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Este estudio fue desarrollado conjuntamente por el Centro Regional de las Naciones Unidas

para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y el Centro de

Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) en el marco del proyecto

conjunto Fortaleciendo las capacidades para la gestión efectiva y transparente de armas

pequeñas y municiones en el sector de la seguridad privada, el cual es posible gracias al apoyo

financiero del Gobierno de la República Federal de Alemania.

El propósito de este estudio es contribuir a los debates regionales e internacionales en lo que

respecta a la buena gobernanza, regulación, supervisión y control de armas en el sector de la

seguridad privada en América Latina y el Caribe. Las opiniones expresadas aquí no reflejan

necesariamente las opiniones del Gobierno de la República Federal de Alemania, del Sistema

de las Naciones Unidas o de DCAF.1

UNLIREC y DCAF agradecen al Gobierno de la República Federal de Alemania por su generoso apoyo a este proyecto conjunto, el cual permitió la realización de este estudio.

Colaboradores

DCAF

División de Asociaciones Público-Privadas

Alan Bryden Nelleke van Amstel

Emmylou Boddi Jean-Michel Rousseau

UNLIREC

Mélanie Régimbal William Godnick

Julián Bustamante Lidia Espinoza

Alfredo Malaret Amanda Cowl

Colaboradores externos

Diego Fleitas

Ana Yancy Espinoza Antoine Perret

Federico Moughty Gastón Schulmeister

© DCAF, 2016

© Naciones Unidas, 2016

Todos los derechos reservados 1 Por su propia naturaleza, un estudio comparativo enfrenta retos de recopilación de datos, incluyendo la potencial omisión de legislación, o reglamentos recientes, o buenas prácticas llevadas a cabo por los gobiernos o el propio sector de la seguridad privada. Por lo tanto, información actualizada por parte de todos los interesados es siempre bienvenida. Favor dirigir actualizaciones, sugerencias y comentarios a [email protected] / [email protected].

Resumen Ejecutivo: Seguridad privada: control de armas y rendición de cuentas en América Latina y el Caribe

UNLIREC

Resumen Ejecutivo

Durante la última década el sector de la seguridad privada creció sustancialmente en América

Latina y el Caribe (ALC), si bien de manera diferenciada según contextos subregionales,

nacionales y locales. Este aumento está relacionado con varios factores, entre ellos el aumento

de la delincuencia y la inseguridad, la reforma del Estado, la falta de regulación e informalidad

del sector, la urbanización, y la expansión de las operaciones de las industrias extractivas, entre

otros. La percepción de los niveles de delincuencia e inseguridad, así como los indicadores reales

del crimen y la violencia han generado demanda de servicios de seguridad privada con armas de

fuego.

El incremento en la demanda legal de armas de fuego y municiones para las operaciones de las

empresas de seguridad privada (ESP) constituye un blanco para actores criminales que buscan

acceso a las armas. Asimismo, marcos normativos y regulatorios laxos, políticas de control de

armas débiles, y falta de entrenamiento del personal conducen a una serie de riegos como el

desvío de armas y municiones a la ilegalidad, su proliferación, y el incremento de la violencia

armada en los países de la región.

En este contexto, el control y la supervisión

del sector de la seguridad privada por parte

de las autoridades nacionales, así como el

cumplimiento de normas, la transparencia y

la rendición de cuentas de las mismas

empresas reviste gran importancia en

términos de seguridad ciudadana.

El caso ilustrativo en el recuadro se basa en

un caso real que tuvo lugar en ALC en 2015 y

demuestra que el crecimiento de la seguridad

privada es un desafío para los gobiernos en

sus esfuerzos por controlar y regular las ESP,

y cómo los vacíos en el control pueden llevar

de manera directa o indirecta a actividades

delictivas que involucren armas de fuego.

En el marco del proyecto Fortaleciendo las capacidades para la gestión efectiva y transparente

de armas pequeñas y municiones en el sector de la seguridad privada, UNLIREC y DCAF han

elaborado un estudio sobre la seguridad privada en América Latina y el Caribe con el fin de

presentar su estado actual a través del análisis del sector y los desafíos que este enfrenta en

términos de gobernanza y control de armas. El objetivo de este estudio regional es proporcionar

conocimientos y recomendaciones para apoyar a los Estados Miembros y sus instituciones, así

como a las ESP y sus asociaciones en sus esfuerzos de revisar y fortalecer la regulación y

supervisión de este sector en general, y el control de armas en particular, en concordancia con

iniciativas y estándares internacionales. El fortalecimiento de la regulación de la seguridad

privada en la región contribuye a consolidar el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.

