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Vol. 6, No. 3, Spring 2009, 137-165
www.ncsu.edu/project/acontracorriente
Escuelas de militancia: la experiencia de los presos
políticos en Argentina, 1955-1972
César Seveso
University of Houston
Este ensayo analiza los aspectos judiciales y políticos que marcaron
la experiencia carcelaria desde la autodenominada Revolución Libertadora
(1955) hasta el regreso de Juan Perón a la Argentina (1972), prestando
especial atención a la acción legislativa que el Estado emprendió para
detener el crecimiento de la oposición política. Tal como ha sido señalado
en varias oportunidades, la experiencia de los prisioneros políticos, aunque
marcó gran parte de la historia del siglo XX, sólo ha sido superficialmente
explorada en la historiografía reciente.1 No existe una explicación sencilla
Por sus comentarios y sugerencias a versiones anteriores de este artículo,
me gustaría agradecer a: Santiago Garaño, Jeffrey Gould, Greg Dawes, Peter Guardino, Daniel James, Padraic Kenney, Silvina Merenson, al lector(a) anónimo(a) y, especialmente, a Natalia Milanesio. Agradezco también el apoyo de Andrew W. Mellon Foundation/American Council of Learned Societies Early Career Fellowship Program, Dissertation Completion Fellowship.
1 Véase, entre otros trabajos, Antonius C. G. M. Robben, Political Violence and Trauma in Argentina (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005), pp. 236-258; Santiago Garaño y Werner Pertot, Detenidos-aparecidos: Presas y
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para dar cuenta del por qué de esta omisión, pero tal vez una de las razones
principales resida en el denso entramado de relaciones de poder que se
fueron forjando a partir del gobierno de Raúl Alfonsín entre las víctimas,
los familiares de los desaparecidos, los gobiernos nacionales, el sistema
judicial y los organismos de derechos humanos, y de cómo todos ellos
articularon cuestiones legales y morales en la penalización de la violación
sistemática de los derechos humanos durante la última dictadura.
La figura del desaparecido y el centro clandestino de detención se
convirtieron en los paradigmas más fuertes de la guerra sucia. Las
atrocidades cometidas en los cientos de centros clandestinos de detención
ocuparon un lugar central, marginalizando un conjunto de experiencias,
incluyendo la detención legal en las cárceles de la dictadura, que se
percibían como menos trágicas, o cuya denuncia era tal vez menos
urgente.2 Particularmente desde inicios de los 2000, los ex presos políticos
han reclamado su lugar en la historia, favorecidos por un contexto social y
político que con renovado esfuerzo busca castigar a los represores de la
última dictadura.3 Este ensayo no sólo ofrece un análisis del denso
presos políticos desde Trelew a la dictadura (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2007); Ana Guglielmucci, “Visibilidad e invisibilidad de la prisión política en Argentina: La ‘cárcel vidriera’ de Villa Devoto (1974-1983)”, A Contracorriente, Vol. 4, No. 3 (Primavera 2007): 86-136; Fernando Reati, “Trauma, duelo y derrota en las novelas de ex presos de la guerra sucia argentina”, Chasqui, Vol. 33, No. 1, (Mayo 2004): 106-127; Julie Taylor, “Desdemona’s Lament”, The Drama Review, Vol. 45, No. 4 (Invierno 2001): 106-124.
2 Carlos Zamorano llegó a una conclusión similar al final de la década de 1980. Ver su prólogo a Estela Vallejos, Por amor a la libertad (Buenos Aires: Dialéctica, 1987), 7. De todos modos, esto no implica desconocer un conjunto de trabajos producidos por ex presos durante la década de 1980, como, por ejemplo, Elvio Avila, Crónicas de un viaje al país de la revancha: Los que no desaparecieron (Buenos Aires: Peña Lillo, 1983); Carlos Zamorano, Prisionero político: Testimonio sobre las cárceles políticas argentinas (Buenos Aires: Ediciones Estudio, 1984); José Luis Bondone, Con mis hijos en las cárceles del Proceso (Buenos Aires: Editorial Anteo, 1985); Ulises Gorini y Oscar Castelnovo, Lilí, presa política: Reportaje desde la cárcel (Buenos Aires: Antarca, 1986); Carlos Samojedny, Psicología y dialéctica del represor y el reprimido (Experiencias de la unidad carcelara 6-Rawson) (Buenos Aires: Roblanco, 1986); Alejandro Ferreyra, La gaviota blindada: Estamos bien gracias a los compañeros. (Córdoba: Editorial Asociación Civil “El Charco”, 1988). Aquí sólo he incluido los relatos centrados en la experiencia de los presos “legalizados,” es decir, aquéllos cuya detención había sido oficializada por las autoridades.
3 Ejemplos de la nueva generación de trabajos testimoniales son: Del otro lado de la mirilla: Olvidos y memorias de ex presos políticos de Coronda, 1974-1979 (Santa Fe: Asociación Civil El Periscopio, 2003); Jorge Giles, Allí va la vida: La masacre de Margarita Belén (Buenos Aires: Colihue, 2003); Daniel Esteban
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entramado legal y político que desembocó en la última dictadura, sino
también reconstruye una experiencia histórica casi totalmente olvidada, y
sin la cual resulta imposible entender el rol preponderante que hoy ocupan
los ex presos políticos en la lucha por los derechos humanos.
La secta del gatillo y la picana: El estado antiperonista
Vinieron unos marinos muy bonitos y peinados,
le llevaron el marido le trajeron un finado.
Margarita Castellanos Cabanillas, La Antipatria, yo…y el viejo Vizcacha
Luego del derrocamiento de Juan D. Perón en Setiembre de 1955
cientos de militantes peronistas descubrieron un aparato represivo de
vastas proporciones y objetivos bien definidos. A través de la persecución y
la tortura, policías, soldados y comandos civiles materializaron, a través de
una pedagogía autoritaria, el significado último del antiperonismo. La
Junta de Recuperación tomó control de todas las posesiones, propiedades y
cuentas bancarias de los funcionarios y sindicalistas peronistas, tratando
así de probar la comisión de numerosos hechos de corrupción. El aparato
judicial fue reemplazado por casi cien comisiones investigadoras,
integradas por personal civil y militar antiperonista, abocadas a la
fabricación de acusaciones criminales. El objetivo era montar, dentro de
esa pedagogía política autoritaria y gracias a la ferviente colaboración de
radios y revistas, un espectáculo nacional de justicia en contra de la
supuesta corrupción peronista—una corrupción política pero también
moral, cuyos rastros los antiperonistas más fervientes creían encontrar
tanto en prominentes ex funcionarios como en la gran mayoría del pueblo
Pituelli, Ni olvido ni perdón: Diario de un prisionero político argentino (Córdoba: Narvaja Editor, 2004); Félix Kaufman and Carlos Schmerkin, La paloma engomada: Relatos de prisión, Argentina 1975-1979 (Buenos Aires: Cooperativa El Farol, 2005; Nosotras, presas políticas, 1974-1983 (Buenos Aires: Nuestra América, 2006); La Lopre: Memorias de una presa política, 1975-1979 (Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2006); María del Carmen Sillato, Diálogos de amor contra el silencio: Memorias de prisión, sueños de libertad (Buenos Aires: Alción, 2006); Fernando Rule, Un allegro muy largo: De la vida social y cultural en las cárceles de la dictadura argentina (1976-1983) (Buenos Aires: Acercándonos Ediciones, 2006); Margarita Drago, Memory Tracks: Fragments from Prison (1975-1980) (New York: Editorial Campana, 2007).
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peronista. El contraalmirante Leonardo McLean, presidente de la Comisión
Nacional de Investigaciones, definió de la siguiente manera el objetivo que
ellos perseguían: “Queríamos llegar a la limpieza total de los gérmenes del
oprobio para que los gobiernos políticos venideros comenzaran su tarea en
una atmósfera incontaminada”.4 Es por esto, tal vez, que la acusación
criminal, con o sin pruebas, no siempre precedía el arresto. Muchas veces
ocurría lo contrario y, en numerosas ocasiones, la acusación jamás se
realizaba. De acuerdo a algunas estimaciones, entre septiembre de 1955 y
mayo de 1958 cerca de 50.000 peronistas fueron encarcelados, incluyendo
unas 10.000 mujeres.5 Una de esas mujeres se llamó Audalina Domínguez
de Albóniga. Así la describió Carlos Morales Salazar:
Durante casi un año conoció la terrible vida de prófugo a quién la policía ha largado sus huestes como los perros se largan tras el ciervo indefenso. Finalmente cayó. Inmediatamente se la confinó en una cárcel del sur y en una celda de castigo. El principal delito que se le imputaba era haber manifestado públicamente, después de la caída de Perón, su fe peronista ante un grupo de alumnos, de los cuales ella era maestra.6
Los dueños, editores y periodistas empleados en publicaciones peronistas
fueron perseguidos. En particular, los miembros más destacados del
partido fueron especialmente el blanco de detenciones, siendo encarcelados
sin el derecho a recibir asesoría legal.7 Las detenciones y los exilios forzados
impactaron no sólo en las víctimas directas sino también en las relaciones
de pareja y los roles de género, tal como lo recuerda Lillian Lagomarsino:
4 Sobre los poderes casi ilimitados de las comisiones investigadoras ver el
decreto presidencial No. 479 del 7 de octubre de 1955 y los discursos del vicepresidente Isaac Rojas y el contraalmirante Leonardo McLean en Libro negro de la segunda tiranía (Buenos Aires: Comisión Nacional de Investigaciones, 1958), 7-9, 11-20.
