DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA 1995-2000.

D. O. F.3 de junio de 1996.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o., 4o. fracción I, 5o. a 14 de la Ley Federal de Vivienda; 9o., 16, 17, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Planeación, y 9o., 31, 32 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que la Ley Federal de Vivienda determina como lineamientos de la política nacional de vivienda, entre otros, la ampliación de las posibilidades de acceso a la vivienda, preferentemente a la población urbana y rural de bajos ingresos; la constitución de reservas territoriales y el establecimiento de oferta pública de suelo para vivienda de interés social; la ampliación de la cobertura de los mecanismos de financiamiento para la vivienda, a fin de canalizar un mayor volumen de recursos a los trabajadores no asalariados, los marginados de las zonas urbanas, los campesinos y la población de ingresos medios; así como la coordinación en materia de vivienda, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales y municipales, con la participación de los sectores social y privado;

Que el mismo ordenamiento jurídico establece que el Programa Sectorial de Vivienda, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo y será congruente con los programas de desarrollo urbano y vivienda, estatales y municipales, en los términos de los respectivos acuerdos de coordinación;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 determina como objetivos de la política de desarrollo social en materia de vivienda, orientar el papel del Estado hacia la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores público, social y privado para apoyar las actividades de producción, financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda, promoviendo las condiciones para que las familias, en especial las que tienen las mayores carencias, disfruten de una vivienda digna, con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia;

Que la Secretaría de Desarrollo Social, con la participación de los sectores sociales, a través de un amplio proceso de consulta popular, ha formulado el Programa Sectorial de Vivienda 1995-2000, que tiene como objetivos generales, orientar el papel del estado hacia la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores público, social y privado en apoyo a la producción, financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda; promover las condiciones para que las familias rurales y urbanas, en especial las que tienen mayores carencias, disfruten de una vivienda digna, con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia; así como fortalecer el papel de la vivienda como un factor fundamental para respaldar un desarrollo económico duradero, dentro de un orden urbano integrado al entorno ecológico y como uno de los índices fundamentales de bienestar familiar;

Que previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social ha sometido el referido Programa a la consideración del Ejecutivo a mi cargo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Programa Sectorial de Vivienda 1995-2000.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dicho programa es de observancia obligatoria para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y, conforme a las disposiciones legales aplicables, la obligatoriedad del programa será extensiva a las entidades paraestatales.

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Social en ejercicio de sus atribuciones, será la encargada de promover, coordinar y concertar acciones con los sectores público, social y privado para el cumplimiento y ejecución del Programa Sectorial de Vivienda 1995-2000, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación y en la Ley Federal de Vivienda.

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Desarrollo Social y sus entidades sectorizadas elaborarán sus correspondientes programas anuales, los cuales servirán de base para la integración de sus respectivos anteproyectos de presupuesto, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las previsiones de los recursos presupuestales necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos del programa materia de este decreto, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, y en el contexto de la programación anual de gasto público.

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Desarrollo Social, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evaluará periódicamente el avance del Programa Sectorial de Vivienda 1995-2000, los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000; además, realizará las acciones necesarias para corregir las desviaciones detectadas y, en su caso, propondrá, las reformas a dicho programa.

ARTÍCULO SEXTO.- Si en la ejecución del Programa Sectorial de Vivienda 1995-2000, se contravienen las disposiciones de la Ley de Planeación, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, y lo previsto en este decreto, se procederá en los términos de la propia Ley de Planeación y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo vigilará, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones establecidas en este decreto.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.

PROGRAMA de Vivienda 1995-2000.

PROGRAMA DE VIVIENDA 1995 - 2000

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

I. LA VIVIENDA EN MÉXICO: UN PANORAMA GENERAL

I.1. Evolución de la Acción Habitacional

I.2. Situación actual de la vivienda. Rezago y necesidades de vivienda 1995-2000

I.2.1. Situación actual de la vivienda

I.2.2. Rezago y necesidades de vivienda 1995-2000

I.2.3. Principal Problemática

II. OBJETIVOS

II.1. Objetivos Generales

II.2. Objetivos Específicos

III. ASPECTOS PRIORITARIOS

III.1. Fortalecer a los organismos promotores de la vivienda

III.2. Mejorar y ampliar las fuentes de fondeo y los esquemas de financiamiento

III.3. Desregular y desgravar a la vivienda

III.4. Superar la escasez y combatir la carestía de suelo para vivienda

III.5. Fortalecer la producción social organizada para la autoconstrucción y el mejoramiento de la vivienda rural y urbana

III.6. Superar las limitaciones a la aplicación de los avances tecnológicos

IV. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

IV.1. Política General

IV.2. Estrategia General

IV.3. Estrategia Territorial

IV.4. Líneas de Estrategias Prioritarias

IV.4.1. Fortalecimiento Institucional de los Organismos Promotores

de la Vivienda

IV.4.2. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Financiamiento

a la Vivienda

IV.4.3. Desregulación y Desgravación

IV.4.4. Suelo para la Vivienda

IV.4.5. Autoconstrucción y Mejoramiento de Vivienda Rural Urbana

IV.4.6. Fomento Tecnológico

V. CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN E INDUCCIÓN DE ACCIONES

V.1. Acciones de Concertación con los Sectores Social y Privado

V.2. Coordinación Intersectorial

V.2.1. Coordinación con las Dependencias y las Entidades de la Administración Pública

V.3. Acciones de Coordinación con los Estados y Municipios

V.4. Acciones de Inducción

INTRODUCCIÓN

Marco Jurídico

En México el acceso y disfrute de una vivienda digna es un derecho constitucional

El Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo quinto una garantía social a favor de la familia, con el objeto de que la misma disfrute de una vivienda digna y decorosa. La Ley Federal de Vivienda, reglamentaria de la disposición constitucional invocada, considera como uno de los instrumentos para alcanzar dicho objetivo la programación de las acciones públicas en materia de vivienda en el ámbito del Sistema Nacional de Vivienda.

En correspondencia con lo anterior y dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, la Ley de Planeación establece en su Artículo 16 fracción tercera, la obligación para las dependencias de la Administración Pública Federal de elaborar los programas de mediano plazo, asegurando la congruencia de los mismos con el Plan Nacional de Desarrollo. En tal sentido, compete a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), conforme al Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, elaborar el Programa de Vivienda.

El Gobierno Federal ha dado a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el cual se definen los objetivos, estrategias y líneas de acción de la Administración Pública Federal durante dicho período, y además se determinan los programas de mediano plazo que se deben elaborar, entre los que se incluye al Programa de Vivienda que hoy se presenta. En este Programa, los objetivos, estrategias, y líneas básicas de acción establecidas por el Plan se expresan a través de metas, líneas de acción y compromisos concretos.

La Vivienda en el Desarrollo Social

La política de desarrollo social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 tiene como objetivos propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones que aseguren a la población el disfrute de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución; elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos y, de manera prioritaria, superar la pobreza y la exclusión social.

El objetivo de avanzar hacia un desarrollo social sustentado en la equidad de oportunidades exige la aplicación de una política social que sea nacional e integral, federalista y participativa, incluyente y eficaz.

El Plan enfatiza que la acción pública debe complementarse con el esfuerzo de la sociedad. Subraya el papel rector del Gobierno en la atención de las necesidades básicas de los grupos sociales, entre las que destacan la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, así como la importancia de concentrar los esfuerzos de la sociedad y del propio Gobierno en atender estas demandas.

La vivienda es una de las necesidades básicas sobre las que pone énfasis el Plan Nacional de Desarrollo en sus acciones para elevar la calidad de vida

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 vincula la política de vivienda con las políticas de desarrollo regional, desarrollo urbano y de población, buscando así el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país a través del crecimiento económico, la planeación para el desarrollo ordenado y la distribución armónica de los asentamientos humanos en el territorio nacional.

Dentro de su carácter de satisfactor básico para lograr una vida digna y acceder a un bienestar productivo, la vivienda se concibe como el elemento que aloja a la familia, entendida ésta como unidad social básica (ver nota A). Por lo que uno de los grandes objetivos de la política de desarrollo social en México es lograr que toda familia disfrute de una vivienda digna y decorosa, con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia.

La vivienda en los Foros de Consulta Popular y en el Nuevo Federalismo

El Programa de Vivienda 1995-2000 se basa en las demandas y propuestas señaladas en los Foros de Consulta Popular llevados a cabo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en las actividades de los grupos de trabajo que para la conformación del presente Programa convocó, a nivel nacional, el Gobierno Federal, lo que constituyó un esfuerzo de participación democrática que buscó abiertamente una amplia y directa intervención de todos los sectores sociales, en la tarea de unir y articular esfuerzos con el Gobierno, a fin de contribuir en la solución de los problemas del desarrollo. La pluralidad y diversidad de ideas y de interpretaciones han permitido establecer nuevas bases que corrijan desviaciones, resuelvan problemas y generen alternativas sustentables para el desarrollo del país y en especial para ampliar la cobertura de la demanda habitacional.

Asimismo el Programa de Vivienda se inscribe dentro de un nuevo federalismo que fortalezca a la República a través del impulso y respeto a la autonomía y a las libertades de los estados y municipios; un federalismo que promueva un desarrollo integral, equilibrado, justo y sustentable de las diversas regiones del territorio nacional.

A través del Programa, el Gobierno Federal asume el compromiso fundamental de instrumentar una política de desarrollo social cuyo objetivo primordial es elevar los niveles de bienestar de la población y coadyuvar a la configuración de ciudades y centros de población que proporcionen oportunidades para todos, y que se traduzcan en más vivienda, de mejor calidad y al alcance de las familias mexicanas, especialmente las de menores ingresos.

Congruencia del Programa con el Plan Nacional de Desarrollo

Conforme al Artículo 23 de la Ley de Planeación, los programas de mediano plazo deben sujetarse a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En virtud de lo anterior, en la elaboración del presente Programa de Vivienda se ha cuidado que las políticas, estrategias y acciones que establece, guarden congruencia con los objetivos, prioridades y políticas establecidas en el Plan.

Por ello, las acciones que en materia de vivienda se lleven a cabo conforme al presente Programa propugnan el mantenimiento del equilibrio de las finanzas públicas, dentro de un marco de política de austeridad y un uso más eficiente del gasto público.

Asimismo, las acciones de vivienda a realizarse guardan congruencia con los programas de mediano plazo, principalmente con los Nacional de Desarrollo Urbano, para un Nuevo Federalismo, de Protección Civil, Nacional de Población, para Superar la Pobreza, de Modernización de la Administración Pública, Sectorial Agrario, de Medio Ambiente, Hidráulico, y para Atender la Agenda del Desarrollo Sustentable.

Estructura del Programa de Vivienda 1995-2000

El Programa que se presenta se estructura en cinco capítulos:

En el capítulo primero se incluye un Panorama General de la Vivienda en el país, en el que se describe la evolución de la actividad habitacional; la situación actual de la vivienda; el rezago y las necesidades, así como la principal problemática de vivienda para el período 1995-2000.

Los objetivos del desarrollo social establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo constituyen los principios básicos que rigen los objetivos específicos del Programa de Vivienda que se insertan en el capítulo segundo.

Los aspectos prioritarios del Programa se describen en el capítulo tercero, siendo éstos: Fortalecer a los organismos promotores de la vivienda, manteniendo su vocación social; Mejorar y ampliar las fuentes de fondeo y los esquemas de financiamiento a la vivienda; Desregular y desgravar a la vivienda; Superar la escasez y combatir la carestía del suelo para vivienda; Fortalecer la producción social organizada para la autoconstrucción y el mejoramiento de la vivienda rural y urbana y por último, Superar las limitaciones a la aplicación de los avances tecnológicos.

En el capítulo cuarto se establece la política nacional de vivienda enmarcada en el ámbito de desarrollo social y además se determina la estrategia de vivienda que orienta las acciones e instrumentos para dar respuesta a la problemática habitacional señalada en el primer capítulo, la cual comprende aspectos de Estrategia General, Territorial y Prioritaria.

Con este objeto se establecen los aspectos de una Estrategia General, y en lo particular de una Estrategia Territorial en materia de vivienda, señalándose además aquellas líneas de Estrategia Prioritaria que conduzcan las acciones que sean objeto de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como de concertación con los sectores social y privado.

En el capítulo quinto se determinan las actividades por concertar con los sectores social y privado. Asimismo se establece la corresponsabilidad intersectorial en la acción habitacional y especialmente en la ejecución de los programas operativos. Con este propósito, y en su caso, se prevé realizar negociaciones con las dependencias y entidades federales competentes, en el marco de sus respectivos programas.

En otro apartado del mismo capítulo se relacionan las acciones que serán materia de coordinación entre el Gobierno Federal, los estados y municipios. También se incluye lo relativo a las Acciones de Inducción, que comprenden las políticas de gasto público, financieras, fiscales, de empleo y de población.

Conforme a lo anterior, el Programa de Vivienda, tal y como lo establece el propio Plan Nacional de Desarrollo, articulará las decisiones concretas y la asignación de los recursos requeridos para realizar las acciones que signifiquen el alcance de las metas de la presente administración y, sobre estas bases, asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados por el Plan.

I. LA VIVIENDA EN MÉXICO: UN PANORAMA GENERAL

I.1. Evolución de la Acción Habitacional

El Estado Mexicano ha definido como eje de su política habitacional el ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda, con especial énfasis hacia los sectores más desprotegidos de la población.

El eje de la política habitacional en México ha consistido en ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda

Históricamente, el derecho a la vivienda fue contemplado en el contenido de la Constitución Política emanada del movimiento revolucionario de 1910. En 1917, el Congreso Constituyente estipuló, en el Artículo 123 de la Carta Magna, la obligación para los patrones de dotar de vivienda a sus trabajadores. Sin embargo, el mandato constitucional no contemplaba mecanismos legales ni administrativos para convertirlo en una política social y nacional sistemática, de manera que dicho postulado no fue materializado.

Es hasta el año de 1925 cuando el Estado Mexicano crea un organismo orientado a satisfacer las demandas habitacionales de los trabajadores al servicio del Estado: la Dirección de Pensiones Civiles. Si bien por primera vez se enfrenta el problema desde una perspectiva estatal, dicho organismo no fue exponente de una política nacional de vivienda pues su cobertura se restringía a un sector específico de la población.

A partir de los años cincuenta el gobierno aplica una política de atención masiva a la vivienda, creando diversas instituciones

A partir de los años cincuenta, a raíz del proceso de industrialización creciente que conllevó un crecimiento demográfico y urbano acelerado, el Gobierno de la República asume una visión distinta del problema habitacional y delinea una estrategia de atención masiva. Este cambio de óptica constituye la primera manifestación de una política nacional de vivienda. A partir de 1947, el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, creado en 1933 y actualmente BANOBRAS, desarrollo con mayor intensidad programas habitacionales. Igualmente se crean instituciones públicas como el Instituto Nacional de la Vivienda, el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI), y el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda (FOGA), cuya responsabilidad central era ofrecer las condiciones crediticias suficientes para el desarrollo y ejecución de programas de construcción de vivienda accesible a la población asalariada, con amplia cobertura social.

Durante la década de los setenta se crea un organismo de cobertura nacional destinado a cuantificar y satisfacer las necesidades de vivienda por entidad federativa: el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda (INDECO). Dicha institución corresponde tanto en su estructura como en sus procedimientos operativos a un esquema en el que la intervención estatal tiene el papel preponderante por lo que la responsabilidad de impulsar la actividad habitacional cae casi exclusivamente en su ámbito de competencia. Bajo este esquema, si bien se enfrentó la problemática de manera consistente, el propio impulso de desarrollo de las entidades federativas generó un desfase entre la intervención federal y las necesidades locales, de modo que los esfuerzos gubernamentales no resultaron lo suficientemente oportunos.

