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ESTUDIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO RURAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. URUGUAY. Paula Florit (Coord). Maximiliano Piedracueva. Alejandra Gallo. Juan Bassaiztéguy.

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ESTUDIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y

FINANCIAMIENTO RURAL DESDE UNA

PERSPECTIVA DE GÉNERO. URUGUAY.

Paula Florit (Coord).

Maximiliano Piedracueva.

Alejandra Gallo.

Juan Bassaiztéguy.

Estudio de asistencia técnica y financiamiento rural desde una perspectiva de género. Uruguay. Consultoría a cargo de: Paula Florit (Coord) Maximiliano Piedracueva. Alejandra Gallo. Juan Bassaiztéguy. Programa Regional de Políticas de Igualdad de Género MERCOSUR. AECID. REAF. DGDR-MGAP.

2013. Montevideo, Uruguay.

Introducción.

La perspectiva de mainstreaming

de género supone un proceso de

transversalización de la cuestión de

género, buscando el desarrollo de políticas

género sensitivas en todas las esferas de

las políticas públicas. Esta perspectiva

recomienda por ende la constitución de

dos elementos:

(i) la construcción de una

institucionalidad de género estable, que no

esté sujeta a decisiones y coyunturas

contingentes, ni dependa de los gobiernos

de turno, una institucionalidad que vele

por colocar la cuestión de género en la

agenda pública; (ii) el establecimiento de la

sensibilidad al género a nivel general,

previendo las consecuencias disímiles para

varones y mujeres de las diversas políticas

públicas y las diversas prácticas sociales, en

consecuencia el desarrollo de diagnósticos

y el desarrollo de políticas sensibles al

género desde su planificación inicial.

Estos dos componentes, puntos

óptimos de la institucionalidad de género

desde el mainstreaming, no han sido

alcanzados en el Uruguay actual. Por el

contrario, el Uruguay se encuentra en una

fase de revisión de sus políticas públicas,

indagando a posteriori las consecuencias

hacia las mujeres de algunas acciones

ciegas al género. Este proceso es por ende

el resultado de una conquista de la

cuestión de género y se realiza con

ambición de ajustar las políticas y

programas hacia el futuro.

En ese marco, los dos estudios

compendiados en este informe

desarrollaron objetivos orientados al

análisis desde una perspectiva de género

de las acciones ejecutadas por el estado

uruguayo entre los años 2005 y 2010 hacia

el medio rural, en particular acciones de

asistencia técnica y financiamiento.

Los presentes estudios fueron

encamendados por la Dirección General de

Desarrollo Rural del Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca (DGDR –

MGAP), y fueron desarrollados en el

marco del Programa Regional de

Fortalecimiento Institucional de Políticas

de Igualdad de Género para la Agricultura

Familiar del MERCOSUR a través del

convenio REAF – AECID. El primero de

ambos estudios tuvo como objetivo

principal: Sistematizar y generar

información que aporte al conocimiento

sobre las brechas de género existentes en

el acceso a políticas públicas (servicios

ATER) para las agricultoras familiares,

trabajadoras rurales y comunidades

rurales. El segundo de ellos, orientado a la

mirada de género al financiamiento rural

se centró en: Sistematizar y generar

información que aporte al conocimiento

sobre las brechas de género existentes en

el acceso a políticas públicas de

financiamiento rural para las agricultoras

1

familiares, trabajadoras rurales y

comunidades rurales. En consecuencia,

esta mirada unificada, permite analizar las

distintas dimensiones del accionar público

en el medio rural como una sola realidad,

compleja y multifacética, pero única en

relación a cómo se configuran las

relaciones de género en el medio rural y

cómo el Estado uruguayo aporta a ello.

En aras de ello los apartados

subsiguientes se orientan a dar cuenta de

los abordajes teóricos y metodológicos que

guiaron ambos estudios, los

procedimientos de relevamiento y los

primeros hallazgos en el trabajo de

investigación. El informe se organiza en

ocho capítulos, los primeros cinco

presentan los supuestos y conceptos que

dan sentido a las políticas de género. Los

capítulos seis y siete se enfocan en el

análisis de los hallazgos, de manera que el

capítulo seis aborda el examen de los

programas de Asistencia Técnica y

Extensión Rural desde un enfoque de

género, mientras el séptimo capítulo

aborda los resultados del estudio sobre

herramientas de financiamiento rural y su

llegada a las mujeres rurales. Finalmente

el octavo capítulo presenta las

recomendaciones hacia los/as

tomadores/as de decisiones respecto a las

políticas públicas.

Agradecimientos.

Agradecemos la colaboración y

buena disposición de productoras y

productores de muchos rincones del país

por permitirnos conocer sus vivencias y

opiniones y, por tanto, poder realizar este

trabajo que esperamos sea un aporte para

la agricultura familiar del Uruguay.

Debemos agradecer también a

aquellas instituciones públicas y

funcionarios/as que nos abrieron sus

puertas y brindaron información de

relevancia para los objetivos de este

estudio.

Equipo de consultores:

Lic. Paula Florit (Coord.)

Lic. Maximiliano Piedracueva

Lic. Alejandra Gallo

Ing. Juan Carlos Bassaizteguy

2

Índice

Pág. 2 Introducción Pág. 4

I. Conceptualización sobre género, políticas públicas y desarrollo territorial rural. Pág. 13

II. El enfoque de género y la agricultura familiar. Pág. 22

III. Las políticas públicas uruguayas para el desarrollo rural. El trabajo del MGAP a partir de 2005

Pág. 27

IV. Aproximación conceptual a la Asistencia Técnica y la Extensión Rural. Pág. 36 V. Desarrollo Rural. Pág. 52 VI. Asistencia técnica e implementación de programas desde una perspectiva de género. Pág. 72 VII. Herramientas de financiamiento rural. Pág. 95

VIII. Estrategias para revisar la llegada al medio rural de las políticas públicas desde una mirada de género. Pág. 111

Referencias bibliográficas. Pág. 115

Anexo metodológico.

3

4

Capítulo I

Conceptualización sobre género, políticas

públicas y desarrollo territorial rural.

a. Género y políticas públicas.

b. Estrategias de desarrollo con perspectiva de género: El

enfoque MED.

c. Enfoque de la emancipación.

d. Enfoque del empoderamiento.

e. Enfoque de Género en Desarrollo (GED).

f. La incorporación de la perspectiva de género en las políticas

públicas.

g. El enfoque de género y la agricultura familiar.

h. Sistema sexo género

i. La división sexual del trabajo y su carácter estructurador.

j. Agricultura familiar, la organización social del trabajo, un

mundo masculinizado.

k. La socialización por género.

l. Estado y género en el medio rural ¿qué política pública?

5

i. Conceptualización sobre género,

políticas públicas y desarrollo

territorial rural.

a. Género y políticas públicas.

La cuestión de género ha ido

ganando terreno y visibilidad pública a lo

largo de los últimos 60 años, ello supone

que las concepciones en torno a la

desigualdad de género así como las

visiones sobre las formas adecuadas de

subsanar esta inequidad se han ido

modificando. Durante el período

comprendido entre 1945 y la actualidad se

han ido implementando políticas públicas

con concepciones diferentes en torno a los

roles de las mujeres y los hombres, y con

mayor o menor visibilidad de las

diferencias que las políticas suponían para

cada grupo. A partir de los años ´70 y ´80

surgen políticas públicas que tematizan la

cuestión de género y que, con diferentes

características, buscan atacar las

desigualdades y las consecuencias

negativas que estas suponen para las

mujeres. Las diversas propuestas han sido

construidas sobre la base de mejoras y

críticas a las políticas precedentes,

marcando el acento en aspectos variados

de la inequidad. Si bien algunos de estos

enfoques ya han sido totalmente

superados, otros aún se encuentran en

debate y confrontan no sólo por el

adecuado diagnóstico sobre la situación,

sino ante todo por la forma más exitosa de

política pública para construir equidad de

género. Es preciso entonces conocer las

principales características, supuestos y

medidas de las vertientes que aún se

encuentran en debate, estableciendo las

fortalezas y debilidades de cada enfoque

así como los espacios más adecuados para

La noción de género supone negar

que las diferencias que se

observan entre hombres y

mujeres responden a

características biológicas

naturales. Esta perspectiva señala

que las desigualdades

sistemáticas que sufren las

mujeres son el producto de una

concepción en la sociedad de que

hombres y mujeres son diferentes

y por lo tanto deben asumir roles

heterogéneos.

La concepción que diferencia

hombres y mujeres por sus

características biológicas es una

construcción social y se

manifiesta con mayor o menor

gravedad en los diversos países y

grupos sociales dentro de estos.

La diferencia de género en tanto

construcción social que reproduce

la desigualdad debe ser abordada

desde las políticas públicas y las

acciones estatales, y puede ser

modificada.

6

la implementación y desarrollo de cada

uno de ellos.

El punto de partida de las políticas

para la igualdad que se encuentran en

debate actualmente es la distinción entre

la concepción natural de la diferencia entre

sexos, y la concepción de género como una

construcción social. Reúne a los enfoques

que a continuación se desarrollan, y es

encuadre teórico de este diagnóstico, el

supuesto de que existe una diferencia

construida entre los roles y posibilidades

de hombres y mujeres. Esta diferencia

construida –diferencia de género-

responde a una concepción hegemónica

del mundo que está fuertemente

masculinizada y que ubica

sistemáticamente al hombre en posiciones

y espacios de poder mientras subsume a la

mujer a roles y posiciones subalternas. En

tanto construcción social la diferencia de

género no puede ser nunca concebida

como el resultado natural de las

consecuencias biológicas, sino que es

producto de una ideología implícita en las

distintas sociedades. Esta ideología,

aunque hoy aparece como un patrón

común en los diversos países, se manifiesta

de forma disímil entre ellos y al interior de

los mismos. De modo que la forma que

toma la desigualdad de género varía en los

diversos grupos sociales, según sea mayor

o menor la internalización de las pautas

discriminatorias. La existencia de una

diversidad de formas de concebir el

sistema de género y la diferencia de

género, así como el reconocimiento de la

diferencia como una forma de

discriminación y no como un resultado

natural de las diferencias biológicas, es lo

que señala que estas diferencias pueden

ser abordadas por las políticas públicas,

modificadas y de construidas.

A efectos de abordar la cuestión de

género desde el Estado las políticas

públicas juegan un rol fundamental por su

capacidad de construir y fortalecer

imaginarios sociales y de priorizar recursos

e impulsos legales y económicos. Desde

esta mirada las políticas públicas son

concebidas como la “acción de las

autoridades públicas, investidas de

legitimidad gubernamental, que abarca

múltiples aspectos, que van desde la

definición y selección de prioridades de

intervención, hasta la toma de decisiones,

su administración y evaluación.” (Thoening,

J.C., 1997) Esta concepción de las políticas

públicas evidencia que las mismas son

estrategias de priorización estatales en

base a recursos finitos. Estas priorizaciones

designan qué y cómo se emprenderá desde

el Estado, y qué será dejado a la voluntad y

posibilidad de acción de la sociedad civil

organizada. En consecuencia lo que se hace

y omite en las políticas públicas en

referencia al género responde a un

7

esquema de prioridades estructurado a

partir de fuentes diversas1.

García Prince (2008) señala que la

teoría de género basa su acción política

bajo tres supuestos en torno a las políticas

públicas, a saber: (a) las políticas públicas

son acciones estatales, por lo tanto

definiciones nacionales legitimadas; (b)

pueden materializarse a través de variadas

formas como decretos, instituciones,

acuerdos y/o combinación de ellas según

se considere adecuado para la

problemática social a abordar; (c) son

explícitas y están recogidas en documentos

respaldados por las autoridades estatales;

(d) tienen un curso de acción, presentan

explícita o implícitamente objetivos y/o

metas que buscan alcanzar; (e) recogen

una problemática social y actúan según el

criterio de desarrollo y/o priorización de

una temático y/o un grupo social para

orientar el curso de la acción ciudadana.

Bajo esta concepción de política se

recorren algunos enfoques de políticas

públicas con perspectiva de género que

surgieron como respuesta a políticas

públicas que no atendían a la diferencia de

1 Las formas como se priorizan los diversos temas y

problemas sociales depende del conocimiento de los mismos, de la existencia de grupos de presión nacionales, de la existencia de acuerdos internacionales, así como del concepto sobre el rol que juegan esos temas en la preservación del tipo de democracia y de modelo de desarrollo nacional optados.

situaciones y contextos de hombres y

mujeres.

A partir de la segunda guerra

mundial, el debate en torno al desarrollo y

el lugar de las políticas públicas en el

mismo capta la escena mundial. Las

primeras propuestas de los organismos

internacionales, implementadas en

diversos países, eran propuestas que

podrían concebirse como “ciegas al

género”. Bajo la concepción de políticas

“ciegas al género” se denominan las

políticas que no atienden a las diferencias

de situación de hombres y mujeres, ni

cuestionan la forma como la política

impactará diferencialmente en estos

grupos.

Las propuestas de desarrollo en

vigencia apuntaban al incremento de la

productividad y el crecimiento de las

sociedades “subdesarrolladas”. En este

enfoque la mujer era vista como pasiva en

un proceso de desarrollo ya que no se la

veía como agente productiva sino

únicamente como agente reproductiva. La

primera forma alternativa a este enfoque

fue el llamado MED o Enfoque de Mujeres

en el Desarrollo.

b. Estrategias de desarrollo con

perspectiva de género: El enfoque MED.

El MED surgió a inicios de los años

´70 y denunció la falsa neutralidad de

género de las políticas de desarrollo y

8

destacó el rol productivo de las mujeres.

En este sentido criticaba las políticas

desarrollistas que se orientaban a la familia

o a la mujer como una vía de acceso a la

familia, destacando el rol de la mujer fuera

del hogar. Este enfoque destacó la

productividad femenina fuera de los

hogares pero no supuso una crítica al rol

doméstico, de modo que incrementó los

ámbitos de trabajo (productivo y

reproductivo) de la mujer. Fue un enfoque

orientado a la mujer específicamente, no a

las relaciones entre géneros. Según Garcia

Prince (2008) este enfoque se orientó al

trabajo de políticas públicas en tres líneas:

Igualdad jurídica y socioeconómica

de la mujer viabilizada

principalmente mediante oficinas

de la mujer. Este enfoque se

desarrolló especialmente en la

llamada década de la mujer entre

los años ´75 y ´85 (llamado MED –

equidad).

Orientación a las mujeres más

pobres atendiendo a las políticas

de rol de mujer reproductiva y las

necesidades básicas en ese rol, y

también al rol de mujer

productiva, utilizando políticas de

microcréditos y microfinanzas.

Este enfoque aún tiene influencia

entre las políticas públicas y se

desarrolló especialmente a partir

de los años ´70 (MED –

antipobreza).

Ubicación de la eficiencia y

capacidad de ajuste de las mujeres

en la combinación de varios roles.

Atención a las estrategias de

supervivencia femeninas. Estas

estrategias se implementaron

especialmente a partir de los años

´80 y mantienen importante

popularidad (MED – eficiencia).

Este enfoque en general se tradujo en

acciones y proyectos para mujeres

orientados a desarrollar estrategias de

supervivencia de las mismas, así como

a mostrar su capacidad productiva. Se

destacan las acciones orientadas a

incrementar los ingresos de las

mujeres y su productividad. Entre las

críticas a este enfoque existió el de

ignorar la cuestión de género como

una cuestión relacional, donde es

relevante también considerar a los

hombres. También se critico, como se

ha dicho ya, el incremento de las

demandas hacia la mujer, al

multiplicar sus espacios de acción.

Estas críticas devinieron en la

construcción de otras perspectivas en

torno a la cuestión de género y el

modo adecuado para actuar sobre

ella.

9

c. Enfoque de la emancipación.

Este enfoque priorizó el acceso a

condiciones de igualdad sociales y

económicas, en particular en el acceso a la

salud y educación. Esta priorización amplió

las condiciones de igualdad en términos de

acceso pero mantuvo la no participación

femenina en los espacios de decisión

política. Se desarrolló mediante políticas

generales, orientadas a toda la población y

políticas focalizadas para mujeres.

d. Enfoque del empoderamiento.

El enfoque de empoderamiento

surgió a partir de mediados de los años ´70

y se tornó más fuerte a partir de los ´80. Si

bien actualmente no cuenta con una

importante adhesión (De la Cruz, 1999) se

ha de desatacar que el mismo constituyó

un aporte ya que priorizó no sólo el acceso

a los recursos sino el acceso al control de

los recursos. Se orientó a rescatar el rol de

la mujer como agente comunitario y a

posteriori como agente de participación

política. Como medidas se planteó

estrategias de empoderamiento vía el

desarrollo de capacidades personales para

influir en los espacios. Esta propuesta se

orientaba a la incorporación femenina a las

estructuras de poder formal, no al

cuestionamiento de las estructuras en sí.

En ese sentido no existía una crítica a las

estructuras por considerar que su

conformación reproducía los patrones de

poder de los varones, sino que se criticaba

la no incorporación de la mujer a esos

espacios.

e. Enfoque de Género en Desarrollo (GED).

Este enfoque dio centralidad a la

división entre las características físicas

naturales de hombres y mujeres, y las

proyecciones que la sociedad hace sobre

cada persona en función de su sexo de

nacimiento. Esta perspectiva se orientó a

denunciar la forma como las culturas,

estructuras e instituciones se orientan a

reforzar las desigualdades de género y la

asignación de roles socialmente

construidos a hombres y mujeres.

Como herramientas básicas para la

comprensión de la situación de género esta

mirada enuncia (a) la división sexual del

trabajo, (b) la división entre los espacios

públicos y los privados o domésticos, (c)

controles diferentes de ingresos, recursos y

uso del tiempo, (e) múltiples roles de la

mujer, (f) existencia de necesidades y

estrategias diferentes entre hombres y

mujeres. Todos estos conceptos –que se

definirán con más detalle al presentar la

situación de la mujer en el medio rural

uruguayo- fueron la base para la

implementación de propuestas de políticas

diversas, de las cuales las más destacables

son:

10

Políticas de igualdad de

oportunidades. Estas políticas

centraban sus acciones en la

generación de igualdad en las

condiciones de partida entre

hombres y mujeres. Muchas de sus

medidas se mantienen, pero se

han combinado con otras al

constatar que las brechas de

género persistían más allá de la

equidad de oportunidades, de

modo que se adicionó la

preocupación por la igualdad de

resultados.

Políticas de acción positiva. Son

políticas orientadas al desarrollo

de acciones que contrarresten las

desigualdades actuales y pasadas

en los ámbitos económicos,

domésticos u otros espacios de

poder de modo de transformar las

situaciones de inequidad y la

existencia de grupos

desfavorecidos. Son típicas de este

enfoque las medidas como el

establecimiento de cuotas.

Políticas de mainstreaming de

género. Esta perspectiva se orienta

al reconocimiento de la cuestión

de la desigualdad de género como

una problemática a atacar en todos

los ámbitos de la esfera pública y

de la ciudadanía, entendiendo que

los elementos que reproducen las

estructuras y pautas de inequidad

son transversales a todas las

políticas públicas. Desde este

enfoque se busca que la

planificación de una perspectiva de

género este presente en todas las

fases de la construcción de las

políticas públicas y en todas las

políticas, rompiendo con la

concepción de políticas de género

restringidas a algunos reducidos

espacios y de orientación paliativa.

Son típicas de este enfoque las

acciones orientadas a la

transversalización.

El mainstreaming de

género busca colocar la

cuestión de género como

una dimensión transversal

en todas las políticas

públicas, exigiendo que

toda planificación y

ejecución atienda a las

incidencias diferentes que

puede tener sobre las

condiciones de vida de

varones y mujeres.

Esta perspectiva abandona

la idea de que las políticas

de género tienen que ser

concebida como políticas

concretas sino que progne

que la cuestión de género

sea tomada en toda la

planificación de políticas.

11

Las diversas acciones concretas de las

estrategias de desarrollo hasta aquí

presentadas han sido implementadas,

criticadas y mejoradas para conformar

un paquete de diversas medidas

posibles para alcanzar la igualdad de

género. Cada medida concreta

adquiere valor en la medida que el

contexto específico y lo política

pública lo requiere. Sin embargo, si

bien se han acumulado diversas

estrategias y acciones concretas de las

distintas etapas del pensamiento

feminista, existe un relativo consenso

en concebir el mainstreaming de

género como el enfoque dominante en

la planificación de políticas para la

conquista de la igualdad. En

consecuencia en este documento se

harán presentes algunos de los pilares

teóricos de este enfoque.

f. La incorporación de la

perspectiva de género en las

políticas públicas.

La noción de “género sensitivas” o

de “sensibles al género” de las

políticas refiere a la capacidad o

sensibilidad para identificar los

elementos que construyen

inequidades entre los géneros y

transformarlos en base para acciones y

programación política.

Las políticas sensibles al género se

orientan a identificar si las situaciones

de varones y mujeres, y las formas

como se vinculan con los ámbitos

públicos y privados, tienen relación

con una discriminación que deriva de

la pertenencia a uno u otro sexo. Las

políticas de igualdad o género

sensitiva se orientan a romper con las

jerarquías entre géneros y su

naturalización, son por lo tanto

políticas de transformación.

El supuesto que tienen estas

políticas es que es necesario construir

una sociedad donde el concepto de

igualdad sea una realidad. La base de

la noción de igualdad que se construyó

en las sociedades actuales puede

encontrarse en el proceso de

construcción de derechos ciudadanos

en la Revolución Francesa. Sin

embargo, el establecimiento de esa

noción de igualdad establecía una

noción de igualdad en ciertos ámbitos

pero “olvidaba” velar por ella en los

espacios domésticos. De modo que la

igualdad entre ciudadanos era una

expresión de igualdad entre varones y

no entre estos y las mujeres.

Hoy, en cambio, la noción de

igualdad se ha revisado y ha dado

lugar al reconocimiento de la

diferencia y la diversidad, donde se da

cuenta de la existencia de personas

12

con intereses diferentes. De este

modo las nociones de diferencia y

diversidad dan espacio a las mujeres a

tener una forma de ser contempladas

como ciudadanas que vele por sus

intereses y no pretenda únicamente

igualarlas al modelo masculino.

Este concepto de igualdad supone

la concreción de prácticas y derechos

de diversa índole, la igualdad supone

la construcción de igualdad formal o

de derecho, igualdad de hecho y el

cumplimiento del principio de

equidad.

La igualdad formal refiere a la

conquista de igualdad en los

derechos formalmente aceptados y

legislados.

La igualdad de hecho supone que

los derechos deben concretarse en

realidades, por lo tanto asume la

distancia entre la formalización y la

realidad y trabaja sobre el proceso

de concreción.

El principio de equidad reconoce la

diferencia entre grupos y asume

que el trato igual no siempre es el

trato justo cuando los grupos, sus

experiencias, intereses y

posibilidades son diferentes. Este

principio señala la necesidad de

respetar la diferencia mediante un

trato diferencial en algunos grupos

y condiciones.

Estas condiciones son en

consecuencias requisitos para la

construcción de una sociedad

verdaderamente democrática, los

diagnósticos previos y las necesarias

políticas de igualdad de género deben

pensarse e instrumentarse en la

sociedad toda. Desde estos supuestos

es que se torna necesario reflexionar

sobre las condiciones de vida de las

mujeres pertenecientes a la

agricultura familiar.

13

Capítulo II

El enfoque de género y la agricultura familiar.

a. El enfoque de género y la agricultura familiar.

b. Sistema sexo género

c. La división sexual del trabajo y su carácter estructurador.

d. Agricultura familiar, la organización social del trabajo, un

mundo masculinizado.

e. La socialización por género.

f. Estado y género en el medio rural ¿qué política pública?

14

a. El enfoque de género y la

agricultura familiar.

Varones y mujeres son diferentes y

eso es un hecho innegable; sin embargo,

resulta inquietante desentrañar cómo y de

qué manera esa diferencia se instala y se

transforma en desigualdad. La teoría de

género ha construido categorías analíticas

útiles para comprender cómo se estructura

este sistema de desigualdades, abordando

las implicancias que tiene para los

miembros pertenecientes a uno y otro

sexo. Analizar las relaciones entre varones

y mujeres a partir de los conceptos de

sistema sexo-género, división sexual del

trabajo y socialización por género

constituyen herramientas adecuadas para

realizar este recorrido. Eso es en parte, lo

que se propone en este capítulo.

b. Sistema sexo género

A partir de la cristalización de un conjunto

de prácticas, saberes y gustos que se

definen como apropiados para los

miembros de cada uno de los sexos, se

define un determinado sistema sexo-

género. De esta forma, se atribuyen

derechos, obligaciones, responsabilidades

y privilegios distintos para varones y

mujeres. Siguiendo a Aguirre (1998), es

posible afirmar que este sistema se

constituye por relaciones de poder,

prácticas, creencias y estereotipos que las

sociedades construyen a partir de la

diferencia sexual. Anderson (2006), agrega

que estas relaciones de poder se expresan -

y funcionan- a partir de distintos principios

que se articulan entre sí para dar

coherencia y sostenibilidad al sistema.

Sobre la base de la clasificación primaria de

sexo: varón- mujer, se adhieren distintas

clasificaciones que se estructuran como

principios normativos y definitorios de los

roles. Así, las categorías de género,

devienen en jefe de familia - esposa,

trabajador remunerado - trabajadora no

remunerada, productor agropecuario - ama

de casa; infinitas combinaciones binarias

van llenando de sentido el significado de

masculino y femenino.

Uno de los elementos más preocupantes

del sistema de género es el desigual

Varones y Mujeres son

diferentes y eso es innegable,

ahora bien ¿cómo esa

diferencia se transforma en

desigualdad?

Sistema sexo – género,

división sexual del trabajo,

socialización por género son

conceptos útiles para

aproximarnos a una respuesta.

15

prestigio del que gozan los pertenecientes

a uno y otro grupo, esto nos obliga a

considerar el género y los sistemas de

género como un sistema de relaciones de

poder, dice Scott (2003) “el género es un

elemento constitutivo de las relaciones

sociales basadas en las diferencias que

distinguen los sexos y es una forma

primaria de relaciones significantes de

poder”.

c. La división sexual del trabajo y su

carácter estructurador.

Siguiendo a Hirata y Kergoat (2007), es

dable sostener que la división sexual del

trabajo tiene su expresión a partir de dos

principios ordenadores, a saber: el de

separación y el de jerarquía. Por el

primero, se designa la asignación

diferencial de tareas de acuerdo al sexo en

un momento determinado. Se trata de la

clásica división entre trabajo remunerado

y no remunerado (doméstico, de cuidados

y comunitario). Por el segundo principio, el

de jerarquía, se ponderan las actividades

de acuerdo a una escala de valoración que

asigna más valor a aquellas tareas

realizadas por los varones. A partir de la

combinación de ambos principios se

estructuran desigualdades que colocan a

varones y mujeres en desiguales posiciones

frente a los recursos.

Como alerta Kabeer (1999), es menester

reparar en el alcance estructural de estos

fenómenos y observar que “en su vertiente

más simple, la división genérica del trabajo

puede considerarse que consiste en la

asignación de tareas particulares a

personas particulares, y se convierte en

estructura social en la medida en que esta

asignación impone constreñimientos a la

práctica ulterior.” (Kabeer, 1999: 76).

Así, la división sexual del trabajo trasciende

la separación de tareas en relación a los

sexos en un espacio y momento específico,

y cumple un rol central para analizar el

conjunto de oportunidades que tienen

La división sexual del trabajo

se sostiene sobre dos

principios: el de separación y

el de jerarquía.

El principio de separación

supone que las tareas

domésticas y de cuidados son

asignadas a las mujeres y las

tareas productivas –de

trabajo remunerado- son

asignadas a los varones.

El principio de jerarquía

implica que las tareas

realizadas por varones tienen

una mayor valoración social

que aquellas realizadas por

mujeres.

16

mujeres y varones en el acceso a recursos

materiales y sociales. Esto es así, porque a

partir de la división sexual del trabajo se

estereotipan roles del cómo ser hombre y

ser mujer, que colocan a los varones en

aquellas tareas y prácticas más

íntimamente vinculadas al acceso a

recursos. Supone tanto el acceso a

recursos monetarios y de activos de

capital, como la participación en espacios

públicos vinculados a la toma de

decisiones.

d. Agricultura familiar, la organización

social del trabajo, un mundo

masculinizado.

La conceptualización sobre

agricultura familiar no está libre de debate,

sin embargo, existe un acuerdo bastante

extendido en considerarla, haciendo foco

en la organización social del trabajo, como

un modo social específico y un tipo de

producción particular. En este sentido, la

presencia o ausencia de la residencia de la

familia en el predio, la prevalencia de

mano de obra familiar por sobre la

contratada y la producción de bienes para

su venta en el mercado, resultan claves

para determinar si se está o no ante

establecimientos agropecuarios de tipo

familiar (Astori, 1992; Piñeiro, 1998; entre

otros).