Caso ilustrativo

El Gobierno del país X no pudo ubicar

físicamente más de 2.500 armas de fuego

importadas legalmente y registradas en

empresas de seguridad privada (ESP). El país

X tiene más de 1.500 ESP registradas, de las

cuales solo 500 tienen todas las

autorizaciones y permisos en regla.

Posteriormente, se confiscaron 21 fusiles y 8

metralletas, legalmente importados y

registrados por ESP en el país X, a

delincuentes en el país vecino Y. Se cree que

algunas de estas armas estaban destinadas a

un grupo armado en un tercer país.


UNLIREC

Este estudio se centra en las ESP que proporcionan servicios de seguridad con armas de fuego

en entornos urbanos y para una amplia variedad de clientes como bancos, centros comerciales,

agencias gubernamentales y entornos residenciales, y por lo tanto carecen de carácter militar.

La presente investigación no considera empresas militares de seguridad con tareas de

conducción de hostilidades o acciones ofensivas como puede ser el caso en otras regiones del

mundo.

Metodología de la investigación

Este estudio abarca la mayoría de los Estados de América Latina y el Caribe2, con grados de

especificidad que varían. La investigación se apoyó en cuestionarios y encuestas estructuradas

a autoridades nacionales, revisión de estadísticas oficiales y fuentes secundarias, monitoreo de

medios de comunicación y estudios de caso en algunos países. Se entrevistó a funcionarios

gubernamentales, gerentes de seguridad privada, representantes de asociaciones de seguridad

privada y expertos en la materia.

Principales hallazgos

1. Características del sector de la seguridad privada

A. Tamaño del mercado

La industria de la seguridad privada en ALC ha crecido significativamente en los últimos 20 años.

Este estudio logró identificar 16,174 de empresas de seguridad privada en la región, así como

un total de 2’450,786 guardias de seguridad legalmente registrados. Sin embargo, estas cifras

son estimaciones basadas en los datos oficiales y fuentes secundarias disponibles de diferentes

años pues no es fácil obtener información actualizada y fiable de todos los países.

El crecimiento del sector de la seguridad privada en ALC no está directamente vinculado con el

aumento de la delincuencia. Si bien este es un factor importante a la hora de explicar el aumento

de las ESP, también hay que considerar la elevada percepción de inseguridad en ciertos sectores

de la población, el redesplazamiento y reasignación de recursos policiales en los enfoques de

seguridad pública, así como el prolongado crecimiento económico en el sector extractivo y otros

sectores en gran parte de la región. Incluso con niveles de criminalidad que han disminuido, en

algunos países se han creado nuevos mercados de seguridad privada.

2 Si bien son 33 los Estados miembros en la región de ALC, este estudio sólo cubre 30 Estados. Datos fiables de Antigua y Barbuda, Cuba y Surinam no estaban disponibles en el momento de la investigación.

Definición: Una empresa de seguridad privada (ESP) engloba a todas las empresas que ofrecen

servicios de seguridad, sin importar cómo se describen a sí mismas. Los servicios de seguridad

incluyen la vigilancia y la protección de personas y objetos (armada o no armada), y actividades

de capacitación aplicada a la seguridad. Algunos Estados y organizaciones internacionales que

regulan este sector se refieren también a empresa militar y de seguridad privada (EMSP), que

incluye a empresas que también ofrecen servicios militares. Otros Estados tienen regímenes que

abordan a las ESP y las EMSP de manera separada. Para fines de este estudio, se utilizará solo el

término ESP.


UNLIREC

Tabla 1: Empresas y agentes de seguridad privada en América Latina y el Caribe

País Número

de ESP

Número de

guardias de ESP

Argentina 1,695 150,202

Bahamas 180 2,100

Barbados 33 1,455

Belice 67 1,180

Bolivia 265 20,000

Brasil 2,581 583,100

Chile 1,521 140,000

Colombia 870 244,757

Costa Rica 636 27,772

Dominica 10 182

Ecuador 521 95,000

El Salvador 330 22,602

Grenada 8 817

Guatemala 153 100,000

Guyana 76 5,398

Haití 41 12,000

Honduras 865 44,167

Jamaica 222 18,604

México 3,518 450,000

Nicaragua 160 18,000

Panama 183 18,000

Paraguay 229 12,000

Perú 780 77,219

República Dominicana

Republic

254 35,000

San Cristóbal y Nieves 10 600

San Vicente y las Granadinas 9 381

Santa Lucía 26 250

Trinidad y Tobago 331 50,000

Uruguay 300 20,000

Venezuela 300 300,000

Total aproximado 16,174 2’450,786

Para consultar las fuentes, ver anexo B en el estudio completo.

