchez Lpez, empleado del acueducto de San Alberto y militante de la AD M 19 y Carmelina Maldonado Ropero, esposa del anterior.

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Ver informes y reportes de derechos humanos de la Comisin Colombiana de Juristas, del Comit Permanente de Derechos Humanos, de Cinep Justicia y Paz y del Comit de Solidaridad con los Presos Polticos. 19 Todos los casos de este aparte estn registrados en la Base de Datos de la Fundacin Cultura Democrtica, la informacin hace parte del Informe de la Investigacin Los Derechos Humanos y el D erecho Humanitario en los Procesos de Paz, 1990-2000, realizada y parcialmente publicada por esta entidad en cooperacin con la Direccin General para la Reinsercin. Bogot, 2000. 20 Se logr demostrar que el uniforme militar que portaba en el momento del levantamiento era de una talla mayor y que los agujeros de los disparos en el uniforme no coincidan con los del cuerpo. 21 Informe del Defensor del Pueblo, Jaime Crdoba Trivio, para el Gobierno Nacional, el Congreso de la Repblica y la Procuradura General de la Nacin. Estudio de casos de homicidios de miembros de la Unin Patritica y de Esperanza, Paz y Libertad, Defensora del Pueblo, Bogot, 1992. 22 Difundida por el Comit Departamental de Derechos Humanos de Norte de Santander en Ccuta el 22 de abril de 1993. 23 En el movimiento poltico Alianza Democrtica M 19 se integraron los amnistiados del M19, del EPL y del PRT. En esta regin haba presencia del EPL y en San Alberto, Cesar, tambin del M19, por lo cual resultaron vctimas de las acciones de represin de los grupos paramilitares.

9

El 24 de mayo de 1996, fue asesinado en Ccuta, el concejal Luis David Flrez Celis, amnistiado y vocero regional de la CRS, quien desarrollaba una labor poltica muy amplia a favor de la paz, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades de los barrios populares. El hecho segn versiones se adjudic a milicianos del ELN. El 24 de noviembre de 1996, los paramilitares ejecutaron en Ccuta a ocho personas, cuatro de ellas indultados del EPL, en hechos cometidos en la Ciudadela Juan Atalaya, lugar donde residan todas las vctimas. El 8 de marzo de 1997, se present en Ccuta un atentado contra Ivn Libreros, principal vocero poltico de Esperanza, Paz y Libertad y ex dirigente del EPL, quien fue vocero en la negociacin de paz y se desempeaba como coordinador departamental del Programa para la Reinsercin. Los hechos se atribuyen al ELN. El 25 de abril de 1997, fue secuestrado en El Carmen el representante a la Cmara Adolfo Bula Ramrez, dirigente de la CRS y uno de los principales voceros nacionales de este movimiento, el hecho fue responsabilidad de la disidencia del EPL. El 10 de diciembre de 1999, fue amenazado en Ccuta y sali desplazado de la ciudad y de la regin con su familia Luis Emil Sanabria, indultado del EPL quien se desempeaba como subsecretario para los derechos humanos a instancias de la Comisin Departamental del Paz. As mismo entre 1999, 2000 y 2001, fueron asesinados, presuntamente por las AUC, Jos Nemesio Quintero, Misael Flores, Mara Josefa Rodrguez y Evelio Guerrero, en un confuso operativo, segn el informe militar, durante al cobro de una extorsin.

2.4

VIOLACIONES DE LA BRIGADA MVIL MECANIZADO No.5 MAZA DEL EJRCITO.

No.2

Y

DEL

GRUPO

En agosto de 1990 activistas polticos y dirigentes sociales de Tib denunciaron que el Ejrcito exiga a los propietarios de las canoas que los transportaran gratuitamente y los obligaban a tramitar y pagar un carn para poder transitar. Adems denunciaron retenciones arbitrarias con maltratos. El 7 de febrero de 1991 Gerardo Gonzlez, dirigente agrario de la CUT, denunci la existencia de desplazamientos forzados en varias regiones del pas, entre ellas El Catatumbo, afirmando que obedecan a la presin arbitraria del Ejrcito contra la poblacin campesina. El 12 de enero de 1993, en San Jos del Tarra, corregimiento de Hacar, llegaron efectivos de la Brigada Mvil N. 2 del Ejrcito con un listado de lderes comunales y de campesinos, allanaron violentamente las viviendas, atropellaron y produjeron desplazamientos forzados de campesinos, a la vez que impusieron fuertes controles a la movilizacin e impidieron el suministro de alimentos. En Hacar fueron detenidas y desaparecidas once personas, presuntamente por individuos vinculados con los organismos de seguridad del Estado. Entre las vctimas estaban los campesinos dedicados a las labores agrcolas Luis Ernesto Ascanio, Ramn Emilio Quintero, Luis Honorio Quintero, Nahun Elas Snchez, Ramn Emilio Snchez, Ramn Antonio Villegas, Luis Alfonso Ascanio, los sindicalistas Gustavo Coronel y Wilson Quintero y otras dos personas de la localidad sin identificar.24 El 18 de febrero de 1993, Carlos Bernal, secretario general del Partido Comunista en Norte de Santander, denunci en el Consejo Departamental de Paz la existencia de atropellos cometidos por parte de la Brigada Mvil N. 2 y por el Grupo Mecanizado Maza N.5 del Ejrcito Nacional, en los que campesinos los responsabilizaban de sembrar el terror con el pretexto de perseguir a los guerrilleros. Ese mes campesinos de El Catatumbo denunciaron ante el Procurador y el Defensor del Pueblo homicidios y desapariciones de habitantes ajenos a las guerrillas y sealaron que algunos fueron reportados oficialmente como guerrilleros muertos en combate. El 22 de noviembre de 1992, en Teorama, un encapuchado dispar contra un grupo de jvenes que jugaban y departan. Uno de los heridos, que tena un revolver, reaccion y dio muerte al asesino quien result ser miembro de la Polica y luego lleg la misma Polica y ocasion una masacre con saldo de siete personas muertas y dos heridas. El municipio fue militarizado y los hechos fueron anunciados por el Ejrcito como un intento de toma guerrillera.

24

Lista de detenidos desaparecidos, 1979 2002, Asfaddes, en Veinte Aos de Historia y Lucha, Asociacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Bogot, 2003.

10

El 25 de marzo de 1993 los campesinos Aureliano Estupin y Nely Leal denunciaron que su hija, menor de 15 aos, haba sido violada el 28 de febrero en la Vereda Playa Cotiza, corregimiento de Filo Gringo, El Tarra, por el soldado profesional Victoriano Bota, en compaa de otro soldado profesional, adscritos ambos a la Brigada Mvil N.2, Cuando la tropa pas por su finca ingres violentamente en la vivienda, segn se inform, se trataba de un operativo contra el ELN.

