espacio latinoamericano no. 8
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Publicación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, para promover el conocimiento y la investigación de la región latinoamericana.TRANSCRIPT
VISIONES ECONÓMICAS
Espacio para el conocimiento y la investigación de la región Latinoamericana
Espacio LatinoamericanoNúmero 8, Abril 2015
DIRECTORIO
Presidente del Tecnológico de Monterrey
Ing. Salvador Alva Gómez
Rector del Tecnológico de Monterrey
Prof. David Noel Ramírez Padilla
Rector de la Zona Centro SurIng. Alfonso Pompa Padilla
Director General Campus en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de MéxicoDr. Pedro Luis Grasa Soler
Director de Posgrado e InvestigaciónDr. Neil Hernández Gress
Director de la Escuela de Negocios de la Zona Metropolitana
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Directora de la Escuela de Negocios del Campus Estado de México
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Directora del Departamento de Economía y Negocios Internacionales
Dra. Socorro Gómez Leyja
Director Editorial Mtro. H. Omar Jiménez Sandoval
Consejo EditorialMtra. Sandra Ortíz Ramos Dr. Leovardo Mata Mata
Dr. David J. Sarquís RamírezDr. Dejan Mihailovic Nikolajevic
Dr. Edgar Esquivel Solís
InvestigaciónMtro. Héctor Magaña Rodríguez
SustentabilidadDr. Carlos Caballero Valdez
RedacciónEugenio Herrera Alvarado
Diseño editorialMtro. Alex Rivadeneira Acosta
LogotipoMateo Jarrín Silva
contenido
3El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus
repercusiones en la economía mexicana Gabriel Gallardo Guzmán y José Carlos García Magaña
econoMÍA
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Espacio Latinoamericano es una publicación de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido en trámite. Los artículos publicados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión del Tecnológico de Monterrey ni de sus autoridades. Número 8, publicado en el sitio electrónico http://issuu.com/espaciolatinoamericano, el 5 de mayo del año 2015.
11 La industria automotriz en México y sus capacidades a futuro Angel Méndez Avalos
18Regional Convergence in Mexico: What does the country need
in order to grow? Sergio Gerardo Sánchez Martínez
22 Causes of the Latin American debt crisis Diego Alcántara Contreras
43De la necesidad a la imposibilidad de incrementar
el salario mínimo en México Ignacio Guarachi Cando
27Dolarización en Ecuador ¿Factor fundamental del
crecimiento económico?Adrián Guadalupe Coello
34Banco del Sur ¿Una alternativa al FMI?
Rodrigo Careaga, Jorge Heredia, Eugenio Herrera y Sandra Wong
37La invalidez de la teoría maltusiana en México y la falta de
libertad positiva en el acceso a los alimentos. Carlos Romero Rodríguez y Onnuri Vázquez Hwang
45Unsustainability of modern lifestyles: Consequences in
health, environmental and GHG footprint Victoria Freyssinier y Thomas Tschanz
sustentAbilidAd
sociedAd
Introducción
En este trabajo analizaremos el impacto que tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la economía de México firmado por el Presidente Carlos Salinas de Gortari como resultado de la aplicación del modelo de Estado Post-social en México. Para esto nos basaremos en indicadores eco-nómicos de productividad, distribución de la riqueza e ingresos per cápita así como en los conceptos de Estado Liberal-Democrático y Estado Post-social.
Para realizar dicho análisis, comenzaremos con una breve descripción de la crisis del modelo de esta-do desarrollista mexicano (modelo que tomaremos como estructura inicial) que se implementó en nues-tro país entre 1970 y 1982, también conocida como la “docena trágica” correspondiente a los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Poste-riormente abordaremos los propósitos que plantea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como parte de este nuevo modelo político y socioe-conómico de Estado Post-social establecido durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. En esta parte también tocaremos brevemen-te la transición entre estos dos modelos (analizando la transición como el proceso político hacia el nuevo modelo), enfocándonos en el TLCAN, ya que conside-ramos que se trató del suceso que marcó claramente dicha transición hacia el modelo neoliberal que se ha instrumentado desde entonces y hasta nuestros días en nuestro país.En la tercera parte analizaremos los resultados econó-micos del TLCAN hacia el presente así como su impac-to político y social. Para este análisis nos basaremos en indicadores económicos cuantitativos que nos muestren cómo se afectó la economía mexicana tras la firma de este tratado.
econoMÍA 3
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus repercusiones en la economía mexicana
Finalmente, ya habiendo analizado los indicadores económicos anteriores y posteriores a la firma del TLCAN, emplearemos dicha información para saber si éste tratado cumplió con sus objetivos planteados y, como aspecto más importante, si realmente generó mayor bienestar social en México. Para esto tomare-mos como resultado las diferencias entre dichos in-dicadores económicos y el impacto social que estos implican.
Antecedentes
Durante la segunda mitad del siglo XX se suscitaron varios cambios en la estructura político-económica de los países capitalistas. Esto llevó a gran parte de los países (en diferentes años pero dentro del mismo pe-riodo) a cambiar sus modelos políticos de un Estado Liberal-Democrático a un Estado Post-Social y México no fue la excepción. Antes de abordar este cambio, empezaremos por describir Estado Post-Social y Esta-do Liberal-Democrático y mencionar sus principales características:
Estado Liberal-Democrático:
Modelo que comparte las libertades civiles hereda-das del modelo liberal pero acepta la intervención popular en la conducción de los asuntos colectivos. Sus principales características que lo diferencian del Estado-Liberal es que en el Estado Liberal-Demo-crático el Estado asume ahora responsabilidades económicas de importancia como regular las crisis económicas recurrentes del capitalismo, controlar los sectores estratégicos (comunicaciones, trans-porte, energía, etc.), regular las condiciones labora-les, etc. (Vallès, 2006)
Gabriel Aarón Gallardo Guzmán, José Carlos García Magaña*
* Alumnos de la carrera de Economía y Finanzas (LEF) del Tecno-lógico de Monterrey, Campus Estado de México.
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Estado Post-Social:
Modelo político-económico que surgió en los años ochenta que planteaba la reducción de manera decisiva la intervención estatal en la economía y la privatización de empresas paraestatales. Además el Estado se limita a garantizar la competencia efi-ciente de los actores económicos, abandonando el monopolio de los servicios y prestaciones públicas, y permitiendo la participación de otros actores me-diante asociaciones público-privadas. (Vallès, 2006)
La crisis y agotamiento del modelo de Estado Libe-ral-Democrático en México comenzó a finales del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz bajo el nombre de “desarrollo estabilizador”. El presupuesto guberna-mental no rendía y la desigualdad socioeconómica se volvía cada vez más marcada llegando a “extremos tales que el 51% de los ingresos lo tenía sólo el 10% de la población, y el 15% de los ingresos lo tenía un 50% de los mexicanos” (Baeza, 2001). La crisis del “de-sarrollo estabilizador” con Gustavo Díaz Ordaz llegó a sus peor crisis de legitimidad en el año 1968 durante las protestas estudiantiles.
Al llegar al poder Luis Echeverría Álvarez cambió el nombre del modelo por el de “desarrollo compartido”, pero continuaba siendo un modelo basado mayorita-riamente en el modelo de “Estado Liberal Democrático”. Este modelo planteaba corregir los defectos del de-sarrollo estabilizador que, según Echeverría, no había sido capaz de lograr la justicia social y que había crea-do una profunda concentración de la riqueza en los estratos sociales privilegiados.
En su modelo, Echeverría prometía que a lo largo de su sexenio esa situación cambiaría, pues se proponía impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo, lograr la descentralización industrial, apoyar las re-giones con mayor atraso y promover una más justa distribución de la riqueza. (Baena, 2001)
Sin embargo una de sus propuestas fue reforzar el sistema tributario y aumentar los impuestos a los em-presarios para combatir la evasión fiscal y recibir ma-yores ingresos por parte de este sector. Esto originó bastante descontento en este sector por lo cual tras diversas pugnas, Echeverría se tuvo que retractar.
Finalmente, las medidas de Luis Echeverría no logra-ron controlar las presiones inflacionarias y los des-equilibrios financieros, “causando que la economía creciera sólo 3.4% frente al 8% y 10% de los sesentas”. (Baeza, 2001).
Al terminar el gobierno de Echeverría lo sucede José López Portillo en la presidencia. Echeverría, había lo-grado dejar una estabilidad política y una legitimidad que había sido perdida tras los movimientos estu-diantiles de 1968. Sin embargo, seguían prevalecien-do muchos problemas.
Entre dichos problemas destacaban las fuertes deva-luaciones del peso, al igual que una creciente infla-ción, un endeudamiento con empresas extranjeras y presiones sociales que, al sentir las desigualdades sociales, buscaban tener un mejor nivel de ingresos. Ante esto, López Portillo decide que se deben tomar nuevas alternativas económicas con el fin de poder brindarles mayores beneficios a la población y al país. Al poco tiempo de iniciar el gobierno de López Porti-llo se presentan dos situaciones; una en México y otra a nivel mundial. En México se descubren fuentes pe-trolíferas en Chiapas y Tabasco, al mismo tiempo que se registra un aumento considerable en el precio del petróleo. “(…) el barril pasó de 4 dólares, a principios de 1970, a 38 dólares en 1979”. (Baena, 2001).
Entrega de la banda presidencial del Presidente Luis Echeverría Alvarez a José López Portillo.
Elaboración propia con datos de Guillermina Baena Paz, 2001: 110)
Ante tales circunstancias, López Portillo decide apro-vechar el momentum y apostarle a la extracción y exportación del hidrocarburo. Para lo cual, invierte cuantiosos recursos que obtiene de la banca interna-cional en el desarrollo de la infraestructura petrolera. Así consigue darle un impulso económico sin prece-dentes al país, aunque esto será por un corto tiempo, ya que así como se elevaron los precios del petróleo, estos cayeron inesperadamente.
Transición
Como resultado de lo anterior la deuda externa au-mentó de 4,262 mdd en 1970 a 84,800 mdd para 1982 al finalizar el gobierno de López Portillo (Bae-na, 2001). En 1982 López Portillo terminó su gestión y toma el cargo Miguel de la Madrid. Al haberse agota-do el modelo desarrollista, que incluyó a los períodos del desarrollo estabilizador (1954–1970) y del desa-rrollo compartido (1970–1976), así como el proyecto lópezportillista, se plantea la necesidad de un nuevo modelo político-económico que lograra atender las nuevas necesidades del estado y la economía mexi-canas. De aquí parte la transición de un Estado Desa-rrollista a un Estado Post-social basado en el modelo neoliberal.
Debido a los graves desequilibrios suscitados durante el sexenio de José López Portillo, surgieron distintas propuestas para corregirlos. Las que se consideraron más seriamente fueron las conocidas como “neolibe-rales”, promovidas por el fundador de la Escuela de Chicago, Milton Friedman. El Fondo Monetario Inter-nacional, por su parte, jugó un papel fundamental en la propagación e implementación de estas propues-tas en todo el mundo, presionando incluso a los paí-ses en vías de desarrollo para que adoptasen estas medidas económicas.
Arturo Ortiz (1995) resume dichas propuestas en 6 medidas concretas:
1. Reducción del gasto público.
2. Liquidación de los subsidios gubernamentales.
3. Despido masivo de burócratas y privatización de paraestatales.
4. Eliminación de controles a los empresarios por parte del Estado.
5. Eliminación de los controles de precio y que no se limiten las ganancias de los empresarios.
6. Apertura total e indiscriminada a la inversión ex-tranjera y a las mercancías provenientes del exterior.
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Deuda Externa (millones de dólares)
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Fue con la firma de la Carta de Intención que México le firmó al Fondo Monetario Internacional (FMI), en noviembre de 1982, que nuestro país entró de lleno en la etapa neoliberal. En dicha Carta, México solicita apoyo económico al FMI para pagar sus exorbitantes deudas y a cambio el gobierno de nuestro país se compromete a adoptar las medidas neoliberales para reordenar su economía.
Las medidas que se tomaron fueron las siguientes: la implementación del Programa Inmediato de Reorde-nación Económica (PIRE), cuyo aspecto más destaca-ble fue la creación del Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA) para proteger a em-presas privadas contra riesgos cambiarios; la elimina-ción del Control de Cambios, que fue la causante en gran medida del derrumbe del peso a finales de este sexenio; y el más importante de todos, tanto para el país como para los objetivos de este trabajo, la incor-poración de México al Acuerdo General sobre Aran-celes Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) por significar la formalización e institucionali-zación de la apertura comercial de México y el ante-cedente inmediato del TLCAN.
Estas medidas de liberalización, orientadas supuesta-mente a la solución de los problemas económicos de los países en vías de desarrollados, no lograron me-
jorar la situación de México y, en cambio, redujeron el crecimiento del Producto Interno Bruto a 3.9% en promedio durante todo el sexenio (CEPAL, 1988) y redujo significativamente el poder adquisitivo de los mexicanos.
Propósitos y metas del TLCAN:
Aún a pesar de los magros resultados mostrados por la economía del país, se continuó implementando, y aún fortaleciendo, este modelo. En buena medida por la presión del sector financiero nacional e interna-cional que se estaba beneficiando. Fue así que con la entrada de Carlos Salinas de Gortari, se apostó por un proyecto mucho más ambicioso: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue firmado en noviembre de 1993 y que entró en vigor en enero de 1994. Su objetivo principal al ser firmado era impul-sar el comercio en América del Norte, y con ello, el crecimiento económico de los tres países. Para ello, se plantearon los siguientes propósitos, presentes en el artículo 102 de dicho tratado:
• Eliminación de las barreras arancelarias y no aran-celarias del comercio y la inversión entre Estados Unidos, Canadá y México.
• Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
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Inversión Extranjera Directa y de Cartera(millones de dólares)
IED IEC
Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2014.
• Proteger los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros.
• Establecer procedimientos eficaces para la aplica-ción y cumplimiento del Tratado y para la solución de controversias.
• Promover la cooperación trilateral, regional y mul-tilateral encaminada a ampliar y mejorar los bene-ficios del Tratado.
• Eliminar obstáculos al comercio.
• Facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios.
• Aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros.
Repercusiones
Sin duda alguna, son las transacciones en la balanza de pagos los registros que mayormente se han visto afectados. Es claro el aumento en la inversión extran-jera y en las exportaciones. De acuerdo a datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados (2014), la inversión extran-jera total recibida en el país en 1980 registró 2,089.8 millones de dólares (mdd), conformada en un 100% por inversión extranjera directa (IED). Para 1989, la inversión total ascendió a 3,668.8 mdd, dentro de la
cual el 86.5% fue IED y el 13.5% restante fue inversión extranjera de cartera (IEC), conformada por la com-pra de bonos y acciones que comenzaron a realizar los extranjeros en nuestro país. Desde entonces la IEC ha superado a la IED en nuestro país, registrando para 2013, 50,220.6 mdd y 20,736 mdd respectivamente.
Las exportaciones, por su parte, también han mos-trado un cambio estructural. En 1980, el petróleo re-presentaba el 57.9% de las exportaciones totales del país, mientras que las exportaciones de manufactu-ras ocupaban sólo el 30.7% (Banco de México, 2014), lo que explica la gran dependencia del país respec-to de este recurso energético. Sin embargo, para el 2013 las exportaciones de manufacturas ocuparon el 82% de las exportaciones totales, mientras que las exportaciones de petróleo solamente representaron un 14% (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2014). Gabriela Siller, analista de Banco Base, estima que las exportaciones manufactureras mexicanas han aumentado 223% desde 1992, creciendo a un promedio del 6% cada año.
En cuanto al desempeño económico, de 1993 a 2010 se registró una tasa de crecimiento del PIB de 2.3%, mucho menor a la registrada entre 1970 y 1981 (pe-ríodo en el que se produce la crisis del estado desa-rrollista) que fue del 6.9%. Por otra parte, los salarios
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Porcentaje de las exportaciones totales
Petroleras No Petroleras Manufacturas
Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2014 y Banco de México 2014. Nota: Las manufacturas se encuentran consideradas en las exportaciones no petroleras.
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reales no tuvieron un aumento sino todo lo contra-rio, disminuyeron. De acuerdo al Índice de salarios, sueldos y prestaciones del sector manufacturero que publica el Banco de México, de 1993 a 2010 se regis-tró una caída anual de 0.17% de los salarios. El salario mínimo, por su parte, representaba en 1981 $206.84 pesos actuales (basado en el INPC) cayendo a $72.09 para el 1995 y a $62.33 para el 2012. Esto nos muestra la reducción significativa del poder adquisitivo de las familias mexicanas que se ha reflejado negativamen-te en su bienestar social.
