León Valencia, columnista del Tiempo y Director de la Corporación Nuevo Arco Iris, fue entrevistados el 16 de abril de 2007 por José Alejandro Mejía, Juan Francisco Soto Hoyos y Nina Chaparro González, estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Jurisprudencia y asistentes de investigación de la Línea de Investigación Democracia y Justicia. UR: José Alejandro Mejía Juan Francisco Soto Hoyos Nina Chaparro González LV: León Valencia UR: ¿Qué lo motivó a ingresar al ELN y cuánto tiempo fue integrante de este grupo guerrillero? LV: Fue a finales de los sesentas y principios de los setentas, estábamos muy jóvenes y existía en América Latina un aire influenciado por la Revolución Cubana y los movimientos mundiales de liberación. Yo vivía en la zona cafetera, allá llegó un grupo de sacerdotes que sembró en la mayoría de jóvenes como yo, la ilusión de hacer historia y cambiar el mundo. Teníamos la idea de la lucha armada como un camino para conquistar el poder, para hacer transformaciones sociales y económicas, para conquistar mejores condiciones de igualdad. Con ese compromiso y cuando aún estaba haciendo bachillerato, entré al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1971, junto con un grupo de cristianos y sacerdotes. Duré veintitrés años o sea hasta el año 94, los cuales claro, no fueron siempre en el monte o en la lucha armada, se buscaba influir a través de la academia. Era más una manifestación política. UR: ¿En algún momento sintió remordimiento por pertenecer a la lucha armada? LV: Nosotros teníamos una escala de valores en donde los más importantes eran la igualdad social, la justicia y la democracia, por debajo estaba la vida. Arriesgar la de uno o cegar la de los otros era ético, en cuanto se hiciera en virtud de los valores mencionados. Era una obligación, un compromiso con el mundo, con la historia. La escala de valores cambió cuando al pasar el tiempo, fui perdiendo muchos amigos cercanos en este camino de la guerra, comprendí que la vida estaba por encima de cualquier causa política o social. En ese momento, me retiré de la lucha armada con un grupo importante de amigos y compañeros que se llamaban Corriente de Renovación Socialista e hicimos un acuerdo de paz. Siempre fui una persona consciente de lo que estaba haciendo, seguro de mis convicciones, por eso nunca me sentí engañado, era mi compromiso, y lo mismo es ahora. En ese tiempo afronté muchos riesgos pero ahora no son menos; mi único apoyo es la escritura de libros o de columnas de opinión e investigaciones sobre la realidad del país, que tienen quizá igual o mayor riesgo que el que tenía cuando estaba en la guerrilla. Este es un país intolerante que no soporta las críticas. Aquí la crítica es amenazada con la muerte. UR: ¿Qué tan compleja fue la reinserción?

LV: La reinserción fue un proceso muy político, lleno de errores y dificultades, de fracasos y retrocesos, en el que poco a poco se fue aprendiendo. Principalmente aprendimos que la reinserción a la vida civil requiere de un proyecto integral; que va desde la construcción subjetiva personal para afrontar una vida nueva, hasta el desenvolvimiento en un trabajo. Las personas que llegan generalmente a la guerrilla empezaron como niños o adolescentes, en donde su autonomía e independencia apenas se estaba formando. Usted se levanta, le dicen a qué hora desayuna, qué debe hacer en el día y a qué hora se acuesta. Además, este tipo de personas suelen tener la doble condición de víctimas y victimarios, víctimas porque se los llevaron a la guerra sin más opción, pero victimarios porque participaron matando a alguien. Todas estas características hacen más complejo el proceso, por eso, cuando estas personas se desmovilizan, están inhabilitadas para dirigirse al mundo, tienen todavía un alma de niño para tomar sus propias decisiones, y por tanto es necesario darles capacitaciones en todo sentido, hasta en reglas cívicas. UR: Cuéntenos de la Corporación Nuevo Arco Iris. LV: Esta ONG nación en 1994 de un acuerdo de paz gubernamental, en donde nos ofrecieron una oportunidad de reinserción a la vida civil por medio de programas económicos, sociales, educativos y de formación democrática. Al principio se vivía de los recursos del gobierno y nuestro trabajo consistía en hacer efectivo el proceso de reinserción, ahora se ha abierto a la cooperación internacional. En cuanto al trabajo, hacemos de todo: investigación, procesos de formación en democracia, trabajos con derechos humanos y trabajos con víctimas. Bogotá es nuestra sede central, pero trabajamos en todo el país, tenemos oficinas en doce departamentos. UR: ¿Cree que lo que ustedes han hecho mediante la Corporación, ha sido más satisfactorio que la participación en un grupo armado? LV: Claro, sin duda, la guerra en Colombia no sirvió para cambiar el país. En otras partes les sirvió hasta un punto, como por ejemplo al frente Sandinista para derrotar una dictadura en el Salvador. Nosotros al no ver ninguna compensación ni ningún resultado buscamos el camino de la paz, y ahora tenemos la dignidad de la derrota; actualmente buscamos la forma de aportarle a la sociedad desde procesos de transformación con grupos pequeños y al mismo tiempo, apoyamos proyectos políticos como el del Polo Democrático, esa izquierda que quiere cambiar el país por la vía civilista y democrática. Igualmente, en la Corporación contamos con un observatorio sobre conflicto y vida política y hace poco acabamos una investigación sobre parapolítica, que ahora hace parte de un gran debate público UR: ¿En qué consistió la investigación sobre la parapolítica? LV: Fueron dos años de trabajo en ocho regiones del país con grupos de investigación y universidades como la de Antioquia, la del Valle y la de la Magdalena. Patrocinados y financiados por el gobierno Sueco. Nosotros investigamos en el plano puramente académico, no pretendemos hacer una investigación judicial, de eso que se encargue la Corte Suprema y la Fiscalía. Tratamos de comprender el fenómeno, las causas y los participantes, al mismo tiempo ver si fue una movilización comprometida de una parte importante de la sociedad colombiana. Empezamos documentando la expansión

paramilitar de 1999 a 2003; la forma como se esparció a 223 municipios en esos años, las características de esa expansión y qué buscaban estos grupos, si el control económico, social o político. Documentamos también unos fenómenos políticos que fueron apareciendo; como el debilitamiento de los partidos liberal y conservador, la configuración de grupos políticos locales y regionales, y la alteración de registros electorales. Estos fenómenos no habían ocurrido tradicionalmente en las regiones, así por ejemplo las votaciones atípicas y los altos resultados de votaciones por algunos políticos que no habían tenido una trayectoria política. Todo esto para concluir que, entre 1999 y 2003 se confirmó el control de unos doce departamentos por parte de los paramilitares, logrando una influencia importante en el Congreso Nacional para las votaciones del 2002. Propinamos que unos 26 senadores salieron de esas zonas y unos 40 representantes a la cámara. En las elecciones del 2003, unos 251 alcaldes, 9 gobernadores 4000 concejales y en el 2006, 33 senadores y 50 Representantes a la Cámara. Más o menos un treinta y pico por ciento del Congreso es influenciado por la confluencia de paramilitares y políticos. Quedamos anonadados con esta investigación, porque el dolor que tenemos es que comprobamos que aquí hubo una gran movilización de la sociedad, de las élites políticas regionales en función de un proyecto paramilitar. UR: Hay gente que piensa que lo único importante es que los paramilitares se desmovilicen ¿Usted qué opina? LV: Las acciones paramilitares expropiaron y asesinaron a muchísima gente; efectuaron elecciones de gobernadores y alcaldes mediante presión armada,; hicieron fraudes electorales, controlaron gran parte del negocio del narcotráfico, entre otros. En ese sentido, se le hizo trampa a la democracia, porque no existió la competencia entre partidos ni el pluralismo político. Lo que se critica no es ni la paz, ni la reconciliación, ni la reinserción; nosotros respaldamos la negociación, pero ante todo, es la democracia con equidad social la que tienen que salir favorecida. Por tanto, los poderes económicos, sociales y políticos de esas fuerzas armadas no pueden terminar siendo legalizados, deben pagarle a la sociedad. UR: ¿Cree que el proceso de paz del gobierno con los paramilitares está a tiempo de salvarse? LV: En este momento el proceso no está bajo el control del Ejecutivo. Se entregaron muchas armas, se desmontaron unas estructuras, se redujo la violencia en algunos lugares y es posible que eso persista. Siendo así, sería entonces un éxito parcial, como decimos algunos, un “exi-craso”: ni éxito ni fracaso, una cosa intermedia, que tiene cosas favorables, pero que ahí puede quedar. El final es incierto, en el sentido que puede ser un fracaso completo, o puede ser sólo una desmovilización parcial que produce unos

