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7/30/2019 Estado, policas y criminalidad: seguridad pblica y seguridad privada en la Argentina actual - Federico Lorenc Valc

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11POSTData18, N1,Abril/2013, ISSN 1515-209X, (pgs. 11-49)

ESTADO, POLICAS Y CRIMINALIDAD: SEGURIDAD PBLICAY SEGURIDAD PRIVADA EN LA ARGENTINA ACTUAL

por Federico Lorenc Valcarce*

Hasta qu punto el desarrollo de la seguridad privada acompaa unproceso general de aumento del delito y la inseguridad? Puede entenderseque el auge de la seguridad privada responde a una retirada del Estado de sufuncin de seguridad? Qu lugar ocupa la seguridad privada en el marco deuna transformacin estructural del modo en que se ejercen las funcionespoliciales en la Argentina contempornea? Algunas de estas preguntas cons-tituyen problemas polticos de primer orden. En el presente artculo, ofrece-remos algunas respuestas basadas en una extensa investigacin sobre el desa-

rrollo de la seguridad privada en Argentina (Lorenc Valcarce 2011).Se propone una interpretacin del lugar que la seguridad privadaocupa en un sistema plural de mantenimiento del orden y de control deldelito, identificando los mltiples vnculos entre el Estado y el mercado enesta rea particular de la actividad social, y procurando mostrar que debemostener precauciones a la hora de hablar de una privatizacin de la seguridado de una crisis de las funciones bsicas del Estado. Frente a esta imagen, seobserva un proceso complejo de mercantilizacin de los servicios de protec-

cin y vigilancia que se articula de mltiples formas con las agencias policialespblicas.En primer lugar, se presentan las distintas hiptesis que en la literatu-

ra internacional tratan de explicar la emergencia de la seguridad privada.Luego, se analizan datos agregados sobre delito, gasto pblico en seguridad

* Doctor en Ciencia Poltica (Universidad de Paris 1 Panthon-Sorbonne). Investiga-dor Adjunto del Conicet (Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA). Profe-

sor Adjunto Regular de Sociologa Poltica, UBA, Argentina. E-mail:[email protected].


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y desarrollo de la seguridad privada. Finalmente, se describen las distintasformas de articulacin entre la seguridad pblica y los servicios privados devigilancia y proteccin. De esta manera, se procura dar cuenta de los factores

que estructuran el desarrollo de este fenmeno y su significado en relacincon la seguridad pblica en tanto funcin primaria del Estado.

I. Transformacin de los sistemas policialesy mercantilizacin de la seguridad

Adems de centralizar la autoridad poltica legtima y los medios eco-

nmicos por medio del impuesto, los estados modernos se formaron a travsde la concentracin de los medios de violencia dentro de un mbito geogr-fico determinado. Una fuerza militar gradualmente monopolizada por elpoder soberano se conform contra las pretensiones de los jefes locales, losmercenarios, los grupos tnicos y las familias. La ulterior profesionalizacinde las fuerzas armadas y su compromiso progresivo con la funcin de protec-cin exterior se coron, en el siglo XIX, con el establecimiento de fuerzaspoliciales diferenciadas, responsables del mantenimiento del orden dentro

del territorio (Tilly 1992, Weber 1922, Davis y Pereira 2003).La estatizacin de los medios de coercin en Occidente, plasmada enla existencia de fuerzas armadas y policas permanentes sometidas a la auto-ridad poltica central, caracteriz a todo el siglo XIX y parte del XX. Estaconfiguracin, que caracteriz a los pases centrales y, en menor medida, alespacio de las potencias europeas coloniales en la periferia mundial, fue se-guido por una nueva mutacin: la pluralizacin de los sistemas policiales.Uno de los rasgos principales de esta pluralizacin es la emergencia de for-

mas mercantiles de provisin de servicios de vigilancia y proteccin, quesuelen concebirse como seguridad privada.

Estatizacin, privatizacin, mercantilizacin

En la literatura especializada, la seguridad privada se enmarca en pro-cesos ms generales de constitucin y transformacin de los sistemas policiales.

Por lo tanto, para introducirnos a su estudio, necesitamos saber primerocmo las ciencias sociales han encarado la investigacin de ese fenmeno

Federico Lorenc Valcarce


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fundamental que es la polica. A continuacin, debemos situar a la seguri-dad privada entre las formas sociales de proteccin y vigilancia que los auto-res anglosajones denominan policiamiento (policing). De esta manera, po-

dremos ver cules son los principales ejes del debate en torno al problema dela privatizacin que desemboca luego en la pregunta sobre la eventualamenaza de la pretensin estatal al monopolio de la violencia fsica legtima.

En busca de la funcin policial

Autores pertenecientes a distintas escuelas y tradiciones han coincidi-

do recientemente sobre un mismo punto: la polica es una institucin polticacentral que ha sido, sin embargo, relativamente ignorada por la ciencia poltica(Bayley 1990, Jobard y Favre 1997). En efecto, las definiciones clsicas de lapoltica hacen referencia al Estado y una de las concepciones clsicas de estainstitucin la define especficamente por su pretensin al monopolio de laviolencia fsica legtima (Weber 1922). Aunque haya surgido por vas distin-tas y se presente en formas institucionales muy heterogneas, la polica es elrgano especializado que los estados han creado para ejercer esa pretensin

(Loader y Walker 2001, Monjardet 2009).Como el Estado mismo, la polica ha ejercido actividades variables endiferentes pases y pocas histricas. Por lo tanto, para captar su especificidadno hay que considerar los mltiples contenidos de su funcin sino los me-dios particulares de que dispone para realizarla. En efecto, su singularidadno remite a las prcticas concretas de las que se encarga que podran sercompartidas por otros grupos sociales, religiosos, polticos o domsticossino a la forma poltica y jurdica que inviste a los agentes policiales con un

poder legtimo.Segn la perspectiva clsica elaborada por Egon Bittner, la polica esun cuerpo de funcionarios que el Estado autoriza al empleo legtimo de lafuerza en situaciones de urgencia (Bittner 1980). Esta definicin se opone ala concepcin estrechamente jurdica que considera a la polica como unrgano de aplicacin del derecho penal. Ms all de las diferencias de susenfoques, el gran mrito de autores como Egon Bittner, Albert Reiss,Dominique Monjardet o Fabien Jobard, entre otros, reside en el hecho de

haber producido definiciones de la polica para tratar de comprender conellas su existencia real y concreta: Bittner (1980) a travs de la observacin

Estado, poltica y criminalidad...


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de la variedad de tareas realizadas por los policas y los procedimientos querealizan para producir un orden prctico, Reiss (1971) analizando la in-fluencia del pblico sobre el funcionamiento de las burocracias policiales,

Monjardet (2009) realizando una sociologa de la organizacin y del trabajopolicial, Jobard (2011) inscribiendo un comportamiento infrecuente peroconsiderado esencial de la actividad policial como es el empleo efectivo dela fuerza, en un marco de significados y dispositivos institucionales que ledan sentido.

Cuando se trata de establecer los lmites de esta nocin, encontramoscriterios funcionales sobre todo en la definicin del policiamiento en tr-minos de mantenimiento del orden o criterios formales en particular

la definicin del policiamiento en trminos de monopolio del uso de laviolencia legtima. Autores que se interesaron recientemente por las for-mas privadas de policiamiento o por las formas que llamanpoliciamiento plural y que emergen con la aparicin de modalidades mer-cantiles y comunitarias de gestin de la seguridad critican las aproxima-ciones funcionalistas porque limitan por anticipado las actividades que sesupone la constituyen, y las aproximaciones en trminos de competencias

jurdicamente establecidas porque las consideran demasiado unidas a las

especificidades del policiamiento pblico. Para ellos, los enfoquesfuncionalistas tienen el defecto de definir la naturaleza de la seguridad priva-da en base a cierto tipo de actividades, por ejemplo, la vigilancia y la pre-vencin; en lo que hace a los enfoques formalistas, la principal crtica apuntaa la divisin demasiado estricta entre la polica pblica y la polica priva-da, cuyas actividades estn cada vez ms articuladas.

Ahora bien, sean definidas en trminos funcionales (mantenimientodel orden o proteccin de personas y bienes), en trminos pragmticos

(lo que hace la polica) o en trminos formales (intervencin en la urgen-cia o uso legtimo de la fuerza fsica), o por combinaciones especficas delas prcticas, de los medios y de los fines consustanciales a cualquier cuerpoburocrtico especializado, las policas de Estado son el resultado de procesoshistricos que varan segn los pases.

En efecto, las agencias policiales se formaron a medida que les mediosde violencia se centralizaban y se eriga el Estado. Las policas actuales consus agentes especializados, sus jerarquas, sus uniformes y sus responsabili-

dades con respecto a la seguridad pblica se han constituido en el trans-curso del siglo XIX, al menos en Europa y en las Amricas. Por lo tanto, la



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existencia de funcionarios investidos de la autoridad del Estado es una reali-dad relativamente reciente en el universo del control social: apareci en uncontexto de racionalizacin de la vida econmica, urbanizacin y centraliza-

cin de la autoridad poltica. En trminos ms generales, un gran nmerode autores destaca que la polica pblica no es ms que una forma histricaparticular del trabajo de mantenimiento del orden y control del delito. Se-gn Les Johnston (1999: 177):

La reduccin del policiamiento a las acciones de un cuer-po particular de agentes (oficiales) es histricamente inexactaen cuanto el relativo monopolio oficial del policiamiento ha

sido el producto de condiciones sociales y polticas existentesentre la mitad del siglo XIX y la mitad del XX. En efecto, lasoberana moderna del policiamiento por parte de la policafue la excepcin histrica, siendo ms bien la diversidad y lapluralidad de la provisin la norma histrica.