Además de esto, otro efecto que ha tenido el TLCAN es el de aumentar la dependencia económica de Mé-xico respecto de los Estados Unidos. Se estima que un 85% de la producción manufacturera en México se destina a los Estados Unidos (2012).
Después de analizar estos indicadores, podemos con-firmar que las medidas liberales implementadas des-de los años 80 y especialmente la firma del TLCAN, han transformado el perfil de nuestras exportaciones y la naturaleza de la inversión extranjera que recibe México de manera profunda.
Sin embargo, un aspecto todavía más importante a considerar es el cambió la distribución de la riqueza en nuestro país. Tal como mencionamos anterior-
mente, durante el período presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, el 10% más rico del país poseía el 51% del ingreso nacional, porcentaje que aumentó hasta el 69% en el año 2000 y ajustándose a un 64% en la actualidad (Reporte Global de Riqueza elaborado por Credit Suisse).
Por otra parte, se esperaba del TLCAN que se convir-tiera en un marco legal y jurídico equitativo que regu-lara nuestras operaciones comerciales. “(…) el TLCAN debe de dar seguridad y reglas claras ante el reto de llevar productos o servicios mexicanos a Estados Uni-dos y Canadá” (De la Cruz, 2011).
Sin embargo, esto no ha sido así, ya que se siguen co-metiendo abusos y violaciones sistemáticas a las nor-mas comerciales establecidas en el Tratado de parte de nuestro vecino del norte, en contra, sobre todo, de nuestras exportaciones agrícolas.
La instrumentación del El TLCAN, si bien ha signifi-cado un incremento en las exportaciones e importa-ciones de nuestro país, sólo se ha beneficiado a una minoría. Este crecimiento en el comercio no se ha vis-to reflejado en el poder adquisitivo del pueblo mexi-cano, sino al contrario ha mermado a las pequeñas y medianas empresas nacionales afectando a la gran mayoría. No es que sea una mala medida la apertu-
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Crecimiento del PIB(Porcentual anual)
Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
ra comercial, pero esta no debe ser indiscriminada ni entre países con una brecha socioeconómica tan grande y con tanta desigualdad. De esta manera, los beneficios del libre comercio no se verán reflejados en el bienestar social sino sólo en una reducida oli-garquía que controla a las empresas con capacidad de competir en la zona.
Es menester establecer ciertas políticas proteccionis-tas cuando se va a competir con un país tan desarro-llado como lo es Estados Unidos para que realmente aumente la productividad en nuestro país, la compe-titividad de nuestras exportaciones en los mercados internacionales y, finalmente, nos beneficie a toda la población. De no ser así, tarde o temprano, las empre-sas estadounidenses, y extranjeras en general, devo-rarán el mercado mexicano y acapararán los recursos nacionales desplazando inevitablemente a la inver-sión nacional.
Conclusiones
Finalmente, considerando todos estos datos y su im-pacto en la economía mexicana, podemos afirmar que el TLCAN ha logrado cumplir con algunos de sus propósitos, tales como expandir el comercio interna-cional en los tres países o facilitar la inversión a las
empresas que cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, pero no ha logrado cumplir sus objeti-vos fundamentales: Creación y mejora de empleos, impulsar un crecimiento económico significativo para el país y, sobre todo, que éste se refleje en el aumen-to del poder adquisitivo y el bienestar de las familias mexicanas. Adicionalmente, el TLCAN ha producido una desnacionalización de las fuentes productoras, tales como los bancos y las principales empresas ma-nufactureras que operan en el país. Por estas razones concluimos que tal como se ha im-plementado el TLCAN desde 1994 y hasta nuestros días, no ha sido benéfico para México y no ha cum-plido con sus objetivos ni expectativas principales. Por ello, creemos que es necesario revisarlo y replan-tearlo para que sea capaz de beneficiar realmente a la mayoría de los mexicanos.Tal como lo afirma Jesús Silva Herzog en su mensaje titulado A un joven economista mexicano: “No se debe aplicar servilmente la teoría elaborada en los grandes centros del capitalismo a países menos desarrollados (…) toda adaptación teórica debe hacerse después de un cuidadoso trabajo analítico (…) con clara visión de las necesidades primarias y las legítimas aspiracio-nes del pueblo” (Babb, 2003, 1).
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Los presidentes Carlos Salinas, de México; George H. W. Bush, de Estados Unidos, y Brian Mulroney, de Canadá, atestiguan la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte de sus ministros de comercio.
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Referencias
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Introducción
Durante los tres años siguientes, México alcanzará la capacidad de fabricar alrededor de 3,6 millones de vehículos al año; esto implica que las líneas de pro-ducción alcanzarán más de 10 mil unidades cada día. Marcas como Audi, Honda, Mazda y Nissan aumen-tarán su flujo de inversión hacia México, posicionan-do al país entre los diez países más importantes del mundo en ensamblaje de autos y uno de los más im-portantes en términos de exportación de vehículos. En este artículo se pretende mostrar la fortaleza de la industria automotriz mexicana y su capacidad de crecimiento potencial que tiene a futuro.
Sin embargo, el desarrollo en México de una industria tan sofisticada como la automotriz, tomó más de cin-co décadas, durante las cuales esta industria pasó de ser intensiva en el uso de mano de obra barata, a una industria de montaje calificado y especializado reco-nocida en todo el mundo. Asimismo, durante los últi-mos 20 años, se desarrolló también alrededor de esta industria una de las redes logísticas más complejas del planeta. Sólo el año pasado, más de 2,4 millones de vehículos fueron enviados a más de 100 países, lo que no es una tarea fácil desde cualquier punto de vista. Más de 1.6 millones de trabajadores laboran en este sector y es también el sector que atrajo la mayor cantidad de inversión extranjera directa a México.
Entre 2007 y 2013 la inversión extranjera directa ca-nalizada a la industria automotriz de México, registró un aumento de 3,555 millones de dólares. Estas inver-siones se materializarán en México en al menos cinco nuevos complejos industriales para la fabricación de vehículos. Emparejada con estas inversiones, la indus-tria de autopartes evoluciona para elevar su capaci-dad, hacer más eficientes sus procesos y mantener el
econoMÍA 11
La industria automotriz en México y sus capacidades a futuro
ritmo de crecimiento de los grandes fabricantes de la industria. En México se ha consolidado una red de su-ministro global de proveedores que venden directa-mente a las armadoras y actualmente también es una referencia mundial en la fabricación de autopartes. México ha superado sus propias expectativas y se es-pera que durante esta década la industria automotriz experimente un mayor crecimiento y mejore aún más su posicionamiento internacional.
Claramente, la industria automotriz mexicana se en-cuentra en un momento muy dinámico. En 2011, la industria automotriz de México mostró claros signos de recuperación; la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.55 millones de vehículos. A nivel mundial, México se ubicó como octavo productor de vehículos ligeros. En dos años, México escaló dos posiciones, superando la produc-ción francesa y española. Las previsiones indican que la producción alcanzará los 3,7 millones de unidades en 2015. Las empresas productoras de vehículos lige-ros cuentan con un total de 18 complejos producti-vos ubicados en 11 estados de la República, donde se realizan actividades que van desde la fundición de los motores hasta el montaje de los vehículos. En la actualidad, se producen más de 48 modelos de ca-miones ligeros y automóviles en México.
Angel Méndez Avalos*
* Alumno de la carrera de Economía y Finanzas (LEF) del Tecno-lógico de Monterrey, Campus Estado de México.
econoMÍA 12
En cuanto a la fabricación de vehículos pesados, Mé-xico también ha alcanzado un importante nivel de de-sarrollo, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda de los mercados interno y de exportación. En la actualidad, existen 11 fabrican-tes de vehículos pesados en el país y dos fabricantes de motores para este tipo de vehículos. En 2011, Mé-xico alcanzó la producción de 136.678 vehículos pe-sados, ubicándose como el sexto productor a nivel mundial detrás de China, Japón, India, Estados Uni-dos y Brasil. La producción de vehículos pesados en México se espera llegue a 196.800 unidades en 2016.
El principal mercado de exportación sigue siendo los Estados Unidos, aún cuando las exportaciones de ve-hículos hacia Latinoamérica han aumentado su parti-cipación. En 2013, 15 de cada 100 vehículos ligeros se exportaron a América Latina. Los principales destinos de las exportaciones mexicanas fueron Brasil, Argen-tina Colombia y Chile. Europa, por su parte, también es un destino importante para las exportaciones au-tomotrices mexicanas: 10 de cada 100 vehículos lige-ros exportados en 2012 fueron enviados a la Unión Europea.
En cuanto a los vehículos pesados, en 2012 México fue el principal proveedor de Estados Unidos, con una participación del 85% del valor total de las importa-ciones de este tipo de vehículos en ese mercado.
En 2013, el sector automotriz en México representó el 8% de la inversión extranjera directa total. Las in-versiones canalizadas a este sector entre 2007 y 2012 alcanzaron un total de 18,8 millones de dólares, rea-lizadas principalmente por Chrysler, Daimler, Ford, Volkswagen, General Motors, Nissan y Mazda.
El sector automotriz y de autopartes en México ha sido impulsado por la presencia productiva de los diez empresas de montaje de vehículos más impor-tantes en el mundo (ligero y pesado), tales como Ge-neral Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, de Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. La ma-yoría de las empresas de ensamblaje en México tie-nen a las empresas de autopartes ubicadas alrededor de sus fábricas de vehículos para cumplir oportuna-mente con los plazos de suministro requeridos.
La reciente evolución de la industria automotriz mexi-cana, caracterizada por la expansión de su capacidad productiva, un creciente flujo de inversiones, un au-
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
mento en sus exportaciones y una rápida recupera-ción de los efectos de la crisis del 2009, demuestran que, junto con China, India, Corea del Sur y Brasil, es una de las más dinámicas y competitivas del mundo.
A nivel mundial, la industria automotriz mexicana está en octavo lugar, con 2.88 millones de unidades producidas en 2012, y en cuarto lugar en las expor-taciones, con un total de 2.41 millones de vehículos exportados.
Para la economía nacional, la importancia de la Indus-tria automotriz es, sin duda, relevante, ya que repre-sentó en 2012, el 3.8 % del producto interno bruto (PIB) y el 21.6 % de la producción manufacturera total del país.
La industria automotriz mexicana es también una de los mayores empleadores del país, pues genera más de 551 mil empleos formales (directos e indirectos), de los cuales una parte importante son empleos cali-ficados. Asimismo, es una de las industrias que ofre-cen los mejores sueldos y oportunidades de capacita-ción y desarrollo profesional.
Por otro lado, la industria automotriz ha contribuido a mejorar la competitividad en las regiones en las que opera, gracias a los siguientes factores: 1) la for-mación de grupos de proveedores y prestadores de
servicios especializados; 2) la atracción de personal técnico y profesional altamente capacitado que, ade-más, suele propagarse a otras industrias relacionadas como la electrónica y la aeroespacial, y 3) el desarrollo y contagio de mejores prácticas operativas y adminis-trativas en las empresas locales.
La vocación manufacturera de México se ha fortale-cido, no sólo debido a los bajos costos derivados de su ubicación geográfica; a los niveles salariales y las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino también a su larga tradición industrial y calidad de mano de obra. Lo mismo se puede decir de la industria de autopartes. Esta indus-tria comprende la segunda cadena de valor más im-portante en el país, se compone de cientos de plantas de fabricación que operan con los niveles de calidad y productividad más altos del mundo y que ha sido reconocida internacionalmente.
¿Cómo se ha conseguido el crecimiento sostenido de dos dígitos en las exportaciones de automóviles du-rante los últimos diez años? En un estudio realizado a los presidentes y directores generales de algunas de las principales compañías automotrices en México (PWC, 2012) se les realizó la misma pregunta y la res-puesta fue la misma en todos los casos: “Al ofrecer a los consumidores la mejor relación calidad y precio. “
econoMÍA 13
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.
37.7 38 38.6 38.2 40.745.4
52.7 55.7 55.4
42.2
64.6
78.5
16.1 13.2 14.818.6
23.731.9
3943
50.6
30.9
41.7
56.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones automotrices vs. petroleras 2000-2011 (Miles de millones de dólares)
Industria Automotriz Petroleras
econoMÍA 14
Desde hace muchos años, la calidad de fabricación ha sido la característica sobresaliente de los vehícu-los fabricados en México. Se exportan a los mercados más exigentes del mundo, como los EE.UU., Alemania e incluso Japón, donde las plantas mexicanas se han presentado como ejemplos de calidad y compromiso con la mejora continua. Entre los factores más impor-tantes que toman en cuenta los fabricantes de auto-móviles a nivel mundial para decidir adónde realizan sus inversiones, están la ubicación geográfica, la cali-dad de la planta y la mano de obra. El hecho de que la mayoría de las empresas de fabricación de vehículos automotrices y autopartes en México estén haciendo grandes inversiones en nuestro país para la expan-sión de su capacidad de producción, asi como su mo-dernización y automatización, también es prueba de la alta calidad que éstas han alcanzado.
Adicionalmente, México ofrece una posición geográ-fica privilegiada y un acceso preferencial a otros mer-cados, gracias a una red de 10 Tratados de Libre Co-mercio que ha firmado México con más de 45 países (TLC’s). Asimismo, la industria automotriz mexicana
cuenta con una amplia base de proveedores locales y multinacionales y más de 20 centros tecnológicos y de diseño (públicos y privados), que permiten y forta-lecen su desarrollo.
Con tales capacidades y ventajas competitivas, in-mersos en un franco proceso de reestructuración a nivel mundial y el desarrollo del mercado interior, la industria automotriz mexicana tiene, sin duda, un alto potencial de crecimiento y de generación de em-pleos de alta calidad.
Después de una caída espectacular, el repunte ha sido sensacional. En el 2009, la industria automotriz mexi-cana cayó en un 28% en el número total de unidades producidas, para el cierre de 2010 la producción se había recuperado y para 2011 y 2012 mostró un creci-miento del 13.13% y 12.80% respectivamente.
Para e 2012, el número de unidades fabricadas alcan-zó un total de 2,884,869 unidades, 37.28% más que en el 2008. Pero todavía más alentador es el hecho de que la recuperación de la industria sigue un ritmo acelerado.
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.
24% 25.60% 24%26.90% 25.70%
21.30% 19.70% 20.80% 18.60% 17% 16.70% 16.60%
76% 74.40% 76%73.10% 74.30%
78.70% 80.30% 79.20% 81.40% 83% 83.30% 83.40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción por destino de mercado, 2001-2012(% del total de la producción)
Para mercado interno (%) Para exportación (%)
La recuperación de la industria automotriz mexicana ha sido tan rápida, que ahora se ha convertido en un motor fundamental de nuestra economía. Sin embar-go, algunos analistas consideran que dicho motor no se sostendrá en el mediano y largo plazos, ya que de-pende del comportamiento de la demanda de vehí-culos y componentes de los Estados Unidos. Si bien, no es el momento de empezar a celebrar, una mirada al desempeño reciente y tendencias de la industria nos permite creer que la industria automotriz experi-mentará un franco crecimiento en los próximos años. No es fortuito, que en los últimos cinco años, los tres grandes productores de autos de los Estados Unidos hayan acelerado la reubicación de sus plantas de pro-ducción a México y hecho importantes inversiones en la construcción de nuevas plantas y la ampliación de las instalaciones existentes.
La crisis, sin embargo, proporcionó una lección muy útil para los fabricantes de vehículos y autopartes y después de la evaluación de los daños, la mayoría de estas empresas han decidido diversificar sus merca-dos. Ese cambio de estrategia se refleja ahora en el
destino de las exportaciones. De 2000 a 2008, sólo el 15 % de las exportaciones se enviaron a mercados dis-tintos de los Estados Unidos; en 2009 ese porcentaje había aumentado a 28%; en 2010 alcanzó el 31.3% y, de acuerdo a la información publicada por la Asocia-ción Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 2011 y 2012 estas exportaciones alcanzaron un 36%. Según la misma fuente, las regiones que están ganan-do importancia como mercados para la exportación de vehículos mexicanos son América Latina, África, Asia y Canadá, siendo América Latina la que ocupa el segundo lugar entre los países que reciben vehículos fabricados en México.
La estrategia de diversificación de mercados es, sin duda, una estrategia importante hacia el desarro-llo de una plataforma de exportación más sólida y menos dependiente de los ciclos de la demanda de nuestro principal socio comercial, sin que ello impli-que descuidar este mercado que siempre será el más importante para México. Por otra parte, es evidente que los grandes productores de Estados Unidos, así como los fabricantes europeos y asiáticos que operan
econoMÍA 15
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.
