estado del arte de la participación ciudadana en chile_garces

8/8/2019 estado del arte de la participacin ciudadana en chile_garces

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ESTADO DEL ARTE

DE LA

PARTICIPACION CIUDADANA

EN CHILE

(Documento preliminar para OXFAM-GB)

Mario GarcsAlejandra Valds

Santiago, diciembre de 1999


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Introduccin 2

1.-.- El debate terico en torno a la ciudadana. 4

1.1 Individuo y comunidad en la construccin del Estado. 4

1.2. Estado y sociedad: La sociedad civil, los problemas relativos al concepto y sus usos. 4

1.3. Los cambios en la economa, el Estado y la sociedad civil. La apuesta por lagobernabilidad. 8

2.- Antecedentes histricos en relacin a la participacin ciudadana en Chile. 11

2.1. Los procesos de democratizacin y ciudadana en Chile 11

2.2. El golpe de estado y sus efectos sobre la participacin y la ciudadana 14

2.3. La transicin a la democracia y los lmites de la ciudadana. 15

3. La oferta estatal sobre participacin social 16

3.1 Las nuevas formas de participacin desde el Estado o los Programas Sociales conparticipacin social. 16

3.2 El contexto estatal en los noventa 18

3.3 Polticas sociales y fomento de la participacin social 19

3.4 Los avances y/o retrocesos de la participacin social desde la oferta estatal. 21

4.- Las otras formas de participacin 23

4.1.Las tradiciones organizativas de los sectores populares. 23

4.2.Crisis de los movimientos sociales 24

4.3.Nuevas formas de participacin juvenil ? 27

4.4. Nuevas formas asociativo populares: redes, colectivos, grupos de iniciativa 29

4.5 Las organizaciones de mujeres, entre la integracin y la autonoma 31

5.- Conclusiones 33


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ESTADO DEL ARTE DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN CHILE

Introduccin

Los discursos en torno a la participacin se han multiplicado en los ltimosaos en Amrica Latina. Desde hace algn tiempo, la palabra participacin hacomenzado a estar en boca de los ms diversos actores: el Banco Mundial, losorganismos multilaterales, los Estados nacionales y tambin entre los movimientossociales y las organizaciones sociales de base. Chile no ha estado al margen deesta explosin discursiva en torno a la participacin social, reforzada por cierto, enlos aos noventa, en el contexto del retorno a la democracia.

Una serie de conceptos, algunos ms nuevos que otros, han adquiridotambin popularidad asociados al de participacin. Por cierto, los diversos modosde concebir la democracia, pero tambin y muy especialmente, conceptos que se

reformulan y adquieren nuevos y variados usos, como los de "ciudadana" y"sociedad civil", y otros definitiva o aparentemente ms nuevos, como el deTercer Sector, capital social, resilencia, empoderamiento (empowerment) yrendicin de cuentas (accountability).

Contradictoriamente a la explosin discursiva del concepto participacin, lamayora de los chilenos piensan que esta es muy dbil y, salvo quienes hanasociado la participacin a la expansin del mercado -es decir, concibindolacomo ampliacin en el acceso al consumo de bienes materiales y simblicos 1-existe un cierto consenso en una visin pesimista respecto de la "participacinsocial" en nuestro pas.

Ocurre que la nocin y el inters por la participacin social se ha venidovinculando, o concibiendo como un componente de diversos proyectos sociales ypolticos, especialmente neoliberales, democrtico-liberales y tambin en lastendencias comunitaristas (o sociocrticas) de los movimientos sociales. Por estarazn, como sostenemos en este Informe, la participacin es formulada desdedistintas tradiciones doctrinarias, que conciben tambin de modo distinto larelacin entre los individuos y el Estado o ms ampliamente entre la sociedad y elEstado. No es casual, en este ltimo sentido, que junto a la participacin sepopularicen nuevos conceptos asociados a estas diversas tradiciones doctrinariasy que estos ocupen un lugar relevante en el debate poltico y acadmico. Estosdebates, sin embargo, hay que decirlo, slo muy dbilmente trascienden a losgrupos populares, sealados la mayor parte de las veces, como los principalesimplicados en los procesos de ampliacin de la participacin.

De acuerdo con estas percepciones, nos ha parecido importante iniciar esteInforme con algunas breves alusiones terico conceptuales, cuyo objeto ser

1

Brner, Jos. J. Ciudadana y participacin. Notas para la discusin, en Avances, Santiago, 28,1997, pp. 23 y ss.


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mostrar el origen histrico de algunos debates que en la actualidad sonpresentados como de una sorprendente "novedad", o conceptos que llaman aconfusin al multiplicarse los usos. En particular nos interesa discutir el conceptode "sociedad civil", que ha llegado a formar parte de un lenguaje comn entreacadmicos y crculos polticos, designando, sin embargo, diversas realidades.

Tambin, nos ha parecido relevante realizar algunas reflexiones en torno a la"tradicin histrica chilena" con relacin a la participacin social, como una manerade situar nuestra reflexin en un contexto ms amplio que el de la coyunturaactual.

Luego de estos "ajustes" tericos e histricos, pasamos revista a las"ofertas" de participacin en Chile as como a las respuestas que estas encuentranen la sociedad, especialmente entre los sectores populares. Postulamos comohiptesis de trabajo que la transformacin del Estado de bienestar, que se hatraducido en radicales cambios en el modelo de desarrollo as como en el sistemapoltico -recorriendo distintas fases, unas bajo dictadura y otras en democracia-,han configurado no slo nuevas formas de organizacin del Estado, como Estadoliberal, sino que han transformado y estn transformando profundamente a lasociedad civil. Mas precisamente an, postulamos que el Estado chileno, a travsde sus propuestas de participacin social, que ponen en movimiento y materializanmuchas de sus polticas sociales estn dando origen y modelando diversasexpresiones y formas de sociedad civil popular. Esta accin del Estado junto conbuscar producir nuevas formas de integracin social, sumando a grupos socialesdiversos a la accin social del Estado, genera tambin nuevas prcticas deasistencialismo y clientelismo. Se oponen o conviven con la accin del Estado,diversas prcticas de resistencia y tambin de autonoma social popular.

La actualidad de la participacin social se mueve entonces, entre lospropsitos integradores de las polticas sociales, la mayor parte de ellos conmanifiestos sesgos instrumentales (integracin para satisfacer necesidadessociales bsicas y asegurar la gobernabilidad), la apata de vastos sectores y laacciones de resistencia socio-cultural, especialmente entre los jvenes, o deautonoma social organizada en hasta ahora dbiles redes y grupos de iniciativaen diversos mbitos sociales populares. Desde esta perspectiva, si bien, la visinde muchos analistas tiende a enfatizar en la fragmentacin de la sociedad civil, sepuede sostener tambin que tanto el mercado como el Estado estn jugando rolesarticuladores relevantes de la sociedad civil, con propsitos, es cierto,extremadamente limitados en cuanto a favorecer una democratizacin real de lasociedad. En efecto, ms que reconocer o favorecer la constitucin de actoressociales relevantes, esta accin articuladora est orientada por la gobernabilidad,es decir, por una apuesta a la integracin social regulada por la ley de la oferta y lademanda, criterios tcnicos para el gasto social y los propsitos dedisciplinamiento y "paz social" de un Estado central en proceso dedescentralizacin.


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1.-.- El debate terico en torno a la ciudadana.

1.1 Individuo y comunidad en la construccin del Estado.

Finalmente, en el debate terico ms actual en torno a la ciudadana, los

comunitaristas, desde un punto de vista metodolgico, han sealado comoerrneas o falsas las premisas del liberalismo, segn las cuales el individuo eligelibremente, ya que para los comunitaristas, "la nica forma para entender laconducta humana consiste en referirla a sus contextos sociales, culturales ehistricos".2 De acuerdo a los comunitaristas, los vnculos sociales sondeterminantes en la constitucin del individuo y es en este sentido que losindividuos estn constituidos por la comunidad de que forman parte. Del mismomodo, una nueva concepcin del individuo implica una nueva concepcin de lacomunidad. Los comunistaristas tambin han indicado, desde una perspectivaahora normativa, que las premisas del individualismo originan consecuenciasmoralmente insatisfactorias, como la imposibilidad de una comunidad genuina, el

abandono de ideas de vida buena (bien comn) sustentadas por el Estado ascomo una injusta distribucin de los bienes.3

El liberalismo ha contraatacado, desde distintas vertientes, una de lascuales ha indicado que "lo que hace una sociedad justa no es el telos o elpropsito o el fin que ella persigue, sino precisamente su rechazo a escoger pordelante entre propsitos que compiten y fines". Lo propio en consecuencia de unasociedad liberal sera asegurar a travs de la constitucin y sus leyes el proveerun esquema dentro del cual los ciudadanos puedan perseguir sus propios valoresy fines, compatibles con una libertad similar para otros.4

En suma, el debate sobre la ciudadana no es nuevo, est en el centro delpensamiento moderno, por cuanto conlleva una toma de posicin con respecto ala relacin entre la sociedad y el Estado o ms precisamente al individuo y lascomunidades en su relacin de derechos con el Estado as como a lasresponsabilidades de estos con la comunidad poltica a la cual pertenecen.

1.2. Estado y sociedad: La sociedad civil, los problemas relativos alconcepto y sus usos.

Diversas circunstancias sociales y polticas, en las dos o tres ltimasdcadas, pusieron en uso el concepto de sociedad civil en las Ciencias Sociales,

como en el lenguaje poltico corriente, en las ONG y ms ampliamente entremilitantes de las organizaciones sociales. Y si bien, el concepto era antiguo, en elsentido que form parte del lenguaje filosfico y poltico de los siglos XVII y XVIII,entre los filsofos contractualistas, como Hobbes, Locke, Rousseau, y queencontr luego tambin sus propias elaboraciones en Hegel y Marx, fue

2

Lpez, op.cit. p. 96.3

Lpez, op.cit. p. 974

Sandel, 1992, citado por Lpez en op. cit. p. 97


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probablemente el redescubrimiento de Antonio Gramsci en los aos sesenta ysetenta, lo que llev, al menos en las Ciencias Sociales, a un uso ms masivo delconcepto de sociedad civil.