Como consecuencia de este fenómeno y en atención a la pertinencia de descentralizar la vida nacional, el INDECO se extingue en 1982, hecho que dio origen a la formación de los institutos estatales de vivienda. Estos organismos, al interior de las entidades federativas, realizan funciones de cuantificación de necesidades; establecimiento de metas de producción; promoción de programas de fomento; creación de nuevas modalidades de atención; desarrollo de nuevas alternativas de financiamiento, y organización de la demanda. Asimismo, en aquellos lugares donde las condiciones propias de demanda y desarrollo habitacional así lo requieren, se crean organismos específicos para la atención de la comunidad. Tal es el caso de los fideicomisos de desarrollo urbano y vivienda de las metrópolis y de los centros de población estratégicos.

En las décadas setenta y ochenta el Estado se encarga de todas las etapas de producción de vivienda

Durante las décadas de los setenta y ochenta, la política nacional de vivienda se implementa a través de un esquema de Estado benefactor que construye, posee y adjudica vivienda a los sectores laborales. Este modelo, particularmente propenso a las presiones de tipo gremial, da origen a las estructuras financieras de cobertura nacional para la atención a la vivienda: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), y Fondo de la Vivienda Militar-Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FOVIMI-ISSFAM). En su origen dichos organismos tienen un carácter financiero y se orientan a satisfacer las necesidades habitacionales de manera sectorizada, es decir, se consideran las características laborales, salariales y necesidades específicas del trabajador para determinar la cobertura social de las instituciones. Asimismo este modelo circunscribe la responsabilidad de la atención habitacional únicamente al Estado.

La política actual de vivienda promueve la participación corresponsable de todos los sectores en el proceso habitacional

Actualmente la política nacional de vivienda promueve la corresponsabilidad del Gobierno y la sociedad en la satisfacción de esta demanda. Los organismos financieros de cobertura nacional se han reestructurado a fin de regresar a su origen eminentemente financiero y promover que el mercado habitacional se integre. El Estado Mexicano ya no edifica ni posee vivienda, sino que impulsa a los sectores social y privado para que lo hagan. Mediante esta política, se busca que el solicitante de vivienda se constituya realmente en sujeto de crédito; concurra a un mercado que ofrezca la mayor cantidad de opciones en ubicación, calidad y precio, y se capitalice para acceder a tantas viviendas sucesivas como sus necesidades vitales lo vayan requiriendo. Por su parte, para el promotor de vivienda, este esquema alienta las condiciones para que la edificación habitacional sea una actividad productiva y rentable, de manera que el sector asuma su papel de motor de la economía.

I.2. Situación actual de la vivienda. Rezago y necesidades de vivienda 1995-2000

I.2.1. Situación actual de la vivienda 1*

La situación de la vivienda ha mejorado, tanto en términos cuantitativos como en la calidad de su construcción y los servicios

En términos generales, la vivienda en nuestro país ha mejorado a lo largo de los últimos veinticinco años, en su calidad y habitabilidad. La información censal de 1970 y 1990 permite identificar avances en la calidad de la construcción, la amplitud, la higiene, la comodidad y la disponibilidad de servicios en la vivienda, factores en los que se sigue avanzando entre 1990 y 1995.

Este mejoramiento se logra junto con el aumento a más del doble de los 8.2 millones de viviendas censadas en 1970, que llega a 17.8 millones en 1995, dejando atrás la cifra de 16.2 millones registrada en 1990.

El progreso alcanzado se deriva del efecto combinado de varios factores: en primer término, el esfuerzo generalizado de ahorro e inversión de millones de familias para mejorar sus condiciones materiales de vida y, a la vez, consolidar su patrimonio; segundo, los grandes volúmenes de financiamiento otorgados por los organismos públicos de vivienda, creados, muchos de ellos, durante este último cuarto de siglo; tercero, las cuantiosas inversiones públicas en infraestructura y dotación de servicios básicos y de urbanización que respaldan y consolidan al mejoramiento de la vivienda, dándole pleno sentido, y cuarto, el paulatino descenso en las tasas de crecimiento demográfico.

El avance habitacional no ha sido uniforme ni homogéneo en todos los lugares del país ni en todos los sectores sociales

Sin embargo esta mejoría de la vivienda no ha ocurrido de manera uniforme y homogénea en todo el país, presentándose grandes diferencias entre regiones y localidades. El avance ha sido más visible en la región norte y más débil hacia las regiones del sureste. Al mismo tiempo, las áreas rurales (localidades hasta de 4 mil 999 habitantes, ver nota B) presentan un retraso relativo con respecto de los promedios nacionales y, en general, los grupos de población de más bajos niveles de ingreso enfrentan graves limitaciones para mejorar su vivienda.

wn switch argument.. Nivel de calidad y habitabilidad de la vivienda por entidad federativa 1990.

Fuente: Niveles de Bienestar en México, 1993. Elaborado en INEGI, con base en datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990. Para mayor información sobre los niveles de bienestar, ver nota C al final del documento.

Las desigualdades geográficas y por nivel de ingreso en las oportunidades de acceder a una vivienda adecuada representan un enorme costo social y económico que gravita sobre la nación. Junto con la expectativa de mayores ingresos, la aspiración a una mejor vivienda es uno de los más fuertes estímulos a la migración hacia las ciudades.

En la mayor parte de las áreas urbanas, la escasez relativa y el alto costo de la vivienda al alcance de la población inmigrante es motivo de conflictos sociales, afecta la salud e impide un desarrollo familiar integrado. La insuficiente oferta inmobiliaria a precios accesibles es causa determinante de la ocupación irregular de la tierra, modalidad frecuente de una extensión urbana incontrolada hacia zonas de alto riesgo o de protección ambiental, cuya urbanización y dotación de servicios origina costos muy elevados y, con frecuencia, daños ecológicos irreversibles.

Por otra parte los obstáculos a la transformación de la necesidad de vivienda en una demanda efectiva inhiben, sobre todo en las zonas de mayor atraso relativo, el sano desarrollo de la industria de la construcción, perdiéndose con ello su efecto positivo como motor de la economía local, por la vía de la demanda derivada hacia múltiples ramas de la producción, así como sobre el empleo.

A mediano plazo, la superación de las carencias y disparidades en la calidad de la vivienda requiere que los esfuerzos de fomento de la sociedad en su conjunto y del sector público en lo particular se apliquen de manera equitativa a todas las entidades y regiones del país, llegando hasta las más pequeñas comunidades y en especial hasta los grupos sociales más pobres. Toda familia que construya o mejore su vivienda debe tener acceso a las facilidades que la sociedad asigne con

este propósito: los recursos técnicos, materiales, financieros, de suelo urbanizado, así como los esquemas de ahorro y desregulación administrativa: elementos que cada familia, en lo individual, difícilmente puede obtener.

Escenario demográfico

La demanda actual y futura de vivienda debe corresponder a las necesidades que plantea la dinámica demográfica y de los hogares

México es una nación formada en su mayoría por jóvenes. En 1990, más de la mitad (el 67.7 %) de la población tenía menos de treinta años de edad. Este segmento es el que constituye el componente mayoritario de los demandantes de vivienda durante los próximos veinte años.

Para 1995 se estima que la población nacional asciende a 91.6 millones de habitantes, diez millones de habitantes más que los 81.2 millones censados en 1990 y casi el doble (un incremento del 91%) de los 48.2 millones registrados en 1970. Con base en la tendencia del crecimiento, para el año 2000 se prevé un total de 99.19 millones de mexicanos.

En su conjunto, la estructura de la población se encuentra en transición: el descenso en la tasa de crecimiento de la fecundidad global, el aumento de la esperanza de vida y la reducción del tamaño de la familia se consideran como los principales determinantes demográficos de la magnitud y composición de la demanda actual y futura de vivienda.

• En cuanto a la fecundidad, las estimaciones para 1995 indican que la población crece a una tasa neta inferior al dos por ciento anual (1.7%), situándose en alrededor de 3 el número de hijos nacidos vivos por mujer.

• La esperanza de vida al nacer se eleva, de 62 años en 1970, a casi 72 años en la actualidad y, al mismo tiempo, la población con 65 años y más de edad pasa de menos del uno por ciento del total en 1960, al 3.7% en 1970 y a 4.2% en 1990.

• Se espera que el número de miembros por hogar siga disminuyendo al reducirse el número de hijos por familia y elevarse la proporción de hogares unipersonales o formados por parejas sin hijos. Entre 1970 y 1990 el promedio nacional bajó de 5.8 a 5.0 personas por vivienda y es razonable prever que este indicador continúe descendiendo.

• Se estima que siga aumentando la edad en la que se contrae matrimonio, en función de los determinantes sociales y culturales derivados de los niveles de educación, y de los económicos, por la capacitación creciente de la fuerza de trabajo y el acceso a los niveles de ingreso indispensables para satisfacer las mayores aspiraciones de bienestar y consumo.

En lo relativo a las necesidades habitacionales, las consideraciones precedentes en torno a la evolución a largo plazo del crecimiento demográfico y de la composición familiar se podrán reflejar, por una parte, en una menor superficie promedio por vivienda y, por la otra, en un cierto alivio de la presión de demanda de más viviendas, que en ciertos casos pudiera verse compensada por un ciclo de ocupación más prolongado, derivado de la mayor longevidad de sus moradores.

No obstante, en el corto y mediano plazo que corresponde con el horizonte de previsión de este Programa de Vivienda, es de esperarse que la proporción de la población en edad de formar una familia, y por consiguiente de requerir vivienda, sea de las más elevadas en la historia del país. Se trata de las generaciones nacidas en la década de los setenta

__ lapso del más fuerte

crecimiento poblacional, previo al descenso progresivo de las tasas de natalidad __

y de los ochenta, que si

bien presenta tasas moderadas, es de un alto crecimiento en términos absolutos, como un efecto de la inercia demográfica.

Este factor determina que en forma análoga a lo que ocurre en el sector de la educación, especialmente en sus niveles medio y superior, la presión de demanda de vivienda siga siendo elevada en cuanto al número de unidades por ofrecer. En cambio, es razonable prever que en un futuro se atenúen los requerimientos de superficie edificada y número de cuartos por vivienda, como un resultado de la disminución prevista en el tamaño de la familia.

Indirectamente estos factores podrán repercutir en la estructura y volúmenes de la demanda derivada de materiales y componentes para la construcción, así como en las necesidades de suministro de servicios públicos y combustibles durante la vida útil de esas mismas viviendas.

Aún existe un rezago habitacional no cubierto al que se suman las nuevas necesidades

En el momento actual, la demanda de vivienda para albergar a los nuevos hogares se suma a la necesidad de eliminar, progresivamente, un rezago de carácter cualitativo que abarca, como más adelante se expone, en mayor o menor grado, a la cuarta parte de las viviendas existentes.

Características de la vivienda

El inventario habitacional se incrementó en términos reales; el tamaño de las viviendas, medido a partir del número de cuartos construidos, también se ha incrementado, ya que mientras en 1970 sólo el 30.9% de las viviendas tiene 3 cuartos y más, en 1990 el 65.5% del inventario presenta estas condiciones. Esto, aunado a la disminución del número de personas por familia, tiene como consecuencia que el índice de personas por vivienda y el índice de personas por cuarto disminuya de una densidad domiciliaria promedio de 5.8 ocupantes por vivienda y un índice de personas por cuarto de 2.6 en 1970, a una densidad domiciliaria promedio de 5.0 ocupantes por vivienda y un índice de 1.5 personas por cuarto en 1990.

Por lo que se refiere a los materiales de construcción utilizados en la edificación de las viviendas, se observa que los materiales industrializados y sólidos están reemplazando a los naturales, que con frecuencia presentan mayores problemas de higiene y mantenimiento. Mientras en 1970 el 44.1% de las viviendas tiene muros de tabique, ladrillo, block o piedra, en 1990 casi el 70% de las viviendas del país presentan estas características. También, entre 1970 y 1990, aumenta de 34.2% a 51.7% el número de viviendas con techos de concreto o ladrillo. Por último, las viviendas con piso de tierra disminuyen del 41.1% en 1970 al 19.6% en 1990, una reducción de más de la mitad del porcentaje de unidades con este piso.

Actualmente la vivienda se construye con materiales más sólidos; además, la cobertura de servicios ha aumentado

En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos, el inventario habitacional muestra una mejora significativa. En 1970, sólo el 61% de las viviendas dispone de agua potable, el 42% con drenaje y el 59% con energía eléctrica. Para 1994, la ampliación de estos servicios básicos hace posible que el 84% de las viviendas disponga de agua potable, el 77% cuente con drenaje y el 91% con energía eléctrica. La población continúa concentrándose en las zonas urbanas del país, confiriéndole a éste un perfil predominantemente urbano (60.15% de la población en las ciudades). Para 1990 las zonas metropolitanas de la ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, representaron el 27.2% de la población. El sistema urbano restante también se transforma, mientras que la población en localidades menores de 2,500 habitantes se encuentra dispersa en más de 154 mil localidades.

I.2.2. Rezago y necesidades de vivienda 1995-2000 2

Se estima que casi la cuarta parte del inventario habitacional presenta condiciones inadecuadas

Con base en la información censal de 1990 y la proyectada a 1995, se estima que alrededor de 4.6 millones de viviendas, poco más de la cuarta parte del inventario total estimado en 17.8 millones, presentan condiciones inadecuadas, por reunir uno o más de los factores negativos siguientes: hacinamiento, al estar ocupada por más de un hogar, o por alojar a más de 2.5 personas por cuarto, precariedad en la construcción, y carencia o insuficiencia de servicios públicos básicos.

La atención de este rezago significa mejorar de manera sustancial unos 3.5 millones de viviendas y sustituir por nuevas construcciones el 1.1 millón restante, toda vez que resulta costoso en extremo y técnicamente desaconsejable pretender su pleno mejoramiento o rehabilitación.

ión del rezago habitacional nacional 1995.

R e z a g o p o rM e jo r a m ie n t o

d e V iv ie n d a7 6 . 1 %

R e z a g o p o rV iv ie n d a N u e v a

2 3 . 9 %

Fuente: SEDESOL, 1995.

Mapa Error! Unknown switch argument.. Rezago habitacional por entidad federativa como proporción de su inventario, 1995.

Fuente: SEDESOL, 1995.

Para atender las necesidades derivadas del arribo de un numeroso contingente de jóvenes en edad de contraer matrimonio y de formar un hogar independiente, y para

evitar que el inventario habitacional se continúe deteriorando, durante el período 1995-2000 será necesario que la sociedad en su conjunto edifique 1.8 millones de nuevas viviendas, y lleve a cabo 2.2 millones de mejoramientos substanciales de la vivienda existente para evitar que el rezago se incremente. Esto es, la demanda acumulada durante el período ascenderá a poco más de 4 millones de viviendas, lo que significa un promedio anual de 670 mil viviendas.

Mapa Error! Unknown switch argument.. Necesidades anuales de vivienda por entidad federativa para el período 1995 - 2000.

Fuente: SEDESOL, 1995.

