CapituloII

esarrollo social en los 90

Revolución de lo social: El desbalance del revolcón Camilo González Posso**

r \ l terminar el gobierno del Presidente César Gaviria, los académicos y los políticos coinciden en señalar la precariedad de los resultados de la política social como el Talón de Aquiles del revolcón. Desde el propio partido del Presidente son mayoritarias las críticas a un modelo de gestión pública enmarcada en los patrones neoliberales. La "nueva teoría del desarrollo" ha sido identificada como una fervorosa apropiación de las recetas más conocidas del modelo, iniciado por Pinochet en Chile e intentado por Margaret Tatcher bajo el lema neoconsevador del "capitalismo popular".

La controversia que se ha desatado sobre este asunto, ha ocupado ya la atención de convenciones, candidatos, parlamentarios y de muchos especialistas, que aportan sus ideas y sus números para que el debate no se reduzca a un juicio político con propósitos electorales. Lo trascendental es lograr con muchos aportes, un ejercicio inteligente que contribuya a diseñar una política alternativa para un desarrollo socioeconómico que beneficie prioritariamente a los más pobres.

Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia.

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El gobierno que concluye ya ha hecho su defensa, reafirmando la orientación general consignada en el Plan de Desarrollo 1990-1994 y agregando cifras que a su juicio demuestran la bondad del "modelo".

La compilación que se incluye en este libro es una valiosa contribución para el balance de la autodenominada "Revolución Pacífica". Se incluye una síntesis de la política gubernamental, elaborada por uno de sus más destacados promotores y un conjunto de ensayos sobre temas claves. Más que un balance, la compilación ofrece reflexiones para la formulación de otro Plan de Desarrollo Social, que inscriba aspectos como los mencionados .

NEOLIBERALISMO TARDÍO

El Presidente Gaviria pidió que no se califique peyorativamente la concep­ción que animó su Plan de Desarrollo. En especial sustentó que no se inscribía dentro de las posturas neoliberales en tanto no pretendía reducir el tamaño del Estado, sino reorientar su intervención. El propósito social fue afirmado en dife­rentes textos y discursos. Las cifras más mencionadas por el gobierno se propusie­ron mostrar que en el período 90-93 la inflación disminuyó, la tasa de desempleo decreció, aumentó el empleo, creció la cobertura de la educación, de los servicios de agua potable, de atención primaria en salud; en fin, que la distribución del ingreso se mejoró, se redujo el número de pobres y arrancó la política de vivienda de interés social. Gaviria y su equipo han advertido que por supuesto no todo lo propuesto inicialmente se ha logrado. Y ello por múltiples razones que se relacio­nan con el contexto de cambio institucional, con las dificultades externas para la apertura, con las resistencias a la nueva política de desarrollo. En todo caso, en el balance oficial, el incremento del gasto social y los avances en frentes claves como los mencionados son prueba fehaciente de la dinámica que se abrió y que ajuicio de sus gestores, merece ser continuada por la administración que regirá entre 1994 y 1998.

Por supuesto que esa apretada síntesis sólo rescata los elementos más subra­yados en los documentos gubernamentales.1 Las críticas se han remitido ha preci­sar las cifras y a mostrar diversos ángulos de aproximación a cada uno de los temas mencionados. Ensayos como los de Sarmiento y Zerda de la Universidad Nacio-

1. César Gaviria Trujillo, Informes al Congreso de la República, diciembre 1 de 1991, julio 20 de 1992.

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nal2 , los publicados por el equipo de coyuntura de la Universidad de Antioquia o por la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, contradicen la euforia de los defensores del modelo aperturista radical y de su impacto social . Pero tan importante como mirar la verdad de esas cifras, y tal vez más que ello, es revisar los criterios de evaluación de la política, pues sus efectos no pueden evaluarse plena­mente en el corto plazo. De la misma manera muchos de los indicadores económi­cos o sociales que se contabilizan en el período 90-94 han estado determinados por decisiones de inversión de años anteriores, o por factores exógenos o por variables que se correlacionan poco con las decisiones de política socioeconómica. No por esto deja de ser relevante el que las cifras del gobierno no sean las mismas que las de la academia.

La incomodidad del equipo Gaviria con el calificativo de neoliberal, es una postura más política que otra cosa. No quieren entrar en una polémica con un apellido que comienza a caer en desgracia a nivel internacional y que en Colombia suena mal. En realidad, mirando el espectro teórico y conceptual de las políticas de desarrollo o de gestión gubernamental, lo dominante del planteamiento de esta administración es de inconfundible sello neoliberal. El presidente Gaviria ha querido diferenciarse argumentando que su política pretende fortalecer el Estado, dando a entender que la esencia del neoliberalismo sería el desmonte del Estado. Esa es sólo la lectura caricaturesca o el desconocimiento de la realidad de los gobiernos neoliberales, vergonzantes o beligerantes. Casi sin distinción los neoliberales y neoconservadores han terminado aumentando el gasto público, fortaleciendo los presupuestos militares, incrementando el déficit fiscal, fomentan­do la protección a ciertos sectores claves. El neoliberalismo real en ninguna parte se ha propuesto un Estado débil; en realidad lo que sí ha intentado es debilitar el Estado social o las funciones sociales del Estado.

La desaparición del Estado es un propósito de varias comentes surgidas en el siglo XIX, como los bakuninistas y los marxistas. La idea del Estado mínimo la levantaron los liberales decimonónicos que le asignaban funciones de policía, de justicia, de garantía de la propiedad o de arbitraje en las disputas entre particulares. Lo social en ese esquema estaba contemplado en la denominada asistencia pública para los indigentes. En materia económica, ese pensamiento abogó por la menor injerencia del Estado en la producción o distribución. El neoliberalismo ha querido rescatar a su manera las ideas del laisser faire levantándose contra el Estado

2. Libardo Sarmiento A. Alvaro Zerda S. Ajuste estructural, desarrollo económico y social, dos años de revolución pacífica. Revista de la Contrataría General de la República, enero-febrero de 1993.

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intervencionista y benefactor que se fortaleció en algunos países, especialmente del norte, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras el liberalismo del Estado mínimo era una ideología propia de los intereses de los gestores de la industria que querían eliminar trabas feudales supervivientes, los enunciados neoliberales son consistentes con los intereses de grandes capitalistas y financistas que quieren reacomodarse utilizando el Estado para ganar puntos frente a clases subordinadas, asalariados, trabajadores independientes, clases medias y producto­res emergentes. El Estado neoliberal debe dejar las mayores libertades para el gran capital y al mismo tiempo ayudar a aumentar la rentabilidad disminuyendo salarios y conquistas laborales, facilitando la reconversión, disminuyendo el salario social que reciben los de menores ingresos por la vía de subsidios en servicios públicos.

La política de desarrollo de la administración Gaviria es cuidadosa en el seguimiento de las grandes pautas del ajuste estructural que se pusieron de moda en América Latina en los años 80. Y esta afirmación no se demuestra sólo con la fascinación de la tecnocracia gavirista con el modelo chileno de privatización o subsidio directo a la demanda para vivienda social, para salud y seguridad social, educación o servicios públicos domiciliarios .

