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República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-04-2016-0045, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor

Christian St. Pierre contra la Resolución núm. 3013-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el seis (6)

de agosto de dos mil trece (2013).

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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0382/17

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2016-0045, relativo al recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional

incoado por el señor Christian St. Pierre

contra la Resolución núm. 3013-2013,

dictada por la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia el seis (6) de agosto de

dos mil trece (2013).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los once (11) día del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes

Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo,

Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez

Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y

legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la

Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES






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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión

La Resolución núm. 3013-2013, objeto del presente recurso de revisión, fue

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de agosto de

dos mil trece (2013), cuyo dispositivo reza de la siguiente manera:

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto, por

Christian ST. Pierre contra la sentencia núm. 627-2013-002208, dictada

por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 09

de mayo de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta

resolución; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del

proceso; Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes.

Este tribunal precisa, que en la glosa procesal del expediente, no existe constancia

de la notificación de la sentencia recurrida a la parte recurrente.

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional

El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional es contra

la Resolución núm. 3013 2013, la misma fue dictada por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia el seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), fue

depositado ante la Suprema Corte de Justicia el once (11) de noviembre del dos mil

quince (2015), y recibido ante el Tribunal Constitucional el veinticuatro (24) de

febrero de dos mil dieciséis (2016). El mismo solicita que sea declarada nula la

referida sentencia en virtud de que la Suprema Corte de Justicia no motivó la

decisión dada.

El recurso le fue notificado a las partes mediante Oficio núm. 223-2015, del

veintitrés (23) de noviembre de dos mil quince (2015), de la Suprema Corte de






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Justicia, de igual forma al procurador general de la República y recibido en la

misma fecha.

La opinión del procurador general de la República respecto del recurso de revisión,

le fue notificada a las partes mediante Oficio núm. 223-2015, del veintitrés (23) de

noviembre de dos mil quince (2015), de la Suprema corte de Justicia

3. Fundamentos de la decisión recurrida

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución núm.

3013-2013, objeto del presente recurso de revisión constitucional, declaró

inadmisible el recurso de casación interpuesto por el hoy recurrente, en base a los

motivos que se destacan a continuación:

a. Atendido, que el artículo 393 del Código Procesal Penal señala que: “las

decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos

expresamente establecidos en este código. El derecho de recurrir corresponde a

quienes le es expresamente acordado por la ley. Las partes sólo pueden impugnar

las decisiones judiciales que les sean desfavorables;

b. Atendido, que el artículo 399 del Código Procesal Penal dispone que: “los

recursos se presentan en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en

este código, con indicación específica y motivada de los puntos impugnados de la

decisión”, por su parte, el artículo 418 del código de referencia expresa que “se

formalízale recurso con la presentación de un escrito motivado en la secretaría del

juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días a partir de su

notificación; en dicho escrito se debe expresa concreta y separadamente cada

motivo con sus fundamentos, la norma alegadamente violada y la solución

pretendida;






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c. Atendido, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone, en cuanto

al procedimiento del recurso de casación, que se aplican, analógicamente, las

disposiciones del referido código relativas al recurso de apelación, salvo en el

plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos;

por consiguiente es necesario que ante la interposición del recurso de casación, la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia decida primero sobre la

admisibilidad del mismo, en virtud de los artículos 425 y 426 del citado Código

Procesal Penal;

d. Atendido, que según el artículo 425 del Código Procesal Penal el recurso de

casación sólo puede interponerse contra las sentencias dictadas por las Cámaras

o Salas Penales de las Cortes de Apelación, cuando las mismas sean

confirmatorias o revocatorias de otra sentencia anterior dictada por un juez o

tribunal de primer grado, o las decisiones que ponen fin al procedimiento, o las

que denieguen la extinción o suspensión de la pena;

e. Atendido, que el artículo 426 del Código Procesal Penal limita los

fundamentos por los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

puede declarar la admisibilidad de los recursos de casación, al disponer que éste

procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de

disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos

internacionales en materia de derechos humanos, en los siguientes casos

1. Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de

libertad mayor a diez años;

2. Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con

un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia;

3. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada;

4. Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión;






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f. Atendido, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio

de su defensa técnica, lo siguiente: “Decisión manifiestamente infundada sobre los

hechos y el derecho, contradicción o ilogicidad manifiesta y valoración de la

prueba obtenida ilegalmente incorporada con violación a los principios de las

pruebas.- Violación a los artículos 69 numeral 8, 170 del Código Procesal Penal,

31, 32 y 33 de la Ley 479-08.- Falsa aplicación del artículo 408 del Código Penal

Dominicano: Que los honorables Jueces, al motivar sus decisiones han incurrido

en hechos manifiestamente infundados, cuando establece que sólo hay una

sociedad contractual sobre las sumas de dinero, enviados a Real Dionne y Reyde

Motors, S. R. L., que era para construir, hacer un restaurant y negociar con la

compañía, sobre el alquiler de vehículo, pues en la documentación depositada por

el querellante y exhibida en juicio, hay contrato de alquiler, sobre un alquiler,

donde Real Dionne y Estephanino Rossi, Christian S. T. Pierre, lo que tipifica el

abuso de confianza, contratos estos firmados en francés y traducidos al español

por el intérprete Félix Mercado, de fecha 11 de junio de 2012, hechos que

sancionan y tipifican el abuso de confianza establecido en el artículo 408 del

Código Penal, sobre el contrato de alquiler, por la suma de Cinco Mil Dólares

Americanos (US$5,000.00), que si hubieran ponderado y analizado las pruebas,

condenan a los imputados Real Dionne y Reyde Motors, S. R. L., como compañía y

sociedad, y que los documentos depositados, para servir como medios de pruebas,

deben de ser auditados por un contable autorizado para servir como medio de

prueba, no puede ser incorporado al debate tal como lo dispone el artículo 69

numeral 8 de la Constitución: “Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley.

g. Atendido, que la Corte a qua realizó una correcta aplicación del derecho al

confirmar la decisión de primer grado, sin embargo es preciso resaltar que el

presente memorial de casación presenta ambigüedades esenciales en su contenido,

solicitando además como petitoria final la remisión a una Corte para una nueva

valoración probatoria, lo que resulta improcedente, en ese sentido, el presente

recurso deviene en inadmisible.






