estados unidos, ¿una piedra en el zapato de la integración
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Estados Unidos, ¿una piedra en el zapato de la integración suramericana? Análisis de
la CAN y UNASUR entre los años 2000 a 2018
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Carrera de Relaciones Internacionales
Bogotá D.C.
Julio de 2021
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Estados Unidos, ¿Una piedra en el zapato de la integración suramericana? Análisis de
la CAN y UNASUR entre los años 2000 a 2018
Daniel Felipe Cuesta Carpintero
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Carrera de Relaciones Internacionales
Bogotá D.C.
Julio de 2021
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TABLA DE CONTENIDO
Lista de abreviaturas y siglas .............................................................................................. 4
Introducción........................................................................................................................... 6
0.0 Planteamiento del problema y justificación .......................................................... 6
0.1 Pregunta de investigación y objetivos ................................................................. 10
0.2 Metodología ........................................................................................................ 12
Capítulo I – Marco teórico y conceptual .......................................................................... 14
1.1 Teoría de la dependencia .................................................................................... 14
1.2 Raúl Prebisch: la estructura centro-periferia, y el desarrollo desigual ............... 16
1.3 Carlos Escudé: realismo periférico...................................................................... 17
1.4 Regionalismo abierto y viejo regionalismo: contraste de acercamientos a la
integración regional ................................................................................................... 18
1.5 Aplicación de teorías y conceptos ....................................................................... 19
Capítulo II - Injerencia de Estados Unidos en la Comunidad Andina ......................... 21
2.1 Plan Colombia .................................................................................................... 22
2.2 Los Tratados de Libre Comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos ....... 27
Capítulo III – Injerencia de Estados Unidos en la Unión de Naciones Suramericanas
............................................................................................................................................... 32
3.1 Documento de uso de bases aéreas en Colombia ............................................... 35
3.2 La situación de Venezuela y la desintegración de la UNASUR ........................ 38
Conclusiones ........................................................................................................................ 43
Referencias ........................................................................................................................... 47
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS
AEC - Arancel Externo Común
ALALC - Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
ALBA - Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América
ALCA- Área de Libre Comercio de las Américas
AMC- Comando de Movilidad Aérea
ATPA - Ley de Preferencias Arancelarias Andina
ATPDEA - Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act
AUC - Autodefensas Unidas de Colombia
CAMRE - Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
CEPAL - Comisión Económica para América
C/P - Estructura de centro-periferia
CPTPP - Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
CSD - Consejo de Suramericano de Defensa
CSN - Comunidad Suramericana de Naciones
EE.UU. – Estados Unidos
ELN - Ejército de Liberación Nacional
FARC-EP -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
FF. AA - Fuerzas Armadas
IRA - Iniciativa Regional Andina
ISI - Industrialización por Sustitución de Importaciones
OEA - Organización de Estados Americanos
PAE - Programas de Ajuste Estructural
MUD - Mesa de Unidad Democrática
SAI - Sistema Andino de Integración
TLC – Tratado de Libre Comercio
TNP - Tratado de no Proliferación Nuclear
TPP - Transpacífico de Cooperación Económica
UE - Unión Europea
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USAF - Fuerza Aérea de EE. UU.
USTR - Oficina del Representante Comercial
UK – Reino Unido
ZLC - Zona de Libre Comercio Andina
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INTRODUCCIÓN
0.0 Planteamiento del problema y justificación
La presencia de Estados Unidos (EE. UU.) en Suramérica ha estado a través de los
años asociada con aspiraciones expansionistas puesto que la ubicación de la región, así como
su riqueza en recursos naturales la hace una zona geopolítica importante, por lo que el
gobierno estadounidense ha mostrado gran interés en controlarla o por lo menos mantenerla
dentro de su esfera de influencia. Esta dinámica puede ser observada siguiendo el esquema
cronológico propuesto por Ardila (1996), el cual clasifica el comportamiento de
EE.UU. frente al resto del continente en cuatro etapas temporales: una fase inicial, que va
desde principios del siglo XIX hasta mediados del XX, donde los intereses estadounidenses
reflejaron principalmente pretensiones de expansionismo territorial y control marítimo; en
este periodo la política exterior del país se caracterizó por la intervención deliberada en
territorios que bajo la “doctrina Monroe” presentaban un comportamiento erróneo, el cual no
era propio de una sociedad civilizada, generando así la necesidad de intervención por parte
de un actor externo para restablecer el orden (Livingstone, 2009). La situación alrededor de
la construcción del Canal de Panamá, las repúblicas bananeras y las diferentes intervenciones
militares estadounidenses, son algunos de los eventos que reflejan el comportamiento de la
nación norteamericana en esta primera etapa.
La segunda fase estuvo marcada por el comienzo de la Guerra Fría, por ende, la
posición de EE. UU. en Suramérica sufrió una transformación debido a las particulares
características de la época, razón por la cual hubo un mayor interés en la lucha contra el
comunismo y sus brotes en la región, promoviendo el adoctrinamiento de los ejércitos del
subcontinente y estrategias de contención militar. En este periodo, el gobierno
estadounidense respaldó múltiples golpes de Estado en la región por medio del apoyo
económico y provisión de armamento a dictaduras de derecha que se alinearan con sus
intereses políticos. El apoyo prestado a Pinochet en Chile para así sacar de la presidencia a
Salvador Allende (Livingstone, 2009), es un ejemplo adecuado para exponer las tendencias
imperialistas del gobierno estadounidense en el periodo de la Guerra Fría.
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Ahora bien, con la caída del muro de Berlín y el inicio de la unipolaridad, se inició
una tercera etapa en la que EE. UU. se dedicó a promover las reformas liberales en
Suramérica orientadas hacia un enfoque comercial, considerando que el nuevo campo de
batalla para finales del siglo XX sería el comercio mundial. Por su parte, la cuarta etapa
estuvo marcada por fenómenos como el 11-S y la crisis financiera, ocasionando que EE. UU.
dirigiera su atención a regiones como Asia y Medio Oriente, descuidando su
intervencionismo tradicional en la región (Livingstone, 2009). Sin embargo, esto dio origen
al surgimiento de nuevas amenazas para la seguridad suramericana como el narcotráfico y el
crimen transnacional, fenómenos que han tenido como resultado múltiples intentos por parte
de países pertenecientes al bloque sur para lidiar con estos problemas de manera conjunta.
Según el anterior orden cronológico, es posible afirmar que las relaciones entre EE.
UU. y Suramérica, han estado marcadas por dinámicas asimétricas que perjudicaron e
impidieron el desarrollo de la región. Para contrarrestar la influencia estadounidense, los
países suramericanos intentaron aliarse con el objetivo de formar un bloque con la capacidad
de hacer frente a la injerencia externa, y en conjunto alcanzar altos niveles de crecimiento
económico, político y social. Influenciados por la ola integracionista iniciada en los 60’s y la
popularización del modelo Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), los
gobiernos nacionales empezaron a estructurar múltiples iniciativas de integración regional
que funcionaran como mecanismos de nivelación para sus economías subdesarrolladas por
medio de la implementación de mercados regionales que fortalecieran sus industrias; por esta
razón pretendían la exclusión de EE. UU. ya que era percibido como actor hegemónico en la
región. Sin embargo, el gobierno estadounidense presentó una posición reacia ante los
intentos de integración regional, principalmente porque su política exterior se enfocó en la
expansión de su esfera de influencia en el continente, razón por la cual tener vecinos tratando
de alisarse para disminuir su supremacía no era conveniente. Consecuentemente, EE. UU.
respondió a los intentos de cooperación incentivando la negociación de acuerdos bilaterales
con algunos países que se alinearan con sus intereses y así fragmentar la cohesión de las
naciones suramericanas deteriorando sus organismos de integración.
De esta manera, en 1990 EE. UU. presentó la “Iniciativa para las Américas” dando
origen al proceso de creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), por
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medio de esta propuesta el gobierno estadounidense buscaba “reforzar los Programas de
Ajuste Estructural (PAE) en América Latina, para hacer socios aún más compatibles con sus
intereses (fomentando el crecimiento económico sostenido, que aliviaría los problemas de
migración y narcotráfico)” (Tole, 2013, p. 258). Sin embargo, la lentitud en las negociaciones
de carácter multilateral, como por ejemplo en la Ronda de Doha y la Ronda de Cancún donde
se vio un limitado progreso de los intereses y objetivos estadounidenses, ocasionaron un
cambio en el acercamiento de Washington a los procesos de integración regional, dando
preferencia a las negociaciones bilaterales (Tole, 2013).
Por consiguiente, es posible afirmar que la transformación en la política exterior de
EE. UU. se ha posicionado como un mecanismo de contrapeso frente a los incipientes
procesos de integración regional suramericanos que no tienen como prioridad la inclusión
del país norteamericano ya que el acercamiento bilateral permite la explotación de dinámicas
asimétricas por parte de EE. UU., mientras que una propuesta multilateral como lo es el caso
de la Comunidad Andina (CAN) supone una cesión de autoridades o capacidades a un ente
supranacional, así como la implementación de “convergencia económica”, es decir, un
proceso comercial recíproco superior al 25%, lo cual no es una opción atractiva para los
intereses norteamericanos (Tole, 2013).
A partir del incremento en la presencia estadounidense en Suramérica, es necesario
hacer un recuento del desarrollo de los temas de seguridad y comercio en los procesos de
integración regional. En esta investigación se hará énfasis en la CAN y en la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), debido a que estas dos iniciativas presentaron en sus
lineamientos y objetivos un gran interés por consolidar aspectos de seguridad regional y una
dinámica comercial conjunta. Por su parte la CAN, a través de múltiples seminarios y talleres,
buscó establecer una Zona de Paz Andina que tenía como propósito la consolidación de un
área libre de armas nucleares, químicas y biológicas, posibilitando la resolución pacífica y
concertada de los conflictos (Comunidad Andina, 2006). Sumado a esto, en la octava reunión
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) de la CAN, se
estableció el “Plan andino para la lucha contra las drogas ilícitas” en el año 2001, el cual
tenía como objetivo “fortalecer y potenciar los programas nacionales de cada uno de los
países andinos a través de la coordinación, cooperación e intercambio de experiencias entre
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los Países Miembros y mediante la acción conjunta ante terceros países y en foros
internacionales” (CAN, 2001, p.3); por medio de este plan se buscaba implementar
mecanismos como el control de la producción, desvío de precursores químicos y desarrollo
alternativo, entre otros.
De igual manera, en el 2008 UNASUR puso en marcha el proyecto para la
consolidación del Consejo Suramericano de Defensa (CSD) mediante el cual la organización
pretendía la consolidación de la región como zona de paz, la estructuración de una identidad
suramericana en materia de defensa , generación de políticas y acciones conjuntas para hacer
frente a las problemáticas regionales (Comini, 2010). Desde su implementación, el CSD se
vio involucrado en múltiples actividades de mediación de conflictos, como el papel que
desarrolló en las crisis diplomáticas entre Colombia y Ecuador, así como la situación de
inestabilidad política de Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Ahora bien, después de introducir la presencia de EE. UU. en la región de Suramérica
y el papel que ha jugado la seguridad y el comercio en el desarrollo de la CAN y UNASUR,
es imperativo mencionar que la naturaleza asimétrica de ésta relación ha afectado las
dinámicas en los organismos de integración regional; también es relevante resaltar que la
importancia de esta investigación radica en el estudio de las relaciones entre los factores
comerciales y de seguridad, con aspiraciones a determinar si la influencia y presión que ejerce
EE. UU. sobre los asuntos internos de la región, beneficia o perjudica el desarrollo de la CAN
y UNASUR.