Estos factores son determinantes

en la manera en que se organiza el trabajo

dentro de los establecimientos

agropecuarios de tipo familiar, al tiempo

que inciden en la lógica que adoptan sus

propietarios/as en relación a las unidades

de producción. Sobre esta, varios autores

han señalado, que la misma se orienta a

cubrir las necesidades familiares y no a

maximizar las tasas de ganancia a nivel

empresarial (Hamdan, 1994; Schejtman,

1980, entre otros). Esto supone que las

necesidades de la familia y las del

establecimiento conviven bajo una

imbricación recíproca, tanto es así que

Hamdan (1994) ha dado en llamar este

sistema como “Unidad Familia

Explotación”. Esta discusión, que no es

reciente, tiene sus raíces históricas; ya

Chayanov (1925) había presentado

argumentos suficientes para demostrar

esta mutua reciprocidad, al evidenciar que

la sobrevivencia de esta modalidad de

producción -en momentos de crisis- ha sido

posible al ajustar las concisiones de vida y

bienestar familiar, mediante el incremento

de la autoexploración.

Por estas características, no existe

una clara división entre el mundo del

trabajo y el mundo familiar, entre el

patrimonio de la empresa y el patrimonio

de la familia, lo que tiene importantes

consecuencias en términos de género,

sobretodo en lo que refiere a la situación

17

de las mujeres dentro de los

establecimientos, cuyo trabajo es pocas

veces reconocido. Una interesante manera

de ver esta cuestión es analizar la forma en

que se organiza y desagrega el trabajo

dentro de los establecimientos. Este puede

subdividirse en al menos, tres dimensiones,

a saber: el trabajo de producción para el

mercado, el trabajo de producción para

autoconsumo y subsistencia, y el trabajo

doméstico y de cuidados. Este mundo del

trabajo, está fuertemente organizado en

relación a los sexos, por una firme división

sexual del trabajo. Así, los hombres

detentan la responsabilidad sobre las

tareas más estrechamente vinculadas a la

producción para el mercado. Es decir, las

tareas simbólicamente más vinculadas al

trabajo de campo y de aquellas vinculadas

al espacio público (ventas, compras,

realización de trámites, participación en

asociaciones rurales, etc.). Las mujeres, por

su parte, suelen ser las responsables del

trabajo doméstico y de producción para

autoconsumo. Cuando participan en las

tareas de producción para el mercado, esta

es vista como ayuda o colaboración al

trabajo masculino y no como trabajo

propiamente dicho.

Cómo ha sido señalado al inicio del

capítulo, la división sexual del trabajo

comprende dos principios, tanto la división

de tareas específicas, como la valoración

desigual de las mismas. Así sucede que

aquellas tareas realizadas por los hombres

suelen ser más valoradas que las realizadas

por las mujeres. Al mismo tiempo que las

tareas con mayor valor son detentadas por

los hombres.

Una manera de ilustrar cómo

operan estos principios en la Agricultura

Familiar, es analizar la producción para

autoconsumo y el lugar que se le asigna en

los establecimientos. Esta merece un

tratamiento especial, ya que su

clasificación (como tarea producida o

reproductiva) es el resultado del aporte

que realiza a la economía de la unidad

establecimiento- familia2, en relación al

aporte de producción para el mercado. De

esta forma, cuando la producción para

autoconsumo hace un aporte significativo a

la economía, es altamente valorada por

todos los miembros del hogar y es

considerada como parte de las tareas de

producción. Sucede así, porque en

unidades de producción con situaciones

precarias constituye un elemento clave

para la continuidad de las empresas, dado

que es un aporte esencial para la

supervivencia de las familias y su

excedente pasa a tener valor de mercancía

en el comercio local. En los casos en que

esto ocurre, este tipo de producción pasa a

ser responsabilidad masculina,

evidenciando que el manejo de los

18

recursos está estructurado en relación al

sistema sexo-género. A decir de Saltzman

(1992), “la división sexual del trabajo ha

situado desproporcionadamente a los

hombres, en comparación con las mujeres,

en roles de trabajo que generan acceso

directo a los recursos materiales,

incluyendo pero no limitándose, al dinero”

(Saltzman, 1992: 56).

En establecimientos con mayor

rentabilidad, dicha producción es

considerada secundaria y parte de las

tareas domésticas. En estos casos, es

responsabilidad de las mujeres del hogar.

Siguiendo a Saltzman (1992), es posible

afirmar que esto indica una fuerte

estratificación sexual, por la cual la

separación de tareas y su asignación por

sexo están vinculadas con la generación y

la posibilidad de acceso a recursos que

ofrecen estas tareas. De esta forma, la

división sexual del trabajo que tiene lugar

en las unidades productivas coloca a los

varones en roles de trabajo que generan

mayores posibilidades de acceso a recursos

materiales, ya sea monetarios como de

otro tipo. Estas consideraciones muestran

que la organización del mundo del trabajo

en estos establecimientos-familia3 es fiel al

principio jerárquico, “la producción

masculina, vale más que la femenina

(incluso cuando son idénticas entre sí)”

(Hirata y Kergoat, 1998:142).

f. La socialización por género.

Este modo de organizar el trabajo,

enraizado en una firme división sexual del

trabajo, es transmitido de una generación a

otra, a partir de la instrumentación de

mecanismos de socialización diferencial

para los/as hijos/as, según se trate de

varones o mujeres. Dice Saltzman (1992) al

respecto: “La perspectiva de la

socialización se centra en variables

3 Denominación acuñada por Brumer (2004) para ofrecer una imagen más acabada del sistema de interrelación entre la esfera doméstica y la esfera de producción para el mercado que tiene lugar en los establecimientos agropecuarios de tipo familiar.

En la agricultura familiar, el

mundo del trabajo se organiza

sobre una firme división

sexual. Así mientras las

mujeres se encargan de las

tareas domésticas, de

autoconsumo y cuidados; los

varones son responsables de

las tareas más íntimamente

vinculadas a la producción de

bienes para el mercado. Este

modo de organizar el mundo

del trabajo, coloca a los

varones en relación directa

con el manejo de los recursos.

Asimismo, desconoce el

aporte de las mujeres en los

hogares, tornando invisible su

rol como mujeres productoras.

19

destinadas a enseñar características

apropiadas para cada sexo, sobre todo a

los niños (…) Los niños desarrollan

paulatinamente la capacidad de dividir el

mundo según el sexo y de adoptar

atributos socialmente asignados a ese

sexo.” (Saltzman, 1992: 92) Esto significa

que se promueven en los hogares gustos y

saberes distintos para hijos e hijas, que

estructuran las prácticas según aquello que

se considera apropiado para cada uno de

los sexos. Así entendida, la socialización

bosqueja un orden simbólico que delinea

las trayectorias esperadas de los varones y

las mujeres en los diferentes contextos y

que trasciende la simple separación de

tareas.

En el caso de la agricultura familiar,

si se analiza al interior de los hogares,

puede observarse que, desde edades muy

tempranas, se involucra a los hijos varones

en las tareas de producción para el

mercado, al mismo tiempo que se estimula

a las hijas para el trabajo doméstico y de

cuidados. Para el caso de los hijos de

productores familiares llegan a la

adolescencia, ya tienen un conocimiento

acabado de todos aquellos saberes

necesarios para el desempeño de la tarea

productiva. Este conocimiento es, a veces,

reforzado por la participación en instancias

de educación formal, como por ej. escuelas

agrarias o la realización de otros tipos de

capacitaciones asociadas a la producción,

por parte de los varones. Las hijas mujeres

en cambio, a esa altura, suelen estar

alejadas de las tareas de producción para el

mercado y muy involucradas en las tareas

domésticas y de cuidados familiares.

También sucede que sus proyectos

alejados del predio, como estudiar, son

fuertemente apoyados por los padres y las

madres. De esta forma, se legítima el rol

masculino asociado a la tarea de

producción y el rol femenino alejado de

estas tareas, transmitiéndose de una

generación a la siguiente, una determinada

manera de “ser varón y ser mujer”,

“Cuando hombres y mujeres llevan a cabo

roles de trabajo profundamente distintos,

ofrecen modelos que sugieren a los niños

los tipos de trabajo que pueden y no

pueden hacer cuando sean adultos”.

(Saltzman, 1992:93). Este proceso

socializador por género, estructurado en la

división sexual del trabajo, se materializa

en la dirección que adopta el proceso

sucesorio en la agricultura familiar,

favoreciendo la permanencia de los

hombres al frente de las empresas

familiares y excluyendo de esta posibilidad

a las mujeres, con serias consecuencias

para el desarrollo de oportunidades por

parte de estas.4 Es importante subrayar

4 En Uruguay esta prevalencia de los varones al

frente de los establecimientos ha sido constatada en varias oportunidades. Si bien las familias tienden a respetar los derechos de herencia (la igualdad de derechos de hijas e hijos), el proceso culmina en la designación de un único hijo varón que se hace de la

20

que el manejo del establecimiento no sólo

comprende el dominio de los saberes

prácticos de la actividad, sino también el

manejo de todo el mundo público

vinculado a la unidad productiva, lo que

incluye la participación en distintas

organizaciones de productores, comisiones

de fomento y otros modelos de asociación.

Las implicancias de la socialización

por género, no sólo se expresa en la

agricultura familiar, sino que en el medio

rural esto tiene evidencias desarrolladas

también para las poblaciones rurales no

agricultoras. Poblaciones que, habitantes

de territorios agrodependientes, no se

encuentran en relación directa con la

producción o lo hacen en carácter de

asalariados/as o trabajadores/as zafrales.

La dinámica de la tenencia de la tierra en el

agro uruguayo configuró tempranamente

la existencia de pequeños pueblos, villas y

rancheríos donde se asentaron las familias

de los trabajadores de las grandes

estancias. En estas predomina una

dinámica tradicional de división sexual del

trabajo, donde la mujer se aboca a las

totalidad de las tierras familiares por distintos mecanismos (arrendamiento, compra, préstamo, comodato). Otras veces las tierras de la mujer son incorporadas al patrimonio familiar administrado por el esposo (Gallo, Molinaro y Osorio, 2011; Gallo y Peluso, 2009). Esto viene a confirmar que la forma en la que se procesa la sucesión de las unidades productivas tiende a dar prioridad a varones sobre mujeres, hecho ya relevado en numerosas investigaciones (Ver, entre otros, Brumer, 2004; Graña, 1996; Filardo, 1994; Salamon, 1993; Voyce, 1994).

actividades reproductivas y el hombre a las

productivas. Entre estas mujeres radicadas

en pueblos y villas agrodependientes se ha

constatado que la estructura agraria

nacional configura roles de dependencia y

ausencia de trayectorias laborales propias.

En esta división la mujer se encuentra

frecuentemente fuera de los circuitos

generadores de ingreso, en ubicaciones

marginales en términos del manejo

económico y de prestigio, en relaciones de

dependencia económica y social del núcleo

familiar y en particular de una pareja. En

consecuencia el acceso a un ingreso propio

que permita satisfacer necesidades

puntuales y/o ser un incentivo o aliciente

para el desarrollo de emprendimientos

resulta esencial en el marco de la

construcción de situaciones de mayor

equidad para las mujeres del medio rural,

no únicamente las productoras. “…la

ruralidad nucleada se compone

esencialmente por familias desplazadas del

campo, y se soporta aún en relaciones de

“ausencia/presencia” de las figuras

masculinas, siendo los hombres los que

proveen del ingreso principal y

generalmente único de los hogares rurales.

(…) aparece una determinante

infraestructural, vinculada a la

concentración de la tierra y los modelos de

producción en el sector agropecuario

nacional, que genera configuraciones supra

estructurales que refuerzan la inequidad

de género y los procesos de acumulación

21

desigual en el campo.” (Florit, 2011:27) De

esta manera las mujeres de pueblos y

villas, se ubican en relaciones

dependientes económicamente, como

habitantes “no productivas” de territorios

agrodependientes.

De modo que la división sexual del

trabajo no supone únicamente una división

en las tareas que desarrollan hombres y

mujeres, sino que configura las

posibilidades de cada sexo de desarrollar

plenamente su ciudadanía.

g. Estado y género en el medio rural

¿qué política pública?

El desarrollo precedente contiene

algunas conclusiones inquietantes que

pueden sintetizarse en las escasas

oportunidades que tienen mujeres frente a

varones en el medio rural. Ante esta

realidad, parece pertinente interrogarnos

cuál es el rol que deben asumir las políticas

públicas para mejorar la posición de las

mujeres, hoy claramente vulneradas. De

acuerdo con Guzmán (1998), es posible

sostenter que la incorporación de la

perspectiva de género en las políticas

públicas habilita conocer cómo las políticas

-incorporen o no la perspectiva de género-

tienen efectos sobre el sistema sexo-

género, reforzando o transformándolo.

Esto supone, por una parte, considerar las

diferencias existentes entre varones y

mujeres en todas las fases de la política

pública (diseño, ejecución y evaluación).

Por otra, considerar la dimensión de

género con el objetivo de alcanzar un

sistema sexo género menos desigual.

22

Capítulo III

Las políticas públicas uruguayas para el

desarrollo rural. El trabajo del MGAP a partir de

2005.

23

a. Las políticas públicas uruguayas

para el desarrollo rural. El trabajo

del MGAP a partir de 2005.

En mayo de 2005 el Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca se

enunciaba sobre la transformación en la

planificación y gestión de las políticas

agropecuarias, más aún, incorporaba al

discurso político estatal una visión de

políticas hacia el desarrollo rural. En ese

sentido expresábase sobre uno de los

sectores más vulnerados y olvidados del

Uruguay Rural, la agricultura familiar. “La

atención de este importantísimo sector

social, cultural y económico con acciones

aisladas e inconexas será sustituida por una

estrategia global, conducente a apoyar sus

iniciativas apuntando a su permanencia en

el mundo rural y sostenibilidad como

productores.” (Anuario OPYPA, 2005)

Debe señalarse que la nueva

propuesta debía enfrentarse a un sistema

de gestión e intervención estatal

centralizado, desarticulado y en gran parte

disgregador; por ello la innovación

resultaba, y resultó, ardua. El Estado

recuperaba la utilidad de las políticas

sectoriales –en parte olvidadas en el uso de

las políticas macroeconómicas- al tiempo

que reconocía un mundo rural

heterogéneo el cual requería de políticas

públicas diferenciadas.

Ante este escenario

inquietante parece pertinente

interrogarse cuál es el rol que

pueden asumir las políticas

públicas para mejorar la

posición de las mujeres, hoy

claramente vulneradas.

¿Qué estrategias serían

recomendables para fortalecer

las capacidades de las mujeres

y promover así su

participación en los distintos

espacios públicos y de toma de

decisiones existentes en las

comunidades rurales?

¿Qué estrategias de

intervención de

fortalecimiento de la

agricultura familiar han

contribuido a mejorar las

capacidades de las mujeres y a

reconocer su rol de

productoras?

¿Cómo se puede mejorar el

acceso a recursos de las

mujeres de la agricultura

familiar?

¿Cómo se podrían desarrollar

estrategias financieras para

que las mujeres venzan las

limitantes del acceso a

recursos?

¿Cómo debería implementarse

la Asistencia Técnica desde el

estado de manera de

promover el reconocimiento

de las mujeres en su calidad

de productoras?

24

El sector de agricultura familiar fue

reconocido como “producción familiar” y

para ello se realizaron distintos esfuerzos

en conceptualizar y delimitar a esta

población; es en ese sentido que surge la

definición de Productor Familiar y junto

con ella el instrumento de Registro de la

Producción Familiar. Este esfuerzo

operativo se ampara en la idea de que

generar políticas hacia una población

particular requiere de una caracterización

de tal población; y por otra parte en que se

reconoce que la producción familiar del

Uruguay funciona, produce y se reproduce

con lógicas distintas a la lógica empresarial

y que por lo tanto deben pensarse

estrategias concretas de intervención.

La estrategia definida de

intervención hacia la producción familiar es

una estrategia de desarrollo rural. Con este

enfoque se pretende romper con la visión

economicista y productivista que se

encontraba anclada en el país y que

promovía estrategias homogéneas –y

macro- para alcanzar el desarrollo,

entendiendo por este al crecimiento

económico. Ante esta idea se entiende

desde el poder público que la producción

familiar no se rige por la lógica

productivista y economicista y que su

permanencia o extinción se explica más por

cuestiones que exceden a lo productivo. La

producción familiar es productor lo mismo

que habitante de lo rural y por lo tanto su

desarrollo se inscribe en un territorio

determinado en el que confluyen

producción y reproducción. Desde esta

base, se llega a la idea entonces, de que el

desarrollo rural debe tener un enfoque

territorial, esto quiere decir que el

complejo a ser abordado no es un predio,

no es una explotación, no es un paraje o

pueblo; por territorio se entiende al

Objetivos estratégicos de

DGDR

o Fomentar las acciones de integración, asociación y organización del tejido social y productivo rural.

o Fortalecimiento de la organización de productores y asalariados rurales.

o Promoción del desarrollo rural en sus múltiples dimensiones.

o Organización de la producción e inserción en las cadenas para los productos generados por la producción familiar.

o Facilitar el acceso al financiamiento y recursos financieros, con la generación de herramientas adecuadas.

o Facilitar el acceso de la población rural a la formación, tecnologías adecuadas y los avances de la investigación e innovación.

o Promover la articulación interinstitucional de públicos y privados para el desarrollo rural.

25

entramado de relaciones sociales que se

dan en determinado espacio físico, y si bien

no existen limitantes geográficas de estos

espacios, generalmente las relaciones

sociales exceden un predio e incluso un

pueblo o paraje. Pensar entonces en

desarrollo rural con enfoque territorial

implica conocer y reconocer a los actores

claves que se desempeñan en esos

territorios al tiempo que debe identificarse

el entramado de relaciones entre ellos.

El abordaje territorial del

desarrollo es una estrategia que

necesariamente no propone fines, si bien

pueden encontrarse propuestas de

desarrollo territorial que establecen a qué

se quiere llegar debe reconocerse también

que muchas de las estrategias de

desarrollo territorial quieren llegar a

cuestiones distintas. Es por ello que los

fines del desarrollo son más cuestiones

políticas que académicas. En el caso de la

propuesta del MGAP mediante la creación

de la Dirección General de Desarrollo Rural,

se define que el objetivo de esta es

“diseñar las políticas diferenciadas para la

actividad agropecuaria, con el objetivo de

alcanzar el desarrollo rural con una nueva

concepción de modelo de producción,

basado en la sustentabilidad económica,

social y ambiental y con la participación de

los actores en el territorio.” Y como

corolario se expresa que “desarrollo rural

trasciende el ámbito estrictamente

agropecuario, por lo que constituye en su

esencia un esfuerzo integrador de toda

nuestra sociedad y tiene como objetivo

central la población rural.”

Dentro de esta visión de desarrollo

rural la DGDR reformula y adecua las

herramientas pre existentes de

intervención en el medio rural al tiempo

que gestiona e integra nuevos

instrumentos. Caso de ello son los

programas como Proyecto de Producción

Responsable, Programa Ganadero y

Proyecto Uruguay Rural. Estas tres

herramientas sirvieron desde 2005 como

instrumentos de intervención de cara al

desarrollo rural. Estos tres programas, si

bien funcionaron como espacios

separados, se fusionaban en el objetivo de

mejorar la calidad de vida de la población

rural. En los tres casos la estrategia de

intervención constaba de dos grandes

componentes: un componente de

asistencia técnica y un componente de

inversión.

La política pública –entendida ésta

genéricamente como la acción de las

autoridades públicas en el seno de la

sociedad- hacia el desarrollo rural debe

ajustarse a la noción de generar

capacidades. Debe entenderse que el

desarrollo rural es entendido no sólo como

mejora de la calidad de vida de la

población rural sino como la capacidad de

26

ésta de forjar esa mejora. En este sentido y

de modo de evitar procesos clientelares y

asistencialistas la política pública sobre

desarrollo rural persigue un objetivo

central de generar capacidades y de ese

modo ciertos niveles de libertad y

autonomía en la población. Tras este

objetivo es que la DGDR se ha planteado

entre sus objetivos estratégicos el fomento

del asociativismo, la organización de los

sectores vulnerables del medio rural, la

formación y capacitación. Es por ello, y

como se detalla más adelante, el Estado

apuesta a los procesos de intervención con

un tipo particular de Asistencia Técnica en

apoyo y acompañamiento de otras

herramientas como lo es el apoyo

financiero y económico.

27

Capítulo IV

Aproximación conceptual a la Asistencia Técnica

y la Extensión Rural.

a. Vínculo entre asistencia técnica extensionista y desarrollo

rural.

b. Asistencia Técnica Extensionista hacia la mujer rural

c. Estado, Desarrollo Rural y ATER.

28

Previo la presentación de los

programas se presentará algunos

conceptos que sirvan como eje de análisis

sobre el rol de la asistencia técnica en los

procesos de desarrollo rural. Los abordajes

de la Asistencia Técnica (AT) y la Extensión

Rural (ER) cuentan con una historia

prolongada, remontándose a finales del

SXIX con los Farmer’s Institute en los

Estados Unidos, y más delante con la

Agronomía Social Rusa principalmente a

través de los aportes de Alexander

Chayanov. Posteriormente el recorrido

histórico se encuentra con dos quiebres, y

entre ellos es que se puede enmarcar la

llegada de la ATER a América Latina.

Tradicionalmente la ER se entendía

precisamente como una extensión del

conocimiento desde sectores académicos y

profesionales hacia la sociedad. En esos

términos el rol del Técnico Agropecuario se

fundaba principalmente en la

modernización del agro y en la

transferencia tecnológica.

La llegada masiva de este tipo de

servicios a América Latina se da en el

contexto de la Revolución Verde y en su

preponderante objetivo de modernización

y tecnologización del agro. Las crisis

económicas a partir de mediados de los ’70

y hasta los años ‘90 en el continente llevan

a una reconversión de las modalidades de

la ATER, en particular en lo referente al rol

del Estado que por su gran endeudamiento

público no consigue sustentar la prestación

de estos servicios.

De este modo la ATER pasa al ámbito

privado en donde los productores se

encargan de contratar el servicio técnico, si

bien en muchos casos los Estados juegan

un rol de mediador a través de la

implementación de Contratos a Terceros.

Esta breve reseña no contempla las

discusiones conceptuales de la ATER en el

medio rural sino que da cuenta de la visión

predominante. En América Latina

particularmente comienzan a surgir nuevas

escuelas de Extensión dentro de las cuales

se inserta también la Extensión Rural, en

este marco surgen desde sectores

académicos e intelectuales nuevas

revisiones sobre el concepto de Extensión,

sobre sus implicancias y sobre sus

objetivos; la Universidad Latinoamericana

juega un rol fundamental en este proceso.

Tanto la visión tradicional como la postura

crítica de extensión convivieron durante

largos períodos más no fue hasta la

consolidación de los modelos neo-clásicos

de la economía que la visión crítica cobra

un lugar esencial. Con pretensión

comparativa y de síntesis puede decirse

que la visión tradicional de la ATER partía

de ejes verticales respecto a la población, y

que la visión crítica partía de un eje

horizontal desde las bases. Si bien hoy en

día se mantienen discusiones sobre qué

debe entenderse por ATER, puede decirse

29

que muchas de las visiones actuales

resultan ser un punto intermedio entre

ambas posturas.

Cabe señalar que la evolución del

concepto de ATER no es ajena a la

trayectoria histórica de las sociedades y

junto con ello a la evolución que ha tenido

la conceptualización del desarrollo. Los

nuevos enfoques sobre el desarrollo, y

concretamente sobre el desarrollo rural,

plantean nuevas lecturas sobre las distintas

realidades y con ello se identifican nuevos

problemas y nuevas soluciones. La

perspectiva del desarrollo Rural con

enfoque territorial le otorga un

determinado rol a la ATER pues ésta se

transforma en una herramienta hacia el

desarrollo, y por lo tanto la eficiencia de los

servicios técnicos dependerá de la visión

de desarrollo en la que se amparen. Si bien

dentro de la lógica territorial existen un

abanico amplio de posibilidades puede

decirse que uno de los elementos

compartido por todas es el nuevo carácter

constructivista del territorio y por lo tanto

el nuevo rol de los agentes territoriales. El

carácter de agente otorgado a la población

local tiene implicancias directas sobre los

objetivos de la ATER. En la visión

tradicional podría decirse que “lo central es

la tecnología en sí (como “solución” a los

problemas detectados) y lo que se busca es

cómo hacer que los destinatarios la

adopten y la usen. (…) En la visión actual lo

central es la gente y lo que se busca es que

desarrolle sus capacidades de informarse

sobre los conocimientos existentes, de

decidir cuáles necesita, de acceder a ellos

en forma adecuada a su realidad, de

aprovecharlos (adecuarlos, usarlos), etc.”

(de Zutter, 2004: 105).

En estos términos la extensión de

conocimiento y la transferencia tecnológica

pierden sentido semántico puesto que no

se trata ya de una relación vertical basada

en el conocimiento, sino que se trata de

una construcción de conocimiento a partir

de un intercambio de saberes, y que esa

construcción tiene el objetivo de generar

capacidades en la población, capacidades

hacia el desarrollo.

El carácter participativo de esta nueva

visión se apoya también en los argumentos

de que cada territorio cuenta con

particularidades, es por ello que es

imprescindible que cada población

La concepción sobre la asistencia

técnica y la extensión rural fue

cambiando. De una mirada de

ATER vertical, orientada la

modernización y tecnologización,

se mudó a una perspectiva

horizontal que prioriza el

intercambio de saberes.

30

construya la ATER en colectivo. Desde esa

lógica pierden validez y sentido el paquete

tecnológico y el paquete técnico puesto

que cada territorio requerirá tecnologías

distintas, conocimientos distintos y por lo

tanto ATER distintas. En este sentido los

técnicos requeridos suelen ser distintos a

los extensionistas de la primera época

puesto que deben incluir en su formación

la capacidad de adaptación a las

necesidades territoriales y no volcar un

conocimiento preexistente.

A través de este proceso de

reconceptualización de la ATER se

incorpora también, al igual que en la visión

de desarrollo, la cuestión de la

integralidad. El enfoque territorial y el

nuevo enfoque de ATER comparten el

supuesto de que las condiciones materiales

y simbólicas en los territorios forman parte

de un único sistema, y de ese modo

contemplan que cualquier transformación

a nivel del territorio debe integrar las

distintas dimensiones sociales, económicas

y culturales. Más concretamente, que lo

económico-productivo en el medio rural

está directamente relacionado a cuestiones

culturales y sociales, así como también las

condiciones sociales y las pautas culturales

están directamente relacionadas a lo

económico-productivo. En este sentido,

prestar servicios de ATER implica exceder

el vínculo tradicional rural-agronómico y

contemplar un nuevo esquema rural como

integralidad. Las opciones en esta materia

pueden oscilar entre la interdisciplina y la

transdisciplina, esto es, pensar la ATER

como un colectivo de profesionales que

llegan a un determinado territorio y

trabajan en conjunto, o por otro lado la

formación de extensionistas rurales en

distintas áreas del conocimiento al mismo

tiempo. Ambas posturas tienen

implicancias distintas en sus prácticas y en

sus efectos, no obstante ambas reconocen

la relación integral de los proceso de

transformación.

31

a. Vínculo entre asistencia técnica

extensionista y desarrollo rural.

En el apartado anterior se realizó

una breve mención al vínculo existente

entre la ATER y las visiones sobre el

desarrollo al tiempo que se mencionó que

las modalidades de la misma dependerán

de los objetivos que persiga el modelo de

desarrollo imperante. Bajo el enfoque del

desarrollo rural con enfoque territorial la

ATER es una herramienta, un instrumento

que persigue el objetivo de transformación

de la realidad a través de la generación de

capacidades en los territorios. En este

enfoque cobra relevancia el impacto

generado por la ATER en determinado

territorio, esto es que a diferencia de

visiones anteriores el éxito del técnico no

pasa por cumplir tareas sino por lograr

productos y generar impactos. En estas

ideas se encuentra implícita la lógica de

proyectos imperante en la actualidad en

gran parte de las políticas públicas y en

gran parte de las estrategias hacia el

desarrollo, conviene detallar esta relación.

Los procesos de desarrollo rural

con enfoque territorial pretenden en

última instancia mejorar las condiciones de

vida de la población rural a través de

generar un crecimiento económico con

equidad social. La relación crecimiento -

equidad es pensada desde el enfoque

integral y sistémico, y en el que los

territorios se construyen con participación

activa de la población, de ese modo se

generarán capacidades territoriales y por lo

tanto sostenibilidad. En este marco las

estrategias concretas hacia el desarrollo se

enfocan desde una lógica de proyectos

puesto que éstos implican una entrada y

una salida del territorio, y por lo tanto

pretenden la generación de ciertas

capacidades. Los proyectos hacia el

desarrollo rural cuentan con un paquete de

herramientas que llegan a determinado

territorio por un tiempo determinado, con

objetivos de impacto concretos y medibles

para los cuales entregarán determinados

productos. Estos productos son

generalmente apoyos financieros,

subsidios, entrega de insumos y ATER; el

supuesto guía es el de la integralidad.

El punto de partida que se asume

es que la población rural es vulnerable

dadas sus condiciones materiales de

existencia, y en ese sentido cualquier

intento de transformación hacia el

desarrollo debe contemplar el acceso a

recursos y al mismo tiempo las capacidades

para administrarlos. Es en este sentido que

se integra la ATER al desarrollo rural, como

sustento y como apoyo, como elemento de

generación de capacidades y no como

trasmisión de conocimiento.

“¿Por qué entonces un productor

tendría necesidad de AT? Porque cuando

está, o juzga que está frente a una

32

situación en donde los riesgos de pérdida

son importantes, no puede permitirse

entrar en un proceso de tanteos tal vez

imposibles o incluso costosos: la urgencia

es tal, que debe actuar rápidamente.”

