ensayo de felipe alfredo fuentes barrera

Ensayo donde se exponen los principales retos de la justicia constitucional en Mxico y cmo deben ser atendidos.

~ 1 ~

Determinar los retos de la justicia constitucional, adquiere sentido cuando se valora al sistema como el arquetipo de la funcionalidad de todas las instituciones polticas. Desde esta vertiente, podemos plantear las siguientes interrogantes: Qu debe hacer el tribunal constitucional para la proteccin de los derechos econmicos, sociales y culturales?, Se protege de manera integra a la Constitucin frente a los actos u omisiones de los poderes polticos? As, nuestra percepcin sobre los desafos de la justicia constitucional puede presentar un variado tratamiento acorde a los fenmenos jurdicos que se observan en la realidad; en este trabajo se centra el diagnstico de problemas que son prioritarios: a) La justiciabilidad de los derechos econmicos, sociales y culturales. Los problemas jurdicos son multifactoriales; en las estructuras de la sociedad es notable la desigualdad producto de la inequitativa distribucin de la riqueza, la pretensin bsica es tutelar los derechos de los grupos vulnerables, haciendo posible la aspiracin de la Constitucin Poltica, para permitir y proteger el ms amplio desarrollo de los factores de la produccin y de las diversas fuerzas de la sociedad, a efecto de procurar un desarrollo sostenible.1 Si partimos de esta lgica, podremos advertir, con sumo cuidado, que la consecuencia natural es que existen retos en materia de derechos humanos que debemos cumplir; entonces, desde el mbito de sus competencias, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, darle efectividad a las garantas que han sido suficientemente diseadas por el rgano reformador de la Constitucin; pues no hay libertad ante la falta de opciones, frente al pleno desarrollo de la personalidad una deficiente oferta educativa, frente al desempleo la precarizacin de los salarios, frente a la familia como clula fundamental de la sociedad la crisis de familia, frente a la discriminacin la feminizacin de la pobreza. La realidad no se puede eludir, en el informe del Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social, al medir el ndice de la pobreza en Mxico (2012), de un total de 117.3 millones de habitantes, slo el 19.8% del total de la poblacin, no se encuentra dentro de la condicin de pobre o vulnerable.2 Esto conduce a la ineludible interrogante de: Cul es la funcin de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin para enfrentar estos retos? Esta pregunta se responde, en primer trmino, porque la Constitucin es la expresin abstracta de una aspiracin colectiva que debe materializarse para una sociedad justa y democrtica;3 bajo ese concepto, el papel de la Constitucin, ha tenido desde sus orgenes no solo la tutela de

1 Cfr. Courtis, Christian, El mundo prometido. Escrito sobre derechos sociales y derechos humanos, Mxico, Fontamara, 2009, pp.

19 y 20. 2 Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Resumen_ejecutivo.aspx

3 Cfr. Palombella, Gianluigi, La autoridad de los derechos. Los derechos entre instituciones y normas, Madrid, Trotta, 2006, p. 72.


~ 2 ~

derechos individuales, sino la proteccin de derechos sociales de una clase dbil,4 pues en este campo Mxico fue pionera en el constitucionalismo moderno. Este papel se robusteci a raz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once, en donde se incorporaron las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de tal manera que se atienda a su promocin eficaz.5 A partir de ello y del diagnstico de la realidad social en trminos del informe de CONEVAL apuntado, resulta necesaria la participacin del Estado a travs de la instrumentacin tanto de normas generales,6 como de las polticas pblicas que tengan como referente la satisfaccin de los derechos econmicos, sociales y culturales, que por su naturaleza tienden a buscar un sano equilibrio en la situacin econmica de los grupos vulnerables, sin descuidar a otros sectores de la sociedad; medidas que se encaminan a lograr un nivel de vida adecuado para la poblacin en general. De este modo, el papel de un juez constitucional, debe ser la de un promotor de la efectividad de esos derechos, a travs de sus sentencias en cada caso particular, orientado a su progresividad,7 con la mirada puesta en la seguridad jurdica y estabilidad econmica y financiera del Estado. b) El control judicial de la constitucionalidad de la omisin legislativa. Representa uno de retos de la justicia constitucional la omisin del legislador, tema que poco se ha explorado y los argumentos que se han dado en sede judicial, pueden, nuevamente, someterse a debate; la tensin se coloca en el pndulo de lo judicial a la posicin del Tribunal Constitucional como legislador positivo.8 La omisin surge cuando el rgano legislativo desatiende un mandato constitucionalmente expreso para proveer sobre una norma general; existe uniformidad doctrinal y jurisprudencial, en el sentido de que los rganos legislativos cuentan con una competencia de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, de ah que puedan darse dos tipos de omisiones: la absoluta, cuando no se ejerce la competencia y la relativa, cuando el desarrollo de la competencia es parcial o deficiente; de su conjugacin deriva la tipologa de las omisiones legislativas: a) absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, b) relativas en competencias de ejercicio obligatorio, c) absolutas en competencias de ejercicio potestativo y, d) relativas en competencias de ejercicio potestativo.