Segn Felipe Viveros, si se toma como punto de partida a los filsofos

contractualistas, habra que indicar que estos oponan sociedad civil a estado denaturaleza; la sociedad civil sera entonces el arreglo que surge del contratosocial de tal forma que "sociedad civil y Estado seran coextensivos, aludiran almismo espacio de sociabilidad poltica nacional y voluntariamente construido porlos ciudadanos".5 En Hegel, el concepto alcanza una nueva elaboracin, en cuantoste opone la sociedad civil al Estado, ya que se tratara de mbitos diferentes yseparados: el mbito de la sociedad civil comprendera a una red complejaconstituida por diversos componentes y relaciones: individuos, grupos y clasessociales, corporaciones, mercado, ciertas instituciones...6 Hegel ve en la sociedaduna realidad compleja, expresiva de la particularidad que requiere ser puesta enreferencia al Estado, instancia suprema de la Razn.

En Marx y Engels, la lgica hegeliana idealista es invertida, de tal modo quela sociedad civil coincide con la base material de la sociedad sobre la que selevanta la superestructura poltica e ideolgica. Para el marxismo clsico, "laanatoma de la sociedad civil hay que buscarla en la economa poltica" quecondiciona o determina la superestructura jurdica (el Estado) y la ideologa de lasclases dominantes en la sociedad.

Pero, como adelantramos, fue Antonio Gramsci el que complejiz eldebate y el concepto mismo de sociedad civil al referirlo a la superestructura,ampliando el concepto del Estado. Para Gramsci, el Estado haba que verlo noslo en su dimensin dictatorial o coercitiva, sino que en su relacin con los"aparatos ideolgicos" o "aparatos de la hegemona" (la Iglesia, la escuela, lospartidos, los sindicatos, las asociaciones, los medios de comunicacin). Desdeesta perspectiva, la supremaca de la clase dominante no se poda explicar slopor la fuerza, sino por su capacidad de generar consenso y de imprimir direccintico-poltica a la sociedad. En el Estado, de este modo habra que distinguir,metodolgicamente al menos, "el momento de la fuerza" y el "momento delconsenso", la funcin de dominio y la funcin de direccin, o ms precisamentean, los aparatos del Estado en sentido estricto o "sociedad poltica" y losaparatos hegemnicos o "sociedad civil".7

La sociedad civil, en perspectiva gramsciana, en cierto modo "prolonga" laaccin del Estado, favorece el autogobierno, organiza culturalmente las relacionesde dominio, difumina las "ideas dominantes" y constituye el "sentido comn". Las

5

Viveros, Felipe La participacin de la sociedad civil en acciones de inters pblico, enCuadernos de Anlisis Jurdico, Santiago, 8, 1998, p. 161 y ss.6

Viveros, op. cit. p. 161.7

Garcia Huidobre, Juan E. "Algunos conceptos de anlisis poltico", en "Orientaciones polticas dela Educacin Popular", Docto. de Trabajo N 5, ECO, Santiago, 1983. Tambin se puedeconsultar, Portelli, H. Gramsci y el bloque histrico, pp. 65 y ss.


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instituciones, en estos sentidos, contribuyen a la organizacin y estructuracin delos "actores sociales", aunque no sin conflictos8 porque la sociedad civil estambin un campo de disputa, esencial de ganar para provocar procesos decambio social. En su versin ms clsica, Gramsci lleg a sostener, desde lateora de la hegemona, que "un grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente

ya antes de conquistar el poder gubernativo".

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Siguiendo con las distinciones establecidas por Viveros, para elpensamiento democrtico-liberal actual, revitalizado en medio de los debates mscontemporneos acerca de la democracia y sus posibilidades, as como productode las transiciones, o "procesos de democratizacin" de la Europa del Este y deAmrica Latina, el concepto de sociedad civil ha adquirido nuevas connotaciones.Una de ellas ha sido pasar del binomio que opona sociedad civil al Estado a latrada "sociedad civil, mercado y Estado", en donde la sociedad civil es definida"como el espacio en que los individuos, grupos y asociaciones voluntariasproliferan y se relacionan, comunican y expresan libre y autnomamente encumplimiento de sus propios fines especficos. La sociedad civil sera aqu elespacio de los llamados actores sociales, cuyo campo de accin no se agota enlas mutuas relaciones que establecen, sino que, a travs de la participacin,trasciende su influencia hacia el Estado, cristalizacin de la organizacinpoltica".10 La sociedad civil, presupone en este contexto, la existencia del Estado(y el mercado, aunque ello no siempre se declare) as como la democracia suponetambin la existencia de una sociedad civil, la que fortalecida puede garantizar eldesarrollo de una democracia real y efectiva.

Ciertamente esta nueva acepcin de sociedad civil, probablemente la msdifundida en la actualidad, se aleja de la concepcin gramsciana para cubrirse de"ropaje liberal" en el sentido que lo que en Gramsci era un campo de disputa conla dominacin econmica, poltica y cultural, ahora toma la forma de un campoespecfico "el de la constitucin de actores sociales"; sin que se precisen lasrelaciones de este campo con la economa y con las formas que adquiere elEstado, para justamente realizar y legitimar nuevas formas de dominio en lasociedad. La trada "Sociedad Civil, Mercado y Estado", en cierto modo disuelvelos conceptos de hegemona y dominacin para proponernos ms bien laexistencia de tres campos pre-establecidos que se requiere poner en relacin yequilibrio para asegurar la efectiva democracia.

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Manuel Castells, a propsito del debate sobre los modos en que se constituyen las identidadessociales sostiene que esta siempre tiene lugar en contexto marcado por relaciones de poder.

Distingue, entre diversos modos de constitucin de identidades, la que denomina "identidadlegitimadora", que sera aquella introducida por las instituciones dominantes para extender yracionalizar su dominacin frente a los actores sociales. Y sostiene, al mismo tiempo que; "Lasidentidades legitimadoras generan una sociedad civil, es decir, un conjunto de organizaciones einstituciones, as como una serie de actores sociales estructurados y organizados, que reproducen,si bien a veces de modo conflictivo, la identidad que racionaliza las fuentes de la dominacinestructural" . Castells, Manuel, La era de la informacin, El poder de la identidad. Vol. 2, Alianzaeditorial, Barcelona, 1997, pp. 29 y 30.9

Portelli, op. cit. p. 75.10

Viveros, op.cit. p. 163


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Esquematizando un poco, se podra afirmar que en su versin ms liberal,le corresponde a la sociedad civil ejercer acciones correctivas sobre el Estado aefectos que este expanda las libertades, mientras que en una versinsocialdemcrata le corresponde a la sociedad civil luchar por expandir los

derechos no slo polticos sino sociales frente al Estado, con el propsito demorigerar las tendencias a la desigualdad que genera el mercado (en realidad,ms precisamente, el sistema capitalista mundializado o globalizado).

Matizando un poco las cosas, un concepto ms dinmico de la sociedadcivil es aquel que la define como "la esfera de relaciones entre individuos, entregrupos y entre clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poderque caracterizan a las instituciones estatales".11 Esta acepcin de sociedad civil seaproxima ms al concepto gramsciano en cuanto "campo de disputa", derelaciones de poder, aunque tampoco insiste suficientemente en la nocin dehegemona con la que trabaj A. Gramsci.

La propia conceptualizacin de sociedad civil es compleja y su debate entorno al concepto, algo indica sobre su carcter dinmico. Pero, ms all de lassucesivas precisiones y alcances de la sociedad civil, nos parece que desde elpunto de vista del trabajo social o la accin de los movimientos sociales, parecepoco realista (o ingenuo) pensar la sociedad civil como un campo no colonizadopor la dominacin econmico-social, o como un campo no influido por el Estado.

En el caso concreto de la sociedad chilena y ms ampliamente de otrassociedades latinoamericanas, el asunto es relevante, sobre todo si se tiene encuenta el dinamismo que recorre a los Estados que buscan recrear la sociedadcivil en el contexto neoliberal. En efecto, luego de las fases de ajuste estructural seha venido imponiendo una "lgica social" nueva que se expresa a travs de laaplicacin de nuevas polticas sociales y de procesos de descentralizacin12 querecrean discutibles formas de participacin social, sentidos de justicia e integracinsocial, as como tambin formas de colaboracin entre los gobiernos locales y lascomunidades de base. Esta es por ejemplo la "lgica social" que actualmente estainformando al Banco Mundial, el que no slo incorpora a su lenguaje nocionesrelativas a la participacin social, a efectos de "movilizar el potencial de lospobres" (el progreso se logra potenciando al pobre para convertirlos enproductores de su propio bienestar), sino que al mismo tiempo promueve "lareorganizacin del vnculo entre Estado y Sociedad" desde la accin privada del

11N. Bobbio: "Sociedad Civil", en Bobbio et al. : Diccionario de Poltica (Mxico, 1991, 6a edic.).

Citado por Salazar, G. y Pinto, J. Historia contempornea de Chile I. Estado, legitimidad yciudadana. LOM edic. Stgo, 1999. p. 9312

Descentralizacin es el proceso que implica transferencia de facultades o atribuciones dedecisin y de funciones de un rgano central o nacional a unidades locales independientes o conun alto grado de autonoma, pero que actan bajo los mismos lineamientos y polticas generalesfijadas por la autoridad central. La descentralizacin es, por tanto, funcional a la vez quegeneralmente territorial. En: Waissbluth; Mario. Ponencia presentada en Seminario FLACSO:"Modernizacin del Estado y Polticas Sociales". Santiago, noviembre 1994.


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mercado y de agencias estatales (Fondos sociales concursables) que colaborancon el desarrollo social13. Ciertamente, para el Banco Mundial, la participacin esmenos una prctica poltica y ms una prctica tcnica y de empresarialidad.

1.3. Los cambios en la economa, el Estado y la sociedad civil. La apuestapor la gobernabilidad.

Las sociedades latinoamericanas, en conjunto, exceptuando Cuba, hanvivido en las ltimas dcadas del siglo XX una compleja transicin desdeeconomas desarrollistas y precarios "estados de bienestar" hacia economasabiertas, orientadas al mercado internacional en el contexto de "estados liberales".En un sentido gramsciano, como ha indicado Fernando Martnez, estamos enmedio de la transicin hacia una nueva hegemona, aunque dbil, de las clasesdominantes en Amrica Latina14. Esta transicin ha sido acompaada y estimuladapor una nueva ideologa, el neoliberalismo, que es necesario ver no slo como un

modelo econmico, sino como una visin totalizante y abarcante de lasdimensiones econmicas, polticas y culturales.15

En el caso chileno, que veremos en ms detalle en el apartado siguiente, elproceso de cambio en el modelo de desarrollo coincidi con la dictadura militar,mientras que en el resto de Amrica Latina, las medidas de "ajuste econmico" seimplementaron bajo liderazgos populistas (por ejemplo, Menen en Argentina) yregmenes democrticos o de democracia restringida (por ejemplo, Fujimori enPer).