5 “Crónica por un resistente,” Antropología 3er Mundo, Junio 1972, No. 10, p. 15; Carlos Morales Salazar, Por qué volverá Perón (Santiago, Chile: Agencia Periodística Archibras-Press, 1959), 297. No obstante, el encarcelamiento de algunos dirigentes políticos y gremiales permitió, según Perón, un recambio generacional dentro del partido y el reemplazo de los “adocenados”. Ver, por ejemplo, Juan Perón, carta a John W. Cooke, Caracas, Noviembre 3, 1956, en John W. Cooke, Correspondencia Perón-Cooke. Tomo II. Obras completas, Eduardo L. Duhalde, comp. (Buenos Aires: Colihue, 2007), 42.
6 Morales Salazar, Por qué volverá Perón, 300. 7 Sólo hasta fines de 1957, el gobierno había prohibido diez periódicos,
encarcelado siete periodistas y demandado legalmente a otros ocho. Ver Palabra Prohibida, Septiembre 27, 1957, p. 2.
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Muchas [mujeres] no lograron mantener su matrimonio; había que adquirir un carácter fuerte; aprender a vivir de una forma diferente; levantar el ánimo de los maridos; defender ante las autoridades las pertenencias; soportar la invasión de extraños en el hogar durante los allanamientos; mantener la esperanza en los hijos; y, fundamentalmente, arreglárselas para comer.8
Cuando el general Eduardo Lonardi triunfó en Córdoba, ordenó la
detención de todos los diputados y senadores peronistas en la cárcel de Las
Heras—unas semanas después, también llegaron allí militares leales al
régimen, sindicalistas y autoridades del partido. En sus memorias, el ex
ministro de guerra, General Franklin Lucero, recuerda amargamente las
goteras, los sanitarios descompuestos, las ratas y las cucarachas que
infestaban el barco donde estaba detenido. Aún peor fue recibir órdenes de
subordinados y hasta de oficiales que él mismo había dado de baja durante
el gobierno de Perón.9 Palabra Argentina dio cuenta del impacto
emocional que la detención tuvo en algunos de los ex funcionarios
peronistas:
Resulta difícil para el común de la gente imaginar lo que es la vida de un hombre acostumbrado a ciertas comodidades, llevado por las circunstancias y azares de la política a verse encerrado en una celda carcelaria, sin noticias por días y días de sus familiares, privado de todo contacto con el mundo exterior y sometido a un sistema vejatorio, arbitrario y sin justificativo.10
Por ejemplo, el ex gobernador de Buenos Aires Carlos Aloé estuvo detenido
durante dos años y tres meses, incluyendo 170 días incomunicado. Aloé,
como tantos otros peronistas, recorrió gran parte del nuevo sistema
carcelario, incluyendo la cárcel de Ushuaia que Perón había clausurado en
1949 pero que fue reabierta en 1956 para albergar a los militantes
peronistas.
8 Lillian Lagomarsino de Guardo. Y ahora… hablo yo (Buenos Aires:
Editorial Sudamericana, 1996), 220. 9 Franklin Lucero, El precio de la lealtad: Injusticias sin precedentes en la
tradición argentina (Buenos Aires: Editorial Propulsión, 1959), 180-190. El “París,” donde estuvo detenido Lucero, fue un barco utilizado para el turismo social durante la gobernación de Aloé. Ver también “Persecución, enjuiciamiento de militares y procesos preconstituidos y fraguados,” Palabra Prohibida, Julio 15, 1957, 3-4.
10 “Sin compasión vejaron a los auténticos representantes del pueblo,” Palabra Argentina, Julio 23, 1957, p. 4. Ver también, Antonio F. Cafiero, Cinco años después (Buenos Aires: Edición del autor, 1961), 401-02, 408-09, 415-16.
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El periódico Rebeldía describió así la dureza del régimen carcelario:
Al suplicio de la incomunicación vino a sumarse el del frío, la falta de medicamentos, la mala e inadecuada comida y la privación hasta de lectura. Al preso tan sólo se le permitía moverse frente a la celda dos veces al día, por espacio de diez minutos. Fuera de este tiempo no podía salir de la cámara de tortura ni para evacuar el vientre. En dicha cámara se pasaba el día sentado en un banquillo con las piernas envueltas en un poncho y la atención perdida, en medio del silencio sepulcral del presidio, silencio interrumpido tan sólo de cuando en cuando por simulacros de ejecuciones a presos políticos.11
La cárcel de Ushuaia se caracterizó no sólo por las terribles condiciones
climáticas, sino también por los más crueles castigos físicos y psicológicos:
golpizas y abusos verbales eran comunes y a esto se sumaba la falta de
contacto de los detenidos con sus familiares debido a que la prisión estaba
alejada de centros urbanos de importancia en el extremo sur del país.12
Jorge Antonio, quien pasó 189 días incomunicado, recuerda de esta manera
el trato entre detenidos y guardias:
La crueldad de nuestros carceleros, lejos de distenderse, de apagarse con el trato diario, íbase acentuando a medida que transcurría el tiempo. Siempre encontraban el modo de inflingirnos un castigo, una pequeña humillación, el modo de hacernos recordar, permanentemente, que nosotros estábamos en su poder y no existía la menor posibilidad de burlar el asedio a que nos sometían.13
Algunos testimonios indican que el maltrato en las cárceles terminó
llevando a no pocos militantes a abandonar toda actividad política.14 A la
desmoralización también contribuía la experiencia de ver a conocidos
simpatizantes peronistas, incluyendo a oficiales de policía y el ejército,
desempeñándose como guardias y torturadores trabajando ahora para la
11 “Con la liberación de Aloé termina en fenomenal fracaso el proceso de la
‘Libertadora’ al Peronismo,” Rebeldía, Enero 8, 1958, 1. El ex ministro de Comunicaciones, Oscar Nicolini, y el ex diputado nacional Roberto Ricagno fallecieron en prisión sin contar con la debida atención médica.
12 Sobre las condiciones de detención en el penal de Ushuaia, ver “Ushuaia: tratos inhumanos que se les dio a los Peronistas,” Palabra Prohibida, Septiembre 13, 1957, 1. Un extenso y detallado relato sobre los interrogatorios y lugares de detención, incluyendo Ushuaia, se puede encontrar en Jorge Antonio, ¿Y ahora qué? (Buenos Aires: Verum et Militia, 1966), 175-310.
13 Antonio, ¿Y ahora qué?, 246. 14 “Crónicas de la Resistencia,” Antropología 3er Mundo, n. 11 (Agosto-
Septiembre 1972): 17-19; Antonio, ¿Y ahora qué?, 175-310.
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causa de la Revolución Libertadora.15 El primer delegado de Perón, John
W. Cooke, quien también reconoció que el paso por la cárcel había llevado a
algunos militantes a abandonar toda actividad política—“los que salen
ablandados,” en sus propias palabras—creía, sin embargo, que “…la cárcel
crea una extraña fraternidad, capacita teóricamente a través del contacto
con compañeros que poseen ideas claras, provoca deseos de desafío y
convierte al tipo en un ser que está las 24 horas del día pensando
políticamente y actuando en función de sus ideales”.16
Un nacionalista católico como Mario Amadeo, ministro de
relaciones exteriores del gobierno de Lonardi, opinaba que el
antiperonismo en su forma más extrema era simplemente repulsivo. En
una oportunidad, Amadeo manifestó que para algunos antiperonistas la
desperonización era equivalente al “exterminio de ratas”, el cual, en otras
palabras, incluía una “pequeña dosis de reeducación y una gran dosis de
‘leña’”.17 La persecución y el encarcelamiento de adversarios políticos, sin
embargo, no se inició en Argentina en septiembre de 1955. Primero
anarquistas y luego comunistas habían sido perseguidos a principios del
siglo XX y luego, durante la primera y segunda presidencias de Perón, se
registraron algunos casos de tortura y abusos policiales. Por ejemplo, el
dirigente comunista Juan Ingalinella fue secuestrado y asesinado en una
sesión de tortura en Rosario.18 Después del golpe de 1955 lo novedoso fue la
asociación entre civiles, policías, militares y criminales comunes en la
persecución de la oposición.19 También fue novedoso el uso ilegal, y a escala
15 Luis A. Sobrino Aranda, Después que se fue Perón: Juicio histórico a los
asesinos (Buenos Aires: Trafac, 1958), 38-9; R. J. Walsh, Operación masacre (Buenos Aires: Ediciones Sigla, 1957), 133.
16 Vidal [seudónimo de John W. Cooke], carta a Juan Perón, Junio 5, 1957, en Cooke. Correspondencia Perón-Cooke, Tomo II, 149. Héctor Cámpora debe haber ocupado, en la lista de “ablandados” de Cooke, un lugar prominente: “Cámpora, al ser detenido, le hizo una promesa a Dios de que jamás volvería a actuar en política. Durante todo su cautiverio insistió en esa actitud. Como se pasa el día rezando, no creo que viole su juramento” (83).