I.2.3. Principal Problemática

El desarrollo habitacional se ha visto afectado tanto por la oferta como por la demanda. En el primer caso, la producción de vivienda no ha alcanzado un pleno desempeño por motivos de diversa índole; tramitación excesiva, multiplicidad en la gravación fiscal, carencia de suelo y baja adecuación tecnológica. Por el lado de la demanda, los elevados precios tanto directos como indirectos de la vivienda, insuficiente atención crediticia e información sobre el mercado habitacional se conforman como obstáculo en la transformación de la necesidad de vivienda en demanda efectiva.

Las condiciones adversas que enfrentó el país a finales de 1994 modificaron las expectativas a corto plazo contempladas por la sociedad. La devaluación de la moneda y la limitada afluencia de recursos financieros incrementaron el costo del dinero y por ende los préstamos hipotecarios y servicios bancarios; se incrementaron los precios de los materiales e insumos para la construcción; situación que se vio agravada por el sobreendeudamiento de los acreditados, con el consecuente incremento en la cartera vencida y el descenso en el empleo que impactó la demanda de inmuebles, lo que dio como resultado la contracción del mercado habitacional.

Por lo anterior miles de familias enfrentaron problemas en el pago de sus créditos hipotecarios o bien, pospusieron la adquisición de vivienda para mejor ocasión. Las ventas de viviendas bajaron. Ante ese panorama muchos de los oferentes enfrentaron problemas en la venta de los inmuebles, esto provocó por un lado la inmovilización de recursos y por el otro descapitalización del sector, que siempre ha gozado de gran importancia en la economía y el empleo.

Aun cuando las actividades de promoción y fomento _

desplegadas por las instancias gubernamentales _

inciden y mejoran varios aspectos del proceso de desarrollo habitacional, el sector enfrenta una problemática específica, que debe ser atendida durante la vigencia de este programa, en términos cualitativos, detallados a continuación:

• No se ha alcanzado el establecimiento de una completa coordinación interinstitucional entre las dependencias y entidades de la Administración Pública destinadas a la atención de las necesidades habitacionales.

• Los organismos nacionales todavía no recuperan plenamente el carácter financiero con el que fueron creados. En este sentido, deben perfeccionarse los sistemas de adjudicación por puntos; elevarse al máximo los niveles de recuperación de la cartera crediticia e impulsarse la integración del mercado.

• El financiamiento resulta insuficiente y los costos de intermediación son todavía elevados. Por otra parte deben idearse nuevas alternativas en cuanto a esquemas de financiamiento más accesibles y deben buscarse

también alternativas para convertir al demandante en sujeto de crédito, es decir, crear cajas de ahorro previo y mecanismos de capitalización no bancarios. Asimismo, todavía no se concreta el establecimiento de un mercado secundario de hipotecas, a fin de que los recursos por este concepto tengan un mayor grado de revolvencia.

• Por lo que respecta a los costos indirectos, si bien han disminuido a niveles inferiores al 6.5% del valor de la vivienda en promedio nacional, no se ha alcanzado el 4%, según las recomendaciones internacionales en la materia.

• En materia de suelo, el ciclo invasión-regularización ha superado las posibilidades de planificación y creación de nuevas reservas territoriales. Paralelamente, en ciertos casos no se aprovechan los predios urbanos baldíos que cuentan con todo el equipamiento necesario para asegurar su vocación habitacional. Debe identificarse y asegurarse una cantidad suficiente de suelo accesible para uso habitacional en cada comunidad, así como intensificar la regularización de la tenencia de la tierra y acelerar al máximo los procesos de desincorporación de terrenos del patrimonio federal y del régimen de propiedad ejidal, a fin de hacer efectivas las reformas al Artículo 27 Constitucional.

• A la fecha, el proceso de producción informal de vivienda se da en dos vertientes: la autoconstrucción espontánea, que conlleva la edificación con materiales de desecho, inseguridad e insalubridad, y la autoconstrucción social organizada, que generalmente está constituida por grupos que construyen ayudándose mutuamente o con apoyos gubernamentales. A este respecto deberá propiciarse que los autoconstructores irregulares e informales se constituyan en grupos organizados y, en segundo término, deberá intensificarse el apoyo que el Estado les ofrezca a través de la reducción en los costos de los materiales y la asesoría técnica.

• En el caso de los créditos para mejoramiento, ampliación, rehabilitación y equipamiento, su número no es aún el idóneo, pues resultan mucho menos abundantes que los que se conceden para la vivienda nueva. Tal situación deberá revertirse, a fin de frenar el deterioro del parque habitacional existente.

Por lo que respecta a la implementación de innovaciones tecnológicas, el uso de éstas no ha permeado aún los sistemas constructivos tradicionales. Deberá promoverse al máximo el conocimiento de tales adelantos tecnológicos que permitan la edificación a menor costo, con calidad óptima y la reducción significativa de los tiempos de construcción.

II. OBJETIVOS

Se pretende consolidar al Estado como promotor y coordinador de las acciones necesarias para que las familias disfruten de vivienda digna y ésta respalde el desarrollo económico

Los objetivos en materia de vivienda se conforman a partir de la política de desarrollo social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y de conformidad con los lineamientos generales de la política nacional de vivienda, determinados por la Ley Federal de Vivienda.

En materia de desarrollo social, el principal desafío consiste en disminuir la pobreza y moderar la desigualdad que existe entre los diferentes estratos de la población, dado que su persistencia no permite el pleno ejercicio de las libertades democráticas ni el despliegue de las capacidades individuales en el proceso productivo, en la educación y en la cultura.

De aquí que, entre los objetivos fundamentales del Gobierno de la República, se encuentra el de avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país la igualdad de oportunidades y de condiciones que aseguren a la población el disfrute de los derechos

individuales y sociales consagrados en la Constitución; elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos y, de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social, considerando, entre otros aspectos, la ampliación y mejoramiento de la vivienda.

Lo anterior inspira al Programa de Vivienda en cuanto a la determinación de sus objetivos.

II.1. Objetivos Generales

De conformidad con los lineamientos generales de la política nacional de vivienda, establecidos en el Artículo 2º de la Ley Federal de Vivienda y según los grandes propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la política de vivienda comprendida en las líneas de acción del desarrollo social tiene como objetivos:

• Orientar el papel del Estado hacia la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores público, social y privado en apoyo a la producción, financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda.

• Promover las condiciones para que las familias rurales y urbanas, en especial las que tienen mayores carencias, disfruten de una vivienda digna, con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia.

• Fortalecer el papel de la vivienda como un factor fundamental para respaldar un desarrollo económico duradero, dentro de un orden urbano integrado al entorno ecológico y como uno de los índices fundamentales de bienestar familiar.

II.2. Objetivos Específicos

• Profundizar la reforma estructural de las instituciones de vivienda de cobertura nacional, estatal y municipal, preservando su sentido social con el fin de consolidar la operación de un mercado integrado.

• Promover la participación coordinada y concertada de los sectores público, social y privado en la producción, financiamiento, comercialización, titulación y mejoramiento de la vivienda.

• Vincular la programación financiera y la planeación física de las obras de vivienda con el desarrollo regional y con la planeación del desarrollo urbano, induciendo el crecimiento ordenado de las ciudades conforme a lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano.

• Flexibilizar y diversificar los servicios de financiamiento a la vivienda, para que un mayor número de familias puedan construir, ampliar y adquirir vivienda nueva, usada o en arrendamiento, especialmente de interés social y popular.

• Mejorar la eficiencia de los esquemas de financiamiento y hacerlos acordes a la estructura económica actual y al ingreso de las familias, estimulando la inversión y el ahorro orientado a la vivienda, y lograr mayor cobertura a todos los niveles de ingreso.

• Impulsar la desregulación y desgravación de la actividad habitacional, en especial la vivienda de interés social y popular.

• Aprovechar la infraestructura de servicios y el equipamiento urbano de los centros de población, principalmente para la construcción de vivienda, preservando el equilibrio urbano, el ambiente y la convivencia comunitaria.

• Incrementar la oferta de tierra para vivienda, especialmente para proyectos de interés social y popular.

• Apoyar la autoconstrucción y el mejoramiento de vivienda de las familias más desprotegidas, en especial las de los grupos indígenas y las de los pobladores de las zonas marginadas rurales y urbanas.

• Apoyar la producción y comercialización de materiales de construcción para la vivienda, haciéndolos más accesibles al autoconstructor, especialmente los ecotécnicos.

• Fomentar el desarrollo y aplicación de innovaciones tecnológicas adecuadas a las condiciones regionales en materia de vivienda.

• Aprovechar el efecto multiplicador de la construcción de vivienda para estimular el aparato productivo y promover el empleo, vinculando la producción de la vivienda con la planeación urbana y la promoción socioeconómica de las regiones y centros urbanos.

III. ASPECTOS PRIORITARIOS

Para alcanzar los objetivos que en materia de vivienda establece el Plan Nacional de Desarrollo, los esfuerzos del gobierno y la sociedad se orientarán a dar atención prioritaria a aquellos aspectos que impiden la satisfacción de esta demanda social. Dichos esfuerzos son:

III.1. Fortalecer a los organismos promotores de la vivienda

Es necesario continuar con la transformación de los organismos de vivienda en entes financieros, y mejorar la coordinación entre ellos para lograr un mercado integrado

El proceso de transformación estructural emprendido en el sector vivienda permite mejorar la coordinación institucional entre las dependencias y entidades de la Administración Pública destinadas a atender las necesidades habitacionales de diversos grupos de la población. Esta transformación está orientada a devolverles el carácter y las funciones eminentemente financieras para los que fueron creados, manteniendo su vocación social, hecho que contribuye a que el Gobierno Federal ahora promueva y fomente, pero no construya ni mantenga vivienda en propiedad.

En materia de simplificación y modernización administrativa se realizaron importantes cambios, orientados básicamente a incorporar mecanismos de operación más transparentes y eficientes en el otorgamiento de crédito; se ampliaron los plazos de amortización, se amplió la cobertura de atención, se disminuyeron los subsidios y se mejoró la recuperación de la cartera.

La transformación estructural emprendida por los organismos dista aún de llegar a los niveles que demanda la sociedad. Por lo que se debe entrar en una fase de consolidación de las reformas y continuar avanzando en la adecuación de sus estructuras orgánicas a su nueva función financiera; para ello se debe establecer un programa de Simplificación y Modernización Administrativa para agilizar trámites y supervisar adecuadamente la calidad de las viviendas; modernizar los sistemas de recuperación de la cartera, de tal forma que permita una cabal recuperación crediticia y homogeneizar los mecanismos de operación financiera de los organismos, con objeto de ampliar la coordinación entre ellos y lograr una verdadera integración del mercado habitacional.

Por otra parte, se debe estrechar, aún más, la coordinación entre las dependencias que participan en los programas de vivienda, así como en mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para organizar e instrumentar de mejor manera la política de vivienda,

induciendo la desconcentración de las funciones y la descentralización de los recursos y la toma de decisiones.

III.2. Mejorar y ampliar las fuentes de fondeo y los esquemas de financiamiento

Los organismos de vivienda deben incorporar mecanismos más transparentes en el otorgamiento y recaudación de los créditos

Los organismos promotores de la vivienda han incorporado mecanismos de operación más transparentes y sujetos a menor discrecionalidad. Estas reformas han permitido incrementar la recaudación de las aportaciones patronales, una mayor transparencia tanto en el otorgamiento de créditos como en el financiamiento a la construcción, y mejorar la recuperación crediticia. Por otra parte, el sistema financiero también se ha transformado, permitiendo ampliar la inversión de la banca comercial destinada a la vivienda, incorporando el sistema de ahorro para el retiro (SAR) y creando nuevos intermediarios financieros.

No obstante, el financiamiento a la producción y adquisición de vivienda en niveles adecuados y accesibles ha sido insuficiente para atender la demanda, situación que exige reformas que permitan un flujo constante de recursos frescos a largo plazo, con costos de intermediación financiera competitivos, así como diversificación de esquemas de financiamiento, de conformidad con los niveles de ingreso de la población.

Lo anterior implica, entre otras medidas, fomentar la utilización de recursos de los mercados de dinero nacional y extranjero; fortalecer la capacidad financiera de los organismos institucionales para ampliar la cobertura de atención, diversificar las modalidades de financiamiento e instrumentar mecanismos que mejoren la recuperación de los préstamos, tanto mediante adecuaciones en los factores de pago, como en los procesos legales para hacer efectivas las garantías. Establecer un mercado secundario de hipotecas que, mediante la movilización de la inversión en las carteras hipotecarias, permita ampliar la fuente de financiamiento a largo plazo; fomentar la participación de más y diversos intermediarios financieros, a efecto de generar una mayor competitividad en el sector, y estimular el ahorro popular mediante la creación de instrumentos de ahorro y préstamo vinculados al sistema financiero para la vivienda, que atiendan preferentemente a la vivienda de interés social y popular.

III.3. Desregular y desgravar a la vivienda

Se requiere un marco normativo que elimine regulaciones excesivas, simplifique acciones y modere los tiempos de respuesta

El conjunto de exigencias normativas y requerimientos administrativos que se estipulan para la construcción, financiamiento, adquisición y titulación de vivienda, aún resulta excesivo, tardado y sujeto a una gran discrecionalidad; situación que encarece la vivienda y desincentiva la inversión en el sector. Disminuir esos efectos negativos requiere de un marco normativo adecuado que elimine regulaciones excesivas y permita simplificar el proceso de tramitación, con el fin de aminorar los tiempos de respuesta.

Los costos indirectos de naturaleza estatal y municipal asociados a la producción y titulación de vivienda han disminuido en los últimos años a niveles inferiores al 6.5% del valor de una vivienda, en promedio nacional. Sin embargo, se requiere un esfuerzo adicional para lograr una mayor disminución que estimule la producción y haga factible la oferta de vivienda a menores precios.

III.4. Superar la escasez y combatir la carestía de suelo para vivienda

La implementación de acciones para la regularización contribuye a evitar los efectos de ilegalidad en la tenencia que fomentan la carestía del suelo

El crecimiento urbano originado por el crecimiento natural de la población urbana se ha acentuado por las grandes migraciones interestatales derivadas de las desigualdades imperantes entre las regiones económicas rurales y urbanas del país. Dicho crecimiento ha superado las posibilidades de planificación y creación de reservas territoriales para vivienda por parte de los gobiernos federal y locales.

Por otro lado, el bajo nivel del impuesto predial sobre el suelo urbano, dotado de infraestructura y equipamientos en grandes lotes baldíos de propiedad privada, ha promovido la especulación sobre la renta urbana de éstos, encareciendo su precio y tornándolos inaccesibles para la población de bajos ingresos, la que se ha visto obligada a adquirir predios periféricos de baja renta, generalmente en forma ilegal, lejanos a los centros de trabajo, salud, educación, abasto y recreación, y poco aptos para el desarrollo urbano.

La ilegalidad de la tenencia de la tierra y la edificación fincada en ella mantiene y reproduce asentamientos en condiciones precarias, sin apoyo para su mejora, rehabilitación o reconstrucción, lo cual limita y reduce el potencial de sus pobladores para integrarse al desarrollo económico y social. Por ello resulta inaplazable la regularización de la tenencia de la tierra y de las edificaciones irregulares, dando certidumbre jurídica a sus poseedores.

