elecciones autonómicas 2007 - vecinales valladolid · 2007-05-15 · programa electoral para...

Elecciones Autonómicas

2007ProgramaElectoral

Ángel Villalba

estamosde tu lado

Tienes en tus manos un proyecto nuevo para gobernar Castilla y León. Esun proyecto hecho con la participación de muchas personas, asociaciones,organizaciones y movimientos sociales. Así será nuestro gobierno: un gobiernode los ciudadanos, abierto a la participación, que sólo se deba al interés general.

Agradezco los esfuerzos y aportaciones de cuantos han contribuido a laconstrucción de este proyecto. Todos forman parte del amplio equipo con quecuento para cambiar con sosiego, pero en profundidad, la realidad y las expectativasde esta Comunidad.

Castilla y León lleva mucho tiempo perdiendo peso y oportunidades enEspaña. Al mismo tiempo se han ampliado las diferencias y los desequilibriosinternos. Ha llegado el momento de invertir esas tendencias.

La reforma del Estatuto de Autonomía nos iguala en techo competencialy capacidad de autogobierno con las Comunidades más avanzadas de España. Estaoportunidad que nos brinda la concepción de la España plural del Gobierno socialista,necesita en Castilla y León un gobierno nuevo, eficaz y transparente; comprometidocon el servicio público, con el equilibrio territorial y con la cohesión social.

Un gobierno convencido de que la autonomía de los Ayuntamientos setraduce en mejores servicios sociales para la ciudadanía. Comprometido con lasanidad y la educación públicas, accesibles y de calidad.

Este proyecto expresa mi decisión de consolidar en Castilla y León losnuevos derechos sociales que están fortaleciendo el Estado del Bienestar ainiciativa del gobierno socialista, que preside nuestro paisano José Luís RodríguezZapatero. Nuestro proyecto de cohesión social implica más protección para lasfamilias y garantía de asistencia para las personas en situación de dependencia,pleno desarrollo e integración de las personas con discapacidad, un espacio socialde reconocimiento y de servicios para las personas mayores y derechos ciudadanospara superar las dificultades de quienes se encuentren en situaciones de riesgoo vulnerabilidad; sin olvidarnos de los nuevos ciudadanos que vienen de otrospaíses a vivir y trabajar con nosotros.

Nuestra propuesta está radicalmente comprometida con la igualdad entremujeres y hombres, que tiene aún un largo recorrido de trabajo y de lucha ennuestra Comunidad.

Tenemos también un compromiso con los valores de nuestro patrimoniocultural, que constituyen nuestra identidad más universal, como es el caso de lalengua castellana. También las mujeres y hombres de la cultura necesitan unespacio más abierto, más libre y con más oportunidades para la creación, quequeremos propiciar con su apoyo.

Nuestro patrimonio natural es una deuda que tenemos con las generacionesfuturas, además de un activo potente para nuestro desarrollo. Una política sinhipotecas no encuentra incompatibilidades entre la protección de la naturaleza yel desarrollo económico y social.

En nuestro programa de gobierno para Castilla y León hay espacio paratodo, porque diseña un territorio bien organizado en el que caben al mismo tiempolas nuevas oportunidades de crecimiento y el respeto al medio natural.

Apostamos por las comarcas como un compromiso con la proximidad dela acción de gobierno y de garantía de servicios públicos e igualdad de oportunidadesen todos los territorios. No queremos más abandono en nuestros pueblos. Nuestroproyecto de desarrollo rural es un proyecto de pueblos activos, abiertos y confuturo.

Proponemos un modelo de urbanismo decente, cuyo propósito es garantizarel derecho a una vivienda digna y a un entorno social de espacios públicos parala convivencia y de equipamientos sociales para la calidad de vida.

Este es un proyecto de crecimiento y de empleo. De modernización de lasinfraestructuras y la economía. Es una apuesta por el acceso universal a lastecnologías de la información y la comunicación. Por la investigación y la innovacióncomo fuente de futuro. Pero sobre todo es una apuesta por los jóvenes de Castillay León, nuestro mejor capital para ganarle la partida al futuro.

Este proyecto permitirá que ningún joven que quiera quedarse a vivir ytrabajar en Castilla y León tenga que irse a otras Comunidades o a otros países,y que muchos de los que tuvieron que marcharse por la falta de oportunidades,puedan volver a nuestra tierra.

Programa Electoral para Castilla y León – Autonómicas 2007

Ángel Villalba. Estamos de tu lado

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Elecciones autonómicas 2007 PROGRAMA ELECTORAL

Área 1. NUEVO GOBIERNO: EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN.

1. Las nuevas oportunidades de la reforma del Estatuto de Autonomía: Castilla y León, un proyecto común. 8

2. Nuevo Estatuto, nuevo Gobierno, transparente y responsable ante los

ciudadanos. 11

a) Transparencia en el gobierno 13 b) El servicio público de la información 15 c) Igualdad de género 15 d) Garantías para los ciudadanos 16 e) Aproximación de las Cortes a los ciudadanos 16 f) Fomento del tejido asociativo de la Comunidad 16

3. Una buena Administración para un nuevo estatuto y un nuevo Gobierno en

La Junta de Castilla y León. 18

a) Modernización de la Administración y evaluación de las políticas públicas 19 b) e- Administración 20 c) Administración y Empleo público 20

4. La justicia, un servicio público más cercano. 24

5. Seguridad para una sociedad más libre y próspera. 29

a) Medidas para vivir en una sociedad segura 30 b) Medidas para mejorar nuestro grado de protección 32

6. Más autonomía para los gobiernos locales, mejores servicios para los

ciudadanos. 34

a) Más competencia para los Municipios 38

7. Miramos hacia Europa. 40

a) Medidas Institucionales 42 b) Gestión de las Políticas de la unión Europea 43

8. Castilla y León en el mundo: Compromiso de solidaridad 45



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Área 2. POLÍTICAS SOCIALES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS FAMILIAS Y LAS PERSONAS.

9. La salud es lo primero. Servicio público de calidad. 50

a) Medidas de carácter general 52 b) Atención Primaria 53 c) Atención Especializada 55 d) Nuevo sistema de Urgencias y Emergencias 58 e) Salud Mental 58 f) Sanidad Privada. Un modelo de colaboración transparente 60 g) La Salud pública, un nuevo reto para el siglo XXI 61 h) La Agencia de Seguridad Alimentaria 62 i) Formación e Investigación 63

10. La educación es la clave. 65

a) Una educación moderna y de calidad 67 b) Enseñanzas 68

• Educación Infantil 68 • Educación Primaria 69 • Educación Secundaria Obligatoria 71 • Bachillerato 72 • Formación Profesional 73 • Formación de cualificación Profesional 76 • Enseñanzas Artísticas 78 • Enseñanzas de Idiomas 79 • Educación de Personas Adultas 80

c) Equidad en la educación 81 • Atención a la diversidad 81 • Servicios complementarios 83 • Becas y ayudas 84

d) Formación del Profesorado 84 e) Participación, autonomía y gobierno de los centros 85 f) Supervisión y evaluación 85 g) Universidad 86

• Reforma de la Ley Órganica de Universidades 86 • La reforma Universitaria en Castilla y León 87

11. Servicios sociales, un derecho universal 91

a) Servicios Sociales Básicos 91 b) La familia en primer plano 94 c) Infancia con derechos 98 d) Personas mayores activas 100

• Para promover la vida activa y la participación social 102 • Para prevenir 102 • Para garantizar la asistencia suficiente y de calidad 103 • Las oportunidades de la ley de promoción de la autonomía personal y

atención a las personas en situación de dependencia 104



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Políticas transversales

12. Pleno desarrollo e integración de las personas con discapacidad 107 a) Modelo de gestión 108 b) Integración en la Comunidad 109 c) Integración Escolar 111 d) Integración laboral 111 e) Servicios de Salud 112 f) Servicios específicos 114 g) Apoyo a la familia 115

13. Los derechos de las mujeres 116

a) Transversalidad en las políticas de igualdad 116 b) Tolerancia cero contra la violencia de género 116 c) La larga marcha hacia la igualdad en el empleo 118 d) Conciliación de la vida laboral y familiar 118 e) Red de Igualdad 119 f) Igualdad efectiva en la Administración Autonómica 120 g) La mujer en el mundo rural 120 h) Ordenación del territorio 121 i) Desarrollo Normativo 122

14. La inmigración como oportunidad y como reto. 123

15. Los derechos de los consumidores. 127

16. Oportunidades para los jóvenes en Castilla y León. 133

a) Más política joven autonómica 134 b) Más información y formación 135 c) Más participación 135 d) Más empleo 135 e) Emprendedores y autónomos 136 f) Vivienda 137 g) Educación 139 h) Cultura y jóvenes creadores 141 i) Ocio 142 j) Deporte 142 k) Salud 143 l) Medio Ambiente y Desarrollo Rural 144

Área 3. CULTURA PARA CONVIVIR.

17. La Cultura como referencia de identidad democrática. 146 a) La cultura es un derecho 146 b) Un nuevo enfoque para la Cultura en Castilla y León 149 c) Instituto de las Artes escénicas y de la Música 152 d) Artes Plásticas y Visuales 154 e) Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales 155 f) Lengua Castellana, literatura, libro y bibliotecas 157



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18. La puesta en valor del patrimonio de Castilla y León 159

a) Bienes de Interés cultural 159 b) Conjuntos Históricos 160 c) Museos 162 d) Archivos 163 e) Caminos Históricos 165 f) Catedrales 166 g) Ciudades Patrimonio de la Humanidad 167

19. Turismo. El valor de lo nuestro: Cultura, paisajes y gentes de calidad. 169

a) Turismo en sociedad 172 b) Turismo al natural 173 c) Turismo cultural 175

20. Deporte para los mejores y para todos. 177

Área 4. POLÍTICAS TERRITORIALES PARA EL CRECIMIENTO, EL EQUILIBRIO Y LA SOSTENIBILIDAD. Un territorio bien organizado para nuevas oportunidades.

21. Ordenación del territorio, la hoja de ruta para el equilibrio y la vertebración de la Comunidad. 183

22. Urbanismo decente para la calidad de vida. 189

23. Viviendas para vivir. 192

24. Infraestructuras para la competitividad. 197

a) Plan Autonómico de Servicios e Infraestructuras del Transporte 198 b) Transporte eficaz y sostenible 200 c) El ferrocarril en Castilla y León 201 d) El sistema aeroportuario de Castilla y León 205 e) Nuevos sistemas de transporte y logística 206 f) Las nuevas infraestructuras de telecomunicación 207

Un territorio con valor añadido

25. Desarrollo rural: Un mundo rural activo y con futuro. 209 a) Capital Humano cualificado en el medio rural 210 b) Plan Estratégico de Desarrollo Rural 211

• Eje 1. Aumento de la competitividad sector Agrario 212 • Eje 2. Protección y mejora de los recursos naturales 217 • Eje 3. Diversificación económica y calidad de vida 219 • Eje 4. Organización de la Comunidad Local 222

26. Medio Ambiente y patrimonio natural. Compromiso Sostenible 224

a) El cambio Climático 227 b) Política Energética 230 c) Política del Agua 232



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d) Política Forestal y de Montes 234 e) Biodiversidad y Espacios Naturales Protegidos 237 f) Caza y pesca 240 g) Residuos 242 h) Contaminación Atmosférica 244 i) Contaminación Acústica 245 j) Contaminación Lumínica 246 k) Contaminación Electromagnética 247

27. Un modelo energético de futuro 249

Área 5. UNA ECONOMÍA SOLVENTE Y COMPETITIVA PARA LA COHESIÓN.

28. Diagnóstico económico. 256 a) Actividad económica 256 b) Población 257 c) Empleo 257 d) Desequilibrio territorial 259 e) Objetivo: incrementar el empleo y la productividad 260

29. El instituto económico financiero. 261

30. Más y mejor empleo . 264 a) Desigualdades y desequilibrios en el mercado de trabajo 264 b) Un empleo basado en la productividad 266 c) El Plan Autonómico de Reformas 267

31. Plan de fomento empresarial. 273

a) Más y mejor tejido empresarial 273 b) Lucha contra los procesos de deslocalización 276

32. Plan estratégico de infraestructuras económicas. 277 a) Incremento de la productividad 277 b) Plan de Oficinas comarcales de Promoción Económica 277 c) Plan de Infraestructuras Industriales 277

33. Medidas de Política Fiscal 279

34. Capital humano. 282

35. Estrategia de I+D+i. 284

a) Aumentar el ratio de inversión en I+D+i 284 b) Aumentar el peso del sector privado 284 c) Incrementar el porcentaje del PIB destinado a TIC´s 285

36. Competitividad y dinamización de sectores. 287

a) Sectores energéticos 287 b) Distribución Comercial 288 c) Turismo 289 d) Servicios de comunicación electrónica y audiovisual 289



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e) Servicios de transporte 290 f) Servicios de intermediación financiera 290 g) Servicios Avanzados a empresas 291

37. La nueva política industrial de Castilla y León. 293

a) Responsabilidad social empresarial 295 b) Estabilidad y eficacia presupuestaria 295

38. Castilla y León, sociedad del conocimiento. 296 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 296

39. Fomento de la inversión extranjera en Castilla y León y de las exportaciones

hacia nuevos mercados. 301 a) Estado de la situación 301 b) Exportaciones. Diversificación y equilibrio territorial 303

40. La importancia del comercio. 308



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Área 1

Nuevo Gobierno con eficacia, transparencia y

participación.



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1. Las nuevas oportunidades de la reforma del Estatuto de Autonomía: Castilla y León, un proyecto común.

El acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido un ejercicio de responsabilidad y de madurez política de los grupos parlamentarios, pero también de la sociedad de Castilla y León, que ha participado activamente en este proceso haciendo diagnósticos certeros y propuestas atinadas sobre sectores concretos o respecto al conjunto del nuevo proyecto de autogobierno de la Comunidad. Esta reforma abre nuevas oportunidades al desarrollo del autogobierno y a la consolidación de nuevos derechos sociales. Pero es verdad que puede aplicarse con ópticas diferenciadas: desde una perspectiva progresista, comprometida con el equilibrio territorial y la cohesión social, en el marco de un Estado de las Autonomías avanzado, solidario y cooperativo, o desde la interpretación restrictiva e inmovilista de la derecha, cuyos gobiernos en la Junta han dejado de desarrollar hasta cuarenta competencias del Estatuto que acabamos de reformar. Hemos hecho una buena reforma del Estatuto de Autonomía. Pero un buen Estatuto necesita una Administración transparente y eficaz y un Gobierno valiente y comprometido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, impulsando al mismo tiempo la competitividad de nuestra economía y su capacidad para la creación de empleo. Desde el título primero, el Estatuto se configura no sólo como norma institucional básica, dentro del marco constitucional, sino también como garante de los derechos y del bienestar de los ciudadanos, por eso para nosotros representa una oportunidad de mejora de la salud pública, la educación y las políticas sociales, con el desarrollo de nuevas políticas de atención a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a los niños, a las familias, y a las personas dependientes. Contempla también un mandato, que nosotros aplicaremos con ambición, de desarrollar políticas activas de igualdad de género que afecten a toda la Administración autonómica y avanzar en la ciudadanía de los castellanos y leoneses en el exterior y de los que residen en otras Comunidades. Incorpora el principio de integración de los inmigrantes y garantiza la incorporación laboral y social de las personas en riesgo de exclusión, con el apoyo de una renta básica de ciudadanía. Esta reforma reconoce nuevas competencias para dar respuesta a nuevas realidades sociales, culturales e institucionales, a la nueva economía y para afrontar el reto de la plena incorporación a las a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a la sociedad de la información y el conocimiento. Pero también el Estatuto nos da más capacidad para cooperar con el Estado y con las administraciones locales en la mejora de las infraestructuras de comunicación y energéticas, para apoyar la competitividad de nuestras empresas, dar un impulso al diálogo social; y para garantizar la prestación de servicios públicos y desarrollar políticas de solidaridad en todas las provincias y territorios de Castilla y León.



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La reforma del Estatuto es también una reforma municipalista, que propone un reconocimiento serio de la autonomía local basado en el respeto y la cooperación mutuas, pero sobre todo en una financiación incondicionada, honesta y objetiva, con participación en los ingresos de la Comunidad. Se crean herramientas nuevas para la racionalización de nuestro mapa local y para un nuevo modelo de desconcentración de la acción de la Administración autonómica basado en las comarcas. Es ésta una reforma que reconoce el papel de los protagonistas de nuestro denso tejido social y económico: las familias, las empresas, las cooperativas, los emprendedores autónomos y los agentes económicos y sociales. Tiene por tanto un gran protagonista: los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Por último, es preciso señalar que incorpora como principio rector de las políticas publicas los valores básicos de la ciudadanía y la convivencia democrática: “La promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y la dignidad de las personas”. Claves de la reforma del Estatuto de Autonomía:

• Cohesión social: Derechos sociales. • Cohesión territorial: Acceso a las infraestructuras y servicios públicos en

condiciones de equidad en todo el territorio. (Creación de un Fondo de Convergencia).

• Madurez de las instituciones: Techo competencial. • Igualdad de género. • Lucha contra la despoblación. • Diálogo social. • Reconocimiento del papel de la sociedad civil: Familias, empresas,

autónomos, economía social, asociaciones y agentes económicos y sociales.

• Municipalismo: Confianza en los Ayuntamientos y respeto a la autonomía local.

Objetivos

• Pretendemos convertir la reforma del Estatuto de Autonomía en la referencia principal para la agenda política e institucional de la Comunidad.

• Daremos prioridad a la constitución de los nuevos órganos estatutarios de cooperación con otras administraciones públicas, así como los de participación.

• En el proceso de aplicación de la reforma estatutaria tendrán prioridad las agendas de la cohesión social y del equilibrio territorial.



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Medidas 1. Presentaremos y someteremos a debate cada año en la Comisión de Estatuto

de las Cortes de Castilla y León un informe sobre el desarrollo estatutario, que valore la acción legislativa y administrativa para el despliegue de nuevas competencias y la aplicación de los nuevos derechos, principios rectores y formas de relación con otras administraciones públicas y poderes del Estado.

2. Promoveremos con carácter inmediato la constitución de la Comisión de

Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, como órgano de cooperación de ámbito general, para impulsar los procesos de transferencias y la coordinación en las políticas públicas y asuntos de interés común.

3. Incorporaremos una representación de Administración local a la Comisión de

Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, en la cuota de representación de la Comunidad. Esto permitirá incorporar la perspectiva y el impulso de las tres administraciones al desarrollo de las infraestructuras, a la profundización del autogobierno y la garantía del bienestar en todos los territorios de la Comunidad.

4. Crearemos una delegación de la Junta, con oficina en Madrid, para la mejora

de coordinación con la Administración General del Estado, como la que ya tienen otras Comunidades Autónomas, a modo de embajada permanente.

5. Constituiremos el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, como

referencia institucional para el diálogo y la coordinación de políticas públicas con los gobiernos locales.

6. Transformaremos la oficina de la Junta de Castilla y León en Bruselas en una

Delegación Permanente ante la Unión Europea con el fin de mantener relaciones de colaboración con las instituciones europeas y de ejercer funciones de información y de promoción y defensa de los intereses de Castilla y León, con la dotación adecuada y el peso institucional que se deriva de esta propuesta estatutaria.

7. La política presupuestaria, de transferencias desde la Administración del Estado

y hacia las Entidades Locales y de desarrollo normativo dará prioridad a las nuevas competencias y derechos sociales, a las políticas de cohesión y equilibrio territorial y a la lucha contra la despoblación.



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2. Nuevo Estatuto, nuevo Gobierno, transparente y responsable ante los ciudadanos.

Nuestra ambición es una Comunidad Autónoma con más autogobierno y tan exigente de solidaridad por parte del Estado y de la UE como dispuesta a la solidaridad entre sus ciudadanos y sus territorios, para igualar por arriba, en infraestructuras, servicios y oportunidades todas sus provincias, territorios y comarcas. Proponemos un programa global de renovación política, económica, social y cultural para impulsar el proceso de convergencia de Castilla y León con el resto de España y Europa. Un Programa que debe facilitar la cohesión social y territorial, con el afán de alcanzar los objetivos de convergencia de Lisboa y eliminar en un horizonte razonable las diferencias internas que hoy existen entre los territorios de Castilla y León. Nuestra vía es, pues, la de la equidad y la vocación igualitaria entre territorios y ciudadanos, como pilar del proyecto colectivo que todos podamos compartir. Algunas de nuestras provincias ahora miran hacia Madrid, Asturias, Galicia, Aragón, y algunas comarcas hacia el País Vasco. Queremos que todas ellas miren hacia Castilla y León, sin perder por ello las oportunidades que se pueden derivar de una gestión inteligente de sus intensas relaciones con Comunidades vecinas. Eso exige un compromiso de diálogo y concertación permanente con sus autoridades autonómicas y locales, en su caso, y un reparto de papeles estratégicos aceptado por todos en beneficio de la cooperación y de las mejores oportunidades de desarrollo de cada provincia y de cada comarca. Pero en la nueva etapa del Estado de las Autonomías el gobierno no es sólo co-gobierno con el Estado, sino co-gobierno con las autoridades locales, cooperación con otras Comunidades y concertación público- privada en los proyectos básicos de Comunidad. Por ello, en el Gobierno socialista de la Junta, la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, el Consejo del Diálogo Social, que defendimos en el acuerdo de reforma del Estatuto, y el Consejo de Cooperación Local, serán espacios de diálogo y acuerdo en los que se implicará personalmente el Presidente, con la convicción de que Castilla y León necesita un proyecto de Comunidad compartido, en el que todos; las provincias, las comarcas, los pueblos y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas, podamos sentir reconocidas nuestras aspiraciones. Nuestra propuesta implica un estilo de gobierno y unos objetivos completamente nuevos:

• Respeto escrupuloso a la libertad de los ciudadanos, y a su capacidad para organizarse, con independencia de sus opciones y sus ideas. El respeto a la libertad de la ciudadanía exige también transparencia en el gobierno y apertura a las formulas de democracia participativa, que pueden ser eficazmente auxiliadas por las tecnologías de la comunicación. Queremos un gobierno eficaz y transparente, que comparta objetivos con una sociedad competente y bien organizada que valore a convivencia cívica.



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• Respeto a las instituciones democráticas, particularmente a las que constituyen elementos de equilibrio y control al ejercicio del poder. Por eso queremos que las Cortes sean, de verdad, el centro de la vida política de la Comunidad, con una actividad más abierta y más próxima a los ciudadanos.

• Respeto a la Ley, como garantía para la libertad y la igualdad de todos los

ciudadanos y ciudadanas y para el funcionamiento de las instituciones, por eso rechazamos el abuso de la “legislación a la carta” que blinda decisiones de gobierno, genera desigualdades, otorga privilegios o discrimina y, como ha sido el caso recientemente, pone en riesgo el patrimonio natural o cultural de la Comunidad.

Los ciudadanos de Castilla y León conocen poco sus instituciones de autogobierno y tienen menos confianza en ellas que los de otras Comunidades Autónomas. Son los datos que proporcionan los estudios de la sociología política. En Castilla y León, por tanto, más que en cualquier otra Comunidad, es necesario mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus políticos. La clave es la transparencia y la eficacia. Transparencia es calidad en la gestión. Lo saben bien los empresarios que vienen incorporando este criterio al gobierno de sus sociedades. Es una política de comunicación vinculada a la información de servicio público. Es entender el pluralismo informativo como elemento fundamental de calidad democrática en la sociedad de la información. Transparencia es la conducta de los cargos públicos basada en la dedicación, la información y la austeridad en el ejercicio de su responsabilidad. Nuestro modelo de gobierno persigue profundizar la calidad democrática de nuestras instituciones, tal como vienen haciéndolo otras Comunidades Autónomas, dando al mismo tiempo un importante impulso a la administración electrónica (e-Administración), puesto que la transparencia tiene hoy un aliado clave en las tecnologías de la información y la comunicación. También la participación, ya que una política de transparencia y de comunicación directa “on line” con los ciudadanos permite mejorar su implicación en la gestión del interés general y avanzar en las posibilidades de control social al gobierno. La transparencia en las decisiones y, sobre todo, en la administración del dinero público es un deber del gobierno y un derecho de los ciudadanos. La transparencia es también eficacia en todos los niveles de la administración, que deben trabajar con paredes y bolsillos de cristal. Una eficacia que ha de verse potenciada por la desconcentración y la descentralización, para que las decisiones se tomen al calor de las necesidades y los problemas de los ciudadanos, con la información y el compromiso de la proximidad.



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En Castilla y León ha habido poca visión de Comunidad y poca adaptación de los modelos de gestión pública a los pliegues de una tierra ancha, muy poblada de pueblos y muy despoblada de habitantes. Es esta una de las claves del proyecto de reforma de nuestro Estatuto, que nosotros aplicaremos con vocación municipalista y de proximidad. Objetivos

• Mejorar el conocimiento y la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Comunidad.

• Mejorar la transparencia de la actividad pública de los altos cargos, de los órganos de Gobierno y de la Administración de la Comunidad.

• Garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos, las familias, las empresas y el conjunto de los administrados ante la acción del Gobierno y la Administración autonómica.

• Impulsar la Administración electrónica. • Mejorar las garantías de los administrados ante la Administración. • Promover la incorporación de métodos y técnicas eficaces para la

evaluación y mejora de las políticas públicas. • Fomentar el tejido asociativo y la organización de la sociedad civil. • Fomentar la participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en

la administración autonómica. • Incrementar el prestigio social del parlamento autonómico y de la actividad

parlamentaria, y su proximidad a los ciudadanos. Medidas a) Transparencia en el gobierno

8. Aprobaremos un Código de Conducta para los cargos públicos basado en la dedicación al servicio público, la transparencia informativa, y la austeridad en el ejercicio del cargo.

9. Daremos publicidad a través de internet a las percepciones económicas del

gobierno y de todos los altos cargos, así como del registro de intereses, de actividades y bienes patrimoniales de todos ellos.

10. Ampliaremos la declaración de bienes y actividades de los altos cargos a los

titulares de órganos directivos y de la Administración institucional, así como de empresas y fundaciones públicas; al personal directivo profesional y a los funcionarios seleccionados por libre designación con capacidad para contratar o para tomar decisiones que afecten decisivamente al patrimonio público, a la ordenación del territorio y al urbanismo. Se les aplicará un régimen de incompatibilidades semejante al de los altos cargos.

11. Aprobaremos una Ley de Transparencia, que incremente y mejore

significativamente la información sobre la acción del gobierno y proponga objetivos de simplificación administrativa y modernización tecnológica de la Administración de la Comunidad.



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12. Daremos publicidad en internet de todos los actos relacionados con los

procesos de contratación pública de la Administración autonómica, incluidas las subcontratas y las cesiones de contratos, las modificaciones y las causas que las justifican.

13. Estableceremos criterios básicos para la contratación mediante concurso,

como por ejemplo la ponderación mínima del precio en estas contrataciones que, nunca debería estar por debajo de 1/3 de la valoración total.

14. Estableceremos criterios generales para la gestión de subvenciones que

incorpore criterios de transparencia, de objetividad en la asignación y de agilidad en la tramitación, la resolución y el pago de las mismas.

15. Con carácter general todas las subvenciones se gestionarán mediante

convocatoria pública. Las subvenciones directas que por cualquier procedimiento otorgue la Junta se publicarán en internet desde el inicio del expediente de concesión.

16. También publicaremos en la red todas las subvenciones públicas o

convenios de la Junta de Castilla y León y de cada una de sus Consejerías, Entes Autónomos y empresas y fundaciones públicas, desde el momento en que se adopte el acuerdo.

17. Se publicará en internet información estadística sobre las listas de espera y

la demora en el acceso a los servicios y prestaciones públicas, con el mayor de detalle por centros y unidades de decisión, con reserva de cualquier tipo de datos de los usuarios.

18. Aprobaremos una Ley de Publicidad Institucional que limite la actividad de

comunicación de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales a la información de servicio público, la promoción de valores constitucionales y estatutarios, la difusión de los derechos de los ciudadanos o a facilitar el acceso a los servicios y programas públicos.

19. Se prohibirán las campañas que tengan por finalidad destacar los logros de

gestión o los objetivos alcanzados por las administraciones, además de las que atenten contra los valores de la Constitución o el Estatuto de Autonomía.

20. La publicidad institucional se programará de forma centralizada y evitará la

concentración en períodos preelectorales, como hemos visto en estas elecciones, en las que el PP ha abusado ostensiblemente de los recursos públicos de todos los ciudadanos en beneficio de sus intereses partidistas, en una actitud de ventajismo antidemocrático.

21. Durante las campañas y precampañas electorales se limitará la información

institucional a la estrictamente necesaria para el funcionamiento de los servicios públicos.

22. Las campañas institucionales procurarán el más completo acceso a la

información de las personas con cualquier tipo de discapacidad.



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b) El servicio público de la Información

23. Fomentaremos la producción de espacios y programas de servicio público, de divulgación de los valores naturales, culturales y sociales de Castilla y León, así como de puesta en valor del conjunto de sus recursos y oportunidades para el desarrollo, en las televisiones y radios de titularidad privada que existen en la Comunidad.

24. Recuperaremos los acuerdos con el Centro de TVE de Castilla y León y con

RNE para promover la producción y difusión de espacios propios de servicio público y de promoción de la Comunidad.

25. Fomentaremos la lectura de prensa entre la población de Castilla y León,

particularmente los jóvenes, como estímulo a la pluralidad de la oferta informativa de la Comunidad. Fomentaremos la información del servicio público en los medios escritos.

26. Apoyaremos las iniciativas profesionales orientadas a garantizar la

independencia, las condiciones laborales y el comportamiento ético de los profesionales del sector.

27. Crearemos un órgano participado por las empresas y los profesionales del

sector, así como por los agentes económicos y sociales y las Entidades Locales para facilitar el tránsito a la televisión digital terrestre (TDT), universalizar su cobertura en el territorio y ordenar la producción de espacios y programas de servicio público y de relación con la Administración, con destino a este medio.

28. Fomentaremos con apoyo presupuestario las empresas de producción

cultural hecha en Castilla y León, así como los productos culturales, divulgativos y recreativos sobre la Comunidad, incluyendo tanto a los emprendedores, como a los creadores del sector.

29. Fomentaremos la presencia en los circuitos internacionales, particularmente

en los que comparten nuestra lengua, de los productos culturales y las producciones audiovisuales hechas en Castilla y León.

c) Igualdad de género

30. La composición del Gobierno autonómico socialista será paritaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

31. Igualmente, todos los órganos colegiados de gobierno observarán los

principios de paridad previstos en esta Ley.



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d) Garantías para los ciudadanos

32. Garantizaremos la seguridad jurídica de los ciudadanos ante la actuación de la Administración, mejorando los mecanismos de información pública y notificación individual, particularmente cuando afecte a sus derechos y propiedades.

33. Garantizaremos el derecho de los ciudadanos a relacionarse

electrónicamente con la Administración.

34. Impulsaremos el reconocimiento del libre acceso a la información de las administraciones y entidades sostenidas con fondos públicos, con las limitaciones previstas en la legislación de protección de datos personales.

e) Aproximación de las Cortes a los ciudadanos

35. Promoveremos la aproximación de la ciudadanía a la actividad parlamentaria, estimulando el debate público sobre los Proyectos de Ley sometidos a debate parlamentario.

36. Invitaremos a asistir a todos los plenos de las Cortes a los Centros

educativos de la Comunidad.

37. Crearemos en internet un canal de televisión parlamentario, con retransmisión en directo de plenos y comisiones.

38. Facilitaremos la comunicación abierta de los procuradores con los

ciudadanos y ciudadanas a través de internet.

39. Anualmente celebraremos al menos dos sesiones plenarias fuera de la sede de las Cortes, en otras tantas provincias de la Comunidad.

40. Las Comisiones de las Cortes con actividad parlamentaria ordinaria,

celebrarán una sesión en cada provicia de la Comunidad a lo largo de la legislatura, adecuando los contenidos de los debates a los intereses de los territorios en que se celebren las sesiones.

f) Fomento del tejido asociativo de la Comunidad

41. Desarrollaremos el nuevo modelo de Diálogo Social previsto en la reforma del Estatuto de Autonomía, de acuerdo con los objetivos de institucionalización, flexibilidad y eficacia que animan la propuestas de los agentes económicos y sociales.

42. Adoptaremos las decisiones estratégicas de la Comunidad con la

implicación de los agentes económicos y sociales, y la participación de las Entidades Locales y de los representantes de los sectores afectados.



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43. Elaboraremos una Ley de Subvenciones que establezca criterios objetivos

en su asignación y convocatorias públicas para garantizar la participación de todos los interesados.

44. Coordinaremos la actividad de fomento del asociacionismo y sus

actividades de todas las Consejerías, con objeto de dar estabilidad a medio plazo a los instrumentos de financiación pública, particularmente en aquellos casos en que esta financiación condicione la prestación de servicios asistenciales estables.

45. Estableceremos acuerdos plurianuales de gestión y financiación para

fortalecer la actividad de las asociaciones, en funcion de la viabilidad de sus proyectos, incorporando criterios de eficacia, organización, así como compromisos de transparecia en la gestión y publicidad de sus actividades.

46. Regularemos con carácter general los órganos de participación ciudadana

de la Junta de Castilla y León en la reforma de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad.



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3. Una buena Administración para un nuevo Estatuto y un nuevo gobierno en la Junta de Castilla y León

La administración pública debe ser un instrumento útil para la gobernabilidad. Eso significa que ha de facilitar al gobierno cumplir con sus compromisos con los ciudadanos y hacerlo con la máxima legitimidad, transparencia y participación. Los gobiernos deben atender hoy a nuevas prioridades sociales como el equilibrio territorial y la cohesión social, la búsqueda de la igualdad de oportunidades, la generación de empleo o la innovación en la sociedad del conocimiento. Estas nuevas prioridades exigen nuevas formas de organización de la acción pública, basados en la aplicación de nuevos modelos de organización y gestión, la incorporación masiva de tecnologías de la información y la comunicación (TIC); pero también mayores niveles de transparencia y de participación ciudadana, construyendo una red de servicios públicos centrados en el trabajo a favor de las personas y en la calidad de las prestaciones. La administración de hoy tiene al ciudadano en su centro de atención. La orientación al ciudadano exige permanente innovación, calidad, autonomía en la gestión de los centros prestadores de servicios y evaluación sistemática, para la incorporación de mejoras y la corrección de ineficiencias. Las TIC son un instrumento fundamental para la Administración: mejoran la transparencia y la participación ciudadana, además de la eficacia organizativa, las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos, las empresas y las organizaciones. Afortunadamente contamos con empleados públicos competentes para garantizar con profesionalidad un nuevo estilo de gobierno y una nueva administración basados en la transparencia, la eficacia, la agilidad, la modernización, la proximidad y la participación ciudadana. Un modelo, en fin, que apuesta por los servicios públicos. Objetivos

• Mejorar la eficacia, la agilidad, la transparencia y el servicio público que presta la administración a los ciudadanos y ciudadanas.

• Incorporar modernos modelos de organización, gestión y evaluación en la

Administración autonómica, con la participación de los representantes de los empleados públicos.

• Mejorar los medios y programas necesarios para la implantación

generalizada de la e-Administración y la garantía de servicios y relación electrónica con los ciudadanos.

• Cooperar para la integración de las Entidades Locales en la e-

Administración.



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• Crear un nuevo modelo de organización del empleo público basado en el

diálogo con los representantes de los empleados públicos, la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida laboral y personal, la transparencia, la profesionalización, la garantía de la carrera profesional y la negociación.

• Acercar la administración a la ciudadanía, particularmente en los ámbitos

rurales, a través de oficinas comarcales. Medidas a) Modernización de la Administración y evaluación de políticas públicas

47. Mejoraremos y difundiremos a través de internet la aplicación de las cartas de servicios en las que se especifique los estándares del servicio, los indicadores de seguimiento, las posibles compensaciones por incumplimiento y la participación de los usuarios.

48. Desarrollaremos un programa de simplificación de los procesos de

planificación, contratación y gestión de infraestructuras y servicios.

49. Crearemos un programa para facilitar con un leguaje claro la accesibilidad a la acción administrativa. Apoyaremos este programa con la publicación de manuales de lenguaje administrativo.

50. Crearemos nuevas figuras organizativas flexibles y adaptadas a las

exigencias de cualificación, excelencia profesional, trabajo en equipo y gestión eficaz de proyectos.

51. Estableceremos un programa progresivo de racionalización de recursos

económicos, en los servicios y dependencias públicas orientado al ahorro de gastos corrientes, a fomentar las prácticas de reciclado y al ahorro energético y la sostenibilidad de la actividad pública.

52. Crearemos una Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas, con el

objeto de incentivar la mejora de los servicios, evaluar sus resultados, promover las mejores prácticas administrativas y de relación con los ciudadanos, así como valorar la eficacia de los recursos públicos en relación con los objetivos que se proponen.

53. Esta Agencia mejorará la transparencia en la práctica administrativa y la

calidad democrática de las políticas. Su actividad se orientará a los siguientes objetivos:

• Racionalizar el gasto público, optimizando los recursos y su utilización más eficiente.

• Mejorar los servicios públicos prestados a los ciudadanos, los niveles de calidad y atención a las demandas sociales.

• Mejorar el diseño de las políticas y programas públicos, estudiando los resultados obtenidos así como los efectos no deseados.



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• Favorecer la agilidad y la simplificación de los procedimientos

administrativos. • Mejorar la calidad en la rendición de cuentas. • Fomentar en los servicios públicos la cultura de la evaluación y la

elaboración de metodologías y sistemas de información e indicadores.

• Mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos y la competitividad de la economía de Castilla y León.

54. En los órganos de gobierno de la Agencia para la Evaluación de las Políticas

Públicas, participarán las universidades, las entidades locales, los representantes de los empleados públicos y los agentes económicos y sociales.

b) e- Administración

55. Impulsaremos la e-Administración, desarrollando un programa de servicios electrónicos dirigidos a la ciudadanía y a las empresas, con la finalidad de facilitar su relación con la Administración autonómica, primando la simplicidad en el acceso.

56. Crearemos un plan de evaluación tecnológica, desde el que se pueda hacer

una supervisión del estado real de implantación de las nuevas tecnologías dentro de la Administración, promover su generalización y la formación del personal en el uso de las mismas.

57. Desarrollaremos un programa de apoyo y ayuda a las administraciones

locales medianas y pequeñas para garantizar un despliegue equilibrado de la administración electrónica en todo el territorio de Castilla y León.

58. Constituiremos el consorcio e-proximidad, al que se hace referencia en los

epígrafes correspondientes a los gobiernos locales y a la Sociedad de la Información y el Conocimiento de este programa, para incorporar las entidades locales a las TIC, desarrollar plataformas de servicios de e-administración en red y constituir instrumentos ágiles de formación, cooperación y gestión.

c) Administración y empleo público.

59. Un gobierno socialista paritario en la Junta de Castilla y León aplicará las medidas contempladas en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres para la Administración general del Estado. Entre ellas:

• Presencia equilibrada en los órganos directivos, de representación de la

Administración y de selección de personal.



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• Negociación inmediata con los representantes de los empleados públicos de

un Plan CONCILIA que aglutine derechos idénticos para todos los empleados públicos de la Administración Autonómica (funcionarios, estatutarios y laborales), que sea también una referencia de mínimos para nuestras Corporaciones Locales y que iguale en derechos a nuestros empleados públicos con respecto a los de la Administración General del Estado.

• Negociación, aprobación y evaluación anual de un Plan de Igualdad en la Administración autonómica, organismos, entidades y empresas de ella dependientes.

• Facilitaremos el derecho a la movilidad por razón de violencia de género a las empleadas de los Ayuntamientos y otras entidades locales que, por razones materiales –una sola dependencia en un solo municipio, por ejemplo- no puedan hacer efectivo este derecho.

60. Aprobaremos una nueva Ley de Función Pública, en desarrollo del Estatuto

Básico del Empleado Público del Estado (EBEP) recientemente aprobado. Esta Ley integrará en todo lo posible a los funcionarios de las Entidades Locales, creando un verdadero sistema de función pública, que garantice la movilidad entre las diversas administraciones de Castilla y León y, en ese contexto, entre los distintos tipos de empleados públicos (laborales, funcionarios y estatutarios). Él nuevo marco tenderá a equiparación de las condiciones de empleo y retribución del conjunto de los empleados públicos, sin diferencias entre laborales estatutarios y funcionarios.

61. En el último trimestre del presente año, en la negociación del Convenio

Colectivo del personal laboral, que concluye su vigencia temporal, avanzaremos en la línea de equiparar en lo posible los derechos y deberes, las retribuciones, condiciones de trabajo y la carrera profesional de todo el personal al servicio de la Administración autonómica. Haremos especial hincapié en la adaptación al personal laboral de las nuevas medidas establecidas tanto por el nuevo EBEP como en la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

62. Fomentaremos y dotaremos de contenido efectivo a los órganos de

negociación colectiva, representación y participación de los representantes de los empleados públicos, en línea marcada por el nuevo EBEP.

Negociaremos con los representantes de los empleados públicos las condiciones de mantenimiento del poder adquisitivo, el marco de acción social, la reducción de la temporalidad, y la incorporación y evaluación de experiencias de teletrabajo, desde el liderazgo de la Consejería con competencias en materia de función pública.

63. Los acuerdos de la Mesa General de Negociación de las Administraciones

Públicas y sus procedimientos de gestión se considerarán de aplicación mínima a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, previa negociación con los representantes de los empleados públicos.



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64. Destinaremos un 0,5 % de la masa salarial a financiar un plan de pensiones

de empleo o contrato de seguro colectivo que incluya la cobertura de la contingencia de jubilación para los empleados y empleadas públicos al servicio de la Junta de Castilla y León, previa negociación con los representantes de los empleados públicos.

65. Limitaremos las Comisiones de Servicios en la nueva Ley de Función

Pública, estableciendo para las que sean necesarias la figura del concursillo e impulsando, como principal medida para lograrlo, un sistema de concursos para el personal funcionario ágil, abierto y permanente.

66. Extenderemos la promoción cruzada de laborales a funcionarios, a todas las

categorías de personal laboral de todos los grupos que tengan un puesto igual o similar en funcionarios.

67. Revisaremos las relaciones de puestos de trabajo actuales para su

adecuación a las necesidades del servicio público, comprometiendo su cobertura una vez puestas al día, previa negociación con los representantes de los empleados públicos.

68. Se regulará específicamente el derecho a la carrera profesional de los

funcionarios, y del personal laboral al servicio de la Administración autonómica con criterios equiparables entre ellos, dando prioridad a la negociación de esta materia con los representantes de los empleados públicos.

69. Nos comprometemos a reducir significativamente los puestos de libre

designación que actualmente existen en la Administración autonómica, con el objeto de ampliar el recorrido de la carrera profesional de los empleados públicos.

70. Una vez se desarrolle la figura del personal directivo profesional (Art. 13

EBEP), limitaremos el procedimiento de libre designación a estos puestos, a los de los gabinetes de los altos cargos y, con carácter excepcional y suficientemente motivado en cada caso, a los de especial responsabilidad y confianza.

71. Abriremos oficinas de la Junta de Castilla y León en las comarcas de la

Comunidad que defina el modelo territorial. Y ello de acuerdo con el objetivo de desconcentración de la reforma del Estatuto de Autonomía y de la Estrategia de lucha contra la despoblación, aprobada en las Cortes (medidas 11 y 60).

72. Las oficinas comarcales coordinarán los servicios de la Junta en la comarca,

velando por la igualdad de acceso a la administración de todos los ciudadanos en todos los territorios. Ejercerán, también, funciones de coordinación con los Ayuntamientos, impulsando medidas de cooperación de ámbito comarcal, a partir de la gestión participada del plan estratégico o de desarrollo local.



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73. Por sí mismas y en coordinación con los Ayuntamientos o las entidades locales de ámbito comarcal, desempeñarán funciones en los siguientes ámbitos:

• Desarrollo local. Promoción de la actividad económica y el empleo. • Ordenación del territorio. • Servicios sociales. • Políticas de igualdad. • Patrimonio Cultural. • Transporte. • Medio ambiente. • Protección ciudadana.

74. Crearemos nuevas plazas de empleo público para la dotación de estas

oficinas e incentivaremos y motivaremos la adscripción voluntaria de los empleados y empleadas a estos destinos en los concursos correspondientes, de acuerdo con los representantes de los empleados públicos de la Comunidad.

75. Estableceremos, mediante la oportuna negociación, una auténtica política

de seguridad y salud en la Administración autonómica, convirtiendo a la Junta de Castilla y León en ejemplo para el conjunto del sistema productivo de nuestra Comunidad.

76. Desarrollaremos políticas activas de fomento del acceso de las personas

con discapacidad al empleo público mediante convenios de formación con las asociaciones del sector y organizaciones especializadas, adecuando las pruebas de selección al contenido de las tareas de los puestos de trabajo convocados (Art. 61 del EBEP). Realizaremos las adaptaciones necesarias en las pruebas de selección y en los puestos de trabajo. Las plazas reservadas que resulten vacantes en los procesos selectivos solo podrán ser ocupadas con carácter temporal por personas con discapacidad, hasta que se acumulen a la siguiente convocatoria.



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4.- La Justicia, un servicio público más cercano La Constitución Española consagra el derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva, atribuyendo a los jueces, como poder del Estado, la facultad de juzgar y hacer que se cumplan sus decisiones. Pero es a la Administración a la que corresponde aportar los medios para el adecuado ejercicio de la función judicial. Del servicio público de la Justicia depende en buena medida tanto la legitimación del Estado, como el disfrute real de los derechos y libertades. De acuerdo con la Constitución y con las leyes, el Estatuto de Autonomía reconoce a la Comunidad Autónoma el ejercicio de todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado, exceptuada la justicia militar. El acuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León profundiza en este reconocimiento de competencias, siendo prudente y respetuoso con las reformas legislativas en curso sobre la organización del poder judicial. En todo caso se dedica un capítulo al poder Judicial en Castilla y León, con amplio desarrollo en las competencias y los órganos. Actualmente el proceso de transferencias de los medios y recursos al servicio de la Administración de Justicia, iniciado el 10 de septiembre de 2002, está paralizado. La excusa ahora es esperar el tiempo suficiente para hacer la valoración de los costes de aplicación de la nueva oficina judicial. Hace unos meses se condicionaba el traspaso de la Justicia a la creación de 31 nuevos juzgados y unidades judiciales, que reclamaba en su memoria de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). En la de 2006 se pedían 14 nuevas unidades judiciales, de las que cuatro están presupuestadas y comprometidas por el gobierno para finales de 2007. Estas transferencias son un elemento esencial en el autogobierno de la Comunidad y es preciso adaptar la organización y distribución de estos recursos a las características geográficas y demográficas de la Comunidad, para optimizar su eficacia y garantizar el acceso de todos los ciudadanos al servicio público de la justicia en condiciones de igualdad, residan donde residan. Nuestra Comunidad cuenta con 47 partidos judiciales, 359 órganos judiciales y 2.209 juzgados de paz; 267 jueces, 101 fiscales, 267 secretarios judiciales y 2.220 funcionarios judiciales, pero necesita incrementar los medios a disposición de la Administración de Justicia para mejorar permanentemente el servicio público de la justicia en Castilla y León. A las necesidades de los ciudadanos de nuestra Comunidad hay que sumar en este caso las de la población reclusa, que supera el 10% del total nacional. La Administración de Justicia está bien valorada por los ciudadanos de Castilla y León. Desde un punto de vista objetivo también presenta una razonable situación relativa entre el conjunto de las Comunidades Autónomas, con buena dotación de recursos humanos, baja tasa relativa de demanda y resultados en términos comparativos de eficiencia por encima de la media nacional, de acuerdo con los



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propios datos del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la dispersión de la población en un territorio tan extenso como el de Castilla y León, obliga a hacer una lectura prudente de las tasas y ratios por habitante, que esconden situaciones muy heterogéneas de accesibilidad. Desde el año 2004, con la llegada del Gobierno Socialista a la Administración General del Estado, nuestra Comunidad ha incrementado el número de órganos judiciales en 26, siendo esta la mayor cantidad de nuevos órganos en tan corto espacio de tiempo (tres años) de toda la democracia. Se han creado:

• 5 Plazas de Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de CyL. • 3 Plazas de Magistrado Audiencia Provinciales de Burgos, León y Palencia. • 1 Juzgado de Violencia de Género en Valladolid. • 1 Juzgado de los Penal: Burgos nº 3. • 1 Juzgado de lo Social: Valladolid nº 4. • 2 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en Salamanca y Palencia. • 2 Juzgados Contencioso Administrativos: Burgos nº 2 y Salamanca nº 2. • 4 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: Arenas de San Pedro nº 2,

Segovia nº 5, Soria nº 4 y Ponferrada nº 6. • 5 Juzgados Primera Instancia: Burgos nº7, León 8 y 9 y Valladolid 12 y 13. • 2 Juzgados de Instrucción: Salamanca nº 4 y Valladolid nº 6.

Objetivos

• Garantizar el acceso al servicio público de la Justicia en condiciones de equidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.

• Completar el desarrollo estatutario, en lo que se refiera a las competencias en materia de justicia, a lo largo de la legislatura.

• Adecuar la dotación de órganos judiciales y de los medios a su disposición para garantizar un servicio público de justicia de calidad.

• Aproximar el servicio público de justicia a la ciudadanía. • Potenciar los juzgados de paz y la justicia de proximidad.

Medidas para mejorar la Justicia en Castilla y León 77. Nos comprometemos a que las transferencias en materia de Justicia a Castilla

y León sean efectivas a lo largo de la próxima legislatura, con una dotación razonable y un plan de inversiones acordado con el Gobierno de la Nación.

78. En el proceso de transferencias contaremos de forma transparente con todos

los agentes implicados en el servicio público de la justicia: Jueces, fiscales, empleados públicos de la Administración de Justicia, abogados, procuradores y usuarios a través de sus organizaciones, con el objetivo de aplicar y desarrollar en esta materia la reforma del Estatuto de Autonomía en el plazo de la Legislatura.

79. La negociación de la transferencia de los medios al servicio de la administración

de Justicia en Castilla y León se realizará bajo los siguientes principios: • Pleno desarrollo de las competencias estatutarias. • Adecuación de las instalaciones al servicio de la Administración de

Justicia, promoviendo en las ciudades su concentración.



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• Dotación de órganos judiciales, de acuerdo con la previsión que se

detalla. • Dotación de recursos técnicos para modernización y adaptación a la

nueva organización de la oficina judicial. • Incorporación de recursos “on line” de apoyo a la decisión procesal y

judicial. • Compatibilidad de los sistemas informáticos con los de la administración

de Justicia del resto del Estado y con los empleados por la Administración de la Comunidad.

• Plan temporalizado de inversiones para hasta completar los objetivos anteriores.

• Formación permanente de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia.

• Tratamiento singularizado de la situación de los Juzgados de Paz. • Atención prioritaria a la implantación de la justicia de proximidad, de

acuerdo con las reformas en curso de la organización judicial. 80. La creación de nuevos órganos judiciales en los próximos cuatro años ha de

atender a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, las demandas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y las cargas medias de los existentes, de acuerdo con las características geográficas y demográficas que condicionan en Castilla y León el acceso a los servicios públicos. Contemplamos 16 nuevas unidades judiciales para Castilla y León, correspondiendo 11 a nuevos juzgados y 5 a nuevas plazas de magistrados en las distintas Audiencias Provinciales y en el Tribunal Superior de Justicia.

PROPUESTA DE NUEVOS ÓRGANOS JUDICIALES:

Ávila: Nuevo Partido Judicial Alberche-Pinares con sede en Cebreros. Una plaza de Magistrado en la Audiencia Provincial de Ávila.

Burgos: Juzgado de lo Mercantil. León: Juzgado de Instrucción nº 5 en León.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 Ponferrada. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3. Una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial.

Palencia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 en Palencia. Salamanca: Juzgado de Instrucción nº 5.

Una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial. Segovia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en El Espinar. Valladolid: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3.

Juzgado de lo Penal nº 4. Una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial. Una plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ CyL.

Zamora: Juzgado de lo Social nº 2.



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81. Además, reconocemos la necesidad de Institutos de Medicina Legal en todas

las provincias, para prestar asistencia técnica, por personal facultativo competente a los Órganos Jurisdiccionales, Fiscales y Oficinas del Registro Civil. Culminadas las transferencias, se potenciará a estos Institutos mediante convenios con las Universidades.

82. Bibliotecas judiciales. Las Oficinas Judiciales deben estar suficientemente

dotadas de modo que permitan la prestación de un servicio público eficaz. Se trata de que los ciudadanos, los abogados, procuradores y peritos, así como los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia, vean facilitado el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Se reclamará en la transferencia la titularidad y la administración de los depósitos judiciales de Castilla y León.

83. Plan especial de Juzgados de Paz. En Castilla y León la justicia de paz goza de

una confianza de los ciudadanos que es preciso reforzar haciéndola más eficaz, de forma que en la negociación de las transferencias incluirá un plan especial para los Juzgados de Paz.

84. Se favorecerá la participación de los ciudadanos en las propuestas de los

Ayuntamientos al Tribunal Superior de Justicia para la elección de los Jueces de Paz y se adecuará su dotación de medios a las exigencias del servicio.

85. Se regularán los sistemas de provisión de personal al servicio de la Justicia de

Paz, creando para ello Secretarías de Juzgados de Paz que agrupen a varios municipios, y a cuyo frente estén funcionarios de Justicia.

86. Medios personales al servicio de la Administración de Justicia. La asunción de

competencias en materia de personal se realizará bajo los siguientes principios: Equiparación al resto de los empleados públicos de la Comunidad autónoma, complementariedad y homologación de funcionarios y laborales, adaptación a la nueva organización judicial, modernización de los medios al servicio de la administración de justicia y formación permanente.

87. Información y atención al ciudadano. Integraremos las Oficinas de Información

y Atención al Ciudadano para facilitar la relación de los ciudadanos con la Administración de Justicia, para hacerla más eficaces y accesibles en todo el territorio de la Comunidad.

88. Una atención diferenciada y prioritaria merecerán los servicios de atención a las

víctimas de violencia de género, en colaboración con los servicios de prevención y asistencia de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Los servicios de asistencia a las víctimas deben garantizar efectivamente el ejercicio de sus derechos y, en definitiva, prestar apoyo de urgencia, inmediato y eficaz, en materia jurídica, social, médica y psicológica.



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89. Justicia gratuita. Por ello ampliaremos y mejoraremos los servicios de

asistencia jurídica gratuita, en colaboración con los Colegios de Abogados y de Procuradores, destinando los recursos económicos suficientes y procurando la libre elección de profesionales. Apoyaremos la actividad formativa para el acceso de los profesionales al turno de oficio. Extenderemos progresivamente la asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes y a las mujeres denunciantes de malos tratos o discriminación.

90. Nueva gestión de la Justicia. Dos direcciones generales con sede en Burgos

configurarán la estructura directiva para la gestión de los medios y recursos al servicio de la Administración de Justicia en Castilla y León: • Dirección General de Instituciones Judiciales y Cooperación con la Justicia.

Tendría, entre otras, las funciones de relación con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los Tribunales, Juzgados y Fiscalías, los Colegios de Abogados, Procuradores, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles y demás Instituciones que colaboren con la Administración de Justicia.

• Dirección General de Personal y Recursos de Justicia, que se responsabilizaría de la ejecución de las inversiones públicas y la gestión económica y financiera y la provisión de medios informáticos a los Órganos Judiciales y Fiscalías en la Comunidad. Le corresponderá además la gestión, administración y conservación de los inmuebles y la ejecución de programas de construcción, reparación y conservación, la organización y el funcionamiento de las oficinas judiciales y la administración y gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia.



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5.- Seguridad para una sociedad más libre y próspera. La seguridad es condición y garantía para la libertad, la igualdad, el progreso, el bienestar de los hombres y mujeres y la calidad de vida. Es por ello una de las principales responsabilidades de los gobernantes. La seguridad permite incrementar la riqueza de la Comunidad, favorece el empleo, el disfrute del tiempo libre y la protección del medio ambiente. En el presente siglo, el motor básico de la riqueza y del desarrollo es la seguridad de los ciudadanos. Hacer efectivo el derecho de todos los castellanos y leoneses a la mejor y más completa protección ciudadana exige anticipar el futuro, previendo las situaciones de riesgo. La protección ciudadana ha de ser universal, de modo que contemple a todos los ciudadanos y territorios, así como al conjunto de actividades que en ellos se desarrollan. La noción y la experiencia de la seguridad deben estar presentes en nuestras vidas, nuestras calles, escuelas, empresas, centros de ocio, sistemas de transporte y comunicaciones, servicios públicos, etc. Debe afectar, sin discriminación, a mujeres y hombres, con independencia de su lugar de residencia, edad, o nivel de vida. Una política de seguridad con vocación integral ha de favorecer la formación y la integración de los distintos grupos profesionales que intervienen en los desastres. Debe impulsar las relaciones entre Comunidades Autónomas y países de la Unión Europea y de nuestro entorno, e intensificar la relación con empresas proveedoras de bienes y de servicios esenciales. Nuestro esfuerzo, en colaboración con el Gobierno y los Ayuntamientos, se centrará especialmente en la prevención en algunos sectores específicos: la pequeña delincuencia, la violencia derivada de grupos marginales, la violencia doméstica o contra colectivos vulnerables, la defensa medioambiental, del patrimonio y los bienes colectivos, la vigilancia de edificios, bienes y servicios de la Comunidad Autónoma y la protección de las personas que viven en hábitats dispersos o pequeñas poblaciones rurales. Aspiramos a que la seguridad de los ciudadanos de Castilla y León se sitúe en los niveles más altos del desarrollo humano. Objetivos

• Garantizar mediante el servicio público la seguridad de todas las personas en Castilla y León, sin excepción o discriminación, o lo que es lo mismo, el derecho a estar y sentirse seguros para ejercer responsablemente la libertad.

• Mejorar la coordinación de las administraciones públicas en materia de seguridad y protección civil.

• Desarrollar las nuevas competencias reconocidas en la reforma del Estatuto de Autonomía en materia de seguridad y protección civil.



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• Mejorar la capacidad de la Comunidad Autónoma, por sí y con la colaboración

de los Ayuntamientos y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, para proteger los derechos de los ciudadanos de Castilla y León reconocidos por el estatuto de Autonomía, así como los bienes públicos y los valores comunes, como el patrimonio natural, el paisaje y el medio ambiente.

