AMR 51/25/93/s ESTADOS UNIDOS DE AMERICA La pena de muerte en Estados Unidos: Nuevos acontecimientos en 1992 ÍNDICE Introducción Delincuentes juveniles Penas de muerte a menores revocadas en 1992 Penas de muerte impuestas a delincuentes juveniles en 1992 Delincuentes juveniles condenados a muerte (31 de diciembre de 1992)

Johnny Garrett Asistencia letrada inadecuada en casos punibles con la pena capital Roger Coleman Discriminación racial en la imposición de la pena de muerte Delma Banks William Andrews Ejecución de enfermos mentales y retrasados mentales Presos que padecían enfermedades mentales o retraso mental

ejecutados durante 1992 Fallo de la Corte Suprema de Luisiana según el cual no puede obligarse

a un preso con sus condiciones mentales mermadas a tomar

medicación que lo vuelva suficientemente cuerdo para ser ejecutado

La función legislativa del estado y otras novedades Clemencias concedidas en 1992 El caso de Robert Alton Harris Presos ejecutados en 1992

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA La pena de muerte en Estados Unidos: Nuevos acontecimientos en 1992 INTRODUCCIÓN Este documento actualiza la información estadística y de otro tipo proporcionada en anteriores documentos de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Estados Unidos (véase en concreto, AMR 51/01/88/s, Estados Unidos: La pena de muerte - Novedades en 1987; AMR 51/01/89/s, Estados Unidos: La pena de muerte - Novedades en 1988; AMR 51/46/89, USA: The Death Penalty: Developments from January to August 1989 [Estados Unidos: La pena de muerte: Novedades desde enero hasta agosto de 1989]; AMR

51/13/93/s, Novedades desde el 1 de septiembre de 1989 al 31 de diciembre de 1990 y AMR 51/01/92/s, "Novedades en 1991". Aquellas personas que deseen una información general aclaratoria sobre la aplicación de la pena de muerte según las leyes estatales y federales deberán consultar la publicación de Amnistía Internacional del año 1987 United States of America: The Death Penalty (AMR 51/01/87). El presente documento proporciona información sobre los 31 presos ejecutados en 1992. Asimismo, resume las novedades legislativas estatales y federales, y trata diferentes temas, entre ellos la imposición de la pena capital a delincuentes juveniles, la ejecución de enfermos mentales y retrasados mentales, la discriminación racial en la imposición de la pena de muerte y la asistencia letrada inadecuada en casos de pena de muerte.

A finales de 1992, había 2.632 presos condenados a muerte en 36 estados, en aplicación de la legislación militar federal y las leyes civiles federales. Treinta y un presos fueron ejecutados, cifra superior a la de cualquier otro año desde la reinstauración de la pena de muerte a mediados de la década de 1970, elevando a 188 el número total de ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde esa fecha. Cuatro estados, incluido California, reanudaron las ejecuciones al cabo de por lo menos un cuarto de siglo. A lo largo del año, las asambleas legislativas de 11 de los 14 estados en los que no existe pena de muerte presentaron proyectos de ley para su reinstauración. No se aprobó ninguno. Los ciudadanos de Washington, Distrito de Columbia (D.C.) votaron una propuesta del Congreso para restablecer la pena de muerte en el Distrito,

que fue rechazada abrumadoramente. Entre los reos ejecutados en 1992 figuró Johnny Garrett, un delincuente juvenil que padecía deficiencias mentales y lesiones cerebrales y era psicótico crónico. El 11 de febrero fue ejecutado en Texas mediante una inyección letal. Estados Unidos sigue siendo uno de los pocos países del mundo en el que se ejecuta a menores de 18 años en el momento de cometer el delito, en contra de las normas internacionales. En 1992 se ejecutó al menos a seis presos que sufrían enfermedades mentales, lesiones cerebrales o retraso mental, entre ellos Nollie Martin, ejecutado en mayo en Florida, que tenía el cerebro dañado como consecuencia de varias heridas graves que

recibió en la cabeza durante su infancia. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte fundándose en que se trata de la forma más extrema de castigo cruel, inhumano

o degradante. Los testigos de la ejecución de Ricky Rector, un preso de raza negra con deficiencias mentales, que tuvo lugar en Arkansas en enero, informaron que habían oído gemidos y lamentos procedentes

de la cámara de ejecución durante el tiempo - una hora - que los técnicos tardaron en encontrarle las venas adecuadas para inyectarle las sustancias químicas letales. Al parecer, Ricky Rector era consciente del problema y ayudó al equipo de ejecución en su labor. Las pruebas indican que muchos de los presos ejecutados en 1992 dispusieron de una asistencia letrada inadecuada durante el juicio; por ejemplo, los abogados designados por el tribunal no presentaron pruebas atenuantes cruciales durante la audiencia de determinación de la sentencia, como antecedentes de enfermedades mentales o abusos. En Virginia tuvo lugar la ejecución de Roger Coleman en mayo, a pesar de las dudas existentes sobre su culpabilidad. En el juicio

lo representaron unos abogados que nunca habían participado en un caso de asesinato y que dejaron sin investigar numerosas pruebas. Los abogados que se hicieron cargo de la apelación no conocían bien las leyes de Virginia e, inadvertidamente, interpusieron el recurso ante el tribunal del estado con un día de retraso, por lo que fue rechazado por razones de procedimiento. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación por seis votos contra tres en junio de 1991, y afirmó que "Coleman debe pagar el riesgo del error de su abogado, que tuvo como resultado un incumplimiento del procedimiento". El racismo a la hora de aplicar la pena de muerte en Estados Unidos continúa siendo un motivo de preocupación para Amnistía Internacional. De los 188 reclusos ejecutados entre 1976 y finales

de 1992, el 83 por ciento habían sido condenados a muerte por delitos en los que las víctimas eran de raza blanca. Delma Banks es uno de los muchos delincuentes de raza negra condenados a muerte por un jurado compuesto íntegramente por blancos tras haber excluido los fiscales a los posibles jurados negros. El estado de Texas fijó su ejecución en siete ocasiones a lo largo de 1992, pero fue aplazada en todos los casos. En el momento de redactar este informe, Delma Banks aguardaba el resultado del recurso interpuesto por sus abogados, que aportaron pruebas de que los fiscales de la jurisdicción donde fue procesado habían excluido sistemáticamente, por motivos raciales, a posibles jurados negros durante, al menos, los seis años anteriores a su juicio.

El estado de Utah ejecutó el 30 de julio a Andrew Williams, de raza negra, que también había sido sentenciado a la pena capital por un jurado formado en su totalidad por blancos, a pesar de la inquietud ante la posibilidad de que los prejuicios raciales hubieran influido en la decisión del jurado. Entre los reos cuya ejecución estaba prevista para 1992 figuraban Leonel Herrera, en Texas, declarado culpable del asesinato de dos agentes de policía, y que podría ser inocente. En abril, dos días antes de la ejecución, la Corte de Apelación de Texas concedió un aplazamiento para permitir a la Corte Suprema de Estados Unidos examinar pruebas aparecidas según las cuales fue otro el asesino. El 25 de enero de 1993 la Corte Suprema dictaminó, por seis votos contra tres, que los condenados a muerte que presenten

pruebas tardías de su inocencia no tendrán derecho, en circunstancias normales, a una nueva vista ante la Corte Federal. Según la opinión mayoritaria, redactada por el presidente de la Corte, el juez William H. Rehnquist, en los casos de pena capital

una demostración "realmente convincente" de inocencia presentada después del juicio convertiría en inconstitucional la ejecución del reo, pero "dados los enormes transtornos que provocarían las

afirmaciones de inocencia..... el umbral para disfrutar de tal derecho debe ser, necesariamente, muy elevado". La opinión mayoritaria de la Corte fue que Leonel Herrera no alcanzaba dicho umbral. En una opinión de 18 páginas, que disentía de la anterior, el juez Harry A. Blacmun escribió que "la ejecución de una persona que puede demostrar su inocencia se acerca peligrosamente al asesinato puro y simple". La opinión mayoritaria de la Corte Suprema en el caso Herrera fue que " la clemencia... es el remedio histórico para impedir errores judiciales cuando se han agotado los procesos judiciales." Sin embargo, desde el restablecimiento de la pena de muerte, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas no ha recomendado clemencia para ningún condenado a muerte a pesar de las poderosas