En el período de este programa se espera incorporar 76,969 Has. para vivienda

Se espera que para el período 1995-2000, según los planes o programas de desarrollo urbano de las ciudades medias del país, se incorporaren 76,969 hectáreas, como reserva territorial para vivienda; el 65%3 de éstas tienen actualmente un régimen de propiedad ejidal y comunal. Sin embargo, la posibilidad de incorporar estas tierras al mercado formal inmobiliario genera una mayor presión social para que estos terrenos se integren al desarrollo urbano a través de la desincorporación del patrimonio federal o bien del régimen ejidal, insertándolos en la lógica del mercado y reproduciendo las prácticas especulativas del capital inmobiliario, tales como la compra de grandes extensiones de suelo en zonas estratégicas, manteniéndolas ociosas, esperando la generación de una plusvalía al introducirse los servicios, equipamientos e infraestructura con los recursos sociales o públicos.

Por tal razón es necesario perfeccionar los mecanismos de incorporación y utilización de estas reservas para que beneficien efectivamente a la población mayoritaria de escasos recursos solicitante de vivienda, y evitar con ello la ocupación irregular de tierra y la expansión innecesaria y caótica de las urbes.

III.5. Fortalecer la producción social organizada para la autoconstrucción y el mejoramiento de la vivienda rural y urbana

En la periferia urbana predominan las construcciones precarias y la baja calidad de vida

El proceso de migración y urbanización que ha experimentado el país en las últimas décadas ha traído como consecuencia que en 1990 el 57.4 % del total de la población resida en localidades urbanas. Esto se ha manifestado en una expansión territorial del espacio periférico construido en las ciudades, en el que se ubica el mayor número de viviendas con baja calidad en su construcción. Por otra parte, persiste una gran dispersión de la población en 154 mil localidades con menos de 2,500 habitantes, cuyas viviendas también presentan condiciones de precariedad en su construcción.

De 1980 a 1990, el 57% del total de viviendas contruidas no recibieron financiamiento institucional

De 1980 a 1990 se otorgaron un millón 743 mil créditos institucionales para la construcción o adquisición de vivienda nueva terminada o progresiva, mientras que en el mismo período, el inventario habitacional creció en términos absolutos 4 millones 55 mil viviendas. Es decir, el 57% de las viviendas se construyeron con recursos propios, créditos particulares o a través de la autoconstrucción, práctica a la que acuden las familias de no asalariados o de bajos ingresos, que no pueden ser sujetos de crédito de algún esquema acorde a su capacidad de pago.

La producción informal de vivienda presenta fundamentalmente dos modalidades. Una, la producción social que se genera a partir de ocupar individual o colectivamente un terreno público o privado sin urbanizar, por lo general en las zonas periféricas de las ciudades o bien en el ámbito rural. Inicialmente la construcción de vivienda generalmente se realiza con materiales de desecho, al margen de los reglamentos de construcción, y se va mejorando a medida que los recursos lo permiten, sin una adecuada asesoría técnica, legal o administrativa. Esta acción, además de no satisfacer en el corto plazo la necesidad de un espacio habitable, seguro, higiénico y cómodo, eleva sustancialmente el costo final de la vivienda y de la urbanización posterior, lo que contribuye al deterioro de los niveles básicos de bienestar social.

La producción informal de vivienda admite dos formas. El autoconstructor sin apoyo financiero ni asistencia, a diferencia del organizado socialmente

La segunda modalidad corresponde al autoconstructor social organizado. Este por lo general no tiene problema por la tenencia de la tierra. Forma parte de un grupo que necesita vivienda y la construye con apoyo crediticio o sin él. En cambio enfrenta problemas en la distribución y la comercialización de los materiales que utiliza, lo que encarece el costo final de la construcción. Suele contar con asesoría técnica y legal de instituciones organizaciones no gubernamentales. Estos grupos mayoritariamente formados por mujeres, carecen del apoyo suficiente en su proceso de autogestión, lo que limita el pleno desarrollo de la potencialidad inherente a esta forma de resolver la carencia de vivienda ha contado con apoyo insuficiente en el proceso de autogestión que lleva a cabo, lo cual ha impedido que este tipo de solución al problema de la vivienda desarrolle toda su potencialidad

A pesar de que se otorguen créditos para vivienda nueva, es indispensable aumentar el número de éstos para el mejoramiento, ampliación, rehabilitación, equipamiento e introducción de servicios básicos en la vivienda rural y urbana, dando preferencia a los aspectos sanitarios y estructurales. En tal sentido el reto es impulsar la comercialización y la producción de materiales de construcción, ampliar el número de créditos para la autoconstrucción y mejoramiento, promover la asistencia técnica profesional y apoyar la producción social organizada

III.6. Superar las limitaciones a la aplicación de los avances tecnológicos

Las innovaciones tecnológicas permiten disminuir los costos y tiempos de producción

Los sistemas constructivos tradicionales utilizados por las empresas e instituciones relacionadas con la construcción de vivienda, aun cuando se utilizan eficientemente, enfrentan limitaciones en su capacidad de producir vivienda de buena calidad a un menor tiempo y costo. Mediante la edificación de vivienda con innovaciones tecnológicas adecuadas se estima que es posible disminuir los costos de construcción, motivo por el cual es necesario superar los obstáculos que se presentan desde la generación hasta la aplicación de innovaciones tecnológicas.

Para lograr que el sector privado y social introduzcan sistemas constructivos alternativos a los tradicionales, que eleven la calidad de la vivienda, favorezcan el uso de materiales regionales que promuevan las ecotécnicas, reduzcan tiempos y costos, y sean compatibles con los usos y costumbres de la población, es necesario: fomentar la asistencia técnica para el aprovechamiento de nuevos productos, fomentar las investigaciones tecnológicas que contribuyan a eficientar el diseño y construcción de la vivienda, aplicar innovaciones tecnológicas que coadyuven al ahorro de agua y energía, fomentar las técnicas de disposición y reciclamiento de desechos orgánicos, promover el diseño bioclimático (ventilación, iluminación, asoleamiento, materiales térmicos), así como alentar la inversión y financiamiento para consolidar la generación y aplicación de innovaciones tecnológicas.

IV. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

La política nacional de vivienda, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación y a partir de las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, orienta sus planteamientos en apoyo a los cinco principios básicos que rigen la acción del Gobierno Federal para ampliar y consolidar el desarrollo del país, como son: fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía, consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, construir un pleno desarrollo democrático, avanzar en un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país una cultura participativa que genere las oportunidades de superación individual y comunitaria bajo los principios de equidad y justicia y, por último, promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable.

Los lineamientos generales de la política nacional de vivienda responden a un enfoque integral del proceso habitacional

Con base en lo anterior y con fundamento en los Artículo 2º y 6º de la Ley Federal de Vivienda, en concordancia con el Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorga a la SEDESOL las atribuciones para formular, conducir y evaluar la política general de vivienda, se establecen los lineamientos generales de la misma, los cuales comprenden los siguientes rubros: coordinación y concertación; acceso a la vivienda; servicios de financiamiento a la vivienda; suelo para vivienda; participación social; materiales de construcción, normas y tecnología; así como vivienda y ecología.

Asimismo, enmarcada dentro de la política de desarrollo social del Plan Nacional de Desarrollo, y en congruencia con los programas de mediano plazo; principalmente con los programas Nacional de Desarrollo Urbano, para un Nuevo Federalismo, de Protección Civil, Nacional de Población, para Superar la Pobreza, de Modernización de la Administración Pública, Sectorial Agrario, de Medio Ambiente, Hidráulico, y para Atender la Agenda del Desarrollo Sustentable; en el presente capítulo se determina la estrategia de vivienda que orienta las acciones e instrumentos para dar respuesta a la problemática habitacional, señalada en el diagnóstico.

Al efecto se establecen los aspectos de una Estrategia General, y en lo particular de una Estrategia Territorial en materia de vivienda, señalándose, además, aquellas Líneas de Estrategias Prioritarias que deben ejecutarse a través de líneas de acción que son objeto de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como de concertación con los sectores social y privado.

IV.1. Política General

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, y dentro del marco de la estrategia que busca ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios, así como con el objetivo de mantener el equilibrio de las finanzas públicas, aplicando una política de permanente austeridad y uso más eficiente del gasto público, y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley Federal de Vivienda, se establecen como lineamientos generales de la política nacional de vivienda los siguientes:

Coordinación y Concertación

La articulación y congruencia de las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal entre sí y con los gobiernos estatales y municipales y con los organismos de los sectores social y privado, para la satisfacción de las necesidades habitacionales del país.

La promoción de la participación activa y responsable de los sectores social y privado, mediante acciones concertadas en las que se establezcan los estímulos para canalizar sus recursos y esfuerzos al auspicio de la construcción y mejoramiento de vivienda en propiedad y en renta.

Acceso a la vivienda

La ampliación de las posibilidades de acceso a la vivienda que permita beneficiar el mayor número de personas, atendiendo preferentemente a la población urbana y rural de bajos ingresos.

Servicios de financiamiento a la vivienda

La ampliación de la cobertura social de los mecanismos de financiamiento para la vivienda, a fin de que se canalice un mayor volumen de recursos a los trabajadores asalariados y no asalariados de bajos ingresos, los marginados de las zonas urbanas, los campesinos y la población de ingresos medios.

Suelo para la vivienda

El impulso a la función de la vivienda como un factor de ordenación territorial y estructuración interna de los centros de población y de arraigo y mejoría de la población rural en su medio.

La constitución de reservas territoriales y el establecimiento de oferta pública de suelo para vivienda de interés social, para evitar la especulación sobre el suelo urbano, prever sus requerimientos y promover los medios y formas de adquisición del mismo.

Participación social

El apoyo a la construcción de la infraestructura de servicios básicos para la vivienda, a través de la participación organizada de la comunidad.

La promoción de actitudes solidarias de la población para el desarrollo habitacional y el impulso a la autoconstrucción social organizada.

Materiales de construcción

La promoción y el apoyo a la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda, a efecto de reducir sus costos.

Normas y tecnología

El mejoramiento del inventario habitacional, la organización y estímulo a la producción, mejoramiento y conservación de la vivienda urbana y rural y de sus materiales básicos.

El mejoramiento de los procesos de producción de la vivienda y la promoción de sistemas constructivos socialmente apropiados.

Vivienda y ecología

La integración de la vivienda a su entorno ecológico y la preservación de los recursos y características de su medio ambiente.

IV.2. Estrategia General

La vivienda es un factor básico para la economía, ya que detona la producción de bienes y servicios

La estrategia de vivienda se basa en un enfoque facilitador de las actividades de desarrollo de la vivienda a largo plazo. Considera que, al ofrecer a la familia el espacio adecuado para su desarrollo y el bienestar familiar, la vivienda es uno de los factores principales para impulsar el crecimiento económico. Además, es un poderoso detonador de la producción de bienes y servicios, pues intervienen en su proceso numerosas ramas industriales y casi la totalidad de los insumos que requiere son producidos en nuestro país, de modo que no afecta la balanza comercial.

Los siguientes principios fundamentan la estrategia:

• Reafirmar el papel del Estado como coordinador y orientador de los esfuerzos de los sectores público, social y privado en la producción, comercialización, adquisición y titulación de la vivienda.

• Lograr un mercado integrado de vivienda que fortalezca el sentido social de las instituciones, facilite a la población aplicar su crédito en la opción que mejor le convenga; permita a los promotores la colocación de viviendas, indistintamente entre los beneficiarios potenciales de cada organismo y el mercado abierto y, con ello, inducir una mayor producción habitacional.

• Ampliar la participación activa y corresponsable de todos los sectores de la sociedad mexicana en la actividad habitacional.

IV.3. Estrategia Territorial

La estrategia territorial de vivienda refuerza las acciones del desarrollo regional y urbano

Las acciones por realizar en materia de vivienda se deben distribuir territorialmente de acuerdo con las estrategias y líneas de acción correspondientes al desarrollo regional, al desarrollo urbano y a la promoción de la distribución armónica de la población en el territorio nacional. Los lineamientos incluyen:

• Favorecer un desarrollo regional más equilibrado, privilegiando la atención a los grupos y las zonas con mayor desventaja económica y social.

• Apoyar el desarrollo de las ciudades intermedias y pequeñas, a efecto de que éstas puedan desempeñar un papel económico y demográfico cada vez más prominente.

• Fortalecer la coordinación y la concertación en materia de vivienda entre los actores gubernamentales, privados y sociales, poniendo énfasis en la participación de los demandantes en la solución de sus problemas habitacionales.

• Apoyar la descentralización de atribuciones, instrumentos y recursos con el fin de aprovechar la capacidad participativa local en la promoción del bienestar.

La atención de los programas se centra predominantemente en las zonas marginadas urbanas y rurales

Con base en lo anterior, la estrategia en materia de vivienda estará enfocada a respaldar los siguientes aspectos de política territorial:

Considerar como regiones de atención prioritaria a las zonas marginadas y de mayor atraso.

Apoyar el reordenamiento territorial y de los asentamientos humanos, coordinándose con las metas y acciones de los Programas Nacional de Desarrollo Urbano y Nacional de Población.

- Atender las regiones fronterizas, costeras, desérticas, turísticas, etc., en función de sus metas de desarrollo; de los compromisos binacionales, en el caso de las fronteras con Belice, Guatemala y los E. U. A.; y de las metas del Sector Turismo.

- Impulsar la consolidación de las grandes metrópolis, para lo cual debe existir congruencia con las metas y acciones de los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano, de Desarrollo del Distrito Federal y de Población.

- Impulsar el desarrollo de los centros de población estratégicos, junto con los municipios inmediatos y sus regiones de influencia, en congruencia con las metas y acciones del Programa Nacional de Desarrollo Urbano en especial y con las estrategias y metas del Programa de 100 Ciudades.

• Promover la caracterización de la vivienda urbana, rural y sus determinantes territoriales, tomando en cuenta los factores climáticos y ambientales, disponibilidad y producción de materiales y los conocimientos y tradiciones en materia de construcción, así como los determinantes socioculturales locales y regionales.

IV.4. Líneas de Estrategias Prioritarias

La política de vivienda instrumentada por el Gobierno Federal para el año de 1995, estuvo orientada principalmente a atenuar los efectos negativos que la situación económica, habían generado en el sector

vivienda para lo cual se adoptaron diversas medidas, entre las que destacan principalmente el Programa Especial para la Vivienda y el Empleo y la Alianza para la Recuperación Económica.

Los aspectos prioritarios que se llevaron a cabo a través del Programa Especial para la Vivienda y el Empleo 1995, se centraron en los siguientes aspectos:

• Otorgar facilidades para el cumplimiento del pago de créditos, hipotecarios, mediante la reestructuración de hasta 250 mil créditos hipotecarios.

• Reducir los costos indirectos en la construcción y titulación de vivienda.

• Impulsar la actividad de los promotores de vivienda de interés social a través del programa FOVI - Banca.

• Promover las acciones necesarias para que el FOVI inicie la construcción de viviendas contempladas en su programa para 1996.

• Propiciar las condiciones necesarias a fin de que el INFONAVIT regularice los pagos pendientes a empresas constructoras, y establecer el programa de ahorro voluntario para que los derechohabientes puedan adquirir su vivienda con mejores condiciones de pago y menor tiempo.

• Otorgar facilidades a la banca para ofrecer créditos hipotecarios a sus clientes cuyas condiciones de pago sean compatibles con su ingreso disponible.

• Establecer la viabilidad de las SOFOLES, a través de su participación en las subastas del FOVI.

• Apoyar el mejoramiento de vivienda y la autoconstrucción, así como fortalecer los mecanismos de concertación de precios de materiales y apoyos técnicos dirigidos al autoconstructor.

• Modernizar el catastro y registro público de la propiedad.