Lo nuevo de "La nueva teoría del desarrollo", que pretendió orientar la gestión del gobierno 90-94, es la articulación, desde un eje neoliberal de viejas teorías neoclásicas o aquellas que en los años 70 enfatizaron en el llamado "capital humano". Siguiendo el credo de moda, esa "nueva teoría" , supone que el camino de la apertura o integración al mercado internacional debe ir de la mano de una menor injerencia económica del Estado para apoyar a los productores nacionales. La magia del mercado es invocada ingenuamente asumiendo la pr'édica de los académicos y asesores de la banca mundial que desde los años 80 han estado preocupados por nuevos mercados para bienes y capitales de los países más desarrollados. Esa es la "convergencia creciente entre los economistas acerca de la bondad de eliminar las restricciones al comercio y al movimiento internacional de factores, como verdadera fuente de desarrollo económico y social" (Plan 90-94 ).3

En lo que toca al papel del Estado, la "nueva teoría" plantea que debe concentrarse en funciones de control, de seguridad y de una inversión pública que "genere externalidades positivas , como el riego agrícola, la educación o la investi­gación en ciencia y tecnología, que eviten las negativas -en particular en el medio

3. Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, La revolución pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social ¡990-1994. Santafé de Bogotá, 1991.

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ambiente-, o que induzcan retornos crecientes a la actividad privada -como infraestructura física y de transporte-". La inversión pública debe asumir los costos de aquellos factores económicos que difícilmente pueden cargarse a los costos de producción de las empresas, tal es la racionalidad de la intervención dirigida a externalidades. La abstención del Estado en políticas sectoriales de promoción de la producción industrial o agrícola o del del cambio técnico, es justificada a nombre de una estrategia "horizontal" .

La acción social del Estado para los novísimos teóricos gaviristas, es también otra externalidad. La inversión en capital humano sería el camino para la equidad en la distribución del producto y del ingreso. Así se evitan molestas preocupacio­nes por la redistribución o democratización de la propiedad, por la universalidad y solidaridad en los servicios públicos y de seguridad social-, por aumento del empleo o de la demanda salarial. El subsidio directo a la demanda y la focalización supuestamente en los más pobres son la clave de esa política de privatización de la función social del Estado.

Las inconsistencias de los supuestos económicos del modelo de la administra­ción Gaviria, han sido analizadas en todas dimensiones; y la dimensión social también es inconsistente tanto en la teoría como en sus resultados prácticos.

L O SOCIAL NO FUE PRIORIDAD DEL REVOLCÓN

En el mundo real la pregunta clave para una evaluación de la gestión pública es si estamos mejor que antes, si la sociedad vive más alegre, satisfecha, con mayor esperanza y oportunidades de bienestar. Desafortunadamente, al final del gobierno Gaviria, en un panorama contradictorio donde se crearon nuevas condiciones históricas con la Asamblea Constituyente y con la búsqueda de soluciones negocia­das, la sociedad colombiana se mantiene en la zozobra y la mayoría teme cada día por la fragilidad de su sustento y de su futuro.

La prioridad del gasto público para el gobierno no fue lo social, como lo sugiere su plan , y lo social que se abordó fue recortado. La prioridad estuvo en el gasto para la guerra, sin que por ello se incrementara la seguridad, la tranquilidad, ni se disminuyeran los indicadores de violencia. Más de 100 mil muertos por violencia se pueden estimar para el período 1990-1994. Según datos oficiales, sólo entre 1990 y 1993 las víctimas de homicidio fueron 70 mil personas. Durante la administración Gaviria, la violencia se incrementó a una tasa superior al 25% anual

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y la acción del Estado resultó infructuosa como consecuencia de un enfoque de confrontación o guerra integral que malogró la política de sometimiento a la justicia, postergó y obstaculizó negociaciones y descuidó un enfoque social para enfrentar la violencia civil cotidiana. Ahora no tenemos un país más pacífico, ni calles, ni veredas más amables, de lo que parecía posible cuando ese gobierno comenzó con unos acuerdos de paz y de una constituyente esperanzadora.

A los defensores del nuevo desarrollo estos indicadores no les parecen pertinentes al hablar de lo social; para ellos lo social es otra variable del capital y de la promoción de la competencia. La reducción de muertes por violencia no figura entre las necesidades básicas. Todavía no se han dado cuenta de que es más importante el capital humano vivo que el capital humano muerto.

El Informe del PNUD sobre desarrollo humano, con una visión centrada en las personas, ha propuesto indicadores de bienestar de los países en los cuales la paz o la no violencia constituyen factores claves. La resolución pacifica de los conflictos interpersonales o colectivos, desde hace varios milenios es uno de lo supuestos de civilización y de progreso. El fortalecimiento de una ética de respeto a la vida, de tolerancia y solidaridad es condición para la equidad. Pero este lenguaje humanista poco tiene que ver con la idiotez tecnocrática que sólo mide curvas y se embebe en logaritmos. La promoción de la competencia, que parte del individualismo, es llevada a todos los dominios para que el dios oro sea la base de todos los valores. Se busca fortalecer a partir de la compra venta de delaciones entre criminales, así como día y noche se le dice a la sociedad que ese es el ejemplo de solidaridad.

La Constitución de la República de Colombia, adoptada en 1991, al establecer el Estado social, indicó que la prioridad de la acción pública debería ser el bienestar social. El artículo 350 señala que "el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación". Y los datos muestran que no fue esa la orientación de la administración Gaviria.

Según la Contraloría General de la Nación4, el rubro de inversión social ha venido perdiendo importancia con respecto al presupuesto general: en 1991 era el 10.4%, en 1992 es el 9.45 y en 1993 será en definitiva 7.9%. La participación total del gasto social -inversión y funcionamiento -, incluyendo agua potable y recursos

Contraloría General de la República, El proyecto de presupuesto para 1993, una aclaración necesaria, Revista Economía Colombiana, noviembre-diciembre 1992.

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de crédito externo se mantuvo en el 32% del total del presupuesto en el periodo 90-93. En el estudio sobre el proyecto de presupuesto para 1993, realizado por consultores del Ministerio de Salud, se afirmó oportunamente que "al analizar las variaciones entre el proyecto de presupuesto para 1993 y el de 1992, se destacan algunos sectores que registra aumentos en sus gastos significativamente superiores al previsto para la inflación de 1993 y también al del sector salud. Tales sectores son: defensa (68.4%), orden público (62.2%), comunicaciones (53.7%), justicia (50.9%), trabajo (42.4%) y educación (37.7%), que contrastan frente al 32,2% de salud y al 18% previsto para la tasa de inflación dentro de los parámetros utilizados para la preparación del proyecto".5

Sin discutir los argumentos que sustentan esas proyecciones presupuéstales, lo evidente es que el gasto social no ha sido la prioridad y que durante las dos últimas administraciones, mientras el gasto social se mantiene por debajo de la cifra de 1984 (9.4) en cuanto a peso dentro del PIB, otros gastos, especialmente los dirigidos a la guerra, se multiplican geométricamente. En 1990 el gasto social presupuestado equivalía al 7.6 del PIB, en 1991 fue 7.3 del PIB y en 1993 de 7.4% del PIB.6

REDISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA

Pero en otros horizontes el panorama no es superior. ¿Viven mejor las familias? ¿Tienen mayores posibilidades de bienestar material como consecuencia de la acción del gobierno? Esa no parece ser la nota dominante.