Los servicios de seguridad privada no son únicamente ofrecidos por empresas constituidas para

tal fin. Existen grandes empresas comerciales y financieras que optan por establecer su propio

departamento de seguridad en lugar de contratar a una ESP. Tal es el caso de bancos o grandes

almacenes de cadena y tiendas por departamento las cuales cuentan con su propio personal de

seguridad y armas de fuego. Si bien este tipo de seguridad privada es una práctica cada vez más

común, no siempre está incluida en los marcos regulatorios y está expuesta a los mismos riesgos

de las ESP como el inadecuado uso de la fuerza o el desvío de armas de fuego.

B. Fuente de empleo

Debido a su crecimiento, la seguridad privada representa actualmente una importante fuente

de empleo para los países de la región, especialmente para hombres entre 18 y 39 años de edad

con niveles relativamente bajos de educación. A pesar de ciertos requerimientos básicos que se


UNLIREC

exigen a los agentes de seguridad privada como edad mínima, verificación de antecedentes,

niveles mínimos de educación y entrenamiento pertinente, estos requerimientos con frecuencia

no se cumplen en la práctica. Esto puede explicarse en parte por la naturaleza del trabajo, el

cual no exige de alta calificación y no es muy bien remunerado, lo que lleva a las empresas a

aceptar contratar personal sin estos requisitos. Esto a la vez genera una alta rotación del

personal en el sector con impacto directo en la calidad de los servicios prestados y la disciplina

de los empleados en el ejercicio de sus funciones.

C. Informalidad

La informalidad en el sector de la seguridad privada dificulta determinar el tamaño real del

mercado. La informalidad tiene varias formas: ESP que contratan personal no autorizado

formalmente para prestar servicios de seguridad privada; empresas o guardias de seguridad que

continúan ofreciendo servicios con licencias vencidas o en trámite, o empresas que ofertan

servicios sin estar legalmente constituidas. Por último, también existen grupos que llevan a cabo

actividades ilegales, tales como servicios de "protección" o cobro de deudas en los que utilizan

la violencia. El tamaño del sector informal es difícil de determinar. Investigaciones previas

sugieren que los guardias de seguridad que operan en la informalidad se acercan al número de

agentes legalmente registrados y autorizados, rondando los 2 millones de guardias en la

informalidad. La informalidad supone no solo un problema para la recolección de datos, sino

para los mecanismos de control y supervisión del sector por parte de las autoridades con serias

consecuencias para el Estado de Derecho debido a los riesgos de violencia y desvío de armas.

D. Efectivos policiales y guardias de seguridad

A pesar de que en algunos países en ALC los agentes de ESP superan en número a los efectivos

policiales, esto no significa necesariamente que la fuerza pública esté siendo reemplazada por

los servicios de seguridad privada, sino más bien que este sector ha encontrado oportunidades

de mercado donde la fuerza pública estaba ausente o no tenía un mandato directo, por ejemplo

plantas industriales, oficinas comerciales y sectores residenciales urbanos. Este estudio ha

optado por no hacer la comparación entre el número de guardias de ESP y policías ya que esto

crea una falsa equivalencia entre la fuerza pública y los agentes de ESP. Por su propia naturaleza,

las funciones de los guardias de ESP difieren de las de la fuerza pública. Además, no todos los

guardias de ESP usan necesariamente armas.

E. Clientes

Los mercados nacionales y locales para servicios de seguridad privada son diversos en ALC.

Algunos mercados están dominados por empresas nacionales y multinacionales, mientras que

otros están muy fragmentados con grandes empresas nacionales y multinacionales por un lado,

y empresas pequeñas y medianas por el otro. La demanda de servicios de seguridad privada es

generada por una variedad de clientes como empresas, plantas industriales, centros

comerciales, puertos y aeropuertos, condominios residenciales, embajadas, bancos, y muchos

otros negocios. Las decisiones y solicitudes de los clientes determinan en gran parte el tamaño,

la naturaleza y el alcance de los servicios ofrecidos, por ejemplo la oferta de servicios con armas

de fuego.