(Rossi, 2011: 58)

El desarrollo rural requiere de una

transformación productiva y de una

reorganización del territorio, ambos

aspectos son interdependientes. La ATER

juega un papel fundamental en ambos

aspectos, tanto a nivel económico -

productivo como a nivel de organización

social del territorio. En este sentido la

impronta agronómica se integra con la

impronta social, de forma de apropiarse de

los flujos económicos y al mismo tiempo de

acumular capital social.

Pensar el desarrollo rural en el

Uruguay refiere directamente a focalizar la

atención en la pequeña y mediana

producción así como también en los

asalariados rurales. Desde este punto de

vista el desarrollo rural debe pensarse

desde espacios públicos puesto que la

cultura predominante así como también la

escasez de recursos, resultan ser

obstáculos hacia el vínculo ATER-medio

rural. Se quiere decir aquí que la

incorporación de ATER por parte de los

pobladores rurales, de manera autónoma,

es prácticamente nula, principalmente si se

la piensa desde un enfoque de

integralidad.

Fortalecer la agricultura familiar

implica comprender (y respetar en las

propuestas) las singularidades que

subyacen en estos sistemas de producción

alternativos, considerados estratégicos por

el gobierno para mantener el medio rural

“humanizado”, en la necesidad de cambiar

el enfoque tradicional del asesoramiento

técnico sobre la clave metodológica de no

alterar la lógica de la agricultura familiar.

Considerando al ATER como un fenómeno

complejo, donde no se trata únicamente

de resolver problemas técnicos de los

productores, es necesario modificar la

relación tradicional entre el asesor y el

asesorado a través de la construcción de

modelos de funcionamiento de las

explotaciones agropecuarias que tengan en

cuenta los objetivos del productor, su

situación y sus prácticas. (Rossi, 2011)

b. Asistencia Técnica Extensionista

hacia la mujer rural.

El desarrollo con equidad en el

medio rural se ha pensado

tradicionalmente en oposición a lo urbano,

el carácter de inclusivo refiere entonces a

incluir a la población rural en los procesos

de desarrollo. Ahora bien, los territorios

rurales no son homogéneos y cuentan con

altos grados de fragmentación y

segmentación social a su interna, entre

ellas una de las fragmentaciones más

33

pronunciadas es la brecha existente entre

varones y mujeres. En estos términos las

estrategias de desarrollo rural han olvidado

muchas veces la existencia de dicha brecha

o simplemente la han incorporado como

una constante, por ejemplo en los casos en

que se asume que la mujer rural no es

productora y se establecen estrategias de

desarrollo dirigidas explícitamente a lo

rural-agropecuario. “¿Por qué resultaron

las mujeres excluidas de las estrategias de

desarrollo rural? Estas estrategias partían

de un diagnóstico que consideraba las

poblaciones como grupos homogéneos,

habitadas por personas con idénticas

necesidades, intereses y prioridades.

Consecuentemente, las iniciativas que

desarrollaba el sector agropecuario,

invisibilizaban los aportes de las mujeres al

desarrollo rural, y las diferentes

condiciones y necesidades que debían

enfrentar en razón de su condición de

género.” (Blanco, L; et al; 2001: 29)

Lo rural vinculado a lo

agropecuario mantiene aún un vínculo

estrecho con la masculinidad y en este

esquema pensar el desarrollo territorial

desde un enfoque integral es complejo.

Reconocer las distintas dimensiones que

implica el desarrollo no significa que se

trabajen de manera integrada y en muchas

ocasiones puede determinar que se trabaje

al mismo tiempo lo económico-productivo

y lo social aunque sea de manera aislada.

Bajo ese esquema la ATER que llega al

territorio se implementa desde una

postura de la división sexual del trabajo en

donde el agrónomo trabaja con los varones

y el técnico social con las familias, tal como

si fuesen dos realidades distintas. Es de

este modo que se explicita la brecha

existente y en parte se la refuerza. El

enfoque de la ATER hacia el desarrollo rural

con perspectiva de género debe

repensarse en términos de equidad de

género, esto es, romper con el imaginario

de mujer de hogar y varón productor, e

incorporar a la mujer en las estrategias de

desarrollo productivo atendiendo a las

demandas y especificidades concretas.

Si las mujeres son consideradas

destinatarias o “beneficiarias”

directas por el proyecto, y no sólo

como miembros de la unidad

familiar, su participación, acceso a

beneficios y sus niveles de

interlocución en la comunidad son

mayores. (Bejarano y Soriano;

2002)

34

c. Estado, Desarrollo Rural y ATER.

Como se planteó anteriormente el

contexto del medio rural uruguayo

requiere de intervención externa de cara a

procesos de desarrollo territorial. Esta

llegada al territorio, para el caso uruguayo,

es preponderantemente pública y

canalizada mediante programas a nivel

ministerial. El rol del Estado en estos

procesos ha sido como rector, otorgándole

a la población objetivo un lugar en la

gestión de los distintos proyectos,

hablándose entonces de gestión

participativa o cogestión. En este esquema

los objetivos del desarrollo rural pretenden

alcanzarse mediante la generación de

capacidades territoriales, y éstas se

intentan construir mediante la

incorporación de la población objetivo en

el diseño, ejecución y evaluación de los

distintos proyectos. El vínculo población-

ATER-Estado es complejo y novedoso por

lo que conviene señalar algunas

particularidades.

La visión territorial es sistémica e

integral, y tal como se ha planteado, ello

implica pensar el territorio local como

sistema integrado. Ahora bien, los flujos

del sistema no se limitan a la interna del

territorio sino que éste como espacio vivo

se interrelaciona con otros territorios,

incluso a nivel Nacional. En este marco los

espacios que integran lo territorial resultan

ser el propio territorio y todos aquellos

espacios vinculantes, en este caso, el

Estado. De cara a procesos de desarrollo

mediante proyectos deben establecerse

ciertas distinciones entre los espacios y sus

implicancias, no de manera separatista,

sino analítica. La población local se

desempeña exclusivamente a nivel

territorial mientras que la ATER tiene

ingerencia a nivel territorial y también a

nivel institucional. Por su parte el Estado,

materializado en el Programa o en el

Ministerio correspondiente, se desempeña

a nivel Institucional y a nivel político. Si

bien los espacios se interrelacionan tienen

reglas distintas de funcionamiento así

como también capacidades diferentes. La

integralidad propuesta refiere a que los

problemas hacia el desarrollo rural

requieren transformaciones a nivel de

territorio como así también a nivel

institucional y político por lo que las

responsabilidades y roles deben

establecerse de manera efectiva. La ATER

es el puente entre el proyecto y el

programa, entre el territorio y la

institución; y al mismo tiempo depende

directamente de los mandatos surgidos del

vínculo institucionalidad-política.

Diferenciar los tres niveles (territorial,

institucional y político) resulta un paso

fundamental en los procesos de desarrollo

rural.

En el caso de Uruguay los

programas de desarrollo rural se han

35

mantenido básicamente en la órbita del

Ministerio de Ganadería, Agricultura y

Pesca (MGAP), y a su interna a través de

distintos programas y proyectos a través de

cooperación internacional. A partir del año

2005 el MGAP asume nuevas funciones

como coordinador de políticas públicas

hacia el desarrollo rural y al mismo tiempo

incorpora nuevos enfoques del mismo.

Funcionaron bajo su órbita distintos

programas y proyectos que aterrizaban

simultáneamente en los distintos

territorios rurales del país, entre ellos el

Proyecto Uruguay Rural (PUR), el Programa

Ganadero (PG) y el Proyecto de Producción

Responsable (PPR). Si bien los tres grandes

programas tienen objetivos y áreas de

actuación distintas, se interrelacionaron de

manera constante al compartir la misma

población objetivo, y al mismo tiempo

porque la Institucionalidad funcionaba de

manera integrada bajo la órbita de la

Dirección General de Desarrollo Rural. En

este esquema se contempla al desarrollo

desde una perspectiva integral y al mismo

tiempo con una visión territorial, en la que

la ATER de los tres componentes

encontraba en sus objetivos la generación

de capacidades (en distinto modo) en la

población local.

De este modo debe pensarse en propiciar

el trabajo integrado de los distintos

técnicos con una perspectiva sensible a las

problemáticas de género bajo el supuesto

de que a priori existe un sistema de género

que mantiene y reproduce las inequidades

entre varones y mujeres, de modo que una

política ciega al género refuerza en última

instancia el desarrollo de capacidades y

empoderamiento diferentes entre sexos.

36

Capítulo V

Desarrollo rural.

a. Desarrollo Rural con enfoque territorial.

b. Capacidades.

c. Riqueza.

d. Capital social.

e. Agencia.

f. Herramientas de financiamiento rural.

g. Inversiones estratégicas.

h. Micro-capitalizaciones.

i. Las microfinanzas.

j. La mujer rural y el financiamiento.

37

a. Desarrollo Rural con enfoque

territorial.

Abordar la problemática del medio rural

exige poner de manifiesto cuáles son los

problemas identificados y en ese marco,

cuáles son o pueden ser algunas de las

soluciones. Es en estos términos que

pensar el desarrollo rural no es una

actividad neutra en su forma académica y

tampoco en su forma de ideología social,

“el punto de vista construye el objeto”

expresó el lingüista francés5 refiriendo a la

idea de que nuestro objeto de

investigación, o en este caso de

intervención es conceptualmente

construido. En estos términos las

estrategias de financiamiento destinadas al

medio rural cargan en sí con distintas

visiones sobre los problemas y las

soluciones del desarrollo rural, y

concretamente cargan con una impronta

determinada sobre qué se debe entender

por desarrollo rural, cuáles son sus

objetivos y cuáles son sus implicancias. Es

de este modo que el análisis de algunas de

las estrategias implementadas en cuanto al

financiamiento rural pueden ser

interpretadas a la luz de determinado

campo conceptual, y que por lo tanto, se

pretende en este apartado dejarlo en

manifiesto.

5 Ver Saussure, F. de (1977). Curso de lingüística

general. Buenos Aires: Losada.

La re-problematización de lo rural,

y por lo tanto de su desarrollo, no es tema

acabado y en la actualidad existen distintas

vertientes teóricas y políticas que lo

interpretan y reinterpretan de maneras

varias. Si bien muchas de las actuales

interpretaciones rondan en torno a la idea

de integralidad y de territorialidad, éstos

resultan ser conceptos ambiguos y poco

precisos por lo que resulta siempre

conveniente explicitar su alcance en cada

caso particular.

Para quienes esgrimen estas

palabras el desarrollo rural debe ser

interpretado desde una lógica territorial

entendiendo por ello que “el territorio no

es un espacio físico “objetivamente

existente”, sino una construcción social, es

decir, como un conjunto de relaciones

sociales que dan origen y a la vez expresan

una identidad y un sentido de propósito

compartidos por múltiples agentes

públicos y privados. “ (Schejtman, A. y J.

Berdegué; 2004:10) En estos términos el

territorio es un constructo en base a

determinadas relaciones sociales entre

distintos actores, esto es, se mantiene una

visión humanizadora del desarrollo en la

cual mujeres y varones, solitarios y en

colectivo, son parte de la definición del

espacio que ocupan.

38

En segundo lugar, y tras esa noción

de territorialidad, se entiende que el

desarrollo es un proceso y no producto.

Esta salvedad señala qué estrategias

resultan útiles de cara al desarrollo de

determinado territorio; si bien la noción de

desarrollo debe plantearse en término de

productos y objetivos concretos, esos no

son el objetivo de una estrategia de

desarrollo. Para el caso del medio rural

puede pensarse que determinado territorio

se considera desarrollado si no cuenta con

índices elevados de pobreza humana6 no

obstante al pensar en las estrategias de

desarrollo (esto es cómo alcanzar ese nivel)

no debe establecerse como objetivo la

reducción de la pobreza, pues el nivel de

pobreza es un estado particular histórico

de determinado territorio el cual puede

variar repetidas veces en distintos

escenarios. El objetivo de las estrategias de

desarrollo, en la visión de proceso, son

justamente los procesos que permitirán y

promoverán ciertas capacidades

territoriales, y en este sentido se deberán

promover las capacidades del territorio de

modo que los agentes que lo integran

puedan tejer estrategias propias de

superación de la pobreza. Es en este

sentido que el concepto de desarrollo

puede considerarse sostenible.

6 Índice de Pobreza Humana utilizada por el

Programa de la las Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD)

En tercer lugar se señala que la

sostenibilidad se adquiere a través del

potenciamiento de capacidades endógenas

puesto que solamente de ese modo puede

pensarse en que determinado proceso

perdurará en el tiempo. Ahora bien,

¿cuáles son esas capacidades? Tal como se

planteó con anterioridad muchos de los

conceptos manejados en torno al

desarrollo resultan ambiguos y poco

concretos, no es la excepción el concepto

de capacidad. Es de los autores adscribir a

la propuesta macro del Desarrollo Humano

bajo la línea del economista A. Sen en la

que se propone que las necesidades y por

lo tanto las capacidades a desarrollar son

propias de cada contexto, de cada

comunidad, y por lo tanto de cada

territorio. Esta particularización del

desarrollo intenta enfatizar la idea de que

lo que se entiende por desarrollo está

directamente relacionado con el contexto

social e histórico de cada espacio habitado.

Particularmente el desarrollo rural, bajo

esta lectura, debe separarse

inmediatamente de lo que pueda

entenderse por desarrollo en espacios

urbanos puesto que los territorios, en uno

y en otro caso, son construidos en modos

distintos, con intereses distintos,

expectativas distintas. De manera un tanto

más práctica lo que se recoge de esta

39

visión es que los paquetes de desarrollo7

no resultan eficientes puesto que no son

necesarios, y sobre todo, no son viables.

Hecha la aclaración debe

entenderse también que la lógica local-

global permea las particularidades locales

estableciendo algunos parámetros

comunes. Es en este sentido que la

determinación de las capacidades a

desarrollar, si bien tomarán su

especificidad en cada territorio, debe

pensarse desde las realidades concretas

que resultan conocidas sobre el territorio

en cuestión. Es de este modo que el

vínculo rural-agrario muchas veces señala e

insinúa qué aspectos resultan de interés y

cobran importancia de cara al desarrollo. A

lo rural-agrario debe sumarse un concepto,

que si bien está implícito conviene

exponer, lo productivo. La vida rural está

constantemente vinculada a procesos

productivos agrarios de primera mano, sea

de partes de productores y productoras o

de trabajadoras y trabajadores; y el tipo de

proceso productivo es una característica

particular de dichos territorios. La actividad

productiva agraria cuenta con

características especiales que la

7 Por paquetes de desarrollo se hace referencia a un

conjunto de instrumentos, medidas y herramientas que de manera conjunta se ofrecen en determinado espacio de cara a la generación de crecimiento o desarrollo. Como ejemplo puede pensarse en el paquete denominado Revolución Verde. En cualquier caso la referencia es que es un conjunto de medidas iguales que intentan aplicarse en territorios distintos.

diferencian de otros sectores, algunas

resultan ventajosas y otras resultan

obstáculos si se proyecta sobre el

desarrollo territorial; no obstante este

detalle la postura aquí presentada no

amerita la reflexión sobre una posible

sustitución8 puesto que reconoce que

existen condicionantes culturales hacia los

procesos. En estos términos es que se

entiende que el desarrollo de los territorios

rurales debe pensarse en el eje rural-

agrario y de ese modo se deben identificar

potencialidades y obstáculos hacia una

mejora en la calidad de vida de las

personas.

Se ha dicho, entonces, que el

desarrollo rural es entendido como un

proceso que busca generar y/o potenciar

capacidades locales, y que los objetivos

últimos del desarrollo así como cuáles

capacidades, son cuestiones que surgen

desde la especificidad de cada territorio. Es

de este modo que el desarrollo debe

contar con un enfoque territorial

reconociendo a éste como un espacio

8 Por ejemplo industrializar lo agrario, generar un

mercado en torno a la prestación de servicios, entre otros.

Pensar en Desarrollo Rural es

pensar en generar capacidades

locales.

40

social, esto es: un conjunto de relaciones e

interacciones sociales.

Queda por subrayar un último

aspecto conceptual que se encuentra

transversalmente en un proceso como el

señalado. Se ha plantado la necesidad de

generar capacidades y de que estas sean

endógenas; se ha dicho que la definición de

estas capacidades dependen en gran parte

de la especificidad territorial –esto es de

los agentes y de sus relaciones-. Cabe

señalar ahora en qué áreas conviene

identificar y potenciar tales capacidades, o

dicho de otra forma, a qué se hace

referencia cuando se habla de que los

procesos de desarrollo son procesos

integrales.

b. Capacidades.

Mejorar la calidad de vida de la

población rural –si se permite esto como

uno de los fines del desarrollo rural-

requiere de procesos de construcción y

transformación en distintos niveles. Estos

niveles, sectores o áreas serán aquellos

que se identifiquen como necesarios para

el desarrollo y sobre los cuales se

visualicen debilidades y potencialidades.

De manera un tanto abstracta puede

decirse que existen tres grandes niveles de

intervención: uno económico, uno

sociocultural, y uno político-institucional.

Estos niveles son a su vez espacios físicos y

sociales en los cuales se dan determinadas

relaciones entre actores del territorio y

desde fuera del territorio.

El supuesto que se maneja es que

las capacidades hacia el desarrollo deben

contemplar un proceso de aumento de la

generación y apropiación de la riqueza por

parte del territorio; la generación de y

acumulación de capital social; y la

transformación de actores en agentes de

desarrollo. Estos tres espacios conforman

la integralidad del proceso.

c. Riqueza.

Uno de los aspectos básicos hacia

el desarrollo es potenciar las capacidades

de generar riqueza en el territorio al

tiempo que potenciar las capacidades para

que quienes la generan se apropien de la

misma. Esta cuestión refiere, de seguro, a

lo endógeno del desarrollo rural. Esta

visión establece que no es suficiente el

crecimiento económico si no se distribuye,

y a nivel de territorios, que no es suficiente

generar riqueza si una parte de esa riqueza

es apropiada por actores externos. El

sustento de la mejora de la calidad de vida

de la población rural es que ésta cuente

con una fuente digna y propia de ingresos.

Esto puede ser leído hacia la agricultura

familiar o hacia el/la asalariado/a rural.

Uno de los principales problemas

del sector productivo rural es la escasa

generación de valor en conjunto con la

escasa participación en las cadenas, o en el

41

mejor de los casos, la participación en los

eslabones más débiles de la misma. En este

contexto el fomento del desarrollo se

traduce en mejorar las posiciones de la

producción local frente a los mercados

globales permitiendo que la riqueza

generada ofrezca retornos significativos

hacia quien la genera.

d. Capital social.

El concepto de Capital Social aquí

utilizado refiere al denominado Capital

Social Sinergético. Este concepto fue

construido en tanto incluye dos aspectos

centrales: los lazos internos y externos de

unión y confianza. Establecer fuertes lazos

internos en el territorio permite acumular

ciertas capacidades –entendidas estas

como un capital- las cuales ofrecen, en

caso de usarlas, determinados beneficios.

Por otra parte la sola existencia de estos

lazos genera un capital simbólico9 que

permite a otros territorios, a otros actores,

a otras instituciones, reconocer

determinadas redes y determinados

vínculos. Esto es que el establecimiento de

vínculos de confianza a la interna del

territorio no sólo genera un capital social

sino que brinda a los “propietarios” de ese

capital una imagen de fortaleza frente a

otros actores.

9 Concepto del sociólogo francés Pierre Bourdieu.

Por otra parte, este capital, y

principalmente como producto del proceso

de su formación, establece determinadas

relaciones entre las personas e

instituciones que potencian la generación d

capacidades económicas, esto es que un

territorio que acumula capital social es un

territorio “más capacitado” para generar

riqueza y apropiársela.

e. Agencia.

En último lugar, aunque no por un

orden jerárquico, se hace mención a una

cualidad de las personas e instituciones

que habitan determinado territorio. Esta

cualidad se retroalimenta con las

anteriores: la transformación de actor en

agente hace referencia a distinción

actividad-pasividad. Todo territorio está

compuesto por actores locales más lo

necesario hacia el desarrollo es que el

territorio esté habitado por agentes. Estos

agentes son personas o instituciones que

cuentan con la capacidad de transformar

su realidad, de marcar su territorio, en una

palabra: territorializar.

Como se mencionó, los límites de

un territorio están dados por determinadas

relaciones sociales, en estas relaciones

participan actores locales y agentes

externos. Son los agentes quienes

determinan el territorio pues son estos

quienes determinan las relaciones sociales

(qué, cómo, cuándo, por qué y quiénes son

42

los que hacen) De modo de generar

capacidades locales hacia el desarrollo es

necesario que los actores que habitan el

mismo se transformen en agentes, que

aumenten su capacidad de agencia.

Para tal objetivo es necesario,

como mínimo, contar con cierto grado de

desarrollo de las capacidades anteriores.

Entiéndase por ello que la capacidad de

agencia requiere de capacidad de acción, y

que ésta está generalmente vinculada a

tener cubiertas las necesidades básicas, a

contar con determinados recursos

económicos, a formar parte de

determinadas redes sociales, a

determinada capacidad de negociación.

Es de este modo que el desarrollo

rural requiere de un abordaje integral, de

un abordaje que contemple los distintos

espacios y niveles de intervención.

f. Herramientas de financiamiento

rural.

Amplio es el abanico de opciones al

que se enfrenta un organismo Estatal que

pretende promover determinadas

condiciones de desarrollo rural a través de

herramientas de financiación. En las

últimas décadas se han instrumentado

distintas variantes de financiamiento rural

las cuales se rigen por objetivos y

modalidades distintas, aún cuando

comparten un espíritu general de

generación de condiciones de desarrollo. El

uso, y por lo tanto, las posibilidades de

éxito de estas herramientas están

directamente ligadas a la visión ontológica

del desarrollo, a cuáles son sus objetivos y

por lo tanto cuáles son sus deficiencias. En

este escrito se ha presentado una visión

vinculada al Desarrollo Rural con Enfoque

Territorial (DRET) el cual sugiere en cierta

manera cuáles deberían ser los objetivos

del financiamiento rural y por lo tanto de

las políticas que apunten a ello, y al mismo

tiempo cuáles serían las herramientas más

eficientes. No obstante ello en el Uruguay

existen distintas herramientas de

financiamiento rural algunas de las cuales

no se enmarcan en una visión de DRET.

Debe mantenerse siempre presente el

concepto de herramienta, las

capitalizaciones, los créditos, las

microfinanzas, etcétera, son instrumentos

que permiten llevar a cabo estrategias de

desarrollo, no son estrategias en sí y por lo

tanto sus fines devienen de los objetivos

planteados en un determinado esquema

de desarrollo. Con ello se pretende

explicitar que un sistema de capitalización

no reembolsable no es en sí mismo más o

menos eficiente que un sistema de

microcréditos; dicha eficiencia dependerá

de los objetivos últimos del desarrollo.

Hecha la aclaración se presentará

brevemente algunas de las herramientas

43

de financiamiento rural más comunes y de

mayor alcance en el Uruguay. El eje

comparativo será la identificación de

potencialidades y debilidades en relación a

las características rurales desde un

enfoque territorial de DRET.

g. Inversiones estratégicas.

El concepto de Inversión

Estratégica suele utilizarse vinculado a dos

grandes aspectos: riesgo y aumento del

caudal de capital. En el primero de los

casos las inversiones son consideradas

estratégicas en tanto se realizan en

sectores claves del proceso de producción

o del mercado, y tratan de generar

instrumentos de reducción del riesgo. En

este sentido se puede considerar

estratégico invertir en consultorías, en

diseños organizacionales, en calificación de

recursos humanos, entre otros. Por otra

parte el término estratégico se vincula

también al aumento del capital físico,

principalmente inversiones de largo plazo y

de recursos esenciales hacia la producción.

Llevado el concepto al foco de este

escrito puede estimarse como inversión

estratégica en el medio rural la extensión

de la superficie tierra, o por ejemplo la

incorporación de maquinaria; de hecho

ésta última opción ha sido la más

fomentada en el Uruguay. La

implementación de inversiones

estratégicas de cara al Desarrollo Rural

puede considerarse como esencial puesto

que gran parte de los problemas del medio

rural se vinculan a la escasez de capital

físico; en este sentido resulta estratégica la

expansión de superficie de productoras y

productores rurales, así como también la

incorporación de maquinaria o tecnología a

su proceso productivo. La debilidad de esta

herramienta es que generalmente lo

estratégico es dispendioso, y junto con ello

que las inversiones estratégicas en capital

no promueven capacidades por sí solas, y

en solitario –si no se acompañan de otros

apoyos- pueden repercutir en un aumento

de costos más que en un aumento de la

productividad.

h. Micro-capitalizaciones.

Capitalizar refiere a transformar en

capital a distintos recursos existentes. Si

bien el término es generalmente vinculado

a la capitalización financiera, se ha

incorporado en las agendas sobre el

desarrollo rural en referencia a promover

un mejor aprovechamiento de los recursos

existentes a nivel territorial, ya sea de

manera individual o colectiva. Es en sí un

instrumento financiero de inyección de

capital en determinado proceso productivo

con la pretensión de potenciar los recursos

existentes; dicha inversión no persigue el

objetivo de recuperación inmediata de

ganancias. Así entendida la micro-

capitalización es utilizada en el medio rural

como herramienta de apoyo a productoras

44

y productores rurales que en forma

individual o colectiva acceden a créditos o

fondos no reembolsables destinados a la

potenciación de los recursos con que

cuentan; en el caso de los fondos no

reembolsables el retorno de la

capitalización pude ser reinvertido o

generalmente, en el caso de colectivos, se

destina a nuevos beneficiarios. La

potencialidad de esta herramienta hacia el

Desarrollo Rural es similar a la

anteriormente señalada en las inversiones

estratégicas: el aumento del capital. Si bien

la micro-capitalización refiere a montos

reducidos de dinero, es una herramienta

útil de cara al aumento de existencias,

mejoras prediales, reestructuras,

diversificación, entre otras. La debilidad de

este instrumento se encuentra en su visión

de largo plazo y sus resultados “lejanos” si

es que se accede mediante el crédito,

puesto que el retorno de la inversión

puede diferir de los plazos del mercado

financiero.

Estas micro-capitalizaciones

pueden realizarse como Capital de Riesgo,

si bien no es uno de los modos más

comunes. Las Instituciones de Capital de

Riesgo pueden funcionar a través de

pequeñas capitalizaciones, esto es,

interviniendo en el Capital Social10 o en

10 Este concepto refiere al Capital Social en términos

económicos, es decir, el Capital con que cuentan los

Deuda en distintos emprendimientos o

empresas. En el Uruguay no es una

estrategia extendida, sobre todo en

empresas rurales pequeñas y medianas, no

obstante existen experiencias en las que

los Estados generan instituciones públicas

que instrumentan este tipo de servicios.

i. Las microfinanzas

Las microfinanzas nacen y se

asientan bajo la idea de que gran parte de

la población pobre en el mundo cuenta con

una heterogeneidad de barreras

institucionales de acceso a créditos y a

sistemas financieros; y es en ese marco

que los programas e instituciones de

microfinanzas apuntan a una población

concreta.

El aterrizaje concreto de las

microfinanzas es comparable en torno a

sus objetivos manteniendo grandes

diferencias en sus modalidades y

metodologías alrededor del mundo. Las

instituciones que brindan este tipo de

servicios pueden ser Organizaciones No

Gubernamentales como Bancos

Financieros, y pueden brindar servicios de

micro-créditos productivos, servicios de

ahorro, créditos de consumo, entre otros.

La estructura de microfinanzas en un

determinado territorio dependerá de las

instituciones existentes, de las

socios integrantes de determinada asociación, sea este monetario o en bienes.

45

modalidades de implementación, de la

población que accede a sus servicios y a los

objetivos que recubren las distintas

actividades.

i.a Los microcréditos.

Una de las herramientas más

utilizadas en las microfinanzas son los

microcréditos productivos o micro-créditos

a emprendedores. Si bien el concepto de

microfinanzas comprende un número

mayor de herramientas y servicios se

entiende que para el objetivo principal de

ayudar a reducir la pobreza extrema, es el

micro-crédito productivo una de las

herramientas más eficientes. No obstante

ello generalmente el micro-crédito

productivo viene acompañado de otro

paquete de servicios como los créditos de

libre disponibilidad, créditos para vivienda

y créditos para el consumo; al mismo

tiempo las experiencias más sostenibles

han profundizado y excedido el sistema

crediticio generando instituciones de

microfinanzas como los microbancos en los

que la población además de endeudarse

puede ahorrar y realizar operaciones

bancarias.

En cualquiera de los casos la base

social necesaria de cara al microcrédito es

la posibilidad de generar Capital Social en

determinada población y determinado

territorio. La “excusa” de las microfinanzas

es que gran parte de la población queda

por fuera del sistema financiero formal

principalmente por las barreras que le

impiden acceder a créditos, y dentro de

ellas las cuestiones vinculadas a las

garantías se presentan como vedettes. En

ese marco la propuesta de las

microfinanzas se basa en la generación de

lazos de solidaridad, reciprocidad y

confianza, estableciendo nuevos

parámetros institucionales en lo que

respecta al manejo financiero. En este

orden de ideas se esgrime la idea de

proceso social de construcción y

reconstrucción de relaciones entre los

distintos actores involucrados. El

fundamento del microcrédito no es el

monto de dinero en circulación sino las

instituciones que lo habilitan a circular en

un determinado territorio, esto es, los

lazos de confianza y reciprocidad

construidos entre los actores involucrados.