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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión

La parte recurrente en revisión constitucional procura que sea anulada en todas sus

partes la resolución recurrida, y para justificar su pretensión, alega, entre otros

motivos lo siguiente:

a. La Resolución No. 3013-2013 ha vulnerado precedentes constitucionales

emanados de este Tribunal Constitucional, en los cuales se protegen el derecho de

las partes a que la decisión dictada con motivo del proceso en el cual se

encuentran envueltas sea motivada de forma adecuada. Se trata de las Sentencias

Nos. TC/0009/13 de fecha 11 de febrero del 2013, TC/0077/14 del 14 del 1ro de

mayo del 2014, mediante las cuales anula dos decisiones dictadas precisamente en

materia penal por la Suprema Corte de Justicia; una emana de la Segunda Sala de

nuestra Corte de Casación (la Sentencia No. TC/0077/14) y la otra de las Salas

Reunidas (Sentencia No. TC/0009/13), lo que demuestra que se trata de una

práctica reiterada en la que incurre la Corte de Casación, en detrimento del

debido proceso y la tutela judicial efectiva a que tienen derecho los litisconsortes.

Si bien es cierto que al momento de haberse dictado la decisión recurrida en

revisión solo había sido emitida la Sentencia No. TC/0009/13, no menos cierto es

que por contener la Sentencia No. TC/0077/14 una ratificación del precedente

constitucional consagrado en la primera, procede considerar al último criterio

como vulnerado.

b. En efecto, la decisión impugnada no ha cumplido con el deber de motivación

en la forma que ha sido prevista por las sentencias de principio aludidas. Se ha

limitado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a copiar textualmente

los artículos 393, 399, 427, 425, y 426 del Código Procesal Penal, si dar razones

por las cuales entiende que no se encuentra reunidas las condiciones por ellos

establecidas por ellos establecidas para que el Sr. CHRISTIAN ST. PIERRE

pudiera ser admitido en su recurso de casación.






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c. En ese tenor solo hace falta dar un breve vistazo a las páginas 3 y 4, en las

cuales no se realiza la necesaria subsunción de los hechos en el derecho, a través

de lo cual habría dado la Corte de Casación la justificación de porque no se

verificaban los supuestos de inadmisibilidad en el caso de la especie.

d. Se trata de una de las garantías del debido proceso y de la tutela judicial

efectiva que ha sido reconocida por nuestro ordenamiento jurídico desde los

tiempos dela Resolución No. 1920-2003 en la cual la Suprema Corte de Justicia,

paradójicamente, enaltece ese derecho que ella misma ha conculcado con la

decisión impugnada. La decisión de la citada resolución sirve de fundamento a las

Sentencias Nos. TC/0009/13 y TC/0007/14 en cuya inobservancia fue dictada la

Resolución No. 3013-2013 impugnada en esta instancia.

e. En este tenor es dable subrayar que el artículo “primero” fundamental el

deber de motivación de las decisiones, con el propósito de que los juzgadores

hagan acopio del mismo al momento de fallar. Evitando hacerle de forma

abstracta e imprecisa, para dotar así, de legítima sus sentencias.

f. Contrario a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, el recurso de casación era admisible, pues se fundaba en motivos

legalmente consagrados en el referido artículo 426 del Código Procesal Penal. En

efecto, los medios propuestos por el Sr. CHRISTIAN ST. PIERRE fueron la

violación de textos legales y principios constitucionales y que la sentencia

recurrida es manifiestamente infundada, lo cual se constata con el examen del

memorial de casación. Tratándose de una vía de impugnación admisible procedía

el pronunciamiento sobre el fondo.

g. A que conviene resaltar que tan infundada es la Resolución No. 3013-2013,

que en la primera línea del ultimo atendido que precede a su dispositivo, la Corte

de Casaci0on sostiene que “la Corte a que realizo una correcta aplicación del

derecho al confirmar la decisión de primer grado”, lo que equivale a una






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valoración abstracta sobre el fondo de las pretensiones del Sr. CHRISTIAN ST.

PIERRE, y no sobre la supuesta e inexistente inadmisibilidad pronunciada en su

contra posteriormente. Por lo tanto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia ha incurrido en contradicción de motivos, lo cual hace su decisión

susceptible de ser anulada.

h. La decisión impugnada fue dictada en fecha 06 de agosto del 2013, es decir,

posteriormente a la emisión de la Sentencia No. TC/0009/13. En consecuencia,

conforme el principio de vinculatoriedad previsto en el artículo previsto en el

artículo 31 de la Ley No. 137-11 a la Corte de Casación se encontraba obligada a

decidir observando dicho precedente so pena de que su fallo fuera anulado, lo

cual hará este honorable Tribunal Constitucional al constatar que la Resolución

No. 3013-2013 adolece de una motivación adecuada.

i. Así las cosas, la Corte de Casación debía exponer los hechos a fin de que el

Sr. CHRISTIAN ST. PIERRE tuviera oportunidad de percibir el alcance que daba

dicha jurisdicción a los hechos acontecidos con el fin de verificar si quedaba

subsanado el citado vicio que aludía había incurrido la Cámara Penal de la Corte

de Apelación de Puerto Plata. Y en definitiva, si se corroboraba como cierta la

valoración de los hechos efectuada por dicha alzada, poder ejercer su derecho a

recurrir en revisión; y en definitiva, la justificación del rechazo de sus

pretensiones.

j. En otro orden, la Corte de Casación no cumplió con su deber de desarrollar

de forma sistemática los medios en que fundamentaba su decisión de declarar

inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Sr. CHRISTIAN ST. PIERRE.

No queda duda alguna de que el citado requisito no queda configurado con el

copiado de unos textos legales y con la aseveración vaga, abstracta, imprecisa,

insuficiente y contradictoria, hecha en cuatro líneas y un párrafo, que sostiene en

primer lugar que la Corte a que aplico bien el derecho, para luego indicar que el






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memorial de casación era ambiguo y que procedía inadmitir el recurso porque el

petitorio era improcedente.

k. Los términos empleados pro la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

son inexactos pues, emplea la improcedencia para fundamentar una

inadmisibilidad, cuando aquella corresponde a valoraciones relativas al fondo de

una pretensión. Ello además es confirmado por la primera y vaga línea que

conforma el último párrafo que antecede al dispositivo en cuestión, en la cual,

como ha sido denunciado, la Corte de Casación ha expuesto que se hizo bien en

confirmar la decisión impugnada en apelación. Todo ello evidencia que la

Resolución No. 3013-2013 no ha resistido el test motivacional acorde al

precedente constitucional contenido en la Sentencia No. TC/0009/13, confirmado

posteriormente por la Sentencia No. TC/0077/14, por lo que la anulación de la

referida decisión es forzosa.

l. La anulación que produjo este Tribunal Constitucional de una sentencia en

materia penal dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia por

su carencia de motivación, a través de la decisión número TC/0099/13 fue en

razón de la naturaleza de ese deber. A dichos fines ha considerado este Tribunal

Constitucional que la motivación de cara a los jueces es un deber; mientras que de

respecto de las partes se trata de un derecho. En ese tenor, y como se recoge en la

decisión de un principio aludida, procede declarar la admisibilidad del recurso de

revisión cuando la violación que se aduzca sea la falta de motivación en que

incurre el órgano judicial que dictó la sentencia recurrida. Al constatar que el

fallo adolece de los vicios alegados, y como ha sido juzgado a través del referido

precedente constitucional, esta vía de impugnación debe ser acogida en cuanto al

fondo.