Los procesos de ajuste, siguiendo las orientaciones neoliberales,consideraron imprescindible asegurar los equilibrios macroeconmicos, liberalizar

los mercados y desregular la actividad econmica confiando en la capacidadautoregulatoria del mercado. Segn Marcia Rivera, ello implic realizar recortessignificativos en el gasto pblico, con evidentes costos sociales; contraccin de laactividad econmica estatal con el consiguiente abandono de las funcionestutelares y ejecutoras en el mbito econmico, para favorecer la privatizacin delos ms diversos servicios pblicos; estmulo al ahorro interno a travs dereformas tributarias que redujeron en algunos pases las tasas impositivas;afianzamiento del principio de propiedad privada como garanta de libertad y deespritu empresarial con evidente perjuicio, en algunos lugares, para la propiedadcomunitaria o ejidal; la instauracin de sistema de "flexibilidad laboral", que trajoaparejada la derogacin de viejos sistemas de legislacin social y laboral, conefecto sobre el empleo y por cierto sobre el debilitamiento del movimiento sindical;exigencia de respeto a las leyes de patentes y propiedad intelectual, con el objeto

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Salazar, Gabriel "De la participacin ciudadana: capital social constante y capital social variable(Explorando senderos trans-liberales)". En Proposiciones, 28, 1998, p.p. 170-y 171.14

Martinez, Fernando, Ponencia presentada en el "II Encuentro de Educadores Populares deAmrica Latina y el Caribe". Recife, 17-22 de noviembre de 1999.15

Rebellato, Jos L. "El aporte de las educacin popular a los procesos de construccin de poderlocal". En Multiversidad, N 6, 1996, pp. 23-39.


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de favorecer a las grandes empresas trasnacionales; reinsercin en la economamundial que oblig a reconocer y re programar pagos de la deuda externapreviamente acumulada como condicin para acceder a nuevos crditos; laapertura de la economa, que deba ahora ser capaz de atraer la inversinextranjera, y, finalmente un requisito de la nueva estrategia sera tambin la

formacin de democracias electorales formales que permitieran la legitimacin delos respectivos gobiernos16.

Los procesos de cambio econmico que ha vivido Latinoamrica en losnoventa (y Chile ya en los ochenta) si bien lograron un mayor equilibrio en losindicadores macroeconmicos, entre ellos, tasas de crecimiento auspiciosas aprincipios de los noventa, no han logrado mantenerse en el tiempo e incluso Chile,sealado como ejemplo neoliberal, 17 ha visto resentida su economa a fines de losnoventa como producto de la crisis asitica. La tendencia parece ser ahora, la delcrecimiento moderado y el de la persistencia de viejos y nuevos problemassociales. En este ltimo sentido, una cuota de incertidumbre parece recorrerAmrica Latina, que si vio incrementados en los noventa, los niveles de desempleoy la economa informal, extranjerizadas sus economas, contrada en algunoscasos las capacidades productivas nacionales y profundizada la brecha entre ricosy pobres.

A pesar de los negativos y contradictorios efectos del neoliberalismo en loeconmico y social, en el plano poltico, en Amrica Latina se redemocratizaronlos sistemas polticos, con grados relativos de legitimidad en la ciudadana, entreotros por los reiterados cuestionamientos a las formas polticas tradicionales y elsistema de partidos o por la apata creciente de vastos sectores de ciudadanos.

Con todo, la re-democratizacin no slo se ha manifestado como ejerciciode la democracia representativa, sino tambin como la puesta en marcha deprocesos de descentralizacin de los Estados nacionales y la implementacin dediversas polticas sociales compensatorias.

Y un nuevo concepto se ha popularizado a efectos de garantizar la"estabilidad de los sistemas democrticos" y definir de paso los propsitos de lossistemas polticos, tanto a nivel nacional como local: la gobernabilidad.

16 Rivera, Marcia "Economa y Estado en Latinoamrica y el Caribe frente a la crecientemundializacin" Taller DAWN, Rio de Janeiro, 22-24 de octubre de 1999. pp. 2 y ss. Para unavisin panormica de los efectos del neoliberalismo en el primer lustro de los noventa, se puedetambin consultar "Poder y Esperanza. Los desafos polticos y pedaggicos de la EducacinPopular en Amrica Latina". Documento preparado para la IV Asamblea de CEAAL, realizada enCartagena de Indias, Colombia, 1997. Este documento ha sido recientemente publicado enCaminos, Revista Cubana de Pensamiento Socioteolgico, N 9, 1998, pp. 32-48.17

Chile es el primer pas de Amrica Latina y el Caribe en instalar el modelo neo-liberal a inicios delos '80, considerndose el perodo 1987/1993 la etapa de la primera fase de resultados, con un altocrecimiento econmico. (Rosa Bravo, 1999)


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En su versin ms altruista, algunos analistas han definido la gobernabilidadcomo "el buen gobierno"; en su versin ms instrumental la gobernabilidad serelaciona con los lmites de la democracia a efectos de contener o neutralizar losconflictos sociales. Por esta razn, es que tambin se ha postulado que:

"Poca democracia permite consolidar la gobernabilidad; mucha ladesestabiliza"18

La gobernabilidad, en esta ltima versin se relaciona "con mantenerdisciplinada a una sociedad bajo un Estado de derecho", de tal forma que setransforma" en una funcin y a la vez una obligacin del Gobierno, pero estambin algo del mximo inters para los poderes del Mercado".19 Desde estaperspectiva, sostiene Gabriel Salazar que: "los gobiernos que gozan de bajalegitimidad necesitan manejar con prudencia las polticas de "participacin" y porotra parte, que el ptimo de la gobernabilidad "es aquella que, entre el Estado ylos ciudadanos, establece un subsistema electoral para elegir los representantesy un subsistema de negociacin para resolver los conflictos pblicos y privados."20

Segn este mismo autor, la "democracia radical" sera aquella que aade a loanterior un subsistema de participacin ciudadana que "limita el subsistema derepresentantes, sobrepasa el subsistema de negociacin y torna hegemnico el dela asociacin horizontal de la sociedad civil."21

Como se aprecia, las reformas en el Estado que han acompaado alneoliberalismo generan nuevos campos de disputa y de configuracin de lasociedad civil, ya que a la nocin de gobernablidad como disciplinamiento socialse puede oponer desde los movimientos sociales o las comunidades locales otrosmodos de concebir "el buen gobierno". Con todo, en el caso chileno, comoveremos ms en detalle en el apartado siguiente, la tendencia ha sido, el menosen el mbito local, enfatizar en criterios tcnicos para la modernizacin ydescentralizacin del Estado as como para enfrentar la superacin de la pobreza.

Tambin de modo ms global, en Amrica Latina, los procesos dedescentralizacin de los Estados han avanzado sin que ello se traduzca enprocesos sustantivos de democratizacin en el mbito local. Existen experienciasrelevantes y significativas en cuanto a la participacin y el acceso a la toma dedecisiones, como el caso de los "presupuestos participativos" en Brasil, perotambin est presente la inercia, resistencias burocrticas o la emergencia deprcticas clientelsticas que han ganado espacio a nivel local. Como anota MarciaRivera:

"En algunos casos se observa un renacer de los cacicazgos polticoslocales y del clientelismo tradicional, llevado a la esfera local (Rivera y

18

Citado de S. Huntington por Salazar, De la participacin ciudadana, p. 175.19

Ibidem.20

Salazar, op. cit. p. 175 y 176.21

Ibidem, en cursiva en el original


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Levy, 1997). Saltan a la vista tambin limitaciones de recursos humanoscalificados para llevar adelante labores de manejo de recursos financierosen forma ordenada y transparente. La participacin ciudadanainstitucionalizada, salvo en pocas excepciones, se ha quedado en merodiscurso. Lo mismo puede decirse de las expectativas de que las mujeres

encontraran en este nivel formas ms idneas de participar. Ciertamentehay en construccin un mayor espacio de interaccin ciudadana a nivellocal, pero todava no logra institucionalizarse y hacer una diferencia real enla estructura de poder."

2.- Antecedentes histricos en relacin a la participacin ciudadana en Chile.

2.1. Los procesos de democratizacin y ciudadana en Chile

La sociedad chilena, desde el punto de vista histrico es portadora de unalarga y conflictiva tradicin en torno a la participacin social, la ciudadana y la

democracia. Debido a que su temprana "estabilidad poltica", lograda conposterioridad a la Independencia, se realiz sobre la base de la exclusin de laparticipacin poltica de los sectores populares y el establecimiento de un rgidosistema autoritario presidencialista, que someti a los sectores liberales. Fue aeste rgimen poltico postcolonial, al que un historiador conservador de principiosde siglo, llam la constitucin de un "estado en forma"22, obra atribuida al MinistroPortales, el que sostena que "el principal resorte de la mquina era... el peso de lanoche"23, algo as como una forma de continuidad colonial, pero ahora bajo formarepublicana. Evidentemente que este proceso fue favorecido por la relativahomogeneidad de la elite agroexportadora, aunque no la eximi de sucesivosconflictos con el sector liberal -ms expresivo de los intereses minero-mercantiles-

el que busc, en diversos momentos, la alianza con los sectores populares, enespecial con los artesanos, para democratizar el sistema poltico nacional. De estemodo, la Constitucin de 1833, que se escribi luego de la batalla de Lircay (enque los conservadores se impusieron sobre los liberales), fue permanentementediscutida por la fraccin liberal y fue paulatinamente reformada -dos guerras civilesmediantes, la de 1851 y 1859-, para hacerla ms inclusiva. Por una parte, a travsde la ampliacin del voto y la limitacin de los poderes de la Iglesia, y por otra msliberal a efectos de asegurar un mayor equilibrio entre el poder ejecutivo ylegislativo.

El siglo XIX, que bien puede ser calificado como el siglo de la elite, culmin

con el predominio del consenso liberal, tanto en lo econmico como en lo poltico,a travs de un sui generis rgimen parlamentario (que tambin termin decristalizar luego de la guerra civil del 91). Sin embargo, a estas alturas, habanganado en presencia y organizacin los artesanos, algunos segmentos de la clasemedia y un emergente movimiento obrero. Todos los cuales fueron participando de

22

Edwards, Alberto, La fronda aristocrtica.23

Un trabajo reciente en torno al Ministro Portales es el de Jocelin Holt, El peso de la noche, Edit.Planeta, 1997.