niveles de violencia y limita al grupo armado; escenario, que al parecer, es el más probable. UR: Hubo un acontecimiento hace poco, que determinó todo este fenómeno, que fue el arresto de nueve congresistas por vínculos con el paramilitarismo, por concierto para delinquir. ¿Qué legitimidad tienen las leyes que hicieron estos parlamentarios? LV: Esas son investigaciones por hacer. ¿Qué tanto influyeron los parlamentarios elegidos en zonas paramilitares y con vínculos paramilitares en las leyes del período 2002 – 2006?. En inexplicable que una investigación sobre la relación entre paramilitares y políticos, la haga una pequeña institución como la Corporación, la cual no tiene como objetivo principal la investigación sobre la política colombiana. Aquí la academia está de espaldas a los problemas del país. Cómo así que en el 2002, el partido liberal y el partido conservador, dos de los más viejos de América Latina y del mundo, quedan en minoría en el Congreso por la emergencia de otros grupos políticos y nadie se pregunta por qué ocurrió ese fenómeno. Hay una responsabilidad de la intelectualidad, de las universidades que están de espaldas a los problemas país y no le aportan a la sociedad colombiana. ¿Quién más puede investigar eso? ¿Cómo votaron cada ley estas gentes entre el 2002 y el 2006? ¿Cómo votaron la reelección? ¿Cómo votaron las leyes sobre tierras? ¿Cómo votaron la Ley de Justicia y Paz? UR: ¿Qué implicaciones tienen esas revelaciones de la parapolítica en el proceso de paz que se lleva a cabo con las AUC? LV: En el caso de los paramilitares su intención fue influenciar el escenario político para lograr una negociación favorable. Cosa que evidentemente se vio con la Ley de Justicia y Paz y con el tema de la extradición. Pero las cosas no salieron como esperaban: salió avante una nueva Ley de Justicia y Paz, órganos como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía empezaron a investigar las relaciones entre paramilitares y políticos, los medios masivos de comunicación como revistas y periódicos denunciaron la anormalidad de la negociación y las ventajas y beneficios para los victimarios. UR: ¿Qué rol desempeñan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en este proceso de la parapolítica? LV: Estas instituciones han empezado a actuar en el país. La Corte Suprema tenía un perfil muy bajo y un papel poco protagónico en el aparato de justicia, pero en esta coyuntura encontró un camino para demostrar que puede cumplir con el papel que le asigna la Constitución: vigilar y juzgar a los parlamentarios y a los dirigentes políticos. La Fiscalía era muy quieta y sin interés para meterse en esto de los paramilitares, pero llegó un Fiscal sobre el cual todavía hay muchas incertidumbres, venía de ser viceministro del gobierno de Uribe y creo que el gobierno tuvo la intención que esta persona asumiera la Fiscalía pensando en que iba a favorecer un poco los intereses del ejecutivo. Ha hecho algunas acciones independientes, todo el mundo está pensando si seguirá por ese camino, si podrá jugar un papel realmente decoroso, ese es un interrogante, esperemos que sí.

UR: ¿Qué responsabilidad piensa que debería asumir el gobierno y los partidos políticos en lo que se han encontrado miembros con presuntos vínculos con los paramilitares? LV: La cosa hasta ahora está empezando, si llegará hasta al fondo significaría un remesón en todo el andamiaje institucional de la vida política colombiana. Tocaría a los partidos, al Ejecutivo y al Congreso, lo que obligaría a la destrucción de unos partidos y la renovación de otros, también a que fuerzas políticas fueran legítimamente apoyadas por la ciudadanía, y eso sería muy bueno porque serviría para renovar la democracia del país. Pero puede que se quede a medias, como se han quedado muchos procesos en Colombia, como ocurrió por ejemplo con el proceso 8.000. Todo está por verse, los grandes medios de comunicación masivos como Canal RCN, Caracol TV todavía no se meten muy a fondo en esto, y tampoco hay una presión ciudadana comprometida para que se conozca toda la verdad; al contrario, tenemos una sociedad renuente a aceptar la verdad, y los que hacemos columnas e investigaciones, somos tachados de ser crítica proguerrilla, destructiva, antipatriota y negativa para el país. UR: ¿Qué grado de responsabilidad y qué posición debe tomar el gobierno frente a esta situación? LV: La obligación de un gobierno sería ayudar a esclarecerlo todo y en ese sentido, debe apoyar y perseguir la justicia y tomar las decisiones políticas necesarias para sacar a todos los miembros del gobierno que tenga alguna vinculación o indicio paramilitar. Eso no quiere decir que se juzgue de antemano a cualquiera, porque eso le corresponde a la justicia. Pero fíjese la voluntad política que hay, Consuelo Araujo salió