• Fomentar la sensibilidad y la formación ciudadana en materia de seguridad y autoprotección.

a) Medidas para vivir en una sociedad segura Los socialistas ofrecemos a la sociedad una política alternativa de seguridad integral, basada en la prevención, que exige tanto el fortalecimiento del servicio público de seguridad en todos los niveles de la Administración, como la incorporación social de aquellos sectores en situación o riesgo de exclusión. Especialmente importantes son las políticas que favorezcan la inserción laboral y la cohesión social: una buena política económica y una buena política social son las mejores semillas de la seguridad ciudadana. 91. Favoreceremos la colaboración y coordinación de la Junta de Castilla y León

con la Administración General del Estado y los Ayuntamientos en materia de seguridad, para garantizar la implicación y cooperación del conjunto de las administraciones públicas en la lucha contra la delincuencia.

92. Firmaremos un convenio con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado

para el mantenimiento de efectivos de la Guardia Civil y Casas Cuartel, con el fin de mejorar la seguridad de nuestros municipios rurales.

93. Crearemos el Cuerpo de Policía Autonómica de Castilla y León, mediante

convenio con el Estado, con una plantilla no inferior a 500 agentes, para el ejercicio de funciones en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma. Entre otras, las siguientes: • Lucha contra la violencia de género. • Protección de menores y personas dependientes. • Protección del patrimonio cultural. • Protección del medio ambiente. • Lucha contra los delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del

territorio. 94. Estudiaremos, con la Federación Regional de Municipios y Provincias, la

creación de un sistema de coordinación, apoyo y financiación estable de los Cuerpos de Policía Local, con los objetivos de incrementar las platillas, mejorar la dotación de medios y ampliar sus funciones en el marco de la legislación autonómica sobre coordinación de policías locales, así como de cooperación entre Ayuntamientos en esta materia, en la medida en que lo permitan las modificaciones previstas de la legislación del Estado.

95. Promoveremos la activa participación de la Comunidad Autónoma en las Juntas

Locales de Seguridad.



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96. Impulsaremos la constitución y funcionamiento de Juntas Comarcales de Seguridad, para favorecer la cooperación intermunicipal con la Comunidad Autónoma y la Delegación del Gobierno, la coordinación de las Policías Locales y de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la optimización de los efectivos y medios de seguridad.

97. En el ámbito rural, y como paso previo a las Mancomunidades de Servicios de

Seguridad y Policía Local, impulsaremos la colaboración intermunicipal para crear Centros Comarcales de Seguridad Integral, donde se ubicará la sede conjunta de las Policías Locales de varios municipios y diversos servicios comunes a todos ellos. Se integrarán también en estos centros los servicios de Protección Civil. Con ello conseguiremos optimizar los recursos policiales y de otros servicios de atención a la emergencia, y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

98. Se impulsará la coordinación y la formación de los Cuerpos de Policía Local en

materia de Seguridad Vial, con la colaboración de la Guardia Civil. 99. Desarrollaremos acciones específicas de formación y coordinación, contando

con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y del propio cuerpo de Policía de Castilla y León creado por convenio con el Estado, en las siguientes materias:

• Asistencia a la víctima, para garantizar apoyo jurídico y psicológico a las víctimas del delito e impulsar estrategias de mediación extra-penal con los menores y primeros infractores.

• Violencia de género, con el objetivo de desarrollar una atención integral e interdisciplinar de la máxima calidad, a las mujeres víctimas de la violencia de género.

• Apoyo a las personas mayores que viven solas para prevenir accidentes y situaciones de desamparo, en colaboración con los servicios sociales y sanitarios.

• Seguridad escolar, en los ámbitos de la seguridad vial, la prevención y control de problemas de seguridad, el absentismo y violencia escolar.

• Programas contra el vandalismo y la degradación urbana, con el objetivo prevenir y combatir las acciones antisociales.

• Lucha contra el abuso del alcohol y drogas. • Integración de colectivos inmigrantes.

100. Impulsaremos la formación de los Policías Locales en materia de derechos

humanos, tanto en el inicio como a lo largo de toda su carrera profesional. 101. Crearemos el comité de ética de la Policía, en el ámbito de las competencias

de coordinación de las policías locales de la Comunidad, como garante del código deontológico de buenas prácticas policiales.

102. Promoveremos programas transversales de prevención del delito en

colaboración con los Ayuntamientos, en relación con la pequeña delincuencia y la violencia doméstica o contra colectivos vulnerables.

103. Impulsaremos la creación de oficinas de atención integral a la víctima y que

colaboren y estén coordinados con el entramado de servicios municipales (Policía Local, Servicios Sociales, Casas de la Mujer...) y las ONG.



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104. Desarrollaremos un Plan de Seguridad Vial para reducir riesgos, asegurar la

movilidad y mejorar las condiciones de la red viaria de la Comunidad Autónoma. Colaboraremos con el Estado y los Ayuntamientos para extender la Red de Gestión de Tráfico a todas las ciudades y pueblos, que por sus características y volúmenes de tráfico, demanden un control y una regulación activa. También se elaborará un plan especial para el Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril, dada la situación geoestratégica de esta Comunidad en el transporte peninsular.

105. Mejoraremos la agilidad de respuesta en emergencias del servicio 112. b) Medidas para mejorar nuestro grado de protección 106. Propondremos un nuevo Plan Autonómico Coordinado de Seguridad y

Protección Civil como medida básica de seguridad pública, completado con planes territoriales y especiales. Estos Planes se constituirán en los referentes de las auditorias de seguridad que realizaremos en todos los sectores de la actividad pública, a la vez que se promoverá un informe anual sobre la situación de la seguridad.

107. Apoyaremos el reconocimiento profesional en el ámbito de la protección

ciudadana del personal que trabaja en las emergencias: policías, sanitarios, bomberos, agentes forestales, de seguridad etc.

108. Estableceremos nuevos incentivos retributivos y profesionales vinculados a la

situación extrema de trabajo, al trabajo en equipo, a la formación especifica, y a la disponibilidad para salidas a terceros países de los profesionales que trabajan en el ámbito de la protección ciudadana. Reconoceremos los períodos en misiones internacionales a lo largo de su vida profesional, y estudiaremos las condiciones de trabajo, incluida la jornada, de los profesionales de mayor edad.

109. En el nuevo marco de competencias de la reforma del Estatuto, sobre

“coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios”, regularemos el estatuto profesional de estos cuerpos, con el objeto de evitar desigualdades y homologar tanto la formación como la carrera profesional.

110. Promoveremos programas específicos para la detección y atención temprana

de emergencias, al mismo tiempo que se implantarán de modo gradual en el ámbito local en concierto con los Ayuntamientos.

111. Elaboraremos un plan especial de emergencias por inundaciones y ante el

riesgo de movimientos sísmicos, dadas las características geofísicas de Castilla y León, y contando con los estudios de análisis de riesgos del terreno en toda la Comunidad.

112. Fomentaremos la actividad permanente de las Entidades Locales en materia

de protección civil, así como la creación de asociaciones o agrupaciones de Protección Civil, con recursos para su desarrollo.



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113. Equilibraremos la participación de las administraciones en los órganos de coordinación, consulta y deliberación en materia de protección civil.

114. Impulsaremos la obligación de disponer de planes de emergencia en todos los

edificios públicos de todas las administraciones, especialmente los de la Comunidad Autónoma.

115. Todos los Centros educativos públicos y privados deberán disponer de los

correspondientes planes de evacuación, con simulacros anuales. Se promoverán programas de formación de la población escolar para afrontar diferentes situaciones de riesgo.

116. Elaboraremos un programa para que, en los próximos cuatro años, las

empresas privadas que trabajan con elementos peligrosos o realizan actividades de riesgo, puedan disponer de medidas administrativas para la protección del trabajador, de la propia empresa y del medio ambiente.

117. Promoveremos, en colaboración con las Universidades públicas, las

investigaciones y estudios sobre situaciones de riesgo, y sobre la aplicación de nuevas tecnologías de la e información y la comunicación en el ámbito la protección civil.

118. Buscaremos, en atención de emergencias, el mejor servicio público, integrado

en el Sistema Nacional de Protección Civil. Nuestro objetivo es reforzar el carácter público del 112, de los servicios sanitarios y de la lucha contra los incendios forestales, garantizando la responsabilidad de la Administración ante la sociedad, facilitando sus mecanismos de gestión, y sistemas de evaluación.



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6.- Más autonomía para el mundo local: Mejores servicios para los ciudadanos. La reforma del Estatuto de Autonomía ha dedicado un título completo al poder local que los socialistas vamos a desarrollar con voluntad política municipalista, desde el convencimiento de que el buen gobierno de la Comunidad no es posible sin un mundo local competente, con capacidad económica y bien organizado, con el que la Junta de Castilla y León coopere abiertamente, sin ninguna tentación de control o subordinación. La tradición municipalista de Castilla y León, la diversidad de sus instituciones locales, y sus formas tradicionales de cooperación en Comunidades de Tierra, de Villa y Tierra y Asocios, entre otras, constituyen uno de nuestros patrimonios institucionales más relevantes, que estamos obligados a mantener y poner al día en clave democrática y de servicio público. Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, más del 27 % de todos los de España; 9 provincias, más que cualquier otra Comunidad Autónoma, y más de 2.200 entidades locales menores, el 60% de todas las de España. Cuenta además con una Comarca y más de 200 mancomunidades. El 22% de los municipios tiene menos de 100 habitantes y el 53% entre 100 y 500 habitantes. Este es el mapa del gobierno local en Castilla y León para la prestación de servicios en casi 6.000 núcleos de población. El 20% de los ciudadanos viven en el 87 % de los municipios, con menos de 1.000 habitantes. Más de la mitad de la población vive en los 15 municipios con más de 20.000 vecinos. En Castilla y León, por tanto, se extrema la situación de inframunicipalismo que afecta a nuestro país, por lo que son más necesarias las instituciones de cooperación entre Ayuntamientos y los dispositivos de apoyo a sus políticas desde las Diputaciones provinciales y desde la propia Administración autonómica. El PP ha mantenido bloqueado el desarrollo del régimen local de Castilla y León durante la pasada legislatura bajo el pretexto de un pacto local que ofrecía a los Ayuntamientos la transferencia o delegación de servicios y potestades que, en buena parte de los casos, éstos jamás habían reclamado, por lo que no se ha hecho efectiva ninguna de ellas. Esto explica la precariedad económica de los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla y León. Los recursos gestionados por ellos distan mucho de la media nacional (más de 100 € por habitante y año en el caso de los Ayuntamientos y en torno a 70 € en el de las Diputaciones). Castilla y León está entre las Comunidades que menos y peor financia a sus Ayuntamientos. La única financiación que puede considerarse tal, porque está parcialmente condicionada, sólo alcanza a los municipios de más de 20.000 habitantes a los que distribuye poco más de 4 € por habitante. Por otro lado el PP ha legislado y publicado decretos y órdenes añadiendo obligaciones a los Ayuntamientos sin compensación económica alguna. En los



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pocos casos que ha comprometido compensaciones lo ha incumplido. El caso más escandaloso en la pasada legislatura ha sido el incumplimiento de cofinanciar los costes de aplicación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, comprometido en la propia Ley. Pero si la cooperación económica es escasa, la cooperación técnica no existe en absoluto. Los Ayuntamientos no han podido estos años contar con la Junta de Castilla y León. Con las Diputaciones aún menos. Están concebidas por el PP como meros instrumentos de control político y gestionadas con una pasividad de la que resultan ejecuciones presupuestarias en torno al 60 %, 20 puntos por debajo de la media española. El resultado es la desventaja de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León en el acceso a servicios públicos locales, que acaban siendo servicios sociales en buena parte de los casos. Las claves de las políticas socialistas para el mundo local, concebidas en términos de mejora de su capacidad para prestar servicios a los vecinos y vecinas, serán el respeto a su autonomía; el cambio en el modelo de financiación, con un incremento significativo de los recursos destinados a este fin; el fomento de todas las formas de cooperación local; el impulso a las funciones propias de las Diputaciones para garantizar la prestación de servicios de competencia municipal y el incremento de la cooperación entre la Junta, los Ayuntamiento y el resto de las Entidades Locales Objetivos

• Proporcionar recursos económicos y organizativos para garantizar la autonomía de las Entidades Locales y mejorar su capacidad para prestar servicios locales de forma equilibrada en todo el territorio.

• Puesta al día de la legislación autonómica local en materia tanto de gobierno y Administración local, como de financiación y cooperación.

• Mejorar la capacidad económica de los Ayuntamientos y otras entidades locales para equiparar sus recursos a la media española y corregir los desequilibrios entre ellos.

• Mejorar la eficacia del mapa local de Castilla y León, promoviendo la constitución voluntaria de instituciones de cooperación entre Ayuntamientos: Comarcas, mancomunidades integrales de ámbito comarcal y áreas metropolitanas.

• Activar el papel de la Diputaciones provinciales, para garantizar la prestación de servicios públicos locales con criterios de equilibrio territorial, para fomentar la cooperación entre Ayuntamientos y promover la sociedad de la información y el conocimiento y la plena incorporación de las TICs.

• Mejorar la cooperación entre las Entidades Locales y la Junta de Castilla y León, con pleno reconocimiento de la autonomía local.



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Medidas 119. Presentaremos una Ley del Gobierno y la Administración Local de Castilla y

León, que prepararemos desde el inicio de la legislatura y aprobaremos en el marco de la nueva legislación básica comprometida por el Gobierno de la nación.

120. Esta nueva Ley definirá un nuevo marco de competencias locales e

incorporará el procedimiento de transferencia y delegación de las mismas, de acuerdo con la legislación básica del Estado y la Carta Europea de Autonomía Local, según los principios de descentralización, subsidiariedad y simplificación administrativa.

121. La Ley del Gobierno y la Administración local, así como la de financiación

local, acordadas con la FRMP y con los grupos parlamentarios, constituirán la base sólida y transparente del Acuerdo de Descentralización Local de Castilla y León, del que participarán todos los Ayuntamientos de la Comunidad y otras entidades locales.

122. El Acuerdo de Descentralización Local de Castilla y León será un acuerdo

social, en el se dará prioridad a la transferencia y delegación de competencias de los servicios sociales, los de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y de prevención de la violencia de género, los culturales, la educación de adultos, la inserción de la población inmigrante y las políticas activas de inserción laboral o la formación ocupacional.

123. Se regulará en esta Ley, de acuerdo con la reforma del Estatuto de

Autonomía, el Consejo de Cooperación Local, un órgano único para “el diálogo y la colaboración institucional, entre la Comunidad Autónoma y las Corporaciones Locales de Castilla y León, en el que estarán representadas con criterios que aseguren la pluralidad política, territorial e institucional”. Este Consejo participará en el desarrollo normativo y reglamentario, así como en los planes, proyectos y disposiciones administrativas que afecten a las Entidades Locales

124. Se fomentarán activamente todas las formas de cooperación local, con

medidas de carácter normativo, económico, de apoyo técnico y liderazgo político, sobre todo aquellas que se propongan con carácter más integral en áreas comarcales definidas por la Junta de Castilla y León como ámbitos para el fomento del desarrollo local, para la garantía de acceso a los servicios públicos y para la desconcentración de sus propios servicios periféricos.

125. Promoveremos la constitución de áreas metropolitanas, comarcas y

mancomunidades de servicios integrales de ámbito comarcal, con el apoyo de una financiación adecuada de los planes estratégicos o de desarrollo local del que debe partir su proceso de constitución.

126. La Comunidad autónoma contribuirá a la financiación de los gastos

corrientes de áreas metropolitanas comarcas y mancomunidades de ámbito comarcal, bajo los principios de austeridad, eficiencia y flexibilidad.



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127. Promoveremos una Ley de Comarcas de Castilla y León en desarrollo de la reforma del Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del Estado sobre el Gobierno y la Administración local, con el objeto de regular con carácter general la organización y el régimen jurídico de las Comarcas. Esta Ley contemplará en todo caso la singularidad de la comarca de El Bierzo, por su dimensión geográfica y demográfica y su trayectoria institucional.

128. Se fomentará el papel de la Diputaciones, con las que se coordinará la

política de inversiones locales en el marco de la planificación estratégica del territorio provincial, asociada a objetivos de garantía de prestación de servicios públicos, crecimiento económico, del empleo y fijación de población en el medio rural.

129. Implicaremos a las Diputaciones provinciales en la garantía de los servicios

públicos por comarcas que se definan en las Directrices de Ordenación del Territorio y en la plena incorporación de los Ayuntamientos a la sociedad de la información y el conocimiento, con criterios de equilibrio territorial con especial atención a las zonas periféricas y a las más despobladas y desfavorecidas.

130. Paralelamente al debate de la Ley de Gobierno y la Administración Local de

Castilla y León, una vez se haya definido el nuevo modelo de financiación de las Entidades Locales con cargo a los ingresos del Estado, se propondrá una Ley de Financiación y Cooperación Local de Castilla y León, que desarrolle el modelo de participación en los ingresos de la Comunidad, de acuerdo con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía y del artículo 142 de la Constitución.

131. Los fines de esta Ley serán equiparar a la media española la dotación de

recursos con que cuentan los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla y León, así como corregir los “desequilibrios económicos entre nuestras entidades locales, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos locales a todos los ciudadanos de la Comunidad”.

132. La Ley de Financiación y Cooperación Local definirá una financiación

mínima por habitante y año, de acuerdo con el modelo del Fondo de Solidaridad creado este año por el Gobierno socialista, así como los criterios de actualización, tanto de la financiación local como de la compensación por los servicios transferidos o delegados.

133. Incrementaremos un 50 % los recursos destinados a la cooperación y la

financiación local, con el objetivo de que en 2011 todos los municipios puedan contar con una financiación media incondicionada por habitante y año de 125 €, para equiparar sus recursos disponibles con la media de los Ayuntamientos españoles.

134. Al finalizar la legislatura la mitad de las transferencias de la Junta de

Castilla y León a los Ayuntamientos serán incondicionadas. No se considerará a estos efectos la financiación de las competencias y servicios transferidos o delegados.



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135. Todos los proyectos de ley de carácter sectorial que sometamos a la

aprobación de la Cortes con la previsión de nuevas obligaciones para los Ayuntamientos y otras entidades locales irán acompañadas de la memoria económica con las compensaciones correspondientes.

136. Constituiremos el consorcio e-proximidad para incorporar las entidades

locales a las TIC, desarrollar plataformas de servicios de e-administración en red y constituir instrumentos ágiles de cooperación y gestión. Esta red será el soporte para el asesoramiento y apoyo técnico en línea a las entidades locales.

137. Apoyaremos una mayor participación de los gobiernos locales en la

concepción, gestión y seguimiento de las estrategias y políticas de aplicación de los fondos europeos en Castilla y León, apoyando la máxima concreción en su aplicación territorial, orientada a la cohesión interior.

138. Fomentaremos el modelo de diálogo social incorporado a la reforma del

Estatuto de Autonomía en los municipios de mayor tamaño, en las Diputaciones provinciales y en la Comarca del Bierzo, con el impulso y la cooperación de los agentes económicos y sociales, para fomentar el desarrollo territorial, económico y social.

139. Promoveremos el papel de la FRMP como actor político autonómico para la

defensa de los intereses de todas las entidades locales de Castilla y León y como agente activo para su modernización e incorporación a la sociedad de la información y el conocimiento.

a) Más competencias para los Municipios: La reforma del Estatuto de Autonomía establece que “las competencias de las entidades locales corresponderán a los municipios, salvo que la ley que reconozca tales competencias las asigne a otras entidades locales en las que se agrupen los municipios”. En función de ello proponemos el siguiente marco básico de competencias locales, de las que se derivarán las de comarcas, áreas metropolitanas y Diputaciones, para garantizar su ejercicio equilibrado en todo el territorio en condiciones de eficiencia y eficacia. En el marco de estas competencias municipales que reconocerá la Ley, se efectuarán las transferencias de servicios a las Entidades Locales.

1. Padrón municipal de habitantes. 2. Participación ciudadana, fomento del voluntariado y del asociacionismo. 3. Ordenación de las relaciones de convivencia y del uso de sus servicios,

equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. 4. Patrimonio municipal. 5. Parques, jardines y vías públicas municipales. 6. Participación en la elaboración, diseño y ejecución de infraestructuras de

competencia de la Comunidad Autónoma, en su término municipal. 7. Servicios sociales básicos.



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8. Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres. 9. Protección a la familia. 10. Juventud. 11. Formación ocupacional e inserción laboral. 12. Educación y gestión de instalaciones de los centros públicos en horario

extraescolar. 13. Promoción de la sociedad de la información y el conocimiento. 14. Deportes y gestión de las instalaciones deportivas ubicadas en su término

municipal. 15. Desarrollo local sostenible. 16. Actividades económicas y empresariales en su territorio. 17. Protección del medio ambiente en el término municipal. 18. Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana,

así como de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.

19. Abastecimiento de agua, gestión del ciclo integral y recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

20. Mataderos, mercados y lonjas municipales, seguridad e higiene, control e inspección de alimentos y bebidas

21. Consumo. Protección y defensa de los consumidores y usuarios. 22. Cementerios y servicios funerarios. 23. Prevención y extinción de incendios, protección civil y emergencias 24. Museos y bibliotecas municipales. 25. Patrimonio cultural municipal. 26. Promoción turística. 27. Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 28. Vivienda de protección pública. 29. Tráfico y transporte público colectivo urbano.



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7.- Miramos hacia Europa. La Unión Europea es un proyecto político que tiene su base en valores como la cohesión territorial y social y la igualdad de oportunidades. Cincuenta años de ampliaciones sucesivas, de avances en la integración económica, social e institucional y de progresos cooperativos hacia el federalismo político de Europa, profundizando en los valores democráticos, los derechos humanos y la solidaridad, constituyen un excelente bagaje para la conmemoración de los Tratados de Roma que se ha celebrado en Berlín. Actualmente una Unión Europea de 27 Estados se enfrenta a grandes desafíos. El Consejo Europeo de Lisboa de 2000 fijó un objetivo estratégico para la Unión Europea con horizonte 2010: “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social”. Los pilares de esta estrategia son:

• Preparar el paso a una economía y a una sociedad basadas en el conocimiento.

• Acelerar las reformas estructurales en favor de la competitividad y la innovación.

• Modernizar el modelo social europeo de integración y bienestar, mediante la inversión en capital humano, más y mejores empleos y la lucha contra la exclusión social.

• Mantener sólidas perspectivas económicas y expectativas favorables de crecimiento sostenible aplicando medidas macroeconómicas adecuadas.

El Gobierno de España ha puesto en marcha el Programa Nacional de Reformas, para cumplir esta estrategia y se ha fijado los objetivos de alcanzar en 2010 la convergencia plena en renta per capita y superar en ese año la tasa media de empleo de la Unión Europea. Las regiones europeas y las Comunidades Autónomas españolas tienen amplias e importantes competencias en áreas económicas, sociales y medioambientales, claves para el éxito de la Estrategia de Lisboa y del Programa Nacional de Reformas. Durante el anterior periodo de programación comunitaria Castilla y León ha recibido cuantiosos fondos europeos en su calidad de Región Objetivo 1 para poder aplicar el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006; pero no habido en el PP voluntad política de superar las deficiencias estructurales con una estrategia de desarrollo “convergente” de provincias y comarcas. A la vista de la bipolarización del desarrollo que se percibe en la desigualdad campo/ ciudad, áreas centrales/ bordes de la Comunidad y en las disparidades entre provincias y comarcas, el PP ha preferido el modelo de crecimiento desigual y sesgado al desarrollo territorial equilibrado. Cualquier parámetro comparativo descubre la ineficacia de sus políticas económicas.



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En el nuevo horizonte comunitario 2007-2013, Castilla y León se encuentra en la situación de “phasing in” del objetivo “competitividad y empleo” con claras prioridades vinculadas al relanzamiento de la Estrategia de Lisboa; pero se debe actuar estratégicamente en tres direcciones para conseguir que nuestra Comunidad Autónoma se sitúe, en términos de progreso económico y social, entre las regiones destacadas de Europa:

• Afrontar definitivamente los problemas del desarrollo económico y social que no han sido superados en todo el periodo de aplicación de las políticas de convergencia para lograr una “aceleración” del crecimiento, aumentar el empleo y recuperar población.

• En la nueva arquitectura de la política de cohesión europea 2007-2013, conformar y concertar con los agentes económicos y sociales y las instituciones locales ese nuevo modelo de desarrollo territorial que combine el crecimiento endógeno, la sostenibilidad y el equilibrio entre comarcas y provincias, en la perspectiva de la sociedad tecnológica y del conocimiento.

• En el nuevo contexto de la Unión Europea de 27 Estados y del previsible desbloqueo del Tratado Constitucional, nuestra Comunidad ha de planificar una proyección más amplia en España y en Europa.

Castilla y León debe plantearse como prioridad estratégica aumentar su capacidad de influencia en la decisión de las políticas de la UE que inciden en nuestra Comunidad, de acuerdo con la reforma del Estatuto de Autonomía. Esta participación debe realizarse a través de las instituciones estatales creadas a tal fin, como la Conferencia estatal para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, pero también mediante la representación ante el Comité de las Regiones de la propia Unión, así como a través de la representación permanente de la administración autonómica en Bruselas. Parte del futuro de Castilla y León está en una Europa que nos permitirá dar una respuesta más competente a la globalización de la economía. La exigencia de una mayor participación de nuestra Comunidad en las decisiones europeas requiere, a su vez, corregir el déficit que mantiene el PP de participación de las Cortes de Castilla y León y de los agentes económicos y sociales en la elaboración de los instrumentos de planificación para la aplicación de los fondos europeos, así como en su seguimiento y evaluación. Objetivos

• Mejorar la posición institucional de Castilla y León en la UE. • Mejorar la capacidad de las instituciones de Castilla y León para influir en

las decisiones de la UE y para gestionar sus políticas con eficacia, de acuerdo con el interés general de la Comunidad.

• Implicar a las autoridades locales y a los agentes económicos y sociales en la dimensión territorial de las políticas europeas, con el objetivo de la cohesión interior.

• Dar participación a las Corporaciones Locales en la gestión y seguimiento de los fondos de la UE.



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• Mejorar la cooperación estratégica con las Comunidades vecinas y con

Portugal, en el marco de las políticas de la UE, para mejorar nuestra posición y oportunidades en la decisión y aplicación de las políticas europeas.

• Intensificar las relaciones de la sociedad civil con las instituciones y pueblos de la UE, mejorando la identidad y el sentimiento de pertenencia a Europa.

a) Medidas Institucionales 140. El gobierno Socialista creará, dependiendo de la Presidencia de la Junta de

Castilla y León un departamento específico de Relaciones de Castilla y León con Europa, que será el encargado de coordinar e impulsar todas las políticas relacionadas con la UE.

Incorporará una unidad de Relaciones de Castilla y León con Portugal, para coordinar todas las políticas de cooperación con el país vecino y realizar todas las negociaciones necesarias para un mejor entendimiento transfronterizo.

141. Crearemos la Delegación Permanente ante la Unión Europea, en desarrollo

de la reforma del Estatuto, con una dotación suficiente que asegure una presencia de Castilla y León visible y consistente, apoyada en un amplio consenso político. Su actividad se desarrollará en todos los ámbitos de las políticas europeas.

142. La Comisión de Asuntos Europeos de las Cortes de Castilla y León tendrá

carácter permanente y aportará informes previos sobre los distintos aspectos que a nivel europeo deba acometer la Comunidad en la UE, y someteremos al debate de las Cortes las aportaciones de Castilla y León a la posición común de España ante las instituciones de la Unión Europea.

143. Constituiremos un Consejo de Castilla y León en Europa formado por

representantes del mundo asociativo, empresarial, sindical, académico y otros agentes sociales como foro de análisis y debate sobre la dimensión europea de nuestra Comunidad.

144. Castilla y León reforzará su presencia y participación en el Comité de las

Regiones, defendiendo las posiciones e intereses generales de Castilla y León, donde ordinariamente el Presidente de la Comunidad ha de asumir la representación de Castilla y León en dicho Comité. Se informará a la Comisión de Asuntos Europeos de las Cortes del orden del día y de los asuntos debatidos y acordados en las sesiones.

145. En el ámbito del objetivo de la Cooperación Territorial Europea (2007-

2013), debe multiplicarse la presencia de Castilla y León en las redes de regiones “por el cambio económico” o de “regiones innovadoras” que colaboren en desarrollos de las estrategias de competitividad y empleo aconsejadas por la Comisión Europea.



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146. Reforzaremos la identidad europea, a través de campañas y de una mayor atención a la realidad de la Unión en los centros de enseñanza.

147. Impulsaremos, en cooperación con las asociaciones y colectivos sociales, la

creación de puntos de información europea para acercar todas las iniciativas, convocatorias, programas, subvenciones, etc, a la ciudadanía de Castilla y León.

148. Respecto a la cooperación de Castilla y León con las Comunidades

Autónomas vecinas y las Regiones Norte y Centro de Portugal, se propondrá a los Gobiernos Autonómicos y autoridades de las Regiones Norte y Centro de Portugal la creación de una arquitectura conjunta de coordinación permanente para conformar la Euroregión Ibérica del Noroeste, para el impulso estratégico de políticas publicas de infraestructuras, desarrollo económico, articulación territorial, sostenibilidad ambiental, cohesión social y valorización del patrimonio cultural en el marco de las políticas de los Estados de España y Portugal y de la Unión Europea.

149. Se abrirán delegaciones de nuestra Comunidad en Lisboa y Oporto para

facilitar la cooperación empresarial y comercial y la interacción sociocultural. 150. Fomentaremos la presencia de licenciados y diplomados de nuestra

Comunidad en la función pública de la Unión Europea, y la formación de jóvenes de nuestra Comunidad para ser interlocutores permanentes en las diversas materias relacionadas con Europa.

151. Promoveremos la formación de jóvenes castellanos y leoneses para que

sean protagonistas de la nueva Europa contribuyendo a su desarrollo, favoreciendo su movilidad a través de programas de turismo formativo.

b) Gestión de las políticas de la Unión Europea 152. Concertaremos con los agentes económicos y sociales y la Federación

Regional de Municipios y Provincias la adaptación de los instrumentos de planificación para el período 2007-2013 al modelo territorial. Estos instrumentos serán sometidos a informe del CES y al debate y dictamen de las Cortes de Castilla y León. Esta planificación general será el marco de referencia –y seguimiento- que articule las estrategias contra la despoblación, de reequilibrio territorial y convergencia interna, el marco de competitividad y empleo.

153. En el marco del Plan o Documento Integrado de Programación del Desarrollo

de Castilla y León 2007-2013, se articularán mecanismos de coordinación entre la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias para establecer y desarrollar una agenda plurianual que refuerce el papel de los municipios y diputaciones en el desarrollo equilibrado y sostenible, y su contribución a la política de cohesión social y reequilibrio territorial en Castilla y León. En especial se dispondrán medidas e instrumentos financieros específicos para alcanzar progresivamente la convergencia interna, que permitirán a los gobiernos locales participar directamente en la gestión y seguimiento de los fondos europeos.



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154. Incorporaremos al sistema de programación de los Fondos Estructurales

mayor concreción territorial de las políticas comunitarias con el refuerzo transversal de los territorios “estructuralmente más débiles”, como las áreas rurales, en la potenciación de redes empresariales, de transporte, de telecomunicaciones, en las estrategias de desarrollo e innovación tecnológica, etc.

155. Desarrollaremos los instrumentos estadísticos para el seguimiento de los

objetivos marcados por la Unión Europea, y las estrategias propias de la Comunidad Autónoma para la gestión de fondos europeos.



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8.- Castilla y León en el Mundo: Compromiso de Solidaridad. Castilla y León, que pertenece a las sociedades ricas y avanzadas del primer mundo, tiene conciencia de su situación en el escenario internacional, en el que gran parte de la población, del llamado tercer mundo, vive al borde de la miseria. Por ello y en consonancia con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, la cooperación al desarrollo se convierte en una obligación para la sociedad a la que pertenecemos. Combatir la pobreza y las desigualdades es una obligación ética y de justicia. Siendo este unos de nuestros objetivos, creemos que un mundo más justo y más solidario superará con mayor facilidad los grandes retos de la humanidad. Los relacionados con el desarrollo económico y social de los países más desfavorecidos y su inserción en la economía internacional en condiciones de justicia, el cambio climático, la seguridad, la estabilidad política y la paz. Por otro lado, el modelo de crecimiento genera una deuda ecológica entre el Norte y el Sur del planeta en términos medioambientales y de sostenibilidad. La cooperación al desarrollo tiene que contribuir eficazmente a la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la conservación del medioambiente, la igualdad de género y el respeto a la diversidad cultural. La solidaridad internacional es innegociable para los Socialistas de Castilla y León y constituirá una política a medio y largo plazo, que contribuya a corregir las causas estructurales y a modificar las reglas del juego de las relaciones internacionales que perpetúan la dependencia y los desequilibrios económicos y sociales. La reforma del Estatuto de Autonomía establece que “en su acción exterior los poderes públicos de Castilla y León promoverán la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la prohibición de cualquier forma de discriminación y la cooperación al desarrollo” Estos serán los principios que orientarán la acción exterior de Castilla y León, con un gobierno socialista que profundizará en ellos con pasión, en estrecha colaboración con las Entidades Locales y con las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo (ONGD), como expresión solidaria del conjunto de la sociedad. El PP ha incumplido la Ley de Cooperación al Desarrollo de 2006 en los primeros presupuestos en que ha tenido la oportunidad de hacerlo, los de 2007, pues su incremento se aleja, en lugar de acercarse al objetivo del 0,7% en menos de dos legislaturas, que esta Ley establece. Nuestras políticas en esta materia estarán orientadas en primer lugar al cumplimiento generoso de la Ley y, después, a liderar un esfuerzo compartido de las instituciones y la sociedad castellana y leonesa para construir un mundo más justo y más sostenible, desde el convencimiento de que la lucha contra la pobreza necesita políticas compartidas entre el norte y el sur y, en el norte, políticas compartidas entre las instituciones y la sociedad civil.



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El Planeta genera suficientes recursos y las tecnologías generan oportunidades que, si son gestionadas desde una perspectiva de solidaridad, harían posible una vida digna para la humanidad y un mundo más justo y sostenible para las futuras generaciones. Nuestras prioridades estarán en el refuerzo de nuestra presencia solidaria en América Latina, con la que mantenemos fuertes lazos de hermandad y en el arco Sur- Mediterráneo, sin olvidar a las regiones y países del África subsahariana. Renovaremos y pondremos al día los instrumentos rectores de nuestra cooperación al desarrollo, a partir de una concepción del desarrollo humano sostenible basada en la cultura de la paz y el respeto a las personas y las comunidades como sujetos activos de su propio desarrollo. Objetivos

• Contribuir a alcanzar los Objetivos del Milenio, fijados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000, para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer, hacia los que el mundo avanza de forma demasiado lenta y desigual. Estos objetivos constituirán nuestras prioridades sectoriales en materia de Cooperación al Desarrollo.

o Erradicar la pobreza extrema y el hambre. o Lograr la enseñanza primaria universal. o Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. o Reducir la mortalidad infantil. o Mejorar la salud materna. o Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. o Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. o Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

• Contribuir al cumplimiento de la agenda internacional para el desarrollo y al

conjunto de los acuerdos y tratados internacionales promovidos por las Naciones Unidas en esta materia.

• Sensibilizar a la Sociedad castellana y leonesa sobre la necesidad de la Cooperación al Desarrollo, como la mejor herramienta para erradicar la miseria en el tercer mundo, contribuir a la justicia e igualdad entre todos los seres humanos y superar la inestabilidad política y avanzar en la paz y seguridad mundial.

• Situar la financiación de las políticas de Cooperación al Desarrollo en el 0,7% de los recursos propios del presupuesto de la Comunidad en menos de dos legislaturas.

• Crear mecanismos de ayuda humanitaria y de protección civil, conjuntamente con las ONGD y otras asociaciones, que coordinen la respuesta de Castilla y León en casos de catástrofe y emergencia humanitaria, con el envío de ayuda urgente de material y personal de socorro y ayuda alimentaria.

• Promover institucionalmente el comercio justo en Castilla y León, como un elemento alternativo y fundamental para una relación solidaria y equitativa entre productores del tercer mundo y consumidores del primer mundo.



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Medidas: 156. Incrementaremos la dotación presupuestaria en materia de Cooperación al

Desarrollo entre un 20 y un 25% anual, hasta alcanzar el 0,7% de los recursos propios de los presupuestos de la Comunidad antes del plazo de dos legislaturas fijado por la Ley 9/2006 de Cooperación al Desarrollo.

157. Apoyaremos proyectos de Cooperación al Desarrollo que fomenten

iniciativas ecológicas y el uso sostenible de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y los valores de paz y solidaridad.

158. Apoyaremos la cooperación y ayuda técnica de las universidades, empresas

y Entidades Locales, en los ámbitos de la transferencia e implantación de tecnologías y sistemas de producción limpias, la lucha contra el cambio climático y la restauración de la biodiversidad, así como de instrumentos de gestión de servicios locales con criterios de participación y sostenibilidad.

159. Fijaremos presupuestos específicos y diferenciados para ayuda humanitaria

de emergencia, cuya gestión obedecerá a criterios de urgencia y agilidad propios de este tipo de situaciones.

160. Realizaremos campañas de información y sensibilización sobre los

desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los pueblos, y sus graves consecuencias en las condiciones de vida y supervivencia de la persona. Apoyaremos proyectos dirigidos a crear una más amplia conciencia social sobre la situación de la mayoría de los habitantes de los países en vías de desarrollo.

161. Promocionaremos proyectos educativos que incorporen la educación para la

paz y la solidaridad, los valores de la convivencia, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

162. Potenciaremos el Consejo de Cooperación al Desarrollo, dándole contenido

efectivo y convirtiéndolo en un órgano de cooperación público- privado para la coordinación de la acción exterior solidaria de las instituciones y la sociedad de Castilla y León.

163. Pondremos en marcha dispositivos de información y transparencia –

disponibles a través de internet- sobre el uso de los fondos destinados a la cooperación internacional y a la ayuda humanitaria y de emergencia. Exigiremos y facilitaremos a las ONGD que reciban financiación de la Administración autonómica, la misma transparencia.

164. Promoveremos hermanamientos solidarios con regiones de países

subdesarrollados donde se realicen acciones de Cooperación al Desarrollo. Estos deben servir como un instrumento que canalice la solidaridad y cooperación de las instituciones y las sociedades entre las comunidades hermanadas y que ayude al fortalecimiento institucional, y a la transferencia de capital humano y tecnológico.



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165. Apoyaremos las iniciativas de comercio justo y comercio responsable, que

combaten la grandes diferencias entre el precio que pagan por un producto los consumidores del primer mundo y el que se les paga a sus productores del tercer mundo, dando un impulso a esta actividad con líneas específicas de apoyo a su establecimiento y a su red de relaciones comerciales.

166. Reforzaremos la vinculación de la Administración autonómica y del Consejo

de Cooperación al Desarrollo con los organismos del Estado, de la UE y de las NNUU, para mejorar la coherencia, la complementariedad y la eficacia de los recursos y las políticas de Cooperación al Desarrollo.



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Área 2

Políticas Sociales para la igualdad de

Oportunidades de las familias y las personas



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9.- La salud es lo primero: Un servicio público accesible y de calidad. La protección de la salud mediante una política sanitaria eficiente, ágil y capaz de prestar una atención sanitaria de calidad a los ciudadanos constituye uno de los pilares del Estado del Bienestar. Es obligación de la Comunidad Autónoma garantizar a los castellanos y leoneses una prestación sanitaria en condiciones de igualdad. Sin embargo, el sistema sanitario público castellano y leones ha venido sufriendo un importante deterioro durante el gobierno del Partido Popular, desde que asumió –mal negociadas- las competencias de sanidad. Es necesario mejorar la accesibilidad (lista de espera y proximidad de los servicios a los ciudadanos, transporte sanitario – a la demanda y programado-) y la calidad de la asistencia. Y hacerlo con criterios flexibles, abiertos e innovadores. Pero, además de la falta de planificación y de importantes errores estructurales y de organización en la gestión sanitaria, el PP tiene prevista la privatización encubierta del Sistema Público de Salud, de forma que sean los recursos públicos quienes soporten el gasto de la iniciativa privada. Este es el caso de la fórmula de financiación empleada en el nuevo hospital de Burgos, en el que la iniciativa privada ha recibido el encargo de la construcción del hospital a cambio de la privatización de servicios, por lo que revisaremos el contrato de explotación previsto para el este hospital. Por otro lado, el PP tiene una política, bien conocida, de derivación de un gran número de pacientes desde el Sistema Público de Salud hacia el privado, provocado por la insuficiente inversión del gobierno autonómico en el área sanitaria. Estas actuaciones no solamente están demostrando el fracaso de la administración del PP, sino que en algún caso han producido un sistema de corrupción sin precedentes, en el que las responsabilidades penales están aún pendientes de resolución judicial y las políticas nunca se han asumido. El PSCyL rechaza, por razones de transparencia y de lealtad a los ciudadanos, estas fórmulas de gestión que, bajo la excusa de descentralización y agilidad en la gestión, provocan desviación ilegítima de dinero público al sector privado. Por otro lado, el PP está utilizando la precariedad en el empleo como medida de coacción hacia los profesionales y empleados públicos del Sistema de Salud. El Partido Socialista cree firme e inequívocamente en una concepción integral de la salud, por lo cual el servicio público ha de incorporar tanto acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, como actuaciones asistenciales, rehabilitadoras, de cuidados paliativos y de reinserción social. El Partido Socialista sitúa su propuesta en el escenario de los importantes y rápidos avances científicos y técnicos, así como en los cambios estructurales que se están produciendo en nuestra sociedad. Entre ellos se cuentan importantes hallazgos en biología y genética molecular, genómica y proteómica, la



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incorporación generalizada de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como nuevos y cada vez más rápidos cambios sociales, como la incorporación de inmigrantes o el progresivo envejecimiento de la población. Todo ello obliga a un replanteamiento del Sistema Público de Salud de Castilla y León en el que se tenga en cuenta el entorno cambiante en el que nos encontramos. El nuevo enfoque será especialmente sensible al reconocimiento de nuevos derechos y a una mayor participación de los ciudadanos en la determinación de objetivos, en la toma de decisiones, y en la corresponsabilidad. Mejorará, por tanto, la legitimación del propio sistema público con el acercamiento de las decisiones a todos los agentes del sistema. Objetivos

• Optimizar el bienestar de las personas en sus vertientes psicológica, física y de relación interpersonal y social, así como su mejor integración en el entorno familiar, laboral y social.

• Facilitar el acceso de los ciudadanos al Sistema Público de Salud,

mejorando el transporte sanitario y reduciendo las listas de espera a través de la implantación de los procesos asistenciales integrados, de la descentralización de las consultas y de la mejora del circuito asistencial dentro del sistema.

• Promover la mejora de la calidad del proceso clínico integral (prevención,

diagnóstico, asistencia, tratamiento, rehabilitación y reinserción sanitaria y socio sanitaria), incluyendo los procesos estratégicos (planificación y gestión), operativos (asistenciales, atención al ciudadano, riesgos laborales) y de apoyo (hostelería, limpieza seguridad).

• Aplicar nuevos planes y programas de buena práctica clínica en la

asistencia sanitaria.

• Mejorar la calidad de los programas de prevención y de promoción de la salud y de estilos de vida saludables.

• Mejorar las Carteras de Servicios, adaptándolas a la realidad social y a las

necesidades de los ciudadanos, con especial atención a la planificación de la salud mental y la salud bucodental.

• Mejorar los procesos de dirección, gestión y administración de recursos

humanos con los siguientes criterios: o Adaptación de la dotación de personal a las necesidades reales del

Sistema de Salud. o Formación, y Especialización o Promoción y Carrera Profesional. o Participación en la toma de decisiones.

• Promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito

sanitario, con la implantación de nuevas tecnologías de salud y socio- sanitarias, cuya aplicación ha de ser sometida a procesos de evaluación y mejora sistemáticos.



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• Preparar el sistema para incorporar los avances en biología molecular, en

tecnología de la comunicación y de la imagen, en informática y en biotecnología que se van a producir en un futuro inmediato.

a) Medidas de carácter general 167. Gestión económica. Las medidas de transparencia que aplicaremos al

conjunto de la Administración autonómica mejorarán la eficacia del gasto, en especial de los procesos de obras y concertación con el sector privado. Pretendemos mejorar el conocimiento y la capacidad planificadora de los equipos, tanto en atención primaria como especializada. Se establecerá una central de compras del SACyL que permita desarrollar más eficientes economías de escala.

168. Modernización: Integraremos en el Sistema Público de Salud los últimos

avances científicos y tecnológicos que permitan mejorar el proceso clínico. El compromiso con la modernización también contempla los aspectos relacionados con la intimidad, el confort, la seguridad y la hostelería hospitalaria.

169. Cultura de la calidad en la prestación de servicios, Compromiso con la

mejora continua del proceso asistencial integrado. 170. Desarrollaremos un Programa de inversiones en nuestros Hospitales y

Centros de Atención Primaria con una dotación de 1.600 M€ hasta 2011. 171. Una nueva Política de personal que evite el clientelismo político impulsado

por el nuevo Estatuto Jurídico, incentive el compromiso con el sistema sanitario público y esté guiada por la transparencia y la igualdad de oportunidades. El empleo de calidad y la formación serán los ejes básicos que permitan mantener la vinculación de los nuevos profesionales con nuestro sistema, facilitando el cambio generacional que necesitamos.

172. En el ámbito de la formación nos comprometemos a la supervisión del

proceso enseñanza-aprendizaje, a reelaborar la carta de derechos y deberes de los residentes, así como a revisar su vinculación contractual con la Administración, contemplando las rotaciones, guardias, permisos, etc. Elaboraremos el Libro Blanco del Residente y nos comprometemos a reconocer la labor e incentivar el trabajo de los tutores de residentes.

173. Más participación de los empleados del Sistema Público de Salud en la toma

de decisiones, mejorando las actuales estructuras participativas, descentralizando decisiones, e impulsando nuevas fórmulas de gestión en aquellos grupos que voluntariamente lo deseen, con las condiciones de evaluación que se establezcan.

174. Mejoraremos la participación e implicación de los ciudadanos y de las

instituciones locales en las decisiones organizativas para aumentar la responsabilidad ciudadana y el uso adecuado del sistema sanitario.



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175. Implicaremos de manera más activa a los pacientes, familias y asociaciones de pacientes y enfermos en su propio proceso terapéutico.

b) Atención Primaria La atención primaria tiene capacidad para integrar los recursos tanto asistenciales como socio-sanitarios, de salud pública o estrictamente sociales que permiten atender las necesidades de los ciudadanos. Este aspecto integrador de recursos, unido a su carácter de puerta de entrada a la asistencia sanitaria, hacen posible un conocimiento más cercano de las necesidades de las personas y de la Comunidad. El PP, sin embargo, ha mantenido la Atención Primaria en la escasez de infraestructuras y personal, lo que le ha impedido ejercer su función de eje del sistema sanitario público de Castilla y León. 176. El PSOE se compromete a crear una mesa de debate profesional y social

para mejorar la Atención Primaria en Castilla y León, de acuerdo con nuestras características y necesidades específicas. Este debate partirá del documento Estrategias para la Atención Primaria y las definidas en el compromiso de Buitrago, con el propósito de situar la Atención Primaria y el conjunto del sistema sanitario público de Castilla y León en condiciones de prestar el mejor servicio público a los ciudadanos.

177. Reformaremos en profundidad la atención primaria, dotándola de más

recursos, de más financiación y de más profesionales: nuestro objetivo es incorporar 1.000 nuevos profesionales (médicos de familia, pediatras, fisioterapeutas y otras especialidades) hasta 2011.

178. Realizaremos los ajustes necesarios para conseguir una atención mínima de

10 minutos por paciente, el mismo día en que se pide la cita. Aumentaremos las plantillas y mejoraremos la organización del trabajo para dar solución a los problemas de masificación y exceso de jornada de los profesionales. La jornada que se atendrá a las recomendaciones de las directivas europeas. Los incrementos de plantilla afectarán a todo el personal.

179. Presentaremos un nuevo modelo de atención continuada, que elimine el

trabajo precario y cree ofertas de empleo competitivas que hagan atractivo a los profesionales sanitarios trabajar en Castilla y León.

180. Mejoraremos la accesibilidad ampliando la actividad de los centros durante

la tarde en aquellas poblaciones en que los datos demográficos y de demanda lo aconsejen.

181. Pondremos en marcha un Plan de Infraestructuras y Recursos de Atención

Primaria adecuado a las necesidades de la medicina del siglo XXI, con prioridades y objetivos acordados con los agentes del sistema, coherentes con los movimientos de población y sus proyecciones. Los Centros de Salud y los consultorios locales tendrán un equipamiento mínimo homogéneo.



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182. Además construiremos al menos 20 Centros de Salud para atender las nuevas demandas generadas por la expansión de nuestras ciudades o alfoces.

183. Todos los ciudadanos tendrán acceso a unidades de Fisioterapia en

Atención Primaria. Se establecerán los plazos de implantación de este servicio en el Plan de Infraestructuras y Recursos, priorizando aquellos centros que atiendan población más envejecida.

184. Informatizaremos todos los Centros de Salud y consultorios, con equipos

fijos o móviles para que sea posible una sanidad en red, con transmisión de datos clínicos y diagnósticos, compartiendo la información entre niveles asistenciales, y facilitando la accesibilidad de los pacientes de áreas periféricas por esta vía. El impulso a estos procesos garantizará en todo momento la confidencialidad de los datos y su custodia en el ámbito del servicio público.

185. Generalizaremos la aplicación de la receta electrónica en colaboración con

otras CCAA y con el propio Ministerio. Se establecerán acuerdos con las farmacias de la Comunidad para desarrollar su aplicación práctica. Esta medida tendrá como finalidad el mejor control de los tratamientos y la desburocratización de las consultas.

186. Aumentaremos la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, mejorando

la accesibilidad a pruebas diagnósticas, y con la incorporación de este nivel asistencial a los Centros de Alta Resolución que se pondrán en marcha en la Comunidad.

187. Crearemos la figura del dentista de cabecera, que se encargará de la

atención dental de las poblaciones que progresivamente vayan siendo atendidas por este servicio. En esta legislatura al menos los menores de 18 años, personas con discapacidad, embarazadas, mayores de 65 años, y todos los procesos preventivos independiente de la edad de los usuarios.

188. Aumentaremos el número de pediatras hasta conseguir una ratio similar a la

de las Comunidades mejor dotadas. Incorporaremos incentivos para aquellos profesionales que trabajen en zonas periféricas o compartan más de un lugar de trabajo.

189. Mejoraremos la atención de las personas mayores con la promoción de la

práctica de la geriatría coordinada en todos los ámbitos asistenciales. 190. Incrementaremos las unidades de apoyo de salud mental, salud bucodental,

geriatría, cuidados paliativos, podología y trabajo social, que permitan un mejor servicio y mejoren la accesibilidad.

191. Potenciaremos los programas de prevención y atención al tabaquismo y al

alcoholismo. 192. Potenciaremos la formación de los profesionales de atención primaria en

materia de prevención y asistencia a las drogodependencias, singularmente el tabaquismo y el alcoholismo.



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193. Potenciaremos los programas comunitarios e prevención de las drogodependencias, en cooperación con los servicios sociales básicos.

194. Estableceremos un Plan de Formación propio, y se facilitará la formación

con medios ajenos. La formación propia se establecerá de forma inmediata con un mínimo de 40 horas por cada profesional y año dentro del horario laboral. El uso de las TIC permitirá impulsar la gestión del conocimiento en red.

c) Atención Especializada La Atención Especializada es determinante para la calidad de los servicios sanitarios. Las excesivas listas de espera tanto para cirugía como para consultas o pruebas diagnosticas, son el principal elemento de queja por parte de los ciudadanos. La incorporación de los hospitales provinciales a la red del SACyL ha condicionado una desigual distribución de las camas hospitalarias y un desequilibrio en su dotación, por lo que es necesaria una evaluación de la calidad de la atención en cada área asistencial. No existen o son insuficientes los centros destinados a la atención de pacientes con patologías crónicas o discapacidades, a la prestación de cuidados paliativos, y a la atención a enfermos terminales, siendo cada vez más demandados y necesarios estos servicios por el envejecimiento de la población. El Partido Popular, al adjudicar la construcción y gestión de los servicios hospitalarios de Burgos al sector privado, ha apostado por la privatización de la sanidad pública. La gestión privada de la sanidad dará lugar, en caso de llevarse a cabo, a una confusión de intereses entre lo público y privado, entre la calidad del servicio y la rentabilidad económica, sustrayendo al control público y parlamentario futuras decisiones del sector. Si la gestión del hospital de Burgos se encomienda definitivamente a empresas del sector sanitario privado, la calidad del servicio se resentirá, y el modelo de una sanidad concebida como servicio público pasará a ser sustituido por otro cuyo interés primero será el negocio privado. Por este motivo el Partido Socialista propone potenciar el Sistema Público de Salud con las siguientes medidas: 195. Hacer efectiva la igualdad en el acceso al sistema sanitario, con la máxima

descentralización posible de las consultas y extendiendo a las tardes la actividad en los Centros Sanitarios, con un plan de trabajo normalizado y programado para reducir significativamente las listas de espera.

196. Potenciaremos la cirugía mayor ambulatoria, la hospitalización a domicilio y

los hospitales de día. 197. Crearemos nuevas unidades de geriatría y cuidados paliativos e

incrementaremos las plantillas en aquellas especialidades con más déficit de profesionales, como anestesia, alergología, oftalmología o traumatología.



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198. Promoveremos la creación de la Unidad de Investigación y Atención Integral a la fibromialgia en Ávila.

199. Impulsaremos la creación de la Unidad de Investigación y Atención Integral

a la esclerosis múltiple en León. 200. Estableceremos, de acuerdo con la Reforma del Estatuto de Autonomía, una

nueva Ley de Garantía de plazos máximos de espera en intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnosticas, asegurando la transparencia en la gestión de las citas. Sus objetivos serán:

• Atención primaria en el día de petición de cita. • Atención especializada en menos de 25 días. • Pruebas diagnósticas en menos de 12 días. • Patología Quirúrgica General en menos de 45 días

Se establecerán mecanismos que permitan distintos niveles de urgencia en

relación con la gravedad de las patologías, lo que conllevará una reducción de los plazos descritos.

201. Instalaremos puntos de información sobre listas de espera en centros del

Sistema Público de Salud, a los que se podrá acceder también a través de Internet con los controles necesarios en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

202. Impulsaremos el desarrollo tecnológico y la modernización de nuestros

hospitales. El déficit tecnológico del conjunto del sistema, además de crear desigualdades en la protección de la salud respecto a otras Comunidades, son un importante elemento desmotivador entre el personal sanitario.

203. Crearemos una red de Hospitales Comarcales y Centros de Alta Resolución

(CER) que mejoren el acceso de los ciudadanos a la atención especializada y acerquen los servicios a menos de 30 minutos de su lugar de residencia.

Construiremos, por tanto, el hospital de Benavente. Pero también

contemplamos la dotación de hospitales o Centros de Alta Resolución al Valle del Tiétar en Ávila, Astorga – La Bañeza, Cistierna y Villablino en León, Guardo en Palencia, Ciudad Rodrigo en Salamanca, y Cuéllar en Segovia. Además pondremos en marcha planes específicos de modernización en los hospitales de Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina del Campo. De igual modo firmaremos nuevos convenios con Cantabria, Castilla La Mancha, Asturias y Aragón para la utilización de servicios en hospitales próximos a nuestro territorio, como Arriendas en Asturias, Reinosa en Santander, Talavera en Toledo o Tarazona en Zaragoza. La entrada en servicio de estos centros de proximidad contribuirá a consolidar la garantía de plazos máximos de respuesta. Estos centros estarán organizados a partir de los procesos asistenciales integrados, lo que implica la integración entre atención primaria y atención especializada.

Rescataremos para el sistema público de salud la gestión de los hospitales

en los que se hayan realizado procesos de concesión. Integraremos el nuevo hospital de Burgos en la red pública sanitaria de Castilla y León. Para ello revisaremos el contrato de adjudicación de las obras y de explotación de los



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servicios, con el fin de garantizar un sector sanitario público, moderno e igualitario para toda la Comunidad Autónoma.

204. Garantizaremos el derecho de los pacientes a una segunda opinión medica y

facilitaremos la libre elección de medico y centro de atención. 205. El Plan Director de todos los complejos hospitalarios incorporará la dotación

mayoritaria de habitaciones individuales e instalaciones que favorezcan la intimidad de los pacientes. Los hospitales de nueva construcción tendrán el 100% de habitaciones individuales.

206. Pondremos en marcha el proyecto hoteles de pacientes y familiares, que

con recursos de la red sanitaria y convenios con centros hosteleros, permitirá la estancia de enfermos y, en su caso, familiares cuando se deban recibir asistencia sanitaria fuera de su provincia de residencia.

207. Implementaremos un Plan de Gestión de Calidad en toda la red del SACYL.

Ninguna organización moderna puede sobrevivir sin impulsar procesos de calidad, sobre todo las que, como el sector sanitario, incorporan rápidos avances tecnológicos en una organización compleja.

Las políticas de calidad serán participativas, con la implicación de todos los actores del proceso sanitario; se basará en el principio de mejora continua, y tendrá evaluaciones periódicas. La evaluación de este plan será una de las prioridades permanentes de la Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas.

208. Estableceremos una adecuada colaboración entre la atención especializada y

la atención primaria. Impulsaremos la aplicación de tecnologías que permitan compartir la historia clínica y estableceremos normas y procedimientos para el seguimiento del proceso clínico y la colaboración entre niveles.

209. Extenderemos progresivamente la telemedicina para facilitar el diagnóstico y

el tratamiento, mejorando la capacidad de resolución de la atención primaria y la accesibilidad de los pacientes.

210. Promulgaremos la Ley Integral de Salud Sexual y Reproductiva de Castilla y

León y crearemos una unidad que permita eliminar las listas de espera en el servicio de Reproducción Asistida.

211. Estudiaremos con los representantes de los empleados públicos la creación

de escuelas infantiles en los centros hospitalarios, donde exista necesidad. También podrán prestar servicio a hijos pacientes.

212. Fomentaremos la formación de los profesionales, tanto con medios propios

como ajenos. El plan de formación propio permitirá un mínimo de 40 horas de formación por cada profesional y año dentro del horario laboral. El uso de las TIC permitirá impulsar la gestión del conocimiento en red.



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d) Un nuevo sistema de urgencias y emergencias. En una Comunidad como Castilla y León, caracterizada por la extensión geográfica y la dispersión de núcleos de población, es necesario impulsar la modernización del sistema tanto de urgencias como de emergencias. Es preciso mejorar la coordinación, estabilizar y aumentar las plantillas, delimitar competencias, establecer mecanismos de cooperación e informar a los ciudadanos y ciudadanas de lo que pueden esperar de cada servicio. Por ello proponemos: 213. Incremento en todas las provincias de las dotaciones de UVIs móviles con

personal especifico. 214. Separación progresiva de las urgencias y las consultas de atención primaria,

con el objetivo de descargar las jornadas de trabajo de los equipos de atención primaria, separando ambas actividades y haciendo contratos estables al personal que atiende las urgencias.