4.5 4.5
3.2
2.14 2.12
1.51.2
10.8 0.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Alemania Japón Corea delSur
México España EstadosUnidos
ReinoUnido
Rep.Checa
Turquía Francia
Exportaciones de vehículos ligeros, 2011 (Millones de unidades)
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en México, no están aquí sólo por el mercado de Nor-teamérica, sino también por los mercados de América Latina, Europa y Asia.
Ahora que la crisis ha terminado, el gobierno mexica-no es más receptivo a las necesidades de la industria y está empezando a tomar medidas para fomentar su crecimiento y competitividad. A través de orga-nizaciones como ProMéxico, el Gobierno Federal de México está llevando a cabo un intenso esfuerzo para promover a nuestro país como un destino seguro y atractivo para las inversiones de la industria automo-triz y de autopartes. El gobierno mexicano también se ha propuesto para el 2012-2020 fortalecer el mercado interno para atraer más inversiones en esta industria. También tiene la intención de mejorar los incentivos competitivos y canalizar más recursos para la promo-ción de las inversiones en la industria automotriz (Pro Auto), así como becas para el desarrollo tecnológico en las universidades, entre otros. Además, se está eva-luando la capacidad de suministro de energía eléctri-ca suficiente para esta industria.
El panorama descrito hasta ahora no garantiza que la industria automotriz mexicana mantenga su bonanza en el futuro. No podemos ignorar que el mayor obs-
táculo que enfrenta la industria automotriz mexicana es la debilidad del mercado interno, limitado por los bajos salarios y una clase media que no crece. Asi-mismo, factores tales como el impuesto sobre autos nuevos (ISAN); el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (aún vigente en algunos estados); la impor-tación ilegal y desordenada de autos usados; la falta de financiamiento; la falta de seguridad y su impacto el costo de las pólizas de seguro e incluso el aumento en el precio de la gasolina, representan importantes obstáculos para su desarrollo.En la carrera por la competitividad global, la industria automotriz mexicana está lista y con los motores en marcha, ocupando una posición privilegiada y favo-rable en la línea de salida. La maquinaria es buena y competitiva, así como los controladores. Lo único que falta es que todos los involucrados (empresas, go-bierno, universidades y centros de investigación) tra-bajen coordinada y eficientemente en los pits. Nada garantiza el éxito... pero las condiciones están dadas para lograrlo, y si se toma ventaja de estas condicio-nes, es muy probable que en el futuro la fortaleza de la economía mexicana ya no se mida en puntos por-centuales de crecimiento, sino en caballos de fuerza de la economía.
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.
3 2.9 2.92.7 2.8 2.8
3.1 3.1 3
2.3
3.1
3.53.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación de la industria automotriz en el PIB (%)
Referencias
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El Economista (05/01/2014) <http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/04/15/mexico-ascien-de-ranking-automotor>
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Asociación Mexicana de la Industria Automotríz, A.C. <http://www.amia.com>
Industria Nacional de Autopartes <http://www.ina.org.mx>
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.
15.8 15.8 15.8 15.3 15.6 15.817 17.3 17.5
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18.120.1
21.6
0
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación la industria automotriz en el total de laindustria manufacturera (%)
In this paper is going to be discussed the regional convergence in Mexico, based in other research works on the same topic. The main objective is to determine what generates inequality and disparity into the Re-gional growth of Mexico. The hypothesis is that Mexi-can government needs to have an effective distribu-tion and investment in the states in order to achieve the equity between its regions however promoting growth in the national Gross Domestic Product (GDP).
This paper is divided in two parts: the first part I cite some research works focused on the main topic and providing a brief discussion about it. Finally the last part mentions the conclusions of this research.
Some Generalities
First it’s important to mention:
“Regions are heterogeneous and disparate spa-ces. Heterogeneous in the sense of being made up of areas of very diverse qualities and structures in terms of their economy, or their social, cultural as-pects, their landscape, habitat or type of settlement. Inequalities exist in the level of access to services, employment opportunities and wealth creation.” (Cuervo, 2013)
Also in his paper Cuervo (2013) comments some-thing very interesting: Poorest regions grow at higher rates (at positive beta convergence) and that, over time, will close the gap in wealth between regions; it means that the poorest regions could catch up ri-chest regions or cities.
Under the point of view of the Neoclassical Growth Model, Sala i Martin thinks that this model doesn’t predict absolute convergence unless the conditions between the regions are equal or very similar. Proof
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Regional convergence in Mexico: What does the country need in order to grow?
of this is there is evidence of convergence in some regions around the world that have some particular characteristics in common.
Nevertheless some cities have geographical advan-tages over others, but Williamson (1965) found that spatial inequality, depressed areas, and backward regions appear to persists may simply suggest that internal factors flows (tending to reduce internal inequality) do not occur with sufficient speed and quantity of offset the dynamic indigenous conditions which cause relatively faster resource augmentation and technological change in the rich developing re-gions, causing the increasing in the inequality be-tween regions. So cities that have the greater percen-tage of national population living inside its territory (urban primacy) have the greater urbanization an ur-ban concentration.
Paul Bairoch’s research (1985) found that urban eco-nomic history provides evidence of the external cons-traints for urban growth. The city depends on the region, on its capacity of supply surpluses of food, water and energy to sustain the urban population de-dicated to non-agricultural activities. Under this argu-ment the maximum size of the cities depends on the magnitude of supply basic goods and services as well as the form of provision of these elements.
In Cheshire and Magrini (2002) there are a special classification for the cities (FUR’s) that are the core ci-ties with concentrations of employment and hinter-lands from which more commuters flow to the em-ployment core than to any other with a population of more than 200,000 habitants. In México a FUR could be Guadalajara or Monterrey inasmuch as “in 2008 they have little more than 200,000 habitants” Quinta na-Romero (2013) nevertheless regions in México are classified as North, Center and South Regions but in some researches Mexico is divided into states.
Sergio Gerardo Sánchez Martínez*
* Alumno de la carrera de Economía y Finanzas (LEF) del Tecno-lógico de Monterrey, Campus Estado de México.
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It is important to explain the hypothesis of β conver-gence. The conditional β convergence shows that the poorest economies will grow faster than richer ones also this verify that are convergence because poor economies could catch up richer ones in a certain mo-ment in time. Nevertheless absolute β convergence refers that the economies (both rich and poor) have the same steady-state or at least have a very similar steady-state.
Regional Inequality in Mexico
Rodríguez (2003) found that from 1975 to 1993 there is not enough evidence of beta convergence among states of Mexico, nevertheless was found a significant convergence in the period 1985-1993 and the veloci-ty of convergence is a rate above 3%.
If we want to explain the inequality in the growth of the poorest regions of Mexico, as Bairoch suggest, we have to find the reasons into Mexico history. As Messmacher (2000) found that NAFTA and structural reforms had a great impact into the Mexican regions as well as the northern states became the states with higher per capita income in Mexico.
Also Messmacher mentions that were two types of changes in Mexico regions:
1. Sectorial Changes: The manufacturing sector in-creased since 1993, this means that states where manufactures represent a high proportion of pro-duction had a higher economic growth.
2. Regional changes: The Northern states have a be-tter performance and greater contributions to the national GDP than Center and Southern states.
The principal disparity is in the southern states like Oaxaca, Chiapas, Yucatán, and others are the poorest in the country in spite of a substantial proportion of the population live in low-income regions. In this way of thinking it is possible that structural changes like reforms and the NAFTA caused a greater regional inequality through the economic growth of the Nor-thern states for its proximity to USA and Canada.
Messmacher (2000) mentions that the education or schooling and the birth rate are determinants in the evolution of GDP per capita in the long-run since the states have been beneficiated with NAFTA with in-creases in their production, growth and in their GDP
per capita; improving the quality of life of its inhabi-tants implying improvements in schooling rate, birth rate and in the supply of services like health, water and so on.
Historically the decline in oil prices during 1980’s as well as the debt crisis in 1982 caused the reduction of the government spending on education and maybe on fiscal transferences to the states with less educa-tion and GDP per capita like the southern states of Mexico.
Now enters the role of human capital Mankiw, Romer & Weil (1992) shows in their model the human capi-tal as an endogenous factor can promote economic growth because the human capital is linked with the physical and technology changes. Also if the invest-ment rate in human capital is increased will rise the productivity of this factor; nevertheless the growth can increase as a result of a higher rate of investment and factors accumulation.
Fischer (1991) indicates that macroeconomic policy matters for growth, but consider that not only influen-ces the economic growth of a country. Specially for Mexico the macroeconomic stability is a crucial factor that determines the economic growth but beyond the strategy and economic policy, for Díaz-Bautista (2003) the role of government in providing physical and social infrastructure have a particular importan-ce for human capital and for the economic growth al-though the growth requires accumulation or addition of physical capital and human capital to continue the production of products and services within an eco-nomy.
“Mexico is considered a country of middle-income and an open economy, where there are abundant na-tural resources that can be a substitute for the low le-vel of human capital. This has led the economy to in-vest in sectors intensive on natural resources and not in human capital” Díaz-Bautista (2003) the knowledge incorporated to the labor force depends on the in-vestment in education, training and knowledge spi-llovers.
Asian nations invested a lot of money in human capi-tal through education, training and so on; generating in the long-run high levels of wages with high level of human capital. If a country invests in human capital,
it can achieve a greater GDP per capita so there is an opportunity for Mexico to promote regional growth through investing on education, specially in regions that are classified as the poorest like Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán, Michoacán and so on.
Lucas (1990) explains that the principal differences in GDP per capita can be explained through differences in human capital per capita, including lags and cul-tural abilities of people in different regions, it implies that the level of human capital as occupational skills will have a positive impact on GDP.
Díaz-Bautista (2003) found that the convergence ran-ge of the human capital in Mexico is between 3.55% and 4.58%. Also mentions that the GDP per capita converges between regions and the results shows that in the long-run the GDP per capita of each sta-te will be similar. This argument proves that econo-mic convergence is a long-run process but regions in Mexico with higher levels of growth in per capita terms shows a better development in education and higher increase on the rate of schooling; is worth mentioning that in all states of the republic has been registered an increase in schooling.
The inequality on the level of human capital that pos-sess each state is caused because the economic and social policies focus primarily on states with higher GDP per capita and in the percentage of total popu-lation in spite of the accumulation of human capital, research and development and knowledge spillovers will promote growth in each region. Tornell (1993) de-monstrate that public policies of Mexico need to pro-mote the investment in human capital and regional opening in order to accelerate the growth and con-vergence of the regions.
After the economic liberalization the disparities be-tween regions (Northern, Center and South) also be-tween states tend to increase, also seeing through the neoclassical growth model or through Mankiw, Romer and Weil model, the endowment of infrastruc-ture of the richer regions starts to increase in both ways private and government investment. For this reason the differences in the provision of public in-frastructure determine inequalities in income distri-bution between regions or states.
Fuentes (2003) says that priority and strategic areas to private capital were oriented by state agencies, and the needs of the low income population were politically transferred to “Programa Nacional de Soli-daridad”; this government action influences the allo-cation of investments in public infrastructure in the states with highest population and with grater GDP per capita.
Fuentes (2003) found that the states with less public infrastructure are the poorest states like Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Colima, Campeche, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Puebla and Yucatán curiously these states have the less growth in GDP per capita in 1985. Nevertheless the higher growth held by those states with major budget assignation on infrastructure are Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Mexico City, Esta-do de Mexico, Sonora and Tamaulipas. This result im-plies that the degree of penetration of private capital influences had increased regional inequality.
Quintana-Romero (2013) found that Central Zone in 2008 accumulated 50% of the national gross pro-duct production and also provide more than half of the jobs in the country 57% and concentrates 55% of the total population while Northern zone concentra-tes 23% of the production, 27% of the employment generation and 22% of total population of Mexico. In contrast southern zone ranks third in importance for its contribution to production (27%) and employ-ment generation (16%) and concentrates 10% of the population in 2008.
Conclusions
Mexico needs to improve a lot of things, also combine educational policy with other variables such as eco-nomic regularity, promote financial stability of sta-tes and municipalities and increase productivity per worker to generate increases the GDP per capita per state; as well as giving tax incentives to increase the number of taxpayers, encourage savings and increase investment in human capital formation also in tech-nological development (innovation). It’s important to mention that more inequality is observed through the analysis of metropolitan areas than state analysis.
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econoMÍA 21
Furthermore should be a restructuration of the assig-nation of federal resources, adjusting to the authentic needs of the states. Since public infrastructure can be one of the possible factors behind the stagnation of the convergence process of the states.
I would like to make special emphasis on the efficien-cy that the allocation of federal resources would have to promote regional economic development and re-duce inequality between the states because the only way to generate economic growth in the nation is through the regional convergence, focusing in the need that the poorest states catch up the richer ones. Because the research works presented before shows that Mexico regions are converging but in a low rate and this cause the low growth in national GDP.
Bibliography
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Causes of the Latin American debt crisisDiego Alcántara Contreras*
Introduction
The Latin American debt crisis of the 1980s has of-ten been described as the worst economic crisis that affected this region during the twentieth century. As a result, by the end of the 1980s some countries ex-perienced severe regressions showing levels of de-velopment similar to those of 10 or 15 years earlier. Negative production trends were common, wages decreased significantly and urban unemployment ra-tes rose above 10 percent. Consequently, living stan-dards diminished, as shown by higher morbidity and mortality rates and less access to education. Simulta-neously, corruption and delinquency thrived1.
Analysing the causal elements of the debt crisis has led to two opposing arguments. On the one hand, some authors argue that the crisis was the result of external factors - referring to events that took place in the world economy. On the other hand, it is clai-med that the crisis was a product of domestic condi-tions. Going over both positions, this essay will argue that both factors were essential in creating the Latin American debt crisis. The main assumption is that the crisis would have not developed the way it did in the absence of external factors but, on the contrary, the turn of events would have been different if it had not been for specific domestic conditions.
The first section of this essay will present the histo-rical factors. It will describe how the rise of import substitution industrialization (ISI) led to the penali-zation of exports and consequently to a decrease in foreign reserves, making it difficult for Latin American borrowers to service debt. It will also argue that cen-tral planning provided the rationale for the acquisi-tion of international loans.
Section two will present a series of external determi-nants of the debt crisis. Firstly, it will argue that the
1 P. Vuskovic, “Economy and Crisis”, in P. González (ed), Latin America Today (Hong Kong: United Nations University Press, 1993), pp. 1-3.
end of the gold standard allowed for the expansion of global trade. Secondly, liberalization of world finance allowed for unusually large flows of loan to pour into Latin America, a phenomenon called the recycling of petro-dollars. Lastly, it will be argued that a downturn in the world economy led to higher interest rates tur-ning foreign loans too expensive for debtor countries to service.
Finally, section three will present two political condi-tions that caused the debt crisis as posited by Berg and Sachs. It will be argued that political crisis and strong urban political dissent led to political insta-bility undermining the ability of debtor countries to cope with adverse conditions in the global economy.
Historical factors
The historical factors of the debt crisis of the 1980s can be traced back to the period between the 1930s and the 1960s, during which ISI became a predomi-nant in Latin America.2In spite of early success, ISI held by central economic planning unintentionally made Latin American states less able to service their debts.
Bruton argues that ISI was based on three main as-sumptions. First, industrialization was regarded as the best means to achieve development. Second, it was assumed that the best way to achieve industrializa-tion was through government intervention. Third, the model rejected free markets on the thesis that the po-verty of underdeveloped states was a condition rein-forced by international trade due to the international division of labour. Again, government intervention in the form of trade barriers was necessary to protect the South from the North’s exports3.
Market rejection became a widely accepted policy in Latin America during the 1950s. It was based on the idea that “the market was an instrument that kept
2 E. Cardoso and A. Helwege, Latin America’s Economy: Diversity, Trends and Conflicts (Cambridge: The MIT Press, 1992), p. 84.3 H.J. Bruton, “A Reconsideration of Import Substitution”, Journal of Economic Literature 36 (1998), p. 904.
* Maestro en Relaciones Internacionales de la Queen Mary Univer-sity of London y egresado de Relaciones Internacionales (LRI) del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
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poor countries poor and rich countries rich”4. Under this rationale, Latin American states implemented trade restrictions with the purpose of protecting their domestic industry from the exports of developed countries. Such policies were also supported by the Keynesian argument that even perfectly functioning markets may not ensure full utilization of resources.