Adicionalmente, este proceso investigativo busca confirmar la importancia del
desarrollo de procesos de integración en Suramérica, ya que desde lo económico, éstas son
herramientas fundamentales para mitigar las relaciones asimétricas, el subdesarrollo en la
región, y fortalecer el mercado regional incrementando su estabilidad frente a futuras crisis
económicas. Por último, la integración regional, también cuenta con beneficios en el ambito
político, puesto que permite la coordinación de esfuerzos para lidiar con problemáticas
transnacionales como el cambio climático o los múltiples problemas de seguridad que
enfrenta Suramérica, y pueden gestar una plataforma para profundizar las relaciones,
mejorando la cooperación entre los países.
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Por esta razón se propone como pregunta de investigación: ¿Cómo la injerencia de
Estados Unidos en el ámbito comercial y de seguridad suramericanos afectó el desarrollo de
las iniciativas de integración regional de la CAN y UNASUR entre los años 2000 a 2018?
Para responder los siguientes objetivos específicos: i) Analizar las repercusiones de la firma
del TLC entre EE. UU. con Colombia y Perú en las metas de integración de la CAN; ii)
evaluar el impacto de la implementación del Plan Colombia en la evolución de la CAN; iii)
Determinar la incidencia del Acuerdo de Cooperación Militar entre EE. UU. y Colombia en
el 2009 sobre la propuesta de integración regional de UNASUR; iiii) Examinar la injerencia
de EE. UU. en la crisis política y económica de Venezuela, así como sus repercusiones en la
UNASUR. Con estos objetivos se pretende responder al propósito general de la
investigación, análizar la injerencia de EE. UU. en los ámbitos comerciales y de seguridad
suramericanos, entre los años 2000 a 2018, así como su impacto en los procesos de desarrollo
de la CAN y UNASUR.
En el desarrollo de esta investigación es posible observar que la injerencia de EE. UU.
en los ámbitos comerciales y de seguridad tuvo un profundo impacto negativo en el progreso
de la CAN y UNASUR. En primer lugar, la intervención estadounidense en la CAN generó
marcadas divisiones entre los miembros, la perdida de relevancia de las metas de integración
económica (formación de la unión aduanera y un arancel externo común) e impidió la
coordinación de políticas para hacer frente a la problemática del narcotráfico como bloque
regional.
Gracias al estudio de caso, se identificaron dos elementos que ocasionaron los
anteriores efectos: el Plan Colombia, cuya implementación dependía de la ayuda monetaria
de EE. UU. por lo que condicionó la actuación del gobierno colombiano, puesto que en su
intento de derrotar los grupos insurgentes presentes en el territorio nacional, debió alinear
sus políticas con los ideales de Washington, resultando en choques políticos en el seno de la
CAN; y el proceso de ratificación de los acuerdos comerciales del gobierno estadounidense
con Colombia y Perú, que vulneró el trato preferencial establecido para los miembros de la
comunidad, debido a que el mercado regional no tenía la capacidad para competir contra la
industria de la potencia norteamericana, esto a su vez impulsó el retiro de Venezuela de la
organización, país que declaró su rechazo total a la firma de los acuerdos y cuya su salida
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junto con la priorización de las relaciones bilaterales con EE. UU. por parte del gobierno
colombiano y peruano, marcó el inicio de la desintegración de la CAN, puesto que ningún
actor tuvo la voluntad política de profundizar la integración económica en la región andina.
En el caso de UNASUR, la injerencia de EE. UU. socavó su progreso puesto que
ocasionó el enfrentamiento político de los Estados miembros dentro de la organización
debido a su intento de expandir el alcance militar en la región por medio del establecimiento
de acuerdos militares con Colombia para hacer uso de sus bases; además, EE.UU. interfirió
directamente con el proceso de mediación política que la organización estaba realizando
frente a la crisis de Venezuela, imposibilitando la consecución de una solución a largo plazo
para esta situación. Adicionalmente, durante la transformación ideológica en Suramérica, el
gobierno estadounidense influenció el comportamiento de los actores más importantes del
organismo (Brasil, Argentina y Chile) por medio del establecimiento de relaciones
comerciales con ellos y promoviendo su inclusión en organismos de integración en los que
la potencia participaba (CPTPP y la Alianza del Pacifico). Los anteriores acontecimientos,
resultaron en una crisis de liderazgo de la UNASUR que relegó a un segundo plano la
consolidación de una política común de seguridad, y por consiguiente las demás metas de la
organización. De este modo, la contraposición de posturas en el seno de la UNASUR con
respecto a la presencia militar estadounidense en la región, la injerencia de Washington en la
mediación de la crisis venezolana y la influencia que ejerció sobre varios gobiernos que
pertenecían a la organización, llevaron a la desintegración de la estructura institucional y
dictaron el futuro fracaso de esta.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es posible afirmar que la injerencia
EE. UU. impactó gravemente el proceso de desarrollo de la CAN y UNASUR, por medio del
establecimiento de un esquema de acercamiento bilateral para la región y la generación de
conflictos internos en las organizaciones a raíz de la imposición de sus intereses comerciales
y de seguridad. Como evidencia de esta afectación se puede señalar la división de sus
miembros, la disolución de las metas y objetivos propuestos durante su funcionamiento, y el
posterior fracaso y desarticulación de las iniciativas de integración regional.
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0.2 Metodología
La estructura metodológica propuesta para este proceso investigativo es el estudio de
caso, tomando como unidades de análisis principales la CAN y UNASUR, dicho mecanismo
fue escogido ya que “permite una comprensión amplia de las diversas dinámicas presentes
en situaciones singulares o particulares” (Carazo y Cristina, 2006, p. 11). De igual manera,
posibilita procesos analíticos más profundos sobre las diversas unidades de análisis escogidas
para la investigación puesto que permite desglosar las particularidades de cada caso a
estudiar.
A partir de los estudios de caso seleccionados, se identificaron cuatro eventos que
harán posible un análisis detallado de las dinámicas asimétricas ejercidas por EE. UU. con
los países miembros de la CAN y UNASUR y el impacto de estas en el desarrollo de las
metas de integración en las organizaciones. Para el caso de la CAN, los sucesos a analizar
son la implementación del Plan Colombia junto con los procesos de negociación y firma de
los acuerdos comerciales de Colombia y Perú con el gobierno estadounidense. Por otra parte,
para UNASUR se estudiará el establecimiento del Acuerdo Complementario para la
Cooperación Técnica en Defensa y Seguridad, y la desarticulación de la organización
potenciada por la crisis política y económica en Venezuela. Todos los elementos
seleccionados van a ser analizados a través del marco teórico, para así obtener resultados que
hagan posible obtener resultados que determinen los mecanismos utilizados por EE. UU. para
imponer su agenda económica y de seguridad sobre los objetivos de la CAN y UNASUR.
La temporalidad de esta investigación será del año 2000 al 2018, se escogió este
periodo con base al establecimiento de las situaciones a analizar, a partir de las cuales es
posible observar un punto de convergencia entre ambas iniciativas de integración regional,
dicho punto corresponde a los procesos de desintegración y fracaso de ambas iniciativas. Por
lo tanto, dicha temporalidad hará posible el estudio de la injerencia de EE. UU. en el
desarrollo y finalmente fracaso de las iniciativas de integración.
Ahora bien, para complementar esta técnica metodológica se planea hacer una
revisión detallada de fuentes primarias, como lo son documentos oficiales de los gobiernos
involucrados en los diversos procesos, en especial reportes de política exterior,
específicamente en el ámbito de seguridad y de comercio. De igual manera, se considera
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pertinente estudiar los diversos acuerdos y tratados firmados en el marco de las iniciativas de
integración regional previamente mencionadas. Teniendo en cuenta la naturaleza política de
los Estados miembros, se constituye como un factor relevante la revisión de múltiples
documentos gubernamentales provenientes de cada país miembro, en especial aquellos del
ámbito ejecutivo ya que son fundamentales para la formulación de política exterior en
Suramérica. Adicionalmente, se realizará una revisión de fuentes secundarias, compuestas
por múltiples artículos, estudios y libros, que proveerán un importante trasfondo histórico al
proceso de análisis, y además, permitirán estudiar la posición que la academia tiene acerca
de la injerencia de un actor externo en el ámbito de seguridad y de comercio en una región
determinada.
Este proceso investigativo está dividido en cuatro apartados. El primero expone el
marco teórico que servirá como elemento explicativo de las relaciones asimétricas de EE.
UU. con la CAN y UNASUR. En el segundo, se estudiará la injerencia del gobierno
estadounidense en el desarrollo de la CAN con la implementación del Plan Colombia, junto
con la negociación y firma de los acuerdos comerciales de Perú y Colombia con EE. UU. En
tercer lugar, se analizará el impacto del país norteamericano en las prioridades de integración
de la UNASUR a través de la implementación del Acuerdo de Cooperación Militar con
Colombia y de su intervención en la crisis venezolana que finalmente dio origen al proceso
de desarticulación de la UNASUR. Por último, se presentarán las conclusiones pertinentes
del proceso investigativo.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Teniendo en cuenta las relaciones asimétricas que se llevaron a cabo entre EE. UU. y
la región Latinoamericana, es necesario integrar enfoques teóricos y conceptos que sirvan
como vehículo explicativo para analizar el comportamiento de los Estados miembros de la
CAN y UNASUR, con respecto a la injerencia estadounidense, junto con las implicaciones
en el desarrollo de las iniciativas. Por ende, se ha elegido la teoría de la dependencia, la
estructura de centro-periferia (C/P) de Raúl Prebisch, y la propuesta de realismo periférico
acuñada por Escudé, junto con los conceptos de regionalismo abierto y viejo regionalismo,
como el marco adecuado para analizar el presente estudio de caso.
1.1 Teoría de la dependencia
Dicha corriente de pensamiento se consolidó en Latinoamérica alrededor de la década
de los 50’s, en simultáneo con la revolución cubana, la cual marcó de gran manera el
panorama de las ciencias sociales suramericanas. Bajo este enfoque, el concepto de
“dependencia”1 fue redefinido por los intelectuales de la región para explicar condiciones de
sobreexplotación experimentadas por los países de la región con respecto a los poderes
hegemónicos dentro de un sistema capitalista (Beigel, 2006). De esta manera, el término ya
no se refería enteramente a las falencias presentes en los países latinoamericanos para
alcanzar el desarrollo, sino que ahora integraba los factores internos de cada nación con la
influencia externa ejercida por una potencia, para explicar la dinámica de dependencia en la
región; en palabras de Fernando Velasco Abad, “el desenvolvimiento mismo del capitalismo
era el que iba desarrollando y subdesarrollando a las naciones, según el papel que les tocaba
jugar” (Velasco, 1990, p. 41).
Ahora bien, es necesario mencionar que no hay una única teoría de la dependencia,
sino que este es un enfoque compuesto por múltiples ideas de diversos intelectuales
latinoamericanos. A pesar de la diversidad de concepciones, la mayoría de autores coinciden
1 Aunque el concepto de “dependencia” ha tenido concepciones muy variantes, para los propósitos
investigativos del presente estudio, se utilizará como categoría analítica de las ciencias sociales
latinoamericanas.
