Las agresiones físicas y legales en contra de comunicadores y periodistas van en alza y el

escaso respaldo de los medios de comunicación a la denuncia de las intimidaciones, generan

condiciones precarias para el ejercicio de la libertad de expresión.

Así mismo, la concentración en pocas manos de la propiedad de los medios de comunicación

y las prácticas monopólicas tiene serias implicaciones para el desvanecimiento de la

democracia.

La situación que las radios comunitarias están viviendo actualmente en Guatemala pone en

evidencia que el Estado no cumple con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el

derecho a la libertad de expresión.

La comunicación comunitaria, alternativa y popular sigue siendo reprimida y acosada. Hoy es

el caso de la que desde Santa Eulalia Huehuetenango transmite

información vía radio y con un portal en internet sobre los acontecimientos que afectan la

vida de las vecinas y vecinos del pueblo Q’anjob’al del municipio de Santa Eulalia.

Durante el día 19 de enero, la radio denunció la persecución de líderes comunitarios, así

como también las agresiones que el Alcalde Municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango, Diego

Marcos Pedro realizó contra vecinos. Esto provocó que el día 20 de enero por la madrugada

un grupo de personas afines al Alcalde cerraran las instalaciones de la radio, cortarán el

servicio de energía eléctrica, y de forma violenta agredieran al equipo que conforma dicho

medio. Cinco personas fueron golpeadas.

Todo esto con el respaldo del Alcalde Municipal. Este no es el primer ataque que el señor

Diego Marcos Pedro realiza contra Durante septiembre de 2014

cerró las instalaciones y suspendió el servicio de energía por la transmisión de un evento de

las autoridades comunitarias de Santa Eulalia. Y debido a la presión de las comunidades tuvo

que reinstalar el servicio de electricidad a la radio, de esto hay ya denuncias ante la fiscalía de

Delitos contra Periodistas en el Ministerio Público. Sin embargo, en muchos casos estas

denuncias no son tramitadas por ser medios comunitarios criminalizados y estigmatizados

como piratas.

Razón por la cual se hace urgente y necesario abrir y ampliar el debate sobre el ejercicio del

Derecho a la Libertad de Expresión, y que este no es únicamente un privilegio de los medios

comerciales. La Libre expresión es parte también de la Libre Determinación de los pueblos

indígenas, esto está protegido por los convenios internacionales ratificados por el Estado de

Guatemala en materia de pueblos indígenas.

Por las amenazas, agresiones en contra vertidas sobre nuestros compañeros y compañeras

periodistas, reporteros y comunicadores comunitarios:

1) Cesen las agresiones en contra de las y los comunicadores comunitarios

periodistas y reporteros. La interposición de denuncias penales, las leyes que criminalizan

el trabajo de medios ciudadanos, los cierres de radios y las agresiones físicas cometidas

contra comunicadores constituyen una política represiva en contra de libertad de

expresión.

2) La aprobación en el Congreso de la República de Guatemala de legislación

que reconozca a los medios alternativos y comunitarios.

3) El fortalecimiento de la Unidad de Delitos contra periodistas del

Ministerio Público; como parte de la exigencia social de fortalecer el sistema de

Justicia en el país.

4) Al Gobierno de Guatemala que rinda informes claros sobre los avances

del Programa de Protección a Periodistas, ofrecido por el Organismo Ejecutivo desde

noviembre del 2013.

5 A la Procuraduría de los Derechos Humanos prestar especial atención

sobre lo que ocurre en el interior del país, donde comunicadores son muchas veces

intimidados por poderosos caciques locales para no cumplir con su función

informativa.

6) Al gremio periodístico en general, a ser responsables, comprometidos

y honestos en el cumplimiento de nuestra labor de llevar información al país, ya que

en nuestras voces y letras descansa la democracia del país.

Guatemala, 23 de enero 2015.