La situación laboral del pueblo colombiano tiende a deteriorarse y a ello ha contribuido la política gubernamental.

Ya en 1993 se afirmó que el número de personas bajo la línea de pobreza se incrementó sustancialmente. Un millón 500 mil colombianos se agregaron a los trece millones que en 1990 no tenían condiciones mínimas de sobrevivencia. La tendencia a la pobreza continuó. En 1986 el 37.8% de las personas estaba por debajo de la línea de pobreza; en 1990 el 40.8% y en 1993 se estima en cerca del 45%.7

5. Isauro Suárez etal. Estudio del presupuesto para el sector salud, 1993. Minsalud, mimeo. 6. Contraloría General de la República, op.cit. 7. Datos de Sarmiento y Zerda , op.cit

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SALARIO MÍNIMO

Los salarios de la población trabajadora no han mejorado su real capacidad de compra y el salario mínimo decreció durante la administración Gaviria. La varia­ción porcentual ha sido negativa año a año.

El salario mínimo real decreció en 1990 en 2.6 con respecto a 1989, decreció 3.3 en 1991, 2.1 en 1992. Mientras tanto en otros países de América Latina se presentaba una leve recuperación tal como ocurrió en Argentina o Brasil, es decir, allí donde el movimiento sindical tiene mayor capacidad de resistencia.8 El salario medio real en los sectores productivos de la industria manufacturera y agropecuaria estuvo estancado con respecto a 1989 y decayó especialmente en la agricultura y en la ganadería durante los años 90, 91 y 92. (Falta ver las cifras del 93 y 94 pero la tendencia es la misma).9

La mayoría de los hogares padecieron el deterioro de los salarios, la inestabi­lidad en el empleo, la reducción de oportunidades de contrato formal de trabajo, el subempleo y la angustia del rebusque. Para los sabios de la nueva teoría del desarrollo estos son asuntos coyunturales previsibles que esperaban más graves y con más muertos pero que pudieron estar peores...gracias a Dios.

EMPLEO PRECARIO

La expectativa de empleo formal para los trabajadores colombianos ha pasado a ser nula. El estancamiento del empleo en la industria manufacturera se traduce en crecimientos estacionales de empleos temporales, sobre todo en la pequeña empre­sa. La construcción, el comercio informal al detal y la microempresa, se convirtie­ron en el refugio del subempleo. La administración Gaviria tendrá el mérito de haber duplicado la temporalización del empleo y de haber incrementado el subempleo a niveles sin antecedente. Con la tendencia de los años 90 a 92, al finalizar este gobierno la cuarta parte del empleo total se define como temporal y sumado al subempleo ronda el 40%. (En 1990 el empleo temporal era el 14.3 del empleo total en las encuestas del DAÑE, en 1992 el porcentaje era del 21.2 . El subempleo varióde 15.5 a 16.6% en igual período).10

8. Cepal, Comisión Económica para América Latina, "Balance preliminar de la economía de América Latina y del Caribe", Rev. Economía Colombiana, febrero 1993.

9. Cepal, op.cit. 10. DAÑE, Boletín Mensual de Estadística, Encuesta de Hogares.

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La permanencia de una tasa de desempleo urbano superior al 10% en prome­dio en la administración Gaviria, coloca a Colombia en los últimos lugares en el continente, sólo superan a Panamá y Nicaragua.

El gran triunfo de los analistas oficiales en materia de desempleo se basa en la ilusión de que no creció esa tasa. Lo que sería meritorio si no fuera también signo de la desesperanza de la población económicamente activa frente a la búsqueda de trabajo y de la determinación de pasar rápidamente al rebusque o empleo precario una vez que se requieren ingresos para la subsistencia cotidiana.

En ese breve período que va de 1990 a 1993 se vieron las consecuencias antisociales de una política laboral que se justificó a nombre de la apertura, la reconversión industrial y el estímulo al empleo. La reforma laboral de 1990 fue justificada con el argumento de crear nuevos empleos y de buscar la desconcentración empresarial; se argüyó que para poder competir en el mercado internacional había que seguir el credo neoliberal de la flexibilización laboral con un nuevo régimen de contratación para "eliminar la inestabilidad e incertidumbre en las relaciones laborales"; para suprimir sobrecostos que desestimulaban la inversión y la creación de empleos formales. Así, en medio de la euforia de los primeros días y del desconcierto de los sindicatos o de los keynesianos venidos a menos, el gobierno logró hacer aprobar la Ley 50 de 1990; la más retrograda contrarreforma laboral en este siglo."

CONTRARREFORMA DE CONTRASENTIDO

La contrarreforma laboral ha significado mayores sacrificios para los asala­riados, acusados de oligarquía de overol, por los ideólogos de la verdadera oligar­quía. Y aparte del aumento en las tasas de explotación, ninguno de los efectos anunciados por sus mentores en empleo y competitividad han mostrado sus diná­micas. La política laboral de la tecnocracia sólo ha producido violencia y desigual­dad; incluso el mercado interno se ha visto deprimido bajo influencia de factores como éste que limitan la demanda agregada.

Con la Ley 50 y las medidas complementarias se ha desprotegido al trabajo. La temporalidad se institucionalizó dándole garantías a las agencias de servicios

11. Benjamín Ochoa Moreno, Reforma laboral. Rodríguez Quito Editores, 1991.

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temporales; se sacaron del régimen de contrato de trabajo nuevas actividades. Así mismo se ha facilitado la subcontratación para eludir prestaciones, se suprimió la duración mínima de los contratos de trabajo a termino fijo; se eliminó la acción de reintegro para los trabajadores de más de 10 años de servicios y flexibilizaron las condiciones para la suspensión del contrato de trabajo y para los despidos colecti­vos.

Como la lógica de la contrarreforma es sobre todo debilitar la capacidad de participación salarial y dar mayores oportunidades a una plusvalía absoluta, se eliminó la retroactividad de las cesantías, se introdujo el salario integral para altos cargos y se afectaron negativamente los recargos nocturnos, y los ingresos adicio­nales por dominicales y festivos.

El gobierno de Gaviria ha querido devolver las normas laborales a la situación anterior a 1936. El capitalismo bárbaro donde se propicia parte del diagnóstico equivocado de que las mayores dificultades de las empresas han estado en las llamadas rigideces laborales o en un exceso de prestaciones. La evaluación inicial de la apertura muestra que los colombianos hemos pagado caro el experimento de la contrarreforma, sin que se vislumbre una Correlación positiva entre ese sacrificio y transformaciones en la productividad, en la capacidad exportadora o en posibili­dades de estabilidad o de incremento en el empleo. El nuevo régimen ha facilitado la rotación, la subcontratación, la temporalidad y la disminución de prestaciones, pero es difícil demostrar que haya servido al incremento de la inversión.

La inexistencia de una política social que valorice la democratización de la propiedad y la capacidad de disposición, o que le dé importancia al empleo y al incremento progresivo de los ingresos, es la otra cara de lo que han denominado promoción de capital humano, fomento de externalidades, atención a necesidades básicas insatisfechas. Los instrumentos nuevos de esa política social serían el subsidio directo a la demanda y la focalización.