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en que el objetivo de esta teoría es tener un espectro analítico mucho más amplio al estudiar
los factores económicos y sociales de América Latina, debido a que en el pasado se había
observado el desarrollo de los Estados como un proceso con una serie de pasos y condiciones
determinadas que asegurarían la consecución de niveles altos de crecimiento
socioeconómico; es decir, se planteaba el desarrollo como una receta que de ser seguida al
pie de la letra, resultaría en una mejora de las condiciones de la región. Sin embargo, los
autores de esta corriente teórica plantearon un nuevo paradigma para el análisis del término
‘desarrollo’; Theotonio Dos Santos (1971) lo presenta como una categoría por la cual la
economía de ciertos países estaba condicionada por el crecimiento de otras economías a las
que estaba sometida. Según esta visión, las sociedades dependientes sólo crecían como
reflejo de la expansión de los países dominantes y sus economías (Dos Santos, 1971). De
esta manera, la teoría de la dependencia traía un elemento innovador a la región, puesto que
permitía la consideración y el cuestionamiento de la influencia que mantenían las grandes
potencias frente a los procesos de crecimiento de los países latinoamericanos.
Sumado a esto, Cardoso (1970) presentó el concepto de dependencia como las luchas
llevadas a cabo por las clases sociales y el Estado en situaciones de dominación. Esta idea
fue defendida por Bambirra (1978) y trasladada a nivel internacional, donde el fenómeno
social que se presentaba cuando los sectores oprimidos de la sociedad se enfrentaban a sus
opresores, se hacía presente cuando una nación oprimida se contraponía a una potencia
(Bambirra, 1978). De esta manera, los conceptos acuñados bajo la teoría de la dependencia
afirman la intención de los teóricos de expandir el espacio de análisis, teniendo en cuenta
factores externos, internos e históricos que puedan explicar la situación de subdesarrollo y
restricción en la cual se encuentra la región, planteando una estructura de centro y periferia
que explique las relaciones de dominación establecidas con los poderes hegemónicos del
sistema internacional; el principal exponente de este esquema teórico en la región es el
estructuralista de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Raúl Prebisch,
quien a pesar de no pertenecer a una corriente marxista -que caracterizó a los autores de la
teoría previamente expuesta-, expone su pensamiento bajo categorías conceptuales que
conectan su trabajo con los propósitos de la teoría de la dependencia.
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1.2 Raúl Prebisch: la estructura centro-periferia, y el desarrollo desigual
Aunque la estructura conceptual que diferencia los Estados de centro y de periferia
no fue inventada por Prebisch, este autor fue uno de sus mayores exponentes, y la planteó de
acuerdo con la necesidad de explicar el desarrollo desigual que se presentaba en América
Latina en el último tercio del siglo XX. Es así como este autor, por medio de varios estudios,
expone la idea de la existencia de una estructura establecida en el sistema internacional que
refuerza la apreciación que se tiene del concepto de desarrollo propuesta bajo la teoría de la
dependencia. Dicho marco de análisis consiste en la división de los Estados que participan
en la arena internacional: en la primera categoría están los países pertenecientes al centro,
cuyas economías,
al conseguir retener en su seno los beneficios del progreso técnico, pueden
articular su capacidad de producción (derivada de los incrementos de la
productividad que se van difundiendo a todos los sectores) con su capacidad
de consumo (a través de la suficiente remuneración de los factores, lo que
significa la absorción endógena del valor añadido). (Peinado, 2011, p. 36)
Estas naciones se caracterizan por tener la capacidad de determinar sus interacciones
con otros actores por medio de los requerimientos de su mercado interno. Por el contrario, la
segunda categoría está conformada por los Estados pertenecientes a la periferia, es decir,
aquellos que no tienen la capacidad de retención de los avances y mejoras de la
productividad, entonces, la única forma de mantener su economía competitiva sería
estableciendo una matriz de precios bajos que al mismo tiempo es controlada por las
necesidades del mercado exterior incluyendo actores mucho más fuertes (Peinado, 2011,
p.36). Este fenómeno tiene repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad, ya que, al
establecer precios bajos, los costos también deben ser reducidos para así tener un margen de
ganancia, lo cual afecta directamente la calidad de vida de los trabajadores; esto, sumado a
una distribución de la renta desigual, ocasiona el fenómeno de la dependencia y dominación
por parte del centro, ya que su crecimiento implica el sometimiento y subdesarrollo de la
periferia. Este paradigma se complementa con el pensamiento de Carlos Escudé y su
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propuesta del realismo periférico, como explicación al mantenimiento de las relaciones de
dominación.
1.3 Carlos Escudé: Realismo Periférico
Como su nombre lo dice, este planteamiento toma elementos del realismo, como las
capacidades de coerción por parte de Estados fuertes, pero se enfoca en la política exterior
de los Estados débiles, proponiendo maneras de desescalar, y más importante aún, evitar
conflictos y confrontaciones con las potencias, apoyándose en los efectos negativos y
consecuencias que perjudican a la población nacional (Escudé, 2009, p.7). Este enfoque
teórico determina que los países débiles, o en conexión con el concepto de Prebisch, los
Estados pertenecientes a la periferia, deben modelar sus políticas con el objetivo de evitar
enfrentamientos con los países que hacen parte del centro.
El autor adapta esta propuesta a Latinoamérica por medio del estudio específico del
caso argentino, ya que a finales del siglo XX el país incurrió en ciertas confrontaciones con
diversas potencias del sistema internacional; entre ellas se destacaban el conflicto territorial
con Reino Unido (UK) por el dominio de las islas Malvinas, la negación a la firma del Tratado
de no Proliferación Nuclear (TNP), y la colaboración con Iraq para desarrollar un misil capaz
de transportar una ojiva nuclear, entre otros. A partir de este modo de actuar del gobierno
argentino, Escudé utilizó el Realismo Periférico para explicar e ilustrar las consecuencias que
habían tenido las múltiples confrontaciones con EE. UU. y UK (Escudé, 2009, p. 5).
Sin embargo, aunque el realismo periférico establece como objetivo principal evitar
el conflicto con las potencias también plantea que:
[…] la confrontación con Washington es inevitable, porque están en juego
intereses materiales divergentes en los que se pone en juego el bienestar del
propio pueblo […] El realismo periférico jamás ha aconsejado abdicar en esos
casos. Por el contrario, lo que aconseja es ahorrar la limitada capacidad de
confrontación de nuestros débiles Estados para aquellas situaciones en que el
conflicto diplomático es inevitable. (Escudé, 2009, p. 7)
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En consecuencia, es posible afirmar que, de cierta manera, la teoría busca establecer
una ruta de acción para que los Estados periféricos tengan la capacidad de maniobrar y
mermar las fuertes relaciones de dominación que son impuestas por el centro. A pesar de que
Escudé no haga uso de elementos conceptuales marxistas, propios de la teoría de la
dependencia, es posible relacionar su análisis con términos planteados bajo esta teoría. Ahora
bien, es necesario acudir a nociones específicas fuera de la corriente de pensamiento
dependentista, que puedan explicar las diversas herramientas de integración regional útiles
para analizar el presente estudio de caso.
1.4 Regionalismo abierto y viejo regionalismo: contraste de acercamientos a la
integración regional
En primer lugar, el regionalismo abierto es definido por la CEPAL como el modelo
exportador que coordina la “interdependencia nacida de acuerdos de carácter preferencial y
aquella impulsada por las señales del mercado, resultantes de la liberalización comercial en
general” (De la Reza, 2013, p. 209). Entonces, se puede afirmar que el modelo abierto de
regionalismo tiene un enfoque dirigido mayoritariamente al ámbito económico, en el cual
por medio de acuerdos comerciales se propone aumentar o profundizar la participación de
los involucrados en los diversos mercados disponibles. Así mismo, se establece el uso de
acuerdos institucionales flexibles, es decir, que le corresponde a cada Estado definir qué
sectores de la economía nacional entrarán en dichos tratados; una dinámica que a su vez tiene
como objetivo la consecución de estabilidad económica y comercial, mediante instituciones
financieras de carácter regional (De la Reza, 2013).
Adicionalmente, el regionalismo abierto se diferencia de la apertura comercial
ordinaria ya que da un trato económico preferencial a los miembros involucrados en la
dinámica de integración comercial (Lerman, 1997, p. 354). Este modelo promueve un
acercamiento mucho más liberal en términos económicos y además no requiere cesión
exagerada de autonomía a un ente supranacional, hecho que aletarga los procesos de
negociación en las diversas iniciativas de integración que se han llevado a cabo en América
del Sur. Un ejemplo claro de este tipo de integración es el modelo aplicado en Asia del Este,
en donde se promueve la independencia regional, pero al mismo tiempo se busca una
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profundización del intercambio económico por medio de la liberación de bloques
comerciales en los diversos acuerdos formulados (De la Reza, 2013, p. 212).
Ahora bien, el viejo regionalismo hace referencia a la experiencia y construcción de
la Unión Europea (UE), sus diversas políticas y normativas. Este término se diferencia del
regionalismo abierto en que su acercamiento al ámbito económico es mucho menos flexible,
siendo uno de sus rasgos más importantes que “la primacía de la protección nacional tiende
a basarse en la multiplicidad de las listas positivas de productos, cuya definición completa
normalmente surgía sólo después de dilatadas negociaciones paso a paso” (Devlin y
Estevadeordal, 2007, p. 3). De igual manera, es posible afirmar que dicho concepto tiene un
acercamiento más amplio e intenta involucrar múltiples aspectos de la sociedad en los
procesos de integración regional. Regresando al ejemplo de la UE, se establecieron múltiples
entidades supranacionales que regulaban diversos ámbitos de los Estados, y estos a su vez
convinieron en la cesión de autonomía, a cambio de un trato preferencial en varios temas
como comercio, políticas financieras, políticas sociales y migratorias, entre otros.
1.5 Aplicación de teorías y conceptos
Los enfoques expuestos en este capítulo responden a la selección de elementos
conceptuales valiosos para el proceso analítico que se va a llevar a cabo en este estudio, y
proveen un contexto teórico que soportará más adelante el análisis del desarrollo de la CAN
y UNASUR. La teoría de la dependencia se convierte en un lente explicativo que posibilita
el estudio de las dinámicas de dominación ejercidas por EE. UU. y la respuesta de los diversos
Estados involucrados en las iniciativas de integración regional.
Por su parte, el esquema formulado por Prebisch es de gran utilidad para esta
investigación, ya que ilustra la dinámica de C/P que existe dentro del sistema internacional,
lo que sirve como un vehículo conceptual para realizar un estudio detallado de las relaciones
entre los actores propuestos, teniendo en cuenta su situación de dependencia y las relaciones
de poder que se encuentran en la estructura propuesta por el autor. Este análisis proveerá un
trasfondo teórico que apoya la revisión de los intereses respectivos de los Estados miembros
y los de EE. UU., lo que a su vez contribuye con el estudio del desarrollo de los organismos,
20
sus éxitos y/o fracasos, junto con los efectos o posibilidades de llevar a cabo procesos de
integración regional excluyendo al hegemón.
Complementando el análisis de Prebisch, la teoría de realismo periférico de Escudé
establece un marco analítico para estudiar el desarrollo de la CAN y UNASUR bajo la
influencia estadounidense, siendo los Estados miembros unidades débiles y limitadas
económicamente, por lo que, según el pensamiento de Escudé, deberían evitar
confrontaciones con los fuertes. Adicionalmente, Escudé introduce el componente de
seguridad al análisis, puesto que hace uso de elementos del realismo como son las
capacidades de coerción y sanción por parte de las potencias. Dichos conceptos son
relevantes al momento de analizar la influencia que ejerce EE. UU. en los organismos, ya
que el progreso o fracaso de estos puede estar determinado por estas capacidades, en palabras
de Escudé, “El Estado débil y poco estratégico para EE. UU. Debe evitar confrontaciones
externas, nunca debe desafiar a la potencia hegemónica, en su lugar debe convertirse en un
aliado” (Escudé, 2009).
