ensayo bagua

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Ensayo: El Baguazo: Búsqueda de antecedentes, descripción de los hechos violentos y sus repercusiones. Oscar Nicho Rivera 11150051 A propósito del último 5 de junio en el que diversos sectores de la sociedad civil recordaron los sucesos ocurridos en el denominado “Baguazo”, se buscará dar una explicación de los antecedentes, una breve descripción los sucesos y dar conocer las repercusiones generadas por este hecho. Si en verdad se quiere hablar de los antecedentes del Baguazo, es necesario remitirse a la Constitución de 1993. Buscar las causas de los hechos violentos en la Constitución aprobada tras el autogolpe tiene justificación si se considera que con ella se eliminaron algunas de las garantías en materia de seguridad jurídica de los pueblos indígenas con respecto a sus posesiones territoriales (la inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras comunales) que habían sido aprobadas con la Carta Magna desde 1920. Durante los años del gobierno de Alberto Fujimori la normativa nacional mantuvo nociones amenazantes para la concepción territorial de los indígenas amazónicos. En ese lapso de tiempo hasta los sucesos del 2009, el menosprecio y la falta de respeto por la forma de vida y cosmovisión de los pueblos amazónicos no fue tomada en cuenta por ellos ni por sus organizaciones, debido a que ponían todo su interés en la necesidad de conseguir la titulación y ampliación de sus territorios como comunidades nativas, establecer reservas comunales, garantizar las reservas

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Ensayo:

El Baguazo: Búsqueda de antecedentes, descripción de los hechos violentos y sus repercusiones.

Oscar Nicho Rivera 11150051

A propósito del último 5 de junio en el que diversos sectores de la sociedad civil recordaron los sucesos ocurridos en el denominado “Baguazo”, se buscará dar una explicación de los antecedentes, una breve descripción los sucesos y dar conocer las repercusiones generadas por este hecho.

Si en verdad se quiere hablar de los antecedentes del Baguazo, es necesario remitirse a la Constitución de 1993. Buscar las causas de los hechos violentos en la Constitución aprobada tras el autogolpe tiene justificación si se considera que con ella se eliminaron algunas de las garantías en materia de seguridad jurídica de los pueblos indígenas con respecto a sus posesiones territoriales (la inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras comunales) que habían sido aprobadas con la Carta Magna desde 1920. Durante los años del gobierno de Alberto Fujimori la normativa nacional mantuvo nociones amenazantes para la concepción territorial de los indígenas amazónicos.

En ese lapso de tiempo hasta los sucesos del 2009, el menosprecio y la falta de respeto por la forma de vida y cosmovisión de los pueblos amazónicos no fue tomada en cuenta por ellos ni por sus organizaciones, debido a que ponían todo su interés en la necesidad de conseguir la titulación y ampliación de sus territorios como comunidades nativas, establecer reservas comunales, garantizar las reservas territoriales para los pueblos en aislamiento voluntario, participar en procesos de zonificación territorial o incluso en promover un diálogo tripartito con las empresas petroleras y el gobierno para regular las condiciones de consulta y participación. Estos procesos de reconocimiento territorial, fue acompañado por la elaboración de propuestas normativas, capacitación de las bases en sus derechos y educación intercultural, con la iniciativa de los pueblos amazónicos apoyados en sus diversas organizaciones.

A la par el Estado peruano aceleraba el ritmo de las concesiones a petroleras y gasíferas en el territorio amazónico, 56 millones de hectáreas era el total hasta el año 2004 de lotes petroleros en concesión. En este proceso de lotización no se tomó en cuenta algún procedimiento de consulta, además sumado a temas como la servidumbre minera o petrolera, la situación recrudeció causando fuertes enfrentamientos.

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A diferencia de años anteriores, las organizaciones indígenas cumplen un papel decisivo en el acceso a la información, por ello los pueblos amazónicos manejan informes oficiales sobre los daños a la salud y al medio ambiente en las más antiguas explotaciones petroleras y mineras.

Para acabar de mencionar los antecedentes de los sucesos del 5 de junio de 2009, la política traducida al discurso en el “Perro del Hortelano”, no debe escapar en el análisis de las causas. Entre octubre y noviembre del año 2007, Alan García en ese entonces Presidente de la República, publicó por medio del diario El comercio un artículo denominado: “El síndrome del perro del hortelano”.

Dice el antropólogo Alberto Chirif (en referencia al artículo de Alan García) en una publicación de la revista Servindi el 7 de noviembre del mismo año: Su contenido es simple y puede ser resumido como una propuesta general de privatización de recursos y paisajes naturales del país, la que, una vez producida, capitalizaría a la gente pobre y, sobre todo, a la rica, que con la seguridad jurídica de la propiedad podría invertir en la generación de empresas productivas.

El 19 de diciembre del año 2007, el Congreso aprobó la Ley N° 29157 por la cual en su Art.3 se disponía que a partir del 1 de enero del 2008 se delegaba al Poder Ejecutivo “la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del acuerdo de promoción comercial Perú - Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento”. Todo con la finalidad de implementar y aprovechar mejor el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos. Durante los 180 días que el Poder Ejecutivo tuvo las facultades delegadas, expidió 99 decretos legislativos sin la supervisión de alguna Comisión del Congreso. En suma, a junio del 2008 el paquete de decretos legislativos promulgados y el discurso del perro del hortelano presente en el contexto, provocaría que las organizaciones indígenas exigieran que el Estado se sometiera al mandato del Convenio 169 de la OIT, por ende el cumplimiento de la consulta y el consentimiento previo como modelo de acción.