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una lgica de "regeneracin del pueblo" que los llev a crear sus propiasorganizaciones y potenciar tambin su propia sociabilidad, a travs de sociedadesde socorro mutuo, la creacin de peridicos, filarmnicas obreras, y tambin de unpartido poltico popular, el Partido Demcrata, fundado en 188724.

La configuracin histrica de un "actor social popular" o ms ampliamentede un "movimiento social popular" a principios del siglo XX abri pasoconflictivamente a los procesos de democratizacin de la sociedad chilena. "Crisisde inclusin" para el pensamiento tradicional; configuracin de una "polticapopular" para el pensamiento crtico son distintas maneras de explicar (o msprecisamente comprender) ese significativo perodo que todos los historiadoreshan estudiado como la "cuestin social", que se manifest como un doble proceso:de extensin de la pobreza y de protesta social popular.25 En efecto, el cambio desiglo sorprendi a la sociedad chilena con indicadores de pobreza urbana y ruralque amenazaban cotidianamente la vida de los chilenos: falleca ms del 30% delos recin nacidos y la TBC como recurrentes pestes y epidemias resultabandifciles de conjurar, amn de que el conventillo atrapaba a una mayora popularurbana, ya que era el modo de vida para ms de un 25% de la poblacin deSantiago. En el campo laboral, por su parte an predominaba el sistema de pagoen fichas en la minera y el parlamento no daba visos de legislar en torno a lasrelaciones entre el capital y el trabajo. La "cuestin social" o si se prefiere la crisissocial chilena de principios de siglo increment el malestar y se politiz lo social atravs de extendidos movimientos de protesta (huelgas y motines populares) quela elite conjur a travs de tambin extensivas acciones represivas (Valparaso,1903; Santiago, 1905, Antofagasta,1906 y Santa Mara de Iquique en 1907). Lademocratizacin de la sociedad y del sistema poltico se mantuvo entonces comouna tarea pendiente al ser resistida por los grupos dominantes. Pero al mismotiempo, en este perodo, crecieron las capacidades organizativas y de presin delos grupos populares, los que hicieron significativos avances en la constitucin deuna poltica popular en la que confluan corrientes demcratas, anarquistas ysocialistas.

A pesar de la represin que sigui a los estallidos populares de principiosde siglo, los conflictos sociales reemergieron en los aos veinte, cuando losmovimientos sociales populares se diversificaron y ampliaron su radio de accin,protagonizando diversos movimientos de protesta social, a travs de asambleas,desfiles y petitorios (el ms significativo de estos movimientos fue el articulado entorno a la Asamblea Obrera de Alimentacin Nacional, en 1919). Sin embargo, aestas alturas, nuevos actores sociales y polticos se mostraron partidarios de lareforma del sistema poltico y de una mayor intervencin del Estado en los asuntos

24

Una visin de conjunto del periodo, en Grez, Sergio De la 'regeneracin del pueblo' a la huelgageneral. Gnesis y evolucin histrica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Edic.DIBAM,Santiago 1997. Tambin respecto del mutualismo y de la salud pblica, Illanes, Mara A. Ennombre del Pueblo, del Estado y de la Ciencia. Historia social de la salud pblica en Chile 1880-1973. Edic. Colectivo de Atencin Primaria, Stgo, 1993.25

Para una visin de conjunto de la cuestin social se puede consultar Garcs, Mario. Crisis socialy motines populares en el 1900. Edic. ECO-Documentas, Stgo, 1991


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econmico-sociales; las clase medias, los militares y sectores de la propia elite. LaConstitucin autoritaria de 1833 fue entonces reemplazada por la de 1925, luegode dos golpes militares. Fue en este contexto, que la fraccin liberal de la elite,liderada por un caudillo de sesgos populistas, Arturo Alessandri advirti que haballegado el momento de ceder un poco. Se promulgaron en estos aos las primera

leyes laborales que se sistematizaron en 1931 en el Cdigo del Trabajo.

Los procesos de reforma de los aos veinte, si bien abrieron el sistemapoltico y ampliaron la accin del Estado hacia los mbitos de la salud y laeducacin pblica, mantuvieron los criterios liberales en el orden poltico, raznpor la cual nuestro "estado de bienestar" fue el resultado de un complejo procesode negociaciones, que en largo plazo fortaleci el sistema de partidos y diversasredes de organizaciones sociales imbricadas con los partidos, tanto en el mbitopopular como de la clases medias y de la elite. Por esta razn, tambin el perodoque va desde 1930 a 1973 ha sido llamado el del "Estado de compromiso",aludiendo justamente al tipo de sistema poltico en que prevalece la negociacininterclases.

Decimos conflictivo proceso histrico, ya que por una parte, se mantuvo elsistema de alternancia en el poder de coaliciones en que los partidos populares(PC, PS) pudieron por breves periodos participar del gobierno (la etapa del FrentePopular, 1938-1947) hasta ser completamente excluidos del sistema poltico(como ocurri con el PC entre 1947 y 1958). Por otra parte, desde el punto devista social, unos grupos populares alcanzaron mayor protagonismo oreconocimientos, por ejemplo la clase obrera organizada, mientras que otrospermanecieron en la penumbra social y poltica, por ejemplo los campesinos. Laprogresiva expansin del Estado confiri tambin relevancia a los grupos medios,que no slo crecieron en estos aos, sino que alcanzaron sus propias expresionesgremiales y polticas. Todo ello diversific la sociedad civil y constituy tambindiversos campos de conflictos social y poltico, que hacia los aos sesentavolvieron a interrogar estructuralmente a la sociedad chilena, particularmente conrelacin a la productividad agrcola y la necesidad de la reforma agraria; laslimitaciones de la caja fiscal y la necesidad de "chilenizar" o nacionalizar el cobre;el incremento de la pobreza urbana y la necesidad de efectivos planes de vivienda,el desarrollo de diversos movimientos sociales urbanos y la necesidad dereconocimientos institucionales, etc.

Fue en este contexto que los chilenos vivimos las dos mayores propuestasde cambio social en la segunda mitad del siglo XX: la Revolucin en Libertad y laVa Chilena al Socialismo, que representaron dos significativas experiencias decambio social y democratizacin de la sociedad. En efecto, la democracia chilenano poda profundizarse sino que a travs del cambio social y ello implicaba laconstitucin de nuevos y diversos movimientos sociales. Es verdad, por otra parte,que ello desatara agudos conflictos con los grupos dominantes (ya la reformaagraria, iniciada en la dcada del sesenta, represent una amenaza global paralos ms tradicionales grupos de latifundistas y grandes propietarios de la tierra,que haban gozado no slo de evidentes privilegios sino que de reconocidas


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influencias en el sistema poltico nacional), conflictos que ciertamente sediversificaron y agudizaron bajo el gobierno de Salvador Allende, cuando seprocedi a nacionalizar el cobre, profundizar la reforma agraria y expropiar ointervenir la banca y los grandes monopolios con el objeto de constituir un "rea depropiedad social".

2.2. El golpe de estado y sus efectos sobre la participacin y la ciudadana

Ciertamente las reformas propiciadas y materializadas por la UnidadPopular quebraron el "Estado de compromiso", polarizaron la sociedad yterminaron por dividir al propio campo popular ante el dilema de recomponer"algn" sistema de alianzas (con los grupos medios y la DC) o profundizar elproceso de cambios para transformarlo en "revolucin socialista". Las urgencias ylos impasse de la poltica popular fueron entonces derrotados por el golpe militarde 1973, que materializaron las Fuerzas Armadas, que expresaban a un vigorosoy diversificado movimiento social anti-socialista, que contaba con un manifiesto

apoyo norteamericano. El pas del norte, en realidad, haba definido una agresivapoltica de intervencin en la poltica chilena desde el mismo momento en queAllende fue elegido presidente en 1970.

Los militares en el poder, si bien buscaron legitimar su accin declarandoque "restableceran la legalidad quebrantada", realizaron la ms vasta operacinrepresiva sobre la izquierda y los movimientos sociales populares violando losderechos humanos de miles de chilenos; cancelaron todas las formasdemocrticas de nuestro sistema poltico y luego reformularon el modelodesarrollo para ponerlo en sintona con los nuevos requerimientos del sistemacapitalista mundial.

Los procesos de recomposicin del "tejido social popular" tomaron variosaos y con diversos apoyos de las Iglesias cristianas, de la cooperacininternacional, las ONGs y los partidos en la clandestinidad. Luego de diez aos dedictadura, los grupos populares de base, especialmente poblacionales, opusierona la dictadura significativos movimientos de "protestas nacionales" entre 1983-1985,26 que abrieron el camino para el restablecimiento de la democracia a finesde la dcada de los ochenta.

Ciertamente que en el contexto de la dictadura, se interrumpieron sinocolapsaron las ms diversas formas de democratizacin y de ciudadanaconstituidas a lo largo del siglo XX, que habida cuenta de los cambios econmicosy sociales, as como de la nueva Constitucin impuesta por los militares(Constitucin de 1980) limitan e inhiben hasta hoy diversas formas de expresinciudadana.

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Para el periodo de las protestas nacionales, se puede consultar: De la Maza, Gonzalo y Garcs,Mario La explosin de las mayoras. Protesta Nacional, 1983-1984. Edic. ECO, 1985.


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2.3. La transicin a la democracia y los lmites de la ciudadana.

La democracia fue formalmente restablecida en Chile en marzo de 1990cuando asumi la presidencia del pas, Patricio Aylwin, elegido democrticamenteen diciembre de 1989. La transicin chilena, a diferencia de otros procesos

semejantes en Amrica Latina, particularmente Argentina y Uruguay, se desarrollen el marco constitucional definido por los propios militares y siguiendo su propiocalendario institucional. No obstante lo anterior, slo la accin de un vigorosomovimiento ciudadano permiti derrotar al rgimen militar en el Plebiscito de 1988y posibilitar de este modo, la eleccin democrtica de presidente en 1989.