Segn este enfoque, la polica es una institucin relativamente nuevaque se encarga de lo que los autores anglosajones llaman policiamiento: este

concepto engloba a menudo distintos tipos de tareas de vigilancia y control.Estas tareas pueden concentrarse en un rgano especfico, pero pueden tam-bin ser compartidas por varios grupos e instituciones. Por eso se ha insistidorecientemente en el carcter plural de los sistemas concretos de organizacinde las funciones policiales: el rol del Estado puede ser ms o menos impor-tante, pero nunca es el nico agente comprometido.

Las definiciones ms restringidas, hoy da menos frecuentes, hacencoincidir el policiamiento con la polica y particularmente la polica del

Estado mientras que las definiciones ms amplias incluyen ciertos aspec-tos del comportamiento de los mdicos, los docentes, los conductores demnibus, los vendedores, los padres, etc. En este ltimo caso, policiamientoes casi un sinnimo de control social, mientras en el primero se asocia conuna configuracin especfica en que las policas estatales monopolizan el usoactual y potencial de la fuerza fsica (Bayley y Shearing 2001).

A mi entender, las definiciones amplias del policiamiento ofrecen unavisin integrada de las formas sociales del control del delito y del manteni-

miento del orden, aunque corren el riesgo de amalgamar hechos heterogneosen una categora con fronteras borrosas. Tienen la ventaja de poner de relieve



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una caracterstica generalizada de los sistemas policiales de nuestro tiempo:la existencia de mltiples rganos que se encargan de distintas reas de con-trol y vigilancia en el marco de una verdadera divisin del trabajo policial.

Otro mrito de estas definiciones es romper con las visiones que liganautomticamente la polica al Estado, basndose en una visin contrafcticade la idea misma formulada por Max Weber en trminos de probabili-dad de un monopolio estatal de la coaccin fsica legtima. Al contrario,una definicin del policiamiento que lo reduce a la polica, y en particular auna concepcin de la polica entendida como la institucin estatal habilita-da al uso legtimo de la fuerza, corre el riesgo de no aprehender lo que hay decomn entre esta institucin y otras instancias que realizan tareas similares

en el mbito privado. Pero tiene la ventaja de definir con precisin a la poli-ca y correlativamente a la seguridad privada evitando el uso vago de lostrminos.

El lugar de la vigilancia privadaen la gestin de la seguridad

Si la polica de Estado es una forma moderna de policiamiento, hayotra que es an ms reciente y que no es meramente una seguridad privadaa secas, como se denomina en el lenguaje ordinario, en la prensa y en lapoltica, sino ms bien una forma que la literatura especializada ha llamadoseguridad contractual, seguridad mercantilizada, producto de un proce-so paulatino y trabajoso de mercantilizacin de la seguridad (Spitzer 1987,Loader 1999, Newburn 2001, Lorenc Valcarce 2011). Con ayuda de esteconcepto, es posible situar primero las formas mercantiles de la seguridad,

describirlas, explicar cmo funcionan y cmo se han desarrollado, observan-do luego qu relaciones mantienen con otros fenmenos, incluidas las dis-tintas modalidades de privatizacin. A partir de estos anlisis, puede esta-blecerse una base ms slida para discutir la transformacin de los sistemaspoliciales y los cambios del papel del Estado en ese terreno.

Los trabajos de Clifford Shearing y Philip Stenning en Canad, los deFrdric Ocqueteau en Francia y los de Trevor Jones y Tim Newburn enInglaterra ofrecen numerosos elementos para el anlisis de las formas priva-

das de proteccin de bienes y personas. Ms all de los debates sobre ladistincin entre la seguridad pblica y la seguridad privada que ellos mis-



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mos proponen, estos autores ofrecen anlisis de las empresas comerciales queconstituyen la industria de la seguridad, los servicios que ofrecen y losclientes a los que acceden. Estas investigaciones se sirven de las estadsticas

oficiales y de archivos privados para dar cuenta del volumen y la composi-cin del sector, la facturacin de las empresas, las caractersticas individualesy sociales de su personal, etc. Tambin analizan las normas jurdicas y lasdisposiciones administrativas que el Estado establece para regular tanto a lasempresas como a los servicios que prestan. Adems, recurren a entrevistascon empresarios y especialistas para conocer el tipo de prestaciones que ofre-cen, los modos de organizacin de las empresas y los principios que determi-nan la actividad. Observaciones en los sitios protegidos y entrevistas con los

usuarios permiten finalmente dar cuenta del enraizamiento de los dispositi-vos de proteccin en las organizaciones que los acogen y el uso que se hace delos servicios adquiridos. Esta estrategia de observacin detallada permite re-velar un universo plural, sometido a mltiples determinaciones y con varia-das formas de existencia. De ese modo, puede excluirse toda simplificacinque quiera reducir este fenmeno a algunos estereotipos, o subsumirlo en unprincipio general.

En general, la definicin del mbito de la seguridad privada se realiza

en base a ciertos parmetros. Partiendo de una tipologa que considera cua-tro variables y ocho categoras ideal-tpicas, Trevor Jones y Tim Newburn(1998) sitan en el polo de la seguridad pblica el caso de los funcionariosque ofrecen servicios universales en el espacio pblico financiados con dine-ros pblicos, y en el polo de la seguridad privada al personal contratado porsociedades comerciales que ofrecen servicios particularizados en el espacioprivado a usuarios que pagan por ello. En su formulacin ms usual, laseguridad privada es vista como un tipo particular de dispositivo de protec-

cin de los bienes y las personas que responde a las demandas de los clientesy que no supone referencias normativas o penales, sino una pura anticipa-cin racional de los riesgos (Shearing y Stenning 1981, 1983 y 1985). Setrata de una afirmacin de los derechos de propiedad sobre objetos mueblese inmuebles que uno posee, resguardados por un tercero que percibe unaretribucin por parte de su titular. La intervencin de estos agentes frente alos problemas que deben afrontar se caracteriza por su naturaleza instru-mental: protegen el patrimonio y las personas, pero no se interesan particu-

larmente por la lucha contra el delito o la aplicacin de sanciones legales(Spitzer y Scull 1977: 24, Shearing y Stenning 1983: 500). Este tipo de



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orientacin de la accin ha sido denominado como justicia privada: paralos juristas, se trata de un tipo particular de derecho restitutivo que no haceintervenir a los poderes pblicos (Scott y McPherson 1971, Davis et al.

1991); las investigaciones han mostrado que muy frecuentemente ocurreque la sanciones se negocien con los autores de la infraccin, o sean impues-tas unilateralmente por el responsable del sitio en los lmites de su compe-tencia (Ocqueteau y Pottier 1995). Por lo tanto, hay una dimensin espacialy una dimensin jurdica que se combinan para definir el mbito especficode la seguridad privada. La tensin entre ambas dimensiones suele ser lafuente de tensiones y roces que luego repercuten sobre el mbito poltico.

Estos debates y anlisis desembocan normalmente en una oposicin

entre dos puntos de vista. En un polo estn quienes consideran a la seguri-dad privada en continuidad con las formas de autoproteccin que no afectanningn monopolio esencial, real o absoluto del Estado, sino que son revela-doras de la entrada en una nueva fase de multilateralidad de los sistemas deseguridad en la que el mercado tiene un lugar importante. El abordaje de laseguridad por parte de actores privados no tiene nada de nuevo, sino queconstituye un retorno hacia atrs luego de dos siglos de estatizacin delpoliciamiento (Becker 1974, Spitzer y Scull 1977). La gobernancia de la

seguridad (Johnston y Shearing,2003), el policiamiento plural (Loader2000, Jones y Newburn 2006) o la divisin social del trabajo policial(South 1988) son categoras analticas que consagran la idea de unjunior

partneracuada inicialmente para legitimar a la naciente seguridad contrac-tual y mercantil (Kakalik y Wildhorn 1971). En el otro polo se encuentranaquellos que consideran la emergencia de la seguridad privada como unaconsecuencia de la crisis del Estado, que viene a su vez a reforzar la situacinque le dio nacimiento. Las perspectivas ms cercanas a un punto de vista

neoliberal consideran racional que, frente a un servicio pblico poco satis-factorio, los particulares busquen soluciones individuales a los problemasque hacen a la proteccin de su patrimonio y su vida (Fixler y Poole 1988,Forst 1999). Las perspectivas ms crticas ven en la seguridad privada undesafo al orden democrtico por la doble va del debilitamiento del Estadoy de las amenazas a las libertades de los ciudadanos (Manning 1999, Loader2000).



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Determinantes sociopolticosdel desarrollo de los mercados de la seguridad

La discusin anterior permite situar histricamente y definir en trmi-nos generales lo que la literatura especializada entiende por seguridad privada.Se trata de una forma contractual de provisin de servicios de vigilancia yproteccin a travs de relaciones de mercado, que surge en el siglo XX paramantener el orden y prevenir las prdidas en mbitos espaciales definidos. Eneste sentido, no puede reducirse ni a las formas histricas de provisin privadaque la antecedieron, ni tampoco a las modalidades estatales con las que coexis-te. Una vez que se ha logrado esta precisin conceptual, es posible explorar las

hiptesis especficas que se han propuesto para explicar el nacimiento y laexpansin de los mercados de la seguridad desde mediados del siglo XX.En este terreno, hay dos perspectivas analticas que parecen ser bas-

tante fecundas. Por un lado, se habla de una crisis del Estado que afectatodos los mbitos de la accin pblica y debilita tambin la oferta estatal deservicios de seguridad. Por otro lado, se habla de transformaciones socialesque producen nuevas necesidades de proteccin y favorecen la emergenciade nuevas estrategias de los grupos sociales frente a los distintos riesgos. En

cierto modo, la primera es una explicacin por el lado de la oferta de bienespblicos, la otra pone nfasis en el aumento de la demanda de dichos bienes(en este caso, la seguridad).

