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¿Energía para el pueblo?

Hidroeléctricas, los derechos de los pueblos indígenas y resistencia popular en Guatemala

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Publicado en Junio 2010

Diseño: Odgers Speed DesignAutores: Cecilie Hirsch y Miguel UtrerasFotos: Cecilie HirschPublicado con financimiento de La Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad)Copias pueden ser descargadas de www.fivas.org

Osterhausgate 27, N-0183 Oslo, Noruega. Tel: +47 22 98 93 25 correo: fivas@fivas.org

La Asociación de Estudios Internacionales de Agua (FIVAS) es una organización independiente, no lucrativa, que monitorea el papel de la cooperación y compañías de No-ruega en el sector de agua en los países en desarrollo. FIVAS busca evitar el apoyo a políticas y proyectos con impactos ambientales y sociales negativos y contribuir al mejoramiento de los procesos de toma de decisiones.

Reconocimientos

Este informe no podría haber sido realizado sin la ayuda y orientación de muchas personas con conocimientos en las áreas de impactos hidroeléctricos, ambientales, sociales de Gua-temala y los derechos indígenas. Un estudio de esta naturaleza, que se concentra en los ac-tores, los intereses y las relaciones de poder de un sector completo enfocando a los actores, intereses y relaciones de energía en un sector tan complejo, requiere insumos de muchas diferentes fuentes.

Presentamos nuestros especiales agradecimientos a todas aquellas personas en Guatemala que nos ayudaron a realizar el estudio. Ellas fueron de gran ayuda increíble para facilitar el acceso a la información, y pacientes y considerados en tomarse el tiempo para compartir sus puntos de vista y experiencias con nosotros.

Gracias también a la Embajada de Noruega en Guatemala, a la Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN), a la Ayuda Popular Noruega (APN) y al Comite Noruego de Solidaridad con América latina (LAG) por sus invaluable contribución durante todo el tiempo. Un agradecimiento especial a Jody Scholz y a Andrew Preston por su valiosa colaboración en editar y revisar el trabajo.

Dedicamos este estudio a Ronaldo Cárdenas, activista ambiental y defensor comprometido de los derechos de las comunidades locales e indígenas, quien abandonó este mundo inespe-radamente el 2 de enero del 2010. Ronaldo nos ayudó con nuestro trabajo en este estudio y nosotros siempre apreciaremos sus valiosos puntos de vista y conocimientos. Su compa-sión y dedicación al ambiente y compromiso firme y constante para luchar por la justicia nos acompañará en nuestro trabajo en el futuro.

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Contenido

1 Introducción 4

1.1 Metodología 6

2 Contexto Internacional 7

2.1 Derechos de los indigenas 7

2.2 Normas y lineamientos para hidroeléctricas 11

3 El caso de Guatemala 14

3.1 Antecedentes 14

3.1.1 Geografía y pueblo 14

3.1.2 Pueblos Indigenas en Guatemala 16

3.1.3 Loslegadosdelconflictoarmado 17

3.1.4 Politicas ambientales 19

3.2 El sector de electricidad en Guatemala 22

3.2.1 Los años 1990: Una era de privatización 22

3.2.2 Plan estratégico para hidroeléctricas 24

3.2.3 Actores en el sector de hidroeléctrico 26

3.2.4 Desarrollos actuales en el sector energético 26

3.2.5 El legado de Chixoy 29

3.2.6 Marco legal e institucional 30

3.3 Proyectos en desarrollo: aspectos sociales, ambientales y legales 33

3.3.1 Preparación de proyectos 33

3.3.2 ¿Beneficiosparaquien? 34

3.3.3 Control de territorio 37

3.3.4 Impactos ambientales y EIAs 39

3.4 Resistencia comunitaria y estrategias locales 45

3.4.1 Soberanía energética 48

3.4.2 Consultas populares 48

3.4.3 Río Hondo 49

3.4.4 Una brecha con el modelo neoliberal 50

3.4.5 Persecución de lideres y criminalización de la protesta social 51

4 Contexto Noruego 57

4.1 Noruega sobre la energía 58

4.2 Responsabilidad social corporativa (CSR) y cooperación 59

4.3 Energia Limpia para el Dessarrollo 59

4.4 Noruega y Guatemala 61

4.5 Lecciones aprendidas 67

5 Conclusiones y recomendaciones 68

Abreviaturas y siglas 71

Reuniones y entrevistas 73

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El debate acerca de las hidroeléctricas se ha visto revitalizado en el contexto del cambio climático y la enorme cantidad de necesidades de energía no satisfechas en muchos países. Los proyectos hidroeléctricos están siendo promovidos por perso-nas inversionistas e instituciones financieras en todo el mundo como parte de la solución – de mecanismos con baja emisión de carbono que permitan satisfacer las necesidades de energía en el mundo. La forma en que los proyectos hidroeléctricos benefician a las distintas partes involucradas depende de una gama de factores: el contexto cultural local, económico, político y ecológico; los mecanismos para la distribución de los beneficios; el tipo y es-cala del proyecto hidroeléctrico; los procesos previos y durante la planificación y construcción; cómo las plantas hidroeléctri-cas son administradas y por quién; los acuerdos de mitigación ambiental y social, compensación y las compensaciones y relocalizaciones, el rol del estado, compañías y de la sociedad civil en los procesos de desarrollo, para mencionar algunos.

Las presas han generado graves y complejos impactos am-bientales y socio-económicos. Algunas de las críticas más importantes dirigidas a los inversionistas involucrados en este

tipo de proyectos, incluye una inadecuada consideración dada a las comunidades locales; una subestimación de e insuficiente compensación por los impactos sociales y ambientales; y una participación desigual en costos y beneficios1. Los grupos que ya están marginalizados son con frecuencia más vulnerables a una extensiva privación, cuando se les sujeta a los llamados proyectos de desarrollo, tales como hidroeléctricas.

El sector hidroeléctrico en Noruega ha sido desarrollado bajo condiciones muy diferentes a las de muchos otros países. Mien-tras en Noruega existe una democracia local y nacional que funciona, con un sólido marco legal, muchos países en el Sur tienen democracias débiles o nacientes que carecen de las estruc-turas institucionales necesarias para proveer para las necesidades de los pobres y marginalizados – aquéllos que comprenden la mayoría de la población en estos países.

En muchos países, las comunidades locales dependen altamen-te de los ríos para su sostenimiento económico, nutricional, cultural y espiritual. Los ríos, tradicionalmente, han suminis-trado agua para irrigación y producción agrícola a pequeña es-cala, y también han jugado un papel importante para satisfacer las necesidades domésticas de agua de las comunidades locales.

El desarrollo de hidroeléctricas afecta los ríos, ecosistemas y a los terrenos circunvecinos. La gente local no siempre puede contar con un Estado de derecho y un marco legal operante para pro-teger sus derechos y salvaguardar el acceso al río y a los terrenos circunvecinos. Al mismo tiempo, la electricidad y las ganancias generadas por proyectos hidroeléctricos con frecuencia no llegan a las comunidades locales pobres, sino que más bien benefician a los poderosos, las compañías y a aquéllos capaces de pagar las tarifas por electricidad.

Guatemala tiene una historia de exclusión hacia los pueblos indígenas. Muchas de las áreas donde existen planes para el desarrollo de hidroeléctricas son áreas habitadas por campesi-nos pobres y grupos indígenas. Además, Guatemala es un país

1 Introducción

1 Comisión Mundial de Represas (2000) “Dams and Development: A New Framework for Decision-Making.”

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pequeño, con sistemas ecológicos vulnerables y una alta biodi-versidad. Esto ha originado conflictos en muchas partes del país.

Los conflictos relacionados con hidroeléctricas no son nada nuevos a nivel mundial. Desde que los proyectos hidroeléctri-cos de gran escala principiaron a desarrollarse en años de la década de 1960, ha habido conflictos en los cuales las comu-nidades locales e indígenas frecuentemente han manifestado una fuerte oposición. En muchos casos, sus derechos han sido violados, incluyendo su derecho de uso de los territorios y las tierras circundantes; su derecho a decidir su propio desarrollo; su derecho a participar en procesos de toma de decisiones; su derecho a ser consultados; y su derecho, como pueblos indí-genas, en un nuevo lenguaje usado en materia internacional: a un consentimiento libre, previo y fundamentado (pánel de expertos en asuntos indígenas de la ONU).

La Comisión Mundial de Represas (WCD por sus siglas en inglés, World Commission on Dams) concluyó en su reporte del 2000 que el respeto de los derechos indígenas es un pre-rrequisito para el desarrollo sostenible. Las recomendaciones de la WCD incluyen la implementación de los principios del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos

Indígenas y Tribales que protegen el derecho de estos pueblos a ser consultados y a obtener su consentimiento libre, previo y informado, sobre todo en relacion con reubicación.

El presente estudio es una contribución al debate respecto al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, los derechos indígenas y derechos de las comunidades afectadas frente a los proyectos de desarrollo en general. El informe tiene cuatro secciones. La primera proporciona una perspectiva general del estado actual en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos e incluye una presentación de estándares y tendencias internacionales pertinentes así como derechos indígenas. La segunda sección del informe presenta un caso de estudio sobre Guatemala, mientras que la tercera examina políticas noruegas pertinentes. En la sección final del informe, expresamos nuestras conclusio-nes y recomendaciones.

Hemos escogido a Guatemala como caso de estudio por varias razones: 1) el potencial para el desarrollo de hidroeléctricas en el país y el contexto ambiental siendo un país pequeño con una alta biodiversidad; 2) el elevado porcentaje de población que es indígena; 3) el hecho que el desarrollo de hidroeléctri-cas en la región ha sido definido como un interés estratégico

Quiche, Guatemala. Las comunidades locales son dependientes de los rios para su sustento economico, nutricional, cultural y espiritual.

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de Noruega; 4) el hecho que los actores noruegos ya están buscando posibles inversiones en el país, a la par de que los gobiernos de Noruega y Guatemala han expresado un interés en colaborar tanto en el desarrollo de hidroeléctricas como en asegurar los derechos de los pueblos indígenas; y 5) la llegada de la recientemente establecida compañía noruega, SN Power Africa and Central America en la región.

Esperamos que este estudio contribuya a la discusión actual sobre la Iniciativa de Energía Limpia de Noruega así como a la política energética internacional de Noruega, en general, y de otros países. Además, esperamos que los actores noruegos/extranjeros revisen este estudio antes de invertir o involucrar-se en actividades de desarrollo en áreas indígenas. Por último, esperamos que este estudio sirva a las comunidades locales y a las organizaciones que trabajan por un manejo justo y soste-nible del agua, y para los derechos de las comunidades.

1.1 Metodología

La reunión de información se llevó a cabo recolectando ma-terial escrito de fuentes internacionales y nacionales (guate-maltecas y noruegas), y a través de entrevistas y reuniones con diferentes actores en el sector en ambos países.

La recolección de información en Guatemala fue realizada du-rante una serie de visitas de campo llevadas a cabo a lo largo del curso de varios meses comprendiendo dos períodos diferentes: junio-agosto del 2009 y noviembre-diciembre del 2009. Las fuentes e información de Guatemala utilizadas en este estudio comprenden entrevistas, documentos oficiales (leyes y regla-mentos, documentos de política y estudios EIA), observaciones, artículos de prensa y documentación de varias organizaciones y las empresas. La recolección de información fue realizada prin-cipalmente por medio de entrevistas con diferentes actores en el sector, actores estatales, actores de la sociedad civil, comunida-des afectadas y compañías. Realizamos varios viajes a diferentes comunidades y observamos o participamos en discusiones en una variedad de conferencias y otros eventos abarcando

tópicos pertinentes al desarrollo de hidroeléctricas. Además, en colaboración con varios expertos sobre tópicos especializados, analizamos leyes, documentos oficiales, estudios de impacto ambiental y artículos de la prensa de Guatemala.

Visitamos comunidades en la Zona Ixil, Zona Reina y Xalalá en el Departamento de Quiché; la municipalidad de Tajumulco en el Departamento de San Marcos; y el Departamento de Alta Ve-rapaz. Otras observaciones fueron tomadas en el Departamen-to de Chiquimula y en la Municipalidad de Chuarrancho en Guatemala. Durante las visitas a comunidades locales, entrevis-tamos a líderes locales, gente de las comunidades y organizacio-nes locales respecto a su posición en relación con los proyectos hidroeléctricos planificados o en construcción en sus territorios. Adicionalmente, visitamos áreas donde se han llevado a cabo procesos de consulta sobre los proyectos hidroeléctricos.

Para una información más detallada sobre el sector energé-tico en Guatemala, sostuvimos entrevistas con actores clave del gobierno y el estado. Estas entrevistas cubrieron planes gubernamentales para el sector y el marco jurídico y político utilizado para realizar estos planes. Celebramos entrevis-tas con el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y el Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP). La segunda sección del informe incluye información sobre entrevistas cel-ebradas con diferentes actores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones sociales, indígenas y ambientalistas, así como académicas (vea lista en el anexo). Por último, también fueron entrevistados los sectores de los inversionistas , tales como miembros de AGER y ANC, y Administrador del Mercado Mayorista (AMM).

Para tener un cuadro más amplio de la política y práctica noruega en el área, sostuvimos diálogos y reuniones con la Embajada de Noruega en Guatemala, Norad, Norfund, SN Power, y con organizaciones de la sociedad civil de Noruega, tales como la Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN), la Ayuda Popular Noruega (APN), y El Comité Noruego de Solidari-dad con América Latina (LAG).

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Las iniciativas de desarrollo en áreas indígenas son asun-tos disputados en muchos países en vías de desarrollo. Las fuentes de conflicto están frecuentemente relacionadas con apreciaciones competitivas de qué es lo que el desarrollo sig-nifica y quién debe decidir qué forma se debe adoptar. Esto es especialmente cierto respecto a preguntas relacionadas con el acceso a los recursos naturales, la posesión de la tierra y la importancia de gestión ambiental. Ideologías conflictivas de desarrollo, derechos y cuestiones éticas relacionadas con minería, extracción de gas y petróleo, y proyectos de infra-estructura a gran escala han sido fuertemente debatidas en años recientes. Los proyectos hidroeléctricos no han sido la excepción. La problemática de los proyectos hidroeléctricos se centra en el control de territorio y recursos de agua, los que determinan, en últimas cuentas, sobre quién se beneficia y quién tiene acceso a los recursos naturales.

La producción hidroeléctrica a nivel mundial es una indus-tria de US$40 billones al año, la que involucra una amplia gama de actores, incluyendo agencias estatales, compañías constructoras de presas, consultorías, agencias de donantes, bancos e instituciones financieras internacionales. Los pro-yectos, una vez concebidos por sus inversionistas, tienden dar prioridad a los aspectos financieros y técnicos y los aspectos ambientales y sociales reciben menos consideración o sim-plemente son ignorados.

2.1 Derechos Indígenas Históricamente, los proyectos de presas e hidroeléctricas han tenido impactos serios en los modos de vida, territorios y cultura de los pueblos indígenas. Debido a la discrimina-ción y marginalización, los pueblos indígenas han soportado una cuota desproporcionadamente más alta de los impactos negativos de los proyectos. Los derechos de los pueblos indí-genas son frecuentemente olvidados en los marcos legales na-

cionales y, por lo tanto, son ignorados por los inversionistas, con el resultado que las comunidades indígenas son excluidas de la arena de la toma de decisiones.

El Convenio 169 de la OIT es un acuerdo integral y legalmen-te vinculante que cubre exclusivamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El Convenio es el instrumento principal utilizado para defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Latinoamérica es la región en el mundo con la mayor cantidad de países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT: 14 países, a septiembre del 20092. El convenio se concentra en muchos aspectos de las vidas de los pueblos indígenas, tales como educación, costumbres, medio ambien-te, derechos de tierras, el derecho a ser consultado, el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones, la auto-identificación y los valores espirituales. Los Artículos 6 y 7 del convenio estan dedicados al derecho a la consulta y la partici-pación en los procesos de toma de decisiones que involucran a los pueblos indígenas y el derecho a decidir sus propias priori-dades en el proceso de desarrollo según éste los afecta.

La consulta es un proceso que debe llevarse a cabo entre el estado y los pueblos indígenas , en sus respectivos países. Los pueblos indígenas deben ser consultados sobre medidas legis-lativas o administrativas que pueden afectarles directamente, y deben participar en la formulación, implementación y evaluación de planes y programas para el desarrollo nacional y regional que les concierne (véase casilla). Los Artículos 13 y 16 se refieren a las tierras y la relocalización donde el término “tierras” incluye el concepto de territorios, que “cubre el am-biente total de las áreas que las personas interesadas ocupan o usan en alguna otra forma”. La relocalización se llevará a cabo únicamente con el consentimiento libre previo e informado de los grupos indígenas. El consentimiento libre, previo e informado es un principio importante que ha sido profundi-zado aún más en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

2 Contexto Internacional

2 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela

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Mujeres Indígenas en Guatemala.

Artículo 6

1. Al aplicar las provisiones de este convenio, los gobiernos deberán:

(a) Consultar a los pueblos interesados, a través de pro-cedimientos apropiados, y en especial, a través de sus insti-tuciones representativas, cuando quiera que se esté dando consideración a medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar directamente;

2. Las consultas realizadas aplicando este convenio deberán ser hechas de buena fe y en una forma apropiada a las cir-cunstancias, con el objetivo de alcanzar un acuerdo o consen-timiento a las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decid-ir sus propias prioridades para el proceso de desarrollo princi-palmente que el mismo afecta sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ellos ocupan o usan en cualquier forma, y ejercer control, en el grado que sea posible, sobre su propio desarrollo económico, social y cultural. Adicio-nalmente, ellos participarán en la formulación, implementación y evaluación de planes y programas para el desarrollo nacional y regional que pueda afectarlos directamente.

Artículo 13

1. Al aplicar las estipulaciones de esta Parte del convenio los gobiernos respetarán la especial importancia para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados que tiene su relación con las tierras y territorios, o ambos, según sea aplicable, que ellos ocupan o usan, y en especial, los aspectos colectivos de esta relación.

2. El uso del término “tierras” en los Artículos 15 y 16 incluirá el concepto de territorios, que cubre el ambiente total de las áreas que los pueblos interesados ocupan o usan en alguna otra forma.

Artículo 16

2. En los casos en que la reubicación de estos pueblos es considerada necesaria como una medida excepcional, tal reubicación deberá llevarse a cabo únicamente con su libre e informado consentimiento. En los casos donde su con-sentimiento no pueda ser obtenido, tal reubicación deberá llevarse a cabo únicamente siguiendo los procedimientos ap-ropiados establecidos por las leyes y reglamentos nacionales, incluyendo consultas públicas siempre que sean apropiadas, que proveerán la oportunidad para una representación efec-tiva de los pueblos interesados.

Convenio 169 de la OIT

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En el año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas después de más de veinte años de discusión dentro del sistema de Naciones Uni-das. La declaración representa un adelanto importante en los derechos de los pueblos indígenas; los representantes indíge-nas jugaron un rol clave en el desarrollo de la declaración3.

La declaración toma los elementos fundamentales del Convenio 169 y además profundiza sobre la auto-determinación y los de-rechos colectivos. En este contexto, los Artículos 18, 19, 23, 28 y 32 son de especial importancia. El consentimiento libre, previo y informado (CLPI) es un principio importante que se repite a lo largo de la declaración. CLPI involucra no sólo la consulta con los pueblos indígenas, sino también la obtención de su consentimiento y cooperación. El consentimiento implica dar aprobación o asentimiento después de una minuciosa conside-ración. Mientras el Convenio 169 habla sobre consentimiento en relación a la reubicación (Artículo 16.2) y estipula que los estados deberían obtener el acuerdo o consentimiento, la decla-ración va más allá expresando que los gobiernos consultarán para obtener el libre, previo e informado consentimiento.

De acuerdo con el Artículo 32 de la Declaración, los estados deberán consultar y cooperar para obtener el Consentimient libre, previo y informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, especial-mente en relación con el desarrollo, utilización o explotación de recursos minerales, acuíferos y otros”. Los principios de consulta y consentimiento promueven una comprensión mu-tua y consenso en la toma de decisiones, y evitan la imposición de decisiones. Libre se refiere a un proceso sin manipulación externa, interferencia, coacción ni intimidación; previo se refiere a la revelación oportuna de información donde los pueblos indígenas puedan tomar decisiones en su propio tiempo; e informado significa que la información (pertinente,

comprensible y accesible) deberá ser proporcionada en sus lenguas locales y estar sujeta a las normas y costumbres locales. Los pueblos indígenas deberían ser libres para hacer seleccio-nes respecto a la forma en que ellos son gobernados y lo qué sucede con sus tierras.

El tema de la consulta y el consentimiento ha sido un tópico de debate en relación con proyectos de desarrollo. El Ban-co Mundial y otros han expresado su preocupación que el consentimiento podría efectivamente significar “un derecho a veto” para los grupos indígenas. Una consulta es frecuente-mente entendida como un proceso que únicamente requiere un intercambio de información y no involucra compartir y transferir autoridad en la toma de decisiones a través de formas más incluyentes y colaborativas. La Corporación Financiera Internacional , el brazo del sector privado del grupo del Banco Mundial, apoya las consultas en lugar del consentimiento. El Instituto Mundial de Recursos promueve el consentimiento libre, previo y informado como más apropiado en lugar de las consultas. En relación con los proyectos hidroeléctricos (véase más abajo), la Comisión Mundial sobre de Represas es la única norma que recomienda la inclusión de este principio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel vital en años recientes, escuchando diferentes casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Los casos ante la Corte Interamericana de De-rechos Humanos han generado precedentes importantes sobre las obligaciones de los Estados. La Corte ha fallado a favor de las demandas presentadas por pueblos indígenas de diferentes países de Latinoamérica. La importancia fundamental de estos juicios es el uso de principios establecidos en el Convenio 169 en relación con el derecho al consentimiento libe, previo y fundamentado, consultas y verdadera participación de los pueblos indígenas en procesos de toma de decisiones. Las sentencias también resaltan los derechos de las comunidades

3 El voto fue tomado por una mayoría abrumadora de 143 países a favor, 4 en contra (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos) y 11 abstenciones.

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locales y los pueblos indígenas para definir su propia visión de desarrollo.

Importantes casos en el sistema de derechos humanos in-teramericanos incluyen el caso del pueblo de Saramaka vs. Surinam; el caso de la comunidad indígena de Sawhoyamaxa y la comunidad indígena de Yakye Axa en Paraguay; el caso entre la comunidad Maya Achí y la masacre Plan Sánchez en Guatemasla; y el caso de las comunidades Mayas en el distrito de Toledo, Belice. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en noviembre del 20075 que los Estados que desean autorizar pro-yectos que afecten los recursos naturales y a los pueblos indí-genas y tribales están obligados a cumplir con tres importantes

garantías del derecho internacional: 1) participación efectiva, por medio de consultas de buena fe, para obtener el consenti-miento libre, previo y informado; 2) participación equitativa de beneficios entre poblaciones (grupos) afectados y el Estado; y 3) Una preparación y monitoreo objetivo e imparcial de los Estudos de Impacto Ambiental6.

La Organización de Estados Americanos (OEA) está tam-bién elaborando una Declaración Americana de Derechos Indígenas. El grupo de trabajo de la OEA está actualmente comprometido en la revisión final del borrador de la declara-ción. Delegaciones indígenas y estatales están participando y presentando propuestas en el debate y en sesiones de negocia-ción donde el texto está siendo preparado.7

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la toma de decisiones en asuntos que podrían afectar sus dere-chos, mediante representantes escogidos por ellos mismos de conformidad con sus propios procedimientos, así como man-tener y desarrollar sus propias instituciones indígenas para la toma de decisiones.

Artículo 19

Los estados deberán consultar y cooperar en buena fe con los pueblos indígenas interesados por intermedio de sus pro-pias instituciones representativas, para obtener su consen-timiento libre, previo y fundamentado antes de adoptar e implementar medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar.

Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen el derecho a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su dere-cho al desarrollo. En especial, los pueblos indígenas tienen el derecho a estar activamente involucrados en desarrollar y determinar programas de salud, vivienda y otros programas económicos y sociales que les afectan y, en la medida de lo posible, administrar tales programas a través de sus propias instituciones.

Artículo 28

1. Los pueblos indígenas tienen el derecho al resarcimiento por medios que puedan incluir una restitución o, cuando esto no sea posible, una compensación justa, razonable yequi-tativa, por las tierras, territorios y recursos que ellos han poseído tradicionalmente o que en otra forma han ocupado o utilizado, y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, usados o dañados sin su libre, previo e informado consen-timiento.

Artículo 32

1. Los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar y desarrollar prioridades y estrategias para el desarrollo o uso de sus tierras o territorios y de otros recursos.

2. Los estados deberán consultar y cooperar en buena fe con los pueblos indígenas interesados por intermedio de sus propias instituciones representativas para obtener su Con-sentimiento libre, previo y fundamentado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, especialmente en relación con el desarrollo, utili-zación o explotación de los recursos minerales, acuíferos y otros.

3. Los estados proveerán mecanismos efectivos para una justa y razonable compensación por cualquiera de tales actividades, y deberán tomarse medidas apropiadas para mitigar el impac-to ambiental adverso, económico, social, cultural o espiritual.4

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

4 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html5 Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam, sentencia del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones, y costas).6 Carlos Loarca: Mecanismos de impunidad ambiental para la hidroeléctrica Xalalá contra la consulta comunitaria de buena fe del Ixcán 7 http://www.oas.org/consejo/CAJP/Indigenous%20special%20session.asp

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2.2 Normas y lineamientos para hidroeléctricas La Comisión Mundial de Represas fue creada en 1998 por el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La CMR publicó un informe en el año 2000 que fue el resultado de dos años de investigación, diálogo y consultas referentes a los efectos generados por las grandes presas. Es, hasta la fecha, la más compleja, revisión global de proyectos específicos jamás emprendida. Fue un proceso úni-co, con representación y participación de diferentes grupos de interés: La industria hidroeléctrica, academia, gobierno, ONGs y representantes de comunidades afectadas.

El informe final concluyó que las presas y los proyectos hidro-eléctricos han hecho una contribución significativa al desa-rrollo, pero también han exigido un inaceptable e innecesaria-mente alto precio en términos de consecuencias ambientales y sociales. El informe de la WCD8 recomendó un “nuevo marco para la toma de decisiones” para proyectos en el sector agua y energía, encaminado a evitar una repetición de los errores del pasado. El marco de la WCD promueve un enfoque basado en derechos, destinado a enfocar las relaciones desiguales de poder entre los inversionistas y las comunidades afectadas, y basado en conciliaciones legales negociadas. La WCD enfatiza que los medios de vida de grupos afectados deberían ser me-jorados como resultado de los proyectos y que las presas y las hidroeléctricas deberían verse como una de muchas alternati-vas para la producción de energía renovable.