Esta doble realidad, por una parte, la de un extendido movimientociudadano y por la otra, la del camino institucional escogido dieron lugar anegociaciones poco transparentes para la ciudadana (pactos no pblicos yreforma insuficientes a la Constitucin) as como tambin a una progresivaexclusin de los "movimientos sociales" en el proceso mismo de la transicin. En

rigor, algunos movimientos, como el de mujeres, lograron que aspectos relevantesde sus demandas adquieran forma en el Estado en proceso de democratizacin,mientras que otros, o fueron dbilmente considerados o se actu conindependencia de ellos. Tal fue el caso de las Agrupaciones de vctimas de larepresin y ms ampliamente del movimiento de Derechos Humanos. Otrosmovimientos, finalmente, de raigambre histrica, como el sindicalismo que apostms a la negociacin poltica fue paulatinamente ignorado para asuntos relevantesde la reforma a la legislacin laboral o de definicin de polticas econmicas.

La re-democratizacin, de este modo, tendi a situarse en dos planos; el delas reformas constitucionales a efectos de producir cambios ms sustantivos en la

Carta fundamental, y el de la "modernizacin" de los servicios del Estado y ladescentralizacin poltica y administrativa.

La reformas a la Constitucin definitivamente no han prosperado hasta hoy,de tal manera que el sistema representativo chileno adolece de evidenteslimitaciones, por ejemplo, un cuarto del Senado no es elegido democrticamentesino designado por diversas autoridades del Estado; un Consejo de SeguridadNacional asegura la tutela militar sobre el poder civil en momentos de crisis; loscomandantes en jefes de las Fuerzas Armadas no pueden ser removidos por el

jefe de Estado; un sistema electoral "binominal" impide el acceso al parlamento delas minoras (permitiendo de paso que la derecha con un tercio de los votos

asegure su mayora en la Cmara Alta) y, cualquier reforma constitucionalrequiere de una mayora imposible de reunir por las fuerzas democrticas.

Ciertamente este sistema institucional no slo inhibe el derecho a voz deimportantes sectores de ciudadanos, sino que conlleva un sistema tal decontrapesos que entraba cualquier intento de reforma sustantiva, salvo que ellagoce de apoyo del conjunto de la clase poltica. A estas formas excluyentes que


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asumi la poltica estatal se le denomin en los primeros aos de transicin,"democracia de los acuerdos".

Por otra parte, con relacin a la modernizacin de los servicios pblicos, losgobiernos de la transicin, junto con prcticamente completar los procesos de

privatizacin de empresas del Estado, en especial de los servicios, hanimplementado variadas iniciativas de mejoramiento de la calidad y la eficiencia demuchos de ellos.

Con relacin a la descentralizacin, ya iniciada por el rgimen militar, fuenecesario reformar la Constitucin para que los Alcaldes y Concejales pudieranser elegidos democrticamente. Sin embargo, de paso se limitaron lasposibilidades de expresin de los Consejos Econmico Sociales (CESCO) en quetenan representacin las organizaciones sociales comunitarias.

Finalmente, el aumento del gasto social y el desarrollo de variadas polticassociales fue una opcin poltica relevante de los gobiernos de la Concertacin, queaseguraron permitira "pagar la deuda social" con los ms pobres y producir"desarrollo con equidad". Estas polticas sociales, si bien mostraron dinamismo enuna primera fase han tendido a debilitarse en un contexto de progresivas yextensivas orientaciones "tecnocrticas".

La confluencia entonces de un rgimen representativo limitado, la relativaexclusin de los movimientos sociales y el sesgo tecnocrtico de las polticassociales han configurado un cuadro negativo marcado por la despolitizacin ydebilitamiento de la accin ciudadana, cuadro que capitaliza la derecha en elcontexto de la campaa presidencial.

3. La oferta estatal sobre participacin social

3.1 Las nuevas formas de participacin desde el Estado o los ProgramasSociales con participacin social.

La oferta estatal sobre participacin social existente en la dcada de los 90 en elpas, tiene en su base los cambios experimentados en los mbitos productivo,tecnolgico, institucional y social, producto de la implementacin del modelo neo-liberal, a partir de fines de los '70 por medio de polticas centradas en la bsquedade estabilidad macroeconmica. Es en este sentido, que se instala durante la

dictadura militar un fuerte proceso transformador del Estado, con profundasreformas legales sustentadas por el cambio constitucional de 1980 y que fue partedel soporte que permiti la viabilidad de las polticas de ajuste estructural,diseadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y que seinstrumentan a inicios de los '80 en el pas.

El conjunto de polticas implementadas estaban basadas en la bsqueda de uncrecimiento econmico sostenido, la cual han sido instrumentadas en los '90 por


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los dos gobiernos de la Concertacin y que son parte de un proceso detransformacin institucional y social iniciado en los '80, con las siguientescaractersticas principales:27

- la bsqueda de estabilidad macroeconmica hizo imprescindible laprivatizacin, liberalizacin, apertura externa de mercados y su consecuente

desregularizacin de la actividad econmica bajo el supuesto que seran losmercados los que se autoregularan.- la reduccin del gasto pblico, la disminucin de la accin poltica del Estado

en el mbito econmico y social, la privatizacin de las empresas estatales, latransferencia de funciones sociales al sector privado, dando lugar a laprivatizacin del sistema previsional de pensiones y salud (AFP e Isapres).

- las reformas laborales que derogaron las legislaciones protectoras que habanlogrado dcadas de lucha sindical con consecuencias desastrosas en losprocesos de seleccin de personal, las condiciones de trabajo, fuerossindicales y maternales, etc.

- Descentralizacin y desconcentracin geogrfica del gobierno central y de losservicios estatales, con transferencia de responsabilidades a los municipios enla administracin de la educacin, la atencin primaria en salud y la promocinde la participacin bajo el concepto de redes sociales compensatorias. 28

Si bien, el modelo de desarrollo chileno ha logrado superar los altos ndices depobreza de los ochenta, congela el ritmo de las personas que salen de la pobrezahacia 1994. Segn datos de Cepal (1996)se constata que luego de un incrementode la participacin del 40% ms pobre y del 25% de menores ingresos hasta 1992,haya disminuido desde entonces la fraccin del ingreso percibido por el decil mspobre de hogares, e incluso la del 25% ms pobre, sin dejar de aumentar laparticipacin del 10% ms rico. Esto explica la mantencin de ndices dedesigualdad de los aos ochenta y que el crecimiento sea la variable que mscontribuyo a la disminucin de la pobreza. 29(Rosa Bravo, 1999)

Al desagregar las cifras de pobreza, stas demuestran que la pobreza se tornacada vez ms rebelde, los sectores ms pobres se concentran en trabajadoresasalariados y por cuenta propia, lo que demuestra que la asalarizacin de los/astrabajadores/as no va acompaado de iguales aumentos en sus ingresos. Yexpresa que la tendencia central de la economa chilena actual se basa en uncrecimiento econmico sostenido que se sustenta en la mantencin de bajossalarios para los trabajadores.30

27De varios/as autores/as: Arriagada, Irma 1999. Raczinsky, 1998, CEPAL, 1998,1999.

28Raczinsky Dagmar, "Para combatir la pobreza en Chile. Esfuerzos del pasado y desafos del

presente" En: Ren Cortazar y Joaqun Vial (eds) Construyendo Opciones, PropuestasEconmicas y Sociales para el Cambio de Siglo. Cieplan y Dolmen Edicioines,1998.29

Bravo, Rosa Responde Chile como modelo econmico a la equidad de gnero? En: Unamirada desde el gnero. Ajuste, integracin y desarrollo en Amrica Latina. EdicionesIESALC/UNESCO. 1999.30

Valds S., Ximena et.al "Crecimiento Econmico y Pobreza" En: Control Ciudadano N 1,Instituto del Tercer Mundo. Uruguay, 1997.


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3.2 El contexto estatal en los noventa

La descentralizacin estatal y las polticas sociales desarrolladas a partir del '90 serealizan en el marco de equilibrio macroeconmico, basado en el crecimiento delargo plazo sustentado en el desarrollo de la empresa privada y la diversificacin

de mercados para la exportacin; disminucin de la pobreza, mejoras enredistribucin del ingreso y fortalecimiento democrtico. Los dos gobiernos de laConcertacin de Partidos por la Democracia tanto en su accin como en sudiscurso han dado continuidad a la poltica econmica heredada de la dictaduramilitar, han innovado en polticas sociales y han incentivado reformas legales paraprofundizar la participacin social.

Las reformas tributarias negociadas en 1993 tuvieron como objetivo ampliar losrecursos destinados a fines sociales que permitieran aumentar los recursosglobales heredados de la dictadura militar, reajustar las pensiones, subsidiosfamiliares, y aumentar las inversiones en educacin y salud, junto con crear

fondos para programas de vivienda y equipamiento comunitario as como nuevosprogramas sociales.

En la actualidad las polticas gubernamentales sobre participacin socialexistentes estn orientadas a: "potenciar las capacidades de las personas ygrupos de incidir en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que lesafectan. Se trata de un Estado que asume un rol activo en una tarea compartidacon la sociedad, donde se establecen relaciones -unas ms y otras menosinstitucionalizadas- de interlocucin entre ambos. En base a estas orientaciones,dos son los ejes a partir de los cuales el gobierno ha estructurado su intervencinrespecto de la participacin social:

a. Estimular la organizacin y participacin de las personas en el mejoramiento desus condiciones de vida y en las tareas del desarrollo. Esto lleva a definir unafuncin de generacin y promocin de espacios, mecanismos institucionales yestrategias de gobierno, que hagan posible la participacin efectiva en diversosniveles y mbitos.

b. Readecuar la organizacin y procedimientos de la Administracin Pblica, demodo de facilitar una interlocucin eficaz y permanente con la ciudadana.31

Es as como las polticas sociales con componente participativo aparecen por unlado vinculadas al proceso de modernizacin del Estado, en que imperan losaspectos tecnocrticos y por otro a la superacin de la pobreza, por medio de

polticas sociales cuyo objetivo es la satisfaccin de necesidades bsicas de losgrupos prioritarios complementadas con el ejercicio de la participacin socialentendida como la negociacin de intereses de distintos grupos sociales concapacidades para articular sus demandas y confrontarlas con la accin estatal.

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Marcelo Martnez, Documento Participacin Social. Departamento de Estudios. MinisterioSecretaria General de Gobierno. En impresin.


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Las polticas de participacin, por otra parte, aparecen vinculadas a mejorar laeficiencia del sector pblico, a travs de cambios en los servicios pblicostendientes a mejorar la calidad de la atencin a usuarios y a convocar por mediode instancias consultivas en su calidad de ciudadanos, para opinar sobre losservicios y a plantear de manera participativa las necesidades de la poblacin.