Crisis del Estado y fallas de la polica pblica

Ciertas visiones del desarrollo de la seguridad privada consideran a lasdebilidades del Estado como la principal explicacin del fenmeno. De estemodo, la seguridad privada sera una respuesta alternativa al servicio ofrecido porlas organizaciones pblicas. Por lo dems, sta ha sido la primera hiptesis pro-puesta para explicar el fenmeno, en el marco de la teora del socio menor. Losautores del Rand Reportconsideraban que la crisis fiscal del Estado era una de lascausas de la expansin de la seguridad privada (Kakalik y Wildhorn 1971)1.

1 Como han sealado algunos autores, estas explicaciones podran ser aceptables si laexpansin de los mercados de la seguridad no fuese concomitante de un avance para-

lelo de las organizaciones pblicas de seguridad tanto en lo relativo a su volumen comoa su presupuesto (Jones y Newburn 1998). Volveremos luego sobre este asunto.



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Uno de los primeros textos de ciencias sociales consagrados al temasostiene que la aparicin de la seguridad privada se debe a la combinacin defallas del servicio pblico policial y una tendencia cultural (anglosajona)

propicia a la autoproteccin. Las policas privadas hacen lo que la policapblica no puede hacer: esta ltima se encarga cada vez ms de actividadesligadas al mantenimiento (general) del orden y cada vez menos de la protec-cin (especfica) de los bienes y las personas; quienes tienen recursos finan-cieros se procuran en el mercado sus propios servicios de defensa, mientrasquienes carecen de ellos pueden al menos organizar grupos de vigilancia veci-nal (Becker1974). Otras explicaciones que toman en cuenta al Estado siguenel mismo camino: se trata de mostrar cmo las instancias pblicas no satisfacen

o ya no satisfacen las necesidades de proteccin de la poblacin.Para otros autores, la crisis del Estado y la privatizacin de la seguri-dad forman parte de transformaciones sociales ms generales. La antroplogabrasilea Teresa Caldeira ha escrito uno de los trabajos ms estimulantessobre los cambios urbanos en las sociedades contemporneas: muestra all lamanera en que las mutaciones de la violencia, los modos de organizacin delos grupos sociales y las nociones de lo pblico rebotan sobre el espaciopoltico. Cuando se trata de pensar el problema de la seguridad, repite sin

embargo un lugar comn en este tipo de trabajos:

La privatizacin de la seguridad pone en cuestin el mo-nopolio estatal del uso de la fuerza fsica () en las ltimasdcadas, la seguridad se convirti en un servicio que se compray se vende en el mercado, alimentando una industria suma-mente rentable (Caldeira2000: 2).

Como en muchos trabajos que abordan lateralmente las transforma-ciones actuales en el mbito de la seguridad, se extrae de un hecho observadode manera sistemtica el vigilador que custodia un sitio particular, inclusola emergencia de una industria de la seguridad otro hecho que no sedesprende ni lgicamente, ni empricamente de aqul: la crisis del Estadoen sus funciones bsicas, sobre todo en la de seguridad.

En trminos generales, las explicaciones que ponen nfasis en la ideade un Estado en crisis, desbordado y reemplazado por el avance del mercado

entendido como una fuerza irrefrenable, se caracterizan por su exterioridad yabstraccin: o bien se plantea un razonamiento terico en clave neoclsica, o



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bien se realizan conjeturas sociolgicas no sometidas a ninguna observacinsistemtica. En ambos casos falta la evidencia emprica que pruebe la co-nexin real entre los fenmenos observados.

Existen otras explicaciones que no consideran al Estado como unprestador fallido, sino como un conjunto de instituciones que experimentatransformaciones en distintos mbitos. Las lgicas mercantiles progresan yamenazan a las dems formas de distribucin de bienes y servicios, como losderechos de los ciudadanos que acompaan la existencia concreta del Esta-do. As, la privatizacin de la seguridad sera una de las manifestaciones deun proceso ms general que incluye a la salud, la educacin, el transporte ylas pensiones (Spitzer y Scull 1977, Forst y Manning 1999). Por este hecho,

la privatizacin del servicio pblico de seguridad y de la gestin de laaplicacin coercitiva del derecho penal podra ser considerada al menos enparte como una de las formas de la privatizacin de las funciones estatalesque se observan desde los aos setenta (Christie 1993, McMahon 1996).

Ahora bien, la transferencia de competencias hacia empresas privadas y laemergencia de mercados de bienes pblicos no son necesariamente indicadoresde una crisis del Estado: investigaciones sobre pases africanos, que podranservir como modelo para indagar lo que sucede en Amrica Latina, han mos-

trado que la privatizacin del Estado es una nueva modalidad de produc-cin de lo poltico, incluso un nuevo intervencionismo estatal (Hibou1999: 13, 31). Esta perspectiva se inscribe en la visin del neoliberalismo,las privatizaciones e incluso las mismas instituciones de mercado como rea-lizaciones polticas (Fligstein 2001 y 2008).

Trabajos ms generales sobre la privatizacin, asociados a menudo alestudio de las reformas neoliberales, muestran la transferencia de ciertas pre-rrogativas desde el Estado hacia las empresas en distintos dominios. Pero

esto no significa que se trate de un proceso necesario que podra explicarsepor causas generales. Cada uno de estos espacios se produce y se reproducey por lo tanto se transforma en funcin de interacciones entre actoresespecficos que participan de un juego especfico. En el caso de la seguridadprivada, no existe ninguna transferencia directa de funciones y tareas desdeorganismos pblicos hacia empresas privadas: hemos mostrado en otro ladoque categoras sociales que se constituyen primero en el Estado (militares,policas, gendarmes, prefectos, agentes penitenciarios) se convierten en em-

presarios de la seguridad dando nacimiento a un nuevo sector de actividad(Lorenc Valcarce 2011). Puede hablarse aqu de una crisis del Estado y



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postular un sustrato comn a los procesos de privatizacin? En este casoparticular, la construccin del mercado de la seguridad se promueve desde elEstado mismo y son justamente algunos de los actores estatales ligados al

ejercicio del monopolio de la violencia fsica los que controlan el proceso yse benefician de l. Al mismo tiempo, el Estado consagra jurdicamente lalegitimidad de esta actividad y, desde perodos muy tempranos, recurre acontratos con empresas del sector para asegurar la proteccin de ciertos bie-nes muebles e inmuebles. Esta dinmica se distingue claramente de laprivatizacin de la salud o la privatizacin de las telecomunicaciones, que asu vez tienen poco en comn entre ellas.

Las transformaciones estructuralesde las sociedades contemporneas

Aunque la interrogacin sobre el rol del Estado sea pertinente y nece-saria, algunas de las investigaciones ms estimulantes sobre la seguridad pri-vada han situado la emergencia de los mercados de la vigilancia y la protec-cin en el contexto de las transformaciones estructurales de las sociedades

capitalistas. Dos perspectivas particularmente interesantes se han convertidoen referencias ineludibles: por un lado, la que pone el acento sobre el con-trol capitalista de la produccin; por el otro, la que seala la aparicin de lapropiedad privada de masa. Una tercera perspectiva, menos sistemtica yms reciente, ofrece una explicacin del desarrollo de la seguridad privada enfuncin de los cambios en las formas sociales del delito y la manera en que lassociedades se lo representan.

Los criminlogos marxistas Steven Spitzer y Andrew Scull se interro-

gan explcitamente acerca de las relaciones entre la polica privada y eldesarrollo del sistema capitalista. La aparicin de servicios policiales orien-tados hacia el lucro es para ellos un aspecto del movimiento ms general decontrol capitalista de la economa que afecta tambin a otros servicios pbli-cos antes controlados por el Estado (Spitzer y Scull 1977). La configuracinde la vida econmica desde la II Guerra Mundial produjo una diferenciacinentre las funciones de mantenimiento del orden y de proteccin de las ga-nancias: la polica pblica cumpla con cierta eficacia la primera, mientras

la segunda fue la base para la expansin de la industria de la polica privada(Spitzer y Scull 1977: 23-24).



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Las transformaciones del sistema capitalista, que tambin explicanla crisis del Estado, fomentan la emergencia y el desarrollo del sector de laseguridad privada. Los cambios en el modo de gestin de las empresas

contribuyen a la constitucin de nuevas necesidades de proteccin y lasempresas de seguridad son, gracias a su flexibilidad, ms eficaces que lapolica para brindar el tipo de soluciones que el sector privado requiere:soluciones organizadas alrededor de los principios de la prevencin y larestitucin. Para estos autores, las necesidades no satisfechas de los clientesexplican la conformacin de diferentes mercados de la seguridad. La seguridadprivada sera as la prolongacin de los mecanismos autnomos de controlde la actividad de las empresas. En las ltimas dcadas, el desarrollo de un

sector de empresas especializadas en la provisin de bienes y servicios deseguridad sera el resultado de la externalizacin de estas actividades (Jonesy Newburn 1998: 115).