• Regularizar la tenencia de la tierra y promover la incorporación de las áreas regularizadas al fondo legal de las ciudades.

• Fomentar a través del INFONAVIT, la inversión extranjera en apoyo a la construcción de vivienda social.

Asimismo, dentro de los acuerdos en materia de la banca de desarrollo y vivienda establecidos en la Alianza para la Recuperación Económica, se destacan:

• Reducir las tasas de interés sobre créditos hipotecarios de BANOBRAS y FOVI.

• Incrementar los recursos disponibles de FOVI para apoyar la construcción y adquisición de vivienda de interés social.

La estrategia de vivienda de mediano plazo centrará su atención en las siguientes seis líneas de estrategias prioritarias:

IV.4.1. Fortalecimiento Institucional de los Organismos Promotores de la Vivienda

Se profundizar en la reforma estructural de las instituciones de vivienda ampliando su cobertura de atención y mejorando la coordinación entre ellas y los tres órdenes de gobierno

El marco financiero de la vivienda comprende el conjunto de instituciones de los sectores público y privado que aplican sus recursos al financiamiento, producción, comercialización y titulación de la vivienda en el país, en congruencia con los planes y programas del sector.

Por lo tanto, esta línea de estrategia pretende, por una parte, continuar impulsando cambios administrativos, operativos y jurídicos en los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda, precisando el carácter y funciones para los que fueron creados, preservando su sentido social, y por la otra, mediante una mayor coordinación con los gobiernos de los estados y la concertación con los sectores social y privado, realizar acciones a efecto de generar condiciones propicias para que la población de menores recursos pueda acceder a una vivienda digna y dar sustento a un mercado habitacional integrado.

Líneas de acción

• Consolidar la reforma estructural y fortalecer el marco jurídico administrativo de los Organismos Promotores de la Vivienda para transformarlos en entidades eminentemente financieras que mantengan su vocación social y que den sustento a la integración del mercado habitacional.

• Establecer un banco de datos sobre la oferta y la demanda que se presenta en los Organismos Promotores de la Vivienda, con el objeto de que los programas de otorgamiento de crédito guarden relación con la demanda local y se pueda conformar una bolsa de viviendas disponibles que la población pueda consultar mediante un sistema informático, en el cual encuentren la opción idónea de acuerdo con sus ingresos, la composición de su familia y su lugar de trabajo.

• Impulsar un programa de simplificación y modernización administrativa para homogeneizar y elevar la eficacia de los mecanismos de operación de los Organismos Promotores de la Vivienda y para que se puedan establecer programas conjuntos de financiamiento a la producción, de recuperación y descuento de cartera, así como de otorgamiento de créditos hipotecarios.

• Fomentar que los Organismos Promotores de la Vivienda instrumenten sistemas y mecanismos que contribuyan al ejercicio pleno de sus programas y presupuestos, sin descuidar el objeto social que les dio origen.

• Articular los programas de los Organismos Promotores de la Vivienda de cobertura nacional con los de los gobiernos estatales y municipales, así como los de los sectores social y privado.

• Asesorar a los gobiernos estatales y municipales en la reforma estructural de sus organismos de vivienda, para fortalecer su papel de promotores y facilitadores de la actividad habitacional.

• Promover la subscripción de un acuerdo nacional para impulsar la vivienda con la participación de los sectores público, social y privado a nivel nacional y coordinado por un Comité Técnico de Vivienda, así como su ratificación en cada una de las entidades federativas, a fin de contar con un instrumento de coordinación y concertación que facilite, con medidas adecuadas y oportunas, aplicar el Programa de Vivienda, mantener la producción y adquisición de vivienda junto con sus efectos sobre la generación de empleo y la actividad económica.

• Fortalecer la coordinación entre los organismos de vivienda de cobertura nacional, estatal y municipal, para que su interacción permita dar una mayor cobertura a solicitantes asalariados y no asalariados, con especial atención a las familias de menores ingresos.

• Apoyar a los organismos promotores de la vivienda en los esfuerzos de descentralización y desconcentración de la actividad habitacional, orientando éstos una mayor cantidad de sus recursos a los centros de población alternativos, con el objeto de evitar una mayor saturación poblacional y el deterioro del nivel de vida.

• Considerar la colaboración de expertos y especialistas profesionales para armonizar la aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con las leyes estatales del desarrollo urbano, en la elaboración de los planes de desarrollo municipal, entendidos como el marco indispensable para actualizar las disposiciones jurídicas y reglamentarias, en especial las aplicables a fraccionamientos y vivienda.

• Promover una planeación institucional a mediano y largo plazo que permita el desarrollo y confiera estabilidad a los programas de vivienda.

Principales Acciones a Cargo de los Organismos Promotores de Vivienda

INFONAVIT

• Avanzar en la redimensión financiera del Instituto, promoviendo mecanismos que le permitan potenciar sus recursos y realizar una mejor asignación de los créditos.

• Profundizar la reforma administrativa para la consolidación del Instituto, orientada a elevar los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia en su operación, que conlleve al mejoramiento sustancial de la atención a los derechohabientes.

• Esta reforma se podrá instrumentar a través de un proceso integral de reestructuración y modernización que permita adecuar los esquemas organizacionales a sus tareas de hipotecaria social.

• Aplicar una política de delegación de funciones a las áreas operativas de las delegaciones estatales, que se apoye en una labor normativa y de supervisión por parte de las oficinas centrales.

• Consolidar al Instituto se como una institución de crédito y ahorro con sentido social, mejorar la atención a los derechohabientes y promover el otorgamiento de créditos mediante criterios de objetividad y transparencia, respetando la libertad de elección de la vivienda a la que tienen derecho los acreditados y según los parámetros marcados por el SAR.

• Generar y difundir oportunamente su programa 1996 - 2000 de asignación de recursos por estado y región, y las líneas de crédito para dar certidumbre y estimular la derrama crediticia consecuente.

• Considerar de manera prioritaria los lineamientos del Programa de 100 Ciudades en el diseño de programas de financiamiento, mediante acciones que articulen y promuevan el desarrollo regional en forma equilibrada. Asimismo, evitar la concentración de recursos para procurar una distribución regional de créditos equitativa y apoyar a los estados que logren avances en su proceso de desregulación y simplificación.

• Intensificar los esfuerzos de coordinación con las entidades que operan el Sistema de Ahorro para el Retiro con el fin de proporcionar información confiable y oportuna sobre los recursos que administran. Promover asimismo, que cada derechohabiente tenga en su subcuenta individual de vivienda claridad acerca del monto de los recursos de que dispone y facilitar al Instituto tener certidumbre sobre el monto de las aportaciones.

• Perfeccionar el diseño y desarrollo del nuevo sistema SAR- INFONAVIT que incluya la administración total de la subcuenta de vivienda unificada, facilitando su interacción con la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) y los otros institutos de vivienda y seguridad social.

• Llevar a cabo acciones de fiscalización, a través de la optimización e implantación del Sistema Integral de Fiscalización, para realizar las acciones correspondientes al seguimiento de las aportaciones y amortizaciones omitidas o enteradas por equivocación por las empresas. Asimismo, procurar un número único de afiliación con el IMSS y el SAR.

• Consolidar la planeación integral del Instituto y establecer mecanismos de administración de riesgos para proponer alternativas sólidas con nuevos programas y diferentes modalidades de financiamiento.

FOVISSSTE

• En coordinación con los organismos financieros habitacionales, establecer un mecanismo único de certificación técnica de la vivienda, con el propósito de simplificar los trámites de aprobación de proyectos habitacionales, unificar criterios y disminuir costos en la promoción.

• Depurar y adecuar su base de datos de filiación, con objeto de cuantificar las características reales de la demanda potencial de créditos hipotecarios, a efecto de determinar con mayor precisión los puntajes mínimos requeridos para obtener un crédito.

FOVI

• Mejorar y fortalecer su estructura operativa para consolidar su función como institución financiera de desarrollo, buscando dar mayor agilidad e impulso a sus programas de financiamiento, por conducto de las instituciones bancarias y organismos auxiliares de crédito.

• Continuar su política de diversificación de sus fuentes de financiamiento, utilizando recursos presupuestales, de crédito interno y externo, y de organismos internacionales; instrumentar también mecanismos que permitan bursatilizar la cartera hipotecaria de interés social sobre bases sólidas, y contar de esa manera con los recursos suficientes para sus programas.

• Colaborar con las instituciones bancarias y las SOFOLES (Sociedades Financieras de Objeto Limitado) para que estandaricen sus operaciones de vivienda de interés social y generar la información necesaria de todos los pasos que se dan desde la originación de los créditos hasta su cobranza, para de esa manera establecer los incentivos que apoyen la reducción del riesgo de crédito e induzcan una mayor competencia y especialización en el financiamiento hipotecario, y sentar con ello las bases para la bursatilización de su cartera.

• Impulsar la participación de diversos intermediarios especializados y prestadores de servicios, tales como las calificadoras de valores, empaquetadores de demanda, cobradores y afianzadores de garantías.

• En coordinación con los otros organismos promotores de la vivienda, homologar sus requisitos para la autorización de proyectos, con el fin de que los promotores y constructores puedan canalizar sus proyectos habitacionales de manera indistinta a cualesquiera de los fondos y apoyar de esa forma una más amplia integración del mercado de vivienda.

• Promover la implantación de un sistema de recuperación de créditos individuales otorgados por conducto de las instituciones bancarias, mediante el descuento en nómina, previo consentimiento del acreditado, con el fin de reducir gastos y comisiones por cobranza.

• Establecer la obligación de que todas las viviendas financiadas con recursos del Fondo cuenten con una fianza o póliza del promotor o constructor, para garantizar al comprador contra los defectos o vicios ocultos que resulten durante el primer año, a partir de la adjudicación.

FONHAPO

• Adecuar su estructura operativa, privilegiando su función financiera y de fomento.

• Sistematizar e instrumentar la readecuación de sus reglas de operación financiera y políticas de administración con el propósito de consolidar su función como un organismo eminentemente financiero y generar una mayor capacidad de respuesta.

• Concluirá la descentralización de su operación crediticia hacia los organismos públicos estatales y/o municipales de vivienda. Asimismo, apoyar financieramente a estos organismos para su fortalecimiento como instrumentos de la política habitacional en sus respectivos ámbitos territoriales.

• Fortalecer los mecanismos de descentralización de la operación crediticia mediante la capacitación a los organismos públicos de vivienda estatales y/o municipales, en relación con la nueva estructura operativa.

• Promover una mejor distribución regional de los recursos crediticios a través del establecimiento de criterios de costo-beneficio.

• Proporcionar atención especial a los centros de población prioritarios considerados en el Programa de 100 Ciudades y establecer programas de financiamiento de vivienda para los centros de integración urbano-rural en las entidades federativas.

BANOBRAS

• Apoyar y fomentar la actividad de los organismos nacionales y locales de vivienda a través de líneas de crédito específicas.

• Promover en los financiamientos que otorgue la institución, la articulación de los programas de vivienda con los de dotación de servicios, energía, comunicaciones y preservación ecológica, en congruencia con los planes integrales de desarrollo regional y municipal.

IV.4.2. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Financiamiento a la Vivienda

Esta línea de estrategia considera tres objetivos principales: la modernización de los instrumentos financieros de vivienda, la generación de un mercado secundario de hipotecas, y la creación de fuentes alternativas de captación de largo plazo, junto con el fortalecimiento de las existentes.

Continuar con la modernización de los instrumentos financieros de vivienda, mediante la puesta en marcha de sistemas de operación más eficientes y competitivos, que permitan la reducción de costos, tiempo de gestión, garantías, entrega y titulación de la vivienda, así como de los programas públicos, sociales y privados de vivienda para ampliar las posibilidades de inversión y la obtención de créditos. Con ello se prevé la recuperación del financiamiento y al mismo tiempo se facilita a la población el acceso a préstamos hipotecarios, mediante la ampliación de los plazos de amortización, así como la reducción de tasas de interés y de los gastos inherentes a la apertura de financiamiento.

Promover un mayor flujo financiero a largo plazo, a menores costos de intermediación; la diversificación y mejoramiento de los esquemas de financiamiento acordes a los niveles de ingreso de la población

Promover el establecimiento de un mercado secundario de hipotecas, toda vez que actualmente la inversión en las carteras hipotecarias da origen a una importante inmovilización de los activos de las instituciones, lo que frena la inversión en vivienda y ocasiona una falta de continuidad en dichas inversiones. Este mercado secundario de hipotecas permite fomentar la utilización de recursos de los mercados nacionales y extranjeros para el fortalecimiento y ampliación de la capacidad financiera de los organismos e intermediarios financieros de vivienda.

Por lo que respecta a la creación y al fortalecimiento de fuentes alternativas de captación de recursos a largo plazo, se busca reducir el riesgo que implica el fondeo de corto plazo, ofrecer nuevos instrumentos de inversión para los ahorradores, y fomentar decididamente el ahorro popular para la adquisición de vivienda.

Líneas de acción

• Continuar impulsando la constitución y operación de un mercado secundario de hipotecas, a fin de ampliar y mejorar la disponibilidad de recursos para el financiamiento de la vivienda, sobre la base de una participación de diversos intermediarios y prestadores de servicios, en forma destacada, las calificadoras de valores que aseguren una mejor originación y cobranza de los créditos y las economías de escala en las funciones, así como el fondeo en el mercado de capitales.

En este sentido es necesario que las autoridades gubernamentales, estatales y los Congresos locales, promuevan las adecuaciones de los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles en las entidades que aún no las hayan realizado; que los organismos financieros, los institutos estatales de vivienda y la banca comercial estandaricen la información, así como los procedimientos de selección de créditos hipotecarios; y que se establezcan las figuras jurídicas de los empaquetadores, cobradores maestros y aseguradores de crédito.

• Avanzar en el proceso de modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y del Catastro, vinculando su información, a efecto de que la emisión de hipotecas se realice con una mayor certidumbre jurídica.

• Fomentar esquemas de ahorro previo que permitan a las familias de menores ingresos reunir el monto del enganche requerido por los sistemas de financiamiento institucional para el otorgamiento de un crédito para vivienda. Es conveniente que los esquemas otorguen estímulos a la constancia en el ahorro y protejan el valor de los ahorros cuando menos en términos reales.

• Sobre estas bases, los sistemas de ahorro previo contribuyen a fortalecer la corresponsabilidad entre del solicitante de vivienda y las instituciones financieras para satisfacer la demanda, en la medida que facilitan el acceso al crédito, conllevan un menor riesgo y tienden a reducir la cartera vencida.

• Impulsar la oferta de vivienda en arrendamiento ampliando las alternativas de vivienda. Para ello es necesario adecuar la legislación civil y fiscal para procurar una relación equitativa entre arrendador y arrendatario, así como ofrecer seguridad y confianza al inversionista.

• Fomentar la aplicación de esquemas de cofinanciamiento entre los organismos promotores de la vivienda y otros intermediarios financieros, con objeto de ampliar el número de créditos y la población beneficiada.

• Buscar que los esquemas de crédito hipotecario sean transparentes, flexibles y que estén en función de la capacidad de pago del adquirente.

• Fomentar la participación de más y diversos intermediarios financieros, particularmente las SOFOLES en el sector hipotecario, a efecto de incrementar la competencia hacia el interior del sistema financiero y elevar su eficiencia, ofreciendo un mayor número de créditos, mejores servicios y menores costos.