4 Cfr. Prieto Sanchs, Luis, El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofa jurdica, Madrid, Trotta, 2013, pp. 225 y 226.

5 Cfr. Carbonell, Miguel y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Los derechos sociales y su justiciabilidad directa, Mxico, UNAM-Flores,

2014, p. 13. 6 Cfr. Pisarello, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantas. Elementos para una reconstruccin, Madrid, Trotta, 2007, p. 117.

7 Cfr. Cervantes, Alcayde, Magdalena, et. al., Hay justicia para los derechos econmicos, sociales y culturales? Debate abierto a

propsito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Mxico, SCJN-UNAM, 2014, p. 205. 8 Cfr. Ferrer, Mac-Gregor, Eduardo, Panormica del derecho procesal constitucional, Mxico, Marcial Pons-UNAM, 2014, p. 567.


~ 3 ~

As, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin ha sealado que las controversias constitucionales son una va para impugnar la omisin absoluta o relativa en competencia de ejercicio obligatorio; en tanto que las acciones de inconstitucionalidad ha sido criterio definido que solo la omisin relativa en competencia de ejercicio obligatorio es susceptible de impugnarse a travs de este mecanismo de control. En cambio, los diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, han llevado a establecer que el juicio de amparo, no resulta idneo para tutelar al gobernado sobre este tema jurdico. Sobre el particular debe formularse la interrogante de: Si el juicio de amparo es idneo o no frente a la omisin legislativa? Si existe algn mecanismo para exigir el cumplimiento de la emisin de normas que se derivan de un compromiso internacional? El tema de la omisin legislativa an presenta puntos de inflexin en la interpretacin constitucional; los casos futuros, marcarn los parmetros del razonamiento judicial que permitan ampliar la posibilidad del gobernado para ejercer la accin de amparo a fin de que se pueda abordar el control de constitucionalidad correspondiernte, porque los mecanismos hasta ahora diseados, no constituyen un efectivo acceso a la justicia. Este reto, se puede despejar mediante una interpretacin expansiva del derecho humano a un recurso judicial idneo y efectivo previsto en el artculo 25 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, para lograr un equilibrio entre bienes y derechos en juego.9 La Suprema Corte de Justicia de la Nacin, tendr en sus manos la posibilidad de integrar una lnea jurisprudencial, que genere apertura al control de la omisin legislativa mediante el juicio de amparo, tomando en cuenta que la sentencia respectiva, tiene un efecto concreto, que es el de vincular a la autoridad a realizar el acto legislativo, en el caso de las omisiones de ejercicio obligatorio, exclusivamente cuando est de por medio un derecho humano. c) La justicia constitucional en las entidades federativas. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, introdujo innovaciones estructurales en la imparticin de justicia; primero, la interpretacin conforme y la aplicacin del principio pro persona, como criterios hermenuticos para la defensa de estos derechos. Asimismo, la obligacin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.

9 Cfr. Espinoza de los Monteros, Javier y Narvez Hernndez, Jos Ramn, Interpretacin jurdica: modelos histricos y realidades,

Mxico, UNAM, 2011, p. 391.