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión






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La parte recurrida, mediante su escrito de defensa del recurso de revisión,

depositado el cuatro (4) de diciembre del dos mil quince (2015), y recibido en este

tribunal el veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), pretende que se

declare inadmisible el recurso de revisión contra la Resolución núm. 3013-2013,

por no estar contenido en los medios que han de invocarse en el artículo 428 del

Código Procesal Penal dominicano ni en ninguna ley internacional que así lo

exprese en la resolución atacada, y para justificar dichas pretensiones, alega lo

siguiente:

ATENDIDO: A que si bien es cierto que se puede interponer cuanto

recursos las leyes permitan, no menos cierto es que en nuestro

ordenamiento penal este se puede interponer de una manera limitativa ya

establecida en el mismo código y en la mismas decisiones emanada por

misma “(sic)” Suprema Corte de Justicia allanando algunos entuertos del

mismo código, que son de ilógica asimilación por los cabezas pensante del

mismo dentro del sistema jurídico legal (rama la cual enfocamos de una

manera minuciosa luego del estudio del recurso), y el mucho hacer de

todos los días de trabajo en los tribunales, por lo que entendemos por la

misma experiencia del equivocarse mucho, que no cada vez que uno se le

antoje en materia penal puede causar una sentencia; ejemplo de ello las

decisiones por debajo de un tope o monto equis en indemnización, las otras

que por su naturaleza se contraponen a hacer perder el tiempo a los

jueces, que puedan dejar de hacer algo más importante y que solo están

ocupando un espacio; o al menos que estos jueces de la corte no motiven

en que fundan su decisión de una manera clara, que se vea la

desnaturalización de lo expresado en un medio invocado en que se funde

un recurso de apelación, muy distinto sería en la materia civil, laboral o de

tierras que tanto el primer grado como el segundo en virtud a los efectos

devolutivos y suspensivos, cuanto la Suprema Corte de Justicia, al ver que

la Corte de Apelación omitió algún punto del recurso, o no juzgó bien,

entonces envía a otra corte, para que conozca de la apelación, pues esta la

suprema “(sic) no puede hacerlo por su propio imperio, ella no está para






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eso, pues se tomaría atribuciones para la cual no está investida la

Suprema.

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General de la

Republica

La Procuraduría General de la Republica pretende que se declare admisible el

presente recurso de revisión constitucional y que se anule en todas sus partes la

Resolución núm. 3013-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia el seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), de igual manera solicita

remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia a los fines de que falle el

recurso de casación interpuesto por Christian St. Pierre contra la Sentencia núm.

627-2013-0028, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de

Puerto Plata, acorde con el criterio que sobre el particular tenga a bien fijar el

Tribunal Constitucional.

7. Pruebas documentales.

Las pruebas documentales más relevantes que obran en el expediente del presente

recurso de revisión son, entre otras, las siguientes:

1. Resolución núm. 3013-2013, del seis (6) de agosto de dos mil trece (2013),

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

2. Oficio núm. 223-2015, del veintitrés (23) de noviembre de dos mil quince

(2015), emitido por la Suprema Corte de Justicia, donde se le notifica el recurso de

revisión a la parte recurrida y, de igual forma, al procurador general de la

República, recibido en la misma fecha.






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3. Oficio núm. 223-2015, del veintitrés (23) de noviembre de dos mil quince

(2015), emitido por la Suprema Corte de Justicia, contentivo de la notificación de

la opinión del procurador general de la República respecto del recurso de revisión.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos

invocados por las partes, el presente caso se origina en ocasión de conocerse el

proceso penal en contra de los hoy recurridos, señores Real Dionne, Vidal Pereyra

y Stefanino Rossi y la Compañía Reyde Motors, S.A.; el tribunal apoderado, la

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto

Plata, mediante la Sentencia núm. 0022720123, absuelve a los referidos señores de

la acusación presentada en su contra por violación de los artículos 266,379,381,y

408 del Código Penal dominicano y condenó al hoy recurrente, señor Christian St.

Pierre, al pago de las costas civiles del proceso. No conforme con la decisión, este

interpuso un recurso de apelación, que mediante la Sentencia núm. 627-2013-

00208, fue rechazado; la señalada sentencia fue recurrida en casación, y este

recurso declarado inadmisible mediante la Resolución núm. 3013-2013, hoy objeto

de revisión constitucional, bajo el argumento de que la misma adolece de falta de

motivación, lo cual vulnera la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 69

de la Constitución.

9. Competencia

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto por los

artículos 185.4 y 277 de la Constitución dominicana y 9, 53 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.






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10. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional

Para este tribunal constitucional, el presente recurso resulta admisible, en virtud de

los siguientes razonamientos:

a. Previo a conocer el fondo del presente recurso, es de rigor procesal determinar

si el mismo reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la ley que rige la

materia. En ese sentido, procede a examinar este aspecto para lo cual se expone lo

siguiente:

b. El recurso de revisión constitucional procede, según lo establece los artículos

277 de la Constitución y 53 de la referida ley núm. 137-11, contra las sentencias

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, después de

la proclamación de la Constitución el veintiséis (26) de enero de dos mil diez

(2010). En el presente caso se cumple el indicado requisito, prescrito por la

primera parte del párrafo capital del artículo 277 de nuestra Carta Magna, en razón

de que la decisión recurrida fue dictada por la Suprema Corte de Justicia el (6) de

agosto de dos mil trece (2013). En efecto, la decisión impugnada, que dictó la

Suprema Corte de Justicia (en funciones de Corte de Casación) puso término al

proceso judicial de que se trata, agotando la posibilidad de interposición de

recursos ordinarios o extraordinarios, por lo que se trata de una decisión con

autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

c. Conforme al referido artículo 53, el recurso de revisión constitucional contra

decisiones jurisdiccionales procede en tres supuestos; a saber: “1) cuando la

decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento,

resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal

Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental.”