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA

Como anota Jorge I. González, la concepción sobre capital humano tiene supuestos teóricos equivocados al pretender que en las opciones de educación, salud, seguridad social, vivienda y en otras de orden cultural, se pueden calcular rendimientos, alternativas de costos u otras variables propias del capital físico. González advierte la inutilidad de profundizar en esa polémica cuando ese enfoque

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de capital humano es invocado para adornar la presentación de programas que en realidad se rigen por otros conceptos más tradicionales.12

La generalización del subsidio directo a la demanda como núcleo de los políticas sociales del Estado es una pretensión poco viable y que en su práctica conduce a mayores limitaciones en los programas.

Según la novísima teoría, la promoción de la competencia entre oferentes de servicios públicos y sociales es la clave para mejorar la eficiencia y la calidad. Las empresas que ofrecen los servicios se verían afectadas por las decisiones indivi­duales de usuarios que buscaran otra opción mejor. Hospitales, centros de estudio, constructores de vivienda, administradores de empresas de agua, aseo o telefonía, competirían con calidad y precio o saldrían del mercado, pues sus ingresos depen­derían de la elección libre de la suma de demandas individuales. Transparencia y libertad de elección son las palabras mágicas para los usuarios o compradores. Organización empresarial con rentabilidad o privatización de la prestación de servicios, es la clave desde el lado de la oferta.

Con discursos como éste se quiere elevar a política general, lo que en algunos casos especiales puede ser el sustento para programas de atención a indigentes o a grupos vulnerables.

Los límites de esas teorías del subsidio directo a la demanda y privatización de la prestación de servicios, son evidentes si se identifica que en muchos casos la oferta es inelástica, es monopólica de hecho o constituye un monopolio natural. La reorganización institucional que se deduce de ese esquema, conduciría a una selección adversa en las entidades que quieran sobrevivir empresarialmente. Una ley de hierro que todavía no se ha refutado, dice que cuando la rentabilidad o lucro es lo que brinda la racionalidad a una empresa o entidad, los peores clientes son los más débiles y los más pobres. La empresa privada no esta hecha ni para la caridad, ni para la distribución del ingreso a favor de los que no son sus dueños, ni para la solidaridad entre ricos y pobres. Estas proposiciones de viejo cuño, por elementa­les que parezcan, no han dejado de regir y de llamar la atención en la necesidad de intervención del Estado en la provisión de servicios públicos cuando lo que se quiere medir es rentabilidad social, ampliación de las coberturas, universalización

12. Jorge Iván González, Comentarios sobre capital humano en la reforma educativa, Notas de trabajo, Bogotá 1993.

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de la atención, solidaridad interclases o intergrupos. Sólo la intervención determi­nante del Estado en este dominio de los servicios públicos, de la seguridad social, la salud, la educación o la vivienda, podrá articular la intervención de la empresa privada para que la dinámica global se encamine a mayor equidad y bienestar para la mayoría de la población.

La transformación del Estado para que pueda cumplir a cabalidad su función social requiere de otro diagnóstico que se aleje del fundamentalismo del mercado como fuente de racionalidad en la asignación de factores para el bienestar.

Los programas oficiales que han puesto en marcha el subsidio a la demanda permiten ver sus alcances y limitaciones.

E L FRACASO DEL SUBSIDIO A LA VIVIENDA

Los planes de vivienda de interés social que se pusieron en marcha con la disolución del ICT y la creación del Inurbe han tenido resultados irrisorios en comparación con las metas gubernamentales. Se propusieron 540 mil viviendas de interés social en los cuatro años de la administración Gaviria, 360 mil de las cuales recibirían el subsidio directo. En marzo de 1993, el cobro de subsidios no alcanza­ba el 10% de la meta propuesta y la construcción efectiva de viviendas era todavía menor. A mitad de periodo del "revolcón", en octubre de 1992, se habían adjudica­do 76.961 subsidios de vivienda, pero sólo se habían cobrado 9.468. El sistema no arrancaba por múltiples problemas, que cubrían desde la baja rentabilidad y alto riesgo para las corporaciones de ahorro y vivienda, las limitaciones de gestión individual de los potenciales usuarios, la debilidad de los municipios para implemetar bancos de tierras y demás instrumentos de la ley urbana y la influencia del clientelismo en la selección de planes.13

Pero el fracaso de los planes de vivienda de interés social es una consecuencia de la reducción de la política de vivienda al llamado subsidio a la demanda. Se ha sustituido en buena medida la necesidad de la acción estatal para afrontar la cuestión urbana y en particular el déficit de vivienda con programas integrales, por un mecanismo ineficiente que conduce a nuevas formas de intermediación y de clientelismo.

13. Germán Avila, Evaluación de la vivienda de interés social, 1993.

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Programas como los hogares de bienestar o los restaurantes escolares, impul­sados a través del ICBF, son a veces invocados para defender la nueva orientación. Dejando de lado el análisis del impacto social que han tenido en los últimos seis años, es evidente que no responden a la orientación de subsidio directo a la demanda, pues no hay allí multiplicidad de opciones y se trata de un programa asistencial del Estado. Responde a otro concepto, el de focalización para la erradi­cación de la pobreza absoluta, que merece comentario aparte.

PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El proyecto de privatización de la seguridad social es otra de las apelaciones a la trasparencia en el mercado. El Gobierno propuso inicialmente una reforma al régimen pensional que incluía el paso del sistema actual de reparto simple con reservas, a un sistema de capitalización individual o de ahorro en entidades privadas encargadas de administrar los fondos de pensiones. La solidaridad del sistema se definió por vía fiscal y con un fondo especial redistributivo para alguna ampliación de cobertura o para garantizar pensiones mínimas.

Al presentar el proyecto de seguridad social, el gobierno exclamó con júbilo: "Primará la competencia, que habrá de traducirse en mejores servicios y mayor rentabilidad de los ahorros para cada trabajador". Cada trabajador podrá " decidir libremente si desea continuar afiliado al ISS o a Cajanal... o por el contrario si prefiere que sus ahorros sean manejados en los Fondos de Pensiones".14

¿Cuál es la realidad de la reforma con ese enfoque? ¿Prima en ella el interés colectivo de superar la crisis de la seguridad social? El debate del proyecto rebeló que la orientación del gobierno y de los parlamentarios neoliberales que le hicieron eco abierta o camufladamente, estaba animada más que todo por consideraciones financieras y por necesidades del sector privado.

El gobierno sustentó la reforma pensional en una presunta explosiva situación financiera del ISS y de las cajas de previsión, pero rápidamente quedó claro que " la deuda actuarial que se ha planteado en el sistema de pensiones no tiene el carácter de bomba de tiempo".15 Se aclaró que existen formulas para manejar el problema

14. Ministerio del Trabajo, "Proyecto de ley por el cual se crea el Sistema de Ahorro Pensional y se dictan otras disposiciones sobre seguridad social". Exposición de motivos. Santafé de Bogotá, D.C. Septiembre de 1992.

15. Cecilia López M., "Reflexiones sobre el proyecto pensional", intervención en el Congreso de la República, octubre 1992.