(Hogares, Instituciones financieras,

Gobierno)

Si bien las microfinanzas surgen

como alternativa al sistema, en las últimas

décadas puede visualizarse que de alguna

manera se han “institucionalizado” y de

ese modo se ha generado un nuevo

sistema, en este caso, el de las

microfinanzas. El hecho de que las

microfinanzas se vuelvan en sistema

financiero implica que su funcionamiento

requiere en la actualidad de ciertas

estructuras normativas formales, y por lo

tanto, cuentan con reconocimiento jurídico

46

a nivel estatal. Por otra lado esto ha

implicado que los Estados incorporen al

sistema de microfinanzas como política

pública de combate contra la pobreza, ya

sea apoyando la generación del sistema o

regulándolo y/u orientándolo.

i.b Algunos aspectos básicos.

Producción.

El rol productivo de las

microfinanzas parte del supuesto de que

un aumento en el ingreso repercute en

inversión, puesto que los sectores pobres

no invierten pues no cuentan con

disponibilidad de capital. De modo de que

para que los microcréditos se vuelvan en

un proceso sostenible deben estipularse

instrumentos adecuados de devolución de

los mismos de parte de los deudores hacia

la institución, y en este marco se asume

que los microcréditos productivos son los

que cuentan con mayores posibilidades,

siempre que se transformen en

inversiones. Ahora bien, el crédito no es un

activo sino que es una obligación que

adquiere el agente, por lo que la

redituabilidad del crédito no es inherente

al mismo sino al uso racional del crédito.

En consecuencia el éxito de los

microcréditos dependerá, en parte, de la

instrumentación del sistema

microfinanciero, pero al mismo tiempo de

la estructura productiva, de la cultura

emprendedora, de la acumulación de otros

tipos de capitales, y del apoyo con que

cuente el agente que se endeuda.

El destino del crédito puede ser

productivo en su totalidad o puede

destinarse a diferentes actividades

cotidianas de los hogares, incluso el

consumo de subsistencia. En distintas

experiencias latinoamericanas de

microcréditos gran parte de los mismos se

vuelcan al consumo cotidiano de los

hogares, a eventos sociales y familiares o a

gastos de las viviendas. La posibilidad de

acceder a un microcrédito productivo

depende en gran medida del rubro

productivo en el que esté inserto el agente,

de si es rentable asumir el riesgo de

endeudarse, entre otros factores de tipo

coyuntural. Uno de los usos corrientes de

este tipo de herramientas es el acceso a

Capital de Trabajo, una de las insuficiencias

más comunes en la pequeña producción

rural. El Capital de Trabajo puede

entenderse como el capital corriente de

una empresa (para el caso agrario puede

pensarse en los animales o en el costo de la

mano de obra por ejemplo) Es en definitiva

el capital que habilita el funcionamiento

del proceso productivo. En estos términos

resulta ser una de las herramientas

financieras más comunes pues, más allá de

contar, por ejemplo, con capital físico, el

capital corriente es el dinamizador de los

procesos. De cara al DRET en el medio rural

47

este instrumento presenta infinitas

potencialidades y su mayor debilidad es

intrínseca al riesgo asumido en cualquier

crédito o inversión: que los retornos no

sean adecuados.

Capital Social.

Parte del éxito del microcrédito

puede explicarse a través de 3 elementos:

1) Fuertes lazos sociales, 2) participación

de deudores en gestión, 3) cobro de tasas

de interés no subsidiadas. 11

En primer lugar debe destacarse el

hecho de que el éxito y sostenibilidad de

las microfinanzas parten de la base de que

el proceso microfinanciero excede al

crédito. Se quiere decir que las

experiencias han mostrado que debe

generarse un sistema de microfinanzas más

que un sistema de microcréditos. Los tres

elementos antes señalados refieren a que

en primer lugar se deben construir lazos de

confianza y reciprocidad en el territorio,

pues es de ese modo que aquellos antes

excluidos podrán tener acceso al sistema.

La conformación de dichos lazos es un

proceso que puede llevar tiempo, quizás

más que el que se cuenta pues las personas

requieren los créditos de manera más o

menos inmediata, sin embargo sin los lazos

de confianza el sistema se vuelve

11 Ver Andrés Roberts, “El microcrédito y su aporte al

desarrollo económico.” UCA, Argentina, 2003. REG. Nº97/021

insostenible. Es ese capital social lo que

permitirá que una mayor cantidad de

personas accedan al sistema y que el

mismo sea eficiente.

En segundo lugar, y en consonancia

con lo anterior, la participación de los

interesados en la gestión del sistema

microfinanciero es un elemento central.

Tanto deudores como ahorristas deben

contar con participación efectiva en el

manejo de los fondos pues ello le da

transparencia la sistema -empoderar a los

usuarios sobre las decisiones- y en ese

sentido favorecer la generación de lazos de

confianza.

El tercer punto refiere a las

motivaciones que pueden recibir los

usuarios. En caso de generar un sistema de

ahorro y crédito se deben generar

instrumentos que motiven a las personas a

ahorrar. Si bien en muchos casos las

personas se vuelven ahorristas por la

confianza de tener su dinero en un lugar

seguro, y sobre todo lejos de la posibilidad

de gastarlo, deben estipularse mecanismos

que sean redituables hacia el ahorrista. Las

tasas de interés subsidiadas simulan una

realidad económica que no siempre es

beneficiosa, por ejemplo puede habilitar a

que los hogares se endeuden en

cantidades mayores a su capacidad de

pago. De modo de transformar al sistema

en rentable sin considerar subsidios deben

generarse las condiciones para que los

48

agentes (hogares y empresas) encuentren

motivaciones a ahorrar, y una de las

maneras es que el ahorro pague tasas de

interés real; esto es que exista un “lucro”

en el ahorro. Contar con ahorristas habilita

a la solvencia del sistema y al mismo

tiempo habilita a brindar una mayor

cantidad de microcréditos a aquellas

personas que no cuentan con capacidad de

ahorro.

Origen y Destino.

De manera más o menos general el

origen de los microcréditos es mixto en

tanto son las organizaciones de la sociedad

civil quienes en convenio con los Estados

articulan y canalizan este tipo de servicios.

Si bien los fondos muchas veces tienen

origen en endeudamiento público, éstos

pasan a ser gerenciados por organizaciones

de nivel civil con un enclave más territorial,

y en algunos casos se encuentran

cooperativas o empresas privadas. 12 “Las

microfinanzas comenzaron como una

preocupación de donantes y de

instituciones que fueron llegando a la

conclusión que era necesario “enseñar a

pescar más que entregar peces”; y que

había un cierto desencanto con las

instituciones públicas financieras

nacionales en el campo de las finanzas

como banca de primer piso. Desde el punto

de vista de los donantes, se quería llegar a

12 CEPAL; 2004.

los pobres, de manera rápida, con costos

operacionales bajos y que pudieran tener

resultados efectivos.” (CEPAL: 2004: 7)

En la actualidad el destino de los

microcréditos se ha diversificado

alcanzando a sectores pobres urbanos y

rurales, como así también a sectores

empresariales pequeños o micro, a

emprendedores e innovadores que

necesariamente no califican como

“pobres”. La diversificación de los

destinatarios repercute en la

diversificación de los oferentes y en la

modalidad de los servicios. De este modo

en los últimos años el Estado ha adquirido

un rol de promotor y regulador de este tipo

de servicios, principalmente con la

pretensión de asegurar que el sector

destinario original logre acceder a estos

servicios, a saber, los sectores más pobres

y vulnerables.

Lo rural-productivo.

Se ha planteado un resumen sobre

los principales fundamentos de las

microfinanzas, y especialmente sobre los

microcréditos. En términos generales

puede expresarse que éstos son servicios

financieros destinados a las poblaciones

más pobres y más vulnerables, que

generalmente son brindados por sectores

de la sociedad civil y que persiguen el

objetivo de reducir las condiciones de

vulnerabilidad y pobreza a través de

facilitar el acceso a capital.

49

Tras esa conceptualización

conviene detallar algunas particularidades

del medio rural y de qué manera logran

insertarse las microfinanzas. “Las áreas

rurales y el sector agrícola enfrentan

situaciones que han sido ampliamente

debatidas en la literatura: los mayores

costos de transacción derivados de la

distancia, el riesgo propio de las

actividades agropecuarias, la ausencia de

garantías para los préstamos por la

pobreza prevaleciente en la población

rural, así como de los costos de obtener

información crediticia confiable acerca de

los deudores rurales.” (CEPAL; 2004:15) Si

bien en las últimas décadas el sector rural

no se relaciona solamente con la

producción agropecuaria13, aún puede

decirse que esta es la principal actividad

económica tanto en productores/as como

en trabajadores/as. En este marco pensar

la pobreza rural lleva a profundizar sobre la

estructura agraria y productiva, en las

dificultades intrínsecas a la actividad

agropecuaria, al alto riesgo que manejan

los productores y productoras, y en

consecuencia los trabajadores y

trabajadoras.

“El acceso al crédito puede mejorar

la productividad y la incorporación

tecnológica del sector agrícola, y de esta

manera contribuir al desarrollo productivo

13 Aumento del trabajo no agrícola y aumento del

trabajo rural urbano.

del sector.” (CEPAL; 2004: 15) Aún cuando

las estrategias de microfinanzas se centran

en la prestación de microcréditos

productivos, intentan, al mismo tiempo,

generar sinergias a nivel territorial

brindando servicios extra-productivos. Tal

como se ha expresado, el supuesto de

fondo refiere a que los productores y las

productoras y los trabajadores

emprendedores y trabajadoras

emprendedoras optimizan el uso del

capital adquirido mediante crédito y lo

destinan a inversiones productivas, las que

de alguna manera les generarán

determinados beneficios. Conjuntamente

con ello se brindan créditos con otros

destinos, en parte para solventar ciertas

necesidades urgentes de la población pero

al unísono se genera una circulación de

dinero en el territorio, principalmente a

través de los créditos al consumo.

j. La mujer rural y el financiamiento.14

La estructura productiva rural en

vínculo con lo agrario integra en sus

procesos a hombres y mujeres, adultos,

ancianos y jóvenes, conformando un

espectro heterogéneo que conviene

explicitar. Tras el objetivo del Desarrollo

Rural tradicionalmente se han elaborado

estrategias con el corte rural-urbano

asumiendo erróneamente que el medio

rural es único y al mismo tiempo que es

14 Economía y Sociedad, 2009. Pág. 39, Nº 71.

50

homogéneo e integrado. En esta visión se

omiten las estructuras de clases, las

diferencias etáreas y las estructuras de

poder entre hombres y mujeres. Si bien lo

específico de las desigualdades de género

es tratado en otro apartado aquí se

señalarán las implicancias de identificar a la

mujer rural como agente de desarrollo y de

qué manera ello se vincula a las

herramientas de financiamiento.

La estructura productiva material

del medio rural lleva consigo una carga

simbólica en cuanto a jerarquización de

tareas y su influencia en el bienestar de los

hogares; en estos términos la división

sexual del trabajo carga con connotaciones

desfavorables hacia la mujer rural

designándole espacios domésticos o

actividades productivas subordinadas. En

este esquema patriarcal las mujeres rurales

escasamente son percibidas como

productoras15 aún en su calidad de

trabajadoras rurales. En este marco las

decisiones productivas en determinado

predio son tomadas por el varón, sea este

el padre de familia, el hijo mayor, el

hermano o cualquiera sea el vínculo con la

mujer.

La reestructura productiva con una

perspectiva de género implica

necesariamente reconocer el rol de mujer

15 A diferencia de reproductora.

productora y de ese modo reconocerla

como agente de desarrollo.

No obstante dicho reconocimiento

en perspectiva equitativa no debe

desconocer los implícitos simbólicos que

producen y reproducen las desigualdades

entre varones y mujeres, y es de ese modo

que las estrategias de desarrollo rural

deben volver explícitas las desigualdades y

abordarlas desde instrumentos concretos y

focalizados.

La herramienta de financiamiento

atañe a una problemática clave de las

desigualdades de género en el medio rural,

la autonomía económica, y junto con ello la

posibilidad de decisión. Según las

vertientes marxistas las relaciones sociales

de producción tienen implicancias en las

construcciones sociales, y en ese sentido

“la causalidad económica (…) tiene

prioridad, de este modo el patriarcado se

desarrolla y cambia siempre en función de

las relaciones de producción.” (Cábala,

2009:40) Bajo esta visión cobra

importancia la generación de instrumentos

precisos que persigan el reconocimiento de

«…el microcrédito puede mejorar la

situación financiera de la mujer y su

posición en la familia y en la

sociedad, su autoestima y su poder

de decisión» (Cábala, 2009)

51

la mujer en su rol de agente de desarrollo;

no es suficiente identificar a la mujer como

beneficiaria de herramientas de

financiamiento si no se conoce en

profundidad las posibilidades de que esas

mismas mujeres tengan poder de decisión

sobre dicho financiamiento. En muchos

casos el acceso a créditos por parte de las

mujeres rurales forma parte de una

estrategia familiar siendo el ingreso

manejado por el varón, quien es al mismo

tiempo quien toma las decisiones

productivas, quedando a libre expresión de

las mujeres el acceso a micro-créditos al

consumo con destino de gastos cotidianos

del hogar.

De este modo se señala que el

financiamiento rural hacia mujeres debe

verse acompañado también por estrategias

que ayuden a reconstruir la estructura de

género en el medio rural, y al mismo

tiempo que éstas herramientas

representan el elemento clave que puede

transformar las relaciones de producción a

la interna de los hogares y en el territorio

en general.

Reconocer a la mujer como

productora, como trabajadora, implica

transformar las relaciones de género en

torno a la división sexual del trabajo, y ello

requiere del empoderamiento y la

emancipación económica de la mujer rural.

52

Capítulo VI

Asistencia técnica e implementación de

programas desde una perspectiva de género.

a. Asistencia técnica e implementación de programas

desde una perspectiva de género.

b. Desigualdad de género como punto de partida.

c. Mirada de las mujeres sobre la Asistencia Técnica.

d. Acceso a Asistencia Técnica por parte de las mujeres.

e. Asistencia técnica productiva: La familia como un objeto de

Intervención “ciego” a la desigualdad de género.

f. Asistencia técnica social: Instituciones de varones y pueblos

de mujeres.

g. Obstáculos en el pleno uso.

h. El trabajo técnico, falta de formación en género y trabajo

en solitario.

53

a. Asistencia técnica e

implementación de programas

desde una perspectiva de género.

El presente capítulo se orienta a

poner de manifiesto los hallazgos del

trabajo de campo. Durante el mismo se

relevó información desde 3 miradas, a

saber: se entrevistó y organizó talleres con

mujeres productoras, se entrevistó a

técnicos y técnicas extensionistas de las

áreas agrarias y sociales, y se realizó un

relevamiento cuantitativo con mujeres y

varones pertenecientes a la agricultura

familiar uruguaya. Estas tres fuentes de

información permitieron construir la

síntesis que a continuación se presenta que

tiene como principales preguntas

orientadoras reconocer qué condiciones

existen para una asistencia técnica en el

medio rural, cómo se implementaron y se

desarrollaron los programas con asistencia

técnica del MGAP en el período 2005 –

2010 desde una perspectiva de género y

cómo es posible orientar la asistencia

técnica futura a fin de lograr una asistencia

sensible al género que revea las

condiciones de desigualdad.

b. Desigualdad de género como punto

de partida.

El primer elemento que fuera

señalado por los/las técnicos/as

consultados/as y que en otros términos

expresaran las mujeres productoras,

resaltaba el hecho de que el territorio en el

cual se insertaron los programas con

asistencia técnica ya estaban marcados por

fuertes patrones culturales de carácter

sexista. En este sentido, las diferencias

entre hombres y mujeres en el medio rural

son percibidas como desigualdades donde

la mujer aparece sistemáticamente

rezagada.

Este esquema de desigualdad

-señalan los discursos relevados- no sólo se

sustenta sobre la posesión o no de bienes

sino que tiene una fuerte raigambre

cultural donde lo masculino es lo valorado

y las acciones valiosas son habitualmente

atribuidas a los varones o percibidas como

masculinas, aún cuando las practiquen en

múltiples ocasiones las mujeres. Así las

actividades productivas centrales como la

esquila, la producción y embarque de

ganado, el cultivo y el uso de maquinaria

–centrales por su peso económico- son

No se puede pensar que la

desigualdad de género la creamos

nosotros ¿no? El medio rural es

muy machista. El hombre es el que

decide, el hombre es el que sale y

si hay una fiesta es también el

hombre el que monta y recibe los

aplausos. (Técnico social)

54

caracterizadas como típicamente

masculinas y priorizadas por la cultura

local, priorizando en consecuencia a los

varones, sus acciones e intereses.

De esta manera se considera que el

ingreso de los proyectos en los territorios

lejos de ser determinante para el sistema

de género aparece como un nuevo dato en

estructuras de por sí desiguales. En

consecuencia, se entiende que los

programas se encuentran con dos niveles

de desigualdad de género, a saber, la

desigualdad que el propio programa puede

producir por cargar con una impronta

sexista, y la desigualdad pre existente que

de no ser identificada y trabajada es por

defecto profundizada en la práctica de la

asistencia técnica.

En este sentido, los/las

entrevistados/as acuerdan en señalar que

la impronta cultural pre existente en el

medio rural es marcadamente más

desigual que en el medio urbano y que la

asistencia técnica del medio rural tiene de

antemano un escenario de desigualdad de

género mucho más profundizado y

legitimado. De esta forma, afirman que

desde el momento en que los programas

se acercan al territorio ya existe un sesgo

en las vías de ingreso, quiénes se

presentan, quiénes son referentes, quiénes

lideran las empresas familiares. Estas

definiciones pre existentes orientan el

trabajo hacia los varones como población

objetivo. Esta orientación se manifiesta en

todos los programas así como en las

representaciones y directivas de

sociedades de fomento y en los registros

de titularidad y de productores familiares.

Hasta el año 2010 el registro de

productores familiares contaba

con 16.821 inscripciones. De

ellas, 4809 (28,6%) eran mujeres

mientras que los restantes

12.012 registrados (71,4%) eran

hombres. (Registro Productores

Familiares, MGAP).

Hay una señora que falleció el

marido y ella le decía: “voy a

pagar la luz” y él le daba eso,

“voy al almacén” y le daba

tanto. Ahora quedó viuda y no

sabe. Claro, fue criada que

primero el padre y luego el

marido que tenía el poder y el

don de mando. Las niñas que

se criaron con esa imagen de

madre, van a seguir, no

porque sean malas ni nada.

(Taller productoras)

55

Se debe tener presente, que estos

patrones culturales no son sólo reforzados

por los hombres sino que hay una

internalización por parte de un número

importante de mujeres que ceden el

espacio de contacto con la asistencia

técnica a las figuras masculinas de la

empresa familiar. De esta forma, los/las

técnicos/as encuentran una figura

previamente identificada como

interlocutor al ingresar o tomar contacto

con las familias y la llegada al resto del

núcleo constituye un proceso que es

percibido muchas veces como “forzado” y

que ante todo depende de una búsqueda

conciente por parte de los/las técnicos/as

de alterar el orden pre establecido en las

familias.

Cabe señalar frente a esta

búsqueda conciente por romper el orden

tomado como “natural”, que se percibe

una diferencia marcada en la

interpretación del escenario de los/las

técnicos/as sociales y la de los/las

técnicos/as agrarios/as. Mientras los/las

primeros/as señalan que esta desigualdad

de género constituye un obstáculo para los

procesos de desarrollo, los/las segundos/as

logran identificarla al ser indagados/as

explícitamente sobre ella pero le atribuyen

un rol secundario frente a las posibilidades

de desarrollo de la zona, priorizando como

objeto de preocupación el crecimiento

económico - productivo de las empresas

familiares y la mejora de los recursos

naturales. Así, el perfil técnico de la

Asistencia resulta trascendente a la hora

de interpretar el escenario en el que se

insertan los programas.

Finalmente, resulta trascendente

evidenciar que esta cultura desigual en

términos de género no es el producto de

una imposición violenta por parte de los

varones, sino que en muchos casos es

asumida y reproducida por las propias

mujeres como socialización. Se entiende

Ellos saben que decido yo porque

soy el hombre de la casa y siempre

fue así. (Productor, pregunta

abierta de encuesta)

Estuvimos en un curso sobre

mujeres y hay que hacerles

entender que tenemos derechos a

un día de inactividad, que no todo

es trabajo, que podemos salir,

incluso a una comida, porque hay

mujeres que no salían porque

tenían el mito de decirle al esposo

voy a tal lado. Hay un tema

cultural, porque creen que

nacimos con las ollas pegadas a

las manos, y que estamos para la

casa y la cocina y nada más.

(Taller con productoras)

56

muy relevante señalar que el nivel de

revisión de estos patrones de género y de

conciencia de la desigualdad por parte de

las mujeres presenta claras divergencias

según los espacios de radicación. En los

talleres y entrevistas desarrolladas en el

sur del país, especialmente en Canelones,

existe un cuestionamiento del sistema de

género y de las relaciones establecidas

entre varones y mujeres.

Esta mirada permitió a las mujeres de esas

localidades cuestionar asimismo a los

programas desde la perspectiva de género,

interpelar su conocimiento y manejo de la

desigualdad.

Es interesante subrayar que la

necesidad de “empoderar” a las mujeres,

rompiendo con los roles estereotipados, es

visto por algunas entrevistadas como una

necesidad. En particular de aquellas que

por su experiencia en distintos ámbitos de

participación (AMRU) han estado en

contacto con capacitaciones, cursos,

grupos de trabajo, etc., que han

incorporado la perspectiva de género en

sus dinámicas de funcionamiento.

Por su parte, en el norte del país,

las entrevistadas y asistentes a los talleres

manejaron un nivel de conciencia de las

desigualdades mucho menor. En sus

discursos se matizan las críticas a la figura

masculina como representante del espacio

de la familia y aparece una noción más

expandida de la agricultura familiar como

un espacio homogéneo. Eso supone

también una mirada menos crítica a los

programas desde la perspectiva de género.

Cuando vamos a un predio en

general la mujer ni sale recibir,

pocas veces, casi siempre sale el

hombre. Por lo general salen los

hombres; inclusive lo que llama la

atención… Se esconden… A veces

que nos quedamos a comer y

¿podés creer que las mujeres

comen en la cocina y no se

sientan en la mesa? Es obvio que

a la mujer la tienen siempre más

escondida. (Técnico productivo,

norte del país)

Lo que pasa que una mujer,

cuando está empoderada de su

fuerza, podés enfrentar algo,

ahora a veces tenés que hacer el

trabajo de los que no tienen la

fortaleza de ella. No nos podemos

quedar en el “yo no estudié” y

“yo no fui”, somos una mujer

rural y “yo no conozco”, pero

“preguntando se va a Roma” y

hay que fijarse metas y lucharla.

(Taller productoras, sur del país)

57

c. Mirada de las mujeres sobre la

Asistencia Técnica.

Ya buscando comprender la mirada

de las mujeres a la Asistencia Técnica

desde una perspectiva de género resulta

necesario identificar las percepciones de

las productoras sobre la asistencia técnica

en general, entendiendo que una fracción

de sus interpretaciones tiene relación con

su condición de mujeres y otra es una

lectura más amplia sobre los programas

hacia la agricultura familiar del período

2005 – 2010.

Con respecto a la Asistencia

Técnica del MGAP una vez más la división

geográfica entre norte y sur cobra

relevancia, discrepancias relativas

exclusivamente a las herramientas, más

allá de la cuestión de género. Mientras en

términos generales en el sur del país existe

una valoración positiva de la herramienta,

en el norte existe una mirada más crítica a

los programas y su implementación.

Desde el sur, en lo que tiene que

ver con el periodo 2005-2010 las mujeres

involucradas en el relevamiento realizado

rescatan su ampliación y democratización.

Establecen que a partir de ese

momento, el acceso a Asistencia Técnica

dejó de ser para “ciertas zonas” y para

personas “selectas”, habilitándose la

posibilidad de participación por parte de

productores/as a los que antes no llegaba.

Otro elemento interesante a señalar sobre

la Asistencia Técnica, por parte de las

productoras entrevistadas, es la capacidad

que tuvo la herramienta para promover

formas de acción colectiva entre

productores/as al estimular la

conformación de grupos y reactivación de

sociedades de fomento entre otros. Esto es

visualizado por las entrevistadas como el

resultado de un trabajo interdisciplinario,

en el que se combinó asistencia técnica

productiva –especialmente veterinaria y

agronómica- con asistencia técnica social

con profesionales de la psicología, trabajo

social y la sociología.

Yo lo que destaco es que esta era

una zona en la que no recibían

asistencia técnica, por lo menos

acá en Canelones, y la primera

vez que recibimos asistencia fue

cuando estuvo el PUR. De la

Sociedad de Fomento ya

teníamos, que yo no la conocía y

en la otra fomento de acá cerca,

que era para un grupo selecto,

pero hacía años que no había. Yo

hace 30 años que vivo ahí y la

verdad que a mi casa nunca me

llegaron técnicos. (Taller con

productoras, sur del país)

58

Desde el norte en cambio las

productoras no perciben la

democratización de los programas y

denuncian el rol de las sociedades de

fomento en la definición y concentración

de los beneficios en algunos productores.

Asimismo señalan que la relación con los

/las técnicos/as no permitía su

empoderamiento (de los/las

productores/as) porque no existían

explicaciones ni comunicaciones claras, los

registros no estaban adaptados a los/las

usuarios/as, las empresas familiares no

conservaban documentación de lo

presentado sino los/las técnicos/as,

frecuentemente los proyectos no se

adaptaban a los predios o los/las

productores nunca recibían una respuesta

de los/las técnicos/as o el MGAP. En este

sentido las críticas se concentran ante todo

en dos aspectos: en la forma como se

procesa la posibilidad de presentación y en

segundo término en la relación con los/las

técnicos/as extensionistas en el proceso de

ejecución y seguimiento de los proyectos

postulados.

Si bien no es posible identificar

causas inequívocas de las diferencias de

percepción observadas en las entrevistas

entre el norte y el sur puede hipotetizarse

que las mismas se deban a la mayor

presencia y trayectoria de las

organizaciones de la agricultura familiar

(CNFR, AMRU) así como del movimiento

feminista en el sur del país.

A esta discrepancia inicial, se

adicionan algunas críticas comunes entre

todas las productoras relevadas. En sus

discursos, las productoras expresan que

hay algunas fallas en la forma de

instrumentación de la herramienta que

deberían mejorarse. Uno de los aspectos

señalados en este sentido, es la demora en

el desembolso de fondos asociados a la

asistencia técnica de los proyectos. Otro

aspecto es la continuidad de la labor

llevada adelante por los/las técnicos/as

extensionistas, que muchas veces se vió

Vinieron, hicieron el proyecto y

después nunca más en la vida los

viste. Porque nos hemos anotado

en unos cuantos proyectos y

nunca salió nada, entonces es

como que te aburre quedar

escuchando, escuchando. Aparte

trabajamos solos no tenemos

empleados, no tenemos a nadie,

estamos todo el día metidos en la

chacra. Entonces como que

dejamos de lado las reuniones.

(Taller con productoras, norte del

país) Los técnicos pierden muchas horas

en el papeleo y pocas horas en los

campos. (Entrevista productora)

59

interrumpida por “temas burocráticos y de

papeleo”. Por último, pero con un papel

central para las entrevistadas, señalan la

necesidad de intensificar las visitas

prediales de los/as técnicos/as, señalando

la importancia del intercambio en el

espacio productivo de la empresa familiar.

Se considera que estas fallas

señaladas no son exclusivas de las mujeres,

sino que son deficiencias que afectan a

todos/as los/las productores. Sin embargo,

se destacan aquí porque se considera que

afectan a las mujeres especialmente ya que

al poco tiempo de los y las técnicos/as con

los/las productores se agudiza con el

menor tiempo de asistencia técnica que las

mujeres perciben de por sí –como se

detalla más adelante-. Asimismo en el caso

de los problemas de desembolsos se cree

que este problema general de las

asistencias técnicas coadyuva y perjudica

especialmente a las mujeres, dadas las

limitaciones pre existentes de acceso a

ingresos autónomos ampliamente

reseñada en la bibliografía de género.

d. Acceso a Asistencia Técnica por

parte de las mujeres.

Sobre el acceso a la Asistencia

Técnica por parte de las mujeres,

entrevistas y talleres a productoras y

técnicos/as confirman ciertas dificultades

para acceder a la herramienta, limitantes

relacionadas a lo adelantado en el enfoque

conceptual, esto es: la existencia de una

En el caso de los productores

lecheros, el rubro lechero es

muy dificultoso y muy

“esclavizante”. Los que

participaban de las reuniones

eran los hombres cuando la idea

es que fuera la “Familia” o sea

que participaran todos los

integrantes ya que son todos los

que contribuyen en la actividad

y con el ingreso. En los 10 meses

que trabajamos, logramos que

tres veces participaran las

compañeras. Esa fue una lucha.

La estrategia que

implementamos con el

Agrónomo fue ir rotando por los

predios y entonces al final las

reuniones eran en los predios.