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d. En el presente recurso, se plantea la vulneración a la tutela judicial efectiva y

el debido proceso como consecuencia de la falta de motivación de la resolución

recurrida, es decir, que se está invocando la tercera causal del indicado artículo 53,

violación a un derecho fundamental, caso en el cual, según el mismo artículo, el

recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente

en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado

conocimiento de la misma;

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada;

y

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha

violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no podrá

revisar.

e. En lo que respecta al literal (a), se verifica que la indicada vulneración ha sido

invocada por los recurrentes con motivo de la decisión que pone fin al proceso y

que ha sido impugnada en el presente recurso, situación ante la cual dicho requisito

deviene inexigible, conforme el criterio establecido por este tribunal en la

Sentencia TC/0057/12.1

f. Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se

acepta que su invocación ha sido imposible, consecuentemente ha de aceptarse que

no han habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que ni

1 Dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012).






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siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también aplica la

inexigibilidad referida en el párrafo anterior

g. El requisito establecido en el artículo 53.3.c, se cumple toda vez que la

supuesta violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, ha sido

imputada de modo inmediato y directo a la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, la cual alegadamente no motivó adecuadamente la decisión objeto del

presente recurso.

h. Al tenor de lo dicho anteriormente, este tribunal ha desarrollado la doctrina de

los requisitos inexigibles por imposibilidad de materialización y ha establecido al

respecto

la lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial

que, como la que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo

que el recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para

presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito

deviene en inexigible [Sentencia TC/057/12 del dos (2) de noviembre de

dos mil doce (2012); Tribunal Constitucional dominicano].

i. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionada,

además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el

párrafo del mencionado artículo 53 y corresponde al tribunal la obligación de

motivar la decisión en este aspecto.

j. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que el Tribunal

Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o

relevancia constitucional, se apreciará atendiendo a su importancia para la

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la

determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos






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fundamentales. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue

definida por este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo

de dos mil doce (2012).

k. El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso existe especial

trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho

recurso y, en consecuencia, procede a conocer el fondo del mismo. La especial

transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución del conflicto

planteado permitirá al Tribunal reiterar el alcance del derecho a una decisión

motivada en los procesos jurisdiccionales como garantía constitucional del debido

proceso, y la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución.

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de decisión

jurisdiccional se acoge, por los siguientes razonamientos:

a. Antes de referirnos al presente recurso de revisión, es preciso señalar que este

tribunal ha verificado que en el expediente no consta acto de notificación de la

sentencia a la parte recurrente en revisión y, en ese sentido, se considera que el

recurso fue interpuesto en tiempo hábil, debido a que el plazo nunca comenzó a

computarse, por lo que procede a conocer el fondo del mismo.

b. El presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional, es contra la


Justicia del seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), el mismo fue depositado

ante la Suprema Corte de Justicia el once (11) de noviembre de dos mil quince

(2015), y recibido ante el Tribunal Constitucional el veinticuatro (24) de febrero de

dos mil dieciséis (2016).






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c. El hoy recurrente, mediante el indicado recurso, solicita a este colegiado la

nulidad de la supraindicada sentencia, bajo el alegato de que la misma vulnera

derechos fundamentales consagrados en la constitución en sus artículos 68 y 69

relativos a la tutela judicial efectiva y debido proceso, en virtud de que la Suprema

Corte de Justicia no valoró ni ponderó los medios de inadmisión planteados, ni

tampoco cuáles fueron los motivos en que basó su decisión.

d. El caso en cuestión trata de un recurso de revisión, en contra de la Resolución

núm. 3013-2013, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia declaró

inadmisible el recurso de casación incoado por la parte recurrente bajo el estricto

argumento de que pudo comprobar que en la especie se ha hecho una correcta

aplicación de la ley, de donde se colige que fue la razón por la cual procedió a

desestimar los medios de casación que le fueron planteados por el recurrente, lo

cual se puede claramente evidenciar en los considerando de la resolución de

marras.

e. Este tribunal, al analizar la resolución recurrida, ha podido verificar que

ciertamente la Suprema Corte de Justicia, al momento de revisar la sentencia dada

por la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata, no proporcionó

respuesta alguna, de los medios que invocó el hoy recurrente, como son

contradicción o ilogicidad manifiestamente infundada, valoración de las pruebas

obtenidas ilegalmente incorporadas con violación a los principios de las pruebas,

violación a los artículos 69 numeral 8, 170 del Código Procesal Penal, 31,32,y 33

de la Ley núm. 479-08, falsa aplicación del artículo 408 del Código Penal

dominicano.

f. En efecto, de una minuciosa lectura2 de la resolución recurrida en revisión,

este tribunal ha podido comprobar, que ciertamente la Suprema Corte de Justicia

ha fundamentado la decisión vagamente, lo cual se puede claramente evidenciar

cuando afirma en su último considerando, “que la Corte de Apelación hizo una

2 páginas 3,4, y específicamente en la pág. 5






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correcta aplicación del derecho y que por tanto, no incurrió en ninguna de la

violaciones argüidas por el recurrente”, esto es, sin examinar en ninguno de los

medios planteados por este; y que la propia decisión recoge los argumentos

planteados por el recurrente, pero, a manera enunciativa. sin desarrollar ni

contestar los mismos.

g. En la especie, luego de ponderar si la Resolución núm. 3013-2013, dictada

por la Suprema Corte de Justicia, carece o no de una motivación suficiente, así

como también si ha reñido con las normas procesales aplicables a la especie, esta

sede constitucional estima, que real y efectivamente, no se ha realizado un análisis

argumentativo adecuado y pertinente respondiendo en su cabalidad los medios

sometidos a su escrutinio, así como la correlación de los textos legales aplicables al

caso concreto.

h. Siendo así las cosas, este tribunal Constitucional entiende que la Suprema

Corte de Justicia, mediante la resolución marcada con el número 3013-2013, hoy

recurrida en revisión constitucional, vulneró derechos fundamentales al recurrente

relativos a la falta de motivación. En ese sentido, tal y como alegó el recurrente en

su instancia contentiva del presente recurso, y en consonancia con el artículo 24 de

la Ley núm. 76-02, Código Procesal Penal dominicano, para que exista una

verdadera motivación de la sentencia, es preciso que en ella se consigne, describa o

reproduzca el contenido o dato probatorio de las pruebas en las cuales se asientan

las conclusiones a que se llega, así como también su consideración debidamente

razonada; de donde se infiere que ambos aspectos deben concurrir

simultáneamente para que pueda considerarse que la sentencia se encuentra debida

y suficientemente motivada, pues solamente así se satisfacen los presupuestos

mínimos para verificar si el mecanismo de discernimiento utilizado por el juez para

llegar a determinada conclusión ha sido cumplido con respeto a las reglas de la

sana crítica racional, lo que se equipara a decir que los jueces están obligados a

motivar, en hecho y en derecho, sus decisiones, de manera clara, y precisa; lo que

en el caso de la especie no aconteció.