El informe de la CMR recibió una respuesta mixta, pero a pe-sar de las críticas y rechazo por un número de países construc-tores de presas, existe un amplio consenso internacional en relación con los lineamiento de base y prioridades estratégicas fijadas en las recomendaciones. Un número de instituciones

financieras ha reconocido desde entonces el valor del informe y ha adoptado las recomendaciones, incluyendo el Banco de Inversión Europea (EIB), Banco Europeo para Reconstruc-ción y Desarrollo (EBRD) y el HSBC9. El informe también ha enfocado numerosos procesos de diálogo entre múltiples par-ticipantes en todo el mundo. Alemania y los Países Bajos han restringido las compras de créditos de emisiones de carbono del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés, Clean Development Mechanisms) de las grandes presas

8 Presas y Desarrollo – Un Nuevo Marco para Toma de Decisiones, World Commission on Dams 20009 “HSBC es una de las organizaciones bancarias y financieras más grandes en el mundo. La red internacional del HSBC comprende alrededor de 8,000 oficinas en 88 países y territorios en Europa, la región Asia-Pacífico, las Américas, el Medio Oriente y Africa”. Fuente: http://www.hsbc.com/1/2about

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a aquéllos en línea con lineamientos de la CMR, mientras, bajo la legislación de la Unión Europea, los créditos de emisión de carbono comprados de proyectos hidroeléctricos mayores de 20 MW pueden ser únicamente utilizados en el Sistema Euro-peo de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés, European Emissions Trading System) si están de conformidad con las recomendaciones de la WCD.

A pesar del consenso que se ha aglutinado alrededor de las recomendaciones centrales del informe de la CMR, todavía existen retos importantes en el desarrollo de las hidroeléctri-cas. Las comunidades directamente afectadas por proyectos no están participando con frecuencia en los procesos de toma de decisiones. Evaluaciones integrales de alternativas para producción de energía renovable son raramente emprendidas. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental son frecuentemente realizadas en una etapa tardía o pobremente conducidas, con un enfoque en medidas de mitigación en lugar de medidas preventivas. Las consecuencias para las personas que viven río abajo de los proyectos con frecuencia no son adecuadamente tomadas en cuenta. Las comunidades que han sufrido impac-tos negativos, como resultado de la construcción de presas, son inadecuadamente compensadas, infruktuosamente reubicadas y provistas con formas inadecuadas de subsistencia.

Entre las normas y lineamientos internacionales en el sector hidroeléctrico, la CMR es la única que promueve el consen-timiento libre, previo e informado, indicando que existe una necesidad de acuerdos negociados y procesos de toma de decisiones basados en el consentimiento libre, previo e infor-mado de los proyectos que afectan a los pueblos indígenas y tribales. Elementos claves de la prioridad estratégica sobre “aceptación pública” de la CMR incluyen el reconocimiento de derechos, evaluación de riesgos, acuerdos negociados y proce-sos de toma de decisiones con base en el CLPF. Se requiere el acceso a información y asistencia legal para permitir la parti-cipación informada de los participantes en procesos de toma de decisiones. Además, la CMR considera que la aceptación pública es “esencial”, lograda por medio de “acuerdos negocia-dos en un proceso abierto y transparente”.

Además de las recomendaciones de la CMR, existe un número de diferentes normas y marcos internacionales destinados a asegurar un sano desarrollo de proyectos enfocando los temas mencionados anteriormente. Estos incluyen los Lineamientos de Sustentabilidad y el Protocolo de Evaluación de Sustentabi-lidad de la Asociación Internacional de Hidroeléctricas (IHA), las Políticas Operativas y Normas de Cumplimiento del Banco Mundial, y los principios de Ecuador del sector bancario.

Los Lineamientos de Sustentabilidad y el Protocolo de Evalua-ción de Sustentabilidad adjunto, fueron desarrollados por IHA entre los años 2004 y 2006. El protocolo está actualmente bajo revisión y se espera tener un protocolo revisado en el 2010. El protocolo de la IHA no es una norma ni tampoco un conjun-to de lineamientos, sino un marco de evaluación voluntaria que mide el “rendimiento” mediante “puntos o calificaciones dados en una gama de aspectos relacionados con la calidad del desarrollo del proyecto. Contrario a WCD, el protocolo tam-poco define normas mínimas que los inverionistas deberían seguir ni tampoco derechos que deberían ser respetados. Un proyecto que viola los derechos indígenas o de las comunida-des locales o los derechos humanos internacionales puede, en la práctica, obtener una buena calificación general.

El Banco Mundial por sí solo ha financiado más de 550 presas a nivel mundial. Las Políticas Operativas del Banco enfocan temas tales como pueblos indígenas, el ambiente, el hábitat natural y la seguridad de la presa. En sus políticas, el Banco Mundial indica que la prevención de impactos es preferible a la mitiga-ción, mientras que el mejorar la subsistencia de comunidades afectadas es deseable. No obstante, las políticas también permi-ten el restablecimiento de las formas de vida de las comunidades, y prestan atención insuficiente a los impactos río abajo y a la importancia de los flujos ambientales. Las Normas de Rendi-miento IFC incluyen lineamientos detallados para la reubica-ción de grupos afectados y un mecanismo de reasentimiento o indemnización pero también hay formulaciones vagas tales como “transparencia adecuada” referentes a los procesos de in-formación sobre el proyecto y pone un énfasis exagerado en la compensación monetaria en lugar de formas de vida sostenible.

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Los Principios Ecuator son normas voluntarias para institu-ciones financieras para manejar el riesgo ambiental y social en sus operaciones financieras del proyecto. Los principios fueron establecidos en el año 2003 por nueve bancos y están basados en las Normas de Rendimiento IFC sobre sustentabilidad ambiental y social. Las Normas de Rendimiento IFC van más allá de los Lineamien-tos de Sustentabilidad y Protocolo de Evaluación del IHA en lla-mar para una “consulta” libre, previa e informada, “participación informada” y “amplio apoyo comunitario”. Los Principios de Ecuator piden una “consulta y participación de las partes afec-tadas en el diseño, revisión e implementación del proyecto”. Sin embargo, las Normas de Rendimiento se separan bruscamente del enfoque basado en los derechos de la CMR y del requisito del Consentimiento libre, previo y informado para los pueblos indígenas y grupos vulnerables. La norma de rendimiento tam-bién indica que las perspectivas de las comunidades afectadas deberían ser consideradas para temas que van más allá de sólo medidas de mitigación, incluyendo “el compartir los beneficios y oportunidades de desarrollo, y temas de implementación”.

Los Lineamientos de Sustentabilidad y el Protocolo de Evalua-ción de Sustentabilidad de IHA implican que “la aceptación de la comunidad” hacia el proyecto es deseable, pero no esencial. Los lineamientos IHA requieren la participación en la toma de decisiones por intermedio de un proceso que la comunidad considera como “abierto, justo e incluyente”. Se enfatiza princi-palmente la participación de la Comunidad en las medidas de mitigación. Ni los Lineamientos ni el Protocolo proveen orientación sobre cómo facilitar la participación o aceptación efectiva de la comunidad, o qué podrían éstas constituir. El marco de la IHA no pide el Consentimiento libre, previo y fundamentado de los pueblos indígenas o tribales.

Los Principios de Ecuador promueven la “consulta y partici-pación de las partes afectadas en el diseño, revisión e imple-

mentación del proyecto”. En el principio 5 sobre “Consulta y Divulgación”, los Principios Equator indican que “el gobierno, prestatario o experto, como un tercero, ha consultado con las comunidades afectadas sobre el proyecto en una forma estructurada y culturalmente apropiada. Para proyectos con impactos significativamente adversos sobre comunidades afectadas, el proceso asegurará su libre, previa e informada consulta y facilitará su participación informada como medio para establecer10 si un proyecto ha incorporado adecuada-mente las preocupaciones de las comunidades afectadas. El prestatario adaptará su proceso de consulta según las prefe-rencias de lenguaje de las comunidades afectadas, sus pro-cesos de toma de decisiones, y las necesidades de grupos en desventaja o vulnerables”.

De acuerdo con la CMR, es esencial para el desarrollo de proyectos, que las negociaciones con las poblaciones afectadas debe resultar en acuerdos jurídicamente vinculantes. Los pue-blos afectados por el proyecto (en el reservorio, río arriba, río abajo, estanque de captación y áreas de construcción) deberían incluirse en la evaluación del impacto. Estas personas afecta-das deberían ser las primeras en beneficiarse del proyecto, y los convenios deberían ser negociados con ellos.

IFC requiere la libre, previa e informada consulta y nego-ciación en buena fe con las comunidades afectadas cuando los pueblos indígenas deben ser reubicados y estimula el uso de “arreglos negociados de propiedad (conmutar)” para adquirir derechos de tierra. Las Normas de Rendimiento IFC indican que las personas vulnerables no deberían estar en “desventaja al compartir beneficios de desarrollo” y que las oportunidades de desarrollo deberían ser identificadas, pero se detiene en el punto sobre compartir los beneficios. El marco del IHA no hace referencia al caracter vinculante legal de los acuerdos y pone mucho menos énfasis en negociacio-nes con comunidades afectadas. Tampoco IHA requiere una participación en beneficios con las comunidades afectadas.

10 A satisfacción de la Institución Financiera de Principios Equator (EPFI por sus siglas en inglés, Equator Principles Fnancial Institution) un Plan Público de Consulta y Divulgación (PCDP por sus siglas en inglés, Public Consultation and Disclosure Plan).

14

En este capítulo ofrecemos una perspectiva del contexto eco-lógico de Guatemala, sus políticas ambientales, sus pueblos indígenas y la privatización del sector energético en los años 1990. A esta le sigue la presentación de varios actores en el sector y tópicos seleccionados que emergen de las relaciones entre los varios actores.

3.1 Antecedentes11

3.1.1 Geografía y pueblo

Guatemala abarca un área de 108,889 km2 con fronteras en Belice, El Salvador, Honduras y México. En el año 2009, la población fue estimada en aproximadamente 13.3 millones con una densidad de población de 122 por km² 12. Guatemala es el país más poblado de los países centroamericanos y el crecimiento de la población fue estimado en 2.1 por ciento en 200913. La mayoría de la población está conformada por pueblos indígenas14. De acuerdo con UNHCR15, el 65 por ciento de la población guatemalteca es rural y tres cuartas partes de la población indígena vive en condados rurales.

A pesar de ser un país pequeño, Guatemala posee una im-presionante diversidad cultural y ecológica. Mesoamérica, que incluye Guatemala, es reconocida como un ‘hotspot’ en biodiversidad y Guatemala tiene el porcentaje más grande

de áreas protegidas en Centro América . Debido a la ubica-ción del país en el puente entre Norte y Sur América, con el Océano Pacífico en un lado y el Atlántico en el otro, además de diferencias en altitud que van de 0 a más de 4 000 metros sobre el nivel del mar, Guatemala se caracteriza por eco-sistemas excepcionalmente diversos y una gran diversidad biológica16.

Guatemala es rica en recursos energéticos renovables y no renovables y únicamente un pequeño porcentaje de estos ha

3 El Caso de Guatemala

Guatemala es reconocida como un hotspot en biodiversi-dad. El país cuenta con 14 ecorregiones y en el año 2005, más de un tercio de Guatemala poseía bosques17. Aproxi-madamente la mitad de los bosques están clasificados como bosques primarios, los cuales se estima que con-tienen los niveles más altos de biodiversidad. De acuerdo con cifras del Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial, Guatemala tiene 1 246 especies conocidas de an-fibios, aves, mamíferos y reptiles. Es también el hogar de por lo menos 8 681 especies de plantas vasculares. Con aproximadamente un 30 por ciento del área declarada como áreas protegidas, Guatemala tiene el porcentaje más grande de area protegida en Centroamérica18.

Guatemala y la biodiversidad

11 Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power. Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming 12 Libro de Datos Mundiales CIA 201013 Ibid14 Los números varían de un 40 a un 65 por ciento. De conformidad con muchas organizaciones indígenas, el número es 65 por ciento, mientras que los números oficiales son 40. Según el censo del año 2001, 40 por ciento de la población era de grupos indígenas pero los métodos han sido cuestionados. En el censo, el K’iché representaba un 9.1 por ciento; Kaqchikel 8.4 por ciento; Mam 7.9 por ciento; Q’eqchi 6.3 por ciento; otros Mayas 8.6 por ciento; indígenas no-Mayas 0.2 por ciento; y otros, 0.1 por ciento. Además del español, existen 23 lenguas amerindias oficialmente reconocidas, incluyendo Quiché, Cakchiquel, Kekchí, Mam, Garífuna y Xinca. 15 La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas – The Un Refugee Agency http://www.unhcr.org/refworld/topic.463al2212.469f2e812.4a66d9b550.0.html16 Detlefsen et al (1991) Plan de acción forestal de Guatemala.17 36.3 por ciento, de conformidad con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)18 28 por ciento en el año 2007, de conformidad con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

15

sido explotado. Guatemala es la nación más importante en la producción de petróleo en Centroamérica. Con más de 3 000 ríos, el país es considerado preparado para el desarrollo de hidroeléctricas, con un potencial de capacidad de producción hasta de 5 000 MW, de los cuales únicamente el 11 por ciento ha sido explotado19, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

La topografía es irregular, con una cadena volcánica y dos cordilleras montañosas: Sierra Madre y Sierra de los Cuchu-matanes. El clima varía en las tres zonas climáticas del país, las cuales son la zona climática tropical (menos de 1 000 metros sobre el nivel del mar), la zona templada (1 000-2 000 metros sobre el nivel del mar), y la zona fría (más de 2 000 metros sobre el nivel del mar). El clima de Guatemala se ca-racteriza por dos estaciones: La temporada zona lluviosa que tarda de mayo a noviembre y la temporada seca que perma-nece entre noviembre y abril.

Guatemala tiene un complejo sistema de agua, con 40 ver-tientes y 3 000 ríos fluyendo al Océano Pacífico, al Océano Atlántico y al Golfo de México. Entre los ríos más largos se encuentran el Usumacinta, Motagua, Sarstún, Ixcán y Polochic.

A pesar de sus muchos recursos naturales, Guatemala es uno de los países más pobres en Latinoamérica y un país con enormes desigualdades. La distribución de ingresos continúa siendo altamente desigual: Guatemala ocupa el lugar 122 en el índice UN HDI (2008) con más de la mitad de la población viviendo por debajo de la línea nacional de pobreza20. En el año 2007, 27 por ciento de la población adulta era analfabeta y la expectativa de vida era de 70 años21.

Guatemala es un país con alta biodiversidad.

19 Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) Plan de Expansión indicativo del Sistema de Generación 2008-202220 56 por ciento, estimado del año 2009 http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_GTM.html#21 UNDP Human Development Report 2009 (PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2009)

BELIZE

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUAEL SALVADOR

MEXICO

YUCATAN PENINSULA

PACIFIC OCEAN

GULF OF MEXICO

CARIBBEAN SEA

16

3.1.2 Pueblos Indígenas en Guatemala

Muchos informes internacionales han documentado y revela-do la grave situación de los pueblos indígenas de Guatemala y las enormes desigualdades que existen entre la sociedad en ge-neral y la población indígena. Esto ha tenido como resultado que el Estado de Guatemala sea llamado a cumplir tanto con los Acuerdos de Paz suscritos en 1996 y el Convenio 169 de la OIT, ratificada por Guatemala en 1995. El informe del 2002 del relator especial de las Naciones Unidas22 sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, dice lo siguiente acerca de Guatemala:

“Guatemala es una sociedad multi-étnica, pluri-cultural y multi-lingüe, en la cual aproximadamente la mitad de la población de 12 millones pertenece a los pueblos indígenas Maya, Xinca y Garífuna. En un número de regiones del país, especialmente en áreas rurales, los pueblos indígenas con-forman una mayoría de la población. La identidad nacional en Guatemala se basa, a gran escala, en las culturas de vida de sus pueblos indígenas con sus tradiciones, sus valores co-munitarios, sus lenguas y su espiritualidad. Pero lejos de ser socios completos e iguales con el resto de la población, los in-dígenas han sido sometidos a exclusión política, discrimina-ción cultural y marginalización económica de la sociedad”.23

Los pueblos indígenas en Guatemala se encuentran entre los más pobres del país. Las cifras de 2006 muestran que, entre la población indígena, el 74.8 por ciento son pobres, y el 27.2 por ciento viven en extrema pobreza24. Adicionalmente, más del 70 por ciento de las personas que viven en las áreas rura-les son pobres. Quiché y Alta Verapaz son los departamentos más pobres en el país y el hogar de una mayoría de pue-blos indígenas25. La falta de educación y acceso a servicios de salud es un problema en muchas comunidades pobres. Muchos pueblos indígenas viven en las regiones montañosas centrales de Guatemala, principalmente debido a las políti-cas agrícolas implementadas por el Estado, o por el conflicto armado que ha forzado a las comunidades locales a reubicar-se o migrar.

Los cuatro grupos más grandes de pueblos indígenas en Guatemala son K’iché, Kacqchikel, Mam y Q’eqchí. Además, existen otros grupos Mayas y unos cuantos grupos no-Mayas tales como el Xinka y el Garífuna. Además del español, existen 23 lenguas amerindígenas reconocidos oficialmente, incluyendo el Quiché, Cakchiquel, Kekchí, Mam, Garífuna y Xinca.

Las divisiones político-administrativas de Guatemala com-prenden 22 departamentos divididos en 331 municipios.

Las seremonias Mayas es una parte importante de la cultura Maya.

22 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la Resolución 2001/57 de la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Misión a Guatemala.23 Ibid 24 Instituto Nacional de Estadística (INE) 200625 En Quiché, donde el 93.5 por ciento de la población es indígena, el 81 por ciento de la población vive en la pobreza, con 25.6 por ciento de la población viviendo en extrema pobreza. La situación en Alta Verapaz es aún más aguda, donde el 78 por ciento de la población vive en pob reza y el 43.5 por ciento vive en extrema pobreza. Los pueblos indígenas representan más del 98 por ciento de la población en Alta Verapaz.

17

3.1.3 Los legados del conflicto armado

Guatemala es un país que ha sido profundamente herido por años de gobiernos autoritarios y por un violento conflicto que tardó 36 años (1960-1996). Muchas personas fueron desplazadas por la violencia y el conflicto armado. Los estimados varían entre 240 000 y 1 millón de personas. 14 años después de los Acuerdos de Paz, muchos pueblos están todavía esperando la compensa-ción y muchos no han podido regresar a sus comunidades.

El país padece de una severa y desigual distribución de tierras, principalmente debido a la falta de voluntad por parte de poderosos grupos políticos y económicos para emprender una reforma agraria. La distribución desigual de tierras fue una de las causas del conflicto armado. Los Acuerdos de Paz de 1996 enfocan la distribución de tierras, la reubicación y regreso a comunidades, así como una integración socio-económica y política. No obstante, el Acuerdo no ha sido implementado con éxito, principalmente debido a la resistencia de las élites

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militares y económicas. Los desplazados del conflicto armado han sido discriminados y estigmatizados, siendo para ellos sumamente difícil regresar a sus comunidades.

El relator especial de Naciones Unidas (2002) indicó que “uno de los problemas fundamentales que afectan a los pueblos indígenas se relaciona con el derecho a la tierra. La falta de acceso a la tierra, falta de respuesta a los reclamos relacionados con tierras, la falta de respeto hacia lugares tradicionales tales como bosques comunales, una reubicación forzada de los pueblos indígenas como resultado de proyec-tos de desarrollo económico, y problemas originados de la falta de tierra ocasionados por el conflicto armado, crean una situación de tensiones sociales”.

Debido a un largo historia de expulsiones, reubicaciones, restablecimientos forzados y migraciones, muchas de las co-munidades locales carecen de acceso a la tierra que necesitan. El uso aumentado e intensificado de la tierra en Guatemala ha colocado a los ecosistemas bajo una severa presión. El uso de tierras para agro-exportaciones y haciendas de ganado, acti-vidades de minería y proyectos de infraestructura más grandes están ahora amenazando las áreas para la ubicación y uso local y, especialmente, los territorios de grupos indígenas. Núme-ros siempre en aumento de personas indígenas y campesinos pobres han recurrido a las ocupaciones de tierra como su último recurso para evidenciar una distribución desigual de tierras. Las ocupaciones han conducido a la toma de medidas enérgicas por parte de las autoridades.

Por último, y de importancia fundamental, los muchos años de conflicto y represión de todo tipo de organización y oposi-ción han dejado un legado de redes sociales destruidas, temor y persistente desconfianza en muchas comunidades locales. Los asesinatos y persecución de líderes locales y otros están fuertes en la memoria de las comunidades afectadas. La falta de confianza en el estado es evidente.

Los Acuerdos de Paz

Los Acuerdos de Paz constituyen un marco con compromisos para asegurar un proceso de paz duradera y para solucionar los conflictos sufridos que han excluido históricamente a la mayoría de la población indígena de los procesos de toma de decisiones. La primera brecha que se abrió fue el Acuerdo de los Derechos Humanos, suscrito en marzo de 1994, seguido por el Convenio sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIRIP por sus siglas en inglés) de 1995 y el Acuerdo de Desmi-litarización de 199626.

El acuerdo AIRIP exige una enmienda constitucional para re-definir a Guatemala como una nación multi-étnica, multi-cul-tural y multi-lingüe, y representa un punto de referencia para los cambios estructurales que el estado necesita realizar para incorporar a los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca en todos los aspectos de la vida nacional. Desafortunadamente, esto aún no se ha logrado y diferentes cuerpos internacionales han en-fatizado la urgencia de reformas relacionadas con los pueblos indígenas. Los convenios, hasta cierto punto, han desapareci-do del debate público y de las agendas de los partidos políticos. AIRIP propone reformas, incluyendo modelos institucionales para participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el establecimiento de mecanismos de consulta e instituciones que representen a los pueblos indígenas. AIRIP indicó la necesidad de cambios en las leyes municipales para tomar en cuenta a las comunidades indígenas y sus líderes, res-peto para el derecho consuetudinario, distribución del gasto público y la ratificación de la Convención 169 de la OIT.

Los Acuerdos de Paz también reconocieron la negligencia histórica de las necesidades de infraestructura de las comu-nidades rurales y en desventaja, así como la importancia de servicios públicos, tales como electricidad y agua. Se hizo un compromiso para extender la cobertura de electricidad a los grupos en condiciones sociales muy bajas.

26 Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática

19

Algunas de las leyes y reformas aprobadas en Guatemala en años recientes están directamente relacionadas con los compromisos de los Acuerdos de Paz y son de vital impor-tancia para el fortalecimiento de los derechos de los pue-blos indígenas. Estos incluyen la Ley para el Desarrollo de Consejos (2002), el Código Municipal (2002) y la Reforma al Código Penal en relación con la Discriminación (2002). Se pretende con los primeros dos incrementar la participa-ción de los pueblos indígenas y reconocer sus instituciones políticas.

En marco de 1995, Guatemala ratificó la Convención 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. La Convención entró en vigencia en junio de 1997. La Ley de Desarrollo de Consejos creó consejos para el desarrollo a nivel local, municipal, provincial, regional y nacional. Los consejos de desarrollo local debían ser electos por las comunidades locales, pero principalmente con un mandato administrativo, en especial, relacionado con el uso de los presupuestos locales. El Código Municipal incluye “consultas vecinales”, en las cuales las comunidades locales pueden dar su opinión sobre proyectos de desarrollo “que afectan a todos los ciudadanos del municipio”.

Después de un prolongado período de un gobierno auto-ritario, un gobierno civil electo asumió el poder en Gua-temala en 1986. No obstante, el país se encontraba todavía en medio del conflicto que interrumpió el proceso de democratización. Alvaro Colóm, del partido social demó-crata, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ganó las elecciones presidenciales en 2007 y tomó posesión en 2008. Colóm declaró que él crearía un gobierno con una “cara Maya” y se centró en la educación y la salud, así como en programas sociales.

3.1.4 Políticas ambientales

En años recientes, temas ambientales severos han salido al frente en Guatemala, tales como la deforestación, erosión del suelo, contaminación y polución del agua. De acuerdo con el Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP), más del 85 por ciento de los ríos en Guatemala están contaminados27. La degradación ambiental se debe a una combinación de factores, incluyendo débiles regulaciones y un pobre cumplimiento de las mismas, una falta de políticas ambientales y poderosos intereses en el área agrícola y pecuaria, industrial and mining sectors28.

La degradación ambiental en Guatemala fue confirmada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) en 2001. De acuerdo con MINUGUA, la des-trucción ambiental fue un resultado de los mismos procesos sociales que generan concentración de riqueza, y, en el otro extremo, exclusión social y pobreza en el país. Ellos asevera-ron que no fue posible separar los recursos naturales de sus “dimensiones económicas, culturales, sociales y políticas”.29

Durante las décadas de los años 1980 y 1990, se elaboró el marco ambiental, legal e institucional de Guatemala, prin-cipalmente inspirado por los procesos internacionales tales como la Conferencia de Río de 1992 sobre ambiente y desarro-llo. Un movimiento ambiental emergente presionó la reali-zación de nuevas leyes y regulaciones. La Ley de Protección y Mejoramiento Ambiental fue aprobada en 1986, resultando en la creación de la Comisión Nacional del Ambiente, poste-riormente convertida en Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Otras importantes leyes incluyen leyes sobre bosques (1996), áreas protegidas (1989) y conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

76 Comunicación personal, agosto del 200928 SAVIA 2009, Realidad Ecológica de Guatemala29 MINUGUA 2001

20

De manera más importante, Guatemala no tiene una ley de aguas que estipule el uso del agua en especial para la regula-ción de los recursos acuíferos. La Constitución de Guatemala reconoce el agua como dominio publico y prioriza su uso para intereses sociales, pero sin una ley de aguas, el agua en la práctica está administrada y usada sin ninguna reglamen-tación30. Se han iniciado varios procesos durante los últimos 30 años para elaborar una propuesta de ley31, pero estos se han enfrentado a una fuerte resistencia. El ultimo intento se realizó en el 2006, un proceso iniciado por la Comisión para el Ambiente y Recursos Naturales en el Congreso, acompaña-da por la organización ambiental CALAS. Sin embargo, sin integrar los derechos de las comunidades locales e indígenas y asegurar el derecho humano al agua, la propuesta se ha en-contrado con una fuerte oposición de los pueblos indígenas, especialmente en Totonicapán, así como también de otras organizaciones ambientales y sociales. Además, poderosos intereses en el sector agropecuario también se oponen a la ley del agua.

La degradación del agua freática y la contaminación de las fuentes de agua son dos problemas serios en Guatemala. Los ríos están altamente contaminados por intensas actividades de la agricultura, agro-industriales y aguas servidas de las áreas urbanas. La minería y la extracción de petróleo tienen efectos ambientales serios, contaminando tanto el suelo como el agua, tal como lo reportan varias organizaciones. El norte de Guatemala y el departamento del Petén han sido sumamente impactados por la extracción de petróleo. Los impactos de la minería en el ambiente y en las comunidades locales, tal como lo reportan las organizaciones, incluyen la destrucción de la flora y fauna; uso excesivo del agua; y el uso de químicos que contaminan severamente el agua, afectando tanto los ecosiste-mas como la salud de las comunidades locales32.