Observamos una diversidad de posiciones en distintos actores gubernamentales,lo que permite afirmar que no existe una propuesta gubernamental articulada ycoherente con una visin comn sobre la participacin social.

La participacin social entonces est pensada slo como parte de las estrategiasdirigidas a los ms pobres y excludos, bajo un supuesto de un estado rector ycoordinador de la accin social de los grupos no integrados que deja en un merodiscurso las intenciones de promover la participacin social frente a otros actoressociales. Esto se puede evidenciar en las tensiones que se producen con lostrabajadores de diversos sectores de la economa que han intentado negociar conel Gobierno, con los estudiantes, jubilados y mapuches que en los ltimos aos sehan posicionado polticamente frente al Estado.

3.3 Polticas sociales y fomento de la participacin social

Los enfoques de las polticas sociales en el gobierno concertacionista, privilegianla inversin social por sobre el asistencialismo, buscando suministrar a los"sectores vulnerables"32 y a los pobres herramientas para que con su propioesfuerzo superen su situacin, habilitando, generando capacidades y abriendooportunidades para que tengan voz y participen en la solucin de los problemasque los afectan. Por lo cual, se privilegia el trabajo con grupos y organizacionessociales en el nivel del territorio comunal. Se plantea as la ayuda individual como

una excepcin (Raczinsky, 1998).

Los objetivos del proceso descentralizador han sido los de profundizar y ampliar ladescentralizacin iniciada durante la dictadura, generando nuevos mecanismos degestin que permitan hacerla ms eficaz y eficiente, fortalecer capacidadestcnicas en los niveles regionales y municipales33 y promover la participacinsocial y comunitaria. En esta medida se incorporan reformas legales para losgobiernos regionales y los municipales.34

Si bien se plantea una colaboracin estrecha con los organismos pblicos delsector privado (ONG's)35 y con organizaciones sociales, este es un objetivo que se

32se denominan sectores vulnerables en los inicios de los noventa a: las mujeres, nios, jvenes,

pobres, discapacitados, indgenas.33

Se realizan acuerdos entre el Gobierno y la ANEF en 1995 para modernizar los sistemas decapacitacin en el Sector pblico.34

Se promulga la Ley N19.175, ao 1993, Ley orgnica constitucional sobre gobierno yadministracin regional. y la Ley 18.695, ao 1999, Ley orgnica constitucional de municipalidades.35

Las ONGs an no cuentan con una legislacin adecuada a sus objetivos. Las que seconstituyeron en epoca de dictadura como sociedades de profesionales o en los noventa enCorporaciones sin fines de lucro, de acuerdo a normas generales. Por otra parte el Estado


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operacionaliza -en el gobierno de Frei- a travs de la creacin del ConsejoNacional de Superacin de la Pobreza, "entidad no estatal destinada a colaborarcoordinadamente con el Estado y desde la sociedad civil en la empresa de pas degenerar condiciones de vida ms humanas para todos sus habitantes."36Estainstancia integrado por 20 personalidades provenientes del mbito empresarial,

trabajadores, iglesias, ONGs, organizaciones sociales y mundo cultura donde seles invita a colaborar en la superacin de la pobreza, apoyando y transfiriendoideas e iniciativas al Gobierno y sensibilizando y movilizando a la sociedad civil entorno al problema.El intento de responder a la diversidad de situaciones de pobreza con programasflexibles, descentralizados y participativos que tienen como principal mecanismolos fondos concursables, los que son ejecutados por organizaciones sociales,municipios, ONG's, sector privado y otros, muestran que en el nivel de ejecucinde los programas se ha considerado a las instituciones de la sociedad civil comoparte de un estilo de gestin, que la considera como instrumental a ladescentralizacin del aparato estatal. Por otra parte, esto se enfatiza cuando sereconoce a la sociedad civil como contraparte en convenios, concursos pblicos,licitaciones, consultoras en que de manera competitiva y mercantil concurren aestos fondos. En el balance de seis aos de gestin de Mideplan se plantea "estoobedece a un Estado no paternalista e integrador, capaz de recoger, priorizar yarticular las demandas sociales. Asimismo, junto a los enfsis asistenciales quealgunos de los programas han debido conservar, el eje central de las polticas hagirado en torno al objetivo de crear herramientas que les permitan a los diferentessujetos el crecimiento personal y grupal y con ello su integracin al desarrollo desus respectivas comunidades"37

Las nuevas reparticiones pblicas que se crean en este perodo con el objetivo dedisear programas dirigidos hacia sectores sociales especficos y que se definencomo complementarios a la tarea sectorial del Estado son entre otros, ServicioNacional de la Mujer (SERNAM), el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) y laCorporacin de Desarrollo Indgena (CONADI), el Fondo Nacional de laDiscapacidad y la Comisin Nacional para el adulto mayor, y el fondo deSolidaridad e Inversin Social (FOSIS). Por otra parte y paralelamente losministerios han diseado a travs de sus servicios pblicos nuevos programas conlos grupos vulnerables, como es el Programa de Capacitacin Laboral de Jvenes,Chile Barrio, Programa de Mujeres Temporeras, Jefas de Hogar y otros. Segn

establece una relacin con ellas en tanto proveedoras de servicios, escondiendo la ausencia depolticas generales destinadas a fortalecer la sociedad civil y un rechazo a iniciativas de controlciudadano o de crtica a las polticas gubernamentales.Es importante rescatar que en 1994 la Oficina Enlace ONG-Gobierno elabora un catastro en queregistra 450 ONGs en el pas y en su segundo catastro de 1995, seala que "100 a 150 se hanvisto forzadas a desaparecer o entrar en receso por falta de aportes financieros.(Catastro ONG,Mideplan, 1995)36

MIDEPLAN. Balance de seis aos de las polticas sociales 1990-1996. Ministerio dePlanificacin y Cooperacin. Santiago, 199637

MIDEPLAN, op.cit.


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Raczinsky y Serrano, de la totalidad de los programas creados al ao 1996, " slodos quintos incorporan la participacin social.38

En el campo de las reformas municipales es donde se augura la mayor posibilidadde ingerencia de las organizaciones sociales, en un dilogo ms paritario con el

Estado a nivel local. Debido a que entre las modificaciones a la Ley OrgnicaConstitucional de Municipalidades, se destacan:- las funciones de la Unidad encargada del desarrollo comunitario(Art,19), que

deber "Prestar asesora tcnica a las organizaciones comunitarias, fomentar sudesarrollo y legalizacin, y promover su efectiva participacin en el municipio".

- el cambio de atribuciones de los Consejos Econmicos Sociales,(Art.80) quepasan de ser organismos de consulta a organismos asesores.

- La obligatoriedad de los municipios de crear "ordenanzas de participacin social"que estimulen diversas modalidades de participacin de la ciudadana local,teniendo en consideracin las caractersticas territoriales, la localizacin de losasentamientos humanos, las actividades relevantes del quehacer comunal, laconformacin etrea, y otros elementos que requieran expresin orepresentacin especfica dentro de la comuna para efectos de su incorporacinen la discusin y definicin de las orientaciones que deben regir la administracincomunal".

- la incorporacin de plebiscitos comunales y las consultas no vinculantes, en elcual desde el artculo 85 al 91 se refiere a las posibilidades de los municipios derealizar eventos de decisin y de consulta a la ciudadana sobre temas relevantespara la comunidad. Es notable aqu que el llamado a plebiscito pueda sersolicitado por un 10% de la ciudadana inscrita en los registros electorales de lacomuna.

Son diversos los programas sociales que se implementan a nivel local que serealizan convocando la participacin social, entre ellos podemos nombrar:

3.4 Los avances y/o retrocesos de la participacin social desde la ofertaestatal.

La mayora de los programas sociales visualizan el nivel local como un receptculode estos programas, son muy escasos los que logran generar un mayor activismosocial y si bien se han abierto canales de participacin ciudadana, estos se acotana mecanismos excesivamente instrumentalizadores y predefinidos desde losprogramas a nivel central.

Las evaluaciones existentes muestran que los mecanismos creados no generanespacios de autonoma y empoderamiento, no distribuyen poderes, no inciden enel acceso a la toma de decisiones y no generan capacidades propias en lacomunidad.39 Pero que si aportan a una nocin de derechos ciudadanos que an

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Raczinsky,D op.cit., p.20-2139

Raczinsky, Dagmar y Serrano Claudia, Varios evaluaciones de programas sociales realizadospara la SUBDERE, DOS, SERNAM y MIDEPLAN, Asesoras para el Desarrollo, aos 1998, 1999.


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esta lejos de constituirse en capacidades para el ejercicio del control de la funcinpblica.

Raczinsky y Serrano, proponen un esquema analtico para abordar el estudio de laparticipacin social40 asociada a las modalidades o momentos en que se da la

participacin social en distintos programas sociales como al impacto en losusuarios de los mismos.En este sentido reconocen una participacin orientada a cuatro objetivosdiferentes:- participacin como habilitacin social o empoderamiento, referida a la

participacin en la toma de decisiones y control social de los compromisospblicos asociado al involucramiento de los ciudadanos en asuntos de interspublico que implica ejercicio de derechos ciudadanos de ser informado, deopinar o reclamar, de apelar o impugnar decisiones de la autoridad.

- Participacin gestionaria asociada a la ejecucin y gestin de los programascomo un instrumento que contribuye a elevar la calidad de la accin social delGobierno. Y que considera a los beneficiarios como gestionadores concapacidad de dar respuesta a problemas locales.

- Participacin instrumental que tiene por propsito el acceso y uso de losprogramas sociales, y que utiliza la oferta tal cual viene predefinida desde loscanales institucionales.

- Participacin consultiva aquella referida a la que convoca a incorporarse a lasreglas del juego preexistente respetando la identidad local, y abriendo espaciosde conversacin y consulta sobre temas a los que convoca la autoridad.encomo usuario activo de beneficios

Estos dos ltimos tipos son un primer paso para la generacin de procesos departicipacin caracterizandose por el hecho que "utilizan la oferta", a diferencia delos dos primeros que seran aquellos que permiten participar en la toma dedecisiones.