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i. Al tenor de lo expresado precedentemente, este tribunal considera que la

referida resolución incurre en falta de motivación, ya que, por un lado, no

fundamenta suficientemente la decisión que adopta, consistente en declarar

inadmisible el recurso, al no considerarse las causales establecidas en el artículo

426 del Código Penal; y, por otro lado, falta de motivación al no pronunciarse

mínimamente, con respecto a los derechos fundamentales invocados por el

recurrente en su escrito del recurso. En tal virtud, a juicio de este tribunal, la

Resolución núm. 3013-2013, violenta el artículo 69 de la Constitución, toda vez

que las motivaciones de las sentencias es uno de los derechos y garantías que se

derivan de dicho artículo.

j. En la especie, este tribunal constitucional ha sido apoderado de un recurso de

revisión constitucional contra una decisión que ha adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, es decir firme, toda vez que la Resolución núm. 3013-

2013, fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

k. Del análisis de los documentos depositados en el presente expediente, así

como de la lectura de la resolución argüida, este tribunal verifica que la Suprema

Corte de Justicia se limitó, pura y simplemente a declarar la inadmisibilidad del

indicado recurso de casación fundamentada exclusivamente dentro de los límites

que prescribe el artículo 426 del Código Procesal Penal, y el cual supedita la

admisibilidad de este tipo de recurso en al menos uno de los cuatro supuestos

consagrados en dicha norma, (ver Pág. 5, 4to.Atendido); y que a saber son los

siguientes:

a. Art. 426.- Motivos. El recurso de casación procede exclusivamente

por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal,

constitucional o contenida en los pactos internacionales en materia de

derechos humanos en los siguientes casos:






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1. Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de

libertad mayor a diez años;

2. Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con

un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia

3. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada;

4. Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión.

l. Por esto, este tribunal entiende que la Suprema Corte de Justicia previo a la

solución adoptada, en relación con la situación suscitada, la supraindicada

resolución núm. 3013-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia el seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), se limitó a transcribir y citar

textualmente los medios invocados por el hoy recurrente en su instancia contentiva

del recurso, sin desarrollar ni referirse a los mismos y por otro lado, a trascribir el

contenido de las disposiciones del artículo 426 del Código Procesal Penal, y sin

explicación alguna concluyó al respecto que:

(…) la Corte a qua realizó una correcta aplicación del derecho al

confirmar la decisión de primer grado, sin embargo es preciso resaltar que

el presente memorial de casación presenta ambigüedades esenciales en su

contenido, solicitando además como petitoria final la remisión a una Corte

para una nueva valoración probatoria, lo que resulta improcedente, en ese

sentido, el presente recurso deviene en inadmisible.

m. Luego de un análisis exhaustivo de la resolución impugnada, marcada con el

núm. 3013-2013, este tribunal constitucional considera que el contenido de su texto

no explica cuáles son los motivos que indujeron a la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia a considerar como no tipificados los supuestos previstos en el

precitado artículo 426 del Código Procesal Penal.

n. En ese sentido, en relación con la falta de motivación de las decisiones

judiciales, este tribunal decidió mediante Sentencia TC/0009/13, del once (11) de






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febrero de dos mil trece (2013)3, y reiterada en la Sentencia TC/0155/164.

siguiente:

1. Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de

correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general,

con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la

garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación;

2. Que, para evitar la falta de motivación en sus sentencias,

contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la

tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer

las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones

concretas al caso específico objeto de su ponderación; y

3. Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base

normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia

pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y

completas. (págs. 10-11).

o. De los razonamientos argüidos precedentes, este tribunal discurre que

concierne a los tribunales del orden judicial cumplir cabalmente con el deber de

motivación de las sentencias como principio básico del derecho al debido proceso,

cumplimiento que requiere, en virtud de lo establecido en su precitada sentencia

TC/0009/13.

1. “Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus

decisiones”. Entrando al análisis del recurso de casación, la Suprema Corte de

Justicia, luego de transcribir el contenido de los artículos 393, 399, 425, 426 y 427,

del Código Procesal Penal, describe los medios promovidos por el recurrente y, sin

realizar la debida correlación entre el plano normativo y las pretensiones de las

partes, se pronuncia en torno a la inadmisibilidad del recurso, expresando que la 3 este tribunal se ha referido en otros casos similares en la Sentencia TC/0009/13 del 11 de febrero de

2013, TC/0017/13 y TC/0351/14). y reiterada en la Sentencia TC/0384/15 del 15 de octubre 2015, 4 del cuatro (4) del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016).






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Corte a qua realizó una correcta aplicación del derecho al confirmar la decisión de

primer grado, sin embargo, y que el memorial de casación presenta ambigüedades

en su contenido, solicitando, además, como petitoria final la remisión a una corte

para una nueva valoración probatoria, lo que resulta improcedente; en ese sentido,

el presente recurso deviene inadmisible, todo ello sin dar motivos que justifiquen el

referido fallo, lo que a toda luz evidencia claramente, que no fue observado un

orden lógico argumentativo que sustente la declaratoria de inadmisibilidad del

referido recurso de casación.

2. “Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los

hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar”. A criterio de este

tribunal constitucional, este requisito no ha sido adecuadamente satisfecho, en

razón de que la Suprema Corte de Justicia, no hizo una mínima descripción de las

motivaciones contenidas en la sentencia recurrida en casación, que le permitiera

ratificar, lo siguiente: “tal y como establece la corte a-qua las decisiones que

declaran la extinción de la acción, no son susceptibles del recurso de apelación”.

De manera que no consta en la referida resolución núm. 3013-2013, las razones por

las cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia hace acopio del referido

criterio, ni se vincula, de manera específica, el texto legal en base al cual declaró la

inadmisibilidad del recurso.

3. “Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante

en el ejercicio de una acción” en lo cual ciertamente incurrió esa alta corte, al

transcribir el contenido de los artículos 393, 399, 425, 426 y 427, del Código

Procesal Penal, sin realizar la debida vinculación al caso concreto y ponderar los

petitorios del recurrente.

4. “Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.” Este requisito tampoco

fue observado por la referida alta corte, puesto que al reconocer expresamente que

“la sentencia impugnada no contiene lo (sic) vicios alegados por el recurrente”






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incurrió en valoraciones del fondo del recurso que más bien sustentarían su rechazo

y no su inadmisibilidad. En ese sentido, la declaratoria de inadmisibilidad del

citado recurso de casación, se traduce en un error procesal y una contradicción

manifiesta, que afecta sustancialmente la motivación de la decisión objeto del

presente recurso.