Concurrently, ISI sought capital accumulation on the grounds that capital was the source of industrializa-tion and hence development. Keeping overvalued exchange rates would serve the purpose of capital accumulation by facilitating the import of production assets; nonetheless, it would also penalize exports. Penalized exports in turn, led to smaller foreign Ex-change reserves.
Sheahan posits that a negative balance of payments generated by ISI led to the scarcity of foreign exchan-ge reserves. He argues that “ISI was originally expec-ted to lessen the need of exports by reducing the ra-tio of imports to national income [Nevertheless] new domestic production meant requirements for machi-nery and imports of intermediate products.”5
4 H.J. Bruton, “A Reconsideration of Import Substitution”, Journal of Economic Literature 36 (1998), p. 905.5 J. Sheahan, Patterns of Development in Latin America, (Prince-ton: Princeton University Press, 1987), p. 92.
Ultimately, the absence of reserves would hinder the servicing of debt. “Evidence is clear that ou-tward-oriented trade policies have been successful in raising the share of exports in national production, spurring overall growth, and providing the foreign exchange earnings to service foreign debts”6 This me-chanism provides evidence on how Latin American countries - through ISI - made themselves unable to service debt in times of high interest rates.
In addition to ISI, central economic planning - a fea-ture shared by almost all developing countries in the 1950s7 – provided the rationale for debt acquisition. Its guiding notion was that in order to achieve a cer-tain amount of growth, certain amounts of invest-ment were necessary. Nonetheless, Latin American’s poorly performing economies were unable to gene-rate enough savings to achieve the desired growth targets. The gap between what domestic economies could afford to invest and optimal investment to achieve given growth targets was to be known as “sa-vings gap”8.
External factors
An overview of the relevant external factors allows for a deeper understanding of debt crisis. Firstly, a more dynamic financial market was necessary for private banks to engage in loans to developing countries. Dynamism was met with the end of US Dollar conver-tibility to gold in 1971:
Since the Dollar was still pegged to gold under the Bretton-Woods system, global economic growth, and its prerequisite growth in trade, were constrained by the global supply of gold between 1945 and 1970 […] Once the dollar was divorced from gold in 1971, a credit-based system of global trade enabled accele-rated growth in trade and economic activity.9
6 A. Berg and J. Sachs, “The Debt Crisis: Structural Explanations of Country Performance”, National Bureau of Economic Research 2607 (1988), p. 2.7 During the 1950s and 1960s “virtually every developing country had something that was called a plan” H.J. Bruton, “A Reconside-ration of Import Substitution”, Journal of Economic Literature 36 (1998), p. 904.8 D. Williams, International Development and Global Politics: His-tory, Theory and Practice (New York: Routledge, 2012), p. 38.9 M. El-Gamal and A. Myers, Oil, Dollars, Debt, and Crises (Cam-bridge: Cambridge University Press, 2010), p. 97.
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Secondly, an unusually high supply of liquidity was available to private banks – due to “the 1973-74 OPEC oil price increases and the consequent recycling of petrodollars”10. This provided private banks further motivation to lend to Latin America, a seemingly safe decisión backed by the widely held belief that “coun-tries don’t go out of business”11. Loans to Latin Ame-rican oil producers - namely Mexico and Venezuela – seemed even safer due to expectations of continued high oil prices12.Under these conditions, large loans would flow into Latin America. Succinctly put, the global financial sys-tem poured capital into the region in the following way: Petro dollar recycling is a familiar story from the 1970s. When oil prices rose sharply in the fall of 1973, oil exporting countries were faced with a windfall in export receipts. Much of these funds were saved and deposited with banks in industrial countries. The banks, in turn, lent on a large part of these funds to emerging economies, especially in Latin America.When the oil boom subsided in the early 1980s, bank flows to emerging markets reversed sharply, trigge-ring the Latin American debt crisis13. Finally, an abrupt deterioration of the world economy triggered the Latin American debt crisis. As world cri-sis developed in the early 1980s, U.S. monetary poli-cy tightened and other industrial countries followed. This led to a sudden increase in world interest rates, a decline in economic activity and a reduction of com-modity prices; conditions to debtor countries became unfavourable14. “Higher interest rates implied increa-sed debt service burdens, while lower commodity prices and reduced activity in center countries im-plied a sharp drop in export earnings, a large foreign exchange gap resulted.”15
10 A. Berg and J. Sachs, “The Debt Crisis: Structural Explanations of Country Performance”, National Bureau of Economic Research 2607 (1988), p. 2.11 M. El-Gamal and A. Myers, Oil, Dollars, Debt, and Crises (Cam-bridge: Cambridge University Press, 2010), p. 110.12 M. El-Gamal and A. Myers, Oil, Dollars, Debt, and Crises (Cam-bridge: Cambridge University Press, 2010).13 J. Wiegand, “Bank Recycling of Petro Dollars to Emerging Mar-ket Economies During the Current Oil Price Boom”, IMF Staff Pa-pers 180 (2008), p. 4.14 R. Dornbusch, “The Latin American Debt Problem: Anatomy and Solutions”, in B. Stallings and K. Robert (eds), Debt and De-mocracy in Latin America (London: Westview Press, 1989), p. 8.15 Ibid
Nevertheless, a large supply of credit was a general condition of the world economy, affecting not only Latin America but all developing countries as a who-le. On these grounds, it is assumed that political con-ditions in the countries concerned account for the dependence on foreign debt. The following section explains political factors for the debt crisis.
Political explanations of debth crisisBerg and Sachs highlight certain political factors in Latin American countries that account for their hea-vy indebtedness. The first one is the relationship be-tween income inequality and public deficit - the lat-ter was frequently reversed with the help of foreign loans. Poorly performing regimes - “governments unable and unwilling to restrain large and chronic pu-blic sector deficits”16 - were able to hold power throu-gh high public expenditure financed by foreign loans. This mechanism was not only of economic nature but it also reflected a political crisis17. Illegitimate regimes relied on public spending and foreign loans to the ex-tent that - “opponents of the many authoritarian re-gimes then in power viewed foreign borrowing as a contribution to strengthening status quo”18.Under this light, public deficit - exacerbated by un-usually high levels of public spending – can be seen as a result of political crisis. Berg and Sachs posit three ways in which deficient political systems in La-tin American states led to the debt crisis. First, public spending was used to maintain political support, and to buy off the opposition. Second, in a highly unsta-ble political environment and aware of the ephemeral condition of their power, corrupt governments would use the public treasury to enrich certain groups or elites. Third, consensus over economic policy was im-possible when political power was dispersed among various groups. Public spending would be made in an inconsistent and fruitless way.19
16 J. Frieden, “Winners and Losers in the Latin America Debt Cri-sis: The Political Implications”, in B. Stallings and K. Robert (eds), Debt and Democracy in Latin America (London: Westview Press, 1989), p. 27.17 A. Berg and J. Sachs, “The Debt Crisis: Structural Explanations of Country Performance”, National Bureau of Economic Research 2607 (1988)18 J. Frieden, “Winners and Losers in the Latin America Debt Cri-sis: The Political Implications”, in B. Stallings and K. Robert (eds), Debt and Democracy in Latin America (London: Westview Press, 1989), p. 27.19 A. Berg and J. Sachs, “The Debt Crisis: Structural Explanations
econoMÍA 25
Income inequality – a widespread condition in Latin America20 -created pressures for higher government spending in the form of income redistributive po-licies. Although such policies implied higher levels public income, governments would avoid paying the political price of tax increases by relying on foreign loans.21
Income inequality implied the polarization of public interests. While wealthy groups pushed for conserva-tive public spending and resisted taxation, the lower classes supported income distribution. The results were public deficit and political instability - the lat-ter became a distinctive feature of the region. “Given the varying power of the competing groups and the incomplete legitimacy of the government itself, the duration of any government was uncertain. Without a definitive term of office for any government, political competition became a constant, virtually permanent struggle”22.
The continuous alternation between left and right governments - Berg and Sachs argue – was another consequence of income inequality and it would lead to inconsistent policy making. In public spending - Huber et al. posit - left and right leaning governments tend to have different behaviour. “Parties of the left are committed to the values of equality and solida-rity, or in operational terms to using the state to re-duce inequality by intervening in the economy and providing redistributive transfers and social services. Parties of the right are committed to the value of hie-rarchy, but the traditional conservatives accept pater-nalism and the use of the state to preserve the eco-nomic and social order, whereas the liberals espouse individualism and freedom from state interference in the economy.”23 Simply put, colliding interests led to an oscillation of public spending around distributive policies. Lack of consensus would hinder develop-
of Country Performance”, National Bureau of Economic Research 2607 (1988), p. 12.20 E. Cardoso and A. Helwege, Latin America’s Economy: Diversi-ty, Trends and Conflicts (Cambridge: The MIT Press, 1992), p. 19.21 A. Berg and J. Sachs, “The Debt Crisis: Structural Explanations of Country Performance”, National Bureau of Economic Research 2607 (1988), pp. 4-5.22 H. Wiarda and H. Kline, Latin American Politics and Develop-ment (Boulder: Westview Press, 2007), p. 34.23 E. Huber, et al., “Politics and Social Spending in Latin America”, The Journal of Politics 70 (2008), p. 422.
ment in the long term24 and – consequently - the abi-lity to service debt.
The second element in explaining the debt crisis is the relationship between agricultural development and political stability. Where large agriculture output is in place – indicated by the agriculture production to GNP ratio – the likeliness of debt rescheduling is low. This finding by Berg and Sachs is based on the assumption that large agriculture output can be used “as a rough indicator of the kind of support a gover-nment can derive from rural rather than urban bac-king”25.
Political support from rural groups tends to be more stable than urban backing, whose constituents usua-lly plead for high public spending and for reduced of taxation in Exchange for political peace26. This propo-sition is consistent with Rueschemeyer, who argues that independent political mobilization among the rural classes rarely occurs. “It is the capacity to orga-nize and express its interests that differentiates the working class from the small peasantry”27. From this point of view rural political support tends to be more conservative and less interested in redistributive poli-cies than urban classes.
In sum, on the relation between rural support and stability Berg and Sachs argue: “Countries with small agriculture production in relation to GNP tended to be more unstable.”28
Consequently, Latin American countries with sma-ll agriculture to GNP ratios were less able to service debt. Conversely, countries with higher ratios were expected to deal with debt more effectively. Empiri-cal evidence supports this thesis. Colombia had the highest ratio from among a sample of 12 Latin Ame-rican countries and, therefore, it was the only one to escape debt rescheduling.29
24 A. Berg and J. Sachs, “The Debt Crisis: Structural Explanations of Country Performance”, National Bureau of Economic Research 2607 (1988), pp. 18-19.25 Ibid, p. 20.26 Ibid, p. 21.27 D. Rueschemeyer, et al., Capitalist Development and Democra-cy (Chicago: University of Chicago Press, 1992), p. 6.28 A. Berg and J. Sachs, “The Debt Crisis: Structural Explanations of Country Performance”, National Bureau of Economic Research 2607 (1988), p. 21.29 Ibid, p. 7
econoMÍAConclusion
The main causal elements of the Latin American debt crisis have been presented in this essay. The first ca-tegory of factors corresponds to historical factors. It has been argued that while the institutionalization of central economic planning provided the rationale for indebtedness, ISI unintentionally created unfavoura-ble conditions for debtor countries.
The second category belongs to external factors. Its main constituents are the end of the gold standard and the ensuing expansion of the world financial mar-ket, the sudden increase in credit supply due to rising oil prices, the short-sightedness of private money len-ders and a downturn in the world economy. The latter must be highlighted since it acted as a major catalyst: “without the sharp and remarkable rise in world inte-rest rates in the early 1980s, the heavy lending to the developing world could well have continued without overt crisis for many more years”30.
Finally, the third category groups two structural con-ditions: economic inequality and rural political su-pport. Economic inequality accounted for the pola-rization of the interests of society – while the lower classes pleaded for income distribution through pu-blic spending, economic elites resisted taxation. In consequence, public income was undermined and a solution was found in foreign loans. Foreign loans proved to be more politically sensible, especially when compared to other deficit- reversing solutions that implied the reduction of public spending or the increment of taxation. Over borrowing became wi-despread and when world economic crisis led to a su-dden increase of interest rates, the situation became unsustainable.
Rural political support on the other hand, proved to be a source of stability to Latin American govern-ments, increasing their ability to cope with the sud-den increase in interests rates. Rural backing implied less urban political involvement and its ensuing insta-bility. On the contrary, in countries with higher urban political involvement organized labour and student movements tended to undermine the permanen-ce of governments. Additionally, large rural support
30 A. Berg and J. Sachs, “The Debt Crisis: Structural Explanations of Country Performance”, National Bureau of Economic Research 2607 (1988), p 3.
also seemed consistent with outward orientation of governments, since agriculture exports can be signi-ficantly penalized by an overvalued currency.
References
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Introducción
Latinoamérica ha sido históricamente una de las re-giones con mayor desigualdad e inestabilidad eco-nómica y política del mundo. Una región de econo-mías emergentes, donde la mayoría se basan en las exportaciones de materia prima, algunas manufac-turas y mantienen una enorme dependencia de las grandes potencias económicas. Ecuador es un claro ejemplo de inestabilidad económica ya que experi-mentó sucesivas crisis económicas desde la década de los ochenta y hasta los últimos años del Siglo XX, cuando la inflación alcanzó el 107 por ciento; la tasa de desempleo ascendió al 12 por ciento, el crecimien-to del PIB registró una tasa negativa de menos 8 por ciento y la pobreza extrema afectó a más del 30 por ciento de la población. Ante tal situación de inesta-bilidad económica era necesario pensar en medidas extremas, por lo que el gobierno ecuatoriano decidió eliminar el Sucre como moneda nacional y adoptar el dólar estadounidense como moneda de curso legal.
Después de más de quince años de la adopción de esta medida es pertinente valorar si la dolarización fue o no conveniente para el país. En este trabajo se pretende analizar sí la dolarización contribuyó al crecimiento económico (PIB) y a la disminución de la deuda externa, utilizando para ello los métodos esta-dísticos conocidos como Chow y GARCH.
Juan Antonio Carillo menciona que “el Estado es aquella organización política que posee un órgano y territorio de gobierno, el cual es autónomo e inde-pendiente, cuya obligación consiste en establecer un orden interior de gobierno, así como en la protección de grupo estatal frente a los diferentes estados.”1
1 Juan Antonio Carrillo Salcedo (Morón de la Frontera, Sevilla, 1934 - Sevilla, 19 de enero de 2013) fue un jurista español de Dere-cho Internacional de acreditado prestigio nacional e internacional. Carrillo fue miembro titular del Instituto de Derecho Internacional
econoMÍA 27
Dolarización en Ecuador ¿Factor fundamental o complementario del crecimiento económico?
A partir de esta definición podemos decir que el Esta-do ecuatoriano, buscando una solución a la inestabi-lidad económica, tomó como medida de salvataje2 la dolarización3.
En este contexto, revisaremos si la dolarización en Ecuador fue determinante para que ocurriera el cre-cimiento económico. Para ello, utilizaremos cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Banco Central del Ecuador (BCE) y las examinaremos a través de la prueba estadística de cambio estructu-ral conocida como “test de Chow”4 para identificar si hubo un cambio radical en la economía ecuatoriana con la dolarización. Asimismo, aplicaremos un mode-lo GARCH5, en el que se observará si la dolarización ayudó a que disminuyera la deuda externa ecuatoria-na que para el año 2000 era prácticamente impagable
Antecedentes
La década de los noventa fue una época de depre-sión en Ecuador. A principios de 1990 con el mandato de Rodrigo Borja6, el sucre, moneda nacional, experi-mentó una seria devaluación frente al dólar; la deu-da externa sibió estrepitosamente hasta alcanzar los de Ginebra y miembro de número de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI). En diciembre de 2005, fue nombrado Colegiado de Honor del Iltre. Colegio de Abogados de Lucena.2 Según el psicólogo James Petras, el salvataje bancario es una fase intermedia entre el capitalismo quebrado y el capitalismo recupe-rado.3 La dolarización ocurre cuando los residentes de un país usan ex-tensamente el dólar de los Estados Unidos u otra moneda extranje-ra junto a la moneda local o en su reemplazo.4 Prueba econométrica de cambio estructural para determinar si los coeficientes de un modelo de regresión son los mismos en submuestras separadas. Gregory Chow (1929) es un economista americano de origen chino, figura resaltante en el campo de la Eco-nometría y las matemáticas aplicadas.5 Modelo de vectores autorregresivos con heteroscedasticidad, en el que observa la varianza condicional de cada uno de los datos y cómo influye esta en los futuros datos.6 Presidente Constitucional del Ecuador: Del 10 de agosto de 1988 al 10 de agosto de 1992. Cursó sus estudios en la Universidad Cen-tral, obteniendo el título de Licenciado en Ciencias Políticas, en 1960 de doctor en Jurisprudencia.