El Estado es uno de los mayores clientes del sector de la seguridad privada, sin embargo, la

diferenciación entre seguridad pública y privada no siempre es clara. Puede haber un amplio


UNLIREC

espectro de esquemas entre servicios de seguridad puramente gubernamentales y servicios

completamente privados. Algunos ejemplos: las fuerzas públicas pueden comercializar sus

servicios para fines privados; los gobiernos pueden contratar seguridad privada; las

Organizaciones Internacionales y las Misiones de Paz utilizan contratistas de seguridad; las

fuerzas públicas y privadas pueden trabajar juntas en contextos específicos. La venta de servicios

a clientes privados por parte de la fuerza pública es común en ALC. Esta figura puede causar

conflictos de interés y confusión con respecto al papel del Estado como regulador, cliente y

competidor.

F. Armas de fuego

Es difícil determinar el nivel de posesión de armas de fuego en las ESP de la región, ya que la

información respecto al número de armas por empresa, empresas con permisos para tenencia

de armas, o guardias con licencias de tenencia y porte, es escasa y engañosa. La existencia de

permisos de tenencia o porte de armas no significa necesariamente que hay un “uso” de estas

armas. Una práctica común en la región es asignar armas a los puestos de los clientes, de manera

que el arma pasa de agente en agente con el cambio de turno. Esta práctica indica que el número

de agentes que proporcionan servicios de seguridad armada podría exceder el simple cálculo de

armas por guardia de seguridad.

Con la información disponible se puede observar que en el año 2015, al menos 660,000 armas

están en poder de ESP en 17 países de ALC. Cabe señalar que no fue posible recabar información

sobre la tenencia de armas en ESP en casi la mitad de los países de ALC. Las cifras mencionadas

son solo un estimado parcial sobre la posesión de armas en ESP y omite importantes datos de

Argentina, Venezuela y algunos países del Caribe. En el caso de Bahamas y Bolivia, las leyes

nacionales prohíben a las ESP el uso de armas de fuego.

Hay algunos indicios de que algunos Estados e incluso las mismas ESP en algunos mercados

específicos están optando por un uso más limitado de armas de fuego, sobre todo en países del

Cono Sur. Las nuevas tecnologías, regulaciones más estrictas o los costos de re-evaluación de las

empresas también son elementos de consideración que pueden resultar en la disminución del

uso de armas de fuego. Algunos Estados están introduciendo el debate sobre el uso de las armas

menos letales por parte de ESP, aunque en la mayoría de los países estos debates son

preliminares y están adelantados al desarrollo normativo. Sin embargo, esto no es uniforme en

toda la región y corresponde a la excepción de la regla. La tenencia y uso de armas por parte de

ESP depende de varios factores como el contexto de seguridad, las leyes y normas nacionales,

así como prácticas culturales. A pesar estas tendencias, las armas de fuego siguen estando

fuertemente presentes en el sector de la seguridad privada lo cual representa potenciales

riesgos para la seguridad ciudadana. Por consiguiente, las políticas de control de armas en este

sector suponen importantes medidas preventivas a ser implementadas tanto por las mismas

ESP, como por las autoridades responsables del control y supervisión del sector.

2. Marcos legales y regulatorios

La mayoría de los países de la región han adoptado legislación específica para el sector de la

seguridad privada y sus operaciones, aunque esta por lo general se centra en la concesión de

licencias, procedimientos y requisitos con menos énfasis en la supervisión del sector. Son pocos

los países que no cuentan con leyes que regulen el sector.


UNLIREC

Hay una amplia gama de instituciones y sectores que participan en la regulación del sector de la

seguridad privada y sus armas. En algunos países, el papel de control y regulación se asigna al

sector defensa, mientras en otros al sector interior y justicia. Con algunas pocas excepciones,

casi todos los Estados han optado por designar una institución que regula los servicios de

seguridad privada, y otra que regula las armas de fuego y municiones de este sector, lo cual trae

consigo desafíos administrativos, de coordinación y de cruce de información como la dificultad

de verificación y de un adecuado seguimiento o revisión de registros, carencia de datos e

indicadores sistematizados sobre incidentes en las ESP y el uso de armas. En sistemas federales

de gobierno, los marcos regulatorios suelen ser aún más complejos y suelen dividirse en

instituciones federales y nacionales.