Estas visiones tienen el mrito de situar al fenmeno de la seguridadprivada en el contexto de una transformacin de los modos de gestin de laproduccin y de la organizacin del trabajo. Una parte importante de losservicios de las empresas de seguridad privada se destina hoy, tanto en Ar-gentina como en otros pases, a satisfacer la demanda de las plantas indus-

triales, las obras en construccin y las oficinas empresariales. No hay nada enello que tenga que ver con la retirada del Estado (que nunca estuvo real-mente all) ni con el aumento de la inseguridad (que no es el principalfactor que lleva a las empresas a contratar estos servicios). Estos factoressocioeconmicos explican el desarrollo de la seguridad privada por va de laexternalizacin de las funciones de vigilancia en las organizaciones.

Desde mediados de la dcada de 1970, Clifford Shearing y PhilipStenning han llevado adelante una serie de investigaciones empricas sobre la

seguridad privada en Amrica del Norte. Sus trabajos han tenido el mritode dar sustancia a dos hiptesis innovadoras: por un lado, la hiptesis causalque vincula a la seguridad privada con la expansin de la propiedad privadade masas; por otro lado, la hiptesis interpretativa que la enmarca en unaforma nueva de control social definida como nuevo feudalismo (Shearing yStenning 1983).

El surgimiento de los barrios cerrados (gated communities), la locali-zacin del consumo en grandes centros comerciales (shopping malls) y la

proliferacin de grandes inmuebles particulares en los que el pblico rea-liza sus actividades cotidianas (hospitales, universidades, escuelas, oficinas,



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fbricas, etc.) sera el punto de partida de la conformacin de sistemas deproteccin de los bienes y las personas por parte de organizaciones priva-das que no podan para ello recurrir a los servicios del Estado y que abrie-

ron as un nicho para la intervencin de empresas especializadas de vigi-lancia y proteccin. Esta nueva forma de configuracin del espacio desdibujlos lmites entre lo pblico y lo privado, y con ello modific profunda-mente la necesidad social de seguridad. Las prcticas sociales de produc-cin y de consumo, de administracin y de ocio, tienen cada vez ms lugaren espacios privados de acceso pblico. En ese escenario, los propietariosdel lugar tienen la responsabilidad de asegurar la proteccin del patrimo-nio y organizar la circulacin de bienes y personas. Para eso recurren a

servicios de seguridad que se acoplan a su organizacin y a su territorio. Deese modo, aparecen islotes de actividad social que aseguran su propia segu-ridad y profundizan as el proceso de fragmentacin socioespacial que ledio origen. Estos factores socioespaciales explican el desarrollo de la segu-ridad privada por va de la reconfiguracin de las necesidades de protec-cin de los bienes y las personas.

Aunque no haya sido objeto de un tratamiento sistemtico, la de-manda de servicios de seguridad privada depende tambin de hechos que

cada vez ms se describen con la nocin de inseguridad. Si la referencia alas transformaciones morfolgicas del delito no estuvo nunca ausente en lostrabajos sobre la seguridad privada, la explicacin por el sentimiento deinseguridad es relativamente reciente. Algunas investigaciones realizadas enFrancia por Frdric Ocqueteau, Philippe Robert y Sbastian Roch hanrenovado la pregunta sobre esta relacin. En un contexto cultural y tericobien distinto, Les Johnston tambin ha problematizado la relacin entre elsentimiento de inseguridad por l concebido como una combinacin en-

trefear of crimeyanxiety y el desarrollo de la seguridad privada (Johnston1992): la principal diferencia es que la nocin de inseguridad pierde aqu surelacin directa con los delitos para inscribirse en un discurso ms ampliosobre la sociedad del riesgo y la ultra-modernidad.

En Amrica Latina, se ha vinculado la privatizacin de la seguridady el aumento de los indicadores objetivos y subjetivos de la inseguridad:investigaciones realizadas en Venezuela (Del Olmo y Morais de Guerrero1998, Romero Salazar 2002) o Colombia (Ramrez y Rueda Molina 2002)

muestran que ciertos grupos sociales contratan servicios de proteccin parahacer frente a las amenazas criminales y para resolverlas cuando ocurren, en



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particular en el caso de los secuestros. En estos trabajos, la inseguridad reen-va siempre a transformaciones como el aumento de la violencia y laprofundizacin de las desigualdades sociales. En ese sentido, el aumento de

las prestaciones de seguridad privada no puede ser separado del proceso desegregacin urbana de las clases superiores tanto en lo que hace a la residen-cia como a los espacios de consumo, trabajo y esparcimiento (Caldeira 2000,Svampa 2001). En efecto, la seguridad privada aparece all como un elemen-to del paisaje conformado por nuevos centros residenciales rodeados de mu-ros y cercos, o como dispositivo funcional que satisface las necesidades evoca-das por los propios habitantes. Lejos de tratarse de una singularidad latinoa-mericana, esta configuracin parece presentarse tambin en otros casos en

que las desigualdades sociales son acompaadas por una fuerte segregacinespacial y un profundo encapsulamiento de los grupos sociales, como se haobservado en Sudfrica (Spinks 2001) o en los Estados Unidos (Low 2003).Estos factores socioculturales explican el desarrollo de la seguridad privadapor va del acceso de los grupos domsticos y residenciales a dispositivosespecficos de proteccin frente al delito.

II. Aumento de la criminalidad,servicio pblico policial y seguridad privada

La discusin de la literatura sobre la seguridad privada ha mostrado laexistencia de teoras que ponen el acento sobre la incapacidad del Estadopara dar respuesta a demandas sociales crecientes de seguridad. En este caso,la falta de presencia policial o la penuria de recursos pblicos para combatirel delito seran los desencadenantes del desarrollo de un mercado de la segu-

ridad privada. No es fcil producir mediciones sistemticas sobre estos com-plejos fenmenos. De hecho, la mayor parte de los autores no se ha plantea-do nunca la tarea, salvo alguna excepcin aislada (DAlessio et al. 2005). Porlo tanto, parece legtimo proponer a ttulo preliminar un anlisis empricode esta cuestin.

Para ello, hemos considerado indicadores del desarrollo de la seguri-dad privada (cantidad de empresas y de personal para el conjunto de lasprovincias argentinas), ponindolos en relacin con algunos indicadores de

inseguridad objetiva (bsicamente, cantidad de delitos declarados) y otrosdeperformancedel sector pblico en el campo de la seguridad (cantidad de



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efectivos policiales y presupuesto en seguridad)2. Como complemento, he-mos considerado algunos datos secundarios tomados de encuestas devictimizacin realizadas en la regin metropolitana de Buenos Aires.

Los delitos y la seguridad privada

Segn las estadsticas criminales elaboradas por las institucionespoliciales, la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes en Argentina era dealrededor de 1.000 a comienzos de la dcada de 1980, llegando a cerca de2.000 diez aos ms tarde y superando la barrera de los 3.000 con el inicio

del nuevo siglo. En la ltima dcada, los niveles globales de delitos se hanmantenido en ese nivel.No carece de inters el hecho de que el auge de la seguridad privada

tiene lugar en un marco general de aumento de los delitos, y eso con inde-pendencia de los reparos a la forma en que se producen las estadsticas queprocuran medirlos (Lorenc Valcarce 2009). Ahora bien, si observamos elmovimiento de creacin de empresas de seguridad privada en un perododecisivo del desarrollo del sector, la curva no describe la misma parbola que

la tasa global de delitos. Estos son los resultados si tomamos 1980 comobase (100) para medir luego las variaciones relativas de las dos variablesconsideradas (Figura 1).

El grafico muestra que la evolucin del delito es mucho ms modera-da y constante que el ritmo de creacin de empresas, que presenta muchossobresaltos, con un pico a mediados de la dcada de 1990. Es cierto es queambas variables expresan procesos sumamente complejos. Pero el hecho deque la concomitancia no sea perfecta constituye una primera advertencia

para interpretaciones demasiado mecnicas. El boom de la seguridad pri-vada a comienzos de los aos noventa no parece seguirse de una explosin enel volumen de delitos. Otros factores intervienen en su desarrollo: una cre-ciente preocupacin social por la inseguridad, el apogeo global de una ideo-

2 Estos factores son algunos de los que he considerado en un estudio multidimensionalde las causas del desarrollo de la seguridad privada en Argentina (Lorenc Valcarce2011). Sobre la base de un anlisis factorial, muestro all que son sobre todo los elemen-tos ligados al desarrollo econmico y social los que ms contribuyen a explicar el fen-

meno. Los factores especficos de la inseguridad objetiva y subjetiva tienen una relacinmenos directa y lineal con el fenmeno.



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loga de mercado, el desarrollo de nuevas formas de organizacin espacial delos mbitos de residencia y esparcimiento, la tendencia de las empresas y losorganismos pblicos a la tercerizacin de los servicios auxiliares (Lorenc

Valcarce 2011).Para un perodo ms corto, podemos analizar la evolucin del volu-

men global de los delitos y la cantidad de asalariados de las empresas deseguridad. La figura muestra una cierta relacin entre el aumento de la inse-guridad objetiva y el desarrollo del sector en trminos de volumen de servi-cios ofrecidos (Figura 2).

A lo largo de tres lustros, la relacin entre las tasas de delitos y lacantidad de empleados de seguridad privada es muy fuerte3. Las variaciones

sincrnicas entre provincias confirman la direccin de esta relacin: la segu-ridad privada tiene ms desarrollo en las provincias en que los delitos sonms frecuentes (R: 0,56).