215. Los centros de atención continuada deberán contar, al menos con dos

profesionales. 216. Fomentaremos activamente que la población acuda en primera instancia a

las urgencias de atención primaria, de forma que se descongestionen los servicios de urgencias de los hospitales.

217. En el primer trimestre de la nueva legislatura se iniciara una mesa de trabajo

que estudie las necesidades de personal de las urgencias y emergencias, en la que participaran al menos los representantes de los empleados públicos, las sociedades científicas, las entidades locales y la administración. En esta mesa se estudiaran los posibles cambios de modelo.

e) Salud Mental La estrategia de salud mental y asistencia psiquiátrica en Castilla y León del PP ha fracasado, porque no garantiza la continuidad de cuidados, y porque ha olvidado aspectos fundamentales de coordinación con otros dispositivos del área de salud y de la red de recursos informales existentes en la sociedad, así como la reinserción de los enfermos mentales en sus familias y en la sociedad. A ello se unen graves problemas de gestión de los recursos que propician dificultades de accesibilidad de los ciudadanos a los servicios existentes. Consecuencia de ello ha sido el desconcierto y malestar de la población con unos servicios de salud mental ineficaces. Las quejas ante el Procurador del Común han dado lugar a un seguimiento pormenorizado por su parte, que no ha surtido ningún efecto en el gobierno autonómico. El Partido Socialista de Castilla y León pretende poner fin a esta situación de desorganización, ineficacia y derroche, planteando una Nueva Estrategia en Salud Mental basada en las siguientes líneas:



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218. Integración de todos los recursos de salud mental en una red única,

coordinada con el nivel de Atención Primaria. Incluimos los recursos de asistencia social de la Comunidad Autónoma y la red de recursos informales de las diferentes organizaciones sociales, garantizando de esta forma la continuidad efectiva de los cuidados.

219. Garantizaremos tiempos de espera con objetivos progresivamente

ambiciosos para el acceso a los servicios de salud mental, en el nivel ambulatorio y hospitalario y en el tránsito entre los distintos dispositivos de asistencia e inserción.

220. Crearemos programas de educación sanitaria dirigidos a grupos de riesgo en

materia de salud mental, gestionados desde la atención primaria en coordinación con los equipos de salud mental.

221. Crearemos un equipo de salud mental itinerante en cada provincia para

atender al medio rural. Ampliaremos la cobertura de desplazamientos de psiquiatras a todas las zonas rurales y semiurbanas de la Comunidad.

222. Mejoraremos la dotación de profesionales de los equipos de psiquiatría

infanto-juvenil. 223. Incrementaremos el número de unidades de hospitalización psiquiátrica en

todas las áreas de salud de la Comunidad. Crearemos 100 nuevas unidades de rehabilitación psiquiátrica en Castilla y León.

224. Incrementaremos el número de camas y mejoraremos la dotación de

personal de la Unidad Psiquiátrica de referencia de Castilla y León, situada en el hospital Santa Isabel de León, trasladando a todos los pacientes no psiquiátricos que actualmente ocupan camas en el mismo.

225. Incrementaremos el número de pisos tutelados en cada una de las

provincias. Ampliaremos a todas las de la Comunidad la oferta de miniresidencias para personas con enfermedad mental.

226. Pondremos en marcha programas de hospitalización parcial, hospitales de

día y atención a domicilio en todas las provincias. 227. Crearemos unidades de psico-geriatría en todos los hospitales de la

Comunidad. 228. Garantizaremos la reinserción social, laboral y familiar de las personas con

problemas de salud mental y, cuando ello no sea posible, estableceremos vías que permitan el acceso a recursos socio-sanitarios y residenciales financiados con fondos públicos.

229. Incorporaremos el conjunto de los dispositivos asistenciales de atención a

las drogodependencias –programas, centros abiertos, comunidades terapéuticas, etc.- a la red de asistencia psiquiátrica.



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f) Sanidad Privada. Un modelo de cooperación transparente. El PSOE de Castilla y León propone el modelo de Sistema de Salud de aseguramiento único, público y gratuito, financiado a través de los presupuestos públicos, como el instrumento mas apropiado para atender las necesidades sanitarias de la ciudadanía con equidad, disminuyendo las desigualdades ante el sistema de salud. Apostamos, por tanto, por la provisión de servicios mediante recursos sanitarios públicos con preferencia sobre los privados. No obstante, somos conscientes de que existe un tejido asistencial de naturaleza privada que debe ser tenido en cuenta, sobre todo, en lo referente a su inspección y control, de responsabilidad pública. Actualmente el gasto sanitario privado supone casi el 30 % del gasto sanitario total. En Castilla y León hay más de 275.000 personas aseguradas -sobre una media de aseguramiento privado del 12,2 %-, de las cuales 160.000 proceden de la Administración Pública y tienen aseguramiento sanitario único financiado por las mutualidades (MUFACE, MUJEJU e ISFAS) con asistencia a través de los respectivos conciertos con entidades de seguros sanitarios. A esto hay que añadir la atención que prestan los centros sanitarios privados en accidentes de tráfico, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, listas de espera y hospitalizaciones de media y larga estancia. La progresiva necesidad de mejora de los recursos públicos con nuevos medios diagnósticos y de tratamiento, y la garantía de calidad de las prestaciones sanitarias y hosteleras, se verá incrementada por factores tales como el envejecimiento de la población, la inmigración, los planes de “tiempo máximo de respuesta”, la corrección de desigualdades territoriales y la necesidad de renovar y ampliar los recursos públicos actuales. Por ello seguirá siendo necesario el concurso de la sanidad privada, cuyo papel habrá que redefinir y regular, ejerciendo el control público sobre su funcionamiento y recursos mínimos exigibles para garantizar estándares de calidad y seguridad aceptables. La dejación más o menos interesada de estas obligaciones por parte del Partido Popular, ha producido la aparición y consolidación de centros sanitarios privados cuyo único objetivo es maximizar sus resultados económicos con pocas garantías. 230. Desarrollaremos el Decreto 49/2005 por el que se establece el régimen

jurídico y el procedimiento para la autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, reglamentando los requisitos para el funcionamiento de éstos, así como la inspección periódica en orden a su cumplimiento. Regularemos las unidades necesarias según la tipología de cada centro y las condiciones de personal, estructura y equipamiento que debe reunir cada una, así como las normas mínimas de funcionamiento.

231. Realizaremos auditorias sobre el cumplimiento de los requisitos declarados -

y no comprobados en la actualidad- por los centros concertados para la reducción de las listas de espera de Sacyl. En caso de incumplimiento revocaremos los conciertos como garantía para la salud de los ciudadanos que son derivados a estos centros.



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232. Pondremos en funcionamiento sistemas de indicadores que desde hace tiempo utilizan los centros públicos para conocer la capacidad asistencial, la actividad, así como la calidad de sus prestaciones, como la medición del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) y la agrupación de pacientes por isoconsumo de recursos (GRD´s).

g) Salud pública, un nuevo reto para el siglo XXI. A pesar de que la salud pública fue transferida hace más de 20 años, la importancia que se ha dado a este sector ha sido insuficiente. Las crisis alimentarias o las enfermedades emergentes exigen respuestas que son sólo posibles con inversiones que permitan desarrollar la salud pública. El control del agua, del aire y los alimentos es solo una parcela de análisis que unos servicios de salud pública modernos deben llevar a cabo. Es necesario también diagnosticar nuestra situación de salud, nuestros riesgos, así como las dificultades de acceso a los servicios de salud. Desde la salud pública se deben plantear soluciones técnicas y medidas de prevención, promoción, educación o gestión sanitaria. Unos servicios de salud pública exigentes necesitan un nuevo diseño, y presupuestos adecuados. La próxima legislatura deberán establecerse las bases de este nuevo modelo de salud pública y entre ellas las siguientes: 233. Aumento presupuestario que permita impulsar el resto de medidas. 234. Aumento de personal. Las reestructuraciones llevadas a cabo en esta

legislatura en los cuerpos de farmacéuticos y veterinarios han aumentado la dedicación horaria pero han disminuido los efectivos. Para desarrollar las funciones del modelo propuesto deberán incorporarse nuevos profesionales de estas y otras especialidades.

235. Nuevos medios técnicos, que permitan análisis propios, faciliten la función

inspectora y tengan garantías contrastadas en los procesos sancionadores. 236. Crearemos o daremos un impulso a los siguientes programas de salud

pública: promoción de hábitos saludables en el ámbito de la atención primaria –ejercicio físico y cuidado de la alimentación-, prevención de enfermedades mentales y adicciones, salud sexual y afectiva, salud laboral, prevención de accidentes, seguridad alimentaria, salud medioambiental y salud en la escuela.

237. Transformación del Instituto de Salud Publica de Soria en una Escuela de

Salud Pública que impulse políticas trasversales de salud, de formación de profesionales y de los ciudadanos, investigue y haga propuestas de mejora de nuestro sistema de salud; que sea motor de innovación, de debate y de conocimiento.

238. Se establecerán mecanismos de colaboración entre los sistemas educativo

y sanitario públicos con el objeto de: • diseño y la aplicación de programas de educación para la salud. • atención Educativa a niños hospitalizados o convalecientes en su

domicilio.



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h) La Agencia de Seguridad Alimentaria. Es obligación de los poderes públicos garantizar la capacidad de elección de los contribuyentes. Ello implica más información sobre los procesos de elaboración y manipulación de los productos, sobre sus componentes y propiedades, y sobre los efectos para la salud y el medio ambiente. La política de seguridad alimentaria es una función de las Administraciones públicas que no elimina ni reduce las obligaciones de los titulares de las actividades de la cadena alimentaria, que son los primeros responsables legales de la seguridad de sus productos. Los operadores económicos deben ser conscientes de su responsabilidad en el cumplimiento de la normativa que regula estas actividades. Por su parte, es función de las autoridades competentes promover la aplicación de prácticas correctas y controlar el cumplimiento de dicha normativa. En nuestro entorno la intervención de los poderes públicos en seguridad alimentaria se ha ajustado tradicionalmente a un sistema de organismos múltiples, en el cual cada organización ha dado respuesta a los problemas desde una perspectiva sectorial, dispersión que muchas veces ha generado carencias de coordinación. La Agencia de protección de la salud y seguridad alimentaria, de la Junta de Castilla y León es una simple reagrupación de los anteriores Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública a todas luces insuficiente, mal estructurada y peor dotada para dar respuesta a un sistema integrado de evaluación y vigilancia de riesgos para la salud, asociados a las materias primas, las prácticas de explotación agrícola-ganadera y las actividades de procesamiento distribución y venta de alimentos. Objetivos

• Prevenir las enfermedades relacionadas con los alimentos así como reducir su incidencia y prevalencia a niveles mínimos razonablemente posibles.

• Prevenir y reducir la exposición de las personas a los agentes capaces de causar enfermedades por vía alimentaria.

• Mejorar nivel de confianza en el sistema castellano y leones de seguridad alimentaria.

• Mantener un elevado nivel de protección de los intereses de los ciudadanos en todos los ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria: Sanidad, alimentación y bienestar de los animales; sanidad vegetal y cualidades de los productos de la cadena alimentaria.

• Promover la lealtad de las transacciones comerciales en todo lo relativo a la seguridad alimentaria.

Medidas 239. Adaptaremos la estructura, dotación y marco jurídico de la Agencia de

protección de la salud y seguridad alimentaria a las exigencias nacionales y europeas en esta materia, para que las necesidades de los consumidores se satisfagan con calidad y seguridad.



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240. Integraremos en la estructura orgánica de la Agencia a todos los

profesionales cuya actividad incida directamente en la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal, sanidad ambiental e higiene y seguridad de los alimentos, y de manera particular los que han venido desarrollando sus funciones en materia de control e higiene de los alimentos: Veterinarios, Farmacéuticos y Epidemiólogos. En el caso de los farmacéuticos se cubrirá las plazas dejadas vacantes por la expulsión de profesionales por parte del actual gobierno del PP.

241. Crearemos en la estructura de la Agencia plazas de especialistas, en los

sectores productivos más representativos, así como un grupo de auditores a fin de cumplir la normativa europea.

242. Impulsaremos los sistemas de evaluación de riesgos en Sanidad y Bienestar

Animal para avanzar en el conocimiento de los problemas y de las posibles soluciones, desde una concepción transversal e integrada de toda la cadena alimentaria, así como en todas las etapas del proceso de análisis del riesgo.

243. Estimularemos la colaboración y cooperación de todos los participantes en

la cadena alimentaria, ya que es necesario crear y mantener alianzas con los sectores implicados.

244. Mejoraremos el nivel de seguridad alimentaria con acciones orientadas a los

siguientes propósitos: • Mejora de la vigilancia de las enfermedades de origen alimentario • Prevención y disminución de riesgos alimentarios mediante la

eliminación o reducción de peligros en la cadena alimentaria. • Mejora de la confianza de los ciudadanos en relación con la seguridad

alimentaria i) Formación e investigación El campo sanitario está siendo en los últimos años un motor de la investigación y el desarrollo, que posteriormente han tenido aplicaciones prácticas en el sector de la salud, pero también en otros campos del conocimiento. Nuestra Comunidad no ha sabido aprovechar y desarrollar la capacidad científica de nuestras universidades. La participación de la Junta en los proyectos investigadores ha sido siempre escasa, por falta de miras, por estrictos motivos ideológicos o por falta de interés en apoyar acciones conjuntas con el gobierno de España. El PSOE considera que el conocimiento es el mejor elemento de progreso que puede darse en una sociedad avanzada, y por tanto impulsará un marco formativo e investigador estable, en el que se aprovechen las sinergias entre los proyectos estatales, los de la iniciativa privada, los de las universidades o los proyectos propios de la administración sanitaria.



64

Teniendo en cuenta la importancia que en el sector sanitario tiene la propiedad intelectual y la protección de datos médicos y genéticos, el PSOE se compromete a cumplir y hacer cumplir toda la normativa que preserva estos derechos. 245. Se desarrollarán en la Comunidad los programas Ingenio 2010, Cenit,

Torres Quevedo, Consolider, Avanz@, y la colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y los programas del FIS.

246. Promoveremos la constitución de estructuras estables de Investigación

Cooperativa en el área de Biomedicina y Ciencias de la Salud, en el marco del ya mencionado Programa Ingenio 2010, así como la participación en las redes temáticas de investigación cooperativa –RETICS- y los centros de investigación biomédica en red –CIBER–

247. Se impulsará la participación en el programa de estabilización e

intensificación de la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud, participando en los procesos de acreditación de institutos de investigación sanitaria.

248. Se incrementará la presencia de los investigadores e investigadoras de

Castilla y León en otras líneas estratégicas del Instituto de Salud Carlos III como son:

249. El Programa Nacional de Investigación en Enfermedades Raras, la

Investigación en e-Salud, las actividades de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE), la investigación en terapia celular y medicina regenerativa, acorde con la nueva Ley de Investigación Biomédica. Se creará un banco autonómico de células de cordón umbilical.

250. Mención especial merece el desarrollo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, fundación adscrita al ISCIII, con sede en Salamanca.

251. Se aumentarán las becas, los contratos de investigación y las acciones

especiales que permitan aumentar el número de investigadores en la Comunidad.

252. El Partido Socialista promoverá todas las actuaciones que el CSIC pueda

desarrollar e la Comunidad de Castilla y León. Sobre todo en las áreas científico técnicas de biología y biomedicina y ciencia y tecnología de los alimentos.



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10.- La educación es la clave Castilla y León debe contar con gestores educativos que compartan el espíritu que anima la nueva Ley de Ordenación de la Educación y que la desarrollen en toda su dimensión. La calidad de los sistemas educativos modernos viene dada por la mayor o menor capacidad de desarrollar el potencial de los alumnos; de propiciar su integración plena en la sociedad y de capacitarles para tomar más protagonismo en la vida productiva de la Comunidad. A estos grandes objetivos deberá tener acceso de modo equitativo la totalidad de la población escolar. Las políticas desarrolladas por el PP han sido responsables de un retroceso educativo histórico en la Comunidad. Si se analiza el estado actual de la Educación en Castilla y León nos encontramos con una realidad progresivamente desigual y empobrecida: Se han descuidado los programas de atención a la diversidad o sobreviven de modo simbólico; no se ha abordado el reto de la población inmigrante; la población rural sigue discriminada con respecto a la urbana y la Educación de Personas Adultas y las Enseñanzas Especiales están abandonadas. Lo mismo ocurre con la enseñanza bilingüe o la utilización de las aulas de nuevas tecnologías. Por eso no puede sorprender la evolución adversa de los datos que reflejan la calidad de nuestro sistema educativo. Se percibe una caída de los niveles de eficacia y de equidad. Castilla y León, que se distinguió siempre por el alto nivel educativo de su población, significativamente superior a la media nacional, que históricamente tuvo en ello una de sus mayores riquezas y su mayor motivo de orgullo, ve hoy cómo esos niveles han descendido y se sitúan claramente por debajo de esa media.

EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE TASA DE IDONEIDAD EN 4º CURSO DE ESO ENTRE CASTILLA Y LEÓN Y EL

CONJUNTO DE ESPAÑA

53

54

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1991-92 1992-93 1993-94 2001-2002 2002-03 2003-04

Cast illa y León

España

En el caso de la Formación Profesional se anunció en 2003 un Plan de Formación Profesional, deficiente y sin proyección de futuro, que debía concluir en 2006. Ha concluido ese plazo con un clamoroso incumplimiento, hasta el punto que se presentó por el PP el plan siguiente sin evaluar el anterior, privándolo, por tanto, de toda credibilidad.



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La concepción que el PP tiene de las escuelas infantiles como nivel meramente asistencial y no educativo está en el origen de todos los problemas acumulados en esta etapa. El resto de niveles educativos tienen problemas derivados de la falta de financiación, de la escasez de recursos, que los mantiene anticuados y los imposibilita para la incorporación a la dinámica de una educación moderna y de calidad, y les impide, además, ser instrumento de acceso a la sociedad del conocimiento por carecer de los recursos personales y tecnológicos precisos. Sólo la alta conciencia profesional de los docentes permite mantener unos niveles de rendimiento aún aceptables. Los profesores han de hacer frente en precario a la dificultad que supone la creciente diversidad del alumnado en unos centros con un esquema de funcionamiento anticuado, sin estímulos para desempeñar su dirección, sin apenas administrativos (inexistentes ya en los centros de Educación Primaria) y con dotaciones económicas escasas e inferiores a las que disfrutan las Comunidades de nuestro entorno. Hora es ya de que el buen hacer del profesorado reciba algo más que reconocimiento retórico y se le presten los medios y recursos que legítimamente reclama. Por otra parte, desde la asunción de las competencias, el PP ha puesto en marcha una política de máxima centralización, reduciendo las Direcciones Provinciales a meros servicios administrativos, sin ninguna capacidad de decisión propia y a las Unidades de Programas Educativos, que fueran en otro tiempo elementos básicos para la innovación educativa, a meros apéndices burocráticos carentes de sentido. Especialmente grave es el tema de la evaluación y supervisión de los centros escolares. La creciente profesionalización de la Inspección de los gobiernos socialistas se ha sustituido en Castilla y León por una inspección inestable, interina, sometida a la voluntad política, de la que depende su permanencia en la función inspectora y, por lo tanto, desprofesionalizada. Frente a este estado de cosas, conviene recordar que la Educación en esta Comunidad fue, en un tiempo aún reciente, creativa, dinámica y, en ocasiones, puntera, y que la inercia actual puede y debe romperse. Los ciudadanos de Castilla y León se merecen unos servicios educativos diferentes a los que tienen actualmente. Otro modo de hacer las cosas es posible y en este momento ya imprescindible. Debe recuperarse la tensión por lograr equidad y calidad en nuestra Educación. El sistema educativo ha de integrar a toda la población en edad escolar y prestar atención diferenciada a aquellos que tienen cualquier tipo de dificultad para enfrentarse a los estudios por razón de su lugar de residencia, su cultura, su ambiente, o su capacidad. La primera función de la Administración es la de prestar los recursos precisos para llevarlo a cabo. Es el momento de preparar el cambio educativo que Castilla y León necesita. El instrumento que suponen la LOE y la LOU tendrá un desarrollo muy diferente, con políticas de quienes creemos en ella. Una Junta de Castilla y León gobernada por el PSOE atenderá a la invitación que la LOE hace respecto a la relación entre administraciones, cooperando de forma leal con la Administración Central, pero también iniciará una política franca de



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relaciones fluidas y estrechas de cooperación con los Ayuntamientos con capacidad gestora suficiente, con las comarcas y otras supramunicipales y con las Diputaciones Provinciales para la cogestión de servicios, o la delegación de competencias cuando sea oportuno.

a) Una educación moderna y de calidad Iniciado el siglo XXI, la organización de los Centros públicos y sus infraestructuras -especialmente en las zonas rurales- nada tienen que ver con un modelo compatible con la Sociedad del Conocimiento. La modernización de los recursos anunciada a bombo y platillo por el PP no se ha efectuado. Se dijo que se facilitaría un ordenador portátil a cada profesor para introducir en el aula recursos multimedia y no se ha cumplido. Los edificios que se construyeron en la década de los 70 no se han mantenido adecuadamente y el PP no ha previsto procedimientos eficaces para atender en las debidas condiciones su mantenimiento. En muchos casos se incumplen las normas de seguridad. Los Centros carecen de personal administrativo suficiente –especialmente la mayoría de los de Educación Infantil y Primaria - siendo los Equipos Directivos quienes tienen que realizar las, a veces complejas y laboriosas, tareas administrativas. Tampoco se dispone de un mínimo de personal sanitario para poder hacer frente a contingencias que inevitablemente se producen, ni mucho menos para atender necesidades sanitarias permanentes. Se carece de personal cualificado para mantener los sistemas informáticos. Las aulas no difieren mucho de las de décadas anteriores: no hay dotación para biblioteca de aula y, en algunos casos, ni para biblioteca de centro ni para recursos audiovisuales. El mobiliario no es adecuado para un alumnado con otras características físicas. En definitiva, si la modernización de los recursos didácticos, infraestructuras y organización de los centros definen los estándares de calidad del sistema educativo, nuestra propuesta educativa se deberá basar en alcanzar el máximo nivel posible. Medidas 253. Propondremos un acuerdo social y ciudadano en Castilla y León para

mejorar el sistema educativo de la Comunidad. Ejes de ese acuerdo serán la aprobación de una Ley de Educación de Castilla y León y la puesta en marcha de un programa ambicioso de inversión en equipamientos educativos: Esto significa más Escuelas Infantiles (0-3 años), más colegios e institutos y una apuesta clara por la modernización de nuestros centros educativos. La inversión total prevista hasta 2011 superará los 1.500 M€.



68

254. Extenderemos con carácter general el aprendizaje de lenguas extranjeras en

el sistema educativo de Castilla y León. Implantaremos la enseñanza bilingüe desde la Educación infantil hasta el resto de los ciclos y enseñanzas antes de 2011.

255. Impulsaremos la modernización de nuestro sistema educativo, incorporando

las Nuevas Tecnologías a cada aula de nuestros colegios e institutos. 256. Llevaremos a cabo una política de descentralización y autonomía de las

direcciones provinciales en beneficio del sistema educativo y de los ciudadanos.

257. Crearemos una unidad técnica específica que se encargue de la

modernización, mantenimiento y reparaciones en los centros. 258. Dotaremos a los Centros de personal administrativo suficiente y del

personal cualificado para el mantenimiento de los sistemas informáticos. 259. Dotaremos de personal de apoyo suficiente para tareas asistenciales a los

Centros que imparten Educación Infantil. 260. Diseñaremos un plan específico y gradual para la mejora del mobiliario. 261. Elaboraremos un plan específico de equipamientos deportivos escolares,

con un planteamiento de los mínimos educativos necesarios, que atienda al número y a la edad de los alumnos de los Centros.

262. Estableceremos medidas de apoyo, a los docentes en general y a los tutores

en particular, como elementos esenciales en el desarrollo educativo de los alumnos.

b) Enseñanzas Educación Infantil La LOE ha devuelto a este ciclo su carácter educativo, clarificando los objetivos y principios pedagógicos que deben regir el funcionamiento de los centros. La etapa se divide en dos ciclos (de 0 a 3 y de 3 a 6 años) pero da un carácter educativo a toda la etapa, que plantea el desarrollo físico, afectivo-social e intelectual de los niños y niñas. Y exige, además, la cooperación de los padres y madres con los Centros. Así, todos los Centros que impartan al menos un año de educación infantil deberán elaborar una propuesta pedagógica, en la que se contemplen áreas de experiencia y desarrollo, sobre un Currículo base que han de especificar las Administraciones Educativas. Del mismo modo éstas han de regular los requisitos que deben cumplir los Centros relativos a las instalaciones, relación numérica profesor-alumno y el número de puestos escolares.



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Medidas 263. Crearemos 125 Centros de Educación Infantil y generalizaremos la oferta de

plazas para niños y niñas de 0 a 3 años con la creación de 12.500 nuevas plazas de carácter público. La Consejería de Educación deberá colaborar en el mantenimiento y gestión de los Centros dependientes de los Municipios.

264. Completaremos la escolarización total de 3 a 6 años. Para ello se ofrecerán

suficientes plazas de carácter público. 265. El horario de permanencia en las escuelas infantiles deberá tener en cuenta

la situación laboral de las familias. Las Escuelas Infantiles deberán contar con comedor escolar de carácter educativo que facilitando a los niños un menú acorde con las necesidades nutritivas de la edad, propicie la conciliación de la vida escolar y laboral.

266. Cada grupo limitará su ratio a VEINTE alumnos por unidad en el segundo

ciclo. En el primer ciclo: 8 menores de un año por unidad; 12, entre uno y dos años, y 18, de dos a tres años.

267. Deberá existir una coordinación efectiva tanto entre el primer ciclo y el

segundo ciclo de Educación Infantil (con un protocolo elaborado al efecto) como en el paso del último año de Educación Infantil (cinco años) a Primer Curso de Primaria, en beneficio de la continuidad educativa de los alumnos.

268. Se contemplará la acción de equipos de orientación psico-pedagógica, para

resolver con más eficacia y oportunidad los problemas de desarrollo físico e intelectual que condicionan la propia autonomía y el aprendizaje.

269. Facilitaremos a los alumnos del 2º Ciclo de Educación Infantil actividades

extraescolares que complementen su educación, y faciliten la conciliación de la vida escolar y laboral de los padres.

Educación Primaria La Educación Primaria de Castilla y León carece de recursos para desarrollar una enseñanza personalizada que contemple el ritmo madurativo y de aprendizaje de cada alumno. Faltan, igualmente, medios para detectar a tiempo las dificultades de aprendizaje y de inadaptación social. La política educativa del PP ha ahondado las desigualdades entre la población escolar rural y urbana por el escaso apoyo económico que se ha prestado a la enseñanza pública en el ámbito rural. Existe total desconexión entre los Proyectos Educativos de los Centros y los nuevos programas de ampliación horaria (conciliación de la vida familiar y escolar): madrugadores, centros abiertos, etc., a causa de que estos programas han sido adjudicados a las empresas privadas que han presentado las condiciones económicas más baratas, con lo que los proyectos carecen a veces de la calidad necesaria y de un planteamiento educativo incardinado en el Centro donde se imparten.



70

Desde que el PP gestiona las competencias en Educación, ha disminuido drásticamente la dotación económica de mobiliario, de material didáctico, etc. de los Centros. Tampoco existen los recursos necesarios para abordar el verdadero aprendizaje de la lengua extranjera y la formación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde edades tempranas. Medidas 270. Estableceremos una ratio máxima de veinte alumnos por aula con carácter

general, flexibilizándola a la baja en función de características geográficas o sociales.

271. Dotaremos de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y

Audición y Lenguaje en función del número de alumnos con dificultades de aprendizaje y de las características de los mismos, según los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales.

272. Atenderemos de forma preferente a los Centros situados en contextos

sociales más desfavorecidos, tanto en una disminución de la ratio, como en dotación de recursos (económicos, materiales y personales). Igualmente, dotaremos a estos Centros con profesorado especializado en la formación e integración de alumnos inmigrantes de diferentes nacionalidades y culturas, para evitar su fracaso escolar.

273. Incrementaremos los recursos para reforzar las áreas instrumentales de

todos los alumnos en sus aspectos básicos (lectura, escritura y cálculo). 274. Extenderemos la enseñanza bilingüe a todos los centros educativos de la

Comunidad, aportando la formación adecuada al profesorado y la implantación de los programas de secciones lingüísticas de manera eficaz y operativa.

275. Dotaremos de profesorado especializado en TIC a todos los centros,

estableciendo propuestas de formación adecuadas al conjunto del colectivo docente.

276. Elaboraremos programas eficaces de formación permanente del

profesorado, que favorezcan el compromiso real de éste con la escuela. Potenciaremos el trabajo de las tutorías, los equipos de ciclo e interciclo, con horario específico de dedicación del profesorado, para mejorar la atención y coordinación educativa.

277. Dotaremos a los Centros de Educación Primaria e Infantil de personal

administrativo y auxiliar necesario, así como de recursos económicos suficientes para asegurarles un funcionamiento adecuado.

278. Coordinaremos todos los servicios complementarios que oferte cada Centro

(madrugadores, comedor, transporte, actividades extraescolares...), según la planificación aprobada por el Consejo Escolar.



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279. Estableceremos una comunicación continuada entre las organizaciones que

canalizan la participación de madres y padres en la comunidad educativa y la Administración, de modo que se establezca una verdadera corresponsabilidad de las familias en la gestión de la educación.

280. Aprobaremos un protocolo de actuación con los Ayuntamientos, para

abordar con eficacia el problema del absentismo escolar, protegiendo así el derecho del niño a la Educación y el grave problema de la exclusión social para el futuro.

Educación Secundaria Obligatoria La política educativa del PP para la Educación Secundaria ha propuesto un modelo elitista que margina al alumnado con dificultades educativas, devalúa la enseñanza pública y no tiene en cuenta las dificultades a las que se enfrentan los profesionales de la enseñanza. En consonancia con esta política, los recursos destinados a la Educación pública en esta etapa se han ido recortando año tras año, especialmente los destinados a dar respuesta a la diversidad del alumnado. Esta situación ha conducido a una degradación de la calidad de la Educación, que se ha hecho más patente en la enseñanza pública. Se desatienden aspectos tan importantes como la coordinación entre los centros de primaria y secundaria, la atención al alumnado inmigrante, los problemas de convivencia en los centros, la incentivación de la acción tutorial y la problemática del medio rural. El PP ha olvidado la atención a las necesidades de una sociedad incorporada a la Unión Europea. Tampoco se han potenciado áreas vitales como las nuevas tecnologías, las materias científico-técnicas o los idiomas extranjeros. Y apenas se ha dado algún paso para potenciar la formación del profesorado, la investigación educativa o los intercambios entre alumnos y profesores con otros países de nuestro ámbito. Medidas 281. Facilitaremos la incorporación de los alumnos de Primaria a los centros de

Secundaria mediante una serie de medidas: el impulso a la acción tutorial, coordinación entre los centros de Primaria y de Secundaria y planes de apoyo y refuerzo para las pruebas extraordinarias de septiembre.

282. Reforzaremos los programas de atención a la diversidad: materias optativas,

desdobles, grupos flexibles, programas individualizados y aumento de plantillas. 283. Potenciaremos la labor tutorial que deberá tener un respaldo normativo y un

reconocimiento del esfuerzo que conlleva. Reforzaremos la coordinación del profesorado que imparte docencia al mismo grupo de alumnos.



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284. Generalizaremos la enseñanza bilingüe, desdoblando los grupos de más de

veinte alumnos, contratando profesores especialistas y potenciando la formación en lenguas extranjeras del profesorado. Además se favorecerán programas de colaboración e intercambio con otros países.

285. Promoveremos la generalización del uso de las tecnologías de la información

y la comunicación en los centros, incentivando proyectos concretos elaborados por los propios centros y con partidas presupuestarias adecuadas.

286. Prestaremos atención especial a la población inmigrante, facilitando su

integración en los centros y escolarizándola de una forma equitativa entre todos los centros educativos para evitar una excesiva polarización.

287. Aseguraremos los desdobles y las dotaciones adecuadas para la

imprescindible mejora de la formación tecnológica y de investigación científica de los alumnos.

288. Crearemos Centros de atención preferente con mayores dotaciones,

especialmente en las zonas rurales. 289. Desarrollaremos el carácter de la Educación Secundaria no sólo como una

forma de acceso a la Universidad, sino también como una vía de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

Bachillerato Los estudios de Bachillerato están concebidos fundamentalmente para capacitar a los alumnos para el acceso a estudios superiores de carácter profesional o universitario. Ambos objetivos son compatibles y de similar importancia, sin que pueda olvidarse que el Bachillerato en sí faculta para el acceso al mundo laboral. Sin embargo, el actual modelo está aún demasiado contaminado por su antigua concepción de camino exclusivo a la universidad, lo que ha disminuido su polivalencia. Como consecuencia, siendo las tasas brutas de escolarización y aún de titulaciones en Bachillerato altas en Castilla y León, su eficacia es deficiente, significativamente inferior al conjunto de España.

ALUMNOS QUE PROMOCIONAN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO

62646668707274767880

Castilla yLeón

España Cataluña PaísVasco



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El incumplimiento del Plan de Formación Profesional, por parte del PP, es responsable en buena medida de esta falta de eficacia de los estudios de Bachillerato. Cualquier medida que se adopte para la mejora del Bachillerato deberá tener en cuenta la totalidad del sistema, de forma que los alumnos tengan posibilidades reales de elección y no opten obligados por las circunstancias. La medida adoptada por la LOE de realizar una única prueba de acceso a la Universidad debe ser saludada como un elemento de calidad que reste ansiedad a los estudiantes y no someta a los Centros a procesos de selección de una complejidad inviable. En todo caso deberá estudiarse en profundidad el rendimiento del Bachillerato, sus posibles causas de ineficacia y poner los remedios que sean precisos. Medidas 290. Mejoraremos los procesos de orientación vocacional de los alumnos a fin de

que se orienten hacia el Bachillerato sólo aquellos que realmente lo deseen. 291. Cumpliremos el principio de equidad facilitando el acceso a quienes tengan

algún tipo de dificultades o prestando el apoyo necesario a quienes por sus características motóricas, sensoriales o mentales requieran apoyos para estudiar.

292. Propiciaremos una enseñanza más activa, con mayor implicación de los

alumnos, en consonancia con la propuesta para las universidades del proceso de Bolonia.

293. Estableceremos un sistema de conexiones con otros estudios y con la

experiencia, estableciendo sistemas de validación y certificación de conocimientos.

294. Fomentaremos la participación de los alumnos en la vida de los Centros y

en la gestión de los mismos, así como la vida asociativa de los alumnos. 295. Modernizaremos los Centros, ajustando su gestión en todos los sentidos a

los requerimientos de un modelo educativo de calidad. 296. Dotaremos a los Centros de instalaciones, materiales y personal necesario

para la atención de bibliotecas, talleres, laboratorios, recursos informáticos, mantenedores de redes informáticas, etc.

Formación Profesional La demanda social de un Sistema Educativo estable, consensuado y perdurable en el tiempo tiene, sin lugar a dudas, un referente en la Formación Profesional Reglada:



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Desde el año 1990, en que se publicó la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), la estructura de la FP (ciclos formativos de grado medio y superior) no se ha modificado por ninguna de las leyes posteriores. Siguen estando vigentes los objetivos que se enunciaron en la Ley del 1990:

• Un sistema de Formación Profesional de calidad con vigencia actual y alcance de futuro.

• Una Formación Profesional basada en la competencia profesional. • Una Formación Profesional capaz de integrar a los diferentes subsistemas.

En definitiva, se trataba de configurar un modelo de FP capaz de dar respuesta y adaptarse a los requerimientos dinámicos del mercado de trabajo y que contribuyera de manera eficaz a al desarrollo local y regional. Desde el año 1990 hasta la fecha, se han producido cambios importantes para Castilla y León: transferencias educativas; modificaciones significativas en los sectores productivos (pérdida de peso de la agricultura y aumento del sector servicios; protagonismo de la construcción hasta suponer casi el 30% del PIB; aparición de sectores emergentes como el agroalimentario, el pizarrero, etc). Mientras tanto la estructura de la FP en Castilla y León ha permanecido ajena a los cambios sociales y económicos. Un ejemplo que evidencia la escasa respuesta de la política realizada por el PP desde 1999, en la capacidad de adaptar la oferta de FP a las demandas del Sistema Productivo, lo encontramos en datos que afectan al Plan de Formación Profesional para Castilla y León: El 5% de la oferta de Ciclos Formativos pertenece al sector de la construcción. Sin embargo, el peso de este sector en PIB autonómico supera el 30%. Tasas de población escolar y alumnos titulados de Grado Superior en el curso 2002/2003

(Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia).

05

10152025303540

P.Vasco

Asturia

s

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Castilla

y Le

ón

Cantab

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Galicia

Tasa Población %Titulados GS %

Observando el gráfico en el que se ha tomado como referencia la tasa de titulados de Grado superior, se ve que a poblaciones escolares similares el número de titulados es inferior al de otras Comunidades de nuestro entorno. Desde que Castilla y León asumió las competencias en materia educativa, el desarrollo de la FP ha sido muy bajo:



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• No se ha avanzado en la integración de los tres subsistemas de Formación Profesional. El número de Centros integrados es escasísimo.

• No se tiene prevista una red de Centros. • La oferta de FP a distancia es inexistente. • No se ha completado la revisión de los Ciclos Formativos en función de los

requerimientos del mercado de trabajo. • No se han desarrollado proyectos de orientación profesional, dirigidos a los

trabajadores y empresarios para favorecer la recualificación e inserción laboral.

• Los Centros educativos carecen de autonomía para convenir acciones de formación con los sectores empresariales.

• Tampoco existe un modelo de FP para las zonas rurales que compense las desigualdades geográficas.

• No existe un plan de Formación Profesional especialmente dirigido a los trabajadores inmigrantes.

El PP presentó en el año 2003 el “Plan de la Formación Profesional de Castilla y León”. El documento establecía cuatro líneas de actuación y veinticuatro programas. Cada uno de estos programas tenía una asignación económica para su financiación, con un coste total que ascendía a 1.018.176.100 €. No se ha cumplido. Basta un ejemplo: El programa 23, que hace referencia a la mejora de equipamiento e instalaciones de centros de FP, no contempla los costes de construcción y equipamiento de nuevos centros. En enero de 2007, el PP anunció el 2º Plan de Formación Profesional para Castilla y León. A la vez reconocía la enorme diferencia entre el nivel de desarrollo de la FP en el País Vasco, por ejemplo, en relación con nuestra Comunidad Autónoma y, añadían su voluntad de “copiar de los mejores”. Los ciudadanos de Castilla y León nos merecemos políticas con ideas que no se limiten a copiar de otros. La Administración Educativa tiene la responsabilidad de implantar una FP de calidad que atienda a las necesidades de formación y que contribuya al desarrollo económico y social, basada en la equidad para que la formación llegue al conjunto de los ciudadanos. Proponemos una serie de medidas para impulsar la Formación Profesional como elemento clave para mejorar el empleo y cohesionar socialmente nuestra Comunidad. Medidas 297. Potenciaremos el funcionamiento del Observatorio de Empleo y Formación,

dotándole de una estructura administrativa más eficiente y de recursos técnicos y económicos suficientes para que sus orientaciones e informes contribuyan eficazmente en la definición de las necesidades de formación y, en consecuencia, para el diseño de la oferta de Formación Profesional.



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298. Impulsaremos la participación de los Agentes Sociales en la definición de los criterios para determinar la oferta de Formación Profesional en su conjunto: Reglada, Ocupacional y Continua.

299. Revisaremos el mapa de la Formación Profesional, atendiendo a los

siguientes criterios: • Establecimiento de zonas socioeconómicas comarcales. • Complementariedad de la oferta en las zonas rurales: donde no se

puedan implantar ciclos formativos por falta de alumnado, se ofertará Formación Profesional ocupacional u otras iniciativas de formación como la Educación a Distancia.

300. Dotaremos de suficiente autonomía a los Centros de Formación Profesional

para que puedan llegar a acuerdos con sectores empresariales de cara a la recualificación de los trabajadores. El referente de esta formación deberían ser las certificaciones profesionales convalidables en la formación profesional reglada.

301. Estableceremos, con la participación de los Agentes Sociales, la red de

Centros integrados, teniendo en cuenta el Sistema de Cualificaciones. 302. Ofertaremos un sistema de becas que permita a los alumnos del medio rural

estudiar Ciclos Formativos fuera de su zona socioeconómica de influencia. 303. Completaremos la revisión y puesta al día de los módulos que integran los

ciclos formativos para adaptarlos a los requerimientos dinámicos que se demandan desde el mercado de trabajo.

304. Estableceremos un plan estable de inversiones que garantice el

mantenimiento de los equipamientos didácticos y su adecuación a las innovaciones tecnológicas.

305. Mejoraremos la formación del profesorado mediante programas específicos

de formación para la actualización tecnológica. Las empresas que colaboren en estos programas deberán acreditar suficientemente su capacidad y conocimientos para impartir la formación demandada.

306. Estableceremos una red informática de orientación profesional que

proporcione información tanto al usuario como a las empresas con terminales de acceso situadas en diferentes instituciones y asociaciones: Corporaciones Locales, Sindicatos, Asociaciones Empresariales, Centros Educativos, Organizaciones Vecinales….

Programas de Cualificación Profesional Inicial Los Programas de Garantía Social no han recibido apenas atención por parte del PP. Puede decirse que han sido utilizados como una forma de externalizar el fracaso escolar. La oferta ha sido escasa en ocasiones, mal distribuida territorialmente, a veces desvinculada de las ofertas de F.P. de los Centros en que se ha ubicado, mal planificada en el tiempo e inestable en cuanto a las entidades que la han impartido.



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La LOE en su art. 30, introduce una serie de mejoras que amplían sustancialmente la intención inicial de los Programas de Garantía Social de cumplir un papel a caballo entre la enseñanza básica, la compensación educativa, la preparación profesional inicial y la orientación para la inserción sociolaboral. Es preciso un cambio radical en la política educativa de la Comunidad, que haga que los Programas de Cualificación Profesional Inicial aprovechen las posibilidades abiertas por la nueva Ley. Los módulos que introduce la LOE se orientan hacia objetivos que se ajustan a las necesidades del sector del alumnado destinatario de esta modalidad de enseñanza: el desarrollo de la identidad personal de los alumnos y el proceso de integración social y laboral que el alumnado va construyendo al adentrarse en el mundo del trabajo. La puesta en marcha de estos cursos debe, pues, poner el énfasis en las posibilidades que estos programas tienen de satisfacer las necesidades educativas básicas, hacer frente a dificultades de aprendizaje y convertirse en una herramienta compensadora efectiva. Proponemos una serie de medidas prioritarias para la implantación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial a fin de evitar los procesos de exclusión económica, de privación social y de privación política de los que será víctima, de otra manera, un conjunto importante de adolescentes que no han obtenido el título de Graduado en ESO. Medidas 307. Ofertaremos un mapa suficiente de cualificaciones profesionales para

conectar los PCPI con la formación profesional. Y aumentar, a la vez, el número de cualificaciones de Nivel I ampliándolos a más familias profesionales.

308. Estableceremos los medios adecuados para que el módulo de carácter

voluntario que conduzca a la obtención del título de graduado en ESO, sirva como instrumento de escolarización

309. Propondremos la obtención de una titulación efectiva que sea a la vez

reconocimiento y garantía de aprendizaje. Unificaremos la titulación, los plazos de preinscripción y matrícula de los diferentes agentes que intervienen (Corporaciones locales, ONG,s …), para que coincidan con los del resto del sistema.

310. Articularemos la participación de las entidades locales y sin ánimo de lucro;

fijaremos criterios claros de financiación y de coordinación; crearemos consorcios de servicios en forma de redes locales que permitan ubicar los PCPI en el centro de una política integral de acción transversal de estos agentes en un territorio.



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311. Dotaremos de estabilidad a los PCPI mediante:

• La Planificación de una oferta educativa estable que acabe con la incertidumbre y que permita una orientación que ayude al alumno/a a construir su propio itinerario, a reconocer sus expectativas y a valorar las posibilidades de incorporación al trabajo. Para ello, es necesario reforzar la acción tutorial.

• La estabilidad del profesorado que trabaja en esta modalidad educativa. La actual inestabilidad impide que la experiencia acumulada sirva para mejorar la calidad.

312. Se arbitrarán las medidas necesarias para que sea excepcional el acceso a

los PCPI a los 15 años, no una vía regular que permita disminuir el fracaso escolar en la ESO.

313. Propondremos el carácter obligatorio de los “Períodos de Prácticas en

Alternancia” para facilitar las conexiones entre la práctica y la teoría y proporcionar una base de experiencias para la transición al mundo adulto y laboral.

314. Coordinaremos y evaluaremos las medidas de fomento del empleo y la

formación, realizadas por diferentes Consejerías. Las Consejerías con competencias en Educación y Trabajo deben colaborar en la organización de programas formativos.

315. Garantizaremos una oferta suficiente de PCPI para las personas que

padezcan cualquier tipo de minusvalía, en las condiciones máximas de integración y normalización que permitan las características de los demandantes.

Enseñanzas Artísticas El Estatuto de Castilla y León daba la competencia para el desarrollo de las Enseñanzas Artísticas de la Comunidad a la Junta de Castilla y León, lo que no se ha hecho efectivo hasta el curso 2006-2007. Esta situación ha provocado un notable retraso en la implantación y desarrollo de las Enseñanzas Artísticas. Como ejemplo de las políticas realizadas en el ámbito de las enseñanzas artísticas, basta con señalar que los Conservatorios de música se han gestionado por diferentes entidades públicas con escasa coordinación entre ellas ante la indiferencia de la Consejería de Educación. Sólo el interés de los ciudadanos y el entusiasmo de los profesores han mantenido unas enseñanzas artísticas en unas condiciones dignas. No obstante, la escasez de infraestructuras y medios de todo tipo hace que el desarrollo de estas enseñanzas requiera una serie de medidas de especial urgencia a fin de alcanzar un nivel equiparable al del resto del sistema educativo.



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Medidas 316. Estimularemos la formación artística de base en la enseñanza obligatoria,

por su carácter educativo y como preparación para las enseñanzas especializadas.

317. Desarrollaremos el artículo 47 de la LOE, en lo referente a los Centros

Integrados, a fin de facilitar la compatibilidad de los estudios de Secundaria y Bachillerato con las Enseñanzas Artísticas.

318. Crearemos nuevos Conservatorios y Escuelas de Música. Impulsaremos

decididamente una Red Pública de Enseñanzas Artísticas en Castilla y León en todas sus manifestaciones y niveles.

319. Incrementaremos las becas y ayudas a fin de que puedan acceder a estas

enseñanzas cuantos alumnos se orienten vocacionalmente hacia ellas, con especial referencia a los habitantes del medio rural.

320. Adecuaremos los Centros, cuya titularidad hasta el 2005-2006 recaía en las

Entidades Locales, adaptándolos a los requisitos mínimos previstos en la normativa del Estado y Comunidad Autónoma.

321. Ampliaremos la oferta de los estudios superiores de música: Proponemos un

Conservatorio Superior en Valladolid y otro más en Burgos. 322. Ampliaremos las especialidades de los Conservatorios para dar cabida al

conocimiento y estudio de los instrumentos que forman parte de nuestro patrimonio histórico musical.

323. Aprovecharemos las dinámicas del conjunto de las Enseñanzas Artísticas:

Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas para la elaboración de proyectos de creación contemporánea.

324. Actualizar el equipamiento para permitir la formación en especialidades que

requieren de nuevas tecnologías en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas. Enseñanzas de Idiomas Las Escuelas de Idiomas funcionan como centros específicos sin el suficiente marco normativo. Con la aprobación de la LOE no existe impedimento para que una enseñanza de este interés y demanda se regule. Medidas 325. Aprobaremos un Reglamento Orgánico de Centro, para establecer un marco

legal adecuado a la regularización de las Escuelas de Idiomas. 326. Extenderemos las Escuelas Oficiales de Idiomas y sus enseñanzas a las

localidades donde exista demanda, fundamentalmente a las cabeceras de comarca de cada provincia.



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Educación de Personas Adultas La Ley Orgánica de Educación concibe la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo. No se debe posponer más el logro de los objetivos de la EDUCACIÓN PARA TODOS. El concepto de aprendizaje permanente vertebra tanto la formación inicial de los individuos, como la actualización de competencias en el transcurso de la vida adulta, erigiéndose en piedra angular del sistema educativo. Habrá que fomentar la adquisición y mejora de las cualificaciones y actualizar de forma constante los conocimientos, competencias y aptitudes que garanticen la realización en el plano personal y profesional. La Educación de Adultos en Castilla y León está anclada en un modelo anticuado, apegado aún al origen histórico de esta modalidad educativa como instrumento de alfabetización. Los pasos dados en la buena dirección, en otro momento y con otra Administración, no han recibido el desarrollo que se esperaba o han sido sencillamente suprimidos. Así ha ocurrido con la implantación de modalidades de Formación Profesional concebidas fundamentalmente para adultos; con programas de formación permanente a través de internet o modalidades de educación a distancia. Iniciativas innovadoras como las Universidades Populares o la Universidad Permanente “Millán Santos” no han recibido de la Administración el apoyo que merecen, en tanto que el Pacto Local, respecto a la educación de adultos, resulta inadecuado e insuficiente. La concepción de la educación de adultos del PP queda en evidencia al recordar que iniciativas como las Universidades Populares no dependen de la Consejería de Educación sino de la de Servicios Sociales. Medidas 327. Ofreceremos una oferta formativa variada y adaptada a las diferentes

situaciones, características y necesidades de la población. 328. Garantizaremos el acceso universal y continuo al aprendizaje a colectivos

con dificultades de inserción laboral y con riesgo de exclusión del mercado de trabajo: adultos y jóvenes de 18 a 25 años que abandonaron la escuela sin adquirir las competencias básicas; inmigrantes, minorías étnicas, parados de larga duración y otros trabajadores marginados, así como a las mujeres con cargas familiares añadidas.

329. Acercaremos el aprendizaje al lugar de residencia, con oportunidades de

aprendizaje permanente tan próximas a los interesados como sea posible, en sus propias localidades. En el medio rural deberá establecerse una red completa de Educación de Personas Adultas en cada comarca, reconociendo a los municipios su importancia en la gestión de esta modalidad educativa.



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330. Estableceremos acuerdos de cooperación y coordinación municipal o comarcal, con participación de todas las entidades, públicas y privadas, así como de los agentes sociales interesados en el fomento de la formación permanente.

331. Impulsaremos el desarrollo de programas de formación permanente a

distancia, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 332. Adaptaremos los Centros educativos a una enseñanza moderna y de

calidad: Les dotaremos de equipos informáticos para aulas; de nuevos profesionales y de trabajadores de servicios a la comunidad y animadores socioculturales.

333. Formaremos a los formadores en metodologías de trabajo que incluyan

acciones de tutoría, orientación, etc., y hagan posible la necesaria relación de los docentes con el mundo productivo y de éste con los centros.

334. Fomentaremos la acción tutorial y la orientación individualizada que faciliten

el seguimiento de los programas al alumnado y sean elemento de integración de los colectivos con riesgo de exclusión social y laboral, procurando su reincorporación al aprendizaje permanente, así como su integración laboral.

335. Estableceremos un catálogo de cualificaciones que posibilite la adecuada

conexión entre el mundo de la educación y el del empleo, reconozca las capacidades adquiridas en los centros educativos y acredite en los centros las capacidades obtenidas en la vida laboral, lo cual dotará a las certificaciones de credibilidad y validez y fomentará la motivación hacia el aprendizaje permanente.

336. Proporcionaremos al profesorado las oportunidades de intercambio de

experiencias y de formación necesarias para acomodar su papel a los cambios que ha experimentado y ha de seguir experimentando la formación. Propiciaremos así la innovación metodológica, el desarrollo de mecanismos formativos adecuados a las necesidades de todos los colectivos y la relación entre la Educación de personas adultas y el mundo laboral.

c) Equidad en la educación Atención a la diversidad El acceso a la Educación supone ciertamente un esfuerzo para los jóvenes y sus familias. El ambiente al que pertenecen los niños condicionará en una u otra medida el esfuerzo que la Educación requiere, en tanto que las condiciones de vida familiares serán un elemento que facilita o e limite la formación de cada alumno. Por último, la diferencia de capacidades hace que algunos niños deban hacer un esfuerzo mayor para alcanzar los objetivos del sistema o se vean imposibilitados de alcanzarlos. La calidad educativa no puede estar reservada a unos pocos; nadie puede estar excluido del derecho a una Educación de calidad. Por ello la Administración educativa está obligada a propiciar todo un conjunto de medidas que compensen



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las dificultades de algunos alumnos para acceder a la enseñanza o adaptarse al ambiente educativo, suplan las carencias familiares, garanticen la asistencia a los centros docentes y, en su caso, propicien la atención debida a los alumnos con déficits sensoriales, motóricos o intelectuales, para favorecer su educación integrados en su grupo de edad. Un sistema de calidad no es aquel en que unos reciben un servicio de excelencia no generalizado sino aquel en que los alumnos con más problemas encuentran solución a sus necesidades y llegan a desarrollar todas sus capacidades. Medidas 337. Definiremos un modelo claro y coherente de orientación educativa y

psicopedagógica en todos los niveles escolares, de Educación Infantil a Educación Secundaria.

338. Fomentaremos la coordinación entre los Centros de diferentes niveles y

entre los servicios de orientación de diferentes niveles. 339. Ofreceremos más personal de orientación. 340. Completaremos los departamentos de orientación y E.O.E.Ps con el

personal imprescindible para el cabal cumplimiento de sus funciones: • Profesores de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje;

Fisioterapeutas y Cuidadores. • Trabajadores sociales o profesores de servicios educativos a la

comunidad. • Profesores de Educación compensatoria. • Profesores de Educación compensatoria para la inserción de

inmigrantes y su inmersión lingüística. • Profesores de Ámbito.

341. Mejoraremos las condiciones de trabajo de los profesores-tutores. 342. Delimitaremos con claridad las tareas que deben cumplir los tutores, no

atribuyéndoles funciones que requieran titulaciones específicas para su correcto desempeño.

343. Impulsaremos el funcionamiento de equipos de profesores que atienden a

un mismo grupo de alumnos, coordinados por el tutor en todos los niveles educativos.

344. Realizaremos una correcta coordinación entre los Centros y las autoridades

municipales, policiales, etc., con especial atención a la eliminación, supresión, reducción y control del absentismo.

345. Llevaremos a cabo una verdadera campaña de sensibilización sobre la

implicación social en la educación de los jóvenes, orientada fundamentalmente a los siguientes objetivos:

• Asumir la relevancia del papel de los padres en la educación de los jóvenes.



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• Prevenir y corregir el fenómeno del acoso escolar. • Prevenir y corregir la violencia entre personas en edad escolar. • Prevenir y corregir el consumo de alcohol y drogas.

346. Desarrollaremos programas de atención educativa, fuera del horario

escolar, para jóvenes integrantes de familias desestructuradas que presenten actitudes y conductas asociales, aportando para ello todos los recursos materiales, personales e institucionales necesarios.

347. Crearemos servicios de apoyo y de respiro para familias en cuyo seno hay

jóvenes con graves alteraciones del comportamiento, estableciendo planes para incrementar la implicación de las familias en la resolución de los problemas.

348. Generalizaremos de forma progresiva programas de iniciación profesional en

todos lo centros de ESO. Servicios complementarios Consideramos servicios complementarios aquellos que completan la programación estrictamente curricular y que abordan acciones que mejoran la calidad educativa, tales como:

• Actividades de apoyo curricular en horario extraescolar. • Actividades que apoyan la conciliación de la vida familiar y laboral

(comedores, apertura de centros, transporte, etc.). • Actividades que complementan y enriquecen la programación escolar

(extraescolares, deportivas, culturales, etc.). • Servicios auxiliares que ayudan a la implementación educativa

(vigilancia, administración, etc.). Medidas 349. Los servicios complementarios programados para los Centros y aprobados

por las administraciones educativas, se ofrecerán con unos mínimos de calidad, control y profesionalización.

350. Homologaremos los perfiles profesionales de las personas que intervienen

en el desarrollo educativo de los escolares. 351. Impulsaremos la coordinación entre las administraciones y entidades que

estén implicadas. 352. Garantizaremos la universalización de los servicios equiparando en un

mínimo de posibilidades la zona rural y la urbana. 353. Dotaremos de recursos suficientes a los Centros con un número

significativo de ACNEEs o con alumnos con dificultades de aprendizaje, de forma que puedan organizar mecanismos de refuerzo como medidas complementarias personalizadas.



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354. Dentro de la programación de los propios Centros se planificarán las actividades extraescolares adecuadas a la población escolar y su situación social (actividades deportivas, teatro, animación a la lectura, educación en valores, salidas, etc.).

355. Los Centros de enseñanza en el ámbito rural contarán con adecuados

servicios de transporte, comedor escolar y actividades complementarias. La Consejería de Educación elaborará un protocolo de mínimos de calidad para la gestión de estos servicios.

356. Las entidades locales de población superior a 5.000 habitantes ejercerán su

función educadora apoyando con actividades extraescolares a los centros (uso de equipamientos deportivos, culturales, programas de conocimiento de equipamientos municipales, programas de educación ciudadana,...). Para su desarrollo la Junta habilitará el apoyo económico y técnico necesario para formar ciudadanos responsables.

357. Todos los Centros contarán con personal para gestionar específicamente el

funcionamiento administrativo, cada vez más complejo. 358. La Consejería de Educación deberá elaborar un protocolo de actuación

básico para la conservación, vigilancia y uso de las instalaciones escolares, estableciendo los mecanismos precisos para garantizar los recursos económicos necesarios.

Becas y ayudas La Junta de Castilla y León ha sido históricamente una entidad subsidiaria de la Administración central para la adjudicación de las becas y ayudas al estudio que, además, se han abonado a los solicitantes con retraso. Medidas 359. Se realizarán con mayor antelación las convocatorias de becas y ayudas al

estudio. Además se resolverán con mayor celeridad para que puedan cubrir los gastos para los que son destinadas y en el momento adecuado. Proponemos que los becarios puedan disponer de sus becas o ayudas antes del inicio del curso correspondiente.

d) Formación del profesorado Es habitual en la política educativa del PP la publicación de planes y proyectos “innovadores” (centros bilingües, TICs, convivencia, orientación, fomento de la lectura,...) que los Centros deben desarrollar sin una formación previa de quien los debe ejecutar: el profesorado. Por eso, se llevan a cabo de forma deficiente o en precario, con mayor o menor éxito según la voluntad y preparación del profesorado, pues actualmente la Junta de Castilla y León no tiene un plan serio y coherente de formación.