razones aportadas en varios casos. En otros estados, se concedió clemencia a dos presos en 1992. En enero, pocas horas antes de la ejecución, el gobernador Douglas Wilder conmutó por cadena perpetua la pena de muerte impuesta a Herbert Bassett. Ese mismo mes, el gobernador James Martin, de Carolina del Norte, concedió también clemencia a Anson Avery Maynard, indio coharie, siete días antes de la fecha prevista para la ejecución. DELINCUENTES JUVENILES Treinta y cuatro de los 2.636 presos condenados a muerte en Estados Unidos a finales de 1992 eran delincuentes juveniles (niños

o adolescentes que tenían menos de 18 años cuando cometieron el delito). Había delincuentes juveniles condenados a muerte en los 13 estados siguientes: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misisipí, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Virginia y Washington. Dieciseis eran de raza blanca, quince de raza negra y tres hispanos. Veinticuatro de los 36 estados en los que existe pena de muerte permiten en su legislación la imposición de esta pena a menores. En 1992, cuatro estados (Georgia, Misisipí, Ohio y Pennsylvania) presentaron proyectos de ley que prohibían la ejecución de delincuentes juveniles; no se aprobó ninguno. Entre 1985 y fines de 1992 se ejecutó a cinco delincuentes juveniles; el último fue Johnny Garrett (véase a continuación), ejecutado en Texas el 11 de febrero de 1992.

La ejecución de delincuentes juveniles constituye un hecho muy poco frecuente. Más de 70 países que retienen la pena de muerte en su legislación la han abolido para menores de 18 años en el momento de cometer el delito. Estados Unidos es uno de los siete únicos países del mundo en los que se sabe que se ha ejecutado a delincuentes juveniles en el último decenio. (Los otros son Barbados, que después ha elevado la edad mínima a los 18 años, Irán, Iraq, Nigeria y Paquistán; también se recibieron informes de una ejecución de este tipo en Bangladesh). La imposición de la pena de muerte a menores es claramente contraria a los tratados y las normas interncionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno de Estados Unidos firmó ambos tratados en 1977 y ratificó el primero en abril de 1992. Sin embargo, al hacerlo

el gobierno se reservó sus derechos "sujetos a limitaciones constitucionales" a imponer la pena capital a menores de 18 años. En 1984, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó una serie de salvaguardias para garantizar la protección de los

derechos de los condenados a muerte en la resolución 1984/50, que prohibe la ejecución de los menores de 18 años en el momento de cometer el delito (Salvaguardia 3).

En enero de 1993, la Corte Suprema, por la exigua mayoría de cinco votos contra cuatro, rechazó el recurso del caso Graham contra Collins, en el que se alegaba que la legislación tejana sobre pena de muerte era inconstitucional porque no permitía al jurado considerar la juventud como un factor atenuante en el proceso de determinación de la sentencia. La Corte consideró, en cambio, que el demandante Gary Graham (delincuente de 17 años) pretendía una "nueva interpretación de la ley" que no podía aplicarse retroactivamente a su caso. Esta decisión fue vigorosamente cuestionada. En octubre de 1991, Amnistía Internacional publicó un informe: Estados Unidos: Menores condenados a muerte

1 y emprendió una campaña

para llamar la atención sobre la aplicación de la pena de muerte a delincuentes juveniles en Estados Unidos. En él se resumían los datos obtenidos por la organización sobre los casos de 23 delincuentes juveniles condenados a muerte en aplicación de las leyes vigentes. Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional indican que las salvaguardias de las leyes estadounidenses sobre la pena capital, destinadas a garantizar que ésta se aplica con justicia y únicamente a los culpables de delitos gravísimos, no se han aplicado en los casos de muchos delincuentes juvenils condenados a muerte. Estos, en su inmensa mayoría, procedían de ambientes de extrema marginación; al menos 12 habían sido víctimas de malos tratos físicos o abusos sexuales y 10 consumían alcohol o drogas desde una edad temprana. En muchos casos sus padres eran alcohólicos, estaban aquejados de enfermedades

mentales o abusaban de las drogas. Por lo menos 14 padecían enfermedades mentales o tenían lesiones cerebrales. La mayoría tenían una inteligencia inferior a la media; cuatro se encontraban en el límite del retraso mental y uno sufría un retraso mental considerable. Se descubrió que, en un preocupante número de casos, los jurados no habían tenido la oportunidad de considerar la capacidad mental o el pasado del acusado como factores atenuantes frente a una posible pena de muerte. A menudo, ello se debió a que los abogados designados por el tribunal no investigaron adecuadamente los antecedentes del acusado y no presentaron información relevante durante el proceso. En ciertos casos, no se mencionó la propia juventud del acusado, o no fue suficientemente considerada como circunstancia atenuante en la audiencia de determinación de la pena.

Penas de muerte a menores revocadas en 1992 En Alabama, la pena de muerte impuesta a Frederick Lynn, de raza negra, fue sustituida en marzo por otra cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Lynn había sido declarado culpable del asesinato de una mujer blanca, Marie Driggers Smith, perpetrado en 1981 en el curso de un robo en casa de la víctima. Tenía 16 años cuando cometió el delito. Fue condenado inicialmente a muerte en mayo de 1983, pero la declaración de culpabilidad fue anulada en la apelación. En 1986 fue procesado y condenado a muerte una segunda vez. La conmutación se produjo después de que el abogado de Lynn y los fiscales del estado acordaron, cuando el primero solicitó un nuevo juicio, que Lynn no volvería a recurrir la condena

a cambio de una reducción de la pena. En ese mismo estado, en el

1. Indice AI: AMR 51/23/91/s

mes de enero fue conmutada por cadena perpetua, durante el cuarto juicio del caso, la condena a muerte impuesta a Andrew LeGare, de raza blanca, por un delito que cometió cuando tenía 17 años. Las

penas capitales anteriores habían sido revocadas en tres apelaciones. Lo habían sentenciado a muerte en noviembre de 1977 por el asesinato de un hombre negro, George Hill, ocurrido ese mismo año. Penas de muerte impuestas a delincuentes juveniles en 1992 Cuatro delincuentes juveniles fueron condenados a muerte en 1992. En Florida, Jeffrey Farina, de raza blanca, fue condenado a muerte por un delito que cometió a los 16 años; William T. Knotts, blanco, fue condenado a muerte en Alabama por un delito que cometió a los 17 años; Miguel Martínez, hispano, y Dwayne Allen Wright, negro, fueron condenados a muerte en Texas y Virginia, respectivamente, por delitos que cometieron cuando tenían 17 años.

Delincuentes juveniles condenados a muerte (31 de diciembre de 1992)2 Estado Nombre del preso Fecha de nacimiento Fecha del delito Edad en el momento del delito Sexo y raza

Sexo y raza de la víctima ALABAMA Davis, Timothy Hart, Gary Knotts, William Slaton, Nathan 18/03/61 5/10/69 20/07/78 12/08/89

18/10/89 17 16 17 17 V/B V/N V/B

2. Fuentes: información recopilada por el profesor Victor L.

Streibe, del Cleveland-Marshall College of Law, Universidad del

Estado de Cleveland, Ohio. Sus estadísticas están fechadas el 1 de febrero de 1993. Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP*, Inc., Amnistía Internacional.