Reiterados casos de detenciones y desapariciones, con presunta responsabilidad de agentes estatales, se presentaron en distintas partes del departamento. Entre los casos denunciados se encuentran las siguientes vctimas: el 7 de abril de 1993, el comerciante Reinaldo Amorocho, en LaEsperanza; el 22 de noviembre de 1993, el agricultor Crispn Pardo Bentez, en Tib; el 13 de junio de 1994, el agricultor Luis Alirio Rodrguez, en Teorama; el 30 de junio de 1995, el sindicalista Edie Ramn Perozo Ramrez, en Ccuta; el 3 de septiembre de 2000, el activista poltico Carlos Camargo Rojas, en La Gabarra, Tib.25 En 1993 un coronel envi un oficio al mayor comandante de la Fuerza de Tarea Conquista de Ocaa, en la cual seala a un ciudadano como militante del ELN y lo acusa de actividades subversivas. El afectado, ajeno a esas circunstancias, solicit proteccin de la Defensora del Pueblo en defensa de sus derechos a la vida y a la honra y demand la actuacin de las autoridades competentes. Ante el director regional de la Fiscala se confirm la ausencia de investigacin en su contra, ni hechos que ameritaran tales imputaciones.26 El 24 de febrero de 1993 el Partido Comunista en Norte de Santander denunci abusos de la Brigada Mvil No.2 en Ocaa; el ataque en San Calixto contra el personero municipal, un dirigente del Partido Comunista y un corresponsal del peridico Voz, por parte de tropas pertenecientes al Batalln Cimarrones No. 18, de la misma Brigada y el fusilamiento, en presencia de sus familiares, de varios militantes del Partido Comunista en la regin. El 9 de noviembre de 1993 se realiz en Ccuta el Foro por la Paz y los Derechos Humanos,27 en el cual se presentaron pblicamente acusaciones contra la actuacin de la Brigada Mvil No.2 del Ejrcito. Se denunci que la muerte de los campesinos Jess Rodrguez, Jorge Carrascal y Manuel Len asesinados con responsabilidad estatal, fue presentada por el coronel Eligio Vergara como resultado de un enfrentamiento con guerrilleros del EPL. Se demand proteccin estatal ante la persecucin desatada contra los directivos y los militantes de la UP y el PC. Tambin se presentaron acusaciones contra un miembro de la SIJIN, Rubn Daro Ceballos, por declaraciones en la que vinculaba sin fundamento a dirigentes polticos, concejales, un alcalde, dirigentes sociales y otras personas, con la guerrilla. Luz Marina Navarro acus al teniente Cesar Maldonado, comandante de los Grupos Especiales del Grupo Mecanizado Maza, No.5, de asesinar a su esposo Gerardo Livano, luego de infligirle graves torturas. Y se reiteraron otras denuncias, como el proceso arbitrario contra el alcalde Tirso Vlez y la persecucin contra la UP, otros sectores de oposicin poltica y las organizaciones sociales. El 13 de marzo de 1995, un soldado hizo explotar una granada que ocasion la muerte a dos seores, en un bus de la ruta Ocaa-Ccuta, que transportaba ms de 20 pasajeros. Posteriormente, la entidad de derechos humanos Minga puso la queja en la Defensora. Se iniciaron los procesos disciplinario y administrativo por mala conducta y el penal por homicidio, asumido por la justicia ordinaria en Sardinata. El 24 de agosto de 1996 una patrulla del Ejrcito, adscrita al Grupo Mecanizado No. 5 Maza en La Gabarra dispar de manera indiscriminada contra pobladores civiles, ocasionando heridas a Juan Carlos Dova, indgena de la comunidad motiln bar, de 15 aos; a Vernica Suescn, de 50 aos y a Edgar Prez, de 18 aos. Y el 25 de octubre de 1998 en El Zulia miembros del Batalln Hroes del Saraguro ejecutaron de un disparo de fusil en la cabeza a una mujer en momentos en que se movilizaba en un vehculo.25

Todos los casos aparecen referidos en los registros de casos de Asfaddes. Lista de detenidos desaparecidos, 1979 2002, Asfaddes, en Veinte Aos de Historia y Lucha, Asociacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Bogot, 2003. 26 Tercer informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, 1996, Jaime Crdoba Trivio, Defensor del Pueblo, Serie Documentos No. 10, Bogot, 1997, No de radicacin Q 9500300, Pg. 152. 27 Convocado por el Gobernador Alvaro Salgar Villamizar, con participacin del Defensor del Pueblo Jaime Crdoba Trivio; del viceministro de Gobierno, Jorge Garca; del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Vicente de Roux; del Consejero Presidencial para la Seguridad, Roberto Ibez; de la Consejera de Paz con la delegacin de Toms Concha; con el CICR; del Procurador Departamental Nelson Durn; del comandante de la Polica coronel Ral Surez, los miembros del Tribunal Superior, la Asamblea Departamental y de los partidos polticos y las organizaciones sociales.

11

2.5

EL CASO DE TIRSO VLEZ, ALCALDE DE TIB.

El 29 de abril de 1993 el alcalde Tirso Vlez denunci asedio de las Fuerzas Militares con hechos como la falsificacin por el Ejrcito de mensajes a nombre de las guerrillas para que asistiera a supuestas reuniones, seguimientos, sealamientos a l y a sus funcionarios l de colaborar con la guerrilla, amenazas de muerte y un intento de asesinato en Ccuta. El 13 de septiembre de 1993 fue detenido, por orden de la Fiscala en Ccuta, el alcalde de Tib, Tirso Vlez; el 14 de abril de 1994, luego de 7 meses en la crcel, fue dejado en libertad y reintegrado a la Alcalda de Tib, al resultar infundados los cargos que se le imputaban.

2.6

ATAQUES CONTRA AUTORIDADES JUDICIALES Y DEFENSORES DEL DERECHO.

El 16 de junio de 1995, fue asesinado en Ccuta el abogado defensor de derechos humanos Javier Alberto Barriga Vergel, quien estuvo vinculado al Comit de Solidaridad con los Presos Polticos, cuyos integrantes venan siendo objeto de amenazas de manera colectiva. El 3 de agosto de 1995, tres miembros de la Asociacin Minga fueron detenidos por el Ejrcito en Aguachica; sus actividades haban sido objeto de seguimiento en la Provincia de Ocaa. As mismo, en la ciudad de Ocaa se presentaron hechos de persecucin contra el Comit de Derechos Humanos de esta ciudad. El 20 de enero de 2000, en Pamplonita, fue asesinado por hombres armados Daniel Jordn Pearanda, abogado y Notario Primero de Pamplona.28 El 24 de febrero de 2000, Carlos Gonzlez Quintero, abogado y ex fiscal regional de Ocaa, fue desaparecido por un grupo armado en Aguachica, a donde se haba desplazado por el riesgo que sufra en Norte de Santander. El ex funcionario fue secuestrado por el ELN y recobr su libertad cuando su familia pag el rescate. El 23 de julio de 2000, en Lourdes, Nstor Fernando Garza Crdenas, personero municipal, fue secuestrado por guerrilleros del EPL y liberado al da siguiente. El 25 de julio de 2000, en Chitag, Balbina Villamizar, personera municipal, fue amenazada de muerte por los paramilitares. El 7 de agosto de 2000, en San Calixto, Rafael Hernando Navarro Carrasco, personero municipal, recibi amenazas de muerte por parte de las AUC, en represalia por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos presentadas por l. El 26 de abril de 2000, la abogada Norma Benavides Orjuela, fue desaparecida por un grupo armado que la intercept en el trayecto de Ocaa, Norte de Santander, a Gonzlez, Cesar. El 25 de agosto de 2000, en El Carmen, Rosala Contreras de Castro, secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal, fue asesinada, cuando se trasladaba hacia Ocaa. El 29 de agosto de 2000, en Ccuta tras recibir amenazas, Moiss Sanjuan Lpez, abogado y director ejecutivo de la Caja de Compensacin Familiar de Norte de Santander, (Comfonorte) fue asesinado por un grupo armado.

2.7 LAS LUCHAS SOCIALES INTEFERIDAS POR LA VIOLENCIA Y LA REPRESIN. 2.7.1 Protesta de campesinos cultivadores y raspachines: En 1996 se manifest una problemtica social referida a la situacin del campesinado dedicado a los cultivos de coca y el cuestionamiento a la poltica oficial implementada al respecto. A la par de las grandes movilizaciones de campesinos provenientes de regiones cocaleras que seexpresaron en Guaviare, Putumayo y Caquet y que sufrieron un tratamiento militar represivo y arbitrario con vctimas fatales, en Tib marcharon hacia Ccuta ms de 20.000 campesinos provenientes de 57 veredas del corregimiento de La Gabarra y de los municipios de Teorama, El Carmen y Convencin. Esta marcha28

Los casos que a continuacin se refieren se encuentran mencionados en un informe de la Comisin Colombiana de Juristas sobre persecucin a profesionales del derecho y funcionarios de la justicia, mediante el cotejo de varias fuentes a nivel nacional. Panorama de derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia. Informe de Avance: abril a septiembre de 2000. Comisin Colombiana de Juristas. Bogot, mayo de 2001.