• Impulsar la constitución de otros intermediarios especializados que realicen la cobranza, valuación, estudios socioeconómicos e investigación de mercado, cuidando los aspectos de capacidad, solidez operativa, solvencia moral y económica.

• Promover la inversión pública, privada y social en todos los elementos que intervienen en el desarrollo habitacional, desde la planeación urbana hasta la titulación de la vivienda por adquirir.

• Consolidar y ampliar las alternativas y fuentes de financiamiento para los programas de vivienda progresiva y de aquéllos que estimulen la autoconstrucción y el mejoramiento de la vivienda, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, relacionando estas acciones con programas de capacitación y asistencia técnica.

• Promover líneas de crédito a tasas preferenciales en favor de las entidades federativas que incorporen reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular, y que promuevan una legislación y regulación favorables con este mismo objeto.

• Otorgar financiamiento exclusivamente a los proyectos que se ajusten a la legislación, planes y programas de desarrollo urbano, vivienda y ecología aplicables en cada entidad y municipio.

• Instrumentar acciones conjuntas entre INFONAVIT y FOVISSSTE, a efecto de preservar los derechos adquiridos por el trabajador cuando cambie su relación laboral del sector público al sector privado, o viceversa, y establecer mecanismos de información para asegurar la recuperación del crédito hipotecario que en su caso se le hubiera otorgado.

• Promover la aplicación de una moderna tecnología informática, principalmente por lo que toca a la recaudación y aplicación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que faciliten realizar la consulta de información entre organismos de vivienda.

• Fortalecer la realización de estudios de mercado sobre el comportamiento de la oferta y demanda de vivienda de interés social en las principales ciudades de la república.

Principales Acciones a Cargo de los Organismos Promotores de Vivienda

INFONAVIT

• Impulsar Programas de Estímulos al Ahorro Voluntario a los trabajadores que tengan opción de ahorrar de acuerdo a las Reglas de Otorgamiento de Créditos. Paralelamente, incorporar al mercado inmobiliario del D.F. y del Estado de México un Programa de Vivienda en Renta con Opción de Compra.

• Mejorar y reforzar el área de recuperación de la cartera, con objeto de que constituya una garantía para las operaciones en los mercados financieros, de capitales y de cofinanciamiento.

• Intensificar acciones que alienten el funcionamiento de la bolsa de vivienda el establecimiento de parámetros e indicadores para que las viviendas ofrecidas queden a disposición de los acreditados en las mejores condiciones de calidad y precio, apoyando la libertad de elección de los trabajadores, y se respalde al Instituto la recuperación de los créditos que otorgue.

• Promover la generación de oferta de viviendas nuevas a través de convocatorias a subastas de financiamiento que propicien la competencia entre los constructores para elevar la calidad, reducir los costos y fomentar la productividad.

• Promover mecanismos que eleven la productividad y agilicen el funcionamiento de los esquemas de financiamiento institucionales.

• Adecuar la oferta de vivienda de acuerdo con la capacidad de pago del derechohabiente mediante esquemas de financiamiento novedosos, que contemplen, por ejemplo, el caso de la vivienda progresiva.

• Fomentar esquemas de financiamiento compartido con organismos estatales de vivienda, entidades financieras e inversionistas nacionales y extranjeros, para ofrecer un mayor número de créditos a la población afiliada al Instituto. Asimismo, buscar la multiplicación de sus recursos por medio de programas de cofinanciamiento y de descuento de cartera.

• Dar un uso racional e intensivo a los recursos financieros, a efecto de otorgar el mayor número de créditos.

• Promover programas especiales de recaudación entre trabajadores afiliados, como los de la industria de la construcción, que presenten irregularidades o estacionalidad en sus aportaciones y en los sistemas de registro de ingresos.

FOVISSSTE

• Modernizar sus instrumentos financieros mediante la puesta en marcha de sistemas de operación eficientes que permitan facilitar a los trabajadores el acceso a préstamos hipotecarios, así como asegurar la recuperación del financiamiento.

• Buscar nuevas alternativas de fondeo, vía el ahorro privado y social, para financiar un mayor número de proyectos habitacionales para los trabajadores.

• Continuar avanzando en la instrumentación del nuevo sistema crediticio, para beneficiar a los derechohabientes de manera más justa, transparente y equitativa.

• Promover entre sus derechohabientes, sistemas de ahorro previo para la adquisición de vivienda, con objeto de lograr una corresponsabilidad entre los trabajadores al servicio del Estado y del Fondo.

• Impulsar programas de regularización de su cartera hipotecaria, preservando con ello el carácter social del Instituto, que es el de dotar de habitación a sus derechohabientes.

FOVI

• Subastar entre los promotores y constructores de vivienda, y las instituciones de crédito, recursos financieros para impulsar una oferta creciente de vivienda en propiedad, preferentemente para familias con ingresos entre uno y siete salarios mínimos.

• Impulsar la instrumentación de sistemas de adjudicación de vivienda derivados de esquemas de ahorro de los beneficiarios con el objeto de estimular el ahorro interno y posibilitar que las familias cuenten con los recursos necesarios y los antecedentes crediticios para ser sujetas del crédito hipotecario.

• Adecuar sus programas de financiamiento con la finalidad de fortalecer un mercado integrado de vivienda que permita dar acceso a los beneficiarios de otros fondos institucionales, así como a trabajadores no asalariados.

• Estimular la participación de las instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos para construcción y adquisición de viviendas de interés social, otorgándoles para ello garantías para la recuperación de los créditos puente e individuales.

• Integrar y poner a disposición de instituciones y organismos de vivienda la información sobre conjuntos habitacionales con financiamientos del fondo, indicación del grado de avance en la edificación, con el objeto de consolidar una bolsa nacional de oferta de vivienda.

• Asignar sus recursos mediante subastas, a través de agilizar y facilitar la participación de los promotores, constructores, bancos y SOFOLES en la consecución de los derechos.

• Continuar con su política de destinar no más del 30 por ciento de sus financiamientos a las tres áreas metropolitanas más importantes del país (México, Guadalajara y Monterrey), destinando la parte mayoritaria de sus recursos en apoyo a los programas de desconcentración y especialmente para fortalecer el Programa de 100 Ciudades.

• Mantener la política de asignar preferentemente sus recursos financieros a los proyectos de vivienda dirigidos a las familias de menores ingresos beneficiarias del fondo.

• Alentar la construcción de vivienda en arrendamiento, en especial para las empresas cuya planta de trabajadores tenga un alto grado de movilidad laboral, conservando la empresa inversionista la propiedad de la vivienda durante el plazo del crédito.

FONHAPO

• Descentralizar sus recursos a todas las entidades federativas.

• Impulsar la corresponsabilidad en el financiamiento de los proyectos mediante la participación financiera de los organismos estatales y municipales de vivienda.

• Diversificar las fuentes de fondeo que permitan ofrecer un mayor número de créditos en condiciones accesibles a la población de escasos recursos.

• Adecuar sus esquemas financieros en concordancia con la capacidad de pago de la población objetivo y en función de la recuperación de su cartera para preservar la salud financiera del FONHAPO, a efecto de estar en posibilidad de financiar un mayor número de viviendas y otorgar más créditos por año.

• Fortalecer su operación crediticia descentralizada, promoviendo que los organismos estatales y/o municipales de vivienda atiendan la demanda en forma ágil, evitando criterios de exclusión social de la población objetivo.

• Promover el ahorro previo de los beneficiarios que les permita hacer frente al pago del enganche y a la amortización de los créditos.

• Establecer y operar el sistema para el otorgamiento de créditos individuales.

• Financiar la adquisición de viviendas bajo el esquema de llave en mano, en donde los constructores ofrezcan viviendas dentro de los parámetros financieros y técnicos de los proyectos FONHAPO a los demandantes de escasos recursos.

• Establecer criterios para la distribución regional de los créditos de acuerdo con el déficit, demanda y programas institucionales que atiendan a las entidades federativas y en concordancia con el Programa de 100 Ciudades.

BANOBRAS

• Procurar que los apoyos crediticios destinados a la constitución y urbanización de reservas territoriales, así como a la producción de vivienda, promuevan el desarrollo regional y municipal, en apoyo a las prioridades establecidas por los gobiernos federal y locales.

• Canalizar recursos en condiciones que permitan que las amortizaciones resulten adecuadas a la capacidad de pago de los participantes en los programas de vivienda.

• Promover la consolidación de la obtención de recursos financieros externos en apoyo a los programas de vivienda dirigidos a la población de menores ingresos.

• Promover esquemas y formas de organización de operaciones para programas de vivienda de gran escala.

• Promover la concertación de convenios de cofinanciamiento con organismos del sector público para la construcción y la adquisición de vivienda.

IV.4.3. Desregulación y Desgravación

Impulsar un marco normativo que elimine regulaciones excesivas y disminuya costos indirectos al financiamiento, la producción y titulación de la vivienda

Con el objetivo de continuar impulsando los esfuerzos en materia de desregulación y desgravación es necesario establecer una línea de estrategia para promover la actualización, agilización y reducción de gestiones para el financiamiento, producción y titulación de viviendas, la disminución de costos indirectos, la descentralización a los municipios de funciones, atribuciones y recursos de la Federación y de los estados en materia de permisos y licencias para la construcción habitacional; así como la modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad con el propósito de optimizar, unificar y agilizar su operación.

Líneas de acción

• Avanzar en la reducción del número de trámites y el tiempo de autorización de éstos.

• Propiciar la modificación de los códigos civiles, vigentes en las entidades federativas, con el fin de que los adquirentes de vivienda de interés social y popular puedan designar beneficiario post mortem al momento de escriturar y registrar su título de propiedad.

• Prever que en la autorización de la construcción de nuevos fraccionamientos los proyectos incorporen un mínimo de áreas verdes en función de la densidad de población y el grado de transformación del entorno para que cumplan con su función ambiental.

• Acortar los tiempos de elaboración y autorización de los proyectos habitacionales, en virtud de su impacto en los costos de producción de vivienda.

• Revisar los criterios que orientan la reglamentación del uso del suelo, dotación de servicios, construcción y mejoramiento de vivienda y regulación del crecimiento urbano. Incorporar consideraciones bioclimáticas dentro de los reglamentos de construcción que mejoren los niveles de comodidad y bienestar de sus moradores, principalmente en viviendas de interés social y popular.

• Avanzar en la disminución de los costos indirectos vinculados con los permisos, licencias y trámites, en beneficio de los adquirentes, hasta alcanzar un promedio nacional de 4% en relación al costo final de la vivienda.

• Incentivar, a través de facilidades en el pago de impuestos, derechos, licencias, incremento de las densidades y trámites, la utilización de predios baldíos intraurbanos en programas y proyectos de vivienda de interés social y popular.

• Promover con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, la reducción y agilización de los trámites inherentes al fraccionamiento, producción, adquisición y titulación de la vivienda.

• Impulsar la simplificación de las reglas de operación de los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda.

• Establecer un procedimiento único de certificación técnica en la aprobación de proyectos habitacionales, homologando los criterios generales de calidad y seguridad, así como establecer mecanismos que permitan que la certificación técnica aprobada por un organismo tenga validez en otro.

• Abatir el rezago en la titulación de vivienda.

• Definir y aplicar conjuntamente con el Notariado, la Asociación de Banqueros de México y demás instituciones crediticias, formas más eficientes y simplificadas para la integración de requisitos para la formalización y registro de las operaciones inmobiliarias, hasta llegar a esquemas únicos en la materia.

• Homologar y mejorar los aspectos sustantivos de los organismos promotores de la vivienda, referentes a la recuperación de su cartera, reglas de operación y aspectos análogos, a efecto de dar sustento a un mercado habitacional integrado.

• Desconcentrar funciones y actividades de los Organismos Promotores de Vivienda de cobertura nacional, fortaleciendo la organización y la estructura de sus delegaciones regionales.

• Continuar promoviendo la instalación y operación de Oficinas Unicas de Trámites Municipales para Vivienda como una instancia administrativa en la cual se deleguen las funciones de las dependencias federales y estatales en lo relativo a los permisos y licencias para la edificación de vivienda.

• Apoyar la adquisición de productos destinados a la edificación de viviendas, a través de precios y condiciones preferenciales concertados con las principales agrupaciones de productores de materiales de construcción, en favor de los constructores que tienen créditos blandos para el mejoramiento de su vivienda, así como de las organizaciones sociales que edifican con recursos propios.

• Continuar con el Programa de Transparencia de Precios “Quién es Quién”, el cual orienta al público consumidor sobre el comportamiento y condiciones del mercado de materiales de construcción acerca de aquellos productos más empleados, así como de los fabricantes y distribuidores que ofrecen precios preferenciales en todas las entidades federativas.

Principales Acciones a Cargo de los Organismos Promotores de Vivienda

INFONAVIT

• Apoyar la concertación con los gobiernos de todas las entidades federativas del país, con el fin de llevar a cabo una asignación de créditos que impulse la producción habitacional de los estados de la república más comprometidos con procesos de desregulación.

• Mantener un constante diálogo para concertar acciones con los organismos de la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales, que facilite el otorgamiento de licencias, permisos, autorización de usos de suelo, factibilidades de servicios y recepción de conjuntos habitacionales, así como la agilización de trámites para la inscripción de los instrumentos privados de compraventa e hipoteca en los registros públicos de la propiedad.

• Simplificar procedimientos y trámites para el otorgamiento de financiamientos a los constructores.

• Promover la reducción de cargas por concepto de impuestos y derechos municipales, estatales y federales en programas del Instituto.

• Realizar las acciones de mejoramiento administrativo, para establecer ventanillas únicas que proporcionen servicios múltiples, con el propósito de agilizar y simplificar el proceso de atención al público.

FOVISSSTE

• Concertar con los organismos competentes la simplificación, agilización y reducción de trámites, criterios y comisiones, derivados de los créditos hipotecarios que otorga.

• Reducir el rezago en el programa de escrituración administrativa.

• Instrumentar sistemas de atención a los derechohabientes para simplificar y agilizar los trámites que realizan ante el Fondo; en particular, explorar la posibilidad de automatizar la precalificación del puntaje individual del trabajador.

• Establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales para actualizar el marco normativo y jurídico que permita simplificar y agilizar los trámites de titulación, así como la exención total o parcial de los impuestos que se generen.

FOVI

• Estimular la desregulación y desgravación de la vivienda, otorgando reconocimientos a los gobiernos estatales que realicen el mayor esfuerzo y favorezcan el desarrollo de programas habitacionales para la población abierta.

• Autorizar líneas de crédito directas a los gobiernos estatales, en función de las medidas y disposiciones tomadas para facilitar e impulsar la construcción y escrituración de viviendas de interés social. Los recursos asignados se aplicarán en programas de vivienda de menor valor, en beneficio de los grupos familiares del sector informal.

FONHAPO

• Simplificar los requerimientos para el otorgamiento y operación de los créditos y establecer el expediente técnico unitario del crédito en el organismo acreditado – estatal y/o municipal – de vivienda.

• Implantar procedimientos simplificados para la operación crediticia descentralizada en los organismos estatales y/o municipales de vivienda, así como para su control interno.

• Establecer un sistema computarizado de calificación y selección de proyectos, simplificando y agilizando los procedimientos de autorización.