aún contra la voluntad del Presidente porque se hizo insostenible su escándalo familiar, tiene a su papá huyendo de la justicia y perseguido por la INTERPOL, un hermano en la cárcel y otro muy comprometido con delitos que no son sólo electorales, sino también de secuestro extorsivo. Ahora el Ministro de Hacienda está en fotos con paramilitares y no hay ninguna medida sobre eso, y entre otras. ¿Cuánto se demoró para sacar a Noguera del DAS? Lo que esto muestra es que no hay una actitud decidida del Presidente de ir al fondo del tema, de destaparlo, de echar de su gobierno a las personas comprometidas. Al contrario, lo que hay es una solidaridad. No veo una voluntad política de limpiar la democracia colombiana. UR: Según el senador Robledo, no se debe hablar de parapolítica, sino de parauribismo debido al gran número de uribistas vinculados en el proceso. ¿Eso es real? LV: Sí, no todos, pero la mayoría son uribistas y eso tiene una explicación. Uribe era el interlocutor más apreciado por las fuerzas paramilitares en un camino de negociación, con propiedades y capital político en regiones de amplio dominio paramilitar, era el candidato y luego el Presidente más decididamente contra insurgente. Además en las regiones había legitimado el que la gente hicieran defensa por su propia mano. Por tanto, nadie puede decir si el Presidente es paramilitar porque esas son cosas muy delicadas. Pero lo que sí se puede decir, es que todos los paramilitares son uribistas. La razón más clara entre otras cosas, está en el tema de la extradición, es el único que ha podido negociar con Estados Unidos la idea de que le admitan la suspensión de extradiciones de personas lo que es muy valioso para narcotraficantes y paramilitares.

UR: ¿Qué papel debe asumir la izquierda y los partidos de oposición frente al proceso de la parapolítica? LV: Yo creo que es la hora de jugársela por eso. Veo muy comprometido al Polo en ese camino, veo que el Partido Liberal es tímido pero también participa del proceso. La suerte de ellos depende mucho de cómo salga este proceso, sí ayudan y empujan a que la justicia vaya a fondo y revele toda la verdad, tendrán seguramente un premio importante del mismo electorado y de la misma ciudadanía. De hecho, el Polo Democrático ha crecido en las zonas donde ha denunciado el paramilitarismo, a veces sin mayor estructura ha logrado niveles de afiliación y de votación, por ejemplo en toda la costa y en la contienda presidencial, el candidato Carlos Gaviria obtuvo grandes votaciones. La población también ve que hay una fuerza que es capaz de contestar y de denunciar este atropello, y en eso han sido valientes las personas del Polo Democrático. UR: ¿Qué inconvenientes cree usted que conlleva el hecho de que algunos miembros de la oposición, sean reinsertados de procesos de paz anteriores y que han sido criticados por el actual gobierno? LV: Estas personas tuvieron un pasado por el que tendrán que dar cuenta frente al país, su responsabilidad es señalar por qué cambiaron, por qué están hoy en la vida civil y cuál es su labor. En los años ochentas los movimientos guerrilleros también combinaron formas de lucha, pero pagaron muy caro por eso; se mataron dos candidatos presidenciales de la izquierda, ocho parlamentarios, setenta concejales, trece diputados y once alcaldes acusados de ser de las FARC. Asimismo, murieron unos cuatro mil civiles, tres mil de la Unión Patriótica y mil de los otros movimientos. Es por eso que Lucho Garzón, Angelino, y miembros del Polo Democrático son muy críticos frente a las FARC y el ELN. Porque muchos de sus amigos pagaron con la vida, con el exilio y con la cárcel. Estos acontecimientos dolorosos les dan la autoridad para decir: “ustedes, los de la derecha no hagan eso, no paguen con la muerte, con el exilio, con el desarraigo como pagamos nosotros. Paguen como dicen las normas del país y la justicia, con la cárcel, con la disolución de los partidos que se comprometieron, incluso con inhabilidades políticas”. Es un precio mil veces más barato de lo que les tocó pagar a los otros, pero algo deben pagar. UR: ¿No podría grupos de derecho que han sufrido la violencia, señalar que la debilidad del Estado los llevo a tomar justicia por sus propias manos en contra de la izquierda? LV: Todas estas fuerzas que se levantaron en armas tenían la idea de que iban a cambiar el país y no aceptaban la constitución ni las leyes, y era un alzamiento armado que usted puede juzgar como quiera, pero un alzamiento armado. Pero una gente que se dice aceptar la constitución y las leyes ¿Por qué no persiguió en derecho a todo esto? Me dirán