Durante la última década, el sector minero se ha expandido en Guatemala. El pequeño porcentaje de regalías pagadas a las municipalidades (0.5 por ciento) y al estado (0.5 por ciento) ha sido objeto de extensos debates, así como los impactos

Haymasque3000riosenGuatemala.

30 Margarita Hurtado Paz y Paz (2006) – Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala. FLACSO. Ciudad de Guatemala.31 Una propuesta de ley fue presentada en Septiembre 2004 por el diputado Alfredo Cojtí, elaborado por CALAS.32 Comisión Pastoral Paz y Ecología – Copae (2009): Situación actual del agua de los ríos Tzalá y Quivichil en el área de influencia de la mina Marlin, ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, Segundo informe anual del monitoreo y análisis de la calidad del agua. Diócesis de San Marcos.

21

ambientales y de salud en las áreas de explotación. Un débil cumplimiento de las regulaciones ambientales se percibe en las comunidades, donde los medios de subsistencia y el ambiente son destruidos y la salud es puesta en peligro. Organizaciones de la sociedad civil reclaman que el estado no hace casi nada para proteger a las comunidades locales y las compañías están operando en un vacío legal e institucional. Las comunidades locales se han movilizado y principiado a rechazar la minería y los proyectos de gran infraestructura en sus áreas.

Adicionalmente, Guatemala es considerada como uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo. El Indice de Riesgo Climático Global de la Década para 1997-2007 colocó a Guatemala en el puesto 11º entre 177 países, subrayando la muy alta vulnerabilidad del país a los eventos relacionados con el clima. En años recientes, las tormentas y sequías han tenido impactos masivos humanos, ambientales y económicos en Guatemala, especialmente afectando a las comunidades pobres en áreas rurales. La mitigación del cambio climático se usa como un argumento para el desarrollo del sector hidroeléctrico, haciendo potencialmente a los residentes locales aún más vulnerables al cambio climático que antes.

Un severo problema con el que el país se está enfrentando es la falta de un plan para el uso de la tierra, con leyes y regula-ciones que le respalden, para zonificar los usos de diferentes tierras y el manejo de la tierra que podría permitir una consi-deración de los frágiles ecosistemas y asegurar los derechos de los pueblos indígenas. Guatemala también ha suscrito varias convenciones y convenios que todavía no se han implementa-do en el marco legal del país.

De acuerdo con un estudio de FLACSO (2006), el marco legal ambiental actual es amplio pero no muy efectivo, y las inicia-

tivas son reactivas en lugar de ser proactivas y preventivas33. Una serie de instituciones ha sido creada para tratar los temas ambientales, pero éstas se encuentran con varios retos, tales como falta de recursos, falta de personal competente y poca coordinación entre las diferentes entidades34. La alta rotación de burócratas en las diferentes entidades ocasiona una falta de con-tinuidad en prioridades, que resulta en una falta de implemen-tación de programas y proyectos a largo plazo. Se ha tomado ventaja de débiles instituciones por parte de diferentes actores, compañías, grupos y personas para sus propios intereses.

En Guatemala hay muchas fuentes originales de agua.

33 Margarita Hurtado Paz y Paz (2006) – Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala. FLACSO. Ciudad de Guatemala.34 Tales como INAB, CONAP y CONRED, MEM y MAGA son también actores importantes relacionados con temas ambientales.

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3.2 El sector de electricidad en Guatemala35

3.2.1 Los años 1990: Una era de privatización

Durante la década de los años 1990 y especialmente después de los Acuerdos de Paz, Guatemala ha buscado afanosamente refor-mas económicas sobre la base de una estabilización macroeco-nómica en donde las políticas neoliberales han predominado, siguiendo el Consenso de Washington35a. Las políticas neolibe-rales han afectado muchos sectores de la sociedad guatemalteca y han introducido cambios en el marco legal promoviendo una liberación de la economía y privatización de compañías y servi-cios públicos. El énfasis en las iniciativas privadas ha reducido el papel del estado al de regulador. Se hicieron importantes leyes en el inicio de los Acuerdos de Paz, tales como la Ley de Hidrocarburos (1991), la Ley General de Electricidad (1996), la Ley de Minería (1997) y reglamentos para la comercialización de la Ley de Hidrocarburos (2004). No obstante, muchas de estas leyes fueron aprobadas sin ningún debate público ni consulta, ni la participación de la sociedad civil y grupos afectados.

En Guatemala, una minoría, principalmente de ladinos35b y personas de ancestro europeo, representan la élite económi-ca y política. Los grupos poderosos en el país van desde el sector militar hasta el sector financiero y de servicio al sector agropecuario, con organizaciones tales como la Unión Nacio-nal Agropecuaria (UNAGRO) o el Comité Coordinador de

Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Con la introducción del nuevo modelo económico, nuevos actores importantes han surgido en servicios, banca y agricultura no tradicional. Junto con los proponentes interna-cionales de políticas neoliberales, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (IMF), estos grupos han tenido una fuerte influencia en la preparación de muchas de las leyes y en la elaboración del marco legal e institucional.

El sector eléctrico fue privatizado y liberalizado en 1996 por medio de la Ley General de Electricidad. La privatización fue conducida por el Ministro de Energía y Minas (MEM), Leonel López Rodas y el gobierno de Alvaro Arzú, y apoyada por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés, Multilateral Investment Guarantee Agen-cy) del Grupo del Banco Mundial. El período de Arzú de 1996 al 2000 fue el período más agresivo en Guatemala en términos de privatización y ajuste estructural36.

La drástica reforma del sector de electricidad incluyó el dividir-lo en diferentes funciones, incluyendo generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad, favoreciendo y promoviendo la participación privada en el sector. Se crearon dos importantes instituciones: La Comisión Nacional de Ener-gía Eléctrica (CNEE) como la agencia regulatoria, y el Admi-nistrador del Mercado Mayorista (AMM). En la práctica, esto ha conducido a que compañías privadas y extranjeras ingresen al sector de producción mientras que el estado principalmente proporciona autorizaciones y actúa como un regulador.

35 Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power. Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming35a Se usa el Consenso de Washington para describir un juego de políticas que unificaron a actores tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de los Estados Unidos desde finales de los años 1970 sobre cómo las economías en desarrollo deberían adaptarse para promover el crecimiento.35b Se asume popularmente que los ladinos son descendientes de la mezcla de españoles e indios (mestizos), pero de hecho, son principalmente Maya por herencia biológica que han asimilado el idioma nacional y la cultura (Smith 1990). De manera similar, UNDP (2005 pp.37) indica que bajo el concepto de ladino, están incluidos los indígenas asimilados, los inmigrantes y los ladinos, y el mestizaje como una forma de construcción de la nación se perdió. 36 Ferrigno 2009 El Oscuro Negocio de la Luz. FLACSO. Ciudad de Guatemala

23

Previo a la reforma, la electricidad era suministrada por dos compañías propiedad del estado, EEGSA37 en la región metro-politana, y el INDE38 para el resto del país. La Ley de Electrici-dad de 1996 buscó incrementar las inversiones privadas en el sector y mejorar la eficiencia introduciendo competencia en la generación de electricidad y privatizando la red de distri-bución39. En 1998, el 80 por ciento de EEGSA fue vendido a la compañía española, Iberdrola. Los activos de distribución fueron desglosados en dos compañías regionales de distribu-ción, DEORSA (que sirve al este del país) y DEOCSA (que sirve al oeste) y las puso en subasta con concesiones de 50 años. La compañía española Unión Fenosa Internacional, S. A., ganó la licitación para ambas compañías en 1998, apoyada por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversión (MIGA)40. Desde la privatización, el INDE ha sido dramáticamente reducido en su tamaño y dejado en control de las estaciones de electricidad, principalmente hidroeléctricas, continuando con la posesión y operación de la red nacional de transmisión.

El ingreso neto de venta de la privatización de las compañías de distribución (US$110 millones) fue colocado en un fideico-miso para financiar un ambicioso programa de electrificación rural (PER) iniciado en 199841. Las dos compañías distribuido-ras DEORSA Y DEOCSA fueron hechas responsables contrac-tualmente de la ejecución de inversiones del programa.42 El plan hizo que la privatización fuera más atractiva, principal-mente que a las compañías de distribución se les pagó $650 por cada nueva conexión elegible alcanzada43.

37 Empresa Eléctrica de Guatemala 38 Instituto Nacional de Electrificación39 Comisión Nacional de Energía Eléctrica 40 “MIGA apoyó el proyecto suministrando cobertura de seguro de inversión contra los riesgos de restricción de moneda, expropiación, guerra y disturbios civiles, e incumplimiento de contrato”. MIGA en países afectados por conflicto, 2003. 41 Foster &Araujo 2004 “¿Trabaja la reforma en infraestructura para los pobres? Un estudio modelo de Guatemala” 42 DEORSA y DEOCSA son responsables de los activos de distribución, y el INDE es responsable de los activos de la operación de transmisión.43 Concesiones que no están incluidas en el área de concesión a las compañías (200 metros o más, más allá del tendido eléctrico). Fuente: MIGA en países afectados por el conflicto, 2003.

Bajo la nueva normativa, el marco institucional y operati-vo para electricidad, el sistema fue dividido en cuatro áreas operativas: Generación, transmisión, distribución y comer-cialización de la electricidad. Más y más compañías privadas se están involucrando en la generación de energía además de la compañía estatal, INDE. Dos compañías privadas están involucradas en transmisión además del INDE, 16 institucio-nes públicas y tres compañías privadas están involucradas en distribución y 14 compañías privadas están comprometidas en la comercialización de la electricidad. En total, el 73 por ciento de las entidades en el sector son privadas. Adicional-mente, existen 800 de los llamados “grandes usuarios” tales como el sector de maquila, la minería y la industria.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de la planificación, coordinación y cumplimiento en el sector, im-plementado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que funciona independientemente del ministerio.

La compañía pública, INDE, fue dividida en tres con la re-forma: Empresa de Generación de Energía (EGEE), la Em-presas de Transporte y Control de Energía (ETCEE) y la Em-presa de Distribución de Energía Eléctrica (EDEE). En 1998, las últimas dos fueron convertidas a DEORSA y DEOCSA. El 91.4 de las acciones de estas dos compañías son pro-piedad de Distribuidores Eléctricos del Caribe, bajo la cual la compañía española Unión Fenosa opera en el país. Fuente: Ferrigno (2009) El Oscuro negocio de la luz. FLAC-SO, Ciudad de Guatemala.

La Reforma de Electricidad de 1996

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3.2.2 Plan estratégico para hidroeléctricas

El plan para expandir el sector hidroeléctrico fue iniciado por el ex presidente, Oscar Berger y el gobierno de la Gana44 (2004-2008). El Plan Estratégico para Proyectos Hidroeléc-tricos fue formulado en 2004 para responder a la creciente demanda de electricidad y a un incremento en los precios del petróleo, y reducir la dependencia de combustibles fósiles, principalmente petróleo. Se realizaron varios estudios para desarrollar el sector hidroeléctrico hace mucho tiempo en la década de los años 1970, pero el desarrollo real fue interrum-pido por el conflicto armado. En octubre del 2007, tres meses antes que el gobierno actual llegara al poder, el entonces Ministro de Energía y Minas aprobó la Política de Energía y Minas para 2008-2015.

El gobierno actual de Colom avanzó con los planes a pesar de la falta de participación por partes afectadas y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración. El 25 de mayo del año 2008, el Presidente Colom anunció una iniciativa destinada a cambiar la “Matriz energética” del país favoreciendo a las hidroeléctricas y al carbón. En este momento, los precios del petróleo se encontraban en su punto más alto. La meta es reducir la dependencia del país en el petróleo y alrededor del año 2022 generar el 60 por ciento de los recursos renovables45.

En el presente, el estado no tiene planificado desarrollar proyectos hidroeléctricos por sí mismo,46 argumentando que las compañías privadas harán un mejor trabajo y que el estado no tiene la capacidad ni los recursos financieros. A las compa-ñías privadas y extranjeras se les confieren varios incentivos para operar en el país por medio de la Ley de Incentivos de Energía Renovable (2003), ademas que es fácil acceder a la información para compañías en la Guía para Inversionistas publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El

estado de Guatemala y sus ministros estimulan la “responsabi-lidad social” de las compañías e insisten en que sus inversiones contribuirán al desarrollo local y nacional.

Los planes de expansión para el sector hidroeléctrico en Guatemala son también parte de una política regional más extensa, el Plan Mesoamérica (antiguamente el Plan Puebla Panamá). El plan, iniciado en el año 2001, es un proyecto mayor de infraestructura desde Puebla, en México, hasta Panamá. El proyecto promueve “la integración y desarrollo regional” en la región. El plan pretende estimular el comer-cio mediante la construcción o mejoras de proyectos de in-fraestructura a gran escala tales como caminos, aeropuertos, puertos, y redes de electricidad y telecomunicaciones.

El Plan Mesoamérica ha sido criticado por seguir un mo-delo neoliberal de desarrollo, favoreciendo a compañías multinacionales sobre el medio ambiente, la cultura local, los derechos de los indígenas y las comunidades locales, que tienen poca voz en el proceso de desarrollo. Los críticos arguyen que el proyecto sirve únicamente para poner en su lugar infraestructura que permita que florezcan los tratados de libre comercio (TLCs) y que puedan operar las compañías transnacionales47.

El Plan consiste de la integración de los sectores de energía, transporte y telecomunicaciones; la facilitación del comercio; desarrollo sostenible; desarrollo humano; turismo; y prevención y mitigación de desastres. El trans-porte (85 por ciento de las inversiones) y la energía (11 por ciento) son los dos componentes más importantes.

Plan Mesoamérica

44 Gran Alianza Nacional45 MEM, 28 de febrero http://www.mem.gob.gt/Portal/home.aspx46 Comunicación personal, Ministerio de Energía y Minas 47 CIEPAC http://www.ciepac-org/encontrados.php

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Hace una década los gobiernos en la región acordaron desarrollar un sistema de interconexión de electricidad (SIEPAC)48. SIEPAC consiste de la construcción de por lo me-nos 1 800 km de una línea de transmisión de 230 kV desde Panamá a Guatemala, destinada a desarrollar un mercado eléctrico regional. El interés de Guatemala en el sistema es principalmente la exportación de electricidad. Aparte de Cos-ta Rica, otros países en la región tienen un déficit de electri-cidad. En el año 2006, Guatemala suscribió un convenio con México para desarrollar la interconexión de electricidad49. La interconexión quedó finalizada en el año 2009 y Guatemala comprará energía a México, especialmente para cubrir la tari-fa social del país. La interconexión con México es financiada con fondos públicos y préstamos al estado, una forma más de asistencia a compañías que desean exportar.

48 Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 49 Debe notarse que el sistema de Costa Rica es manejado públicamente con gran éxito

• La Constitución de Guatemala • Ley General de Electricidad (1996)• Regulaciones de la Ley General de Electricidad (Acuerdo Gub. No. 256-97)• Regulaciones del Administrador del Mercado Mayorista, (Acuerdo Gub. No. 299-98)• Normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y AMM• La Ley de Incentivos para Energía Renovable (2003) • La Ley del Ambiente (1986) • La Ley de Areas Protegidas (1989)• Regulaciones para estudios de Impacto Ambiental (2003) • Código Municipal (2002)

El marco legal para el sector energético en Guatemala

El proyecto Xacbal en Quiche, durante la construcción en 2009.

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3.2.3 Actores en el sector hidroeléctrico

La privatización del sector de electricidad en Guatemala ha creado una nueva situación para los diferentes actores involu-crados. Previo a la privatización, el estado era el actor princi-pal responsable de desarrollar proyectos hidroeléctricos. Aún cuando el estado todavía administra proyectos desarrollados antes de la privatización y tiene la principal responsabilidad por la red de transmisión, el papel del estado ha sido mayor-mente reducido al de un regulador. Con una débil capacidad regulatoria y la ausencia del estado en muchas partes del proceso de desarrollo de los proyectos, las comunidades, así como las compañías privadas y extranjeras, han sido dejadas principalmente en un vacío legal. La privatización ha abierto las puertas para la participación de actores privados y de com-pañías transnacionales que son estimuladas para desarrollar el sector. Varias iniciativas privadas han sido propuestas para de-sarrollar proyectos hidroeléctricos, facilitadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de formular y coordinar las políticas y planes del estado y progra-mas en el sector y de aplicar la Ley General de Electricidad. El Ministerio otorga la autorización final para el uso del agua y de los ríos.

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) es el órga-no técnico del Ministerio a cargo del cumplimiento de la Ley General de Electricidad. La CNEE es la reguladora que emite normas técnicas y regula precios.

El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) es una enti-dad privada, establecida por la ley, que coordina transacciones entre diferentes participantes en el mercado de electricidad, asegurando la libre competencia en el mercado y promovien-do las inversiones.

La generación de electricidad está liberalizada con compe-tencia libre, con agentes y usuarios a gran escala celebrando libremente convenios basados en las condiciones estipuladas en los contratos, en términos de duración, cantidad y precio. La transmisión y distribución son reguladas por la CNEE.

3.2.4 Desarrollos actuales en el sector energético

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se han hecho avances importantes desde el principio del período del gobierno de Colom en 2008. Para entonces, el 46 por ciento de la electricidad provenía de combustibles fósiles y únicamente el 37 por ciento provenía de energía renovable. A finales del 2008, la proporción era de 45.8 por ciento de energía renovable y, durante la administración de Colom, se han desarrollado proyectos renovables con un total de 1 202 MW de capacidad de generación. Se agregaron 312 MW al sistema durante 2009, y 444 MW de capacidad están actual-mente en construcción. Cerca del 90 por ciento de esta nueva producción es generada por proyectos hidroeléctricos51.

En octubre del 2009, se inauguró la estación de transmisión Los Brillantes, en el departamento de Retalhuleu. La estación asegura la interconexión de electricidad entre Guatemala y México. Esto significa que Centroamérica está ahora conecta-da con México, como parte del Plan Mesoamérica ya men-cionado. Esto facilitará la exportación de energía. Además, el

• El Ministerio de Energía y Minas (MEM)• La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)• El Administrador del Mercado Mayorista (AMM)• El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)• La compañía pública INDE• Los distribuidores (principalmente DEOCSA y DEORSA)• Los inversores y compañías involucrados• Los inversionistas y el sector bancario • Los usuarios a gran escala (industria, minería, industria de maquila)• Las municipalidades, los alcaldes y los Consejos de Desarrollo • Intermediarios (consultores, abogados, organizaciones para la resolución de conflictos) • Actores de la sociedad civil (organizaciones de la comunidad rural, sindicatos y ONGs)• Las comunidades locales afectadas50

Importantes actores en el sector en Guatemala son

50 Las comunidades afectadas son definidas en una forma amplia, incluyendo las comunidades circunvecinas y las comunidades río abajo51 MEM, 28 de febrero del 2010 http://www.mem.gob.gt/Portal/home.aspx

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departamento del Petén ha sido conectado con la red nacional (SNI)52.

Más de 20 proyectos hidroeléctricos están actualmente ope-rando en Guatemala, de los cuales nueve son operados por el estado. El más antiguo data de 1926; cuatro fueron cons-truidos durante la década de los años 1960 y 1970; y dos en la década de los años 1980. Un proyecto en especial ha dejado su marca en el país: La Hidroelectrica de Chixoy desde 1983, el proyecto hidroeléctrico más grande en Guatemala (300MW). No se construyeron proyectos durante los años más violentos del conflicto, hasta antes de 1995. Entre 1995 y el 2009, 16 proyectos han iniciado operaciones, y únicamente uno de ellos es operado por el estado. A la fecha, existen aproximadamente 10-15 proyectos en construcción y varios otros están en la fase de planificación.53 Más de 30 proyectos han sido propuestos por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).54 Los

proyectos van desde 10 a 340 MW55. Existen proyectos bajo planificación o construcción en los departamentos de Alta Verapaz, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz, Escuintla, Petén, Quetzaltenango y Zacapa.

Especialmente, desde la expansión de los sectores minero e hidroeléctrico, han surgido conflictos sobre los recur-sos naturales y el control de territorios; las comunidades locales se han opuesto a proyectos de infraestructura a gran escala e inversiones de parte de compañías transnacionales. El enfoque sobre el potencial de las hidroeléctricas parece haber pasado por alto a las personas que viven en las áreas afectadas, así como a los derechos indígenas, el ambiente y el contexto ecológico especial de Guatemala. El marco para el sector ha creado una nueva y complicada dinámica, casi siempre cargada de conflictos entre el estado, los intereses comerciales y las comunidades locales.

52 Sistema Nacional Interconectado53 Fecha: 28 de febrero: 30 proyectos propuestos, de conformidad con Invest en Guatemala. http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=46 54 Plan de Expansión indicativo del Sistema de Generación 2008-202255 http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=46

* basedo en datos de CNEE, Invest in Guatemala y INDE. Fuente: Hirsch, C. UMB. Forthcoming.

Proyectos hidroeléctricos en Guatemala

Alta Verapaz 5 1 3 17 26San Marcos 1 1 3 17 22Quiché 2 2 9 13Huehuetenango 13 13Baja Verapaz 2 1 1 4 8Esquintla 5 1 – 1 7Petén 7 7Quetzaltenango 4 1 1 – 6Zacapa 1 – 3 – 4Santa Rosa 2 – – 2 4Chiquimula 1 3 4Guatemala 2 1 3Izabal 1 1 1 3Retalhuleu – 1 – 1 2Salama 1 1Xela 1 1El Progreso 1 1Jalapa 1 1Suchitepeques 1 1Jutiapa 1 1Noespecificados 4 4Total 24 9 16 83 132

Departamento En operación En En preparación o Estimación de Total construcción proceso de EIA proyectos propuestos*

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La presa de Chixoy fue construida por la compañía pública INDE, con financiamiento del Banco Interamericano de Desa-rrollo (BID) y el Banco Mundial. La construcción de la presa principió sin haberse notificado a las comunidades locales en 1975 y sin ningún estimado del número de personas afectadas. A las comunidades que vivían en el área a ser inundada se les dio apenas un aviso de un año antes de principiar las operaciones. Alrededor de 1983, la presa había inundado 1,400 hectáreas de tierra agrícola fértil y 3,400 residentes, en su mayoría Maya, habían sido desplazados a la fuerza56. Los títulos de propiedad de tierras de las comunidades fueron revocados por el INDE, denegándoles el derecho a compensación y una base para ne-gociación. No se realizaron estudios sobre el impacto social y el paquete de reubicación involucraba el traslado de las comu-nidades a tierras con suelos pobres y viviendas inadecuadas, y tampoco satisfacían las necesidades humanas básicas.

La falta en implementar un programa de reubicación adecuado para los residentes locales y la falta de una consulta contribuyeron a protestas y conflictos en el área. Muchos miembros de la comu-nidad rechazaron el paquete de la reubicación y rehusaron trasla-darse. La tensión ascendió y los militares declararon “subversivos” a los oponentes al proyecto. De acuerdo con un estudio por Barbara Johnston (2005), el ejército evacuó a los residentes a la fuerza y, por lo menos en dos casos documentados, se llevaron a cabo masacres de personas locales. En Rio Negro, 444 de los 791 lugareños fueron eliminados por el ejército. Para cuando la cons-trucción fue completada en 1983, varias comunidades habían sido destruidas por el ejército para sofocar la oposición a la presa.

A pesar de esto, el BID y el Banco Mundial otorgaron un se-gundo préstamo a Guatemala en 1984. Después de la presión de las organizaciones de derechos humanos, el Banco Mundial realizó una investigación interna en 1996 que concluyó que las

comunidades afectadas por la presa nunca fueron adecuada-mente compensadas. En 1998, el INDE afirmó que ellos ya no tenían ninguna responsabilidad, y el Banco Mundial anunció que sus obligaciones también habían sido satisfechas.

Desde entonces, representantes de las comunidades afectadas por la presa en varias ocasiones han testificado que ellos no re-cibieron la compensación y asistencia a la que tenían derecho, y demandaron un proceso de negociación. De acuerdo con Johns-ton, la construcción del proyecto de la presa de Chixoy significó una completa desatención de la gente local y de sus derechos a la tierra, cultura, supervivencia y aún de su vida. La población afectada fue el grupo indígena Maya Achi.57 Hasta la presente fecha, ellos están todavía sufriendo por la pérdida de sus tierras, subsistencia y vida. El estudio Johnston recomendó la creación e implementación de un proceso de negociación que pudiera resultar en un convenio de reparación legalmente vinculante.

En total, la presa causó la inundación de 2,000 hectáreas de tie-rra y recursos naturales, con la desaparición de 23 comunidades, 471 casas, 10 edificios públicos y 45 sitios arqueológicos. El total del área afectada fue de 1,500 km2, con 33 comunidades, 2,329 familias y 11,383 personas impactadas por el proyecto58.

La presa de Chixoy

56 http://shr.aaas.org/report/xxiv/chixoy.htm57 Centro sobre Derechos de Vivienda y Evicciones (COHRE), “México, Honduras y Guatemala. El derecho a la vivienda y a la tierra frente a los proyectos de desarrollo”, 2007, pág. 4758 Informe de identificación y verificación de daños y perjuicios ocasionados a las comunidades afectadas por la construcción de la hidro- eléctdrica Chixoy

Fotos: Creditos ADIVIMA

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3.2.5 El legado de Chixoy

La presa más grande (300 MW) construida en Guatemala es la altamente controvertida presa de Chixoy, que principió a operar en 1983. El estado de Guatemala inició la construcción de la presa en 1975 como parte de planes para expandir la producción de energía, apoyados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La presa ha sido fuertemente criticada por violaciones a los derechos de las comunidades locales afectadas por el proyecto y la falta de reparaciones. Más de 30 años después, las comunidades afec-tadas están todavía esperando una compensación. Un proceso de negociación se ha llevado a cabo en años recientes, cuyos resultados serán presentados en el 2010.

Las 33 comunidades afectadas por la presa de Chixoy forma-ron la organización “Coordinadora de Comunidades Afecta-das por la Presa de Chixoy” (COCAHICH) para documentar los impactos ocasionados por la presa y presionar por justicia. Después de muchos años de protestas, las comunidades sus-cribieron un acuerdo en el 2006 con el gobierno, estableciendo un mecanismo para la identificación, verificación y reparación de daños y perjuicios sufridos por dichas comunidades y para la creación de una mesa redonda para verificar el proceso. La rama ejecutiva del gobierno de Guatemala, con varias entida-des estatales y las comunidades afectadas representadas por COCAHICH debían participar en las negociaciones.

El proceso de negociación principió en el año 2006, con la faci-litación proporcionada por Roberto Menéndez, representante

de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fueron invitados a participar como observadores, así como la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR) y el Procu-rador de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH). En varias etapas en el proceso de negociación, las conversa-ciones estuvieron al punto de colapsar debido a la falta de voluntad del gobierno de llegar a un arreglo justo y razonable con las víctimas.59 En marzo del 2008, el gobierno de Colom renovó el convenio. En las negociaciones finales, la delegación gubernamental estuvo representada por Katalina Soberanis. COCAHICH estuvo representada por Juan de Dios García. Las Embajadas de Suiza y de Noruega60 tomaron parte como observadores para COCAHICH, mientras que la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO) fue también contratada para realizar el estudio para informar sobre el reporte final y el plan de reparación61.