V/B M/B

V/B M/N M/B FLORIDA Allen, Jerome Bonifay, James Ellis, Ralph Farina, Jeffrey LeCroy, Cleo Morgan, James 19/04/75 28/11/60

10/12/90 26/01/91 20/03/78 09/05/92 04/01/81 06/06/76 15 17 17 17 17 16

V/N V/B V/B V/B V/B V/B V/B V/B 2xV/N M/B V/B + M/B M/B

GEORGIA Burger, Christopher Williams, Alexander 30/12/59 04/09/77 04/03/86 17 17 V/B

V/N V/B M/B

KENTUCKY Stanford, Kevin

23/08/63 07/01/81 17 V/N M/B LUISIANA Dugar, Troy

01/05/71 26/10/86 15 V/N V/B MISISIPÍ Foster, Ron 08/01/72

10/06/89 17 V/N V/B MISSOURI Lashley, Frederick Wilkins, Heath 10/03/64

07/01/69 09/04/81 27/07/85 17 16 V/N V/B M/N M/B

CAROLINA DEL NORTE Adams, Thomas 07/01/69

13/12/87

17 V/B M/B OKLAHOMA Hain, Scott Sellers, Sean 02/06/70 18/05/69 06/10/87

08/09/85 05/03/86 17 16 V/B V/B V/B + M/B V/B M/B + V/B PENNSYLVANIA

Blount, John Hughes, Kevin Lee, Percy 07/03/62 28/09/89 01/03/79 26/02/86 17 16 17

V/N V/N V/N 2 x V/N M/N 2 x M/N Texas Barraza, Mauro Cannon, Joseph Cantu, Rubén Carter, Robert Graham, Gary

Harris, Curtis Martínez, Miguel Willis, Robert

13/01/60 05/12/66 10/02/64

05/09/63 31/08/61 28/01/67 14/06/89 30/09/77 08/11/84 24/06/81 13/05/81 12/12/78 18/01/91 17/01/85 17

17 17 17 17 17 17 17 V/H V/B V/H V/N V/N V/N

V/H V/N M/B M/B V/B M/H V/N V/B V/B + 2 x V/H M/B VIRGINIA Thomas, Chris

Wright, Dwayne 10/11/90 17 17 V/B V/N M/B + V/B M/N WASHINGTON

Furman, Michael 22/06/71

27/04/89 17

V/B M/B Abreviaturas: M = Mujer V = Varón B = Blanco H = Hispano N = Negro Johnny Garrett El 11 de febrero, Johnny Garrett se convirtió en el quinto delincuente juvenil en ser ejecutado en Estados Unidos tras la

reinstauración de la pena de muerte en la década de los setenta y en el tercero en Texas en aplicación de la legislación sobre pena de muerte vigente actualmente en dicho estado. Johnny Garrett fue condenado a muerte en septiembre de 1982 por la violación y el asesinato de una monja blanca, de 76 años, en octubre de 1981. Cuando cometió los delitos tenía 17 años y un largo historial de enfermed mental, y de graves abusos físicos y sexuales durante la infancia. Esta información no se ofreció al jurado en el proceso de 1982. Los tres expertos médicos que lo examinaron entre 1986 y 1992 dictaminaron que Johnny Garrett sufría un fuerte deterioro mental, era psicótico crónico y tenía el cerebro dañado como consecuencia de varias heridas que recibió de niño en la cabeza. Según los informes, sufría delirios paranoicos, entre

ellos la creencia de que la inyección mortal que se utiliza para ejecutar a los condenados en Texas no le mataría. Su educación y ambiente familiar constituían, en palabras del psicólogo que le examinó en 1988, "una de las historias de abusos y negligencia más virulentas... con las que he tropezado en más de 28 años de ejercicio profesional." Según el informe del psicólogo, su padre natural y sus padrastros le habían propinado frecuentes palizas, con la mano o con cinturones de cuero. Si orinaba o defecaba en la cama, le frotaban la nariz contra los excrementos. En una ocasión en la que no dejaba de llorar, le colocaron en el quemador de un fogón caliente, y aún conservaba las cicatrices de las quemaduras que sufrió.

Según los informes de los médicos, Johnny Garrett fue violado por uno de sus padrastros, que luego le alquiló a otro hombre para que realizara con él prácticas sexuales. A los 14 años le obligaron a llevar a cabo actos sexuales extraños y a participar en películas pornográficas homosexuales. Miembros de su familia le iniciaron en el consumo de alcohol y drogas cuando tenía 10 años y, posteriormente, abusó de sustancias que le provocan daños cerebrales, como disolventes y anfetaminas. Johnny Garrett fue ejecutado a pesar de las solicitudes de clemencia del Papa Juan Pablo II y de la comunidad religiosa de Texas. En un comunicado hecho público a principios de enero de 1992, los obispos de ese estado instaron a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas a que conmutara la pena de muerte impuesta

a Johnny Garrett por otra cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los obispos decían en el comunicado: "Nosotros, como dirigentes religiosos, sentimos una honda preocupación por el aumento de la violencia en nuestro estado. Parece

que la violencia está engendrando más violencia. Al mismo tiempo, no existen pruebas concluyentes de que la pena de muerte está disuadiendo de cometer asesinatos, ni en Texas ni en ningún otro

lugar." También solicitaron clemencia las monjas franciscanas de María Inmaculada del convento de Amarillo al que pertenecía la hermana Tadea Benz. La ejecución de Garrett se fijó en un principio para el 7 de enero, pero en el último momento la gobernadora de Texas, Ann Richards, concedió un aplazamiento de 30 días para permitir que la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado dispusiera de más tiempo para estudiar el caso. Era la primera vez que la gobernadora Richards intervenía para impedir una ejecución desde que había ocupado su cargo en 1990. Sin embargo, la Junta recomendó a la gobernadora que denegara la petición de clemencia de Johnny Garrett. ASISTENCIA LETRADA INADECUADA EN CASOS PUNIBLES CON LA PENA CAPITAL A los acusados de delitos punibles con la pena capital que son indigentes se les proporcionan abogados pagados por el estado sólo para el juicio y la apelación en primera instancia ante la Corte Suprema estatal. El acusado no tiene derecho a recibir los servicios de abogados pagados por el estado para presentar nuevas apelaciones. Sin embargo, desde 1988, las ayudas federales han contribuido a la creación de "centros de recursos" en varios estados con objeto de proporcionar a los condenados a muerte asistencia letrada en las apelaciones. Estos centros están especializados en buscar a abogados cualificados dispuestos a hacerse cargo de tales casos sin cobrar. Muchos estados proporcionan también actualmente alguna financiación para los recursos de hábeas corpus estatales

y federales. No obstante, aunque la situación ha mejorado, siguen haciendo falta abogados dispuestos a encargarse de tales casos. La mala calidad de la asistencia letrada durante el juicio sigue siendo una de las mayores preocupaciones en los casos de pena de muerte. La mayoría de los acusados en dichos casos no disponen de medios económicos para pagar sus propios abogados y se les asignan abogados designados por el tribunal, (abogados a los que el tribunal asigna un caso concreto) o defensores públicos (abogados adscritos a organismos financiados por el estado y especializados en asistencia letrada). Las oficinas de los defensores públicos suelen estar localizadas en zonas urbanas y en algunos estados ni siquiera existen. En la práctica, la mayoría de los acusados de delitos punibles con la muerte, sobre todo en los estados del sur del país,

son representados por abogados designados por el tribunal que perciben unos honorarios muy bajos. En diciembre de 1992, la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que los límites poco realistas impuestos a las minutas de los abogados defensores y a los gastos de representación de indigentes en juicios de pena capital no garantizaban una asistencia letrada eficaz. El tribunal señaló en el fallo que en Carolina del Sur, los honorarios por hora de los abogados asignados a casos de pena de muerte eran los más bajos del país, con un tope máximo de 5.000 dólares por juicio. Ese límite incluía otro tope, de 2.500 dólares, para la contratación de servicios de expertos e investigación, y los abogados recibían 15 dólares por hora por el trabajo realizado ante el tribunal y 10 dólares por investigar el

caso fuera de éste. En el momento de redactar el presente informe, Amnistía Internacional no disponía de más información sobre las medidas adoptadas a la vista de esta decisión.

Como respuesta a la apremiante escasez de abogados dispuestos a representar a reos pendientes de ejecución que han solicitado apelaciones, la Corte Suprema de California decidió en marzo asumir la labor de conseguir asistencia letrada a los condenados cuyos casos se retrasan por falta de abogado. Este anuncio se produjo en un momento en el que el número de reclusos condenados a muerte que carecía de abogado defensor alcanzaba niveles desconocidos en el estado, pues, según informes, había 73 (aproximadamente una cuarta parte) sin asistencia jurídica. Alrededor de la mitad habían sido condenados a la pena capital más de dos años antes, pero no disponían aún de abogado para la interposición de recursos. Una disposición permitirá a abogados con experiencia colaborar con los letrados de la apelación cuando los casos de pena capital sean devueltos al tribunal para las vistas de presentación de pruebas. Antes, los abogados para casos de pena capital se reclutaban a través del Proyecto de Apelación de California, que seguirá asesorando a los abogados en los casos de pena de muerte. Aunque el Proyecto

acogió con agrado las reformas, parece ser que algunos abogados defensores han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que disminuya la calidad de la asistencia letrada a los condenados. En septiembre, el recién nombrado supervisor judicial había seleccionado y reclutado a ocho abogados. Según informes publicados por la prensa, la mayoría no había tomado parte nunca en un caso de pena de muerte. Según un artículo publicado en el Texas Bar Journal

3 (la

publicación del colegio de abogados), Texas es el estado que tiene mayor número de reos sin representación de todo el país. De los 198 reclusos condenados a muerte que se encontraban en fase de apelación, 31 no tenían abogado defensor. El Colegio de Abogados de Texas intentaba poner remedio a la situación reclutando abogados

voluntarios con la colaboración de los colegios de abogados locales y de los bufetes de abogados del estado. A diferencia de otros estados en los que existen numerosos condenados a muerte, en Texas sólo se financia la apelación en primera instancia. En febrero de 1992, un juez de Nueva Orleans declaró inconstitucional el sistema utilizado en Luisiana para reclutar abogados para los indigentes y ordenó al poder legislativo del estado que adoptara medidas para solucionar los fallos del sistema que, según dijo, "niegan a los acusados su derecho constitucional a ser asistidos por un abogado cualificado

4". Al hacer público el fallo,

el juez declaró: "Son muchas las posibilidades de que una persona inocente se declare culpable del delito que se le imputa ante la falta de asistencia cualificada.