Así logramos tener la presencia

de la mujer o de las hijas y de

toda la familia. (Técnica social)

60

firme división sexual del trabajo entre

varones y mujeres. Los discursos refuerzan

la idea de que se asigna a los varones la

responsabilidad sobre el trabajo productivo

y a las mujeres la del trabajo doméstico y

para autoconsumo. Esta organización del

trabajo tiene consecuencias en el acceso a

recursos y en la participación en la toma de

decisiones dentro del establecimiento, al

tiempo que se estructura como

desigualdad en el espacio público. En este

sentido, la división sexual del trabajo

limita la participación de las mujeres en los

espacios colectivos vinculados a la

producción familiar y obstaculiza el acceso

por parte de éstas a las políticas públicas.

La Asistencia Técnica aparece así como una

más de la políticas de acceso desigual

desde una perspectiva de género.

Esta limitación en el acceso es

manifestada por algunas de las mujeres

consultadas, quienes señalan que la

asistencia técnica no consideró a las

mujeres en su definición y ejecución. Este

aspecto se refuerza al analizar la definición

de los/as destinatarios/as de los distintos

programas.

En aquellos casos en que se

demandó la titulación del establecimiento

para poder acceder al beneficio (PG, PPR),

se verifica una fuerte exclusión de las

mujeres vinculada a las asimetrías

existentes en la titulación de varones y

mujeres. Las mujeres suelen percibirse

como colaboradoras, incluso en aquellos

casos en que trabajan a la par de los

varones y evidencian un caudal importante

de saberes y conocimientos vinculados a la

producción familiar.

En los casos en que se definió

como beneficiario al hogar, esperando una

suerte de derrame de los beneficios que

llegara de manera equitativa a los distintos

miembros del establecimiento, es probable

que se hayan reforzado las inequidades

existentes signadas por el escaso acceso a

recursos de las mujeres. Un ejemplo útil

para ilustrar esta situación es la definición

de los/as interlocutores válidos delimitados

por los técnicos extensionistas a la hora de

ejecutar la asistencia técnica.

Cuando se analizan las encuestas

realizadas, se percibe que

cuantitativamente no existen diferencias

A la asistencia técnica accede

mi esposo, tengo otras

actividades y él se dedica más

a esto. Él está en sociedad con

una hermana, yo tengo otros

trabajos, me dedico más al

campo y a otras tareas que

tengo por fuera y entonces no

voy siempre. Si tengo que

envasar miel, yo colaboro, no

tengo problema. (Taller con

productoras)

61

significativas entre los motivos de no

acceso de mujeres y varones.

En cuanto a las razones por las que

no se accedió a la asistencia técnica, como

se observa en el cuadro siguiente, no se

encontraron diferencias significativas entre

los sexos. Para ambos la principal causa por

la que no participó es que no se enteró

(50% hombres y 58% mujeres), seguido de

la falta de interés (29% hombres y 25%

mujeres).

Cuadro 1

RAZONES POR LAS QUE NO ACCEDIÓ A ATER

SEGÚN SEXO

HOMBRES MUJERES

No se enteró 50,0 57,7

No le interesó 29,5 25,0

No tiene buena

opinión de ATER

5,7 1,0

No le salió 4,5 2,9

No se adecuaba a

sus necesidades o

posibilidades

9,1 11,5

Otros 1,1 1,9

Total 100,0 100,0

Fuente: Encuesta a productores/as familiares en el marco

del programa regional de Género. (REAF-MGAP)

e. Asistencia técnica productiva: La

familia como un objeto de

Intervención “ciego” a la desigualdad

de género.

Al reflexionar en torno al acceso de

las mujeres a la Asistencia técnica un

elemento relevante es señalado por los/las

técnicos/as productivos en su proceso de

trabajo. Los/las entrevistados identifican

un desfasaje entre las preocupaciones de

género, los objetivos de los programas y

las improntas y lineamientos orientadores

que se ofrecían a los/las técnicos/as de

campo desde la dirección de los mismos.

Los/las entrevistados señalan que a

la especificidad de cada programa

–ganadera, de fortalecimiento, etc- se

añadía una orientación específica hacia el

trabajo de lo colectivo y de la agricultura

familiar como población objetivo.

Especialmente, detrás de la noción de

agricultura familiar se hizo hincapié en el

abordaje de la familia sin acompañar esta

pauta por una estrategia de identificación

de necesidades diferenciales ni la

indicación explícita de entender la familia

como un colectivo complejo y

heterogéneo. En tal sentido, la noción de

familia aparecía referida a la estructura

productiva que soportaba los

emprendimientos y no a una preocupación

explícita y programática por abordar los/las

diferentes integrantes de la misma como

62

sujetos con relaciones disímiles con los

bienes y derechos.

De esta manera los programas no

tenían una orientación en la práctica hacia

el trabajo específico con las mujeres ni

reconocían que el trabajo con la familia

podía actuar profundizando las

desigualdades existentes en ella o

sencillamente ignorando las desigualdades.

Exceptuando el PUR, desde los objetivos no

se previó una búsqueda explícita de titular

los proyectos productivos hacia las mujeres

ni se orientó a los técnicos/as agrarios/as a

la búsqueda de mujeres protagonistas en

estos proyectos. De esa forma, las

desigualdades ya existentes en las casas

encontraron en los proyectos productivos

estrategias de refuerzo al ser los varones

quienes se tornaron los interlocutores

“naturales” de los/las técnicos/as,

apropiándose así de mayores recursos

públicos que las mujeres. A este respecto, y

como ya se adelantara, las mujeres aún

siendo titulares de los proyectos quedaron

rezagadas en el contacto con los/las

técnicos/as obteniendo menor

información, capacitación y orientación.

De manera que, si el valor de la

asistencia técnica radica en acompañar el

traspaso de recursos con la construcción

de condiciones y capacidades para el mejor

uso de los mismos, el no acceso de la mujer

robustece sus condiciones de dependencia

ya que queda postergada al unísono del

acceso a recursos y de la oportunidad de

ser capacitada y desarrollar alternativas e

innovaciones en su experiencia productiva.

Resulta interesante señalar que

esta interpretación encuentra evidencia

estadística en las encuestas realizadas a

productores y productoras que recibieron

asistencia técnica. Analizando el referente

para las reuniones con el/la técnico/a en la

visita predial resulta evidente el sesgo de

género. Los datos desagregados por sexo

evidencian, diferencias significativas entre

varones y mujeres. El 84% de los hombres

manifiesta que era él quien mantenía

reuniones con los/as técnicos/as y el 15%

expresa que la reunión se mantenía con

varios miembros del hogar incluido él. En

tanto entre las mujeres encuestadas sólo el

36% expresa que el técnico se reunía con

Acá el tema es que muchos de

estos proyectos eran para

introducir innovaciones en los

predios, para incorporar otra

forma de producir y producir

mejor. El agrónomo ahí estaba un

poco para ayudar a los

productores a aprender y

“aprehender” esas técnicas. El

que presenta el proyecto y

sobretodo el que habla con el

técnico es el que tiene esa chance

y el otro no. Y bueno, la verdad es

que la mujer en general uno

apenas la ve. (Técnico

productivo)

63

ella sola y el 49% dice que lo hacía con

varios del hogar incluido la encuestada.

Resulta necesario subrayar además la

proporción de mujeres que expresan que la

reunión la realizaba con su pareja, sin

participar ella, el 8,6%.

Cuadro 2

CON QUIÉN SE REUNÍA EL TÉCNICO SEGÚN

SEXO

HOMBRES MUJERES

Usted 83,7 35,7

Su pareja 1,0 8,6

Otro

miembro del

hogar

0 2,9

Varias

personas del

hogar

incluido usted

15,4 48,6

Varias

personas del

hogar sin

usted

0 2,9

Ns/Nc 0 1,4

Total 100,0 100,0

Fuente: Encuesta a productores/as familiares en el marco

del programa regional de Género. (REAF-MGAP)

Un último elemento a señalarse es

que en múltiples ocasiones se ha señalado

que mas allá de quién “lidere” la empresa

familiar y el proyecto productivo son las

mujeres las que llevan la parte

administrativa de los predios. Esto señala

una especificidad en la división de roles

donde se le asigna a la mujer un trabajo

específico, de gran importancia para la

viabilidad de la empresa familiar. Esto

puede ser trabajado como espacio para

potenciar.

f. Asistencia técnica social:

Instituciones de varones y pueblos de

mujeres.

Un elemento que fuera señalado

tanto por técnicos/as como por las mujeres

de los talleres fue el valor de la

incorporación de la asistencia técnica

social, y la existencia de ámbitos diferentes

de encuentro de esta asistencia con

mujeres y varones.

En relación a lo positivo de la

incorporación, se señala que en múltiples

localidades nunca había habido una

asistencia técnica de este tipo y que su

llegada construyó y aportó una nueva

forma de trabajar, y en especial de pensar

lo colectivo. En este sentido la orientación

del PUR de trabajar lo colectivo permitió el

resurgimiento de Sociedades de Fomento,

grupos de productores/as y grupos de

vecinos/as. Asimismo se abordó la

comunidad como un espacio de trabajo y

se acercaron múltiples propuestas y

proyectos aterrizando en los pueblos

políticas sociales que antes no se conocían.

64

Sin embargo, como ya se ha dicho

existió en este trabajo un abordaje de

mujeres y varones diferenciado. Por una

parte, el trabajo comunitario y

construcción de grupos pudo llevarse a la

práctica con las mujeres, principalmente

por la apertura de estas y por el hecho de

que las mismas son las que se encuentran

habitualmente en los pueblos.

Por otro lado, el trabajo con los

varones se orientó al desarrollo y

seguimiento de los proyectos productivos y

al acompañamiento y fortalecimiento de

las directivas de las sociedades de

fomento.

De esta manera los varones

quedaron en contacto con el espacio de

poder y decisión, la SFR, y con el espacio de

generación de recursos, productivo.

Mientras las mujeres abordaron los

ámbitos domésticos y comunitarios. Esta

ubicación de la mujer en los espacios

comunitarios y en los pueblos lleva a que

esta aboque una parte de su tiempo a la

generación de bienestar colectivo, no

individual, trabajando sobre demandas

como la escuela, los jóvenes, el acceso a la

electricidad. De esta forma, una buena

parte del tiempo de los proyectos

destinado a las mujeres se destina en

realidad al bienestar de la comunidad en

general, canalizado a través de las mujeres,

no siendo así en el caso de los varones.

g. Obstáculos en el pleno uso.

Si bien algunas de las entrevistadas

manifiesta que no existen obstáculos para

el pleno uso de la asistencia técnica, la

mayoría de los discursos parecen coincidir

en que esto no es así. Entre las distintas

cuestiones que se plantean como

limitantes se señalan factores culturales,

relacionados con el papel que

habitualmente se le asigna a las mujeres, y

factores vinculados a la forma de

instrumentación de la herramienta.

Yo la veía venir y ya sabía.

Parecía que tenía la palabra

proyecto en la frente escrita.

Nosotros trabajamos mucho

con ella, para la escuela,

para la policlínica, armamos

reuniones, se armó un grupo

de jóvenes. Además ella

trabajaba en la fomento con

los directivos. (Taller de

mujeres rurales)

65

Entre los factores culturales, el

principal es la ausencia de reconocimiento

de las mujeres en su rol de productoras, ya

discutido previamente. Esta invisibilidad

que sufren las mujeres, es construida y

alimentada desde distintos lugares. Por

una parte, señalan un desconocimiento

que se expresa en la auto percepción de las

mujeres como colaboradoras del trabajo

masculino y no como trabajadoras

propiamente dichas, incluso en aquellos

casos en que su participación en las tareas

vinculadas al trabajo de campo es igual o

mayor que el desarrollado por los otros

miembros del hogar. Por otra parte,

manifiestan que se vive una invisibilidad

frente al resto de los integrantes del hogar.

Para las entrevistadas esta invisibilidad se

expresa en la escasa participación que

tienen las mujeres en la toma de

decisiones y en el acceso a activos dentro

de la agricultura familiar16. Es interesante

señalar que para algunas entrevistadas

esta invisibilidad es tan fuerte que se vive

como un desprecio hacia la mujer.

Otro elemento que aparece entre

estos discursos, es la falta de conocimiento

que las mujeres poseen sobre sus

derechos. El principal problema que se

menciona en este sentido es el

desconocimiento por parte de las mujeres

sobre los derechos que tienen sobre los

activos (titulación, herencia, DICOSE). Este

elemento resulta interesante dado que es

dable pensar que esta ausencia de

conocimiento sobre los derechos se

multiplique en otros espacios y límite, por

ejemplo, sus posibilidades de acceso a

programas y proyectos. Sobretodo

aquellos que tiene la titulación de los

activos como exigencia de acceso.

Como se ha mencionado ya las

entrevistadas explicitan que esta situación

se daba en el PPR y el PG, y se verá en el

próximo capítulo que limita asimismo el

acceso a créditos y préstamos financieros.

16 Hecho constatado en investigaciones relacionadas con el

relevo generacional de las mujeres en el medio rural Ver entre otros Perrachon, 2011; Gallo, Molinaro y Acebo, 2011 y Gallo y Peluso, 2010.

Eso estaría bueno, la parte de

género y la parte de estudiar

algunos otros temas porque

fuimos a Aiguá por el cambio

climático, porque las mujeres

no somos taradas, podemos

entender, más que algunos

hombres. Somos despreciadas

como mujeres rurales, porque

como mujeres no tenemos

derechos a existir, hay como

un desprecio psicológico hacia

las mujeres, de las propias

mujeres. (Entrevista

Productora)

66

Por último, las productoras

entienden que esta imposibilidad de

visualizar un rol femenino asociado a lo

productivo, atraviesa también a las

organizaciones de productores/as,

vinculado esto a los sesgos ya comentados

en relación a las instituciones. Un factor

conexo con lo anterior y que interfiere en

el uso de la asistencia técnica por parte de

las mujeres, es la resistencia de las

organizaciones de productores/as a la

participación femenina en condiciones de

igualdad, lo que equivale a decir en su

condición de productoras. Muchas de las

entrevistadas expresan que no se les

otorga en las organizaciones y asociaciones

de productores un espacio en el que se las

reconozca como iguales a la hora de

encarar temas productivos. Esta situación

deviene en un freno para acceder a la AT,

en particular en los casos en que esta fue

vehiculizada a partir de las organizaciones

de productores.

El análisis cuantitativo ofrece pistas

y refuerza las interpretaciones dadas en

relación al pleno uso de la asistencia

técnica. En ese sentido, se encontraron

diferencias significativas entre varones y

mujeres que hicieron uso de la misma. En

primer lugar el análisis de la participación

en las sociedades de fomento entre

productores y productoras que recibieron

asistencia técnica muestra diferencias

apreciables.

En cuanto a la participación en las

Sociedades de Fomento Rural, es menester

señalar que en el caso de las mujeres que

participan de las SFR, el 68% lo hace en

compañía de otros integrantes del hogar,

en tanto en el caso de los hombres este

dato alcanza sólo el 6% de los encuestados.

Para decir la verdad yo quede

afuera de todo eso. Mi

problema era que yo era

mujer sola con mis hijos y

entonces como que la gente

me veía que yo no podía salir

adelante con nada. Los que

estaban encabezando la

gremial incluso me decían que

ayudarme a mí era como tirar

la plata afuera, pensaban que

yo no podía salir adelante.

(Taller de Productoras)

Otra cosa que creen muchas

mujeres es que el número de

DICOSE está a nombre del

marido y ellas no tienen

derechos porque está a

nombre de él solo, y no, son

bienes de los dos. Tiene

derecho a reclamarle los

animales que están en la

Declaración, no porque estén

a nombre de él. Si están y se

divorcian, si los vende antes

no hay reclamo. O sea que hay

que sacar número de DICOSE y

algunos animales estén a tu

nombre. (Taller productoras)

67

En consecuencia la participación de la

mujer aparece como una conquista

agregada a la participación masculina, y no

como una forma individual de acceso al

espacio público.

Cuadro 3

PARTICIPACIÓN EN SFR EN COMPAÑÍA DE OTROS

MIEMBROS DEL HOGAR SEGÚN SEXO

HOMBRES MUJERES

Si 6,0 67,7

No 94,0 32,3

Total 100,0 100,0

Fuente: Encuesta a productores/as familiares en el marco

del programa regional de Género. (REAF-MGAP)

En relación a quiénes fueron los

encargados de decidir qué hacer en el

proyecto, el 86% de los hombres

manifiesta haberlo decidido

personalmente y en forma individual, en

tanto sólo el 32% de las mujeres que

accedieron expresan haber decidido solas

qué hacer en el proyecto. La situación más

corriente entre las encuestadas es haber

tomado las decisiones productivas junto a

varios miembros del hogar (39%), valor que

entre los hombres se ubica tan sólo en el

9%. Resulta interesante, que entre las

encuestadas el 8% expresa que esta

decisión fue tomada por su pareja,

respuesta que no se registra entre los

encuestados hombres. En consecuencia los

datos refuerzan lo antedicho respecto a

que existe una menor incidencia en la toma

de decisiones sobre los recursos por parte

de las mujeres frente a los hombres.

Cuadro 4

DECISIÓN SOBRE QUÉ HACER EN EL PROYECTO

SEGÚN SEXO

HOMBRES MUJERES

Usted 86,5 34,2

Su pareja 0 7,9

Otro

miembro del

hogar 0 5,3

El técnico o la

técnica 4,8 6,6

Varios/as del

hogar

incluido usted 8,7 39,5

Varios/as del

hogar sin

usted 0 2,6

Ns/Nc 0 3,9

Total 100 100

Fuente: Encuesta a productores/as familiares en el marco

del programa regional de Género. (REAF-MGAP)

68

Con respecto a quién trabajó en el

proyecto también se encuentran

diferencias significativas entre hombres y

mujeres que pueden apreciarse en el

Cuadro 5. Entre los hombres que

accedieron a asistencia técnica, el 86% de

los encuestados manifiesta haber

trabajado él solo en el proyecto y el 12%

expresa haberlo hecho junto a varios

integrantes del hogar. Entre las mujeres la

situación es marcadamente diferente en

tanto un 20% expresa haber trabajado ella

sola en el proyecto y el 58% dice haber

trabajado en conjunto con otros miembros

del hogar.

Cuadro 5

QUIÉN TRABAJÓ EN EL PROYECTO SEGÚN

SEXO

HOMBRES MUJERES

Usted 86,5 20,3

Su pareja 0 9,5

Otro

miembro del

hogar 0 2,7

Varios del

hogar

incluido

usted 12,5 58,1

Varios del

hogar sin

usted 0 6,8

Ns/Nc 1,0 2,7

Total 100,0 100,0

Fuente: Encuesta a productores/as familiares en el marco

del programa regional de Género. (REAF-MGAP)

En suma, es posible asumir que la

información relevada confirma la existencia

de desigualdades entre hombres y mujeres

en cuanto a la asistencia técnica. La

información cuantitativa muestra como las

entrevistas y talleres una participación

diferencial en el uso y en la toma de

decisiones sobre los recursos entre los

integrantes de ambos sexos, que se

expresa fundamentalmente en la

modalidad de participación en las SFR y en

el uso e involucramiento que tienen en la

Asistencia Técnica desarrollada. En lo que

respecta al pleno uso de la herramienta, se

observan dificultades claras por parte de

las mujeres para ello. En la mayoría de los

casos su participación se define en

conjunto con otros miembros del hogar en

lo que tiene que ver con las decisiones, el

trabajo concreto y la participación junto a

los técnicos de los proyectos. Es dable

afirmar entonces que, al igual que con

otros recursos, no existe una apropiación

igualitaria de la herramienta de asistencia

técnica por parte de todos los integrantes

de los hogares.

69

h. El trabajo técnico, falta de

formación en género y trabajo en

solitario.

Como se mencionó, en los

discursos de las productoras se identifican

algunos elementos relacionados con la

instrumentación de la asistencia técnica

que representan un límite para el uso de la

misma. En este sentido aparece

recurrentemente, la falta de conocimiento,

formación y capacitación específica sobre

temas relacionados al género por parte de

los/las técnicos/as extensionistas del

MGAP. Algunas mujeres manifiestan que,

en el caso del PUR, esta situación de

desconocimiento del tema provoca un

desfasaje entre la definición formal (de

tener como objetivo la atención a mujeres)

y la ejecución real. Quienes sostienen esta

postura expresan que esta brecha, entre lo

formal y lo real, se constata en que los/las

técnicos/as que trabajan no cuentan con

las herramientas conceptuales necesarias

para ejecutar estas acciones. De esta

manera la definición de objetivos

prioritarios en torno al género se vacía de

contenido, al no poderse sustentar en el

campo el cómo, el porqué y el para qué de

estas definiciones.

Entre las líneas discursivas que alimentan

esta posición se pueden diferenciar al

menos dos niveles. Uno que apunta a la

ejecución de la política en el plano más

general y el enfoque de género en sí, que

resulta en la imposibilidad de llevar

adelante acciones diferenciadas hacia las

mujeres. El otro, que refiere a la dotación

de herramientas por parte de los/las

técnicos/as hacia las mujeres que les

permitan a éstas generar capacidades para

disminuir las desigualdades a las que se

enfrentan. Ambas situaciones pueden

leerse como demandas específicas de parte

de las mujeres hacia los/las técnicos/as.

Una que tiene que ver con la adquisición

de herramientas conceptuales sobre

género, relacionada fundamentalmente

con la comprensión por parte de los /las

técnicos/as de cómo, porqué y para qué de

Acá se hizo una evaluación,

cuando venía el dinero de PUR,

vino una evaluadora del FIDA, con

instrucciones acerca de la mujer y

las distintas cosas. Una de las

cosas que les preguntó a los

técnicos fue: “Uds les enseñaron a

hacer proyectos?” Y entonces se

quedaron “heladas”. Les dijo, “yo

vengo de Bolivia, qué les parece

cuando se van los técnicos. En

Bolivia se les enseña a hacer

proyectos, se les va

individualizando desde niños a

quiénes apoyar y enseñarles”

Cuando ustedes se van, no queda

nada.

70

estas acciones, más allá de cumplir con un

requisito formal. La otra, vinculada a

elementos más prácticos, que permitan a

los/las técnicos/as la detección de

situaciones en las que se expresan

inequidades y trabajar con estas cuestiones

para transformar esto en capacidades para

las mujeres que les permita mejorar sus

oportunidades una vez finalizado el

proyecto o programa del que participan.

Entre las cuestiones que se mencionan se

encuentran: dificultades para armar

proyectos, desconocimiento sobre leyes y

derechos, desconocimiento sobre recursos

disponibles, desconocimiento sobre

políticas crediticias y de asistencia para

mujeres.

Por su parte, los/las

técnicos/as acompañan estos discursos

reconociendo la ausencia de formación en

temas de género como requisita previo de

ingreso ni como formación durante el

desarrollo del trabajo. De esta forma, el

trabajo técnico no requirió las capacidades

para desarrollar acciones sensibles al

género y libró a cada técnico/a y a cada

proyecto a implementar las acciones que

entendiera pertinente.

El trabajo sobre temáticas

relacionadas al género es entonces narrado

como un proceso de los/las técnicos/as en

el territorio, ya sea por el surgimiento

paulatino de situaciones que evidenciaban

la equidad, por la evidencia de contar con

mujeres “disponibles” para el trabajo

comunitario o por la influencia externa de

la expansión e institucionalización del

tema en el país. Lejos de constituirse como

un objetivo con acciones concretas y

planificadas, en aquellos programas en el

que el objetivo existió –PUR- el

seguimiento desde el MGAP no se orientó

Los técnicos no tienen formación

de género, ni saben lo qué es

género, entonces tampoco

pueden hacer una política

diferenciada porque cuando

vienen los préstamos y eso,

primero los jóvenes y las

mujeres, y eso me parece

bárbaro, y sobre todo las

mujeres solas. Ha tenido esa

política, pero falta la política de

formación. (Taller de

productoras)

Sobre todo al final del 2009 y

2010 se empezó a dar un

proceso. Al principio se

pensaba mejorar la calidad de

vida de los pescadores a través

de la familia pero recién al

final se logró algo muy

mínimo. También porque

apareció lo del portafolio de

activos y la referente de

Inmujeres. (Técnica social)

71

a su cumplimiento ni brindó el herramental

teórico ni práctico para concretarlo.

De esta forma el objetivo quedó

librado a la voluntad de los/las técnicos/as

y las acciones que se desarrollaron fueron

llevadas a la práctica desde la autonomía

de cada proyecto en el territorio, sin

orientación específica.

En suma, en relación a la ATER:

Se valora en forma positiva la existencia de asistencia técnica y las modificaciones que introducen una asistencia técnica multidisciplinaria.

Se reconoce un nivel de satisfacción disímil en relación a la democratización de la asistencia técnica, donde la variable norte – sur juega un rol importante.

En la implementación, el seguimiento y acompañamiento las productoras del norte sienten que la comunicación con los/las técnicos/as es mala.

Todas coinciden en que hace falta más tiempo técnico en los predios.

En relación al género:

Técnicos/as y productoras coinciden en que los proyectos fueron protagonizados por los varones mas allá de quién los presentara.

De la participación en reuniones, el contacto con técnicos/as y la presencia en SFR también las productoras quedaron rezagadas.

No se reconoce el rol de productoras de las mujeres. Desde el sur existe un reclamo de falta de sensibilidad de los programas y técnicos/as a la cuestión de género. Desde el norte se ve la diferencia pero no se percibe la desigualdad por haber más naturalización.

Las productoras se relacionaron con las asistencias técnicas sociales por su mayor sensibilidad al género. Juntas/os (mujeres y sociales) abordaron temas comunitarios.

72

Capítulo VII

Herramientas de financiamiento rural.

a. Herramientas de financiamiento rural.

b. Descripción de las herramientas analizadas.

c. Los programas de Asistencia Técnica y Financiamiento Rural

del MGAP.

d. Algunas primeras ideas

e. Las herramientas del MGAP.

f. Visión institucional.

73

a. Herramientas de financiamiento

rural.

En el presente apartado se

presentan algunos de los resultados

encontrados sobre las herramientas de

financiamiento, esto es: en qué consisten y

cómo llegan a las mujeres rurales; cuál es

la visión de las mujeres; cuál es la visión de

los/as técnicos/as; y cuál es la visión

institucional sobre este tipo de

herramientas. El análisis se mueve en el eje

desarrollo rural y género considerando

aspectos relevantes en ambos campos de

estudio. De este modo se prestará atención

a las especificidades de las herramientas de

financiamiento sin dejar de lado la veta de

desarrollo rural con un enfoque territorial.

b. Descripción de las herramientas

analizadas.

b.a DINAPYME.

Una de las Instituciones

seleccionadas para el trabajo sobre el

financiamiento hacia mujeres rurales fue el

Ministerio de Industria, Energía y Minería,

concretamente la Dirección Nacional de

Artesanías, Pequeñas y Medianas

Empresas (DINAPYME), entendiendo que

es esta quien puede asesorar y/o generar

líneas de políticas públicas hacia la

agricultura familiar.

En particular la DINAPYME no

cuenta con fondos de financiamiento

propios como herramienta principal sino

que tiene un rol de asesoramiento y

capacitación. No obstante ello

DINAMPYME se maneja con fondos a

llamados concretos, algunos de ellos

dirigidos a mujeres como lo es la

“Convocatoria a Mujeres Empresarias 8M”

la cual se realiza en conmemoración del 8

de marzo. Este tipo de convocatorias no es

dirigida a la población rural sin embargo se

han presentado y premiado

emprendimientos productivos de mujeres

que residen y/o trabajan en el medio rural.

En la última convocatoria (2012) el

programa destinó $ 2.500.000 triplicando

el monto inicial del año 2009. En este tipo

de convocatoria la DINAPYME selecciona

aquellos proyectos de mujeres productoras

que se encuentran en al menos un segundo

nivel de la cadena de valor, esto es que no

son productoras de materias primas sino

que trabajan en el agregado de valor. En

este sentido los llamados apuntan a

procesadoras, a productoras que trabajan

con algún grado de incorporación de valor

en el producto. Este detalle se anota

pensando en la mujer rural agropecuaria

de base primaria y aquella mujer rural que

produce otros bienes como ser conservas,

tejidos, ropa, calzados, entre otras.

74

b.b Programa de Inversiones

Productivas. DINAE.

El Programa de

Inversión Productiva se

enmarca en las líneas

de trabajo de la Dirección Nacional de

Empleo (DINAE) del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social (MTSS). Este es un

programa que tiene por objetivo el apoyo

financiero a personas con escasos ingresos

o dificultades de acceso a crédito para la

adquisición de equipamiento y

herramientas de trabajo. Para acceder a

esta herramienta deben cumplirse con los

objetivos generales siendo el principal la

creación de empleo o consolidación del

empleo existente.

La ejecución del programa se

realiza a través de los Centros Públicos de

Empleo del MTSS y las Intendencias

Departamentales siendo éstas últimas

quienes manejan los fondos. El apoyo

financiero es en modalidad de crédito por

lo que las personas que acceden deben

reembolsarlo a las Intendencias

constituyendo con los pagos un fondo

rotatorio que permite apoyar nuevos

emprendimientos. Las Intendencias,

quienes manejan los fondos, no otorgan el

dinero en efectivo sino que entregan las

herramientas y equipamientos solicitados.