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campesina sufri la represin del Ejrcito el 24 de agosto de ese ao en exigencia del cumplimiento de los pactos convenidos con las autoridades seccionales y nacionales y propusieron la realizacin de un Plan Estratgico de Desarrollo Sostenible para El Catatumbo.29 Posteriormente, el 14 de octubre de 1998, una nutrida marcha campesina proveniente de El Catatumbo de nuevo intent llegar a Ccuta, pero fue interceptada por la Fuerza Pblica en El Zulia. Su propsito era presentar ante las autoridades un pliego de exigencias sobre salud, seguridad, garantas para las organizaciones sociales y la problemtica que en la regin involucra a los colonos y jornaleros dedicados al cultivo de coca para uso ilegal. Contaron con colaboracin directa del Defensor del Pueblo, Jos Fernando Castro Caycedo. Llegaron a un acuerdo con las autoridades, suscribieron un acta y retornaron a sus veredas el 24 de noviembre.

2.7.2 Violencia contra las organizaciones sociales y sus dirigentes: Sectores afectados por violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, de manera particular han sido las organizaciones sindicales y sociales como la ANUC, laUSO, ANTHOC y ASINORT. Entre los aos 1995 y 2000, en Norte de Santander, se registraron, slo contra los trabajadores del rea de la salud, (ANTHOC), 14 amenazas y 14 asesinatos. El 6 de agosto de 1996 fue asesinada Elba Hernndez, trabajadora del Instituto de Seguros Sociales, presidenta de Utranorte e integrante de la junta directiva del Sena, quien sobresali por su compromiso con las actividades a favor de la paz y de los derechos humanos. El crimen sucedi cuando ingresaba a la sede de su organizacin sindical. Segn la versin del homicida, Ramiro Leal Parada, ex mensajero del mismo sindicato, quien se entreg a la Polica, se trat de una represalia por el despido que le produjo la vctima, luego de varios roces ocasionados por diferencias laborales. El 30 de junio de 1999 la Fiscala Regional orden la excarcelacin de 14 trabajadores de ECOPETROL, miembros activos de la Unin Sindical Obrera (USO), seccional de Tib, quienes hacan parte del grupo de 20 trabajadores y contratistas de esa empresa acusados de participar en los atentados de voladura de tramos del oleoducto Cao Limn Coveas desde 1986. Tras la respectiva investigacin, el fiscal no encontr mritos para procesarlos por los delitos que se les imputaban, es decir, rebelin, concierto para delinquir y terrorismo. Haban sido detenidos en el segundo semestre de 1996 y fueron llamados a juicio en noviembre de 1997. Tiempo despus, entre el 20 y el 28 de junio de 1999, el Coordinador de Fiscalas de Norte de Santander, Carlos der Bautista, quien produjo la sentencia absolutoria a favor de los trabajadores de ECOPETROL, fue secuestrado por un grupo armado.

2.7.3. El caso del pueblo indgena UWA:De otra parte, el 11 de febrero de 2000 se realiz en Toledo una manifestacin de los indgenas del pueblo UWA, contra la empresa petrolera OXI, como parte del movimiento que tuvo un impacto local y regional en los departamentos de Norte de Santander, Boyac y Arauca, e internacional (con importantes expresiones de solidaridad, especialmente en los Estados Unidos) emprendido en defensa de sus tierras y la preservacin del ambiente as como en oposicin a las exploraciones y explotaciones petroleras, que no pensaban atender a los procesos de participacin y de concertacin exigidos. La manifestacin fue reprimida de forma arbitraria por agentes de la Fuerza Pblica, producto de lo cual result muerta una nia indgena de seis meses. Con referencia a la poblacin indgena, es necesario mencionar la grave afectacin que por motivo del conflicto armado han tenido los indgenas Motiln Bar asentados principalmente Bobal,

29

La propuesta de Plan Estratgico de Desarrollo Sostenible para el Catatumbo inclua proposiciones en materia de vas, agua potable, electrificacin, salud, recreacin, cultura, deporte, atencin a comunidades indgenas, centros de acopio y comercializacin de los productos agrcolas del Catatumbo, regin considerada la despensa agrcola de Norte de Santander.

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municipio de Convencin, lo que ha ocasionado vctimas y un caso grave de desplazamiento forzado.

2.8

ATAQUES DE LA FUERZA PBLICA CAMPESINOS EN LA FRONTERA.

VENEZOLANA

CONTRA

En 1996 se presentaron incursiones de la Guardia Nacional de Venezuela, sobre todo en Tib, las cuales implicaron, adems de la violacin de la soberana nacional, actuaciones arbitrarias contra los campesinos: atropellos, capturas ilegales y detencin en territorio venezolano. Se registr, entre otros casos, la detencin de un menor que fue llevado a San Cristbal y respecto del cual se presentaron negativas para devolverlo a su familia. Fue entonces notoria la inconsecuencia de las autoridades colombianas, en lo relativo a la defensa de la soberana y de los derechos humanos.

2.9

OFENSIVA PARAMILITAR CATATUMBO.

CONTRA

LA

POBLACIN

DE

EL

Entre el 23 y el 29 de mayo de 1999 seis camiones con 150 paramilitares incursionaron por la va Tib La Gabarra. El saldo fatal fue de 15 vctimas de un bus de servicio pblico interceptado y luego una serie de pobladores del lugar muertos que alcanz la cifra de 27. Como consecuencia de los hechos referidos se produjo un xodo campesino, en parte hacia Ccuta. Ante la imposibilidad de transitar con riesgo mortal, otros fueron a territorio venezolano en donde se concentraron 3000 refugiados procedentes de La Gabarra que recibieron atencin humanitaria. Fueron visitados por varios ministros y por el Gobernador del Estado de Zulia, pero contrariando el principio de no devolucin, pronto fue presionada su repatriacin. Durante los das de las masacres el Ejrcito declar en los medios de prensa que no eran ciertas las noticias ni las versiones de que ello estaba ocurriendo. Por el contrario, los testimonios de los campesinos de la zona y en particular las vctimas, afirmaron que las tropas oficiales permitieron y en varios casos colaboraron con la incursin paramilitar. El defensor regional, Ivn Villamizar Lucciani, denunci en Ccuta el nivel de violencia inusitada que se desat con la incursin de las AUC contra la poblacin de El Catatumbo. Aclar que en slo seis semanas se produjeron 6 masacres con 38 asesinatos de campesinos, numerosos heridos y la llegada de 4000 desplazados a Ccuta, que fueron albergados provisionalmente en las instalaciones del Coliseo Eustorgio Comenares y en la sede de Caminos Vecinales. En consecuencia con la gravedad de la situacin, demand la inmediata asistencia del Presidente de la Repblica a Ccuta para tratar con carcter urgente los infortunados sucesos.

2.10 I MPUNIDAD Y MARGINALES ACTUACIONES DEL ESTADO.El 27 de septiembre de 1995, el Comit Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos inform sobre la sancin de destitucin proferida por la Procuradura Delegada para la Polica Nacional, Martha Ins Palacio Jaramillo, contra el mayor Cesar Emilio Camargo Cucha, el capitn Eduardo Guzmn Lpez y los agentes Roberto Rosero y Henry Snchez. Los encontr responsables de la muerte violenta de los esposos Oscar Ivn Andrade y Faride Herrera y de las heridas causadas a sus hijos menores, en hechos acaecidos en Ocaa el 13 de abril de 1992. Las vctimas fueron atacadas con disparos de fusil y granadas cuando realizaban un paseo familiar durante la semana santa de ese ao. Los oficiales informaron que se trat de un combate con guerrilleros del EPL, lo cual fue divulgado en tales trminos por el Distrito Militar de Ocaa. En consecuencia, el Ministerio Pblico orden la inmediata destitucin del personal militar responsable antes referido. Ya haban sido juzgados en dos Consejos Verbales de Guerra y en ambos casos recibieron sentencia absolutoria.