A. Superposición con el sector público

En varios países de la región, la legislación nacional prohíbe a militares o policías activos ser

propietarios de ESP o trabajar como personal de ESP. Sin embargo, algunos países permiten que

policías activos presten servicios privados de seguridad cuando se encuentran fuera de servicio,

lo cual genera conflictos de interés entre el sector público y privado. Este tipo de conflictos se

observa también cuando funcionarios del gobierno, en especial aquellos del sector seguridad y

justicia, tienen sus propias ESP o trabajan en ellas. No obstante, una gran porción de empresarios

de la seguridad privada, así como personal logístico son militares o policías retirados.

B. Posesión y armas de fuego

Los marcos legales que regulan la posesión y uso de armas en las ESP giran en torno a tres

cuestiones fundamentales: los tipos y calibres de las armas permitidas para el uso del personal

de ESP; normas y reglamentos relacionados con la concesión de licencias y autorización de

posesión de armas por parte de las empresas y el uso por parte de sus guardias; y requisitos de

registros y seguridad en las instalaciones. Regulaciones específicas respecto a las armas y

calibres autorizados para posesión y uso de ESP puede también encontrarse en leyes y

reglamentos de control de armas y no necesariamente en las de seguridad privada.

C. Capacitaciones y códigos de conducta

Los Estados de ALC están incluyendo progresivamente contenidos sociales, de salud y de

atención al público en las exigencias de entrenamiento y capacitaciones a los guardias de ESP

como ética, Derechos Humanos (DDHH), manejo de estrés, y salud mental, entre otros. Esto

complementa el temario tradicional de capacitaciones como defensa personal, manejo de

armas, o procedimientos y técnicas de seguridad. En algunos países las mismas ESP están a cargo

de las capacitaciones a los guardias de seguridad, en otros países existen academias

especializadas o instructores certificados por la autoridad regulatoria. No obstante, la

supervisión efectiva de las capacitaciones a los guardias de ESP es una tarea difícil para las

autoridades nacionales debido a la cantidad de ESP y el poco personal con el que se suele contar

en las instancias de control.

Algunos gobiernos también están adoptando códigos de conducta y declaraciones de principios

para ayudar a las ESP y a su personal a llevar a cabo sus funciones con respeto por la ley y las

comunidades a las que sirven. Estos códigos de conducta incluyen por ejemplo mantener altos

estándares de comportamiento ético, hacer uso de uniformes y carnets de identificación en todo

momento, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en horas laborales, usar lenguaje


UNLIREC

apropiado, no aceptar propinas ni sobornos, y colaborar con la fuerza pública cuando sea

necesario, entre otros.

3. Retos identificados

El presente estudio ha identificado una variedad de desafíos en el sector de la seguridad privada

en ALC respecto a la gobernabilidad del sector en general y al control de armas en particular:

Ausencia de marcos legales adecuados: la normativa nacional que regula la seguridad

privada no siempre responde a las necesidades de regulación de un sector en crecimiento y

en constante evolución. En particular, los marcos normativos de algunos países sobre

control y uso de armas en las ESP son obsoletos, débiles, o contienen vacíos.

Mercados informales: una parte significativa de los servicios de seguridad privada en la

región se ofrecen sin las autorizaciones requeridas. Existen mercados grises dentro del

sector lo cual se traduce en insuficiente formación del personal, gestión de armas de mala

calidad y falta de supervisión. Especialmente los guardias informales no están preparados

para enfrentar situaciones complejas, lo que resulta en mayores riesgos de violaciones de

DDHH. En la informalidad las armas son también más propensas a ser robadas o usadas con

fines ilícitos.

Ausencia de un enfoque transversal de regulación y supervisión: la implementación de la

normativa se dificulta por la ausencia de una coordinación efectiva entre las diferentes

instituciones o sectores del gobierno responsables de la regulación de la seguridad privada,

y del control de armas. A menudo se asignan recursos insuficientes para garantizar la

correcta aplicación y cumplimiento (falta de personal con formación adecuada). Esto

también se refleja en el surgimiento de posibles conflictos de interés que pueden surgir

entre reguladores y las empresas que estos últimos están en la obligación de regular.

Falta de formación para ESP y su personal: no en todos los países existen programas de

formación a medida y con disposiciones claras dirigidas al personal de las ESP. Aun cuando

existen estos programas, las autoridades responsables no están en capacidad de controlar

y monitorear a las empresas y a los agentes de ESP respecto a los cursos de capacitación.