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corrigiendo vicios del sistema derivados de factores como: la no actualización de cotizaciones según los diseños originales; la utilización de reservas pensiónales por parte del Estado para subsidiar a empresarios y socializar pérdidas del sector privado; el lento crecimiento de la cobertura y la existencia de márgenes de evasión y de manipulación de algunos beneficios.

La verdadera urgencia no está ubicada en la necesidad de garantizar pensio­nes. El gobierno no presentó mecanismos eficientes para el aumento de la cobertu­ra, ni del número de beneficiarios. Así lo reconoció desde la exposición de motivos, advirtiendo que "el incremento de cobertura no se producirá con la simple expedición de la ley ",16

El paso al nuevo régimen, además de no aumentar cobertura se propone disminuir los beneficios prestacionales de los trabajadores, pues en otras circuns­tancias no sería económicamente viable. Para el gobierno "los beneficios excesivos por reducir se encuentran principalmente en el sistema pensional público"17, pero los denominados "excesos" están también en el sector privado. En consecuencia, la reforma en pensiones y seguros económicos no aumenta beneficios sino que agrega recortes a los que ya había hecho la contrareforma laboral. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna sustentación sobre la necesidad de un recorte de benefi­cios hasta el punto propuesto.

• Se recorta el período de beneficio pensional al plantear aumento de la edad de jubilación. Las edades propuestas para mujeres y hombres no se desprenden de estudios serios y científicos sobre esperanza de vida, sino de cálculos de rentabili­dad para las Administradoras de Fondos de Cesantías y Pensiones. Y con la misma lógica se manejan todas las variables.

• Se hace menor la base salarial promedio para la liquidación de beneficios en pensiones, invalidez o muerte.

• Se incrementa el número de semanas mininas de cotización para tener prestaciones y se hace más rígida la fidelidad.

• Se limitan los beneficios por accidentes de trabajo e incapacidad laboral.

16. Ministerio de Trabajo, op.cit. 17. Ídem.

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Diferentes especialistas han coincidido en afirmar que los supuestos estadísti­cos y macroeconómicos de la propuesta del gobierno o son falsos o significan alto riesgo de fracaso de costos fiscales para guardarle la espalda al capital financiero que esta detrás de los Fondos.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes señaló en su momento que "no es fácil comprender cómo una propuesta de esta naturaleza puede adolecer de fallas tan protuberantes. Los cálculos están basados en informa­ción equivocada entre el período de jubilación y el período de vida activa. ... En esencia, la reforma afecta negativamente el empleo, favorece a los trabajadores de mayores ingresos y significa grandes ganancias para los grupos financieros y congela la cobertura en un Estado incipiente".18

La Contraloría General de la Nación coincide con Cecilia López, la exdirectora del ISS, en que en términos macroeconómicos esa reforma se sustenta en una aventura. Dice el contralor: "La evolución de los mercados monetario y crediticio determinará los montos del rendimiento del ahorro pensional y de las pensiones. No se puede desconocer que esta realidad le introduce al sistema propuesto un alto grado de incertidumbre."19 Esa posición del contralor tiene en cuenta los cálculos hechos sobre expectativas de tasa de interés, que indican la poca probabilidad de que se sitúen a los niveles que pretende la reforma para que el sistema funcione.

A lo anterior, Cecilia López le agrega la tesis, no refutada, de que los requerimientos macroeconómicos de ahorro y fomento del mercado de capitales, del empleo o de la inversión, no llevan automáticamente a ese modelo de privatización: "Los efectos macroeconómicos que el proyecto de ley atribuye a la reforma en pensiones, son el resultado de las modificaciones previstas en las variables claves de cualquier sistema, como son el incremento en las cotizaciones y la reducción de los benéficos, y no se derivan del sistema de capitalización".20

La elevación de las cotizaciones hasta los niveles propuestos en pensiones, sumado a lo que corresponde a salud, puede tener efectos negativos en la pequeña

18. Eduardo Sarmiento, "El paquete chileno de las pensiones". Revista Estrategia Económica y Financiera, Santafé de Bogotá, noviembre 1992.

19. Manuel Francisco Becerra Barney, contralor general, La reforma a la seguridad social. Elementos para su análisis macroeconómico. Medellín, octubre 9 de 1992.

20. Cecilia López M., op. cit.

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y mediana industria y en el sector informal. La tendencia a la evasión de afiliación a la seguridad social se fortalecerá, como ocurrirá con la temporalidad ilegal, precisamente en el sector que ha venido soportando hasta el 70% de los incremen­tos anuales de empleo.

Tanta presión del Gobierno para esa reforma pensional además de reflejar un proceso inducido en Latinoamérica por la banca internacional, fue sólo la traduc­ción de las necesidades y aspiraciones de los grupos financieros que abrieron camino con la Ley 50 de 1990 y crearon primero los Fondos de Cesantías. El vicepresidente Comercial de UPAC-Colpatria, ilustra con todas las letras las reales motivaciones de esa reforma. En el artículo "Cesantías y pensiones, el reordenamiento laboral", Fernando Quintero afirma que "con la idea de que venía en camino la reforma de pensiones, se dio el paso para que en 1991 se crearan los primeros fondos de pensiones y cesantías. Y así los grupos financieros se lanzaron al negocio más con la esperanza de poder en el futuro administrar las pensiones de los trabajadores, que con la certidumbre de estar organizando para el corto plazo proyectos rentables". "En general, concluye el Vicepresidente de Colpatria-UPAC, los analistas afirman que dado lo complejo de la situación, si la seguridad social no se privatiza este año 1993, la liquidación o fusión de varias sociedades administra­doras sería inevitable... el solo negocio de cesantías no hace la operación económi­camente viable."21

En suma, la reforma del gobierno y todos los híbridos que se han propuesto para conciliar con ella, incluso dejando un pedazo del actual régimen de prima media escalonada o de reparto simple con reservas, poco tienen que ver con la mejoría de la seguridad social para la mayor parte de la población. Ni cobertura, ni universalidad, ni cabal solidaridad. Pero lo más extraño es que tampoco se vislum­bra la trasparencia del mercado ni mayor competencia. La estrategia de ahorro pensional del gobierno, aun con los retoques del Congreso, conduce inevitable­mente a la creación de otra estructura oligopólica, basada en los grupos que controlan los más fuertes fondos de cesantías y pensiones. La perspectiva de esa privatización pensional es la concentración del poder económico a niveles sin antecedentes y la enajenación de buena parte de la autonomía estatal en la defini­ción de políticas macroeconómicas.

21. Fernando Quintero, "Cesantías y pensiones, el reordenamiento laboral", Revista Javeriana, marzo de 1993. Hasta el momento, mayo de 1993, las modificaciones introducidas por la Comisión de Ponentes no han cambiado la esencia del proyecto presentado por el gobierno en la parte pensional, ni en su orientación eminentemente financiera a fgavor de un oligopolio encabezado por algunos fondos de cesantías y de pensiones.

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LA SALUD EN TRANSACCIÓN

En la parte de salud de la reforma a la seguridad social, durante la gestión que adelantamos en el Ministerio de Salud presentamos a consideración del equipo de gobierno el proyecto de ley mediante el cual se crea el Seguro Nacional de Salud -Sesana-. Esa propuesta fue acogida en sus líneas generales por la Comisión de Reforma a la Seguridad Social -área de salud- como consta en el memorandode conclusiones entregado en diciembre de 1991. En los informes remitidos al Con­greso de la República en 1991 y en julio de 1992, insistimos sobre ese planteamien­to de transformación radical del sistema nacional de salud para responder a los mandatos de la nueva Constitución de la República.