17 Mario Amadeo, Ayer, hoy y mañana (Buenos Aires: Ediciones Gure, 1956), 92.
18 Ver Hugo Gambini, Historia del peronismo: El poder total (1943-1951) (Buenos Aires: Planeta, 1999), 284-90, e Historia del peronismo: La obsecuencia (1952-1955) (Buenos Aires: Editorial Planeta, 2001), 217-226.
19 Antonio Cafiero, por su parte, acuño el término “penología libertadora” para dar cuenta de la constitución del vasto aparato represivo luego del golpe de 1955. Cafiero, Cinco años después…, 402.
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nacional, de la infraestructura de seguridad y los recursos del Estado para
eliminar las transformaciones sociales ocurridas durante las décadas de
1940 y 1950. El apoyo incondicional de los medios de comunicación y el
amplio consenso partidario, no sólo a favor del endurecimiento de la
legislación represiva sino también de la represión ilegal, fueron también
fenómenos que no habían tenido fuerza comparable en el pasado reciente.20
Un grupo llamado Defensa Activa de la Democracia (DAD), con
sede en la jefatura de policía de Rosario, ejemplificó claramente la
colaboración entre civiles y militares, así como también el complejo
entramado entre una estructura legal y la persecución ilegal. Tal fue el
terror causado por la DAD que viejos militantes peronistas afirmaron que el
accionar de la DAD “no era sólo genocida sino también satánico”:
La DAD secuestraba dirigentes, encarcelaba a todo el que hubiera sido integrante de las unidades básicas ya clausuradas y detenían a cualquier ciudadano sindicado de peronista; los secuestros y desapariciones ejecutadas por la DAD se contaron por cientos, obreros que al salir de sus trabajos jamás volvían a sus hogares, algo verdaderamente impenetrable en la razón humana es que ancianos ‘apuntados de peronistas’ eran levantados de las plazas o llevados detenidos a las casas operativas de la DAD donde se los torturaba brutalmente para que dijeran quienes en los barrios hacían reuniones peronistas.21
20 Por ejemplo, la combinación de estas transformaciones se puede ver en
el asesinato de Marcos Satanowsky, un prestigioso abogado y profesor de derecho. Satanowsky fue asesinado en junio de 1957 cuando estaba representando a Ricardo Peralta Ramos en un reclamo para obtener la devolución del diario La Razón contra la Junta de Recuperación Nacional. Como cualquier otro diario propiedad del gobierno peronista, La Razón fue automáticamente transferido y controlado por el gobierno de Aramburu después del golpe de septiembre de 1955. Dos investigaciones independientes demostraron que un grupo de criminales trabajando para los servicios de inteligencia planeó y ejecutó el asesinato. Los jueces asignados al caso bloquearon ostensiblemente la investigación para cubrir la cadena de complicidad, la cual llegaba directamente hasta las más altas autoridades. Ver Agustín Rodríguez Araya, Mi verdad sobre la muerte del distinguido jurisconsulto Dr. Marcos Satanowsky: Informe presentado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Buenos Aires, 1959); Rodolfo Walsh, Caso Satanowsky (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1973).
21 Nosotros, la Resistencia (Rosario, 1998), 96. Es interesante notar como este relato anticipa los secuestros, detención ilegal y la tortura de militantes sociales y políticos llevadas adelante por los grupos de tarea durante la década de 1970. En este sentido, Nosotros, la Resistencia repetidamente usa el discurso de los derechos humanos en su explicación de la militancia peronista después del golpe de 1955. Ver 35-6, 53-61, 88-90, 110-113. Esto es, en sí mismo, un hecho extraordinario que refleja la circulación y apropiación de discursos para entender un contexto histórico que antecedió al movimiento de derechos humanos. De manera similar, Enrique Oliva, presidente de la Asociación de la Resistencia Peronista, me manifestó durante una entrevista que durante los últimos años de la
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Con similar estupor, un periódico reflejó la impotencia de los peronistas
frente a la avalancha represiva y la falta de mínimas garantías legales:
“Domicilios son allanados, no respetándose templos, investiduras ni
jerarquías. […] El secuestro y la detención de ciudadanos está a la orden del
día. Cuando se recurre al juez, éste se encoje de hombros y afirma que ‘es
cosa de los comandos civiles’”.22 Otro claro ejemplo, tal vez el más
conocido, del empleo del aparato jurídico para llevar adelante la represión
ilegal fue la utilización del decreto 4161 de Marzo 1956 para legalizar las
detenciones más arbitrarias, como el caso de un hombre arrestado luego de
que se descubriera que llevaba consigo una estampilla con el rostro de
Evita.23
Después del golpe de 1955, el 40 por ciento de la fuerza policial de
Rosario fue despedida con el fin de desperonizar el aparato de seguridad.
Estos agentes fueron reemplazados por 500 oficiales de las provincias de
Río Negro, Chubut y Santa Cruz, quienes unieron fuerzas con 200 oficiales
de Gendarmería Nacional.24 Cambios similares ocurrieron en todo el país.
Jueces, policías y militares de reconocida militancia antiperonista se
convirtieron en los símbolos más fuertes de la desperonización en marcha,
un proceso que el gobierno enmascaró con un discurso que enfatizaba los
ideales de libertad y democracia. En un artículo denunciando la
profanación del cuerpo de Juan Duarte, el hermano de Evita, la revista
Mayoría afirmó que los altos mandos del gobierno de Aramburu eran “una
década del 1950 y el inicio de la de 1960, muchos militantes obreros—un gran número de ellos del interior— “desaparecieron.” Para Oliva este crimen no está debidamente documentado ni denunciado por las organizaciones de derechos humanos. Oliva sostuvo que los casos de quienes desaparecieron durante la última dictadura fueron documentados principalmente porque las víctimas pertenecían a familias de clase media. De este modo, los “verdaderos peronistas,” quienes fueron en su interpretación los primeros desaparecidos, han sido olvidados. Entrevista con Enrique Oliva, Buenos Aires, Octubre 13, 2006.
22 “Se procesa a la A.L.N….Y a los Comandos Civiles?,” Palabra Prohibida (Rosario), Agosto 2, 1957, 4.
23 El caso es mencionado por Rodolfo Walsh, carta a Donald Yates, Junio 5, 1957, en Walsh, Ese hombre y otros escritos personales, editado por Daniel Link (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2007), 36. El decreto No. 4161 prohibió la utilización de “imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas” de origen peronista, lo cual incluía fotografías, retratos, esculturas, escudos, banderas y composiciones musicales. Decreto-Ley No. 4161, en Roberto Baschetti, comp. Documentos de la Resistencia Peronista, 1955-1970 (La Plata: Editorial de la Campana, 1997), 80-82.
24 Nosotros, la Resistencia, 96.
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secta de amorales”, utilizando así una caracterización que por entonces
recaía más comúnmente sobre los propios peronistas.25 Para éstos, la
profanación de los cuerpos de Juan Duarte y Eva Perón sumado a la ola de
ejecuciones sumarias que siguieron a la rebelión de los generales Juan José
Valle y Raúl Tanco el 9 de junio de 1956 terminaron por confirmar el
nacimiento de un “hampa armada y uniformada” durante el gobierno de la
Revolución Libertadora. Siguiendo las órdenes de Aramburu y Rojas,
pelotones de fusilamiento ejecutaron a 27 detenidos en la comisaría de
Lanús, en la cárcel de Las Heras, en la Escuela de Mecánica de la Armada,
en los regimientos de Campo de Mayo y La Plata y en José León Suárez.26
Todas las ejecuciones, menos dos, violaron la ley marcial, algunos de los
fusilados no habían participado de la rebelión y otros fueron fusilados aún
cuando una corte militar les había perdonado la vida. En realidad, no sólo
la pena de muerte estaba prohibida por la Constitución Nacional (de hecho,
no se habían registrado ejecuciones desde 1880), sino que también había
sido abolida del Código de Justicia Militar por el gobierno de Aramburu en
1955.27
Como en el poema de Castellano Cabanillas, los peronistas pronto
comprendieron que el fervor con el que los antiperonistas declaraban sus
ideales democráticos estaba en relación directa con la proliferación de
detenciones arbitrarias, golpizas, legislación represiva y ejecuciones
sumarias. La coexistencia de dos mundos paralelos, donde los legados del
peronismo eran cotidianamente asediados por la violencia del gobierno de
Aramburu y Rojas, fue también destacada por uno de los organizadores de
la Resistencia, César Marcos: “El mundo que conocíamos, el mundo
cotidiano, cambió por completo. La gente, los hechos, el trabajo, las calles,
los diarios, el aire, el sol, la vida se dio vuelta. De repente entramos en un
25 “El caso Gandhi: Profanación de tumbas y mutilación de cadáveres,”
Mayoría, II, n. 58, Mayo 19, 1958, 6. 26 Para una descripción de la rebelión, ver Salvador Ferla, Mártires y
verdugos: Sentido histórico del 9 de Junio de 1956 (Buenos Aires: Talleres Gráficos “El Manantial”, 1964).
27 Ferla, Mártires y verdugos, 213-14, 218. En sus memorias, Jorge Antonio recuerda que la noche del 9 de Junio los presos detenidos en Ushuaia fueron llevados a la planta baja del penal, donde se les comunicó que serían fusilados. Luego de tres horas de tensa espera, y ante la falta de una orden formal autorizando los fusilamientos, los detenidos retornaron a sus celdas. Antonio, ¿Y ahora qué?, 263-265.