Seguridad física y gestión de armas de ESP: dependiendo de su tamaño, las ESP carecen de

personal capacitado y procedimientos estandarizados para la gestión y control de armas de

fuego y su respectiva munición. Particular importancia revierte el tema de almacenamiento,

posesión y uso de armas de fuego por parte de los guardias de ESP. Las falencias en este

aspecto pueden conllevar a irregularidades como tenencia ilícita de armas, ventas ilegales y

alquiler de armas por parte de las ESP o sus agentes, facilitando así la circulación y el tráfico

ilícitos de armas. Por otra parte, las pérdida y el robo de armas de los arsenales, sea por

negligencia o corrupción, generan desvíos de armas a la ilegalidad. El uso de la fuerza y de

armas de fuego por parte de agentes de ESP en servicio, fuera de servicio o fuera de las

tareas encomendadas, así como el uso de la fuerza no intencional contra terceros plantean

una grave amenaza a la seguridad ciudadana y al Estado de Derecho. Asimismo, la falta de

entrenamiento apropiado en uso de armas puede causar accidentes. Del mismo modo, los

guardias de ESP son blancos de actividades delictivas y violentas para robarles su arma de

servicio.


UNLIREC

Desafíos respecto a la posesión, uso y almacenamiento de armas de fuego

4. Iniciativas y estándares internacionales para fortalecer el control y la regulación de la

seguridad privada

En los últimos años, diversas iniciativas internacionales de regulación del sector de la seguridad

privada y del uso de la fuerza por parte de sus agentes se han desarrollado y adoptado en

respuesta al crecimiento global del sector. Marcos internacionales como el Documento de

Montreux sobre las empresas militares y de seguridad privadas, el Código de Conducta

Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, los Principios Voluntarios de

Seguridad y DDHH, y los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH proporcionan a los Estados

y a las ESP orientación y recuerdan las obligaciones legales internacionales derivadas de los

DDHH y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estas iniciativas establecen normas para

los Estados que interactúan con ESP y proporcionan herramientas prácticas para la supervisión

del sector. Asimismo, proporcionan orientación para las ESP en sus operaciones respecto al

cumplimiento de los estándares de DDHH y uso de la fuerza.

Por otro lado, los marcos internacionales como el Programa de Acción de las Naciones Unidas

sobre Armas Pequeñas y Ligeras (UNPoA), los Estándares Internacionales para el Control de

Armas Pequeñas (ISACS) y las Normas Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATGs)

promueven normas y brindan orientación técnica respecto al control de armas y municiones.

Varios de estos estándares también pueden ser aplicados al manejo de las armas de las ESP y

sirven no solo como orientación para los Estados en sus funciones de supervisión y control del

sector, sino también como referencia para las mismas empresas en sus propios esfuerzos para

mantener un mejor control de sus armas y municiones. La aplicación de estos estándares y

buenas prácticas internacionales a las políticas y procedimientos de gestión de armas

contribuyen a la reducción de la pérdida o robo de armas de fuego y municiones de las empresas,

y previene así su desvío hacia mercados ilegales.


UNLIREC

5. Conclusiones y recomendaciones

Dado al constante aumento del sector en los últimos años, es de suponer que la seguridad

privada en la región se mantendrá en sus niveles actuales en el futuro próximo, e incluso que

crezca aún más. Los desafíos y los puntos de partida identificados en este estudio indican cuáles

enfoques podrían ser tomados por los Estados y el sector de la seguridad privada con el objetivo

de fortalecer la regulación, supervisión y las operaciones (con armas de fuego) de las ESP en ALC.

UNLIREC y DCAF recomiendan que se tomen en consideración las siguientes iniciativas tanto por

las autoridades nacionales, como por las ESP. Estas recomendaciones también buscan promover

un debate más amplio e incluir a otros actores interesados en promover la buena gobernabilidad

del sector de la seguridad privada y el control de armas en este sector.

Recomendaciones para los Estados

Fortalecer los marcos normativos que regulan la seguridad privada

Adoptar normativas específicas respecto a las ESP que determinen claramente las

actividades permitidas y prohibidas, así como los requisitos mínimos que las ESP deben

cumplir para operar.

Promulgar medidas de control efectivas para las operaciones de las ESP, incluido el tema

de control de armas. La autoridad reguladora debería contar con suficientes recursos,

capacidades y personal calificado para cumplir el mandato de regular, controlar y

supervisar el sector de la seguridad privada.

Asegurar que la legislación nacional establezca claramente las condiciones y limitaciones

para el uso de la fuerza por parte de los agentes ESP, que - como mínimo – deberían

estar en consonancia con las disposiciones de DDHH sobre el uso de la fuerza,

incluyendo los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.