Desafortunadamente en 1991 y 1992, el Presidente le dio prioridad al tema pensional sobre el tema de salud en la seguridad social. En lo referente a salud se desestimó entonces lo planteado por la subcomisión que presidió el doctor Antonio Yepes. La preocupación del gobierno se concentró en la creación del "Sistema subsidiado de prestación y financiación de los servicios médicos y hospitalarios del sistema de salud" (Titulo XX del Proyecto de ley de la seguridad social, septiembre de 1992). En una segunda versión de transacción el gobierno habló del "Régimen de subsidios en salud" (modificaciones al proyecto presentadas en abril de 1993); dicho régimen funcionaría al lado del régimen contributivo de seguridad social y de la medicina privada prepagada.

Para la administración Gaviria este tema de la salud en la seguridad social no fue prioritario. Se abordó finalmente como resultado de la presión de sectores críticos del enfoque neoliberal que plantearon la urgencia de una visión integral de la seguridad social y de darle preeminencia al tema de salud en razón de la dimensión de la crisis en este terreno y de las posibilidades de una reforma de gran alcance.

La diferencia de enfoques para la reforma del sistema de salud radicó en que los partidarios del Estado Social planteamos el avance hacia un Seguro Social Universal de Salud para todas las familias,22 acorde con los principios constitucio-

22. Juan Luis Londoño, Ministerio de Salud, proyectos de ley presentados al Congreso y a la subcomisión de ponentes de la reforma a la seguridad social, diciembre 1992 - abril 1993. La versión de abril contiene la negociación entre las iniciativas neoliberales y las de seguridad social. Lo que el Congreso tiene que dirimir es el eje prioritario, la matriz de la reforma a la que se subordinaría la otra opción. O seguridad social de salud universal, con un apoyo en asistencia , o asistencia publica neoliberal paralela a un subsistema limitado de seguridad en salud por contribución.

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nales, mientras que los voceros directos del Presidente proyectaron una reforma sustentada en la privatización de la atención y la transformación del sistema público en un sistema de subsidio directo a los más pobres. El Presidente Gaviria no creyó urgente o posible una reforma de fondo en materia de salud y se orientó hacia una ajuste en los tres subsistemas vigentes.

El primer enfoque busca, en primer término, resolver los problemas de cobertura y de universalidad y coloca como instrumento para ese propósito la transformación empresarial de la gestión para tener eficiencia y calidad. El segun­do enfoque parte de que el comienzo es introducir la competencia y la rentabilidad, pues la eficiencia y la ampliación de cobertura vendrán por añadidura.

Para el enfoque social la solidaridad es condición de funcionamiento interno del sistema, mientras que para el enfoque neoliberal la solidaridad se da principal­mente por vía fiscal en un subsistema para pobres. En un caso la concepción es de seguridad social, acogiendo las conquistas de este siglo en la materia; en la orientación del proyecto presentado por el gobierno en diciembre de 1992, se retrocede en buena parte a la asistencia pública para indigentes como esfera de la acción directa del Estado.

El debate desarrollado durante los tres primeros años de la administración Gaviria, demostró que el enfoque neoliberal en materia de salud esta influido por las concepciones que identifican la salud con atención a la enfermedad, terreno en el cual se presentan las mayores posibilidades de un juego libre del mercado con posibilidades de rentabilidad para empresas privadas. La industria de la curación es más rentable que la promoción de la salud o que la prevención de riesgos de enfermedad. La curación ha permitido desarrollar un complejo de venta de equipos y medicamentos que involucra grandes conglomerados internacionales en el apoyo a sistemas de seguros catastróficos y a la medicina prepagada de atención a las personas. La privatización de hospitales y de clínicas, como base de la prestación de los servicios es funcional a esa cadena de la enfermedad-curación rentabilidad.

Pero como las posibilidades de juego empresarial privado están en los secto­res de mayores ingresos, lo pobres pueden entrar en el juego cuando el Estado los subsidie en su inclusión al sistema prepagado. El complemento es un subsistema paralelo de asistencia pública, reorganizado bajo los cañones de la individualiza­ción de subsidios y de traslado a las comunidades "marginadas", de la responsabi­lidad de gestión de lo precario .

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En la negociación de la reforma a la seguridad social en el Congreso de la República, el sector que servía de hecho como promotor de las entidades financie­ras de cesantías y pensiones, consideró factible agregar una reforma a la salud, de amplio impacto y basada en definitiva en el régimen contributivo y solidario, a condición de darle vía libre al nuevo régimen de ahorro pensional. El proyecto elaborado en mayo, con intervención del Ministerio de Salud, significa un positivo viraje hacia el seguro universal y supera el esquema limitado de un sistema de subsidio a la demanda.

En lo que concierne a salud, el impacto de la transacción efectuada en el Congreso, dependerá de varios factores entre los cuales se destacan :

• La efectiva implementación de la afiliación familiar obligatoria al régimen contributivo para ofrecer amplio cubrimiento. Con esta medida se incrementa rápidamente la cobertura, dando protección a más del 50% de la población.

• Garantía de atención integral que incluya hasta tercer nivel de atención en el denominado Plan de salud obligatorio. No es necesario recortar el paquete de atención, introduciendo exclusiones y preexistencias. Varios estudios han demos­trado que un incremento de cotizaciones hasta 10% y un pequeño esfuerzo fiscal permiten funcionar ese sistema con un salto histórico en universalización de la atención a las personas.

• Primacía de las promotoras de salud sin ánimo de lucro y reglamentación con criterio social y no para ajustar el sistema a las necesidades y supuestos de la medicina prepagada o de las compañías de seguros médicos. La Superintendencia de Salud ha demostrado que la medicina prepagada privada encarece la atención y desconoce la integralidad y la solidaridad.

• Orientación del Fondo de Solidaridad y Reaseguro a garantizar la redistribución entre regiones y grupos diferentes y a incrementar la afiliación de los sectores más pobres, de trabajo precario (temporal, informal, de alta rotación).

• Reglamentación de un régimen de subsidios para la atención de las familias que no hayan sido introducidas en el régimen contributivo, entendiendo que es una situación de tránsito a su inclusión en la seguridad social.

• Fortalecimiento de las entidades de salud pública dedicadas a garantizar coberturas crecientes de saneamiento básico, atención al ambiente, programas de

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seguridad alimentaria y nutricional, fomento de la salud y de una cultura de respeto a la vida, a la integridad física y mental de las personas y de no violencia.

• Fortalecimiento de los hospitales y clínicas que han sido parte del sistema oficial de salud. Su transformación en empresas sociales con administración autó­noma, eficiente y con ingresos determinados por la atención efectiva a los afiliados del Seguro Social de salud y a la población desprotegida.

• La oferta de servicios médicos y hospitalarios requiere esfuerzos financieros del Estado, especialmente en los municipios y comunas más pobres, con menor capacidad de gestión y mayor déficit de infraestructura.