Al analizar los momentos especficos que tiene lugar la participacin socialdiversos estudios muestran que los y las ciudadanos/as intervienenindistintamente en el diagnstico, en el diseo, en la ejecucin o gestin delproyecto y en la evaluacin del trabajo realizado. Desde una visin ideal seesperara que participe en todo el proceso, pero se reconoce que los programasparticipativos son de gran diversidad en su instalacin a lo largo del pas; que esuna forma de cumplir con los objetivos del programa y por tanto la participacin esfuncional al programa y no a las personas. Por otra parte, los procesosparticipativos no siempre son acordes con los tiempos que requieren lasorganizaciones, y stas son superadas por los tiempos que requiere laplanificacin del proyecto y que an esta pendiente el diseo de instancias departicipacin para la reformulacin de los programas sociales.

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Es interesante rescatar que este esquema se realizar en el marco de estudios solicitados porinstancias gubernamentales y que generan propuestas de modificacin de acciones para el ao2000-2004 en algunos programas.


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Creemos necesario relevar que existe una gran cantidad de iniciativas de las/losfuncionarias/os a nivel de sus programas, que se sustentan en voluntades polticaspersonales de cambio. Los equipos que las implementan conquistan y aprovechansus posibilidades de ejercer poder y obtener recursos para instalar nuevas

prcticas, que constituyen una ruptura de las prcticas tradicionales y que buscaninternalizar en la cultura municipal un quiebre con lo tradicional-asistencial y quebuscan democratizar las relaciones entre los gobiernos locales y la ciudadana.En este sentido es necesario rescatar la realidad heterognea que viven losmunicipios y los avances en la instalacin, institucionalizacin y generacin depropuestas democratizadoras, reconociendo en este mbito mucho camino querecorrer. Uno de los mejores ejemplos en este sentido son aquellos programasque tienen por objetivo potenciar el empoderamiento de las mujeres, potenciar lacapacidad de incidir en la toma de decisiones y legitimar las diversas acciones enque participan las mujeres. En este mbitos del quehacer comunal y cuando seinicia la instalacin de enfoque de gnero, se rompe con una participacin de tipoinstrumental y permite que los y las protagonistas incidan realmente en suscondiciones de vida.

4.- Las otras formas de participacin

4.1.Las tradiciones organizativas de los sectores populares.

Cuando se observa en el largo plazo -en el tiempo largo de la historia- a lasociedad popular chilena, no es difcil concluir que la organizacin popular, la

mayor parte de la veces, ha sido anterior a la accin del Estado. Tal fue el caso delas primeras organizaciones de obreros y artesanos en la segunda mitad del sigloXIX y del sindicalismo en las primeras dcadas de siglo XX, todas anteriores a lalegislacin laboral que recin se promulg en 1924 y 1931. Algo semejante ocurricon las organizaciones poblacionales, Comits de Adelanto, ComitsRelacionadores de Poblaciones y Comits de Sin Casa o Allegados, todosanteriores a la Ley de Junta de Vecinos de 196841.

Esta visin, es ciertamente opuesta a la que sostiene que ha sido el Estadoel principal organizador de la sociedad,42 ya que llama la atencin sobre los grados

41

Garcs Mario, "Desarrollo Histrico de la Organizacin Popular" En: Redes, 1990, Valparaso,pp. 25-32. Para una visn panormica de las tradiciones organizativas populares en la segundamitad del siglo XX, ver Garcs, Mario "La lucha por la casa propia y una nueva posicin en laciudad. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Tesis para optar al ttulo de doctoren historia. Pontificia Universidad Catlica de Chile, Stgo, 1999. pp. 477 y ss.42

Gongora, Mario. Ensayo histrico sobre la nocin del Estado en Chile en los siglos XIX y XX.Edit. Universitaria, Stgo., 1986.


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de autonoma relativa del movimiento popular chileno con relacin al Estado,43 loque no quiere decir que el Estado no haya influido o no este influyendo sobre losmodos en que se organizan los grupos de base.

En los tiempos ms actuales, en especial bajo el perodo de la dictadura

militar (1973-1989), los sectores populares, especialmente poblacionalesmostraron una enorme capacidad de reconstitucin de sus redesorganizacionales, a pesar de la accin represiva del rgimen. Surgieron en estaetapa nuevas formas de asociacin entre las bases, especialmente entre jvenesde ambos sexos y muy especialmente entre las mujeres. Este "tejido social"rearticulado y con diversos apoyos institucionales de la Iglesia, las ONGs y lospartidos de oposicin al rgimen militar, fue una base fundamental en la expresinpblica del malestar, que se expres en las "protestas nacionales" de los aos1983-1986.

Estas iniciativas populares, como indicamos ms arriba, si bien abrieron elcamino para la recuperacin de la democracia, no lograron proyectarse en elproceso de la transicin, cuando el protagonismo de los partidos releg a unsegundo plano a las organizaciones sociales populares. Se trat de una"operacin poltica" sistemticamente elaborada en funcin de hacer entrar envereda, o ms precisamente en los "cauces de la poltica ciudadana" a losmovimientos sociales populares, habida cuenta que la transicin se dirimira en elcontexto institucional - el del plebiscito- y no el de la movilizacin social. Ello nodescartaba y an era necesario mantener importantes iniciativas de movilizacinsocial, pero como declaraban ya en 1987 algunos dirigentes del centro poltico,ella deba realizarse en "lgica poltico-electoral"44.

4.2.Crisis de los movimientos sociales

43

Para una visin de conjunto del problema de las relaciones entre el Estado y la sociedad desdela Independencia a los tiempos actuales, se puede consultar el reciente trabajo de Gabriel Salazary Julio Pinto, ms arriba citado, en especial el volumen I.44

En 1987 describamos la situacin en los siguientes trminos: "El centro poltico inicia un camino-que se profundiza durante el prsente ao- de ejercer una oposicin intra-sistema, o mejor dicho alinterior de la institucionalidad del rgimen. Sobre la base de esta estrategia... minimiza lamovilizacin social tipo protesta con el objetivo de re-convertirla en movilizacin electoral, se apoya

(y apuesta) a la presin norteamricana, rechaza todo pacto o acuerdo con el PC (avalando ciertosgrados de exclusin) y se embarca en la "campaa por elecciones libres", cuyo primer pasoconsisti en llamar a inscribirse en los Registros electorales". En estos mismo das, G.Martinez,secretario general de la DC, sealaba que: "Para ayudar a la inscripcin hablamos de unamovilizacin poltico-electoral que implica, por una parte, prontamente, muy rpidamente, definiruna alternativa de gobierno ... Enseguida un candidato que recorra el pas, haga campaa,concentraciones en comunas y ciudadades". Garcs, Mario "La coyuntura poltica nacional y elmovimiento popular", agosto de1987. En: "La parricipacin poltica de los cristianos. III Encuentrode Laicos. Punta de Tralca, 21-23 de agosto de 1987. Edic. Preparada por el Comit de Iniciativade Laicos, Stgo., 1987.


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la descentralizacin, ha venido convirtiendo los movimientos poblacionales en"grupos vulnerables", eventualmente beneficiarios de polticas pblicas. En esemismo acto el Estado junto con reconfigurarlos, los despolitiza, los persuade de lanecesidad del orden y de criterios tcnicos para resolver los problemas sociales.

El informe del PNUD,1998, recoge este sentimiento: el malestar expresadopor los ciudadanos obligara a reflexionar el sentido que tienen el ordendemocrtico y la poltica en el nuevo contexto. Por una parte, la poltica se insertaen el proceso de modernizacin y opera como un sistema poltico auto referido ycon una lgica funcional especfica, por la otra invoca difusamente la constitucinde sujetos individuales y colectivos en una comunidad de ciudadanos. As, entrepoltica institucional y polticos ciudadanos la brecha (inevitable) parecieraaumentar48 .

Las cifras de participacin son ilustrativas al respecto. La participacinciudadana es una necesidad para profundizar el proceso democrtico. Sinembargo, en Chile, sta disminuye. En las elecciones de diciembre de 1997, seevidenci una tendencia a la abstencin de la poblacin en el ejercicio del derechoa voto. Si en 1988 el 92% de los chilenos en edad de votar estaban inscritos en los

Registros Electorales, en 1997 esa cantidad baj a un 85.6%. El descontento y lano participacin se explica porque 1.400.000 chilenos, principalmente jvenes, noestn inscritos en los Registros Electorales, por la abstencin reflejada en el noconcurrir a votar, un 13,7% a nivel nacional, y por el voto nulo o blanco, un 17.8%de votos que marcan rechazo y/o desinters. Las cadas en el nivel departicipacin afectan a todos los partidos, pero ms que nada golpean a laConcertacin49 .

La ausencia, por otra parte, de una "poltica proyectiva" del movimientopoblacional con relacin a los gobiernos locales les impidi influir en el momentoen que la clase poltica decide modificar la ley de municipios, para que los alcaldespudieran ser elegidos democrticamente. De este modo, se democratiz elmunicipio por arriba (se poda ahora elegir alcaldes y consejales), pero no se lesconfiri poder a los Consejos Econmico Sociales (los CESCO) en los que sitienen representacin las organizaciones sociales y comunitarias. O sea,soberana poltica s (para los partidos que actuan a nivel local) y soberana social,n (para las organizaciones que actuan a nivel local y que no logran proyectan suaccin a nivel comunal).

La crisis de los movimientos sociales populares, admite por cierto ms lecturas,pero indudablemente es tambin el producto de una crisis de horizonte de "lapoltica popular", capaz de proyectar y unificar las demandas de cambio social delos movimientos sociales populares.

48

PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 1998.49

Patricio Navia, Tendencias de Participacin, Chile 97, FLACSO Chile, 1998


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4.3.Nuevas formas de participacin juvenil ?

El fenmeno juvenil permanentemente interroga a las sociedades, entreotras razones, porque la experiencia juvenil (ser joven) es tambin una experienciade constitucin de alguna identidad individual y colectiva. Como hemos sostenido

en otras ocasiones, en el caso de los jvenes chilenos y latinoamericanos, lapregunta por la identidad puede ser ms acuciante, cuando adems de ser joven,se es pobre50. La pregunta entonces por la identidad es ms radical porque noesta implicada en ella slo una opcin frente a la generacin anterior (la de suspadres), sino que tambin realizar opciones para asegurar la propia sobrevidaque no esta asegurada por padres de escasos recursos o dbiles formas deinsercin en el mercado laboral.