Por último, los conceptos de regionalismo abierto y viejo regionalismo permitirán
ilustrar y contrastar los diferentes métodos, herramientas, intenciones y finalidades de los
diversos actores involucrados en el presente estudio de caso, para alcanzar sus objetivos de
integración regional. Así mismo, este análisis posibilita el cuestionamiento de la presencia
del país norteamericano en los proyectos multilaterales suramericanos, así como la naturaleza
de su impacto en el desarrollo y progreso de los mismos. El entendimiento de estos procesos
contribuye a la comprensión de las dinámicas de integración en la región, lo que es esencial
para profundizar el acercamiento de los países suramericanos entre sí, abriendo la posibilidad
de políticas conjuntas que mejoren el panorama social, económico y de seguridad en cada
una de las naciones.
21
CAPITULO II
INJERENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN LA COMUNIDAD ANDINA
La integración regional en Suramérica inicia con la creación de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960, en la cual se encontraban contenidos
todos los países suramericanos y México, por medio de esta iniciativa se buscaba expandir
la capacidad exportadora de sus miembros y mejorar los niveles de desarrollo de los países
más pobres, creando un área de comercio sin aranceles (Da Silva, Orso, 2017).
A partir de esta iniciativa surgió el Pacto Andino, que tuvo su inicio con el Acuerdo
de Cartagena firmado en 1969 por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia; esta
organización tenía como objetivo principal la industrialización gradual de las economías
participantes, teniendo en cuenta la protección de sectores primarios de la industria que se
verían afectados por dichos procesos (Bustos, 2010). Es posible dividir el desarrollo de esta
iniciativa regional en diversas etapas de acuerdo con los mecanismos y herramientas
utilizados para cumplir sus objetivos y metas: la primera fase está situada en los años 70’s,
donde su principal método para implementar los planes de desarrollo económico era la
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)2, orientada principalmente a la
integración de la región (Aguirre, Peña, Duarte, 2014).
La segunda etapa del Pacto Andino se puede ubicar alrededor de la celebración de la
reunión de Galápagos en 1989, donde los Estados miembros de la organización redirigieron
el enfoque de los procesos de integración hacia dinámicas de regionalismo abierto, como la
aprobación del Diseño Estratégico y Plan de Trabajo, documento donde se sentaron las
bases estructurales para el desarrollo de procesos de integración regional como la eliminación
de tasas arancelarias y el establecimiento de la Zona de Libre Comercio en el año
1993 (Aguirre, Peña, Duarte, 2014). De igual manera en dicha reunión se hace énfasis en el
tema de seguridad, razón por la cual en la Declaración de Galápagos (Compromiso Andino
de Paz, Seguridad y Cooperación), queda establecido como tema prioritario:
2 El ISI es una teoría económica que afirma que un país, para lograr su desarrollo debe establecer procesos de
transformación de las materias primas en lugar de categorizarlas como bienes para exportación. (Westreicher,
2021)
22
[…] el flagelo del tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas genera
peligros y distorsiones económicas, sociales y políticas, así como violencia
criminal, y que además vulnera seriamente la paz, el desarrollo y la estabilidad
de nuestras sociedades, amenazando inclusive la seguridad de la región,
especialmente cuando sus actividades se asocian a actos
terroristas. (Comunidad Andina, A, 1989, p. 1)
Ahora bien, el protocolo de Trujillo y Sucre, firmados en 1996 y 1997
respectivamente, son los precursores de la tercera etapa del Pacto, donde se introdujeron
múltiples reformas a la estructura institucional del organismo y se asignó su denominación
actual, Comunidad Andina. A partir de éstas reformas se crearon tres nuevos órganos dentro
de la CAN: el Consejo Presidencial Andino, máxima autoridad de la organización
conformada por los jefes de gobierno de los Estados miembros; el Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE), órgano legislativo y de decisión,
encargado de formular y ejecutar la política exterior de los países miembros en asuntos de
interés subregional; y el Sistema Andino de Integración (SAI), el cual permite diversificar el
campo de acción de la organización, abarcando además de temas tradicionales, acuerdos
económicos, asuntos sociales, ambientales y de seguridad (Aguirre, Peña, Duarte, 2014).
A pesar de la fuerte estructura institucional de la CAN, a inicios del siglo XXI se
incrementó sustancialmente la injerencia de EE. UU. en la región, lo que interfirió con los
objetivos y metas de la organización, dividiendo a los Estados miembros dadas las posiciones
conflictivas que se presentaron frente a la potencia. En el presente estudio se identificaron
dos casos en los que la injerencia estadounidense tuvo un impacto profundo en el progreso
de la Comunidad: la implementación del Plan Colombia y la firma de los Tratados de Libre
Comercio de Colombia y Perú con EE. UU., que se analizarán a continuación bajo el lente
teórico de la estructura dependentista C/P y los elementos del realismo periférico.
2.1 Plan Colombia
El Plan Colombia surge durante el mandato de Andrés Pastrana, en respuesta a la
creciente participación de grupos insurgentes en las actividades del narcotráfico y en el
conflicto armado contra las fuerzas estatales, mayormente las Fuerzas Armadas
23
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros. Esta situación
agravó el conflicto armado presente en Colombia desde mediados del siglo XX, amenazando
con desestabilizar la estructura política y económica del país. El peligro de las dinámicas del
narcotráfico dentro de las organizaciones criminales radica en el alto rendimiento económico
que se obtiene, sumado a la proyección internacional del conflicto debido a que el tráfico de
drogas se basa en las dinámicas del mercado capitalista, transformando el flagelo regional en
una problemática global (Tello, 2005).
Pastrana inicialmente presentó el Plan como un mecanismo de promoción de los procesos
de paz, planteado principalmente para la inclusión de las FARC-EP en procesos de resolución
pacífica del conflicto (Proaño, 2004). La propuesta del mandatario era una estrategia
multidimensional que incluía dentro de sus lineamientos, “una acción gubernamental, con
apoyo financiero norteamericano, centrada en los siguientes aspectos prioritarios: desarrollo
económico y social; atención humanitaria; fortalecimiento institucional; mejoramiento de la
infraestructura; y protección ambiental.” (Proaño, 2004, p. 54)
Sin embargo, una vez la propuesta de Colombia llega a Washington, este respondió con
un nuevo plan que, en lugar de considerar una resolución pacífica del conflicto, favorecía los
intereses y objetivos de seguridad nacional planteados por el gobierno estadounidense;
adicionalmente, bajo la aprobación de la Iniciativa Regional Andina (IRA), el área de acción
de la propuesta se amplió al conjunto de países que integran la CAN (a excepción de
Venezuela debido al delicado estado de sus relaciones). Consecuentemente, la versión
ratificada del Plan Colombia apoyada por el gobierno estadounidense se enfocó en la lucha
antinarcóticos y la contrainsurgencia, por medio del fortalecimiento de las capacidades
bélicas de la Fuerzas Armadas (FF. AA.) de cada Estado, propiciando la militarización del
conflicto (Proaño, 2004). En el año 2000, durante el mandato de Bill Clinton, el congreso
estadounidense aprobó la iniciativa del Plan Colombia, que consistió en un paquete de ayuda
de 1.3 billones de dólares dirigido para Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, donde el 65%
del presupuesto aprobado estaba destinado para el Estado colombiano y el 35% restante se
dividiría con los países vecinos (Barrachina, 2018).
24
A través del lente teórico del realismo periférico de Escudé es posible visibilizar la
injerencia que tuvo EE. UU. con respecto a la estructuración e implementación del Plan
Colombia en el marco de la IRA. En este caso el actor hegemónico condicionó el paquete de
ayuda monetario a aquellos gobiernos que estuvieran dispuestos a implementar políticas
alineadas con sus objetivos de seguridad. Por esta razón, los países de la CAN se vieron
obligados a subordinarse ante las intenciones de EE. UU. para evitar un choque de intereses,
ya que como afirma Escudé, una contradicción al hegemon puede resultar en el
debilitamiento del aparato estatal por medio de sanciones y la desconfianza de otros actores
en el sistema internacional (Escudé, 2014). Además de la subyugación, la implementación
del Plan Colombia expuso la incapacidad militar y económica de los países de la CAN para
generar respuestas a la problemática de la lucha contra el narcotráfico.
El Plan Colombia inició con una fase conocida como “Plan para la paz, la prosperidad
y el fortalecimiento del Estado”, cuyo periodo de desarrollo fue del año 2000 al 2006 (DNP,
2016). Durante esta etapa, la principal estrategia de la iniciativa fue la aplicación del enfoque
militarista creado por EE. UU., donde por medio del fortalecimiento bélico de las FF. AA.,
y la erradicación de cultivos ilícitos (fumigación con agentes químicos), se buscaba debilitar
los grupos beligerantes presentes en el territorio nacional (DNP, 2016). Por otra parte,
mientras este plan era puesto en práctica, los miembros de la CAN también buscaron formular
políticas conjuntas en la lucha contra la producción y tráfico de drogas, que no requirieran la
presencia de EE. UU. De esta manera la CAN se basó en el artículo 16 del Acuerdo de
Cartagena para estructurar la decisión 458, la cual indicaba la necesidad de diseñar un plan
conjunto basado en la responsabilidad compartida (López, 2012), dando origen en el 2001 al
Plan Andino de Cooperación para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos,
iniciativa que propuso diferentes mecanismos para la acción conjunta sobre el narcotráfico
como:
[…] el intercambio de información sobre actividades de interdicción y
modalidades de tráfico; la ampliación de la coordinación entre las autoridades
responsables; la capacitación de los funcionarios nacionales responsables de
la lucha contra las drogas ilícitas; la suscripción de acuerdos de asistencia
judicial en materia penal; el intercambio de experiencias en programas de
25
desarrollo alternativo; el fortalecimiento de la cooperación para la prevención
y control del lavado de activos; la prevención del consumo y la producción y
el combate al tráfico de drogas sintéticas y de diseño; la captación de
cooperación técnica y financiera internacional en apoyo de las acciones
contempladas en el Plan; y la gestión para la renovación y ampliación de los
programas de preferencias comerciales en apoyo a la lucha contra las drogas
ilícitas; entre otras. (López, 2012, p. 138)
Durante el inicio del siglo XXI, la CAN continuó con la formulación de elementos
conjuntos para la mitigación de la problemática del narcotráfico, en el año 2004 la comunidad
adoptó la decisión 602, la cual estableció una normatividad para el control de la producción
de elementos químicos utilizados en la fabricación de narcóticos; al mismo tiempo buscó la
protección del territorio aduanero, lo que significaba el monitoreo de posibles desvíos e
importaciones de dichos agentes químicos a la región. Adicionalmente, los órganos de la
CAN implementaron la decisión 552 como elemento de acción conjunta alrededor de temas
como la venta y producción de armas de fuego, municiones y explosivos, la cual se basaba
en la cooperación e implementación de planes nacionales por parte de cada Estado miembro,
que estuvieran acorde con los propósitos de la decisión (López, 2012).
Más adelante, en el año 2004, la CAN consolidó los lineamientos de una política
externa común andina que seguía los lineamientos establecidos en la Declaración de
Seguridad de las Américas, propuesta bajo el marco de la Organización de Estados
Americanos (OEA)3 un año antes. Dicha política tenía como propósito principal la
prevención de nuevas amenazas a la seguridad regional (especialmente el narcotráfico), y se
basaba en cuatro elementos:
1) la Política exterior común; 2) el Plan andino de cooperación para la
lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos y los programas
operativos que se adopten en ese marco; 3) el Plan andino para la
prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos; y 4) la Cooperación aduanera, en los
3 Es importante mencionar que la OEA está conformada por 35 países del continente americano, entre ellos los
miembros de la CAN, EE. UU y Canadá, por lo tanto, hay una gran posibilidad de que la formulación de la
política externa común andina tuviera influencia estadounidense.