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2.11 OFENSIVA PARAMILITAR Y DESTITUCION DE MANDOS DE LA FUERZA PBLICA.A mediados de julio de 1999 dada la gravedad de las violaciones se conform una Comisin de Verificacin integrada por la Defensora del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Dicesis de Tib, la cual asisti para constatar y tal situacin. En su labor inform que haba aumentado el nmero de personas asesinadas, en por lo menos 80, debido a la arremetida de las ACCU y las AUC en El Catatumbo, en hechos anunciados y dirigidos directamente por Carlos Castao con el concurso del mando operativo Camilo. Constat 8 masacres y la existencia de decenas de heridos, y desaparecidos, as como centenares de desplazados y de refugiados; los campesinos manifestaron que exista complicidad y colaboracin de la Fuerza Pblica con los grupos paramilitares. Ante las gestiones de la Comisin de Verificacin, el comandante de la Base Militar que se instal en L a Gabarra manifest: no tengo la orden de combatir las autodefensas que se encuentran en la zona rural de La Gabarra. En el rea, sin embargo, estaban presentes tropas oficiales adscritas al Grupo Mecanizado Maza No.5, al Batalln de Contraguerrilla Hroes de Saraguro y al Batalln No. 50, Batalla de Palonegro. Con posterioridad, la Defensora del Pueblo confirmara que durante 1999 en El Catatumbo, rea rural de Tib, se produjeron 14 masacres, 130 homicidios, 8000 personas desplazadas y 2000 refugiados en Venezuela.30 En relacin con los refugiados, se firm un Pacto de Repatriacin Colombo Venezolano. Como lo advertimos, el hermano pas, contrariando los trminos de los convenios sobre refugiados, no reconoci como tal las caractersticas de esta poblacin e irrespet el principio de no devolucin consagrado como norma imperativa. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensora del Pueblo constat que durante 1999 en el conjunto del departamento se produjo la escalofriante cifra de 31 masacres asociadas a 198 homicidios, registro slo superado por Antioquia. Al mismo tiempo, Norte de Santander super al Valle del Cauca, que tuvo el tercer puesto segn el nmero de vctimas. Por supuesto, los tres departamentos expresan los estragos de una profunda crisis humanitaria, cuyo factor principal es la ofensiva de expansin territorial de los grupos paramilitares.

NORTE DE SANTANDER brego Ccuta El Zulia La Playa Salazar de las Palmas Santiago Sardinata Tib Villa del Rosario TOTALFuente31

CASOS 1 8 3 1 1 1 1 14 1 31

VCTIMAS 3 36 10 6 4 6 3 127 3 198

No obstante las denuncias entre el 20 y el 22 de agosto de 2000 las AUC realizaron nuevas masacres contra de la poblacin civil en Tib, con saldo de 40 muertos entre el casco urbano de La Gabarra, Cao Lapa y Campo 2. En el casco urbano de La Gabarra mataron a ms de 30 personas, sin que reaccionara el Batalln30

Informacin oficialmente divulgada por el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muoz, en la Audiencia Defensorial realizada en Ccuta, 24 de abril de 2003. 31 Luz para la Vida, masacres ocurridas en Colombia 1999. Sistema de Alertas Tempranas. Subsistema de Informacin. Naciones Unidas, Alto Comisionado para los Refugiados. Defensora del Pueblo. Bogot, febrero de 2000. Pg. 29.

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Contraguerrilla No.46 presente en la base militar all instalada. Este hecho se contrast con las declaraciones de fuentes militares sobre la realizacin de operativos en el rea en los que no constataron la presencia de irregulares. La entidad de derechos humanos Minga haba comunicado con anticipacin al brigadier general Alberto Bravo, comandante de la V Brigada del Ejrcito Nacional, la posibilidad de que este tipo de hecho sucediera, y este expres que era imposible tal ocurrencia. Sin embargo, la situacin result de extrema gravedad dado que, precisamente en das previos, el 19 de agosto, se haba realizado en Ccuta un Consejo de Seguridad con asistencia del Presidente de la Repblica, Andrs Pastrana. En l, las autoridades militares y de polica aseguraron que no habra motivo de preocupacin, puesto que la regin estaba controlada por sus efectivos. En consecuencia, el brigadier general Alberto Bravo, comandante de la V Brigada del Ejrcito, el coronel Roque Snchez Holgun, director de la Polica Nacional en Norte de Santander y Aimer Muoz, director seccional del DAS, fueron trasladados de sus cargos. Posteriormente, el general Bravo fue dado de baja ante la negativa a recibir la notificacin de su traslado.

2.12

INCURSIN PARAMILITAR EN CCUTA.

En 1999 se extendieron a Ccuta los crmenes de los paramilitares. Circularon listas de amenazados en las que se encontraban destacados dirigentes sociales de la regin y se registraron ocho masacres, con especial impacto en los barrios populares de la Ciudadela Juan Atalaya. A continuacin reseamos los sucesos. 32El 14 de marzo, en el sitio Pico del Chulo, fueron encontrados cinco c adveres de personas retenidas das antes por un grupo armado no identificado. El 19 de junio, las Autodefensas asesinaron a cinco personas en la ciudadela Juan Atalaya, en un kiosko del paradero principal del barrio, mediante disparos indiscriminados. Pintaron grafitis alusivas a las ACCU. Entre el 27 y el 30 de junio, las AUC mataron a cuatro personas, sealndolas de ser colaboradoras de la guerrilla, lo que configur una circunstancia de masacre dispersa. El 30 de junio, tambin las AUC asesinaron a cinco personas en el barrio Doa Ceci, ciudadela Juan Atalaya, a la vez que intimidaron a otras 10 personas que, junto con las vctimas fatales, soportaron el ataque dirigido de manera indiscriminada contra el grupo. El 10 de julio, seis personas fueron asesinadas mediante masacre dispersa otra vez por las AUC; tres en el parque del corregimiento Agua Clara, una en la vereda de Puerto Lleras, otra en La Floresta y la ltima en Puerto Nuevo. El 6 de agosto, cuatro personas fueron asesinadas por 60 paramilitares de las AUC en el barrio Belisario. Estos procedieron con lista en mano. Atemorizaron a la comunidad con disparos indiscriminados, pintaron consignas contra la guerrilla y lanzaron una granada contra una vivienda, la cual ocasion heridas a un menor. En las calles ejecutaron a dos jvenes y luego, lista en mano, asesinaron al propietario de un sitio de billares y una cancha de tejo, as como a otra persona. Entre el 10 y el 15 de agosto se produjo, al parecer por parte de las AUC, el asesinato de 3 personas, estigmatizadas supuestamente por haber sido auxiliadores de la guerrilla. El 3 de noviembre, hombres armados no identificados asesinaron a cuatro personas.

2.13 EL ASESINATO DEL EX ALCALDE PAUSELINO CAMARGO.El 2 de febrero de 2000, en un cntrico lugar de Ccuta fue muerto por sicarios que se movilizaban en una moto, el ex sacerdote y ex alcalde popular Pauselino Camargo. Haba ejercido la alcalda de esta ciudad entre 1995 y 1997, a partir de una candidatura independiente que consigui derrotar a los candidatos de los partidos tradicionales y que recibi un amplio respaldo de sectores populares e independientes. Haba recibido amenazas de los paramilitares.

32

La principal fuente adems de informacin de prensa fue el texto Luz para la Vida, masacres ocurridas en Colombia, 1999, ACNUR, Defensora del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, Subsistema de Informacin, Bogot, 2000, Pgs. 117-124.