5" La decisión se adoptó como

respuesta a la moción presentada por un defensor público del estado. Exosten indicios de que muchos de los presos ejecutados en 1992 no dispusieron de asistencia letrada adecuada durante el juicio y que los abogados de oficio no presentaron, por ejemplo, factores atenuantes cruciales en la audiencia de determinación de la sentencia, entre ellos antecedentes de enfermedades mentales o abusos.

3. Vol. 56, No. 2, 1993.

4. De un artículo publicado en The National Law Journal el 24

de febrero de 1992.

5. State of Louisiana v. Peart, 346-331, citado en The National

Law Journal del 24 de febrero de 1992.

Roger Coleman

El 20 de mayo de 1992, Roger Coleman fue ejecutado en la silla eléctrica en Virginia, a pesar de las dudas existentes sobre su culpabilidad. Coleman fue declarado culpable de la violación y el asesinato de su cuñada, Wanda McCoy, ocurridos en Grundy, Virginia, en 1981, aunque proclamó incansablemente su inocencia durante los 11 años que permaneció en prisión. En el juicio lo representaron unos abogados que nunca habían intervenido en un caso de violación o asesinato y que dejaron muchas pruebas sin investigar, incluida la coartada de su defendido. Los abogados no acudieron preparados a la audiencia de determinación de la sentencia y no presentaron atenuantes, entre ellos el hecho

de que los padres de Roger Coleman lo abandonaron cuando era muy pequeño y que había sufrido penalidades y pobreza. Había testigos, pero no fueron citados a declarar en su favor durante esa fase. Antes del juicio, el caso recibió mucha publicidad perjudicial en la pequeña ciudad de Grundy, donde se había cometido el delito, y los abogados de Roger Coleman solicitaron un cambio de sede. Sin embargo, no estaban preparados para la vista, y tampoco disponían de declaraciones juradas que apoyaran su petición. El juez denegó la petición. Hay pruebas de que al menos uno de los miembros del jurado que condenó a muerte a Roger Coleman estaba convencido de su culpabilidad antes del juicio. En la apelación representaron a Coleman unos abogados

voluntarios bien preparados, pero que desconocían los tribunales de Virginia. Cuando un juez del estado rechazó el recurso en 1986 calcularon mal el tiempo de que disponían para interponer un nuevo recurso ante la Corte Suprema del estado, e, inadvertidamente, entregaron la documentación con un día de retraso. Los fiscales de Virginia solicitaron al tribunal que rechazara el recurso sin examinarlo por "fallos de procedimiento". El tribunal así lo hizo, en una orden que constaba de un solo párrafo. En junio de 1991, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, por seis votos contra tres, que Roger Coleman había perdido el derecho a la revisión federal de su condena a muerte, que le había sido impuesta a causa del error involuntario de sus abogados. La juez O'Connor, en representación de la mayoría, mencionó la necesidad de mostrar el respeto debido a los tribunales estatales y la necesidad de proteger

a los funcionarios del estado de la incertidumbre y los retrasos en los casos de delitos comunes. Declaró también: "Coleman debe pagar el riesgo del error de su abogado que tuvo como resultado un fallo de procedimiento". Los tres jueces que habían votado a favor acusaron a la mayoría de anteponer los intereses de los estados a la protección de los derechos constitucionales de los individuos. El gobernador Douglas Wilder denegó la petición de clemencia de Roger Coleman el 18 de mayo de 1992. Al anunciar su decisión, declaró en una rueda de prensa: "No estoy convencido de su inocencia". No quiso manifestar si creía en su culpabilidad, pero afirmó que la ejecución no constituiría una "injusticia considerable". En un editorial sumamente crítico respecto de la decisión del gobernador Wilde, el periódico New York Times publicó

el 20 de mayo que "ha endurecido sus anteriores criterios de clemencia, que sólo requerían dudas razonables sobre la culpabilidad".

El gobernador Wilde tomó la extraña decisión de permitir que Coleman se sometiera el día de su ejecución a una prueba en un detector de mentiras, que no superó. Como estas pruebas no se

consideran fidedignas, por norma general no suelen admitirse ante los tribunales. Los abogados de Coleman adujeron que la tensión emocional de su situación había distorsionado los resultados de la prueba, que se basa en la medición de la tensión arterial. Sin embargo, el gobernador declaró posteriormente a la prensa: "Si hubiera superado la prueba... habría influido en última instancia en el desenlace", con loi cual indicaba que podría haber estado dispuesto a cambiar su decisión de no intervenir. El gobernador está facultado para conceder un aplazamiento de la ejecución, así como clemencia. Las salvaguardias que garantizan la protección de las personas susceptibles de ser condenadas a la pena de muerte, adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984

(Resolución 1984/50), estipulan que "Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos". Las circunstancias indican que esta norma no se cumplió en el caso de Roger Coleman. "Esta noche va a ser asesinado un hombre inocente", declaró cuando lo ataron a la silla. "Cuando se demuestre mi inocencia, espero que los americanos se den cuenta de la injusticia que supone la pena de muerte, como ya lo han hecho otros países civilizados." DISCRIMINACIÓN RACIAL EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

El 15 de enero de 1993 había 2.676 presos condenados a muerte en Estados Unidos, de los cuales 1047 (casi el 40 por ciento) eran negros

6. El porcentaje de presos negros condenados a muerte es mucho

más alto en algunos estados en particular. Los negros constituyen sólo el 12 por ciento de la población total de Estados Unidos. Sin embargo, las estadísticas basadas sólo en la raza del delincuente no indican necesariamente parcialidad. Las disparidades más marcadas a la hora de imponer sentencias de muerte se revelan cuando se considera la raza de la víctima en los casos de pena capital. De los 31 presos ejecutados en 1992, 25 habían sido condenados a muerte por delitos cometidos por víctimas de raza blanca. De los 189 reos ejecutados en Estados Unidos entre 1977 y el 5 de enero de 1993, 152 (el 83 por ciento) fueron condenados a muerte por el asesinato de víctimas blancas. Las disparidades raciales en la

imposición de la pena de muerte se ven confirmadas por los resultados de muchas investigaciones y fueron corroboradas por un informe realizado por el Departamento General de Contraloría, Estadística e Investigaciones Sociológicas (General Accounting Office, GAO), una agencia independiente del gobierno federal, publicado en 1990. El informe del GAO señalaba que era mucho más probable que fueran sentenciados a muerte los condenados por asesinar a víctimas blancas que los condenados por el asesinato de víctimas negras. La disparidad racial se mantenía una vez tenidos en cuenta otros factores jurídicos pertinentes.

6. Fuente: Fundación de Defensa y Educativa de la NAACP, Inc.,

Nueva York. Estadísticas publicadas en enero de 1993. La distribución por razas era la siguiente: 1.353 (el 50'56 por ciento)

eran blancos; 1.047 (el 39'13 por ciento), eran negros; 195 (el 7'29 por ciento) eran hispanos; 48 (el 1'79 por ciento) eran indígenas; 20 (el 0'75 por ciento) eran asiáticos, y se desconocía el origen del resto.