Sin embargo, los datos obtenidos a travs de encuestas relativizan lahiptesis de la relacin directa entre delito y seguridad privada, en este caso,entre el hecho de haber sido vctima de un delito y la posesin de dispositi-vos de seguridad privada4. Para esta observacin, la relacin entre ambosfenmenos es inversa: en la ciudad de Buenos Aires, hay menor presencia de

mecanismos de proteccin privada entre quienes ms han sido vctimas dedelito (R: -0,74 para el uso de vigilancia privada y R: -0,69 para el uso decmaras de seguridad). El hecho de ser vctima del delito no lleva directa-mente a contratar seguridad privada. Al contrario, puede conjeturarse que elhecho de contar con proteccin particular ofrece un ambiente seguro a lossectores que cuentan con los recursos econmicos y culturales para recurrir almercado la seguridad privada. Las entrevistas que hemos realizado con msde cincuenta clientes de empresas de seguridad privada van en la misma

direccin.

3 Los primeros datos agregados sobre empleo en el sector de seguridad privada son de1994, mientras que los ltimos datos oficiales sobre delito en Argentina son de 2008.Por esta razn utilizamos este marco temporal para el presente anlisis.

4 Utilizamos aqu los datos obtenidos en un viejo estudio realizado en el rea Metropo-litana de Buenos Aires y en otro realizado ms recientemente en la Ciudad de Buenos

Aires. DNPC,Estudio de victimizacin en Capital y Gran Buenos Aires, Buenos Aires,Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1999; GCBA, Encuesta de victimizacin

de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires/Universidad de San Andrs, 2007.



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Ahora bien, la cifra global de delitos es un indicador muy vago deaquello que suele llamarse la inseguridad objetiva. Algunos delitos no tie-nen ninguna relacin con lo que socialmente se define como inseguridad,

por ejemplo, las muertes dolosas en accidentes de trnsito o los delitos eco-nmicos llamados de guante blanco. Para determinar el efecto especficode los diferentes tipos de delitos sobre el mercado de la seguridad, se consi-deran primero los datos globales de delitos contra las personas y delitoscontra la propiedad, luego dos tipos precisos de delitos para cada una deestas categoras, a saber el homicidio doloso y el robo de vehculos.

Consideremos primero las dos categoras globales que pueden guar-dar alguna relacin con el desarrollo de la seguridad privada: los delitos

contra las personas incluyen homicidios y lesiones, siendo las lesiones culposasms de la mitad de los casos, las lesiones en accidentes de trnsito pocomenos de un tercio; los delitos contra la propiedad incluyen sobre todorobos y hurtos, que constituyen casi el 90 por ciento de los casos. Estosindicadores expresan los atentados globales contra los bienes y las personas,sea con intencin delictiva o por simple negligencia (Figura 3).

Ambas variables independientes estn fuertemente ligadas con el vo-lumen de empleo en la seguridad privada. Aunque constituyen una base

objetiva para la inseguridad, sabemos que estas dos categoras incluyen noobstante muchos tipos de actos y situaciones que no siempre son experimen-tados como tales. Lo inesperado es que la mayor correlacin est dada con losdelitos contra las personas: normalmente, la seguridad privada est ligadaorgnicamente con la proteccin patrimonial a travs de tcnicas preventi-vas. El hecho de que se asocie ms fuertemente con delitos de otro tipopuede estar mostrando que hay una mediacin importante a travs de lossmbolos asociados a la cultura de la inseguridad.

Cuando se analiza la inseguridad subjetiva, se observa que las perso-nas temen sobre todo los ataques fsicos y, particularmente, el homicidio:por medio de esta representacin, debera entonces existir una relacinentre la tasa de delitos contra las personas y el desarrollo de la seguridadprivada. El anlisis diacrnico haba mostrado que esta tendencia tienealgn asidero emprico. Sin embargo, cuando se analizan los datos para lasprovincias argentinas, la seguridad privada tiene poca correlacin con elnivel de delitos contra las personas (R: 0,25) y ninguna relacin con la

tasa de homicidios (R: 0,04). Puede interpretarse que el nivel de delitoscontra las personas, y particularmente la tasa de homicidios, no es un



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factor con influencia directa y clara sobre el desarrollo de la seguridadprivada. Esto no parece inconsistente con los anlisis cualitativos sobre lasmotivaciones de los clientes de las empresas de seguridad privada: por un

lado, la mayora de los clientes orientan su accin en funcin de la reduc-cin de prdidas y la gestin de riesgos multidimensionales; por otro lado,los clientes particulares que son minoritarios en las carteras de las em-presas del sector actan en funcin de su definicin de la situacin y nosobre la base de sus condiciones objetivas de existencia (Lorenc Valcarce2011).

Si es cierto que la seguridad privada ofrece servicios preventivos orien-tados a la reduccin de prdidas y la proteccin del patrimonio, la probabi-

lidad de victimizacin que se expresa en la tasa de delitos contra la propiedaddebera llevar a una parte de la poblacin a consumir este tipo de servicios.En efecto, las provincias en las que hay ms delitos de este tipo son tambinlas que presentan un desarrollo ms marcado de la seguridad privada (R:0,53); la tendencia es todava ms fuerte si consideramos el robo de vehcu-los (R: 0,79). Estas distribuciones van en la misma direccin que otros indi-cios: los mercados de la seguridad estn ligados a los delitos contra la propie-dad y ofrecen dispositivos de proteccin contra este tipo de amenazas, inscri-

bindose en una lgica de defensa del patrimonio.Hay un tipo particular de delito contra la propiedad que deberatener alguna relacin con la contratacin de servicios de seguridad privada:el robo en la vivienda. Para los clientes particulares, las alarmas y los vigiladoresson medios de impedir los ataques contra la propiedad en sus lugares deresidencia: ahora bien, si volvemos a los datos para la regin metropolitanade Buenos Aires, la relacin entre este tipo especfico de victimizacin y lacontratacin de vigiladores es significativa, pero negativa (R: 0,39); lo mis-

mo sucede con la posesin de una alarma (R: 0,35)5

. Nuevamente, puedeinterpretarse que los ms protegidos son los menos victimizados. Los datosofrecen pistas sobre la eficacia de los mecanismos de proteccin.

El conjunto de estos anlisis muestra que el desarrollo de los merca-dos de la seguridad privada tiene lugar en un contexto de aumento generalde los delitos. Sin embargo, las relaciones entre tipos especficos de delitos y

5 DNPC,Estudio de victimizacin en Capital y Gran Buenos Aires, Buenos Aires, Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos, 1999. Las relaciones observadas en el estudio devictimizacin realizado en la ciudad de Buenos Aires en 2007 van en la misma direccin.



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el desarrollo de la seguridad privada no pueden ser establecidas con preci-sin. Es necesario profundizar esta lnea de anlisis para producir ms evi-dencia.

Gasto pblico en seguridad, polica y seguridad privada

La explicacin de la seguridad privada sobre la base de variables estric-tamente criminolgicas no considera solamente el efecto de los delitos sobreel comportamiento de los actores la demanda de seguridad privadasino tambin las fallas de una oferta policial insatisfactoria.

Una de las hiptesis propuestas por los estudios sobre la seguridadprivada afirma que el desarrollo de los mercados de la proteccin depende deun rezago de la oferta pblica policial, que expresa a su vez una crisis msgeneral del Estado: segn esta interpretacin, los servicios privados deberanexpandirse a medida que los servicios pblicos muestran su insuficiencia o suineficacia. Ahora bien, muchas investigaciones internacionales muestran quelos gastos en seguridad privada y en seguridad pblica evolucionan de modoconcomitante. Algunas distribuciones estadsticas simples pueden servirnos

como punto de partida para avanzar algunas interpretaciones sobre el casoargentino.En primer lugar, puede considerarse el nivel de los gastos en seguridad

en el mbito subnacional. Si la polica privada se expande a costa de la poli-ca pblica, deberamos observar evoluciones contrarias para los indicadoresque miden estos fenmenos. Sin embargo, all donde hay mayor gasto pblicoen seguridad hay tambin una mayor presencia de seguridad privada. Estamosantes dos respuestas diferentes, pero ms complementarias que alternativas,

frente a los problemas complejos de una sociedad en mutacin.Para medir la inversin pblica en seguridad hemos elegido dosindicadores: por una parte, la cantidad de personal de seguridad pblicacada 100 mil habitantes; por otra parte, el volumen de gasto en seguridadpor habitante. El primero corresponde a la presencia de agentes policiales,mientras que el segundo estima la cantidad de dinero pblico destinado a laproduccin de seguridad, incluyendo los medios de produccin de seguri-dad. Estos indicadores deberan dar cuenta del nivel de la oferta pblica de

servicios policiales. Segn la hiptesis de la crisis del Estado, la seguridadprivada nace porque la polica no satisface las necesidades de la poblacin.



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Por lo tanto, debera haber ms seguridad privada all adonde hay menosseguridad pblica: no obstante, la relacin entre la cantidad de agentes deseguridad privada y la cantidad de agentes de seguridad pblica es positiva

aunque no demasiado fuerte (el coeficiente de correlacin es de 0,15, au-mentando a 0,45 si se suprime el atpico caso de la ciudad de Buenos Aires).