Durante el año 2009, el proceso de negociación tuvo un progreso significativo, tal como fue confirmado por Menéndez a finales del año62. El 9 de noviembre del 2009, el Presidente suscribió el informe final, reconociendo la responsabilidad del estado y su compromiso para implementar un plan de repa-ración63. El informe fijará las bases para este plan, el cual será presentado en el año 2010.

El plan consiste de cinco partes: la no-repetición, restitución, rehabilitación, indemnización y satisfacción, esta última in-volucrando un reconocimiento por los daños ocasionados a

59 Acuerdo Político entre el gobierno de la República de Guatemala y los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del embalse de la hidroeléctrica Chixoy, que contiene las bases para la identificación, verificación y reparación en su caso, de los daños y perjuicios ocasionados a dichas comunidades, Acuerdo firmado el 18 de septiembre 2006 entre Eduardo Stein, Vicepresidente de la República de entonces, y Juan de Dios García Xajil como representante de la Coordinadora de Comunidades, y por Roberto Menéndez de la OEA como facilitador.60 From August 200961 Generación de insumos para la identificación y verificación de daños y perjucios por la construcción de la hidroelectrica Chixoy62 Personal communication, December 200963 Informe de identificacioó y verificación de daños y perjucios ocasionados a las comunidades afectadas por la conztrucción de la hidroelectrica Chixoy

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las comunidades y una apología oficial de parte del estado. La no-repetición es especialmente importante para el desarrollo de nuevos proyectos, y se propone evitar una repetición de Chixoy. Menéndez, de la OEA, subraya la importancia de la participación de comunidades afectadas en proyectos futuros desde el principio mismo, en coparticipación de beneficios, monitoreo y consideración de los principios básicos y nor-mas para el desarrollo del proyecto. El plan podría represen-tar un nuevo modelo para el desarrollo hidroeléctrico.

El éxito y logros de las negociaciones a la fecha deben mucho al trabajo bien organizado, documentación, propuestas e in-cansables demandas presentadas por COCAHICH. Tal como Juan de Dios García, representante de COCAHICH, nos dijo:

“Como coordinador de las comunidades afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chixoy, en varias ocasiones hemos dicho que no estamos contra la hidro-eléctrica, sino contra las prácticas que han sido utilizadas en las comunidades y la violación de los derechos de las comunidades, para engañarlas a que vendan sus tierras. Las comunidades no deberían estar únicamente en el final de la línea receptora de proyectos, sino también tomar parte en la planificación desde el principio hasta la evaluación de los proyectos. Nosotros decimos que las comunidades deberían ser “socias”. La solución es cumplir con las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Presas. En estos momentos nos encontramos negociando 30 años después. No deseamos que esto suceda a otras comunidades. ¿Cómo son posibles 30 años de sufrimiento? Es el momento para que el estado, los inversionistas y financistas asuman la responsabilidad de esta situación para que no vuelva a suceder en otras ocasiones.64”

Los resultados de las negociaciones de Chixoy son altamen-te pertinentes en las negociaciones actuales, no sólo para

las familias afectadas, sino también para todos los pueblos indígenas de Guatemala, así como para futuros proyectos hidroeléctricos y otros proyectos de desarrollo. El reco-nocimiento del estado de anteriores violaciones y un justo acuerdo de compensación serán un importante punto de partida para el estado; señalará una nueva voluntad para respetar los derechos de los pueblos indígenas en la conside-ración de políticas de desarrollo en Guatemala y en cual-quier otro lugar.

El 13 de mayo del año 2010, el plan de reparación quedó finalizado y listo para ser aprobado por el Presidente por medio de un acuerdo gubernativo. Al momento que este in-forme era impreso, el acuerdo todavía no había sido firmado. En junio del año 2010, FIVAS habló con COCAHICH, la cual expresó una gran frustración por la falta de aprobación del plan. Ellos le han pedido una reunión al Presidente y están actualmente pidiendo la presión internacional para asegurar-se que el plan de reparación sea aprobado y que el Presidente cumpla su palabra.

3.2.6 Marco legal e institucional

El marco legal e institucional actual en Guatemala es débil cuando se refiere a la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente los derechos indígenas. Tal como hemos visto, el Convención 169 de la OIT todavía tiene que ser implementada, y Guatemala no tiene ninguna ley sobre consultas con las comunidades indígenas65. La ley más importante que rige el sector, la Ley General de Electricidad, no menciona los pueblos indígenas. Está elaborada ante todo para promover la participación de inversionistas y com-pañías privadas y para expeditar el proceso. El Artículo 8 indica lo siguiente:

64 Reunión en la Embajada de Noruega en agosto del 200965 Una propuesta para una ley sobre consultas está en la mesa, y la misma es una propuesta para una ley general sobre derechos indígenas, presentada principalmente por organizaciones indígenas.

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“La instalación de plantas generadoras se liberaliza y las ultimas no requerirán autorización de ninguna entidad gu-bernamental en lo absoluto y no estarán sujetas a limitaciones que no sean las necesarias para la preservación del ambiente y para la protección de personas, sus derechos y sus bienes. No obstante, para el uso de la propiedad del estado para estos fines, la autorización del respectivo ministerio (MEM) deberá ser requerida cuando la planta de energía sobrepase los 5 MW. (……)”

Considerando que el agua es definida como dominio público en la constitución de Guatemala, los inversionistas necesitan solicitar un permiso al Ministerio de Energía y Minas. Las concesiones para el uso de ríos son normalmente adjudi-cadas para 50 años. Se requiere una evaluación del impacto ambiental (Artículo 10), el cual debe estar aprobado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La solicitud para el permiso requiere un plan de servidumbre66 para tierra y propiedades requeridas para el desarrollo del proyecto. Esto se deja a las compañías: “la parte interesada deberá tomar todas las medidas y realizar las negociaciones necesarias para el establecimiento de la servidumbre que debe establecerse sobre fincas públicas o privadas (…)” (Artículo 37). Empero, la práctica dominante de las compa-ñías es comprar la tierra ellas mismas en lugar de obtener el permiso de los propietarios de las propiedades para utilizar la tierra a cambio de indemnización.

En relación con esto está la cuestión del acceso a y uso del sistema judicial. Mientras que las compañías tienen recursos para hacer uso del sistema, así como de acceso privilegiado en base a alianzas con personas encargadas de la toma de decisiones, el sistema es en gran escala exclusivista cuando se trata de servir a las comunidades locales.

El papel de los ministerios y de las instituciones estatales

Después de la privatización del sector, el estado juega un pequeño, pero importante papel en la planificación, negocia-ción, construcción y manejo de los proyectos hidroeléctricos. El estado es ahora el principal responsable de la regulación del sector. Con mecanismos no adecuados para proteger a los ciudadanos en el marco legal e institución actual, y dado el historial de exclusión del país, muchas comunidades locales no confían en el estado. Esto ha resultado en un aumento de escepticismo entre las comunidades y otros sectores de la sociedad civil. La falta de coordinación entre las institucio-nes estatales en diferentes niveles y entre sectores ha creado frustración en muchas comunidades y para las organizaciones que luchan en su nombre. El estado no parece haber elaborado normas y planes institucionales coherentes para las diferentes entidades estatales involucradas en el sector.

Además, las entidades estatales pertinentes y sus funcionarios parecen tener un conocimiento limitado de los derechos de los pueblos indígenas y de los compromisos asumidos por el estado a nivel internacional. Existe una falta de conocimiento en cuanto al carácter vinculante de la Convención 169 de la OIT, que exige que el estado proteja los derechos de los pueblos indígenas. Esto conlleva a las instituciones estatales a que adopten posiciones y actitudes que pueden contradecir la convención.

De entrevistas e información en la prensa, es evidente que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en muchos casos consi-dera la oposición de las comunidades como un obstáculo para el desarrollo de proyectos energéticos y que el ministerio falta comprensión de la situación en muchas comunidades. El mi-nisterio ha creado un nuevo vice-ministerio para el desarrollo sostenible para desarrollar proyectos hidroeléctricos basados en la comunidad; distribuir información acerca de cómo

66 Servidumbre significa el derecho a usar la tierra o propiedad que no es propia o evitar que su propietario haga un uso inconveniente de la misma.

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funcionan los proyectos hidroeléctricos; y actuar como inter-mediario entre los inversionistas y las comunidades locales67. La cuestión permanece sobre si el rol del intermediario servirá mejor los intereses de los inversionistas en lugar de proteger el ambiente y los intereses de las comunidades locales. El vice-ministerio ha empleado a tres representantes regionales, de origen indígena, quienes deberán estar en contacto directo con los líderes locales y las comunidades. El vice-ministro ha sido criticado por promover hidroeléctricas a pequeña escala, con el objetivo de mejorar la imagen de las hidroeléctricas en general, como un peldaño para desarrollar proyectos más grandes en el futuro.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es el responsable principal para la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental (EIAs). En una entrevista con el ministe-rio, los oficiales subrayaron la importancia de la participación

comunitaria, pero también reconocieron que éste ha sido un reto. En el año de 2008, el ministerio tuvo éxito en promover un importante cambio en las regulaciones, mientras que la participación de la comunidad se convertía en un prerrequisito para emprender una EIA. El Ministerio también dijo que ellos están trabajando sobre cómo hacer llegar información a las comunidades y que ellos mismos se involucrarán más en ello. La capacidad del ministerio es otra cuestión; las organizaciones ambientales e inversionistas se han quejado, ambos, respecto a los retrasos en los tiempos de respuesta del ministerio.

El rol de las municipalidades

Las municipalidades y los alcaldes juegan un papel importante en las decisiones para implementar un proyecto. Antes que nada, los proyectos no pueden iniciarse antes que el concejo municipal haya otorgado la licencia de construcción. Esto os-

67 Entrevista con un representante del Vice-Ministerio para el Desarrollo Sostenible, agosto del 2009

ElministeriodeEnergiayMinas(MEM)juegaunrolimportanteenelsector.MEMeselentequedalasautorizaciones para el uso de los rios (dominio público).

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tensiblemente da a los alcaldes, municipalidades y comunida-des poder en la negociación de los detalles de un proyecto pro-puesto. No obstante, esto es verdadero únicamente si el alcalde o concejo municipal son receptivos de las preocupaciones de la comunidad, algo que varía de municipalidad a municipalidad.

El riesgo de corrupción y soborno está también presente si una compañía interesada paga al alcalde, al consejo de desarrollo o a los líderes locales para que consientan a un proyecto propuesto. Las relaciones entre las municipalidades y las comunidades se han tornado importantes, incluyendo si las comunidades son capaces de controlar y monitorear a sus representantes electos mediante un control social. En algunos casos, los alcaldes defienden el punto de vista de las comuni-dades, mientras que, en otros, ellos se vuelven aliados de los intereses comerciales.

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) ha enfatizado el derecho de las comunidades a ser consultadas y también ha demostrado un interés en el desarrollo de proyectos municipales, ambos en producción y distribución de electricidad. Dentro del marco actual, las municipalidades perciben pocos ingresos de estos proyectos, principalmente que los impuestos son mínimos.

La autonomía municipal ha sido limitada en la práctica. El principio constitucional de priorizar el interés social sobre el interés individual es utilizado como justificación para la política del estado de desarrollar un acceso a los recursos energéticos para el desarrollo nacional, mientras que los in-tereses de las municipalidades y comunidades son definidos como interés individual (Art. 44). Así, el argumento puede decirse que ha sido virado de cabeza y utilizado para proteger los intereses económicos y comerciales privados en lugar de servir los intereses sociales.

3.3 Proyectos en desarrollo: aspectos sociales, ambientales y legales68

3.3.1 Preparación del proyecto

La fase inicial del proyecto principia con la idea de un proyec-to y la identificación de una ubicación apropiada. Tal como se mencionó, el INDE realizó varios estudios de posibles áreas para proyectos hidroeléctricos a finales de la década de los años 1970 que están disponibles para inversores interesados. Los estudios básicos de pre-factibilidad toman en cuenta aspectos económicos, legales y técnicos, topografía, servicios y otra información básica. Esto lleva al diseño del proyecto in-cluyendo estudios de impacto ambiental y social. Luego siguen las fases de construcción y operación.

Una compañía necesita varios permisos para iniciar operacio-nes y el proceso reglamentario incluye: 1) Obtener un permiso temporal (máximo de un año) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para acceder a las áreas y ríos y poder realizar estudios; 2) Emprender evaluaciones de impacto ambiental y presentarlas a la consideración del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); 3) Obtener la aprobación o comentarios del Ministerio; 4) Presentar los estudios para una audiencia pública, 5) Obtener la autorización final del Minis-terio de Energía y Minas (MEM); y 6) Obtener una licencia de construcción de la municipalidad.

Paralelo a la fase inicial del proyecto está el establecer confian-za en la comunidad. Con el papel limitado del estado, es mu-cho lo que se deja a las compañías. En una situación donde el estado está ausente, muchas compañías se acercan a las comu-nidades directamente, con frecuencia contratando consultores

68 Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power. Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming

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o personas locales para ayudarles a tener acceso y principiar el proceso de ganarse su confianza. Esto se hace frecuentemente contratando a un intermediario local que conozca el lenguaje, costumbres y a los jugadores locales clave, cuya aprobación o consentimiento es considerado vital para obtener autoriza-ción para el proyecto. Otras compañías contratan consultores con organizaciones especializadas en negociaciones locales y solución de conflictos.

Algunos inversores ofrecen proyectos pequeños durante la eta-pa de preparación de un proyecto, tal como tuberías de agua, construcción de escuelas, iglesias o centros de salud, materiales escolares etc. La distribución de la información del proyecto varía y con frecuencia es limitada y de una pobre calidad. Exis-ten ejemplos de compañías que ingresan a las comunidades y distribuyen información falsa sobre su presencia en el área. En esta fase, las compañías también compran terrenos a los residentes locales. Un equipo de consultores, contratados por la empresa, llevan a cabo evaluaciones del impacto ambiental (EIAs), estando tales consultores obligados a obtener las opi-niones de los residentes locales respecto a los proyectos; esto se ha hecho frecuentemente en una forma cuestionable (véase la sección sobre los EIAs a continuación).

Después que los estudios han sido completados, los mismos son entregados al Ministerio de Ambiente y Recursos Natu-rales (MARN), que tiene 60 días para hacer comentarios o aprobar los estudios. Si el Ministerio fallara en hacer algún comentario dentro de los 60 días, los estudios, de conformidad con la ley, son aprobados automáticamente (silencio admi-nistrativo). Si los estudios son aprobados, estos son entonces publicados para una audiencia abierta que tarda 20 días, y anunciados en un periódico de mayor circulación. No obstan-te, considerando que no existen mecanismos formales para distribuir los estudios a las partes afectadas, los estudios nunca llegarán a las comunidades u organizaciones.

Si el público en general no hace ningún comentario durante los 20 días de la audiencia abierta, los estudios serán enviados al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que extiende la autori-

zación. Adicionalmente a todo esto, la compañía necesita una licencia de construcción de la municipalidad. La construcción puede tardar varios años antes que la planta inicie su fase de operaciones. De nuestras conversaciones con las comunidades, pero también con actores estatales y compañías, se hace evidente la ausencia del estado en los procesos de desarrollo a nivel local.

3.3.2 ¿Beneficios para quién?

Los argumentos principales utilizados por el gobierno para apoyar la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas son la necesidad de una energía barata y “limpia”; acceso a la electrici-dad para las comunidades rurales pobres; y la contribución que las plantas harían al desarrollo local y nacional. La cobertura nacional de electricidad en Guatemala es de un 83.5 por ciento. Los números varían en todos los departamentos y en las áreas urbanas y rurales. El acceso a la energía en algunas áreas rurales en Guatemala es deficiente. Los departamentos con la cober-tura más baja son Alta Verapaz (37.4 por ciento), Baja Verapaz (69.6 por ciento) y Quiché (72.1 por ciento). Estos comparten el más grande proyecto hidroeléctrico en Guatemala, Chixoy, y también están entre los departamentos donde los nuevos pro-yectos hidroeléctricos están en preparación o en construcción.

Si las comunidades se están beneficiando realmente de los pro-yectos, es un tópico cuestionable. Se critica a los inversionistas por ganar su dinero a espaldas de las comunidades locales, sobornando líderes y contribuyendo demasiados pocos bene-ficios locales. Las críticas mencionan que las comunidades no tienen acceso a la electricidad como resultado de los proyec-tos; ni tampoco las municipalidades o comunidades reciben ningún ingreso considerable proveniente de los proyectos. De acuerdo con la Ley de Incentivos para Energía Renovable (2003), las compañías pueden operar libres de impuestos du-rante diez años y están exoneradas de impuestos por materia-les importados, repuestos para maquinaria y otro equipo.

Los inversionistas argumentan que muchas comunidades loca-les están de acuerdo con los proyectos y que ellos se benefician en la forma de nueva infraestructura, tal como caminos, una

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nueva escuela o clínica de salud, así como proyectos produc-tivos a pequeña escala, servicios dentales, materiales escolares o la construcción de una cancha de basketball. Ellos también argumentan que el proyecto creará empleo a nivel local. Los proyectos pueden crear trabajos para algunos residentes loca-les en la fase de construcción, pero los trabajos estables con el paso del tiempo son poco probables debido a los bajos niveles de educación en las áreas rurales.

Estos posibles beneficios deben verse en un contexto donde la gente pobre, con pocas oportunidades, puede aceptar cual-quier cosa que se les ofrezca (migajas, como dicen los criticos) por parte de los inversionistas debido a su grave situación y a la falta de información sobre sus derechos y las posibles consecuencias e impactos de tal proyecto.

Con frecuencia, las comunidades locales no están conscientes de sus derechos como ciudadanos y en muchos casos, de sus derechos como pueblos indígenas. Muchas comunidades loca-les están pobremente informadas y tienen poco conocimiento sobre estos proyectos o sus impactos negativos o positivos. Existen pocos mecanismos para las comunidades locales para asegurarse un acceso a la información y su derecho a ser con-sultados adecuadamente no es respetado ni implementado. Las compañías son acusadas de mostrar únicamente un lado de la moneda: los impactos positivos de los proyectos.

Acceso a la electricidad

La construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos no ne-cesariamente significa que las comunidades tendrán acceso a electricidad. De acuerdo con la Ley General de Electricidad, las compañías (generadoras) pueden escoger vender electricidad directamente a “usuarios a gran escala”, tales como al sector maquila, industria o minería, o exportarla a países vecinos. En otras palabras, no existen requerimientos para las compañías de vender la energía en Guatemala. Igualmente, a las compañías en sí no se les permite distribuir electricidad directamente a las comunidades locales, principalmente que ellas no son las distribuidoras, las lineas de transmision son de alta tensión y se necesita transformar la electricidad primero, y que no pueden favorecer a las comunidades próximas al proyecto. La electricidad para consumidores hogareños es distribuida por medio del sistema nacional de distribucion ya sea por medio de compañías de distribución tales como DEOCSA y DEORSA, o distribuidores municipales. Esto significa que los proyectos no necesariamente beneficiarán a las comunidades locales en tér-minos de acceso a la electricidad. Si la electricidad de hecho lle-ga a las comunidades depende de las políticas del gobierno, los distribuidores y los programas de electrificación rural (PER).

Las leyes de Guatemala obligan a un distribuidor a suministrar a los habitantes dentro de 200 metros de la red de energía exis-

Rios en el departamento de Quiche. Jovenes locales pescando.

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tente. No obstante, esto no se cumple en todas partes y existen también comunidades fuera de alcance de conformidad con este cálculo. Las comunidades más remotas tienen que confiar en el programa de electrificación rural (PER). Estas comuni-dades pueden también incluir comunidades próximas a una planta hidroeléctrica, sin acceso a electricidad. Desde 1998, el INDE ha administrado el programa de electrificación rural (PER), pero las dos compañías regionales privadas DEOCSA y DEORSA han sido responsables de la implementación en el campo, financiado con fondos públicos. El programa incluye transmisión y distribución en las áreas rurales del país y tam-bién interconexión con Petén, lo cual fue realizado en el año 2009. El plan era originalmente para cinco años (1998-2003), pero 14 años después todavía existen retrasos y todavía mu-chos pueblos y comunidades no tienen acceso a la electricidad.

En cinco (del total de 22) departamentos, el 30 por ciento o más carecen de acceso a la red, en diez departamentos el 25 por ciento y en seis de los departamentos el 10 por ciento de la población carece de acceso. Las 3,500 aldeas que carecen de acceso son las más pobres, con más de 700 000 habitantes rurales, de los cuales una mayoría son pueblos indígenas69. A nivel nacional, la cobertura ha aumentado del 57.1 por ciento en 1996 al 83.5 por ciento en 2008. Pero esto no se debe a la

privatización y liberalización, sino principalmente se debe a las inversiones públicas en el sector. Los productos y distribuido-res privados invierten poco en infraestructura para nuevas co-nexiones, y en la práctica, el estado subsidia al sector privado. En 2009, el Congreso inició una discusión sobre un posible préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 55 millones para expandir el programa.

Tarifas

Muchas de las comunidades rurales con acceso a electricidad pagan altos precios por la misma Al día de hoy, Guatemala tiene las tarifas más altas de electricidad en Centro América. Los precios pueden variar también, de acuerdo con el distri-buidor. DEOCSA y DEORSA son los distribuidores princi-pales en las áreas rurales. La tarifa está basada en un cálculo complicado y no hay un precio tope en la transmisión. Con la privatización del sector de electricidad, a las compañías se les permitió pasar a los usuarios la variación en el precio de compra de energía70. Como resultado, entre 1996 y 2004, las tarifas de la electricidad rural fueron incrementas entre 60-80 por ciento. Esto ha ocasionado protestas grandes tanto en el área rural como en áreas urbanas.

Se introdujo una política de tarifa social para proteger los hogares de los aumentos introducidos por el INDE en 1998 e implementados a partir del año 2000. Con la tarifa social, los usuarios que consumieron menos de 300 kilovatios-hora por mes pagaban menos, subsidiados por el estado. Esto afectó a 11 millones de personas y dos millones de hogares. El 89 por cien-to de usuarios calificaron para la tarifa social. Sin embargo, de conformidad con Foster y Araujo (2004), esta política ha sido de poco beneficio para los pobres. Muchos hogares pobres per-manecen desconectados a la red, y los hogares que consumen pequeñas cantidades representan únicamente el 10 por ciento del valor total del subsidio. En diez años, desde 1999 a agosto

69 Ferrigno, V.F. 2009. El Oscuro negocio de la luz. FLACSO. Guatemala City. 70 Foster y Araujo 2004. “¿Trabaja la reforma en la infraestructura a favor de los pobres? Un estudio de caso desde Guatemala”

El proyecto hidroelectrico comunitario de Chel provee electricidad a las comunidades cercanas.

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del 2009, el INDE gastó 3.9 billones GTQ en la tarifa social; este alcanza el 25 porciento del presupuesto del INDE71.

La tarifa social claramente no beneficia a aquéllos que no están conectados a la red, quienes con frecuencia son las comuni-dades más pobres y remotas. Los hogares pobres sin acceso gastan mucho dinero en candelas y lámparas con mecha que puede ser aún más caro que la electricidad, así como el uso de leña. Foster y Araujo arguyen que hubiera sido mejor financiar nuevas conexiones hogareñas que pagar por la tarifa social. Ellos también afirman que la cantidad de dinero pagado por los pobres en áreas rurales por electricidad es despropor-cionada ante sus ingresos mensuales72.

Transparencia, contratos y privilegios

De acuerdo con Ferrigno (2009), el sector de electricidad carece de transparencia y concede un número de privilegios a compañías que los usuarios pagan. Después del incremento en los precios del petróleo en los años 1990, las compañías privadas principiaron a buscar oportunidades en el sector hidroeléctrico. Como hemos visto, las leyes y regulaciones del sector fueron sometidas a cambios drásticos en 1996. Las mis-mas compañías que presionaron estos cambios son aquéllas con participaciones en el sector de generación hoy en día. Las compañías cabildearon por reformas en el sector, reorien-tándolo hacia un sistema mixto con participación del sector privado. Ahora, las compañías privadas hasta cierto grado manejan el sector, con diferentes privilegios, con frecuencia al costo de los usuarios y de intereses nacionales y locales.

De acuerdo con Ferrigno (2009), existe una falta de transpa-rencia en los contratos, transacciones y pagos del usuario, y las quejas de los usuarios no son tomadas en cuenta. El cálculo de las tarifas del usuario es complicado y difícil de comprender para los usuarios. Ferrigno afirma que los distribuidores no

toman en cuenta los recortes en la red y la falta de servicio durante ciertos períodos. Los altos precios de la electricidad y prácticas abusivas de las compañías han provocado protestas masivas y resistencia popular hacia las compañías de distribu-ción DEOCSA y DEORSA.

Uno de los propósitos de la privatización era romper el monopolio de la compañía estatal que entregaba los servi-cios. En la práctica, empero, únicamente los usuarios a gran escala pueden verdaderamente seleccionar a su proveedor de electricidad. El gobierno también ha rehusado establecer un precio máximo en la transmisión. El Sistema Nacional Inter-conectado ha sido construido casi únicamente en base a los pagos del consumidor, pero las compañías privadas son las que se benefician. Por último, algunas de las compañías también son privilegiadas con convenios que les garantizan el pago en dólares y el pago aún cuando no estén produciendo.

3.3.3 Control de territorio

La expansión del sector hidroeléctrico y otros proyectos de desarrollo están poniendo a de pueblos indígenas y comunida-des locales bajo presión. Los proyectos hidroeléctricos no son las únicas iniciativas que están siendo promovidas en las áreas rurales. Muchos proyectos de desarrollo, incluyendo plan-taciones de un solo cultivo a gran escala para combustibles agrícolas, actividades mineras, exploración de petróleo y otros grandes proyectos de infraestructura, están amenazando los territorios de las comunidades locales.

Los proyectos hidroeléctricos pueden crear nuevos conflictos o complicar aún más los conflictos territoriales que ya existen en las comunidades locales. Esto es evidente en muchos de los proyectos que hemos estudiado. Las compañías adquieren propiedades en diversas maneras. Con acceso al sistema legal,

71 INDE 72 Cifras hasta 2004

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abogados y recursos, las compañías compran tierra ya sea directamente de las personas individuales en las comunidades locales, comprando a grandes terratenientes, u obteniendo acceso a áreas que son bajo de la responsabilidad de la munici-palidad o el estado.