Adrián Guadalupe Coello
* Exalumno ecuatoriano de la Licenciatura en Economía y Finan-zas (LEF) del Campus Estado de México.
econoMÍA 28
siete mil millones de dólares; la inflación y el déficit público se desbordaban y ingreso de capitales se de-tuvo dramáticamente. Tal escenario provocó que en 1994 se presentara una reforma financiera que im-plicó un aumento del nivel de créditos orientado a la promoción de un crecimiento económico. Sin em-bargo, para 1998 la situación no había cambiado. Se elevaron los niveles de endeudamiento del páis y au-mentó la cartera vencida,7 producto de la depresión en los negocios. Adicionalmente, en 1998 afectó al país el fenómeno meteorológico conocido como “el niño”8, mismo que afectó la producción agrícola de la región y las exportaciones de este tipo de produc-tos. Además, ese año cayó el precio del petróleo en un 60% respecto al año anterior afectando una parte importante de la economía ecuatoriana.
Debido al deterioro de dos de sus principales fuentes de ingreso de divisas del Ecuador, el impacto sobre la ya debilitada economía ecuatoriana fue inevita-ble. Esta situación provocó que en 1998 los bancos comerciales acudieran al Banco Central en busca de préstamos para su sostenimiento.
Por a la poca confianza del público hacia el sector fi-nanciero, las personas empezaron a retirar sus aho-rros de cada una de estas instituciones, provocando
7 Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento.8 Serie de variaciones climáticas que perjudican el desarrollo eco-nómico como la agricultura y la industria.
un grave problema de iliquidez. Este problema esta-lló cuando Filanbanco, principal banco nacional en la década de los noventa, pidió un préstamo de 540 millones de dólares al Estado, lo que generó que el gobierno lo rescatara y elevará la deuda interna en el país, comprometiendo más el estado económi-co-financiero ecuatoriano. Esta medida de salvataje bancario provocó que se devaluara el sucre frente al dólar alcanzando una paridad de 25,000 sucres por un dólar. Tal situación elevó aún más la desconfian-za de los depositantes y generó una fuga masiva de capitales. El gobierno implementó una política de congelamiento de los depósitos para evitar la caída estrepitosa del sistema financiero, llevando al país a una situación de depresión económica sin preceden-te. En tan solo cinco años, el porcentaje de la pobla-ción ecuatoriana que se encontraba en condiciones de pobreza pasó del 34% al 71%.
Por su parte, el porcentaje de la población en condi-ciones de pobreza extrema se elevó del 12% al 31%. Incluso se estima que más del 10% de la Población Económicamente Activa (PEA) huyó del país antici-pando esa extrema caída económica, que ha sido calificada como la peor en la historia de la región lati-noamericana (Acosta, 2002).
Irónicamente, en 1998, la calificadora de riesgos Thompson Bankwatch, confirmó una calificación de “B-” al estado ecuatoriano reconociendo las siguien-tes fortalezas en el sistema financiero:
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Ecuador
Gráfica 1Inflación en Ecuador 1995-2013
1. Los bancos están en proceso de aumentar su ca-pital;
2. La fusión entre los bancos podría llevar a un siste-ma financiero más sólido;
3. La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ten-dría mayor poder para controlar el sistema finan-ciero.
Es así que todos los determinantes antes mencio-nados hicieron que el 9 de enero del 2000 Ecuador adoptara el dólar estadounidense como moneda na-cional y abandonara el sucre. Con ello se buscaba dis-minuir la creciente inflación que alcanzó 107.9%, su punto más alto a finales de septiembre de este mis-mo año (ver gráfica 1).
La dolarización se ha implementado como una so-lución extrema a los graves probemas económicos que han experimentado algunos países de la región. En el caso de Argentina, el Plan de Convertibilidad9 adoptado en 1991, generó una mayor estabilidad en el país bajando la tasa de inflación de 16904% a 267% en un año (Oyarzun, 1991). Asimismo, los tipos de in-terés disminuyeron notablemente debido a las bajas expectativas de inflación. Estas variables contribuye-ron para que la actividad económica aumentara en un 10% de 1992 a 1993, aunque la tasa de desempleo permaneció en niveles superiores al 12%.
En esa época, Argentina implementaba una política liberal que implicó la privatización de muchas empre-sas estatales, lo que la hizo más vulnerable a choques externos, tal como sucedió en México. Sin embargo el Plan de Convertibilidad ayudó notablemente a que el país pueda estabilizar la economía y recuperar el crecimiento económico, al menos en el corto plazo.
Desempeño económico del 2000 al 2006
Para el año 2000, el Banco Central del Ecuador insti-tuyó el uso del dólar como moneda de curso legal en en ese país y abandonó la emisión de la moneda na-cional, el sucre, por lo que tuvo que adaptarse a la po-lítica económica de Estados Unidos. Antes de la dola-rización Ecuador había registrado un saldo negativo en los flujos de inversión extranjera10, derivado de la 9 Plan que fija en un Sistema monetario, el valor de una moneda con el de otra que tenga una mayor estabilidad, generalmente el dólar o el euro.10 Especialmente en el sector minero con cinco mil millones de
disminución del precio del petróleo y el aumento en el riesgo país11.
Para el 2001, se observó un cambio notorio en la eco-nomía ecuatoriana, en la que la inflacionaria pasó de un 96% a un 22% y se observó una pequeña recupe-ración en la actividad económica de -8% a 0.8%. Esta recuperación se debió al envío de remesas que reali-zaron los migrantes ecuatorianos en el extranjero por más de 1450 millones de dólares (Acosta, 2002), así como por el extraordinario aumento de la inversión extranjera directa en un 2398% (ver gráfica 2). Esto ayudó a que la deuda externa se redujera del 70% al 53% del PIB. Definitivamente, desde el primer año de adopción del dólar se observó un cambio notable en la situación económica del país.
Sin embargo, a pesar de la dolarización la inestabili-dad política impedía la estabilidad económica y limi-taba el crecimiento económico. En el año 2000, des-pués de la crisis del sistema financiero, se produjo la caída y destitución del entonces presidente Jamil Ma-huad12, las fuerzas armadas tomaron el poder y nom-braron a Gustavo Noboa como primer mandatario, quien terminó su periodo en el 2002. Desde entonces y hasta el año 2006, tres presidentes llegaron al po-der en similares circunstancias, tal como el Coronel Lucio Gutiérrez13. Tal situación, complicaba la posibili-dad de formular una política económica y estrategias claras de mediano y largo plazos. Por ello, a pesar de mantenerse la dolarización y tasa de inflación esta-bles, esto no repercutía en el crecimiento económico.
Es necesario mencionar que hasta el 2006, los gobier-nos que llegaron al poder en Ecuador fueron gobier-nos identificados con la derecha, es decir, liberales. Por lo tanto, promovieron una mayor apertura co-mercial a través del Tratado de Libre Comercio14; dis-minuyeron impuestos y promovieron la entrada de capital extranjero.
dólares en pérdidas,11 Indicador económico en el que un país emergente no cumple con los términos de pago de la deuda externa.12 Abogado y político ecuatoriano, quien fue electo como presi-dente para el periodo de 1998-2002, mas no culminó su periodo de presidencia13 Ingeniero civil y ex militar ecuatoriano. Fue Presidente de Ecuador del 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005.14 Acuerdo comercial con el objetivo de ampliar el mercado de bie-nes y servicios entre distintos países participantes que promueven las condiciones para una competencia justa.
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extrema dependencia de la economía ecuatoriana, ahora dolarizada, respecto de la economía norteame-ricana. No obstante dicha dependencia, Ecuador no sufrió consecuencias tan graves como se esperaba, sino que incluso la inflación se redujo y la tasa de des-empleo disminuyó en 0.3%.
Para el 2010, luego de la crisis financiera internacio-nal, Ecuador registró una la tasa de crecimiento del 3.10 % y en el 2011 del 7.8%. En parte, esto se debió al incremento en la recepción de remesas, así como el alza del precio del petróleo, el cual oscilaba entre los 103 y 105 dólares por barril.
Este crecimiento también se explica por la política de transferencia de recursos hacia los sectores más vul-nerables implementadas desde el 2007. Como resul-tado de dichas políticas se redujeron los índices de pobreza en el país pasando de un 37.6% en el 2006 a un 28.6% en el 2011 (CEPAL).
Así también, debido al bajo endeudamiento externo (ver gráfica 3) y a las medidas implementadas por el Banco Central del Ecuador se consiguió reducir las ta-sas de interés de un 8.25% en el 2007 a un 3.85% en el 2013.
En este sentido, además de la dolarización, el cambio de modelo económico, orientado hacia la protección del mercado interno y la generación de empleo, así como el uso del gasto público para reducir la des-igualdad social y la pobreza, consiguieron que la eco-
Desde el 2001 hasta el 2006 Ecuador pudo disminuir su inflación, el cual fue el mayor de los problemas en el año 2000. Sin embargo, como se mencionó ante-riormente, la inestabilidad política provocó una dis-minución de la tasa de crecimiento del PIB de un 5.8% en 2004 a un 4.1% en 2006.
Desempeño económico del 2007 al 2013
A partir del 2007, Ecuador modifica su política libe-ral15 y se introduce una política proteccionista y mer-cantilista16. Se elevan los aranceles para disminuir las importaciones e incentivar la producción y la compe-titividad nacional. Al respecto, Ha-Joon Chang, eco-nomista de Cambridge University, afirma que si los países emergentes siguen las políticas liberales de países desarrollados nunca van a crecer. Y es a par-tir de este cambio de modelo que el país empieza a crecer.
Para el 2008, la inversión extranjera directa ascendió a más de mil millones de dólares que llegaron sobre todo a los sectores de servicios, comunicaciones y transportes (Superintendencia de Compañías, 2010). Para el 2009, sin embargo, la crisis financiera interna-cional generada en el sector inmobiliario de los Es-tados Unidos, provocó una drástica disminución del 70% en los flujos de inversión extranjera debido a la 15 Doctrina que se basa en la mínima intervención del Estado en la regulación del mercado.16 Sistema que se basa en el desarrollo del comercio a través de una regulación del Estado.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Ecuador
Gráfica 2Inversión Extranjera Directa en Ecuador
(Miles de millones de dólares)
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
nomía ecuatoriana haya repuntado y esté registrando una de los mayores tasas de crecimiento económico de la región.
Prueba de Chow de cambio estructural. Modelo de GARCH
La teoría cuantitativa del dinero sostiene que existe una relación estrecha entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel general de precios traducidos en inflación. Esta relación se puede observar a través de la ecuación de Fisher o ecuación de cambio: MV=PY, donde M es la base monetaria; V es la velocidad de circulación; P son los precios y Y es la producción. Si
asumimos que la velocidad de circulación del dinero es constante y aplicamos logaritmos a toda la ecua-ción podremos observar que la tasa de crecimiento del PIB va a ser igual a la tasa de oferta monetaria me-nos el nivel general de precios: y = m - p
Para probar esta ecuación, se tomaron datos de la tasa de crecimiento del PIB ecuatoriano y de la tasa de inflación desde 1995. Debido a la dolarización del año 2000, se tomó la base monetaria estadouniden-se como fuente de política monetaria y factor deter-minante para el crecimiento económico. Estos datos fueron obtenidos a través de Instituto Nacional de Es-tadística y Geografía de México (INEGI), que recopila
econoMÍA 31
Gráfica 3Deuda externa del Ecuador
(Porcentaje del PIB)
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Ecuador
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Ecuador
Gráfica 4Crecimiento económico de Ecuador
(Porcentaje del PIB)
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
fuentes de distintos países con los que México tiene alguna relación. A dichos datos se les aplicó la prueba de Chow de cambio estructural, para conocer si exis-tió un cambio estructural en el año 2000 que explique el aumento en el crecimiento económico de Ecuador.Dependent Variable: VARPIBMethod: Least SquaresDate: 05/05/14 Time: 20:29Sample (adjusted): 1996 2013Included observations: 18 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4.329798 0.959316 4.513420 0.0004INFLACION -0.050391 0.028115 -1.792336 0.0933
DB 1.414994 2.689333 0.526151 0.6065
R-squared 0.207456 Mean dependent var 3.603889Adjusted R-squared 0.101784 S.D. dependent var 2.961480S.E. of regression 2.806722 Akaike info criterion 5.052923Sum squared resid 118.1653 Schwarz criterion 5.201319Log likelihood -42.47631 Hannan-Quinn criter. 5.073385F-statistic 1.963197 Durbin-Watson stat 2.475974
Para correr la regresión fue necesario diferenciar la base monetaria, convirtiéndola en valores porcen-tuales, debido a que todas las demás variables están expresadas de esta manera.
Chow Breakpoint Test: 2000Null Hypothesis: No breaks at specified breakpointsVarying regressors: All equation variablesEquation Sample: 1996 2013
F-statistic 5.275241 Prob. F(3,12) 0.0150Log likelihood ratio 15.13898 Prob. Chi-Square(3) 0.0017Wald Statistic 15.82572 Prob. Chi-Square(3) 0.0012
Enlos resultados de la regresión se muestra que, a pe-sar de no ser significativa al 90%, existe una tendencia entre la inflación y la base monetaria con respecto a la tasa de crecimiento del PIB.
Según la prueba de Chow, se rechaza la hipótesis nula de que no existió ningún cambio en el año 2000, por lo que podemos afirmar que la dolarización sí afectó a la tasa de crecimiento de la economía.
Sin embargo, además de la existencia de una relación positiva entre la dolarización y la tasa de crecimien-to de la economía ecuatoriana, también podríamos asociar este crecimiento con el incremento o dismi-nución de la deuda externa como porcentaje del PIB.
Para esto, se utilizaron las variables de tasa de base monetaria de Estados Unidos, la inflación ecuatoria-na, y el porcentaje de la deuda como proporción del PIB del Ecuador. En este sentido se utilizó un modelo GARCH, el cual se basa en el uso de vectores autorre-gresivos con heteroscedasticidad. Así, se puede des-cubrir si un aumento de la base monetaria de Estados Unidos, aplicado a la política monetaria ecuatoriana a través de la dolarización, contribuyó a esa disminu-ción de la deuda.
Es así que se generaron los siguientes resultados.
Dependent Variable: DEUPIBMethod: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distributionDate: 05/05/14 Time: 20:56Sample (adjusted): 2000M02 2013M09Included observations: 164 after adjustmentsFailure to improve Likelihood after 23 iterationsPresample variance: backcast (parameter = 0.7)GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*D(BMEEUU)
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C 45.87344 0.900133 50.96297 0.0000INFLACION 0.364192 0.013444 27.08954 0.0000
@TREND -0.258889 0.008741 -29.61810 0.0000D(BMEEUU) -0.006646 0.003462 -1.919568 0.0549
Variance Equation
C 6.212151 1.824823 3.404249 0.0007RESID(-1)^2 0.821484 0.223748 3.671465 0.0002D(BMEEUU) -0.032684 0.010257 -3.186483 0.0014
R-squared 0.946245 Mean dependent var 29.84665Adjusted R-squared 0.945237 S.D. dependent var 18.64967S.E. of regression 4.364299 Akaike info criterion 4.971469Sum squared resid 3047.538 Schwarz criterion 5.103781Log likelihood -400.6605 Hannan-Quinn criter. 5.025183Durbin-Watson stat 0.279656
Todas las variables fueron significativas al 90% de confianza y se utilizó la variable de tendencia para quitarle aquellos efectos que poseía la gráfica hacia abajo. Los resultados nos muestran que la dolariza-ción (base monetaria Estados Unidos) ha permitido que disminuyan las variaciones provocadas por los efectos inflacionarios, cuyos choques aumentan lo volatilidad. Es decir, la dolarización ha permitido que la deuda externa como porcentaje del PIB disminuya, ya que ha contenido los efectos inflacionarios que, sin la dolarización, hubieran afectado mucho más grave-mente al país sudamericano.
econoMÍA 32
Conclusión
Hemos revisado a lo largo del trabajo la situación de la economía ecuatoriana antes y después de la dola-rización. Antes de ella, se observaba una tasa infla-cionaria que llegó a un máximo de un 107%, lo que impidió que la moneda nacional se pudiera sostener y facilitó el camino a la dolarización, lo cual disminu-yó la volatilidad de la moneda y redujo la inflación. Sin embargo, el cambio de sistema monetario no fue suficiente para elevar la tasa de crecimiento econó-mico, ya que prevaleció la inestabilidad política hasta el 2007.