En algunos estados, es habitual que los acusados de delitos punibles con la pena capital sean condenados por jurados formados

íntegramente por blancos, de los que los fiscales han excluido deliberadamente a los posibles jurados negros. Delma Banks La ejecución en Texas de Delma Banks se fijó en siete ocasiones a lo largo de 1992, pero en cada una de ellas se produjo un aplazamiento a la espera del resultado de los recursos interpuestos por sus abogados. Delma Banks, de raza negra, fue condenado en 1980 por asesinar a tiros a un blanco, Richard Wayne Whitehead. Fue procesado y condenado por un jurado integrado en su totalidad por blancos, al haber excluido la acusación a los posibles jurados negros, haciendo

uso del derecho de recusación sin causa (el derecho a rechazar a miembros de un jurado sin aducir razones). En el momento de redactar este informe, el caso se encontraba pendiente del dictamen sobre un recurso presentado por los abogados de Banks y basado en recientes investigaciones que habían llevado a cabo conjuntamente con un grupo de derechos legales, la Fundación de Defensa Legal de la Asociación Nacional para la Promoción de las Personas de Color (NAACP). Según los resultados de estas investigaciones, los fiscales del condado de Bowie, Texas, donde fue juzgado Banks, habían excluido sistemáticamente a todos los negros de los jurados durante al menos los seis años anteriores al juicio de Banks. Como resultado, el porcentaje de negros entre los miembros de los jurados del condado era inferior al 2 por ciento, aunque las personas de esa raza constituyen el 21 por ciento de su población. Un portavoz de la

Fundación de Defensa Legal de la NAACP ha declarado que esta prueba constituye uno de los ejemplos más flagrantes de discriminación racial en la selección de los integrantes de jurados que la organización ha encontrado en los últimos años. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 1986, en el caso Batson contra Kentucky, que los fiscales no pueden excluir a jurados únicamente a causa de su raza, puesto que ello incumpliría la cláusula de Protección Equitativa de la Constitución. No obstante, este fallo no tiene efectos retroactivos, por lo que Delma Banks no puede beneficiarse de él. Sin embargo, sus abogados han interpuesto un recurso basado en un anterior dictamen de la Corte Suprema que permite la anulación de una condena si se demuestra que los fiscales de una jurisdicción concreta han rechazado

sistemáticamente por motivos raciales a posibles miembros de un jurado. Este recurso sigue pendiente en el momento de redactar este documento, pero cabe la posibilidad de que no se examine antes de la ejecución. Según un importante estudio sobre discriminación racial llevado a cabo en los años setenta, en Texas la probabilidad de que se condenara a muerte a los delincuentes negros que mataban a víctimas blancas era seis veces superior a la de los casos en que delincuentes y víctimas eran de raza blanca. William Andrews William Andrews, de raza negra, fue ejecutado el 30 de julio

en Utah a pesar de la preocupación suscitada tanto dentro como fuera del país por la posibilidad de que el racismo hubiera empañado la imparcialidad del juicio, y a pesar de que el propio estado admitió que Andrews no estaba presente cuando las víctimas recibieron los

disparos. Andrews había sido condenado a muerte por su participación en el asesinato de cinco personas de raza blanca durante un robo en una tienda de aparatos de alta fidelidad ocurrido en abril de

1974. Los atracadores torturaron a las víctimas y dispararon contra ellas, provocando la muerte de tres. Dale Pierre Selby, de raza negra, era el líder del grupo y fue el único responsable de los disparos, por lo que fue declarado culpable de asesinato punible con la pena capital y ejecutado en agosto de 1987. Amnistía Internacional sintió profunda inquietud ante los indicios de que los prejuicios raciales podrían haber influido en la decisión del jurado de condenar a muerte a William Andrews. Fue procesado ante un jurado formado íntegramente por blancos pertenecientes a la comunidad en que se había cometido el delito, que había recibido amplia difusión. Mediado el juicio, el jurado recibió una nota anónima, escrita a mano, en las que se instaba a sus miembros a "ahorcar a los negros". El juez indicó al jurado

que hiciera caso omiso de la nota, pero pudo haber influido en la sentencia. Dos miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos manifestaron posteriormente honda preocupación porque el tribunal no remedió etse error. La culpabilidad individual de Andrews era menor que la de Selby. Las pruebas indican que fue cómplice de este último, en cierta medida reacio, y que siguió sus indicaciones, si bien, en última instancia, se negó a participar en los homicidios y salió de la tienda antes de que Selby violara a una de las víctimas y disparara contra las cinco. El juez rechazó numerosas solicitudes de la defensa para que los juicios de ambos se celebraran por separado, pero fueron procesados conjuntamente en noviembre de 1974. El estado de Utah ha admitido en varias ocasiones que Andrews no se encontraba presente

en el lugar de los hechos cuando las cinco víctimas fueron abatidas a tiros. Y la Junta de Indultos y Libertad Condicional, al rechazar la petición de clemencia el 18 de agosto de 1989, escribió que "el señor Andrews dejó en manos de su compañero los homicidios y no se encontraba presente cuando ocurrieron la violación y los homicidios". William Andrews tenía 19 años cuando cometió el delito. Era demasiado pobre para costear los servicios de un abogado y en el juicio lo representó un abogado designado por el tribunal que había obtenido el título hacía menos de un año. Según informes, el abogado no presentó pruebas fundamentales para la defensa ni pruebas atenuantes que habrían demostrado que había desempeñado un papel menos importante en el delito. Como consecuencia de la inadecuada

representación legal, los tribunales rechazaron por razones de procedimiento la revisión de varios importantes recursos. Fue ejecutado cuando tenía 37 años y cuando llevaba más de 17 años y medio en el pabellón de la muerte: más tiempo que cualquier otro condenado a la pena capital en Estados Unidos. La ejecución había sido aplazada ya seis veces. Según las noticias de que dispone Amnistía Internacional, ha sido la única persona condenada a muerte en Utah sin haber matado directamente a nadie. Puede que el jurado del juicio conjunto con Dale Pierre Selby creyera que sí había intervenido, porque se exageró su participación en el delito, pero el estado de Utah admitió que no había sido así. En agosto de 1989, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah denegó la solicitud de clemencia de Andrews por dos votos

a uno, y en julio de 1992 se negó a reunirse para examinar nuevamente el caso. EJECUCIÓN DE ENFERMOS MENTALES Y RETRASADOS MENTALES

Al menos seis presos que padecían enfemedades mentales, lesiones cerebrales o retraso mental fueron ejecutados en 1992,

quebrantando la resolución 1989/64 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), adoptada en mayo de 1989, que recomienda la eliminación de la pena de muerte para personas que padecen retraso mental o tienen sus facultades mentales extremadamente limitadas. En junio de 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos, dictaminó en el caso Penry contra Lynaugh que la Constitución no prohibe categóricamente la ejecución de retrasados mentales. Sin embargo, sostuvo que debe indicarse a los jurados de casos de delitos punibles con la pena capital que consideren la merma de la capacidad mental como posible factor atenuante en la audiencia de determinación de la sentencia. A pesar de este fallo, cinco estados (Georgia, Maryland, Kentucky, Tennessee y Nuevo México) han aprobado en los

últimos años legislaciones que prohiben la ejecución de retrasados mentales. Presos que padecían enfermedades mentales o retraso mental ejecutados durante 1992 Johnny Garrett, delincuente juvenil de raza blanca, era deficiente mental y psicótico crónico, y tenía lesiones cerebrales, fue ejecutado en Texas el 11 de febrero. Había sido condenado a muerte en septiembre de 1982 por la violación y el asesinato de una monja blanca de 76 años de edad en octubre de 1981. Tenía 17 años cuando cometió el delito. Presentaba numerosos antecedentes de enfermedades mentales y había sufrido graves abusos físicos y sexuales de niño. Una psiquiatra manifestó que se trataba de "uno

de los reos psiquiátricamente más deteriorados" que había examinado y, según un psicólogo, la suya era "una de las historias de abusos y negligencia más virulentas... con que he tropezado en más de 28 años de ejercicio profesional". La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó las solicitudes de clemencia a pesar de los llamamientos efectuados por las monjas pertenecientes al convento de la monja asesinada y otros dirigentes religiosos (véase su caso). Nollie Martin, de raza blanca, ejecutado en mayo en Florida, tenía un coeficiente intelectual de 59 y sufría un notable deterioro mental como consecuencia de varias heridas graves que había recibido en la cabeza durante su infancia. Presentaba antecedentes de psicosis, depresión suicida y automutilación, y había sufrido abusos físicos

y sexuales en la infancia. Fue condenado a muerte en noviembre de 1978 por el secuestro, atraco y asesinato de una mujer blanca. Cornelius Singleton, de raza negra, fue ejecutado el 20 de noviembre en Alabama. Había sido condenado a muerte por el asesinato de una monja católica, ocurrido en noviembre de 1977. Era retrasado mental y su coeficiente intelectual oscilaba entre 58 y 69. Fue juzgado por un jurado integrado en su totalidad por blancos, al que no se informó de su retraso mental antes de que votara su condena a muerte. Esta sentencia fue conmutada posteriormente, pero otro juez volvió a imponerle la pena capital en un juicio sin jurado. Según informes, en la segunda vista se presentaron algunas pruebas de su retraso mental que no fueron tenidas en cuenta.