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mundo de pesadilla en que el peronismo no existía”.28 Al interior de las
cárceles, los presos políticos utilizaron una melodía de la Guerra Civil
Española para dar cuenta de esa sensación de pesadilla, pero también de
desprotección:
Al llegar a Buenos Aires Lo primero que se ve A los niños petiteros A la puerta del café. Llevan sacos ajustados Y también los pantalones Y a nosotros en la cárcel Se nos ve hasta los cojones.29
Profecías autocumplidas: Seguridad nacional y patriotas encarcelados
…en las cárceles argentinas, de donde salieron los delincuentes para encerrar en ellas a los patriotas.
—Juan Perón30
A partir del derrocamiento de Perón, la creciente persecución de la
oposición política desembocó automáticamente en la detención y
encarcelación de cientos de militantes. La Revolución Libertadora y el
gobierno de Arturo Frondizi inauguraron una profecía autocumplida, que
cíclicamente se repetirá durante las décadas de 1960 y 1970: cada gobierno
buscó frenar el activismo político con legislación represiva, la cual, a su vez,
incrementó el número de detenidos políticos, confirmando así las peores
predicciones de quienes se oponían a los regímenes autoritarios. Para unos,
el proceso recurrente confirmaba la necesidad de leyes aún más severas,
mientras los otros creían que la movilización y el activismo pondría fin a la
represión. En realidad, tan interconectadas estaban militancia y represión
que la carrera “natural” de todo militante político terminaba con una
estadía en la cárcel. Sin embargo, la detención, paradójicamente, podía ser
28 César F. Marcos, “La cosa fue así,” Peronismo y Liberación, No. 1,
Agosto 1974, 23. 29 Florencio Monzón (hijo), Llegó carta de Perón: Rapsodia de la
Resistencia, 1955-1959 (Buenos Aires: Corregidor, 2006), 286. 30 Juan Perón, carta a los presos peronistas, Madrid, Junio 23, 1960, en
Hoover Institution Archives, Juan D. Perón Papers, Box 9.
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entendida como un signo de éxito: “Piensa que vuestros sacrificios están
sirviendo de pedestal y ejemplo a las futuras generaciones de nuestra
Patria. Es en la lucha donde se aquilata el verdadero valor de los hombres.
Si nos persiguen, si se nos encarcela es señal de que nos temen”.31 Desde
Madrid, Perón hizo pública una carta dirigida a los “compañeros peronistas
detenidos en las cárceles argentinas” en la que les aseguró: “Orgullosos
deben estar Uds. de la admiración con que el Pueblo está repitiendo sus
nombres, como orgullosos deben estar sus familiares y sus amigos, porque
a ellos también les llega este alto honor de compartir la misma sangre y los
afectos recíprocos de quienes ya tienen conquistada la gratitud nacional”.32
Una década después, de manera similar, el V Congreso del Partido
Revolucionario de los Trabajadores sostenía la centralidad de la lucha para
liberar a los militantes presos:
Queridos compañeros: Uds., prisioneros de guerra de la dictadura, son nuestros íntimos camaradas de armas y los hijos más queridos de la clase trabajadora y el pueblo todo. Consideramos un deber revolucionario lograr el rescate de ustedes, ya sea demoliendo uno a uno los muros de las cárceles o rompiendo las cadenas y las rejas que encierran a nuestro pueblo todo.33
La escalada represiva se manifestó de manera más contundente en
la creciente participación de la policía y las fuerzas armadas en el
mantenimiento de la “seguridad nacional”. Un proceso híbrido combinó
medidas legales e ilegales: se normalizó la aplicación sistemática de
torturas y abusos físicos y psicológicos al mismo momento en que una
ferviente actividad legislativa se encaminaba a prohibir ideologías y
partidos considerados subversivos, aumentar las penas y reglamentar la
vida carcelaria. A principios de la década de 1960, el Comité de Familiares
de Detenidos (COFADE), la primera organización en su tipo después del
31 De la carta del grupo comunista Camilo Cienfuegos a Héctor Manfredo,
un militante detenido de la Federación de la Juventud Comunista. Publicada en el panfleto Heroísmo y dictadura, c. 1963, 5, Archivo Histórico del Partido Comunista de Argentina, en adelante AHPCA, fuentes no catalogadas. En este mismo sentido, ver también, Liliana Carulli, Liliana Carballo, Noemí Charlier y Mercedes Cafiero, Nomeolvides: Memoria de la Resistencia Peronista, 1955-1972 (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000), 194-201.
32 Juan Perón, carta a los presos peronistas, Madrid, Junio 23, 1960, en Hoover Institution Archives, Juan D. Perón Papers, Box 9.
33 “Carta a los presos del régimen,” El Combatiente, III, 46, Agosto 15, 1970, 10.
Escuelas de militancia 149
golpe de 1955, denunció la existencia de 360 detenidos políticos. Desde
marzo de 1960, cuando el plan CONINTES y otras leyes represivas fueron
sancionadas, y hasta 1963 cerca de 2.000 militantes habían estado
encarcelados, incluyendo cinco mujeres, y 150 se exiliaron para evitar ser
detenidos. Durante una entrevista con la revista Así, Fernando Torres,
asesor legal de COFADE, mencionó que se habían conseguido mejoras en
las condiciones de alojamiento, traslados a los lugares de residencia de los
familiares y el cierre de la cárcel de Ushuaia, la cual había sido nuevamente
reabierta para alojar a los presos del CONINTES. Si bien los detenidos se
encontraban bajo un régimen de detención que compartían con los presos
comunes, Torres había solicitado la concentración de todos los detenidos
en pabellones exclusivos para presos políticos y la intervención de la
justicia civil. Isidoro Ventura Mayoral, quien también se desempeñaba
como asesor legal de COFADE, destacó el caso de Envar El Kadri, quien por
entonces estaba cumpliendo una condena de tres años, debido a que no se
le permitía rendir las materias de la carrera de Derecho.34
Trinchera, el boletín editado por la mesa ejecutiva de la Juventud
Peronista de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, publicó un poema
titulado “Pabellón del Silencio”, en el cual el espacio de detención y la
figura del torturador aparecen igualmente atormentando al preso político.
Estas son las dos primeras estrofas del poema:
Pabellón seis, mancha de oprobio anudado de angustias en espiral de sadismo y de locura, no serás olvidado en tus cerrojos, en tu fría soledad de espanto, en las horripilantes noches de tortura, en las interminables horas de picana. Celda, barrote y tranca encasillando por siempre una esperanza. Porra y garrote
queriendo doblegar un sentimiento, Angustia, terror, desesperanza en el despertar sombrío a la noche sin fe de la ignorancia
34 “Clamor familiar por los presos Conintes”, Año IX, No. 385, Mayo 28,
1963, 2-3. El COFADE fue originariamente presidido por Oscar Spina, cuyo hijo estaba cumpliendo una condena por “asociación ilícita e insulto a un centinela”.
Seveso 150
poblada por las sombras nuestras del pasado y sacudida por el ronco alarido de los torturadores.35
La cárcel aparece así como un momento de tremenda soledad, en la que el
militante debe enfrentar la tortura cotidiana que lo empuja al borde la
locura. A diferencia de otros poemas, particularmente aquellos escritos
durante la última dictadura, en los que se exalta la solidaridad entre los
detenidos y una relación de simbiosis entre la celda y el prisionero, en
“Pabellón del silencio” el prisionero está siempre en territorio enemigo. De
todos modos, el poema menciona la posibilidad de triunfar en esta batalla
desigual cuando afirma:
De ti salió la escoria y la victoria; el que fue destruido como hombre y el que triunfó en la carne. El que se hundió en el cieno de la infamia, Y el que salió aún más fuerte de abajo de la bota.
En particular, el segundo y cuarto verso reconocen, pero a la vez condenan,
la delación durante una sesión de tortura. Pero luego, los restantes versos
retornan rápidamente a la celda, donde el prisionero no puede evitar
rememorar a cada instante “el rostro maldito de los que torturaron”. La
sensación de asfixia y encierro es tal que la única esperanza que le queda al
prisionero está más allá de la celda y la solidaridad con otros militantes
detenidos cuando, en un futuro incierto, una “masa, que hoy yace
subvertida” rescate al prisionero de su padecimiento.
El triunfo de la revolución en Cuba y la creciente movilización
política en Argentina incrementaron la clásica obsesión anticomunista en
las fuerzas armadas. En junio de 1960, el presidente Arturo Frondizi mandó
al Congreso un proyecto de ley federal de represión de actividades
terroristas que pronto ganó el apoyo de la comisión especial de legislación
penal. El proyecto, que finalmente no fue aprobado, castigaba a los autores
de incendios, explosiones e, inclusive, inundaciones intencionales con
veinte años de cárcel. En el caso de que los atentados produjeran muertes,
la pena iba de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta
fusilamiento. Para garantizar la investigación clara y la penalización de los
crímenes políticos, el proyecto proponía la reorganización del sistema
35 “Pabellón del Silencio,” Trinchera, Año II, No. 10, Julio 1961, 12.