26
aspectos vinculados con la seguridad y la defensa externa. (López, 2012,
p. 140)
A pesar de los esfuerzos conjuntos de la CAN, no se logró establecer mecanismos
prácticos para la cooperación en temas de seguridad, ni tampoco se cumplió el objetivo
propuesto en la política externa común andina de hacer frente a la problemática regional del
narcotráfico (Guáqueta, Leal, 2004). En este punto se hace visible la injerencia de EE. UU,
que impactó negativamente el desarrollo de las metas de integración propuestas por la CAN,
a través de la implementación del Plan Colombia. Dicha dinámica puede ser explicada desde
las relaciones de dependencia presentes en la estructura teórica de C/P, la cual determina que
el desarrollo económico, político y social de los países pertenecientes a la periferia se
encuentran condicionados por las influencias externas provenientes de los Estados centrales
(Peinado, 2011); por lo tanto, las relaciones de dependencia establecidas por parte de EE.
UU. con varios miembros de la CAN, forzaron que los últimos les dieran prioridad a las
interacciones con el gobierno estadounidense, puesto que del éxito de estas dependía la
continuidad del apoyo monetario para hacer frente a la problemática del narcotráfico. Al
mismo tiempo, esta situación generó que las políticas de seguridad formuladas en el ámbito
regional pasaran a un segundo plano y su desarrollo quedara estancado, puesto que la lucha
interna y la presentación de resultados a Washington en términos de erradicación de cultivos
ilícitos y debilitamiento de los grupos insurgentes, se convirtieron en los principales temas
de la agenda de los Estados andinos involucrados en la iniciativa.
De igual manera, es posible complementar la explicación de la influencia de EE. UU.
en el desarrollo de la CAN por medio de elementos del realismo periférico, puesto que la
imposición de los objetivos e ideales estadounidenses en el Plan Colombia responde a la
decisión por parte de Colombia y Perú de evitar confrontaciones con la potencia (Estados
Unidos) buscando conseguir el apoyo financiero necesario para reestablecer el control estatal.
Dicha dinámica generó múltiples divisiones dentro de la CAN, en especial por parte de
Venezuela y Ecuador, quienes se mostraron reacios a la iniciativa; el Estado ecuatoriano
argumentó que el escalamiento bélico del conflicto interno colombiano generó la incursión
de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares al territorio nacional (Tello, 2005); mientras
que el gobierno venezolano criticó el componente militar del Plan, afirmando que daría paso
27
a un incremento de la magnitud y violencia de los enfrentamientos, generando un traslado
del conflicto y sus consecuencias fuera de las fronteras internas colombianas (Romero, 2004).
Por esta razón, es posible afirmar que la injerencia de Estados Unidos en el desarrollo
de la CAN se puede ver en la explotación de las relaciones de dependencia establecidas con
los países andinos, junto con la imposición de su capacidad coercitiva en el ámbito
económico, lo que generó el deterioro de las relaciones entre los miembros y, de igual
manera, relegó las metas regionales en materia de lucha contra el narcotráfico a esfuerzos
individuales sin cooperación alguna entre los entes locales.
2.2 Los Tratados de Libre Comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos
El proceso de estructuración de los acuerdos comerciales bilaterales de Colombia y
Perú con EE. UU. tienen sus antecedentes en la Iniciativa para las Américas, la cual fue
planteada por el gobierno estadounidenses para incentivar su asociación económica con los
países del continente. Este proyecto promovía la inversión y el intercambio comercial entre
naciones, con el objetivo de reducir la deuda que los países de la región habían adquirido con
Washington (Prado, 2018).
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la Iniciativa de las Américas, la situación de
seguridad en la región andina era crítica; allí se encontraban los mayores productores de
cocaína y marihuana del mundo, por lo que además de un acercamiento económico, EE. UU.
buscó la securitización de la agenda política de los Estados miembros de la CAN. A través
del Andean Trade Promotion Act (ATPA), firmado por George Bush en 1991, se planteó una
serie de incentivos económicos que respondieran a objetivos fijados en la lucha contra las
drogas,
making it part of a multifaceted strategy to counter illicit drug production and
trade in Latin America. For ten years, it has provided preferential, mostly
duty-free, treatment of selected U.S. imports from Bolivia, Colombia,
Ecuador, and Peru. ATPA’s goal has been to encourage growth of a more
diversified Andean export base, thereby promoting development and
providing an incentive for Andean farmers and other workers to pursue
economic alternatives to the drug trade. (Hornbeck, 2002, p. 1)
28
Bajo el ATPA los miembros de la CAN obtuvieron varias ganancias; entre los años
1994 y 2000, el nivel de exportaciones de los países participantes tuvo un incremento del
84%, de igual forma las importaciones estadounidenses, aspecto crucial del ATPA,
aumentaron en un 105%, siendo los principales productos importados de la región andina el
petróleo crudo, oro, especias, café, y artículos de cobre, entre otros (Hornbeck, 2002).
Aunque el acuerdo caducó en 2001, es renovado bajo el nombre de Andean Trade Promotion
and Drug Eradication Act (ATPDEA) en el 2002, simultáneo a la implementación del Plan
Colombia, donde se reiteraron las preocupaciones de seguridad que tenía EE. UU. con
respecto a Suramérica.
La nueva extensión de la vigencia del ATPDEA marca el inicio de una propuesta
estadounidense para negociar TLC’s con el grupo de países que eran beneficiarios del
acuerdo. EE. UU. anuncia su iniciativa a través de la Oficina del Representante Comercial
(USTR) en 2003; durante este proceso Colombia, Perú y Ecuador empezaron las rondas de
negociación con Washington para la consolidación de sus respectivos acuerdos comerciales.
Bolivia por su parte optó por permanecer como Estado observador (Prado, 2018).
No obstante, durante este proceso Ecuador decidió retirarse debido al rechazo a sus
preferencias arancelarias establecidas en el conjunto de asimetrías (Prado, 2018). De igual
forma, Bolivia se mostró reacio a la firma de un acuerdo puesto que no consideraba
adecuadas las condiciones bajo las cuales firmaron Colombia y Perú, por lo que no estaba
dispuesto a atenerse bajo las mismas. Por otra parte, la firma de estos TLC’s causó graves
consecuencias para la CAN, ya que ocasionó la salida de Venezuela, país marginado de la
ATPA y ATPDEA, y por ende de las negociaciones comerciales, por lo que concebía como
negativa la injerencia estadounidense para los procesos de integración regional (Sáenz,
2007).
El retiro de Venezuela inició la desintegración de la CAN, puesto que afectó de gran
manera el funcionamiento del organismo, debido a que la economía de este país en especial
la industria energética y de manufacturas jugaba un papel fundamental en el comercio andino,
de igual forma el mercado venezolano representaba una porción significativa de los ingresos
que recibían los otros miembros de la CAN, por esta razón, con su salida de la iniciativa hace
que el incentivo económico se vea reducido. Adicionalmente, la cercanía ideológica entre el
29
presidente Chávez y el mandatario Evo Morales, el cual apoyó la posición de Venezuela
frente a los acuerdos comerciales, resultó en la evaluación de un posible retiro del organismo
por parte de la delegación boliviana (Malamud, 2006).
Por lo tanto, las fuertes relaciones comerciales de países como Colombia y Perú con
EE. UU. y la histórica alineación ideológica que mostraba Bolivia con Venezuela, generaron
la división de los miembros y potenciaron el deterioro de la CAN , ya que el gobierno
colombiano junto con el peruano, establecieron como tema fundamental de su agenda
económica el TLC, mientras que las prioridades bolivianas se mantuvieron enfocadas en el
fortalecimiento político y comercial de la región, por medio de su apoyo al Alianza
Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA). En el caso de Ecuador, la negativa
al TLC con EE. UU. apuntaba a que apoyaría la posición de Venezuela, sin embargo, este
país optó por fortalecer su papel en el ALCA por lo cual se alineó con los intereses
estadounidenses. La suma de estos factores estancó el progreso de la CAN y la ha dejado en
un estado de relativa inactividad desde el 2006 (Malamud, 2006).
A pesar de que ningún otro Estado ha dejado el organismo, las dinámicas que se
presentaron entre sus miembros, originaron un vacío de poder que ha impedido el
establecimiento de avances significativos de los proyectos de integración económica y las
políticas de seguridad conjuntas. Por lo tanto, la organización ha perdido su relevancia
regional y no figura como prioridad en los objetivos políticos nacionales de sus miembros.
Simultaneo al proceso de desarticulación de la CAN, se da la expiración de la
ATPDEA en el 2006, que, junto con el retiro de Ecuador y Bolivia de las negociaciones
comerciales, inició el establecimiento de un acuerdo bilateral para Colombia y Perú con EE.
UU. En el caso peruano, el TLC entró en vigencia en 2009 y benefició mayoritariamente las
exportaciones tradicionales del país, bienes como combustibles fósiles, metales preciosos y
productos agrícolas hacen parte de los elementos negociados en el tratado (Alva, 2009). Por
su parte el TLC entre EE. UU. y Colombia se hizo efectivo a partir de 2013, y de manera
similar al acuerdo de Perú, estableció preferencias arancelarias para bienes del sector
primario, en especial la industria energética y metalúrgica: petróleo y sus derivados, oro,
cobre y carbón, entre otros (Cedetrabajo, 2019).
30
Por su parte, la CAN había propuesto desde sus inicios múltiples metas en temas de
integración económica, como el establecimiento de la Zona de Libre Comercio Andina (ZLC)
la cual permitió el tránsito abierto de bienes y servicios dentro de la comunidad; sumado a
esto se implementó un Arancel Externo Común (AEC), que más adelante se transformó en
una política arancelaria conjunta que tenía la intención de fijar una tarifa exterior para
fortalecer la organización en sus negociaciones comerciales como bloque regional. A pesar
de varios inconvenientes con el mantenimiento de estos elementos, como el lento proceso de
eliminación de impuestos comerciales de Perú y los incumplimientos de las políticas
arancelarias establecidas por parte de algunos miembros, la CAN había logrado consolidarse
como un actor relevante (Gonzáles, 2009).
Sin embargo, dicho proceso se vio interrumpido por el inicio de las negociaciones
bilaterales por parte de Colombia y Perú con EE. UU.. A partir de este punto se puede
observar cómo la injerencia del gobierno estadounidense con la firma de los TLC’s tuvo un
profundo impacto negativo en el desarrollo de la CAN. Dicha dinámica puede ser explicada
por medio de las relaciones de dependencia presentes en la estructura C/P y algunos
elementos del realismo periférico. Inicialmente, las economías de la región andina, al ser
Estados periféricos, se ven obligadas a relacionarse con Estados centrales para lograr
incrementar sus ganancias económicas y poner en marcha su proceso de desarrollo (Moré,
2017), esta afirmación ilustra las relaciones de dependencia que mantuvieron los gobiernos
de Perú y Colombia al darle prioridad al establecimiento de acuerdos comerciales con EE.