Por su parte, el anlisis de los presupuestos provinciales revela que laspoblaciones que ms gastan en seguridad por medio del Estado son tambinlas que ms desembolsan en los mercados de la seguridad privada. La corre-lacin entre ambas variables es muy alta (R: 0,81), cuando debera ser nega-tiva para corroborar la hiptesis antedicha. Otros anlisis que hemos realiza-do y que no podemos presentar aqu indican que otras variables, en particu-

lar la riqueza material de una poblacin, operan tanto sobre el nivel de gastopblico en seguridad como sobre el volumen de gasto en servicios de seguri-dad privada.

Los datos considerados hasta aqu corresponden a los recursos huma-nos y financieros de la seguridad pblica, comparados con los relativos aldesarrollo de los mercados de la seguridad. Las encuestas realizadas en laregin metropolitana de Buenos Aires pueden agregar elementos relativos ala presencia percibida de la polica en el terreno. Segn la teora de la crisis

del Estado, debera haber ms seguridad privada en los lugares en que lapresencia policial es ms dbil: la ausencia de servicio pblico disparara elrecurso al mercado. Por otras razones, la teora del socio menor prev elmismo comportamiento de las variables: dado que la polica pblica y lapolica privada comparten tareas, el mercado es el lugar en que acceden alas prestaciones quienes tienen medios financieros y el servicio pblico es elrefugio que queda para la demanda insolvente. La encuesta de victimizacinque ya hemos considerado anteriormente pregunta a las personas con qu

frecuencia pasa la polica por sus domicilios: hemos retenido los porcentajesde quienes dicen todos los das y nunca. Entre los clientes domiciliarios,la contratacin de seguridad privada es ms fuerte en los lugares donde lapresencia policial es ms fuerte (por ejemplo, en San Isidro y Vicente Lpez).Los dos mecanismos sirven a los mismos sectores sociales. Las correlacionesson relativamente dbiles, pero van en el sentido de esta configuracin: lamayor presencia policial acompaa un nivel ms elevado de consumo desistemas electrnicos y humanos de proteccin, y viceversa.

En resumen, podemos observar que no existe una oposicin entre eldesarrollo de la seguridad privada y la presencia de una fuerza pblica encar-



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gada de la lucha contra el delito. Contrariamente a la concepcin de la segu-ridad privada como una respuesta alternativa frente al desentendimiento delEstado, el anlisis ofrece algunos indicios de que es en los mismos lugares en

que el Estado tiene ms presencia que los mercados de la seguridad se desa-rrollan ms vigorosamente.

III. Una crisis de la funcin estatal de seguridad?

Acabamos de explorar empricamente las proposiciones que se des-prenden de una lnea de anlisis de la seguridad privada que considera al

Estado y la polica como elementos de un modelo causal: la retirada delEstado y la insuficiencia de la oferta policial seran factores que contribuyenal desarrollo de los mercados de la proteccin. Hay interpretaciones an msradicales que consideran que la seguridad privada viene a substituir parcial-mente a las instituciones estatales que detentaban el monopolio de la violen-cia fsica legtima. En otras palabras, la seguridad privada no sera solamenteuna consecuencia de la crisis del Estado, sino que contribuira al mismotiempo a minar las bases de las instituciones estatales en general y de la

polica pblica en particular.Para apreciar esta interpretacin, pondremos en perspectiva histricala funcin policial, describiendo el desarrollo de la seguridad privada y loscambiantes roles de la la polica en el marco de la organizacin de la domina-cin estatal. Para concluir analizaremos el modo en que el sistema polticoprocesa estos desarrollos y sus eventuales contradicciones.

El desarrollo de la seguridad privaday la reorganizacin de la funcin policial

Aunque pueden rastrearse sus orgenes en la dcada de 1960, o inclu-so en los aos treinta, no es sino a finales del siglo XX que la seguridadprivada experimenta un crecimiento exponencial en Argentina. En primerlugar, se consolida un conjunto de empresas que ofrecen servicios de vigilan-cia, control de accesos, custodia de personas y mercancas, seguridad electr-

nica y transporte de valores. Estas empresas son hoy cerca de un millar,incluyendo un centenar de empresas grandes que incluye a un puado de



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firmas trasnacionales que se han instalado en el pas durante la ltima dca-da y a algunas decenas de empresas con una larga trayectoria en el sector.Estas empresas emplean ms de 150.000 trabajadores, la mayora de ellos

encargados de funciones de vigilancia. Estos trabajadores realizan mltiplestareas que van desde la vigilancia fsica en distinto tipo de objetivos o laescolta de mercaderas, hasta el monitoreo de sistemas de alarmas o cmarasde video desde una computadora de escritorio.

En los ltimos aos, estos servicios han tendido a generalizarse entodos los mbitos de la actividad social. Si inicialmente se trataba de unaprestacin dirigida a grandes empresas industriales y bancos, comenz luegoa ser utilizada en centros comerciales, countries, barrios privados y clubes,

para terminar de instalarse ms recientemente en hospitales, escuelas, uni-versidades y hasta pequeos comercios y edificios de departamentos. De estemodo, la actividad se expandi cuantitativa y cualitativamente, diversificandosus actividades y su clientela, al tiempo que aumentaba su cifra de negociosy su nivel de institucionalizacin. En efecto, junto con el desarrollo de laactividad se consolidaron sus instancias de representacin corporativa y sepuso en funcionamiento un amplio sistema de control estatal que incluyeleyes especficas, rganos de control y articulacin con las fuerzas policiales.

Ahora bien, la historia de la seguridad privada es en gran medidaparalela al desarrollo de un sistema pblico de polica, con mltiplesentrelazamientos, colisiones y tensiones. A partir de los aos sesenta, la segu-ridad privada fue considerada como el socio menor de la polica, lo quequera decir a la vez que era en algunos aspectos como la polica, pero que sele supeditaba funcional y jurdicamente.

Muy a menudo se ha dicho que los servicios de seguridad privadavenan a llenar los huecos dejados por la polica pblica, que no poda o

no poda ya realizar algunas funciones, en particular, la proteccin de lapropiedad privada. Esta idea suele ser acompaada por otra que afirma quela polica pblica y la polica privada son rganos encargados de funcio-nes equivalentes: la lucha contra el delito y las incivilidades. Encontramoseste tipo de razonamiento anacrnico consistente en creer que la policasiempre ha hecho lo que se supone que hace hoy en las representacionesde los funcionarios, de los polticos, de los periodistas y empresarios, y tam-bin de algunos cientficos sociales.

Ahora bien, los tericos de la polica han observado que la prevenciny la represin de los delitos constituyen una parte de las actividades policiales,



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pero muchas otras se orientan hacia un objetivo ms general y relativamenteindeterminado usualmente denominado mantenimiento del orden. Si lapolica es un rgano cuyos lmites pueden ser siempre establecidos con cierta

claridad, la definicin de las funciones policiales es, al contrario, el objetode luchas sociales y polticas, por lo tanto de variaciones segn los pases ysegn las pocas. En otros tiempos, la polica fue legitimada en tanto centi-nela del orden poltico y auxiliar de los gobernantes, mientras que hoy tien-de a legitimarse cada vez ms como guardiana de la seguridad de los ciuda-danos. Parece pues poco conveniente definir en abstracto las funcionespoliciales, para mostrar a continuacin cmo son desempeadas por otrasinstituciones distintas que la polica y concluir en un discurso muchas veces

normativo sobre la privatizacin de las funciones policiales. Veamos algu-nos ejemplos.Durante el siglo XIX, la Polica de Buenos Aires se encarg de distin-

tas funciones sociales: el mantenimiento de las calles, de los puentes y delalumbrado pblico, la organizacin de entierros, la censura de las activida-des teatrales, el control de los mataderos y los mercados, la vigilancia de lascalles y los lugares de diversin. Supervisaba tambin a los enemigos delrgimen y se volva muy a menudo una herramienta de represin contra la

oposicin poltica de cualquier gobierno existente. La represin de los desr-denes y delitos formaba por supuesto parte de sus responsabilidadesinstitucionales, pero eso en el marco de una concepcin amplia del ordenpblico (Romay 1964).

Las crnicas de las elecciones porteas de los aos 1850 y 1860 revelanque los comisarios de polica y sus auxiliares muy a menudo vinculados porlazos clientelares con los notables locales eran protagonistas principales enlos jornadas electorales: en un contexto de voto universal pero a viva voz, con-

trolaban que solo los votantes confiables llegasen al colegio electoral y queuna vez delante de las autoridades emitiesen la preferencia correcta (Sbato yPalti 1990). Sobre este mismo perodo, el escritor y bigrafo Manuel Glvezsostiene que en nuestro pas el comisario es un personaje esencial de la vidapoltica. Muchos gobernadores, legisladores, ministros, fueron de hombres dela polica (Glvez 1939). Es tambin el caso del primer presidente elegido porel sistema de votacin secreta, Hiplito Yrigoyen.

En Argentina, como en otros pases latinoamericanos y en los Estados

Unidos, las policas del siglo XIX no son rganos del Estado como laspolicas inglesa y francesa, sino ms bien policas partidarias, controladas



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tanto en las directivas como en el reclutamiento por las mquinas polti-cas. Desde sus orgenes, las fuerzas policiales argentinas fueron pues unapolica poltica antes que una polica como la que se imagina en un modelo

idealizado de la institucin policial. Esto habr de profundizarse a partir delfinal del siglo XIX, con la entrada en poltica de los inmigrantes de origeneuropeo, llegados masivamente desde los aos 1870, entre los cuales se en-contraban numerosos militantes socialistas y anarquistas. La Polica Federaly las policas provinciales con sus servicios de orden pblico y de ordensocial apuntaran con su accin a los sindicatos, los militantes obreros,los partidos polticos de oposicin.