Escuelas de militancia 151
judicial, otorgándole a los jueces federales una autoridad virtualmente
ilimitada sobre el proceso legal. Este fue el primer intento en el país de
centralizar la criminalización de la protesta política creando
procedimientos especiales ad hoc que restringían fuertemente los derechos
de los acusados.36
El fervor con que las fuerzas de seguridad persiguieron a los
comunistas no fue proporcional a la amenaza que estos representaban, ya
que el partido no apoyaba la lucha armada y conseguía escaso apoyo
electoral—siempre y cuando, además, fuera autorizado a participar. En
realidad, a la policía y a los jueces reaccionarios poco les importaba si los
detenidos estaban afiliados al Partido Comunista. Como ocurriría en los
setentas con el término subversivo, el rótulo de comunista, en línea con la
doctrina de seguridad nacional, fue aplicado a todos los activistas políticos
considerados enemigos internos del Estado. Tal cual sostuvo el General de
Brigada Carlos Turolo en un discurso pronunciado en Octubre de 1961
durante la inauguración del curso interamericano de guerra
contrarrevolucionaria en la Escuela Superior de Guerra, la “lucha contra el
comunismo debe ser en todos los ordenes, debe llevarse también a todos los
campos de la formación del ciudadano, desde niño en las escuela y en el
hogar, dándole las bases espirituales que lo inmunicen contra la prédica
materialista del marxismo ateo”.37
En 1961, un decreto presidencial le otorgó a la SIDE amplios
poderes en la planificación, dirección y supervisión de la represión del
comunismo y otras ideologías de izquierda.38 En 1962, un nuevo decreto
prohibió el uso y la reproducción de “cualquier imagen, símbolo, signo,
expresión significativa, doctrina, artículo u obra artística, o que pretenda
tal carácter, referentes al comunismo, o al Partido Comunista, nacional o
internacional o a cualquier organización, comunista, legal o ilegal, o
colateral, a un gobierno comunista mundial o que represente una
36 Cámara de Diputados, Diario de sesiones. Vol. I, Abril 26-Julio 1, 1960
(Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación, 1960), 448-454; Eduardo Luis Duhalde, El Estado terrorista argentino: Quince años después, una mirada crítica (Buenos Aires: Eudeba, 1998), 36-37.
37 El discurso aparece citado en Alicia S. García, La Doctrina de la Seguridad Nacional (1958-1983). Vol. 1 (Buenos Aires: CEAL, 1991), 72.
38 Decreto No. 2.985, Abril 13, 1961, en Anales de Legislación Argentina. Vol. XXI-A (Buenos Aires: La Ley, 1962), 489-90.
Seveso 152
continuación encubierta de cualquiera de ellos”. La sentencia, en estos
casos, iba de 30 días a 10 años de prisión e incluía la prohibición de
trabajar como empleado público o asumir responsabilidades sindicales o
políticas durante el triple de la sentencia de cárcel.39 Menos de un año más
tarde, un decreto similar estableció nuevas bases para definir lo que el
Estado consideraba actividades comunistas, prohibió a comunistas trabajar
como maestros en escuelas públicas y privadas y prohibió la inmigración al
país de extranjeros con militancia activa en partidos comunistas o que
propagaran ideas comunistas, entre otras medidas igualmente duras. Este
decreto redujo la sentencia máxima a ocho años pero incrementó la mínima
a un año. Instrucciones complementarias autorizaron al jefe de la policía
federal a realizar allanamientos (antes prerrogativa de los jueces),
establecieron una corte penal especial para acelerar juicios y castigos y
validaron el poder de la SIDE para definir quién era comunista y quién
no.40 La obsesión del estado con la “penetración comunista” dio lugar en
1967 a una nueva ley que contemplaba penas de hasta 16 años de prisión
por crímenes cometidos en “tiempos de guerra” o por los llamados
“militantes rehabilitados.”41
Hacia fines de la década de 1960, la escalada judicial con la cual
respondió el Estado al incremento del malestar y la movilización política
llegó a su punto culminante, luego del secuestro y asesinato del General
Pedro Aramburu por Montoneros en 1970, con la introducción de severa
39 Decreto No. 8.161, Agosto 13, 1962, en Anales de Legislación Argentina
(Buenos Aires: La Ley, 1963), 619-20. Es interesante notar como aquí se reproducen los mismos fundamentos utilizados en el decreto No. 4161 de marzo de 1956.
40 Decreto No. 4.214, Mayo 24, 1963; Decreto No. 5.540, Julio 5, 1963; Decreto No. 5.541, Julio 5, 1963 en Anales de Legislación Argentina (Buenos Aires: La Ley, 1964), 826-28, 911-15.
41 Ley No. 17.401, Agosto 29, 1967, en Anales de Legislación Argentina (Buenos Aires: La Ley, 1968), 1632-38. Para una discusión de la ley, ver Juan José Avila and Enrique Paixao, “Ley 17.401. Represión del comunismo,” Revista de Derecho Penal y Criminología, No. 1, Enero-Marzo 1968, pp. 140-44; Julio José Viaggio, Macartismo versus democracia: Análisis doctrinario y jurisprudencial de la Ley 17.401 de represión del comunismo (Buenos Aires: Ediciones Derechos Humanos, 1970). Para ser clasificada como comunista rehabilitada la persona implicada tenía que demostrar que no había participado en ninguna de las actividades detalladas en la Ley 17401 por lo menos durante cinco años desde que la SIDE la había clasificado como comunista.
Escuelas de militancia 153
legislación penal que incluía la pena de muerte por fusilamiento.42 Los
firmantes de un proyecto de modificación parcial del Código Penal
sostuvieron:
La plaga anarquista que inquietó al Siglo XIX y los comienzos del actual se presenta así bajo una forma repetida, pero mucho más alevosa, con mejor organización y una técnica operativa que desconocieron los nihilistas de otrora. El enlace, por encima de las fronteras, de los varios movimientos, bajo nombres atrayentes, su organización y orquestación hacia un común fin destructivo y su habilidad para provocar explosiones allí donde existe el menor motivo de queja, rebelión o descontento, demuestran la gravedad del mal.43
Los esfuerzos por penalizar la oposición al gobierno militar, en
conjunto con la generalización de torturas y maltratos, marcaron el
comienzo de una nueva era en la historia de la represión política en
Argentina.
Rehenes, mártires y hombres nuevos: Identidad política y experiencia
carcelaria
Fueron tiempos heroicos, terribles y mesiánicos, no exentos de cierta felicidad.
—Cristina Feijóo, En celdas diferentes44
Las condiciones de detención de los trece militantes de las Fuerzas
Armadas Peronistas detenidos en Taco Ralo en 1968 ilustran de manera
ejemplar el dilema del gobierno en relación a la encarcelación de militantes
políticos. La creciente agresividad del gobierno dio origen a una nueva ola
de activismo que se tradujo en el nacimiento de nuevas organizaciones. El
42 Ley No. 18.701, Junio 3, 1970, en “Legislación,” Revista de Derecho
Penal y Criminología, No. 1, Enero-Marzo 1970, 301. En sólo seis años, desde Octubre de 1966 hasta Octubre de 1972, fueron aprobadas 22 leyes y decretos de carácter represivo, desde la prohibición de distribuir por correo propaganda comunista hasta la “expulsión de extranjeros indeseables.” El listado completo aparece citado en Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos [en adelante FBA], Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina, Mayo 1973 (Buenos Aires: Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos, 1973), 125.
43 Ley No. 18.953, Revista Penal y Penitenciaria, Vol. XXX, 1971/3, 110. Las modificaciones fueron incluidas en el Boletín Oficial en Marzo de 1971.
44 Buenos Aires: Ediciones de Salto Mortal, 1990, 103.
Seveso 154
cruel trato que los militantes de las FAP recibieron en la cárcel de La Plata
(Unidad 9, inaugurada en 1961) se convirtió en el centro de una campaña
en contra de la violación de los derechos constitucionales de los detenidos.
Las madres y esposas de los detenidos junto a la Comisión de Solidaridad
con los Presos Políticos informaron que uno de los prisioneros de Taco Ralo
había sido mantenido en total oscuridad en una celda de castigo por cinco
días y que otro prisionero había adelgazado 22 kilos debido a la falta de
atención médica y de alimentos. Las condiciones de detención son muy
similares al régimen de máxima seguridad oficialmente inaugurado a
principios de 1970: aislamiento, comida con bajo valor nutritivo, restricción
en el acceso a la prensa gráfica y prohibición de la radio y la televisión,
reclusión durante 20 horas por día y falta de atención médica. Con el fin de
llamar la atención de la comunidad internacional, las esposas y madres de
los detenidos enviaron un telegrama detallando las terribles condiciones de
detención a las Naciones Unidas y al Papa Pablo VI.45 La Organización de
Solidaridad con los Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (O.S.P.E.G)
manifestó que la lucha por la liberación de los presos políticos así como el
desarrollo de redes y actividades de solidaridad entre las organizaciones
sociales y políticas eran “deberes irrenunciables del pueblo para con sus
mejores hijos”.46
Para los militares, el crecimiento de la militancia de izquierda
demostraba el funcionamiento imperfecto del sistema judicial, el cual
idealmente debía operar de manera automática llevando activistas desde
los estrados judiciales directamente hasta la cárcel. La creación en junio de
1971 de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación fue expresión del
intento más audaz de acelerar la encarcelación de los militantes políticos.