Definir los requisitos mínimos obligatorios de formación para el personal de ESP

Las capacitaciones obligatorias deberían incluir formación en DDHH y DIH adaptados a

la medida y necesidades del personal de ESP.

Establecer requisitos mínimos de entrenamiento para el personal de ESP autorizado

para portar armas de fuego.

Incluir medidas de control de armas en los marcos regulatorios de la seguridad privada

Establecer mecanismos de comunicación e intercambio de información entre todos los

organismos estatales responsables de las transferencias de armas, la regulación de la

seguridad privada y el control de armas con vistas a mantener registros de las

transferencias y la circulación de armas en el sector de la seguridad privada.

Incluir en las evaluaciones de riesgo a las ESP como potenciales usuarios finales en las

transferencias de armas.

Incluir requerimientos de marcación a las armas que sean destinadas al sector de la

seguridad privada para mantener registros y facilitar la trazabilidad.

Facilitar a través del tiempo los mecanismos de trazabilidad de las armas pertenecientes

a las ESP.


UNLIREC

Determinar el destino final de armas obsoletas y excedentes de las ESP, así como las

existencias de armas del sector con el fin de evitar el desvío de armas una vez las ESP

dejen de operar.

Adoptar una base legal clara para la adquisición, posesión, uso y almacenamiento de

armas de fuego y municiones por ESP y guardias de ESP.

Determinar los tipos y calibres de armas de fuego y municiones adecuados para ser

autorizados a ESP y a sus guardias, de acuerdo a los contextos nacionales y a las

necesidades de seguridad.

Establecer requerimientos de seguridad física y gestión de arsenales para ESP de

conformidad con estándares y buenas prácticas internacionales, como los ISACS y IATGs.

Iniciar un debate que involucre diversos actores y que analice la viabilidad y

conveniencia de incorporar armas menos letales en las operaciones de la seguridad

privada.

Participar en foros internacionales sobre iniciativas de gobernabilidad dirigidas a la

seguridad privada

Considerar la adhesión a iniciativas internacionales como el Documento de Montreux,

la Asociación del Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de

Seguridad Privada, y los Principios Voluntarios de Seguridad y DDHH.

Alinear la regulación del sector de la seguridad privada en todos los ámbitos aplicando

los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH ("Principios de Ruggie").

Incluir en los reportes del UNPoA cualquier acción emprendida con respecto al control

de armas en el sector de la seguridad privada.

Intercambiar en el ámbito regional enfoques y buenas prácticas con países que

enfrentan desafíos similares en temas de control y regulación de la seguridad privada.

Incluir en los debates a otros actores que pueden tener una función de supervisión del

sector de la seguridad privada

Involucrar a la sociedad civil y a la academia para facilitar el monitoreo del desempeño

del sector de la seguridad privada y garantizar una participación más amplia de las partes

interesadas en los debates alrededor del tema de la seguridad privada.

Rendición de cuentas

Responsabilizar a ESP y a su personal ante cualquier violación a las leyes y normas

nacionales o internacionales.

Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las violaciones cometidas por

ESP (personas jurídicas) o personal de ESP (personas naturales) se investigan, y se

impongan las penas y sanciones correspondientes.

Monitorear y dirimir posibles conflictos de intereses entre los funcionarios públicos y el

sector de la seguridad privada.

Reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación entre el sector de la seguridad

privada y las fuerzas de seguridad pública

Establecer responsabilidades claras a las ESP de informar de actividades delictivas e

incidentes de los que tengan conocimiento, y solicitar apoyo inmediato a la fuerza

pública.


UNLIREC

Exigir a las ESP informar inmediatamente a las autoridades en casos de accidentes, robos

o pérdidas de armas de fuego y municiones.

Recomendaciones para las Empresas de Seguridad Privada

Reforzar programas de formación

Invertir en recursos humanos y capacitar adecuadamente a sus empleados en el

ejercicio de sus funciones y responsabilidades con un enfoque especial en el respeto de

los DDHH, uso de la fuerza, y uso y manipulación de armas de fuego.

Participar en debates sobre la viabilidad y conveniencia de incorporar armas menos

letales en los servicios de seguridad privada.

Mejorar la seguridad física y la gestión de arsenales

Adoptar estándares internacionales sobre gestión de arsenales de armas de fuego y

municiones, en particular los aspectos relevantes y aplicables para las ESP como:

o Módulo 05.20 (Gestión de arsenales: Armas) de los ISACS; y

o Módulo 12.10 (Unidad Pequeña de Almacenamiento de Municiones) de las IATGs.