UU., debido a que lo consideraron como un mayor beneficio que la profundización de las
políticas económicas existentes en la CAN, generando la pérdida de relevancia de la
consecución de las metas de integración andina. En palabras de Prado:
[..] el esquema de comercio de la CAN sufrió las intrusiones vinculadas con
los TLC firmados por los Estados miembros con terceros países. Su
proliferación tendió a mitigar los beneficios derivados del trato preferencial
que tenían los países miembros en el acceso a los mercados regionales. La
maraña de compromisos, normas de origen y ritmos en las medidas de rebajas
arancelarias terminaron por debilitar profundamente las reglas del IER y
contribuyeron a desintegrar de facto los esquemas de integración regional. Es
31
el caso de la formación de una unión aduanera que requiere la adopción de
una política comercial común. (Prado, 2018, p. 147)
A su vez esto ocasionó divisiones en el ámbito interno de la organización, con la
salida del Estado venezolano, el cual denunció los acuerdos comerciales y afirmó que eran
perjudiciales para las metas que se esperaban cumplir en la CAN (Sainz, 2007).
Adicionalmente, en el caso colombiano la decisión de priorizar el ámbito bilateral con EE.
UU. evidencia la dinámica presente en la explicación del realismo periférico, donde
Colombia decide fortalecer su vínculo con Washington esperando mantener la ayuda
económica que jugaba un papel muy importante en la lucha contra narcotráfico y evitar así
la categorización como país inestable en el sistema internacional.
Por consiguiente, se puede establecer que la injerencia de EE, UU. en el progreso y
consecución de metas de integración económica radica en el mantenimiento de dinámicas
dependentistas y elementos coercitivos comerciales (como la no entrada al mercado
estadounidense y el corte del flujo de ayuda económica), que ocasionaron que se relegara el
ámbito regional a un segundo plano y se dividieran los miembros en cuanto a su posición
frente a los acuerdos comerciales. El resultado de la suma de estos factores dio paso a una
crisis de liderazgo en la CAN, iniciando su proceso de desintegración.
32
CAPITULO III
INJERENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN LA UNIÓN DE NACIONES
SURAMERICANAS
El segundo estudio de caso pertinente para la investigación es la (UNASUR), la cual
surgió a partir de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). Este organismo se
consolidó en el año 2004 durante la declaración de Cusco, bajo el marco de la Tercera
Reunión de Presidentes de América del Sur, y tenía como propósito ser el punto de
convergencia de las demás propuestas de integración regional existentes en Suramérica; la
CSN reunía a los miembros de la CAN (Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia), los
países de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), a Surinam y Guyana
(Oddone y Durán, 2005).
En el transcurso de su primer año de constitución, la CSN buscó fortalecer el marco
institucional de la comunidad, de igual forma sus integrantes promovieron la integración
económica por medio de diversos mecanismos de cooperación que se enfocaban en los
ámbitos sociales y políticos. Adicionalmente, se definieron como temas prioritarios las
discusiones acerca de una integración energética, diálogo entre Estados, el sector financiero
y el de comunicaciones (Insignares, S, 2013). Mas adelante, el organismo definió un plan de
acción, consolidó la agenda temática prioritaria, y creó varios órganos importantes para su
funcionamiento: los Consejos Suramericanos de Lucha contra el Narcotráfico;
Infraestructura y Planeamiento; y Desarrollo Social. Así mismo, se modifica el nombre de la
comunidad adquiriendo la nueva denominación de UNASUR (Insignares, 2013).
Sin embargo, el tratado constitutivo de la organización tardaría hasta el 2008 en ser
firmado, es necesario mencionar que en este documento queda claramente estipulada la no
implementación de un acercamiento supranacional para la organización, es decir, no existía
la posibilidad de cesión de soberanía a un ente superior. En cuanto a la jerarquía institucional,
la organización constaba de cuatro órganos principales: el Consejo de Jefas y Jefes de Estado,
ente directivo que tenía la capacidad de citar reuniones ministeriales y formar consejos; a
este le seguía el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, encargado del
desarrollo de las decisiones y resoluciones emitidas por el Consejo de Jefes de Estado, que
33
además se ocupaba de aprobar el presupuesto anual de la organización; el siguiente órgano
en el escalafón institucional es la Secretaría General, dotada con facultades de ejecución de
los mandatos delegados por los órganos más relevantes (Insignares, 2013); y por último, el
CSD, creado con la idea de estabilizar la situación regional fuera de la influencia de los EE.
UU., y se proyectaba como,
[…] órgano de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa
para los países miembros de UNASUR, ha participado en las siguientes
propuestas surgidas en las distintas declaraciones: la definición del Protocolo
de Paz, Seguridad y Cooperación de la UNASUR; el establecimiento de una
fuerza de paz conjunta: “Cruz del Sur”; el diseño de un documento objetivo,
contrapropuesta a Estados Unidos, de la “Estrategia Suramericana, Libro
Blanco del Comando de Movilidad Aérea (AMC)”; la adopción y el desarrollo
de medidas de fomento de la Confianza y la Seguridad en la Región, como
sugerencia del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. (
Insignares, 2013, p. 187)
Es importante mencionar que existen múltiples consejos dentro de la estructura de la
UNASUR, los cuales tratan diversas problemáticas, sin embargo, para los propósitos
analíticos de la presente investigación se le dará prioridad al CSD debido a sus funciones e
influencia en los conflictos regionales.
Ahora bien, UNASUR ha tenido un papel bastante influyente en los asuntos
regionales a través de los últimos años; en 2008 se encargó de manejar la situación de
inestabilidad política en Bolivia, en este caso la organización protegió la integridad territorial
del país y la presidencia de Evo Morales; en el mismo año ayudó a mediar el incidente
generado por un bombardeo de las FF. AA. colombianas en territorio ecuatoriano; y más
tarde, en 2010, respaldó totalmente al presidente Rafel Correa en su intento de restablecer el
statu quo en Ecuador (Hegedüs, 2020).
A pesar de los logros de la organización, también tuvo grandes desafíos, como la
injerencia de EE. UU. en asuntos de gran importancia para la región; en el ámbito de
seguridad, se estableció en 2009 un acuerdo de cooperación militar de la potencia con
Colombia, el cual generó fuertes diferencias entre los Estados de UNASUR, ya que se miraba
con recelo la utilización de bases colombianas por parte del ejército estadounidense y la
34
posible expansión de la esfera de influencia de Washington en la región. Sumado a esto, la
crisis política y económica que se generó en Venezuela en 2014 se presentó como
oportunidad para la organización de aplicar la resolución pacífica de conflictos y mediar entre
las partes involucradas, sin embargo, su participación en la situación se vio enfrentada por el
discurso estadounidense el cual deslegitimaba al presidente Maduro y en cierta manera
incitaba al levantamiento de la oposición política. La incapacidad de generar soluciones a
largo plazo por parte de la UNASUR dejó en evidencia profundas divisiones en el organismo,
puesto que los cursos de acción institucionales estaban fuertemente marcados por las
ideologías y prioridades de los presidentes, que al mismo tiempo se encontraban
influenciados por los ideales políticos de EE. UU. en la región.
A partir de los obstáculos que emergieron de las situaciones anteriores, UNASUR
entró en un estado de estancamiento generado por las diferencias ideológicas entre los
gobiernos miembros. Dichas contraposiciones surgen a partir de la llegada de Sebastián
Piñera a la presidencia de Chile en el 2010, la victoria de Macri en las elecciones del 2015
en Argentina y el nombramiento de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en 2018. La
presencia de mandatarios con corrientes políticas radicales y prioridades distintas para la
integración regional, ocasionó una crisis de liderazgo en la UNASUR que resultó en la
pérdida de interés en el desarrollo y proyectos de la organización; esto sumado a la falta de
una infraestructura supranacional que le diera continuidad a su actuar, profundizó la crisis de
la iniciativa, que debido a su fuerte carácter interpresidencialista, se vio perjudicada por las
transformaciones políticas internas de sus miembros (Hegedüs, 2020). Finalmente, en agosto
de 2018, Colombia decretó su salida del organismo. lo que le dio paso a la desafiliación de 6
de sus miembros, sentenciando a muerte la UNASUR.
Aunque no se puede responsabilizar enteramente a EE. UU. por la desintegración de
la organización, sí es posible afirmar que su injerencia afectó las dinámicas de cooperación,
integración y confianza entre los miembros de UNASUR, especialmente en dos coyunturas:
el acuerdo de cooperación militar entre Washington y Colombia en 2009 y la situación
política de Venezuela en 2014. A continuación, se analizarán ambos casos a través de los
elementos teóricos expuestos en la estructura dependentista de C/P y los conceptos utilizados
35
en el realismo periférico, para tener un mejor entendimiento de las dinámicas asimétricas que
finalmente desarticularon la organización.
3.1 Documento de Uso de Bases Aéreas en Colombia
El establecimiento del acuerdo de cooperación militar entre EE. UU. y Colombia se
llevó a cabo en el mismo año de la publicación del documento “Libro Blanco del Comando
de Movilidad Aérea” por parte del gobierno estadounidense, en el cual se expone la Estrategia
Global de Bases de Apoyo para hacer frente a la nueva guerra irregular contra el terrorismo
(Golinger, 2011). Dicho texto contiene un segmento dedicado a Suramérica, donde la región
es considerada como posible punto para el establecimiento de bases de cooperación militar
que abran un punto de acceso al continente africano; como locación específica en la región
se propuso a Colombia, específicamente la base aérea German Olano como centro de
reabastecimiento para las aeronaves (AMC, 2009).
La publicación generó gran revuelo dentro de la organización puesto que planteaba
un aumento significativo de la presencia estadounidense en la región. El mandatario Hugo
Chávez criticó fuertemente este documento señalando la posibilidad de espionaje por parte
de la Fuerza Aérea de EE. UU. (USAF); de igual forma Ecuador repudió la concepción de
Suramérica como base de reabastecimiento norteamericana, por lo cual propuso el análisis
de este documento por parte del CSD para la generación de un informe que sería utilizado en
una futura reunión con el presidente Obama (Semana, 2009). Este suceso creó un sentimiento
de desconfianza por parte de los países suramericanos con respecto al trato que EE. UU.
había decidió dar a la recién constituida organización.
Sumado a esto, el gobierno estadounidense intensificó sus esfuerzos por encontrar
una locación estable para llevar a cabo operaciones en contra del terrorismo y narcotráfico, a
raíz de la no renovación del convenio de la base militar en Manta, Ecuador.
Consecuentemente, se designó al Estado colombiano como principal aliado en la región, por
lo que ambos gobiernos decidieron profundizar el previo acuerdo establecido en 2004 y
diseñan el “Acuerdo complementario de la cooperación y asistencia técnica en defensa y
seguridad”, que definió como mecanismos para combatir las amenazas del narcotráfico y el
terrorismo la interoperabilidad, los procedimientos conjuntos, intercambio de inteligencia y
36
entrenamientos e instrucción de las FF. AA., entre otros. Adicionalmente, se acordó el acceso
e instalación de personal y equipo militar estadounidense en siete bases militares del territorio
colombiano (Döring et al, 2010).
Este punto del acuerdo preocupó a los jefes de Estado de Suramérica puesto que la
base de Palanquero que se ubicaba en la región central de Colombia, a la cual se habían
destinado alrededor de 46 millones dólares para el mejoramiento de su infraestructura,
permitía la posibilidad de proyectar las operaciones militares estadounidenses al resto del
continente (Döring et al, 2010). Las tensiones en Suramérica aumentaron con la proximidad
a la firma del acuerdo, por esta razón la UNASUR citó a los jefes de gobierno de cada Estado
miembro en Quito y así posibilitó la apertura de un dialogo acerca de las implicaciones del
tratado en las relaciones intrarregionales (Döring et al, 2010).