Los procesos de configuracin de identidad juvenil en Chile han sido tandiversos como en cualquier otro pas latinoamericano, sin embargo vale la penaconsignar algunas de nuestras peculiaridades. As, por ejemplo, en el contexto del

"Estado de compromiso" y de los movimientos en favor del cambio social - sobretodo en los aos sesenta- un conjunto de instituciones, organizaciones y discursosconstituan importantes "soportes" para la configuracin de identidades juvenil.Nos referimos por ejemplo, a la Iglesia Catlica, de fuerte presencia en el mbitopopular y con poderosos discursos en favor del cambio por varias dcadas; o alsistema de partidos, con una gran capacidad, an en dictadura, para nuclear yorganizar "sentidos de vida" para muchos jvenes; tambin el sistema educativonacional, que en proceso de expansin y democratizacin en los sesenta, abraposibilidades para miles de jvenes de acceder por primera a la vez a laUniversidad y modificar sus modos de pertenencia e identidad social (el discursopopular y de clase media por dcadas insisti frente a sus hijos en los estudios,

como el nico camino de superacin social). Finalmente, tambin la accin depropios movimientos sociales urbanos, en los sesenta (de los sin casa), y de losms diversificados movimientos sociales de los ochenta (de mujeres, de DerechosHumanos, de economa y solidaridad popular, de grupos musicales y de fomentode la cultura popular, de comunidades cristianas, de educacin popular, deecologistas, etc.) constituan nuevos soportes para la configuracin de proyectosvitales de jvenes y ms ampliamente de identidad juvenil.

El debilitamiento de este conjunto de soportes identitarios coloc a lasnuevas generaciones de jvenes en los noventa ante una difcil situacin, en elsentido que los eventuales nuevos "soportes identitarios" provenan de un Estado

en proceso de democratizacin, que dbilmente los integrara y que ms quecolaborar en "constituir sentidos", los tendera a constituir en "objetos de polticassociales", confiadas a diversos "organismos ejecutores" de la sociedad civil. Estosltimos, se tensaran, por su parte, entre su vocacin empresarial, de servicios, ytambin de acompaamiento a jvenes que en trminos generales desconfan delsistema poltico y de la eficacia de las medidas que se toman en su favor (en

50

VIII Taller de Anlisis de Movimientos Sociales y Coyuntura: Jvenes Ni ah o en otra?. En Caly Canto, 8, 1991, pp. 13-25 .


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muchos casos tambin desconfan los organismos ejecutores que no logransortear con xito sus propios objetivos, por ejemplo capacitar jvenes para elempleo en medio de un mercado laboral crecientemente informalizado).

Ms ampliamente, las formas que tom la transicin, que evidenci pronto

un distanciamiento de la poltica con la gente, o una ruptura entre lo social y lopoltico, llev a los jvenes a manifestar un extendido rechazo por la poltica. Sepopulariz entonces el "no estoy ni ah" juvenil, la no inscripcin en los registroselectorales, el crecimiento y mayor visibilidad de los denominadas "barras bravas",el "carrete urbano-nocturno" de fines de semana, y diversas prcticas y discursosde lo que provisoriamente quisieramos llamar, la emergencia de una nueva"cultura juvenil".

Algunos analistas del fenmeno juvenil avalan esta perspectiva al indicarque ms all de "nihismo" y la heterogeneidad del mundo juvenil, como todo gruposocial, los jvenes "tienen el deseo de hacer grandes cosas, de involucrarse engrandes cosas: podramos decir que hay una bsqueda muy fuerte por darlesentido a la propia existencia"51. Lo que ocurre, habra que agregar, que estabsqueda se realiza bajo nuevas condiciones econmicas, sociales y culturalesque han debilitado viejos o tradicionales soportes identitarios.52 Con todo, resultatambin visible que los jvenes estn recreando conflictivamente sus modos depertenencia social y dando cuenta de significativos cambios culturales, unospropios, otros prestados, pero prontamente incorporados a un horizonte sinotrasgresor al menos de rechazo manifiesto a la institucionalidad. Asi lo retrataMario Sandoval, desde sus observaciones en el campo juvenil poblacional esterechazo:

"Es el rechazo y distancia con la institucionalidad, con el sistema, con lapolica, con los adultos, con la formalidad, con el control social, con el ordenestablecido y su simbologa siempre presente. Los conos del ordenrepresentan una provocacin permanente... Este rechazo no se concreta nimaterializa en un papel de actor social constitutivo de movimiento, ni en unpapel militante transformador; se expresa en mil fragmentos y accionesdiferentes: en el consumo de drogas, en el carrete, en los ritosmultifacticos que cobran vida cuando cae la noche, en la poesa y en losmurales callejeros, en el lenguaje hermtico, en las pandillas, en elconsumo de alcohol, en el sexo, etc."53

51 Equipo CIDPA, "Dilogo abierto. Los claro y oscuros de la poltica social de juventud". En UltimaDcada, 7, 1999, p. 14652

En una investigacin reciente, Mario Sandoval, realiz un anlisis comparativo de conductasentre jvenes y personas mayores en el mbito poblacional, reconociendo entre los adultos en losocioeconmico, tendencias a la sobrevivencia y al consumo entre los jvenes. Por otra parte, enlo sociocultural reconoci tendencias hacia el retraimiento entre los adultos y hacia la expresividadentre los jvenes. La expresividad se poda manifestar como conducta hedonista, en el consumode bebidas alcohlicas, droga y sexo as como en produccin esttica, enfasis en la emocionalidady los afectos, etc. En: Revista Chilena de Temas Sociolgicos, 4 y 5, 1999, pp. 43-92.53

Sandoval, op. cit., p. 69, el subrayado es nuestro.


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4.4. Nuevas formas asociativo populares: redes, colectivos, grupos deiniciativa

Si en el mbito juvenil tienen expresin formas radicales de rechazo a lainstitucionalidad, en el mbito popular poblacional ms amplio, la situacin adimitemuchos ms matices, no obstante lo cual es posible reconocer tambin diversasdinmicas asociativas y de participacin social que se mueven en los mrgenes delos canales institucionales de participacin.

Ciertamente se requieren investigaciones ms sistemticas para describireste campo asociativo, no obstante lo cual, de acuerdo con la experiencia de losautores en el campo del trabajo social con grupos populares, nos parecereconocer algunas tendencias y experiencias, en cierto modo emblemticas.

Entre las tendencias, nos parece reconocer al menos tres tipos de ellas,que no necesariamente se relacionan entre s, pero que tienen en comn ciertosgrados de desconfianza con el Estado o que sencillamente buscan preservar suautonoma. Entre estas dinmicas reconocemos, en primer lugar, aquellasasociaciones que se organizan en funcin de un proyecto, que normalmentetienen su origen en algn fondo estatal y cuya existencia en el tiempo es ms omenos equivalente a los tiempos de ejecucin del proyecto. Estas asociacionespueden ir desde los "Entre todos" del FOSIS hasta programas municipales ofondos para iniciativas juveniles. Un analista juvenil ha llamado, sobre todo en elmbito juvenil a estos grupos, "asociaciones fantasmas", las que ingresan en unarelacin instrumental con los programas sociales y que existen mientras existen

los recursos desde el Estado.

Una segunda tendencia asociativa es aquella que se estructura concompleta autonoma y con un discurso habitualmente de confrontacin con elEstado o la poltica en sus formas tradicionales. Se trata de grupos de iniciativa o"colectivos", algunos de los cuales habiendo tenido su origen entre estudiantesuniversitarios, hoy comienzan a adquirir algn desarrollo en el mbito poblacional.Se trata de asociaciones pequeas, no necesariamente coordinadas entre s queagrupan a ex-militantes de izquierda, desencantados con sus partidos de origen yque protagonizan acciones diversas: actos culturales poblacionales, pre-universitarios, clubes deportivos, etc.

Una tercera tendencia es aquella que ha llevado en algunas poblaciones aconstituir "redes" o coordinaciones de organizaciones sociales. Hacemos ladistincin, en el sentido que en muchos casos las redes pueden nacer de unmbito temtico especfico -la prevencin de drogas, o la accin preventiva encontra de la violencia intrafamiliar-. Pero, tambin la red puede transformarse enun tipo de asociacin ms amplio en donde lo especfico pierde centralidad y la reden trminos prcticos tiende a constituirse en una suerte de "coordinadora" de


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grupos poblacionales de base. Lo ms interesante, en este ltimo sentido, es queen estos casos, pueden participar organizaciones creadas por el Estado -gruposde salud por ejemplo- y organizaciones completamente autonmas yautogestionadas.

Algunas experiencias recientes nos pueden ayudar a ilustrar algunas deestas tendencias.Primera experiencia: El 15 de agosto del presente ao, cuatro grupos de La

Bandera (Colectivo Cultural Promaukae, Preuniversitario Popular La Bandera,Exmenes Libres Populares y Revista Aukn) invitaron a la realizacin de 5toEncuentro de Organizaciones Sociales. La convocatoria rezaba de este modo:

"Por quinta vez este ao un importante grupo de organizaciones socialesnos encontramos para continuar nuestro crecimiento; al calor de nuestrasexperiencias cotidianas construimos nuestro anlisis y reflexiones que nossitan ya no slo en el refugio de los aciertos y errores de nuestrasrealidades locales... Nos hemos reunido en varias poblaciones dondecompartimos nuestras experiencias, los murales que en conjunto pintamos,los escenarios levantados por manos y brazos comunes...

"La embrionaria maduracin que vivimos en el mundo poblacional nosindican que nuestras casas son ms que el dormitorio de trabajadores yestudiantes, es el espacio... (que) hacen ms tangibles las necesidades, seabren un sin nmero de posibilidades y formas de organizacin que noestn limitadas por las defensas legales que tejen quienes construyennuestra pobreza..." (volante de convocatoria)

No pudimos conocer el desarrollo de este evento de La Bandera, pero si atravs de uno de sus dirigentes y el fragmento de la convocatoria arriba citado,enterarnos parcialmente al menos del sentido del evento: juntarse, discutir, sumarvoluntades polticas y organizativas opuestas al cuadro institucional dominante.

Segunda experiencia: En 1994, a instancias de la Comunidad Cristiana ydel Consultorio de la Poblacin surgi la Red de Organizaciones Sociales de laLegua. Se propuso agrupar y coordinar a las diversas organizaciones de La Leguaen iniciativas de solidaridad, participacin social, prevencin y progreso para laPoblacin.54 En la Red actualmente participan unas 20 organizaciones de ununiverso reconocido de aproximadamente 28 organizaciones sociales de diversotipo. Algunas de las organizaciones de la Red tienen vnculos y apoyos del Estado,sobre todo los grupos de salud a travs del Consultorio local, otros soncompletamente autnomos del Estado y otros correspon

estado del arte de la participación ciudadana en chile_garces

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