Desarrollar y aplicar procedimientos estandarizados para la gestión de los almacenes de

armas, de acuerdo a buenas prácticas y estándares internacionales.

Códigos de conducta

Considerar la adhesión al Código de Conducta Internacional para Proveedores de

Servicios de Seguridad Privada y membresía en la Asociación de este Código.

Desarrollar códigos de conducta internos y mecanismos de autorregulación en línea con

buenas prácticas internacionales con el fin de complementar la legislación nacional.

Alinear sus políticas a los Principios Rectores sobre Empresas y DDDHH y proporcionar

remedio por posibles violaciones a estos derechos.

Asegurar que los estándares de DDHH de sus clientes estén alineados con los Principios

Voluntarios de Seguridad y DDHH (PVSDH), especialmente cuando las ESP trabajen para

clientes miembros de los PVSDH.

Promover la inclusión de estándares de DDHH en todos los contratos que celebren con

clientes.

Compartir buenas prácticas, tanto interna como externamente

Las ESP líderes, en cooperación con las asociaciones que representan al sector, podrían

fomentar el intercambio de buenas prácticas para enfatizar los esfuerzos del sector.

Los autores esperan que este estudio arroje luz sobre la evolución y el estado actual del sector

de la seguridad privada en ALC, así como los retos asociados, en especial el tema de la posesión,

almacenamiento y uso de armas de fuego en el sector. Asimismo, el estudio pretende destacar

el rol que pueden desempeñar las iniciativas que promueven la buena gobernanza, y las medidas

de control de armas en el sector con miras a fortalecer los mecanismos de regulación, y

profesionalizar los servicios de las ESP que incluyan respeto por los DDHH y los estándares

internacionales del uso de la fuerza. UNLIREC y DCAF están dispuestos a mantener el debate

constructivo con los Estados, las ESP y sus asociaciones, las Organizaciones de la Sociedad Civil,

los clientes privados de las ESP, y las demás partes interesadas con el fin de crear un enfoque

equilibrado e inclusivo.


ACERCA DE UNLIREC

El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América

Latina y el Caribe (UNLIREC), con sede en Lima, Perú, es parte de la Oficina de Asuntos de

Desarme del Secretariado de las Naciones Unidas y tiene como objetivo impulsar el desarme

práctico en los 33 Estados de América Latina y el Caribe, como parte de su compromiso de apoyo

en la implementación de instrumentos internacionales en materia de desarme y control de

armas pequeñas y ligeras, en particular el Programa de Acción de las Naciones Unidas 2001

sobre armas de fuego. Esta misión se logra a través de la prestación de asistencia técnica en los

siguientes como:

Mejorar los sistemas de balística forense operacional de armas de fuego

Reforzar la seguridad de arsenales y apoyar destrucciones de armas y municiones

Mejorar el control de armas pequeñas en el sector de la seguridad privada

Apoyar la creación de un sistema nacional de control de las transferencias de armas

convencionales

Fortalecer el rol y contribución de mujeres oficiales de las fuerzas del orden y del sector

legal para combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas a través de cursos dirigidos a

mujeres

Integrar medidas de control de armas pequeñas en la seguridad pública y marcos de

referencia para la reducción de la violencia armada.

ACERCA DE DCAF

El Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) es una fundación internacional creada en octubre del año 2000 por iniciativa del gobierno suizo. Entre las principales actividades de DCAF se encuentran la Reforma del Sector de la Seguridad (RSS) y la Gobernanza en el Sector de la Seguridad (GSS). El trabajo de asistencia del Centro para que los sectores de seguridad sean efectivos, eficientes, y responsables ante el estado y los ciudadanos, está fundado en los principios de seguridad, desarrollo y estado de derecho como condiciones previas y esenciales para una paz sostenible. DCAF se guía por los principios de neutralidad, imparcialidad, sensibilidad al género y apropiación local como base de apoyo para establecer procesos de reforma legítimos y durables. Principales servicios del DCAF:

Consejos estratégicos para gobiernos y organizaciones internacionales sobre el desarrollo de políticas de RSS y GSS.

Diseño e implementación de programas

Monitoreo y evaluación

Fortalecimiento de capacidades y formación

Desarrollo de materiales de formación para profesionales de la RSS

Difusión de conocimientos y publicaciones

Con el apoyo de:

este estudio fue desarrollado conjuntamente por el centro ... 2016.pdf · este estudio fue...

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