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2.14

ACTUACINES DE LA INSURGENCIA CONTRARIAS A LAS NORMAS HUMANITARIAS

Desde el comienzo de la presencia guerrillera en la regin su actuacin, adems del adelanto de acciones de guerra, especialmente en lo relativo a los ataques contra la fuerza pblica, se caracteriz por la realizacin de acciones contrarias a las normas humanitarias. Entre ellas, los ataques contra civiles, los llamados ajusticiamientos, los ataques a bienes civiles; la toma de rehenes, los secuestros y los atentados contra la produccin petrolera cuyas instalaciones contienen fuerzas peligrosas, como tambin os homicidios fuera de l combate de personal de la Fuerza Pblica y de organismos de seguridad del Estado. 2.14.1 Homicidios fuera de combate:Segn el DAS Freddy Zamora Snchez fue retenido y asesinado por militantes de la CGSB el 7 de marzo de 1992 cuando viajaba en un bus intermunicipal en Norte de Santander. Segn los informes de prensa, la guerrilla impidi que las autoridades tuviesen acceso al cadver durante tres das. La autopsia demostr que haba sido atado y apualado antes de ser asesinado con disparos.33 El Frente Juan Fernando Porras del ELN, en un retn que estableci entre Salazar y Ccuta, asesin fuera de combate a un agente auxiliar de la Polica y a un cabo segundo del Ejrcito. Ambos viajaban en buses intermunicipales. El 24 de enero de 1996 en Salazar dos agentes, un auxiliar de la Polica Nacional y un cabo segundo del Ejrcito fueron asesinados en la va que conduce a Ccuta, por guerrilleros del Frente Fernando Porras del ELN.34 El 9 de abril de 2000 en Toledo fue asesinada la enfermera Gloria Sandra Cote Villamizar por miembros del ELN, hecho relacionado con la participacin de la vctima en la jornada cvico militar organizada por el Batalln Garca Rovira del Ejrcito Nacional el 19 de marzo. El 28 de octubre de 2000 en Teorama Jos Aquiles Rodrguez, periodista y administrador pblico, fue asesinado por guerrilleros del EPL luego de ser secuestrado el 21 de agosto de 2000, cuando el grupo guerrillero anunci que lo sometera a un juicio revolucionario, fue alcalde del municipio de San Calixto en el perodo 1990 1992, senador de la Repblica en 1997 y alcalde y secretario del municipio de Ocaa en el perodo 1998 2000.35

2.14.2 Tomas de rehenes y secuestros: En 1996 se registraron en Norte de Santander 34 secuestros atribuidos a la guerrilla y 29 de actor no identificado, para un total de 63. 36En algunas oportunidades los secuestros terminan con la muerte del secuestrado. Pedro Nolasco y Ramiro Muoz Orrego, por ejemplo, fueron hallados muertos el 29 de diciembre de 1992, despus de haber permanecido cinco meses secuestrados en Toledo, Norte de Santander37 . El 4 de abril de 2000, en Ocaa, fue secuestrada Zuleima Torrado, por el Frente Ramn Gilberto Barbosa del EPL. La vctima era esposa de un comerciante que fue liberado bajo la modalidad de canje de un secuestrado por otro familiar.38 El 6 de agosto de 2000, en Ocaa, fue interceptado un vehculo de servicio pblico y secuestradas por el ELN la educadora Nubia Teresa Villegas y su hija Rosa Mercedes Romero Villegas, una menor de 8 aos. Fueron liberadas el 14 de septiembre en Ro de Oro, Cesar.33

Americas Watch, Estado de guerra: violencia poltica y contrainsurgencia en Colombia, Bogot, Tercer Mundo 1994. p 137 34 Colombia, derechos humanos y derecho internacional humanitario: 1996. Comisin Colombiana de Juristas, serie informes anuales, Bogot, 1997. p 75-76. 35 Panorama de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia, Informe de Avance, octubre de 2000 marzo de 2001, Comisin Colombiana de Juristas, que a la vez retoma otras fuentes y en especial los registros del Banco de Datos de Cinep Justicia y Paz. Pg.27. 36 Comisin Colombiana de Juristas, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario, 1996, Serie Informes Anuales, Bogot, 1997, Cuadro 15, Pg. 43 37 Ibid. p 144 38 Este caso y los posteriores aparecen registrados en el Banco de Datos de Cinep y Justicia y Paz.

17

El 28 de noviembre de 2000, en Tib (Norte de Santander), Karen Pomba y Liliana Armenta Solosana, esposa e hija de un agente de la Polica, fueron secuestradas por guerrilleros del Frente 33 de las FARC. Las vctimas fueron liberadas el 3 de diciembre de 2000, portando un mensaje de los guerrilleros en el que amenazaban a las familias de los agentes que se encuentran en la zona del Catatumbo.39

2.14.3 Toma de rehenes y no prestacin de la atencin mdica requerida a los capturados:El 26 de enero de 2000, insurgentes del ELN retuvieron a un mdico del Centro de Salud de San Pablo y a un sacerdote, en el municipio de Teorama. Los llevaron a determinado lugar en el campo, en donde el Frente Armando Cacua Guerrero les entreg el cadver de un suboficial que haban capturado en un combate el 14 de septiembre de 1998. Segn informacin del Ministerio de Defensa, a pesar de la insistencia de los familiares de la vctima a travs de entes humanitarios, no se consigui en su momento la debida atencin mdica. Ante la negativa de asistencia mdica por parte del ELN, a pesar de la solicitud de familiares y organismos humanitarios, este grupo ilegal desconoci su deber ineludible de asistencia a las personas que tenan detenidas, con lo cual se infringi flagrantemente el DIH. Con el agravante de que en este caso, esta falta de atencin mdica culmin con la muerte del suboficial.40

2.14.4 Ataque a bienes civiles:La ganadera, antigua fuente de ingresos de la regin, casi ha desaparecido, afectada por la extorsin y el boleteo de la guerrilla, lo cual ha llevado a la migracin de los grandes propietarios y al aumento de ofertas de ventas de tierra al INCORA.41

2.14.5 Ataque a instalaci ones que contienen fuerzas peligrosas:Entre 1986 y 1996 se produjeron 432 atentados contra el oleoducto Cao Limn - Coveas42 , siendo los ms altos 1988 (50) y 1991 (60). En 1998 se registr un notable aumento de los atentados. Sucedieron 196, siendo Norte de Santander el departamento ms afectado. Los directivos de ECOPETROL reconocen en sus informes que el sector petrolero est relacionado con el conflicto armado, tanto como financiador forzoso del Estado como en calidad de vctima ante los reiterados ataques de la insurgencia.

El mayor nmero de atentados ha sido cometido por el ELN; un porcentaje menor corresponde a las FARC. La mayora del tiempo los ataques son principalmente en Norte de Santander, aunque en algunos casos lo supera Arauca. Tamb in tienen registros importantes Santander y Antioquia. El impacto en el ro Catatumbo es de carcter binacional y ha obligado al pas a reconocer una indemnizacin a Venezuela. En reiteradas ocasiones, sectores sociales y de opinin han demandado del ELN y de las guerrillas en general el cese de este tipo de atentados, poniendo de presente el carcter de ataque a bienes civiles que ocasiona el tipo de efectos indiscriminados comentados. 2.14.6 Ataque con armas de efectos indiscriminados FARC:El 8 de diciembre de 2000, en Tib (Norte de Santander), murieron Luis Eduardo Acero Torres y Javier Gmez Celis, militares del Batalln Comuneros 36 del Ejrcito, al activar un campo minado instalado por guerrilleros de las FARC. Resultaron heridos tres militares ms. 4339 40

Ibid. Pg. 50 Informe anual Derechos Humanos y DIH 2000. Repblica de Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Bogot, enero de 2001. Pg. 131. 41 Pacificar la Paz. Lo que no se ha negociado en los Acuerdos de paz. Comisin de la Superacin de la violencia. Alejandro Reyes Posada (Director). Bogot, marzo de 1992. Pg. 57. 42 ECOPETROL. Reportes de la Direccin Corporativa de Seguridad y de la Gerencia del Oleoducto, Bogot, 1996. 43 Ibid. Pg.56

18

El 16 de diciembre de 2000, en Arboledas (Norte de Santander), muri Jorge Ortiz Rojas, soldado del Batalln Contraguerrilla El Guanes, al pisar una mina antipersonal instalada por guerrilleros de las FARC. 44

3.