El Programa no está dirigido

específicamente a la población rural ni a las

mujeres sino que es un llamado abierto. La

visión que se tiene del MTSS ha llevado,

según la entrevista realizada, a que las

personas del medio rural y principalmente

las mujeres rurales no accedan a este

programa. Se entiende que la visión que se

tiene del MTSS es relacionada con el

empleo urbano, y a su vez se lo relaciona

con la parte legal y administrativa del

empleo (denuncias, inscripciones, etc.).

Este último punto se ha intentado mejorar

con la inclusión de las Intendencias en el

programa.

La visión de Género en el MTSS se

considera transversal, si bien no cuenta

con elementos concretos en el programa

de apoyo financiero, sí cuenta con

estímulos en otros programas como por

ejemplo en el Objetivo Empleo en el cual se

subsidia la contratación de mano de obra a

las empresas; en este caso si contratan

mujeres el subsidio es mayor.

b.c División de Desarrollo Local y

Cooperativismo. Ministerio de

Desarrollo Social.

La División de

Desarrollo Local y Cooperativismo se

encuentra dentro de la Dirección Nacional

de Economía Social del MIDES y cuenta

desde el año 2005 con el Fondo Nacional

75

de Apoyo a Emprendimientos Productivos,

un programa que tiene como población

objetivo a aquellas personas que residen

en hogares que se encuentran por debajo

de la línea de pobreza.

La población objetivo son, además

de lo ya señalado, aquellas personas que se

encuentran realizando alguna actividad

productiva en cualquier rama de actividad,

y ya sea esta de manera individual o

grupal.

El programa cuenta con un apoyo

económico, parte reembolsable en efectivo

y parte reembolsable en prestación de

servicios o bienes a la comunidad; y por

otra parte cuenta con un componente de

capacitación y apoyo a los emprendedores.

El apoyo y acompañamiento se lo da una

institución local denominada “Garante

Social” que además de acompañar los

emprendimientos es quien recibe el

dinero.

El programa no discrimina

positivamente si los proyectos son

presentados por varones y/o mujeres, no

obstante con el tiempo se ha llegado a

puntuar la participación de mujeres en los

distintos emprendimientos.

Por otra parte el programa no

tiene, en términos generales, llegada al

medio rural; por distintas razones las

políticas del MIDES, entre ellas el fondo

aquí presentado, tienen una mayor

cobertura urbana y no cuentan con

programas específicos hacia la población

rural.

c. Los programas de Asistencia Técnica

y Financiamiento Rural del MGAP.

c.a El Proyecto de Producción

Responsable

El Proyecto de Producción

Responsable (en adelante PPR) surge desde

el año 2005 a través de un convenio de

préstamo con el Banco Mundial (BM) y

subsidio con el Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento (BIRF). Las

unidades ejecutoras de este proyecto son

el Ministerio de Ganadería, Agricultura y

Pesca (MGAP) en coordinación con la

Dirección Nacional de Medio Ambiente

(DINAMA) perteneciente al Ministerio de

Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente.

El objetivo general del proyecto es

“promover la adopción de sistemas de

manejo integrado y eficiente de los

recursos naturales de uso agropecuario,

incluyendo a la diversidad biológica, que

sean económica y ambientalmente

viables”, y este surge a partir de la

identificación de un cúmulo de problemas

tales como degradación de suelos, uso

76

Objetivos específicos PPR

Lograr la adopción de prácticas conservacionistas y de restauración de las pasturas naturales.

Lograr la incorporación del aprovechamiento de la diversidad biológica como opción para el sector productivo rural.

Desarrollar un sistema público de información para la gestión y manejo de los recursos naturales, incluida la biodiversidad.

Fortalecer la capacidad local y nacional para desarrollar proyectos de manejo integrado de los recursos naturales de uso agropecuario, incentivando el uso y la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo de servicios ambientales.

Lograr la elaboración de estudios e investigaciones para el manejo de los recursos naturales y de la biodiversidad.

Identificar nuevas áreas prioritarias para la biodiversidad en el país.

Mejorar el manejo de plaguicidas.

Difundir y hacer conocer las actividades del proyecto.

Sensibilizar al sector productivo rural sobre el manejo integrado de los recursos naturales y la diversidad biológica.

ineficiente del agua, degradación de

recursos genéticos, uso inadecuado de

plaguicidas, degradación de monte nativo,

entre otros. Bajo este diagnóstico el

proyecto apunta, tal como expresa su

objetivo general, a promover la adopción

de sistemas de manejo integrado y para

ello se propone una estrategia de trabajo

en cuatro componentes:

Componente A: Manejo integrado de los

recursos Naturales y la biodiversidad.

Este primer componente canalizó

recursos financieros directamente hacia

productores/as. Estos recursos fueron

acompañados de Asistencia Técnica y

buscaron promover la adopción de

sistemas de manejo integrado a nivel

predial. La asistencia técnica se daba entre

técnicos/as del proyecto (PPR) y

técnicos/as privados. En su modo más

usual el otorgamiento de financiamiento

fue a demanda de los productores, esto es

que se realizaron llamados concretos a la

presentación de planes prediales a los

cuales los productores/as, en coordinación

con su técnico/a, concursaban por el

financiamiento.

Componente B: Proyectos demostrativos

en área prioritarias de conservación de la

biodiversidad.

El segundo componente se basó en

el establecimiento de hasta 10 proyectos

demostrativos, cada uno ubicado en una

77

Hasta el año 2010 PPR financió

4361 proyectos de pequeños

productores de los cuales un

21% (921) tuvieron como

titulares a mujeres.

de las 10 áreas identificadas como

prioritarias. Cada uno de estos proyectos

estuvo conformado por un grupo de

subproyectos.

Componente C: Actividades de apoyo.

El componente C se planteó a

través de tres áreas de trabajo: a)

fortalecimiento institucional de la

Dirección de Recursos naturales

Renovables (RENARE) y de la Dirección

general de Desarrollo Rural; b) desarrollo

de instrumentos para la gestión eficiente

de recursos, y c) capacitación de

productores/as, técnicos/as y

profesionales.

Componente D: Gestión de proyecto.

El componente D creó la Unidad

Ejecutora del proyecto la cual tuvo a su

cargo la dirección y gestión, administración

financiera, y la evaluación y seguimiento

del proyecto.

Adjudicación de fondos.

Los criterios de adjudicación de

fondos operaban en tres áreas: el/la

beneficiario/a, el plan, y el/la técnico/a.

La definición del beneficiario se dio

a través de dos criterios, uno basado en la

relación de mano de obra

familiar/asalariada, y otro a través de la

definición de productor pequeño, mediano

y grande. El monto a ser subsidiado en el

proyecto dependía del tipo de beneficiario.

A su vez los beneficiarios podían

conformar grupos para lo cual se exigían

algunos requisitos, por ejemplo, ser al

menos tres, compartir una cuenca común,

entre otros.

En cuanto a la presentación del

Plan se establece que el mismo debía ser

elaborado y presentado por técnicos/as

habilitados siendo estos, de preferencia,

técnicos/as de instituciones y

organizaciones vinculadas al agro o

técnicos/as privados.

Se previó el desembolso de US$

225 (equivalentes a tres jornadas) de

honorarios técnicos por un mínimo de tres

proyectos individuales presentados

existiendo la posibilidad de aumentar la

cantidad de proyectos a US$ 75 cada uno

hasta un máximo de US$ 750.

78

Objetivos específicos PG

“Los objetivos específicos del

Programa son:

a) Promover la eficiencia de la

ganadería de cría para

pequeños y medianos

productores.

b) Promover la articulación y

proyección comercial de la

cadena completa; en la

comercialización de nuevos

productos y/o nuevas

oportunidades de mercados.”

c.b El Programa ganadero.

El Programa Ganadero (en adelante

PG) se ejecutó en la órbita del MGAP y fue

financiado por un préstamo del Banco

Interamericano de Desarrollo firmado en

2005. El programa comienza a ejecutarse

en el año 2006 y es reformulado en el año

2007.

El objetivo general del programa

fue “contribuir a aumentar la

competitividad de la ganadería uruguaya, y

promover el aprovechamiento integral y

sustentable de los recursos disponibles, la

mejora de la calidad de vida de los

productores/as y trabajadores/as

vinculados/as a ella.” Tras este objetivo el

eje de intervención del programa se basó

en la transferencia tecnológica y en los

servicios de extensión agropecuaria. Se

consideró que la baja productividad de

los/as productores/as se debía a la escasa

adopción de tecnologías. Esta tecnología

fue pensada en principio como tecnología

de insumo, empero el trabajo mismo del

programa dio cuenta de que el problema

eran las tecnologías de procesos las cuales

no podían ser acercadas hacia la

producción a través de técnicos que no

contaran con la formación adecuada.

El programa fue ejecutado a través

de la Unidad Coordinadora del programa

(UCP) la cual estuvo a cargo de la

coordinación, ejecución y seguimiento de

todas las actividades del programa. A su

vez existió un comité de seguimiento

integrado por representantes de los

productores, de la industria y del MGAP.

La operativa del programa se

dividió en cuatro grandes componentes:

a) Apoyo para Mejorar la Productividad de

Pequeños y Medianos Ganaderos-

Criadores; b) Desarrollo de Nuevos

Productos Ganaderos; c) Trazabilidad y

Salud Animal y Protección de Alimentos; d)

Adecuación y articulación de políticas para

el sector ganadero.

79

Del total de proyectos y planes

financiados por el Programa

Ganadero un 21% tuvieron

como titulares a mujeres.

Apoyo para Mejorar la Productividad de

Pequeños y Medianos Ganaderos-

Criadores.

“Este componente financiará

parcialmente, y con carácter no

reembolsable, la preparación y ejecución

de Planes de Gestión innovadores de

fomento de adopción de tecnología

validada y que presenten los propios

productores para aumentar la

competitividad de la ganadería de cría

bovina y ovina.” (Manual Operativo PG:6)

Los beneficiarios de este

componente eran sistemas de criadores

individuales de hasta 1.250 hectáreas

CONEAT 100. Éstos podían ser beneficiarios

del componente II del programa, pero en

ningún caso el subsidio podría superar los

US$4.000.

Quienes podían presentar Planes

eran Operadores Habilitados y capacitados

(generalmente instituciones) por el

programa los cuales, luego de acreditados,

presentaban el plan a ser evaluado por la

UCP. En caso de ser financiado, el

beneficiario recibía el pago en dos veces.

Desarrollo de Nuevos Productos

Ganaderos.

Este componente buscó aumentar

el valor agregado de la producción

ganadera. Para ello se financiaban planes

de gestión (distintos a los del componente

I) que demostraran un agregado de valor al

producto a través de innovaciones; éstas

podían darse en cualquier eslabón de la

cadena.

Bajo este componente se estimaba

financiar 35 planes presentados por

operadores privados. Los beneficiarios

podían ser empresas privadas individuales

o asociadas que ocuparan cualquier lugar

en la cadena de valor a excepción de las

empresas de la fase primaria. El monto

máximo a recibir era de US$250.000.

Trazabilidad y Salud Animal y Protección

de Alimentos.

Este componente apuntó al

fortalecimiento operativo e institucional de

la Dirección general de Servicios Ganaderos

de cara a la trazabilidad de la carne vacuna

al tiempo que buscaba generar un modelo

de co-gestión público-privado de atención

sanitaria.

80

En este componente, una de las

áreas de trabajo con productores/as fue la

sensibilización y capacitación sobre la

trazabilidad y la creación del SIRA (Sistema

de Identificación y Registro Animal). A su

vez se realizaron cursos de capacitación y

acreditación de operadores habilitados

para el manejo del sistema.

Adecuación y articulación de políticas para

el sector ganadero.

El último componente se destinó al

área de planificación de políticas públicas.

Bajo esta modalidad se buscó generar y

acercar información estratégica sobre el

sector ganadero a los tomadores de

decisiones y planificadores de políticas

sectoriales. En este sentido el trabajo se

realizó en estrecho vínculo con OPYPA.

c.c El Proyecto Uruguay Rural

El Proyecto Uruguay Rural (en

adelante PUR) surge a partir de 2001 a

través de un convenio firmado con el

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

(FIDA). El PUR funciona hasta 2011 pero

cuenta con una reformulación en el año

2005.

El PUR, a partir de 2005, trabaja

sobre el concepto de desarrollo rural y

sobre la posibilidad de modificar y cambiar

las determinantes estructurales que

causan, principalmente, la pobreza rural.

En este sentido el proyecto se planteó dos

grandes estrategias de acción: “1.

Promover la organización de los sectores

social y económicamente más postergados

del medio rural. 2. Mejorar su inserción en

las cadenas de valor con precios justos,

como estrategia de comercialización de sus

productos.” El objetivo general del

proyecto fue “Reducir la pobreza rural,

mediante la mejora de los ingresos de los

hogares rurales pobres y de su calidad de

vida, priorizando acciones y actividades en

las áreas de mayor concentración de

pobreza.”

81

Objetivos específicos PUR

• Fortalecer las instituciones

del sector agropecuario en el

ámbito central y local, para

asegurar la sostenibilidad de

las acciones y de las políticas

de desarrollo rural, y fortalecer

las organizaciones locales de

los destinatarios para asegurar

su participación.

• Asegurar y mejorar, en forma

sostenible, el acceso a los

servicios de apoyo a la

producción por parte de los

pequeños productores y las

pymes rurales.

• Mejorar el acceso de los

pequeños productores y pymes

rurales a los servicios

financieros.

• Contribuir al fortalecimiento

de un mecanismo institucional

de coordinación de las políticas

y proyectos de desarrollo rural.

• Contribuir, por medio del

sistema de monitoreo y

evaluación, a acelerar los

procesos de aprendizaje e

innovación en materia de

desarrollo rural.

Los destinatarios del proyecto eran

pobladores/as rurales; esto es familias,

asalariados/as, productores/as. “El

Proyecto previó beneficiar directamente a

10.000 familias de pequeños productores y

asalariados o ex asalariados (hombres,

mujeres y jóvenes) cuyos ingresos se sitúen

bajo la línea de la pobreza.” (Informe PUR;

2011: 69) En este sentido el espectro de

población del proyecto era

extremadamente amplio, en ese sentido la

llegada del PUR al territorio se dio a través

de organizaciones rurales ya existentes o a

través del apoyo a su generación.

Cuatro fueron los componentes del

proyecto: a) Desarrollo Institucional y

Participación; b) Servicios de Apoyo a la

Producción; c) Servicios Financieros

Rurales; d) Coordinación y Administración.

Desarrollo Institucional y Participación.

Este componente trabajó sobre la

institucionalidad relacionada al desarrollo

rural, en este sentido se planteó objetivos

a la interna del MGAP, principalmente en la

articulación, y por otra parte tuvo como

cometido el fortalecimiento y apoyo a las

organizaciones de base y la creación de las

Mesas de Desarrollo Rural.

Servicios de Apoyo a la Producción.

El segundo componente operó a

través de servicios de asistencia técnica

predial y a través del fortalecimiento del

trabajo grupal. Al mismo tiempo se fijó

metas en cuanto a la capacitación y

82

formación de la población rural más

vulnerable.

Por otra parte estableció un área

de trabajo en promoción y ampliación de

los servicios de asistencia técnica públicos

y privados. Finalmente una de las

herramientas fue la creación de fondos de

microcapitalización destinados a los

productores/as más pobre que no tenían

acceso a la banca formal.

Una de las principales

herramientas puestas a disposición de las

organizaciones fueron las Inversiones

Estratégicas. A través de estas las

organizaciones podían acceder a bienes de

capital (por ejemplo maquinaria agrícola) a

los cuales no tendrían acceso en

condiciones normales del mercado.

Servicios Financieros Rurales.

Este componente buscó

institucionalizar un sistema de finanzas

rurales de fácil acceso a la población

objetivo del proyecto. Para ello se creó,

además de las microcapitalziaciones, la

herramienta de microcréditos la cual se

gestionó en conjunto con FUNDASOL.

Junto con ello se creó un Fondo de

Reserva, un Fondo de Crédito y un Fondo

de Garantía.

Coordinación y Administración.

El último componente refiere a la

ejecución, coordinación y seguimiento del

proyecto. Para ello contó con una

dirección, una gerencia de apoyo a la

producción y desarrollo rural, una gerencia

financiera, una unidad de evaluación y

seguimiento, y una unidad de

comunicación.

En líneas generales el PUR trabajó a

través de la creación de herramientas

financieras y a través de la creación de

convenios de trabajo con la o

organizaciones. Estos convenios contaban

con el apoyo, por parte del PUR, de

financiación de asistencia técnica

permanente en el área agraria y social.

Estos convenios fueron co-gestionados

entre el PUR y las organizaciones siendo

éstas últimas quienes gestionaban los

fondos.

Microcréditos.

El Programa de Microcrédito Rural

consistió en una de las herramientas

utilizadas por el Proyecto Uruguay Rural

(PUR). Con esta herramienta se buscó

llegar a aquella población que en

condiciones normales no tiene acceso a los

créditos formales sean estos bancarios, de

cooperativas, entre otras instituciones. La

visión del Microcrédito se enmarca en la

83

Hasta el año 2010, 7109

personas habían accedido a

microcréditos rurales de las

cuales un 47% son mujeres.

presentada por las microfinanzas, en este

sentido busca llegar a una población

excluida proporcionándole la posibilidad de

acceder a créditos “blandos”, y al mismo

tiempo fomenta la organización de base

local a través de la promoción de prácticas

basadas en las de confianza y reciprocidad.

Operativamente el Microcrédito

Rural funcionó a través del PUR en

convenio con FUNDASOL17 y con el trabajo

de los Comité de Crédito locales. El

programa prevé tres modalidades de

préstamos los cuales cuentan con un

monto diferencial (productivo, vivienda,

libre disponiblidad); estas modalidades

prevén los fines productivos y domésticos

que puedan darle las personas al dinero. En

cada territorio es el Comité de Crédito

Local quien define cuál es su zona de

influencia y es este también encargado de

seleccionar, otorgar y controlar el

préstamo.

17 FUNDASOL es una asociación civil sin fines de

lucro que opera desde el año 1979. Está integrada por instituciones del sector social de la economía: Central Lanera Uruguaya, Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, y Manos del Uruguay.

Actualmente existen 131 Comité

de Crédito ubicados en 9 departamentos

del país. Accedieron a créditos unas 7109

personas de las cuales unas 3340 fueron

mujeres, aproximadamente un 47%. Un

número similar de mujeres puede

encontrarse en la participación en los

Comité de Créditos donde de las 550

personas que los integraron un 42% fueron

mujeres.

Fuente: PUR-MGAP. 2011

El Programa de Microcrédito Rural

no contó dentro de sus objetivos con una

priorización hacia la población de mujeres

rurales sin embargo implícitamente, y a

84

El total de microcréditos

otorgados fue de 10.661 de los

cuales las mujeres accedieron a

un 46,5%.

través de las modalidades en que consistía

la herramienta, logró alcanzar a la

población femenina en gran proporción.

No obstante el acceso a la herramienta se

dio en cuestiones vinculadas al rol

tradicional de la mujer reproductora, esto

es: con fines domésticos. Si bien algunas

mujeres accedieron a microcréditos

productivos, según surge en las entrevistas

y como se detalla en secciones posteriores,

la división a la interna del hogar implicaba

las más de las veces que el varón tomaba el

crédito productivo y la mujer el crédito

doméstico.

d. Algunas primeras ideas.

Se pudo observar que de las

distintas herramientas analizadas

solamente las del MGAP tienen como

población objetivo a las personas que

habitan en el medio rural. No obstante

puede apreciarse que ni éstas ni las otras

cuentan con un componente que haga

visible la dimensión de género y que por

tanto están destinadas tanto a hombres

como mujeres. La excepción es el llamado

de DINAPYME “Mujeres empresarias 8M”.

En este contexto el análisis de

cómo llegan las herramientas hacia las

mujeres de la agricultura familiar debe

acotarse a aquellas herramientas que

funcionaron en la órbita del MGAP, y si

bien se analiza al “financiamiento” como

herramienta general, los principales

insumos surgen de aquellos programas que

aterrizaron en el medio rural.

85

“El varón siempre es él que

tiene. Porque nosotras mujeres

para tener tierra solo por una

herencia.” (Taller mujeres

rurales)

e. Las herramientas del MGAP.

Las apreciaciones de las mujeres

rurales sobre las herramientas de

financiamiento que existieron hasta el año

2010 tiene un componente de sesgo claro

en cuanto a que algunas mujeres

accedieron a dichas herramientas y otras

no llegaron siquiera a escuchar sobre ellas.

Por otra parte y en un nivel más general y

abstracto, la valorización de las

herramientas depende del vínculo con la

actividad productiva. De este modo se

presentarán dos niveles de análisis, uno

que refiere a las herramientas concretas

que llegaron al medio rural y otro nivel que

refiere a las herramientas de

financiamiento en términos generales.

e.a Una evaluación sobre lo hecho.

Como se dijo con anterioridad, los

programas y las herramientas que llegaron

a la población rural fueron aquellas

implementadas desde el Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca. Estas

herramientas tenían una población

objetivo y una modalidad de ejecución

distintas según fuera el programa en el cual

se incluía. Por esta razón las apreciaciones

sobre “el financiamiento” no son

homogéneas y dependen, en algunos

casos, de elementos externos al

financiamiento en sí.

El caso de las herramientas de

financiamiento de PPR y PG tiene una

población concreta y los fines del dinero

también son my claros: productores/as y

fines productivos. Esta característica,

pensando en la posibilidad de acceso a las

mujeres, implicó que podían acceder a ella

aquellas mujeres que figuraban como

productoras en algún rubro o que tenían

un número de DI.CO.SE en el caso del PG.

En este sentido existió una brecha clara

entre varones y mujeres puesto que

quienes figuran generalmente como

titulares de la explotación o empresa son

los varones. Esto puede notarse

claramente en los porcentajes de acceso a

PPR y PG por parte de mujeres, apenas un

21%.

No obstante esto y si se atiende a

quienes sí pudieron acceder, las

entrevistadas consideran que la

herramienta es útil y que les sirvió, y a su

vez que no encuentran diferencias entre

varones y mujeres. El éxito o fracaso de la

herramienta no lo ven por el lado del sexo

86

“Viste eso es lo que yo te

decía, muchas de acá mujeres,

a veces los maridos trabajan.

Las mujeres a veces trabajan

pero no ganan sueldo.

Entonces eso dificulta, si no

tenés un sueldo fijo y no tenés

cómo pagar. Podrás querer

sacar pero si tienen miedo de

que no puedan pagar o algo,

no sacan.” (Taller mujeres

rurales)

ni por una brecha de género sino que lo

relacionan con cuestiones que refieren a

los requisitos de los llamados y al tipo de

Asistencia Técnica.

Por otro lado aquellas mujeres que

no accedieron a este tipo de

financiamiento, siendo productoras,

encuentran explicaciones que refieren a la

división sexual del trabajo, a la escasez de

recursos -puesto que los proyectos

implican una contraparte-, y a la escasa

información.

Una experiencia distinta

encontramos con los Microcréditos rurales;

con esta herramienta las mujeres

accedieron en un porcentaje mucho más

alto: un 47%. Las razones no pueden

citarse con certeza pero algunas de ellas

refieren a los requisitos, al monto y a los

fines. Las mujeres que generalmente no

figuran como productoras, que no tienen

un ingreso fijo y por lo tanto no cuentan

con una “banca” para el pago de créditos

se sintieron más cómodas en retirar un

microcrédito de $12.000 que presentar un

proyecto de US$ 4.000. A su vez muchas de

ellas utilizaron esta herramienta con fines

domésticos, incluso cuando el varón y la

mujer accedían a un microcrédito el

primero lo destinaba a la producción y la

segunda al hogar.

Otra de las limitantes claras en el

acceso a estas herramientas, sino la

principal, refiere a otra desigualdad

existente en el medio rural: la titularidad

de la explotación y de la tierra. Uno de los

principales problemas que observan las

mujeres es que al no tener tierra, no tener

animales, al figurar como colaboradoras en

la empresa familiar, no cuentan con un

respaldo que les permita “meterse” en un

crédito. Junto con eso el no tener acceso a

crédito no les permite aventurarse como

productoras. Esta problemática cuenta con

una impronta cultural muy arraigada y muy

fuerte en la cual varones y mujeres

entiende que el que sabe es el hombre, el

que trabaja la tierra es el hombre, y de ahí

sus consecuencias.

En este sentido la evaluación de los

programas del MGAP desde la visión de las

mujeres depende, en última instancia, de la

característica de la mujer. Esto porque en

un primer lugar la mujer productora que

figura como tal y que es titular de la

explotación tuvo chances ciertas de

87

“El que no tiene nada y a veces

ese ta, tendrá las mejores

intenciones, pero no puede. No

tiene respaldo de nada.”

(Entrevista productora)

acceder a este tipo de herramientas. El

problema es que en realidad el número de

mujeres que figuran como titulares de las

explotaciones es menor, incluso en

aquellas que son titulares de la tierra.

Con esto se quiere señalar que, si

bien no es la única solución al problema del

acceso a financiamiento, es prioritario

atender al rol de la mujer dentro de la

empresa familiar. Las mujeres dueñas de la

tierra y las mujeres titulares de las

explotaciones son menos vulnerables a

sufrir desigualdades en el acceso a

financiamiento. Sin embargo aquellas

mujeres que sufren de una división sexual

del trabajo de corte machista, ya sea a la

interna del hogar o desde las políticas

públicas, poco opinan sobre este tipo de

herramienta “productivas” pues

consideran que no son para ellas.

e.b La visión sobre el financiamiento.

Indagar sobre la utilidad de una

herramienta de financiamiento rural, sea

esta con fines productivos o domésticos,

implica romper un poco con las repuestas

inmediatas del “sí, claro.” Sobre todo en

una población postergada como lo es la

mujer rural. No obstante esta premisa y

presupuesto la indagación mostró que las

mujeres rurales ven al financiamiento

como algo necesario pero de una manera

muy cauta. Esto es que ellas consideran

que el acceso a créditos y subsidios es

necesario para crecer, para independizarse,

para acceder a bienes y servicios que en

condiciones normales no acceden; pero

también consideran que la oferta de dinero

no es elemento suficiente.

Esto por razones que tiene que ver

principalmente con la brecha existente en

la distribución de los recursos productivos

y por el rol y la inserción de la mujer como

productora dejando de lado su tradicional

rol de reproductora.

Acceder a un crédito implica la

proyección de poder devolverlo, cuestión

que depende de las condiciones y el

contexto en el que se mueve la mujer rural.

Si se retoman las afirmaciones anteriores

debe pensarse que las posibilidades de

devolver un crédito de una persona que no

tiene un ingreso fijo y que no tiene

recursos productivos son bajas. En este

esquema las ventajas de acceder a

financiamiento son bajas tanto para

varones como para mujeres. Nuevamente

se desprende que el principal problema es

en tener un acceso equitativo a los

recursos productivos; una mujer con tierra

88

“En muchos proyectos tanto

hombres como mujeres les

costaba participar porque no

eran proyectos para pequeños

productores; para las mujeres

que de repente no pueden

tomar las decisiones, menos.

Porque en todos tienen que

poner mucha plata, mucha

plata ¿no?, tenés que poner

una contraparte muy grande.”

(Técnico agrario)

o con animales o que es titular de la

explotación enfrenta otro tipo de

problemas, problemas que una mujer sin

nada no los tiene pues no se los plantea.

Por otra parte las mujeres no

logran romper con la división sexual del

trabajo y aún siendo productoras

mantienen la visión de que es el varón el

“productor”. De este modo no se plantean

acceder a financiamiento para sus animales

(muy pocos generalmente) y cuando

acceden lo hacen pensando en la

explotación familiar. De este modo el varón

invierte en sus animales y la mujer

también.

La indagación realizada con

técnicos y técnicas nutre a este trabajo de

elementos distintos a los obtenidos desde

las mujeres rurales. Uno de los elementos

en los cuales existe coincidencia es en que

la mujer que es titular de la explotación y

que toma las decisiones no queda excluida

por ser mujer; sin embargo son éstas las

menos. El principal problema detectado en

las entrevistas es el rol de la mujer en la

empresa familiar; ésta es generalmente

excluida de la toma de decisiones y por tal

motivo no se siente atraída por presentar

proyectos productivos y por lo tanto no le

interesa acceder a financiamiento. Por otra

parte se entiende que la lógica de

proyectos como vía de financiamiento

juega también un rol importante en la

brecha pues con escaso tiempo para

formular los proyectos los técnicos y

técnicas tienden a invitar a aquellos

productores más cercanos, que tienen todo

en regla, que tienen dinero par la

contraparte. De este modo los más

pequeños quedan por fuera, y por sobre

todo, quedan por fuera las mujeres que

generalmente no presentan y que dadas

las condiciones de requisitos y el tiempo,

los técnicos y técnicas toman las decisiones

sin consulta o, por otra parte, asumen que

no pueden dedicarles el tiempo necesario

para integrarlas en este tipo de

herramientas. Quizás por este motivo

pueda entenderse los porcentajes disímiles

entre los planes PPR y PG con los

Microcréditos siendo que en estos últimos

no se necesitaba asistencia técnica para

acceder a ellos.