Se han realizado negociaciones con personas individuales en comunidades locales en varias ocasiones. Las compañías esta-blecen un contacto directo con familias y personas, negocian los precios con ellos y compran la tierra. Muchos miembros de la comunidad han vendido sus tierras sin ninguna asesoría legal. Otro problema es que las compañías no le dicen a las co-munidades locales para qué van a utilizar la tierra. Ha habido casos en que las compañías han proporcionado información falsa sobre el uso de la tierra. El resultado es que la legitimidad del uso de la tierra y el proyecto mismo puedan ser cuestio-nados y que los proyectos puedan exacerbar las profundas desigualdades que existen respecto a la tenencia de la tierra en muchas comunidades. Muchos líderes indígenas locales manifiestan que esto también viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que toda la comunidad debería estar de acuerdo cuando se vende un lote dentro de sus territorios.

En muchos casos, la intervención del estado y las compañías ha generado fragmentación del territorio así como discordia

y conflicto en las comunidades locales. Se ofrecen beneficios a ciertos líderes o personas clave en la toma de decisiones en la municipalidad. Las comunidades que han peleado por su tie-rra y han construido sus sociedades allí comprensiblemente se resisten a una reubicación, especialmente las comunidades que han migrado o han sido desplazadas en el pasado por intereses externos o por el conflicto.

Las compañías se defienden diciendo que han comprado la tierra legalmente. Los problemas aquí son múltiples y varia-dos. En primer lugar, el marco legal actual permite a las com-pañías comprar tierra directamente de las comunidades y de los residentes locales que poseen títulos de propiedad indivi-dual y no los obliga a informar sobe el uso futuro de la tierra. Con los graves problemas en Guatemala, con la falta de una reforma de tierra, una distribución desigual de la tierra y una gran parte de la tierra en procesos de titulación, las compañías están tratando de adquirir tierra que podría haber sido dada a las comunidades locales si los procesos de titulación hubieran sido completados.

En segundo lugar, existen puntos de vista divergentes de territorio y tierra. El mantener control sobre su territorio es considerado por las comunidades locales como fundamental para asegurarse la continuidad de su subsistencia, tradiciones

Rótulo en una comunidad en Quiche.

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y culturas. Basado en los derechos de los pueblos indígenas, su territorio no es únicamente el lugar donde viven, sino también la tierra que ellos utilizan y de la cual viven. En contraste, los inversionistas ven la tierra como propiedad privada – un lote de tierra donde ellos pueden hacer cualquier cosa que quieran dentro de los límites de la propiedad y sin tomar en cuenta que la propiedad descansa dentro de un territorio indígena o con una comunidad local vecina cerca del sitio del proyecto plani-ficado. Hay también todavía comunidades que viven en tierras que son propiedad de dueños privados73. Cuando se vende la tierra a los inversionistas, los residentes quedan en un vacío, con promesas del anterior propietario de obtener títulos de propiedad de la tierra en la cual viven, lo que puede o no puede ser cumplido por el nuevo propietario, o que puede ser usado como una manera de presion.

En relación con el agua y los ríos, los inversionistas argu-mentan que la sección del río que se está utilizando para el proyecto descansa en el límite de su propiedad y, por lo tanto, no impacta a las comunidades. Esto también está relacionado con lo que se presentó antes; la falta de un plan para el uso de la tierra, los recursos naturales y planificación integral, ade-más de una ley del agua que tome en cuenta las necesidades, prácticas y derechos de los indígenas. El agua es tratada como un bien privado, en contradicción con la constitución, y existe una falta de manejo integral de cuencas y de la tierra.

3.3.4 Impactos ambientales y EIAs

Los potenciales impactos ambientales de los proyectos tienden a ser reducidos tanto por funcionarios del gobierno como por los inversionistas. El discurso predominante es que la hidroenergia es energía limpia, renovable, aparentemente sin tomar en con-sideración el contexto local y ecologico. No obstante, organiza-ciones ambientales, expertos y representantes de la comunidad cuestionan tal apreciación. Como ya se indicó anteriormente,

Guatemala es rica en biodiversidad, con muchos ecosiste-mas diferentes. Más del 30 por ciento del país está designado como área protegida, subrayando la importancia de evaluar los impactos ambientales de proyectos. Empero, los proyectos hidroeléctricos están planificados tanto en los límites de áreas protegidas como dentro de éstas. La Escuela de Pensamiento Ecologista (Savia) ha producido un mapa (véase a continua-ción) que muestra los ríos de Guatemala, las áreas protegidas (resaltadas con líneas rojas) y muchos de los nuevos proyectos hidroeléctricos planificados (marcados con números).

73 Inquilinos trabajadores en, por ejemplo, Alta Verapaz, llamados mozos colonos

Fuente: Mapa elaborado por Savia, con base a la información publicada el 2009 en el sitio: http://www.investinguatemala.org, con permiso para reproducirlo.

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Caudal ecológico

Una pregunta no solucionada en Guatemala es el cálculo del caudal ecológico/ambiental de agua en los ríos donde se han planificado los proyectos. El caudal ambiental puede definirse como el régimen de flujo requerido en un río para alcanzar los objetivos ecológicos deseados u otros (económicos, culturales o sociales) o como el volumen de agua requerido para mantener la salud del río a lo largo del tiempo74. En evaluaciones ambi-entales en todo el mundo, los primeros cálculos de los caudales ambientales se centraron en el concepto de un nivel mínimo de flujo. Sin embargo, cada vez se reconoce más con el paso de los años que todos los elementos de un régimen de caudal o flujo son importantes y que cualquier cambio en el régimen del caudal influenciará el ecosistema del río en alguna forma.75 Los requerimientos del caudal ambiental de los ríos están relacio-nados con un número de factores, tales como el tamaño del río, su estado natural y una combinación del estado deseado del río y los usos para los cuales se destina. Antes de poder definir verdaderamente los requerimientos del caudal, deben determi-narse objetivos más amplios para indicar el tipo de río deseado. Esto significa que los caudales de río son determinados para alcanzar objetivos ecológicos específicos pre-definidos, como económicos, culturales (espirituales) o sociales.

Los ríos y ecosistemas en funcionamiento son importantes para la biodiversidad del mundo y para millones de personas pobres del ámbito rural que viven de los recursos naturales. Por lo tanto, es esencial predecir las consecuencias de grados variables de alteración de los caudales en Guatemala.

En Guatemala no existen requisitos específicos relacionados con la estimación de caudales ambientales. Varios proyectos consignan en su EIA que el proyecto dejará el 10 por ciento del caudal de agua, sin detallar las consecuencias. En muchos ca-

sos esto podría tener impactos graves en el ambiente y para las comunidades. Los estudios son emprendidos frecuentemente durante un período corto de tiempo (casi siempre tres meses) que significa que las estimaciones del caudal de agua única-mente han sido calculadas para un cierto período durante el año, sin considerar las variaciones estacionales. Más impor-tante, los diferentes usos del agua no son tomados en cuenta.

El agua utilizada para hidroeléctricas depende del tipo y tama-ño del proyecto. Si el agua es desviada para la hidroeléctrica, la habilidad de escoger el momento oportuno de los caudales río abajo de los puntos donde el agua regresa probablemente sea alterada y los caudales se agotarán en una sección desviada. En el caso de una hidroeléctrica con un afluente, las velocidades del agua río arriba pueden verse afectadas y el esquema por sí mismo podría interrumpir la conectividad del río76.

Evaluaciones de impacto ambiental (EIAs)

La preparación de evaluaciones de impacto ambiental en Guatemala está regida por las regulaciones para la “Evalu-ación ambiental, control y seguimiento” y procedimientos y términos de referencia desarrollados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El Artículo 80 de la Ley de Protección y Mejoramiento Ambiental (1986) indica que los estudios para evaluar los impactos ambientales deben ser realizados si el proyecto “podría producir deterioro a los recursos naturales renovables y no renovables”77 o introducir modificaciones al paisaje o a los recursos naturales del país. Los proyectos hidroeléctricos mayores de 5 MW requieren evaluaciones de impacto ambiental. Los estudios deben ser realizados por consultores aprobados por el ministerio y registrados, contratados y pagados por las compañías. En el año 2006, había alrededor de 250 consultores y 14 compañías consultoras en Guatemala.

74 Acreman & Dunbar 2004. Defining environmental river flow requirements – a review.75 Ibid.76 Ibid.77 “producir deterioro a los recursos naturales renovables o no” o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos naturales del patrimonio”.

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El proceso de las EIA en Guatemala tiene varias deficiencias notadas por muchos ambientalistas y expertos en el país y también en estudios regionales e internacionales, tales como un estudio por CCAD e IUCN en el año 2006.78 Algunas de estas debilidades son:

1) Falta de una lista completa de EIAs: No existe una lista oficial de todos los informes de EIA que han sido prepara-dos, ni tampoco todos los estudios preparados se dan a conocer al público. Para logar una EIA, uno tiene que moni-torear los periódicos diarios y solicitar al Ministerio del Am-biente y Recursos Naturales (MARN) para conseguirlos, un proceso que con frecuencia puede tomar mucho tiempo.

2) Pocos proyectos rechazados: De acuerdo con el estudio de la CCAD del año 2006, el Ministerio de Ambiente y Recur-sos Naturales (MARN) admitió que “un número muy bajo” de proyectos es rechazado. Por tanto, puede asumirse que muchas EIAs para proyectos con impactos considerables son aprobadas. Según nuestra entrevista con el MARN, ellos han principiado a rechazar algunos estudios últimamente.

3) Impactos acumulativos ignorados: Los potenciales impactos acumulativos de varios proyectos en un área no son tomados en consideración, ni tampoco el país como un todo. Los proyectos son evaluados separadamente, aún cuando su impacto acumulativo puede ser significativo.

4) Planificación del uso de la tierra no integrado: Como se indicó con anterioridad, no existe ninguna planifi-cación sobre el uso de la tierra en Guatemala que integre las variables ambientales.

5) Falta de formación de capacidad para consultores: Guatemala tiene un registro de consultores oficialmente aprobados que realizan evaluaciones de impacto ambien-tal. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de la CCAD, no existen requerimientos para la formación de capacidad

de los consultores en tópicos tales como evaluación de impactos ambientales, control y monitoreo de proyectos y evaluación estratégica del ambiente. El MARN no conside-ra que esto sea tarea que le incumba. La calidad del trabajo, por lo tanto, dependerá de cada uno de los consultores y la competencia adquirida en cualquier otro lugar. El estudio de CCAD resalta la necesidad de mejorar el sistema de formación de capacidad para los consultores.

6) No existen lineamientos adecuados para la EIA: No se han elaborado lineamientos específicos y detallados para preparar los informes de la EIA y mucho se deja a criterio de los consultores y de las compañías.

7) Participación pública inadecuada: El MARN confirma que las regulaciones exigen la participación publica, pero que esto todavía no se ha logrado completamente. El estudio de CCAD confirma que las entrevistas con par-ticipantes idóneos no se incluyen en la preparación de los estudios, y que los estudios no son distribuidos a todas las partes afectadas para sus comentarios. Esto fue confirma-do por el MARN en nuestra entrevista, pero ellos manife-staron que están trabajando para mejorar la distribución de información y especialmente la participación pública.

8) Falta de recursos técnicos y humanos: De acuerdo con el MARN (estudio de CCAD), el débil monitoreo y seguimiento se debe a la falta de recursos financieros y hu-manos en el ministerio. El ministerio informa que es gen-eralmente incapaz de responder en una forma oportuna. Esto fue también confirmado durante nuestras entrevistas con diferentes compañías y organizaciones que han estado en contacto con el ministerio.

9) Insuficiente calidad de las EIAs: El MARN indica en el estudio que es necesario mejorar la calidad de las EIAs presentadas. Esto es evidente de nuestras entrevistas y observaciones también.

78 Estudio comparativo de los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental de Centroamérica (2006). Un estudio realizado por la Comisión Cen-troamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) del 2006, muestra varias debilidades con el sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA) en Guatemala, Las autoridades responsables del estado para los EIAs en el país respectivo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el caso de Guatemala, formularon 150 preguntas.

La fase de construccion también tiene impactos locales.

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Información y participación pública

Los estudios tienen que incluir una sección sobre las condicio-nes socio-económicas y una opinión pública sobre el proyecto. Empero, los derechos indígenas no son mencionados en la Ley Ambiental ni en el reglamento de procedimientos. De acuer-do con las regulaciones, los estudios deben ser publicados en el idioma utilizado en el área del proyecto79. De acuerdo con nuestras fuentes, ningún estudio ha sido traducido a las lenguas locales.

Las regulaciones para los EIAs especifican dos elementos importantes: “información al público” (Artículo 33) y “parti-cipación pública” (Capítulo XI). En relación con la participa-ción pública, el Artículo 49 del reglamento manifiesta que el ministerio debería asegurar la participación pública durante la totalidad del proceso de la evaluación ambiental, control y seguimientos, tanto en las fases iniciales del diseño y prepa-ración del proyecto, como en la fase operativa. El Artículo 50 estipula que los inversionistas del proyecto deberían invo-lucrar a la población local en la “etapa más temprana posi-ble”. Los inversionistas deberían desarrollar un plan para la participación pública junto con los consultores, considerando cómo estimular la participación publica, diferentes formas de participación, maneras para llevar información a diferentes sectores de la sociedad, cómo manejar las solicitudes de infor-mación de las comunidades y organizaciones ambientales, y formas de resolver conflictos potenciales.

Nuestra opinion es que tanto el reglamento como el ministerio delegan mucha responsabilidad en las compañías. El llamado proceso de participación se deja a las compañías y consultores, con el riesgo que éstos puedan usar las debilidades del sistema para servir sus propios intereses. Lo que sucede con frecuencia es que los consultores, en colaboración con las compañías, or-

ganizan reuniones con residentes de la comunidad casualmen-te reunidos y describen éstas como reuniones para compartir información y consultas.

Cuando la compañía ha entregado el estudio al ministerio, éste tiene 60 días para evaluar los estudios del impacto ambiental. Si ellos no han hecho ningún comentario durante el período de 60 días, los estudios pueden ser aprobados automáticamen-te. En consecuencia, en períodos cuando se presentan muchas EIAs, el ministerio puede sentirse bajo presión y existe un riesgo de que puedan aprobarse estudios débiles. A nosotros también se nos informó que los bancos y otros financistas de los proyectos han presionado al ministerio para aprobar los estudios a la mayor brevedad posible. Esto claramente puede afectar la calidad de los estudios.

Media vez la EIA ha sido preparada y aprobada, el ministerio y los inversionistas deben informar al público, con el objeto de recibir comentarios adicionales y retroalimentación, incluyen-do cualquier oposición al proyecto. El público puede presentar sus comentarios hasta 20 días después del anuncio publico del EIA. Los comentarios del público necesitan ser presentados por escrito y deben basarse en apreciaciones técnicas, cien-tíficas y legales. Con base en la información de los estudios, consultas con entidades privadas y estatales, los comentarios del público y su propio control y seguimiento, el ministerio hace una recomendación para aprobar o rechazar el proyecto.

Según el reglamento, el ministerio es responsable tanto de dis-tribuir información como de facilitar la participación pública. No obstante, parece que el ministerio carece de la capacidad y recursos para cumplir con esto, y algunas veces carece aún de la voluntad para cumplir con sus obligaciones. Los estudios raras veces son distribuidos a las comunidades, organizaciones ambientales u otras partes interesadas, ni tampoco los estudios

79 4.1 Instructivo de Procedimientos para las Evaluaciones de Impacto Ambiental

43

son traducidos a las lenguas indigenas. Las comunidades y orga-nizaciones tienen que monitorear los periódicos por sí mismas para avisos de nuevas EIAs, hacer solicitudes al ministerio para obtener copias de los estudios y aún pagar por las mismas. Los estudios con frecuencia alcanzan una extensión de cientos de pá-ginas y 20 días es un período de tiempo sumamente corto para poder leer y analizar los estudios, dejar a las comunidades decir lo que tengan que decir y luego someter los comentarios técni-cos, científicos y legales detallados a consideración. Tal como lo expresó un ambientalista: “Los procesos están diseñados para que los estudios pasen a través del sistema lo más rápido posible, para servir los intereses de las compañías y de los financistas”. Consultas fingidas

Tal como se indicó anteriormente, las regulaciones para los es-tudios de la EIA requieren una parte relacionada con la opinión pública. Para cumplir con esto, los consultores con frecuencia utilizan un cuestionario para entrevistar a los residentes de la comunidad sobre sus opiniones acerca del proyecto durante la fase del estudio. Después de revisar varias EIAs, encontramos que las preguntas hechas a los residentes de la comunidad son frecuentemente complicadas y pobremente ajustadas a los conocimientos de las personas que deben responder y mu-chas veces dirigidas. Las preguntas formuladas a los residentes durante la fase de los estudios con frecuencia implican que, por ejemplo, habrían más trabajos, electricidad, caminos y otros beneficios en la comunidad como consecuencia del proyecto, cuando de hecho no existe nada que indique que éste será el caso. Más que preguntar a los residentes por sus opiniones, los estudios sirven para crear aceptación social para los proyectos. En un número de EIAs, basadas en lo que los residentes han respondido, ellos claramente creen que la construcción de un proyecto hidroeléctrico traerá trabajos a la comunidad y que el acceso a la electricidad, así como los precios, mejorarán como consecuencia del proyecto. Esto es raras veces problematizado por los consultores que realizan los estudios.

El proyecto Sisimite en el Departamento de Guatemala, muni-cipalidad de Chuarrancho, puede servir como un ejemplo, con

la EIA del 2008. Los consultores, junto con representantes de la compañía interesada, celebraron entrevistas con diferentes familias en el municipio. Lo que resulta de leer la descripción de las reuniones es que los residentes ya habían recibido do-naciones de la compañía en forma de blocks para construir y la construcción de una iglesia con anterioridad al estudio. Los entrevistados confunden sus conocimientos sobre el proyecto con beneficios menores que ellos han oído que pueden obte-ner o ya han recibido. Está claro que los residentes tienen un conocimiento muy limitado acerca del proyecto al momento de la entrevista. Ellos han sido deficientemente informados y al mismo tiempo han recibido donaciones. Asi parece que las compañías tratan de comprar la aceptación social.

Representantes de la compañía también tomaron parte en las entrevistas. Esto podría haber tenido un efecto adverso sobre la voluntad de los residentes para expresar qué es lo que ellos realmente piensan, ya sea por temor por lo que la compañía podría hacerles a ellos o sus familias, o por la esperanza de recibir beneficios. Muchos de los residentes creen que ellos obtendrán beneficios de la compañía. Estos beneficios percibi-dos incluyen acceso a agua y electricidad, trabajos, caminos o la construcción de un puente. Estas no son promesas hechas por la compañía, sino simplemente lo que los residentes han escuchado o desean.

Los residentes de la comunidad están claramente preocupados porque el río se está secando y por otros impactos en el siste-ma de ríos y pesquería, principalmente que ellos utilizan el rio para lavar, bañarse, tener agua para los animales y pescar. Estas preocupaciones son ignoradas por los consultores en el estudio final. Algunos de los residentes también dicen que ellos no saben qué conlleva un proyecto hidroeléctrico, y que ellos desean conocer sobre un proyecto ya existente antes de dar una opinión.

En suma, los residentes hablan acerca de los beneficios que a ellos les gustaría obtener del proyecto, aún cuando estos pueden no ser realistas. Los consultores concluyen que los residentes no se oponen al proyecto. No obstante, difícilmente se consideraría a los residentes estar en concordancia con el

Reunión comuntaria para darles a los residentes locales información sobre hidroeléctricas en el area, organizado por una organización local.

44

proyecto cuando ellos carecen de la información necesaria para considerar los pros y contras del proyecto. Ademas, en este caso particular varias comunidades se habian opuesto, algo que fue ignorado por el estudio. En Agosto 2009 se realizó un referéndum a nivel municipal donde los residentes rechaza-ron el proyecto, y el proyecto continúa detenido.

Un proyecto importante que se está realizando en Guatemala es Hidro Xacbal en el Departamento de Quiché. Las preguntas utilizadas por los consultores en la Evaluación del Impacto Ambiental Hidro Xacbal (2005) incluyen lo siguiente:

¿Le gustaría a usted que hubieran más trabajos en la aldea o en la comunidad?

¿Cree usted que tendrían una mejor vida si hubieran más traba-jos en su aldea?

¿Piensa usted que el nivel de vida sería mejor en su aldea con más trabajos?

¿Piensa usted que la apertura de nuevos negocios, fábricas y compañías beneficiará a su aldea en términos de más trabajo, seguridad, caminos, ingresos, energía y agua?

¿Le gustaría tener electricidad en su aldea?

¿Cree usted que mejores caminos proveerían un mejor nivel de vida para su aldea?

Los consultores llegaron a la conclusión que las comunidades están familiarizadas con el proyecto, que ellos lo apoyan y creen que el proyecto traerá electricidad a las comunidades, tomando como ejemplo un pequeño proyecto basado en la comunidad llamada Chel. Proyectos comunitarios

Los proyectos comunitarios pueden ser buenos para las comunidades locales, si son manejados por ellas mismas, y pueden asegurar el acceso de las comunidades a electricidad

y otros beneficios. Muchas comunidades y organizaciones con las que nosotros hablamos se mostraron positivas para pequeños proyectos, pero subrayaron la importancia de par-ticipación de las comunidades en el manejo y siendo socios. No obstante, la forma en que se implementa y maneja el pro-yecto es de especial importancia para asegurar los derechos e intereses de las comunidades.

La preocupación permanece en el hecho de que la promoción de pequeños proyectos en la comunidad por el estado y otros puede ser utilizada para obtener aceptación para proyectos más grandes, sin que las comunidades estén necesariamen-te conscientes de las consecuencias del proyecto mayor. A las comunidades locales se les hace conocer el proyecto Chel, pero este proyecto específico no puede dar un cuadro completo de los resultados generados en su fase final por un proyecto hidroeléctrico. Acceso inadecuado a información

Dificultades relacionadas con el acceso a y distribución de información significan que actores de las comunidades y de la sociedad civil son inevitablemente excluidos de participar en aspectos importantes que afectan sus propias vidas. No existe ningún mecanismo funcional para asegurar que la informa-ción referente a los proyectos propuestos es ampliamente diseminada entre las comunidades afectadas. Además, la infor-mación es frecuentemente incompleta.

Complicando aún más el tema está la naturaleza multilingüe de la población de Guatemala, así como los altos niveles de analfabetismo, especialmente entre los grupos indígenas. Las evaluaciones de impacto ambiental se supone que deben ser traducidas a las lenguas indigenas, pero a esto no le han dado seguimiento ni las empresas ni el estado.La información que sí llega a las comunidades es princi-palmente debido a los esfuerzos de líderes y organizaciones locales, con la ayuda de actores externos o de las organizacio-nes ambientales. Los líderes de las comunidades y residentes locales pueden pasar meses, y aún años, tratando de obtener

El proyecto comunitario en Chel es manejado por la comunidad misma.

45

información acerca de los proyectos, con una mínima ayuda de funcionarios del gobierno o las empresas. El presentar demandas contra diferentes instituciones gubernamentales puede también ser difícil. Los procesos son complicados y requieren tiempo y recursos; esto inevitablemente limita el involucramiento de los residentes locales. La falta de coordi-nación por parte de instituciones gubernamentales también obstaculiza la participación de las comunidades.

Negociaciones asimétricas

En la práctica, las comunidades locales son en gran parte dejadas a que ellas mismas negocien con los inversionistas. En algunos casos, donde el estado ha estado involucrado, su participación parece ser más para asegurar un ambiente de inversión para las empresas que para proteger los derechos de las comunidades. La falta de capacidad en las comunidades locales y su limitado acce-so a información es explotada por las empresas, que utilizan su poder económico para influenciar y adquirir la aprobación polí-tica necesaria, sin consideración alguna de los deseos y necesi-dades de las comunidades locales. Por lo tanto, las negociaciones directas entre empresas y comunidades pueden generar una serie de dilemas. Con un estado ausente y mecanismos inapropiados para alcanzar acuerdos legalmente vinculantes y consentimiento, las comunidades son dejadas en un vacío legal de tal magnitud que se les hace aún más vulnerables.

3.4 Resistencia comunitaria y estrategias locales80 Muchas comunidades se están oponiendo ahora a proyectos en Guatemala, y su mensaje para los inversionistas extranjeros es claro: Nosotros no deseamos ningún proyecto en nuestra área por el momento. Las comunidades están demandando una participación apropiada en la toma de decisiones así como en la participación de beneficios en forma real y equitativa. Ulteriores argumentos contra proyectos incluyen los impactos

sociales y ambientales de proyectos en su tierra, el uso de terri-torios y ríos, lugares sagrados; una inadecuada compensación; evaluaciones de impacto ambiental inconsistentes y sobre todo la falta de consultación.

Muchas personas en comunidades locales, incluyendo líderes locales, han adquirido un fuerte conocimiento sobre sus dere-chos. Muchos de los líderes con quienes hablamos expresaron que ellos no están contra el desarrollo, sino contra las prácticas actuales de implementar proyectos sin consultar a las comu-nidades locales y violar sus derechos, sin incluyéndolos a ellos en la participación de beneficios y sin verlos como “socios”. La oposición a los proyectos hidroeléctricos no es una oposi-ción a las hidroeléctricas per se ni al desarrollo, sino que debe ser vista como parte de una lucha más amplia. Con base en una historia de conflictos de tierras, reubicaciones forzadas, marginalización de los pueblos indígenas y exclusión de las arenas de la toma de decisiones, muchas comunidades locales simplemente dicen que ya basta.

Las comunidades se sienten bajo presión desde muchos ángulos debido a la minería, agro-industria y aún áreas protegidas. Los cambios en el uso de la tierra y un deficiente manejo de la tie-rra, influenciado por intereses económicos políticos, tienen un impacto en la subsistencia de la comunidad. El modelo de plan-taciones de monocultivos en la agroindustria ha causado serios impactos ambientales y sociales. El modelo de agro-exporta-ciones y monocultivos a gran escala, que estaba previamente concentrado en la región de la costa sur, se ha traslado al norte del país donde pueden encontrarse plantaciones de caña de azúcar y palma africana. Esto está sucediendo en un contexto de evicciones y compras forzadas de tierras de comunidades em-pobrecidas que tienen que migrar a otras localidades. En áreas protegidas, las comunidades son etiquetadas como “invasoras” y acusadas de destruir el patrimonio natural. Con diferentes tipos de proyectos y actividades, los residentes locales sufren la pérdi-da de tierras para agricultura, compras forzadas y suspechosas de tierra, desplazamiento y migración forzada.

Las mujeres son activas en las organizaciones para informar sobre los proyectos y las consultas.

73 Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power. Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming

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3.4.1 Soberanía energética

Existen constantes llamadas para un regreso a la soberanía energética en Guatemala, con el estado junto con las comuni-dades como actores principales en el sector de electricidad y garante de los intereses sociales. En el año 2009, un gran mo-vimiento, que alcanzó miles de personas de quince diferentes departamentos, protestó contra las compañías distribuidoras DEORSA y DEOCSA y demandó que la compañía española Unión Fenosa se fuera del país, habiendo hecho también un llamado para la nacionalización del sector de la electricidad y la creación de compañías municipales de energía con control social.81 El movimiento hizo un llamado para que la com-pleta nacionalización del sector, desde la producción hasta la distribución, regresara a manos del INDE, la institución estatal creada para este propósito.