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Medidas 360. Elaboración de un Plan de Formación de acuerdo con los preceptos de la

LOE. 361. Recuperación de la participación del profesorado en la organización y

funcionamiento de los C.F.I.E.s e) Participación, Autonomía y gobierno de los centros Todas las leyes educativas, de una u otra forma, tratan el tema de la participación y la autonomía en los centros educativos. Pero lo cierto es que la participación es efectiva cuando se cree en ella, cuando en realidad pensamos que la aportación de todos beneficia al alumnado y la autonomía es real cuando los centros disponen de recursos (económicos, materiales y humanos) para desarrollar sus proyectos. Y hasta la fecha, el PP no ha demostrado su convencimiento en lo primero ni ha puesto los recursos suficientes para lo segundo, incentivando una centralización exagerada. Y para muestra, el sistema impuesto y fracasado, de la elección de director/a en los centros públicos de nuestra Comunidad. Medidas 362. Incentivaremos la participación de los distintos sectores en los Centros

educativos, facilitando los medios adecuados y regulando su integración en los centros.

363. Posibilitaremos los recursos necesarios para que cada centro pueda

desarrollar sus proyectos, siempre y cuando sean evaluados positivamente, procurando autonomía presupuestaria y de gestión.

364. Daremos la máxima participación a la comunidad educativa de cada centro

para que la elección de director/a obtenga, dentro del propio centro, el máximo consenso posible.

f) Supervisión y evaluación. La evaluación del sistema es uno de los puntos más débiles de una política débil y errática en su conjunto. No hay una evaluación objetiva del sistema, ni interés por llevarla a cabo, ni medios con qué hacerlo. Una de las muestras más claras de la falta de interés por la evaluación es la política de supervisión que se lleva a cabo. No se quiere una inspección educativa profesionalizada; en consecuencia la mayor parte de los inspectores están en situación interina, lo que hace depender su permanencia en la función inspectora de la voluntad de la Consejería de Educación. Obviamente no se dan condiciones para realizar una supervisión de los centros en condiciones de objetividad profesional. Una buena evaluación y el efecto retroalimentador de la misma son elementos claves de un buen funcionamiento de los centros educativos y de todos los elementos del sistema.



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Medidas 365. Impulsaremos la profesionalización y estabilización de la función inspectora

mediante la convocatoria de pruebas de acceso objetivas. 366. Realizaremos un plan de supervisión y evaluación del sistema. 367. Pondremos en marcha un Instituto de Evaluación Educativa de Castilla y

León, dentro del Consejo Escolar de la Comunidad, para llevar a cabo las evaluaciones externas que prevé la LOE y para elaborar informes periódicos sobre nuestra educación.

g) Universidad El sistema universitario español se encuentra en un momento crucial. Al reto compartido con el resto de países europeos de implantar un Espacio Europeo de Educación Superior, se une el cumplimiento de la promesa electoral del PSOE de reformar la Ley Orgánica de Universidades, y la apuesta sin precedentes por la I+D+i, avalada con importantes incrementos presupuestarios. Si en 1983 dimos un salto cuantitativo con la Ley de Reforma Universitaria que democratizaba la Universidad, ahora el salto que se avecina es de orden cualitativo y permitirá compararnos, en pie de igualdad, con los sistemas universitarios más avanzados. Reforma de la Ley Orgánica de Universidades El PSOE se comprometió a modificar la Ley Orgánica de Universidades (LOU) porque significaba una contrarreforma impuesta por la mayoría absoluta del PP, al margen de la comunidad universitaria y de las administraciones autonómicas que tienen transferidas las competencias, y sin financiación. Una ley que tuvo enfrente a todos los sectores del ámbito universitario y que nos alejaba de Europa. El Partido Socialista presentó entonces un proyecto alternativo que, tras consumarse el desatino de la LOU, sirvió de guía para redactar nuestro programa electoral en materia de enseñanza superior, que sería finalmente avalado por la sociedad. En estos momentos, la modificación de la LOU ha dado los primeros pasos del iter parlamentario, al aprobarse en el Congreso con el apoyo de todos los grupos políticos salvo el Popular. El espíritu que anima la reforma se puede resumir así: más autonomía para las Universidades con más rendición de cuentas. El principio de autonomía universitaria, reconocido en el art. 27.10 de la Constitución, tiene en estos momentos más razón de ser que nunca. Ante un proceso de generación de conocimiento que crece de modo exponencial, las Universidades deben tener mayor libertad y flexibilidad para adaptarse a los cambios; deben poder configurar su propio perfil y seleccionar al personal docente



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e investigador. Con esta Ley, las Universidades gozarán de un amplio margen para establecer su propio modelo organizativo o de contratación del profesorado y también para diseñar los títulos, porque, en efecto, serán ellas las que elegirán qué enseñanzas quieren implantar y cómo serán sus contenidos. Si el espíritu de la ley es la autonomía, su fundamento se encuentra en la confianza en nuestro sistema universitario en general y en las Universidades en particular. Éstas no sólo deben tener autonomía sino también el derecho a equivocarse en la toma de decisiones que dicha autonomía lleva implícita siempre que tal ejercicio se acompañe de la debida responsabilidad. Las Universidades están preparadas para asumir esa mayor autonomía y también su correlato, la responsabilidad, en forma de rendición de cuentas ante la sociedad. El instrumento contemplado para ello en la ley es la evaluación y más concretamente la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que, en coordinación con otras Agencias autonómicas, tiene el encargo de velar por la calidad del sistema universitario. Sólo con instrumentos eficaces de evaluación podremos mejorar la calidad del servicio de educación superior que ofrecen nuestras universidades. Las evaluaciones de la calidad han de ser así el referente para las políticas de gestión de las universidades, pero también para los responsables de su planificación y financiación; o dicho de otro modo, se necesita que las decisiones sobre política y gestión universitaria se adecuen a los resultados de las evaluaciones de la calidad. Evaluaciones no para castigar, sino para corregir. Este diseño choca frontalmente con la política universitaria que llevó a cabo el PP y su Consejería de Educación. Desde la letra y el espíritu de la reforma de la Ley orgánica de Universidades presentamos el decálogo de principios y actuaciones urgentes para las Universidades de Castilla y León. La Reforma Universitaria en Castilla y León Principio de colaboración entre Universidades y Junta de Castilla y León. • La Junta de Castilla y León tendrá en las Universidades una fortaleza de

nuestra Comunidad Autónoma. • Una Comunidad con problemas demográficos como la nuestra, deberá convertir

a sus Universidades en espacios de generación de “capital humano” muy cualificado.

Principio de confianza en las Universidades. • La opinión de nuestras Universidades deberá atenderse en la toma de

decisiones del Gobierno autónomo en materias que le son propias. Dicho de otro modo, es preciso confiar en las Universidades como motor de futuro y progreso para Castilla y León.



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Principio de respeto a la Autonomía universitaria. • El concepto de autonomía no es algo puramente nominal ni disponible. El

Gobierno de la Comunidad, del mismo modo que reclama su cuota de autonomía frente al Estado, la debería también reconocer y respetar en lo que afecta a las Universidades.

• Ello importa especialmente en cuestiones académicas relacionadas con la plantilla de las Universidades.

• Este respeto excluye la utilización de la financiación como instrumento de presión o estrangulamiento de actuaciones por parte de las universidades cuando el Gobierno autonómico no las comparta.

Principio de suficiencia financiera. • Debe ser el punto de partida del entendimiento entre Universidades y Junta de

CyL y la prueba más clara del compromiso entre ambas instituciones. • Para que las Universidades puedan funcionar con normalidad, el Presupuesto de

la Comunidad deberá cubrir, como mínimo, el coste de las plantillas. Principio de transparencia. • Es preciso llegar a acuerdos claros y transparentes con el sistema universitario

de Castilla y León. El Presupuesto reflejará todas las partidas económicas referidas a las Universidades para que puedan ser comparables.

Apuesta por un sistema de ciencia y tecnología liderado por las Universidades. • Las Universidades españolas representan el 70% de la investigación que se

genera en el país. En CyL este porcentaje es aún mayor. • Se deberá evitar la descapitalización del personal de las Universidades adscrito

a centros tecnológicos. • Pactaremos con las Universidades los retornos económicos adecuados por la

participación de su personal en los centros tecnológicos. Apuesta por la investigación. • Incrementaremos los recursos destinados a la investigación y a la formación

permanente de los investigadores. Reconoceremos a éstos la condición de trabajadores desde el primer año.

• Pondremos en marcha un Consejo Universitario de Investigación, para regular su desarrollo, supervisar su impacto en el tejido social y económico de Castilla y León y para impulsar la calidad la eficacia de cada programa investigador.



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Apuesta por la transferencia del conocimiento de acuerdo con las Universidades. • La reforma de la LOU potencia dicha transferencia al permitir las llamadas

excedencias tecnológicas. • Se deberá propiciar un gran pacto estratégico entre el Gobierno autonómico y

las Universidades de CyL para detectar necesidades prioritarias de nuestra Comunidad Autónoma que puedan ser atendidas mediante la oportuna transferencia del conocimiento generado ad hoc por las universidades.

• Impulsaremos la relación entre las Universidades y la estructura productiva de la Comunidad, tanto a través de convenios Universidad-Empresa como de la participación de nuestras Universidades en el programa de Parques Tecnológicos de Castilla y León.

Creación y aplicación de un modelo acordado de financiación universitaria. • La reforma de la LOU prevé la creación de la Conferencia General de Política

Universitaria, lugar de encuentro entre Ministerio y CCAA para debatir, entre otros asuntos, los relativos a la financiación de las Universidades.

• Hasta hoy, el PP ha defendido un modelo compuesto por tres tramos: automático (básico, más infraestructuras), competitivo y singular, que adolece de varios defectos:

• Sólo se conocieron los criterios que conformaban el modelo el primer año que se implantó.

• Nunca se desarrollaron adecuadamente los tres tramos. • Se desconocen los mecanismos de actualización. • Se desconocen los elementos que componen los módulos para calcular el

tramo básico Con este referente, la Junta de CyL deberá acordar con las Universidades un auténtico modelo de financiación viable, transparente y suficiente. • Apostaremos decididamente por la Universidad pública, lo que equivale a una

financiación suficiente para mejorar las infraestructuras y las condiciones laborales del profesorado universitario y para garantizar la inversión en docencia e investigación.

Apuesta por el español. • Favoreceremos todas las acciones encaminadas a la enseñanza y difusión del

español, en reconocimiento de la lengua española como seña de identidad de la Comunidad,

Apuesta por la formación a lo largo de la vida. • La Universidad española ha formado sobre todo profesionales. En nuestros

días, debe responder a otro tipo de formación que, sin olvidar la anterior, atienda otras necesidades: la formación a lo largo de la vida.

• La Universidad debería contemplar la puesta al día formativa de quienes pasaron por sus aulas o de quienes, sin pasar, requieran formación complementaria, comenzando por los propios funcionarios de la Comunidad Autónoma.



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• A tal fin la Junta de CyL debería impulsar un convenio general con las Universidades de la Comunidad para el reciclaje y puesta al día de sus propios empleados (funcionarios o laborales).

• La reforma de la Ley contempla la validación a efectos académicos de la experiencia profesional o laboral cuyas condiciones debe desarrollar el Gobierno.

• En este ámbito, la Junta de CyL deberá acordar con las Universidades y con los agentes económicos de la Comunidad un plan de validación de competencias profesionales.

• El “Programa interuniversitario de la Experiencia” que coordina la Junta de CyL desde diferentes Consejerías, pasará a depender económica y formalmente de la Consejería de Educación pues sus objetivos son o deberían ser plenamente académicos e inscritos en la apuesta por la formación a lo largo de la vida.



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11.- Los servicios sociales, un derecho universal a) Servicios sociales básicos Una de las prioridades del proyecto socialista para la próxima legislatura es la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar en Castilla y León, con una nueva Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Estará basada en los principios de acceso universal, derecho subjetivo a las prestaciones y calidad del servicio, así como de reconocimiento a la aportación y acreditada trayectoria de las entidades sin ánimo de lucro en el sistema de bienestar de esta Comunidad. La reforma del Estatuto de Autonomía y la reciente Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia constituyen factores de oportunidad política, para una nueva Ley que sustituya a la ya obsoleta de 1988, y para la reforma de nuestro sistema de bienestar y acción social. Por otro lado, la sociedad de Castilla y León está viviendo cambios que añaden nuevos factores de riesgo de exclusión social para muchos colectivos. Elementos positivos como la incorporación de la mujer al mundo laboral -muy limitada aún en esta Comunidad-, la mayor longevidad de la población o la inmigración, han coincidido con la despoblación del medio rural, con los riesgos de la globalización, la precariedad del mercado laboral, los incrementos del precio de la vivienda y la reducción significativa de la función asistencial de la familia, que aquí cuenta con redes muy dispersas como consecuencia de la emigración de los jóvenes. Tenemos, pues, una sociedad más abierta, en la que, sin embargo, algunos colectivos tienen dificultades para incorporarse al disfrute de los derechos de ciudadanía y para aportar su esfuerzo a la construcción de una Comunidad más próspera. Nuestro objetivo es una sociedad más justa y menos vulnerable, con oportunidades para todos y todas, sin exclusión. Y en esta tarea las políticas públicas tienen el papel fundamental de poner los servicios sociales al mismo nivel de garantías que los demás pilares del Estado de bienestar (la educación, la salud y las pensiones). En los últimos años hemos asistido a un retroceso del sistema público de servicios sociales en favor de la iniciativa privada, sobre todo con ánimo de lucro, y a un nuevo protagonismo de los Ayuntamientos que están asumiendo, sin proceso de transferencia alguno, la única responsabilidad pública de creación de nuevos centros de día, residencias para personas mayores y escuelas infantiles, además de la integración de las personas inmigrantes. Este modelo de dotación de servicios basado en la expectativa de beneficios o en el compromiso político y la capacidad de gestión de los Ayuntamientos, más allá de sus propias competencias y obligaciones, unido a la arbitrariedad y el clientelismo político con que el PP asigna recursos públicos de la Comunidad a unos y otros, está creando graves desigualdades de acceso que afectan a las zonas más sensibles de la Comunidad, las más despobladas, las más envejecidas, las que cuentan con Ayuntamientos de menor tamaño.



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Para los socialistas la gestión del mapa de servicios sociales es la primera responsabilidad pública en esta materia, cuya definición debe acordarse con los Ayuntamientos, las asociaciones y federaciones del sector y las organizaciones de la sociedad civil. La Junta de Castilla y León gobernada por los socialistas dará prioridad política y presupuestaria a los servicios sociales y ejercerá un liderazgo activo de la red de protección social, respetuosa con la autonomía local y la función de proximidad de los Ayuntamientos, y con la independencia y trayectoria de las organizaciones sin ánimo de lucro del sector social. Liderazgo y cooperación son las claves para dotar al sistema de agilidad y competencia para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. 2007 es el Año Internacional de la Igualdad de Oportunidades, una buena ocasión para reiterar el compromiso de aplicación transversal de este principio a todas las políticas de la Junta de Castilla y León para la atención a las personas, con independencia de su género, edad, discapacidad, lugar de nacimiento, de residencia o condición social. Objetivos

• Garantizar el derecho universal de todos los ciudadanos al acceso y al uso de los servicios sociales en condiciones de igualdad en todo el territorio.

• Reforzar la red de servicios básicos, que constituyen la “ventanilla única”

del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.

• Mejorar el apoyo económico y los sistemas de cooperación con las Entidades Locales en materia de servicios sociales.

• Ordenar el mapa de recursos sociales y definir un plan de inversiones de

acuerdo con criterios de equilibrio territorial en la dotación de recursos.

• Institucionalizar un marco claro y estable de relaciones con las organizaciones sin ánimo de lucro del sector social y normalizar los procedimientos de cooperación económica.

• Actualizar la legislación y normativa sectorial de servicios sociales, de

acuerdo con las nuevas necesidades sociales, la reforma del Estatuto y la legislación del Estado que afecta al sector.

Medidas 368. Iniciaremos al comienzo de la legislatura el debate social y político para

aprobar en 2008 la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León, que desarrolle plenamente el artículo 13.3 de la reforma del Estatuto de Autonomía:

“Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad al Sistema de Acción Social de Castilla y León y a ser



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informadas sobre las prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad pública”

Principios de la Ley Servicios Sociales y Atención a la Dependencia:

• Garantía de derecho subjetivo a las prestaciones del sistema de

responsabilidad pública. • Universalidad, sin discriminación o limitación alguna. • Responsabilidad pública. • Proximidad en la localización de los recursos y en la prestación del

servicio. • Libertad de elección del servicio o prestación que se estima

adecuada para obtener los apoyos que se necesitan. • Equilibrio territorial. • Calidad del servicio y adecuación de las prestaciones a las

necesidades de los ciudadanos y las familias. • Cooperación con las administraciones públicas y singularmente con

las Entidades Locales. • Transparencia en la oferta de servicios y prestaciones de

responsabilidad pública, y publicidad de las condiciones de satisfacción de la demanda.

• Participación del conjunto de la sociedad y reconocimiento del papel y la trayectoria de las organizaciones sin ánimo de lucro y del voluntariado social.

• Investigación e innovación permanente. 369. Está Ley partirá de la garantía de las prestaciones y servicios reconocidos

en la actualidad, que se considerarán consolidados, salvo opción libre de los usuarios y familias.

370. Paralelamente al debate de la Ley y como desarrollo reglamentario de la

misma, definiremos la cartera de servicios sociales que recoja el catálogo de prestaciones mínimas, así como los instrumentos para su evaluación, adecuación y actualización.

371. Ordenaremos el mapa de recursos públicos y privados y garantizaremos

estándares mínimos de cobertura de servicios de responsabilidad pública por comarcas.

372. Definiremos un Plan de inversiones para toda la legislatura cuyo criterio

básico de asignación de recursos será el equilibrio territorial y la garantía de cobertura mínima de los servicios, con referencia comarcal, para garantizar el cumplimiento del catálogo con criterios de equidad en todo el territorio.

373. La dotación presupuestaria anual media para servicios sociales ascenderá a

1.000 M€, con un incremento significativo de las inversiones en infraestructuras y equipamientos. Este plan de inversiones para equipamientos sociales, dependencia y accesibilidad contará con una dotación de 830 M€.



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374. Revisión del mapa de los servicios sociales básicos de titularidad local e incremento de los recursos que se le asignan, de acuerdo con la definición clara de competencias de las Entidades Locales en la materia, y con la redefinición del mapa local que proponemos. En este sentido, las comarcas que se constituyan podrán asumir competencias en materia de servicios sociales básicos, en cooperación con las Diputaciones.

375. Las competencias de las Entidades Locales en materia de servicios sociales

básicos serán plenas y completas y se ejercerán con total autonomía, con arreglo a la Ley y a la obligación de coordinación en el marco del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.

376. Mejoraremos la dotación presupuestaria y el apoyo económico a los

Ayuntamientos y Entes Locales para la ampliación de personal en servicios básicos, estableciendo criterios objetivos previamente acordados para su distribución. Consideramos a los servicios sociales básicos como fundamentales para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales de atención a la dependencia y de integración de inmigrantes.

377. Estudiaremos con las Entidades Locales la incorporación de esta aportación económica al nuevo sistema de financiación local con cargo a la participación en los ingresos de la Comunidad.

378. Crearemos un marco de colaboración estable con las entidades sin ánimo de

lucro que participan en la prestación de servicios sociales específicos, de manera que se pueda garantizar la calidad y sostenibilidad de los mismos. Este marco podrá incluir acuerdos de cofinanciación plurianual.

379. Se creará, en cooperación con las universidades, las entidades locales y las

entidades sin ánimo de lucro un programa estable de formación permanente, de investigación, de evaluación de nuevos métodos de intervención e incorporación a los servicios sociales de las TIC, con el objetivo de que todos los profesionales del sector participen al menos una vez al año en las acciones de este programa.

380. Desarrollaremos mediante ley el derecho a una renta garantizada de

ciudadanía, con prestaciones universales de atención, formación e inserción laboral y social, y prestaciones económicas de acuerdo con la situación o riesgo de exclusión social y las condiciones personales, familiares y sociales de los ciudadanos. Al final de la legislatura la prestación económica media de esta renta de ciudadanía alcanzará los 600 € mensuales para una familia con tres miembros.

b) La familia en primer plano. La familia está entre las instituciones más valoradas por los ciudadanos. Por eso esperan de ella tanto en términos de seguridad, de bienestar y de felicidad personal.



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La familia, en cualquiera de sus modalidades, constituye un pilar fundamental de la sociedad. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía reconoce la protección integral de las distintas modalidades de familia como un principio rector de la administración pública, garantiza la igualdad de trato entre las mismas, y propone como objetivos, que asumimos plenamente, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la información, formación y orientación de las familias y la atención a aquellas que tienen necesidades especiales. En Castilla y León, la falta de servicios públicos de atención a las personas dependientes, en una sociedad con 6 puntos más de envejecimiento que la media española ha recaído en la familia y sobre todo en las mujeres, ya que se mantiene la concepción sexista de los roles familiares. Esto dificulta su incorporación al mercado laboral e incrementa la distancia entre el número de hijos deseados y los que las familias pueden tener y cuidar, dando lugar a tasas de natalidad de las más bajas de Europa. Las limitaciones del mercado laboral y las mayores dificultades de acceso a la vivienda retrasan en Castilla y León la constitución de nuevas familias. Por otro lado éstas, a lo largo de su ciclo vital, pasan por circunstancia que pueden generar desigualdades y dar lugar a riesgos de exclusión social, por ello la Administración autonómica socialista tendrá un compromiso singular de atención a las familias en situaciones riesgo social, de violencia de género y de rupturas familiares traumáticas. Y siempre los derechos de los más pequeños serán objeto del máximo respeto. Objetivos

• Diseñar una política integral de protección social, económica y jurídica de las familias de Castilla y León, incluidas parejas de hecho y familias monoparentales.

• Impulsar medidas dirigidas a desarrollar, de forma efectiva, la compatibilidad de la vida personal, laboral y familiar.

• Diseñar programas eficaces que permitan la detección precoz de conflictos de casos de violencia de género o de situaciones socio-familiares que puedan suponer un riesgo para los menores, para prevenir su agravamiento.

• Incrementar la oferta de apoyo, orientación y mediación a familias en situaciones de crisis socio-familiares.

• Aumentar los recursos destinados a ayudas directas para cada hijo sin discriminación por el nivel económico.

• Facilitar la elección libre y responsable de los hijos que deseen tener las familias con políticas de ayuda, y apoyo a la competencia de los padres en el rol educadores de los hijos.

Medidas 381. Incrementaremos los equipos de intervención familiar vinculados a los

servicios sociales básicos y su dotación, en función de las necesidades, hasta llegar a duplicarlos en las áreas urbanas con más familias en situaciones de vulnerabilidad (riesgo social, violencia de género, rupturas traumáticas, etc.).



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382. Dotación de programas de educación para padres, apoyo a la crianza y

educación de niños y adolescentes, resolución dialogada de conflictos familiares y prevención de la violencia contra las mujeres, los niños u otros miembros de la familia, en el ámbito de los servicios sociales básicos, y de los centros educativos, con financiación autonómica.

383. Programas de fomento del reparto de tareas en el ámbito familiar en

cooperación con los servicios sociales básicos y las concejalías de igualdad de los Ayuntamientos.

384. Desarrollo de programas de motivación, educación no formal, formación en

TIC y formación ocupacional para facilitar el acceso al mercado laboral de mujeres paradas mayores de 45 años, en cooperación con los servicios sociales básicos.

385. Ampliación del servicio de ayuda a domicilio en casos de post-parto sin

apoyos familiares y para familias con hijos menores de 3 años con necesidades específicas.

386. Fomentaremos el número y dotación los puntos de encuentro, destinados al

cumplimiento del régimen de visitas en casos de separación o de divorcio de progenitores conflictivos.

387. Adaptación de horarios en las escuelas infantiles 0-3 años y de primaria,

con programas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar. 388. Promoveremos la construcción de centros infantiles en polígonos

industriales y en los centros de trabajo de la Administración autonómica. 389. Programas de formación, voluntariado, ocio y vida social que faciliten a las

mujeres que no están en el mercado de trabajo el acceso a todos los ámbitos de la vida pública.

390. Potenciaremos las condiciones necesarias para la creación de nuevas

familias, de acuerdo con las políticas de Juventud, de Trabajo y Vivienda, para facilitar el acceso a la estabilidad laboral y a la vivienda digna en un entorno urbano con servicios de calidad.

391. Crearemos ayudas económicas complementarias para la adopción

internacional para parejas que pueden sostener económicamente un hijo adoptado, pero no pueden correr con los gastos que conlleva el propio proceso de adopción.

392. Implementaremos ayudas complementarias a las familias que se acojan a

alguna de las técnicas de reproducción asistida. 393. Crearemos una ayuda económica de emergencia social en el ámbito de la

renta básica de inserción, no vinculada necesariamente a otras prestaciones de inserción laboral o social, para familias afectadas por acontecimientos tales como desahucios, pérdida imprevista de miembros principales, etc., que pueden constituir riesgo de exclusión social.



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Desarrollaremos un plan específico de apoyo al familia rural, para garantizar la equidad en el acceso a las ayudas y servicio públicos y la igualdad de oportunidades.

Apoyo económico Las familias con dos hijos que residan en municipios rurales menores de 2.000 habitantes recibirán de la Administración autonómica el mismo trato fiscal –en el tramo correspondiente- y de prestaciones que las familias numerosas. 6) Prestaciones económicas: CAUSA PROPUESTA Por nacimiento o adopción 1º hijo: De 500 a 1.000 € Por nacimiento o adopción 2º hijo: De 1.000 a 1.500 € Por nacimiento o adopción 3º hijo y sucesivos:

De 1.000 a 1.500 €

Incremento por nacimiento de niños con discapacidad:

50%

Incremento por parto múltiple o adopción simultánea:

100% para todos.

Ayudas anuales para el acceso a escuelas infantiles 0-3 años privadas cuando no existan plazas públicas:

Hasta el 80% del coste.

Ayudas a padres y madres por excendencia para cuidado de hijos: Ayudas a padres y madres por reducción de jornada para cuidado de hijos:

Ayudas en concurrencia abierta y resolución en un mes, con flexibilidad de periodos de disfrute:

Del 100% hasta el 150% del IPREM para familias monoparentales y con otras cargas, para

excedencia. La misma proporción del IPREM, que la equivalente a la reducción de jornada.

Ayudas por permiso de paternidad Hasta 3.000€ Familias numerosas 3.000 € /año desde el 3º hijo hasta los 14 años. 7) Deducciones fiscales. A) IRPF CAUSA PROPUESTA /€ Deducción por familia numerosa 500 Familia numerosa con miembro con discapacidad igual o mayor que 65%

1.000

Nacimiento o adopción de hijo 1º: 1.000 2º: 1.500 3º: 2.000

Discapacidad igual o mayor que 65% de contribuyente mayor de 65 años

Ley de dependencia

Por cuidado de hijos menores 4 años 50 % costes no subvencionados hasta 1.000 €, si no existen plazas públicas

Adquisición o alquiler de vivienda, por jóvenes con base imponible inferior a 18.900 € y 31.500 en tributación conjunta

Adquisición: 5% Municipios Rurales: 10% Alquiler: 30% hasta 1.000 €. Municipios urbanos: 20% hasta 1.000 €

Deducciones fiscales. B) Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. CAUSA PROPUESTA € Vivienda habitual de familias con dos o más hijos.

Tipo reducido hasta 3 %



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Primera vivienda y vivienda habitual de menores 36 años.

Tipo reducido hasta 3%

Donaciones a hijos menores de 36 años para adquisición de 1ª vivienda habitual.

Exención total

Donación de 1º vivienda habitual a hijos menores de 36 años en municipios rurales

Bonificación de la base imponible del 99%

c) Infancia con derechos Las políticas de atención a la infancia y la adolescencia necesitan una visión integral. Los socialistas creemos que las actuaciones de la Junta de Castilla y León han de ser capaces de incluir los principales ámbitos sectoriales que afectan a la vida de los niños y que han evolucionado sustancialmente como la salud o la educación, pero también hemos de tratar integralmente a los menores tutelados y debemos garantizar su igualdad de oportunidades. Pero sobre todo, los poderes públicos deben orientar sus políticas a prevenir situaciones de riesgo social: pobreza, mendicidad, maltratos, abandono o pertenencia a familias desestructuradas. La Administración autonómica, juntamente con las familias y el conjunto de la sociedad, velará por la integridad y el bienestar de los niños. La protección de los niños en situaciones de desamparo y la atención de los jóvenes tutelados serán prioritarios para la administración gobernada por los socialistas. Se dimensionarán adecuadamente los equipos profesionales, definiremos nuevos protocolos de actuación y de coordinación entre diferentes servicios públicos de titularidad autonómica y local para detectar y abordar casos de maltrato infantil. Por lo demás, la responsabilidad de la administración con los jóvenes tutelados no puede finalizar con el cumplimiento de los 18 años cuando los procesos de emancipación laboral y habitacional del conjunto de la población juvenil se vienen alargando año tras año. La reforma del Estatuto de Autonomía establece los derechos de los menores que debe satisfacer con prioridad la acción pública: “recibir (...), con prioridad presupuestaria, la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social, en los términos en que se determine normativamente”. Objetivos

• Garantizar los derechos de los niños, su promoción social y protección, velando por sus derechos e imagen ante los medios de comunicación.

• Mejorar la calidad de los servicios del sistema de protección de la infancia. • Mejorar la prevención de situaciones de riesgo social que afectan

negativamente al niño y al joven y la detección y el abordaje de los casos de maltrato infantil.

• Mejorar la atención a los niños discapacitados o con necesidades especiales.



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• Ofrecer una atención integral a los niños tutelados y potenciar la integración social y laboral a los jóvenes extutelados.

• Promover la acogida familiar como medida prioritaria. • Facilitar los procesos de adopción nacional e internacional.

Medidas 394. Actualizaremos y modernizaremos la Ley 14/2002, de 25 de julio, de

Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, para garantizar con más eficacia los derechos de los niños, su protección integral y su promoción social, especialmente en los medios de comunicación.

395. Crearemos la figura diferenciada del defensor del menor, en el ámbito de la

institución del Procurador del Común. 396. Promoveremos la creación de comisiones locales, comarcales y provinciales

de infancia para establecer mecanismos de cooperación continuada y de corresponsabilidad entre los sistemas educativo, de salud y los servicios sociales, para prevenir situaciones de riesgo social y vulnerabilidad, que afectan negativamente al niño y para detectar y abordar los casos de maltrato infantil.

397. Este sistema de coordinación actuará con arreglo a un único programa de

prevención diseñado en cooperación con las entidades locales y la iniciativa social. Los centros de salud, los educativos y los equipos de acción social contarán con al menos un profesional de referencia para este programa.

398. Potenciaremos la aplicación de los protocolos profesionales de detección y

actuación en situaciones de negligencia y maltrato de los niños, reduciendo al máximo el tiempo entre la detección y la intervención.

399. Evaluaremos mediante experiencias piloto la creación de registros unificados

de alerta sobre maltratos infantiles para integrar todas las notificaciones procedentes de los distintos servicios públicos y mejorar la tanto la atención como el tiempo de respuesta.

400. Adaptación y mejora de los centros del sistema de protección. 401. Priorizaremos la acogida familiar como medida alternativa a la

institucionalización de los niños tutelados, con campañas de concienciación y ayudas económicas a las familias para la conciliación la vida personal, familiar y laboral.

402. Mejoraremos la dotación de los servicios de apoyo técnico a las familias

acogedoras. 403. Revisión y potenciación del papel de los equipos de atención a la infancia y

a la adolescencia como elementos centrales del sistema de protección, con apoyo administrativo, jurídico y formación continuadas.

404. Promoveremos los servicios de intervención socioeducativa en el medio

escolar y social, desde los servicios sociales básicos.



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405. Facilitaremos el acceso de los niños con discapacidad a las escuelas infantiles y al conjunto del sistema educativo. Potenciaremos la formación de los educadores para mejorar la detección y la atención a los niños con discapacidad.

406. Crearemos un programa para apoyar la integración social y laboral de los

jóvenes ex –tutelados que lo necesiten, con prestaciones específicas, en función de su proyecto personalizado de formación y acceso al empleo, siempre que no fueran de aplicación otras del sistema de protección social de la Comunidad.

407. Potenciaremos las viviendas tuteladas para los jóvenes extutelados. 408. Facilitaremos los procesos de adopción nacional e internacional, estudiando

la máxima agilización de trámites que la Ley permite y garantizaremos la seguridad jurídica de los procesos de adopción internacional.

d) Personas mayores activas Desde que recibimos las competencias del INSERSO en materia de centros y servicios para personas mayores, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha dimitido de sus obligaciones de ampliar la red de centros para adecuar su distribución en el territorio y para seguir siendo una referencia de calidad para la iniciativa privada con y sin ánimo de lucro, como hubiera cabido esperar de la gestión de proximidad, que da sentido al modelo autonómico. Los amagos de transferencia de centros a las Entidades Locales han fracasado. La Junta de Castilla y León no ha construido una sola residencia desde que recibió las competencias, pero las plazas creadas por los Ayuntamientos y otras Entidades Locales duplican ya a las de titularidad autonómica. Sin embargo, la falta de competencias claras, de capacidad de gestión en muchos casos y de financiación y apoyo técnico por parte de la Comunidad Autónoma, en todos, han dado lugar a modelos de gestión muy diferentes que en la mayor parte de los casos operan, en términos de acceso y precios, como centros privados, con la única ventaja de la proximidad, de la que no pueden beneficiarse las personas mayores con menos recursos. La necesidad de centros y la falta de inversión decidida en residencias para mayores en la Comunidad más envejecida de España, han hecho florecer el sector privado, que representa hoy el 72% del total de la oferta de plazas residenciales para personas mayores. El 60% de las plazas del sector privado pertenecen a empresas con ánimo de lucro. La inhibición de las políticas públicas ha creado oportunidades de negocio legítimo en el sector privado, pero ha provocado gravísimas desigualdades de acceso a estos servicios, de los que quedan excluidas las personas con menos recursos económicos y patrimoniales. Hoy el tiempo de respuesta para acceder a una plaza pública en casos de urgente necesidad va de 6 meses a 5 años, con la garantía del desarraigo, ya que la plaza



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disponible puede estar a cientos de kilómetros del lugar de residencia de la persona mayor y su familia. Tampoco la Junta ha sido activa en la dotación de centros de día, ya que las plazas que oferta representan el 17 % de las disponibles en la Comunidad, más de la mitad de las cuales pertenecen al sector privado, mientras que las Entidades Locales cuentan con una oferta semejante a la de la Junta. Los esfuerzos en materia de ayuda a domicilio tampoco han sido suficientes y la cobertura del servicio presenta graves desequilibrios provinciales, cuando se conoce bien el valor de este modelo asistencial, que permite mantener el arraigo familiar y social de los mayores durante el mayor tiempo posible. Castilla y León tiene un 22,6% de su población con 65 y más años, 6 puntos por encima de la media nacional. La emigración de los jóvenes y las bajas tasas de natalidad con una inmigración aún incipiente en relación con otras Comunidades, nos convierten en la más envejecida de España. Las personas mayores quieren y pueden aportar mucha experiencia, esfuerzo y dedicación al proyecto de Comunidad y la calidad de vida colectiva. Y lo están haciendo. a Comunidad Autónoma y las Entidades Locales gobernadas por los socialistas llevarán a cabo programas e inversiones para garantizar la presencia activa en la vida pública de las personas mayores y el acceso a los servicios sociales, culturales, educativos, deportivos y de ocio y recreación, incluida la formación y el acceso a las TICs. De igual manera recuperaremos el protagonismo público en la gestión de los servicios asistenciales y la garantía de una atención adecuada y accesible a las personas mayores dependientes, así como de apoyo a las familias que cuidan de sus mayores dependientes. En el acuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía nos hemos comprometido a velar desde las instituciones porque las personas mayores no sean discriminadas en ningún ámbito de su existencia y a garantizar sus derechos, a los servicios de salud, a un alojamiento adecuado, a la cultura y al ocio, y a la participación pública. Esos son los compromisos cuya aplicación concreta este programa. Objetivos

• Reconocimiento del derecho de todas las personas mayores a participar activamente en la vida social y a acceder en condiciones de igualdad a servicios y prestaciones adecuados a sus necesidades, en el marco de la nueva Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León y de la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia del Estado.

• Prevenir situaciones de posibles maltratos o abusos de cualquier tipo contra las personas mayores.

• Potenciar la integración social, la participación social y política y la transmisión de los conocimientos de las personas mayores.



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Medidas Para promover la vida activa y la participación social. 409. Fomentaremos los programas de ocio, cultura y vida social de las personas

mayores gestionados por los Ayuntamientos y las asociaciones de mayores. 410. Promoveremos en cooperación con los Ayuntamientos, las asociaciones de

mayores y las empresas del sector programas de turismo y termalismo, que permitan conocer y disfrutar la Comunidad y apoyar la oferta del sector.

411. Promoveremos la ampliación de la oferta de plazas universitarias para las

personas mayores en las poblaciones que actualmente tienen centros. 412. Apoyaremos los programas de formación y acceso alas TIC de las personas

mayores, con programas propios de la Comunidad autónoma, con carácter demostrativo.

413. Estimularemos la participación voluntaria de las personas mayores con

competencias específicas en los programas de motivación, apoyo y acompañamiento a jóvenes emprendedores y autónomos, tanto de la Administración autonómica, como de los Ayuntamientos, las Cámaras de Comercio y los agentes económicos y sociales.

414. Apoyaremos a las asociaciones de personas mayores, los programas

intergeneracionales y de voluntariado. Para prevenir 415. Adoptaremos medidas para proteger a las personas mayores, especialmente

a las que viven solas, de posibles maltratos o abusos de cualquier tipo: • Estableceremos protocolos de actuación sociosanitaria que permitan

detectar y prevenir las situaciones de maltrato. • En el marco de los servicios sociales básicos promoveremos protocolos

de seguimiento de las personas mayores que viven solas 416. Apoyaremos los servicios de asistencia jurídica específica de los

Ayuntamientos y las asociaciones de personas mayores. 417. Apoyaremos los programas de preparación a la jubilación gestionados por

los sindicatos, los Ayuntamientos o las asociaciones de personas mayores. 418. Fomentaremos la imagen social de los mayores como personas activas con

el reconocimiento y la dignidad que les corresponde como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.



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Para garantizar la asistencia suficiente y de calidad de vida. 419. Ayuda a domicilio. Nos proponemos incrementar en un 80% el número de

usuarios del servicio de ayuda a domicilio, pasando de poco más de 25.000 usuarios con una dedicación media de 3 horas semanales a 45.000, con una intensificación significativa de la dedicación media de horas semanales. Esto supondría pasar de una cobertura del 4,5 al 8% respecto a la población de 65 y más años.

420. Teleasistencia. Ofertaremos el servicio de teleasistencia domiciliara a toda

la población mayor de 75 años que lo solicite. 421. Promoveremos programas de I+D+i en materia de teleasistencia

domiciliaria, con las universidades y las organizaciones y empresas del sector, para la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones de movilidad, que permitan ampliar sus prestaciones y ofrecer un servicio de calidad.

422. Centros de día. Multiplicaremos por tres las plazas de responsabilidad

pública de la Junta de Castilla y León, pasando de cerca de 1.000 que existen hoy a 3.000 en 2011.

423. Fomentaremos la inversión de los Ayuntamientos, las Diputaciones, las

mancomunidades y comarcas en centros de día, con el objetivo de llegar hasta las 1.000 plazas de titularidad local, duplicando las actuales.

424. En todos los casos los centros de día para estancias diurnas deberán contar

con tratamientos terapéuticos y rehabilitadores 425. Estas intervenciones en el sector público supondrían duplicar la tasa de

cobertura del servicio de centros de día, pasando del 0,5 % actual al 1%, respecto a la población mayor de 65 años.

426. Crearemos en cada provincia al menos un programa de respiro para las

familias cuidadoras de personas mayores dependientes, que les permita disfrutar de un periodo de vacaciones, con reserva de plaza programada en residencias de responsabilidad autonómica.

427. Residencias para personas mayores dependientes. El objetivo es lograr un

equilibrio territorial de la oferta, de acuerdo con las prescripciones del mapa de recursos y los objetivos de cobertura mínima por comarcas. Con este propósito se prevé la dotación de 3.000 nuevas plazas de responsabilidad pública.

428. La tasa de cobertura actual es del 6,63 %; del 2,2 % las plazas de

titularidad pública y de cerca del 1% las de gestión de la Comunidad, incluyendo propias y concertadas. Sólo la provincia de León con una cobertura total de 4,7 %, se sitúa por debajo del 5% recomendado por los organismos internacionales.

429. Se contempla la construcción de centros de titularidad autonómica allí

donde el mapa de ordenación de recursos lo aconseje. Tendrán prioridad las



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inversiones para finalizar la construcción y equipamiento de los proyectos viables de residencias de titularidad municipal.

430. Se prevé la ampliación de las plazas concertadas, preferentemente con

residencias de titularidad local, pasando de las 1.800 actuales a 3.000. 431. Estas actuaciones, además de mejorar el acceso, permitirían elevar la tasa

de cobertura del servicio por encima del 7% 432. Crearemos un programa experimental para incorporar las residencias de

titularidad municipal al sistema de gestión, garantías y precios de la Comunidad Autónoma, con las características específicas de valoración de la prioridad de acceso de los vecinos, que cabe reconocerles, en el marco de la aplicación de la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia.

433. Se promoverán y apoyarán los proyectos viables de viviendas tuteladas para

personas mayores, en el marco de las políticas de vivienda de promoción pública.

434. Universalización de los servicios de Geriatría en todas las áreas sanitarias y

hospitales de la Comunidad. 435. Potenciaremos la inspección de centros para las personas mayores, creando

plazas de inspección en todas las provincias. d) Las oportunidades de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Un nuevo derecho es siempre un conjunto de nuevas oportunidades, en este caso de calidad de vida para las personas en situación de dependencia y sus familias, además de para el empleo en todos los territorios de la Comunidad, en los que se debe garantizar el acceso a los servicios y prestaciones del sistema, en condiciones de igualdad y proximidad. El PP de Castilla y León ha desarrollado una intensa actividad de enfrentamiento a esta Ley a pesar del apoyo de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. De hecho, está presentando esta Ley y los derechos de nueva generación que constituye, como una amenaza para los casos de atención consolidada por el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública o de la red de entidades sin ánimo de lucro. Esta Ley, necesaria para España e imprescindible para Castilla y León, da respuesta a uno de los grandes retos de las sociedades avanzadas, que en el momento actual se atiende mayoritariamente por las familias cada vez con menos capacidades para hacerlo y casi siempre a costa de los derechos al trabajo y a la vida social de las mujeres. Los socialistas nos comprometemos a una cooperación leal con el Estado y las Entidades Locales para la aplicación de la Ley, con la asignación de los recursos que precise una política que juzgamos prioritaria en nuestra Comunidad tanto en



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términos de derechos sociales, como de equilibrio territorial y dinamización económica y del empleo. La reforma del Estatuto de Autonomía reconoce los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socio-profesional y su participación en la vida social de la Comunidad. Los socialistas comprometemos la aplicación más avanzada de estos compromisos. Objetivos

• Garantizar la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con el calendario más ágil y eficaz posible.

• Dotar a todas las comarcas de Castilla y León de los centros y recursos necesarios para la aplicación de la Ley de dependencia con criterios de proximidad y equidad en todo el territorio.

• Desarrollar infraestructuras sociales que permitan a las familias, y sobre todo a las mujeres, conciliar la vida laboral y familiar cuando deban hacer frente a situaciones de dependencia.

• Implicar a las instituciones y a la sociedad de Castilla y León en la puesta en marcha de esta Ley.

• Reconocer y apoyar con medidas de apoyo técnico y asistencial y de formación a las familias y cuidadores informales de las personas en situación de dependencia.

• Proceder de forma inmediata a las modificaciones presupuestarias precisas para colaborar con el gobierno de España en la asignación de compensaciones económicas.

Medidas 436. La Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de la Comunidad,

consolidará las condiciones actuales en las que las personas dependientes reciben atención, en el marco del sistema actual de acción social y servicios sociales de Castilla y León.

437. Incorporaremos criterios de equilibrio territorial y proximidad de referencia

comarcal y provincial, para la realización de inversiones en centros que permitan hacer efectivas las prestaciones del sistema de atención a la dependencia.

438. Comprometemos una cofinanciación adicional para la implantación de la Ley

de Dependencia equiparable como mínimo a la que realice cada año el Estado. 439. Reordenaremos el mapa de recursos del sector y diseñaremos la cartera de

servicios, de acuerdo con las previsiones de desarrollo de la Ley. 440. Firmaremos un pacto político de lealtad institucional y compromiso de

agilización de la puesta en marcha de la Ley con los agentes económicos y sociales, las Entidades Locales con competencia en la materia y las organizaciones más importantes del tercer sector social.



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441. Crearemos un órgano específico de seguimiento de la aplicación de esta Ley en la Comunidad con la participación de las organizaciones del sector, de los agentes económicos y sociales y de los colectivos profesionales implicados en todos los niveles.



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12.- Pleno desarrollo e integración de las personas con discapacidad y enfermedad mental. La discapacidad no puede ser motivo de exclusión. Es una diferencia más de la condición humana que en una sociedad democrática debe ser entendida como un elemento enriquecedor que sume nuevos valores a la sociedad. Más de 150.000 personas se encuentran en esta situación en Castilla y León. La atención a las personas con discapacidad y sus familias está protagonizada y liderada en Castilla y León por la iniciativa social, muy avanzada en esta materia. Sin embargo, el nivel de atención de cada discapacidad y la cobertura territorial de servicios es muy desigual, según la trayectoria de las diferentes organizaciones del tercer sector. Es significativo el caso de las personas con enfermedad mental, que han venido recibiendo una atención exclusivamente sanitaria, muy deficitaria, ignorando el impacto familiar y social de su situación. El reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad y enfermedad mental exige adoptar las medidas necesarias para facilitar efectivamente su igualdad de oportunidades y su plena y satisfactoria integración social. La reforma del Estatuto de Autonomía garantiza que “ los castellanos y leoneses con algún tipo de discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica”. Además asegura la supresión de barreras físicas y sensoriales y “la participación de las personas con discapacidad en la definición de las políticas que les afecten a través de las asociaciones representativas de sus intereses”. Ello implica un apoyo decidido a las políticas de acercamiento y normalización en el acceso a los servicios públicos, particularmente en aquellos aspectos que condicionan en mayor medida su calidad de vida, como la salud, la educación, el empleo, el apoyo económico, la accesibilidad y los servicios sociales, con independencia de su acceso universal asegurado a los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. La aplicación en Castilla y León de la reciente Ley del Estado de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que el PP está convirtiendo en polémica, presentándola como una amenaza para las personas con discapacidad y enfermos mentales, es una nueva oportunidad y una fuente de recursos para mejorar el acceso a derechos sociales universalmente garantizados, con una dotación equilibrada de servicios y prestaciones en todo el territorio. El proyecto socialista para Castilla y León considera estratégica en términos de empleo, igualdad de oportunidades y calidad de vida de las personas dependientes y sus familias, la aplicación de esta Ley en franca cooperación con el Ministerio de Asuntos Sociales y las Entidades Locales y con la participación abierta de las asociaciones y federaciones de usuarios y familiares. Garantizamos que la aplicación de esta Ley no pondrá en cuestión ninguno de los instrumentos de



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financiación de los programas y servicios para las personas con discapacidad y enfermos mentales, que ya mantienen las organizaciones de iniciativa social. En todo caso, las personas y familias que reciben atención, seguirán recibiendo como mínimo la misma protección que consideramos consolidada. El conjunto de las políticas que aquí se proponen tiene también un valor significativo en términos de creación de riqueza y empleo, de capital humano y de fijación de población, de modo que contribuyan eficazmente a los objetivos estratégicos de crecimiento y competitividad de la Comunidad. Objetivos

• Garantizar a las personas con discapacidad o enfermedad mental el derecho a participar plenamente en la Comunidad en la que viven, promoviendo su desarrollo personal y un estilo de vida independiente.

• Facilitar a las personas con discapacidad o que padecen enfermedades mentales el ejercicio de sus derechos de ciudadanía y el acceso a los bienes y servicios públicos universales.

• Promover programas específicos de apoyo para facilitar, siempre que sea posible, el acceso a la educación general y el empleo en empresas y administraciones, como garantía de inserción social.

• Mejorar la accesibilidad física y sensorial de los espacios urbanos de convivencia y ocio, los servicios públicos, presenciales y virtuales, así como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

• Garantizar la dotación de servicios específicos de calidad, bien distribuidos en el territorio, en el ámbito de la atención temprana, la educación, la habilitación y rehabilitación, el ocio y el desarrollo personal, la residencia, la formación ocupacional y el empleo.

• Mejorar la imagen social de las personas con discapacidad y enfermos mentales, mediante la presentación positiva de sus aportaciones a la comunidad.

• Coordinar los esfuerzos de todas las administraciones públicas y organizaciones sociales especializada e implicar al conjunto de la Administración autonómica en el logro de estos objetivos.

Medidas a) Modelo de gestión. Las políticas de reconocimiento y apoyo a las personas con discapacidad y enfermedad mental han tener un carácter transversal que debe afectar prácticamente a todas las áreas de gobierno de la Junta de Castilla y León.

442. Para hacer efectivo en la acción cotidiana de gobierno este principio de transversalidad crearemos el Instituto para la Atención a las Personas con Discapacidad, que incorporará en sus órganos de gobierno a representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, así como a las Entidades Locales, junto con representantes de las distintas áreas de la Administración autonómica. Este órgano de gobierno incorporará el conjunto de los recursos humanos y medios materiales que



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actualmente se dedican a la atención de este colectivo y sus familias. Asumirá la gestión de las políticas específicas dirigidas a las personas con discapacidad y enfermedad mental e informará el resto de políticas públicas de la Comunidad, que puedan afectarlas.

443. El Instituto será además un órgano de diálogo y cooperación entre

las administraciones públicas y las organizaciones del sector, para el impulso, la coordinación y evaluación de las políticas, así como para la estabilidad y garantía de los instrumentos de financiación de los servicios que se prestan desde la iniciativa social.

444. El Consejo de Personas con Discapacidad de Castilla y León será el

órgano consultivo y de participación en las políticas de la Junta de Castilla y León en relación con las personas con discapacidad y enfermedad mental.

445. Abordaremos al inicio de la legislatura la catalogación y ordenación

de la totalidad de los recursos y prestaciones específicos para la atención a las personas con discapacidad y elaboraremos en colaboración con las organizaciones sociales un plan de inversiones de financiación pública para toda la legislatura, cuyos criterios serán el mantenimiento de las instalaciones en uso en condiciones de calidad, así como la proximidad y el equilibrio territorial en las nuevas inversiones para la dotación de servicios, con especial consideración a la situación del medio rural en esta materia.

446. Como complemento de las políticas públicas que aquí se plantean, la

Comunidad Autónoma estimulará el patrocinio económico del sector privado y singularmente del sector financiero a proyectos de apoyo y atención a las personas con discapacidad, enfermos mentales y sus familias, significativamente aquellos que tengan un carácter innovador y puedan ser cofinanciados por el Estado y la UE.

b) Integración en la Comunidad

447. Apoyaremos el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos universales en igualdad de condiciones. A estos efectos se dotará a los servicios de la accesibilidad y adaptación necesaria y a los profesionales de la formación, el apoyo y los recursos que garanticen la calidad de la atención.

448. Garantizaremos el derecho de los discapacitados y los enfermos

mentales a conseguir la adaptación del puesto de trabajo a su discapacidad o enfermedad.

449. La accesibilidad será una condición en todos los programas de

cooperación económica y convocatorias de subvenciones de la Administración autonómica de cualquier naturaleza.



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450. Se dotará un fondo de accesibilidad para la eliminación de barreras,

tanto físicas como de comunicación, en cooperación con las Entidades Locales y otras organizaciones, con prioridad para las inversiones en el medio rural. Impulsaremos la accesibilidad del transporte interurbano.

451. Las construcciones y obras públicas de titularidad autonómica o

financiadas por la Junta de Castilla y León, incorporarán en el proyecto un informe preceptivo de accesibilidad.

452. Promoveremos la señalética pública esquemática, de comprensión

intuitiva.

453. Las políticas de igualdad dirigidas a las mujeres incorporarán programas específicos para hacer efectiva la igualdad de las mujeres con discapacidad o enfermedad mental.

454. Impulsaremos el acceso de las personas con discapacidad a las TIC,

con los apoyos técnicos necesarios. Consideramos que en la sociedad de la información un indicador clave de igualdad efectiva es el acceso a las TIC, por lo que se creará una línea específica para las personas con discapacidad en las convocatorias de subvenciones para el acceso a estas tecnologías.

455. Potenciaremos el desarrollo de un módulo para el sistema operativo

de código abierto LINUX, que permita su utilización por personas con deficiencia visual.

456. Los proyectos de producción audiovisual o las películas financiadas

por la Comunidad con carácter general serán audiodescritas.

457. Promoveremos la integración de los discapacitados sensoriales, dotaremos a la Administración autonómica de un servicio de intérpretes del lenguaje de signos, promoveremos la subtitulación en la producción audiovisual patrocinada por la Junta de Castilla y León, y la información en Braille en la Administración, como un derecho de comunicación.

458. Estudiaremos con las asociaciones y federaciones del sector la

elaboración de una Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y enfermos mentales.

459. Reconocimiento de los derechos de todas las personas

discapacitadas o que padecen una enfermedad mental a acceder a los servicios y prestaciones de la nueva Ley autonómica de servicios sociales y atención a las personas en situación de dependencia, que garantizará el acceso universal a los servicios sociales y la aplicación activa de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia del Estado. En esta nueva ley se reconocerá a las organizaciones de personas con discapacidad, enfermos mentales y sus familias el papel realizado y el estatus de interlocutores válidos de la Administración autonómica, así como un marco estable para la financiación



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de las inversiones y el mantenimiento con calidad de los servicios que prestan.

460. Pondremos en marcha un plan para mejorar la imagen social del

enfermo mental y de las personas con discapacidad. c) Integración Escolar La educación es el pilar básico para que todos los niños y niñas aprendan y se socialicen en igualdad.

461. Potenciaremos políticas de integración en todos los niveles educativos desde los 0 años, mejorando los recursos y plantillas de los centros en este ámbito. Apoyamos el desarrollo de la red de centros de educación especial para aquellos casos en que sea necesario este recurso.

462. Incorporaremos la flexibilidad necesaria a las normas de organización

de la enseñanza obligatoria para favorecer la integración de las personas con discapacidad.

463. Promoveremos políticas de apoyo directo a los más de 300 alumnos

que cursan estudios de enseñanza integrada en Castilla y León, así como a los niños integrados en la educación infantil de 0 a 3 años.

464. Programa de apoyo específico para el acceso a la universidad y a la

formación profesional, incluyendo la formación profesional ocupacional. Se dotará un programa de becas anuales no vinculadas estrictamente al expediente académico, que sirvan para costear tanto el refuerzo educativo necesario (estudio con apoyo, en su caso), como la “emancipación estudiantil” de las personas con discapacidad.

465. Programa específico y personalizado de prácticas en empresas

privadas y en la propia Administración, vinculado a la formación profesional, que evaluará y subvencionará tanto la eventual adaptación de puestos de trabajo como el empleo con apoyo en su caso.

466. Impulsaremos la participación de las familias en la actividad de los

centros. d) Integración Laboral.

467. Impulsaremos políticas activas de motivación y apoyo a la formación adaptada, en colaboración con las organizaciones del sector, para que se ocupen efectivamente las plazas de la reserva del 10% para personas con discapacidad o que padecen enfermedad mental, en las convocatorias de la Administración autonómica. Las vacantes de esta reserva de plazas sólo podrán ser ocupadas temporalmente, hasta la nueva convocatoria, por personas con discapacidad.



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468. Las pruebas para el acceso a la Administración autonómica estarán directamente asociadas con el desempeño de las tareas del puesto de trabajo convocado. Los tribunales podrán incorporar expertos asesores en materia de inserción laboral de personas con discapacidad o enfermedad mental.

469. Impulsaremos las mismas políticas de inserción laboral en las

Administraciones locales de la Comunidad.

470. Desarrollaremos el primer año de legislatura el reglamento que facilite la incorporación a la Administración autonómica, de las personas con discapacidad y enfermos mentales, ahora previsto en la disposición adicional 1ª de la Ley de Función Pública de Castilla y León. Este reglamento se adaptará a la nueva legislación básica estatal en materia de empleo público.

471. Será obligatorio, para participar en los procesos de licitación de obras

o servicios y para realizar ofertas en los procedimientos de adquisición de bienes de la Administración autonómica, el cumplimiento de las cuotas de personas con discapacidad en las plantillas de las empresas establecidas en la LISMI

472. Priorizaremos la colaboración con Centros Especiales de Empleo por

parte de las administraciones públicas.

473. Apostamos por la inserción laboral de las personas con discapacidad o enfermedad mental en empresas ordinarias, mediante la fórmula del empleo con apoyo y la formación en el puesto de trabajo. Prestaremos especial atención a la figura de los enclaves laborales, garantizando su función de tránsito hacia el empleo ordinario.

474. Aprobaremos un programa de acceso y consolidación del empleo

para las personas con discapacidad y con enfermedad mental, en el marco del plan de empleo de la Comunidad, con la colaboración de los agentes económicos y sociales, las Entidades Locales y las organizaciones del sector. Este programa incorporará servicios integrales para motivar el acceso al empleo, con instrumentos específicos de formación ocupacional e intermediación laboral, y programas de apoyo para el mantenimiento y la mejora del empleo.

475. Creación de una red autonómica de centros ocupacionales,

planificada con las organizaciones del sector que, mediante el desempeño de actividades productivas proporcionen, como propone la LISMI, servicios de terapia ocupacional y ajuste personal y social a aquellas personas que por con su discapacidad no puedan integrarse en una empresa o en un Centro Especial de Empleo dada su acusada minusvalía.

e) Servicios de Salud La salud es un bien esencial para todos los ciudadanos y una de las dimensiones más importantes para la calidad de vida independientemente.



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476. Formación de los equipos de atención primaria para la prevención y

el diagnóstico temprano de la discapacidad y la enfermedad mental.