Donald Harding, de raza blanca, condenado a muerte por el asesinato de tres hombres en dos incidentes distintos, fue ejecutado en Arizona el 6 de abril de 1992. Harding se crió en un ambiente extremadamente

perturbador; durante su infancia fue víctima de abusos, estuvo desatendido y contempló graves actos de violencia entre su madre y su padrastro. Intentó suicidarse a los nueve años cortándose las

venas de las muñecas. Varios neurólogos que le examinaron reconocieron que sufría una disfunción cerebral orgánica que le impedía controlar sus impulsos agresivos y violentos y comportarse adecuadamente, especialmente cuando se encontraba bajo la influencia del alcohol o de drogas sedantes. Según otro experto médico, Donald Harding sufría también desórdenes nerviosos post-traumáticos como consecuencia del trato brutal y de las agresiones sexuales de que había sido víctima en una prisión para adultos entre los 16 y los 24 años de edad. Ricky Grubbs, de raza blanca, fue ejecutado el 20 de octubre en Missouri. Había sido condenado a muerte en 1986 por el asesinato de un hombre blanco, Jerry Thornton, cuando se encontraba bajo la influencia del alcohol. Sus abogados defensores no investigaron

importantes pruebas atenuantes relacionadas con su retraso mental y, como consecuencia, éstas no se presentaron al jurado que lo condenó a muerte. En una declaración jurada presentada en 1992, el psiquiatra designado por el tribunal que examinó a Grubbs en 1985 afirmó que, en aquel momento, no había tenido acceso a la información de que Ricky Grubbs era prácticamente retrasado mental ni a los archivos escolares que mostraban que había sido sometido a exámenes psicológicos a lo largo de su infancia. Ello suponía que su informe "no había proporcionado al tribunal una evaluación completa y exacta de la capacidad mental del señor Grubbs en el momento de cometer el delito del que fue acusado". La declaración jurada concluía: "A la luz de la anterior información, unida a la combinación de una fuerte ebriedad y un bajo nivel intelectual, considero que el señor Grubbs no era capaz de desarrollar la

intencionalidad necesaria para un asesinato en primer grado..." y que "el demandante Ricky Grubbs carecía de la capacidad mental necesaria para deliberar y reflexionar friamente sobre sus actos." Ricky Rector Ricky Rector, de raza negra, fue ejecutado en Arkansas el 24 de enero de 1992. Había sido condenado en 1982 por el asesinato de Bob Martin, un policía blanco, ocurrido en noviembre de 1981. Después de matar a Bob Martin, Rector intentó quitarse la vida disparándose en la cabeza. La herida y la posterior operación para extraerle la bala resultaron en la pérdida de tres pulgadas de cerebro (una lobotomía frontal). Sufrió pérdida de memoria y los

exámenes médicos revelaron que su capacidad mental era sumamente limitada. El 24 de junio de 1991, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la última petición de Rector de que la pena de muerte que le había sido impuesta fuera sometida a revisión federal. El juez Thurgood Marshall expresó en unas extensas declaraciones su disconformidad con esta decisión tres días antes de retirarse de la Corte; Argumentaba que este tribunal debía haber concedido la revisión solicitada por Rector con el fin de establcer una definición global de la locura o la incapacidad mental para ser ejecutado. Thurgood concluyó: "Inevitablemente, la cuestión de si puede ejecutarse a estas personas una vez que el deterioro de sus facultades las ha incapacitado para apelar a las leyes o a la

compasión de la sociedad que las ha condenado es fundamental para la imposición de la pena de muerte en esta nación." La ejecución de Rick Rector se llevó a cabo de una forma que

demuestra la extrema crueldad de la pena de muerte. Algunos testigos informaron que habían oído gemidos y lamentos procedentes de la sala de ejecución cuando los técnicos tardaron casi una hora en

encontrar las venas apropiadas para inyectarle los productos químicos letales. Al parecer, Ricky Rector, consciente del problema, ayudó al equipo de ejecución en su labor. En un artículo publicado el 26 de enero de 1992 en uno de los periódicos del estado, el Arkansas Democrat Gazette, John Byus, el encargado de prestar servicios médicos y odontológicos para el Departamento de Prisiones de Arkansas, declaró: "No le pinchábamos constantemente sin motivo. Buscábamos una vena. Pensábamos que sería la próxima... Nos parecía que la habíamos encontrado, pero no era así. No es corriente, pero puede ocurrir. Tenía las venas muy finas y se quebraban fácilmente. Así que seguíamos buscando. Tuvimos suerte de encontrar una." Fallo de la Corte Suprema de Luisiana según el cual no puede obligarse a un preso con sus facultades mentales mermadas a tomar medicación que lo vuelva suficientemente cuerdo para ser ejecutado En octubre de 1992, la Corte Suprema de Luisiana dictaminó por cinco votos contra dos que no puede obligarse a un preso con sus facultades mentales mermadas a tomar medicación con el único fin de volverlo suficientemente cuerdo para ser ejecutado. De esta forma se resolvía una cuestión planteada a la Corte Suprema de Estados Unidos en 1990 en el caso de Michael Owen Perry. Michael Owen Perry fue sentenciado a muerte en Luisiana en 1984 tras ser declarado culpable del asesinato de sus padres y de otros tres familiares. Aunque se declaró a Perry en condiciones para ser sometido a juicio, éste había sufrido ataques regulares de psicosis (como alucinaciones auditivas, paranoia y delirios)

durante el tiempo que había permanecido en prisión y se le había administrado periódicamente medicación psicotrópica. En 1986, la Corte Suprema de EE UU dictaminó que la ejecución de un preso demente constituía un castigo "cruel e inusual" que violaba la Octava Enmienda de la Constitución. En 1987, la Corte Suprema de Louisiana, tras estudiar las pruebas referentes a la enfermedad mental de John Perry, confirmó su declaración de culpabilidad y su condena a muerte, pero ordenó al tribunal que lo juzgó que celebrara una vista sobre la cuestión de sus condiciones mentales para ser ejecutado. Según la legislación de Estados Unidos, para poder ser ejecutado, el condenado debe ser consciente del significado de la pena de muerte y de la razón por la que se le impone. Una vez estudiadas las pruebas, el tribunal concluyó que,

aunque Perry padecía una esquizofrenia grave, su estado se podía estabilizar lo suficiente como para adecuarse al nivel señalado antes "sólo cuando se le mantenía con una medicación psicotrópica del tipo del Haldol" (droga antipsicótica). El tribunal ordenó que se le mantuviera la medicación de forma continuada, contra su voluntad si era necesario, con el único propósito de que estuviera en condiciones de ser ejecutado. Los abogados de Perry argumentaron que administración forzosa de medicación a un preso con él único propósito de que esté en condiciones de ser ejecutado transgredía la claúsula del debido proceso de la Décimocuarta Enmienda de la Constitución. Otro argumento de los abogados era que el negar el tratamiento médico a un preso enfermo psicótico constituiría un trato cruel e inusual

que quebrantaría la Octava Enmienda y que, por tanto, la única línea de acción apropiada a seguir sería la de conmutar la pena de muerte de Perry por otra de cadena perpetua e internarle en una institución para su tratamiento.

La Corte Suprema de Estados Unidos no emitió un dictamen sobre la cuestión planteada, sino que remitió el caso a los tribunales

de Louisiana para que lo reconsideraran teniendo en cuenta un fallo anterior de la Corte Suprema de Estados Unidos, emitido en el caso (que no era de pena capital) de Washington contra Harper. En Washington contra Harper, la Corte sostuvo que a un preso podían administrarle por la fuerza medicamentos antipsicóticos sólo si padecía una enfermedad mental que pudiera causar daño y si el tratamiento se realizaba en interés del preso. Según el fallo de la Corte Suprema de Luisiana, pronunciado en octubre de 1992, y que dejaba abierta la posibilidad de ejecutar a Perry si éste recobraba la cordura sin el uso de medicación, administrar medicamentos a la fuerza a Perry constituiría una violación de la constitución de Luisiana al infringir su derecho a la intimidad y a ser protegido contra castigos crueles e inusuales.

LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL ESTADO Y OTRAS NOVEDADES Según la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte (NCADP)

7, en 1992 se presentaron en 38 estados 172 proyectos

de ley relacionados con la pena de muerte. En noviembre de 1992 se habían aprobado nueve. En tres estados los gobernadores los vetaron, incluida la legislación para reinstaurar la pena de muerte en Nueva York. El resto fueron rechazados, su discusión se aplazó hasta 1993 o fueron dejados de lado indefinidamente. La mayoría de los proyectos de ley proponían ampliar el número de delitos por los cuales se impone la pena de muerte e intentaban acelerar el proceso de las apelaciones y las ejecuciones.

Cuatro estados (Georgia, Misisipí, Ohio y Pennsylvania) estudiaron proyectos de ley para prohibir la ejecución de menores de 18 años en el momento de cometer el delito, y 14 estados (Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Delaware, Florida, Idaho, Illinois, Luisiana, Misisipí, Missouri, Ohio, Pennsylvania y Wyoming) estudiaron proyectos de ley para prohibir la ejecución de retrasados mentales. Ninguno fue aprobado. En Carolina del Sur no llegó a convertirse en ley un proyecto en el que se prohibía la ejecución de retrasados mentales; no obstante, se aprobó una versión enmendada, que estipula que las pruebas de retraso mental han de considerarse factores atenuantes. Cuatro estados - Arizona, California, Delaware y Wyoming - llevaron a cabo las primeras ejecuciones en periodos que en ocasiones

superaban el cuarto de siglo o más. (La ejecución que tuvo lugar en marzo en Delaware fue la primera llevada a cabo en 46 años). Arizona En un referéndum celebrado en Arizona en noviembre, los votantes aprobaron por abrumadora mayoría la legislación por la que el método de ejecución vigente, la cámara de gas, se sustituía por el de inyección letal. Los presos condenados a muerte antes del cambio podrán elegir entre ambos métodos. Decisión del Congreso de celebrar un referéndum sobre la pena de muerte en el distrito de Columbia

7. 1992 Survey of State Legilastion (Encuesta sobre las

legislaciones estatales de 1992), publicada por la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte (NCADP).

En un referéndum celebrado a principios de noviembre, los votantes de Washington, distrito de Columbia (D.C.) rechazaron por

amplia mayoría la legislación propuesta por el Congreso que, en caso de haberse aprobado, habría supuesto la reinstauración de la pena de muerte en el distrito. El referéndum se celebró entre la oposición generalizada de los legisladores locales, que no tuvieron la oportunidad de contribuir a la propuesta de nueva legislación. A comienzos de septiembre, en un gesto inusitado y como respuesta al incremento de la delincuencia en el Distrito

8, el

Congreso de Estados Unidos aprobó una medida por la que se convocaba un referéndum sobre la propuesta de restablecimiento de la pena capital en el distrito de Columbia. El distrito de Columbia alberga la sede del gobierno de Estados Unidos e incluye la ciudad de Washington. Aunque cuenta con un

alcalde, elegido mediante votación, y unos concejales que están facultados para legislar en cuestiones locales, el Congreso tiene el poder de promulgar leyes en el Distrito y de vetar o cambiar las leyes propuestas por el ayuntamiento del distrito de Columbia. Se trata de una de las 15 jurisdicciones en las que no se ha reinstaurado la pena de muerte tras el fallo de 1972 de la Corte Suprema (Furman contra Georgia), que anulaba las leyes estatales sobre pena de muerte al declarar que, de la forma en que estaba estipulada en las leyes entonces vigentes, esta pena constituía un "castigo cruel e inusual". En 1981, el ayuntamiento del distrito de Columbia revocó la legislación sobre pena de muerte; la última ejecución se llevó a cabo en 1957. La legislación propuesta, claramente contraria al Artículo

4(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se afirma que la aplicación de la pena de muerte "no se extenderá... a delitos a los cuales no se la aplique actualmente", habría incermentado en el Distrito de Columbia la pena por asesinato en primer grado a pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Algunos de sus detractores señalaron que, tal y como estaba redactada, permitiría la aplicación de la pena capital a muertes consideradas hasta entonces asesinato en segundo grado u homicidio. La propuesta incluía una lista de 14 circunstancias agravantes que convertirían un delito en punible con la pena capital, entre ellas "una conducta con resultado de muerte en el curso de actividades relacionadas con el tráfico de drogas o con su promoción". No prohibía la ejecución de retrasados mentales ni delincuentes juveniles (personas menores de 18 años en el momento

de cometer el delito), con lo que transgredía las normas internacionales. No especificaba el método ni el lugar de ejecución, pero especificaba que serían los tribunales los encargados de designar el estado donde se llevaría a cabo. Según datos no oficiales, el 67 por ciento de los votantes rechazó la iniciativa sobre la pena de muerte, que habría constituido una de las leyes más amplias a este respecto de todo el país. Conmutación de sentencias en 1992

8. Según unas estadísticas de la Oficina Federal de

Investigación (FBI) publicadas en agosto, en 1991 los delitos

violentos alcanzaron cotas desconocidas en Estados Unidos y el índice de asesinatos de Washington fue superior al de cualquier ciudad grande.

En 1992 se otorgó clemencia en dos casos. El 23 de enero, horas antes del momento previsto para su

ejecución, el gobernador Wilder de Virginia conmutó la pena de muerte impuesta a Herbert Bassett por otra de cadena perpetua. Bassett, de raza negra, había sido declarado culpable de asesinar a Albert Burwell, dependiente de una gasolinera, de 16 años y también de raza negra, abatido a tiros durante un robo en noviembre de 1979. Fue declarado culpable debido al testimonio de otras tres personas acusadas con él. Ninguna otra prueba le vinculaba al delito. Aunque estas tres personas fueron acusadas también de asesinato punible con la pena capital, se les concedió un trato favorable a cambio de que declararan contra Bassett. A dos de ellos se les permitió declararse culpables de complicidad en el crimen y se les impusieron penas condicionales de un año. El jurado del primer proceso de Bassett no llegó a ningún acuerdo sobre su culpabilidad o inocencia. En el segundo juicio fue declarado culpable y condenado a muerte.

Bassett había negado siempre su participación en el asesinato. En la declaración en la que anunció su decisión de conmutar la pena de muerte impuesta a Bassett, el gobernador Wilder dijo: "Es axiomático que la pena última, la capital, se aplique únicamente a aquellos casos en los que se haya demostrado más allá de toda duda razonable que los acusados han cometido el delito del que se les acusa... Tras una exhaustiva revisión de las pruebas, incluidas las que me presentó el abogado de Herbert Russell Bassett, que no se encontraba presente cuando el jurado pronunció el veredicto... no puedo, en conciencia, eliminar la presencia de una duda razonable ni dejar de utilizar la facultad de intervenir que me ha sido asignada como gobernador." Era la segunda conmutación que concedía el gobernador Wilder desde que había ocupado su cargo. El 20 de febrero de 1991 había conmutado la pena de muerte impuesta a Joe Giarratano.

En enero de 1992 se concedió clemencia a Anson Avery Maynard, indio coharie de Dunn, Carolina del Norte, a quien el 10 de enero de 1992 le fue conmutada la pena capital por la de cadena perpetua sin libertad condicional. Su ejecución se había fijado en un principio para el 17 de enero por el asesinato, de un hombre blanco, Steven Henry, ocurrido en 1981. Anson Avery Maynard habría sido el primer indígena ejecutado en aplicación de las leyes estatales vigentes sobre pena de muerte

9. El gobernador James Martin conmutó

la sentencia ante las dudas existentes sobre la culpabilidad de Maynard. Dijo que no existían pruebas físicas que lo vincularan al delito y el único testigo presencial que testificó fue una persona que había participado en el asesinato, a la que se concedió inmunidad procesal.