Diseñada como una institución eficiente y moderna, la Cámara Federal
introdujo una gran cantidad de modificaciones en el sistema judicial
45 “Los prisioneros de Taco Ralo,” Cristianismo y Revolución, IV, No. 22,
Enero 1970, p. 3; Cristianismo y Revolución, IV, No. 23, Abril 1970, 64. 46 Ver comunicado en Cristianismo y Revolución, IV, 28, Abril 1971, 52. La
revista de Juan García Elorrio expresó una preocupación similar creando una sección titulada “Ellos están presos por nosotros, ¿Qué hacemos nosotros por ellos?” en la que se reproducían entrevistas a militantes detenidos y se denunciaban casos de tortura y maltrato policial. Por estos años también fueron creados el Movimiento Nacional contra la Represión y La Tortura, la Coordinadora Peronista, la Comisión de Familiares Peronistas y la Asociación Gremial de Abogados.
Escuelas de militancia 155
argentino, como las audiencias orales, la jurisdicción nacional y el
nombramiento de jueces designados directamente por el gobierno. El
Ministro de Justicia, Jaime L. E. Perriaux, afirmó que “la estrecha
vinculación con que se desarrollan actualmente las actividades delictivas en
todo el país torna ineficaz para su juzgamiento la actual competencia
territorial de los tribunales federales”.47 En cambio, los abogados
defensores de presos políticos sostuvieron que la Cámara Federal era
inconstitucional, ya que era un “tribunal especial” dedicado a la
persecución ideológica de la oposición—un argumento que era aún más
evidente si se tenía en cuenta que la gran mayoría de los defendidos habían
sido torturados en repetidas oportunidades días antes de las audiencias
orales.48 De hecho, la tortura fue una parte tan central del sistema judicial
que las confesiones obtenidas por medio de amenazas, golpizas y sesiones
de picana eran consideradas como evidencia válida. Tal era la falta de
reconocimiento de los procedimientos legales que cuando una detenida
testificó que había sido violada por la policía, el juez Jorge Quiroga se
sonrió y respondió: “bueno, convengamos que no tenían mal gusto”.49
No es sorprendente que, en contra de las aspiraciones
modernizadoras de la dictadura, la Cámara Federal se hizo rápidamente
conocida como la “Cámara del Terror”. Algunos militantes, de todos modos,
trataron de aprovechar la ficción jurídica en su propio beneficio, tal como lo
demuestra la siguiente cita:
Los acusados no reconocen al tribunal que los condena. Sin embargo, cuando el fiscal no logra reunir las pruebas necesarias para obtener una larga condena, el acusado intenta moverse dentro de los límites que impone el sistema para obtener un castigo menor, y si es posible la libertad. Esa es la única defensa posible para un
47 Para una explicación detallada de la compleja organización de la Cámara
Federal, ver la Ley No. 19.053 de Junio 1, 1971, en “Legislación,” Revista de Derecho Penal y Criminología, No. 2, Abril-Julio 1971, 263-74. De acuerdo a la información compilada por los autores del informe producido por el FBA, la Cámara Federal trató, hasta Junio de 1972, 3.392 causas.
48 La rapidez con la que la Cámara Penal procesaba las acusaciones criminales impedía a los abogados defensores seguir los procedimientos debidos y violaba la garantía de la defensa en juicio.
49 Poco tiempo después, Quiroga sería una de las piezas claves en el armado de la versión oficial luego del asesinato de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew. Quiroga fue ejecutado por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de Agosto (ERP-22). Ver “Jorge Vicente Quiroga,” De Frente, I, 1, Mayo 2, 1974, 19-21.
Seveso 156
hombre del pueblo: aprovechar los errores, las carencias del enemigo.50
Otros, en cambio, vieron en el repudio total al sistema la única salida
posible. Convencido que no habría justicia en tanto los militares
continuaran en el poder, un abogado detenido y acusado de comandar una
célula guerrillera escribió una carta pública al juez a cargo de su caso
anunciando que renunciaba a toda asistencia legal en su defensa.51 El
dilema que enfrentaban los presos políticos reflejaba, tal como lo afirmaron
Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, una “situación semicolonial”
ya que “cualquier estrategia política que centre su punto de apoyo en la
cuestión jurídica fracasará, por reformista, esto es indudable. Pero a su vez,
es dialécticamente cierto que la situación semicolonial impide que la
complicidad del aparato judicial con la represión sea total, como los
portadores del Sistema quisiesen”.52
La deslegitimación de los ideales de justicia y legalidad y, como
consecuencia, el convencimiento de que todo era una “farsa” quedó
claramente en evidencia con la desaparición de Nestor Martins, quién se
destacó como abogado de sindicalistas y presos políticos. Martins fue
secuestrado junto a uno de sus clientes, presumiblemente por policías de
civil a plena luz del día en diciembre de 1970.53 De una manera dramática,
Norberto Liffschitz, un abogado que representaba activistas y combatientes
de agrupaciones armadas, hizo pública su afiliación con las FAP al
participar en una operación armada que tenía como objetivo liberar a
cuatro detenidas en el Asilo del Buen Pastor (Unidad 3). En una carta
explicando su paso a la clandestinidad, Liffschitz escribió: “El Pueblo no
encuentra ni encontrará justicia en el Palacio de los Tribunales mientras
sea este régimen quien tenga el poder”.54 No pocos militantes compartieron
50 “Las instituciones jurídicas de la decadencia,” Nuevo Hombre, II, No. 28
(abril 1972): 5. 51 “Torres Molina revoca designaciones de defensor,” Cristianismo y
Revolución, IV, No. 28 (abril 1971): 53. 52 “Justicia del sistema y situación semi-colonial,” Cristianismo y
Revolución, IV, No. 30 (septiembre 1971): 23. 53 FBA. Proceso, 9-10; “La verdadera historia de Martins y Zenteno,”
Panorama, Enero 26, 1971. 54 “Dejo de participar en la farsa de la justicia,” Cristianismo y Revolución,
IV, No. 30, Septiembre 1971, p. 58. Para una lista de los ataques en contra de abogados representantes de presos políticos, incluida información sobre ataques a
Escuelas de militancia 157
entonces esta tajante afirmación—y el funcionamiento del sistema judicial
despejó las dudas que a algunos les quedaban cuando la Cámara Federal
condenó a Luisa Veloso, una joven peronista que supuestamente integraba
el comando Cabecita Negra, a siete años y seis meses de prisión por
posesión ilegal de un arma e intento de agresión contra un policía. Madre
soltera de escasos recursos, Veloso personificó la idea de que la justicia era
una “farsa”. Ella fue el personaje central de una parodia de justicia con que
la dictadura de Lanusse se propuso dar una lección de civismo a las clases
populares. Como Veloso misma declaró, “a mí me condenaron por algo que
no hice, porque era pobre y había que escarmentar”. Veloso afirmó que su
confesión había sido obtenida por medio de torturas, incluyendo shocks
eléctricos en la vagina y amenazas a su hija de un año. Veloso contraponía
la arbitrariedad del sistema a la camaradería que había encontrado en la
cárcel junto a otras detenidas, las cuales inclusive le enseñaron francés. La
conversión de Veloso de víctima de la opresión a activista política
transmitía un poderoso mensaje de redención que los presos políticos
laboriosamente construyeron detrás de los barrotes de sus celdas—un
verdadero oasis socialista en el corazón mismo del sistema. “Al principio,”
Veloso declaró:
no sabía que hacer. Ahora leo y estudio con mis compañeras. He descubierto un mundo que no conocía. Lo que de veras me conforta es la camaradería que yo no sabía podía existir en un lugar como este. Aquí no hay diferencias sociales ni nadie se siente superior por la familia o el dinero que tiene. Aquí todo es de todos. A veces hasta me olvido de mi situación y soy feliz.55 La experiencia de Veloso de sentirse parte de una comunidad de
prisioneros y redescubrirse en una nueva identidad de militante fue similar
entre otros detenidos: “Socializamos todo, hasta las cartas y los
sentimientos. Tratamos de reemplazar todo ese afecto que de pronto nos
arrancaron por la fuerza. La solidaridad de los compañeros presos, de todos
los que, como vos, me apoyan, de quienes pueden seguir luchando, me
fortalece,” escribió María Angélica Sabelli desde la cárcel a su tía en marzo
sus residencias particulares, ver “La Asociación Gremial de Abogados,” Liberación, I, No. 1, 16 (marzo 1973): 14.
55 “Reportaje a Luisa Veloso,” Nuevo Hombre, I, No. 17, Noviembre 10-16, 1971, p. 5. Veloso fue la primera persona condenada por la Cámara Federal en lo Penal en Noviembre de 1971.