Los reclamos del movimiento incluyen los precios altos, suspensión de los servicios, el consiguiente daño a los equipos eléctricos y las pérdidas económicas sufridas por los habitantes locales. El conflicto ha involucrado el uso de las fuerzas arma-das, el arresto de líderes locales82 y asesinato de líderes locales, como el caso de Víctor Gálvez en octubre del 2008.

A pesar que el INDE se ha visto debilitado financiera, técnica, material y legalmente, continúa ofreciendo los precios más bajos, aún con el funcionamiento de presas desde 1934. De acuerdo con el sindicato del INDE, los trabajadores afirman que la compañía pública es completamente capaz de manejar más proyectos y están pidiendo una compañía conducida públicamente.

3.4.2 Consultas populares

En respuesta a la falta de medidas tomadas por el estado y la inexistencia de mecanismos apropiados, las comunidades han

tomado las cosas en sus propias manos durante los últimos años. Especialmente para los proyectos mineros y también para algunos proyectos de hidroeléctricas, se han organizado consultas a nivel local/municipal, de acuerdo con el marco legal y sus derechos como pueblos indígenas. La base legal de los procesos de consulta es el convenio 169 de la OIT, especialmente los Artículos 6 y 7, y el Código Municipal del Guatemala (2001) que específicamente enfoca las consultas vecinales. Estos mecanismos han sido utilizados en la actua-lidad por varias comunidades en Guatemala, ejerciendo sus derechos como ciudadanos y haciendo saber sus opiniones a través de medios democráticos sobre los proyectos que están planificados o en desarrollo en sus territorios.

El Código Municipal incluye consultas vecinales por medio de las cuales las comunidades locales pueden dar su opinión so-bre los proyectos de desarrollo que afectan a todos los ciuda-danos del municipio. Por ley, la municipalidad está obligada a comprometerse a realizar consultas con los residentes siempre que los organizadores locales pueden recolectar las firmas del 10 por ciento de la población local.

Desde el año 2005 al año 2009, se realizaron más de 35 consultas a nivel municipal relacionadas con minería y otros proyectos de desarrollo, y tres sobre la cuestión del desarrollo hidroeléctrico. Entre 500,000-700,000 personas han parti-cipado en las consultas, las cuales fueron arregladas por las municipalidades en colaboración con los consejos locales de desarrollo, organizaciones locales de la comunidad rural, tales como sindicatos, asociaciones de maestros, de campesinos, indígenas o de la iglesia, y en algunos casos con el apoyo de ONGs ambientalistas y de derechos humanos.

Los procesos de consultas tardan varios meses, durante los cuales los actores involucrados divulgan la información sobre los proyectos en cuestión. La información ha sido disemina-da a través de asambleas locales, visitas domiciliarias, afiches,

81 http://estamosdefrente.blogspot.com/2009/03/una-sola-voz-el-pueblo-dijo-fuera-union.html82 Malacantan San Marcos

Las comunidades de Chuarranho protestando contra el proyecto de Sisimite en frente del Congreso.

49

obras de teatros y otras actividades públicas. Empero, la infor-mación acerca de los proyectos puede ser pobre.

El referéndum final es organizado durante el curso de un día, utilizando diferentes métodos que incluyen una papeleta, di-señada especialmente para el caso en cuestión o asambleas co-munitarias realizadas de conformidad con la ley comunitaria tradicional. A las comunidades se les pregunta si ellas aceptan las actividades mineras, hidroeléctricas o de extracción de petróleo en su municipio. Organizaciones locales, nacionales e internacionales han tomado parte como observadores. To-dos los referéndums a la fecha han rechazado las actividades mineras y de hidroelectricas. La mayoría de las consultas han sido realizadas en Huehuetenango, San Marcos y Quiché.

El primer proceso de consulta sobre territorios indígenas se llevó a cabo en el 2004 en Sipacapa, San Marcos, relacionada con el proyecto minero Marlin, propiedad de la empresa cana-diense GoldCorp. La segunda consulta fue realizada el mismo año en el área mestiza de Río Hondo, Zacapa, en relación con un proyecto hidroeléctrico. Esta consulta involucró un proceso de elección con papeletas.

3.4.3 Río Hondo

En el 2005, la municipalidad de Río Hondo y organiza-ciones de la sociedad civil celebraron una consulta con residentes referente al proyecto de la hidroeléctrica Río Hondo II en el río Colorado. El proyecto, propiedad de la compañía Río Hondo, involucró volver a construir el proyecto que había sido destruido durante el Huracán Mitch. Experiencias negativas con otro proyecto hidro-eléctrico en el área y la falta de estudios adecuados hicieron que los residentes votaran en contra del proyecto y, a la fecha, los inversionistas no han podido iniciar la construc-ción debido a la falta de una licencia de construcción de la municipalidad.

No obstante, las consultas de Sipacapa y Río Hondo fueron atacadas, por las empresas que las acusaron de ser inconstitu-cionales. La Corte de Constitucionalidad falló que el Artículo 27 en el reglamento del Codigo Municipal era inconstitucio-nal declarando que los resultados no eran vinculantes. Aún reconociendo el derecho a consultar, la Corte falló que los re-sultados de las consultas eran indicativos y no-vinculantes83.

83 Sentence from the case of Sipakapa from May 8th. 2005

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La Corte también determinó que los concejos municipales carecían de la autoridad de organizar consultas o establecer que los resultados eran vinculantes dentro de su jurisdicción territorial. La Corte de Constitucionalidad restringió la auto-ridad de los concejos municipales para decidir sobre asuntos dentro de su jurisdicción municipal o apoyar la voluntad de sus comunidades. En efecto, esto significa, segun ellos, que los concejos municipales no pueden prohibir un proyecto en base al resultado de consultas locales84. De acuerdo con los abogados citados en un informe de CONA-VIGUA, la Corte de Constitucionalidad aprobó estas decisiones en violación abierta de las normas constitucionales que otor-gan autonomía a la municipalidad y afirmó su derecho a deci-dir sobre asuntos dentro de su propia jurisdicción territorial. El informe también muestra cómo estas decisiones contradicen completamente otra decisión de la Corte referente al caso de contratistas de acarreo versus el concejo municipal de la ciudad de Guatemala. En este caso, la Corte de Constitucionalidad falló que el concejo municipal tiene la facultad de decidir sobre los asuntos que caen dentro de su propia jurisdicción territo-rial. El informe argumenta que esto demuestra discriminación de las comunidades locales y sus municipalidades a favor de compañías en los casos de Sipacapa y Río Hondo.

Desde que se emitieron estos fallos, la empresa ha continuado operando en el área de Río Hondo, diseminando información acerca de “energía limpia” e implementando varios proyectos sociales en el área, confiando en que los residentes cambiarán su forma de pensar. Estos proyectos incluyen la expansión de una escuela y el suministro de materiales escolares, servicios denta-les para niños, y computadoras. En abril del 2007, la compañía abrió un centro de información85, y en noviembre del 2009 realizó siete campañas de información. La empresa también está involucrada en eventos deportivos comunitarios y ha ayudado

en la instalación de campos deportivos locales. La Fundación de Río Hondo fue creada en el año 2008 con el objeto de imple-mentar proyectos sociales y ha apoyado a las comunidades con cuidados dentales, vivienda, remodelación de una escuela y distribución de alimentos. Las comunidades pueden presentar proyectos para la consideración de la Fundación. La empresa manifiesta que más y más comunidades están cambiando su posición y que ahora están a favor del proyecto.

Organizaciones ambientales y populares acusan a la empresa de comprar el apoyo de los residentes locales pobres con los proyectos que están siendo implementados. Un líder local dijo a los autores que continúa existiendo la misma oposición, pero que la empresa está trabajando fuertemente para convencer a los residentes locales. El actual alcalde fue re-electo en el año 2007, principalmente por su apoyo a la oposición de las comu-nidades al proyecto y la licencia de construcción todavía no ha sido otorgada a la empresa.

3.4.4 Una brecha con el modelo neoliberal

Consultas y audiencias siempre han sido parte de la vida co-munitaria tradicional en Guatemala. En comunidades locales, las decisiones frecuentemente son legitimizadas a través de socialización de la información, diálogo y consenso.

En este sentido, puede decirse que las consultas legales rompen el model de la “democracia liberal” y el sistema oficial de elección. Muchas de las consultas se basan en la confianza en las comunidades y abierta comunicación sobre las opiniones de los residentes en relación con los proyectos. Muchos ven el sistema de elección oficial y los partidos políticos como remotos o extraños a sus vidas, con votaciones que se hacen en secreto y con fuertes controles a lo largo del proceso86. El siste-

84 Constitutional Court Files 1408-2005 and 2134-2007 85 Centro Informativo Ambiental86 Reporte de Conavigua

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ma oficial presenta muchas personas de comunidades locales con una serie de barreras para la participación, incluyendo la necesidad de documentos de identificación, registro y viajes de larga distancia. Las mujeres, en particular, carecen de docu-mentos de identificación y con frecuencia tienen dificultades en abandonar las comunidades para tomar parte en el proceso oficial de votación.

En consultas comunitarias, las personas expresan sus opinio-nes en sus comunidades, levantando sus manos en público. Las personas sin documentos de identificación y aquéllas que no están registradas en el sistema oficial de votación también pue-den expresar sus opiniones. El control social en la comunidad asegura que los votantes son personas de la comunidad. Los niños y los jóvenes también pueden votar, principalmente que se considera que ellos tienen el derecho a participar en asuntos que les afectan y su futuro. Al hacer esto, ellos también asumen responsabilidades como parte de la comunidad.

Las consultas han facilitado la distribución de información respecto a proyectos de desarrollo, incluyendo sus impactos y riesgos, así como información general acerca del ambiente y recursos naturales en el país. Las comunidades están exigiendo información y están demandando que sus voces sean oídas. Las comunidades están ahora más alertas a lo que está suce-diendo en sus territorios. Ellos han logrado elevar temas al nivel nacional, incluyendo problemas ambientales, impactos de proyectos, las acciones de compañías y los derechos de las co-munidades a decidir sobre sus recursos naturales y territorios.

Las comunidades han continuado organizando consultas a pesar del fallo de la Corte de Constitucionalidad, demostrando su deseo de hacer uso de los mecanismos democráticos que existen en la ley para exigir sus derechos. Pero las consultas son

ignoradas por el estado y las empresas. Cuando el estado rehúsa reconocer la legitimidad de las consultas, la frustración local hacia el estado y los actores privados puede aumentar aún más.

En el año 2009, después del caso de San Juan Sacatepéquez, la Corte de Constitucionalidad falló que el Convenio 169 de la OIT tiene el mismo nivel jerárquico que la constitución. La Corte reconoció que los derechos indígenas, tal como se presentan en el Convenio 169 de la OIT, forman parte de la lista de derechos humanos estipulados en los Artículos del 1 al 149 de la Constitución de Guatemala. Esto significaría que todas las concesiones y licencias deben ser consultadas antes de aprobarse. La consulta previa se aplica a la autorización de licencias para minería e hidroeléctricas, así como leyes, regu-laciones y políticas públicas en los territorios de los Mayas, Garífunas y Xincas. Resta ver cómo el fallo afecta las políticas gubernamentales y las prácticas actuales.

3.4.5 Persecución de líderes y criminalización de la protesta social87

Los inversionistas y las instituciones gubernamentales88, con buena ayuda de los medios de comunicación, desechan la res-puesta de las comunidades como “radicales”, acusándolos de ser “anti-desarrollo”, y diciendo que solo “dicen no por decir no”. Ellos también acusan a las organizaciones ambientalistas y otras de instigar a la oposición y divulgar información falsa en las comunidades. Los activistas y líderes locales que se han opuesto a proyectos de desarrollo a gran escala en sus áreas y aquéllos que han trabajado para procesos locales de consulta han sido difamados en la prensa como “terroristas”, “comunistas” y “gue-rrilleros”89. Organizaciones también reclaman que otros grupos organizados están emprendiendo actos de violencia y sabotaje

87 Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power. Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming. 88 No todos los funcionarios del estado expresaron esto 89 Monitoreo de la prensa enero 2009 hasta agosto 2009, entrevistas con organizaciones

En cuanto a la validez de las llamadas consultas co-munitarias de buena fe, llevadas a cabo por las propias comunidades indígenas afectadas por la minería o por proyectos hidroeléctricos, el Relator Especial consideró que “estas iniciativas son válidas y tienen relevancia en la medida en que constituyen un reflejo de las aspiraciones legítimas de las comunidades indígenas ser escuchadas en relación con los proyectos que tengan un impacto potencial sobre sus territorios tradicionales”.

Despues de haber visitado Guatemala en junio 2010 el Relator Especial de la ONU James Anaya declaró en un comunicado de prensa de la ONU:

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para desacreditar las manifestaciones y protestas de las organi-zaciones sociales y posteriormente acusarles de los actos90.

Esta criminalización es seguida por persecución, intimida-ción y discriminación, que pueden verse a diferentes niveles. Primero, viene el descrédito de las protestas con argumen-tación de que las comunidades están “contra el desarrollo” y “no saben qué es bueno para ellos”. Entrevistas y observacio-nes confirmaron que esto es una percepción sostenida tanto por los representantes de las empresas como por funciona-rios del estado. Luego, existen las acusaciones hechas contra líderes locales y activistas tanto por delitos menores como por otros más serios que pueden o no pueden haber sido cometidos por ellos, y el uso de las fuerzas de seguridad y arresto illegitimo.

Una caracterización sistemática de resistencia como “terro-rismo”, “intrusiones” a propiedad privada, disturbios civiles y daño a la propiedad pública, es también presentada en los medios . De acuerdo con nuestras fuentes, las empresas y financistas tienen estrechos vínculos con los medios, que son utilizados para divulgar información sesgada para proteger los intereses de los inversionistas.

Otro aspecto importante es el acceso a, y uso del, sistema judi-cial. Los líderes locales han sido acusados de desorden público, daño a la propiedad privada, ocupaciones de tierras y aún asesinato, con órdenes dadas para su arresto. Los defensores que son arrestados o acusados rara vez son juzgados justa-mente, y los casos son aparentemente priorizados cuando las compañías acusan a líderes comunitarios y activistas indígenas u otros. El sistema funciona bien para proteger a las empre-sas, y se asignan recursos para llevar a cabo investigaciones en estos casos. Los residentes comunitarios pobres tienen pocos medios para protegerse. El declarar cargos contra las empresas

es casi imposible. Varias organizaciones acusan al sistema de ser discriminatorio contra los residentes indígenas y las comu-nidades locales.

La represión violenta de la protesta social es una preocupación que va en aumento. Las protestas han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad militar, policíaca y privada, y por grupos paramilitares. Líderes locales y organizaciones involucradas en protesta social, campañas de información y consultas han sido objeto de persecución, amenazas e intimidación y, en algunos casos, hay personas que han sido asesinadas. Muchos líderes comunitarios ya no pueden dejarse ver en público y están con-finados a sus hogares o comunidades. Las organizaciones han acusado a los intereses poderosos de utilizar estas amenazas para intimidar a los activistas.

Varias organizaciones fueron entrevistadas acerca de su propia experiencia de criminalización y persecución y, lamentable-mente, todas pudieron proporcionar ejemplos. Esta experien-cia también fue mencionada en las reuniones en las comuni-dades, y ha sido reportada por Peace Brigades International en Guatemala y otras organizaciones internacionales. Los activistas y los líderes comunitarios locales, involucrados en protestas contra las hidroeléctricas y minería, así como el caso de DEOCSA en San Marcos, pudieron confirmar los inciden-tes de persecución, arrestos y ataques contra activistas. He aquí algunos ejemplos: • Un sacerdote local en Zacapa, José Pilar Alvarez Cabrera, fue

arrestado en enero del 2009 después de ayudar a las comu-nidades a proteger los bosques, agua y la biodiversidad en el área de las montañas Las Granadillas. Organizaciones am-bientales reclaman que la policía, el fiscal de Zacapa (MP) y el organismo judicial se han convertido en instrumentos de los terratenientes contra las comunidades91.

Manifestación contra minería.

90 SVea comunicado de prensa de UDEFEGUA el el reporte de Peace Brigades International Marzo 2010 91 http://www.madreselva.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=59:una-vez-mas-sistema-de-justicia-criminalizaa-quienes -ejercen-derechos-&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=50

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• El director de la organización ambiental CALAS fue víctima de un ataque armado en septiembre del año 2008. A él le dispararon siete veces, pero afortunadamente sobrevivió. Tanto el director y el coordinador de la organización para trabajo político y legal continúan recibiendo amenazas92.

• El 15 de marzo del 2009, dos jóvenes de la organización juvenil maya, Mojomayas, fueron asesinados en un inci-dente de atropello-y-fuga involucrando un automóvil de la compañía Hidroeléctrica Palo Viejo en la comunidad de Santa Avelina, Quiché, después de haber estado involucrados en protestas. También se han hecho amenazas por parte de autoridades municipales y comités de seguridad local contra líderes opositores que han trabajado para divulgar informa-ción sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, la comunidad de Santa Avelina ha sido militarizada, con el establecimiento de un puesto militar en agosto del año 2008, creando temor en las comunidades93.

• Un abogado de Mojomayas ha recibido amenazas por teléfono contra sí mismo y su familia y desde un automóvil que iba pasando se veía un arma que le apuntaba. La oficina de la organización (Mojomayas y Conavigua) ha sido vigi-lada por personas no identificadas, y varios miembros han sido víctimas de amenazas y agresiones94.

• Líderes comunitarios involucrados en protestas contra el proyecto de Xalalá han recibido varias amenazas95.

• El colectivo ecologista Madre Selva ha sido acusada varias veces de ser “terrorista” y ha sido difamada en la prensa.

Un funcionario del Ministerio de Energía y Minas (MEM) distribuyó volantes para desacreditar a la organización, a sus miembros y a la campaña del referéndum en Chuarrancho en 2009. Han circulado muhos rumores falsas sobre la orga-nización, sobre todo sobre una publicación de la organiza-cion llamado el “Manual de resistencia ecologica”.

• La situación en San Marcos ha sido especialmente grave. 250 residentes locales que manifestaron contra la com-pañía DEOCSA fueron arrestados en el año 2009. Se han declarado también tres estados de emergencia en el departamento y ha habido varios asesinatos de habitantes locales involucrados en protestas. Existen tensiones en los siete municipios afectados por el conflicto: San José El Rodeo, Tacaná, San José Ojetenam, San Pablo, Malacatán, La Reforma y Nuevo Progreso. Tres activistas del Frente de Resistencia para la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) fueron muertos en circunstancias aún no aclaradas. La primera víctima fue Víctor Gálvez, muerto el 24 de octubre del año 2009 en Malacatán. Evelina Ramírez, una representante de FRENA, fue muerta en Ocós el 13 de enero del 2010 y otras cuatro personas fueron heridas. Ellos regresaban de la Ciudad de Guatemala después de reuniones con autoridades gubernamentales en las cuales ellos habían demandado la suspensión del estado de emergencia en San Marcos, la expulsión fuera del país de la compañía Unión FENOSA, y la pronta aclaración del asesinato de Víctor Gálvez. El 17 de febrero del año 2010, Octavio Roblero fue muerto en Malacatán. Funcionarios culpan a pandilleros y al tráfico de drogas96.

92 Vea reporte de Peace Brigades International Abril 2010. Sitio de we de los reportes: http://www.pbi-guatemala.org/field-projects/ pbi-guatemala/publications/monthly-information-package/93 Denuncia de CONAVIGUA 10 de julio 2009. Denuncia Ante Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indigenas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Violación del derecho al Territorio y la Vida del Pueblo Maya Ixil por construcción de la Hidroelectrica denominada “Palo Viejo” en Territorio de San Juan Cotzal, el Quiche. 94 Reporte de Peace Brigade International Abril 2010 y entrevista con la organización 95 Confirmado pos lideres comunitarios en una visita y otras organizaciones 96 Reporte de Peace Brigade International Marzo 2010

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• La compañía DEOCSA cortó la electricidad en varias comu-nidades en San Marcos el 15 de diciembre del 2010 [sic]. El 18 de diciembre, las rutas de acceso que llevan a los muni-cipios de El Rodeo fueron bloqueadas por opositores que objetaban los aumentos a la tarifa cargados por DEOCSA. Más de 110 oficiales de policía de la División de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil y 200 soldados fueron destacados a limpiar los caminos y a proteger la sede del INDE. Se declaró un estado de emergencia el 22 de diciem-bre, el cual fue prorrogado dos veces, el 4 y el 14 de enero del 2010. Se impuso un toque de queda, se suspendieron las protestas populares y se puso el área bajo el control de las fuerzas armadas97.

• UNION FENOSA y DEOCSA han sido acusadas de cortar la electricidad a varias comunidades y de destruir las estaciones de energía. Un ingeniero, Angel García, ha sido acusado de sabotear una de las subestaciones de electri-cidad.98 El 22 de octubre del 2009, en Nuevo Progreso, cuatro empleados de la compañía de seguridad Cobra, que trabajan para UNION FENOSA, fueron descubiertos cor-tando cables y fueron aprehendidos por residentes locales. Los trabajadores fueron llevados a la Oficina del Ministerio Público – MP, y aceptaron que ellos estaban saboteando las líneas de electricidad. El 1 de diciembre, trabajadores de UNION FENOSA, con el apoyo del ejército, retiraron cinco transformadores que suministran energía a 38 comunida-des. El Ministerio Público no ha presentado cargos contra los involucrados en ninguno de estos casos.99 En cambio, la prensa nacional y local, radio y TV han etiquetado a la gen-te de San Marcos como saboteadores y responsables de los problemas relacionados con el suministro de electricidad.

• Peace Brigades International en Guatemala reportó en abril del 2010 que durante los pasados cinco años, los sindicatos han experimentado una persecución constante así como actos de violencia. “Más de cuarenta sindicalistas fueron muertos entre los años 2005 y 2010 en Guatemala. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Gua-temala (MSICG), el año 2009 fue el peor año con el asesinato de 16 miembros del sindicato. Durante el mismo período (2005-2010), 132 sindicalistas sufrieron amenazas y ataques, la mayoría de los cuales (76 casos) ocurrió en el 2009. De acuer-do con el Comité para la Libertad de los Sindicatos, el 93% de los trabajadores asesinados estaban “en conflicto debido a quejas que ellos habían hecho relacionadas con los derechos laborales o el acceso a los recursos naturales”. ”

• Organizaciones indígenas y campesinas, miembros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), han denunciado el aumento en los asesinatos de sus líderes relacionándolos con el constante conflicto relacionado con la tierra que el estado no ha sido capaz de resolver100.

• El Comité de Unidad Campesina (CUC) ha demandado que las autoridades judiciales aclaren los desalojos ilegales y abusos que ocurren contra las comunidades indígenas y campesinas. En el año 2009, 27 familias fueron violentamen-te desalojadas en Cobán, Alta Verapaz por un contingente de 400 policías, 40 soldados y 50 trabajadores de finca y los supuestos propietarios de la finca. Las fuerzas de seguridad destruyeron todo lo que encontraron, cortaron y dañaron grandes extensiones de cultivos y demolieron las casas con sierras eléctricas101.

97 http://www.thefreelibrary.com/GUATEMALA%3A+RISING+DISCONTENT+AGAINST+ENERGY+COMPANY+UNION+FENOSA.- a022338976698 Prensa Libre Julio 12 2009 99 http://resistance-mining.org/english/?q=node/162 100 Reporte de Peace Brigades International Septiembre 2009101 Reporte Peace Brigades International Agosto 2009

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• La organización Nuevo Día, que ha estado involucrada en campañas de información relacionadas con las tres plantas hidroeléctricas en Zacapa y Chiquimula desde el año 2006 – El Orégano, Caparjá (ambas administradas por la compañía Tres Niñas) y El Puente (compañía GLG) – han recibido amenazas y ataques que ellos relacionan al trabajo que rea-lizan. En septiembre del año 2009, uno de sus miembros fue víctima de un ataque armado cerca de la comunidad102.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que los activistas y líderes comunitarios en Guatemala están experimentando. Los defensores involucrados no están trabajando para intereses individuales o financieros, sino para proteger la naturaleza (la Madre Tierra), su tierra y los derechos de los pueblos indigenas y de las comunidades. Como un activista explicó: “No tengo miedo. Tengo el coraje para continuar lo que estoy haciendo porque sé que esto es lo correcto. Esta lucha tiene un compromiso histórico con el pueblo y mis hijos deben saber que, si algo me pasara algún día, fue por la Madre Tierra y para el pueblo. Los líderes comunitarios que están peleando para defender su tierra, sus territorios y sus recursos naturales, están siendo y siempre han estado sujetos a represiones por el

estado y sus aliados por medio de amenazas directas, persecu-ción de líderes y asesinatos de líderes comunitarios. El hecho de ser acusados de terroristas está históricamente cargado con todas las emociones que lo acompañan, ya que de esto era de lo que se acusaba a los líderes durante el conflicto armado”.

Otro líder indígena dijo esto: “El pueblo se pone de pie y defiende su ambiente. Ellos no están pidiendo nada más que defender un territorio, defender la naturaleza y los ríos”.

En círculos oficiales y en los medios, las protestas son presen-tadas como una amenaza a la sociedad y los opositores son presentados como peligrosos o terroristas. La protesta social debe estar comprendida en un contexto donde las comuni-dades tienen pocas arenas para dar a conocer sus reclamos. Ademas, poco se dice acerca de los métodos pacíficos, demo-cráticos y legales usados por las comunidades, tales como las campañas de información, procesos de consulta, conferencias de prensa, cartas, sesiones con ministerios, comentarios a los Estudios de Impacto Ambiental y marchas pacíficas.

102 Reporte Peace Brigades International Marzo 2010

Demonstración en la ciudad de Guatemala.

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Este capítulo pretende proporcionar una perspectiva de la política noruega relacionada con proyectos hidroeléctricos y de “energía limpia” y el rol que los actores noruegos juegan en el desarrollo de proyectos de energía en países en vías de desarrollo. Nos centraremos en cómo las políticas noruegas in-teractúan con los derechos indígenas, y el rol de las empresas. Un breve resumen del sector hidroeléctrico en Noruega se pre-sentará también para contextualizar las acciones de Noruega.

Casi todo el suministro de electricidad de Noruega proviene de hidroeléctricas. Los amplios recursos hidroeléctricos de Noruega han sido desarrollados para el beneficio de la sociedad noruega a lo largo de los últimos cien años. La proporción del uso de energía reportada por concepto de electricidad es con-siderablemente mucho más amplia en Noruega que en otros países, y la electricidad se usa en un grado mucho mayor para la calefacción de edificios y calentamiento de agua. Más del 50 por ciento del consumo de energía de Noruega se deriva de hidroeléctricas. Con el paso de los años, el sector eléctrico ha estado sujeto a un incremento de las regulaciones y hoy en día, el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico es un proceso largo. Se realizan evaluaciones estrictas del impacto económico, social y ambiental, con la participación de todas las partes afectadas. El pago de derechos de licencias, impuesto y derechos de com-pra de una cuota de la energía generada son parte de un marco en el cual todas las partes afectadas participan en los beneficios.