Sin embargo, nuestra principal preocupación en este trabajo fue la de probar si la dolarización había repre-sentado un cambio estructural relevante como para explicar el crecimiento reciente de la economía ecua-toriana. Para ello, recurrimos a la prueba de Chow y al modelo GARCH, a través de los cuales confirmamos que la dolarización sí contribuyó a la estabilización de la economía ecuatoriana y, además, a la reducción de la deuda externa y, por ende, la temida inflación.
Otro hecho importante, después de haber analizado el modelo económico ecuatoriano aplicado antes y después del 2007, es que el modelo económico pro-teccionista ha resultado mucho más exitoso que el anterior en términos de su impacto en la disminución de la desigualdad social y la pobreza.
Por lo tanto, confirmamos que haber implementado la dolarización en el año 2000, le permitió a la econo-mía ecuatoriana superar la recesión económica más grave de la región latinoamericana y de su propia his-toria.
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La economía mundial y la forma en que distintas na-ciones administran sus recursos y divisas es una diná-mica y está en constante desarrollo. El intercambio de recursos, servicios y productos entre países requiere de normas e instituciones que regulen sus relaciones y sus transacciones económicas internacionales.
La gran interrelación económica que se generó en los siglos XIX y XX a partir de la importación y exporta-ción de mercancías, hizo necesario generar un siste-ma de pagos que facilitara las operaciones comercia-les de forma efectiva. En un inicio este intercambio se basó en el uso del oro, lo que determinó de manera íntima e indivisible el poder de las naciones.
Al final de la Segunda Guerra Mundial fue posible la creación de una institución dedicada a la regulación económica mundial y el apoyo económico de las eco-nomías dañadas. Nacieron el Fondo Monetario Inter-nacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El primero en-cargado de emitir normas, realizar recomendaciones sobre el manejo de la economía y supervisar que el sistema internacional sea fluido y que no tenga cam-bios abruptos. El segundo, por el contrario, es un ban-co de desarrollo enfocado a otorgar recursos para im-pulsar el crecimiento de las economías en desarrollo.
Estas instituciones son los pilares del sistema mone-tario internacional y son los responsables de dotar al sistema monetario internacional de liquidez y evitar que haya un colapso económico global. Desde la dé-cada de los 40 hasta la actualidad son las principales reguladoras del intercambio de productos y fuentes de financiamiento para el desarrollo.
No obstante, después de la crisis financiera interna-cional del 2008, se produjo una creciente descon-fianza en ambas instituciones, lo que ha provocado el surgimiento de nuevas instituciones regionales que ofrecen el fondeo de los países en desarrollo. En este contexto, se fundó el Banco del Sur (2009), un banco de desarrollo formado por países sudamericanos que
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Banco del Sur ¿Una alternativa al FMI?busca ser una opción de financiamiento para mejorar las condiciones de los países de este subcontinen-te y para la expansión de la infraestructura regional. En mayo del 2007, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que el Banco del Sur era una alterna-tiva al FMI y al Banco Mundial y que por ello Vene-zuela dejaría de formar parte de estas instituciones.1 Sin embargo ¿Es realmente el Banco del Sur una pro-puesta que podría reemplazar al FMI y al BM?
La fundación del FMI se dio en circunstancias muy es-peciales, tales como el fin de la Segunda Guerra Mun-dial, los problemas económicos en Europa Occidental, la instauración de un nuevo orden político en Europa Oriental, los daños colaterales en todo el mundo y el creciente poder hegemónico de los Estados Unidos. Dichas circunstancias requerían un flujo importante de recursos y los incentivos necesarios para que los países más ricos hicieran sus aportaciones. Por ello, la creación del FMI se realizó a partir de un sistema de cuotas de participación ponderado, el cual sigue exis-tiendo hasta el día de hoy. A cada país miembro se le asigna una cuota, que se basa, en líneas generales, en su posición relativa en la economía mundial. La cuota de cada país determina el tope de sus compromisos financieros frente al FMI y su número de votos en la institución, y ayuda a determinar su acceso al finan-ciamiento del FMI.
Sin embargo, el sistema ponderado se ha vuelto in-eficaz ya que la comunidad internacional se enfrenta a circunstancias distintas y profundas desigualdades económicas que el FMI no hace más que agudizar, dado que la influencia que cada miembro pueda te-ner en el organismo depende de su participación en el capital de dicha institución, provocando que las potencias económicas tengan una mayor participa-ción en las resoluciones del Fondo y que los países en vías de desarrollo no puedan impactar en las decisio-nes trascendentales de la institución.
Es menester recordar que cada época ha planteado condiciones diferentes a los distintos países involu-
1 The Economist, 2007: parr. 4
Rodrigo Careaga S., Jorge A. Heredia C., Eugenio Herrera A., Sandra Wong C.*
* Alumnos de Ingeniería en Negocios, Ingeniería Industrial y Rela-ciones Internacionales (respectivamente) del Tecnológico de Mon-terrey, Campus Estado de México.
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crados en el sistema internacional, por lo cual cada país hace uso de métodos distintos para solucionar las problemáticas que se le puedan presentar, méto-dos que en diversas ocasiones pueden contraponerse entre sí. Un ejemplo de esto es la transición de las eco-nomías basadas en el modelo sustitutivo de importa-ciones al modelo de libre mercado, transición que si bien disminuyó el intervencionismo estatal, también generó cambios en las instituciones internacionales cuyo carácter pasó de ser estatal a transnacional.
Las condiciones económicas en el mundo han cam-biado radicalmente desde la fundación de dichas ins-tituciones, puesto que el balance de poder económi-co se ha desplazado a otras regiones. Latinoamérica y Asia Oriental son un ejemplo de dichas regiones que, bajo una postura realista, pueden vulnerar la posición hegemónica de los países cuyas contribuciones son más altas en las instituciones de Breton Woods. El hecho de que en el actual orden mundial el número de actores preponderantes haya incrementado cues-tiona el predominio tradicional de Europa y Estados Unidos.
De acuerdo a Joseph Siglitz (2002), el FMI ha modifi-cado su forma de actuar, puesto que originalmente propiciaba el mayor gasto público, la reducción de impuestos y el aumento del flujo de dinero, políticas que ya no concuerdan con las posturas neoliberales que hoy proclama el instituto y le impone al sistema financiero internacional.
A pesar de que esta nueva estrategia haya dado re-sultado en ciertos casos, Stiglitz afirma que no es la manera de proceder en la solución de todos los con-flictos actuales.2
Las condiciones que ahora el FMI le impone en los candidatos a recibir un préstamo del instituto son in-flexibles respecto de la política económica que los países solicitantes deben implementar, tales como el cobro de altos impuestos, reducción del gasto públi-co, programas de fomento a la exportación y la apli-cación de los principios del libre mercado. Un estudio realizado por Ecke y Kutan en 2009 demostró que el efecto de los programas de asistencia a países de Eu-ropa del Este desde su separación de la Unión Sovié-tica no son los esperados y que en el transcurso de catorce años, algunos países han tenido hasta siete programas que no han resuelto efectivamente sus di-ficultades económicas.3
El esfuerzo del FMI y el BM no fue suficiente en el si-glo XX y no lo ha sido en el Siglo XXI, los países en desarrollo necesitan un mayor impulso para mejorar sus condiciones económicas y para fondear su creci-miento. Y como resultado de esta situación han sur-gido nuevas instituciones financieras que tienen el propósito de apoyar a los países en vías de desarrollo con los recursos necesarios para mejorar su liquidez y fortalecer su infraestructura.
El Banco del Sur surge en el 2009 como una alternati-va para apoyar a los países latinoamericanos. Este es un banco de desarrollo que se funda para atender la problemática actual y con una estructura de poder más justa y equitativa que la existente en las institu-ciones nacidas en Bretton Woods.
En la estructura del Banco del Sur no aplica el siste-ma de voto ponderado, todos los países miembros tienen la misma importancia y su voz tiene el mismo peso en las decisiones del organismo, sin importar las aportaciones que hagan ni la situación económica nacional. Otro punto a resaltar es que las condiciones de préstamo son menos restrictivas en comparación con las establecidas por el FMI, con lo cual se pueden impulsar proyectos de infraestructura de mayor al-cance y a plazos más largos.
2 Stiglitz, 2002: 1953 Ecke & Kutan, 2009: 14
En la firma del Acta Constitutiva del Banco del SUR, Rafael Co-rrea, Evo Morales, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula Da Silva, Nicanor Duarte y Hugo Chávez.
El enfoque del Banco del Sur está orientado al desa-rrollo del subcontinente como una región y no solo pensando en países aislados, ya que su prioridad es el desarrollo de la infraestructura y las redes de comu-nicación que permitan una mayor integración de sus miembros. El Banco del Sur se vuelve de este modo un mediador de las relaciones entre los países lati-noamericanos y un promotor importante de la coo-peración y crecimiento conjunto.
Otro de los factores que apoyan este esfuerzo coordi-nado es el uso de las monedas locales para solventar los fondos del Banco. A diferencia del FMI que basa sus reservas económicas en el dólar, el Banco del Sur recibe aportaciones en las divisas de todos sus miem-bros, lo cual generará estabilidad en los valores cam-biarios y por extensión en la economía de los países miembros.
Por lo anterior el Banco del Sur parece una alternati-va real de financiamiento para los países latinoameri-canos y algunos creen que debería sustituir al Banco Mundial y al FMI en la región. Sin embargo, las inicia-tivas de este banco no tienen que contraponerse a las de las demás instituciones financieras internaciona-les. Bancos regionales e instituciones globales pue-den operar en conjunto con enfoques distintos.
Uno de los principales problemas de los organismos internacionales es su incapacidad para responder a las necesidades de financiamiento de la región, tanto en el tiempo como en la forma en que ésta necesita específicamente, ya que su orientación es global y sus programas no estan diseñados específicamente para atender las necesidades y prioridades de subconti-nente latinoamericano, por lo que sus resultados no siempre son los óptimos.
Un banco regional puede tener un panorama más claro sobre los problemas de región y actuar de for-ma más puntual que una institución internacional como el FMI. No obstante, la labor integradora del Fondo Monetario Internacional sigue siendo necesa-ria como institución que coordina la actividad econó-mica de la comunidad internacional entera. Los fon-
dos disponibles para el Banco del Sur siguen siendo limitados, pues este tiene poco tiempo de haber sido creado, y por lo tanto, no puede tener aún el impacto que el FMI en casos de mayores magnitudes. Por es-tas razones el Banco del Sur no es un sustituto de las instituciones existentes, sino el elemento necesario para poder coordinar las iniciativas regionales, la in-tegración internacional y lograr una estabilidad eco-nómica a nivel regional, mientras que el FMI deberá de encargarse de problemáticas que trasciendan la región latinoamericana.
Se puede concluir que la creación del Banco del Sur es una respuesta ante la falta de respuestas eficien-tes por parte del FMI, respecto de la problemática fi-nanciera actual. Asimismo, su forma de organización resulta bastante atractiva para las economías en cre-cimiento y se adapta a las situaciones sociales y eco-nómicas de hoy en día; por lo que se postula como el complemento necesario para impulsar el crecimiento de los países latinoamericanos.
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La invalidez de la teoría maltusiana en México y la falta de libertad positiva en el acceso a los alimentosCarlos César T. Romero Rodríguez, Onnuri Vázquez Hwang *
“[...]la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre”.
Thomas Robert Malthus, Primer ensayo sobre la población (1798)
Esta cita ilustra una ideología que se ha mantenido vigente entre algunos economistas a pesar de que surgió de circunstancias históricas diferentes. Puede que esta ideología fuera útil en su momento pero se ha visto superada por teorías más modernas, las cuales se mostrarán en este artículo. Para comenzar, se explicará la relevancia de este tema para México, a continuación las teorías y términos con los que se abordará el tema, seguido por una breve mención de trabajos similares sobre este tema. Para el desarro-llo, se explicará por qué México no es una catástrofe Maltusiana, se proporcionará una teoría alternativa basada en la ideología de Amartya Sen y se propon-drá una solución al problema planteado. Por último, se concluirá con la respuesta a la pregunta de investi-gación de este texto ¿El hambre en México se da por falta de alimento? y, de no ser así ¿Cuál es el motivo?
Para empezar explicaremos la relevancia de este tema. En México, el 55% de la población vive en ca-rencia alimentaria, o bien no tiene una alimentación adecuada. Se sabe que diariamente se desperdician 30,000 toneladas de comida que aún está en condi-ciones adecuadas para el consumo humano (Banco de Alimentos, 2014), lo que representa una tercera parte de la producción. Estos datos nos permiten pensar que México cuenta con los recursos necesa-rios para erradicar la pobreza alimentaria que enfren-ta, especialmente en las comunidades indígenas, pro-pensas a sufrir de una salud precaria y, por lo tanto, una alta tasa de mortalidad.
Para analizar la problemática, este texto se apoyará en las ideas de dos economistas que trataron temas similares.
El primero es Robert Malthus, que en su libro “Pri-mer ensayo sobre principios de población” menciona como la población crece de una manera exponencial mientras que la comida de una manera geométri-ca (Malthus, 1798). Lo anterior, de acuerdo con sus predicciones, ocasionaría la extinción de la especie humana para el año 1880. El inconveniente de esta teoría fue no considerar que el desarrollo tecnológico presentaría un aumento mayor al considerado para producción de alimentos. Posteriormente, se explica-ra porque la falta de alimento no es un factor que sea la causa del hambre y por ende no puede considerar-se para México una catástrofe maltusiana.
El segundo es el Dr. Amartya Sen, principalmente con su texto “Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation” en el cual se encuentra un análisis de varias hambrunas en distintos lugares del mun-do. En este ensayo Sen concluye que la cantidad de alimento no es el principal problema. Esto se debe a que la producción de alimentos ha permanecido constante durante los años en los que han ocurrido las hambrunas., tal como en el caso de la hambruna bengalí (Sen, 1981), lo que llevó al autor a proponer que el problema es el acceso de la población a la co-mida, no la cantidad de comida producida. En la se-gunda parte de este trabajo se buscará probar que en México, al igual que en las hambrunas analizadas por Amartya Sen, el problema no es la producción de ali-mentos sino el acceso a la comida.
Antes de continuar, es pertinente definir algunos tér-minos importantes para este ensayo. Primero, el tér-mino catástrofe maltusiana, que entenderemos como la situación en la que el exceso poblacional y la baja producción de alimentos son los factores que causan el hambre. El segundo es la seguridad alimentaria
* Alumnos de la carrera de Economía y Finanzas (LEF) del Tecno-lógico de Monterrey, Campus Estado de México.
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que, de acuerdo a la Cumbre Mundial de la Alimen-tación celebrada en 1996 en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultu-ra (FAO), “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutriti-vos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Es necesario también definir el término de incentivos que como aquello que mueve a desear o hacer algo (Definición, 2014). Por último, es necesario explicar que en su teoría Amartya Sen maneja el término de libertad positiva, que se refiere a la posibilidad real de realizar una acción en compa-ración a la libertad negativa que supone que todo lo que no está prohibido está permitido (Sen, 1981).
A continuación, haremos un breve recuento de los trabajos que sobre el hambre se han realizado ante-riormente en México. Darwich afirma que el problema del hambre es causado por la escasa producción de alimentos y se debe resolver impulsando la agricultu-ra (Darwich, 2006), idea compartida por Braun quien además considera que el incremento en precios de los alimentos también es un causante del acceso a la alimentación (Braun, 2008). En el estudio cuantitativo “El Rostro de la Pobreza: la Inseguridad Alimentaria en el Distrito Federal”, se concluyó que las diferen-cias socioeconómicas son las causantes de que no se alcance la seguridad alimentaria y se sugiere que la solución se puede dar a partir de políticas públicas que erradiquen la pobreza (Parás, s/f ), opinión que se comparte en el artículo “Seguridad alimentaria en México” de Urquía-Fernández (2014). Por su par-te, Nora Lustig realizó un experimento donde se es-tablece la relación entre el ingreso y la alimentación, concluyendo que aumentar la exportación del pe-tróleo podría mejorar los ingresos de las familias. Sin embargo, advierte que estas exportaciones pueden generar beneficios solo a los sectores medios y dejar a los sectores marginados en la misma situación (Lus-tig, 1980). Adicionalmente, en “El Problema Alimenti-cio en México: Datos bioquímicos y planteamientos socio-políticos”, se analiza el desperdicio de comida y la mala nutrición en el país y afirma que estos proble-mas no se deben a la poca producción de alimentos sino a la burocratización de las instituciones que es-tán a cargo de combatir estos problemas (Real, 1962).