5. Como consecuencia del incumplimiento de los requisitos señalados

precedentemente, lo decidido por el indicado tribunal tampoco satisface el deber de

“asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de

legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida a

la actividad jurisdiccional.”

p. Conforme a lo esbozado en párrafos anteriores, este tribunal ha comprobado

que ciertamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no ha motivado

adecuadamente la decisión objeto del presente recurso, lo que conlleva a vulnerar

la tutela judicial efectiva y el debido proceso en perjuicio del recurrente

consagrado en la Constitución. En tal virtud, procede acoger el presente recurso,

anular la Resolución núm. 3013-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia del seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), y devolver el

expediente a dicho tribunal, a fin de subsanar las vulneraciones expuestas, con

estricto apego al criterio previamente establecido en esta sentencia, conforme

establece el artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, prevista en los acápites 95

y 10.6

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría

requerida. No figura la firma de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano,

5 “9. La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del

mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó”. 6 “10. El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el

Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado a la constitucionalidad o

inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa”.






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primera sustituta; en razón de que no participó en la deliberación y votación de la

presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos

disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson S.

Gómez Ramírez, así como el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín

Castellanos Pizano. Consta en acta el voto salvado del magistrado Justo Pedro

Castellanos Khoury, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad

con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

Por todas las razones, tanto de hecho como de derecho anteriormente expuestas, el

Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el recurrente señor, Christian

St. Pierre contra la Resolución núm. 3013-2013, dictada por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia el seis (6) de agosto de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión

constitucional y, en consecuencia, ANULAR la indicada resolución núm. 3013-

2013.

TERCERO: ORDENAR el envío del expediente del caso a la Suprema Corte de

Justicia para que se cumpla la preceptiva establecida en el numeral 10 del artículo

54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), y

en ese sentido, se subsane la violación a la tutela judicial efectiva y al debido

proceso en que, con su falta de motivación, incurrió la Resolución núm. 3013-

2013, en perjuicio del recurrente en revisión.






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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su

conocimiento y fines de lugar, a la Suprema Corte de Justicia, así como a la parte

recurrente en revisión, señor Christian St. Pierre, y a la parte recurrida, señores

Real Dionne, Vidal Pereyra y Stefanino Rossi y la Compañía Reyde Motors, S.A, y

al procurador general de la República.

SEXTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del

Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín

Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor

Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez

Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar

las razones por las cuales no estamos de acuerdo con la decisión tomada por la

mayoría de este tribunal constitucional.

Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional

y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once

(2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que






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hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión

adoptada”; y en el segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo

hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los

votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.

1. En el presente caso, se trata de un recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional incoado por el señor Christian St. Pierre contra la


Justicia el seis (6) de agosto de dos mil trece (2013).

2. En la presente sentencia, la mayoría de este tribunal constitucional decidió

acoger el recurso anteriormente descrito, anular la sentencia recurrida y ordenar la

remisión del expediente ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

decisión con la que no estamos de acuerdo, por las razones que expondremos en

los párrafos que siguen.

3. La mayoría del tribunal considera que la referida resolución no fue

debidamente motivada, bajo el entendido de que:

e. Este tribunal, al analizar la resolución recurrida, ha podido verificar

que ciertamente la Suprema Corte de Justicia, al momento de revisar la

sentencia dada por la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto

Plata, no proporcionó respuesta alguna, de los medios que invocó el hoy

recurrente, como son contradicción o ilogicidad manifiestamente

infundada, valoración de las pruebas obtenidas ilegalmente incorporadas

con violación a los principios de las pruebas, violación a los artículos 69

numeral 8, 170 del Código Procesal Penal, 31,32,y 33 de la Ley núm. 479-

08, falsa aplicación del artículo 408 del Código Penal dominicano.

f. En efecto, de una minuciosa lectura de la resolución recurrida en

revisión, este tribunal ha podido comprobar, que ciertamente la Suprema






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Corte de Justicia ha fundamentado la decisión vagamente, lo cual se

puede claramente evidenciar cuando afirma en su último considerando,

“que la Corte de Apelación hizo una correcta aplicación del derecho y que

por tanto, no incurrió en ninguna de la violaciones argüidas por el

recurrente”, esto es, sin examinar en ninguno de los medios planteados

por este; y que la propia decisión recoge los argumentos planteados por el

recurrente, pero, a manera enunciativa. sin desarrollar ni contestar los

mismos.

g. En la especie, luego de ponderar si la Resolución núm. 3013-2013,

dictada por la Suprema Corte de Justicia, carece o no de una motivación

suficiente, así como también si ha reñido con las normas procesales

aplicables a la especie, esta sede constitucional estima, que real y

efectivamente, no se ha realizado un análisis argumentativo adecuado y

pertinente respondiendo en su cabalidad los medios sometidos a su

escrutinio, así como la correlación de los textos legales aplicables al caso

concreto.

h. Siendo así las cosas, este tribunal Constitucional entiende que la

Suprema Corte de Justicia, mediante la resolución marcada con el número

3013-2013, hoy recurrida en revisión constitucional, vulneró derechos

fundamentales al recurrente relativos a la falta de motivación. En ese

sentido, tal y como alegó el recurrente en su instancia contentiva del

presente recurso, y en consonancia con el artículo 24 de la Ley núm. 76-

02, Código Procesal Penal dominicano, para que exista una verdadera

motivación de la sentencia, es preciso que en ella se consigne, describa o

reproduzca el contenido o dato probatorio de las pruebas en las cuales se

asientan las conclusiones a que se llega, así como también su

consideración debidamente razonada; de donde se infiere que ambos

aspectos deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse

que la sentencia se encuentra debida y suficientemente motivada, pues






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solamente así se satisfacen los presupuestos mínimos para verificar si el

mecanismo de discernimiento utilizado por el juez para llegar a

determinada conclusión ha sido cumplido con respeto a las reglas de la

sana crítica racional, lo que se equipara a decir que los jueces están

obligados a motivar, en hecho y en derecho, sus decisiones, de manera

clara, y precisa; lo que en el caso de la especie no aconteció.

i. Al tenor de lo expresado precedentemente, este tribunal considera que la

referida resolución incurre en falta de motivación, ya que, por un lado, no

fundamenta suficientemente la decisión que adopta, consistente en

declarar inadmisible el recurso, al no considerarse las causales

establecidas en el artículo 426 del Código Penal; y, por otro lado, falta de

motivación al no pronunciarse mínimamente, con respecto a los derechos

fundamentales invocados por el recurrente en su escrito del recurso. En

tal virtud, a juicio de este tribunal, la Resolución núm. 3013-2013, violenta

el artículo 69 de la Constitución, toda vez que las motivaciones de las

sentencias es uno de los derechos y garantías que se derivan de dicho

artículo.