Especialmente las municipalidades noruegas se han beneficia-do con las hidroeléctricas. Las compañías de electricidad son administradas ya sea por la municipalidad o por el estado, y una parte considerable de las ingresos permanece en la mu-nicipalidad y es reinvertida allí. Además, las municipalidades tienen derecho a comprar hasta el 10 por ciento de la electrici-dad producida al precio de costo para desarrollo local.

El derecho de reversión (“hjemfall”), en el cual una instalación hidroeléctrica regresa a manos del estado libre de cargos cuan-do una licencia expira, es otro principio importante conser-vado en la ley Noruega. El propósito de la ley es evitar que las compañías extranjeras obtengan un control permanente sobre

los recursos de agua y energía. El derecho de reversión de No-ruega se aplica únicamente a la posesión privada y asegura que tal posesión regrese al estado después de 60 años. Una estación de energía es considerada privada si la posesión pública es menor de dos tercios.

La fuerza hidroeléctrica es ampliamente considerada en Norue-ga como una fuente de energía limpia. Los noruegos han expe-rimentado relativamente pocos impactos sociales y ambientales negativos del desarrollo hidroeléctrico, comparado con muchos otros países. Noruega ha experimentado por un largo proceso de desarrollo en el sector, y las deliberaciones acerca del marco legal y procedimientos de licencia han involucrado a todas las partes afectadas. No obstante, ha habido excepciones. La construcción de la altamente contenciosa hidroelectrica de Alta en el Norte de Noruega es un ejemplo de cuán fácilmente los intereses económicos pueden superar las expectativas de los in-tereses de la población indígena local. Una amplia oposición al proyecto Alta por el pueblo indígena Sámi condujo a cambios importantes en la forma en que el gobierno noruego interactúa con los Sámi. Los problemas que se precipitaron a partir del conflicto influyeron en el aumento del conocimiento público sobre los temas indígenas entre la población noruega y contri-buyeron al establecimiento del Parlamento Sámi. Despues se ha desarrollado procesos importantes de consultación.

4 Contexto Noruego

• El agua es un bien público • A las compañías públicas se les otorgan concesiones sin un límite de tiempo• A las compañías privadas se les otorgan concesiones con un límite de tiempo, la posesión se revierte al estado después del período como concesionaria• Se incluye a las partes afectadas desde un principio en los procesos de toma de decisiones, con procesos de negociaciones largas • Una justa participación en los beneficios (ingresos y electricidad)

Elementos clave de la política hidroeléctrica de Noruega

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4.1 Noruega sobre la energíaEn Noruega es generalmente aceptado que el desarrollo de hidroeléctricas a gran escala ha ido tan lejos como se puede y cientos de ríos han sido declarados áreas de conservación por razones ambientales. No obstante, existe ahora un enfoque aumentado en la exportación de tecnología y experiencia hidroeléctrica de Noruega al extranjero, con inversiones en los países en vías de desarrollo que se están tornando sumamente atractivos. Los temas de los cambios climaticos, junto con la producción y consumo de energía limpia y sostenible ocupan un lugar alto en las agendas domésticas y de política exterior de Noruega. Un elemento clave de la política gubernamental es colocar a Noruega en el primer lugar del desarrollo de energía renovable, tanto a nivel doméstico como en el extranjero. Nu-merosos documentos gubernamentales hacen énfasis en estas ambiciones.

La plataforma política de la coalición gobernante, conocida como la Declaración Soria Moria II, afirma que “La visión del Gobierno es que Noruega se convierta en una nación líder mundial en energía” y que “el Gobierno utilizará su política energética activamente para reducir la emisión de gases de invernadero en Noruega y en otros países”. (p.64).

Recientes informes oficiales del gobierno son más explícitos sobre el rol de la energía hidroeléctrica: “Noruega tiene la intención de jugar un papel activo en el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable que puedan remplazar las fuentes productoras de energía fósil actual. Nosotros podemos proveer experiencia de energía hidroeléctrica que será útil conforme el mundo busque cambiarse a fuentes más limpias de ener-gía103.” Además, “Los países en desarrollo necesitan y tienen un

legítimo derecho a un mejor acceso a la energía. Las compa-ñías noruegas pueden contribuir a soluciones energéticas más ambientalmente amigables por medio de innovación y transfe-rencia de tecnología104.

Para alcanzar estas metas, el gobierno proyecta apoyar un au-mento en el involucramiento de los negocios noruegos en paí-ses en vías de desarrollo por medio de programas de asistencia públicamente financiada y sociedades público-privadas105.

Norfund es una compañía de capitales privados de alto riesgo establecida y de propiedad del estado noruego a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Opera en conformidad con las políticas de desarrollo del estado no-ruego y su financiamiento es originado del presupuesto nacional para cooperación internacional. Algunas de sus inversiones son hechas directamente en compañías loca-les, junto con socios industriales y otros a través de fon-dos de inversión e instituciones financieras en los países interesados. Norfund elabora las líneas basales y análisis de riesgo para las empresas noruegas que consideran in-vertir en los países en desarrollo. El objetivo de Norfund es contribuir al desarrollo económico en países pobres por medio de inversiones productivas. Una de las mayo-res inversiones es la empresa de energía SN Power, una empresa en sociedad conjunta con Statkraft, la empresa estatal de electricidad del estado noruego.

Fondo de Inversión de Noruega para Países en Desarrollo (Norfund)

103 Informe No. 13 (2008-2009) al Storting: “Clima, Conflicto y Capital”, p. 14104 Informe No. 10 (2008-2009) al Storting: “Responsabilidad social corporativa en una economía global, p. 60105 Los programas de apoyo incluyen una oficina de asesoría establecida por la Agencia Noruega para Cooperación para el Desarrollo (Norad) y el Fondo de Inversión de Noruega para Países en Desarrollo (Norfund). Estos proporcionan información tanto sobre el apoyo disponible de Norad y Norofund, y también de otras instituciones, tales como el Instituto Noruego de Garantía para Créditos de Exportación (GIEK) e Innovation Norway.

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4.2 Responsabilidad social corpo- rativa (CSR) y cooperación para el desarrollo en Noruega

La ayuda al sector privado no está desligada. Las expectativas del gobierno sobre un involucramiento con el sector privado están elaboradas en la Declaración Soria Moria II:

“El Gobierno de Noruega: fortalecerá la cooperación con el comercio y la industria noruega para contribuir al aumento de las inversiones los países pobres y fijar demandas claras para que los convenios centrales de la Organización Internacional del Trabajo sean respetadas y que las inversiones contribuyan a un desarrollo positivo. Noruega será un país líder en su trabajo hacia los estánda-res globales para la responsabilidad comercial e indus-trial”. (Declaración Soria Moria II, p. 10).

Tal como lo señala el informe oficial de la RSC, el gobierno “espera que las empresas respeten los derechos humanos fundamentales, incluyendo los derechos de la infancia, las mujeres y los pueblos indígenas en todas sus operaciones, tal como se estipulan en convenciones internacionales”106. El in-forme oficial sobre la política de desarrollo noruego, mientras tanto, estipula que el gobierno “buscará la forma de asegurar transparencia en el manejo de los recursos naturales y que las comunidades locales, incluyendo los pueblos indígenas, tengan acceso y derechos a la tierra y los recursos107”.

Otro documento importante que conduce a la cooperación noruega para el desarrollo del sector energético es el Plan de Acción Noruego para el Ambiente en la Cooperación de Desa-rrollo del 2006. Tal como lo señala el Plan de Acción:

“La energía es esencial tanto para el desarrollo social como el económico. Suministrando un mejor acceso a

servicios de energía confiable a precios que son suscep-tibles de ser cubiertos por la gente pobre es crucial para lograr las Metas Globales del Milenio. Las soluciones simples, descentralizadas, jugarán un papel importante”. (Plan de Acción, p. 17)

El Plan de Acción va más allá enumerando las diferentes me-didas que ayudarán a “mejorar el acceso de los pueblos pobres a una energía limpia”, incluyendo el apoyo para el desarrollo de la energía de biomasa, viento y solar; apoyando el desarro-llo de pequeñas plantas de energía juntamente con soluciones; y apoyando las medidas diseñadas para mejorar la eficiencia energética.

4.3 Energía Limpia para el Desarrollo La Iniciativa de Energía Limpia para el Desarrollo, diseñada para resaltar el apoyo noruego al sector energético en los paí-ses en desarrollo, fue aprobada por el Ministro del Ambiente y Desarrollo Internacional en abril del año 2007. La iniciativa trata de fortalecer los vínculos entre el ambiente, clima y ener-gía en la cooperación de desarrollo internacional de Noruega y provee un sistema para toda la ayuda noruega al sector ener-gético. Al mismo tiempo de enfocarse en la administración de recursos naturales y en el uso eficiente de energía a largo plazo, la iniciativa busca ayudar a mejorar el “acceso a energía limpia y que pueda pagarse en países socios.”108 La Iniciativa de Energía Limpia para el Desarrollo, junto con la Iniciativa de Petróleo para el Desarrollo, son consideradas elementos importantes de la política energética general de Noruega. De acuerdo con Erik Solheim, Ministro del Ambien-te y Desarrollo Internacional, Noruega debería concentrarse en “Aquellas cosas en las que somos buenos”. Petróleo para el

En el informe de RSC del Parlamento Noruego dicen: “Dada la dependencia de los pueblos indígenas en el ambiente na-tural y recursos, las consideraciones ambientales y el respeto por los derechos de la población indígena deben pesar grande-mente en áreas donde viven los pueblos indígenas. Ha habido

un número de instancias donde los intereses comerciales de Noruega han entrado en conflicto con el uso del ambiente por grupos indígenas. Es, por lo tanto, vital consultar e involucrar a las comunidades indígenas y locales al planificar actividades que puedan afectar sus intereses.”

Comunidades locales y los derechos de los pueblos indígenas

106 Informe No. 10 (2008-2009) al Storting: “Responsabilidad social corporativa en una economía global, p. 60107 Informe No. 13 al Storting: Clima, Conflicto y Capital”, p.48108 Conducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciativa tiene un “grupo del proyecto” que comprende representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Petróleo y Energía, Norad y Norfund. La secretaría tiene su sede en Norad.

Informe No. 10 (2008-2009) al Parlamento Noruego: Responsabilidad social corporativa en una economía global, p. 51

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Desarrollo es un ejemplo de la implementación práctica de esta política, mediante la cual Noruega contribuye con medidas de formación de capacidad en otros países, en base a las propias experiencias de Noruega en el sector. La Iniciativa de Energía Limpia está diseñada para seguir la misma senda. La meta principal de la iniciativa es “incrementar el acceso a la energía limpia a un precio que pueda pagarse con base en el manejo a largo plazo de recursos naturales y el uso eficiente de energía. También se pretende contribuir al desarrollo económico y social sostenible en países socios seleccionados y a esfuerzos interna-cionales para reducir las emisiones de gas de invernadero.”109 La iniciativa incluye proyectos de generación de electricidad a gran escala (hidroeléctricas, viento y fincas solares) conectadas a la red de distribución, así como proyectos con un enfoque de pobreza más claro, tal como la electrificación rural, más estufas eficientes de leña y producción de carbón mejorada. La iniciativa trabajará para fortalecer las instituciones, los marcos legales e institucionales y la infraestructura que promueve inversiones, producción y comercio. La iniciativa también apoyará las actividades energéticas regionales.

FIVAS y otras organizaciones han criticado desde hace mucho tiempo los estrechos vínculos entre intereses poderosos en el sector hidroeléctrico en Noruega y la promoción de hidro-eléctricas en ayuda para el desarrollo al sector energético. Aún cuando se pretende ser “neutrales en la tecnología”, la Iniciativa de Energía Limpia ya ha demostrado una preferencia para proyectos hidroeléctricos a gran escala. Las “soluciones simples, descentralizadas” en el Plan de Acción de Ambiente el la Cooperacion de Desarrollo del 2006 continúa siendo una parte extremadamente modesta del portafolio.

En contraposición, SN Power, inversionista en hidroeléctricas y una empresa conjunta en copropiedad con Norfund y Statkraft (compañía del estado) recibieron 1.2 billones de coronas norue-gas del gobierno noruego en el año 2007 para apoyar proyectos

de desarrollo de energía. La suma asignada a SN Power fue equivalente al 70 por ciento del total de la ayuda noruega para el desarrollo marcada para proyectos de energía ese año. En el año 2008, la fuerza hidroeléctrica recibió 97% de asignaciones para proyectos de generación de energía.110 Un miserable 3% fue asignado para energía de biomasa, viento y solar.

SN Power es una compañía hidroeléctrica internacional e in-versionista comercial, que invierte y opera proyectos hidroeléc-tricos en mercados emergentes. SN Power fue establecida en el año 2002 como una compañía noruega limitada propiedad de Statkraft (50 por ciento) y de Norfund (50 por ciento). De acuerdo con el convenio concluido entre las propietarias en el año 2008, Statkraft incrementó su participación a un 60 por ciento, mientras que Norfund redujo su posesión a un 40 por ciento a partir de enero del año 2009.

En enero del año 2009, se estableció una subsidiaria de SN Power para intensificar los esfuerzos relacionados con la energía en países pobres. SN Power AfriCA deberá enfocarse en inversiones para energía en Africa y Centro América. Se están realizando esfuerzos para ampliar la posesión de esta compañía entre Norfund y Statkraft, y compañías noruegas regionales tales como BKK y Agder Energi han invertido en la compañía. Para principiar, la compañía iniciará proyectos en Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

Con Norfund como uno de sus inversionistas, se le requiere a SN Power cumplir con los lineamientos de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC por sus siglas en inglés, International Finance Corporation). Como hemos visto, IFC tiene incluidos en sus estándares de cumplimiento los derechos de los pueblos indígenas para ser consultados e in-cluidos en los procesos de toma de decisiones, pero no incluye el consentimiento libre, previo y documentado. Norfund insis-te que mientras ellos tengan acciones en SN Power y SN Power AfriCA, le exigirá a la empresa cumplir con las normas de IFC.

109 Ministerio de Relaciones Exteriores, Plataforma de la Política de Energía Limpia para el Dessrrollo (aprobada en abril del 2007)109 Framtiden i våre hender, Bistandssmuler til vind og sol, 04.01.10

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4.4 Noruega en Guatemala Los actores noruegos tienen una larga historia en Guatema-la, especialmente en el apoyo del proceso de paz y derechos humanos. Noruega es considerada por muchos como un contribuyente positivo. Varias organizaciones noruegas tie-nen un largo récord de trabajo de asistencia y solidaridad en el país, incluyendo la Ayuda Popular Noruega, la Ayuda de la Iglesia de Noruega y el Comité de Solidaridad para América Latina de Noruega (LAG). A partir del 2009, había también 15 hermanamientos entre municipalidades en Noruega y Guatemala.

A la presente fecha, ha habido pocas actividades comerciales e inversiones emprendidas por empresas noruegas en Guatema-la. Dadas las actividades anteriores de Noruega en Guatemala, nuevas actividades comerciales pueden presentar una serie de dilemas. Una empresa noruega podría tener un acceso más fácil a un sector en especial, principalmente que Noruega es percibida como un contribuyente positivo, mientras que organizaciones locales que han sido apoyadas por Noruega durante años podrían ser más reticentes acerca de criticar a los actores noruegos por temor a perder el apoyo financiero. Al mismo tiempo los vínculos entre organizaciones noruegas y guatemaltecas representan redes importantes y posibilidades para realizar un trabajo conjunto de apoyo. Un informe recientemente publicado “Intereses estratégicos de Noruega en Centro América” (2008) hizo énfasis en el rol que los actores noruegos pueden jugar en el desarrollo de hidroeléctricas y de otras fuentes de energía renovable en Centro América, indicando que “Noruega tiene un interés estratégico en comprometerse aún más en la mitigación del

cambio climático y en el desarrollo de fuentes de energía al-ternativa en Centro América”111. Se puede formular la siguien-te pregunta: ¿Qué pasa cuando los intereses noruegos en el sector hidroeléctrico chocan con la protección de los derechos indígenas y la política noruega para promoverlos?

Como hemos visto, el desarrollo de proyectos hidroeléctri-cos en Guatemala se está llevando a cabo principalmente en los departamentos donde la mayoría de comunidades son pobres y de población indígena. La política de cooperación de Noruega subraya la importancia de apoyar la implementación del Convenio 169 de la OIT relativa a los Pueblos Indígenas y Tribales, y la Embajada de Noruega en Guatemala ha hecho de los derechos indígenas y de garantizar la participación de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones una alta prioridad. En el año 2008, la Embajada de Noruega en Guatemala decidió centrar la mayor parte de su programa de asistencia en los derechos de los pueblos indígenas – crean-do el Programa Maya112. El financiamiento para el programa Maya se fijó en 60 millones de coronas noruegas durante un período de cuatro años. El convenio principió en el año 2009 después de un prolongado proceso de planificación y durará hasta el año 2012.

A la fecha, únicamente se ha hecho un intento para invertir en el sector hidroeléctrico en Guatemala por parte de una compañía noruega, en los años 2008-2009. La Agencia de Cooperación Noruega para el Desarrollo (Norad) financió el estudio de pre-factibilidad. El caso se presenta a conti-nuación como ilustración de los peligros latentes potenciales para las empresas y los donantes, así como la importancia de entender el contexto local y respetar los derechos de las comunidades indígenas.

111 Resumen ejecutivo Bull et al (2008). Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (NUPI) y el Centro para el Desarrollo y el Ambiente (SUM)112 La asistencia bilateral de Noruega fue reducida considerablemente después del año 2007 con una reducción en su personal en 2007 y 2008. La Embajada es responsable de El Salvador, Belice, Honduras y Guatemala.

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Renewable Energy Invest AS (REIAS)

La compañía privada con sede en Noruega, Renewable Energy Invest AS (REIAS) fue creada en enero del año 2008. El en-foque de la compañía es “invertir en energía renovable en los mercados en desarrollo113”. La compañía tiene tres accionistas, cada uno con una participación igual: Cfs Invest AS, Aurandt AS y Hjelmstad Invest AS.

En septiembre del año 2008, REIAS solicitó el apoyo de Norad para realizar estudios de pre-factibilidad en Guatemala. Norad apoya las iniciativas comerciales en países en desarrollo con subsidios para compañías privadas, incluyendo apoyo para estudios de pre-factibilidad e identificación de proyectos. A REIAS se le otorgó un apoyo de 362,000 coronas noruegas para realizar estudios de pre-factibilidad para el proyecto Tres Ríos en el departamento de San Marcos, uno de cuatro proyectos bajo consideración114. La compañía escribió en su solicitud que el proyecto fue escogido después de una medi-tada consideración y que el proyecto “no está influenciando negativamente el ambiente y tiene una buena participación de desarrollo sostenible para el área y sus habitantes”115. La

compañía realizó los estudios de pre-factibilidad a finales del año 2008 y envió una nueva solicitud para un proyecto con la debida diligencia en abril del año 2009.

La compañía indica en su solicitud que ellos no tienen “ex-periencia documental de actividades o negocios en países del tercer mundo” y que su conocimiento sobre Guatemala se base en trabajo “realizado internamente” y de seminarios globa-les116. Por esta razón, ellos contrataron consultores de la com-pañía consultora noruega, Optimo Finance AS. Con base en su asesoría y en sus propios viajes al país, ellos identificaron a Guatemala como el “mejor país para inversión en producción de energía renovable”117. La idea era principiar con el proyecto de Tres Ríos y luego establecer una fundación de inversión en energía renovable en Centro América.

Optimo Finance AS (OF) es una compañía consultora con base en Noruega, establecida en 1999. La compañía coopera con compañías e instituciones financieras en todo el mundo, con el objeto de “crear la mejor solución competitiva posible para financiamiento de proyectos internacionales.118” OF ha estado involucrada como asesora financiera en proyectos de

Moloj es una de las organizaciones de Mujeres Mayas apoyados por la Cooperación Noruega.

113 Solicitud de Renewable Energy Invest para apoyo de Norad, septiembre del 2008114 Tres Ríos, El Chocolate, San Judas y La Perla115 Solicitud de Renewable Energy Invest para apoyo de Norad, septiembre del 2008116 Ibid117 Ibid118 http://www.optimofinance.no/index_files/about_us.htm

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infraestructura, tanto en los sectores privados como públicos, y trabaja principalmente en países con un acceso limitado a financiamientos competitivos. La compañía evalúa compañías y proyectos, asiste en evaluación de proyectos y mercados, y apoya en la obtención de financiamiento de bancos comercia-les y otras instituciones financieras, agencias de desarrollo y bancos multilaterales. OF también ha estado comprometida como facilitadora para la implementación de proyectos que producen emisiones de gas de invernadero reducidas.

El proyecto Tres Ríos en San Marcos

El proyecto Tres Ríos planificado es un proyecto de cascada de presa en el río Cabuz, utilizando el caudal de los ríos Cutzulchi-má, Canujá, Negro y Chapá, en los municipios de San Pablo y Tajumulco, en el departamento de San Marcos. El proyecto tiene una capacidad de generación de 50 MW y requiere una inversión de 60 millones de dólares. El proyecto consiste de tres sub-pro-yectos, con sus respectivas presas, reservorios, túneles, centrales eléctricas y sub-estaciones para conexión a la red nacional.

REIAS tenia la intención de desarrollar el proyecto Tres Ríos en Guatemala en sociedad con el inversionista inicial del proyecto, Hidroeléctrica Tres Ríos AS, en colaboración con la compañía guatemalteca HIDROC SA. El financiamiento para el proyecto iba a incluir la participación del propietario (25-30%) y préstamos de bancos comerciales como el Ban-co Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La compañía Empresa Eléctrica Matamoros, S.A. (Costa Rica) fue también involucrada, al igual que el bufete Díaz Durán & Asociados, que proporciona asesoría legal a REIAS119.

La compañía Inter-Credit Latin America se cree que también ha estado involucrada en el proyecto Tres Ríos. Otros poten-ciales inversionistas han incluido a la Familia Meany, a Miguel Fernanced Bianchi120 y Maegli, una personalidad muy bien co-nocida en las empresas guatemaltecas. La compañía Cementos Progreso también ha expresado su interés en el proyecto121.

Argumentos utilizados por Hidroeléctrica Tres Ríos a fa-vor del proyecto incluyen una demanda no satisfecha para electricidad, altos precios y una falta de provisión en el área122. El objetivo del proyecto se presenta de la manera siguiente: “Generación de energía a partir de recursos renovables que alimentan la red nacional de electrificación, contribuyendo a satisfacer la demanda de energía eléctrica de la población”123. Pero, tal como hemos visto, la existencia de un proyecto hidro-eléctrico en un municipio no necesariamente significa que las comunidades circunvecinas y la municipalidad obtendrán un mejor acceso a electricidad, ni mejores precios. La compañía reconoce en una presentación que a ellos no les está permitido distribuir electricidad directamente a las comunidades124.

La compañía también argumenta que existe falta de cultura para el uso sostenible y la conservación de recursos naturales. Mu-chos pueden estar de acuerdo con esta aseveración, pero no exis-ten garantías de que las compañías podrían representar un buen manejo y conservación ambiental, debido a la falta de control y seguimiento de las consecuencias ambientales de los proyectos, incluyendo débiles evaluaciones de impacto ambiental.

Los beneficios para las comunidades locales se ha presentado como mejoras en la infraestructura; construcción y man-

119 La compañía Hidroeléctrica tres Ríos, S. A. es parte del conglomerado Hidrosacpur, S. A. que está construyendo la hidroeléctrica La Perla en San Miguel Tucurú,Alta Verapaz, en el río Sacpur, del río Polochic. El proyecto es propiedad de Agrícola Vinaros, S.A., y es también financiado por el BCIE. El proyecto La Esmeralda está ubicado en la misma municipalidad, donde Hidrosacpur, S.A. está también participando, igualmente financiada por el BCIE120 Industria de maquila, asociado con el gobierno del ex presidente Oscar Berger121 Información no confirmada de una fuente informada 122 Presentación en Powerpoint por la compañía Tres Ríos, obtenida de representantes locales en el área 123 Ibid 124Ibid

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tenimiento de caminos, responsabilidad social, cuidado y protección del ambiente; y manejo legal y administrativo. La responsabilidad social se presenta en la forma de seguridad, asistencia técnica y formación de capacidad, así como edu-cación, comunicación acerca del proyecto y un fondo social donde la comunidad puede solicitar apoyo para educación y salud. La parte ambiental es descrita como “aplicación del plan de manejo ambiental” y “manejo de recursos naturales” tales como bosques y agua. Los beneficios más específicos para las comunidades se presentan como la creación de 250 empleos; 30 kilómetros de caminos, reactivación de la economía, conservación de bosques; pago de la licencia de construcción e impuestos a la municipalidad; alumbrado público; un fondo social para proyectos locales; y generación de 49 MW de elec-tricidad limpia a un precio más bajo.

El argumento que el proyecto servirá los intereses de las comunidades locales proporcionando acceso a electricidad y electricidad más barata es utilizado por REIAS en su solicitud a Norad. Esta indica que: “el proyecto traerá el suministro ne-cesario de energía para el área, así como creará oportunidades

de trabajo durante la construcción”. Lo que no se menciona es que la energía producida por Tres Ríos con toda probabilidad será exportada a El Salvador o, con la construcción de la línea de interconexión de SIEPAC, al resto de Centro América, o, dada su estrecha proximidad a la frontera con México, aún más lejos. A finales de abril del año 2009, REIAS convenio en hacerse cargo del proyecto y principiar el proyecto de debida diligen-cia. En su segunda solicitud a Norad para el proyecto dedebida diligencia125, REIAS indica que “se trata además de elaborar un plan para el desarrollo futuro sostenible ayudando a la comunidad a iniciar el desarrollo básico y comercio (escuelas, atención en salud, tiendas y pequeñas empresas, etc.)”. La solicitud incluye una petición por 50 000 USD para proyectos locales que puedan iniciarse antes que comience la construc-ción, diciendo que estos fondos serán utilizados para “esfuer-zos urgentes y necesarios”. Como ya se discutió antes, FIVAS ha manifestado su escepticismo a la iniciación de proyectos sociales antes de la construcción, con el aparente objetivo de comprar el consentimiento de los residentes locales.

PartedeunapresentaciónquehadadolaempresaHidroelectricaTresRiosenlascomunidadesenTajamulco.