Seveso 158
de 1972.56 El grupo de presos de las FAP detenidos en la cárcel de La Plata
le envió una extensa carta a Perón en la que detallaron los cursos que
estaban llevando adelante sobre economía, historia, teoría revolucionaria,
primeros auxilios y castellano y ortografía. También elaboraron dos
boletines manuscritos (“Venceremos” y “El sota ilustrado”) e inclusive
presentaron a la dirección de la cárcel un proyecto de reformas.57
Esta comunidad de “prisioneros de guerra” resistiendo en “territorio
enemigo” fue elocuentemente definida por uno de ellos como una doble
vida: “una, la que impone la ley del penal; la otra, la que se construye día a
día por los mismos prisioneros, aprendiendo no sólo renovadas formas de
sobrevivencia sino también el significado profundo del contacto con otros
revolucionarios”. Pero, el contacto diario también fue fuente de renovados
conflictos personales e incluso políticos entre los militantes de las
diferentes organizaciones. Es por esto que la vida en la cárcel estuvo desde
principios de la década de 1970 sujeta a una estricta “vigilancia
revolucionaria” con la que se trataban de reprimir los sentimientos
individualistas y reencauzar las actitudes sectarias. Inspirados en la idea de
Ho Chi Minh de que la prisión es la mejor escuela de los revolucionarios,
los presos políticos lograron muchas veces burlar las regulaciones y
controles y perfeccionar su formación ideológica y hasta su preparación
física por medio de sesiones de ejercicios coordinados entre las celdas. La
idea de que la vida en prisión era una “nueva forma de vida”—sin clases
sociales, igualitaria y comunal—tuvo expresión concreta en las tareas más
mundanas, como la limpieza de celdas y lugares comunes, la circulación de
libros y la mantención de un economato, el fondo común al que todos los
prisioneros contribuían para la compra y distribución de elementos que no
recibían en la cárcel.58
56 Tomás Eloy Martínez, La pasión según Trelew (Buenos Aires: Planeta,
1997 [1973]), 107. 57 Destacamento Montonero “17 de Octubre” de las Fuerzas Armadas
Peronistas, carta a Juan D. Perón, La Plata, Octubre de 1969, en en Hoover Institution Archives, Juan D. Perón Papers, Box 8. Un ejemplar de “Venceremos” aparece en Eduardo L. Duhalde y Eduardo Pérez, De Taco Ralo a la alternativa independiente: Historia documental de las “Fuerzas Armadas Peronistas” y del “Peronismo de Base”. Tomo I: Las FAP (La Plata: De la Campana, 2006), 149-150.
58 “La vida en la cárcel,” Nuevo Hombre (junio 6, 1973): 7. Un énfasis similar en los principios de hermandad y comunidad en la cárcel se puede encontrar en la entrevista de Dardo Cabo, detenido en la cárcel de Ushuaia, a los
Escuelas de militancia 159
La transformación del sistema penitenciario en una escuela de
militancia se convirtió rápidamente en el centro de las preocupaciones del
gobierno. La creciente intervención de los militares en la llamada guerra
anti-subversiva se hizo evidente cuando tomaron el control directo de las
cárceles donde estaban detenidos prisioneros políticos, asumiendo una
tarea que hasta ese momento estaba a cargo del Servicio Penitenciario.59
Mientras el objetivo proclamado era tener una “mayor coordinación y
seguridad sobre los detenidos” a la par que centralizar “las medidas de
control y fiscalización,” la decisión en realidad demostraba la poca
confianza que los militares tenían en el sistema penitenciario tradicional.60
Específicamente, los militares creían que el sistema, históricamente
diseñado para controlar criminales comunes, no estaba eficientemente
preparado para la detención de inteligentes activistas políticos y
guerrilleros con alto grado de entrenamiento. Producto directo de la fuga
del penal de Rawson, el nuevo conjunto de regulaciones para detenidos de
máxima seguridad—el primero de su tipo en la historia penal del país—
regulaba cada aspecto de la vida en prisión, desde los cortes de cabello
obligatorios hasta la alimentación, lecturas, visitas y actividades físicas. La
sección sobre “las obligaciones de los detenidos” prohibía cantar, gritar,
silbar, comunicarse con sonidos acústicos y lenguaje de señas, levantar la
voz, participar en “juegos prohibidos” y “en general, todo acto u omisión
que signifique una alteración del orden reinante”. También se prohibieron
los comunicados políticos y las peticiones colectivas, pero probablemente la
regulación que produjo mayor conmoción fue la que instauró el
confinamiento de los prisioneros en celdas individuales durante la mayor
militantes de las FAP, detenidos en Taco Ralo, Nuevo Hombre, No. 1, Julio 21, 1971, reproducida en Baschetti, comp. Documentos de la Resistencia Peronista, p. 563.
59 La ley No. 19.081 de Junio de 1971, por ejemplo, asignó a las fuerzas armadas la tarea de investigar y prevenir las actividades terroristas, incluyendo la acción directa durante la vigencia del estado de sitio. Ver Revista de Derecho Penal y Criminología, (abril-junio 1971): 446-8; Decreto 2296/72 sobre el control operacional por el Comando en Jefe del Ejército de las cárceles de Rawson y Resistencia y del buque Granadero y demás establecimientos que se destinen para alojamiento de detenidos por “hechos subversivos” en Revista de Derecho Penal, Criminología y Criminalística (enero-marzo 1972): 388-89.
60 Ley No. 19.594, Abril 24, 1972, en Revista de Derecho Penal, Criminología y Criminalística (1972): 379-80.
Seveso 160
parte del día.61 El objetivo que los militares perseguían era quebrar la
solidaridad y comunicación entre los prisioneros, restringir la circulación
de la información política y controlar el contacto entre los detenidos y sus
abogados. El nuevo régimen era tan severo que el 30 por ciento de los
prisioneros detenidos en seis penitenciarías consumían sedantes y
demostraron signos de trastornos psicológicos. En su denuncia de la falta
de derechos de los detenidos políticos una publicación afirmó que las
nuevas reglamentaciones eran un “elaboración sistemática de la
arbitrariedad y el sadismo”.62
De igual manera, el gobierno de Lanusse ordenó la detención de
treinta prisioneros políticos en un barco de la Segunda Guerra Mundial, por
entonces abandonado en el puerto de Buenos Aires. La medida no intentó
aliviar la crónica superpoblación del sistema penitenciario sino, por el
contrario, magnificar el castigo a través del empeoramiento de las
condiciones de detención. Dichas condiciones eran tan terribles—incluida
la falta de sanitarios en correcto funcionamiento—que los jueces de la
Cámara Federal de La Plata determinaron que el barco no podía ser
utilizado como prisión y ordenaron el traslado inmediato de los
detenidos.63 Tácticas similares se usaron también en otras prisiones. Las
detenidas en la cárcel de Devoto, conocida oficialmente como Unidad 2,
reportaron en diciembre de 1972 que habían sido encerradas en celdas
individuales durante tres meses seguidos y sólo se les permitía salir con
fines recreacionales dos horas por semana. El encierro y la falta de ejercicio
tenían serias consecuencias para los detenidos así como otras regulaciones
arbitrarias que incluían la circulación restringida de libros y revistas y los
retrasos de hasta dos semanas en el reparto de correspondencia. Durante
las visitas, los detenidos no podían tener contacto físico con familiares ni
61 Ley No. 19.863, Octubre 13, 1972, en Revista de Derecho Penal,
Criminología y Criminalística (1972): 380-84. 62 FBA. Proceso, 94. Ver también la solicitada firmada por Juan Manuel
Abal Medina, en representación del Movimiento Nacional Justicialista, “Frente al inhumano tratamiento a los presos políticos,” Las Bases, Enero 18, 1973, en Roberto Baschetti, comp. De la guerrilla peronista al gobierno popular: Documentos 1970-1973 (La Plata: De la Campana, 1995), 498-500.
63 Ver el dictamen a favor de Roberto Quieto en FBA, Proceso, 94-5.
Escuelas de militancia 161
niños.64 La penitenciaria de Rawson que tenía entre 200 y 250 detenidos
distribuidos en cinco bloques de celdas, ofrecía un escenario similar. Los
presos denunciaban que desde la implementación del reglamento de
máxima peligrosidad, los tiempos de recreación, cuando no eran del todo
suspendidos, habían sido reducidos a siete horas por semana. El resto del
tiempo los detenidos debían permanecer en sus celdas individuales. Juan
Ferrante, un sacerdote que pasó cerca de diez meses detenido en las
cárceles de Resistencia y Rawson a pesar de que no estaba formalmente
acusado de ningún delito, afirmó que los guardias interpretaban
arbitrariamente las regulaciones para enviar a los prisioneros en el
calabozo de aislamiento.65 El encierro, el frío, la mala alimentación, la falta
de atención médica adecuada y el sedentarismo ocasionaron, entre otros
trastornos, atrofia muscular, mareos, vértigo, disminución de la visión y
diarrea crónica. Las condiciones de detención en lo que los prisioneros
llamaban el “campo de concentración de Rawson” también se tradujo en un
notorio incremento de casos de insomnio, irritabilidad, depresión,
pesadillas, migrañas y crisis nerviosas.66
Para desnudar públicamente los efectos perniciosos del régimen de
máxima seguridad, las Fuerzas Argentinas de Liberación (Columna
América en Armas) y el Grupo Obrero Revolucionario secuestraron a
Norberto D’Aquila, jefe de la división de psiquiatría de la cárcel de Devoto.
Definido como “una pieza del engranaje represivo” y “un científico de la
opresión”, D’Aquila fue sometido a dos largos interrogatorios. Sus captores,
sorprendidos por la forma en que el psiquiatra insistía sobre su total
inocencia e insignificancia dentro de las relaciones de poder que existían al
64 “Comunicado de la presas políticas de Villa Devoto,” en FBA. Proceso, p.