l. Por esto, este tribunal entiende que la Suprema Corte de Justicia previo

a la solución adoptada, en relación con la situación suscitada, la

supraindicada resolución núm. 3013-2013, dictada por la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de agosto de dos mil trece (2013),

se limitó a transcribir y citar textualmente los medios invocados por el hoy

recurrente en su instancia contentiva del recurso, sin desarrollar ni

referirse a los mismos y por otro lado, a trascribir el contenido de las

disposiciones del artículo 426 del Código Procesal Penal, y sin

explicación alguna concluyó al respecto que:

(…) la Corte a qua realizó una correcta aplicación del derecho al

confirmar la decisión de primer grado, sin embargo es preciso






Página 29 de 38

resaltar que el presente memorial de casación presenta

ambigüedades esenciales en su contenido, solicitando además como

petitoria final la remisión a una Corte para una nueva valoración

probatoria, lo que resulta improcedente, en ese sentido, el presente


m. Luego de un análisis exhaustivo de la resolución impugnada, marcada

con el núm. 3013-2013, este tribunal constitucional considera que el

contenido de su texto no explica cuáles son los motivos que indujeron a la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a considerar como no

tipificados los supuestos previstos en el precitado artículo 426 del Código

Procesal Penal.

p. Conforme a lo esbozado en párrafos anteriores, este tribunal ha

comprobado que ciertamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia no ha motivado adecuadamente la decisión objeto del presente

recurso, lo que conlleva a vulnerar la tutela judicial efectiva y el debido

proceso en perjuicio del recurrente consagrado en la Constitución. En tal

virtud, procede acoger el presente recurso, anular la Resolución núm.

3013-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

del seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), y devolver el expediente a

dicho tribunal, a fin de subsanar las vulneraciones expuestas, con estricto

apego al criterio previamente establecido en esta sentencia, conforme

establece el artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, prevista en los

acápites 9 y 10.

4. Para el magistrado que firma este voto disidente no es discutible la obligación

de motivar la sentencia y el derecho que tienen las partes a que se les explique los

motivos por los cuales se acoge o rechace una demanda o un recurso. Tampoco






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está en discusión para nosotros, lo relativo a que no basta la mera enunciación

genérica de los principios y lo relativo a la necesidad de que se desarrolle una

exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las

pruebas y el derecho a aplicar. Sin embargo, a diferencia de lo que piensa la

mayoría de este tribunal, consideramos que en el presente caso la sentencia

recurrida está debidamente motivada.

5. Para determinar cuándo una sentencia está debidamente motivada hay que

tener en cuenta que los niveles de motivación varían dependiendo de la

complejidad del caso objeto de análisis, de los aspectos que se resuelvan, es decir,

si se aborda o no el fondo; así como de la naturaleza del recurso que se conozca.

En este sentido, el juez que resuelve el fondo de un asunto tiene la obligación de

motivar más ampliamente que aquel que se limita a declarar inadmisible una

demanda o un recurso, como ocurre en la especie. En esta última eventualidad es

suficiente con explicar la existencia de la causal de inadmisibilidad. En este mismo

orden, cuando se trate del recurso de casación, como ocurre en el presente caso, el

análisis que hace el juez es de estricto derecho y, en tal sentido, la motivación

difiere sustancialmente de aquella requerida para resolver cuestiones de hecho y de

derecho al mismo tiempo.

6. En definitiva, lo que queremos resaltar es que la motivación de la sentencia

objeto del recurso que nos ocupa hay que valorarla tomando en cuenta que el

tribunal se limitó a declarar inadmisible un recurso de casación; de manera que la

exigencia de la motivación no puede hacerse con el rigor aplicable a la sentencia

que resuelve el fondo de la cuestión.

7. Entendemos que cuando la Suprema Corte de Justicia establece de manera

clara y precisa que en la especie no están reunidos los elementos y exigencias de

ley esta cumple con los presupuestos de motivación, esto queda evidenciado

cuando el alto tribunal expresa:






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Atendido, que el artículo 426 del Código Procesal Penal limita los

fundamentos por los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia puede declarar la admisibilidad de los recursos de casación,

al disponer que éste procede exclusivamente por la inobservancia o

errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o

contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos

humanos, en los siguientes casos: 1. Cuando en la sentencia de

condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años;

2. Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria

con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de

Justicia; 3. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; 4.

Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión;

Atendido, que la Corte a qua realizó una correcta aplicación del

derecho al confirmar la decisión de primer grado, sin embargo es

preciso resaltar que el presente memorial de casación presenta

ambigüedades esenciales en su contenido, solicitando además como

petitoria final la remisión a una Corte para una nueva valoración

probatoria, lo que resulta improcedente, en ese sentido, el presente


8. Es obvio que el fallo judicial de que se trata está fundamentado y ciertamente

existe la motivación exigible, concreta y necesaria para justificar la inadmisibilidad

del recurso de casación de referencia.

Conclusión

Consideramos que la resolución recurrida en revisión constitucional contiene las

motivaciones necesarias para justificar la declaratoria de inadmisibilidad y, en

consecuencia, no existe violación a derechos o garantías fundamentales, por tanto,






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el presente recurso debió ser admitido, en cuanto a la forma, y rechazado en cuanto

al fondo.

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

WILSON S. GOMEZ RAMIREZ

Con el debido respeto al criterio de la mayoría de los integrantes del Pleno de este

tribunal expuesto en esta decisión y de conformidad con la opinión que

mantuvimos en ocasión de las deliberaciones que este caso produjo, haremos

constar un voto disidente al respecto, en virtud de lo previsto en los artículos 186

de la Constitución de la República y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de

junio de dos mil once (2011).

En ese orden, el artículo 186 del texto sustantivo precisa: “Los jueces que hayan

emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión

adoptada”.

Por su parte, la referida ley núm. 137-11, expresa en el precepto indicado: “Los

jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se

consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.

I. ANTECEDENTES

1.1 En la especie, se hace el abordaje de un recurso de revisión constitucional

de decisión jurisdiccional interpuesto por Christian St. Pierre contra la Resolución

núm. 3013-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el

seis (6) de agosto de dos mil trece (2013).






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1.2 El Pleno del Tribunal Constitucional es de opinión que la Resolución núm.