89

“Servir sirve pero…tiene que

ser algo de plata enseguida

porque si hay que ya pagar… Al

mes o a los seis meses, o todos

los meses. No es muy fácil me

parece a mí para el que no

tiene nada de nada.” (Taller

mujeres rurales)

“Hay necesidades distintas por

cómo se da la organización del

trabajo, que el hombre es

quien comanda la Agricultura

Familiar, que casi siempre es

quien toma las decisiones

respecto al campo, si bien la

mujer ha participado

muchísimo del trabajo en el

campo, no solamente en el

hogar, y pienso que existe esa

desigualad a la interna.”

(Técnica social)

El caso de las mujeres que no son

productoras, por ejemplo son trabajadoras

domésticas y sus parejas peones, o son

mujeres solas jefas de hogar, muestran

dificultades en imaginar un fin productivo

al financiamiento. ¿Qué podría hacerse de

productivo que no implique acceso a

tierra? Según ellas: muy poco.

Si bien existen y ellas conocen

experiencias de trabajos de elaboración de

alimentos, confección de vestimenta, entre

otros, les dificulta pensar en que solicitan

un crédito y lo pueden devolver,

principalmente, por dificultades en la

comercialización.

Este problema de comercialización,

el cual se profundiza en el norte del país

por la baja densidad de población, es una

constante en el emprendedurismo de las

mujeres pues construir una empresa que

elabora productos de difícil colocación en

el mercado puede ser eficiente en el marco

de que las mujeres tengan otro ingreso o

dependan del ingreso de otra persona del

hogar; pero como estrategia de

independencia, de tener sus propios

recursos, de poder tomar decisiones sobre

su vida sin pensar en que si le va mal

depende de la pareja; esta situación no es

eficiente, y no es una estrategia de

emancipación, y sobre todo no reduce las

desigualdades de género. Las

desigualdades se reducen cuando la mujer

puede, al igual que el varón, vivir de una

explotación agropecuaria sea esta

ganadera, hortícola, agrícola u otro rubro,

pues son estos los tipos de

emprendimientos que logran insertarse en

las cadenas de valor.

90

“Yo creo que presentan menos

proyectos las mujeres no

porque no se animen o ese

tipo de cosas sino porque no

son quienes generalmente

tienen la explotación a

nombre de ella o los animales.

En el caso que los tienen las

mujeres participan.” (Técnico

agrario)

e.c La modalidad de proyectos.

Uno de los temas recurrentes en el

trabajo de relevamiento fue la modalidad

en que se otorgan financiamientos,

principalmente los de fines productivos.

Esta modalidad, la cual es un tanto

homogénea, sigue una lógica de proyectos.

Esta lógica implica que se realiza un

llamado por un período determinado, que

se debe presentar un proyecto, que este

debe ser presentado por un técnico o una

técnica, que el financiamiento es parcial,

que debe existir una contraparte, entre

otras características. Esta lógica es

homogénea entre programas y a su vez es

homogénea hacia la población destinataria.

Desde este punto de vistas surgen de las

entrevistas elementos que cuestionan esta

modalidad.

Desde la visión de los técnicos se

entiende que los plazos dados para la

formulación de proyectos no es adecuada y

que muchas veces optan por formularles a

aquellos productores que tienen mayores

facilidades para esta etapa.

Desde las mujeres se rescata que

los requisitos administrativos son muchas

veces complejos y discriminatorios puesto

que el que menos tiene, en este caso las

mujeres, son las que menos pueden

acceder.

Conjuntamente con este detalle de

la lógica de proyectos existe un

componente que acompaña y que puede

resultar inhibidor. Una de las hipótesis que

se manejaron es que cuando se realizan

llamados a proyectos los equipos técnicos,

generalmente, convocan a reuniones para

informarles. En estas reuniones acuden

pocas mujeres quizás porque se inhiben

por pensar que es una cosa de hombres, o

que no va a ir otra mujer, entre otras. Dada

la lógica de los tiempos de los proyectos

sucede que quien no va a las reuniones

generalmente queda por fuera.

En este esquema se consultó a los

técnicos y técnicas sobre la posibilidad de

generar líneas de financiamiento que

tuvieran por objetivo a la población

femenina, las respuestas redundan en los

puntos anteriores. Se entiende que hacer

un llamado sólo para mujeres habilita a

que muchas que no se presentan en

condiciones normales lo hagan pero no

asegura que se reduzca la desigualdad,

esto porque presumen que la mujer

91

La población rural no es

entendida como población de

interés particular. No obstante

se reconoce la dificultad de

llegar a la misma y la necesidad

de coordinar y articular entre

las distintas instituciones.

figuraría como titular pero que el proyecto

lo llevaría adelante el varón. Se daría la

misma situación en que las mujeres son

titulares de la tierra pero las manejan los

varones sean estos pareja, hijos, hermanos,

etc.

En términos generales la visión de

los técnicos y técnicas, sean sociales o del

área agraria, concuerdan en que los

problemas de acceso a financiamiento por

parte de las mujeres son principalmente

dos: en primer lugar la desigualdad en el

acceso a recursos productivos (tierra,

animales), y en segundo lugar la lógica de

proyectos que lleva a que los técnicos y

técnicas busquen a los productores de más

fácil acceso y los que pueden cumplir los

requisitos de manera más fácil y rápida.

Por su parte las mujeres

consultadas plantean que esta modalidad

resulta ser las más de las veces un

inhibidor más que una oferta atractiva.

Muchas mujeres no cuentan, como se dijo,

con bienes que le permitan pensar un

proyecto productivo, muchas no cuentan

con asistencia técnica para que las ayude a

formular los proyectos, muchas no tienen

el “training” y por lo tanto no tienen los

papeles a mano, las declaraciones, etc.

Todo esto lleva a que ellas no vean

atractivos los llamados a proyectos y a su

vez lleva a que los técnicos y las técnicas no

vean a esta población como atractiva para

sus formulaciones.

f. Visión institucional.

Otro de los ejes que se analizó y

relevó consistió en conocer la visión

institucional (de las instituciones y

programas señalados al inicio del presente

capítulo) sobre el acceso a financiamiento

por parte de la mujer rural. Como se anotó

en la descripción inicial la única institución

que contempla directamente a la población

rural es el MGAP no obstante las

herramientas y programas de las otras

instituciones son abiertas y pueden,

mediante una coordinación, llegar a esta

población.

El Ministerio de Desarrollo Social

cuenta con algunas experiencias de trabajo

con mujeres rurales a través del

INMUJERES en convenio con FAO, y

también la coordinación de INMUJERES con

la Dirección Nacional de Economía Social.

Las otras instituciones tienen lineamientos

estratégicos demasiado amplios como para

enfocarse en una población concreta como

lo es la mujer rural, sin embargo pueden

llegar a través de DINAPYME en el caso del

92

En el Microcrédito Rural el

porcentaje de mujeres

asciende a un 47%.

En la herramienta Fondos

Rotatorios llevada adelante

por el PUR el porcentaje de

beneficiarias alcanza a un 19%

MIEM, como también los Fondos de

Inversión Productiva del MTSS. Este último

incluso ha generado recientemente una

Unidad de Género y una Unidad de Empleo

Rural por lo que se apunta a considerar dos

poblaciones específicas que hacen a la

agricultura familiar.

En cualquier caso la oportunidad

de coordinar estrategias de intervención y

políticas públicas hacia la mujer rural está

sobre la mesa y depende de un trabajo

fuerte de articulación entre instituciones.

Quizás el trabajo primero sea difundir y

acercar las herramientas existentes aunque

no sean dirigidas solamente hacia mujeres

rurales.

En lo que refiere a los programas

del MGAP la cuestión es distinta pues esta

institución tiene dentro de su población

objetivo a los habitantes del medio rural.

De igual modo la visión a futuro sobre

políticas de género debe enmarcarse en la

restructuración de los programas y sobre

todo con el nuevo marco de la Dirección

General de Desarrollo Rural (DGDR).

Una de las opciones detectadas en

las entrevistas fue la de incluir una

ponderación favorable a aquellos

proyectos que integren mujeres. La DGDR

cuenta con distintas fondos de

financiamiento los cuales tienen como

destino, entre otros, la financiación de

planes productivos, de negocios, de

gestión, etc. En este marco la DGDR ha

tomado la decisión, al menos en algunos

de los llamados, de favorecer a aquellos

planes que sean colectivos y que integren a

mujeres y jóvenes.

De igual modo, y según las

herramientas analizadas, existe una claro

sesgo en lo que refiere a lo productivo.

Aquellas herramientas que apuntaron a la

producción agropecuaria, agrícola, etc.,

tuvieron una llegada muy clara en los

varones alcanzado porcentajes que rondan

el 80%, mientras que las mujeres, por

tanto, se vieron rezagadas. El único

programa que logró un nivel parejo de

acceso fue Microcrédito en el cual las

mujeres accedieron prácticamente a la

mitad de los microcréditos otorgados.

93

Los programas estrictamente

productivos y que otorgaban el

mayor monto de dinero

llegaron a un porcentaje muy

bajo de mujeres: 21%. Estos son

PPR y PG.

De los 10.661 microcréditos

otorgados un 68% fueron

créditos productivos. De éstos

un 61% fue captado por

varones.

De este modo puede verse que la

distribución de las herramientas de

financiamiento acompaña la distribución

de roles en cuanto a lo doméstico y a lo

productivo puesto que aquellos fondos que

tienen por objetivo lo productivo-

agropecuario son captados por los varones

y que los fondos pequeños y que tienen

fines domésticos son captados por las

mujeres. En este contexto se observa que

los programas y la visión institucional de la

agricultura familiar desconoce las

inequidades de género a la interna de las

familias y asume que pensar en agricultura

familiar es pensar en una unidad

homogénea en la cual todos sus

integrantes tienen las mismas posibilidades

de acceder a programas de financiamiento;

esto es que si un hogar accede a un

programa todos sus miembros son

beneficiarios. No obstante el relevamiento

da cuenta de que las familias cuentan con

una fuerte división sexual del trabajo y que

desconocer tal elemento implica

desconocer y relegar a la mujer rural.

Al analizar en profundidad los

Microcréditos a los que accedieron las

mujeres se observa que un 42% de ellas

accedieron a fondos con fines productivos,

de este modo debería tirarse por bajo

cualquier hipótesis que plantee que las

mujeres sólo se ocupan de lo doméstico y

que no les interesa la producción; incluso

al observar que los varones que destinaron

sus Microcréditos a lo productivo fueron

un 30% del total. No obstante estos

números no rompen con el 21% de los

programa netamente productivos por lo

que puede pensarse que la diferencia

radica en el monto de los fondos, en los

requisitos y en la significatividad de fondo

en la explotación, esto es que las grandes

inversiones en los predios y que por lo

tanto son las que pueden marcar la

diferencia en la producción están en la

órbita de los varones mientras que las

pequeñas inversiones de “escasa”

significatividad (una vaca lechera, dos

borregas, chanchos, gallinas, cercas)

pueden quedar liberadas a las mujeres.

94

Microcréditos

- Créditos otorgados: 10.661

Crédito productivo:

7282

61% varones, 39% mujeres.

Crédito libre disponibilidad:

331

62% mujeres 38% varones

- Créditos captados por mujeres: 4958

57% productivo.

42% libre disponibilidad

Al analizar el tipo de crédito

pedido, un dato distinto al destino que se

la va a dar al crédito, se observa que del

total de créditos solicitados por varones,

un 57% fueron créditos productivos,

mientras que en las mujeres este

porcentaje asciende a un 77%.

En suma, en relación al

financiamiento:

Las instituciones públicas que cuentan con fondos de financiamiento hacia el medio rural son aquellos programas en la órbita del MGAP.

El acceso de las mujeres a las herramientas de financiamiento productivo estuvo sesgada por su relación con la titularidad de la explotación.

La problemática identificada por las mujeres es la inexistencia de un respaldo que les permita endeudarse o invertir.

La lógica de proyectos utilizada como vía para el financiamiento cuenta con características que resultan ser obstáculos hacia la mujer.

95

Capítulo VIII

Estrategias para revisar la llegada al medio rural

de las políticas públicas desde una mirada de

género.

a. Estrategias para revisar la llegada al medio rural de las

políticas públicas desde una mirada de género.

b. Planificación estratégica de género.

c. Planificación estratégica de género.

d. Planificación estratégica de género.

e. Planificación estratégica de género.

f. La lógica de proyectos.

g. La formación.

h. Redistribución y reconocimiento.

96

a. Estrategias para revisar la llegada

al medio rural de las políticas

públicas desde una mirada de

género.

Los capítulos precedentes

ofrecieron dieron cuenta por un lado de un

primer acercamiento teórico a la

desigualdad de género en la agricultura

familiar, y por otro de las manifestaciones

concretas de esta desigualdad en el marco

de la implementación de programas de

asistencia técnica y financiamiento entre

los años 2005 y 2010. El presente capítulo

se orienta a utilizar estas experiencias y el

conocimiento acumulado dentro de las

tradiciones teóricas feministas de la

planificación para hacer sugerencias que

permitan al mismo tiempo cumplir con los

objetivos específicos de cada programa,

asistiendo al mismo tiempo a revertir las

desigualdades de género, empoderando a

las mujeres y construyendo equidad.

b. Planificación estratégica de género.

b.a Definir previamente la política.

El punto de partida de estas

recomendaciones es el supuesto de que se

ha demostrado suficientemente en la

empiria y en la teoría que, cuando los

programas no tienen una mirada de

género, por defecto reproducen las

desigualdades existentes en el medio. En

consecuencia en un medio como el rural,

donde el sistema de género es

fuertemente machista, los programas que

arriban reproducen las pautas de

desigualdad que benefician a los hombres

frente a las mujeres. De esta forma, una

llegada del estado “ciega” al género se

traduce en una captación de recursos

públicos por parte de los hombres que

profundiza la subordinación de la mujer en

el medio rural. Es por ello que el punto de

partida de estas recomendaciones es que

existe voluntad política y técnica de

desarrollar acciones específicas para el

medio rural que sean sensibles al género.

Es necesario definir y

planificar el trabajo sobre la

desigualdad de género. El

enfoque MED aporta políticas

específicas hacia la mujer. El

enfoque GED reivindica el

trabajo transversal de género

en todas las políticas. Se

considera que la radicalidad

del sistema sexo/género en el

medio rural uruguayo

requiere de la combinación de

estrategias, focalizadas y

transversales.

97

En consecuencia, la primera

recomendación es que el estado debe

planificar acciones que apunten a la

igualdad de género en el medio rural.

Como se ha visto ya, no todas las acciones

relacionadas a las mujeres resultan en

beneficios para éstas ni revisan las

relaciones de género. Como ya se ha visto

una titulación sin el debido

acompañamiento puede llevar a que las

mujeres figuren pero los hombres

ejecuten, asimismo, políticas de

financiamiento y proyectos que requieren

respaldos y garantías fuera del alcance

femenino refuerzan las brechas existentes

entres clases sin mejorar las condiciones de

las mujeres en general. Finalmente, las

orientaciones productivas y financieras que

desconocen el papel de productoras de las

mujeres se acercan a éstas reforzando la

división entre lo doméstico y lo público, y

ubica a las mujeres fuera de las cadenas de

valor “reales” de la producción

agropecuaria.

En este sentido, dos elementos

resultan claves. El primero es evitar el

diseño de políticas ad hoc que intenten

compensar con un menor presupuesto un

sistema de género que se ve reforzado por

todo el restante paquete de políticas

públicas. Se considera que en el contexto

del medio rural uruguayo, donde se

encuentra radicalizado el sistema

sexo/género, las políticas con perspectiva

de género deben tomar dos caminos. Por

una parte tomar los aprendizajes de las

estrategias de políticas de Mujeres en

Desarrollo (MED) y desarrollar políticas

específicas para el abordaje de las

condiciones de la mujer. En este sentido se

considera necesaria la existencia de

políticas cuyas destinatarias sean las

mujeres permitiendo tanto a las mujeres

como a los varones y los/as técnicos/as

comprender que son las mujeres el público

priorizado.

Por otra parte se debe

transversalizar el enfoque de género,

tomando las recomendaciones de las

políticas de Género en el Desarrollo (GED).

De esta forma se recomienda que las

políticas públicas para el medio rural

realicen un trabajo al interior para

considerar la llegada a la mujer y la forma

como la política concibe, implementa y

reproduce las relaciones entre varones y

mujeres en relación a ese recurso público

específico.

Asimismo, debe entenderse que

planificar políticas con perspectiva de

género implica prever la mirada de género

en la política, estipular los objetivos, metas

y resultados esperados, y enumerar o

estipular las acciones que acompañan

dichos objetivos. En consecuencia,

planificar estratégicamente políticas

sensibles al género y específicas de género

supone que la política pública tiene entre

98

sus resultados esperados el trabajo en

género y este no queda libre a la

autonomía de los/las técnicos/as ni a la

interpretación personal de los/las

mismos/as sobre las relaciones de género y

las formas que las acciones deben tomar.

c. Planificación estratégica de género.

c.a Construir líneas de base. Conocer para

planificar.

A partir de la asunción de que es

necesario planificar políticas de género, un

primer elemento que debe tenerse

presente es el de buscar estructurar

programas con capacidad de revertir las

desigualdades de género, puntualmente se

recomienda la perspectiva de la

planificación estratégica de género (PEG).

Esta vertiente de la planificación es

reconocida como una escuela propia

dentro de la planificación hacia el

desarrollo y las políticas públicas, y cuenta

con algunos bastiones que resultan

fundamentales para re pensar las acciones

desarrolladas desde el estado uruguayo en

el período 2005 – 2010.

En primer lugar, la PEG adapta el

postulado clásico de la planificación de que

es necesario contar con un punto de

partida para poder dar cuenta de las

diferencias e impactos que tienen las

políticas. De esta manera una propuesta de

política pública con perspectiva de género

debe de partir de un conocimiento y

medición de una línea de base en relación

específica a las condiciones de vida de

mujeres y varones. Esta línea de base debe

cubrir al menos dos aspectos, a saber, las

principales diferencias entre varones y

mujeres, y los aspectos específicos a los

que el programa apunta. En consecuencia

resulta trascendente contar con una

caracterización primaria de los/las

pobladores/as rurales y productores/as e

identificar sus principales diferencias.

Asimismo, en relación a los programas a

implementar es necesario conocer las

diferencias entre varones y mujeres en el

ámbito específico de actuación de los

objetivos del programa. Este primer

diagnóstico permite dar respuestas a

interrogantes que necesariamente deben

ser previas a la implementación de las

políticas, interrogantes del tipo: ¿las

mujeres se enterarán?, ¿tendrán las

condiciones formales para acceder?,

¿contarán con las capacidades para

acceder más allá de las condiciones

formales?, ¿se animarán?, ¿el acceso será

real o formal?

De cara a la planificación de los programas

y en particular a su implementación, contar

con un diagnóstico previo permite poner

estas interrogantes anteriores en términos

de lo que sigue, resultando obvio con ese

99

nivel de conocimiento que la respuesta es

negativa.

*Si las mujeres no asisten a las reuniones

de SFR y vehiculizo por allí las políticas ¿se

enterarán?

*Si los préstamos y proyectos requieren de

garantías y las mujeres no cuentan con

recibos de sueldo ni títulos de la tierra

¿tendrán las condiciones formales para

acceder?

*Si la asistencia técnica, en el apremio de

la postulación de proyectos, se concentra

en los referentes conocidos, y las familias

presentan como sus referentes “naturales”

a los hombres ¿tienen las mujeres

condiciones para acceder a los proyectos

más allá de lo formal?

*Si no existe un acompañamiento

permanente y continuo, donde la mujer

pueda depositar confianza para realizar un

emprendimiento propio pero no

necesariamente en solitario ¿se animarán?

* Si la idea de la producción familiar

implica un modelo patriarcal donde el

hombre es el referente e interlocutor para

los/las técnicos/as. Aún cuando la mujer

figure como titular, ¿el acceso será real o

formal?

A nivel práctico y en relación

específica a los objetivos de cada programa

resulta necesario obtener respuestas

previas a interrogantes del tipo: ¿cuántas

mujeres son titulares de ese tipo de

producciones?, ¿cuántas mujeres asisten y

participan de las SFR?, ¿cuántas mujeres

producen un determinado rubro?

La función del diagnóstico primario

y la construcción de la línea de base tienen

dos utilidades. La primera es conocer la

situación previa y revisar los supuestos de

éxito del programa para re pensar las

acciones relacionadas a su

implementación. La segunda es poder dar

efectivo cumplimiento a la tarea de valorar

los éxitos de los programas en relación a

las condiciones de las mujeres. Se entiende

que este es un paso altamente relevante

Para revertir la desigualdad

de género las políticas

públicas deben contar con

un conocimiento previo de

las desigualdades entre

hombres y mujeres en

relación a los objetivos

específicos de cada

programa y en relación a

otras variables no

directamente involucradas

pero que resultan

determinantes en el acceso

de las mujeres a los mismos.

100

en la planificación de políticas con

perspectiva de género.

No obstante su relevancia, no se

desconoce que múltiples programas no

cuentan con condiciones materiales y

logísticas para llevar adelante este

diagnóstico primario. En esos casos, y

como alternativa al ideal de la línea de

base, se propone un esfuerzo por sintetizar

la información existente ya en las distintas

evaluaciones, diagnósticos y censos a

efectos de construir una imagen general de

la situación y contar con indicadores proxy.

Una vez más la utilidad de este esfuerzo

radica en acercarse al contexto en el que se

inserta el programa y revisar los supuestos

de funcionamiento del mismo desde una

perspectiva de género.

d. Planificación estratégica de género.

d.a Generar información diferenciada.

A la necesidad de un diagnóstico

previo, en ocasiones difícil de llevar a cabo,

se adiciona la necesidad de generar

información sobre la implementación de

forma sistemática, con apertura por sexos

y con posibilidades de estar disponible. La

importancia de la información en torno a

quiénes reciben los planes de asistencia

técnica, inversión y crédito radica en la

posibilidad de identificar sesgos de género

en la implementación de los mismos. La no

disposición de esta información invisibiliza

la desigualdad de acceso formal y debilita

la argumentación al soportarla sobre

apreciaciones y estimaciones.

A nivel de las políticas públicas

analizadas en el período 2005 – 2010 dos

debilidades en este punto se hicieron

evidentes. En primer lugar la falta de

información sistemática, actualizada y

confiable a nivel de varios programas. En

segundo lugar, la ausencia de una

distinción de sexo entre los/las usuarios/as

en algunos casos por falta de información

registrada en otros casos por la

identificación a través de la empresa

familiar en lugar de los sujetos concretos

Es necesario generar

información confiable

mientras se implementan los

programas, esta debe

distinguir el sexo de los/las

usuarios/as y evitar incorporar

supuestos a través de la

unidad de registro, como los

registros a predios o a núcleos

familiares que presuponen la

igualdad entre los/as

miembros/as.

Sin registro de la

implementación no se puede

conocer si el propio programa

está generando desigualdad o

revirtiéndola, ni identificar

regiones donde la misma se

radicaliza.

101

–bajo el supuesto de homogeneidad de la

familia-.

Sin el debido registro no es posible

conocer el acceso desigual, menos aún

identificar zonas donde esta desigualdad se

profundiza y por ende requieren de un

trabajo mayor sobre las familias, las SFR y

los/las técnicos/as para su sensibilización a

la temática de género.

e. Planificación estratégica de género.

e.a Intereses estratégicos de género y

triple rol de las mujeres.

Desde el enfoque GED e

introducido dentro de la planificación

estratégica de género, surge la existencia

de dos categorías relevantes a incorporar

en una proyección de políticas públicas

hacia el medio rural, a saber, el triple rol de

las mujeres y los intereses estratégicos de

género.

La identificación de un triple rol de

las mujeres fue realizada por Moser (1993)

quien puso de manifiesto que a los trabajos

productivos y reproductivos ya descritos se

adicionaba en el caso de las mujeres un rol

comunitario importante. Este rol

comunitario, propio del ámbito público, es

desarrollado por las mujeres en la

búsqueda de conseguir estrategias

colectivas de bienestar para la familia y

frecuentemente como una extensión de su

rol de madres, señala la autora. El rol

comunitario de las mujeres, es

frecuentemente tan invisibilizado como el

productivo y cuenta con la misma ausencia

de poder y reconocimiento público.

La noción de intereses estratégicos

de género fue incorporada por Molyneux

(1985) al advertir sesgos en las políticas

que atendían las “necesidades de las

mujeres”. La autora sostiene que para

realizar políticas orientadas a la

emancipación de las mujeres, estas deben

focalizarse en la identificación de sus

intereses de género, tanto prácticos como

estratégicos. El primer aporte útil de la

autora es distinguir el término de intereses

de género de los de intereses de las

mujeres, al romper con ello con la falsa

homogeneidad de las mujeres como grupo.

Los intereses de género son los que las

mujeres tienen a partir de la posición que

ocupan en las relaciones de género, los

estratégicos buscan remover las

condiciones de desigualdad conquistando

una revisión de las bases que la

reproducen. Los intereses prácticos de

género responden a necesidades

inmediatas sin buscar una estrategia de

reversión del status quo y la búsqueda de

la emancipación. Las propuestas de

políticas públicas de GED deben atender a

ambos niveles de los intereses,

reconociendo que dado el triple rol de la

mujer la misma percibe como intereses

inmediatos problemáticas comunitarias o

102

familiares que no son privativas de la mujer

ni revisan las condiciones en las que se

ubica en relación al hombre. Por lo tanto la

política pública debe tener la capacidad de

ir más allá de los intereses inmediatos pero

sin dejar estos de lado. Resulta

imprescindible comprender que los

intereses estratégicos de género requieren

de una reflexión extra y son

frecuentemente elaborados en compañía

de técnicos/as y planificadores, mientras

los intereses prácticos son inmediatos y no

requieren generalmente mediaciones.

El análisis de los capítulos

precedentes ha mostrado cómo las

mujeres destinan sus tiempos de asistencia

técnica y los créditos a los que acceden a

intereses familiares y comunitarios,

postergando los intereses que revisan las

condiciones de desigualdad de género. La

inmediatez de las condiciones de vida de

las familias y las comunidades, rezagan la

reflexión sobre las causas que provocan

que esas condiciones se agudicen en las

mujeres. En consecuencia, las políticas

públicas deben contar con dos niveles de

trabajo, por una parte contemplar el

aspecto participativo que permite dar voz a

los/las usuarios en la identificación de

necesidades. El espacio específico para la

identificación de necesidades de parte de

las mujeres resulta un paso insalvable.

Por otra parte, y reconociendo las

dos categorías mencionadas, se debe

orientar a técnicos/as y planificar

programas que destinen recursos

específicos –humanos, materiales y

financieros- a los ámbitos familiares y

comunitarios, pero como espacios

diferentes de los ámbitos de trabajo para la

mujer. Resulta por lo tanto imprescindible

romper con el traspaso de recursos hacia la

mujer como estrategia de traspaso de

recursos a la familia y la comunidad. Se

considera en consecuencia recomendable

que la orientación de la política pública

distinga los ámbitos y objetivos de traspaso

de recursos.

Las mujeres ocupan roles en la

producción, la reproducción y

la vida comunitaria. Este triple

rol ha llevado a que en

múltiples ocasiones las

mujeres perciban necesidades

y capten recursos para

problemas familiares y

comunitarios. La política

pública debe reflexionar sobre

el lugar en que ubica a la

mujer, esta no puede ser un

canal para llegar a la

comunidad y la familia, sino

que debe contar con recursos

específicos para sus intereses,

mas allá de los recursos que se

destinen a la familia y

comunidad como

preocupación de todos/as sus

miembros/as.

103

Asimismo se entiende que el

enfoque interdisciplinario de los programas

puede y debería asistir a la identificación

de intereses estratégicos de género

provocando desde la mediación técnica un

proceso de reflexión no sólo en el ámbito

de la vida doméstica y comunitaria, sino y

principalmente en el ámbito productivo.

En la práctica la experiencia de los

créditos utilizados por las mujeres para la

atención de los niños o las reuniones y

acciones colectivas para la consecución de

una policlínica utiliza los recursos

destinados a la mujer como un bien

colectivo. Se entiende que resulta

necesario construir ámbitos distintivos y

apelar a la generación de créditos y

asistencias técnicas focalizadas en la

revisión de las pautas de género que

gestan la desigualdad. Ejemplos de ello son

préstamos productivo – agropecuarios sólo

para mujeres, proyectos productivos con

cuota de género y asistencias técnicas que

trabajen con las familias y las sociedades

de fomento el reconocimiento del rol

productivo de las mujeres.

f. La lógica de proyectos.

La distribución de fondos públicos

hacia la sociedad requiere de

determinados procedimientos y estatutos

que permitan la mayor claridad y

conformidad con tal acción. Es de este

modo que los Estados modernos han

integrado a sus lógicas de funcionamiento

la cultura meritocrática, la cual se ha

transformado de manera operativa en

llamados a concursos. Esta lógica aplica

para distintas áreas, entre ellas la

adjudicación de cargos públicos, la

adjudicación de subsidios, la adjudicación

de fondos, etc.

En lo que refiere a este trabajo de

consultoría se ha encomendado la

realización de un análisis de algunos

programas de financiamiento del cual se

podrían obtener algunas sugerencias hacia

su implementación. De este modo es que,

atendiendo a la lógica de llamados a

concursos por proyectos, se realizan las

siguientes anotaciones.

Sobremanera se entiende que el

mecanismo de llamado a proyectos para el

otorgamiento de fondos, principalmente

cuando éstos provienen de endeudamiento

externo y que cuentan hacia los/as

beneficiarios/as con un monto de subsidio,

es acertado. Empero tal afirmación debe

tomarse nota de algunas características de

esta modalidad que pueden, y de hecho

104

resultan ser, restrictivas hacia determinado

contingente poblacional.