94; “La pureza de la mugre,” Nueva Plana, I, No. 2, Octubre 31, 1972, p. 9. Ver también la petición firmada por los presos de Devoto, requiriendo un régimen de celdas abiertas, contacto físico durante las visitas y respeto por la privacidad de la correspondencia. “Petitorio de los Prisioneros de U-2 (villa devoto),” Liberación, I, No. 2, Primera Quincena de Abril, 1973, contratapa.
65 “Testimonio del sacerdote Juan Ferrante,” Liberación, I, No. 1, Marzo 16, 1973, p. 7.
66 “Situación en el Penal de Rawson,” Liberación, I, No. 2, Primera Quince de Abril, 1973, p. 4; “Ante el peligro de una nueva masacre,” Liberación, I, No. 2, Primera Quincena de Abril, 1973, p. 10. Hasta Abril de 1973, de acuerdo a Liberación, de los 238 detenidos en Rawson, 89 tenían un régimen alimenticio por prescripción médica, 22 estaban bajo tratamiento psiquiátrico, 32 recibían medicación antidepresiva y 66 sufrían trastornos gastrointestinales.
Seveso 162
interior de la cárcel, resumieron de esta forma el resultado de los
interrogatorios: “Calla, habla, busca la complicidad de quienes lo
interrogan, elude respuestas, se defiende. Fundamentalmente se defiende.
Es un médico que cumple con su función: no sabe nada”. La siguiente cita
ilustra un momento común durante los dos días de interrogatorios:
P[regunta].—Yo creo que Ud. como psiquiatra se da perfectamente cuenta de cuáles son las consecuencias que produce la aplicación de semejante régimen [de máxima seguridad]. R[espuesta].—Exactamente por eso es que toda la gente que esté en vinculación por ejemplo con médicos, con psiquiatras, lo sabe. Así que Ud. dice que la opinión pública no lo sabe. No lo sabe en el sentido que haya sido publicado, que haya sido publicado… P.—No sabe cuál es la posición de Ud. ni la de los médicos de
Devoto. R.—Por supuesto… porque nosotros no la hemos hecho pública… P.—Es lo que le estoy diciendo. R.—Bueno… pero eso… pero eso… es una forma de actuar mía, que yo se cuando lo tengo que hacer pública, que no lo haya hecho hasta ahora, no quiere decir que si las condiciones no siguen igual no lo haga. P.—¿Doctor, cuánto va a esperar para dar su opinión pública? ¿Hasta que los presos mueran o enloquezcan? R.—No, no se mueren, no diga eso porque… no tiene nada de
científico.
En sus respuestas y evasivas, D’Aquila enfatizó que el sólo era un
profesional apolítico, preocupado por la salud mental de sus pacientes pero
no tan poderoso como para poder mejorar las condiciones de detención.
Sin embargo, D’Aquila reveló que había nueve prisioneros políticos con
“desórdenes psicológicos” que eran resultado directo de la aplicación del
régimen de máxima seguridad.67 Si bien ésta información no era por
entonces desconocida—por lo menos, los familiares de detenidos y sus
abogados estaban al tanto de las secuelas y trastornos producidos por el
régimen de máxima seguridad—la captura de D’Aquila apuntó a desnudar
desde adentro las terribles consecuencias del sistema a la par que la larga
cadena de complicidades que lo mantenían en funcionamiento.
67 Máxima peligrosidad (Buenos Aires: Editorial Candela, 1973), 4, 6, 53.
Ver también “Liberación del psiquiatra,” La Razón (enero 14, 1973): 4. Para protestar en contra de las nuevas condiciones de detención los prisioneros comenzaron una huelga de hambre que duró 21 días y que no tuvo ningún otro resultado más que dar a conocer las terribles condiciones de vida en las cárceles.
Escuelas de militancia 163
Conclusión
Tal vez esté sentando una teoría disparatada, pero ojalá la tiranía siga encarcelando: nos irá formando cuadros.
—John William Cooke68
No sin cierto esquematismo, se podría pensar que a partir del golpe
de 1955 se pusieron en marcha, en constante interacción, dos tipos
opuestos de prácticas y memorias: por un lado, surge un conjunto de
mecanismos estatales destinados a reprimir la oposición política y, por el
otro, se crea una comunidad política y una nueva identidad al interior de
las cárceles. No necesariamente más sencillo, pero sí factible, resulta
reconstruir el lado estatal de esta ecuación. Aún cuando estamos frente a
un Estado que crece y se desarrolla en las sombras como condición previa
para la ejecución de prácticas clandestinas, es posible hoy detectar un cierto
apego a la legalidad, plasmado, de manera más evidente, en la larga lista de
leyes y decretos de carácter represivo que fueron promulgados desde 1955
en adelante. Esto no implica negar el carácter autoritario del régimen; por
el contrario, las prácticas que suceden al golpe de 1955—basta recordar la
afirmación de Oliva sobre los “primeros desaparecidos” o la masacre de
José León Suárez—son claramente la génesis del Estado terrorista que se
inaugura en 1976. No obstante, durante todo el exilio de Perón hasta el
derrocamiento de Isabel Martínez, el Estado opta por una práctica híbrida
en la administración de la fuerza. Sería arriesgado pensar que existió una
tensión al interior de las fuerzas armadas, y tal vez esa idea no haría más
que reflotar uno de los errores más graves del Partido Comunista durante la
dictadura, pero no es menos cierto notar el vaivén entre la actividad
legislativa y la represión clandestina. Valga, como ejemplo, la Cámara
Federal Penal, donde la tortura de los detenidos y las arbitrariedades
legales coexistieron con el derecho a la defensa en juicio. Por un lado, los
organizadores del aparato represivo a fines de la década de 1950 y durante
la de 1960 actualizan las técnicas aprendidas durante la persecución a
anarquistas y comunistas, pero por el otro buscan definir de manera cada
68 Cooke, Correspondencia Perón-Cooke. Tomo II. Obras completas, 149.
Seveso 164
vez más precisa el campo de acción—y, cuando esto no fue suficiente, se
volcaron al interior de las penitenciarías buscando controlar la febril
actividad política que tomaba cuerpo detrás de las rejas. Es en este sentido
que sería muy importante contar con estudios más detallados explicando
cómo los regímenes burocrático-autoritarios, en la acepción de Guillermo
O’Donnell, expresaron una tensión que aparece reflejada en la hibridez
entre lo legal y lo clandestino. No hay dudas sobre cómo se resuelve esta
tensión, pero sabemos muy poco sobre su origen y transformación.
Volvamos ahora al extremo opuesto, para dar cuenta de la forma en
que los presos políticos forjaron una comunidad resistente al interior de los
penales. La reconstrucción de esa experiencia, particularmente si uno se
centra en el período anterior a la última dictadura, presenta varios
obstáculos. Un breve repaso a la producción reciente es suficiente para
comprobar que tanto los ex presos como aquellos que se han abocado a
estudiarlos se han concentrado exclusivamente en el período
correspondiente a la última dictadura. No creo que sea correcto afirmar que
los ex presos de la última dictadura no se reconocen en las experiencias de
aquellos que los antecedieron. De todos modos, no es menos cierto afirmar
que los militantes que estuvieron detenidos durante el Proceso raramente
enmarcan sus relatos orales y escritos dentro de una historia mayor—por el
contrario, las narraciones testimoniales tienden a enfatizar la originalidad
de la experiencia carcelaria durante la última dictadura, casi como un
proyecto sin antecedentes históricos. Inclusive, la más reciente producción
autobiográfica y testimonial ignora los trabajos pioneros de otros ex presos
escritos a mediados de la década de 1980. De manera similar, se podría
preguntar en qué medida la primera y segunda generación de presos
políticos—aquellos que estuvieron detenidos durante la segunda mitad de
1950 y la década de 1960—se ven reflejados en los relatos testimoniales de
los ex presos de la última dictadura. Hay, en mi opinión, tres razones
fundamentales que explican esta discontinuidad histórica. La desaparición
física de decenas de miles de activistas sociales, políticos, gremiales y
estudiantiles instauró una ruptura en la transmisión de la memoria
histórica que impide reconstruir una narración más rica y compleja de la
experiencia carcelaria. En segundo lugar, los conflictos generacionales e
Escuelas de militancia 165
ideológicos que se dieron al interior de todas las organizaciones políticas,
pero de manera más visible en el Partido Comunista y el peronismo, aún
continúan afectando la posibilidad de articular un discurso común entre,
por ejemplo, los ex presos de mediados de la década de 1950 y los de 1970.
Y, por último, cierto “pudor político”, por el cual el espacio
carcelario aparece ligado al ámbito de lo privado, y una práctica política
fuertemente marcada por un antiintelectualismo obrerista mantiene
alejados a la mayoría de los viejos militantes, especialmente los del
peronismo, de la cultura testimonial. En este sentido, la idea de que en las
cárceles, donde se podían plasmar los ideales de igualdad y colectivización,
se “experimenta un nuevo estilo de vida” no es posible encontrarla tan
claramente en el universo cultural y político de la primera generación de
presos políticos, lo cual no significa que no existiera. Solamente Cooke, de
quien tal vez se pueda decir que era setentista sin saberlo, pensaba que las
cárceles eran escuelas de militancia.