Entonces, amparados en lo indicado por el Convenio 169, los pueblos indígenas estaban convencidos que si los nuevos decretos legislativos afectaban a las personas o los bienes, debieron ser consultados y si no lo fueron, no eran válidos. Con el apoyo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se analizó un total de 34 Decretos donde sus intereses se veían afectados.

Ante la situación las movilizaciones eran inminentes, así el 9 de agosto de 2008 los pueblos indígenas liderados por AIDESEP iniciaron sus reclamos pidiendo la derogatoria de los Decretos Legislativos Nº 1015 y 1073. El Congreso recogió los reclamos y se comprometió a realizar una evaluación de los cuestionados, para ello se creó una Comisión Multipartidaria que concluyó la derogatoria de los decretos, por medio de un informe que fue presentado ante el pleno en mayo de 2009. Sin embargo, incluso después de su aprobación en el pleno del Congreso, el gobierno insistió en el cumplimiento de dichos decretos alegando que de ellos dependía el futuro del TLC con Estados Unidos. Frente a esta situación AIDESEP con Alberto

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Pizango al mando reanuda las protestas el 9 de abril de 2009, en esta movilización participan todas las comunidades Awajun y Wampis, incluyendo aquellas que no estaban asociadas en AIDESEP.

Es necesario explicar que el protagonismo de los pueblos Awajun y Wapis tiene como trasfondo la concesión del Lote petrolero 116 en el año 2006 a través de Perupetro. El Lote tiene una dimensión de 856 mil hectáreas, se ubica al sur y sur – este de la Cordillera del Cóndor y se superpone a casi un centenar de comunidades Awajún y Wampis de los ríos Santiago, Cenepa, Nieva y Marañón, en el corazón del territorio de estos pueblos. Para estas comunidades la defensa de su territorio es una constante a lo largo de su historia colonial y republicana, tal es así que han ganado reputación por su firmeza en la defensa de sus territorios, pero las circunstancias que les ha tocado vivir no solo les ha permitido desarrollar sus destrezas guerreras, sino también una visión que se extiende hacia la importancia de la escolarización bilingüe y formación de profesores, herramientas que les permitan argumentar con solidez su postura.

Al mando del Gral. Muguruza el 5 de junio de 2009 se da inicio al operativo que busca retirar a los nativos que han bloqueado la denominada “Curva del Diablo”. Los grupos estaban ubicados en ambos lados de la vía, en total eran 52 grupos entre Awajun y Wampis. Se conoce por testimonios recogidos por el INFORME EN MINORÍA que el Gral. Muguraza tenía conocimiento de las intenciones de los nativos para retirarse del lugar. Pero a pesar de eso, prevaleció la rigidez castrense y el predominio de una mirada etnocentrista hacia los nativos por parte de las fuerzas policiales.

Se prefiere no ahondar en detalles técnicos de los sucesos violentos o hacer una cronología de ellos, por ser en su mayoría de conocimiento público gracias las diversas organizaciones comprometidas en el esclarecimiento de los mismos. El saldo dejado por los sucesos violentos de Bagua es de 23 policías muertos y de 10 civiles fallecidos, cifra que es cuestionada por diversas organizaciones que consideran que también debería incluirse a las decenas de heridos que dejaron los enfrentamientos en la Curva del Diablo y en la Estación N°6 de Petroperú.

En consecuencia el Baguazo hizo posible que la problemática indígena de la Amazonía se haga visible ante los ojos del Perú que aún guarda actitudes indiferentes heredadas de la colonia y gran parte de la república. La hegemonía de una élite clasista en la república no veía peruanos en territorios amazónicos y a duras penas por intereses económicos buscaba la interrelación con las comunidades de la sierra. El discurso ha cambiado con relación a la Amazonía peruana, ahora el gobierno ve en ellas el potencial biodiverso donde la industria extractiva debe desarrollarse. Los territorios amazónicos son medidos y lotizados para que las transnacionales extranjeras puedan hacer uso de sus recursos sin tener en consideración a las poblaciones amazónicas propietarias del territorio. El Perú ha mirado en los últimos años a los territorios

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indígenas como una mercancía que necesita ser explotada y comercializada, pero no ha visto en esos territorios los conflictos sociales que el enfrentamiento de culturas distintas provoca, pero desde el 5 de junio de 2009 esta realidad no pudo ser contenida y se dio a conocer con sucesos lamentables.

Posterior a los hechos del Baguazo, al gobierno no le quedó otra alternativa que derogar los decretos aprobados y contrario a los afirmado por la ministra Mercedes Araoz, el TLC con Estados Unidos no se vio afectado. A pesar de los hechos sangrientos, el presidente Alan García no cambió el nefasto discurso del perro del hortelano, contrario a ello asumió una actitud soberbia que condenaba el Baguazo y acusaba a las poblaciones amazónicas como responsables. El estado criminalizó la protesta, persiguió a los supuestamente responsables, es decir a los nativos quienes hasta el momento son acusados por la fiscalía y sometidos a juicio, aun habiéndose probado por medio de pruebas de absorción atómica que nunca dispararon un arma.

Finalmente el Baguazo debería llevar a la población a plantearse interrogantes como; sobre cuáles son los resultados, si han sido positivos o negativos para las poblaciones amazónicas; si ha mejorado en materia jurídica la prevalencia de los derechos de los nativos a la propiedad territorial; si el estado tiene políticas estratégicas que garanticen que hechos como los de Bagua no se van a repetir o que serán afrontados con responsabilidad y si se ha cambiado a nivel social la perspectiva que se tiene de la Amazonía.