Por último, Duana afirma, en el mismo sentido que los dos autores mencionados anteriormente, que el pro-blema no es la falta de alimentos sino la distribución y el nivel de ingresos de la población (Duana, 2010).
En este sentido, estamos de acuerdo en que el pro-blema del hambre en México no es una catástrofe maltusiana. Para confirmar lo anterior proponemos tres elementos que explicaremos a continuación y posteriormente se desarrollarán más a fondo. En pri-mer lugar, existe suficiente comida para alimentar a la población, lo que nos permite afirmar que el hambre no es causada por la escasez de alimento. En segun-do lugar, el incremento en la producción de alimento es mayor que el incremento poblacional, debido al desarrollo de la tecnología agrícola que hace posible que una pequeña parte de la población alimente a la mayoría (Mankiw, 2009). En tercer lugar, la desace-leración del crecimiento poblacional causada por la disminución en la tasa de natalidad a nivel mundial y que se ve reflejada en la inversión de la pirámide poblacional. Por lo anterior, podemos confirmar que México no puede ser analizado a partir de la visión maltusiana.
Respecto a la producción agrícola sabemos que el precio al que pueden vender sus cosechas los agricul-tores es demasiado bajo y luchan por venderlas antes de que estas ya no sean consumibles, sin embargo en ocasiones no pueden aceptar precios tan bajos y deciden desechar sus cosechas y desperdiciar ese alimento (Darwich, 2006). Asimismo, se ha estimado que con la mitad de la producción nacional de ali-mentos se podría alimentar a todo el país (Banco de
Alimentos, 2014). Sin embargo, debido a su inadecua-da distribución, ya sea por el período de maduración, por deterioros en el empaque o sin causa alguna, se convierten en desperdicio (Banco de Alimentos de México, 2003).
Por otro lado, la falta de equipo adecuado o la incon-ciencia de los agricultores provocan que levanten sus cosechas casi al punto de maduración, lo que causa que éstas se embarquen casi a punto de pudrirse y al-berguen insectos o bacterias, lo que ocasiona que no se vendan y se desperdicien. Adicionalmente, muchas de las bodegas adonde se entregan estos productos agrícolas no participan en algún programa de dona-ciones que pudiera canalizar los productos desperdi-ciados y, por lo tanto, se desechan miles de toneladas de alimento diariamente. Al respecto, Madrigal (2013) estima que con dos terceras partes del desperdicio total diario se podría acabar con la pobreza alimenta-ria en nuestro país. Estos datos nos demuestran que nuestro país genera el alimento suficiente como para alimentar a toda su población y que el problema no radica en la escasez de alimento.
Por su parte, el desarrollo tecnológico alcanzado en la producción agrícola ha elevado notablemente la eficiencia en la producción de alimentos y ha permi-tido que un menor número de personas sea capaz de producir una mayor cantidad de alimentos. Por ejem-plo, en 1950, la producción de todos los alimentos ne-cesarios para alimentar a la población de los Estados Unidos requería del 17% de la fuerza laboral, mientras que ahora solo requiere del 2% para producir incluso más del doble de alimentos (Mankiw, 2009). Esto, au-nado a los grandes avances en la biogenética que han aumentado la productividad de las semillas y varie-dades de alimentos cultivados, nos lleva a confirmar que la velocidad a la que se incrementa la cantidad de alimentos actualmente es suficiente para compensar el crecimiento poblacional.
De acuerdo a la teoría maltusiana la población crece de manera exponencial (Malthus, 1798). Sin embargo, para el México actual esta evolución no se confirma ya que nuestro país ha experimentado una desacele-ración en el crecimiento poblacional, que se muestra en su pirámide poblacional (ver gráfico abajo).
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Fuente: INEGI, 2014
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En esta, podemos observar un ensanchamiento del área correspondiente a la población joven, adulta y mayor, mientras que la correspondiente a los infantes se ha estrechado. Si este comportamiento se confir-ma en los próximos años, México podrá registrar no solo menores tasas de crecimiento poblacional, sino hasta negativas, tal como ha sucedido en algunos países europeos.
De lo anterior deducimos que en el futuro el creci-miento de la población mexicana no será mayor al de la capacidad nacional de producir alimentos (Man-kiw, 2009).
No obstante, prevalecen algunas voces menos opti-mistas. Darwich (2010) estima que “El índice de creci-miento poblacional mundial marca que, para el 2050, seremos 9,000 millones de habitantes; cada año na-cen 750,000,000 nuevos seres, que requerirán un in-cremento del 70% de comida disponible”, y cita al jefe del Instituto Internacional de Investigación y Política de Alimentos, Joachim Von Braun, quien advierte que “el apetito por las tierras de los pobres será mayor” y “volveremos a tener guerras”.
En caso de ser cierta la afirmación anterior, y sin consi-derar cambios en la distribución de alimentos, se con-firmaría la teoría maltusiana; enfrentaríamos pronto una escasez de alimentos y una inevitable hambruna. Por ende, la solución natural sería aumentar la pro-ducción de alimentos y contener el crecimiento po-blacional.
Pero, tal como se ha mencionado anteriormente, es-tas predicciones no son necesariamente válidas para México, por tres razones importantes: 1) la desacele-ración del crecimiento poblacional en México; 2) el desarrollo de la tecnología agrícola y la biotecnología que permiten producir más alimentos de los que se necesitan, y 3) el enorme desperdicio de comida que existe actualmente en nuestro país. Lo anterior nos permite pensar que un aumento en la producción no es necesario para resolver el problema del hambre en nuestro país, sino una mejor distribución ya que, de otra manera, solo conseguiríamos un incremento en el desperdicio.
Por su parte, Amartya Sen considera que la causa del hambre es la falta libertad real (positiva) para acce-
“La comida que se desaprovecha en Estados Unidos y en la Unión Europea podría alimentar a los 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo,” nota y foto publicadas en http://www.ecointeligencia.com/2013/01/consumo-responsable-ecointeligente/
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der a la comida y no la falta de alimento (Sen, 1981). Dos factores explican las dificultades en el acceso a la comida. El primero es la desigualdad de ingreso que a su vez genera una desigualdad alimentaria. El se-gundo, es la concentración poblacional, misma que provoca una distribución inequitativa de los recursos y ocasiona hambrunas en las áreas rurales.
De acuerdo a Urquía-Fernández (2014) ”La desigual-dad en el acceso a recursos, activos, capacidades e ingresos y acceso alimentario es central para la se-guridad alimentaria”. Tal desigualdad se explica por la pobreza exacerbada en nuestro país. Según datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 2012, 53.3 millones de personas viven con un ingreso infe-rior a la línea de bienestar.1 Por su parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, detectó que el 30 % de los hogares con ingresos más altos (deciles VIII, IX y X) concentraron el 62.7% del ingreso total del país, mientras que el restante 70% de los hogares (deciles I al VII) capturan solo el 37.3 % del ingreso nacional. Lo anterior confirma que existe una brecha muy amplia, en términos de ingre-so y bienestar, entre quienes están ubicados en los niveles de ingreso más alto y la mayoría de los mexi-canos que esán ubicados en los deciles más bajos.
1 Esta línea de bienestar es el valor total de la canasta alimentaria (alimentos requerimientos de energía y nutrientes) y la no alimen-taria por persona al mes (Coneval, 2014).
En 2010, 22.2% de los hogares en México redujeron su cantidad y calidad de alimentos consumidos, los cua-les, por ende, no pueden enfrentar la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, reducien-do aún más sus posibilidades de mejorar sus ingresos y su acceso a una mejor alimentación (Urquía-Fernán-dez, 2014). Por lo tanto, la enorme desigualdad obser-vada en México condena a la población de menores ingresos a mantener e incluso reducir su deficiente alimentación.
En el estudio titulado Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en México 2012 se confir-ma que la pobreza se concentra en las zonas rura-les con mayor presencia indígena: “La concentración geográfica del valor de la producción de alimentos y de unidades económicas rurales empresariales di-námicas en pocas entidades federativas expresa una desigualdad crítica.” (Urquía-Fernández, 2014). Por su parte, el Presidente del Fondo Internacional de Desa-rrollo Agrícola (FIDA), Kanayo Nwanze, asegura que “Muchos de los que sufren pobreza y hambre en el mundo son pequeños campesinos en los países en desarrollo”. Como podemos observar, las poblaciones rurales e indígenas que tienen menor poder adquisi-tivo, en comparación con a la población urbana, son los que mayormente padecen la mala distribución de alimentos, cuando son estos los que pueden ayudar a generar una producción alimenticia más sostenible.. En este sentido, es necesario canalizar más créditos, fortalecer las instituciones promotoras de este sector y aplicar mecanismos efectivos para elevar su produc-ción de alimentos, de manera que se pueda impulsar su seguridad alimentaria.
En general, existen varios inconvenientes para corre-gir los problemas ocasionan el hambre en nuestro país. El primer reto es cómo enfrentar la desigualdad en el ingreso. El segundo, es como compensar el pro-blema de la distribución poblacional en el país.
Conclusiones
En primer lugar, confirmamos que la teoría maltusia-na no explica el problema del hambre en México. Esto se debe a tres argumentos: el decrecimiento pobla-cional, el incremento acelerado de la producción de alimentos y la existencia de alimento suficiente para toda la población. En segundo lugar, propusimos un
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análisis alterno a partir de la teoría de Amartya Sen, la cual afirma que el hambre es causada por la falta de libertad real (positiva) en el acceso a los alimentos. Lo anterior debido a dos factores: la distribución pobla-cional y la desigualdad del ingreso en el país.
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El salario mínimo en México, ha pasado de ser tan sólo una medida económica y ha transcendido hasta el nivel más humano, aquel salario que sea capaz de proporcionar una vida digna a los ciudadanos que la-boran en este país. El salario mínimo se define como un derecho y un piso moral que acuerda la sociedad bajo la idea central de que toda aquella persona que desempeña un trabajo lícito debe tener acceso a un nivel básico o digno de vida. Entonces, se plantean varias premisas y las mismas giran en torno al hecho de que no se puede asignar un número al salario que refleje un nivel de vida digno. Sin embargo, las leyes en México (Ley Federal del Trabajo) establecen tex-tualmente en el artículo noventa que:
“El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfa-cer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”1
Al no alcanzar a cubrir las necesidades básicas de las personas, no sólo se produce una inconstitucionali-dad; sino también el piso moral acordado por la so-ciedad para que una persona perciba un salario mí-nimo (digno) por un trabajo realizado, es vulnerado, agravando así las condiciones laborales de muchos mexicanos, consecuentemente desvalorizando la mano de obra. Tras todas estas fallas del gobierno central, de las cuáles el pueblo está consciente, sería pertinente generar un cambio. ¿Sería conveniente in-crementar el salario mínimo para que así la población que se beneficia de este ingreso alcance un nivel de vida digno o los esfuerzos por un aumento en el sa-lario mínimo podrían traer repercusiones negativas para la sociedad?
1 Ley Federal del Trabajo. México. Artículo 90.
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De la necesidad a la imposibilidad de incrementar el salario mínimo en México
Tras cifras alarmantes del número de personas que se encuentran en una situación de pobreza, ergo 52 millones de mexicanos, se plantean diversas alter-nativas para erradicar o disminuir en el corto plazo ese monto de personas, una de esas alternativas es el aumento del salario mínimo. Dado que el hombre es un ser racional y partiendo de esta premisa es que se establece un salario que vaya de acuerdo al nivel de productividad de la mano de obra menos califi-cada en una sociedad, pero a su vez este salario de-berá ser lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un individuo, es a través de la razón2 que se reconoce que el salario mínimo actual en México no logra cubrir con todas las necesidades de un indi-viduo (Mismas que se miden a través del valor de la canasta básica); pero a su vez, a través de la razón se logra discernir y encontrar justificantes que permitan mantener al salario mínimo en sus niveles actuales por un beneficio mayor a la sociedad. Cabe a su vez recalcar que a pesar de que se trate de establecer un salario “digno”, la dignidad de una persona que perci-be este salario –tanto como la dignidad de quien no lo percibe- no se ve afectada, puesto que la misma es intrínseca al hombre3. Es decir que no habría va-lor suficiente que se le pueda asignar a un salario que vulnere la dignidad de un ser humano.
Ahora desde un punto de vista económico, el impac-to que tiene el aumento del salario mínimo sobre las personas que lo perciben no es significativo; por el contrario, un aumento del salario mínimo significaría el recorte de empleo y consigo llevaría a la inflación. Dado que ahora las empresas deberán aumentar el costo de producción de sus bienes, el precio final al consumidor será más alto, además, el recorte de per-sonal sería una medida inevitable, dado que un ne-2 Aristóteles. (400 a. C.) Ética a Nicómaco. La razón. pp 32. S/E.3 Vilchis, Xavier. Diferencias entre prejuicio y juicio crítico. Dig-nidad humana.
Ignacio Guarachi Cando*
* Alumno de la carrera de Economía y Finanzas (LEF) del Tecno-lógico de Monterrey, Campus Estado de México.
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gocio desea seguir operando -siendo rentable-. Las personas a quienes afectaría una medida así sería la mano de obra poco calificada, que se beneficia al per-cibir este salario. La medida no justificaría el castigar a las empresas que generan riqueza, empleos y pagan impuestos; de manera que, las mismas tendrán que sacrificar su margen de ganancia, inhibiendo tam-bién la creación de nuevas empresas.
Por el otro lado, exigir el aumento del salario mínimo no puede considerarse como un acto de buena vo-luntad4, el mismo no se puede universalizar, dado que el ser humano no podrá sentir satisfacción alguna y siempre tendrá a exigir un salario más alto que logre abarcar más necesidades, mismas que se constituyen en más deseos. Esto se debe a que el salario mínimo es cuantificable y su eficiencia se mide a través de los precios que se constituyen en la canasta básica o acaso la canasta básica advierte de la calidad de vida “digna” que una persona no tendrá si no consume los bienes que se constituyen dentro de la misma.
Además un incremento en el salario mínimo no sólo se ve reflejado sobre aquellas personas que se benefi-cian del mismo sino también los procesos que se vin-culan a los salarios mínimos como las pensiones por retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. También las multas que se pagan en torno a los salarios mínimos, es decir que el incremento del salario mínimo logra afectar a gran parte de una sociedad.
4 Kant. Metafísica de las costumbres. Actos de buena voluntad.
Al establecer también que el salario mínimo actual no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica, misma que se cotiza a Noviembre de 2014 en 1773 pesos (Secretaria de Desarrollo Económico), se dice que las personas no pueden cubrir las necesidades alimen-tarias “básicas” que se encuentran dentro de esta canasta; sin embargo un análisis más a profundidad de los componentes que cubren esta canasta servirá para discernir entre los bienes que se pueden consi-derar como útiles para el bienestar del ser humano. Entonces se encuentran bienes que no aportan bien-estar alguno a los individuos como el lubricante ínti-mo, otros pueden constituirse como vicios tal como los cigarros y el alcohol que también se contemplan dentro de esta canasta. Entonces, antes de tratar de incrementar el salario mínimo vital para que así cubra el costo de la canasta básica, se necesita hacer una re-forma a los bienes que se contemplan dentro de la ca-nasta básica, analizando a profundidad si los mismos constituyen bienes de gran utilidad y que los mismos aporten bienestar a las personas. Finalmente, no existe garantía alguna de que tras el incremento del salario mínimo vital, las personas ten-drán una mejor calidad de vida y podrán cubrir con todos los bienes que incluye la canasta básica. Si fue-se tan sencillo el tan sólo incrementar el salario míni-mo para que se reduzca la pobreza y las personas ten-gan una mejor calidad de vida, no debería limitarse el salario mínimo a un monto de 65.85 pesos diarios sino debería incrementarse a montos exorbitantes. Sin embargo, a pesar de que el salario mínimo fuese de un gran monto de dinero, no hay respaldo alguno de que la distribución de este salario que se percibe, se realice de manera adecuada. Las personas podrán entonces recibir un mayor salario pero si el gobierno no se preocupa de que las mismas tengan una educa-ción moral, de manera que las personas inviertan este salario en bienes que realmente aporten bienestar a su familia, es inútil creer que si el salario incrementa-se, las personas podrán tener una mejor calidad de vida dado que no existe una educación adecuada so-bre la distribución que estas personas le darán a su propio ingreso.