A este encuentro no asistió el presidente colombiano Álvaro Uribe como
consecuencia de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador por el bombardeo de
2008, argumentando que la presencia de un país hostil no era beneficiosa para el proceso de
diálogo entre las naciones. En la reunión fue posible visibilizar dos posturas frente al acuerdo
de cooperación militar, por una parte, Venezuela, Ecuador y Bolivia hicieron expreso su
rechazo total al documento y afirmaron que las intenciones de la presencia de militares
estadounidenses en la región eran las de expandir su esfera de influencia y atacar la
estabilidad de sus gobiernos (Döring et al, 2010).
Por otro lado, la posición adoptada por los jefes de Estado de Brasil, Argentina y
Chile fue mucho más moderada ante el tratado, éstos hicieron un llamado a la paz, afirmando
la importancia de lidiar pacíficamente con los conflictos regionales como mecanismo de
fortalecimiento de las instituciones de UNASUR, en especial el CSD. La delegación
colombiana, por su parte, intentó dar mayor relevancia a otros temas como el tráfico ilícito
de armas en Suramérica y la actividad de grupos criminales transnacionales, con el objetivo
de justificar su fuerte relación de cooperación militar con EE. UU. (Döring et al, 2010). A
pesar de las posiciones expuestas en la reunión no se logró establecer ningún curso de acción
entre los miembros, razón por la cual se acordó para una nueva cumbre en Bariloche.
En el nuevo encuentro se reafirmaron las posturas establecidas en Quito, pero esta
vez se buscó concretar un elemento institucional que favoreciera la seguridad de la región.
37
De esta manera Evo Morales propuso la firma de una declaración rechazando el
establecimiento de bases norteamericanas en el territorio. Mas adelante, el mandatario
brasileño presentaría la propuesta de un documento que ofreciera garantías a los miembros
de la UNASUR acerca de las operaciones que serían llevadas bajo el marco del acuerdo de
cooperación y su alcance en materia territorial (Döring et al, 2010).
Finalmente, el pulso entre las dos propuestas lo ganó la más moderada con Lula como
líder, esta logró la firma de la declaración de Bariloche, sin embargo, no se ratificó un rechazo
al uso de bases colombianas por parte de EE. UU. y tampoco se estableció la rendición de
garantías por parte del gobierno de Uribe, por lo tanto, el documento firmado carecía de los
mecanismos prácticos para establecer una acción regional relevante. Sumado a esto,
Colombia también se negó revelar los puntos del acuerdo, lo que agravó la tensión regional,
ya que los demás miembros consideraban pertinente revisar los contenidos estipulados en
este (Döring et al, 2010).
El proceso de dialogo dentro de la UNASUR, a pesar de ser considerado como una
victoria organizacional, dejó como resultado la consolidación de los bloques con respecto a
la presencia militar estadounidense en Colombia. Esto se convirtió en una dinámica de
división dentro la organización, puesto que las relaciones de Venezuela y Ecuador con la
nación colombiana estaban en crisis, mientras que Brasil, Argentina y Chile buscaban un
acercamiento más diplomático al tema, causando un aletargamiento del crecimiento de la
UNASUR puesto que no se contaba con la suficiente voluntad política para desarrollar las
metas propuestas desde su constitución.
Ahora bien, la firma del acuerdo de cooperación militar entre EE. UU. y Colombia,
junto con todos los sucesos que desencadenó dentro de la organización, permite afirmar la
injerencia negativa de la actuación del gobierno estadounidense en el desarrollo de las metas
de integración que se había propuesto la UNASUR, cuyo análisis se lleva a cabo bajo el
marco teórico determinado para esta investigación. En este caso, EE. UU. al mantener a
Colombia como aliado estratégico en términos de seguridad, está perpetuando las relaciones
de dependencia establecidas a través de los años por medio del intercambio económico
preferencial y apoyo monetario para diversos temas, en especial los constantes
enfrentamientos con los grupos insurgentes. Por su lado, Colombia moldea sus políticas para
38
alinearse con los objetivos e ideales estadounidenses, con el fin de mantener el buen estado
de sus relaciones diplomáticas, las cuales ha considerado más relevantes que el ámbito
regional suramericano en múltiples ocasiones, una actitud característica de los Estados
periféricos en la teoría expuesta por Escudé.
La dinámica generada por EE. UU. en Colombia tuvo un impacto negativo indirecto
en la UNASUR debido a que el Estado colombiano se comportó como un actor problemático
en la organización, ya que se mostró reacio a cualquier intento de acuerdo en referencia a la
rendición de garantías a los demás miembros. Se podría afirmar que Colombia defendió los
intereses de Washington en el continente, lo que a su vez dividió a los Estados miembros de
la organización debido a la contraposición de opiniones acerca del acuerdo de cooperación.
De igual forma, la injerencia de EE. UU. en el progreso de UNASUR puede ser vista
desde la estructura dependentista de C/P, puesto que el crecimiento de los Estados periféricos
se encontraba sometido ante el proceso de expansión de los Estados de centro por medio de
relaciones de dominación históricas. Ésta dinámica puede ser observada en el
comportamiento de Perú y Colombia, debido a que ambos países tienen a EE. UU. como
principal socio comercial, por lo tanto, sus relaciones son fundamentales para sus procesos
de crecimiento económico y político. Esto genera la falta de voluntad política por parte de
sus gobiernos para generar un papel activo dentro de los escenarios de integración regional,
lo que mezclado con la falta de una estructura supranacional fuerte en la UNASUR da origen
al estancamiento de los proyectos y metas establecidas en el mismo.
3.2 La situación de Venezuela y la desintegración de la UNASUR
En este literal se analizarán las relaciones de EE. UU. con Venezuela, la crisis política
en el país andino y las repercusiones de estos factores en el desarrollo de UNASUR. Se
considera importante contextualizar la crisis multidimensional que se originó en Venezuela
y el acompañamiento de la UNASUR como mediador en el dialogo entre las facciones
políticas. En 2012 la muerte del presidente de la nación andina, Hugo Chávez, dio paso a un
escenario de incertidumbre electoral puesto que se habían generado múltiples desacuerdos
con los métodos de gobierno del recién fallecido mandatario, que se manifestaron en el
39
descontento de la población y en el fortalecimiento de la oposición política liderada por
Henrique Capriles (Silva, 2015).
A pesar de la gran cantidad de apoyo que recibió la oposición, Nicolas Maduro, el
candidato designado por Hugo Chávez, se llevó la victoria en el proceso electoral, este hecho
generó la agudización de la crisis política en Venezuela ya que el sector opositor descalificó
la validez de los resultados, dando origen a una serie de enfrentamientos entre el gobierno
nacional y los miembros de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) (Silva, 2015). La
coyuntura en el Estado Venezolano puede ser resumida como
[…] una crisis del modelo desarrollo, de producción, comercialización y
distribución de bienes y servicios. A esta crisis se suma una crisis política e
institucional en la cual participan algunos partidos de la oposición que
cuestionan la gestión gubernamental en materia económica y social, así como
también cuestionan la legitimidad constitucional del gobierno del presidente
Nicolás Maduro Moros y se expresan mediante acciones de violencia en las
calles de algunos municipios del país. (Silva, 2015, p. 8)
Debido a la grave situación en el país andino, la UNASUR decide involucrarse en el
proceso como mediador de los enfrentamientos ocurridos entre el gobierno y la población,
por consiguiente, emite una declaración rechazando los recientes eventos violentos y,
además, apoya la propuesta por parte del presidente venezolano de iniciar un diálogo político
para llegar a la resolución pacífica del conflicto. En este caso participaron los cancilleres de
Colombia, Ecuador y Brasil, como líderes del proceso de acompañamiento por UNASUR al
dialogo político en Venezuela. Por medio de su participación se sostuvieron múltiples
reuniones en las cuales se recogieron las demandas de los miembros de la oposición y los
límites establecidos por el gobierno de Maduro. A pesar de los esfuerzos de la organización
por darle continuidad a los procesos de resolución pacífica, la oposición suspende su
participación argumentando que estos no serían fructíferos sin la liberación de los presos
políticos, arrestados en el 2002 por levantarse contra el exmandatario Hugo Chávez, petición
que fue rechazada rotundamente por el gobierno nacional (Silva, 2015).
Simultaneo a la presencia de UNASUR como mediador, EE. UU. hace expresa su
injerencia en el asunto por medio de la descalificación del actuar del Estado venezolano y la
40
declaración de su preocupación con respecto a la estabilidad del país. Este pronunciamiento
es hecho con ánimos de fortalecer los ideales opositores y que estos desconozcan la
legitimidad del gobierno de Maduro. De igual manera el gobierno estadounidense amenazó
con su intervención en la situación y la imposición de sanciones económicas a Venezuela,
apoyándose en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que dicta que la democracia
debe ser una forma de gobierno implementada por todos los Estados americanos (Silva,
2015).
Teniendo en cuenta la crisis venezolana es posible afirmar que la gestión de UNASUR
en este caso fue vital para la contención de la violencia entre el gobierno nacional y las
fuerzas opositoras, adicionalmente, logró disuadir la intervención de EE. UU., relegándola a
pronunciamientos por parte de funcionarios oficiales estadounidenses y a la imposición de
sanciones económicas a miembros del gabinete de Maduro. Sin embargo, no se logró resolver
el conflicto, puesto que ninguna de las partes estuvo dispuesta a ceder y el país sigue sumido
en una grave crisis política y económica. Por esta razón, la coyuntura vivida en Venezuela
en el 2014 y la injerencia de Estados Unidos en esta, tuvo repercusiones profundas en el
desarrollo a largo plazo de la organización, ya que dejó expuesta la incapacidad de los
órganos institucionales para generar soluciones duraderas en casos de problemáticas internas.
Además, evidenció la fuerte tendencia hacia el interpresidencialismo dentro de la UNASUR,
puesto que su estabilidad se vio afectada por la transformación política ocurrida en la región,
con la llegada de ideologías de derecha a varios gobiernos como Argentina, Brasil, Ecuador
y Chile, lo que causó una pérdida de interés en el ámbito regional y originó una crisis de
liderazgo en la organización, ya que los actores con las capacidades requeridas para impulsar
los ideales de integración no presentan la voluntad política para hacerlo.
El cambio de ideologías que se generó en la región fue uno de los factores que
potenció la desarticulación de la UNASUR. En primer lugar, Brasil, el principal defensor de
la organización, redefinió sus prioridades de política exterior con la llegada de Michel Temer
a la presidencia, quien reestableció las relaciones con EE. UU. por medio de la apertura para
la explotación de yacimientos petroleros a compañías extranjeras (entre las cuales había
multinacionales estadounidenses). De igual manera se establecieron varios acuerdos de
infraestructura y de reducción de barreras no arancelarias, con el objetivo de lograr la entrada
41
de productos cárnicos brasileños al mercado estadounidense (Actis, 2017). En segundo lugar,
el Estado argentino tuvo una fractura en su ideología con la victoria de Macri en el proceso
electoral de 2015, el cual puso en marcha un proceso de alineación con los intereses de EE.
UU., esperando conseguir un aumento de la inversión extranjera y la entrada de varios
productos argentinos al mercado norteamericano. De igual forma, el gobierno estadounidense
buscó perfilar al mandatario argentino como el líder regional, por lo que se dieron
acercamientos políticos para incluir a Argentina en la Alianza del Pacifico y en el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) (Morgenfeld, 2017).