Esa fue la norma hasta los aos setenta del siglo XX. Esta orientacin

alcanza el clmax en las actividades represivas de lucha contra la subversin.Lo que la polica haca hasta entonces se volvi una de las tareas concretas delos militares. Las instituciones policiales y militares se acercaron como nuncaantes, y personal de unas y otras trabajaron en equipos mixtos, siempre bajola direccin militar. Por lo dems, las jefaturas de las policas haban estadohistricamente reservadas a oficiales superiores de las fuerzas armadas, engeneral del Ejrcito: considerando el perodo 1930-1973 y el caso particularde la Polica Federal, veintisis jefes fueron militares y solo tres fueron poli-

cas de carrera (Andersen 2002).Esta polica encargada de la seguridad del Estado y supeditada a losmilitares se transforma desde los aos ochenta, segn el modelo ya verificadoen otros pases (Loubet del Bayle 1992) y en el marco de una desmilitariza-cin general de la vida social y poltica, emprendida por el personal guberna-mental del nuevo rgimen democrtico a partir de 1983. La seguridadpblica se constituye de all en adelante en el fin oficial de la institucin,como parte de una estrategia de legitimacin que pretende justificar su exis-

tencia declarando que ejerce una funcin social til y responde a deman-das sociales intensas y urgentes (Bittner 1980, Manning 1999). La policase concentra cada vez ms en la persecucin de los delincuentes de losgrupos populares y marginales, al tiempo que controla un delito profesionalque se ha convertido en una verdadera industria: robo de coches y bancos,trfico de estupefacientes, incluso secuestros y trata de personas (Sain 2002).

Ahora bien, al mismo tiempo que asumen las funciones de seguridadpblica que engloban la prevencin y la represin de los delitos, la pro-

teccin de los bienes y personas, el mantenimiento general del ordensiguen garantizando funciones menos visibles pero centrales en el funciona-



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miento de estas organizaciones burocrticas: la proteccin de altos funciona-rios, la realizacin de las investigaciones judiciales, la vigilancia de los despla-zamientos de convictos y el control del trnsito, la produccin de documen-

tacin, entre otras. Durante las ltimas dcadas, las empresas de seguridadprivada asumen una parte de la funcin de seguridad pblica en particu-lar, aqulla que se refiere a la prevencin del delito sin afectar de ningunamanera otras: en particular, no toca aquellas que son especficas y, sobretodo, decisivas desde el punto de vista de las funciones exclusivas del Estado.

Cul es la relacin de la nueva polica privada con las antiguas y lasnuevas funciones desempeadas por la polica de Estado? Las empresas pri-vadas de seguridad no asumieron nunca la funcin policial antigua, la que

se refera a la seguridad de las autoridades polticas y al control de los oposi-tores. Siempre existi una clara divisin del trabajo entre las policas pbli-cas orientadas hacia el mantenimiento del orden, tal como lo definan losgobernantes del momento, y las policas privadas no siempre personifi-cadas por un cuerpo especializado de guardias, serenos o vigiladores orien-tadas hacia la proteccin de los bienes y las personas. El hecho de que laspolicas pblicas se orienten hacia este mbito las pone en competencia conlas empresas comerciales de seguridad: pero no son stas las que vienen a

disputar el monopolio de las policas pblicas, sino que las policas pblicasoperan una redefinicin de su funcin y se acercan a las actividades de vigi-lancia y proteccin que antes cumplan de modo subsidiario.

Las fronteras siguen siendo con todo bastante ntidas: porque si am-bos cuerpos se hacen cargo de la proteccin de bienes y personas, lo hacende una manera muy diferente. La polica patrulla las calles y reacciona anteataques contra los bienes y las personas cuando hay hechos imprevistos queocurren. Estas tareas tienen por objeto guardar un determinado orden y

prevenir comportamientos delictivos o incivilidades, sobre todo las que sonrealizadas por los grupos sociales definidos como indeseables. Al contrario, elpersonal de seguridad privada se orienta completamente hacia la proteccinparticular de sus clientes: numerosos testimonios relevados indican que losagentes de seguridad no pueden y no deben, ni quieren intervenir anteun ataque que tiene lugar delante de sus ojos, pero fuera del permetro auto-rizado, que coincide normalmente con la frontera espacial de la propiedadprivada de quien los ha contratado. No se trata pues de una accin en nom-

bre del Estado, la ley y la seguridad pblica, sino en nombre de los derechosde propiedad del cliente.



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Por lo tanto, la seguridad privada no es el resultado de la privatizacinde la funcin policial. No es la funcin policial tal como exista en Argen-tina hasta los aos ochenta lo que se transfiere hacia los mercados de la

seguridad. A pesar de algunos comportamientos desviados propios a todaprofesin, las empresas de vigilancia no persiguen militantes, no secuestranadversarios polticos, no matan individuos clasificados como enemigos. Yapenas si persiguen a los delincuentes! Ni la vieja ni la nueva funcin de laspolicas de Estado les concierne. Se encargan ms bien de tareas de vigilanciaque la polica no ha cumplido nunca: controlar ingresos y egresos en edifi-cios y predios, organizar la circulacin de personas en oficinas de atencin alpblico y bancos, controlar el normal funcionamiento de los dispositivos

mecnicos y electrnicos de proteccin. Se trata pues de una nueva funcinque surge de la especificacin de actividades hasta entonces borrosas y noespecializadas.

A partir de ese proceso, las fuerzas de seguridad privada ocupanun lugar particular en el seno de un conglomerado de dispositivosdiversificados de control social, donde se encuentra la polica y tambinotras agencias encargadas de la vigilancia y la aplicacin de las normas.La ideologa de la privatizacin contamin seguramente las representa-

ciones dominantes sobre la seguridad privada, pero todas las observacio-nes aqu presentadas y aqullas que se pueden encontrar en la mayorade las investigaciones sobre el tema no muestran una privatizacinde las funciones policiales sino procesos cargados de matices y tensionesque se operan a medida que se transforma el papel de las policas pbli-cas y se establece un espacio mercantil de produccin y comercializacinde servicios de proteccin.

La redefinicin del papel de las policas pblicas desde los aos

ochenta y la extensin de los servicios de seguridad privada participan enla instauracin de un verdadero sistema policial bifronte. Uno que se orga-niza en funcin del mantenimiento del orden y la gestin de los compor-tamientos definidos como delictivos6; otro que se ocupa de la proteccindel patrimonio de los consumidores as como de la produccin de unorden instrumental favorable a las actividades de produccin,

6 El orden del que hablamos aqu es, por supuesto, el que definen los grupos sociales y

polticos dominantes. Hay un proceso de seleccin social y jurdica de comportamien-tos delictivos que selecciona como tales a ciertos actos y a ciertos agentes.



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comercializacin y administracin7. Nada de esto ocurre sin conflicto: ac-tores sociales y polticos se enfrentan para hacer reconocer sus opinionessobre el tema. Estas luchas de definicin forman parte del proceso de

institucionalizacin de la seguridad privada.

El papel de la seguridad privada:polica auxiliar o ejrcito paralelo?

No se pueden descuidar las relaciones entre la seguridad privada y lapolica pblica desde una perspectiva institucional. Hay una concepcin

muy generalizada que indica que la seguridad privada es una especie depolica sucednea que ejerce funciones especficas en un sistema de seguri-dad cuyo corazn sera la fuerza pblica. Al contrario, desde una perspectivacrtica se afirma que la seguridad privada podra poner en peligro el mono-polio oficial de la violencia legtima.

En otras palabras, se trata de una polica auxiliar que sirve paramejorar la seguridad pblica o ms bien de un ejrcito paralelo que ponenen riesgo ciertos derechos? El primer trmino podra caracterizar una situa-

cin en la que las fuerzas de seguridad privada estn sometidas al control delEstado y, en particular, a las policas de Estado. El segundo podra designarun conglomerado de actores que tiene una determinada unidad concreta yque compite de hecho y de derecho con el Estado en el mbito de la provi-sin de seguridad. La primera concepcin corresponde globalmente a ladefinicin propuesta por las empresas de seguridad, y tambin sus sociosoficiales, para legitimar la existencia del la actividad. El segundo es msfrecuente en los grupos sociales intelectuales, jueces, polticos, periodis-

tas, etc. que encuentran que este fenmeno constituye una amenaza parael Estado, por lo tanto para los ciudadanos y sus libertades.En cuanto reconocen el derecho a la existencia de las empresas de

seguridad privada, las autoridades pblicas fomentan una concepcin deltipo socio menor bastante parecida a aqulla que fomentan las cmaras del

7 Orden instrumental segn la frmula de Clifford Shearing y Philip Stenning: elorden es percibido sobre una base instrumental ms que moral en el mbito de los

negocios, por ejemplo, el orden buscado ser aquel que mejor permita rentabilizar lasganancias (Shearing y Stenning 1985: 304).



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sector para legitimar la existencia de la industria que representan. Hasta losaos noventa, eso quiere decir que las empresas deben colaborar con lapolica pblica. En primer lugar, estn obligadas a informar a las autoridades

pblicas sobre hechos criminales o infracciones que detecten en el ejerciciode la actividad comercial de vigilancia8. En otras palabras, deben recurrirobligatoriamente a las autoridades pblicas en los casos en que pudiese tenerlugar una persecucin penal9 o un acontecimiento que implique riesgos fsi-cos para bienes o personas10. A medida que los deberes de colaboracin einformacin superan el mbito especfico del derecho penal, se produce unasubordinacin ms general de las fuerzas privadas de seguridad a las autori-dades pblicas: se establece sin mayores precisiones la obligacin de colabo-

racin o de cooperacin con las instituciones policiales y judiciales11. Estatendencia desembocar en una visin sistmica de la seguridad pblica quese realizar en los ltimos aos del siglo XX.