DIAGNOSTICO EN DDHH Y DIH EN SAN JOSE DE CUCUTA Y EL REA METROPOLITANA, I semestre 2001 I semestre 2003. 3. 1 HOMICIDIOS MASIVOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE CCUTA.TASA DE HOMICIDIOS (POR 100.000 Hbtes) EN CIUDADES COLOMBIANAS 268 214 186185 159 155

130128125125 107 118

99 89 84 84 80 74 72 68 58 53 51 45 41 38 28 18

Be llo

Iba gu

Ap ar tad Ri on eg ro

Pe rei ra

Po pa y n

Qu bd

Vil av ice nc io

Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2001.

En los ltimos aos la tasa de homicidios por cien mil habitantes en Ccuta, figuraba como una de las ms elevadas entre las ciudades de Colombia con poblaciones similares, con una tasa de 128 homicidios por cada cien mil habitantes en el 2001, superada slo por algunas ciudades intermedias de Antioquia, Santander y de los Llanos Orientales, cuyos espacios son reconocidos entre los ms violentos y afectados por el conflicto armado en el mbito nacional. A la vez, otras ciudades con poblaciones muy superiores a Ccuta presentan unas tasas sustancialmente inferiores como son dicientes los casos de Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Bogot,D.C.TASAS DE HOMICIDIO POR 100.000 HBTES EN CIUDADES DE LAS AMERICAS

185

158 158 150

118

95

70

62

56

38

28

Sa nta

28

27

24

20

9

Bo go t DC

Ba rbo sa

Rio ac ha

M art a

Ne iva

Pa sto

5

2

M ed ell n Re cif e C Sa cu n Sa ta lva do r

Ri od Ca eJ li an eir o Ca rac as W as hin gto n Sa oP au lo Br as ilia Bo go t

L C. de ima M Po xico rto Ale gre

Fuente: Observatorio de violencia, Alcalda Mayor de Bogot, 2002 /Medicina Legal.

En el mbito internacional y atendiendo el incremento de las cifras en el ao 2002, Ccuta aparece como la tercera ciudad con mayor tasa de homicidios superada slo por Medelln e44

Ibid. Pg. 57.

Bu Miam en i os Air s Sa nti ag o

Cu riti va

19

igualada a Recife y estando por encima de ciudades capitales que la superan ampliamente en poblacin, aunque ninguno de esos pases atraviesa por una situacin de violencia generalizada, en la cual converge una multiplicidad de factores capaces de propiciar tasas de homicidio sin par en el contexto internacional, como sucede en Colombia. Llama la atencin que precisamente las ciudades colombianas con mayores tasas de homicidio se entreveren con otras de Brasil y con la capital de El Salvador, pases donde en el primer caso existe un complejo problema de violencia social urbana con fuertes ingredientes del narcotrfico y el entorno delincuencial y en el segundo una secuela de posguerra que signific la prolongacin de un alto nivel delincuencial. Ccuta frente a otras ciudades de Norte de Santander con problemtica urbanaTIPO DE MUERTE PRIMER SEMESTRE 2002 600 400 200 0

Fuente: Medicina Legal HOMICIDIOS

SUICIDIOS

ACCIDENTE TRANSITO OCAA

Fuente: Instituto de Medicina Legal 2002 PAMPLONA CUCUTA

Los comparativos de problemticas urbanas entre ciudades son en extremo contrastantes, Ocaa y Pamplona presentaron unas cifras sustancialmente bajas con respecto a Ccuta, no obstante contar con factores de riesgo y vulnerabilidades similares (actores armados ilegales 45 , poblacin desplazada, barrios marginales), aunque a la vez Ocaa registra niveles significativamente superiores a Pamplona. Comparativo Ccuta: muertes violentas por ao (2000-2003/primer semestre)46 .MUERTES VIOLENTAS DISCRIMINADAS EN EL AREA METROPOLITANA Semestre 1 DE CUCUTA de 2000375 Homicidios 73 Otros 363 Homicidios 73 otros

Semestre 1 de 2001 Semestre 1 de 2002

648 Homicidios 111 Otros

385 Homicidios 114 Otros

Semestre 1 de 2003

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal

En la categora de homicidios, se observa que la cspide de hechos violentos se report en el primer semestre de 2002, con un incremento del 57,44 % respecto del ao 2000.45 46

Por ejemplo en Ocaa tienen presencia las Autodefensas Unidas del Sur del Cesar desde el ao de 1.994. Fuente: Base de Datos de seguimiento a la violencia regional, Fundacin Progresar-Ccuta, 2003.

20

En su orden se registraron porcentajes significativos en los aos 2001, 2003 y 2000 respectivamente. Ahora, al considerar propiamente el municipio de Ccuta y en particular el impacto en sus comunas, sin considerar el conjunto del rea metropolitana, se produjeron en el ao 2000 759 homicidios. En 2001 hubo un leve descenso a 721; en el 2002 un notorio aumento hasta 1076 y en el 2003 descendi a 640. Por tanto, es clara la permanencia de un considerable volumen de homicidios, con porcentajes altos de los cometidos armas de fuego. Sobresale el marcado incremento en el ao 2002, nico que supera la cifra de los mil homicidios slo en Ccuta. El descenso en el ao 2003 si bien denota un volumen menor de homicidios, no puede an considerarse como un ndice de superacin de mrgenes tan altos de violencia urbana. Cuadro de homicidios por comunas entre enero y junio de 2002: 47COMUNA HOMICIDIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin datos TOTAL 46 16 18 15 13 148 62 95 58 28 67 566

A finales de agosto de 2002 el Instituto de Medicina Legal en Norte de Santander declar que no daba abasto en su trabajo, puesto que se presentaba hacinamiento en la morgue de Ccuta y el personal mdico resultaba insuficiente para realizar las necropsias. Se haban registrado para ese momento 1124 48 , lo cual superaba en un 25% las cifras ya bastante altas de 2001.

47 48

Informe del Instituto de Medicina Legal, Norte de Santander, Ccuta, enero a junio de 2002. Informe de Medicina Legal de Norte de Santander, Ccuta, Gonzalo Vega Crdenas, mdico patlogo director, Ccuta, 29 de agosto de 2002.

21

En ao ms afectado, el 2002, se presentaron en Ccuta 1076 homicidios, en Los Patios 111 y en Villa del Rosario 92, para un total de 1236 homicidios en el rea metropolitana. Las comunas ms afectadas fueron la 6 con 266 y la 8 con 124 49 . En abril de 2003, en un nuevo informe del Instituto de Medicina Legal, se report el descenso de las muertes violentas en Ccuta y en el rea metropolitana, hasta del 24%, si se comparaban los primeros trimestres de 2002 y de 2003. Sin embargo, como advertimos, sigui siendo muy alto el nmero de casos y se present la mayor afectacin de nuevo en la Comuna 6. Las causas del descenso se atribuyeron a los operativos especiales de la Polica en el rea metropolitana y al aumento del pie de fuerza. Aunque no aparecan resultados de la unidad especializada para derechos humanos de la Fiscala. En julio de 2003 tambin el Instituto de Medicina Legal report un nuevo descenso en los crmenes, considerando ahora el primer semestre de ese ao. De acuerdo con sus estadsticas, mientras en el primer semestre de 2002 hubo 558 homicidios, en el primer semestre de 2003 se registraron 381, lo cual signific un descenso equivalente al 31.72%. En la discriminacin por comunas la 6 sigui siendo la ms afectada, con 98 homicidios, nmero inferior a los 149 del ao anterior. Por su parte la comuna 8 pas de 95 a 59 homicidios. A propsito de la persistencia de la problemtica en trminos de la violacin del derecho fundamental a la vida, el director de la Seccional de Norte de Santander del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Gonzalo Vega Crdenas, propuso a las autoridades un plan de desarme de la poblacin civil para contener la oleada de homicidios en Ccuta y en el rea metropolitana. Cuadro de homicidios por comunas entre enero y junio de 200350COMUNA HOMICIDIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin datos 48 10 21 16 18 98 25 59 51 15 20

49 50

Instituto de Medicina Legal, Norte de Santander, Ccuta, reporte sobre homicidios en el 2002, enero de 2003. Instituto de Medicina Legal, Norte de Santander, Ccuta, reporte de homicidios enero a junio de 2003.