477. Médico de familia de referencia en autismo y otras discapacidades en los núcleos de más de 10.000 habitantes.

478. Se facilitará el acceso a unidades de fisioterapia y rehabilitación

terapéutica.

479. Médicos de familia y Psiquiatras de referencia para los colegios públicos de integración

480. Servicios de especialistas de referencia para personas con

discapacidad en los centros hospitalarios.

481. Programa de coordinación sociosanitaria específicamente dirigido a las personas con discapacidad y enfermedad mental.

482. Protocolo de atención bucodental en el sistema sanitario público

para las personas con discapacidad intelectual.

483. Crearemos unidades de psicogeriatria en todos y cada uno de los centros de salud rurales o semiurbanos y un equipo de salud mental itinerante de apoyo en cada provincia.

484. Crearemos un programa marco de atención a los enfermos mentales,

que ampliará los servicios tanto hospitalarios, como de centros de día y viviendas tuteladas, con atención especial a los trastornos alimentarios y a los jóvenes, reforzando la colaboración con la Federación de Asociaciones de Familiares de estos enfermos.

485. Mejoraremos la dotación de personal de los equipos de psiquiatría

infanto-juvenil (psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales), para dar respuesta a las necesidades en materia de salud mental de las personas con menos de 18 años de nuestra Comunidad.

486. Aumentaremos el número de unidades de hospitalización psiquiátrica

en todas las áreas de salud de la Comunidad.

487. Pondremos en marcha programas de hospitalización parcial y hospitales de día psiquiátricos en todas las provincias de Castilla y León.

488. Crearemos una segunda unidad de trastornos de la conducta

alimentaria dotada con 10 camas. Reforzaremos con medios humanos la unidad del hospital Divino Vallés de Burgos.

489. Desarrollaremos guías y protocolos consensuados para los

profesionales de la atención primaria en depresión, demencias, psicogeriatría, esquizofrenia y ansiedad.



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490. Activaremos un programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y del riesgo suicida, en la escuela y en la sociedad, gestionado desde los equipos de salud mental, en colaboración con los equipos de atención primaria.

491. Se aumentarán y ampliarán las ayudas económicas individuales

destinadas a la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad o enfermedad mental, especialmente en lo que hace referencia a los gastos en salud bucodental, visión, prótesis y movilidad.

492. La Administración autonómica, hará accesibles sus propios edificios

en toda la Comunidad, comenzando por la propia Gerencia de Servicios Sociales, hoy inaccesible para los usuarios de silla de ruedas.

f) Servicios específicos

493. Regularemos la atención temprana, ampliándola hasta los seis años. Completaremos la red de este servicio en todas las provincias.

494. Garantizaremos el 100% de inversión pública en la construcción y

mantenimiento de centros y servicios de la red de iniciativa social, de acuerdo con el plan de inversiones acordado con estas organizaciones. Impulsaremos la aplicación de procesos de calidad en los centros y servicios de la red de atención, tanto pública como privada.

495. Subvención de hasta un 70% del coste total de las obras de

adaptación de viviendas de personas con discapacidad.

496. Subvención de hasta un 50 % de las obras de adaptación -incluyendo la instalación de ascensores- en edificios colectivos antiguos, en los que residan personas con discapacidad.

497. Unificación de subvenciones para ayudas técnicas del SACyL y la

Gerencia de Servicios Sociales, con financiación de hasta el 80 % del coste de las mismas.

498. En las promociones públicas de viviendas de VPO, se dotará un cupo

de viviendas para personas con discapacidad, destinadas bien a formas de vida independiente en vivienda normalizada, en régimen de propiedad o de alquiler, bien a viviendas tuteladas, en convenio con las organizaciones del sector. En la gestión de estas viviendas podrán participar las Entidades Locales.

499. Las viviendas con alguna protección pública incorporarán estándares

que con carácter general propicien la accesibilidad.

500. Ampliación a todas las provincias de la Comunidad de la oferta de miniresidencias para personas con enfermedad mental.

501. Programa de promoción del deporte, el ocio y el turismo de las

personas con discapacidad y enfermedad mental en cooperación con las



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Entidades Locales. Fomentaremos la colaboración entre las federaciones deportivas de personas con discapacidad y deporte adaptado y el resto de las federaciones deportivas territoriales.

502. Promoción de proyectos de I+D+i en colaboración con la

universidad y las entidades del sector en materia de prevención, detección, atención e integración social y laboral de personas con discapacidad y enfermedad mental.

g) Apoyo a la familia

503. En los programas y normas autonómicas sobre conciliación de la vida laboral y personal, se considerará singularmente la situación tanto de las personas con discapacidad y enfermedad mental integrados laboralmente, como de quienes les atienden en el ámbito privado.

504. Potenciaremos los programas de respiro familiar y las medidas de

apoyo financiero a las familias.

505. Apoyaremos a las familias de las personas con discapacidad o enfermedad mental con recursos económicos, apoyo técnico, ayuda para la adaptación de la vivienda y servicios de respiro familiar.

506. En los instrumentos fiscales de apoyo a la familia, se considerarán

singularmente las desgravaciones a las personas con discapacidad o enfermedad mental.



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13.- Los derechos de las mujeres. Mejorar en la igualdad es mejorar la democracia. Un gobierno socialista en la Junta de Castilla y León se implicará con decidida voluntad política en los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres que exige la madurez de una ciudadanía democrática, que rechaza toda discriminación. Este trabajo debe afectar a toda la acción de gobierno de la Junta y a su política de cooperación tanto con las administraciones, como con las organizaciones de la sociedad civil. Objetivo La propia reforma del Estatuto de Autonomía plantea los objetivos que debe abordar un gobierno con ambición de igualdad y que nosotros asumimos como propios: “Los poderes públicos de Castilla y León garantizarán la transversalidad del principio de igualdad de género en todas sus políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sobre todo en los ámbitos educativo, económico, laboral, en la vida pública, en el medio rural, en relación con la salud y con los colectivos de mujeres en situación de necesidad especial, particularmente las víctimas de violencia de género.” a) Transversalidad en las políticas de igualdad Medidas

507. El criterio de la igualdad de género condicionará de forma efectiva todas las políticas socialistas en la Junta de Castilla y León. El informe de impacto de género condicionará la aprobación de Proyectos de Ley, Decretos y Planes de la Administración autonómica.

508. La gestión de las políticas de igualdad de género será liderada por un

Instituto de la Mujer de Castilla y León, que sustituirá a la actual Dirección General de la Mujer e incluirá en sus órganos de dirección a representantes de las asociaciones de mujeres, de los agentes económicos y sociales y a otros representantes de la sociedad civil, además de las Entidades Locales y representantes de todas las áreas de la Administración autonómica. Esto facilitará la aplicación del principio de transversalidad, el traslado de estas políticas al ámbito local y al conjunto de la sociedad, además de la cooperación con el Instituto de la Mujer del Gobierno de España.

b) Tolerancia cero contra la violencia de género Los derechos a la vida, a la integridad física, a la propia dignidad y a la libertad individual, son básicos para la ciudadanía democrática. Sin embargo en Castilla y León en 2006 murieron 4 mujeres víctimas de violencia de género y se produjeron 2.544 denuncias por malos tratos a mujeres producidas por parejas o ex-parejas. El número de denuncias viene incrementándose año tras año, pero no es indicativo



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de un incremento del número de sucesos de violencia, sino de una mayor intolerancia personal –de las mujeres- y social ante este tipo de agresiones. Comprometemos una respuesta contundente contra la violencia de género mediante las siguientes: Medidas Plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género.

509. Información y la concienciación ciudadana para promover el rechazo social de la violencia. Implicaremos en esta medida a líderes y personajes públicos de todos los ámbitos de la sociedad de Castilla y León.

510. Educación en la igualdad y en la resolución pacífica de conflictos a

todas las edades, con incorporación de estos contenidos en todos los programas formativos propios de la Junta o cofinanciados por la Administración autonómica.

511. Formación de los profesionales que pueden intervenir en la detección

precoz de la violencia de género. Información, atención y apoyo a las victimas.

512. Seguimiento y atención personalizada de las mujeres en situación de riesgo, en cooperación con las Entidades Locales y las unidades provinciales contra la violencia de género de las subdelegaciones provinciales del Gobierno, con el apoyo de las nuevas tecnologías para un eficaz trabajo coordinado en red.

513. Completaremos la Red de Casas de Acogida y Pisos Tutelados con el

Centro de Recuperación Integral “Clara Campoamor” en la ciudad de Valladolid para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género, con servicio de atención de 24 horas al día y servicios de centro de emergencia. Este centro pretende atender tanto las urgencias, como las estancias más largas, proporcionando a las mujeres y sus familias protección, apoyo a su recuperación personal y a la reorganización de una vida autónoma.

514. Asimismo dotaremos a todas las capitales de Provincia con un centro

de emergencia. Todos ellos estarán coordinados entre sí y con el Centro de Recuperación Integral.

515. La red de pisos tutelados, que podrán ser de emergencia o de larga

estancia dependiendo de las necesidades, incorporará servicios comunes como asesoría jurídica, psicológica, educadores sociales, etc. Serán accesibles y se adaptarán al menos el 25 % para facilitar una vida autónoma a las personas con discapacidad.



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516. Creación de los siguientes dispositivos de inserción en cooperación

con los Ayuntamientos: • Atención psicológica grupal. • Recuperación de redes sociales en casas o centros de encuentro para la

mujer. • Políticas activas de inserción laboral y acompañamiento para el

mantenimiento del empleo. Financiación por parte de la Junta del 50 % de la cuota empresarial de la seguridad social durante un máximo de tres años para las contrataciones a mujeres víctimas de violencia de género, con bonificaciones para la contratación estable.

• Aportación de viviendas protegidas de promoción pública para el alojamiento independiente en régimen de alquiler.

• Apoyo legal específico para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

c) La larga marcha hacia la igualdad en el empleo En Castilla y León por cada hombre parado hay 2,4 mujeres paradas, a pesar de la baja tasa de actividad de las mujeres, en muchos casos motivada por su desistimiento ante las dificultades que encuentra en el mercado de trabajo. Desde 1987 en que estábamos en el 7º lugar con una ratio de 1,96, hemos llegado a ser la segunda Comunidad en la que la desigualdad de género en el mercado de trabajo es mayor. Medidas

517. Por ello proponemos un Plan de Empleo de la Mujer, orientado a alcanzar tasas de actividad y ocupación más próximas a los objetivos de Lisboa, con al menos las siguientes líneas de trabajo, desarrolladas en el área económica de este Programa: • Bonificaciones para la contratación estable. • Incentivos para la elaboración de planes de igualdad en las empresas. • Mejora de la información, la formación y la orientación profesional, a

través de un apoyo individualizado a las demandantes de empleo. • Creación de programas específicos de intermediación laboral, en

cooperación con las organizaciones empresariales. • Políticas activas para facilitar la inserción laboral de las mujeres con

especiales dificultades en la inserción laboral: Victimas de malos tratos, mujeres mayores de 40 años, mujeres que se reincorporan al mercado laboral después de un tiempo de alejadas de él, etc.

d) Conciliación de la vida laboral y familiar Mejoraremos significativamente la dotación de equipamientos y servicios para la conciliación de la vida laboral y familiar con las siguientes



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Medidas

518. Mejora de la cobertura pública de plazas escolares de 0 a 3 años con 12.000 plazas nuevas en la legislatura con dotación equilibrada en el medio rural y urbano. El objetivo es alcanzar una tasa de cobertura del 40%.

519. Apertura de los colegios de primaria durante el horario laboral, con

atención profesional para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, de ocio y apoyo escolar, en cooperación con Ayuntamientos y APAS.

520. Apoyo activo a la puesta en marcha y desarrollo de la Ley de

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, evaluando permanente su impacto de género de forma diferenciada en las áreas rurales y urbanas, mediante una metodología participativa.

e) Red de igualdad Medidas

521. Apoyaremos la cofinanciación de una red de programas municipales y comarcales para la igualdad entre hombres y mujeres en los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y menores de este tamaño, que sean prestadores de servicios generales, con medidas al menos en los siguientes ámbitos: • Información, sensibilización y nueva imagen social. • Formación de profesionales. • Desarrollo personal. • Fomento de la participación (De las mujeres en lo publico y de los

hombres en lo privado). • Fomento del reparto de tareas en el ámbito familiar y doméstico. • Fomento y promoción del asociacionismo de mujeres. • Creación de espacios de encuentro entre mujeres. • Fomento del liderazgo laboral y social de las mujeres. • Captación de recursos europeos para la financiación de proyectos de

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. • Conciliación de la vida personal, familiar y profesional. • Experiencias de bancos de tiempo. • Formación ocupacional, autoempleo e Inserción laboral. • Incorporación a las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC) • Acceso a la vivienda • Lucha contra la violencia de género y atención a las víctimas y a las

mujeres en situación de riesgo. • Atención específica a colectivos priorizados por las Entidades locales, en

función de su propia realidad social: Mujeres en situación o riesgo de exclusión social, con cargas familiares no compartidas, inmigrantes, minorías étnicas, ancianas etc.



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f) Igualdad efectiva en la Administración Autonómica Desde el primer día un gobierno socialista paritario en la Junta de Castilla y León aplicará las medidas contempladas en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres para la Administración general del Estado, cuyo efecto demostrativo se trasladará al el resto de los sectores de actividad con la colaboración de los agentes económicos y sociales. Medidas

522. Presencia equilibrada en los órganos directivos, los tribunales y órganos de selección del personal y de valoración de méritos para la provisión de puestos. Presencia equilibrada en los órganos colegiados y de representación de la Administración autonómica.

523. Régimen de excedencias, reducciones de jornadas, permisos y

licencias para proteger la maternidad y la paternidad, y conciliar la vida laboral y familiar, sin menoscabo para la carrera profesional en la Administración. (Plan CONCILIA).

524. Acciones positivas en materia de formación y formación para la

igualdad.

525. Negociación con los representantes de las empleadas y empleados públicos de un protocolo de actuación frente al acoso sexual o por razón de género.

526. Negociación, aprobación y evaluación anual de un Plan de Igualdad

en la Administración autonómica, organismos, entidades y empresas de ella dependientes.

g) La mujer en el mundo rural. Las mujeres rurales tienen más obstáculos para hacer efectivo su derecho a la igualdad por la falta de dotaciones y servicios para la calidad de vida y la igualdad de oportunidades. Por ello las políticas de igualdad en el medio rural deben remover a un tiempo los obstáculos que se oponen a la igualdad territorial –igualdad de oportunidades con independencia del lugar en que se viva- y a la igualdad de género. Medidas

527. Información y promoción de la Igualdad. Incorporación de agentes de igualdad de oportunidades y del informe de impacto de género en todos los programas de desarrollo rural cofinanciados por la Junta de Castilla y León.

528. Incorporación de programas de Igualdad a las oficinas territoriales de

la Junta de Castilla y León en las comarcas-.

529. Ayudas para el acceso de las mujeres a la cotitularidad de las explotaciones agrarias, ya que el alta en la seguridad social no sólo supone



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el reconocimiento institucional del trabajo de las mujeres en el campo, sino que es la puerta de acceso un importante conjunto de derechos sociales.

Un acuerdo entre las OPAS y la seguridad Social en octubre de 2005 avanzó significativamente en el reconocimiento del trabajo que desempeñan las mujeres en las explotaciones familiares de las que es titular un hombre. Como consecuencia del acuerdo, se aprobó una bonificación del 30% para que las mujeres menores de 40 años que trabajasen en la explotación familiar pudieran darse de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social. Así un gobierno socialista en la Junta de Castilla y León bonificará con un 20% añadido y compatible con el anterior a las mujeres que formen parte de explotaciones familiares cuyo titular sea agricultor a título principal, estén en paro, y tengan residencia en el medio rural, de modo que las titulares sólo tengan abonar el 50 % de la cuota que les corresponda. h) Ordenación del territorio Medidas Garantía de servicios para la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.

530. La ordenación del territorio de la Comunidad definirá como esenciales los equipamientos vinculados a la educación, la sanidad, los servicios sociales y la atención a la dependencia, la igualdad de oportunidades, la cultura y el deporte, los de promoción de la actividad económica, el empleo, y la protección ciudadana.

531. Establecerá también los estándares de cobertura mínima por

comarcas de los servicios públicos esenciales a cuyo efecto se tendrán en cuenta criterios relacionados con la dispersión geográfica y con garantía de equidad en el acceso. En el diseño y la organización operativa de estos servicios se atenderá a criterios de igualdad de género.

Accesibilidad en transporte público

532. Aseguraremos la accesibilidad diaria mediante transporte público a todos los núcleos comarcales prestadores de servicios y a las capitales de provincia desde todas las poblaciones de la Comunidad. La planificación de este servicio básico incorporará criterios de igualdad de género.

Accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación.

533. El Objetivo es lograr en la próxima legislatura el Acceso del 100% de los municipios de la Comunidad a Internet a través de sistemas de Banda Ancha, utilizando las tecnologías disponibles. Desarrollaremos una actividad específica para combatir la brecha tecnológica por razón de género.



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i) Desarrollo normativo Medidas

534. Adaptación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León a los contenidos de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y a los principios de igualdad contemplados en el acuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía.

535. Ley integral de lucha contra la violencia de Género en Castilla y

León.

536. Reforma de la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad, para la aplicación de los principios de presencia equilibrada en la Administración y la implantación del informe de impacto de género.



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14.- La inmigración, como oportunidad y como reto. Los movimientos migratorios han sufrido un cambio radical en los veinte últimos años. De ser un país de emigrantes España ha pasado a ser un país de inmigración. Hoy estamos entre los países europeos que cuentan con mayor proporción de extranjeros viviendo en su territorio. Y es este un cambio social de importancia histórica. La causa principal de estas migraciones tiene una base económica. Es la desigualdad norte-sur y la injusta distribución de la riqueza. El 20% de la población mundial acumula el 80% de la riqueza, lo que hace que el 80% de la población tenga que vivir con el 20% de la riqueza. La inmigración hace una importante contribución al desarrollo del país de acogida y también del país de origen, porque las remesas de dinero que envían son uno de los pilares sustanciales para el despegue de sus economías. La política de integración y los recursos que se dedican a la plena incorporación social de la población inmigrante tienen como destinatarios finales al conjunto de los ciudadanos, con el fin de promover la cohesión social. En este sentido no se trata de crear políticas diferenciadas para inmigrantes, sino de adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades que se plantean con la presencia de población inmigrada. Esta adecuación ha de ser tan cuantitativa, para responder al incremento de los nuevos ciudadanos y usuarios de los servicios públicos, como cualitativa, para gestionar la diversidad de las nuevas demandas, e incorporar los necesarios elementos interculturales. Sin embargo, en determinadas circunstancias específicas de vulnerabilidad o dificultad de inclusión es necesario el desarrollo de programas específicos para la población inmigrante, y/o la articulación de medidas como servicios de orientación, con traductores incluidos para facilitar el acceso a los servicios de carácter general. En esta materia, como en otras, dado el marco competencial que se ha ido configurando en España, es fundamental la cooperación entre las distintas Administraciones. Muchos de los servicios que se prestan a la ciudadanía, son responsabilidad de las Corporaciones Locales o de las Comunidades Autónomas, y la Administración General del Estado, además de establecer los marcos normativos, potencia esos servicios, apoyando a las administraciones responsables de los mismos. Como la generalidad de las Comunidades Autónomas, también la Junta de Castilla y León aprobó un Plan Integral de Inmigración [en Castilla y León, 2005-2009], organizado en su parte operativa en áreas de intervención, respecto a las cuales se fijan objetivos específicos. El Plan tiene una filosofía y unas directrices coherentes con las estatales, y presenta un aceptable conjunto de objetivos. Sin embargo, el despliegue del Plan, su concreción en programas o proyectos no ha sido tan satisfactorio; sin calendario de ejecución y sin asignación presupuestaria se ha convertido en una simple declaración de intenciones. La propia Junta de Castilla y



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León reconoce una baja ejecución de los programas durante el primer año de su vigencia. En el Plan Autonómico, se reconoce el carácter bidireccional de los procesos de integración, lo que exige implementar medidas y acciones dirigidas tanto a la población inmigrada cuanto a la sociedad de acogida. Los últimos datos del padrón de habitantes al comienzo de 2006 fijan en 107.770 personas la población inmigrante en Castilla y León. La mayoría de ellos se han incorporado en el presente siglo, cuyo saldo migratorio 2000-2006 es de 91.610 personas, que se asientan en los municipios de más de 500 habitantes todos los cuales presentan por primera vez en muchos años un saldo migratorio positivo, si bien el balance favorable es mucho más intenso, en tono a un 8%, en los municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes y el los de más de 20.000 no capitales de provincia. Las mujeres suponen en Castilla y León, igual que en la media nacional, el 46% de la población inmigrante extracomunitaria. Con frecuencia, conseguir la participación e implicación de las mujeres en la sociedad significa insertar a la familia entera en dicha sociedad, pues las mujeres son un elemento esencial en el acceso y uso de los servicios existentes por parte de los núcleos familiares. Por otra parte, las mujeres inmigrantes tienen un diferencial de desigualdad respecto a los hombres de su nacionalidad superior, en general, al de las mujeres españolas respecto a los varones españoles. Ha de tenerse en cuenta, igualmente, que el mayor porcentaje de mujeres inmigrantes se encuentran en la franja de edad entre los 19 y los 45 años. Por todo ello, parece conveniente incidir en programas de salud reproductiva, de inserción en el mercado laboral normalizado y de formación. Sin perjuicio de que las políticas públicas se basen en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y de que se incorpore a las mismas la estrategia de género y la no discriminación por razón de sexo, son necesarias actuaciones específicas en el caso de las mujeres inmigrantes. La estructura demográfica de Castilla y León y la distribución territorial de la población evidencian la oportunidad de impulsar el asentamiento de población inmigrante en entornos de escasa población. Sin perjuicio del apoyo a programas específicos en barrios con alta presencia de población inmigrante, es particularmente interesante promover en el entorno rural el asentamiento de esta población, que se asienta donde existen oportunidades. La ciudadanía compartida como vía de cohesión social exige participación. El Plan estatal propone el impulso a los Consejos Locales de Inmigración para posibilitar la participación de los nuevos habitantes en determinados asuntos del municipio, incrementando su integración en la democracia deliberativa de los municipios donde residan. Objetivos:

• Fomentar la integración social de la población inmigrante. • Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos

culturales y políticos de los inmigrantes.



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• Garantizar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos en igualdad de condiciones respecto a la población autóctona.

• Fomentar entre los inmigrantes el conocimiento y respeto de los valores comunes de la Unión Europea, de los derechos y las obligaciones de los residentes en Castilla y León y de las normas sociales de convivencia de la sociedad española.

• Mejorar el sistema de acogida para inmigrantes recién llegados hasta ponerles en situación de acceder a los servicios públicos generales.

• Promover el uso de los instrumentos legales para adecuar la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, y regular los flujos de trabajadores extranjeros.

• Mejorar el seguimiento de las actividades de refuerzo educativo y aumentar el apoyo a los centros en este sentido. Es igualmente importante promover el acceso del alumnado inmigrante a los ciclos de enseñanza no obligatoria, tanto en educación infantil como en etapas post-obligatorias de secundaria y universidad.

• Promover la sensibilización respecto al pluralismo cultural, a la lucha contra la discriminación racista o xenófoba y a la necesidad de cohesión social.

Medidas

537. Impulsaremos, de manera decidida, el Observatorio Permanente de la Inmigración de Castilla y León como instrumento básico para la recogida y análisis de los datos y del estudio de la realidad de la inmigración.

538. Reestructuraremos el Foro de la Inmigración, dando un mayor peso y

participación a las organizaciones sociales que trabajan con extranjeros, a los Ayuntamientos y a las propias asociaciones de inmigrantes, como sujetos activos en el diseño y planificación de las políticas que les afectan directamente. El Foro, el Observatorio y el Plan de Inmigración, han de servir como herramientas para el desarrollo de las políticas de inmigración de la Comunidad.

539. Incrementaremos las transferencias de recursos y la cooperación con

los Ayuntamientos, ámbito en el que se materializan los procesos de integración y se manifiestan los problemas y necesidades de la población inmigrante.

540. Pondremos en marcha módulos introductorios a la sociedad de

acogida, dirigidos a proporcionar orientación e información básica sobre derechos y obligaciones, recursos disponibles y valores constitucionales.

541. Sistematizaremos las acciones formativas en colaboración con los

agentes económicos y sociales y con las ONGs, tratando de adecuarse a las necesidades de los inmigrantes y a los requerimientos de la demanda de mano de obra en el ámbito regional: atención a la dependencia, hostelería, tareas cualificadas en construcción, agricultura y ganadería, etc.

542. Promoveremos la implicación de los agentes económicos y sociales,

para que exista mayor realismo en la confección del contingente anual, la determinación de los visados de búsqueda de empleo, y la elaboración del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura trimestral, coordinando los



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catálogos provinciales para darles una visión de ámbito autonómico y evitando disfunciones intra-regionales en el mercado de trabajo.

543. Mejoraremos la información para emprendedores y para el

autoempleo dirigida a inmigrantes, e impulsaremos la financiación por micro-créditos.

544. Realizaremos campañas de sensibilización dirigida a las empresas

respecto a los derechos, formación y condiciones laborales de los trabajadores extranjeros. Se deben equiparar las condiciones laborales entre los inmigrantes y los trabajadores nacionales.

545. Aumentaremos el número de aulas ALISO (Aulas de Inmersión

Lingüística) de acuerdo con las necesidades y los flujos de niños inmigrantes.

546. Evitaremos la concentración de alumnos inmigrantes en

determinados colegios y aulas, para mejorar la capacidad de inserción de los centros.

547. Favoreceremos el acceso normalizado de las mujeres inmigrantes a

programas específicos dirigidos a mujeres en general, en especial los de formación para el empleo (evitando el trabajo sumergido), los de salud reproductiva y control de natalidad, lucha contra la violencia de género, educación en igualdad, recursos e itinerarios de los servicios existentes para dar soporte a quienes se ocupan de niños, ancianos y dependientes.

548. Impulsaremos la inserción de familias inmigrantes en los programas

de desarrollo local en el entorno rural.

549. Promoveremos, en colaboración con los Ayuntamientos, la implementación de programas específicos de inserción y apoyo en barrios con elevada proporción de población inmigrante, en los que se buscará la implicación de las organizaciones vecinales.

550. Realizaremos programas que promuevan una mejor comprensión de

los procesos y fenómenos migratorios, y de la realidad de los inmigrantes.

551. Promoveremos la participación de los inmigrantes en las asociaciones de carácter general, con campañas específicas de información acerca de los cauces de participación, en colaboración con agentes de la sociedad civil (sindicatos, asociaciones de vecinos, AMPAs y ONGs.)



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15.- Los derechos de los consumidores La defensa de los consumidores es un mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos. La preocupación por la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios ha sido para los socialistas una preocupación y un compromiso político, en todos los ámbitos de gobierno. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, ley básica vigente hasta hoy, fue aprobada durante el primer gobierno socialista. Desde entonces se han producido profundos cambios sociales en la sociedad de consumo con un amplio reflejo en los mercados y en los comportamientos de los consumidores. Desde la compra por Internet, a la hipoteca inversa, la universalización de la telefonía móvil y las instalaciones que conlleva, los servicios comunitarios, la administración “on line” o la venta de productos seudo saludables. Particularmente significativas en esta materia han sido las crisis alimentarias del final del siglo XX y primeros años del siglo XXI, que han puesto en evidencia la complejidad del proceso productivo de alimentos y la necesidad de garantías en toda la cadena de producción, desde las fases más primarias hasta el consumo, para proteger la salud de la población. La Ley de Mejora de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de ámbito estatal, aprobada en diciembre de 2006 con el consenso de todos los grupos parlamentarios, quiere dar respuesta a estos nuevos retos de uso y consumo de productos y servicios. Constituye, por tanto, el marco al que han de acomodarse las políticas de la Comunidad de Castilla y León.

• Se refuerzan los mecanismos para garantizar la seguridad en el uso y consumo de productos y servicios y autoriza a las Administraciones a adoptar, ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, todas las medidas necesarias para hacer desaparecer el riesgo.

• Se amplía la legitimación de las Administraciones ante los tribunales para

requerir el cese de prácticas comerciales que sean contrarias a la normativa de protección de consumidores y usuarios.

• Se introduce una nueva regulación de las asociaciones de consumidores y

usuarios y establece los requisitos para acceder a la denominación de “Asociación de Consumidores y Usuarios” y ejercer los derechos de representación y defensa de los intereses generales de los consumidores reservados a éstas.

• Se reforma el Sistema Arbitral del Consumo, para mejor solución de los

conflictos Los gobiernos del PP en Castilla y León, se han limitado a mantener políticas de “maquillaje”, clientelares y de mínimos en el mejor de los casos.



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Los Socialistas de Castilla y León queremos avanzar con políticas que den respuesta a los nuevos retos sociales y tecnológicos, que impulsen, en un mundo globalizado, un consumo ético, responsable y sostenible. Una política que cumpla con el mandato constitucional y de la reforma del Estatuto de protección de los consumidores y usuarios, que incluye el derecho a la protección de la salud y la seguridad y de sus legítimos intereses económicos y sociales. Objetivos

• Dotar a la Administración de Castilla y León de un instrumento administrativo adecuado para el desarrollo transversal de las políticas de protección y defensa de los consumidores y usuarios.

• Impulsar la coordinación entre las administraciones públicas y de estas con las asociaciones de consumidores y usuarios.

• Impulsar la formación e información de los consumidores y las empresas. • Fomentar el asociacionismo de los consumidores y el buen funcionamiento

de las asociaciones, con marcos estables de cooperación. • Fomentar el arbitraje y los sistemas de mediación para la resolución de

quejas, reclamaciones y conflictos en materia de consumo. • Ordenar y mejorar la eficacia los sistemas de inspección, vigilancia y control

en materia de consumo. Medidas de gestión

552. Creación del Instituto de Consumo de Castilla y León cuyo diseño tendrá en cuenta el carácter transversal de las políticas de protección de los consumidores y usuarios, por lo que incorporará en sus órganos de gobierno representantes de todas las Consejerías afectadas, así como de las Entidades Locales y las asociaciones de Consumidores y Usuarios acreditadas como tales.

553. El Instituto de Consumo de Castilla y León se dotará de una

adecuada estructura territorial, provincial y comarcal en su caso.

554. Su competencia será la de gestionar el fomento, promoción, vigilancia y protección de los derechos de los consumidores y usuarios de Castilla y León; promover la formación e información de ciudadanos, administraciones y empresarios; la coordinación y cooperación entre las Administraciones Publicas y las organizaciones sociales y el impulso a la participación ciudadana, además de promover normas legales y administrativas en los ámbitos de su responsabilidad

555. Impulsaremos el desarrollo legislativo de la Ley 11/1998 de

Consumo de Castilla y León y las normas reglamentarias de adaptación a la Ley 44/2006 de Mejora de la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, conforme a la inmediata refundición de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.



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Medidas de Cooperación

556. Activaremos el funcionamiento de la Comisión de Cooperación de Consumo, creada por el Decreto 20/2004, de 22 de enero, cuya definición aún no está completada en todo su desarrollo.

557. Colaboraremos con la Administración General del Estado –

singularmente con el Instituto Nacional de Consumo- y con las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Consumo.

558. Se creará un órgano estable de coordinación con Ayuntamientos y

Diputaciones para el impulso de las políticas locales en el ámbito del consumo y su coordinación con las autonómicas, así como para el estudio de la distribución de competencias en esta materia.

559. Promoveremos la creación de unidades administrativas específicas de

consumo en los Ayuntamientos y en las Diputaciones, que tengan en cuenta el carácter transversal de su objeto. Prestaremos un interés prioritario en promover y colaborar en la creación y mejora de la dotación de medios personales y materiales de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)

560. Impulsaremos la dotación de servicios de información y atención al

consumidor en todas las comarcas, completados con unidades móviles provinciales, dependientes de las Diputaciones, para atender a las poblaciones rurales que no cuenten con este servicio.

561. Apoyaremos a las Diputaciones provinciales, a la comarca del Bierzo

y a las que pudieran constituirse para garantizar la información y la protección de los derechos de consumidores y usuarios en los pequeños núcleos rurales.

562. Se promoverá la elaboración de ordenanzas provinciales, municipales

o comarcales de consumo en cuya redacción colaboraremos a través de documentos –marco.

563. Incorporaremos al plan estadístico de la Comunidad la elaboración

periódica de estudios de hábitos de consumo, con datos significativos para el desarrollo de las políticas autonómicas y locales en la materia.

Medidas de formación El conocimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y también su capacidad de actuar y exigir, se fundan en la información que reciban y en su formación como ciudadanos.

564. Creación de la Escuela de Consumo de Castilla y León, para formación de profesionales, en cooperación con las universidades y las asociaciones de consumidores y usuarios. Mantendrá un programa estable de actividades en el conjunto de provincias de la Comunidad.



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565. Las campañas de sensibilización e información se decidirán con la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, atendiendo a criterios de actualidad, a la incidencia en la salud o a la población afectada.

566. Estableceremos campañas y planes específicos de sensibilización e

información en materia de buenas prácticas de producción y servicio para PyMEs, cooperativas, autónomos y profesionales. Se desarrollaran campañas específicas para la adhesión al sistema arbitral de consumo y a mediación como mejor forma de resolución de los conflictos, de acuerdo con nueva regulación (Próxima aprobación RD de adaptación a la Ley 44/2006).

567. Produciremos material de información y divulgación específico en

diferentes soportes, con destino a los centros de primaria y secundaria, los puntos de información juvenil (vivienda, medio ambiente, tallaje, alimentación, tecnologías, viajes etc,) y los hogares y centros de día para personas mayores (asistencia, alimentación, residencias, hipoteca inversa).

Medidas para la participación Los Consejos de Consumidores y Usuarios, dentro de su ámbito geográfico, deben de ser los instrumentos de participación y de vertebración, coordinación y cooperación de las políticas de consumo entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Podrán participar los organismos e instituciones o expertos según la materia. Se regularan de acuerdo con la Ley. 44/2006 de mejora de la protección de los derechos de los consumidores. Para ello:

568. Reactivaremos el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y León, dotándole de los medios legales y económicos que garanticen su funcionamiento.

569. Impulsaremos la creación, o en su caso la reactivación de los

consejos de ámbito provincial y municipal en los mismos términos.

570. Fomentaremos las asociaciones de consumidores y usuarios, definiendo detalladamente su objetivo y cometido, y su carácter exclusivo de actuación en este ámbito, de acuerdo con lo establecido el la Ley 44/2006 y disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

571. Crearemos un distintivo de calificación por su objeto y dedicación

exclusiva como asociaciones de consumidores y usuarios en el ámbito geográfico que elijan y que las distinga de otras similares.

572. Impulsaremos los programas de formación, acceso a las TIC,

fortalecimiento y articulación nacional e internacional del movimiento asociativo y cuanto contribuya a la creación y mejora de una red de asociaciones más próxima a los ciudadanos.

573. Crearemos un marco estable y plurianual de cooperación con las

asociaciones de consumidores y usuarios que mantengan servicios estables de información y atención a los consumidores. El criterio para la valoración



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de estos convenios de cooperación será la población atendida y la trayectoria de las asociaciones en la defensa de los consumidores y usuarios.

574. Prestaremos atención preferente a la creación y sostenimiento de las

Asociaciones con una dedicación especial y prioritaria a la protección y defensa de los derechos de: los mayores y de los jóvenes, y otros colectivos, como inmigrantes o en situaciones de desprotección coyuntural.

Medidas para la inspección, vigilancia y control. El establecimiento de sistemas eficaces de inspección vigilancia y control es indispensable para la protección efectiva de los derechos y la seguridad de los ciudadanos,

575. Promoveremos la coordinación de todos los servicios de inspección vigilancia y control, tanto en alimentos como en productos industriales y servicios. Homologaremos la dotación de estos servicios en todos los territorios.

576. Potenciaremos y organizaremos los recursos existentes de la

Inspección Regional de Consumo con la creación de un cuerpo de inspección, únicos, con distintas especializaciones, para llegar a todos los sectores y optimizar los recursos.

577. Crearemos unidades específicas de control y vigilancia para los

servicios o productos que por su novedad o incidencia social, lo requieran. Se creará una unidad específica de comercio electrónico, para la prevención de fraudes y asesoramiento a los ciudadanos.

578. Incrementaremos la vigilancia y control en los productos socialmente

sensibles (vivienda - telefonía) o dirigidos a sectores más desprotegidos, mayores y niños, o los que puedan entrañar riesgo potencial o incitación a la violencia, defectos de etiquetado o publicidad engañosa etc.

579. Creación del Laboratorio Regional de Investigación y Control de

Calidad con competencias de análisis de productos de consumo no alimentario que, en su caso, posibiliten la retirada de productos peligrosos. Se coordinará con los laboratorios dependientes de las Entidades Locales.

Medidas para la mediación

580. Para la Resolución de los conflictos, potenciaremos el sistema arbitral autonómico de consumo y el establecimiento, dotación y difusión, de las Juntas Arbitrales de Consumo. Su función será de conocimiento, mediación para la resolución de los conflicto y en su caso, sancionadora, de acuerdo con la legislación. Constituyen una fórmula rápida, gratuita y voluntaria para la resolución de las diferencias entre consumidores y proveedores y tiene la misma eficacia que una sentencia judicial.

581. Se promoverán los sistemas arbítrales municipales provinciales y

comarcales de consumo.



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582. Se impulsará la adhesión al sistema arbitral de los profesionales,

autónomos y empresas, para agilizar la solución de los conflictos y mejorar la confianza recíproca.

583. Promoveremos la creación dentro del ámbito de las Juntas Arbítrales

de las secciones de mediación y la figura del mediador de consumo, intermedia entre la inspección y el arbitraje.



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16.- Oportunidades para los jóvenes de Castilla y León. La juventud constituye un sector de población clave para el futuro de la sociedad castellano y leonesa, no solo por lo que el concepto joven implica en la sociedad de hoy, como referente de valores, formas de vida y pautas de comportamiento; sino porque, en la encrucijada en que se encuentra Castilla y León, la juventud actual, con su alto nivel de preparación, constituye el principal recurso para el desarrollo de la Comunidad. Un recurso que, si se pierde, nos dejará sin posibilidades de futuro. Los jóvenes como generación están llamados a jugar un papel social mucho más relevante que el que actualmente desempeñan en la Comunidad. Su preparación, su energía vital, su capacidad de adaptación a las nuevas corrientes, sus posibilidades creativas e innovadoras podrían convertir a este sector de población en motor del desarrollo económico y del cambio social que la Comunidad está necesitando; pero se convierten, en la mayor parte de los casos, en fuente de frustración, al comprobar que sus capacidades, expectativas y proyectos quedan truncadas, por las dificultades en su inserción laboral y social, debido a la precaria situación de nuestro mercado de trabajo. Así, lo que podría suponer un avance y aportación al desarrollo e innovación de la sociedad -la gran preparación y capacidad de la juventud- se convierte en un problema social de primer orden, con graves perjuicios, tanto para los propios jóvenes -a gran parte de los cuales no les queda otra salida que emigrar- como para la Comunidad, que pierde su principal recurso productivo, en el que ha invertido una gran parte de su presupuesto. De aquí que una de las principales líneas de actuación de las políticas de juventud, que afectan de forma transversal a todas las áreas de gobierno, sea la inserción social y laboral de los jóvenes en la propia Comunidad Autónoma –si ellos lo desean-, dentro del objetivo estratégico de evitar la despoblación y potenciar el desarrollo de los recursos propios de la Comunidad. Castilla y León es la tercera de las Comunidades autónomas españolas con menor proporción de población juvenil. El índice de población juvenil en la Región ha venido descendiendo progresivamente en las dos últimas décadas y seguirá descendiendo en los próximos años, no sólo por causa del descenso de la natalidad, sino también, y principalmente, por la emigración. Los últimos datos publicados por la Junta en internet indican que en los primeros tres años de la legislatura que ahora acaba Castilla y León perdió 52.564 jóvenes altamente cualificados entre 15 y 34 años, que emigraron a otras Comunidades o al extranjero. Además, las cifras de emigración juvenil han sido peores cada año de la legislatura



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a) Más política joven Autonómica

584. Modificaremos la actual Ley de Juventud de Castilla y León, promoviendo el consenso en su elaboración entre todos los grupos políticos así como con el Consejo de la Juventud de Castilla y León.

Necesitamos una Ley que facilite políticas activas en favor de los jóvenes,

así como mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de todas las Administraciones.

585. Pondremos en marcha el Instituto Autonómico de la Juventud,

promoviendo una mayor autonomía y transversalidad en sus políticas.

586. Crearemos, de forma conjunta con la FRMP, un Consejo Territorial de Política de Juventud, donde estén representados Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y la propia Administración autonómica.

587. Crearemos la catalogación de “Municipio Joven” en función del

número de servicios destinados a la juventud y al grado de cumplimiento de políticas de juventud.

588. Crearemos Planes Comarcales de Gestión de las Políticas de

Juventud. Estos planes buscarán la igualdad de oportunidades real de los jóvenes de la Comunidad, sea cual sea su lugar de residencia, acercando los servicios juveniles a todas las comarcas. Estos Planes promoverán y cofinanciarán junto con las Diputaciones y Ayuntamientos, al menos, en todas las capitales de provincia y en cada comarca, la creación de una Casa de la Juventud que contará con los siguientes servicios:

• Un Coordinador de Juventud comarcal, que gestione, dinamice y

coordine los servicios juveniles de la zona. • Ventanilla única de Información Juvenil: contará, al menos, con una

asesoría empresarial y jurídica, una asesoría sexológica, un servicio de orientación educativa e información cultural.

• Oficina de Emancipación: contará con una bolsa de empleo y vivienda así como servicios de asesoramiento e información en ambos temas. Prestarán especial atención a la información y protección de los derechos laborales de los jóvenes. Estarán conectadas en red con todas las demás oficinas para una mayor eficacia y acceso a las diferentes bolsas.

• Club del Emprendedor: se instalará dentro de las Oficinas de Emancipación donde se pueda acceder a información presencial y virtual sobre creación y gestión de un proyecto empresarial, con la colaboración de asociaciones de empresarios y autónomos, acceso a las ayudas de autoempleo así como a planes de formación para emprendedores. Se posibilitará el contacto entre todos los emprendedores para el intercambio de experiencias y facilitar la creación de centrales de compra entre ellos con el fin de ahorrar costes.

• Espacios para asociaciones: las asociaciones deberán contar con espacios comunes para poder realizar sus actividades.



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• Espacios para la Creación Joven: lugares para la promoción artística con aulas que cuenten con el material técnico para el desarrollo de diferentes actividades artísticas como música, literatura, pintura o teatro. Estos espacios se crearán en colaboración con el INJUVE.

Todos lo servicios contarán con personal cualificado y estarán cogestionados, en la medida que sea posible, por las asociaciones juveniles del entorno, mediante concursos públicos y transparentes en los que todas ellas puedan concurrir en igualdad. b) Más información y formación

589. Creación de la Oficina Parlamentaria Joven en nuestro Parlamento Autonómico, como vehículo permanente de diálogo y propuestas entre los/las jóvenes y el Poder Legislativo de nuestra Comunidad Autónoma.

590. Creación de las Ventanillas únicas de Información Juvenil, puntos

integrales de información y asesoramiento con servicios de asesoría que cuenten con personal cualificado en materia jurídica, sexológica, de empleo y vivienda, fundamentalmente. Se instalarán en las Casas de Juventud de manera preferente.

591. Se establecerá una página web y una red temática de información

juvenil con posibilidad del envío domiciliario de información y documentación.

592. Dentro del programa educativo y en la asignatura “Educación para la

Ciudadanía y Derechos Humanos” definiremos como objetivo prioritario el aumento de la participación y asociacionismo, complementándolos con campañas anuales.

c) Más participación

593. Daremos un nuevo impulso a las medidas de fomento de las Asociaciones Juveniles, para lo que estableceremos una red permanente entre las Asociaciones, Consejo de la Juventud, Instituto de la Juventud y las concejalías de Juventud de los municipios para canalizar todas las propuestas.

594. Crearemos o ampliaremos bancos de recursos materiales en todas

las provincias y/o comarcas, gestionados por los Consejos de Juventud dirigidos a todas las Asociaciones Juveniles y grupos de jóvenes de la Comunidad Autónoma.

d) Más empleo

595. Impulsaremos el diálogo social con la creación de Comisiones Tripartitas para el Plan de Empleo Joven en el ámbito autonómico donde estén presentes la administración, los agentes sociales y los representantes de los y las jóvenes con el objetivo principal de descubrir y fomentar nuevos yacimientos de empleo, y desarrollar planes específicos de empleo juvenil,



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además de luchar contra la precariedad, la siniestralidad y la temporalidad juvenil en el empleo.

596. Apoyaremos convenios de colaboración en materia de formación

entre las distintas Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales para ofertar cursos de formación continua a los trabajadores por sectores, con especial atención a las medianas, pequeñas y muy pequeñas empresas.

597. Se establecerán líneas de ayuda a la contratación formativa y en

prácticas de jóvenes para un primer empleo y/o recién titulados.

598. Impulsaremos la red autonómica de escuelas taller y talleres ocupacionales.

599. Firmaremos convenios de colaboración con los departamentos de

juventud de los sindicatos para ampliar los servicios de información que ofrecen, así como para fomentar la creación de una cultura sindical entre los jóvenes.

600. Se incentivará y mejorará la contratación a los jóvenes mediante las

la redacción de un nuevo Plan de Empleo Joven, que recogerá ayudas e incentivos a los contratos para la formación o en prácticas, a la contratación indefinida de jóvenes, en los supuestos de contratación de jóvenes para la cobertura de ausencias o vacantes generadas por maternidad, acogimiento o adopción y vacaciones, así como del contrato relevo que se haga a jóvenes.

e) Emprendedores y Autónomos

601. Se promoverán planes específicos de autoempleo juvenil. Estos planes deberán comprometerse en la formación, promoción, y al apoyo de la Administración autonómica.

602. Estableceremos Programas de Información Juvenil que comprendan

aspectos de asesoría empresarial como ayuda a los jóvenes emprendedores y al autoempleo. Se fomentará el acceso de los jóvenes a las ayudas destinadas a la creación de empresas, a través de campañas informativas. Se desarrollarán por la Oficina de Emancipación Joven y el Club del Emprendedor y sus acciones.

603. Financiaremos viveros de empresas y locales de negocio en los

Ayuntamientos o comarcas para la instalación jóvenes autónomos o pequeños empresarios a precios asequibles en función del tiempo de ocupación.

604. Apoyaremos especialmente la creación de polígonos industriales y

parques científicos-tecnológicos en cuyas empresas se establezcan, desde los municipios implicados, criterios favorables como la reducción de tasas municipales o pagos de urbanización condicionados a la incorporación prolongada de aquellos colectivos especialmente desfavorecidos como son los jóvenes, mujeres, inmigrantes y personas con discapacidad.



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605. Fomentaremos la creación de cooperativas, centrales de compra y

asociaciones de jóvenes empresarios/as.

606. Apoyaremos especialmente a la profesionalización de la gestión de los jóvenes agricultores y a la creación de empresas en el medio rural.

607. Se elaborarán programas bianuales para promocionar la creación de

empresas a través de la celebración de una Feria Autonómica del Joven Emprendedor y la celebración de un concurso en el que los jóvenes propongan su proyecto empresarial, premiando al ganador con una cuantía económica y/o un crédito a interés cero para el desarrollo del proyecto.

608. Estableceremos una convocatoria amplia de subvenciones al

autoempleo y a la creación de empresas para jóvenes, que contemple ayudas para la reducción de tipos de interés de los préstamos externos, ayudas para las inversiones en infraestructura, préstamos directos con devolución aplazada a cuenta de beneficios durante los diez años siguientes a la constitución de la empresa y deducciones en las prestaciones abonadas en concepto de cotizaciones.

f) Vivienda

609. Se cumplirán, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, las medidas marcadas por el Plan de Vivienda 2005-2008, sin renunciar a ampliarlas. El objetivo debe ser alcanzar la media de edad de la Unión Europea en lo referente a edad de emancipación de la juventud.

610. Se potenciará la capacidad de los servicios autonómicos de fomento

y búsqueda de viviendas en alquiler, trabajando conjuntamente con la Sociedad Pública de Alquiler de la Vivienda.

611. Continuaremos con la tendencia marcada por el Plan de Vivienda

2005-2008 de aumento de la vivienda de protección oficial. Ello significa construcción de viviendas para jóvenes, tanto en régimen de alquiler como destinadas a la compraventa, a través de la misma Administración y/o a través de convenio con las empresas inmobiliarias y las cooperativas sociales y sindicales.

612. Se creará una Oferta de Vivienda de Protección Oficial en Alquiler y

venta ajustada a las demandas de la juventud y, dentro de esta, se tendrán en cuenta los diferentes periodos de vida de los y las jóvenes y, por tanto, sus diferentes necesidades vitales.

613. Incluiremos al Consejo Autonómico de la Juventud en las comisiones

redactoras de los planes de vivienda.

614. Fomentaremos el alquiler como una opción interesante para la emancipación, así crearemos un parque público de viviendas en alquiler para jóvenes, en todas las capitales de provincia y de comarca. Los precios del alquiler de estos pisos más baratos que la media del precio de alquiler del mercado libre de esa ciudad y/o comarca.



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615. Conjuntamente con otras administraciones, se creará una oferta de

pisos de alquiler asequibles para las/os estudiantes en aquellas localidades donde haya centros universitarios. Estas viviendas se utilizarán durante el verano para programas de vacaciones para jóvenes de otras Comunidades autónomas.

616. Se promoverá, conjuntamente con las Universidades Públicas, la

construcción en los campus universitarios de pisos compartidos destinados a los y las estudiantes. Igualmente, se construirán más residencias para estudiantes y becarios/as de investigación que residan a más de 30 kilómetros del centro público en el que cursen estudios. Se tendrán en cuenta las posibilidades de movilidad y transporte y las posibilidades socioeconómicas del solicitante.

617. Se generalizarán Programas Autonómicos de Viviendas

Intergeneracionales, facilitando la convivencia entre jóvenes y adultos, a precios siempre por debajo de los 200 Euros mensuales.

618. Se cumplirán y ampliaran las acciones contempladas en el Plan de

Vivienda 2005-2008 para facilitar el acceso a una primera vivienda: • Facilitaremos las gestiones para el acceso a la primera vivienda. • Aprobaremos la reducción del pago del Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales (ITP) a los jóvenes menores de 36 años que adquieran su primera vivienda.

• A través de convenios con las Cajas de Ahorro, reduciremos los tipos de interés y las comisiones que acarrea la constitución de sus Hipotecas a los jóvenes menores de 30 años que adquieran su primera vivienda.

• Se llegará a acuerdos con entidades de crédito e instituciones para elaborar un programa de “Aval 0” para favorecer la emancipación de aquellos jóvenes que, por cualquier motivo o circunstancia, no puedan cumplir con este requisito.

619. Apoyaremos la cesión de suelo en condiciones preferentes a las

cooperativas o uniones jurídicas de personas que promuevan la vivienda social y que cuenten con la participación de jóvenes

620. Se establecerán Planes Autonómicos de Habitabilidad de viviendas

existentes, con ayudas especiales para menores de 30 años.

621. Crearemos, en todas las capitales de provincia y cabeceras de comarca, Oficinas de Emancipación juvenil que, en materia de vivienda realizarán labores de: • Asesoramiento jurídico en materia de adquisición por compra o por

alquiler, información y asesoramiento en la tramitación se subvenciones y ayudas para el acceso a una vivienda.

• Creación de una Bolsa de vivienda en alquiler destinada a jóvenes menores de 35 años. Estas viviendas tendrán una reducción de entre un 15% y un 20% respecto a la media del precio del alquiler del mercado libre.

• Impulso a programas de ayudas para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler para jóvenes.



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• Facilitar información, asesoramiento y gestión en la creación y seguimiento de las cooperativas. Esta oficina deberá contar con personal especializado en cuestiones técnicas, jurídicas y de administración.

g) Educación Igualdad de oportunidades, calidad para todos y todas. La educación es formación ciudadana y profesional, y un sistema educativo público fuerte es la garantía para construir una sociedad justa, equilibrada, cohesionada socialmente. Para nosotros, la igualdad de oportunidades es una prioridad por la que trabajar a través de las siguientes propuestas:

622. Más y mejores centros públicos. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación, aprobaremos planes especiales de construcción de centros públicos y de rehabilitación y conservación de los existentes. Y centraremos más esfuerzos en la construcción de escuelas infantiles (125, para una oferta de 12.500 nuevas plazas).

623. Cohesión social en la escuela. Los Centros tienen que estar

comprometidos con su entorno, con la sociedad a la que sirven. Por eso, los servicios educativos tienen que ser integrales. Incrementaremos el de comedor; impulsaremos la apertura de los centros fuera del horario escolar, como espacios públicos de civismo, cultura y sociabilidad. Dotaremos, además, a los Centros educativos de un fondo propio de material escolar.

Además, elaboraremos un plan interanual que posibilite que los libros de texto sean gratuitos en todos los niveles del sistema educativo, y estableceremos sistemas de aprovechamiento de libros de texto de un año para otro.

624. Cohesión territorial. Mediante convenios con los municipios, las

provincias y las comarcas se impulsarán programas de mantenimiento de los colegios en las zonas rurales, especialmente los Colegios Rurales Agrupados.

625. Prioridades socialistas: inglés e Informática. Redoblaremos esfuerzos

para que cada alumno pueda utilizar un ordenador durante una hora al día en su proceso formativo. Desde los Centros con menores y peores infraestructuras, todos tendrán acceso a un equipo informático. Los alumnos de los Centros públicos dispondrán de acceso a internet y de una cuenta de correo electrónico del Centro, con acceso gratuito.

626. Accesibilidad. En esta legislatura, todas las barreras arquitectónicas

serán eliminadas de los centros educativos, y se potenciarán las construcciones cuya accesibilidad sea plena.

627. Se impulsará la creación de aulas verdes destinadas a la concienciación

de los alumnos para la preservación del patrimonio natural, así como el conocimiento “in situ” del medio dónde viven.



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628. Creación de un Plan de Integración escolar, orientado hacia la

escolarización e integración efectiva en el sistema educativo de colectivos en situación de desigualdad o exclusión social, con especial atención al colectivo inmigrante.

Más y mejor gestión de las Becas: Objetivo la media Europea.

629. Crearemos Becas universitarias para los estudios de Postgrado, que de forma especial cubran el coste total o parcial de la matrícula así como el desplazamiento, ayudas para la residencia, material… etc.

630. Becas Erasmus: completaremos las ayudas estatales para garantizar

la no discriminación económica a la hora de realizar estudios en el extranjero, teniendo en cuanta el coste real del lugar al que se acude.

631. Estableceremos un programa de becas-salario para las rentas más

bajas que cubran el coste de los estudios y el coste de oportunidad de no trabajar durante un período máximo de tiempo en función del tipo de estudios realizados, a devolver en función del nivel de rente obtenido en el futuro.

Nuestra Universidad: pública, científica, crítica y de calidad.

632. Ampliaremos el presupuesto de I+D+i destinado a fines sociales y civiles mejorando las condiciones y medios de la investigación y los jóvenes investigadores.

633. Mejoraremos la información de inserción y orientación laboral y

coordinaremos a las Universidades con las Oficinas de Emancipación así como las diferentes bolsas de empleo existentes.

634. Impulsaremos la construcción de nuevas bibliotecas en localidades

que las demanden y ampliaremos el horario de apertura de las bibliotecas públicas, sobre todo en temporada de exámenes.

La convergencia en Europa La convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior implica una nueva organización de las enseñanzas universitarias, basadas en estudios de Grado, Masteres y Doctorados. En este nuevo escenario, la decisión de implantación de estudios se asienta aún más en las universidades, responsables de presentar objetivos ambiciosos en la formación y en la investigación, cuyo cumplimiento va asociado a la financiación.

635. Estableceremos una línea propia de becas y ayudas al estudio dirigidas a obtener el título de Master, que podrá compatibilizarse con líneas de créditos a interés cero, cuya devolución sólo deberá aplicarse una vez alcanzada una renta determinada próxima a la media de las rentas del



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trabajo, para garantizar el acceso a los estudios universitarios en igualdad de oportunidades.

Formación profesional Constituye un elemento básico para la integración de nuestros jóvenes en el tejido social y económico de la Comunidad.

636. Se realizarán estudios permanentes sobre la demanda concreta de cada especialidad.

637. Formación práctica e Inserción Profesional: Colaboraremos con los

municipios en la promoción y financiación de convenios entre las empresas y los centros educativos con objeto de ofrecer una formación práctica y adecuada para los alumnos, regulada y apoyada económicamente, y que fomente las salidas laborales de los alumnos.

h) Cultura y jóvenes creadores

638. Crearemos en todas las capitales de provincia y en las cabeceras de comarcas, “Espacios para la Creación Joven”. Así los/las jóvenes podrán disfrutar de forma gratuita de distintas aulas y material técnico para el desarrollo de todas las disciplinas artísticas y culturales (música, pintura, literatura, teatro) así como desarrollar exposiciones, talleres formativos, etc.

639. Apostaremos por la promoción artística desde los centros de

enseñanza reglada, pero también desde las Casas de la Juventud y en colaboración con los Consejos de la Juventud mediante la aportación de fondos para diferentes programas.

640. Impulsaremos la celebración de certámenes autonómicos en todos

los ámbitos artísticos con el objetivo de que cualquier expresión cultural disponga de los medios necesarios de apoyo institucional para su formación, exposición y reconocimiento, con atención especial a los nuevos formatos artísticos multimedia.

641. El carné joven se ampliará a los 30 años, impulsando mayores

descuentos - hasta el 50%- . Crearemos programas gratuitos de acceso a teatros y museos.

642. Mejoraremos y ampliaremos las ludotecas y bibliotecas públicas en

las instalaciones de los centros escolares, dotándolas del personal y el material necesarios.

643. Crearemos un carné único de bibliotecas para la Comunidad.

644. Ampliaremos el programa de becas nacionales y en el extranjero para

jóvenes creadores.



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i) Ocio

645. Se crearán programas de turismo juvenil, especialmente el rural, y se subvencionará la señalización, documentación y publicidad de rutas verdes y de senderismo.

646. Apertura, en colaboración con las entidades juveniles y ciudadanas

de espacios para el ocio juvenil gestionados por los/las propios jóvenes en los que se desarrollen programas culturales, deportivos, de ocio, etc.

647. Promoción del asociacionismo deportivo con objetivos formativos,

lúdicos y sociales en centros de enseñanza, barrios, urbanizaciones, etc. Además, fomentaremos los clubes deportivos locales o comarcales, y su asociación a las federaciones deportivas existentes en la Comunidad Autónoma, facilitando el acceso al material deportivo necesario para practicarlo.