~ 4 ~

Sobre esta base, emerge el control difuso de convencionalidad, cuyo ejercicio oficioso corresponde a todos los rganos jurisdiccionales del pas, en el mbito de sus competencias procesales. La prctica del control de convencionalidad es uno de los aspectos torales para llevar a su mxima proteccin en sede judicial a los derechos humanos; sin embargo, ello requiere de la construccin de interpretaciones jurdicas que conduzcan a un grado de uniformidad en la solucin de las controversias en que se planteen cuestiones de convencionalidad. Lo anterior, obedece a la necesidad de dotar de certeza y seguridad jurdica a los justiciables, de tal manera que el entendimiento de los derechos humanos, encuentre una solidez interpretativa producida por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, como ltima instancia del orden jurdico nacional y partiendo de la premisa de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una jurisdiccin subsidiaria. Para ello, es necesario que las Entidades Federativas, mediante sus Tribunales o Salas Constitucionales, conozcan, a travs de un recurso ad hoc sobre el ejercicio del control de convencionalidad aplicado por los jueces de instancia; esto se justifica porque desde los espacios de los poderes judiciales locales, sus jueces, materializan la obligacin de tutela y proteccin de los derechos humanos. De este modo, los tribunales de alzada pueden unificar la aplicacin del control difuso de convencionalidad, delineando las interpretaciones sobre los derechos humanos, a partir de las decisiones de los rganos jurisdiccionales de amparo, de tal manera que se genere un dilogo jurisprudencial permanente para cumplir con el mandato convencional de la proteccin de los derechos humanos. Conforme a nuestro sistema, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, posee el grado de intensidad mximo de control de convencionalidad,10 al estar autorizada para declarar la invalidez de las normas con efectos erga omnes; en razn de ello, habr de fijar, en el caso a caso, las directrices a seguir en el rumbo del control difuso a las dems autoridades jurisdiccionales, con el objetivo principal de generar certeza a los actores involucrados. d) La reforma a nivel legislativo en materia de transparencia Es el tema crucial que se encuentra en el inters de la sociedad. Las recientes reformas constitucionales en materia de transparencia, permiten la relacin entre Federacin y Estados, a efecto de procurar la tutela efectiva, por tanto, se destaca la creacin de rganos garantes.

10

Vase, Voto Razonado del Juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cabrera Garca y Montiel Flores vs. Mxico, de 26 de noviembre de 2010, prrafo 36.


~ 5 ~

Ahora, la regulacin secundaria que se discute en el Congreso de la Unin, se advierte que el proyecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica , el Poder Judicial de la Federacin, se encuentra vinculado en dos vertientes: 1) como sujeto obligado y, 2) el control de la constitucionalidad de las resoluciones de los rganos garantes. El proyecto, deja en posibilidad del gobernado para que mediante el juicio de amparo se le proteja el derecho humano de acceso a la informacin, privilegiando el principio de mxima publicidad. El tema que sin duda ser un detonante del acceso a la informacin pblica, se localiza en la atribucin que se le confiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, para conocer del recurso de revisin interponga el Consejero Jurdico del Gobierno Federal, en materia de seguridad nacional, pues se estar, seguramente, ante casos difciles o trgicos, en los cuales tendr que ponderar, a partir de las ideas del legislador, entre los principios de mxima publicidad y peligro de la seguridad nacional.

A manera de conclusin La justicia constitucional en Mxico, presenta un doble papel en las sociedades democrticas: por una parte, la proteccin orgnica de la Constitucin y, en otra, su proyeccin a la tutela de los derechos humanos. La reforma de 1994 transform al Poder Judicial de la Federacin, al haber incorporado en el texto de la Constitucin recursos de control de la constitucionalidad, adicionales al juicio de amparo. Sin embargo, es un tema pendiente la utilidad del juicio de amparo a efecto de tutelar los derechos econmicos, sociales y culturales; asimismo, sobre el control de la omisin legislativa, lo que sin duda abrir nuevos horizontes en la discusin de este problema jurdico. La propuesta de las Salas o Tribunales Constitucionales, para que puedan conocer de aquellos asuntos en que se hubiere realizado el control difuso de convencionalidad, permitir unificar los criterios judiciales; pues, las sentencias que pronuncien los tribunales del alzada, sern susceptibles de analizarse mediante el juicio de amparo, lo cual otorgar certeza y seguridad jurdica en la proteccin de los derechos humanos. Finalmente, el desarrollo de los avances tecnolgicos, inciden en el campo de la intimidad de las personas y como consecuencia, propicia la intervencin del rgano garante de proteccin de los datos personales, cuyas resoluciones podrn ser impugnadas a travs del juicio de amparo y en su caso, mediante el recurso de revisin ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacin.

ensayo de felipe alfredo fuentes barrera

Documents