22

TOTAL

381

Elementos que sobresalen en los homicidios masivos en Ccuta durante los ltimos aos tienen que ver con el predominio absoluto de las armas de fuego, el alto porcentaje de los cometidos en la va pblica, el tambin alto porcentaje en horas diurnas, con distintos rangos de edades de las vctimas pero con predominio de los jvenes y adultos hasta los 34 aos y la ausencia gran ineficacia de la actuacin del Estado. 51 En el ao 2000, de los 759 homicidios ocurridos en Ccuta, el 76.5% tuvo lugar en va pblica; los asesinos utilizaron como mecanismo de ataque en el 95% de los casos el arma de fuego, y en el 90% las autoridades no tuvieron informacin de los hechos, incluida lo relativo a la presunta responsabilidad. En el ao 2001 la situacin tendi a agravarse. A pesar de disminuir levemente el nmero de vctimas en Ccuta, segn datos del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Norte de Santander tuvo el perodo de mayor intensidad, a la vez que resultaron elevados los contactos entre la Fuerza Pblica y las guerrillas, numerosas sus acciones e incrementadas otras acciones ilegales como la piratera. Ese ao ocurrieron 640 homicidios en Ccuta, el 57% en la va pblica; se utiliz arma de fuego en el 85,3% y no se tena informacin en el 85,3%. En el ao 2002 las tendencias de violencia se elevaron a porcentajes alarmantes. Ocurrieron 1.079 homicidios en Ccuta, de los cuales el 78% tuvo lugar en la va pblica; en el 95% se utiliz arma de fuego y en el 88% no se tena ninguna informacin respecto de los agresores. En el ao 2003, de 721 homicidios ocurridos en Ccuta, en el 92,5% de los hechos se utiliz el arma de fuego; el 53% fue entre las 6 am y las 6 pm y en el 63% de los casos el rango de edad oscilo entre 5 y 34 aos de edad. El anterior escenario muestra que los grupos armados autores de estos crmenes aprovecharon un gran margen de impunidad, la cual empez en el momento de la asistencia de funcionarios judiciales a la escena del crimen, pues en la mayora de los casos no se cont en la necesaria informacin. Impresiona constatar que fueron las empresas privadas de servicios funerarios las recogieron los cadveres. No se trat de situaciones excepcionales sino que las irregularidades en estos procedimientos se presentaron an en los realizados en la va pblica, y en horas diurnas y en contraste con la movilizacin logstica, las comunicaciones y la actuacin abierta de los grupos homicidas. Adems, dado el grado de intimidacin que se ha impuso sobre los habitantes, en los barrios altamente afectados, como aparece en los reportes de prensa, los vecinos manifestaron no haber visto nada, entre los habitantes rein la ley del silencio, aunque se alcanz a saber que por lo regular los homicidas eran jvenes con vestimenta ligera o sudadera. Algunos con aspecto de menores que con tranquilidad pasmosa llegaban y se retiran, a pesar de que los uniformados posteriormente se movilizaron en la bsqueda de los asesinos, pero no dieron con su paradero.51

Los porcentajes que a continuacin se anotan fueron procesados por la Fundacin Progresar, seccional Ccuta, con apoyo bsicamente en los informes peridicos del Instituto de Medicina Legal y con un nivel de seguimiento de la problemtica presentada durante los ltimos aos.

23

Cuadro de homicidios por comunas 2000-2003 COMUNAS 2000 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rural Sin datos otros TOTALES 75 39 21 16 18 98 25 59 51 15 20 101 759 70 18 28 30 34 108 61 108 87 51 4 17 24 640 2002 105 28 36 41 42 267 101 178 175 54 102 1079 2003 86 14 30 42 27 169 86 119 90 35 35 721

Fuente: boletines Medicina Legal

3.2

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

3.2.1 Violacin del derecho a la vida. Revisamos todos los casos y se seleccionaron los correspondientes a las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario registradas en el municipio de San Jos de Ccuta, en el perodo definido entre el primer semestre de 2001 y el primer semestre de 2003, es decir durante cinco semestres consecutivos, con los siguientes resultados.

24

VIOLACIONES FRECUENTES I semestre 2001 - I semestre 2003170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 semestre 2001 2 semestre 2001 1 semestre 2002 2 semestre 2002 1 semestre 2003

Homicidio Heridos Desaparecido Amenaza Torturas

VIOLACIONES FRECUENTES A LOS DERECHOS HUMANOS I semestre 2001 - I semestre 20031% 1%1% 17% Homicidio Heridos Desaparecido Amenaza Torturas 80%

25

Violaciones frecuentes a los derechos humanos

Semestre 1 semestre 2001 2 semestre 2001 1 semestre 2002 2 semestre 2002 1 semestre 2003 TOTALES

Homicidio 157 89 114 90 94 544

Heridos 46 19 19 19 5 108

Fuente: Banco de Datos de derechos humanos y violencia poltica. Cinep y Justicia y Paz .

Como puede apreciarse, la frecuencia de las violaciones a los derechos humanos muestra el mayor impacto durante el primer semestre de 2001, con 157 registros, a partir bsicamente de la fase de llegada e incursin violenta inicial de las AUC en la ciudad de Ccuta, resultado del proceso escalonado de ofensiva y posicionamiento estratgico con alto saldo de violaciones iniciado en Tib en 1990 y que durante los dos aos siguientes se extendi a otros municipios del departamento, con especial impacto en la ciudad de Ccuta en el ao 2001. El segundo semestre de 2001 muestra una segunda fase de continuidad en los ataques o violaciones pero manteniendo un volumen grave de comisin de homicidios asociados a violaciones, pero marcando un descenso apreciable a 89 registros. A la vez, en el primer semestre de 2002 se encuentra un incremento muy apreciable de violaciones que conjuga la continuacin de los homicidios y de otro tipo de violaciones a los derechos humanos cometidas en la ciudad, en gran medida como continuidad de la ofensiva de posicionamiento y castigo a sectores de la poblacin por parte de las AUC, pero conjugada a la vez con la extensin de estos hechos hacia los sectores delincuenc iales, indigentes y otros asociados a su concepcin de limpieza social. El segundo semestre de 2002 de nuevo se presenta un descenso en los registros, a 89 que coinciden con el segundo semestre del ao anterior, con base principalmente en dos circunstancias, las distintas reacciones suscitadas ante la ofensiva criminal y el inicio de mayores acciones de control por parte de la Fuerza Pblica en correspondencia a la reformulacin de la poltica de seguridad con el nuevo Gobierno nacional de lvaro Uribe Vlez. Y durante el segundo semestre de 2003 encontramos un incremento no muy notorio, pero que denota que si bien en cierto grado se contrarrest y ces la expresin ms alta del fenmeno violatorio a los derechos humanos que tuvo su pico ms alto a inicios de 2002, contina persistiendo una situacin grave, ahora con 94 registros. Otras violaciones como los heridos, en contraste, muestran registro no desestimables por supuesto puesto que son ingredientes importantes de la grave afectacin general, pero comparativamente bajos respecto al volumen de homicidios, adems la mayora de los casos de heridos resultan ser un subproducto de los homicidios cometidos y afectan a 26