que no se puede hacer, pues sí, en otras partes se pudo hacer, en España por ejemplo, a los de la ETA y a los políticos ligados a la ETA, no los matan, los ilegalizan los encarcelan, les ilegalizan los partidos, los juzgan en derecho y no los persiguen para matarlos. Aquí hicieron eso en los ochenta con la izquierda, nadie se levantó a protestar contra ellos. Y ahora, cuando ocurre todo esto, lo que se pide es que hagan lo mismo, que no maten a nadie, que los persigan en derecho ¿Por qué teniendo el poder utilizaron eso? ¿Por qué no los perseguían en derecho? Es capturarlo, llevarlo a la cárcel, juzgarlo, con las armas del Estado, eso es lo que hay que hacer, no aliarse con un grupo ilegal

para obtener mayor poder y para vengarse de los unos y los otros porque ahí murió mucha gente en ese camino, eso significaba cortarle la cabeza a mucha gente, llenar el país de fosas comunes. Ninguna acción de un actor ilegal, justifica la recurrencia a actores armados ilegales y a actuar de la misma manera de las personas que tienen compromiso con la constitución y las leyes, no puede justificar. Salir de ahí es la posibilidad de hacer democracia en Colombia, y ese es el reto, si vamos a utilizar la constitución y las leyes todos los comprometidos en este Estado, o vamos a seguir recurriendo al atajo y a la violencia para resolver nuestros problemas. UR: Después de ver la labor investigativa que está haciendo la Corporación Nuevo Arco Iris y la buena voluntad para “destapar la olla” de la parapolítica ¿Cuáles son las sugerencias que ustedes tienen para enfrentar este fenómeno y el proceso de paz con los paramilitares? LV: Nosotros queremos una negociación que traiga a las regiones la democracia y el pluralismo político. En el que se devuelvan las tierras y la acumulación de riquezas arrancadas de la sociedad. Donde se repararen a las víctimas y se haga un proceso de reconciliación con el victimario, a quienes también hay que darles concesiones de justicia e integrarlos a la sociedad. Respecto a los políticos que se comprometieron con esto, hay que castigarlos, disolver sus partidos e inhabilitarlos para hacer política. Hacer esto no es más que una decisión de voluntad política por ende hay que hacer reformas que la posibiliten. UR: En el pasado, el paramilitarismo fue un obstáculo para el proceso de paz que se intentó durante el gobierno de Pastrana con la guerrilla de las FARC. Hoy, cuando el paramilitarismo está viviendo su proceso de paz ¿Pueden ser las FARC un obstáculo para llevarlo a cabo? LV: Creo que sí influye en algo. Pero lo que no se puede tomar como pretexto es la existencia del paramilitarismo mantenido y alentado por la presencia de las FARC. Pues las FARC han ido perdiendo su cobertura política, no tienen ninguna posibilidad de llegar al poder con el mero apoyo de campesinos, cocaleros y fuerzas marginales. Los paramilitares avanzaron tanto porque tenían apoyo de las clases medias, de sectores importantes de la élite del país y de las regiones. Aquí ya ninguna izquierda le va a jugar a las Farc ni al ELN, es una realidad. Uno no se imagina ni a Robledo, ni a Petro ni a Lucho Garzón, metiéndose en una alianza con las Farc. Por tanto, la reconciliación debe ser integral, que comprometa a todas las partes armadas así sea en mesas separadas. Porque mientras uno de los actores del conflicto mantenga su presencia armada, va a ser muy difícil el desarme pleno. UR: Respecto al gobierno y el ELN ¿Cuál es el panorama del proceso actual? ¿Usted cree que existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? LV: Creo que sí se puede llegar a un acuerdo, inicialmente con el cese de hostilidades, la entrega de secuestrados y la participación en la vida civil. El ELN es una fuerza que ya salió de la guerra, que se está debilitando militarmente y le está apostando más a la política. La dificultad del gobierno radica en darle garantías y concesiones a una organización que ha vivido durante cuarenta años, y que aunque ahora está debilitada

militarmente, todavía tiene la capacidad para perturbar y si quiere, volver a la guerra. El ELN pide alguna reforma política con un sentido local, proyectos de desarrollo para las regiones donde está y plantea además una ley de amnistía, para lo cual tendrá que tener en cuenta la realidad mundial y nacional, en donde los delitos atroces no son indultables. Este proceso de negociación no es fácil, existe mucha desconfianza y falta de audacia del gobierno, además de las contradicciones internas del ELN. Pero yo creo que eso se logrará si hay disposición del gobierno y presión por parte de organismos internacionales.