125 Fechado el 30.04.09

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Reacciones iniciales

Se llevó a cabo una evaluación de impacto ambiental (EIA) inicial para el proyecto en el año 2004, que fue aprobada por el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sin informar ni consultar a las comunidades afectadas. Entre los años 2004 y 2006, la compañía Hidroeléctrica Tres Ríos inició la compra de tierras y propiedades necesarias para el proyecto. En el año 2006, dos mujeres locales que se sentían presiona-das para vender su tierra se comunicaron con el programa de derechos humanos de la diocesis de San Marcos. La compa-ñía les había dicho que ellos deseaban comprar la tierra para convertirla en área de conservación, reforestarla y proteger la cuenca del río Canujá, de conformidad con un documento del programa de derechos humanos.

Dos actas de la comunidad del 2007 muestran las reaccio-nes de las comunidades locales. En el año 2007, el alcalde de Tajumulco informó a la comunidad que la compañía le había visitado. La comunidad dejó en claro que ellos no deseaban tener el proyecto y decidieron iniciar un proceso de consulta sobre minería e hidroeléctricas en el área. Los miembros de la comunidad expresaron sus preocupaciones acerca del túnel que iba a ser construido como parte del proyecto y cómo la construcción podría afectar las muchas fuentes de agua en el área. Un ingeniero de la compañía les aseguró, en una de las reuniones, que se habían realizado estudios geológicos y que las fuentes de agua no serían dañadas. Otro ingeniero les infor-mó acerca de la EIA, pero dijo que las conclusiones eran muy generales y que era necesaria más información para predecir el posible daño al ecosistema, especialmente los recursos de agua. Los representantes en la reunión decidieron que la EIA debería ser conocida en las comunidades. En julio del año 2008, un proceso de consulta se realizó en Tajumulco, donde la mayoría de los habitantes votaron con un no a los proyectos hidroeléc-tricos y mineros en el municipio.

Los residentes de Tajumulco dijeron no al proyecto por varias razones. Una razón fue el proceso de compras de tierra. Mu-

chos de los residentes fueron presionados para vender sus tie-rras y no fueron informados acerca del uso futuro de la tierra; algunos fueron mal informados. Cuando tuvieron informa-ción posteriormente respecto al uso de la tierra, ellos lamenta-ron haber vendido y deseaban que su tierra les fuera devuelta. En segundo lugar, los residentes indicaron que ellos habían sido deficientemente informados respecto al proyecto durante muchos años y que ellos habían solicitado información de la compañía y el estado, sin obtener una respuesta. Ellos tam-bién han invitado a la compañía a reuniones a las cuales la compañía no ha asistido. Los residentes también rechazaron la hidroeléctrica en el área debido a los posibles impactos que puede tener para las fuentes de agua y los deficientes estudios ambientales que se han realizado. Finalmente, ellos recha-zaron el proyecto porque no había habido ningún tipo de consulta con las comunidades en relación con el desarrollo de la hidroeléctrica en el área. El encuentro en Tajumulco Es en este contexto que el encuentro entre dos consultores noruegos y las comunidades locales en Tajumulco en mayo del 2009, debe verse. Se organizó una reunión por parte de la Embajada de Noruega antes del encuentro con la presencia de líderes locales, la compañía, la embajada y organizaciones noruegas y guatemaltecas. Las organizaciones guatemaltecas afirman que los noruegos fueron informados sobre el contexto local y la oposición al proyecto, y que se les dio una señal de no viajar al área sin consultar y notificar a las comunidades. Con todo, los dos consultores noruegos fueron al área para realizar estudios y fueron detenidos por la comunidad. Los noruegos fueron llevados a un lugar de reuniones local e inte-rrogados enfrente de 1 500 personas provenientes de comuni-dades circunvecinas acerca de qué estaban haciendo en el área. Los noruegos suscribieron un documento diciendo que ellos se retirarían del proyecto.

En julio del año 2009, la compañía envió una solicitud revisa-da a Norad para el debido diligenciamiento del proyecto,

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reduciendo el monto de lo solicitado de 2.3 a 0.7 millones de coronas noruegas. Ellos escribieron en su solicitud que había habido un gran entusiasmo para el proyecto en las dos secciones inferiores del proyecto, pero que la resistencia local era fuerte en la sección superior. Por lo tanto, ellos no continuarían con el proyecto. Ellos también escribieron que la experiencia e información recabada serían utilizadas en la apreciación de otros proyectos en el área, y que ellos regresa-rían con una nueva solicitud posteriormente.

FIVAS habló con las comunidades en Tajumulco para recabar su lado de la historia. Las principales demandas de las comu-nidades en relación con los proyectos que afectan sus territo-rios son las siguientes:

• Las comunidades se oponen a la construcción de proyectos hidroeléctricos que involucran el desvío de ríos a través de túneles para generar electricidad. Las comunidades están preocupados acerca de su acceso al agua, y el agua necesaria

Rótulo en una comunidad en Tajamulco.

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para el sistema ecológico del río y que este tipo de proyectos no corresponde a sus visiones de desarrollo ni a su cultura.

• Las comunidades desean proteger sus derechos territoriales y evitar la pérdida de tierras o la fragmentación de su tierra. La venta de tierra sin consultar a la comunidad impacta directamente la integridad territorial y genera divisiones en la comunidad. Ellos exigen que las tierras adquiridas por la compañía sean devueltas a las comunidades.

• Las comunidades exigen que se les consulte de conformidad con los derechos a ellos otorgados en el Convenio 169 de la OIT y del Código Municipal de Guatemala. Ellos exigen que los procesos de consulta local sean respetados.

• Las comunidades están interesadas en desarrollar sus áreas, pero esto debería ser de conformidad con sus propias prio-ridades y deberían beneficiarlos a ellos directamente. Ellos buscan el apoyo para el desarrollo de proyectos comunales administrados y poseídos por la comunidad.

4.5 Lecciones aprendidas

La EIA del proyecto Tres Ríos ya había sido preparada desde hacía varios años antes que la compañía noruega se involu-crara, y era débil y obsoleta. El plan para la debida diligencia incluía una revisión de la EIA ya existente. En este caso, la EIA había sido preparada sin consultar a las comunidades, y las co-munidades en varias ocasiones habían tratado de obtener in-formación sobre el proyecto, sin ningún éxito. REIAS escribe, en su solicitud a Norad, que la compañía local había tratado de informar a las comunidades respecto al proyecto durante los dos años anteriores, cuando la EIA era del año 2004. Esto significa que la campaña de información se principió mucho después que la EIA y las compras de tierra ya habían sido realizadas.

Es también un asunto preocupante que REIAS haya solicitado financiamiento de Norad para proyectos sociales locales previo a la construcción (50 000 USD). Un proceso de consulta e

información no debería involucrar proyectos de donación a comunidades locales, con la consiguiente confusión de la situación y haciendo imposible considerar el proyecto mayor sobre una base de objetividad. Desde nuestro punto de vista, esto constituye un abuso hacia las personas de una baja educa-ción que viven en pobreza.

Los derechos indígenas no son mencionados como un ele-mento en el estudio de pre-factibilidad. REIAS y la compañía consultora OF parecen haber tenido conocimientos limitados acerca de los derechos de los pueblos indígenas. El contexto local debe ser tomado en cuenta desde el inicio mismo. En la comunicación entre Norad y REIAS, el donante solicita que los derechos indígenas sean sujetos a consideración en el infor-me del estudio, con base en las preocupaciones elevadas por la Embajada de Noruega en Guatemala. En lo que nosotros podemos apreciar, esto no se ha hecho.

No hay ninguna mención de grupos indígenas en el infor-me del estudio, a pesar que ellos representan la mayoría de la población en el área. Una falta de conocimiento y com-prensión de los pueblos indígenas y sus derechos es también aparente en la solicitud para la debida diligencia de abril del año 2009, en la cual el área es descrita como principalmente habitada por “indios y gente pobre”. En el estudio preliminar, REIAS se refiere a las comunidades locales como residentes y confirma que los grupos marginales y las mujeres no han sido todavía considerados. Una “Evaluación de la población local y consideración hacia ella” está incluida en planes futuros. Este debería ser el primer punto más importante para evaluar.

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Conclusiones 1 El plan estratégico para el desarrollo hidroeléctrico en

Guatemala fue preparado sin consultar a la sociedad civil ni a los pueblos indígenas. Las comunidades afectadas tienen posibilidades muy limitadas de influenciar los pro-cesos de toma de decisiones y los planes de desarrollo.

2 La privatización y liberalización del sector energético en Guatemala ha producido un marco legal que prioriza los intereses de actores privados y ha erosionado el papel del estado como garante de los derechos de los ciudadanos en Guatemala. El estado ha comenzado a funcionar como un intermediario para intereses de negocios privados y, en muchos casos, ha actuado para defender los intereses económicos privados a expensas de la población local y el ambiente.

3 El marco legal e institucional actual para el sector energético en Guatemala deja muy vulnerables a las comunidades loca-les y a la naturaleza misma, con protección muy limitada.

4 La falta de implementación del Convenio 169 de la OIT deja a los pueblos indígenas privados de sus derechos, tales como la participación verdadera en procesos de toma de decisiones; procesos adecuados de consulta; mecanismos para mitigación; respeto para su territorio, cultura y or-ganizaciones; y verdadera participación de beneficios. La falta de un marco legal adecuado no es excusa para que el estado no cumpla con los acuerdos internacionales.

5 Las negociaciones directas entre las comunidades y las compañías son caracterizadas por un desbalance y asime-tría de poder. Este representa un modelo que contradice la evolución positiva de los derechos indígenas, en el cual la responsabilidad para iniciar un diálogo, consultar, nego-ciar y celebrar convenios con las comunidades indígenas, corresponde al estado. Las consultas no son sólo sobre proporcionar información, celebrar una reunión o firmar un documento, sino que ivolucra la totalidad del proceso. Una adecuada consulta requiere del involucramiento de las autoridades, con observadores independientes. El estado ha estado ausente en estos procesos.

6 El alto grado de inseguridad legal con referencia a la tierra y los bienes, así como la falta de titulación (colectivo e individual) y distribucion de la tierra, ahondan aún más los conflictos actuales.

7 Los desacuerdos y conflictos en las comunidades desaticulan el tejido social y la paz en la comunidad.

8 Hay discriminación en el acceso a la justicia por diferentes grupos, sobre todo para los indigenas.

9 Raras veces se habla de electricidad como un servicio básico, sino más bien como un asunto de negocios.

10 El desarrollo de proyectos sin consulta y el consentimiento de las comunidades generan conflicto con implicaciones negativas para el bienestar de las comunidades y la imple-mentación de proyectos.

11 Muchos estudios ambientales son débiles e inadecuados y no conceden suficiente importancia a la rica biodiversi-dad y valiosos ecosistemas en Guatemala. La alta vulnera-bilidad hacia el cambio climática y catástrofes naturales no se ha tomado en cuenta en las evaluaciones.

12 Existen pocos incentivos para promover la producción y distribución de energía a nivel municipal y comunitario, y las municipalidades y comunidades tienen poco acceso a los recursos.

13 Existe una aguda falta de espacio entre las políticas guatemaltecas para la creación de foros públicos que pue-dan servir como arenas para el diálogo y negociación por comunidades locales afectadas. No existen espacios comunes donde las comunidades, municipalidades, compañías y el estado puedan todos participar y tomar en cuenta a aquellos afectados por los proyectos.

14 Hay una muy limitada distribución de información sobre los proyectos y no existen mecanismos para distribuir información entre las comunidades afectadas, municipa-lidades, instituciones estatales, Consejos de Desarrollo,

5 Conclusiones y recomendaciones

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etc. El contexto multilingüe de Guatemala y el nivel de analfabetismo, especialmente entre los pueblos indígenas, no es tomado en cuenta. Los estudios no son traducidos a las lenguas locales.

15 El proceso de información que existe es una comunica-ción de una vía, donde el conocimiento de las comunidades, insumos y experiencias no son importantes y hay muy poca comprensión de la situación de las comunidades locales entre las compañías y las instituciones estatales por parejo.

16 La criminalización de la protesta social es una preocupa-ción primaria, así como la persecución, discriminación e intimidación de líderes y activistas locales. El expresar uno su propia opinión es un derecho democrático.

Recomendaciones Al Estado de Guatemala, al organismo judicial y a los inversionistas:

1 Modificar el marco legal e institucional para el sector de energía a fin de que proteja los derechos de los ciudadanos y, especialmente, los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios. Modificar la Ley General de Electricidad para incorporar las obligaciones del estado en relación con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comu-nidades locales.

2 Poner en funcionamiento un marco legal que priorice el acceso a la electricidad para los habitantes del país y asegu-re beneficios para las municipalidades, comunidades y el pueblo de Guatemala.

3 Realizar la implementación del Convenio 169 de la OIT. La obligación de consultar es reconocida en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala en 1996; en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por Guatemala en el año 2009; así como otros documentos, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación

Racial (ICERD), acuerdos sobre los derechos humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

4 Proceder con las propuestas y reconocer los esfuerzos para elaborar una ley de consultas con los pueblos indíge-nas y otras leyes sobre derechos indígenas que han sido planteados.

5 Declarar una moratoria sobre las nuevas licencias y autorizaciones respecto al uso de ríos hasta que haya sido establecida una ley sobre consultas y se suministre infor-mación adecuada.

6 Crear espacios abiertos y de participación para el diálogo con los pueblos indígenas y comunidades locales para recibir información completa y objetiva, resolver dudas y preocupaciones, y escuchar los argumentos y experien-cias locales.

7 Reconocer, respetar y fortalecer los procesos de consultas locales que se están llevando a cabo.

8 Asegurar que las evaluaciones de impactos ambientales (EIAs) de alta calidad sean preparadas por consultores calificados, con criterios claros y procesos participativos abiertos. Elaborar un plan para mejorar las EIAs en línea con la planificación del uso de la tierra con un manejo integrado de las cuencas, en colaboración con las co-munidades locales y mejorar los términos de referencia para preparar evaluaciones. En todo proyecto propuesto, deberán incluirse lineamientos robustos y exigibles para reubicación y compensación de acuerdo con el contexto comunitario.

9 Redactar una ley de agua que incorpore los derechos de las comunidades, el derecho humano al agua y los derechos de los pueblos indígenas.

10 Ver a las comunidades locales como un socio potencial en proyectos. En lugar de comprar sus tierras, la tierra debería ser dada en usufructo, dando a las comunidades una parti-cipación en los beneficios y rentas de los proyectos.

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11 Asegurar procesos abiertos, acceso y distribución de la información para todos los actores afectados e involucra-dos. El límite de 20 días para proporcionar comentarios sobre las EIAs debe ser prorrogado. La información debe-ría ser distribuida activamente, sin costo alguno, a todas las partes afectadas.

12 Seguir las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Represas.

A los actores noruegos y otros actores extranjeros/internacionales:

1 La política de cooperación internacional noruega debería adoptar como su punto de partida las necesidades de los pobres y su uso de los recursos naturales, y acceso a la energia, en lugar de adoptar un enfoque que sencillamen-te indique “para lo que somos buenos”. Noruega debería apoyar evaluaciones de necesidades completas y diferentes alternativas – no solo hidroeléctricas – que toman en cuen-ta dimensiones ambientales y sociales tanto como aspectos financieros y técnicos. Además, Noruega debería avalar el principio del Consentimiento libre, previo y fundamentado en los proyectos de desarrollo de hidroeléctricas.

2 Los actores noruegos y otros actores extranjeros deberían ser más críticos de sus sociedades con las compañías locales. Ellos deberían asegurar que el gobierno ha consultado con las comunidades en cuestión y que las compañías han hecho su parte para poner a disposición toda la información que se necesita, y que las comunidades han escuchado, y sus necesidades y argumentos han sido tomados en cuenta.

3 Los actores noruegos y otros actores extranjeros deberán ser especialmente cuidadosos sobre la cuestión de cómo la compañía local ha adquirido tierra, y hacer uso de las diferentes fuentes, no sólo la compañía, para determinar como la tierra y propiedades han sido obtenidas. Deberían existir normas más altas en términos de conocimientos locales requeridos para evitar una repetición de incidentes desafortunados en el futuro.

4 Las comunidades deberían ser vistas come posibles socios en proyectos. En lugar de comprar sus tierras, la tierra

debería ser dada en usufructo o rentada, dando a las co-munidades una participación en los beneficios e ingresos del proyecto.

5 Una evaluación de la forma en que los derechos indígenas deben ser respetados y protegidos en proyectos debería ser incluida en los estudios preliminares financiados por No-rad y otras instituciones internacionales para el desarrollo.

6 A las compañías que solicitan apoyo para trabajar en áreas con grupos indígenas se les debería pedir que demuestren su competencia en el área o presentar un plan sobre qué están haciendo ellos para manejar este tema, con un moni-toreo independiente del proceso.

7 Las investigaciones relacionadas con la criminalización y persecución de los defensores de los derechos humanos deberían ser estimulados y apoyados. Existe también una necesidad para fortalecer el monitoreo de la situación de los defensores de los derechos humanos, especialmente aquéllos que defienden los derechos económicos, sociales y culturales.

8 El gobierno del país de origen de las compañías internacio-nales debería asegurar que las compañías promuevan y res-peten los derechos humanos y los derechos de los pueblos indigeans más allá de sus fronteras nacionales.

9 Debería aplicarse presión internacional para asegurarse que el Plan de Reparación convenido en el caso de la presa de Chixoy sea suscrito e implementado por el gobierno nacional.

10 Todas las inversiones efectuadas por los actores noruegos en territorios indígenas deberían ser minuciosamente revisadas para establecer claramente los impactos y bene-ficios potenciales que estas inversiones podrían tener en la situación legal, social, política, económica y cultural de los pueblos indígenas.

11 Todos los proyectos hidroeléctricos deberían estar en línea con las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas.

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Abreviaturas y siglas

ADIVIMA Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí

AGAII Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas

AGER La Asociación de Generadores con Energía Renovable

AIN Ayuda de la Iglesia Noruega

AIRIP Acuerdo sobre Identitdad y Derecho de los Pueblos Indigenas – Agreement on Identity and Rights

of Indigenous Peoples

AMM Administrador del Mercado Mayorista

ANAM la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala

ANG Asociación Nacional de Generadores

APN Ayuda Popular de Noruega

AVANCSO Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

BKK Bergenhalvøens kommunale kraftselskap

CABEI/BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) – Central American Bank for Economic

Integration

CACIF Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras

CALAS El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Dessarrollo

CDM Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - Clean Development Mechanism

CNEE Comisión National de Energía Electrica

COCAHICH Coordinadora de comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy

CONAP Consejo Nacional de Areas Protegidas

CONAVIGUA Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala

COPAE Comisión Pastoral Paz y Ecología

CUC Central Unitario Campesino

CSR/RSC Responsabilidad Social Corporativa – Corporate Social Responsibility

DEOCSA Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima

DEORSA Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima

EBRD/BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo – European Bank for Reconstruction

and Development

EDEE la Empresa de Distribución de Energia Electrica

EEGSA Empresa Electrica de Guatemala

EGEE Empresa de Generación de Energía

EIA Estudios de Impacto Ambiental – Environmental Impact Assessments

EIB/BEI Banco Europeo de Inversión – European Investment Bank

ETCEE la Empresa de Transporte y Control de Energía

ETS European Emissions Trading System

FIVAS Asociación de Estudios Internacionales de Agua – The Association for International Water Studies

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

FPIC/CPLI Consentimiento Previo, Libre y Informado – Free, prior and informed consent

HSBC The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

IADB/BID Banco Interamericano de Dessarrollo – Inter-American Development Bank

ICERD The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

IFC Corporación Financiera Internacional – International Finance Corporation

IHA Asociacion Internacional de Hidroenergia – International Hydropower Association

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IMF Fondo Monetario Internacional – International Monetary Fund

INAB Insituto Nacional de Bosques

INDE Instituto Nacional de Electrificacción

INE Instituto Nacional de Estadística

IUCN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – International Union for the

Conservation of Nature

LAG El Comité Noruego de Solidaridad con América Latina

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación

MARN Ministerio del Medioambiente y Recursos Naturales

MEM Ministerio de Energía y Minas

MIGA/AMGI La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones – Multilateral Investment Guarantee Agency

MINUGUA United Nations Verification Mission in Guatemala

Norad Agencia Noruega de Cooperacion de Desarrollo – Norwegian Agency for Development Cooperation

Norfund Norwegian Investment Fund for Developing Countries

GIEK Norwegian Guarantee Institute for Export Credits

NUPI Norwegian Institute of International Affairs

OEA Organicación de Estados Americanos

OP Optimo Finance AS

PER Plan de Electrificacción Rural

REIAS Renewable Energy Invest AS

SAVIA Escuela de Pensamiento Ecologista

SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central

SIN Sistema Nacional Interconectado

SN Power Statkraft Norfund Power

SUM Centre for Development and the Environment

UMB University of Life Sciences

UNAGRO Unión Nacional Agropecuaria

UNDRIP United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

UNE Unidad Nacional de Esperanza

UNHCR United Nations Refugee Council

Union Fenosa Unión Eléctrica Fenosa Sociedad Anónima

WCD Comisión Mundial de Represas – The World Commission on Dams

WRI World Resources Institute

Glosario

Washington Consensus – Se usa el Consenso de Washington para describir un juego de políticas que unificaron a actores tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de los Estados Unidos desde finales de los años 1970 sobre cómo las economías en desarrollo deberían adaptarse para promover el crecimiento.

Ladinos – Se asume popularmente que los ladinos son descendientes de la mezcla de españoles e indios (mestizos), pero de hecho, son principalmente Maya por herencia biológica que han asimilado el idioma nacional y la cultura (Smith 1990). De manera similar, UNDP (2005 pp.37) indica que bajo el concepto de ladino, están incluidos los indígenas asimilados, los inmigrantes y los ladinos, y el mestizaje como una forma de construcción de la nación se perdió.

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Reuniones con organizaciones:• CALAS - El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social

• CEIBA - Amigos de la Tierra

• COCAHICH - Coordinadora de comunidades afectadas por

la hidroeléctrica Chixoy

• CONAVIGUA/Mojomaya – Coordinadora Nacional de

Viudas de Guatemala

• CONIC – Coordinadora Nacional Indigena y Campesina

• Consejo de los Pueblos del Occidente

• COPAE – Comisión Pastoral Paz y Ecología

• CUC – Central Unitario Campesino

• Defensoria Maya

• Fundación Solar

• Madre Selva

• Moloj – Asocación Politica de Mujeres Mayas

• Nuevo Dia - Coordinadora Central Campesina Chorti, parte

de la Plataforma Agraria

• SAVIA – Escuela de Pensamiento Ecologista

• Uk’ux B’e

Otros:• AVANCSO – Asociación para el Avance de las Ciencias

Sociales en Guatemala

• CEDER – Centre for Rural Development in Guatemala

• El Observador

• FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

• Inforpress

• OEA – Organicación de Estados Americanos

• Propaz

• Universidad Rafael Landivar

Reuniones y observaciones en comunidades: • Communities in Zona Reina (Quiche)

• Communities in Zona Ichil (Quiche)

• La Libertad (Tajamulco, San Marcos)

• Playitas Copon (Uspantan, Quiche)

• Camotan, Jocotan (Chiquimula)

• Chel (Chajul, Quiche)

• Altaverapaz

Reuniones con autoridades: • AGAII – Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades

Indígenas

• AMM –Administrador del Mercado Mayorista

• ANAM –la Asociación Nacional de Municipalidades de la

República de Guatemala

• CONAP – Consejo Nacional de Areas Protegidas• INDE – Instituto Nacional de Electrificacción(Sindicato)

• MARN – Ministerio del Medioambiente y Recursos

Naturales

• MEM – Ministerio de Energía y Minas, Viceministerio de

Desarrollo Sustentable

Coordinación de Diálogo Permanente (Katalina Soberanis)

Embajador de Guatemala en Noruega

Congreso de la República de Guatemala:• Comisión de Energía y Minas

• Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales

• Comisión de la Mujer del Congreso

Entrevistas/reunions con actores privados y em-presas: • AGER – Asociación de Generadores con Energia Renovable

• ANG –Asociación Nacional de Generadores

• Fundación Rio Hondo

• Hidroelectrica Pasabién

• ENEL representative

• Generación Limpia Guatemala (GLG)

Actores noruegos:• SN Power

• AIN –Ayuda de la Iglesia de Noruega

• APN – Ayuda Popular de Noruega

• LAG - El Comité Noruego de Solidaridad Con América

Latina

• Norad – Norwegian Agency for Development Cooperation

• Norfund – Norwegian Investment Fund for Developing

Countries

• Embajada Noruega en Guatemala

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Fuentes y mas información:

Acreman & Dunbar (2004) Defining environmental river flow requirements – a review Anaya, James (2010). Comunicado de Prensa. Observaciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas en Guatemala. 18 de junio, visita a Guatemala.Carlos Loarca (2009) Mecanismos de impunidad ambiental para la hidroeléctrica Xalalá contra la consulta comunitaria de buena fe del IxcánCCAD & IUCN (2006)Estudio comparativo de los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental de Centroamérica. CIFCA (2008). “Proyecto Xalala: Desarrollo para Todos?”COHRE (2007) “México, Honduras y Guatemala. El derecho a la vivienda y a la tierra frente a los proyectos de desarrollo”. Centro sobre Derechos de Vivienda y Evicciones. Comisión Mundial de Represas (2000) “Dams and Develop-ment: A New Framework for Decision-Making.” Presas y Desar-rollo – Un Nuevo Marco para Toma de DecisionesComisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) Plan de Ex-pansión indicativo del Sistema de Generación 2008-2022Comisión Pastoral Paz y Ecología – Copae (2009): Situación actual del agua de los ríos Tzalá y Quivichil en el área de influen-cia de la mina Marlin, ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, Segundo informe anual del monitoreo y análisis de la calidad del agua. Diócesis de San Marcos.CONAVIGUA (2008/2009) reportes de Conavigua, entre otros el Racismo Ambiental CONAVIGUA (2009) Denuncia Ante Relator Especial sobre

Derechos de los Pueblos Indigenas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Violación del derecho al Territorio y la Vida del Pueblo Maya Ixil por construcción de la Hidroelectrica denominada “Palo Viejo” en Territorio de San Juan Cotzal, el Quiche.Corte Constitucional Archiovos 1408-2005 y 2134-2007Detlefsen et al (1991) Plan de acción forestal de Guatemala.El Observador, varias publicaciones. Ferrigno, V.F. (2009) El Oscuro negocio de la luz. FLACSO. Guatemala City. Foster & Araujo (2004) “¿Trabaja la reforma en infraestructura para los pobres? Un estudio modelo de Guatemala”Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power. Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcomingMIGA (2003) MIGA en países afectados por conflicto. Johnston, B. (2005) “Estudio de Temas del Legado de Chixoy”Paz y Paz, M.H. (2006) – Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala. FLACSO. Ciudad de Guatemala.Peace Brigades International – reportes mensuales Reporte final sobre Chixoy (2009) Informe de identificación y verificación de daños y perjuicios ocasionados a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctdrica ChixoySAVIA (2009) Realidad Ecológica de GuatemalaStavenhagen, R. (2001)Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la Resolución 2001/57 de la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Misión a Guate-mala.

La comunidad Playito Copón sobre el proyecto de Xalalá.

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www.fivas.org