personas que acompaaban a las vctimas fatales. Ms an, progresivamente el componente de los heridos respecto a los homicidios por semestre tiende a disminuir; as, durante el primer semestre de 2001 constituyen el 33.75%, el primer semestre de 2002 el 15.83% y el primer semestre de 2003 el 5.32%. Sobre los casos de desapariciones segn los reportes del CTI propiamente como violaciones a los derechos humanos se presentan registros bajos, 10 durante el perodo estudiado, pero sin desconocer que pueda darse subregistro notorio. Con relacin a las amenazas es evidente que hay subregistro puesto que por lo regular no se destaca este tipo de violacin puesto que en la problemtica real con frecuencia se asocian las distintas formas de amenazas directas e indirectas, pero el centro de la atencin se centra ms en las otras violaciones que se desencadenan asociadas a ellas como son los homicidios, heridas, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otras. Adicionalmente, es preciso considerar que al establecer la comparacin entre los altos mrgenes de homicidios sucedidos y la porcin de violaciones a los derechos humanos especificadas resulta que una porcin menor pero sin duda significativa de los homicidios que a la vez son considerados como violacin a los derechos humanos. As, encontramos que para el primer semestre de 2002, como fue indicado de especial gravedad, se encuentra que de 556 homicidios en Ccuta 120 constituyen violaciones a los derechos humanos, es decir el 21.58%; a la vez que en el ltimo semestre estudiado que proporciona el dato ms actual, es decir el primer semestre de 2003, de los 381 homicidios cometidos el 89 se caracterizan tambin como violaciones, constituyendo el 23.35%. Sin embargo, es preciso advertir que existe un porcentaje alto e incluso mayoritario de autores no identificado, por lo cual de hecho estos porcentajes son indicativos, puesto que el volumen real es mayor, a pesar de que tambin coexista un margen de expresin homicida delincuencial que no necesariamente involucra a actores estatales ni a grupos irregulares en contienda militar sino a tpicos elementos de violencia social o delincuencial comn.

3.3

INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Homicidios en personas protegidas: La escenificacin urbana del conflicto oper y se reprodujo bajo lgicas propias de los espacios urbanos, en este caso los barrios perifricos y semi-perifricos de Ccuta donde opera el control territorial de las AUC y del frente urbano Carlos Germn Velasco Villamizar del ELN, y que, ante la no ocurrencia en general de enfrentamientos directos entre los grupos, se despleg entonces una red de sicarios donde la vctima era ubicada y asesinada, producto de lo que se supone eran labores de rastreo e inteligencia sistemticos; la guerrilla adicion a este accionar los actos terroristas con artefactos explosivos a blancos definidos.

27

INFRACCIONES FRECUENTES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO I semestre 2001 - I semestre Homicidio 20033% 4% 7% 4% 5% 52% 6% Herido en persona protegida Tortura Amenazas colectivas Ataques bienes civiles Armas de efectos indiscrimandos Ataque a estructuras que contienen fuerzas peligrosas Detenciones arbitrarias

19%

Violaciones a los DD.HH e infracciones al D.I.H y presuntos responsablesPRESUNTO RESPONSABLE INFRACCIO NES

VIOLACIONES

INPEC Fuerza Pblica Paramilitares Grupos de "limpieza social" FARC EP ELN Guerrilla N.I TOTAL

Homicidi o 7 2 67 121

Herid Homicidi o os 2 3 12 51 30 1 11 1

Ataque a Herido instalaciones Uso de en que Ataque armas con persona efectos contienen a protegid bienes indiscrimin sustancias a civiles ados peligrosas

10

3

2

2 2

5

347 544

61 108

64

13

2

4

5

Si bien las estadsticas como se expresa en la grfica tienen una porcin notablemente mayoritaria de casos sin identificar, 347 del total 544, lo que corresponde al 63.78%, del restante 36.22% encontramos una distribucin de presuntas responsabilidades en el siguiente orden: las llamadas por algunos sectores como acciones de limpieza social, pero en cuyo modus operandi se revela en gran medida la incidencia de las AUC , cuenta con el porcentaje mayoritario de 22.24 % correspondiente a 121 de los casos ; en segundo trmino aparecen las violaciones directamente atribuidas a los paramilitares con un porcentaje de 12.32%, correspondiente a 67 de los casos; en tercer trmino aparece la guerrilla del ELN con un porcentaje de 2.02%, correspondiente a 11 casos; en cuarto trmino aparecen organismos de seguridad del Estado y la Fuerza Pblica que asociados consiguen un porcentaje de 1.65, correspondiente a 9 casos y en ltimo trmino, aparece la guerrilla de 28

las FARC que como lo establece el estudio tiene una presencia y una actuacin menor que las FARC. En los anlisis posteriores se amplan tanto consideraciones al respecto como la ilustracin enumerada de buena parte de los distintos casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario aqu registradas y adems establecidas a partir de cotejar informacin con otras fuentes como la prensa, informes oficiales e informes de entidades de derechos humanos de distinto carcter, las cuales adelante tambin se especifican. 3.4 HOMICIDIOS MASIVOS DE POBLACION VULNERABLE EN CCUTA Y EL REA METROPOLITANA

3.4.1 Principales sectores afectados. En gran medida, los homicidios de Ccuta y su rea metropolitana se concentraron en los barrios marginales, especialmente de invasin, habitados por poblacin con grandes carencias y altos ndices de pobreza. En menor volumen tambin hubo ocurrencia de homicidios en el centro de la ciudad, en la zona rural y en los municipios contiguos. Y en ellos, tambin en los barrios populares o as como en las carreteras o vas de acceso. La gran mayora de las vctimas fueron hombres, muchos de ellos jvenes, incluso menores, pero tambin mujeres, sobre todo en sus casas o cerca de ellas. Algunas eran vendedoras nocturnas y otras estaban vinculadas a los sectores sociales ms afectados y a las actividades ilegales. Entre los sectores sociales particularmente atacados aparecen principalmente a los siguientes: Celadores, vigilantes Zapateros, ayudantes Vendedores ambulantes, vendedoras de chance Comerciantes Albailes, obreros, ornamentadotes y ayudantes Conductores de busetas y taxis, chequeadotes de rutas y ayudantes Prestamistas, joyeros y cambistas Pimpineros (vendedores minoristas de gasolina de contrabando) Trabajadores de empresas, obreros de empresas formales, dependientes, ayudantes y coteros de zonas comerciales y plazas de mercado Trabajadores de establecimientos pblicos como bares, restaurantes, billares, talleres y salas de belleza Raspachines en trnsito, por lo regular tienen familia y residencia en Ccuta y trabajan como jornaleros recolectores de coca en El Catatumbo Recicladores Prostitutas y travestis 29

Desempleados

De otra parte, fueron mayoritariamente afectadas personas dedicadas a actividades ilegales como los siguientes: Expendedores de drogas alucingenas Consumidores de drogas alucingenas, adictos o viciosos Ladrones, atracadores y miembros de bandas delincuenciales

Y, aunque por su volumen no aparecen como los mayoritarios, revisten especial importancia e impacto los correspondientes a: Funcionarios judiciales Autoridades civiles Lderes cvicos, dirigentes sociales y comunales Profesionales, abogados, educadores, mdicos, enfermeras Defensores de derechos humanos, tanto de entes estatales como de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales Dirigentes polticos de izquierda y algunos de otros partidos Sindicalistas, miembros de asociaciones, de organizaciones sociales y de organizaciones no gubernamentales Desplazados, tanto los reconocidos y organizados en cuanto tales como quienes discretamente llegan sin reivindicar tal condicin.

Los celadores implicaron una situacin especial, puesto que hubo versiones de la vinculacin de algunos de ellos a la estrategia de control y de accin de las AUC. Otros se dijo que colaboraban o eran complacientes con las guerrillas en los barrios y muchos fueron atacados, la mayora de este tipo de de trabajadores, aparece ajeno a la vinculacin a los grupos armados ilegales. 52 En resumen y como elemento de anlisis podemos expresar: Primero, el hecho de que ocurrieran miles de asesinatos de por s demuestra la falta de eficacia en la prevencin y en la proteccin por parte de los organismos de seguridad y policiales. Segundo, quedaron expuestas claras falencias en la investigacin, el esclarecimiento de los hechos y la sancin en materia de justicia. Tercero, fue evidente por el volumen, la forma de actuacin y los resultados, que debi existir una planeacin y una conduccin operativa, las cuales resultaron eficaces para los propsitos criminales de los grupos armados comprometidos. Cuar