IV.4.4. Suelo para la Vivienda

La insuficiencia de reservas territoriales y los altos precios del suelo urbano limitan el desarrollo de los programas de vivienda de los sectores público, privado y social y obligan a la población de menor ingreso a adquirir predios en ubicaciones inadecuadas o en terrenos con inseguridad jurídica y de tenencia, muchas veces no aptos para el desarrollo urbano y la vivienda, o bien a recurrir a la invasión de predios creando muchas veces el fenómeno de asentamientos irregulares, lo que dificulta el desarrollo y ordenamiento adecuado de los centros de población y por falta de servicios, da lugar a condiciones de vida inapropiadas, para quienes ahí construyen.

Lo anterior lleva a establecer la línea de estrategia prioritaria de Suelo para Vivienda, cuyo objeto es contar con una oferta de suelo suficiente, a precios accesibles, para atender las necesidades de vivienda y frenar la especulación inmobiliaria; desalentar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares; inducir el adecuado aprovechamiento de suelo urbano, y promover la regularización de los asentamientos existentes, en congruencia con el crecimiento ordenado de las localidades.

Se promoverán acciones de vivienda en áreas de acuerdo a la oferta real de suelo urbanizado, estimulando la inversión en la adquisición de lotes con servicios destinados a vivienda de interés social y popular; para ello propiciar que los demandantes de estos lotes den los primeros pasos hacia la solución de su problema, y a la vez inicien un proceso de capitalización inmobiliaria.

Esta línea de estrategia prioritaria busca aprovechar las reformas al Artículo 27 Constitucional que sustentan la intervención del Estado en la regulación de la transferencia y aprovechamiento de terrenos ejidales y comunales para el desarrollo urbano y la vivienda, garantizando los derechos de los núcleos de campesinos.

Líneas de acción

• Promover la incorporación del suelo apto para programas de vivienda, de origen ejidal o comunal, a las localidades urbanas de manera ordenada y regulada, aplicando los procedimientos establecidos en las reformas del Artículo 27 Constitucional. Propiciar formas de asociación en participación, sociedades mercantiles o fideicomisos, tipo inmobiliaria, que beneficien directamente a los ejidatarios y comuneros en las diversas operaciones inmobiliarias que se realicen con sus terrenos.

• Fomentar la utilización de predios baldíos intraurbanos que cuenten con servicios adecuados de infraestructura y equipamiento y desalentar la especulación de tierra apta para la construcción de vivienda.

• Impulsar programas de redensificación urbana, cuidando de no dar origen a hacinamientos contrarios al bienestar de la comunidad. Su realización podrá abaratar costos de construcción y urbanización, optimizar el uso de zonas urbanas con infraestructura y equipamiento, y a la vez, limitar la expansión innecesaria del territorio urbano.

• Considerar en la planeación integral de las áreas habitacionales de los centros de población a los lineamientos de política demográfica, valorándolos como determinantes del sistema de ordenamiento territorial.

• Realizar un ordenamiento urbano en materia de equipamiento e infraestructura con el fin de lograr un equilibrio entre la vivienda y los servicios, áreas de esparcimiento, trabajo y educación.

• Crear y operar bolsas de suelo en las que se capte la oferta de predios que se encuentren regulados por los planes parciales de desarrollo, cumplan con disposiciones ambientales, y cuyo uso los haga factibles para programas habitacionales, con el fin de canalizarlos a promotores y constructores interesados en desarrollar proyectos de vivienda.

• Impulsar un programa nacional de incorporación de tierra ejidal y comunal a las áreas que rodean los actuales perímetros urbanos y cuya utilización se encuentre prevista en las etapas de crecimiento futuro de las localidades, con el objeto de destinarlas como reservas territoriales para usos habitacionales.

• Promover la oferta de reservas territoriales, preferentemente para proyectos de vivienda de interés social y popular.

Principales Acciones a Cargo de los Organismos Promotores de Vivienda

INFONAVIT

• Propiciar la definición y constitución de reservas territoriales adecuadas en ubicación y precio para el desarrollo de sus programas. Igualmente, intensificar la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno para apoyar los planes y/o programas de desarrollo urbano estatales y municipales.

FOVISSSTE

• Desincorporar su reserva territorial en apoyo de los promotores y/o constructores interesados en producir vivienda para los trabajadores al servicio del Estado.

FOVI

• Otorgar asesoría a las autoridades estatales y municipales que lo soliciten, para instrumentar esquemas de adjudicación de la reserva territorial por medio de subastas entre los promotores y constructores, para el desarrollo de programas de vivienda financiables por el Fondo.

FONHAPO

• Promover la inclusión, en los programas de inversiones de los organismos estatales y/o municipales de vivienda, de la constitución de reservas territoriales urbanizadas requeridas para los proyectos en que se solicite financiamiento, en los que FONHAPO financie la edificación de pies de casa en estas reservas territoriales, preferentemente en las localidades consideradas en el Programa de 100 Ciudades.

BANOBRAS

• Otorgar prioridad al financiamiento de programas de suelo e infraestructura que permitan la construcción de vivienda y otros usos, para inducir el crecimiento ordenado de las ciudades.

• Facilitar el acceso de las familias de menores ingresos al mercado habitacional a través de financiamientos para la adquisición de lotes que a través de su urbanización progresiva, lleguen a contar con servicios básicos.

Apoyar el mejoramiento y la autoproducción social de la vivienda por medio de la comercialización de materiales e insumos para la construcción en las zonas rurales y urbanas

5. Autoconstrucción y Mejoramiento de Vivienda Rural Urbana

La mayor parte del apoyo financiero a la vivienda se ha canalizado al sector urbano, principalmente para atender las necesidades de vivienda nueva, en detrimento de la atención a los requerimientos originados por el deterioro del inventario, debido a la falta de mantenimiento, la construcción deficiente y el hacinamiento de las viviendas en las colonias populares de las ciudades.

Además, existe un importante sector de la población que, por no contar con recursos suficientes y no tener acceso al financiamiento, opta por resolver su problema de vivienda a través de la autoconstrucción, desarrollando proyectos deficientes y construidos con materiales de baja calidad, adquiridos en pequeños lotes, a través de expendios en los que desembocan complejas cadenas de intermediación, lo que se refleja en costos elevados y tiempos prolongados de edificación. Asimismo, una gran parte de estas construcciones se realiza al margen de los trámites formales de edificación sin cumplir con la reglamentación aplicable.

Mediante esta línea de estrategia se procura promover y mejorar la calidad de vida de la población rural y urbana marginadas, mejorando la seguridad e higiene de sus viviendas mediante el apoyo crediticio y asistencia técnica. Para ello se impulsan los procesos de autogestión que permitan aprovechar el potencial que representa la organización social en el proceso habitacional; asimismo se ofrece el apoyo necesario a los autoconstructores otorgándoles asistencia técnica para la producción y utilización eficiente de materiales de construcción regionales y ecotécnicos. En el mismo sentido se promueven, a partir de las tiendas existentes de materiales de construcción, redes de distribución que otorguen condiciones preferenciales en apoyo del autoconstructor.

Líneas de acción

• Promover el incremento del número de créditos para el mejoramiento, ampliación, rehabilitación e introducción de servicios básicos en la vivienda urbana y rural, dando prioridad en esta última, a los aspectos sanitarios y estructurales. Para avanzar en el mejoramiento del acervo habitacional es necesario vincular dichos créditos con los programas de regularización de la tenencia de la tierra.

• Prever y satisfacer las necesidades de suelo para el desarrollo de los programas de vivienda nueva; apoyar acciones de los sectores social y privado, fomentando su participación directa; propiciar la autoadministración y un mejor mantenimiento de los conjuntos habitacionales en zonas urbanas, y desarrollar acciones específicas para la población rural de acuerdo con su capacidad de pago, sus ingresos y las características propias del medio en el que radican.

• Promover el financiamiento a la vivienda en los centros de las ciudades con esquemas que permitan su adquisición y mejoramiento en la transformación de vecindades en viviendas dignas.

• Impulsar la formación profesional y capacitación para la rehabilitación, restauración y, en su caso, reconstrucción de viviendas.

• Fortalecer los programas de autoconstrucción y mejoramiento de las zonas urbanas y rurales en apoyo a la población de menores ingresos, vinculándolos con los de capacitación y asistencia técnica de instituciones de educación superior y colegios de profesionales de la construcción, así como con los de introducción de servicios básicos, y promover la participación de los núcleos ejidales y comunales en proyectos para el desarrollo de la vivienda.

• Apoyar la autoconstrucción y el mejoramiento de la vivienda, especialmente para los grupos sociales más necesitados, mediante la concertación y difusión con productores y comerciantes locales, de precios de materiales para la construcción.

• Apoyar programas de mejoramiento de la vivienda rural y urbana que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los programas deben fomentar la utilización de materiales de construcción regionales y de sistemas constructivos que aprovechen insumos locales, mediante el empleo intensivo de mano de obra poco calificada. Estos apoyos se orientan principalmente a la autoconstrucción, considerando que en el medio rural la vivienda es un estímulo a la formación y diversificación de organizaciones campesinas para la producción de bienes no agropecuarios.

• Privilegiar los sistemas de construcción y procedimientos constructivos regionales para los programas de autoconstrucción que respondan a las necesidades de la población.

• Promover e impulsar programas de lotes con servicios, pies de casa, vivienda progresiva, mejoramiento de vivienda y, en general, programas diversificados que faciliten el acceso a la vivienda a familias de diversos niveles socioeconómicos, especialmente las de más bajos ingresos.

Principales Acciones a Cargo de los Organismos Promotores de Vivienda

INFONAVIT

• Promover la operación de créditos destinados al mejoramiento, ampliación o reparación de vivienda tanto en el área urbana como en la rural.

• Fortalecer la instrumentación de créditos destinados a los derechohabientes del sector rural, para lo cual se diseñan programas específicos de atención al trabajador del campo.

• Promover con los productores de insumos, la suscripción de convenios que beneficien a los trabajadores con más bajos ingresos y mayor antigüedad en el fondo.

FOVISSSTE

• Promover e impulsar programas de lotes con servicios, pies de casa, vivienda progresiva, mejoramiento de vivienda y, en general, diversificar programas que posibiliten el acceso a la vivienda a familias de diferentes niveles socioeconómicos, especialmente a las de más bajos ingresos.

FOVI

• En coordinación con las autoridades estatales y municipales, dar un mayor impulso al financiamiento de programas habitacionales de saturación urbana, así como a la construcción y/o remodelación de viviendas en los centros históricos de las ciudades.

• En coordinación con las instituciones bancarias, instrumentar un sistema de otorgamiento de créditos revolventes para la compra de materiales destinados a la ampliación o mejoramiento de viviendas en propiedad, tomando como base el historial del solicitante como buen sujeto de crédito.

FONHAPO

• Apoyar la autoconstrucción de vivienda rural y urbana mediante el otorgamiento de créditos para la adquisición de paquetes de materiales.

• Continuar impulsando el otorgamiento de créditos para la rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de viviendas rurales y urbanas de las familias de escasos recursos.

BANOBRAS

• Apoyar la autoconstrucción de vivienda, vivienda progresiva y su mejoramiento, así como la adquisición de lotes con servicios a través de líneas de crédito diseñadas para tal fin y destinadas a la población de menores ingresos.

IV.4.6. Fomento Tecnológico

En las últimas décadas, la demanda de vivienda ha propiciado el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la industrialización de sus elementos y componentes. Éstas cobran mayor importancia a la luz de la apertura comercial, especialmente ante la integración de una zona de libre comercio en América del Norte.

Fomentar la investigación y aplicación de innovaciones tecnológicas regionales en la producción de vivienda

Sin embargo, existe insuficiente asistencia técnica para su aprovechamiento y para capacitar la mano de obra especializada que requieren; hay incompatibilidad con otros procedimientos constructivos y con los usos y costumbres de la población, así como carencia de capital para la consolidación de estas tecnologías. Se requiere realizar una eficaz promoción de tecnologías y proyectos que incluyan criterios de coordinación dimensional y especificaciones de calidad, así como de aquéllos que favorezcan el uso de materiales regionales y las ecotécnicas. Con lo anterior, se contribuirá a reducir el desperdicio de materiales, así como el elevado consumo de agua y de energéticos en la edificación y operación de las viviendas a lo largo de su vida útil.

En el marco de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se requiere armonizar, a nivel internacional, normas, criterios y procedimientos aplicables a la vivienda, con la participación de todos los sectores en sus etapas de elaboración, revisión, actualización y emisión.

En suma, es importante abatir los costos directos de la construcción de vivienda con base en una mejor producción y distribución de insumos, en un marco de transparencia de precios. Además se deben establecer parámetros de referencia para la calidad, seguridad estructural y durabilidad de materiales, componentes y tecnologías que intervienen en la edificación de vivienda, procurando su compatibilidad internacional para facilitar el comercio y reducir costos.

Líneas de acción

• Impulsar la investigación para el desarrollo de innovaciones tecnológicas que eleven la seguridad estructural, reduzcan costos y fomenten la utilización de materiales regionales en la vivienda.

• Establecer programas de calidad total y de círculos de calidad, para analizar los procesos administrativos, técnicos, operativos y de seguridad en la construcción de vivienda. Promover sobre esta base, una construcción de menor costo y más alta calidad, ajustada al monto de los crédito otorgados a los adquirentes.

• Fomentar la elaboración y aplicación de proyectos flexibles, dinámicos, de desarrollo progresivo, que incorporen tecnologías apropiadas a cada región, con funcionalidad, materiales de construcción normalizados, y un diseño arquitectónico acorde al entorno natural y urbano.

• Promover la revaloración de las técnicas y materiales tradicionales de construcción que hagan más eficiente la producción de vivienda. Promover en las diferentes regiones del país la utilización de técnicas y procedimientos de construcción idóneos para la edificación de vivienda, en los que se incorporen los materiales localmente disponibles que satisfagan las condiciones geográficas y climáticas, y que sean concordantes con los patrones culturales de la región.

• Promover el uso de productos y materiales de construcción normalizados y certificados, incorporando a los que se produzcan regionalmente.

• Promover y fomentar la investigación de innovaciones tecnológicas en la construcción, sistemas e instalaciones, así como materiales innovadores para la construcción de vivienda.

• Difundir los nuevos procedimientos constructivos, esquemas financieros y de organización social que contribuyan a elevar la calidad de la vivienda y reducir los costos de construcción o mejoramiento.

• Alentar la creación de organismos nacionales de normalización, certificación y verificación para mejorar el proceso de construcción y su coordinación con las instancias competentes en el diseño de normas, servicios, productos y sistemas constructivos.

• Promover concursos para fomentar la generación, desarrollo y aplicación de innovaciones tecnológicas para la vivienda de interés social.

• Promover acuerdos de cooperación internacional, convenios de concertación y promoción para respaldar e incentivar el desarrollo de tecnologías para la vivienda.

Principales Acciones a Cargo de los Organismos Promotores de Vivienda

INFONAVIT

• Promover programas de investigación y desarrollo tecnológico que mejoren la calidad de las viviendas financiadas por el Instituto, disminuyan su precio y hagan más productivo el proceso de construcción en beneficio de los trabajadores.

• Concertar y formular convenios de colaboración con instancias de investigación y fomento tecnológico, y revisar las experiencias internacionales en la materia.

• Buscar opciones para el uso de materiales considerando las características regionales, a fin de reducir los costos de construcción.

• Impulsar nuevas alternativas o el perfeccionamiento de los métodos o procedimientos de construcción.

• Promover y unificar criterios de validación técnica que garanticen la seguridad y calidad de las viviendas e impulsen la consolidación del mercado integrado.

FOVISSSTE

• Fomentar el uso de ecotécnicas y innovaciones tecnológicas de construcción que disminuyan costos y mejoren la calidad de la vivienda.