Por su parte, Chile mostró un acercamiento a Washington en términos de política
exterior a raíz del nombramiento de Sebastián Piñera como presidente en el 2018, por medio
del fortalecimiento de las relaciones económicas con las potencias para la inserción de la
economía chilena en el mercado global, elemento que puede ser visto con su participación en
el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) (Minrel, 2019). La
suma de las trasformaciones ideológicas en actores fundamentales en Suramérica como
Chile, Brasil y Argentina, cuya política hizo que se alinearan con los intereses que tenía EE.
UU. en la región, sumado a la tradicional cercanía al gobierno norteamericano de países como
Perú y Colombia, los cuales sostienen intensas relaciones históricas en el ámbito económico
y militar, generó la desintegración de la UNASUR, ya que estos criticaron la gestión del
organismo en el caso de Venezuela y la presencia de cargas ideológicas en su agenda.
Considerando el proceso de deterioro de UNASUR, es posible afirmar que la
injerencia de EE. UU. tuvo un impacto negativo en el progreso de la organización; primero
en la situación de crisis del Estado venezolano y después con la presión económica que
ejerció sobre los nuevos gobiernos suramericanos, lo que termina por ocasionar su
desintegración. La dinámica presentada en este caso puede ser expuesta bajo los parámetros
teóricos de la estructura dependentista C/P y los elementos conceptuales del realismo
periférico. Inicialmente la crisis económica y política venezolana fue mediada por los
miembros de la UNASUR, la cual respaldó los múltiples intentos de resolución pacífica, sin
embargo, ninguna solución a largo plazo fue establecida entre las dos partes y la influencia
estadounidense no pudo ser repudiada, por lo tanto, este suceso dejó en evidencia las
42
falencias estructurales de la organización, la cual basaba su gestión fuertemente en la afinidad
ideológica de sus líderes.
Como consecuencia, EE. UU. aprovechó el cambio ideológico en la región para
establecer relaciones de dependencia económica con los miembros más relevantes de la
UNASUR, Brasil y Argentina, los cuales determinaron como prioridad el refuerzo de las
relaciones comerciales con el gobierno estadounidense, lo que a su vez los obligaba a
alinearse ideológicamente con Washington, resultando en un rechazo del actuar del gobierno
de Maduro, hecho que se puede observar en la militarización de la frontera de Brasil y
Venezuela por parte de Temer y en el impulso de Macri para expulsar al Estado venezolano
del Mercosur. Sumado a esto, EE. UU. sostuvo las relaciones dependentistas con países como
Colombia y Perú, que, condicionados por medidas económicas coercitivas, como el
mantenimiento de los acuerdos comerciales y la continuación de la ayuda monetaria en el
ámbito militar, presentaban una gran cercanía en los ideales políticos norteamericanos.
El conjunto de estos factores, ocasionó la erosión de la UNASUR, ya que el cambio
ideológico en múltiples países suramericanos y la influencia de EE. UU. en el establecimiento
de sus prioridades políticas y económicas, dio origen a un vacío de poder en la organización,
que al no poseer un mecanismo supranacional que mantuviera la continuidad de su
funcionamiento, resultó en el fracaso de sus ideales y en la perdida de relevancia en las
políticas nacionales de sus miembros, que más tarde terminarían por retirarse.
43
CONCLUSIONES
La integración regional en Suramérica se ha planteado a través de los años como un
mecanismo para fortalecer las economías nacionales por medio de la armonización de
aranceles y, el libre tránsito de bienes y servicios. De esta manera, el establecimiento de la
ALALC impulsó la creación de otras propuestas de integración, como el Pacto Andino en
1969, que luego se convertiría en la CAN, la cual ampliaba los ideales tradicionales de
integración, y proponía la creación de una unión aduanera; adicionalmente, esta iniciativa
creó una estructura organizacional comunitaria que se separaba de la voluntad política
individual de sus miembros, mostrando características supranacionales, lo cual era novedoso
para los proyectos de la época (Da Silva, Orso, 2017). A principios del siglo XXI, como parte
de la ola del integracionismo en la región, se da la creación de UNASUR en 2008, una
organización particularmente importante, puesto que en su constitución buscó fortalecer los
ámbitos de seguridad regional y la resolución pacífica de conflictos internos, estableciendo
al CSD como órgano primordial para la consecución de estos objetivos.
A raíz del surgimiento de estos organismos que prescindían de la participación del
hegemón regional: EE. UU, el gobierno de ese país no vio a la CAN y UNASUR con buenos
ojos, razón por la cual decidió intervenir en su progreso influenciando varios de sus miembros
para que estos priorizaran las relaciones de cooperación con la potencia en vez de los
acuerdos regionales. La injerencia de EE. UU. fue perjudicial para el desarrollo de ambas
iniciativas, en el caso de la CAN, esta influencia se hace evidente con la implementación del
Plan Colombia, así como la negociación y firma de los acuerdos comerciales de EE. UU. con
Colombia y Perú. Estos sucesos tuvieron un profundo impacto negativo en la consecución de
las metas del organismo, inicialmente, la implementación del Plan, estuvo fuertemente
marcada por los ideales militaristas estadounidenses, los cuales causaron el rechazo a la
iniciativa por parte del gobierno venezolano y ecuatoriano, argumentando que el
fortalecimiento bélico de las FF. AA. de Colombia resultaría en un incremento descontrolado
de los enfrentamientos, y expansión del conflicto generando consecuencias en otros países.
Este suceso generó divisiones entre los miembros de la CAN lo que interfirió directamente
con el desarrollo de los objetivos institucionales andinos.
44
De igual manera, la negociación y posterior firma de los acuerdos comerciales de Perú
y Colombia con EE. UU. ocasionaron la relegación a un segundo plano de las metas de
integración económica propuestas en el seno de la CAN, ya que el establecimiento de estos
tratados irrumpió en las condiciones preferenciales para el comercio de la región andina, y
además, impulsó la salida de Venezuela de la organización, uno de sus miembros
fundamentales debido a su potencial energético y su peso en el intercambio de bienes. Dichos
factores, sumados a la priorización de las relaciones comerciales con EE. UU. por parte del
gobierno peruano y colombiano, resultaron en un gran vacío de poder en el organismo puesto
que no había un Estado con las capacidades necesarias para profundizar las políticas
económicas ya establecidas, razón por la cual proyectos como la unión aduanera y la política
arancelaria común fracasaron.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que la injerencia estadounidense
afectó de manera negativa el progreso de la CAN e inclusive fue un factor determinante en
su desintegración. El establecimiento de relaciones de dependencia por parte de EE. UU. con
Perú y Colombia, junto con la utilización de elementos coercitivos comerciales (la inserción
de sus economías en el mercado estadounidense), condicionaron el actuar de estos países en
el ámbito regional, debido a que su desarrollo económico estaba sometido a la cooperación
de sus políticas de seguridad con los ideales de Washington en la lucha contra las drogas.
Adicionalmente, la intención de EE. UU. de establecer relaciones comerciales bilaterales
vulneró el progreso que había tenido la CAN en materia comercial, polarizando a sus
miembros, hecho que finalmente resultó en el debilitamiento de la estructura institucional
andina y posteriormente la desarticulación del organismo de integración.
Por su parte, en UNASUR es posible observar la injerencia estadounidense en dos
sucesos específicos: la firma del Acuerdo de Cooperación Militar con el gobierno
colombiano y la intervención de EE. UU. en la crisis política y económica de Venezuela. En
el primer caso, el documento de profundización en la asistencia militar planteaba la
utilización de bases colombianas por parte de personal estadounidense con el objetivo de
realizar operaciones en contra del narcotráfico y el terrorismo. A pesar de múltiples intentos
por generar algún tipo de consenso, UNASUR no logró establecer un curso de acción claro
con respecto a la postura regional, resultando en la división de la organización puesto que se
45
formaron bloques de acuerdo con los diversos acercamientos establecidos en el proceso de
resolución del conflicto, hecho que afectó el funcionamiento de la organización y expuso su
debilidad institucional.
En el segundo caso, la crisis de Venezuela en 2014 dejó en evidencia la imposibilidad
de UNASUR para generar soluciones a largo plazo ante la coyuntura venezolana,
evidenciando nuevamente las falencias estructurales del organismo y su fuerte dependencia
a las ideologías de cada presidente para determinar un curso de acción, lo que a su vez se vio
reflejado en la inestabilidad de la organización durante el cambio de paradigma que ocurrió
en Suramérica, donde mandatarios con políticas de derecha llegaron a la presidencia de
Brasil, Argentina y Chile. Este proceso de transformación ideológica abrió la posibilidad para
que EE. UU. ejerciera presión sobre los miembros más importantes de UNASUR y así estos
cambiaran sus prioridades con respecto al proceso de integración, que junto con las
debilidades estructurales expuestas por la crisis del Estado venezolano ocasionaron la
desintegración del organismo. Por ende, en el caso de UNASUR la injerencia de EE. UU. se
vio reflejada en la implementación de relaciones de dependencia con múltiples miembros de
la organización, lo que forzó a estos países a priorizar las interacciones con el gobierno
estadounidense para lograr elevar sus niveles de desarrollo, así como, la imposición de los
ideales norteamericanos en seguridad.
Con base en el análisis de los estudios de caso es posible afirmar que la injerencia de
EE. UU. fue negativa tanto para la CAN como para UNASUR, ya que por medio del
mantenimiento de relaciones históricas de dependencia y la explotación de las características
periféricas de los Estados suramericanos, la potencia logró moldear las prioridades políticas
de los países involucrados, para que estos redujeran de gran manera su interés en la
profundización de las iniciativas de integración, hecho que resultó en desacuerdos dentro de
las organizaciones, perdida de relevancia de las metas establecidas y finalmente su
desarticulación.
Ahora bien, es fundamental extraer lecciones de los fracasos de la CAN y UNASUR,
para la futura consolidación de otras iniciativas, como por ejemplo evitar que giren en torno
a la voluntad política individual de los mandatarios de turno, por lo tanto, el establecimiento
de elementos institucionales supranacionales en los organismos es un factor fundamental
46
para evitar dinámicas interpresidencialistas, puesto que separa las prioridades políticas
nacionales de las metas establecidas en el ámbito regional. Sumado a esto, la integración
regional otorgaría a los Estados suramericanos más autonomía en el ámbito de política
exterior, puesto que les proporcionaría más espacio de maniobra frente a los elementos
coercitivos y políticos que utilizan las potencias para imponer sus intereses.
A pesar del fracaso de estas iniciativas, es imperativo resaltar la importancia de la
integración regional como mecanismo para establecer acciones y políticas conjuntas que
hagan frente a los múltiples desafíos que enfrenta Suramérica. Por una parte, el
establecimiento de dinámicas de integración abre la posibilidad de consolidar un bloque
regional que tenga facultades de negociación con las potencias, generando un contrapeso
frente a las fuerzas de un mercado globalizado, esto a su vez permitiría mitigar los efectos
negativos de las relaciones de dependencia que varios Estados de centro mantienen con los
países suramericanos, puesto que se posibilita el fortalecimiento de las economías locales por
medio de un mercado igualitario interno que puede aumentar la competitividad de las
industrias nacionales. Además, la integración potencia la cooperación en el ámbito de
seguridad regional, puesto que permitiría la formulación de políticas conjuntas para hacer
frente a las problemáticas comunes como el narcotráfico, trata de personas, minería ilegal,
desplazamientos forzados, y grupos criminales trasnacionales entre otros. Finalmente, la
integración puede potenciar las grandes riquezas de la región suramericana rompiendo el
estigma impuesto por las relaciones históricas con los hegemones, superando en conjunto los
desafíos actuales a los cuales se enfrenta, y proyectándose como un actor influyente en el
sistema internacional.
47
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