648. Propondremos la creación de un Pacto Autonómico por la noche de

todos/as, donde se garantice la libertad en la gestión del ocio y el consumo responsable, con el derecho de los vecinos a descansar y disfrutar de las instalaciones públicas.

649. La primera medida de este Pacto Autonómico por la noche será la

elaboración de un Plan Integral de ocio nocturno cuyos ejes serán la prevención y la pedagogía de la convivencia cívica, la búsqueda de alternativas, la implicación y coparticipación de todos los sectores sociales y económicos implicados. Este Plan Integral se orientará a reducir la ingesta abusiva de alcohol, especialmente entre los más jóvenes, y generar una cultura de ocio diferente, así como a la atención y rehabilitación de jóvenes con problemas de dependencia.

650. Realizaremos de una forma periódica controles de calidad en las

bebidas alcohólicas que se pueden vender en zonas de ocio.

651. Desarrollaremos la legislación sobre espectáculos públicos y actividades recreativas para regular la actividad profesional de vigilantes de seguridad y porteros y la realización de conciertos en los establecimientos.

j) Deporte

652. Elaboraremos un Plan Autonómico de mejora de las instalaciones deportivas. Se abrirá una línea presupuestaria específica para crear nuevas instalaciones en los municipios en los que no existan.

653. Fomento del deporte base, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes la

oportunidad de conocer distintos deportes y favorecer una alternativa de ocio. Colaboraremos con las Diputaciones para el desarrollo de programas de dinamización municipales y comarcales con la creación de Escuelas de Iniciación y Escuelas de Perfeccionamiento y la contratación de dinamizadores deportivos profesionales, para la ejecución de estos



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programas y la coordinación de las actividades deportivas de las diferentes administraciones.

654. Fomentaremos la organización de competiciones deportivas y

campeonatos autonómicos que enlacen los existentes por localidades o comarcas.

k) Salud DROGAS

655. Diseño y ejecución de programas de prevención del consumo abusivo de drogas y alcohol, con suficiente dotación presupuestaria y en un marco armonizado con otras instituciones que sirva para dar respuestas directas a problemas específicos. Estos programas se realizarán a través de un proceso participativo que involucre a todos, es decir, jóvenes, departamentos de la administración correspondiente que tengan competencias en esta materia (dando una perspectiva integral al análisis, a las propuestas y a su ejecución),

656. Facilitaremos el acceso de los jóvenes al asesoramiento de

organizaciones no gubernamentales implicadas en la lucha contra el alcoholismo y la gestión de programas de prevención y reinserción de alcohólicos.

657. Realizaremos programas estables de prevención del consumo de

drogas en el ámbito escolar.

658. Apoyaremos a las organizaciones que trabajan en la rehabilitación y reinserción de toxicómanos y alcohólicos, y asumiremos desde los sistemas públicos de salud y servicios sociales la responsabilidad sobre estas políticas.

SEXUALIDAD

659. Fomentaremos la colocación de máquinas expendedoras de preservativos en institutos, universidades y centros de ocio.

660. Crearemos Centros Jóvenes de Sexualidad (antiguos Centros de

Planificación Familiar). Estarán situados en las capitales de provincia, fuera de los Centros de Salud y preferentemente en espacios de afluencia juvenil, con horarios amplios y a través de convenios entre las Administraciones.

661. Realizaremos campañas de educación sexual en los centros

educativos dirigidas a los sectores más jóvenes de la población como medio para la prevención de los embarazos no deseados.



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l) Medio Ambiente y Desarrollo Rural

662. Potenciaremos la incorporación de jóvenes a la actividad agrícola, ganadera y agroalimentaria, particularmente a través de cooperativas.

663. Implicaremos a los jóvenes en la lucha cívica contra el cambio

climático, por el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Apoyaremos las iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible emprendidas por jóvenes. Se fomentará la creación de colectivos medioambientales de jóvenes, así como el desarrollo de acciones propias por parte de éstos.

664. Apostamos por una agricultura y ganadería ecológicas como

oportunidad de inserción laboral para los jóvenes.

665. Pondremos en marcha planes comarcales de reforestación, turismo rural, reparación y conservación medioambiental que permitan a su vez la creación de puestos de trabajo estables que impidan la despoblación de las zonas rurales. Los jóvenes y sus colectivos podrán participar de forma directa en su diseño, ejecución y desarrollo.

666. Se realizarán planes comarcales de infraestructuras, transporte,

telecomunicaciones, empleo, industria, formación y cultura destinados a la dinamización y lucha contra la despoblación de los medios rurales.



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Área 3

Cultura para convivir.



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17.- La Cultura como referencia de identidad democrática a) La Cultura es un derecho. Cultura es ciudadanía El acceso equitativo a los bienes y servicios culturales es un derecho de todos los ciudadanos. La cultura es uno de los mejores indicadores de calidad de vida de una sociedad, por ello las políticas destinadas a atender las necesidades y demandas culturales fortalecen la ciudadanía y constituyen una de las referencias del Estado del Bienestar. La cultura debe llegar a todas las personas, con independencia de sus recursos y del lugar en que se encuentren. En una Comunidad como Castilla y León es preciso que la política cultural atienda de manera especial al medio rural a través de redes descentralizadas. La cultura debe llegar también a todas las edades, a nuestros niños, a los jóvenes, a las personas adultas y a los mayores. Los socialistas concebimos la formación cultural, el fomento de la lectura, las infraestructuras culturales de base como los museos, los archivos y las bibliotecas, no solo como servicios públicos, sino como el contenido de nuevos derechos de ciudadanía. Por eso, creemos que la gestión cultural ha de ser una gestión concertada y participada, una gestión que huya del dirigismo y del sectarismo, abierta a todas las iniciativas, donde el protagonismo recaiga en la propia sociedad, a través de las asociaciones y las fundaciones que constituyen el tercer sector cultural. Cultura es libertad La cultura representa por encima de todo la expresión de la libertad. Es creatividad, innovación, es rebeldía y provocación. Es el último baluarte del ser humano, con el que siempre han tropezado los privilegios y las dominaciones. Una sociedad culta es, por definición, una sociedad libre. La creación es la materia prima de la cultura. Por eso es necesario, por encima de todo, cuidar a los creadores, proporcionarles una formación de la máxima calidad en las distintas disciplinas artísticas, poner a su disposición espacios para que desarrollen su actividad, escucharles, permitir que participen en el diseño de las políticas que les incumben, darles la oportunidad de mostrar sus obras dentro y fuera de la Comunidad. Todo ello contribuirá a que la creatividad se convierta en una de las señas de identidad de Castilla y León. Es necesario crear un clima propicio para evitar la fuga de artistas, el empobrecimiento del mercado artístico y, en definitiva, la sequía cultural. Los socialistas queremos, por tanto, que nuestra Comunidad se convierta en un lugar en el que quepan todas las tendencias, estilos y manifestaciones. Un lugar en el que se respete la libertad de creación y la diversidad artística.



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Cultura es oportunidad En una economía globalizada no se puede ignorar la influencia de la cultura como generadora de riqueza. En el Consejo Europeo de Bruselas de los días 8 y 9 de marzo de 2007, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión llamaron a respaldar de manera especial el potencial de las industrias culturales y creativas. Los mandatarios europeos hicieron así suyas las conclusiones de un reciente estudio encargado por la Comisión en noviembre de 2006 -La Economía de la Cultura en Europa-, en el que se destacaba la importancia de este sector como clave de la competitividad de la economía europea y se afirmaba que el gasto público en cultura era una de las inversiones más sólidas de cara al crecimiento futuro. Castilla y León no puede quedarse al margen de este reto. La apuesta por el desarrollo de las empresas de creación de contenidos, como empresas de alto valor añadido, de alto potencial de competitividad y de gran capacidad de creación de empleo cualificado, ha de ser, sin duda, uno de los ejes de la política económica y cultural del futuro. Es necesaria una estrategia concertada con los distintos sectores de la industria cultural, con las empresas, con los creadores, los artistas y otros agentes, con el fin de diseñar los instrumentos de colaboración necesarios para incrementar el nivel de sostenibilidad de dichas actividades. Las infraestructuras, la formación profesional y la estabilidad de las manifestaciones son claves para lograr ese objetivo. La proyección nacional e internacional es el vehículo ineludible para lograrlo. Cultura es convivencia La cultura es identidad y encuentro. Por ello, tiene que ser una de las herramientas fundamentales para garantizar la cohesión social en una Comunidad multicultural como es Castilla y León. No hay ningún otro elemento que contribuya más a hacer Comunidad que la cultura. Pero “hacer Comunidad” en una sociedad cada vez más diversa, como es nuestra sociedad, no puede ser sinónimo de asimilación, sino de diálogo intercultural, de mezcla, de mestizaje. Nuestros pueblos y nuestras ciudades han de ser el escenario donde se construya la identidad futura de Castilla y León, una identidad plural y diversa, pero que no renuncia al objetivo de una sociedad integrada sin ningún tipo de exclusión. Esa es la filosofía de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), que asumimos como propia.



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La cultura en Castilla y León Durante 20 años, en Castilla y León la política cultural no ha tenido objetivos claros más allá de un desmesurado afán propagandístico. La falta de planificación y la carencia de programas estratégicos a medio y largo plazo, no sólo han llevado a la improvisación, sino también a la descoordinación y al despilfarro. La Fundación Siglo ha sido el instrumento de esta política y la mejor muestra de sus vacíos y de sus carencias. Clientelismo, falta de diálogo y de concertación, menosprecio y desconfianza hacia las administraciones locales, búsqueda de la rentabilidad a corto plazo en términos de imagen, predominio de los grandes eventos o de los grandes contenedores y despreocupación por los contenidos, abandono de la creación y de los creadores, son sólo algunos de los rasgos de una forma de hacer política cultural que nunca ha pensado en la cultura como derecho ciudadano, sino como un mero pretexto para hacer propaganda a la mayor gloria de los dirigentes políticos. El PP ha actuado en materia cultural como mero repartidor de subvenciones sin prestar atención al equilibrio territorial, ni en materia de infraestructuras, ni en materia de programaciones culturales, lo que ha provocado una desigualdad de oportunidades en las distintas provincias y comarcas para acceder a los bienes culturales. No ha existido una programación clara del mapa de equipamientos culturales de la Comunidad. La Junta ha estado siempre más preocupada de la inauguración que del funcionamiento posterior de dichos equipamientos. De la misma forma, los grandes fastos y eventos, muchas veces organizados a espaldas de la sociedad y de los sectores culturales locales, no han servido para generar dinámicas de creatividad. En resumen: política de fachada, política de imagen. El abandono de los sectores creativos ha sido lacerante. Falta de ayudas, falta de espacios, falta de oportunidades de formación. Muchos jóvenes talentos artísticos han tenido que abandonar Castilla y León por falta de oportunidades. Algunos sectores, como el audiovisual o las artes más avanzadas, son prácticamente inexistentes en nuestra Comunidad. La desconexión entre el sistema educativo y el mundo de la cultura ha hecho el resto. Definitivamente, Castilla y León no ha sido un lugar amable para la creación. Por último, las acciones de proyección exterior se han diseñado más como lucimiento o proyección política de los gobernantes que como búsqueda de oportunidades para nuestras industrias culturales. La vinculación entre la política cultural y la política turística en la última legislatura ha traído como consecuencia en muchas ocasiones la supeditación de la programación cultural a fines meramente promocionales, con el consiguiente olvido de su finalidad primordial: posibilitar el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales.



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b) Un nuevo enfoque para la cultura en Castilla y León Los socialistas de Castilla y León queremos otra política cultural. Tenemos las ideas, el proyecto, el equipo y, sobre todo, la ambición para responder a las demandas culturales de la sociedad, para dar nuevas oportunidades a los creadores y emprendedores culturales, para concertar con todos los sectores, con las entidades, con las empresas, con el territorio y con la ciudadanía, para crear una verdadera red de equipamientos culturales con contenidos y públicos cada vez más diversos y, en definitiva, para hacer que la cultura llegue a todos los rincones de la Comunidad y a todos y cada uno de los ciudadanos que la componen. Tenemos también recursos. Pondremos a disposición de nuestra política cultural 800 M€ dedicados a la inversión y no menos del 3% del presupuesto anual para la promoción y el impulso a la creación. Ello nos permitirá elaborar un Plan de Equipamientos Culturales, en colaboración con las entidades locales, para la implantación y el sostenimiento de un mapa de equipamientos básicos en todo el territorio de la Comunidad: museos, centros comarcales polivalentes, bibliotecas, teatros, salas de exposiciones multimedia, etc. Todas las capitales de Castilla y León tendrán un Palacio de Congresos en funcionamiento antes de 2011. Objetivos

• Garantizar un acceso equitativo y libre a la formación y a los bienes culturales, corrigiendo las desigualdades territoriales y sociales.

• Optimizar los recursos y coordinar las iniciativas del mundo de la cultura, a través del diálogo permanente con los agentes culturales públicos y privados.

• Completar el mapa de infraestructuras y equipamientos y ampliar la oferta de bienes y servicios culturales.

• Apoyar decididamente a los creadores, en especial a los jóvenes. • Asegurar la comunicación entre la cultura y la educación en todos los

niveles. • Defender la lengua castellana, convertir a Castilla y León en su referente

mundial y consolidar la industria del castellano. • Impulsar las formas más actuales e innovadoras de la cultura. • Estimular las industrias de la cultura y de los contenidos culturales sobre

la base del principio de excepción cultural. • Favorecer el diálogo y la mezcla con otras culturas, respetando nuestra

identidad cultural. • Proyectar la cultura de Castilla y León en España y en el exterior.

Medidas

667. Apostaremos por un modelo público de gestión cultural: Suprimiremos la Fundación Siglo y articularemos la política cultural a través de dos organismos públicos (Instituto de las Artes Escénicas y de la Música; Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales).



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Crearemos también centros especializados interdisciplinares para apoyar a sectores relevantes como el de la cultura contemporánea o el de la etnografía y la cultura popular. Gestionaremos los equipamientos culturales a través de redes públicas coordinadas por la Administración autonómica (Red de Museos, Red de Bibliotecas, Red de Teatros, etc.).

668. Crearemos una Agencia de Apoyo a las Industrias Culturales,

especialmente las dedicadas a contenidos, tanto clásicos como digitales. Su objetivo principal será apoyar al sector empresarial de la cultura especialmente en las etapas iniciales, ayudándole a incrementar su capacidad de riesgo e innovación y favoreciendo su viabilidad en términos económicos.

669. Fomentaremos con los Ayuntamientos la creación de viveros de

empresas especializadas en distintos sectores de la cultura, las artes y la comunicación en el marco de contenedores con valor patrimonial, de carácter histórico o industrial, que proporcionarán la mejor marca de calidad para una nueva industria cultural de Castilla y León.

670. Favoreceremos la incorporación de la dimensión creativa a sectores

como la arquitectura, el diseño o la moda, con el fin de consolidar una industria puntera en actividades de alto valor añadido.

671. Crearemos por Ley un Consejo de la Cultura y de las Artes de Castilla

y León, como instrumento básico para el diagnóstico de la realidad cultural y para el diseño de las políticas culturales. Este Consejo será un foro de diálogo permanente y de concertación con todos los sectores y agentes culturales implicados: Administración local, asociaciones, empresas, artistas, creadores, público, medios de comunicación.

Su filosofía estará basada en cambiar el dirigismo cultural por el principio de subsidiariedad territorial y social, logrando así la optimización de los recursos y la coordinación de las iniciativas.

672. Firmaremos un pacto cultural con los Ayuntamientos para garantizar

que la cultura no sea nunca más un instrumento de clientelismo político. Los dos elementos fundamentales de dicho acuerdo serán la delimitación de las competencias y la financiación. Garantizaremos así la extensión de los equipamientos y de la oferta cultural a todo el territorio de Castilla y León, con pleno respeto al principio de subsidiariedad en la gestión de los servicios culturales.

673. Crearemos un marco estable de colaboración con las Universidades

para el desarrollo de la política cultural y la gestión de los equipamientos culturales de ellas dependientes. En especial, implicaremos a las Universidades en el desarrollo conjunto de los proyectos relacionados con la promoción de la enseñanza de la lengua castellana, con el objetivo de convertirlas en centros de referencia internacional.



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674. Estableceremos interlocución privilegiada con las Cajas de Ahorro

para lograr la máxima coordinación y optimización de los recursos en la política de apoyo a la cultura y programación cultural, evitando duplicidades y derroche de energías.

675. Crearemos un Centro de Cultura Contemporánea de Castilla y León

como centro virtual multidisciplinar, dedicado a impulsar las últimas tendencias en todas las artes: culturas urbanas, arte digital, músicas actuales, arte de la calle, circo contemporáneo, artes visuales avanzadas y, en general, cualquier manifestación que no pueda encuadrarse en las disciplinas artísticas clásicas.

676. Impulsaremos, en torno a la “Fundación Joaquín Díaz”, el Centro de

Cultura Popular y Tradicional de Castilla y León, también con un carácter multidisciplinar, cuya función será fomentar todas las expresiones de cultura popular que se produzcan en la Comunidad, promoviendo la difusión, la investigación y la protección de la cultura tradicional y del patrimonio etnológico material e inmaterial, como factor de cohesión de la identidad colectiva.

677. Pondremos en marcha un plan de digitalización de los centros y

equipamientos culturales, de manera que cualquier manifestación cultural y artística pueda circular virtualmente por todo el territorio de la Comunidad. Apoyaremos también la creación de portales digitales para la distribución de los contenidos culturales producidos en Castilla y León, con especial relevancia para la música, la creación audiovisual y el software cultural. (La eficacia de estas políticas está asociada a nuestro compromiso de universalizar el acceso a las TICs en banda ancha).

678. Comunicaremos el mundo de la cultura con el sistema educativo en

todos los niveles. Incitaremos a los agentes culturales a implicarse en el sistema educativo y a las instituciones educativas a incorporar el patrimonio, la creatividad y el diálogo intercultural como ejes transversales de la formación integral de los alumnos, potenciando también la formación artística y musical. La finalidad última no es sino educar futuras generaciones de personas que disfrutarán y se enriquecerán con el acceso a los bienes culturales.

679. Pondremos en marcha una amplia programación de actividades

culturales extraescolares (música, teatro, danza, talleres de arte, talleres audiovisuales, visitas a museos, asistencia a espectáculos, etc.) en coordinación con los centros de enseñanza, con una plantilla suficiente de monitores y en horarios que se adapten a las necesidades de las familias.

680. Crearemos y mantendremos una red pública autonómica de escuelas

municipales y comarcales de música y artes para favorecer el acceso a una formación de calidad desde una perspectiva no profesional, aunque sin descartar derivaciones profesionales. Apoyaremos la construcción de nuevas escuelas y la dotación de las existentes. Elaboraremos desde la Administración autonómica los programas formativos destinados a todas



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las edades, abarcando la formación musical, las artes plásticas, las artes escénicas y las formas artísticas asociadas a las nuevas tecnologías. Contrataremos al profesorado con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

681. Garantizaremos el disfrute democrático de la cultura mediante la

puesta en marcha o la mejora de iniciativas (como bonos o descuentos) que faciliten el acceso a los bienes culturales a todas las personas con independencia de sus recursos, con especial atención a los jóvenes, a las familias (a través de bonos familiares) y a los mayores.

682. Apoyaremos el asociacionismo cultural y a las fundaciones privadas

que desarrollen una actividad cultural. Nuestra política estará basada no en la simple subvención, sino en la concertación y en la cogestión, a través del sistema de los contratos-programa.

683. Fomentaremos la práctica no profesional de la actividad cultural y

artística, como un elemento de disfrute, de realización personal y de participación ciudadana.

684. Elaboraremos un Plan de actividades culturales destinadas a favorecer

la integración de la población inmigrante, en colaboración con las entidades locales y con el tejido asociativo. Abriremos también una línea de subvenciones destinada a apoyar los proyectos culturales que fomenten los valores de la interculturalidad y del conocimiento mutuo, estimulando especialmente aquellos proyectos en los que haya una participación mixta de ciudadanos autóctonos e inmigrantes.

685. Colaboraremos en la política de promoción cultural de las Casas de

Castilla y León en otras Comunidades de España y en el extranjero.

686. Aprovecharemos nuestra capacidad normativa en materia fiscal para favorecer el mecenazgo y el desarrollo de las industrias de contenidos culturales.

c) Instituto de las Artes Escénicas y de la Música

687. Crearemos un Instituto de las Artes Escénicas y de la Música de Castilla y León como organismo público que tendrá encomendada la misión de coordinar y articular las diversas actuaciones institucionales en esta materia. Este Instituto estará integrado por una Unidad de Producción, una Unidad de Distribución, una Unidad Pedagógica y un Centro de Documentación.

Del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música dependerán, de

una parte, el Centro Dramático de Castilla y León, que mantendrá una compañía estable de teatro y otra de danza, y de otra parte, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

688. Crearemos también, respondiendo a las demandas del sector, el

Consejo de las Artes Escénicas, que será el marco estable de diálogo entre la Administración autonómica y las compañías, los colectivos



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profesionales y los demás agentes culturales, desempeñando funciones de estudio, planificación y evaluación de las políticas públicas en la materia.

689. Potenciaremos la plena utilización de la red de teatros y de la red de

espacios escénicos, favoreciendo en la medida de lo posible las representaciones múltiples y la presencia equilibrada en dichos escenarios de compañías de la Comunidad y de fuera de ella.

690. Daremos una nueva dimensión al Festival de las Artes de Castilla y

León, descentralizándolo mediante la creación de antenas o extensiones en otras sedes y favoreciendo la generación de dinámicas de creación y producción artística con las compañías y artistas locales.

691. Potenciaremos todas las iniciativas locales y los festivales que

aporten riqueza y diversidad al panorama de las artes escénicas en Castilla y León.

692. Plantearemos ayudas institucionales para el teatro de base y el teatro

universitario.

693. Pondremos en marcha programas de divulgación de teatro escolar, estimulando la creación de un circuito teatral escolar en colaboración con los Ayuntamientos.

694. Apostaremos por un modelo 100 % público en materia de formación

superior en artes escénicas y danza. En consecuencia, la Fundación ARCyL desaparecerá y las Escuelas Superiores de Arte Dramático y de Danza pasarán a ser gestionadas, al igual que los Conservatorios Superiores y Profesionales, directamente por la Administración Autonómica. Garantizaremos la participación de los profesionales en el diseño de los contenidos educativos y favoreceremos la formación continua. Promoveremos los vínculos de colaboración entre las Escuelas y Conservatorios Superiores y los respectivos campus universitarios.

695. Potenciaremos la actividad de la Orquesta Sinfónica de Castilla y

León con el objetivo de descentralizar su presencia en la Comunidad. Mejoraremos la gestión de la Joven orquesta y de la Joven banda con mayor transparencia y objetividad en los procesos de selección y máximo respeto a las necesidades formativas de sus integrantes.

696. Crearemos Conservatorios Superiores en Valladolid y Burgos, de

modo que, junto con el ya existente en Salamanca, podamos responder a la demanda de estudios musicales superiores en la Comunidad. En todas las capitales de provincia habrá un Conservatorio Profesional público, junto con Astorga y Ponferrada que ya disponen de él.

697. Ampliaremos las becas y ayudas para los jóvenes músicos, actores,

bailarines, coreógrafos, escenógrafos y técnicos de artes escénicas y música. Estableceremos líneas de ayuda para la compra de material y equipos, proporcionaremos espacios adecuados y locales de ensayo, y favoreceremos la movilidad de los jóvenes artistas.



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698. Impulsaremos la proyección de las producciones, creadores e

intérpretes de Castilla y León, favoreciendo su presencia en ferias, certámenes y muestras, nacionales e internacionales.

699. Apoyaremos de forma particular a la danza mediante líneas de ayuda

específicas destinadas a la creación y la producción. Estableceremos ayudas para las nuevas formas de expresión, como la video-danza.

700. Reforzaremos la colaboración con los festivales e iniciativas locales

de música clásica.

701. Potenciaremos los festivales de música rock y alternativa que se celebren en Castilla y León. Propiciaremos también la inclusión de nuestra Comunidad en las giras de los grandes grupos nacionales e internacionales.

702. Prestaremos también una atención particular a los géneros musicales

no mayoritarios, como el jazz y el flamenco, favoreciendo su incorporación estable a las programaciones culturales de la Comunidad.

703. Celebraremos en Castilla y León los días internacionales del teatro

(27 de marzo) y de la danza (29 de abril), establecidos por la UNESCO, así como el día europeo de la música (21 de junio), establecido por la Unión Europea, con programaciones festivas específicas en toda la Comunidad.

d) Artes Plásticas y Visuales

704. Apoyaremos prioritariamente a los creadores. Colaboraremos de forma especial con su proyección nacional y exterior. En relación con los más jóvenes, ampliaremos las becas y ayudas destinadas a su formación y movilidad y estableceremos nuevas ayudas destinadas a la compra de material y equipos. También les proporcionaremos, en colaboración con los Ayuntamientos, espacios adecuados para desarrollar su labor.

705. Planificaremos y pondremos en funcionamiento una red autonómica

de centros de creación artística y cultural, definidos como verdaderos laboratorios creativos, y dotados del equipamiento necesario para facilitar la actividad creativa, la formación artística y la difusión del arte en todas sus formas.

706. Colaboraremos con las entidades locales para rehabilitar espacios y

edificios con el fin de destinarlos a centros de creación. Especialmente pondremos el énfasis en la recuperación del patrimonio industrial abandonado con esta finalidad.

707. Impulsaremos la creación de un circuito de exposiciones en la red de

espacios de Castilla y León, en colaboración con Ayuntamientos y entidades privadas. Para ello pondremos en marcha un plan plurianual de apoyo a las entidades locales, para mejorar sus espacios expositivos e incrementar el número de exposiciones.



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708. Estableceremos convenios con las galerías de arte para facilitar la

exposición de los jóvenes creadores plásticos y visuales, fomentando especialmente las nuevas manifestaciones artísticas, artes visuales, multimedia y la incorporación de las nuevas tecnologías en la creación artística. En virtud de dichos convenios la Comunidad editará el catálogo y llevará a cabo las tareas de difusión. Por su parte, las galerías cederán parte de sus instalaciones para la realización de exposiciones.

709. Apoyaremos al sector de las galerías de arte de Castilla y León

dentro del plan de medidas de apoyo a las industrias culturales, con instrumentos financieros adaptados a las necesidades del sector, incentivos fiscales, etc.

710. Apoyaremos las iniciativas y los festivales de la Comunidad centrados

en las artes plásticas y visuales. e) Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales

711. Crearemos el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales de Castilla y León, como organismo público encargado de coordinar y articular las diversas actuaciones institucionales en esta materia. Dentro del instituto se integrarán, como entidades dependientes del mismo, la Filmoteca de Castilla y León y el Centro de Producción Audiovisual de Castilla y León.

712. El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales impulsará

la coordinación entre todos los agentes del sector y, junto con los medios audiovisuales que operan en la Comunidad, tendrá como primer cometido la elaboración y puesta en marcha de un plan estratégico del cine y del sector audiovisual de Castilla y León. Asimismo, el Instituto será el encargado de elaborar una guía del sector audiovisual de Castilla y León, con información sobre empresas y profesionales del sector, que tendrá su reflejo también en un portal digital.

713. Crearemos el Centro de Producción Audiovisual de Castilla y León,

especialmente orientado a la producción de contenidos para la televisión digital, en colaboración con los medios de comunicación audiovisuales y empresas productoras de la Comunidad. Como línea de desarrollo estratégico impulsaremos especialmente la producción de contenidos sobre las manifestaciones culturales y los valores del patrimonio cultural y natural de Castilla y León.

714. Fomentaremos la producción y la industria cinematográfica y

audiovisual de Castilla y León multiplicando las ayudas a la producción, actualmente irrisorias en nuestra Comunidad y, en el marco del plan de apoyo a las industrias culturales, estudiaremos nuevas formas de financiación adecuadas a la naturaleza del sector audiovisual.



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715. Impulsaremos la distribución de las producciones audiovisuales de

Castilla y León por cualquiera de los sistemas y canales de difusión audiovisual. En este sentido, pondremos en marcha medidas para facilitar la exhibición dentro de Castilla y León, estableciendo convenios con salas cinematográficas y aprovechando las posibilidades de la red pública de centros culturales.

716. Impulsaremos especialmente la promoción nacional e internacional de

la industria audiovisual de Castilla y León, apoyando a las empresas y a los profesionales de la Comunidad en su consolidación y expansión mediante servicios concretos, como la información y orientación sobre mercados y canales de comercialización, el asesoramiento en aspectos legales, la asistencia a festivales, certámenes y mercados nacionales y extranjeros, entre otros aspectos.

717. Ampliaremos la oferta formativa relacionada con el sector audiovisual

en los diversos niveles del sistema educativo. El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales diseñará programas formativos específicos.

718. Apoyaremos decididamente la actuación de la Filmoteca de Castilla y

León en su función de rescate y conservación del patrimonio audiovisual y potenciaremos especialmente su función de difusión del arte cinematográfico y, en particular, de las producciones audiovisuales de Castilla y León.

719. Como entidad que desarrollará una actividad complementaria a la de

la Filmoteca, en colaboración con la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía de la Universidad de Valladolid, crearemos el Centro de Documentación e Investigación Cinematográfica de Castilla y León.

720. Elaboraremos y pondremos en marcha, en colaboración con las

Entidades Locales, un plan para la rehabilitación y reconversión de salas cinematográficas, con el objetivo de impedir la desaparición de salas y facilitar su transformación en espacios culturales centrados en el arte audiovisual.

721. Promoveremos un mejor conocimiento de la historia, el arte, la

literatura, y, en general, de la realidad social y cultural de Castilla y León a través de las producciones cinematográficas y audiovisuales.

722. Apoyaremos de forma decidida y comprometida a la Semana

Internacional de Cine de Valladolid y a los diversos festivales cinematográficos, de cortometrajes y arte audiovisual que constituyen algunas de las manifestaciones más dinámicas de la Comunidad (Medina del Campo, Aguilar de Campóo, etc.).



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f) Lengua castellana, literatura, libro y bibliotecas.

723. Reformularemos desde una nueva Dirección General dedicada a ello, el Plan del Español con el objetivo de convertir a Castilla y León en la primera potencia mundial de la enseñanza del español. Para ello, actuaremos en primer lugar desde el sistema educativo no universitario, facilitando las estancias de estudiantes extranjeros en Castilla y León a través de un ambicioso programa de intercambios lingüísticos en periodos vacacionales.

Actuaremos en colaboración con las Universidades en una triple dirección: (1) en el campo de la enseñanza idiomática general y especializada, (2) en el campo de la elaboración de material didáctico de todo tipo, y (3) en el campo de la formación de profesorado. Por último, trabajaremos también en coordinación con el sector de la enseñanza privada (academias) y con el sector turístico para conseguir el objetivo de ampliar la oferta de plazas destinadas al turismo idiomático.

724. Impulsaremos un Pacto por la Lectura en Castilla y León y pondremos

en marcha un verdadero plan de fomento de la lectura coordinado desde el Consejo de la Cultura y de las Artes, con participación de diversas Consejerías de la Junta e implicando al sistema educativo en su conjunto, al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, a la Agencia de Apoyo a las Industrias Culturales, a los medios de comunicación de la Comunidad, a las Entidades Locales y al tercer sector cultural. Para ello se pondrán en marcha diversas actuaciones destinadas a impulsar la creación, edición, difusión y distribución de libros, la extensión y la dotación de las bibliotecas, y la realización de campañas de animación y de promoción.

725. Reformaremos la Ley de Bibliotecas de Castilla y León, que data de

1989, para adaptar su contenido a las nuevas realidades, en especial, a las tecnologías de la información y la comunicación y los nuevos métodos de trabajo derivados de su aplicación.

726. Extenderemos la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla y León a

todas las localidades de más de 1.000 habitantes, en colaboración con las entidades locales. Ampliaremos sus fondos y mejoraremos su dotación, incorporando las tecnologías de la información y la comunicación para transformarlas en centros culturales multimedia y garantizando el acceso a Internet como servicio público en todas las bibliotecas de la red autonómica. Garantizaremos la accesibilidad de las personas con discapacidad en todas las bibliotecas de la red autonómica.

727. Estableceremos un sistema de préstamo de libros a domicilio a través

de teléfono e Internet, destinado a favorecer el acceso a la lectura de las personas mayores con problemas de movilidad, discapacitados y habitantes de núcleos de población que no dispongan del servicio de biblioteca.



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728. Consolidaremos una Red de Bibliotecas Escolares de calidad, potenciando la conexión entre ellas y con las bibliotecas públicas, para optimizar los recursos y compartir las buenas prácticas en el fomento de la lectura entre la población infantil y juvenil.

729. Crearemos un Centro de las Letras de Castilla y León, encargado de

coordinar distintas iniciativas de apoyo a los autores de la Comunidad, en especial a los jóvenes, en colaboración con los editores. Entre sus funciones estará la de apoyar la consolidación de concursos y premios literarios abiertos y plurales como mecanismo de promoción y aparición de nuevos autores.

730. Estableceremos una política de colaboración y diálogo permanente

con el sector editorial de Castilla y León, a través de la Agencia de Apoyo a las Industrias Culturales, con el fin de lograr su consolidación como una industria sólida y de futuro. En este sentido, su participación en el Plan del Español será particularmente relevante en el ámbito de la producción de material didáctico.

731. Pondremos en marcha un programa anual de ayudas a la edición,

basado en el principio de excepción cultural, destinado a facilitar la publicación por editoriales de Castilla y León de obras relacionadas con los ámbitos cultural, patrimonial y, en general, de obras de interés autonómico que necesiten apoyo para su viabilidad comercial.

732. Estableceremos mecanismos para lograr la máxima coordinación de

todas las publicaciones institucionales de la Comunidad y potenciaremos especialmente fórmulas de coedición con las editoriales de la Comunidad, optimizando los costes y la difusión.

733. Impulsaremos la publicación y difusión de revistas culturales y

literarias editadas en Castilla y León, especialmente en las Casas de Cultura, Bibliotecas y centros Educativos dependientes de la Comunidad.

734. Apoyaremos decididamente todas las iniciativas, como Leer León, el

Hay Festival de Segovia o la Villa del Libro de Urueña, destinadas a acercar el libro y el mundo literario a todos los ciudadanos. Potenciaremos la colaboración de la Junta con todas las Ferias del Libro que se celebran en la Comunidad.

735. Celebraremos en Castilla y León los días internacionales del libro (23

de abril) y de la poesía (21 de marzo), establecidos por la UNESCO, con programaciones de actividades específicas en toda la Comunidad y con campañas de promoción y precios especiales de los libros.



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18.- La puesta en valor del patrimonio de Castilla y León El patrimonio cultural de Castilla y León constituye una de sus principales señas de identidad. Bien orientado, debería ser, además, uno de los principales activos de la economía y el turismo en la Comunidad. Sin embargo, la realidad es bien distinta: Nuestro patrimonio ha sido devaluado por las políticas del PP. El compromiso con la defensa, conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural corresponde no sólo a la Administración, sino a toda la sociedad. Precisamente, la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas declara que "la conservación de las ciudades históricas concierne, en primer lugar, a sus habitantes". a) Bienes de Interés Cultural Los BIC se han constituido en una auténtica “marca de calidad”, que opera como reclamo cultural para el turismo de interior. Pues bien, la Consejería de Cultura tiene pendientes de resolución desde hace muchos años 200 expedientes de BIC. Por otro lado, tampoco ha sido diligente en la incoación de nuevos expedientes. Castilla y León es la Comunidad más extensa de España, pero no la que cuenta con mayor número de BIC: En lo que se refiere a BIC inmuebles, se encuentra por detrás de Comunidades como Baleares, Andalucía y Cataluña. Sólo cinco Bienes Muebles están declarados BIC, a pesar del conjunto de retablos, imaginería, pintura, orfebrería y tapices que atesora la Comunidad. Por otro lado, las categorías de jardín histórico, paraje pintoresco y sitio histórico que contempla la legislación sobre Patrimonio, apenas si se han desarrollado. Hay pues escaso compromiso de protección y conservación del patrimonio cultural y nula consistencia con las políticas de promoción. Castilla y León debe hacer una apuesta decidida por la protección, conservación, rehabilitación y promoción de nuestros valores históricos y culturales. En nuestra Comunidad existen varias asociaciones de defensa del patrimonio, constituidas en una Federación o actuando de forma independiente. Es preciso articular, a través de ellas, mecanismos de participación y representación ciudadana en aquellos foros y organismos con capacidad de tomar decisiones en esta materia. Objetivos • Adecuar la declaración de BICs a la realidad del patrimonio cultural de Castilla y

León. • Garantizar e incrementar la inversión en el patrimonio cultural. • Incorporar fórmulas actuales de gestión del patrimonio cultural, con

participación de las asociaciones y organizaciones especializadas en esta materia.



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Medidas

736. Agilizaremos la incoación de expedientes de declaración de BIC de nuevos bienes que por su calidad merecen esta calificación, y la resolución de los antiguos expedientes BIC.

737. Aplicaremos el 1% de las inversiones de la Comunidad Autónoma (1%

cultural), a la conservación y rehabilitación del patrimonio cultural, medida contemplada en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León que se ha venido incumpliendo desde 2002. Ello representará no menos de 100 M€ de inversión hasta 2011.

738. Además, dedicaremos, del conjunto de recursos presupuestarios, 400

M€ en la legislatura, para mejorar y poner en valor nuestro patrimonio.

739. Crearemos en León el Instituto de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Sus objetivos serán desarrollar actividades y programas de investigación, conservación, restauración y difusión del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

740. Pondremos en marcha, en Ávila, el Centro de Interpretación del

Patrimonio de Castilla y León.

741. Propondremos la modificación de las Comisiones Territoriales de Patrimonio, para contemplar la representación de las asociaciones en Defensa del Patrimonio legalmente constituidas.

b) Conjuntos Históricos En Castilla y León contamos con 140 conjuntos históricos, 98 ya declarados y 42 pendientes de declaración. Son Burgos y León las provincias que tienen más expedientes de resolución pendientes. En bastantes casos los expedientes se iniciaron hace más de veinticinco años – en algún caso más de 40 -, sin que hasta la fecha, la Junta de Castilla y León los haya resuelto. Los casos más llamativos son los siguientes: Las villas de Madrigal de las Altas Torres y Pedro Bernardo, o las localidades de El Barco de Ávila y Piedrahita en la provincia de Ávila, la villa de Espinosa de los Monteros, el Monasterio de San Pedro de Arlanza, Miranda de Ebro, Villasandino, Presencia, Sasamón, Vadocondes, La Puebla de Arganzón y Pineda de la Sierra, o Briviesca en la provincia de Burgos. En la provincia de León, esperan las villas de Sahagún, Grajal de Campos y Molinaseca, el casco antiguo de la villa e iglesia parroquial de Bembibre, el casco antiguo de Ponferrada y el pueblo de Peñalba de Santiago, así como los conjuntos históricos de Salas de los Barrios, Villar de los Barrios y Lombillos de los Barrios (Ponferrada), el conjunto histórico de Campo del Agua, El Regueiral y Las Valiñas, en Villafranca del Bierzo.



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También están pendientes Cervera de Pisuerga, Fuentes de Nava, Canduela (Aguilar de Campoo) y la ciudad de Palencia en la provincia de Palencia; la calzada de la Plata en la provincia de Salamanca; la plaza de Santa Eulalia en la ciudad de Segovia, y la ampliación del conjunto histórico de Riaza, en la provincia de Segovia, la margen izquierda del Duero, la villa de Rejas de San Esteban y el pueblo de Langa de Duero en la provincia de Soria, la recién declarada villa de Rueda, en Valladolid, que espera ser declarada conjunto histórico desde 1981, o Zamora y la villa de Villardeciervos en la provincia de Zamora. El balance de declaración de Conjuntos Históricos en los 20 años de gobierno del PP es muy pobre: sólo 30. En provincias como Ávila no se ha declarado ninguno en estos años; en otras como Zamora, sólo uno; 2 en el caso de Salamanca y Segovia; 3 en Palencia, 4 en Valladolid; 5 en León y 7 en Burgos. Con independencia de la problemática particular que afectan a cado uno de los conjuntos históricos de Castilla y León, existen problemas comunes de degradación, sobre todo en los centros históricos de las ciudades, que se manifiestan en el deterioro de fachadas e interiores y, en muchos casos, en la ruina de edificios tanto civiles como religiosos. El llamado mal de la piedra, deteriora progresivamente elementos ornamentales. La proliferación de tendidos aéreos de cables, de antenas, rótulos, carteles y luminosos, contenedores de basura y el incumplimiento sistemático de la legalidad producen grave contaminación visual. A todo ello se añaden los problemas derivados del tráfico rodado. Objetivos • Evitar la degradación arquitectónica y social de los conjuntos históricos, con

una buena integración en los crecimientos urbanísticos. • Promover la diversificación de funciones compatibles con los conjuntos

históricos. • Conservar y dinamizar los conjuntos históricos con amplia participación de

agentes públicos y privados. Medidas

742. Agilizaremos la resolución de los expedientes paralizados de los

conjuntos históricos de la Comunidad. 743. Pondremos en valor la recuperación de espacios históricos, lo que exige

eliminar agentes visuales contaminantes, con el soterramiento de cables y contenedores y actuando en pavimentos y accesos.

744. Aseguraremos la integración de los Conjuntos Históricos en los nuevos

crecimientos y desarrollo urbanísticos.

745. Recuperaremos áreas residenciales urbanas, incorporando actividades económicas, cuando se promueva la delimitación de áreas de rehabilitación integral (ARI).

746. Estableceremos medidas para la protección de los valores paisajísticos

existentes: vistas, fachadas y perfiles urbanos.



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747. Crearemos infraestructuras culturales en el interior de los cascos

históricos (aulas interactivas, museos específicos, salas de exposiciones, archivos y bibliotecas...), para que contribuyan a dinamizar la vida social de los mismos.

748. Fomentaremos las políticas de difusión y promoción de los conjuntos

históricos, insertándolos dentro de las ofertas turísticas de los tour-operadores.

749. Estableceremos convenios de colaboración con la iniciativa privada, para

la dinamización de los conjuntos.

750. Acometeremos planes especiales de actuación específica en cada uno de los Conjuntos Históricos, similares a los planes directores de determinados monumentos, que analicen y diagnostiquen la problemática global y particular de cada conjunto, para poder intervenir y actuar sobre ellos.

c) Museos Los Museos Provinciales están sujetos al convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad autónoma sobre Gestión de Museos y Archivos de titularidad estatal, de forma que mientras que el Estado conserva la titularidad de los edificios e instalaciones, la dotación de personal y los gastos de funcionamiento son competencia de la Junta de Castilla y León. Estos Museos, creados muchos de ellos en el siglo XIX, han venido desempeñando una gran función de muestra y divulgación de la cultura material de cada provincia. Pero también es necesario que las ciudades y villas intermedias, cabeceras de comarca, y localidades que cuenten con contenedores adecuados, puedan disponer de instalaciones y recursos humanos y materiales que muestren, divulguen y enseñen la historia del territorio a través de los restos materiales (arqueológicos, etnográficos, bellas artes, etc.). Para ello los museos provinciales actuarán como museo matriz, que ampare desde el punto de vista técnico y científico los proyectos museísticos comarcales o municipales. Objetivo

• Mejorar los recursos de los museos provinciales, para potenciar su función de focos de cultura y referencia de la red provincial de museos comarcales y locales.

Medidas

751. Mejoraremos los recursos destinados a estos museos, de forma que se garantice el funcionamiento normal de estas instituciones con el fin de posibilitar que se conviertan en focos dinamizadores de la actividad cultural relacionada con sus contenidos.



163

752. Dotaremos a los Museos de los recursos suficientes para la adquisición de nuevos bienes culturales, materiales bibliográficos, fotográficos o multimedia en cada una de las provincias.

753. Ampliaremos las plantillas de estos centros con el objeto de que se

mejoren las exposiciones existentes y las temporales, se invierta en restauración y en la edición de nuevas publicaciones.

754. Promoveremos la creación de Museos Comarcales del territorio, en

cooperación con las Entidades Locales. Estos museos actuarán en red, liderados por los museos provinciales.

d) Archivos Mientras que el Estado conserva la titularidad de los edificios e instalaciones de los Archivos Históricos Provinciales (AHPs), la dotación de personal, con plantillas totalmente insuficientes, es competencia de la Junta de Castilla y León. Se necesita urgentemente contar con personal cualificado en las áreas de restauración, microfilmación, administración y vigilancia, que garantice el correcto funcionamiento de los Archivos. Es particularmente necesario el incremento de personal facultativo, que facilite la apertura de los archivos en horario de mañana y tarde. El Archivo General de Castilla y León ubicado en 2003 en el llamado “Palacio Butrón” de Valladolid, es ya incapaz para recoger la documentación generada por los órganos centrales de la Junta y los organismos de carácter autonómico, con el fin de conservarla, organizarla y difundirla una vez tratada técnicamente; y hacer lo propio con otros fondos documentales históricos de interés general para la Comunidad Autónoma. Archivos Municipales Los Archivos Municipales, de capitales de provincia y grandes poblaciones, suelen estar bien dotados de personal y cuentan con buenas infraestructuras y equipamientos. Es una excepción el caso de Salamanca, incapaz de gestionar por sí solo la documentación histórica de su Archivo Municipal, ya que “2.300 metros lineales de documentación del siglo XX se encuentran almacenados en unos depósitos que carecen de las medidas de seguridad mínimas, y que adolecen de todos los males propios de los viejos archivos: presentan goteras, detritus de palomas, polvo, legajos rotos, estanterías inestables y de excesiva altura y gran cantidad de documentos están apilados en el suelo”, según su propia archivera municipal. Objetivos

• Adecuar la dotación de instalaciones y plantillas a las funciones de los distintos archivos de la Comunidad.

• Apoyar a las entidades locales en la gestión de los archivos municipales.



164

Medidas

755. Dotaremos de personal suficiente los Archivos de la Comunidad en general y los Históricos Provinciales en particular, ampliando la plantilla a especialistas en conservación, microfilmación, catalogación, reprografía y personal auxiliar.

756. Crearemos el Centro de Documentación de la Arquitectura y el

Urbanismo de Castilla y León, vinculado al Museo Nacional de Urbanismo y Arquitectura de Salamanca, con el fin de catalogar, proteger y preservar el patrimonio arquitectónico de la Comunidad.

757. Adecuaremos las instalaciones del Archivo General de Castilla y León, a

las funciones de custodia documental que tiene encomendadas.

758. Desarrollaremos un portal de acceso a través de Internet a los Archivos de Castilla y León. Una herramienta para gestionar las demandas de información archivística y su recuperación por parte de usuarios y ciudadanos.

759. Pondremos en marcha medidas encaminadas a rescatar y salvar los

archivos de la Comunidad, con acciones integradas en un nuevo Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León, cuyos objetivos se sitúen en el avance de la identificación y valoración de fondos documentales, la gestión de documentos electrónicos, la dotación de infraestructuras (construcción de un edificio específico para sede del Archivo General) y equipamientos, la mejora en las condiciones de la custodia de la documentación, la aplicación de tratamientos de restauración de documentos, así como la publicación de nuevos instrumentos de descripción archivística y otras actuaciones de difusión.

760. Dotaremos plazas para los archivos centrales de las distintas Consejerías

y para los archivos de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, de modo que puedan dar cumplimiento a las funciones que les son propias.

761. Potenciaremos la función inspectora de la Junta de Castilla y León que

le atribuye la Ley 6/1991, como encargada de vigilar el cumplimiento de los deberes que corresponden a los titulares del Patrimonio Documental.

762. Fomentaremos la formación de los empleados y secretarios de los

Ayuntamientos para la gestión de los archivos municipales.

763. Potenciaremos el Consejo de Archivos de Castilla y León como órgano consultivo y asesor de la Administración de la Comunidad con la incorporación de organizaciones y profesionales de reconocida solvencia.



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e) Caminos Históricos Castilla y León está jalonada de importantes vías de comunicación, que se remontan a la época prerromana, romana y medieval. Buen ejemplo de ello son las calzadas y caminos históricos, como la Vía de la Plata y los caminos a Santiago. La vía de la Plata Es la antigua calzada romana que unía Mérida con Astorga, convertida después en calzada de la Guinea en los tiempos medievales, comunicación entre el reino de León con Al Andalus. A su paso por Castilla y León, recorre 262 Km. de longitud a lo largo de las provincias de Salamanca, Zamora y León, afectando a 59 municipios, 62 localidades y atravesando 27 núcleos de población. La primera protección oficial data del 3 de junio de 1931, pero se ceñía únicamente al tramo correspondiente a la provincia de Salamanca. Actualmente, y desde 2001, la Vía de la Plata tiene un expediente abierto para ser declarada BIC. Los caminos de Santiago El llamado “Camino Francés”, con ser, sin duda, el más importante por su vinculación europea, no es el único camino de Santiago. Otros tramos de vías jacobeas atraviesan Castilla y León, que en los últimos años ha cobrado inusitada fuerza, sobre todo, la vía meridional procedente de Andalucía y Extremadura y que se dirigen a Santiago vía Orense por el norte de Zamora o vía Astorga, pasando por Benavente. Las Vías pecuarias Las llamadas Cañadas Reales constituyen una parte muy destacada de nuestro patrimonio. La importancia de la trashumancia en Castilla y León a lo largo de los siglos, que quedó patente en el protagonismo del Honrado Consejo de la Mesta, hacen de estas vías pecuarias un rico patrimonio natural, histórico y cultural. (Cañadas: 75 m.; cordeles: 37,5 m. y veredas: 20 m) Las vías pecuarias constituyen una especie de corredores ecológicos. Su trazado se complementaba con abrevaderos, descansaderos y majadas, a los que debe añadirse el patrimonio arquitectónico como puentes, pontones, ermitas o molinos que se encuentran a lo largo de estas vías. En la segunda mitad del siglo XX, la crisis de los sistemas ganaderos tradicionales y el abandono rural, han agudizado su decadencia hasta peligrar su integridad. Nuestra Comunidad tiene una de las redes de vías pecuarias más amplias de España, con una longitud de 34.638 Km. y unas 100.000 hectáreas; en total un 27 % del total de las vías pecuarias nacionales. De las nueve Cañadas Reales del territorio español, siete discurren por nuestra comunidad autónoma:

• Cañada real de la Plata o de la Vizana: desde Asturias, pasando por León, Zamora y Salamanca.

• Cañada real Leonesa Occidental : León a Ávila • Cañada real Leonesa Oriental : León, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila • Cañada real Segoviana : Burgos y Segovia • Cañada real Soriana Oriental : Soria hasta Sevilla



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• Cañada real Soriana Occidental: Soria, Segovia, Ávila y Salamanca. • Cañada real Galiana: Soria.

A éstas habría que unirles un más amplio entramado de cordeles, veredas, coladas etc., que completarían los casi 35.000 Km. de vías pecuarias de Castilla y León, un legado único en Europa. Objetivo

• Conservar el trazado de los caminos históricos y potenciar sus valores y usos culturales, sociales, ecológicos y turísticos.

Medidas

764. Aprobaremos con carácter urgente la declaración de Bien de Interés Cultural para la vía de la Plata. Pero a la vez, es preciso, potenciar todos sus recursos naturales, paisajísticos, históricos, artísticos y culturales, para convertirla, como lo fue y lo es, en un segundo Camino de Santiago. Por ello, es necesaria la señalización, así como la apertura de tramos transitables para caminantes o ciclistas.

765. El Centro de Interpretación de la Vía de la Plata, que se ubicará en

Zamora, será un foco impulsor de la promoción y difusión cultural de este histórico camino.

766. Apostaremos por la promoción y difusión de las rutas alternativas a

Santiago, para lo cual es preciso su señalización, así como la construcción de una red de albergues en condiciones similares a las del camino Francés.

767. Deslindaremos nuestras vía pecuarias. La señalización, delimitación y

recuperación de estas vías es imprescindible, ya que, en muchos casos, han sido invadidas por particulares.

768. Orientaremos la recuperación del patrimonio público de las vías

pecuarias al uso y disfrute de los ciudadanos, potenciando los valores culturales de estos caminos en la estrategia de un desarrollo rural sostenible, que garantice el mantenimiento de la biodiversidad:

• Zonas verdes: en las proximidades de los pueblos las cañadas ofrecen un suelo público en el que es posible acondicionar áreas verdes de expansión y paseos arbolados, que, como corredores biológicos, faciliten el contacto natural entre el espacio urbano y el medio agrícola.

• Espacios recreativos para el turismo rural y cultural: las cañadas son auténticas rutas culturales, su trazado une pueblos y paisajes, recorriéndolas es posible descubrir la gran diversidad de contrastes de nuestra tierra. Además, pueden ser aprovechadas como aulas de naturaleza para escolares y como soporte para el turismo rural.

f) Catedrales Las catedrales constituyen uno de los conjuntos monumentales más singulares del patrimonio cultural castellano y leonés. Además de sus valores históricos y



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artísticos de sus muros, fábricas y programas iconográficos, el interior atesora importantes muestras de bienes muebles, que van desde retablos, imaginería y pintura hasta tapices, rejería, orfebrería, libros, etc. Once son las catedrales que se distribuyen por la Comunidad: Astorga, León, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila, Valladolid, Palencia, Burgos, Segovia y Burgo de Osma. Todas ellas están declaradas Bien de Interés Cultural y son el exponente de la evolución de una arquitectura que va desde los tiempos medievales (con estilos románico y gótico) hasta las épocas barroca y neoclásica, en varios casos. Sin embargo, estos impresionantes edificios presentan serios problemas que afectan a su conservación. Así, los desprendimientos producidos en su fábrica –gárgolas en León o esculturas de Burgos, por citar sólo casos conocidos- ponen de relieve que el paso del tiempo, las inclemencias atmosféricas y el mal de la piedra están dañando de manera seria y preocupante a estas construcciones. Objetivos

769. Garantizar el mantenimiento estable y permanente de las Catedrales de Castilla y León, convirtiéndolas en focos de investigación y formación en oficios en vías de desaparición.

770. Potenciar el valor cultural, artístico y patrimonial de nuestras catedrales como focos para el desarrollo turístico de la Comunidad.

Medidas

771. Pondremos en marcha políticas encaminadas a su mantenimiento continuo con un Plan de Catedrales de Castilla y León, con una dotación de 30 millones de € para la legislatura.

772. Crearemos asimismo Talleres de Oficios de promoción pública –

convenidos con los cabildos catedralicios de Castilla y León-, que se dedicarán a la rehabilitación de cada catedral, sin menoscabo de que puedan ocuparse también de otras construcciones.

773. Estos Talleres contemplarán oficios como cantero, entallador, carpintero, ebanista, forjador, ensamblador, dorador. Se pretende con ello restaurar, producir, arreglar o crear, y mantener vivas técnicas artesanales.

774. Impulsaremos paralelamente políticas que garanticen la formación en

estos oficios artesanales. Esto es, cada taller, llevará aparejada o estará relacionado con una Escuela de Formación siguiendo el modelo de las Escuelas Taller.

g) Ciudades Patrimonio de la Humanidad El reconocimiento por parte de la UNESCO de ciudades y monumentos de Castilla y León como Patrimonio de la Humanidad, nos obliga a ser rigurosos y vigilantes en el mantenimiento de los valores que acreditaron esa distinción. Por ello, es preciso vigilar el cumplimiento de los compromisos que se adquirieron con la



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declaración de la UNESCO, especialmente en los casos de transformaciones de edificios protegidos o la construcción de otros nuevos. Objetivo

• Colaborar con los Ayuntamientos para conservar el carácter y entorno de las ciudades patrimonio y potenciar su función cultural y turística.

Medidas

775. Promoveremos la adecuación y compatibilidad de los usos de las ciudades, manteniéndolas sin alterar ni transformar su carácter, pues así fue como merecieron tan prestigiosa declaración y así deben ser conservadas para el futuro, para disfrute de los ciudadanos y de las generaciones venideras.

776. Reservaremos con carácter no finalista una partida anual de 6 millones

de euros para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con el objeto de contribuir a su conservación, cuidado y promoción. Esta cantidad será, en todo caso, independiente de las que correspondan a dichas ciudades dentro de las actuaciones ordinarias de la Junta de Castilla y León.

777. Apoyaremos la programación cultural de las ciudades patrimonio

orientada a potenciar y difundir los valores que fundamentaron su reconocimiento por parte de la UNESCO.



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19.- Turismo. El valor de lo nuestro: Cultura, paisajes y gentes de calidad. El turismo del futuro El turismo constituye un soporte importante de nuestra economía -equivalente a más del 8% de nuestro Producto Interior Bruto- no sólo por la renta directa que genera, sino también por su efecto sobre el conjunto de los servicios, la construcción y los sectores industriales relacionados con ella. Aún así, es necesario aumentar esta fuente de renta para Castilla y León, poniendo en marcha nuevas acciones que permitan capitalizar las previsiones de expansión del sector en la misma medida que lo hace el turismo español. Castilla y León debe apostar por un turismo de calidad, ya que van apareciendo más y mejores ofertas en España y en la Unión Europea que pueden constituir una seria amenaza para nuestro turismo cuando desarrollen plenamente sus infraestructuras sectoriales. El Partido Socialista de Castilla y León reconoce el turismo como un sector clave para la economía de la Comunidad por su capacidad como multiplicador económico, su contribución a la defensa del medio ambiente, al mantenimiento de la población rural y a la conservación de nuestro patrimonio cultural. Aumentar la calidad de nuestros destinos turísticos, de nuestras capitales, las ciudades patrimonio de la Humanidad, el Camino de Santiago (en sus varias configuraciones), la Ruta de la Plata, la Ruta del Románico, el Camino del Cid, el Camino de la Lengua, las rutas de Castros y Berracos, etc., significa más dotación de infraestructuras y servicios, diversificar la oferta turística, potenciar sectores turísticos emergentes como el turismo cultural, el deportivo o el de negocios, así como consolidar la oferta de turismo de interior. En esta labor de cohesión territorial, de desarrollo del interior y de dinamismo económico, no se puede olvidar la labor del comercio, que es un elemento fundamental en la revitalización de los centros históricos y de la dinamización del interior de nuestra Comunidad. Objetivos

• Promover un gran acuerdo social por el turismo con los agentes participantes del hecho turístico, con el fin de afrontar un profundo cambio en el sector y generar un compromiso de colaboración imprescindible para afrontar los nuevos retos. Nuestra política turística contará con la participación de todos los agentes sociales y económicos implicados en el sector y, en especial, con las entidades locales de la Comunidad.