Los llamados a proyectos

productivos son la principal herramienta

de financiamiento con que cuenta el

Estado de llegada a la población rural. Para

acceder al financiamiento la persona debe

presentarse a un concurso a través de la

formulación de un proyecto. Este proyecto,

dependiendo de los objetivos, será

analizado por distintos criterios de

elegibilidad: presentación en tiempo y

forma, estar registrado como productor

familiar, formar parte de un grupo, ser

eficiente, realizable, no exceder los montos

previstos, cumplir con el mínimo de

contraparte, entre otros. Estos criterios son

aplicables a todas las personas que estén

interesadas en acceder al financiamiento.

De los criterios señalados se

nombrarán tres que se presentan como

obstáculos más que como promotores: la

necesidad de asistencia técnica en la

formulación, el plazo, y los requisitos de

contraparte.

f.a Asistencia Técnica y los proyectos.

Se presentó en el análisis que el

requisito de la Asistencia Técnica para la

formulación de proyectos, y dadas las

condiciones en que funciona este servicio

en el medio rural, resulta ser una

constricción para las mujeres más que un

facilitador. Esto porque las mujeres que

sufren la división sexual del trabajo a la

interna de sus hogares no cuentan con

técnicos/as de referencia a los cuales

acudir cuando se presenta la ocasión. En

un segundo lugar porque las pautas

culturales sexistas dan cuenta de que los

llamados “productivos” no son de interés

para las mujeres y por tanto los/as

técnicos/as no ven en la población

femenina personas de interés a estos

llamados. Esto se traduce en que las más

de las veces las mujeres no acceden a la

información.

f.b El plazo.

De la mano de lo anterior debe

anotarse que estos llamados se realizan

con un plazo determinado en el cual los/as

técnicos/as deben difundir la información

del llamado, “convencer” a los/as

interesados/as, visitar el predio, armar el

proyecto, etc. Este plazo es relativamente

escaso si se pretende que se llegue a

aquella población históricamente

vulnerada, y por ella debe entenderse a la

pequeña producción (la más pequeña) y a

las mujeres.

f.c La contraparte.

En último lugar, y suponiendo que

se han salvado los dos problemas

anteriores, surge el inconveniente de la

contrapartida que deben aportar los/as

beneficiarios/as de los proyectos. La

dificultad vista en el acceso a créditos aquí

105

se intensifica. Si las mujeres, al no tener

bienes propios, ven con malos ojos

endeudarse ya que no saben si podrán

devolverlo; peor ven la posibilidad de

invertir –por ejemplo en una pastura o

invernáculo- si ellas deben aportar una

parte del dinero.

No conforme con esto la lógica de

los proyectos les propone que el dinero se

lo ofrecerá en distintas partidas por lo que

una parte del proyecto –en términos de

temporalidad- debe funcionar en base a los

aportes del/la beneficiario/a.

f.d Dimensiones de trabajo.

Estos problemas deben ser

atendidos si se piensa en que las mujeres

de la agricultura familiar accedan a las

herramientas de financiamiento. En un

primer lugar debe pensarse que los

problemas citados son fragmentos de un

único problema, por tanto la solución es

integral y no segmentada. Esto es que debe

reformularse el modelo de los llamados

atendiendo a las particularidades de las

mujeres rurales, particularidades que

surgen de un diagnóstico sensible al

género. Conociendo la población a la que

se quiere llegar se observará que también

debe reformularse el modelo de Asistencia

Técnica que se exige en estos llamados.

En un primer lugar se entiende

necesario la generación de cuerpos

técnicos sensibles al género, que tengan

información sobre la realidad de las

mujeres, que sepan qué hacen, dónde

están, qué necesitan, etc. Estos cuadros

técnicos serán quienes irán en busca de

beneficiarias hacia los proyectos. De este

modo la política pública puede asegurarse

una mayor llegada de sus programas a las

mujeres rurales: se asegura que les llega la

información, se asegura que cuenta con

técnicos/as que pueden explicarle la

información, que las ayudarán a identificar

necesidades y formular un proyecto.

En un segundo lugar debe

repensarse el plazo. La noción de integrar a

la población en la gestión de las políticas –

política que ha tomado la institucionalidad

agropecuaria en el país- debe asumir que

los tiempos de las personas son distintos a

los tiempos de las instituciones. Es

necesario que los llamados cuenten con un

plazo mayor de modo que los/as

técnicos/as privados –quienes terminan

siendo un pilar esencial en las políticas-

cuenten con las condiciones suficientes

para llegar a esta población.

En un tercer lugar se vuelve

necesario repensar el tipo de Asistencia

Técnica en el acompañamiento del

proyecto. Luego de presentado el

proyecto, y como se ha anotado en

aparatados anteriores, muchas personas –

varones y mujeres- saben que ejecutan un

proyecto pero no saben en qué consiste

este. Si se piensa estrictamente en las

106

mujeres esta situación es agravante.

Brindar apoyo financiero acompañado de

asistencia técnica implica que se pretende

formar a aquella persona que es

beneficiaria del proyecto. Si se parte de la

idea de que las mujeres son relegadas de

las actividades “importantes” del campo a

la interna de sus hogares, y se le agrega

que no tienen un verdadero proceso de

formación a través de la Asistencia Técnica,

puede esperarse que uno de los objetivos

de estas herramientas –dejar capacidades

instaladas- puede fracasar. Por esto es

necesario que el apoyo técnico a las

mujeres sea constante, que cuando el

beneficiario es “la explotación familiar” se

exija que participen mujeres y varones de

la familia, que los /as técnicos/as sean

sensibles a las situaciones en que las

mujeres no se integran, que se realicen

instancias de capacitación sólo para

mujeres (por ejemplo en ocasiones en que

deben permanecer varios días en un

predio, como el caso de un curso de

inseminación)

En síntesis se intentó plasmar que

el vínculo entre financiamiento, llamados,

proyectos y Asistencia Técnica es un

vínculo no neutro hacia las desigualdades

entre hombres y mujeres, y por tanto,

deben repensarse y reformularse

atendiendo a las especificidades de las

mujeres. Por último desea anotarse que la

lógica de proyectos funciona muchas veces

como lo que se ha llamado lógica de

carpetas. Con esto se quiere decir que

aquella persona que presenta un proyecto

cuenta con mayores posibilidades de

presentar y acceder a un nuevo proyecto:

conoce los requisitos, conoce a un/a

técnico/a, cuenta con fondos para la

contraparte, no cuenta con aversión al

riesgo, etc. Por el contrario aquella persona

que no se presentó en el primer llamado

lentamente va quedando relegada en los

posteriores. Es por esto que el rol de la

asistencia Técnica es central y por tanto

debe ser reformulado.

La modalidad principal de

otorgar fondos públicos

es a través de llamados a

proyectos. Esta

modalidad cuenta con

características que

resultan ser frenos y

obstáculos más que

facilitadores:

- Requisito de

ATER.

- Plazos.

- Contraparte.

107

g. La formación.

Se ha nombrado a lo largo de este

trabajo la necesaria formación,

capacitación y sensibilización respecto a las

desigualdades de género existentes en el

medio rural. Esta cuestión debe

entenderse desde una visión transversal y

desde una visión sectorial y concreta, esto

es: incluir en el diseño de políticas públicas

instancias de capacitación y sensibilización

al tiempo que generar un programa de

formación que permita contar con cuadros

técnicos formados.

Estas dos herramientas propuestas

son similares, apuntan al mismo objetivo

pero requieren de diseños diferentes. Por

una parte se entiende pertinente que cada

programa cuente con un componente de

formación hacia técnicos (sean estos

institucionales y privados) y a su vez con un

requisito de esta formación. Piénsese por

ejemplo en la acreditación de técnicos

privados de la DGDR. Esta acreditación y su

posterior habilitación podrían incluir el

requisito de haber participado en tal o

cuales instancias de capacitación y

sensibilización sobre la temática de género.

Realizar este tipo de instancias va de la

mano con la pretensión de que los/as

técnicos/as privados/as reduzcan su sesgo

hacia los varones y que integren más a las

mujeres.

En un segundo lugar debe pensarse

en instancias similares hacia los técnicos

institucionales. El Uruguay cuenta con

políticas que trabajan las desigualdades de

género a la interna de las instituciones, lo

que se propone aquí es que en instancias

similares se incluya en los planes

operativos algunas instancias de

capacitación sensibilización para que al

momento de pensar, diseñar, ejecutar y

monitorear los distintos programas se

tenga presente que aquellas herramientas

que se presentan neutras no lo son, y que

por tanto requieren de una sensibilidad y

un trabajo permanente de apoyo, reflexión

y reformulación.

Por último se entiende pertinente

que exista un programa de formación

sobre género que resulte accesible tanto a

técnicos/as privados/as como a la

población rural que es objetivo de los

programas. El Uruguay cuenta con talleres

esporádicos que surgen a partir de

demandas concretas y cuenta con espacios

de formación académica. No obstante no

existen instancias y espacios de formación

permanentes que sean de fácil acceso a

aquellas personas que viven o que trabajan

en el campo. Esta estrategia es similar a la

planteada en la acreditación de

técnicos/as, pero es sustancialmente

distinta. En primer lugar pues es abierta a

la población rural, y en segundo lugar

porque es permanente.

108

h. Redistribución y reconocimiento.

Finalmente ha de reconocerse que

existen dos niveles importantes donde se

está expresando la desigualdad hacia las

mujeres rurales, a saber: (i) la valorización

y visibilización de sus identidades y

acciones en el campo de lo productivo,

reproductivo y comunitario; y (ii) el acceso

a recursos económico productivos. A estos

dos niveles de la desigualdad de género

Nancy Fraser (1997) los denominó

injusticias simbólicas o problemas de

reconocimiento e injusticias materiales o

problemas de redistribución. Ambos son

niveles a los que debe atender la política

pública hacia el medio rural.

Reconociendo que el sistema

sexo/género estructura relaciones en las

cuales las mujeres son sistemáticamente

subyugadas y que por ende resulta

necesario revisar el aparato simbólico que

ubica a la mujer en condiciones de

inferioridad, la autora entiende que una

política de género debe comprender

acciones orientadas a la revisión del

contrato cultural en el que los sujetos se

insertan. Asimismo, y reconociendo los

múltiples diagnósticos que han mostrado

las condiciones de acceso limitado o nulo

de las mujeres a bienes y recursos, Fraser

(1997) reconoce que una política efectiva

de género no puede limitarse a poner en

valor algunas características de las acciones

de las mujeres. Lejos de ello una política de

género debe atender a las condiciones

materiales y políticas que generan esa

desigualdad brindando la oportunidad de

revisar las estructuras político –

económicas y en especial las condiciones

de falsa homogeneidad de la familia y la

división sexual del trabajo. En consecuencia

la autora identifica que para el abordaje de

la cuestión de género y la construcción de

políticas públicas en ese enclave resulta

necesario afrontar los dos ámbitos de la

desigualdad, el reconocimiento y la

redistribución.

109

A efectos del trabajo de las

políticas públicas en el medio rural se

entiende recomendable trabajar ambos

niveles de la injusticia. En relación al

reconocimiento como se ha visto en el

análisis existe una fuerte invisibilización de

la mujer como productora y como agente

comunitario. Esa invisibilización las coloca

como sujetos pasivos y reproduce la

naturalización del hombre como referente

predial, el contacto limitado con los/las

técnicos y las capacitaciones, el rezago en

los ámbitos de participación de las SFR. En

consecuencia, a través de los trabajos de

formación hacia directivos/as, técnicos/as,

mujeres y varones del medio rural se ha de

profundizar un trabajo de reconocimiento

del trabajo femenino. Estrategias prácticas

para profundizar este reconocimiento son

la exigencia de registro de tareas y horas

por miembro del hogar en los proyectos

productivos, el costeo de las horas de

“trabajadores no remunerados” en la

estimación de contrapartes, la exigencia de

la doble titulación de proyectos y la

asistencia doble a las capacitaciones y

reuniones con los/las técnicos/as.

En relación a la redistribución se ha

evidenciado ya en el análisis que existe un

patrón cultural que permite y habilita la

apropiación de activos de las mujeres por

parte de los varones. En consecuencia, y

acompañando estos procesos por las

acciones de formación antedichas se

entiende que se ha de trabajar

específicamente con la titulación y

apropiación de activos. Reconociendo que

la titulación formal no implica la posesión

real, pero entendiendo que este es un

primer paso relevante, se considera

imprescindible la existencia de proyectos y

programas orientados a la adquisición de

activos por parte de las mujeres con

titulación femenina, aún estimulando la

titulación por parte de varias mujeres de la

Hay dos niveles claves en los

que se expresan las

injusticias que sufren las

mujeres en el medio rural.

Por una parte no se

reconocen sus

particularidades y se

invisibiliza su trabajo. Por

otra parte su acceso a

recursos es

sistemáticamente menguado

y existen procesos de

apropiación de activos de las

mujeres por parte de los

varones.

Se entiende que es necesario

trabajar ambos niveles,

desde la formación, la

sensibilización y las políticas

focalizadas y condicionadas

de titulación femenina y

doble de activos, y

valoración (cuantificación,

registro) del trabajo

femenino productivo y

reproductivo.

110

familia. Asimismo, y como recomiendan

múltiples organismos internacionales se

orienta a la generación de una campaña de

promoción de la doble titulación dentro de

los matrimonios de tierra y DICOSE,

ofreciendo el herramental teórico que

permita la construcción paulatina de una

nueva subjetividad que de oportunidades

de tornar reales las medidas formales que

se sugirieron anteriormente.

111

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115

X. Anexo

i. Propuesta metodológica y desarrollo

del estudio.

Respecto al estudio de asistencia

técnica este buscaba:

(a) Analizar las prácticas y proyectos de

ATER desarrollados entre 2005 – 2010 por

el MGAP desde una perspectiva de género.

(b) Analizar la viabilidad de incorporar la

perspectiva de género en las acciones

desarrolladas en las ATER del MGAP.

(c) Identificar la participación de las

mujeres como beneficiarias de los servicios

de ATER.

(d) Sugerir posibles herramientas para el

desarrollo de ATER con perspectiva de

género.

Por su parte, el estudio de

financiamiento rural se orientaba a:

(a) Identificar y analizar las prácticas y

proyectos de financiamiento rural y

agropecuario desarrollados por entidades

públicas entre 2005 – 2010 desde una

perspectiva de género.

(b) Analizar la viabilidad de incorporar la

perspectiva de género en las acciones de

financiamiento rural y agropecuario de las

entidades públicas.

(c) Identificar la participación de las

mujeres como beneficiarias de los servicios

de financiamiento rural y agropecuario.

(d) Sugerir posibles herramientas para el

desarrollo de estrategias de desarrollo

rural y agropecuario con perspectiva de

género.

A efectos de dar cuenta de los

objetivos de ambos estudios se realizaron

estrategias de campo con elementos

comunes, a las que se añadieron

estrategias de relevamiento específicas

para cada uno de los estudios. En ambos

casos se entendió conveniente un proceso

de relevamiento en múltiples fases,

utilizando variadas técnicas de

relevamiento orientadas a relevar las

distintas miradas al fenómeno, así como la

diversidad de dimensiones que configuran

el mismo.

ii. Estudio de Asistencia Técnica.

A efectos del estudio de asistencia

técnica se identificaron como relevantes

las dimensiones vinculadas a la

caracterización productiva y toma de

decisiones, de distribución del trabajo, de

disposición y acceso a ingresos, de vías y

formas de participación femenina.

En consecuencia se definió llevar

adelante un trabajo asentado sobre tres

componentes (i) trabajo cualitativo con

116

mujeres integrantes de producciones

agropecuarias y de comunidades rurales,

(ii) trabajo cualitativo con técnicos/as

vinculados/as a ATER, y (iii) trabajo

cuantitativo de relevamiento telefónico a

una muestra representativa de

beneficiarios/as de los programas y

proyectos de MGAP en el período 2005 –

2010.

ii.a. Fase de trabajo cualitativo con

mujeres integrantes de producción

agropecuaria y de comunidades rurales.

La fase de trabajo cualitativo con

mujeres se propuso a efectos de relevar el

modo como las mujeres participaron de

espacios de organización colectivo,

accedieron o no a los programas y

proyectos del MGAP, y fueron beneficiarias

reales de los mismos18. Asimismo se buscó

visibilizar las valoraciones sobre los

proyectos implementados y las

posibilidades y obstáculos de las mujeres

de acceder a los mismos. Supuso una fase

donde se combinó una evaluación de las

mujeres de los programas así como una

descripción de expectativas en torno a los

mismos y de cara a futuros programas.

18 Esto remite a lo señalado en la introducción, a saber, el

organigrama de la producción frecuente invisibiliza el trabajo femenino. De tal forma que aún cuando existe una propiedad o acceso de derecho, el mismo no se da de hecho. De modo que las mujeres atraviesan situaciones en que aún contando con la titularidad del beneficio no cuentan con las posibilidades prácticas de tomar decisiones en torno al mismo y/o al espacio productivo en general.

Esta fase se llevó adelante en base

a dos técnicas, por una parte la ejecución

de 13 entrevistas en profundidad con

mujeres beneficiarias de los proyectos del

MGAP, logrando inteligir de manera

personalizada los hechos concretos en

referencia al acceso a los proyectos pero

asimismo la percepción en torno a los

mismos y el contexto de acceso y uso de

los proyectos y programas. De esa forma,

se buscó echar luz sobre cómo se inserta la

mujer beneficiaria en el marco de la

historia de una producción de tipo familiar,

así como las limitantes o posibilidades que

su rol al interior del núcleo suponen para el

acceso a estos programas. A efectos de

llevar adelante esta fase se realizaron

visitas a los predios, posibilitando con ello

un diálogo donde la mujer se sintiera

cómoda para la ejecución de la entrevista

así como constara con elementos

empíricos a los cuales remitirse y señalar

para ilustrar las posibilidades y limitantes

de su proceso como beneficiaria19. Como

se señalará en referencia a los grupos, las

19 Este elemento no resulta menor ya que se entiende que

existe una costumbre habitual entre técnicos e investigadores de asumir que los interlocutores tiene el uso y la costumbre de explicitar sus vivencias y sus concepciones sobre las vivencias. Sin embargo, el trabajo en el medio rural le ha mostrado a este equipo investigador que si bien existe una enorme disposición a la recepción no necesariamente la misma viene acompañada de altos niveles de empatía y comprensión entre técnicas y productores/as, por lo tanto es necesario tener una alta disposición a acercarse al territorio y los predios dándole a las mujeres la posibilidad de tener referencias prácticas, eminentemente productivas, que permitan establecer una situación de visita y un diálogo más profundo y detallado, donde las propias mujeres puedan ir evidenciando mediante sus relatos cuáles son las categorías de entendimiento con las que comprenden estos programas.

117

localidades donde se realizaron las

entrevistas atendieron a las diversidades

regionales y territoriales. El número de

entrevistas estuvo definido por el alcance

de la saturación teórica en el mayor

número de dimensiones seleccionadas.

La segunda técnica amplía la

población objetivo, buscando incorporar a

la misma a las mujeres no beneficiarias y a

mujeres que se vinculen al mundo

agropecuario de otra forma, a saber,

mediante el empleo rural. Estos grupos de

intercambio estuvieron integrados por

mujeres exclusivamente ya que se

entiende que en las cuestiones de género,

cargadas por estructuras de dominación, es

necesario generar algunas instancias donde

se facilite y privilegie el discurso de las

mujeres. En este marco los grupos tuvieron

como integrantes a mujeres de las

comunidades rurales circundantes

concretamente productoras y trabajadoras

agropecuarias, tanto beneficiarias como no

beneficiarias de los programas del MGAP

en el período 2005 - 2010.

Para ello se ejecutaron grupos de

intercambio20 nucleados a partir de SFR de

20 Denominaremos “grupo de intercambio” a una lógica de

grupo de discusión donde se colocan áreas temáticas para la discusión de un grupo entre 7 y 15 participantes y existe un moderador que da cuenta del desarrollo de las mismas así como de la participación de todos/as los/las presentes en el grupo. Sin embargo, a diferencia de los grupos de discusión los grupos de intercambio se desarrollan en grupos naturales –pre existentes- o entre personas con conocimiento previo. Esta técnica es una adaptación de los grupos de discusión que se ha venido desarrollando metodológicamente por una fracción del equipo de

10 localidades del país donde los

programas fueron desarrollados. Se apeló a

las SFR a efectos de generar una red

mediante la técnica de “bola de nieve”.

Los grupos y localidades buscaron

responder a la pretensión de encontrar

variedad en torno a las siguientes

variables:

Variedad de rubros productivos.

Características regionales y

territoriales, zonas prioritarias por

las condiciones de pobreza y

discriminaciones agravadas como

la condición fronteriza.

Variedad en la distancia de las

localidades con los centros

poblados de mayor envergadura.

Fortaleza y trayectoria de la SFR y

nivel de éxito de las acciones

desarrolladas por el MGAP.

Trayectoria de la cuestión de

género en la SFR.

Variedad en la implementación de

los proyectos de MGAP.

investigadores –Florit, 2007; Piedracueva y Florit, 2011- vinculada a la inadecuación de la lógica del grupo de discusión en las pequeñas sociedades rurales. Asimismo, esta técnica a diferencia del grupo de discusión no se desarrolla mediante un análisis circular sino que da cuenta de los consensos y disensos sin hacer el análisis de individualización. Finalmente se entiende que es adecuada porque a la virtud obvia del abaratamiento adiciona la posibilidad de ampliar el espectro de posibles interlocutores, reduciendo la presión sobre una mujer en particular.

118

Fueron por ende seleccionados

mediante muestreo intencional los

siguientes grupos:

1. Moirones (Rivera)

2. Rincón de los Rodríguez (Rivera)

3. Cooperativa apícola de Villa del

Rosario (Lavalleja)

4. Granjeros de Bella Unión (Artigas)

5. Tala (Canelones)

6. Migues (Canelones)

7. Pepe Núñez – SFR Basalto Ruta 31

(Salto)

8. Cerro Chato – SFR Basalto Ruta 31

(Salto)

9. Guaviyú de Arapey (Salto)

10. Grupo de Mujeres de Baltazar

Brum (Artigas)

ii.b. Fase de trabajo cualitativo técnicos/as

de los diversos programas.

En la forma como las políticas

públicas se asientan en los territorios

tienen una alta incidencia las instituciones

y grupos pre existentes en los mismos, a

ello se añade la impronta particular de

los/las técnicos/as ejecutores/as. De esta

forma los equipos de técnicos/as pueden

instaurar los programas, difundir e

implementar los mismos, con una enorme

diversidad configurando una gran

heterogeneidad en la forma como las

políticas públicas se implementan. En

consecuencia, esta fase se orienta a buscar

la mirada de los/las ejecutores de los

programas en referencia al alcance y

limitantes de los mismos, es especial en

relación al acceso por parte de las mujeres

potenciales beneficiarias.

Esta fase complejiza la lectura de

las interlocutoras de la fase anterior al

incorporar la mirada de los/las técnicos/as

que pudieran señalar otro tipo de

limitantes en la implementación de los

programas y en particular en el alcance de

los mismos por parte de las mujeres. Si

bien ante una contraposición de discursos

se entendió adecuado privilegiar la lectura

de las mujeres, aún en el desencuentro

esta doble lectura al fenómeno permitió

ser una estrategia de comprensión del

mismo y ante todo una pauta de mejora

para una incorporación futura con

perspectiva de género.

A efectos de implementar esta fase

se realizaron entrevistas semi

estructuradas a técnicos sociales y agrarios

de los diversos programas del MGAP en el

período 2005 – 2010, apelando a buscar

diversidad tanto en los elementos

señalados para los grupos como a lograr

heterogeneidad en los procesos específicos

119

de implantación de los programas21. Estas

entrevistas se realizaron hasta obtener

saturación teórica, realizándose un total de

13 entrevistas.

ii.c. Fase de trabajo cuantitativo con

beneficiarios/as22.

Si bien para los estudios de género

y en particular para el trabajo en el medio

rural se entiende que es relevante una

mirada cualitativa que privilegie la

percepción de los/las involucrados/as y en

especial de las mujeres, es pertinente

recordad que la cuestión de género es

relacional y se construye no sólo en

relación a una lectura y percepción del

mundo sino sobre diferencias efectivas,

empíricamente identificables, en términos

de acceso.

En consecuencia se entendió que

una comprensión cabal requería un estudio

que permitiera describir las prácticas

diferenciales entre los beneficiarios/as de

los mismos. Es por ello que se realizo una

encuesta telefónica a una muestra

miembros de la agricultura familiar

uruguaya, haciendo uso del registro de

productor familiar como marco muestral y

estratificando la misma mediante el sexo

21 Es posible mediante un trabajo de indagación previo

identificar trabajos considerados exitosos o no, así como paradigmáticos. 22

Se estima a priori 360 encuestas.

de él/la titular y el acceso o no a los

programas del MGAP. Este diseño supuso

la ejecución de 400 encuestas telefónicas a

efectos de poder realizar diferencias de

muestras entre grupos de titularidad

masculina y femenina. Esto permitió por

una parte conocer las vías de acceso o no a

los programas, así como las diferentes

decisiones intra predio de los usuarios/as

de los mismos. Asimismo habilitó a realizar

un estudio comparado de las prácticas de

los/las beneficiarios/as e identificar no sólo

la situación de la mujer (cómo están y

cómo se perciben) sino la situación de

inequidad de género en términos de

acceso y uso de los programas. Esta

encuesta permitió a su vez identificar

características en términos de uso,

satisfacción, co financiamiento dentro del

núcleo, derecho y hecho en el uso de los

financiamientos, niveles de participación y

representación de la familia beneficiaria.

Esta propuesta resultó de

considerar que se tornaba necesario poder

señalar la significación y peso de los

discursos relevados en las fases anteriores.

La implementación de la técnica sin

embargo tuvo algunos sesgos que merecen

ser señalados, pero que se entiende que no

restan valor a la posibilidad de tener un

mayor alcance al llegar a productores/as

más distantes de los centros de las SFR o

con grandes dificultades logísticas. En

especial se ha de señalar que en la

120

implementación de la misma aparece como

una limitante el acceso a teléfono o celular

de los/las productores registrados/as.

Asimismo, el hecho de estar en el registro

de productores familiares –marco muestral

de la encuestas- supone algún grado de

contacto con las instituciones circundantes

al MGAP, técnicos del ministerio, técnicos

privados o SFR.

iii. Estudio de Financiamiento Rural.

Como se dijera anteriormente,

para este estudio también se desarrollaron

una variedad de estrategias. En particular

se desarrolló un trabajo asentado sobre

tres componentes (i) trabajo cualitativo

con mujeres integrantes de producciones

agropecuarias y de comunidades rurales,

(ii) trabajo cualitativo con representantes

de entidades financieras, y (iii) trabajo

cuantitativo orientado a reconstruir el

marco de beneficiarios/as de los

programas y proyectos de financiamiento

para el medio rural y agrpecuario del

sector público en el período 2005 – 2010.

iii.a. Fase de trabajo cualitativo con

mujeres integrantes de producción

agropecuaria y de comunidades rurales.

La fase de trabajo cualitativo con

mujeres se propuso a efectos de relevar el

modo como las mujeres accedieron o no a

los financiamientos para el medio rural y

agropecuarios, así como reconocer las

trabas que identifican para el acceso a

dichos financiamientos. Esta fase se

construyó en base a dos técnicas, por una

parte la ejecución de entrevistas en

profundidad con 13 beneficiarias de

financiamientos. Buscando comprender los

hechos concretos en referencia al acceso a

los mismos pero asimismo la percepción en

torno a estos y el contexto de acceso y uso

de los prestamos y financiamientos. Esta

técnica se aplicó con una orientación

metodológica semejante a las señaladas en

el estudio de asistencia técnica.

La segunda técnica fue la ejecución

de grupos de intercambio, realizándose 10

de ellos en las mismas localidades

señaladas para el estudio de ATER.

iii.b. Fase de trabajo cualitativo con

técnicos/as de los diversos programas.

Esta fase se orientó a buscar la

mirada de los ejecutores de los

financiamientos en referencia al alcance y

limitantes de los mismos en relación al

acceso por parte de las mujeres

potenciales beneficiarias. A efectos

de implementar esta fase se realizaron

entrevistas semi estructuradas a

responsables de las entidades centrales de

las diversas entidades financiadoras.

121

Para esta instancia se realizaron entrevistas

a representantes de:

1. PPR

2. PG

3. MICRCRÉDITO

4. MIEM – DINAPYME

5. CEPES

6. MIDES

iii.c. Fase de trabajo cuantitativo.

Al previo estudio cualitativo se

añadió un trabajo cuantitativo que

permitiera analizar la existencia de niveles

desiguales de acceso a financiamiento por

parte de mujeres y varones. Ante ello se

apeló a las entidades financiadores y los

programas a efectos de reconstruir el

acceso de mujeres y varones a los

financiamientos para el medio rural. Esta

instancia contó con múltiples dificultades

ya que el nivel de exhaustividad, período y

sistematicidad de los registros fue muy

desigual. En consecuencia, el nivel de

información que es factible conocer y

analizar resultó heterogénea, permitiendo

interpretaciones de diverso nivel de

profundidad.