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45sustentAbilidAdUnsustainability of modern lifestyles: Consecuences in health, environmental and GHG footprintVictoria Freyssinier and Thomas Tschanz*
Introduction
This research examines the existing relationship be-tween poor eating habits and lack of physical activity with obesity and preventable diseases. It also addres-ses the environmental effects of these bad habits, loo-king in particular at high emission levels. The research uses cases from the U.S. and Switzerland to illustra-te differences in healthcare for general populations, confirming that those with bad habits have a bigger carbon footprint than individuals who take care of their health through good habits. In other words, the sum of “good habits” makes human life more sustai-nable.
I. Sustainability vs. obesity: How unsustainable is the modern lifestyle?
1. Food consumption and exercise: Habits in mo-dern society
Urban expansion, increased purchasing power, and globalization seem to be the current drivers of food habits. Urban residents have wider choices of retail products, see many promotions, and are close to the supermarket. Therefore, resources are “abundant, available and easy to access.”
In recent years, the lifestyle of modern society has been characterized by a high-calorie diet with poor nutrition, high levels of cholesterol, lack of exercise, and obesity, all of which can lead to diseases (Link and Phelan, 1995). Indeed, obesity has increased dra-matically in western industrialized nations as well as in emerging economies.
The sedentary lifestyle of modern society, such as sewing, playing board games, reading, writing, dri-ving a car, and watching TV, can lead to a lower me-tabolic rate. This condition is characterized by con-suming fewer calories than are burned, resulting in a positive caloric balance, which accumulates in the human body as fat deposits. The worst sedentary ac-tivity, watching TV, brings with it constant exposure to food advertising, which has been connected to an increase of “food and calorie intake and unhealthy eating patterns.” Other frequent sedentary behaviors, such as sitting at work, being away from home, and driving, were also significantly associated with an ele-vated risk of obesity. In contrast, time spent standing or walking around at home was associated with a lower risk of obesity (Hu et al., 2003). Sedentary lifes-tyles are more frequent in cities than rural areas, but in recent years this trend has begun to spread throu-ghout society.
2. Health consequences of food consumption and exercise in modern society
In the last few decades, studies have been identifying risk factors for major diseases. Most of this research is focused on factors that are “relatively proximal to cau-ses such as a diet, cholesterol level, exercise and the like” (Link and Pelan, 1995). Poor health habits have been strongly associated with illnesses and mortality. As the degree of obesity climbs, health risks increase (Arkin et al., 2008).
Low levels of physical inactivity, called sedentarism, and a high-calorie diet have led to an increased inci-dence of obesity, which in turn is a risk factor for type 2 diabetes, coronary heart disease, hypertension, and some forms of cancer. Sever or morbid obesity is as-sociated with the highest rates of mortality. Some se-
* Elaborado en el marco del Programa de Maestria en Manejo de la Sustentabilidad de la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York.
46sustentAbilidAdcondary types of diseases associated with obesity are psychological, such as depression, anxiety, and other psychiatric problems (Anessi and Whitaker, 2009).
II. Impact of the “unsustainable lifestyle” on the eco-nomy, energy, environment, and climate change
1. Impact on the economy
The costs of medical attention for avoidable diseases have been studied by several medical authors, who indicate that the medical attention for diabetes and hypercholesterolemia has been related to high medi-cation adherence and eventual periods of hospitali-zation. Although the patients could reduce their costs for medical hospitalization and high doses of medica-tion, both are considered highly expensive, especially under chronic and progressive conditions (e.g. Sokol et al., 2005).
Other studies show that people with obesity, hyper-tension, hypercholesterolemia, and diabetes could cost twice as much to treat as those who do not pre-sent the same factors. Furthermore, this trend seems to reinforce the American Heart Association’s projec-tion that the cost of cardiovascular disease, the lea-ding cause of death in the USA, will triple by 2030, and type 2 diabetes, which is a largely preventable disease, will affect half of Americans by 2020 and will cost $500 billion annually (www.heart.org)
2. Impact on the environment
The environmental consequences of food production and distribution practices have included the heavy use of water and land. This situation causes tension because each day the demand for food increases but irrigation is limited, and the agricultural land is shrin-king. With prevailing land and water management practices, a human diet based on 3000 kcal/day re-presents a water depletion of 3500 liters per person per day, equivalent to 70 times the 50 liters per per-son per day for basic household water needs. Behind any food basket, there is a “water footprint,” which ge-nerally increases with the level of food consumption.
Food production puts water and land resources un-der pressure, with serious repercussions on natural aquatic and terrestrial ecosystems. With the demand
for food ever rising, it is a challenge to achieve increa-sed food production from each available unit of water and plot of land.
Agricultural production patterns have generated groundwater overexploitation, water logging, salini-zation, and heavy appropriation of stream flow. The patterns of mass food production consequently pro-voke reduced production potential. A strong mana-gement of the water-agriculture-ecosystem is neces-sary as a precondition for ecological sustainability.
Meat production also puts significant pressure on the world’s natural systems. For example, the production of 1 kg of meat could require between 3 and 10 kg of grain. During the past 40 years, global meat pro-duction per capita has increased more than 60%. Lar-ge-scale facilities have made production competitive, but its impact on health and the environment have larger costs that specialists will calculate with more exactitude.
High-density animal production operations using antibiotics have fueled the emergence of new disea-ses) as well as larger air, ground, water, and surface pollution associated with animal waste (Tilman et al., 2002).
3. Impacts on energy demand
The carbon footprint of human activities, which inclu-de food consumption, exercise, and their consequen-ces, can be approximated with current methods. For example, 50% of the total household energy requi-rement can be considered direct. The other 50%, the indirect energy requirement, is defined as the ener-gy needed for the production, distribution, and was-te disposal of consumer goods and services, such as
medical services and the production of food (Benders et al., 2006). Over the past two decades, consumption patterns have been studied, and some research focu-ses on lifestyle (Bin and Dowlatabadi 2005).
The estimated energy used in food production has accounted for 10.5% of the total energy used. In 2002, the food production system accounted for 17% of all fossil fuel use in the United States. Regarding the pro-duction of meat per unit protein, meat in fact requi-res 6 to 17 times as much land as soy. Therefore, the net need of reduction in methane and nitrous oxide emissions will have to be larger than our estimate here (Tilman et al., 2002).
4. Impacts on global warming
Meat production is the largest agricultural producer of greenhouse gas emissions (GHG) because of ani-mal waste. It is estimated that if meat production were to decrease, the land use would increase, repla-cing it with more vegetables for food and leading to a reduction of GHG (Tilman et al., 2002).
On the other hand, the carbon footprint of medical services has been studied less than those of food. One methodological proposal is to measure the to-tal GHG emissions attributable to the production of healthcare goods and services for the National Health Accounts Team and the Environmental Input-Output Life-Cycle assessment of the U.S. healthcare sector. The result, including upstream supply-chain activi-ties, contributed in 2007 to an estimated 546 MMT-CO2Eq in the USA, 46% of which was attributable to direct activities. The largest contributors were hospi-tals (39%) and prescription drug companies (14%). Approximately 80% of total global warming was due to carbon dioxide emissions.
5. Some positions on “unsustainable behaviors”
Scientists in diverse fields have located the origin of previous trends in social areas, particularly in social classes (Roy and Pal, 2009), and some ecologists have been studying the environmental influences of tho-se human behaviors (Dagkas and Stathi, 2007). Other scientists even propose that the “individualistic” or “altruistic” framework in societies could explain hu-man habits (Gilg, Barr and Ford, 2005). There are other positions in science that explain behavioral trends in
food consumption in the modern population as the distance between the consumers and production: “Consumers seem largely ignorant or misinformed about the resource and environmental implications of food production and their own behavior as a con-sumer” (SIWI et al., 2005).
Another interesting position is economic-historical, which identified the origin of the production and consumption patterns in the period of “agrarian capi-talism,” when the relationship between these patterns in the rural domestic unit was increasingly disrupted. In England, for example, landowners were looking for more lucrative opportunities. But the great indus-trialization of the food economy occurred after the Second World War, initiating the period of “durable” food, whereas “dietary regime” emerged by the latest part of the last century. At that point food production was industrialized on a very large scale.
Another related trend was the marketing of ready-to-eat food and beverages, in which many tools of mass communication created an “environment” to domina-te the food market over multiple generations (Wins-ton, 2013).
6. Sustainable lifestyle: What does it mean?
In contrast to what we know about certain “bad be-haviors” associated with food consumption and exer-cise as well as their adverse consequences on heal-th and the environment, there is less research about sustainable lifestyles or sustainable consumption. In general, researchers prefer to write about “green con-sumption.” The incorporation of “green consumption actions” within a “framework of environmental action” has shown that “green consumption in a green fra-mework” can be sustainable. It is one “component of a wider shift in lifestyles that invokes both purchase-re-lated and habitual behaviors in a holistic conceptuali-zation of everyday living” (Gilg, 2005).
There are differences between behavioral groups that have their own social, attitudinal, and behavioral qualities. These groups range from committed envi-ronmentalists who partake in a considerable variety of environmental actions, like green food consump-tion and regular exercise, to non-environmentalists who generally never participate in such activities and
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have poor food habits and a sedentary lifestyle. Unli-ke the sustainable behaviors of environmentally min-ded groups, the non-environmentalist habits create a detrimental chain of adverse effects: obesity-illnes-ses-high-carbon-footprint
Looking at the medical requirements of nutrition to prevent obesity and related diseases (for medici-ne, the supply chain or ecological footprint is not an aspect to consider), it is necessary to encourage the consumption of fresh fruit and vegetables, less satu-rated fat, less simple carbohydrates, less sugar, and eventually fewer animal products (Reddya and Katan, 2004). They recommend avoiding fast food and in-dustrialized food because it could contain excessive sugar, salt, sodium, or other unhealthy ingredients.
III. Overview of “unsustainable” behaviors in Swit-zerland and the USA: Trends of obesity
In industrialized countries, the trends have shown si-milar behavior. The physical activity at work decrea-ses, and therefore it becomes more important during one’s leisure time. In 2002 in Switzerland, 62% of men and 68.1% of women had too little exercise in their leisure time. The “fit people,” or those who work-out regularly, represented about one-third of the adult population. The proportion of overweight has increa-sed with decreasing physical activity (Federal Office of Statistics, 2007).
48sustentAbilidAdIn 2002, 29% of the Swiss population aged 15 and ol-der was overweight, 8% was obese, and 31% chose not to talk about their nutrition. Poor nutritional ha-bits were observed more often in young men and in populations with low levels of education. (Eichholzer et al., 2005). Until 2007, in the same survey the trend remained: 29% were overweight, 8% were obese over the age of 15, 30% did not care about their nutrition, and 20% ate meat or meat products every day (Ei-chholzer et al., 2007).
In the U.S., more than one-third (34.9%) of adults were obese in 2011–2012. The prevalence of obesity was higher among middle-aged adults (39.5%) than among younger (30.3%) or older (35.4%) adults. The prevalence of obesity did not differ between men and women. In the U.S. the survey did not differen-tiate between economic status, but there is some other important demographic data: the prevalence of obesity was higher among non-Hispanic blacks (47.8%), Hispanics (42.5%), and non-Hispanic white (32.6%) adults than among non-Hispanic Asian adults (10.8%). In that sense, the findings could be equated with the results in Switzerland because the previous “minorities” are connected with low incomes (Ogden et al., 2013). It is important to mention that trends did not change since the last survey (2009–2010). Also, al-though it was not the subject of this study, the major mortality rates in the U.S. seem to be associated with obesity trends.
1. Medical costs of obesity
Some studies have revealed that healthcare costs in the U.S. have been increasing, and in the 90s they were far higher than in any other nation (Fries et al., 1993). In 1992, for example, they exceeded 14 per-cent of the gross domestic product. The costs in me-dical attention were $838 billion, equivalent to over $3,000 per person. The authors attributed the rise in prices to the increasing demand for medical services, which is an obvious consequence of the increase in chronic illness.
Until 2008 in the U.S., medical spending per capita for an obese person was calculated to be $1,429 hi-gher per year, or roughly 42 percent higher, than for someone of normal weight. In aggregate, the annual medical burden of obesity has increased from 6.5%
to 9.1% of annual medical spending and could be as high as $147 billion per year (in 2008 dollars).
Curiously, pharmaceutical, medical, and surgical in-terventions to treat obesity are available to society, but these treatments remain rare. The costs which were attributable to obesity are almost entirely a re-sult of costs generated from treating the diseases that obesity provokes (Finkelstein, Fiebelkorn and Wang, 2003).
During 2007, the healthcare sector accounted for 16% of the US gross domestic product, and the total effects of health care activities contributed around 8% of total U.S. GHG and 7% of total carbon-dioxide emissions (JAMA, 2009).
In Switzerland medical costs associated with obesity are high. It causes high treatment costs, including the use of resources for the treatment of obesity and affi-liated diseases, and also macro-economic costs, such as lost productivity from sick leave, disability, and ear-ly death (Federal Office of Statistic, 2007). In Switzer-land, a study has estimated these costs alone for the year 2001 to be around 2.7 billion Francs (around $1.6 billion dollars in 2001) (Schneider and Schmid, 2004).
In general, over the past years one finds similar corre-lations in the trends for obesity and related healthca-re expenses in the U.S. and Switzerland, especially in cities.
IV. Contributions to the climatic challenge
Diet and nutrition have been extensively investigated as risk factors for many preventable illnesses associa-ted with obesity, such as cardiovascular diseases (e.g. coronary heart disease and stroke), and they are also linked to other cardiovascular risk factors like diabe-tes or high blood pressure. The study proposes that it is necessary to combine a low calorie and high nutri-tive diet with a good level of physical activity.
The differences between levels of health in society are affected not just by the intake of food; physical ac-tivity is also necessary to have a balance. A healthier society would demand less bad food and less medical care, which would contribute to a decrease in climate change. “Efforts to reduce environmental illiteracy are a prerequisite for sustainability.” Increasing the infor-mation and improving education about the adverse consequences of poor food consumption and a lack of physical activity could contribute to sustainable behaviors in society.
Changes in lifestyles can contribute to achieving a low carbon-emission as well as economic growth that is both equitable and sustainable. The simple ecologi-cal reasoning and global warming impacts encoura-ge abandoning high-consumption lifestyles in order to reduce the demand of energy and materials on economic systems through the supply chains, espe-cially extraction, production, packaging, transporta-
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tion, sale, consumption, and waste disposal.
Ecological modernization that follows high income and improves the possibilities to act in a more envi-ronmentally friendly manner cannot be correlated with behavior leading to GHG reduction. In countries like the USA, rising incomes have not resulted in de-creasing carbon emissions. Indeed, the “American Li-festyle” is considered the most energy-intensive lifes-tyle in the world (Roy and Pal, 2009).
Conclusions
Changes in societal behaviors towards a reduced-ca-lorie diet and regular exercise as part of an overall “sustainable lifestyle” can not only save lives but ge-nerally increase the quality of life and “wellness.” It can even save billions of dollars and help to significantly reduce the water, land, carbon, and GHG footprint. Benefits of these behavioral changes will be felt wi-dely, affecting the entire planet. Therefore, plant and animal ecosystems as well as human society will be-nefit from the availability of resources and the reduc-tion in global warming.
Furthermore, the unsustainable lifestyle leads to di-seases and consequently to more medical treatment, which increases the environmental footprint. This footprint (e.g. GHG emissions, lack of green areas, etc.) also affects human health adversely, which again leads to greater medical services, creating a vicious circle when an unsustainable lifestyle is maintained.
Cases from the U.S. and Switzerland were analyzed in order to find differences between “unsustainable behaviors and more sustainable behaviors in food consumption, exercise and its consequences in so-ciety.” But, surprisingly, trends over the last number of years were similar in both countries, which serves to demonstrate another secondary hypothesis of the “occidental” lifestyle. These behaviors have contribu-ted to similar outcomes: high consumption of “high calories” and industrialized food and a lack of exercise lead to obesity and derivative illnesses in a portion of the populations. The phenomena affect primarily low income populations.
High demand for industrialized food and medical at-tention creates an increased ecological footprint, in-cluding carbon and GHG emission, which would be
50sustentAbilidAdavoidable through better education, green framewor-ks, or, in the best scenario, a sustainable framework. The myth that fast food is cheap can be easily refuted by observing the consequences of abuse in its con-sumption. The environmental and climatic cost in any activity is assumed by all the inhabitants of Earth. If each person takes personal responsibility to be a sus-tainable unit, the demands on other systems could be more conservative and would contribute to a more sustainable reality.
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