3013-2013, que fuera emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

no se acogió al mandato jurídico de sustentar la misma en motivos suficientes,

apartándose con ello del deber de motivación que le impone la aplicación del mejor

derecho.

1.3 Al respecto precisó lo siguiente:

(…) El caso en cuestión trata de un recurso de revisión, en contra de la

Resolución núm. 3013-2013, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia

declaró inadmisible el recurso de casación incoado por la parte recurrente

bajo el estricto argumento de que pudo comprobar que en la especie se ha

hecho una correcta aplicación de la ley, de donde se colige que fue la

razón por la cual procedió a desestimar los medios de casación que le

fueron planteados por el recurrente, lo cual se puede claramente

evidenciar en los considerando de la resolución de marras.

1.4 El Pleno del Tribunal indicó además que

(…) este tribunal ha comprobado que ciertamente la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia no ha motivado adecuadamente la decisión

objeto del presente recurso, lo que conlleva a vulnerar la tutela judicial

efectiva y el debido proceso en perjuicio del recurrente consagrado en la

Constitución (…).

II. FUNDAMENTOS DEL VOTO DISIDENTE

2.1 Con respecto a estas aseveraciones, tenemos el deber de precisar que está

fuera de toda duda que las decisiones judiciales tienen que ser debidamente

motivadas por los jueces como manera de asegurar la realización de una sana






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administración de justicia, sustentada en la transparencia y la seguridad, cuestión

que no se alcanza a través de citas o enunciaciones generales de normas y

principios. De ahí que, como cuestión general es menester que cada juez formule

un desarrollo que evidencie que ha apreciado adecuadamente los hechos y

circunstancias que rodean el caso en concreto, valore los elementos probatorios y

haga una aplicación lógica y racional del derecho, con apego irrestricto al más

elevado sentido de la justicia.

2.2 Lo anteriormente precisado bajo ninguna circunstancia quiere decir, que

esta regla, aunque bastante general, no comporte excepciones; es precisamente este

enfoque el que nos compele a guardar distancia de la posición asumida en el

presente caso por el Pleno del Tribunal Constitucional, pues entendemos que en la

decisión judicial de que se trata concurre la motivación que con respecto a la

misma puede resultar exigible, toda vez que el caso no entraña que se asuma el

fondo de la cuestión.

2.3 Desde nuestra óptica, la motivación que se ofrece en la referida resolución

resulta suficiente y efectiva para una declaratoria de inadmisibilidad, caso en el

cual, como muy bien se sabe, todo está circunscripto a las causales que la ley

instituye, de ahí que basta en estos casos un nivel de motivación cónsono con la

realidad de la cuestión, una motivación sencilla, desprovista de literatura jurídica

innecesaria, vinculando la causal que se verifica en la especie con la situación

misma que caracteriza el expediente objeto de tratamiento.

2.4 Es oportuno resaltar que siendo la naturaleza de la casación como es, donde

todo se contrae al análisis del más puro y acrisolado derecho, tampoco puede

resultar exigible que el juez se distraiga de lo esencial en procura de una fronda

jurídica que frecuentemente resulta inútil, sino que este concentre sus esfuerzos en

ofrecer las esmeradas y generosas motivaciones de derecho y las desarrolle al

máximo cuando el caso, dada su complejidad y su exigencia, lo amerite.






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2.5 El propósito mayoritario del Pleno del Tribunal es plausible, procura que

toda decisión sea suficientemente motivada, no importa que, como resulta en la

especie, se trate de una inadmisibilidad; pero, nuestra diferencia con tal postura es

que en este caso, el cual se trata, precisamente, sobre una inadmisibilidad no puede

abordarse la problemática con el mismo nivel de exigencia de algo complejo, con

la rigurosidad de un expediente tratado y resuelto tras conocer en fondo del mismo,

pues entendemos que existe una diferencia que viene determinada por la propia

naturaleza y complejidad de cada caso.

2.6 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al decidir lo hizo en el

más correcto cumplimiento de los requerimientos motivacionales indispensables

establecidos y aplicables en el caso, tal decisión permite saber sin dificultad por

qué el tribunal decidió en el sentido en que lo hizo.

2.7 En la Resolución núm. 3013-2013, objeto de tratamiento, se asevera que

(…) Atendido, que la Corte a qua realizó una correcta aplicación del

derecho al confirmar la decisión de primer grado, sin embargo es preciso

resaltar que el presente memorial de casación presenta ambigüedades

esenciales en su contenido, solicitando además como petitoria final la

remisión a una Corte para una nueva valoración probatoria, lo que resulta

improcedente, en ese sentido, el presente recurso deviene en inadmisible.

III. CONCLUSIÓN:

3.1 En el caso que nos ocupa el tribunal cumplió con su responsabilidad de

producir la motivación correspondiente, sólo que lo hizo en atención a la

naturaleza y características propias del caso que se trata: una inadmisibilidad. Por

tanto, no ameritaba de la motivación profunda que se reserva a un expediente que

entraña el abordaje del fondo o de un caso que acusa una determinada complejidad.






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3.2 De manera que, a nuestro juicio, en la especie no ha quedado

comprometido ningún derecho ni garantía fundamental, toda vez que la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia, como hemos precisado precedentemente,

aplicó el mejor derecho y cumplió con las normas jurídicas que fueron menester

aplicar en el caso.

3.3 El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

merecía ser formalmente admitido, y en lo que concierne al fondo, acoger. No

obstante, el Pleno del Tribunal Constitucional optó por anular la Resolución núm.

3013-2013, y enviar el expediente a la Suprema Corte de Justicia, en virtud de lo

preceptuado en el artículo 54, numeral 10, de Ley núm. 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, decisión que

respetamos por ser la expresión de la mayoría; pero de la cual disentimos, lo que

hemos consignado, para que así conste con este voto disidente.

Firmado: Wilson S. Gómez Ramírez, Juez

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO

Con el mayor respeto, en ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, tenemos a bien emitir un voto particular con relación a la decisión que

antecede. Nuestro disentimiento radica en que, a nuestro juicio, la mayoría del

Pleno interpretó erróneamente las condiciones de aplicación del artículo 53.3 de la

Ley núm. 137-11 al omitir considerar si en la especie hubo o no conculcación de

un derecho fundamental, según dispone el párrafo capital de la indicada

disposición legal.

En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional pronunció la admisibilidad

del recurso de revisión de la especie, abordando en la sentencia los requisitos que

exige la admisibilidad de una revisión constitucional de decisión jurisdiccional, de






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acuerdo con las previsiones del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11. Sin embargo,

a

en nombre de la repÚblica...código penal, sobre el contrato de alquiler, por la suma de cinco mil...

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