En los aos noventa, la irrupcin de categoras de pensamiento talescomo inseguridad o polticas de seguridad permitir que esta perspecti-va se vuelva ms rica desde el punto de vista de la produccin simblica. Laseguridad privada se convertir as en un elemento del sistema de seguridadpblica, que colabora con las autoridades pblicas en la produccin de la

seguridad en general y que se ve obligado a ponerse a su disposicin ensituaciones de crisis. Esta innovacin intelectual e institucional es especial-mente visible en la Provincia de Buenos Aires, que es por otra parte la arenaprincipal de lucha en todo lo que se refiere a la inseguridad como problemapoltico y social:

A los fines de la presente Ley, la seguridad pblica im-plica la accin coordinada y la interaccin permanente del pueblo

de la Provincia de Buenos Aires y de las instituciones del siste-

8 Catamarca, Ley N 3914/1983, art. 16; Chubut, Ley N 5297/2004, art. 32; LaPampa, Ley N 825/1984, art. 17; Ro Negro, Ley N 3608/2002, art. 16.

9 Repblica Argentina, Decreto N 1172/1988, art. 22; Ciudad Autnoma de Bue-nos Aires, Ley N 118/1998, art. 8; Buenos Aires, Ley N 12297/1999, art. 12;Formosa, Ley N 1448/2004, art. 12; Salta, Ley N 7273/2004, art. 26.

10 Buenos Aires, Ley N 12297/1999, art. 9.11 Buenos Aires, Ley N 12297/1999, art. 11; Chubut, Ley N 5297/2004, art. 29

y 31; La Pampa, Ley N 825/1984, art. 19; La Rioja, Ley N 7307/2002, art. 27;Salta, Ley N 7273/2004, art. 26; Santa Fe, Resolucin 521/1992, art. 7.



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ma representativo, republicano y federal, particularmente re-ferida a las Policas de la Provincia, a la seguridad privada y a laparticipacin comunitaria12.

La seguridad privada, por lo tanto el mercado, se ve as conceder unlugar de privilegio junto a las instituciones polticas oficiales y al pueblo en elejercicio de la participacin ciudadana. Desde el punto de vista funcional, esodesemboca en una subordinacin indita en otros sectores de la economa:

Las actividades de las personas jurdicas prestadoras deservicios de seguridad privada, que se desarrollen en el territo-

rio de la Provincia, en los trminos regulados por esta Ley,sern consideradas complementarias y subordinadas a las querealiza el Estado Provincial, y sujetas a las polticas que se fijencon el objeto de resguardar la seguridad pblica13.

Esta teora no es exclusiva de los expertos, legisladores y funcionariosde la Provincia de Buenos Aires. Ha estado respaldada tambin por parla-mentarios de otras provincias14 y por miembros del gobierno nacional en

una etapa anterior15

. Esta visin apologtica de la seguridad privada consti-12 Buenos Aires, Ley N 12154/1998, art. 3.13 Buenos Aires, Ley N 12297/1999, art. 1.14 La seguridad privada forma parte del engranaje de la seguridad, contribuyendo con su

accionar, a la articulacin del sistema pblico de seguridad. Razn por la cual, tenemosque extremar los controles de las agencias dedicadas a brindar este servicio, declaracindel diputado Lucio Ponsa Gandulfo, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 32a

sesin extraordinaria, 3 de diciembre de 1998. Y tambin: El desarrollo de la seguri-

dad privada que se ha producido en nuestra Provincia nos obliga a revisar el tratamientolegal para permitir un control eficaz del elevado nmero de empresas del sector, actualesprestadoras de seguridad, cuya existencia no puede ser cuestionada toda vez que se tratade un medio de prevencin del delito y contribuye, consecuentemente, al manteni-miento de la seguridad pblica, discurso de la diputada Mara Irene Fernndez,Cmara de Diputados de la Provincia de Crdoba, 17a reunin de la 15a sesinordinaria, 4 de mayo de 2005. Los dos diputados pertenecen al peronismo y estn afavor de la aprobacin de la ley en debate.

15 Cf. los considerandos del Decreto N 1002/1999: la seguridad privada asume un rolactivo en la dinmica social conformando una actividad subsidiaria de la que presta el

Estado, toda vez que colabora con ste ltimo cumpliendo tareas que tambin son desu inters () resulta entonces una actividad complementaria en la prevencin de



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tuye la base para introducir reglamentaciones encaminadas a reconocerla sinaceptar que suponga un cuestionamiento a las prerrogativas del Estado en elmbito de la seguridad.

En sntesis, para algunos actores polticos, la seguridad privada esmuy claramente una polica auxiliar. Para otros, es al contrario un ejrcitoparalelo. Esta imagen16 sirve a menudo como preludio a posiciones contra-rias a la seguridad privada, sea una oposicin radical a su existencia (hechoraro, ms bien limitado a los grupos de izquierda17), sea una propuesta dereglamentacin severa. Esto es el caso de los fundamentos de la Ley N 118de la ciudad de Buenos Aires:

La seguridad pblica es indelegable por parte del Esta-do. La seguridad privada ni la sustituye ni es supletoria de laseguridad pblica. As como sostenemos que el tema de la se-guridad pblica debe desmilitarizarse,con mucha mayor ra-zn an, no podemos permitir la accin de ejrcitos privados,sin un fuerte control18.

Se trata de una visin crtica que, en este caso particular, acompaa la

necesidad de regular una actividad que no puede ser suprimida, en tantosurge de tendencias espontneas de la sociedad. En otros casos, este tipo deposiciones sirve para justificar el voto negativo de un bloque parlamentario.

Estos anlisis ponen de manifiesto que la seguridad privada es uno delos elementos de un sistema que procura resolver los problemas relativos a la

riesgos, siendo su objetivo cautelar, proteger y asegurar bienes, personas, objetos o cosasde inters para el hogar, la empresa o industria.

16

El razonamiento utilizado para demostrarlo se parece a las teoras periodsticas frecuen-temente publicadas en los medios: Hay ms de 110.000 personas que trabajan enestas agencias de seguridad, lo que equivale casi al doble de los efectivos de la polica dela provincia de Buenos Aires. Es decir que constituyen casi un ejrcito privado, VctorFayad, deputado radical de Mendoza, 8 reunin de la 4a sesin de la Cmara deDiputados de la Nacin, 21 de abril de 1999.

17 Es el caso de las intervenciones del diputado comunista Patricio Echegaray y del dipu-tado de izquierda independiente Alexis Latendorf en el Legislatura de la Ciudad deBuenos Aires, 32a sesin extraordinaria, 5 de diciembre de 2002; y tambin de ladiputada trotskista Liliana Olivero en Crdoba, cf. Cmara de Diputados de la Provin-

cia de Crdoba, 17a

reunin de la 15a

sesin ordinaria, 4 de mayo de 2005.18 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 32asesin extraordinaria, 3 de diciembre de 1998.



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proteccin de los bienes y a la gestin de las poblaciones, cuyos elementos yrelaciones estn en debate permanente en el espacio pblico. En efecto, lasfunciones legtimas e ilegtimas de la seguridad privada son definidas de

facto por el funcionamiento de los mercados (lo que los empresarios conci-ben, lo que los vigiladores realizan, lo que los clientes piden), pero se nego-cian tambin en la interaccin con las autoridades pblicas y el campo pol-tico. Tras reconocer su derecho a la existencia, el Estado intenta imponerlmites a las empresas para no poner en peligro sus propias reas de compe-tencia exclusiva: la imagen de un socio menor permite afirmar a la vez lacooperacin y la subordinacin de las policas privadas a la fuerza pblica; encambio, la imagen de un ejrcito paralelo se moviliza para cuestionar su

derecho a la existencia, para justificar reglamentaciones rgidas o para ame-nazar con prohibiciones an ms pesadas. En resumen, la seguridad privadase define en un espacio de luchas que compromete a actores econmicos,funcionarios, periodistas y profesionales de la poltica. El mercado no espues una pura institucin econmica, autnoma y separada, sino uno de losaspectos de la vida social ms general.

IV. Conclusin

El presente trabajo ha tratado de mostrar que la seguridad privada esparte de un complejo dispositivo social y poltico que tiene por misin desa-rrollar tareas de vigilancia y proteccin de los bienes y las personas. Su desa-rrollo no es necesariamente contradictorio con el monopolio estatal del usode la violencia legtima, sino que muchas veces lo contina y refuerza. Entodo caso, la articulacin entre mltiples instancias en el abordaje de la

seguridad es un fenmeno que ha experimentado profundas transformacio-nes histricas. La seguridad privada acompaa un proceso ms amplio demercantilizacin de la vida social, al tiempo que se apoya sobre transforma-ciones estructurales de las sociedades que fomentan su desarrollo. La polticapone en discusin, moldea y consagra el proceso de mercantilizacin de laseguridad.



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FIGURA 1Tasa de delitos por 100 mil habitantes y nmero de empresas creadas

por ao (1980-2008)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la Direccin Nacional de Poltica Criminaly del Sistema Integrado Previsional Argentino.



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FIGURA 2Delitos globales y cantidad de empleados en empresas

de seguridad (1994-2008)


FIGURA 3Tipos de delitos y cantidad de asalariados de empresasde seguridad privada (1994-2008)




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