• Incremento del número de visitantes de Castilla y León un 15% anual

hasta 201, aumentar el gasto turístico por visitante, elevar el número de pernoctaciones y mejorar los indicadores cualitativos del sector, esto es: o Alcanzar la cifra de 9 millones de viajeros al año, frente a los 6 millones

actuales.



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o Conseguir los 18 millones de pernoctaciones anuales, frente a los 8 millones actuales (esto equivale a una tasa de pernoctación de 2 noches/viajero).

o Llegar a los 90.000 empleos frente a los 70.000 actuales. o Estos serán los grandes objetivos del nuevo Plan de Turismo, junto a

equiparar el turismo de Castilla y León, en términos de PIB, a la media nacional (aumentar su impacto en 5 puntos PIB lo que equivale a más de 2.200 M€ en la próxima legislatura).

El Plan de Turismo aportará más inversión en infraestructuras turísticas o en aquellas otras que sen imprescindibles para una oferta territorial de calidad. Y con aportaciones especiales -bien directas, bien amparadas en fórmulas crediticias asociadas al Instituto Financiero de Castilla y León- para que Ayuntamientos y empresarios puedan impulsar sus propios proyectos. Dedicaremos 500 M€ a un programa extraordinario de apoyo al turismo de calidad. Medidas

778. Promoveremos una nueva Ley de Turismo que ordene el sector, fomente su actividad, y agilice los trámites administrativos de apertura, autorización, clasificación y control de los establecimientos turísticos.

779. Apostamos por un Observatorio de Turismo como órgano principal de

concertación y participación para la elaboración de propuestas. En él estarán representados paritariamente los agentes participantes en el hecho turístico de Castilla y León (Administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones de usuarios y consumidores, profesionales, escuelas de turismo, agencias de viajes, Federación de Municipios y Provincias, etc.), de forma que constituya un marco eficaz de colaboración y cooperación institucional.

780. Crearemos la Agencia de Turismo de Castilla y León. La Agencia, que

procederá de la reconversión de SOTUR, llevará a cabo una política integral de turismo, ampliando su cometido actual, de simple promoción, a otros como el fomento, la ordenación y el desarrollo de la actividad turística en la Comunidad. Su principal objetivo será aumentar la competitividad, la calidad y la diversificación del producto turístico; la formación y la investigación relacionada con el turismo castellano y leonés, pero también la reglamentación y ordenación del sector. En consecuencia los programas y actuaciones de la Agencia de Turismo se orientarán de forma especial a: • Incrementar la calidad de nuestros productos turísticos y potenciar la

modernización de las empresas. • Consolidar el mercado actual, mejorando las infraestructuras y las

dotaciones. • Implantar nuevos productos con la finalidad de limar desequilibrios

territoriales y reducir la estacionalidad. • Difundir la imagen turística de la Comunidad tanto en los mercados

nacionales como internacionales. • Facilitar la comercialización de los productos turísticos para propiciar

una mejor rentabilidad de las empresas turísticas.



171

• Posibilitar el uso de los recursos de interior para incorporarlos a la oferta.

• Mejorar la formación y la profesionalidad del sector. • Asumir la planificación básica del sector turístico, mediante la

ordenación y la reglamentación de éste.

Pondremos en marcha el Sistema Operativo de Reservas de Castilla y León, dentro de nueva plataforma tecnológica para los servicios turísticos, con el fin de organizar una oferta turística integral y de calidad tanto en origen como en destino.

781. Impulsaremos el desarrollo de la oferta de actividades complementarias,

cuya escasez es hoy una de las causas de la baja duración de las estancias turísticas en nuestra Comunidad.

782. Crearemos una marca "Castilla y León", con la aportación creativa de

quienes puedan construir una imagen o un símbolo que represente lo mejor de nuestra Comunidad, para que constituya otro modelo de promoción publicitaria de turismo y de campañas dirigidas a los operadores turísticos y a públicos especializados.

783. Impulsaremos el Portal de Castilla y León, con la aportación de la mejor

tecnología y la integración de contenidos que garanticen la promoción y el conocimiento de la Comunidad en lo que, sin duda es la más fácil y mejor forma de acceso a nuestro turismo.

784. Realizaremos una base estadística sólida y fiable del sector turístico. La

Agencia de Turismo contará con un servicio de análisis y estadística para corregir la actual ausencia de estadísticas oficiales con resultados homogéneos y metodológicamente correctos.

785. Impulsaremos el papel del Turismo de Castilla y León en Europa, mediante

medidas de Promoción e Información Turísticas. La oferta de Castilla y León se presentará en Ferias y Certámenes internacionales de Turismo con elevado potencial en los ámbitos del idioma, el turismo activo y de la naturaleza, la organización de congresos y convenciones y el turismo cultural y gastronómico, entre otros muchos.

786. Desarrollaremos nuevos programas y productos turísticos que permitan

cubrir la ocupación en momentos de baja demanda y mantengan la estabilidad en el empleo, potenciando, además, una estrategia de apoyo a las manifestaciones culturales, deportivas y al turismo de congresos.

787. Pondremos en marcha Programas Sectoriales de Promoción Turística para

mejorar todos los sectores Turísticos de Castilla y León e impulsar un Plan de conservación, gestión y afloramiento turístico de los recursos de carácter territorial, ambiental y cultural. Entre ellos estarán tres que a su vez se interrelacionan:

• Turismo en Sociedad. Es el turismo de la familia, de los escolares y de nuestros mayores. Es un turismo no estacional, que se debe basar en nuestra gastronomía, en nuestros balnearios, y en la capacidad de realización de Congresos y Ferias.



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• Turismo natural. Es el turismo por excelencia de Castilla y León: un turismo sostenible que aprovecha los inmensos recursos naturales de la Comunidad, en el valle y en la montaña, en las vías verdes y las cañadas, en los vías férreas y en las fluviales, en el agroturismo y en el turismo rural, en el turismo deportivo y de aventura. Es el patrimonio verde que debemos poner en valor.

• Turismo cultural. Es el turismo de los pueblos y ciudades de Castilla y León, el mayor potencial turístico de la Comunidad: nuestra cultura y nuestro patrimonio, nuestros monumentos y nuestras rutas, nuestros yacimientos y nuestros museos, nuestra historia y nuestro futuro.

789. Desarrollaremos un programa de nuevas Infraestructuras para el turismo.

790. Abriremos Oficinas de Promoción Turística de Castilla y León en todos los

mercados preferentes de proximidad: Madrid, Barcelona, Oviedo, Sevilla, Valencia y Lisboa en una primera etapa, y en ciudades como Bilbao, Zaragoza o Santander en una segunda.

791. Extenderemos la Red de Paradores de Castilla y León, que incluirá,

además de los de Béjar y Villablino, el de Arévalo.

792. Impulsaremos la creación de pequeñas y medianas empresas locales para el desarrollo de actividades turísticas.

793. Se promocionarán nuevos productos con el objetivo de permitir estancias

de media y larga duración.

794. Estableceremos un Plan de Incentivos Fiscales para la remodelación de establecimientos e instalaciones con marchamo de calidad.

795. Crearemos la Tarjeta de Turismo de Castilla y León, TURyCAL,

concertada con las entidades financieras, para permitir el pago aplazado en la contratación de habitaciones y rutas turísticas. Turycal ofrecerá descuentos por segunda pernoctación en la misma semana, o por la tercera en el mismo mes, promoción del turismo familiar, etc.

796. Pondremos en marcha en Segovia el Hotel-Escuela de Castilla y León,

centro de formación permanente para profesionales del sector y centro de prácticas para los alumnos de las Escuelas Universitarias de Turismo de Ávila y Segovia, compatibilizando este uso con el residencial, etc. Implicará la firma de convenios con las instituciones más prestigiosas internacionalmente para el impulso de las Escuelas de Hostelería, dentro de un completo programa de formación.

a) Turismo en sociedad.

797. Castilla y León en la red. Presencia en origen de la oferta turística. Oferta comarcalizada de rutas y servicios en origen y en destino. Establecimiento, además, de una Red Telemática central de conexión de la oferta turística y de orientación de la demanda.



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798. Castilla y León, destino familiar. Promoción de un programa multiservicios para el fomento del turismo familiar, como uno de los distintivos de la oferta turística de nuestra Comunidad. En este programa se desarrollará un nuevo modelo de turismo intergeneracional, de mejora de la convivencia ciudadana.

799. Castilla y León, punto de encuentro. Promoción de programas de

intercambio con otras Comunidades para jóvenes y para mayores. Castilla y León es competitiva pero no competidora, sino capaz de integrar su oferta turística con la de otros territorios del Estado.

800. Castilla y León para nuestros escolares. Fomentar el conocimiento de

nuestra propia Comunidad a nuestros jóvenes a través de estancias de fin de semana en albergues con rutas guiadas.

801. Castilla y León, Turismo Social. Fomentar una adecuada utilización del

tiempo de ocio, con un plan de turismo en Comunidad bajo la filosofía de extender la cultura y el conocimiento de nuestra Comunidad. Se generarán líneas de ayuda para aquellos colectivos que, situados en ocasiones la margen del consumo turístico, pueden ayudar a la superación de la estacionalidad de la demanda bajo el fomento del turismo interior.

802. Castilla y León, Comunidad de Salud. Fomentaremos el turismo de

termalismo y balneoterapia dentro de grandes sectores de población de nuestra Comunidad y de otras cercanas, sector que además ofrece actividad a lo largo de todo el año.

803. Castilla y León, Turismo Relacional. Será preciso elaborar un Programa de

Fomento y Diversificación del Turismo de Congresos y Ferias. Nuestra Comunidad necesita continuar avanzando por este camino, impulsando la promoción y, especialmente, dirigiendo a los visitantes de ferias y congresos a visitar Castilla y León por otras razones, elevando considerablemente la estancia media de este segmento de mercado.

804. Castilla y León Gastronómica. Elaboración de un Programa de Turismo

Gastronómico. La producción agroalimentaria de calidad debe ser integrada plenamente en la oferta turística de Castilla y León, constituyendo uno de los pilares fundamentales de la misma y creando a tal efecto una marca turística para los establecimientos que ofertan productos locales de Castilla y León.

b) Turismo al natural.

805. Castilla y León Natural. Impulsará el uso público de los espacios naturales protegidos, mediante el fomento y desarrollo de los equipamientos, la coordinación de las políticas medioambientales y turísticas y la integración de los agentes turísticos del territorio, fomentando el desarrollo del agroturismo y ecoturismo en nuestra Comunidad. Pondremos en marcha el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Castilla y León en Soria.

806. Apostamos por la integración de los recursos naturales en el sistema

productivo con métodos innovadores: caza, pesca, micología, paisaje,



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vías pecuarias, Vía de la Plata, Camino de Santiago, Ruta del románico, Ruta del Cid, rutas arqueológicas. En turismo existen muchos recursos y pocos productos. El turismo rural, para que sea eficaz, tiene que ir asociado a una idea: turismo y caza; turismo y pesca; turismo y gastronomía; turismo y micología; turismo y románico.

807. Agroturismo en Castilla y León. Debemos apostar por una nueva forma de

hacer turismo en nuestra Comunidad. Vacaciones basadas en la autenticidad, la paz y el sosiego, sin agobios ni ruidos y en contacto directo con la naturaleza y nuestros habitantes, muy lejos de la masificación del turismo convencional. Una oportunidad de conocer nuestra costumbres, nuestra filosofía de vida así como nuestra amplia gastronomía.

808. Turismo relacionado con los Centros de Interpretación: de la Ganadería

Autóctona de Castilla y León (Pancorbo); de los Espacios Naturales de la Comunidad; Habilitar casas rurales y aprovechar las viejas fincas agrícolas, hoy en desuso, para albergar a todos aquellos visitantes que buscan unas vacaciones con una oferta amplia y diversa donde el cliente encontrará calidad.

809. Castilla y León Fluvial. El aprovechamiento turístico de la red fluvial y de

embalses, pantanos y lagos de la Comunidad debe ser otro de los aspectos relevantes de una política turística natural, global y de calidad. Hay suficientes espacios donde se pueden desarrollar actividades deportivas, recreativas y de baño en Castilla y León. Entre ellos, la Laguna Negra y el Embalse de Cuerda del Pozo en Soria; los Embalses de Riaño; Barrios de Luna y Porma en León; el Lago de Sanabria en Zamora, o el Sistema de Las Arribes del Duero en Zamora y Salamanca y otros muchos.

810. Castilla y León y el patrimonio ferroviario. Algo por descubrir todavía en

nuestra Comunidad es el uso del Tren con fines turísticos, como la línea La Fuente de San Esteban-Barca d’Alva (Portugal) que reúne unas características excepcionales. Pero también hay tramos del Vía de la Plata magníficos en el entorno de Béjar, o en El Bierzo como la línea Villafranca del Bierzo-Toral de los Vados, o en la Montaña Burgalesa y la Sierra de la Demanda, e incluso en el Sur de Ávila en zonas como el Valle del Tiétar.

811. Castilla y León Verde. Senderos y rutas temáticas para el fomento del

turismo itinerante. Así se aplicará el programa de Vías Verdes y Vías Pecuarias recuperando estos trazados para el paseo y el senderismo, etc., sin olvidar que la verdadera red de Vías Verdes en Castilla y León está en los miles de kilómetros de vías ganaderas que están poco menos que olvidadas y abandonadas.

812. Castilla y León: llano y montaña. Aprovechamiento y desarrollo del

Turismo de montaña. Debemos potenciar el desarrollo del ocio ciudadano también en espacios donde se puedan poner en marcha actividades recreativas que tengan un carácter socio-cultural. Incentivaremos el desarrollo de carriles, pasillos y zonas que faciliten la práctica de senderismo, ciclismo de montaña, escalada, piragüismo, parapente;



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deportes de aventuras como el barranquismo, orientación, zonas de juegos, terrenos de aventura, etc.

813. Castilla y León: turismo deportivo. Debemos potenciar la práctica de

deportes de invierno. Por ello apoyaremos la consolidación y promoción de instalaciones y pistas de esquí en nuestra Comunidad, como la de Covatilla (Béjar -Salamanca), el centro de esquí de fondo de Toro –Sanabria- y San Glorio (Boca de Huérgano -León). Y el impulso y, en los casos en que sea preciso, la cogestión, de las ya existentes: San Isidro, La Pinilla y Leitariegos, en las que se procurará establecer un foco de desarrollo local en colaboración con las Diputaciones Provinciales y el Ayuntamiento de Riaza. Desarrollo, además, de instalaciones específicas para esquí de fondo, garantizando el valor medio ambiental de los entornos.

c) Turismo cultural

814. Castilla y León, Patrimonio de Todos. Asumimos el reto de la puesta en valor de los valiosos recursos de nuestro patrimonio con la aportación de inversiones, incentivos fiscales y subvenciones. Ello significará:

• Mejora de la calidad de los espacios y paisajes urbanos. • Mejora de la calidad de la oferta de servicios locales, especialmente del

comercio, sanidad, cultura, deportes, ocio y comunicaciones. • Conservación y restauración en los núcleos de población rurales. • Potenciación del patrimonio histórico-cultural y etnográfico. • Desarrollo de un plan eficaz y atractivo de señalización turística. • Mejora de la iluminación y embellecimiento de espacios turísticos. • Potenciación de centros de interpretación y museísticos.

815. Castilla y León y su Cultura. En nuestra Comunidad, turismo y cultura son

dos aspectos inseparables ya que nuestros destinos turísticos fundamentales son a su vez los lugares donde se concentran las manifestaciones monumentales y patrimoniales. Por ello es preciso diseñar programas de turismo cultural.

816. La falta de orientación turística relacionada con la gestión de

acontecimientos culturales; el escaso desarrollo de un sector profesional especializado; problemas de gestión para el uso y disfrute de nuestro patrimonio y muchas carencias de información impiden hoy aprovechar al máximo los potenciales de este recurso. Por ello llevaremos a cabo medidas como:

• Impulsar el poder vertebrador, turístico y cultural de los interconectores de la Comunidad, desarrollando de forma integral estos importantes ejes territoriales: El Camino de Santiago, La Vía de la Plata, El Canal de Castilla, El Corredor Central del Duero, Eje Subcantábrico.

• Generalización de los Planes de Excelencia y Dinamización Turística. • Diseño de un modelo de gestión integral de calidad para destinos de

turismo cultural. • Mejorar el marketing, la formación y la información con planes

sectoriales de actuación.



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• Utilización de las nuevas tecnologías para crear registros, inventarios, agendas y en general utilidades de oferta cultural y turística.

• Concierto de Planes con las regiones del Norte y Centro de Portugal y Comunidades Autónomas limítrofes para crear itinerarios turísticos compartidos y proyectos conjuntos de recuperación y restauración.

817. Castilla y León y sus Museos. Disponemos de una oferta museística amplia

que se debe desarrollar con la puesta en marcha de proyectos como el Museo de Arte Contemporáneo en León, el Museo de la Evolución Humana en Burgos o el Museo de la Ciencia en Valladolid, además de otros. Su desarrollo implicará una mejora en la planificación y coordinación de las líneas de actuación.

818. Castilla y León y sus Ciudades. Nuestras ciudades deben hacer de su legado histórico-artístico, seña de identidad y polo de atracción turístico. Promoveremos su valor como espacios culturales emblemáticos de Castilla y León y serán referentes nacionales e internacionales de nuestra riqueza y diversidad cultural y monumental.

819. Castilla y León y su patrimonio Arqueológico. El elevado número de yacimientos arqueológicos de Castilla y León (98 en la última Catalogación de los Bienes de Interés Cultural, pero más de 4.000 realmente) y el interés de los visitantes por este nuevo sector, hace que el Corredor Arqueológico de Castilla y León sea imprescindible en la oferta turística. Además elaboraremos un itinerario geoturístico y espeleoturístico para poner en valor el patrimonio geológico de Castilla y León



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20.- Deporte para todos y para todas Debemos partir de una premisa: no ha existido una política deportiva en Castilla y León. No ha tenido el PP modelo ni objetivos para el desarrollo de unas políticas cada vez más importantes. No se ha valorado el potencial educativo, social y económico que tienen la actividad física y el deporte en el desarrollo del Estado del Bienestar. La Ley del Deporte de Castilla y León ha sido un auténtico lastre y no ha cumplido la inmensa mayoría de los compromisos que recogía; la gestión en materia de política deportiva no se ha enfrentado con medidas concretas a los importantes cambios sociales de la última década ni ofrecido soluciones a las enormes carencias en el ámbito del deporte y la actividad física de esta Comunidad. Se ha perdido una oportunidad histórica para crear un modelo deportivo moderno y diferente, manteniendo postulados ya reflejados en la Ley del 90 y encomendando gran parte de la nueva norma a posteriores regulaciones cuya demora a contribuido a la mala situación actual. Objetivos Los socialistas de Castilla y León consideramos el deporte y la actividad física como políticas propias del Estado del Bienestar. Para conseguir canalizar todos los aspectos que tienen relación con el ámbito deportivo ofrecemos a la sociedad dos herramientas: La creación de un marco, denominado Decálogo del Deporte, en el que tienen cabida todas las ideas e iniciativas que el mundo del deporte nos ha hecho llegar. Es el reflejo de la importancia que los socialistas de Castilla y León concedemos a la actividad física y el deporte dentro de la sociedad, y recoge los principios de la Carta Europea de 1992, que considera la actividad física y el deporte como “un derecho de todos los ciudadanos que contribuye al desarrollo de la educación, la salud pública y la calidad de vida de la Comunidad”. El proyecto deportivo socialista ha querido ser sobre todo concreto y ambicioso. Están presentes en él todos los elementos que tienen relación con la actividad física y el deporte y sus protagonistas: Educación, universidad, salud, turismo, ocio, urbanismo, conservación de la naturaleza, mundo rural, niños, jóvenes, mujeres, minusválidos, inmigrantes, personas mayores, colectivos con dificultades para la integración, instalaciones, deporte laboral. Toda la sociedad. Nuestro Decálogo del Deporte representa un compromiso desde lo público:

I. Nuestro compromiso con el fomento de la actividad físico- deportiva como servicio público a los ciudadanos. Proponemos el deporte para todos sin límite de edad, género, condición o aptitud, con la finalidad de ayudar a la formación integral, a la promoción de la salud y a las relaciones sociales.



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II. La promoción del deporte escolar es uno de los pilares básicos del

sistema educativo, por lo que reconocemos al deporte escolar y a la actividad física como parte del sistema educativo y redefinimos su papel como medio integrador y favorecedor de la igualdad de oportunidades.

III. La actividad físico recreativa como educación en y para el ocio y el tiempo libre, para lo que es preciso admitir los beneficios que produce la actividad física a cualquier edad, su capacidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su disfrute al margen de cualquier connotación competitiva.

IV. La colaboración con el deporte de alta competición para la ayuda a

deportistas y a la política de espectáculo deportivo, ya que el deporte de alto nivel es uno de los indicadores externos de la realidad deportiva de un pueblo.

V. La actividad físico – recreativa y deportiva dirigida por personal cualificado como nuevo yacimiento de empleo, debido al importante número de titulados relacionados con la actividad físico deportiva y recreativa.

VI. El Centro de Estudios e Investigación Deportiva en colaboración con las universidades de Castilla y León para la formación de técnicos, educadores y dirigentes, en programas de investigación y formación, debe tener un reflejo adecuado en el mundo deportivo. Por ello apostamos decididamente por la formación y la investigación como elementos claves para progresar en el desarrollo y mejora de la actividad física y el deporte.

VII. Proponemos la construcción de instalaciones deportivas en programas compartidos entre varias administraciones. Espacios deportivos dirigidos principalmente a los municipios que no dispongan de infraestructuras deportivas, a los centros escolares sin un espacio cubierto, a actividades cada vez más solicitadas como las acuáticas, a disciplinas con una gran participación y difusión y pocos equipamientos y al estudio y posterior dotación de espacios no convencionales del medio natural.

VIII. La supresión de cualquier barrera o diferencia en el deporte entre el medio rural y el urbano pasa por la consideración de la práctica deportiva como un servicio público más. Por ello se hace imprescindible definir y concretar las competencias en materia deportiva de nuestro mundo rural.

IX. Una política racional de subvenciones a federaciones deportivas significa establecer garantías de unos mayores índices de participación cuantitativa y cualitativa de los ciudadanos/as de Castilla y León en la actividad física y deportiva.

X. Impulsaremos medidas fiscales que favorezcan el patrocinio deportivo en la alta competición: Es primordial la elaboración de un régimen tributario para las aportaciones o donaciones destinadas a la promoción de la práctica del deporte.



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Medidas para el Deporte Escolar

820. Incluiremos el Deporte Escolar y la Actividad Física Extraescolar en el proyecto curricular del centro educativo: Su organización y gestión debe ser asumida y coordinada por los servicios de Educación y Deportes

821. Reconoceremos al profesorado la actividad extraescolar dentro de su

horario lectivo y dotaremos a los centros de personal cualificado para esta actividad.

822. Favoreceremos el desarrollo de valores educativos (tolerancia, respeto

cooperación, atención a la salud), evitando el carácter marcadamente competitivo e impulsando la participación y el perfil recreativo.

823. Impulsaremos actividades para escolares en educación secundaria en

entornos alternativos, como el medio natural, adecuándolas a sus centros de interés e inquietudes.

824. Desarrollaremos programas deportivos orientados a la prevención,

rehabilitación e inserción social de drogodependientes y otras personas en situación de exclusión social.

825. Desarrollaremos planes de actividades físico – deportivas y recreativas

para periodos vacacionales. Medidas para la promoción del Deporte para todos

826. Elaboraremos, en colaboración con los Ayuntamientos y Diputaciones programas de actividad física para todas las edades, diseñando actividades físicas del conocimiento del entorno para cualquier edad.

827. Promocionaremos el uso de todas las instalaciones públicas con

actividades recreativas, creando políticas integrales de ocupación del tiempo libre.

Medidas para el Deporte de Alto Nivel

828. Gestionaremos programas de talentos deportivos, dotando al sistema deportivo de la Comunidad de los medios suficientes para valorar la capacidad de los que muestren aspiraciones en la alta competición.

829. Mantendremos un programa de formación inicial y permanente para

técnicos y dirigentes deportivos.

830. Colaboraremos con los clubes de alta competición mediante convenios, con el objetivo de aprovechar popularidad para la promoción de la actividad deportiva y de imagen de la Comunidad.



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831. Crearemos un Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Soria. Ciudad del Deporte, dirigida al deporte de alta competición, del que dependan los Centros de Tecnificación que existen o se creen en toda la Comunidad.

832. Impulsaremos medidas de apoyo a los deportistas de alto nivel como la

figura de un Tutor Deportivo, que efectúe un seguimiento de su vida académica y su posterior incorporación al mercado laboral, y el establecimiento de planes de ahorro y otros productos financieros en los que puedan invertir parte de los recursos que reciben y que percibirán al final de su carrera deportiva.

Medidas para el empleo en el Deporte

833. Promoveremos políticas de empleo en el ámbito físico -deportivo para educadores especialistas de la actividad física.

834. Promoveremos un modelo de empleo más estable y profesional. Con una

mayor actividad necesitaremos más profesionales, lo que redundará en la calidad y continuidad de los programas.

835. Exigiremos titulación deportiva para la realización de actividades de

enseñanza, entrenamiento, animación, recuperación, dirección, gestión y cualquier otra relacionada con la actividad físico – deportiva.

Medidas para la Investigación y la Formación

836. Con el objetivo de promover la formación e investigación deportiva crearemos, en colaboración con la Universidad, el Instituto del Deporte de Castilla y León, con sede en Salamanca, como organismo autónomo y con amplias y concretas funciones (planificación y coordinación de los programas de formación y perfeccionamiento de los Técnicos Deportivos, desarrollo de un servicio de publicaciones y documentación, asesoramiento técnico, impulso a la detección de talentos, realización de Congresos y reuniones científicas, empuje de la investigación y desarrollo tecnológico en las diferentes aplicaciones al deporte...).

837. Dentro del Instituto estará el Centro de Estudios e Investigación, que

tendrá funciones de formación, pedagógico – didácticas, medicina y psicología del deporte, de los deportistas de alto nivel y de sus técnicos.

Medidas para las Instalaciones Deportivas

838. Aprobaremos un Plan Director de Instalaciones de Castilla y León, cumpliendo así con la Ley del Deporte, entendiendo este aspecto como absolutamente fundamental para universalizar la practica de la actividad física.



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839. Construiremos polideportivos cubiertos en todos los municipios que no dispongan de él, considerando criterios de población o disposición de un centro escolar, involucrando a todas las administraciones.

840. Dotaremos a las cabeceras de comarca de piscinas cubiertas, atendiendo

al valor de enseñanza y de salud que tienen estas instalaciones.

841. Construiremos en León, Valladolid y Salamanca grandes centros multidisciplinares cubiertos para atletismo que al margen de la actividad deportiva admita otros usos culturales y sociales.

842. Pondremos en marcha en Soria la Ciudad del Deporte de Castilla y León.

Para ello, modernizaremos y ampliaremos las instalaciones deportivas existentes en esa ciudad, construiremos la Residencia de Deportistas y crearemos un Centro de Medicina Deportiva y de Evaluación del Rendimiento de Deportistas.

843. Invertiremos en la realización de grandes instalaciones deportivas: Circuito

permanente de velocidad en La Bañeza (León), centro de especificación técnica de bicicleta de montaña en Benavente (Zamora).

844. Consolidación de las estaciones de esquí de la Comunidad: San Isidro,

Leitariegos, La Pinilla, La Covatilla. Construcción de la Estación de San Glorio.

845. Adecuaremos espacios no convencionales del medio natural y los

dotaremos de carriles y pasillos que faciliten prácticas como el senderismo, el ciclismo de montaña, el piragüismo y los deportes de aventura (Montaña Palentina, Sistemas Central y Cantábrico, Burgos, Soria, Lago de Sanabria, Valle de La Corneja).

846. Construiremos, colaborando con otras administraciones, instalaciones

cubiertas en los centros escolares, y un mayor aprovechamiento de las ya existentes.

Medidas para el Deporte en el medio rural

847. Promoveremos el aprovechamiento de la riqueza medioambiental y paisajística para la práctica de la actividad física.

848. Crearemos Patronatos Comarcales de Deportes que aseguren una gestión

eficaz de los recursos, programas e infraestructuras. Medidas para una política de subvenciones y de apoyo al patrocinio.

849. Impulsaremos el Sistema de Inspección que supervise el buen destino de las subvenciones concedidas.

850. Impondremos un Plan ambicioso de becas y ayudas a deportistas,

teniendo en cuenta factores de calidad deportiva, rendimiento y su situación social.



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Área 4

Políticas Territoriales para el crecimiento, el

equilibrio y la sostenibilidad



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21.- Un territorio bien organizado para nuevas oportunidades. Ordenación del territorio, la hoja de ruta para el equilibrio y la vertebración de la Comunidad. Con una superficie de 94.174 Km2, Castilla y León es la mayor de las Comunidades Autónomas de España y mayor que diecisiete de los veintisiete países que integran la UE. Tenemos más de la 4ª parte de los municipios de España, el 60 % de sus entidades locales menores y casi 6.000 núcleos de población. En la Comunidad no se valora adecuadamente este hecho, es más, en ocasiones se considera un lastre por el coste de la creación y el mantenimiento de infraestructuras. Nuestra extensión geográfica debiera considerarse como una oportunidad, como un enorme potencial para el desarrollo si sabemos ordenar el conjunto de los recursos a tal fin. Sin embargo se han dejado pasar las oportunidades, sin dotar a Castilla y León de un modelo territorial. Desde que en 1998 se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio no ha existido voluntad política de avanzar con transparencia en esta materia y, desde luego, no se ha avanzado en el objetivo de la propia Ley de conseguir un “desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible”. Es difícil encontrar en una Comunidad Autónoma o región europea desequilibrios territoriales como los que constatamos en Castilla y León, con diferencias de convergencia en renta de 34 puntos entre provincias (Burgos y Zamora) y de hasta 76 puntos entre comarcas. (Briviesca y Aliste-Alba-Tábara). En la legislatura pasada el PP ha incumplido no sólo las obligaciones de la Ley de Ordenación del Territorio, sino los compromisos adquiridos en las Cortes, en el marco de la Estrategia de lucha contra la despoblación, de aprobar las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León. A última hora, asegurándose que no entraba en trámite parlamentario, presentó un proyecto de Ley, que evitaba la participación ciudadana con un rocambolesco procedimiento que se reclamaba abierto desde el año 2000. Este proyecto era un manojo de intenciones, sin instrumentos de intervención y sin capacidad para efectiva para articular el modelo territorial, para ordenar y garantizar la dotación equilibrada de infraestructuras y servicios en el territorio, o para defender los valores del patrimonio natural o cultural de las amenazas especulativas y urbanizadoras que el propio PP promueve o apoya desde la Junta. El PP no quiere ordenar deliberadamente el territorio y en este desorden prosperan más los intereses particulares que los del conjunto de los ciudadanos y la gestión arbitraria y clientelista de lo público se impone por encima del interés general y de la equidad en la asignación de los recursos La situación territorial de Castilla y León se puede resumir en un crecimiento desequilibrado y polarizado hacia algunas ciudades y sus entornos inmediatos o áreas de influencia con grandes vacíos demográficos en las áreas rurales marginales o periféricas.



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La inercia es la que dirige el modo de ocupación del territorio. Una combinación de situaciones dadas donde, por una parte, se concentran las inversiones y los servicios en las aglomeraciones urbanas y, por otra, no se actúa contra la despoblación, dejando los territorios resultantes a actividades de monocultivo y sometidas a un escaso control. Pese a la debilidad de nuestro sistema urbano, asumida por la propia Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio, no ha dejado de producirse lo que bien podría denominarse deslocalización residencial, que obliga a inversiones públicas en equipamientos e infraestructuras subordinadas a las estrategias de los promotores inmobiliarios en un buen número de municipios pertenecientes a áreas metropolitanas y comarcas urbanas de la Comunidad o, incluso, al ámbito de influencia de aglomeraciones de otras Comunidades. Los corredores de comunicación rápida que atraviesan la Comunidad Autónoma utilizan el territorio más como un soporte para el tránsito hacia otras regiones o países que para generar el dinamismo económico que va asociado a la accesibilidad que procuran tales vías. El 44,3 % de la población de la Comunidad vive en tan solo 9 municipios mayores de 50.000 habitantes, el 0,4% de los municipios, mientras que el 20% de la población castellana y leonesa se reparte en 1.974 municipios menores de 1.000 habitantes, el 87,8%. De los 2.248 municipios existentes en la Comunidad, 1.699 no rebasan los 500 habitantes, lo que dificulta enormemente la provisión de infraestructuras y equipamientos previstos en la legislación tanto de Régimen Local, como sectorial. Las carencias dotacionales que se derivan de este hecho constituyen en sí mismas un motivo más para explicar el abandono de los núcleos más desasistidos. Se hace preciso, superando la parálisis actual, contar con un nuevo modelo territorial que ponga el territorio al servicio del bienestar social, de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y de la sostenibilidad. Un modelo territorial que incorpore los objetivos de la Estrategia Territorial Europea (ETE), que desarrolle las Directrices de Ordenación del Territorio y que cuente con un nivel intermedio de ordenación territorial, como son las comarcas, pegado a la realidad. La propuesta de comarcalización de Castilla y León del PSCyL-PSOE, no se aborda desde una perspectiva de incremento de la arquitectura institucional, sino desde la orientación funcional de prestación eficaz de servicios a los ciudadanos en una escala eficiente, que permita intervenir desde una concepción global de su propio modelo territorial y con la perspectiva de su diseño estratégico de desarrollo local. No es cuestión de organización de la administración pública, sino de hacer posible el ejercicio y desarrollo de derechos básicos de ciudadanía en condiciones de equidad, en todo el territorio de la Comunidad. La comarca es la escala óptima para la intervención territorial eficiente en materia de desarrollo rural y de planificación de servicios públicos que garanticen niveles equiparables de calidad de vida en toda la Comunidad. En la reforma del Estatuto de Autonomía, la comarca también se define como el espacio para el cumplimiento de los fines de la Comunidad y para la desconcentración de servicios de la



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Administración autonómica, que está llamada a dar el primer paso, en una tendencia que habrá de incluir también un nuevo modelo de cooperación entre Ayuntamientos, como alternativa al inframunicipalismo. La política territorial debe potenciar un sistema urbano más policéntrico y, en consecuencia, más equilibrado, que refuerce la colaboración urbano-rural, además de mayor equidad en el acceso a los servicios, las infraestructuras y al conocimiento y una gestión eficiente del patrimonio natural y cultural. Se trata, por tanto, de poner en marcha un modelo territorial basado más en la cooperación que en la competencia y el conflicto Interterritorial. Las Directrices de Ordenación del Territorio, serán el elemento fundamental para la coordinación de todas las políticas con incidencia territorial de la Junta de Castilla y León. Además, una serie de espacios por sus condiciones concretas requieren una ordenación territorial específica. Se trata de los entornos de las ciudades más pobladas, de los espacios rurales en los que se ha desarrollado una actividad productiva específica, de los espacios con un alto índice de envejecimiento, de las áreas de montaña, de los corredores de alta densidad de aprovechamiento, y de los espacios fronterizos. Finalmente, la reforma del Estatuto de Autonomía dedica todo un nuevo título a la organización territorial de la Comunidad. El desarrollo en la clave más municipalista y descentralizadora de ese nuevo título constituirá la referencia de nuestro programa territorial. Objetivos

• Dotar a Castilla y León de un modelo territorial concertado con las instituciones y el conjunto de la sociedad, que defina un proyecto de cohesión económica y social, que preserve la herencia de nuestro rico patrimonio natural y cultural, que articule nuestro mapa local y mejore la competitividad de todos nuestros territorios.

• Promover activamente el reequilibrio y el diálogo entre lo urbano y lo rural. • Aproximar la toma de decisiones a los ciudadanos, desconcentrando hasta

el nivel comarcal la organización de los servicios más relacionados con la calidad de vida, la igualdad de oportunidades y el desarrollo.

• Crear las condiciones para una descentralización efectiva en el ámbito local, mediante la ordenación del mapa local a escala comarcal.

• Desarrollar una política de cohesión territorial solidaria que permita en seis años, coincidiendo con el nuevo escenario presupuestario europeo y con la apuesta del gobierno de España por el equilibrio territorial, superar el bache actual de desarrollo y de progreso entre las provincias de la Comunidad Autónoma.



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Medidas

851. Iniciaremos en 2007 el procedimiento para la elaboración de la Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León, con la colaboración de las universidades y la máxima participación ciudadana. De acuerdo con la Estrategia Territorial Europea estas directrices tendrán la finalidad de avanzar hacia mayores niveles de bienestar y de equilibrio territorial y social mediante:

• El desarrollo de un sistema urbano más policéntrico y más equilibrado, que refuerce la colaboración y el diálogo urbano-rural.

• Una mayor equidad en el acceso a los servicios, las infraestructuras y al conocimiento.

• La gestión eficiente del patrimonio natural y cultural. 852. Los principios, criterios y prioridades del modelo territorial que

proponemos son los siguientes: a. Consideramos la participación en la toma de decisiones que afecten

al territorio en niveles progresivos de proximidad ciudadana, como parte sustancial del modelo territorial.

b. Proponemos poner límites al fenómeno de la ciudad difusa, contener

la dispersión, concentrar los impactos, reutilizar los núcleos y hacer ciudad en la ciudad existente.

c. Reforzaremos la función de las cabeceras comarcales y los núcleos

intermedios con un papel clave en el equilibrio territorial y en la vertebración del territorio.

d. Consideramos la comarca como el ámbito funcional básico para la

ordenación del territorio de Castilla y León, el espacio de dimensión más adecuada para ordenar y desconcentrar la prestación de servicios por parte de la Comunidad Autónoma, así como para articular los instrumentos de cooperación supramunicipal para la prestación de los servicios de titularidad local. Este espacio funcional intermedio entre el municipio y la provincia constituye la referencia territorial de mayor eficacia probada en Europa en el ámbito del desarrollo rural.

e. Desarrollaremos una red de equipamientos públicos para la

prestación de servicios básicos que ponga en igualdad de condiciones de acceso a todos los ciudadanos de la Comunidad con independencia del lugar donde residan, con niveles de dotación mínimos por comarcas, cuya cobertura fijará prioridades de inversión respecto a los siguientes servicios: educación, sanidad, servicios sociales, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoción de la actividad económica y el empleo, promoción del desarrollo y protección ciudadana.



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f. Promoveremos un modelo económico-territorial basado en la

diversificación productiva, en el aprovechamiento de las potencialidades de la vocación de cada territorio y en la integración de nuevas visiones transversales que refuercen nuestras oportunidades y fortalezcan nuestra identidad; en el aprovechamiento de las sinergias de proximidad del gran núcleo urbano de Madrid, así como en las posibilidades de nuestra red de ciudades para conformar el gran núcleo logístico del noroeste peninsular; la reindustrialización a través del desarrollo de la sociedad de la información y de la investigación de las nuevas energías, y el aprovechamiento nuestro patrimonio natural para una gestión sostenible y generadora de riqueza y empleo.

g. Definición de los niveles de la red de transportes terrestres, del

sistema logístico y de las características de la red de acceso a las TIC, de acuerdo con las potencialidades y objetivos de desarrollo económico del modelo territorial.

h. Desarrollo del transporte público intercomarcal para favorecer la

consolidación de nodos focales en red.

i. Se promoverán acciones e instrumentos de cooperación para la planificación racional del desarrollo territorial en aquellas áreas rurales colindantes con otras pertenecientes a otras Comunidades y países.

j. Consideramos estratégico el acceso a las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) que pueden proporcionar nuevas oportunidades a los territorios menos centrales y sus habitantes.

k. Ordenación estratégica de los centros de tratamiento de residuos

industriales, convirtiéndolos en una oportunidad de desarrollo en lugar de una pesada carga.

l. Valoramos el agua como un recurso estratégico desde sus fuentes y

sus cursos a su distribución y tratamiento.

m. Consideramos prioritaria la protección del patrimonio natural con todos sus valores ambientales, recreativo-culturales, económicos y sociales.

n. Igualmente la protección del patrimonio cultural, como referencia de

identidad y como factor de desarrollo, tiene prioridad en cualquier intervención territorial.

o. Incorporaremos la lucha contra la despoblación y las políticas para

favorecer el equilibrio demográfico como parte sustancial del modelo territorial.



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853. Abriremos Delegaciones Comárcales de la Junta de Castilla y León en las comarcas de la Comunidad, para impulsar la acción del Gobierno en el territorio, la cooperación con la administración local, la participación ciudadana y la garantía de prestación equilibrada de servicios públicos, en desarrollo de la reforma del Estatuto de Autonomía.

854. De acuerdo con esta reforma crearemos también un Fondo de

Compensación Interprovincial igual, al menos, que el destinado por el Estado a Castilla y León a través del Fondo de Compensación Interterritorial, más el Fondo de Cohesión (1.400M€). Este fondo estará orientado al equilibrio territorial y destinado a financiar con carácter adicional gastos de inversión para eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos y a crear directa e indirectamente más renta, más riqueza y más empleo.

Su distribución se fijará en función de variables como la renta por habitante, la superficie, la densidad demográfica, la dispersión, los saldos migratorios y vegetativos o la tasa de paro. Este fondo se definirá de forma diferenciada en los presupuestos de la Comunidad.

855. Promoveremos la realización o actualización de planes estratégicos en las

áreas urbanas y de planes de desarrollo local en las comarcas rurales coherentes con el modelo territorial de Castilla y León.

856. Impulsaremos las iniciativas de cooperación supramunicipal o de

integración de mancomunidades ya existentes, cuyos límites geográficos se atengan o aproximen al mapa comarcal definido por el modelo territorial.

857. Desarrollaremos reglamentariamente todas las figuras singulares del

régimen local con efectos significativos en el modelo territorial: mancomunidades de interés comunitario, consorcios locales, municipios prestadores de servicios generales, municipios singulares, así como nuevas formas de cooperación entre entidades locales.



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22.- Urbanismo decente para la calidad de vida La política de privatización del urbanismo y el principio del “todo urbanizable”, recogida en la Ley del Suelo promovida por el Partido Popular, ha conducido a un modelo de desarrollo territorial basado en el crecimiento frenético de la ocupación del suelo y en la urbanización dispersa del territorio, sin la necesaria consideración de las dotaciones que requieren los nuevos desarrollos. Este modelo constituye una amenaza para el medio natural, provoca un enorme consumo de suelo y otros recursos, multiplica los desplazamientos de los ciudadanos y obliga a un fuerte incremento de la inversión pública en infraestructuras, equipamientos y servicios. Los socialistas defendemos una nueva política urbanística, que ponga freno a la especulación del suelo, garantice el acceso a una vivienda digna y de calidad, y favorezca la construcción de ciudades cohesionadas, con dotaciones equilibradas e integradas en un sistema urbano territorialmente sostenible. La nueva Ley de Suelo, promovida por el Gobierno socialista, fijará las bases de esta política. Objetivos

• Construir un modelo urbanístico que garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenible del territorio, con la dotación adecuada de infraestructuras y equipamientos para la calidad de la vida urbana, que evite las prácticas abusivas y especuladoras del suelo y, en consecuencia, facilite el acceso a la vivienda.

• Garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la gestión urbanística, para asegurar su desarrollo en beneficio de la comunidad y el interés general.

• Facilitar a los pequeños y medianos municipios el cumplimiento de sus obligaciones, en materia de planificación, gestión y disciplina urbanística.

• Practicar un nivel de tolerancia cero con la corrupción urbanística. Medidas

858. Promoveremos la modificación de la normativa urbanística de la Comunidad, adaptándola a la nueva Ley del Suelo, con los siguientes criterios:

• Sostenibilidad territorial que evite la ocupación indiscriminada de

suelos y establezca límites racionales al crecimiento urbano, en función del medio natural en que se va a desarrollar, de las demandas demográficas y económicas -reales y potenciales-, de la capacidad de absorber el crecimiento y de la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes.

• Crecimiento compacto en torno a núcleos urbanos ya existentes, para corregir la dispersión urbanística y consolidar núcleos de calidad, con integración de usos residenciales, de servicios y lugares de trabajo, potenciando la cohesión social de los barrios y la distinción clara entre el espacio urbano y rural.



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• Limitación de las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana que conlleven reclasificaciones puntuales de suelo no urbanizable, que deben ser excepcionales y exigirán la previa revisión del Plan vigente, cuando se alteren sus condiciones estructurales o supongan un impacto territorial o demográfico importante.

• Protección de los suelos, especialmente significativos, por sus valores medioambientales, agrarios, culturales o paisajísticos.

• Equilibrio urbano planificado entre la ciudad consolidada y las áreas de “ensanche”, de forma que se evite que aquella se vacíe o se produzcan crecimientos desproporcionados imposibles de absorber.

• Compatibilidad entre la planificación territorial y la planificación urbanística, es decir de la planificación a escala municipal y la planificación territorial, con el objetivo de cambiar una visión fragmentada por una integrada que aúne objetivos de protección, desarrollo y gestión.

• Fomento de la cooperación local en las áreas metropolitanas o comarcas urbanas, que habrá de regularse normativamente para garantizar el equilibrio entre instituciones locales de muy distinta magnitud y promover la participación ciudadana en las decisiones urbanísticas.

• Potenciar en las ciudades y los territorios comarcales de índole urbana la construcción de espacios sociales complejos en los que se articule la diversidad funcional, que proporciona el atractivo de la vida urbana. Por ello las áreas metropolitanas deben huir de la especialización funcional que acentúa la dependencia del transporte y el deterioro del medio ambiente urbano.

• Incremento de la responsabilidad municipal en los procesos de producción de nuevo suelo urbanizado, en el planeamiento de desarrollo y su ordenación urbanística y en la gestión directa de las áreas estratégicas de interés público municipal.

• Rehabilitación y revitalización de barrios degradados a través de programas de intervención integral que incorporen dotaciones sociales, mejoras arquitectónicas, de accesibilidad, de seguridad y de eficiencia energética, que fomenten la rehabilitación y la ocupación de viviendas.

• Proyecto y construcción simultánea de viviendas, equipamientos y dotación de red de transporte público que permita reducir los costes de desplazamiento.

• Mejora de los mecanismos de información pública y participación ciudadana, con la creación de registros públicos actualizados de planeamiento y de órganos consultivos sectoriales en materia de urbanismo en el ámbito municipal.

• Utilización de las nuevas tecnologías para la publicación actualizada de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, incluidos los Convenios, y un resumen ejecutivo de los mismos.

• Recuperar para la Comunidad las plusvalías que le corresponden, con criterios de proporcionalidad, legalidad y transparencia, de acuerdo con los márgenes de la nueva Ley del Suelo.

• Gestión de los patrimonios públicos de suelo para facilitar el acceso a viviendas asequibles y a mejoras urbanas, priorizando las zonas más desfavorecidas.



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• Vigilancia, control y sanción a las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, zonas verdes y espacios protegidos.

859. Las Diputaciones provinciales, con la colaboración, en su caso, de las

comarcas crearán oficinas técnicas en el marco de los servicios de apoyo municipal, dimensionadas de manera que puedan garantizar a todos los municipios de la provincia que no puedan contar con recursos técnicos propios, el ejercicio eficiente de sus competencias urbanísticas. Estos servicios serán cofinanciados por la Junta de Castilla y León.

860. Colaboraremos activamente con la Fiscalía Especial con atribuciones en

Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, creada por el Gobierno socialista, y ejerceremos con diligencia las responsabilidades administrativas propias en materia de control y sanción en estas materias.



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23.- Viviendas para vivir La vivienda constituye un bien básico, elevado por la Constitución Española a derecho de ciudadanía. El acceso de los ciudadanos a una residencia digna con un precio razonable constituye hoy una condición para la integración social y la calidad de vida. Castilla y León dispone en la actualidad de un parque de viviendas superior al millón seiscientas mil. Una parte muy importante, 636.985 unidades, son en realidad vivienda secundaria y cerca de 200.000, viviendas vacías, muchas de ellas en el medio rural. El parque efectivo de viviendas utilizadas habitualmente como primera vivienda en Castilla y León está situado en torno a las 750.000 unidades. Las políticas urbanísticas del PP están teniendo claras consecuencias territoriales. El hiperconsumo de suelo y la necesidad de nuevas infraestructuras son la inmediata consecuencia del “todo urbanizable” y de la “deslocalización residencial” de la población de las áreas de centralidad urbana, sobre todo en Valladolid. Durante los últimos diez años esta política de los gobiernos del Partido Popular ha dejado el suelo urbanizado en manos de la iniciativa privada, lo que ha permitido a los propietarios manejar los tiempos y los precios, comprometiendo para muchos años el mercado. Se ha llegado a hipotecar hasta el suelo clasificado o reservado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitarios (LIC), o incluso Parque Natural. Las consecuencias de estas políticas de suelo y vivienda para la ciudadanía son evidentes: el incremento de los precios y del esfuerzo consiguiente para adquirir una vivienda, junto con la exclusión del mercado inmobiliario de amplios sectores de la población, con los efectos sociales y económicos que de ello se derivan Los precios han llegado a superar en algunas ciudades de Castilla y León como Burgos, Salamanca o Valladolid los 1.800 €/m2, con incrementos anuales superiores al 17%, que han sido desacelerados hasta el 7,8% en el primer trimestre de 2007, por las políticas del Gobierno socialista, con descensos o estancamientos en varias provincias de la Comunidad. El incremento del precio de la vivienda en el mercado libre, ha llevado al sobreendeudamiento de las familias de Castilla y León que alcanza, según el Banco de España, el 130% de la renta familiar disponible de 2.006, cuando en 1.996 esta ratio no superaba el 45%. En consecuencia, el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda, es decir la relación entre el coste de la vivienda – precio y financiación- y la renta familiar disponible, es muy elevado, hasta llegar a suponer en nuestra Comunidad, más del 50% de los gastos totales de las familias de Castilla y León. Por ello, la población que corre el riesgo de quedar excluida de la posibilidad de acceso a una vivienda es cada vez más numerosa. Según los criterios de endeudamiento máximo soportable para una familia media, manejados por el Banco de España (el 35% de su renta disponible), algunos expertos cifran en un 60% de



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los demandantes de vivienda la proporción de excluidos por la actual relación del precio de la vivienda respecto a los salarios. Esta situación es compatible con cerca de 200.000 viviendas vacías en la Comunidad, según el INE y el Ministerio de la Vivienda. El PP ha minimizado las políticas de vivienda pública hasta conseguir que la proporción de vivienda protegida alcance sus cuotas más bajas, dejando, de hecho, la solución al problema de acceso a la vivienda prácticamente en su totalidad en manos del mercado. Es el resultado de la concepción de la vivienda como una mercancía del PP, frente al concepto de la vivienda como derecho del PSOE. En Castilla y León la proporción de viviendas con algún tipo de protección en 2005 fue el 8% de las 34.172 viviendas construidas, frente al 10 % de la media española, situándonos también en este indicador de política social a la cola de las Comunidades Autónomas. Más de 250.000 jóvenes entre 20 y 30 años no se han emancipado aún y por lo tanto no han accedido a su primera vivienda y los más de 100.000 inmigrantes empadronados necesitan también una vivienda adecuada con un precio acorde con su situación e ingresos. Hoy adquirir una vivienda de unos 90 m2, en Castilla y León puede llegar a suponer un esfuerzo del 60% del salario medio, cuando en España se sitúa por debajo del 50%. De otra manera podemos decir que adquirir una vivienda en la Comunidad de Castilla y León supone dedicar 12 años íntegros del salario medio de un trabajador, mientras que en España esta cantidad se reduce a 9, y en la Unión Europea a 5 años de media. Todas estas circunstancias, hacen necesario afrontar con carácter prioritario políticas que promuevan las condiciones que garanticen el derecho efectivo de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna y adecuada, tal y como proclama el artículo 47 de la Constitución. Será necesaria una política autonómica decidida, que podrá contar con el apoyo del Estado, ya que para el periodo 2005-2008 el Ministerio de la Vivienda ha incrementado su inversión en Castilla y León un 84 % respecto al plan anterior, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda adecuada a 37.500 familias. Estás políticas estarán orientadas a configurarse como el quinto pilar del Estado del Bienestar Objetivos La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía formula en los siguientes términos los objetivos de la política de vivienda, que asumimos en todos sus términos: “El acceso en condiciones de igualdad de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna mediante la generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con especial atención a los grupos sociales en desventaja.”

• Incremento significativo de la vivienda protegida hasta alcanzar el 25% de oferta de vivienda en la Comunidad, con el objetivo de proporcionar solvencia a nuevos colectivos en el mercado de la vivienda, facilitando su acceso tanto en régimen de propiedad como de alquiler.



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• Fomento de la vivienda en alquiler, mediante políticas activas, con un tratamiento fiscal favorable a la demanda y con garantías para los arrendatarios.

• Rehabilitación del parque construido mediante una nueva política de control, mantenimiento, adaptación, renovación y /o reconversión, tanto en el medio urbano como en el rural.

• Rehabilitación integral de los barrios, que requieran atención especial dirigida a la rehabilitación de viviendas, la mejora de los equipamientos y el impulso de la actividad económica, en colaboración con los Ayuntamientos.

• Incorporación de criterios de sostenibilidad a la construcción y rehabilitación de viviendas.

• Incorporación de criterios de accesibilidad a la inspección de viviendas y de políticas activas para su aplicación.

Medidas

861. Ley de Acceso a la Vivienda. Garantizaremos por ley las condiciones de acceso a una vivienda de los ciudadanos cuyos ingresos familiares sean inferiores a 3,5 veces el IPREM (entre unos 28.000 y 30.000 €, al año), así como las formas y condiciones de acceso al conjunto de los sistemas de protección. Se integrará con ello la dispersa legislación sobre vivienda en un mismo texto legal, que dé garantías y transparencia a los ciudadanos y seguridad jurídica a los distintos agentes económicos y sociales que intervienen en el mercado inmobiliario. Los contenidos mínimos de esta ley serán los siguientes:

a. Modificará la normativa de vivienda protegida, de acuerdo con la

evolución de la sociedad, teniendo en cuenta las nuevas formas de vida en familia y la transformación del modelo tradicional.

b. Se ampliará el concepto de vivienda protegida a todos los efectos a cualquier vivienda -nueva o de segunda mano- que respete los precios máximos de venta y se dirija a población con ingresos por debajo de las 3,5 del IPREM.

c. Introducirá medidas contra el fraude en la vivienda protegida, como el registro único de demandantes de vivienda protegida, que da transparencia al procedimiento de adjudicación y permite conocer la demanda y la aplicación inmediata de los derechos de tanteo a los suelos sobre los que debe construirse vivienda pública, junto a la aplicación del derecho de retracto en los casos detectados de fraude.

d. Generalizará el sistema de ayudas al acceso a la vivienda, ya sea en propiedad como en alquiler, con incentivos fiscales equiparables para ambos regímenes de tenencia, y no sólo con subvenciones.

e. Modificará el actual sistema de ayudas a la vivienda, primando la ayuda directa a las familias, cuyos ingresos lleguen hasta las 5,5 veces el IPREM (más de 45.000 €). Se incentivarán las ayudas que potencien la vivienda en alquiler y a la adquisición de viviendas existentes, regulando asimismo la subvención directa a los promotores para garantizar la



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cobertura del diferencial del coste del suelo en la construcción de las Viviendas de Protección Oficial.

f. Incorporaremos una desgravación por alquiler de vivienda en el tramo autonómico del IRPF, que ahora está subsumida en el mínimo personal y familiar como gasto básico, y una desgravación para el primer acceso en propiedad a la vivienda inversamente proporcional al tipo impositivo del contribuyente.

g. Estableceremos un Plan de avales públicos que aseguren a los propietarios de las viviendas vacías existentes en la Comunidad, frente a impagos y deterioros que pudieran producirse, a fin de incorporar dichas viviendas a la oferta de alquiler para jóvenes.

h. Bonificaremos las tasas de licencias e impuestos sobre la construcción

en cualquier modalidad de vivienda pública, bonificando asimismo el IBI en los periodos de construcción de VPO destinada al alquiler.

862. Constituiremos el Patrimonio de Suelo de Castilla y León, que consistirá

en una política consensuada entre las distintas Administraciones (Local, Autonómica y Central) para facilitar suelo urbanizado, con acceso a todos los servicios e infraestructuras, con el fin de producir viviendas protegidas para su compra o para su utilización en régimen de alquiler. La gestión de este patrimonio público de suelo incorporará criterios de equilibrio territorial, social y generacional.

863. En el próximo cuatrienio, la oferta de vivienda protegida llegará a las

10.000 nuevas viviendas públicas cada año para las familias, los jóvenes y estudiantes de nuestras universidades, lo que supondrá multiplicar por cuatro la oferta de vivienda pública de los gobiernos del Partido Popular. Esta oferta de vivienda protegida requerirá la financiación del conjunto del Programa, con una inversión en 4 años de 300 m€.

864. Crearemos el Observatorio Público de Vivienda en Castilla y León con la

participación en el mismo los agentes públicos y privados que intervienen en el sector inmobiliario.

865. Incentivaremos la puesta en uso de 30.000 viviendas vacías del extenso

parque existente en la Comunidad mediante fórmulas de ayuda a la rehabilitación para el alquiler o que garanticen al propietario posibles impagos en la renta y deterioros de su vivienda. A tal fin se suscribirá un convenio de cooperación con la Sociedad Pública de Alquiler, dependiente del Ministerio de Vivienda.

866. Elaboraremos un Plan Estratégico de Renovación Urbana y Regeneración

de Barrios con horizonte 2015, para la rehabilitación de viviendas y la revitalización del tejido urbano de nuestras ciudades. Para ello se dotará a la Administración autonómica de un instrumento de gestión eficaz, que incorporará la intervención de los gobiernos locales afectados. Concertaremos con los Ayuntamientos de nuestras ciudades proyectos de rehabilitación integral de sus barrios. La inversión anual estimada de este plan estará en torno a 40 millones de €.



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867. Potenciaremos las políticas de rehabilitación, con el objetivo de actuar en

6.000 viviendas al año, garantizando la regeneración social, económica, urbanística y cultural de las zonas más degradadas de las ciudades. Se priorizarán las actuaciones de vivienda joven en alquiler. Se modificará y ampliará la normativa de las ayudas a la rehabilitación, y potenciaremos la rehabilitación de la vivienda rural destinada a primera residencia. Estimularemos la rehabilitación dirigida a alquiler, mediante la subvención directa de hasta 6.000€ para su destino a vivienda principal.

868. Prestaremos una atención prioritaria a la vivienda en arrendamiento -

especialmente la dedicada a jóvenes- generando un parque de vivienda pública en alquiler que llegue a alcanzar en el próximo cuatrienio 20.000 viviendas con alquileres de 300 € al mes.