Desafortunadamente, la orientación que le da mayor importancia al subsidio directo a la demanda que al fortalecimiento de un sistema contributivo que unifique la acción estatal en un sistema de seguridad integral, puede pesar como un obstácu­lo para la efectiva aplicación de los mandatos constitucionales en salud y seguridad social.

¿CUÁL REVOLUCIÓN PACÍFICA?

La revolución pacífica que se invocó desde el comienzo del Gobierno del Presidente Gaviria terminó siendo un "revolcón" inconcluso. La revolución de lo social no es compatible con la regresión a modelos económicos de neutralidad de la intervención estatal o basados en el fundamenta]ismo capitalista que le deja al mercado las mayores funciones en la asignación de recursos, la eficiencia y la equidad.

La reforma social en los marcos del capitalismo puede ocurrir y con alcances revolucionarios para un país como el nuestro. Pero la condición para que ello ocurra es que cobren fuerza política y social las ideas de la democracia de solidaridad y del Estado Social. La superación del neoliberalismo y del neoconservatismo puede darle vigencia a esa revolución de los social en otro modelo o política de desarrollo que tenga el bienestar como elemento motor y constitutivo y no como una variable subordinada y postergada.

El Modelo de Desarrollo para Todos, que se ha venido formulando como alternativa para el cruce de milenio, es una propuesta transitoria en el terreno de la economía social de mercado. Los puntos de referencia son los procesos exitosos en

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países que han logrado los mayores niveles de felicidad y las dinámicas más aceleradas de superación del subdesarrollo y la dependencia. Desde el punto de vista ideológico ese modelo que está construyéndose como nuevo paradigma, se apoya en conquistas de la economía de mercado, del socialismo democrático, del socialismo de mercado. El realismo utópico es la divisa y la primacía de la concertación sobre el antagonismo es una táctica aconsejada por los nuevos tiem­pos de pactos pluralistas e interclases .

A ese modelo alternativo le queda en Colombia el reto de la revolución pacífica que inaguró la Asamblea Constituyente, pero que no logró dinamizar el revolcón de César Gaviria.

Lo mejor y lo peor de los dos mundos* Gabriel Restrepo**

U n mulante que ha pasado algunos años en oficios de planeación y de gestión social y otros en la dictadura o la lucha de clases en la Universidad Nacional de Colombia, pero que en verdad se debe a la poesía (por lo cual ha optado por la cultura y las clases populares), debería decir qué es lo mejor y lo peor de esos mundos, y por tanto, en qué radica su esquizofrenia (la de las instituciones mencionadas, por supuesto).

Comencemos por el Estado, que con razón suele parecemos lo más antipático, aunque muchas veces exista una marcada ambigüedad hacia él (querer más o menos Estado, más o menos la llamada «sociedad civil»).

¿Qué le podríamos reconocer al Estado como propicio para el cambio social? Aclaremos que no nos referimos por necesidad a este o a otro gobierno, sino a esa entidad más amplia del Estado vista en la perspectiva de una o dos décadas, es decir, a muchos gobiernos. Sobresalen ciertas bondades que sería necio negar: una gestión económica prudente, a la luz de comparaciones internacionales; una inten­ción reformadora de sus instituciones políticas, aunque con el característico vaivén

Notas sobre planeación y gestión y sobre la Universidad Nacional y el compromiso social. Profesor asociado de la Universidad Nacional.

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del paso adelante y del paso atrás; un cierto progreso en la configuración de novedosas estrategias y programas de desarrollo social (escuela nueva, microempresas, hogares de bienestar, gasto social focalizado, descentralización de los servicios), pero con una conspicua sofocación de la tecnocracia social bajo una orientación política no pocas veces improvisada o indolente frente al desarrollo social.

Señalemos algunos fallantes o déficits estructurales del desarrollo social.

1. El desarrollo social precisa de mayor democracia. A más de constatar que no hay una única vía para modernizar el Estado (¿Por qué, por ejemplo, se ha desechado la alternativa de la gestión de calidad total?), cabe señalar que cualquie­ra que sea la adoptada, si no hay una correlativa transformación de los partidos políticos, se hará evidente el absurdo de una disparidad entre una supuesta voca­ción de eficiencia y una potente corrupción en el manejo de la cosa pública. Dicha disparidad será más pronunciada en los gobiernos locales y regionales, donde los propósitos y estrategias de desarrollo social serán vanos si no hay una transforma­ción del liderazgo político, que debe referirse en mayor medida al problema social. A los partidos deberían imponer los ciudadanos, so pena de un voto de censura (el blanco o negro por ejemplo) una plataforma social muy específica, ahora con más veras cuando entrará en vigor el nuevo ordenamiento de la planeación.

2. Faltan recursos financieros para el desarrollo social. De ser ciertas las cifras contenidas en el excelente artículo de Libardo Sarmiento publicado en la revista Foro, el gasto social en relación al PIB muestra un promedio casi estaciona­rio en 7.5% en una década, con tendencia a la baja, salvo unos años de mayor monto. Y aunque es bien cierto que la eficiencia del gasto es en medida muy importante función de otras variables (como la estrategia empleada, factor al que se puede imputar la discrepancia que en el ensayo aludido se expresa entre el progreso en la solución de necesidades básicas insatisfechas y el aumento de la línea de pobreza según ingresos), las necesidades de gasto social deben ser estratégicas en verdad y no en la retórica (ver por ejemplo el enorme perjuicio para la democracia derivado del deterioro de la educación pública). Se propondría, por ejemplo, elevar dicha proporción hacia un 10% y conceder un monto importante a la educación en todas sus formas, inclusive la destinada a la formación de microempresas. Podría pensarse en que dicha proporción fuera materia de un plebiscito, como el de 1957.

3. Hace falta paz para el desarrollo social. En medio de una confrontación que tiende a polarizarse, el que paga los platos rotos es el pueblo. Por supuesto,

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para una paz de veras, se requiere como en el amor, el concurso de dos voluntades. Al movimiento insurgente habría que decirle que su radicalización no hace otra cosa que «apuntalar el régimen», como dicen. Al Estado, que nunca le ha faltado imaginación a esta nacionalidad para esquivar la tentación del demonio de la guerra y encontrar vías de conciliación.

4. Menos mecenazgo y más instituciones sociales. Nuestra sociedad debería estar madura para comprenderse como una democracia y no como un dejo de la monarquía. Que existe esta nostalgia lo prueba el síntoma de llamar Palacio a lo que sería casa de gobierno, pero más el adoptar actitudes palaciegas en la adopción de programas culturales y sociales. No se trata de limitar la necesaria iniciativa del Ejecutivo central en el gasto social o cultural, sino de referirla a un progresivo mejoramiento de las instituciones sociales gubernamentales.

5. Hace falta más sociedad civil y más pueblo en el desarrollo social. Sin caer en la controversia sobre neoliberalismo o neoestructuralismo, cuya importancia concedo, pese a que muchas veces huele a neoescolástica, deberíamos reconocer que el desarrollo social no es de competencia exclusiva del Estado, sea del gobierno central o de los gobiernos locales. Es necesario que mucha gente y mucha institución (ONG's, los beneficiarios organizados, las universidades) se compro­metan Con la justicia social. ¿Cómo articular una mayor intervención del Estado en el desarrollo social y la participación de la sociedad civil para evitar el efecto Mateo que será inevitable en un modelo que concediera mucho poder de distribu­ción al mercado y que es en cierta medida hasta cierto punto inevitable en un mundo cada vez más competitivo? El efecto Mateo consiste en la expresión del Evangelio que dice: «A los que tienen más se les dará más y a los que tienen menos se les quitará aun lo que tienen». La respuesta tiene que ver con un pacto social abierto, que no sea insensible a la dura ley de la competencia económica, pero que sea proclive a una superación más acelerada de la pobreza.