FOVI

• Autorizar, dentro de sus reglas de operación todos aquellos sistemas constructivos que contribuyan a disminuir costos de la vivienda, sin menoscabo de la calidad, la conservación y durabilidad de la misma, siempre y cuando dichos sistemas garanticen la recuperación del crédito.

FONHAPO

• Alentar el uso de innovaciones tecnológicas que incorporen materiales regionales para la construcción de vivienda, dando prioridad a las que permitan alcanzar una mayor calidad, amplitud de espacios y economía en tiempo y costo.

• Apoyar el financiamiento de programas de prototipos regionales de vivienda que se adecuen a las condiciones y materiales locales y sean accesibles en tiempo y costo a las familias de menores ingresos.

• Sistematizar prototipos de vivienda, con base en técnicas constructivas adecuadas a la región, sin descuidar la investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas de edificación. Promover y alentar la industrialización de elementos prefabricados que contribuyan a reducir los costos de la construcción de vivienda, a la vez que respondan a las demandas y características de la población por atender.

• Apoyar el financiamiento de programas de vivienda en los que se promueva el uso de sistemas alternativos que incorporen la eliminación de desechos y el ahorro de agua.

• Promover entre los productores y distribuidores privados de materiales la organización y operación de centros de abasto popular, con el propósito de ofrecer condiciones preferenciales en la compra de insumos a la población urbana y rural que construye sus propias viviendas.

V. CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN E INDUCCIÓN DE ACCIONES

La consolidación del Sistema Nacional de Vivienda implica:

• Establecer las bases para promover y garantizar la participación activa de los sectores social y privado en la acción habitacional.

• Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y municipios en el marco del nuevo federalismo.

• Continuar con los esfuerzos de coordinación interinstitucional, entre los diferentes organismos promotores de vivienda y de las dependencias de la Administración Pública Federal que realicen acciones relacionadas con la vivienda.

• Inducir que las acciones de los sectores social y privado sean compatibles con lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de mediano plazo.

Acciones que contribuirán al cumplimiento de los objetivos y metas que se ha planteado el Programa de Vivienda.

V.1. Acciones de Concertación con los Sectores Social y Privado

La definición de las acciones habitacionales estatales requiere la participación y concertación de los sectores social y privado

La integración social y productiva debe entenderse como un proceso que permite a todos los individuos y grupos participar de los beneficios del desarrollo a través del ejercicio de sus derechos y capacidades. En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que este proceso debe orientarse a establecer oportunidades equitativas mediante la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de educación, salud y vivienda.

Así, el Gobierno debe desplegar y subrayar su papel rector en la atención de las necesidades básicas de los grupos sociales y de las regiones más agudamente marginadas de los beneficios del progreso, al tiempo que promueve las condiciones que permiten a la sociedad desarrollar su propia iniciativa.

En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que los problemas del desarrollo nacional actual no pueden ser enfrentados sólo con la acción gubernamental, por lo que aspectos tan importantes como la vivienda requieren complementarse con el esfuerzo de la sociedad.

Para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es necesaria la celebración de acuerdos de coordinación y convenios de concertación entre las diversas dependencias o entidades del sector público con los grupos sociales o particulares, para asegurar su participación en la producción, comercialización y mejoramiento de vivienda.

En materia de vivienda los acuerdos o convenios que celebre el Gobierno Federal con los grupos sociales o los particulares podrán tener, en los términos de la Ley de Planeación, como objetivo:

• Apoyar e intervenir en el fomento y promoción para la vivienda.

• Hacer más eficiente la utilización de recursos disponibles para vivienda.

• Canalizar en lo posible recursos para el financiamiento de la vivienda urbana y rural, haciendo accesible el crédito.

• Promover y apoyar la formulación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas y de Normas Mexicanas en materia de vivienda y de sus materiales, componentes y servicios.

• En materia de suelo para la vivienda, convenir la participación directa de ejidatarios y comuneros en el manejo de reservas territoriales.

• Con la comunidad académica, convenir programas de capacitación en materia de diseño, construcción, conservación y administración de la vivienda, apoyando prioritariamente la autogestión y autoconstrucción.

• Llevar a cabo proyectos productivos de materiales regionales de construcción para generar empleos y arraigar a la población en su lugar de origen.

• Concertar a nivel central y estatal con productores y distribuidores de materiales de construcción, condiciones preferenciales de comercialización en apoyo a la edificación de la vivienda.

• Concertar con las agrupaciones de fabricantes el otorgamiento de asesoría sobre la adecuada utilización, instalación y mantenimiento de sus productos.

• Apoyar el Programa de Transparencia de Precios.

• Apoyar un sistema nacional de información de precios.

• Promover la cooperación internacional para fomentar el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la vivienda.

• Con el Notariado Mexicano se podrán convenir, entre otros, los aspectos siguientes:

• Perfeccionamiento y homogeneidad de los sistemas para la titulación de la vivienda, así como la protocolización ágil y oportuna de vivienda, particularmente de interés social y popular.

• Dar asesoría jurídica a los sectores público, privado y social para apoyar programas de vivienda.

• El establecimiento de honorarios y gastos notariales preferenciales en las operaciones de compra-venta de vivienda de interés social y popular, en las que intervengan o que financien los organismos públicos de vivienda o instituciones de crédito.

V.2. Coordinación Intersectorial

La corresponsabilidad intersectorial considera la participación de los sectores de la administración pública involucrados en la acción habitacional y particularmente en cada uno de los programas operativos.

En el nivel intersectorial se establecen las articulaciones de las distintas funciones, fases y elementos de la producción de vivienda con los sectores de la Administración Pública Federal.

La participación de las instancias administrativas que se relacionan con la vivienda se manifiesta a través de:

• Acciones de apoyo para facilitar la obtención de los diferentes elementos requeridos en materia de vivienda y para su producción, financiamiento, comercialización y titulación.

• Acciones de apoyo y coordinación del Programa de Vivienda a los programas de los distintos sectores.

Lo anterior tiene su fundamento en:

• El Sistema Nacional de Planeación y en el Sistema Nacional de Vivienda, establecido en el Artículo 3º de la Ley Federal de Vivienda, a través del cual se articulan las acciones en materia habitacional de los tres órdenes de gobierno y de los sectores privado y social, así como los mecanismos de coordinación y concertación en la materia.

• El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, al establecer entre los objetivos de la política de desarrollo social que impulsará el Gobierno de la República en materia de vivienda, el de orientar el papel del Estado hacia la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores público, social y privado, para apoyar las actividades habitacionales y, además, hace énfasis en que la política social debe ser integral.

V.2.1. Coordinación con las Dependencias y las Entidades de la Administración Pública

La participación de los organismos debe ser coordinada con el fin de no duplicar funciones y optimizar la contribución de cada uno

Con el objeto de facilitar la obtención de los diferentes elementos requeridos en materia de vivienda, esta coordinación se deberá encuadrar en las siguientes seis líneas básicas de acción que establece el Plan Nacional de Desarrollo:

Fortalecimiento institucional de los organismos promotores de la vivienda.

• Mejoramiento y ampliación de los servicios del financiamiento a la vivienda.

• Desregulación y desgravación.

• Suelo para vivienda.

• Autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda rural y urbana.

• Fomento tecnológico.

Con el propósito señalado y en su caso, se llevarán a cabo negociaciones con las dependencias y entidades federales competentes, en el marco de sus respectivos programas, y que incluyen a: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Reforma Agraria.

V.3. Acciones de Coordinación con los Estados y Municipios

Conforme a la Constitución, la forma de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se define como una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos, que tiene al municipio como base de su división territorial y de su organización política y administrativa.

Dentro de los objetivos del desarrollo social que establece el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se encuentra el de avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país las oportunidades de superación individual y comunitaria bajo los principios de equidad y justicia, así como elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos y disminuir la pobreza y la exclusión social.

Para este efecto, se han señalado como estrategias: superar los desequilibrios entre las regiones geográficas, grupos sociales y los sectores productivos; también se ha propuesto ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos entre los que destacan la salud, la educación y la vivienda, el armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población y, por último, privilegiar la atención a los grupos y zonas con mayor desventaja económica y social dentro de los principios del nuevo federalismo.

Ampliar la cobertura de atención y mejorar la vivienda es una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo que requiere coordinar las tareas entre los diferentes niveles de gobierno

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación se hace necesario avanzar en la coordinación de las tareas de interés común que corresponden a los ejecutivos federal y estatales, a fin de fortalecer conjuntamente el Sistema Nacional de Planeación Democrática y lograr así el desarrollo más armónico de los diversos estados y regiones del país.

Los objetivos, estrategias, prioridades y las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas a mediano plazo que de él se derivan serán observados por la Administración Pública Federal. En los convenios de coordinación que el Gobierno Federal celebre con los gobiernos de las entidades federativas. En el marco del nuevo federalismo, comprenderán, entre otros las siguientes acciones:

• La satisfacción de las demandas de vivienda rural y urbana, en especial las de interés social y popular.

• Desregular, desgravar y fomentar la actividad habitacional, reduciendo los costos indirectos a la vivienda.

• Ampliar, promover y mejorar los servicios financieros en materia de vivienda.

• Fomentar tecnologías que abatan los costos de la vivienda.

• Simplificar los trámites relacionados con los procesos de producción y titulación de la vivienda.

• Fortalecimiento de los COPLADES y sus Subcomités Especiales de Vivienda y de Desarrollo Urbano y la promoción de la instalación de dichos subcomités en las entidades que carezcan de ellos.

• Coadyuvar en el fortalecimiento de las Oficinas Únicas Municipales de Trámites para Vivienda y establecer Mesas Ejecutivas de Proyectos para agilizar los trámites respectivos.

• Incrementar la oferta de suelo para uso habitacional.

• Descentralizar funciones y recursos en apoyo a los municipios.

• Promover una mejor producción y distribución de insumos para la vivienda.

• Promover el establecimiento y operación de esquemas de comercialización de la vivienda y el suelo.

• Apoyar el mejoramiento y edificación de la vivienda a través de la autoconstrucción.

• Fomentar la construcción de vivienda en arrendamiento.

• Promover y fomentar los sistemas de autofinanciamiento, bursatilización de créditos hipotecarios, renta con opción a compra, ahorro previo y nuevos esquemas de financiamiento.

V.4. Acciones de Inducción

La instrumentación del Programa se llevará a cabo a través de cuatro vertientes que permitirán definir el carácter operativo y jurídico de los instrumentos y acciones adecuados a cada caso. Entre ellas se encuentra la vertiente de inducción que se refiere al manejo de instrumentos de política económica y social, que en

coordinación y en congruencia con el Programa de Vivienda lleven a cabo las diversas dependencias de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas atribuciones y su impacto en las decisiones de los particulares, instrumentos y acciones destinados a fomentar, promover, regular y orientar sus actividades de vivienda.

La inducción incluye la ejecución de instrumentos y acciones de carácter económico, social, normativo y administrativo que utiliza y desarrolla el Gobierno Federal para inducir determinados comportamientos de los sectores social y privado, con objeto de que sean compatibles sus acciones con lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de mediano plazo que del mismo se deriven. Dentro de esta vertiente se ubican, a nivel global, las políticas de gasto público, financiera, fiscal, de empleo, de población y monetaria.

A tal efecto, la inducción de la actividad habitacional propuesta en el Plan y los programas que se dirigen a los sectores social y privado se llevará a cabo a través de:

• El gasto público.

• La constitución de reservas territoriales.

• La regularización de la tenencia de la tierra.

• Los programas de mejoramiento urbano integrado.

• Programas de vivienda del sector público.

• Programa de crédito a la palabra.

• Agilización de los procedimientos administrativos y judiciales en materia de vivienda en arrendamiento.

• Promoción de la adecuación de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles.

• Otorgamiento de facilidades para la construcción de vivienda en arrendamiento.

• Promoción de gravámenes e incentivos fiscales para el aprovechamiento de predios subutilizados.

• Simplificación administrativa de los organismos de vivienda.

• Instalación de Oficinas Únicas Municipales de Trámites para la Vivienda.

• Programa de Abaratamiento de Insumos para la Vivienda.

Notas

A.

El concepto de hogar utilizado es el de hogar censal definido por el INEGI como “el conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, principalmente para comer”. En cambio, el concepto de familia usado admite amplios matices. Se hace referencia a las familias, considerando que en México existe predominancia de las del tipo nuclear. Pero se reconoce que existen otras formas de organización familiar minoritarias pero que se están

extendiendo en nuestra sociedad. Se trata de aquellas familias extensas donde no existe necesariamente relación consanguínea, o donde el jefe es mujer. Este tipo de familias, surgidas en parte por el aumento en la incidencia de separaciones, también requieren de especial atención en sus necesidades que pueden ser un tanto diferentes a las de la familia tipo.

B.

Existen diversas clasificaciones de localidades según el nivel de urbanización. En México resulta adecuada la clasificación manejada por el INEGI, que contempla los niveles rural, semirural y urbano. En este sentido se define rural a cualquier localidad con menos de 5 mil habitantes, semirurales a las que cuentan con una población de 5 mil a menos de 15 mil habitantes, y urbanas aquéllas con más de 15 mil habitantes.

C.

El indicador incluido fue construido por el INEGI y presentado en su estudio de Niveles de Bienestar. Para generarlo se seleccionaron seis variables (a partir de datos censales) relacionadas con la calidad de la vivienda:

• porcentaje de viviendas que disponen de drenaje

• porcentaje de viviendas que disponen de agua entubada

• porcentaje de viviendas que disponen de electricidad

• porcentaje de viviendas cuyos habitantes usan leña o carbón para cocinar

• porcentaje de viviendas con un solo cuarto

• hacinamiento.

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de las variables para cada nivel. Como se observa, los niveles de mayor número muestran mejores condiciones en la vivienda. En el último renglón del cuadro se observa el porcentaje de la población que vive en los estados con cada uno de los niveles indicados.

Niveles de Bienestar en Vivienda

(porcentajes)

Indicador Nacional Nivel1

Nivel2

Nivel3

Nivel4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Disponibilidad de drenaje

63.63 36.16 50.67 57.27 56.34 68.34 68.36 85.62

Disponibilidad de agua entubada

79.39 57.83 65.35 88.56 80.47 85.16 89.86 92.72

Disponibilidad de electricidad

87.52 73.52 79.32 84.53 88.06 90.48 94.92 96.42

Uso de leña o carbón 21.16 58.32 36.62 27.98 20.44 10.60 14.37 3.75Viviendas con un cuarto 10.49 19.75 14.80 26.53 7.57 8.93 10.88 5.70Hacinamiento 1.46 2.06 1.64 1.81 1.55 1.34 1.54 1.21Aportación de población 100.00 10.89 21.72 0.60 15.86 24.20 2.94 23.79

Fuente: INEGI

Referencias estadísticas

1 Para el análisis del apartado 1.2.1 se utilizaron datos de los Censos Generales de Población y Vivienda, 1970, 1980 y 1990 elaborados por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. La esperanza de vida y fecundidad se obtuvieron en la Encuesta Nacional Demográfica (1982, CONAPO), Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (1987, Secretaría de Salubridad y Asistencia) y los censos.

2 Para el análisis del apartado 1.2.2 se utilizaron datos del estudio de Rezago y Necesidades de Vivienda en México, elaborado por la Dirección General de Política y Fomento a al Vivienda, a partir de los Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980 y 1990.

3 Estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Social con base en los planes y programas del Desarrollo Urbano vigentes.

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