Era la primera vez que el gobernador de Carolina del Norte conmutaba una pena capital desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. En dicho estado se ha ejecutado a cinco presos, entre ellos una mujer, en virtud de la legislación vigente sobre pena de muerte. El 10 de enero de 1992, el gobernador manifestó en la declaración en la que anunciaba la conmutación de la pena: "Tras una revisión de todos los argumentos a favor y en contra, no estoy convencido de que Anson Maynard apretara el gatillo para matar a Stephen Henry. Tampoco estoy convencido de que sea totalmente inocente... Aprecio los esfuerzos del jurado para averiguar la

9. Edward Ellis, ejecutado en Tejas el 3 de marzo de 1992, fue

el primer indígena americano ejecutado en Estados Unidos en aplicación de la legislación vigente sobre pena de muerte.

verdad. En 1981 se les presentaron muchas pruebas contradictorias y todos respetamos la decisión que adoptaron entonces, basándose en lo que habían visto y oído. Únicamente con el beneficio del tiempo

adicional, y de información de la que ellos no pudieron disponer, mi decisión modifica su sentencia. Albergo dudas razonables sobre si el grado de participación de Anson Avery Maynard en el asesinato de Stephen Henry es suficientemente claro para justificar la pena de muerte. Por ese motivo, he conmutado la condena de a muerte de Maynard por otra de cadena perpetua sin libertad condicional. Es para casos así para los que se asigna el poder de clemencia al gobernador." El caso de Robert Alton Harris El 21 de abril se llevó a cabo en California la primera ejecución desde 1967.

La ejecución de Robert Alton Harris se había aplazado cuatro veces en una serie de angustiosos aplazamientos en el último momento, que comenzaron menos de seis horas antes del momento previsto para que ésta tuviera lugar al ir interponiendo sus abogados recursos que incluían argumentos como que la ejecución en la cámara de gas constituía un castigo "cruel e inusual" prohibido por la Constitución de Estados Unidos. El último aplazamiento se produjo cuando Harris estaba atado ya a la silla de la cámara de gas y, según testigos, cuando ya se habían introducido las cápsulas de cianuro en la cámara. Lo desataron rápidamente y lo condujeron a una celda. Dos horas más tarde lo volvieron a llevar a la cámara dos horas más tarde, nada más revocar la Corte Suprema de Estados Unidos el último aplazamiento, ordenando que la ejecución se llevara a cabo sin demora y prohibiendo la presentación de nuevos recursos

ante tribunales inferiores. La ejecución se grabó en vídeo por orden de un juez federal con objeto de decidir si la ejecución mediante gas letal constituye un castigo cruel e inusual. Robert Harris fue ejecutado a pesar de que, según informes, la mitad de los jueces de la Corte de Apelación del Noveno Circuito que votaron sobre el caso en diciembre de 1991 pensaban que debía habérsele concedido la revisión del caso para determinar si le habían privado de asistencia psiquiátrica eficaz durante el primer juicio. Según información publicada por la prensa, en la votación se produjo un empate a 13, y un juez se abstuvo. El 2 de marzo de 1992, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó a Harris permiso para apelar. El 13 de marzo se fijó la fecha de la ejecución en una vista

convocada por el fiscal general. Robert Harris había sido declarado culpable del secuestro, robo y asesinato y de dos adolescentes en julio de 1978, y fue sentenciado a muerte el 6 de marzo de 1979. Nuevas pruebas, entre ellas que había nacido con Síndrome Alcohólico Fetal, que había sufrido abusos en su infancia y la existencia de lesiones cerebrales, que no se presentaron al jurado durante el juicio, se adujeron como poderosos motivos para la concesión de clemencia. Robert Harris había nacido prematuramente, con más de dos meses de antelación, como consecuencia de las patadas que su padre propinó

a su madre en el estómago. Los dos eran alcohólicos. A los dos años, su padre le pegó en una ocasión hasta dejarle inconsciente y tuvo que recibir tratamiento en un hospital. Su padre y su padrastro le golpearon durante los primeros años de su infancia. Cuando Harris

tenía nueve años, su padre fue condenado y encarcelado por abusar sexualmente de sus hijas.

A los 14 años, Robert Harris fue abandonado por su madre. Vivió de mala manera cerca de la casa de su hermano durante un tiempo y, posteriormente, se fue a vivir con una hermana en Oklahoma. A los 15 años lo detuvieron cuando conducía un coche robado en compañía de otras personas, que fueron reclamadas por sus familiares. A él no lo reclamaron y le condenaron a ser internado durante cuatro años en un centro juvenil federal. En dicho centro diagnosticaron que era pre-psicótico, esquizofrénico, suicida y autodestructivo. A los 19 años lo dejaron en libertad con la recomendación de que fuera sometido a tratamiento psiquiátrico. No existen pruebas de que lo recibiera. Las pruebas realizadas a Robert Harris después de ser condenado a muerte revelaron que tenía el lóbulo frontal tan gravemente dañado

que ello podría haber influido en su capacidad para reflexionar sobre sus actos, sopesar las consecuencias de ellos, planificar, organizar o pensar racionalmente. Además de nacer con el Síndrome Alcohólico Fetal y de las palizas que recibió de niño, se sabe que Harris inhalaba gasolina, cola y vapores de pintura desde los ocho o nueve años. El jurado no fue informado en toda su extensión de los malos tratos que había sufrido en su infancia ni de sus definciencias mentales. Al conocerse estas últimas pruebas se produjo el empate a 13 en la Corte de Apelación del Noveno Circuito, lo que significaba, de hecho, una negativa a conceder a Robert Harris un nuevo juicio,

como habían solicitado sus abogados. El juez John Noonan (miembro la comisión integrada por tres jueces que había examinado con anterioridad la petición de Harris) adujo que éste había planteado una cuestión de "justicia de fondo" en lo referente a la decisión del jurado de condenarle a muerte en lugar de a cadena perpetua. Tras el empate, el juez Stephen Reinhardt escribió, que no estaba de acuerdo con la decisión, escribió: "¿Podemos realmente justificar la eliminación de una vida humana en un caso en el que, por ejemplo,... la mitad de los miembros de este tribunal, integrado por 28, cree que la ley nos lo impide? ¿Debe depender la vida o la muerte del voto de uno entre muchos jueces, cuando los argumentos de ambas partes son legítimos y la decisión podría inclinarse fácilmente en otra dirección?"

PRESOS EJECUTADOS EN 1992 Fecha de ejecución Num. desde 1977 Nombre Estado Raza del reo Raza de la víctima Características 22 de enero 158 Joe Angel Cordova

Texas H H

22 de enero 159 Mark Hopkinson

Wyoming B B 24 de enero 160 Ricky Rector Arkansas N B LC 11 de febrero 161

Johnny Garrett Texas B B DJ/EM/LC 28 de febrero 162 David Clark Texas B B 3 de marzo

163 Edward Ellis Texas I B 10 de marzo 164 Robyn Parks Oklahoma B A 13 de marzo

165 Olan Robinson Oklahoma B Bx3 14 de marzo 166 Steven Pennell Delaware B Bx3 20 de marzo

167 Larry Heath Alabama B

Bx3 6 de abril

168 Donald Harding Arizona B Bx2 LC 21 de abril 169 Robert Harris California B Bx2

23 de abril 170 William White Texas N B 7 de mayo 171 Justin Lee May Texas B B

7 de mayo 172 Steven Hill Arkansas B B 12 de mayo 173 Nollie Martin Florida B B RM

20 de mayo 174 Jesús Romero Texas H H 20 de mayo 175 Robert Black Texas B B

22 de mayo 176 Roger Coleman

Virginia B B

21 de julio 177 Edward Kennedy Florida N Bx2 23 de julio 178 Edward Fitzgerald Virginia B B

30 de julio 179 William Andrews Utah N Bx3 11 de agosto 180 Curtis Johnson Texas N B

11 de septiembre 181 Willie Jones Virginia N Nx2 22 de septiembre 182 James Demouchette Texas N Bx3

21 de octubre 183 Ricky Lee Grubbs Missouri B B RM 23 de octubre 184 John Gardner Carolina del Norte B

Bx2 19 de noviembre 185

Jeffrey Griffin Texas N

Nx2 20 de noviembre 186 Cornelius Singleton Alabama N B RM 10 de diciembre 187 Kevin Lincecum Texas

N Bx2 10 de diciembre 188 Timothy Bunch Virginia B A Abreviaturas: B = BlancoN = NegroH = HispanoA = Asiático I = IndígenaRM = Retrasado mentalEM = Enfermo mental

LC = Lesiones cerebralesDJ = Delincuente juvenil