6. Falta mayor gestión social. El país reconoce el avance en la gestión económica, su continuidad, la relativa previsión, la fundamentación técnica de las decisiones económicas, el progreso en las cuentas económicas, en la investigación básica de la economía y de la historia económica. Falta de continuidad, vulnerabi­lidad ante los impulsos del mecenazgo, del cacicazgo, del favoritismo. Deficiencia de las cuentas sociales, pese a los grandes progresos. Falta de coordinación y de concertación. Ausencia de espacios institucionales en el gobierno u opacidades cuando los hay. Deficiencia de publicidad y de controversia pública. Ausencia de investigación básica o de correlación entre la investigación y la toma de decisiones.

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7. Libertad, humor y cultura. Las instituciones públicas de planeación o de gestión social están rondadas por el fantasma del autoritarismo, del celo frente al otro, del amedrentamiento oculto, de la disposición a asumir una actitud defensiva o vertical, del síndrome de los particularismos. El académico que transita ocasio­nalmente por ellas, extraña cierta colegialidad que es propia de la universidad, una capacidad para tomar decisiones sobre la base de la disidencia razonada, un espíritu mayor de coordinación que de subordinación. El Estado, o mejor el gobierno es muy rígido, burocrático en el peor sentido, insensible para adoptar por vía hipotéti­ca distintas alternativas, para escuchar, para ver lo que sea distinto a su propio espejo. Todo esto revela cierta ausencia de libertad. La falta de humor es el resultado más visible. Al señalar la necesidad de enlazar la cultura con el desarrollo social, se parte de la premisa de que este pueblo, si bien es la víctima de ese protagonismo de la tragedia a la que llamamos violencia, tiene la mayor clave para salir de ese laberinto, que es la comedia, su espíritu festivo, la mamadera de gallo, una paciencia que es el código oculto de una esperanza. No debería haber miedo frente al propósito de meterle plaza, calle, carnaval, fiesta y humor al desarrollo social, porque con ello se responde a las claves propias del pueblo.

Ahora tornemos a la Universidad, en especial a la Universidad Nacional. ¿Qué podemos reconocerle? Una cierta intención democrática, es decir, un cierto validar a cada quien según su saber y entender. Una callada obediencia a su misión, a veces asumida como mucha sumisión. Un lento larvamiento de potencialidades de investigación y de compromiso más positivo con el país. Una tradición de investigación, aunque discontinua, pero ascendente en algunos campos cruciales para el entendimiento de la sociedad colombiana, como la violencia, la familia, los géneros, la religión, el Estado y los partidos.

¿Qué le falta para validar un compromiso no retórico con el desarrollo social?

1. Le sobra escolasticismo. No lo saben, pero los bárlulos y mamotreros que creyeran desterrar Mutis y Caldas, reaparecen bajo proteicas formas, sea el Bentamismo en el siglo pasado, sean el neomarxismo o el neoliberalismo o el neoconservatismo del siglo presente. Le caben todos los neologismos y le faltan mayores cotejos con la llamada realidad nacional, sea barrial, municipal, regional o nacional, sea la revisión crítica de la visión del progreso social enunciado por el gobierno, sea la vivencia o la práctica del cambio social con el pueblo o con las instituciones no gubernamentales.

2. Es desarticulada. No existe un adecuado balance entre la investigación científica o tecnológica en las ciencias naturales o en las profesiones de la salud, la

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ingeniería, el desarrollo agropecuario y la investigación humanística, religiosa o filosófica, social y cultural estética. No se han ajustado entre sí las funciones de investigación básica, investigación aplicada, consultoría, docencia y extensión.

3. Existe la minusvaloración de la práctica. Es sintomático el divorcio que ocurre entre carreras que debieran ser afines, como la sociología y el trabajo social (caso análogo a la discordancia entre la medicina y las profesiones paramédicas). Hay una no mentada minusvaloración del trabajo social práctico, que refleja una mentalidad escolástica y un enconchamiento en sí mismo que es sintomático de una productividad endogámica.

4. Hay una crisis de gestión. Si la gestión del Estado es caótica, la de la Universidad es bastante precaria. Nuestra Universidad no se piensa a sí misma. Es, como sugiere el profesor Víctor Manuel Gómez, cuerpo de un elefante y cabeza de ratón, carente de memoria y por tanto de proyección, sujeta en peor medida que el Estado al malabarismo o al muñequeo de quien la conduce.

5. Aislada en muchos aspectos de un país o de un gobierno que le cierran muchas puertas, si bien le abren algunas, existe el sentimiento de una malversación del recurso humano, sobre todo el de los estudiantes, un recurso que pudiera emplearse en un cambio progresivo de nuestra sociedad. ¿Cómo negar que es válida la utopía que persiguiera Camilo Torres Restrepo -antes de tomar una decisión que no quiero juzgar-, cuando ensayaba establecer con esta Universidad campamentos universitarios en diversas regiones del país para sellar el compromi­so del estudiante con el desarrollo veredal, municipal, etc.? ¿No deberíamos ofrecer la oportunidad, a través del sistema de educación superior nacional, o de las universidades públicas, de formar un estudiante viajero, pueblerino, atento tanto a la biblioteca como al libro abierto del pueblo?

6. Una estructura deficiente en la formación en ciencias humanas y sociales. Las parcelas que son propias de los particularismos, los fueros y la competencia han hecho que la formación en ciencias sociales sea referida a una adscripción muy temprana del estudiante a una determinada profesión, y consecuente con ella una alinderación separatista de los docentes, cuando las conexiones entre las ciencias sociales cada día son más fuertes: trabajo social, sociología, psicología, antropolo­gía, historia y geografía deberían entablar, en la práctica formativa del estudiante, en la investigación y en la extensión, una alianza que disolviera muros y juntara recursos.

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1. Ala Universidad Nacional también le faltan humor, libertad y propensión estética. Quienes hemos propuesto una práctica pedagógica alternativa bajo la consigna de carnaval, plaza, pueblo, hemos podido medir hasta qué punto esta es aún una universidad convencional (sino conventual), apegada a dogmas y tradicionalismos. Ensayemos la libertad. Démosle entrada al humor. Cabida al pueblo. Salida a la plaza. Aprendamos a aprender no sólo de los libros sino también de ese libro no escrito pero bien público que es el contenido en los pueblos. No sé si haya hecho algo por unir dos mundos que deberían ser complementarios y no opuestos o indiferentes. Porque mientras perdure la esquizofrenia entre saber y poder, el sentimiento de fatalidad seguirá siendo crónico. Una esquizofrenia que ya ha sido descrita en Crónica de una muerte anunciada , bajo la forma de un saber que es irrelevante porque no puede servir para evitar la muerte. Un saber que, por no ser poder, es un saber-no saber