869. Dicho parque público se construirá en los suelos provenientes de las

cesiones obligatorias para redes supramunicipales, y en su promoción y gestión colaborará la iniciativa privada.

870. Desarrollaremos la construcción y gestión, con las propias Universidades,

de nuevas residencias en los campus universitarios de Castilla y León, para facilitar el alojamiento de los estudiantes, tanto de la Comunidad, que tendrán prioridad, como de otras Comunidades.

871. De acuerdo con el nuevo Código de la Construcción, incorporaremos

requisitos mínimos de eficiencia energética en iluminación, aislamiento, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, o la utilización de la energía solar en las viviendas, conforme a las Directivas Europeas.

872. Contemplaremos en la normativa que regula las inspecciones de edificios

y viviendas, una valoración sobre las condiciones de accesibilidad de los edificios, introduciendo la obligación progresiva de adaptación de los mismos, mediante apoyos institucionales.



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24.- Infraestructuras para la competitividad Un mapa de infraestructuras modernas asegura, además de una economía más dinámica, la articulación territorial. Queremos que Castilla y León consiga un desarrollo cohesionado, equilibrado y sostenible, con un sistema de conexiones en red que aseguren una perfecta vertebración territorial y faciliten el progreso de la actividad económica. Aunque está en marcha un ambicioso plan de inversiones en la red de infraestructuras viarias de Castilla y León, es necesario realizar un esfuerzo adicional que nos permita afrontar las necesidades productivas del futuro. Más inversión, por tanto, en lo que se refiere a las comunicaciones internas, particularmente en las áreas metropolitanas, semiurbanas y comarcales, como en la conectividad con las redes nacionales e internacionales. Ello hará posible un desarrollo más intenso de nuestros sectores industriales y productivos y su salida –con menos coste- hacia los mercados europeos y el resto del mundo globalizado. Durante los próximos años la modernización de Castilla y León exigirá la creación de una red completa de ferrocarriles de altas prestaciones, alta velocidad autonómica que, con el desarrollo progresivo del AVE en todas nuestras capitales -en el horizonte del 2012- configurará un sistema de transporte publico ferroviario propio de una sociedad avanzada como la que queremos seguir siendo. En nuestra extensa Comunidad, unas inversiones bien orientadas en infraestructuras y una gestión eficiente del transporte público son elementos imprescindibles para mejorar no sólo los desplazamientos diarios de los ciudadanos, sino también la competitividad de las empresas. Es cierto que la convergencia económica y social entre las provincias de Castilla y León debe basarse en un desarrollo equilibrado e integral de las infraestructuras básicas de transportes y comunicaciones; pero también en las modernas redes de acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento que contribuyen decisivamente a mejorar la productividad de las empresas y la competitividad de los territorios. Se trata de potenciar equilibradamente los factores de localización de empresas con el objeto de captar las inversiones que posibiliten un crecimiento sostenido de la producción y el empleo. Sólo la cohesión y el crecimiento equilibrado permiten garantizar la igualdad de oportunidades en todas las provincias de la Comunidad. Nuestra idea de una Comunidad vertebrada y solidaria es incompatible con una Castilla y León de dos velocidades, en la que algunas provincias y comarcas, que se despueblan, envejecen y pierden perspectivas de futuro, se ven obligadas a competir con salarios más bajos y niveles sociales y ecológicos deteriorados. Nuestra situación estratégica en Europa, en el centro del eje de conexión entre Francia y Portugal, dentro del sudoeste atlántico europeo constituye un factor económico clave para nuestra Comunidad. Pero tenemos, además, la oportunidad de integrarnos en los futuros ejes de conexión entre el Noroeste Peninsular y el Cantábrico con el Mediterráneo; entre Francia y Europa con Portugal. Debemos convertirnos en un nodo esencial para las redes globales, muy especialmente en lo relativo a transportes y telecomunicaciones.



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a) Plan Autonómico de Servicios e Infraestructuras de Transporte (PASIT) Propondremos a la sociedad de Castilla y León un Plan Autonómico de Servicios e Infraestructuras de Transporte (PASIT) con el horizonte temporal 2007 – 2015, que, una vez evaluada nuestra actual red de transportes y telecomunicaciones, impulse de forma consensuada un nuevo modelo: Y ello no sólo por criterios de rentabilidad económica, sino también por sus efectos sociales y por su contribución a la modernización y al desarrollo sostenible de una nueva Castilla y León. Este Plan se centrará en las infraestructuras de titularidad autonómica: carreteras, aeropuertos, sistemas logísticos, intercambiadores modales de transporte y redes telemáticas, así como parques de innovación y suelo industrial y terciario. Y también en la colaboración obligada con el gobierno de España para proyectos que pueden ponerse en marcha de forma conjunta en Castilla y León. Objetivos del PASIT

• La igualdad de oportunidades en el acceso de los ciudadanos y las empresas a las infraestructuras con independencia del territorio en el que vivan.

• La planificación de sistemas intermodales de transporte que permitan la complementariedad de las infraestructuras y la combinación de los sistemas de transportes para mejorar su eficiencia.

• El compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Medidas en la Red viaria autonómica

873. El PASIT concretará los proyectos, plazos de ejecución y características del nuevo mapa viario de Castilla y León. Una primera etapa (2007-2011) incluirá las obras prioritarias, con una inversión en infraestructuras viarias nuevas, remodelaciones y variantes por valor de 1.600 millones de euros para actuar sobre más de 4.000 Km. de la red viaria de la Comunidad (es decir, el 25% del total de la red).

874. Ampliaremos la actual Red de Carreteras de Alta Capacidad para

conseguir una mayor vertebración del territorio y su equilibrio a través de un diseño mallado con ejes “verticales”, “horizontales” y transversales, como método para mejorar la competitividad de todas las provincias y comarcas de Castilla y León.

875. El Plan de Carreteras 2007-2011 permitirá adecuar la red viaria de Castilla

y León tanto a las necesidades internas de movilidad de los ciudadanos y del transporte de mercancías como a la comunicación con otras Comunidades Autónomas.

876. El Plan de Carreteras debe impulsar una política de convenios entre la

Comunidad Autónoma y las Diputaciones Provinciales para modernizar la



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red, racionalizar las inversiones y garantizar su conservación y la vialidad invernal. Desarrollará además programas viarios para la mejora de la accesibilidad de las comarcas y ciudades intermedias.

877. Nos comprometemos a que en 2.011 el 95% de la población castellana y

leonesa esté a menos de 25 minutos de una vía de gran capacidad. Para ello proponemos la máxima cooperación con el Estado para el seguimiento de los proyectos de obra pública de interés común.

878. Crearemos un Consejo Autonómico para la coordinación y el seguimiento

de la ejecución de obras públicas tanto del Estado (PEIT) como de la Comunidad, con el objetivo de completar itinerarios que permitan mejorar el acceso desde la red capilar hasta las grandes infraestructuras.

879. Desarrollaremos programas de seguridad vial, que posibiliten la reducción

de accidentes, garantizando una actuación hasta 2011 sobre al menos 2.000 kilómetros de carreteras.

880. Proponemos, entre otras, las siguientes intervenciones en la red principal

autonómica de carreteras (Autovías o Vías rápidas):

Ávila: Autovía Ávila –Arévalo. Piedrahita - Béjar (Sorihuela).

Burgos: Conexión de Villadiego con Aguilar de Campóo.

Conexión de Roa a la Autovía del Duero. Espinosa de los Monteros – Soncillo. Miranda de Ebro con Haro (La Rioja.)

León: Autovía La Magdalena – La Robla, en el marco del

Corredor Subcantábrico. La Espina- Ponferrada y Villablino- Sanabria- Portugal. Mejora integral de accesos a Picos de Europa y San Glorio (Mansilla- Cistierna -N-621-) y construcción de nueva carretera Barrio de Nuestra Señora - Cistierna.

Palencia: Conexión Sahagún - Palencia- Aranda de Duero.

Palencia- Guardo. Guardo- Aguilar de Campóo (Corredor Subcantábrico). Cervera –Potes.

Salamanca: Salamanca- Vitigudino (CL 517).

Salamanca- Alba de Tormes. Salamanca- Ledesma-La Fuente de San Esteban. Béjar- Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo- Lumbrales.



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Segovia: Cuéllar – Cantalejo – Cerezo.

Cierre de la circunvalación de Segovia (en lo que es competencia de la Junta de Castilla y León). Segovia-La Granja de San Ildefonso (prolongación de la Autovía Valladolid - Segovia).

Soria: Agreda- Almazán. Valladolid: Desdoblamiento Valladolid - Santovenia - Cabezón.

Autovía Valladolid – Adanero (de acuerdo con el gobierno de España).

Zamora: Zamora- Fermoselle- Portugal.

Puebla de Sanabria- La Bañeza. b) Transporte eficaz y sostenible La movilidad de las personas es un elemento primordial para la cohesión y el buen funcionamiento de nuestra Comunidad y está estrechamente vinculada con la planificación y ocupación del territorio, el desarrollo económico y social y la calidad ambiental. El reto consiste en articular un modelo de movilidad sostenible que permita incrementar la competitividad y el desarrollo económico y social, salvaguardando el territorio y el paisaje. Se hace necesario vincular la planificación territorial y la planificación de la movilidad, garantizando la sostenibilidad del sistema de desplazamientos en cuanto a eficiencia y reducción de costes. Disponer de más y mejores intercambiadores es una estrategia básica para mejorar el transporte público en la legislatura. La mejora en los transbordos, la reducción de distancias y tiempos de viaje y, en definitiva, la realización más cómoda posible de la transición entre las diferentes etapas de desplazamiento, son elementos que van a aportar una importante mejora de calidad y utilización del servicio de transporte. Ello significa racionalizar y ordenar las redes de autobuses que unen los municipios de Castilla y León, especialmente en las zonas periféricas, donde no existe prácticamente transporte público, o no se han regulado los horarios y frecuencias del transporte entre los núcleos rurales y los centros comarcales prestadores de servicios. Medidas

881. Desarrollaremos un sistema de transporte por autobús con nuevos servicios directos entre las principales ciudades (Ciudad Directo) y entre éstas y las principales localidades cabeceras de comarca de la Comunidad (Comarcal Directo).



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882. Ampliaremos los servicios comarcales de transporte en materia de frecuencias, e impulsaremos la coordinación de líneas y horarios del transporte público entre los respectivos municipios con sus cabeceras de comarca (Comarcales) y de éstas con las capitales (Comarcal Directo).

883. Mejoraremos el servicio de transporte entre nuestras capitales de

provincia (especialmente Segovia y Ávila) con Madrid, imprescindible para miles de universitarios y para el impulso a las relaciones sociales y económicas entre las dos Comunidades.

884. Pondremos en marcha medidas para favorecer la utilización del transporte

público por parte de los jóvenes, para mejorar las condiciones de vialidad y seguridad vial: líneas de fin de semana con áreas de ocio y diversión y “servicios Búho” urbanos y metropolitanos.

885. Se promoverá una acción tarifaría de choque, consistente en el billete de

cobertura horaria multimodal, que permitirá la utilización de distintos medios de transporte en el espacio de dos horas. Se estudiará la adaptación de las tarifas actualmente existentes con el fin de beneficiar, sobre todo, a los colectivos que más utilizan el transporte público.

886. Propondremos transporte público gratuito para los menores de 18 años y

los mayores de 65 años. Ampliaremos la edad para adquirir el abono joven hasta los 30 años.

887. Atenderemos de forma especial a los desplazamientos no motorizados

(marcha a pie y uso de la bicicleta) que son, junto a la utilización del transporte público, formas básicas de movilidad sostenible.

888. Apoyaremos las acciones de peatonalización y accesibilidad que

promuevan los Ayuntamientos, para desarrollar itinerarios peatonales que faciliten sustancialmente la marcha a pie, así como zonas peatonalizadas en los centros urbanos. En estos casos, también se promoverá la creación de aparcamientos disuasorios en el exterior de los municipios, con soluciones de acceso en transporte público ecológico no contaminante donde sea necesario.

c) El ferrocarril en Castilla y León. El ferrocarril será, sin duda, la principal apuesta de nuestro gobierno por un medio de transporte vertebrador de la movilidad, tanto urbana como interurbana. El empuje de un proceso industrializador basado en el transporte por carretera provocó el abandono del ferrocarril en nuestra Comunidad, a pesar de ser indudablemente más eficiente. No se mantuvo el equilibrio entre dos modos de transporte que pueden ser complementarios y no excluyentes, como ocurre en otros países y regiones de la Unión Europea. Tan sólo el 7% de los municipios menores de 10.000 habitantes dispone de acceso directo al ferrocarril en nuestra Comunidad. Aunque todas las capitales de provincia tienen servicios ferroviarios, algunas de ellas no pueden comunicarse entre sí, como es el caso de Soria.



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El ferrocarril presenta en Castilla y León un grave déficit en cuanto al transporte de mercancías, vinculado tanto a la lentitud de sus tráficos y a la mediana fiabilidad de los plazos, como a su incapacidad para alcanzar mercados que precisan del transporte puerta a puerta. La creación de la nueva Red de Altas Prestaciones, que mejorará la rapidez en el traslado de las mercancías, unida a la liberación del sector en el año 2007, hará que nuestra Comunidad pueda corregir estos déficits. Pero la fuerte sensibilización de la sociedad en la lucha contra el cambio climático está consiguiendo que el ferrocarril recupere su protagonismo, tal y como se señala el Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea, que comienza a dibujar una completa Red Transeuropea. El Plan de Infraestructuras del Estado ha diseñado dos redes férreas diferenciadas: la red de altas prestaciones, con el ancho de vía internacional, especializada sólo en viajeros en unos casos y mixta en otros (viajeros y mercancías) y la red convencional, con ancho de vía ibérico, especializada más en mercancías y transporte de cercanías de viajeros. A ellas hay que sumar los ferrocarriles de vía estrecha existentes en nuestra Comunidad. Los nuevos servicios de Alta Velocidad Ferroviaria beneficiarán a todos los usuarios por las mejores prestaciones y la reducción de los tiempos de viaje. Dentro de ellos, además de los previstos en las líneas que desde Madrid, a través de Segovia y Valladolid se conectan con León, Zamora, Palencia o Burgos, consideramos prioritaria la conexión con Portugal (Ejes Oporto- Salamanca-Valladolid o Aveiro-Salamanca- Ávila- Madrid). Esta doble conexión puede servir en un caso, de salida lógica de Portugal hacia Francia, y en otro, de acceso hacia Madrid de las regiones Norte y Centro del vecino país. Además, debemos realizar actuaciones dirigidas a preservar, mejorar y, en algunos casos, poner en uso otras infraestructuras ferroviarias de Castilla y León, como instrumentos imprescindibles para aprovechar el potencial económico y turístico de nuestra Comunidad. Plan Ferroviario de Castilla y León Un Plan de mejora y extensión del transporte ferroviario en Castilla y León debe partir del reconocimiento de la importancia de este medio, para conseguir un sistema de transportes moderno, eficiente y accesible. La red ferroviaria tiene que “vertebrar” la Comunidad, y “estructurar” el conjunto del transporte en torno a los nodos del sistema ferroviario, las estaciones, y los servicios complementarios. Medidas del Plan Ferroviario

889. Firmaremos con RENFE un Programa Marco de Actuación y Desarrollo de Líneas en Castilla y León, que asegurará el mantenimiento y mejora de las líneas y de los horarios de circulación, tanto en las relaciones entre capitales de provincia, como de éstas con Madrid y con las Comunidades Autónomas vecinas. Aportaremos una financiación de 100 M€ para este objetivo entre 2007 y 2011.



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890. Elaboraremos un Plan Ferroviario de de Castilla y León, con el fin de

intercomunicar los principales núcleos urbanos de la Comunidad. Esto supone aprovechar tramos cerrados en su momento, pero con los nuevos parámetros, situaciones y perspectivas que hoy exige el transporte por ferrocarril.

891. El Plan Ferroviario de Castilla y León contendrá un programa específico

sobre ferrocarril y ciudad, que haga posible la participación del Gobierno Autonómico en las intervenciones previstas en diferentes tramos urbanos de la Comunidad. Las conexiones mediante Trenes-Tranvía en Valladolid (Parque Tecnológico-Boecillo- Laguna de Duero- Valladolid), León, Salamanca, etc, deben contar en su ejecución con la ayuda de la Junta de Castilla y León.

892. Avanzaremos en el establecimiento de Consorcios comarcales de

transporte, de áreas de tarifa unificada, y en la creación de títulos de transporte que permitan una continuidad de viaje en distintos medios.

893. Proponemos un modelo ferroviario que integre la Alta Velocidad,

compatible para pasajeros y mercancías, al resto de la red. Una red concebida con parámetros del siglo XXI, donde todas las líneas que se mantengan en la Comunidad, al margen de la AVE, desarrollen, al menos, velocidades de 160 Km./h.

La Red de Alta Velocidad La conexión mediante Altas Prestaciones llegará a Segovia y Valladolid en 2007, a Palencia y León en el año 2008, a Burgos, Zamora, Salamanca y Soria en 2010 y a Ávila y Ponferrada en 2012. La Alta Velocidad contribuirá de forma decisiva al equilibrio y al crecimiento de la Comunidad. Es indudable que el eje del Duero tiene una gran importancia para Castilla y León, no sólo por ser un corredor natural que vertebra nuestro territorio, sino porque comunica espacios especialmente dinámicos de la Península, como el Ebro y la costa Mediterránea, sobretodo Cataluña. Por ello proponemos para 2015 la conexión de Valladolid y Soria. Creemos que este eje es fundamental para conectar la Comunidad con la única provincia y ciudad de Castilla y León que quedaría aislada de conexión directa ferroviaria. Otras medidas ferroviarias

894. Ferrocarril de la Vía de la Plata. Será el eje vertebrador del Oeste de la Comunidad, el territorio con

mayores problemas de desarrollo social y económico de la Comunidad y España. Posibilitará la conexión con Galicia, Asturias, Extremadura y Portugal. El tren Vía de la Plata conectará las ciudades de León - Zamora y Salamanca antes de 2013, comunicándolas entre sí y con otros ejes transversales: León – Ponferrada, Línea Madrid – Galicia por Zamora, o Línea Madrid – Salamanca. La recuperación de la Vía de la Plata servirá



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potencialmente de manera directa a más de 600.000 personas, es decir el 25% de la población de la Comunidad, y a más de 8 millones de personas que viven en el Oeste de España.

895. Ferrocarril Santander – Mediterráneo.

Esta línea, inacabada y sin uso, es especialmente interesante para la Comunidad y parte del Noroeste español. Permite comunicar Cantabria con el centro de la costa Mediterránea y Valencia. Además de consolidar el futuro de Burgos, permite que Soria gane un papel protagonista en las comunicaciones. Por otra parte es un interesante corredor, unido al Valladolid-Barcelona, alternativo al paso saturado por Madrid.

896. Ferrocarril Soria – Madrid.

El Plan Especial del gobierno de España para Soria prevé para 2010 la conexión de Soria con Madrid por Alta Velocidad a través de Calatayud, de la línea AVE Madrid - Barcelona. La línea que une a Soria con Torralba, y posteriormente con Madrid, debe mejorarse en su trazado y en su rendimiento, para hacerla compatible con los nuevos tiempos y tráficos. Esa ruta debe servir para comunicar tanto Soria como el resto de la Comunidad con Aragón y el Arco Mediterráneo.

Además en la provincia de Soria recuperaremos, en colaboración con el Estado la línea Soria – San Leonardo de Yagüe para el transporte de mercancías.

Un ferrocarril para el desarrollo del Turismo En Salamanca existe una línea declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento: la línea La Fuente de San Esteban-Barca d’Alva (Portugal) que reúne unas características excepcionales para su uso turístico. Pero también hay tramos del Vía de la Plata magníficos en el entorno de Béjar; o en El Bierzo, como la línea Villafranca del Bierzo-Toral de los Vados, o en la montaña burgalesa y la Sierra de la Demanda, en la montaña palentina e incluso en el Sur de Ávila en una zona de gran desarrollo de segunda residencia como el Valle del Tiétar. Hay también líneas de ferrocarriles definitivamente inviables o tramos ferroviarios abandonados. En estos casos cabe incluirlos en el programa de Vías Verdes, recuperando estos trazados para el uso recreativo y turístico, sin olvidar que la verdadera red de Vías Verdes en Castilla y León está en los miles de kilómetros de vías ganaderas, hoy olvidadas y abandonadas. Objetivos

• Apoyar los proyectos de desarrollo de trenes de carácter turístico y recuperar las infraestructuras ferroviarias para este fin.

• Compatibilizar las circulaciones de uso turístico con el tráfico normal (en caso de líneas en funcionamiento).



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Medidas Pretendemos acondicionar para uso turístico:

897. Tren turístico en la Provincia de Salamanca, desde La Fuente de San Esteban hasta la frontera portuguesa de La Fregeneda-Barca d’Alva. El objetivo de este tren turístico (de una longitud de 77,6 Km.) es unir el oeste de la provincia con el Puerto Fluvial de Vega Terrón, y poner en valor una zona de gran valor ecológico y turístico en la Comunidad como son las Arribes del Duero.

898. Tren turístico de la Ribera del Duero entre Valladolid y Aranda de Duero,

empleando para ello parte del recorrido de la línea Valladolid – Ariza . Este tren turístico (de unos 100 Km. de longitud) unirá una de las zonas de mejor producción vitivinícola de España y contribuirá a desarrollar una zona de gran valor productivo y turístico como es la Ribera del Duero.

899. Tren turístico del Bierzo, que recuperará la antigua vía del ferrocarril de

Villafranca del Bierzo a Toral de los Vados a lo largo de una de las comarcas de mayor atractivo turístico y gastronómico.

900. Tren turístico del ferrocarril de las minas de San Cebrián de Mudá, en la

montaña palentina, por parte de cuyo recorrido actualmente transita el proyecto turístico del ciclo-rail, entre Mudá y Salinas de Pisuerga.

d) El sistema aeroportuario de Castilla y León La potenciación de los aeropuertos, su interconexión ferroviaria a la Alta Velocidad y el fomento de la industria, constituyen elementos clave de la estrategia económica de Castilla y León. Las inversiones del Ministerio de Fomento y de la Empresa Pública AENA en estos últimos años han hecho que se potencie de manera muy importante la red aeroportuaria de la Comunidad. Nuestros aeropuertos han mejorado sus instalaciones con sistemas de aterrizaje ILS; con la ampliación y construcción de nuevas terminales; a través de ampliaciones y mejoras de las pistas de vuelo, nuevos parkings, etc. A ello se añade la puesta en funcionamiento, en 2008, del nuevo Aeropuerto de Burgos. Objetivos

• Consolidar un verdadero sistema aeroportuario, primando las potencialidades de cada aeropuerto y adecuando sus futuros desarrollos a las características propias de cada uno.

• Potenciar la complementariedad de los aeropuertos de Castilla y León, tanto en destinos como en usos.

• Definir la orientación estratégica del sistema aeroportuario de Castilla y León, para resolver los graves problemas de falta de vuelos y la infrautilización de buenas instalaciones.



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Medidas

901. Impulsaremos los consorcios entre las administraciones y los agentes económicos para una gestión más eficiente de nuestros aeropuertos.

902. Articularemos convenios entre las Administraciones estatal, autonómica y

locales con las líneas aéreas para la implantación y el mantenimiento de vuelos desde los aeropuertos de Castilla y León a diferentes puntos de España y del mundo.

903. Mejoraremos los servicios en los aeropuertos, con criterios actualizados

de previsión de viajeros, compañías y operadores.

904. Garantizaremos el estricto cumplimiento de las recomendaciones ambientales para minimizar el impacto ambiental de los aeropuertos, en todo el proceso de ampliación y en la posterior operación terrestre y aérea.

905. Impulsaremos, en colaboración con la Administración Central, la red de

accesos a los cuatro aeropuertos y el fomento de las actividades económicas inducidas por los mismos, por lo que conectaremos todos los aeropuertos por autovía con las respectivas ciudades.

906. Mejoraremos los accesos y las frecuencias de los transportes públicos,

adaptándolos a los tiempos de salidas y llegadas.

907. Impulsaremos el potencial de nuestros aeropuertos para las mercancías y la carga. Aprovecharemos sus ventajas estructurales especialmente en lo que se refiere al tránsito de grandes aeronaves, y nuestra cercanía a Madrid.

e) Nuevos sistemas de transporte y logística Es imprescindible potenciar el transporte de mercancías. Para atraer cargas es necesario crear modernas estaciones intermodales, próximas a Parques Tecnológicos, Zonas Logísticas o Polígonos Industriales. Este tipo de infraestructuras de transporte tiene en la Comunidad una elevada trascendencia debido a la importancia de los suministros que requieren determinadas empresas de Castilla y León y que mueven millones de toneladas al año: FASA Renault (Valladolid, Laguna de Duero y Villamuriel de Cerrato en Palencia), Nissan (Ávila), Michelín (Aranda de Duero y Valladolid), Pascual (Aranda de Duero), Campofrío o Heineken (Burgos), Minero Siderúrgica de Ponferrada y otras empresas mineras (León), o muchas más como las industrias extractivas del Oeste, la auxiliar del automóvil, la agroalimentaria, etc.



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Objetivos

• Potenciar nuestra red de Mercancías, sobre todo ante el impulso que representa la creación en nuestra Comunidad de Puertos Secos de los principales puertos marítimos del Cantábrico.

Medidas

908. Fomentaremos la intermodalidad, mejorando la conexión entre redes de transporte; la conversión de las estaciones de ferrocarril en nodos o intercambiadores modales, y la mejora de la accesibilidad a ellas.

909. Crearemos estaciones intermodales en todas las capitales de provincia de

la Comunidad, de forma que constituyan una red de estaciones de mercancías y centros de intercambio modal alternativos al transporte por carretera.

910. Consideramos de interés logístico nuevas actuaciones de construcción o

ampliación de instalaciones de transporte intermodal en municipios o comarcas estratégicas: Arévalo, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, El Bierzo, Aguilar de Campóo, Ciudad Rodrigo, Cuéllar, Medinaceli, Tordesillas, Benavente y otros más, a los que se unen Venta de Baños, Villamuriel, Dueñas y Cigales, que constituirán el área central del sistema logístico de Castilla y León.

911. Construiremos aparcamientos para camiones de gran tonelaje, en las

principales conexiones viarias de la Comunidad. f) Las nuevas infraestructuras de telecomunicación Estamos asistiendo a una verdadera revolución, la de la sociedad de la información, comparable a la que supuso en el pasado siglo la revolución industrial. El acceso a este tipo de tecnología y la disponibilidad de estas infraestructuras permiten construir un escenario de desarrollo y crecimiento sostenido, incrementar la competitividad, abrir nuevas oportunidades de trabajo y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La iniciativa privada está abordando en la mayoría de los casos el coste de este tipo de infraestructura. El modelo de liberalización de las telecomunicaciones impulsado, en general, en Europa ha demostrado tener graves carencias: desequilibrios territoriales, quiebras, pérdidas de puestos de trabajo, etc. Muchos países, regiones y ciudades se están replanteando las actuaciones en materia de telecomunicaciones.



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Objetivos

• Garantizar el equilibrio territorial en el acceso a las TIC. • Proporcionar un servicio de banda ancha a todos los ciudadanos y

empresas, para que puedan beneficiarse de las prestaciones más novedosas en el ámbito de las telecomunicaciones, facilitar la incorporación de innovaciones en las empresas y mejorar la eficiencia y la competitividad.

Medidas

912. Dotaremos a Castilla y León de las infraestructuras necesarias para instaurar la Banda Ancha en todo el territorio, a precio razonable y en competencia real. La planificación y construcción de esta red se impulsará desde la inversión pública y concertando en su caso con la privada, allí donde las operadoras tienen un mercado insuficiente

913. Fomentaremos la inversión empresarial en el campo de las

telecomunicaciones, la red energética y en I+D+i, ampliándola a nuevos sectores.

914. Promoveremos el despliegue (antes de 2009) de redes de fibra óptica

hasta el hogar (FTTH) en comarcas de interés especial de Castilla y León, para proporcionar a sus habitantes servicios avanzados de internet, telefonía móvil y televisión.

915. Dotaremos a los Ayuntamientos de la Comunidad de herramientas de

ordenación, planificación y gestión de telecomunicaciones para garantizar más y mejores servicios a los ciudadanos (administración abierta, formación de personas adultas, teleasistencia, etc.).

916. Definiremos los niveles de compromiso de los servicios de

telecomunicaciones que se requieren en la Comunidad y ordenaremos, con criterios de accesibilidad y equilibrio territorial, un sector en el que existen muchos tipos de redes y tecnologías con distintos grados de cobertura.



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Un territorio con valor añadido

25.- Desarrollo Rural. Un mundo rural activo y con futuro Una de las brechas más profundas de nuestro desequilibrio territorial es la que separa el medio rural del urbano, tanto en términos económicos, como demográficos; de dotación de servicios e infraestructuras, como de oportunidades de desarrollo personal y social. Las políticas agrarias, en particular, y de desarrollo rural, en general, de los sucesivos gobiernos del PP han fracasado en Castilla y León: No sólo no han logrado la convergencia económica, social y territorial del mundo rural, sino que se ha incrementado su distancia con el medio urbano. El balance demográfico es negativo. Desde 1990 a 2000, los municipios rurales de Castilla y León perdieron 100.000 habitantes y de 2000 a 2007, 30.000. En la última década nuestra Comunidad ha perdido 50.000 activos agrarios y el 52 % de las explotaciones. La tasa de envejecimiento y la falta de mujeres y jóvenes tienen como consecuencia que en el 45 % de nuestros municipios el último año no nació ningún niño. Desde 2000 los municipios rurales han registrado tasas de crecimiento vegetativo negativo del 5 %. En los dos últimos periodos operativos, 1993-1999 y 2000-2006, esta Comunidad ha recibido generosas ayudas europeas para que Castilla y León pudiera superar el 75 % de la renta media europea y abandonar la condición de Objetivo 1. Castilla y León, transcurridos los 14 años de esos dos periodos, ha superado esa barrera, pero el mundo rural está muy alejado de ese índice de convergencia. El mundo rural de Castilla y León no ha salido del objetivo 1. Su renta no llega al 60 % de la renta media europea y necesita nuevas políticas para andar un camino que el mundo urbano ya ha realizado. Es evidente que existe una pérdida de actividad económica y social en las zonas rurales de Castilla y León, debido al continuo abandono de la actividad agraria, a la falta de oportunidades laborales, a una deficiente red de servicios para la calidad de vida y a una diferencia de renta sustancial con las zonas urbanas. Los sucesivos gobiernos del PP en Castilla y León no han sabido modificar esas condiciones en los 20 años que llevan al frente de esta Comunidad, que han convertido en la más envejecida y despoblada de España, con la práctica desertización de muchos de sus territorios. Los socialistas estamos dispuestos a cumplir con el Articulo 130 de la Constitución: “los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”.



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Para ello buscaremos la competitividad del sector primario a través de la permanente mejora de las estructuras e infraestructuras agrarias y de servicios; de la apuesta decidida por la innovación, de la diversificación de cultivos; de actividades complementarias como fuente de rentas añadidas, en suma, por la aplicación de nuevas políticas que logren la diversificación económica del mundo rural y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo. El futuro de las zonas rurales pasa por un incremento de la competitividad de explotaciones agrarias sostenibles, por la industria agroalimentaria situada allí donde se producen las materias primas y por facilitar a sus habitantes y empresas el acceso a las Tecnologías de la Información y a la Comunicación (TIC). a) Capital humano cualificado en el medio rural. La introducción de la “innovación” en este ámbito supone el desarrollo de capacidades creadoras para detectar oportunidades en este entorno, señalar nuevos caminos y dar respuesta a muchos problemas del medio rural, porque es necesario que el entorno rural logre diversificar sus actividades económicas: El turismo rural, el ecoturismo o el enoturismo, por ejemplo, son actividades que pueden generar importantes rentas complementarias a las propiamente agrarias. El proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible de Medio Rural, recientemente aprobado por el Gobierno de España, será una referencia en la dotación de servicios e infraestructuras necesarios para garantizar un futuro económico de calidad y poder evitar el éxodo de población. Aumentará, además, la atención pública a nuestro medio rural para actuar sobre las causas económicas de su atraso y solucionar las carencias de infraestructuras, equipamientos y servicios para los habitantes de nuestros pueblos. El medio rural de Castilla y León, en su enorme diversidad, reúne potencialidades y valores naturales, culturales, económicos y sobre todo humanos como para mirar al futuro de frente y con optimismo y aportar su impulso al crecimiento de la Comunidad. Pero necesita una política integral de gestión transversal, que afecte a todas las materias de gobierno. Esta es la apuesta que el PSOE de Castilla y León quiere asumir para la próxima legislatura y la única que puede garantizar la reducción del enorme desequilibrio que hoy existe entre el mundo urbano y el mundo rural: a través de una política continuada y diaria que apueste por la mejora de los servicios y las condiciones de vida de los habitantes del mundo rural, realizada desde todas y cada una de las Consejerías. Para lograr este objetivo pondremos en marcha El Plan Estratégico de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, que tendrá un carácter transversal, con medidas de tipo agrícola, forestal, económico y de innovación que garantizarán que al final de ese periodo el mundo rural de Castilla y León habrá avanzado significativamente en convergencia con el medio urbano. El medio rural será una prioridad en todas las políticas de la Administración autonómica gobernada por el PSCyL, que, en el marco de este Plan Estratégico,



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impulsará un proyecto de desarrollo propio y diferenciado en cada Comarca, con el apoyo de quienes desde el tejido social han venido trabajando con acierto por el futuro de sus pueblos. Objetivos Sociales

• Mejorar la calidad de vida en los municipios rurales. • Garantizar el acceso a las infraestructuras y a los servicios públicos a los

habitantes del medio rural. • Estabilizar la población rural, rejuvenecer su estructura y mejorar su arraigo

en el medio. • Mejorar la autoestima del mundo rural y su imagen externa.

Objetivos Económicos

• Impulsar la actividad económica del mundo rural, manteniendo las iniciativas hoy existentes.

• Apoyar la puesta en marcha de nuevos proyectos. • Incrementar el empleo particularmente de las mujeres y los jóvenes. • Apoyar decididamente el cooperativismo, especialmente en el sector

agrario. • Objetivo Ambiental • Conservar y recuperar el patrimonio natural y cultural.

b) El Plan Estratégico de Desarrollo Rural El Plan Estratégico de Desarrollo Rural de Castilla y León es un instrumento para la gestión de una política integral de crecimiento, diversificación, innovación, creación de empleo y mejora de la calidad de vida en nuestros pueblos. Será consensuado con todos los agentes sociales, económicos e institucionales que intervienen en el mundo rural, significativamente las OPAS, los Ayuntamientos y los Grupos de Acción Local. Su objetivo es alcanzar en 2013 la convergencia económica con respecto al mundo urbano, recuperar el pulso demográfico y equiparar las condiciones de acceso a los servicios básicos. Para ello nos comprometemos a invertir en el medio rural, en el periodo 2007-2013, SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES €, de los que 5.000 millones procederán de fondos públicos (UE, Estado y Junta) y 1.500 millones de origen privado. El Plan Estratégico de Desarrollo Rural de Castilla y León, que se desarrollará en el marco del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural y de las Directrices Estratégicas Comunitarias, constará de cuatro ejes de actuación: 1. Competitividad. 2. Sostenibilidad. 3. Diversificación y calidad de vida. 4. Organización de la comunidad.



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Eje 1.- Aumento de la Competitividad del sector Agrario. Requerirá una dotación financiera de 3.050 millones de euros. La competitividad garantiza la viabilidad de las explotaciones y, por tanto, contribuye a la creación y mantenimiento de riqueza, a la estabilidad de las poblaciones y al aumento de su calidad de vida. Objetivos

• Formación de profesionales para la modernización de las explotaciones agrarias, formación de sus titulares y trabajadores más jóvenes e incorporación de Nuevas Tecnologías.

• Incorporación de jóvenes al sector. • Modernización de las infraestructuras agrarias, singularmente de

concentración parcelaria y regadíos. • Diversificación de cultivos. • Fomento de la industria agroalimentaria. • Mejora de las condiciones del sector ganadero. • Mejora de las condiciones del sector vitivinícola y ampliación de las

denominaciones de origen. • Fomentar la investigación de cultivos alternativos.

Medidas

917. Apuesta por las producciones de calidad, potenciando las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y el resto de figuras de calidad para poner en valor los excelentes productos que tenemos en la Comunidad.

918. Es necesario potenciar la marca de calidad “Productos de Castilla y León”

que no está dando resultados y es el mejor paraguas para promocionar en ferias nacionales e internacionales muchos productos de calidad que no tienen producciones para, por si mismos, tener posibilidades de obtener una mención de calidad.

919. Programa de formación y cualificación profesional para los jóvenes

empresarios agrarios, con una oferta formativa de calidad basada en la utilización de las nuevas tecnologías en la empresa y en la aplicación de las más modernas técnicas agrarias con criterios ambientales.

920. Potenciaremos la enseñanza de formación profesional agraria reglada en el

sistema educativo público de Castilla y León, ampliando la oferta de ciclos formativos de Grado Medio y Superior en todas las provincias

921. Modernización de las estructuras agrarias con un “Plan de Choque” de

Concentración Parcelaria que permita finalizar la concentración de 500.000 hectáreas en siete años y una inversión pública de 1.000 millones de €. Se priorizará en función de las expectativas económicas y sociales de cada zona e incrementaremos hasta el 50% la subvención a



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fondo perdido del coste de las obras complementarias en mejora de la red de riego. El Plan incluirá directrices para respetar caminos tradicionales, veredas, fuentes y elementos arquitectónicos singulares que definen el paisaje de las zonas a concentrar.

922. Elaboración del I Plan de Regadíos de Castilla y León, en consonancia con

los Planes del MAPA, que permitirá transformar en regadío, entre las dos administraciones, 75.000 hectáreas de las zonas regables de La Armuña en Salamanca, Las Cogotas en Ávila, Margen Izquierda del Tera en Zamora, Segunda fase deL Canal Alto de Payuelos y Canal Bajo de Payuelos en León, riegos del Arlanza en Burgos, regadíos de Campos en Zamora y de los regadíos sociales de la Valdavia en Palencia.

923. Modernización de 100.000 hectáreas de viejos regadíos (80.000 has. a

través de la SEIASA del Norte y 20.000 has. directamente por la Junta de Castilla y León). Tanto los nuevos regadíos como la modernización de los existentes se realizarán con las infraestructuras y las tecnologías más modernas que permitan racionalizar la gestión del agua (“no más de 5.000 m3 por ha.”) y reducir la contaminación en el marco de una agricultura cada vez más sostenible y más rabiosamente moderna. La inversión prevista para el Plan de Regadíos alcanzará la cifra total de 1.000 millones de € en 175.000 hectáreas de actuación.

924. Nos comprometemos a renegociar los acuerdos generales de

modernización de regadíos con SEIASA DEL NORTE para reducir en un 5 % la aportación de los regantes de los costes de los Planes de Modernización, asumiendo la Junta de Castilla y León esa aportación (que representará, por tanto, un 25 % de los costes).

925. Impulsaremos los programas de incorporación de jóvenes, hombres y

mujeres, como base del fortalecimiento del medio agrario y de garantizar un futuro sin sobresaltos. Nuestro objetivo es incorporar 7.000 jóvenes en las explotaciones agrícolas o ganaderas de Castilla y León a lo largo de la legislatura.

926. Potenciaremos la cotitularidad de las mujeres en las explotaciones

agrarias, subvencionando un 20 % del pago de las cuotas de la seguridad social en los primeros 3 años, y complementando así la ayuda del gobierno de España (que financia un 30 % la incorporación de la mujer a la cotitularidad de las explotaciones)

927. Apoyaremos de una forma decidida la creación de industrias

agroalimentarias y la modernización de las existentes, dotándolas de las más modernas tecnologías y priorizando las actuaciones que se sitúen en las mismas zonas de producción de las materias primas.

928. En materia de cultivos, los socialistas apostamos por el mantenimiento del

cultivo de la remolacha en Castilla y León y por la transformación del sector haciéndolo de los más competitivos de Europa. Ello implica aumentar la competitividad del sector remolachero con un regadío moderno, eficiente y con un consumo de agua sostenible que garantice una elevada producción y reducción de los costes.



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929. La necesidad de introducir cultivos bioenergéticos que rebajen la

dependencia energética de España y un mayor cumplimiento del Protocolo de Kyoto, facilitará que parte del cultivo de remolacha pase a destinarse a uso industrial en la obtención de bioetanol.

930. Nos proponemos impulsar la incorporación de 12.000 jóvenes al sector

agroindustrial entre 2007 y 2011.

931. Los cultivos bioenergéticos serán la base de la alternativa de cultivos. Para garantizar su viabilidad promoveremos la aprobación de un Real Decreto que exija la mezcla obligatoria de biodiesel o bioetanol en la generación de combustibles para automoción. con el objetivo de que representen el 10% de los combustibles que se consuman en la Comunidad en el año 2011.

932. Igualmente trataremos de liberalizar tierras de barbecho para potenciar la

producción de cultivos energéticos con destino a las industrias que se instalen en la Comunidad.

933. En materia de ganadería pondremos en marcha las siguientes actuaciones:

• Constituiremos de inmediato una mesa de diálogo de productores,

industria y administración que permita lograr las bases de un acuerdo intersectorial a medio plazo sobre los precios de la leche para los ganaderos de ovino, caprino y vacuno, priorizando ayudas a las industrias que lo promuevan.

• A medio plazo promoveremos la promoción de asociaciones de productores de leche para la comercialización e industrialización en común.

• Apostaremos por el mantenimiento de la cuota láctea hasta el máximo tiempo que permita la Unión Europea.

• Promoveremos la regulación de la producción de leche en el sector del ovino para garantizar una oferta con precios rentables.

• Modificaremos la política de saneamiento ganadero eliminando la aplicación de la vacuna RB-51 de forma generalizada para prevenir la brucelosis e implantando la aplicación de la vacuna B-19 a las novillas de reposición de 3 a 6 meses.

• Modernizaremos los sistemas de análisis en las pruebas de saneamiento ganadero para evitar casos de falsos positivos que están detectándose en los mataderos, causando graves perjuicios económicos a los ganaderos.

• Actualizaremos las indemnizaciones para los animales sacrificados y garantizaremos un pago rápido desde el primer animal.

• Propondremos al MAPA la derogación del Real Decreto 1132/1981 de ordenación sanitaria de explotaciones porcinas extensivas para autorizar la posibilidad de utilizar todos los montes de encina de la Comunidad para el aprovechamiento de la montanera de bellota en régimen extensivo que ahora sólo es posible en las provincias de Ávila y Salamanca.



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• Impulsaremos la salida de todas las explotaciones ganaderas fuera de los cascos urbanos incrementando en un 30 % las ayudas actuales.

• Crearemos la figura del veterinario de proximidad en las unidades veterinarias.

• Aprobaremos una línea de ayudas directas para pagar los daños causados por el lobo y otros animales silvestres en las explotaciones, de acuerdo con un baremo pactado con las OPAs (con un compromiso de pago en un periodo máximo de tres meses).

• Potenciaremos la ganadería extensiva en las zonas más despobladas, en las zonas de pastos de montaña y en las zonas de montes, como actividad protectora del entorno, del paisaje y para prevenir los incendios forestales.

• Reduciremos en un 75% las tasas por servicios veterinarios para “expedición de documentación para el transporte y circulación de ganado”.

• Exigiremos la desaparición del certificado veterinario al MAPA. • Defenderemos la trashumancia como práctica ancestral tradicional

que aprovecha los recursos para alimentar de forma natural a los animales.

934. En el sector vitivinícola acometeremos las siguientes acciones:

• Conseguiremos que los vinos “Ribera del Arlanza”, “Tierra de León”, “Tierra del Vino de Zamora”, “Arribes del Duero” y “Valles de Benavente” etiqueten con el marchamo de calidad denominación de origen en la próxima campaña.

• Modificaremos la Ley de la Viña y el Vino de Castilla y León y su reglamento correspondiente para regular la representación de los estratos en los Consejos Reguladores como estaban en la anterior etapa.

• El riego del viñedo se limitará exclusivamente a las zonas de vinos de calidad (VCPRD), y los “vinos de pago” se circunscribirán exclusivamente a estas zonas.

• Promocionaremos la firma de contratos tipo entre bodegueros y viticultores priorizando las ayudas a la modernización, elaboración y promoción a las bodegas que los desarrollen.

935. Impulso al cooperativismo.

• El sector cooperativo de Castilla y León debe ser prioritario: Reforzaremos el Plan de Fomento del Cooperativismo que va a poner en marcha en Gobierno de la Nación.

• En Castilla y León hay 300 cooperativas que presentan un cierto dinamismo. Estas cooperativas mueven el 35 % de la producción agraria de la Comunidad, generan más de 7.000 empleos directos y fijan población en el mundo rural.

• Es necesario potenciar la competitividad, la modernización y la fusión de cooperativas en Castilla y León y apostar por la profesionalización total de sus órganos de gestión. Pero también hacerlo por la investigación y la innovación si se quiere tener perspectivas de futuro y poder competir con las cooperativas más fuertes del país.



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• Nos comprometemos a dirigir las ayudas prioritariamente a los proyectos de fusión, de modernización, de transformación y de comercialización que vayan encaminados a conseguir un objetivo en el periodo temporal del Plan de desarrollo rural: Reducir el número de Cooperativas de Castilla y León e impulsar proyectos cooperativistas que aglutinen a un número de socios superior a 1.000.

• Potenciaremos el Consejo Superior de Fomento del Cooperativismo con funciones relativas a la aprobación de los proyectos importantes que soliciten financiación.

• Apoyaremos a las pequeñas cooperativas estratégicas -en comarcas con elevada despoblación- cuya función sea la de recoger, transformar y comercializar productos locales de mucha calidad, como empresas que contribuyan a fijar población en las comarcas rurales.



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Eje 2.- Protección y mejora de los recursos naturales y paisajísticos. Requerirá una dotación presupuestaria de 1.050 millones de euros. Castilla y León es Comunidad de múltiples recursos territoriales y enorme riqueza y diversidad, que ofrece amplias posibilidades de compatibilizar progreso económico y social, calidad de vida y respeto por la naturaleza. Objetivos

• Puesta en valor económica y social de los beneficios ambientales de la actividad agrícola y ganadera.

• Fomento de las medidas agroambientales. • Aprovechamiento de los recursos pastables, tanto para prevenir el riesgo de

incendios como para impulsar la renovación vegetal. • Fomento de los cultivos ecológicos.

Medidas

936. Pondremos en marcha el Contrato Territorial de Explotación. Se trata de un contrato plurianual que engloba las medidas agroambientales, el bienestar de los animales y ayudas al lucro cesante para los agricultores y ganaderos que tengan explotaciones situadas en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León y en los de la Red Natura 2.000. Su firma garantizará un pago anual como contribución a la conservación y cuidado del Medio Ambiente y del paisaje, como compensación por las especiales dificultades naturales en zonas de montaña o en zonas prioritarias.

937. Seguiremos apoyando las medidas agroambientales con la inclusión de

otras nuevas: el barbecho agroambiental, razas en peligro de extinción, girasol de secano, estepas cerealistas, alfalfa ecotipo Tierra de Campos, forestación de tierras agrarias, gestión sostenible de montes, pago de desbroces en zonas de prados y pastizales de ganadería extensiva y dos medidas nuevas que esta Comunidad necesita: la apicultura para mejorar la biodiversidad y la ganadería extensiva de ovino, caprino, vacuno y equino para un mejor aprovechamiento de nuestros montes.

938. Apostaremos decididamente por la producción ecológica para que Castilla

y León deje de ser la decimotercera Comunidad de España en cuanto a operadores. Aplicaremos el Plan Integral de Actuaciones que ha puesto en marcha el MAPA e introduciremos una nueva ayuda a la ganadería ecológica.

939. En zonas con elevada despoblación promocionaremos la producción

ecológica como factor de desarrollo fácil de potenciar.

940. Promoveremos la ganadería extensiva en zonas de montaña, para aprovechar multitud de montes pastables de terreno público abandonado



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y, en zonas periféricas con montes, como recurso para invitar a nuevos pobladores inmigrantes a asentarse estos territorios.

941. Rechazamos los cultivos transgénicos por cuanto son científicamente

incompatibles con la agricultura ecológica cuya producción propia, diferenciada y de calidad promovemos.

942. Promoveremos el apoyo a los ecosistemas de dehesa aprobando una

normativa específica de ayudas a la gestión de dehesas sostenibles para su aprovechamiento por su enorme valor medioambiental.



219

Eje 3.- Diversificación Económica y calidad de vida. Requerirá una dotación presupuestaria de 450 millones de euros. Este eje es el que refleja con más intensidad el carácter transversal de estas políticas, que afectan a todas las áreas de gobierno. El medio rural de Castilla y León sigue siendo territorio “Convergencia”, en el lenguaje de los Fondos Estructurales de la UE, por situarse por debajo del 75% de la renta media de la Unión, por lo que en el programa de gobierno socialista para la próxima legislatura lo consideramos OBJETIVO 1. Esto tiene una aplicación práctica en términos de discriminación positiva del medio rural en todas las políticas de la Administración Autonómica. Esto incluye a las políticas de servicios sociales, con generación intensiva de empleo, por cuanto constituyen servicios personales, y empleo mayoritariamente femenino, de acuerdo con los datos del sector. En este sentido, la aplicación progresiva de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia representará una extraordinaria oportunidad de creación de empleo en el medio rural y una garantía para la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. No obstante los objetivos de diversificación económica en el medio rural alcanzan al conjunto de los sectores económicos, si bien tienen carácter estratégico aquellas actividades con capacidad de generar sinergias y añadir valor a las producciones del sector agrario. Objetivos

• Fomentar la diversificación económica en las comarcas rurales de Castilla y León con políticas activas que estimulen el autoempleo, la economía social, las microempresas y los proyectos intensivos en empleo.

• Fomentar las oportunidades de empleo para mujeres en el medio rural. • Apoyo a los proyectos municipales innovadores relacionados con las TICs,

las energías limpias y la sostenibilidad de los sistemas locales. • Apoyo a los proyectos de iniciativa municipal o comarcal para la dotación

de servicios para la calidad de vida y la conciliación de la vida laboral y familiar, singularmente los relacionados con la atención a las personas en situación de dependencia.

• Garantizar el acceso a los servicios públicos básicos de titularidad autonómica o local en todas las comarcas de Castilla y León, con transporte público diario adaptado a las necesidades de la población.

Medidas

943. Crearemos una unidad de promoción de la actividad económica y el empleo en las Oficinas Comarcales, que incorporará, al menos los siguientes programas:



220

• Vivero virtual de empresas, con cofinanciación de costes de primer establecimiento y de alquiler de locales, programa de microcréditos, servicios telemáticos de apoyo a la gestión y acompañamiento técnico durante cinco años.

• Programa de innovación y calidad, para la formación en métodos de gestión y calidad y la incorporación y adaptación de las mejores tecnologías disponibles.

• Club de emprendedoras, con el objeto de apoyar específicamente a las mujeres emprendedoras y estimular el autoempleo de las mujeres rurales

• Fomento de la economía social y el cooperativismo no agrario. • Formación ocupacional y apoyo a la gestión de itinerarios de

inserción laboral. • Cofinanciación adicional, compatible con otras ayudas públicas, por

puesto de trabajo creado a los nuevos proyectos empresariales viables o a los que amplíen su actividad, siempre que se instalen o estén instalados en el medio rural con vocación de permanencia (20 M€ / año de media durante la duración del programa y una financiación por puesto de trabajo y año de 3.000 €).

944. Apoyo adicional al aportado por cada Consejería a los proyectos

municipales, de mancomunidades y comarcas para la creación de servicios sociales, escuelas o unidades de educación infantil 0-3 años y centros polivalentes de carácter social y cultural con acceso y programas de formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación en municipios menores de 2.000 habitantes.

Tendrán prioridad los centros para hacer efectivas las prestaciones

del Sistema de Atención a la Dependencia (particularmente Centros de Día, Centros de Noche y Residencias) en aquellas comarcas con un nivel deficitario en la dotación de estos servicios.

945. Apoyo técnico y económico a los proyectos municipales innovadores en

municipios de menos de 2.000 habitantes de mancomunidades o comarcas, en las siguientes áreas: • Implantación de proyectos innovadores de formación y acceso a las

TICs. • Utilización de energías limpias alternativas en los servicios públicos. • Proyectos de mejora y sostenibilidad ambiental de los entornos

urbanos, en parajes de interés local y en las prácticas agrícolas y ganaderas.

946. En el modelo territorial para Castilla y León definiremos, con la

participación de las instituciones y del conjunto de la sociedad, el nivel mínimo garantizado de dotación de servicios por comarca, en función de sus propios indicadores de necesidad, para facilitar el acceso a los mismos en condiciones de equidad. Las políticas sectoriales considerarán prioritarias las inversiones orientadas a corregir las desigualdades de dotación en los siguientes servicios: • Sanidad. • Servicios sociales y la atención a la dependencia. • Educación, la cultura y el deporte.



221

• Nuevas tecnologías. La banda ancha es hoy el mejor indicador de igualdad de oportunidades en el territorio.

• Promoción económica y desarrollo local. • Igualdad de oportunidades para mujeres y hombre. • Transporte público diario desde todos los núcleos.

947. Potenciaremos la incorporación de las mujeres a la actividad laboral en el

medio rural. Los sectores que se potenciarán como yacimientos de empleo femenino serán prioritariamente:

• Cuidado y mantenimiento del monte y de productos silvícolas. • Atención a las personas dependientes. • Transformación artesanal de productos de calidad. • Turismo. • Nuevas Tecnologías. • Sector agrario, donde se incentivará la cotitularidad de la mujer en

las explotaciones agrarias con la aportación por la Junta de una bonificación, ya citada, del coste de la Seguridad Social. Propondremos, además, una modificación en la Ley para ampliar a 45 años la edad de las posibles cotitulares.

948. Fomentaremos el asentamiento de jóvenes en el medio rural, duplicando

las ayudas actuales para la primera vivienda –y vivienda habitual- para los jóvenes menores de 35 años, en los municipios con menos de 2.000 habitantes.

949. Incrementaremos significativamente las ayudas a la remodelación de

viviendas rurales en mal estado, para su ocupación por nuevos pobladores. Dotaremos a los Grupos de Acción Local de viviendas-puente con destino al programa de nuevos pobladores.



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Eje 4.- Organización de la Comunidad Local Requerirá una dotación financiera de 350 millones de euros Queremos transmitir al conjunto de la sociedad rural de Castilla y León sentimientos de optimismo y confianza en el futuro. Veinte años de abandono de los gobiernos del PP, la despoblación, el envejecimiento y la homogeneización de la sociedad rural, han dado lugar a territorios desestructurados, sociedades locales cada día menos cohesionadas y con menos capacidad organizativa, y a entidades locales instaladas en la dependencia institucional, por falta de financiación incondicionada. La globalización y el acceso a las TICs, así como las potencialidades y valores naturales, culturales, económicos y sobre todo humanos del medio rural configuran un escenario de optimismo para el desarrollo de sociedades locales competentes y competitivas, con mayor calidad de vida, más avanzadas socialmente, más democráticas y participativas, donde se puedan construir espacios públicos de calidad, que permitan hablar de una nueva ciudadanía rural. Objetivos

• Fortalecimiento del municipalismo local, de la participación y la convivencia ciudadana y de los servicios públicos locales.

• Creación de plataformas competentes y estables para la cooperación público-privada en la definición y alcance de objetivos estratégicos de desarrollo.

• Fomento del asociacionismo rural. • Regulación y apoyo a los Grupos de Acción Local.

Medidas de ámbito público

950. Fomento de la cooperación supramunicipal y el asociacionismo local, para mejorar la capacidad y eficacia de las entidades locales, en cooperación con las Diputaciones provinciales.

951. Reforma de la financiación local con incremento significativo de la

financiación incondicionada y garantía de ingresos mínimos por habitante y año, procedentes de la participación en los ingresos de la Comunidad.

952. Dotación de instalaciones básicas y espacios públicos de calidad en todos

los núcleos de población, para facilitar la convivencia y hacer efectiva la ciudadanía rural. Todos los pueblos deberán contar al menos con un lugar público de reunión y encuentro entre los vecinos, que podrá ser cofinanciado en el marco de este Plan.



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Medidas de ámbito público - privado

953. Constitución de un Consejo Económico y Social Comarcal, como espacio para el diálogo social, la definición consensuada de los objetivos estratégicos de la comarca y la cooperación público-privada en la gestión de esos objetivos. En él se integrarán las entidades locales, las OPAS, los agentes económicos y sociales, los Grupos de Acción Local y otras entidades sociales que intervengan activamente en el territorio comarcal.

954. Será el órgano de seguimiento, evaluación y propuesta del Plan

Estratégico de Desarrollo Rural a escala comarcal. Su composición se ajustará a los criterios de la Ley de Igualdad para los órganos colegiados.

Medidas de Iniciativa Social

955. Fomento del asociacionismo rural de ámbito comarcal, con una línea específica de apoyo económico, del Plan Estratégico de Desarrollo Rural, para el desarrollo de su actividad.

956. Institucionalización de los Grupos de Acción Local. Regularemos la

composición básica de los Grupos de Acción Local y definiremos su papel como agentes auxiliares de la Administración pública en el asesoramiento y la gestión de programas de desarrollo rural.

Con independencia de la gestión de proyectos propios concebidos desde el enfoque Leader, los Grupos de Acción Local podrán gestionar proyectos de desarrollo rural en ámbito de los programas comarcales, por encomienda tanto de la Administración autonómica como local.

Sus proyectos de carácter experimental, orientados a ejercer un efecto demostrativo sobre el conjunto de las políticas de desarrollo rural, se orientarán prioritariamente a los siguientes objetivos:

• Motivación, apoyo y acompañamiento a emprendedores en el ámbito rural.

• Asentamiento de la población autóctona y la integración de nuevos pobladores.

• Formación difusión e implantación de las TICs, en los proyectos institucionales, económicos y sociales y en el conjunto de la vida rural.

• Modelos de usos del tiempo, reparto de tareas domésticas y conciliación de la vida laboral y familiar.

• Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en los espacios públicos de la sociedad rural.

• Fomento de modelos de sostenibilidad en la gestión de servicios públicos y de las empresas privadas, incluyendo la actividad agrícola y ganadera.

• Incorporación de energías limpias a los servicios públicos locales y proyectos empresariales.

• Recuperación y adaptación de elementos de refuerzo de la identidad local, sean del patrimonio cultural o natural, o de la tradición y la cultura inmaterial de los pueblos



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26.- Medio ambiente y patrimonio natural. Compromiso de sostenibilidad. Hoy resulta imposible plantear un modelo progresista de sociedad, basado en los valores que los socialistas defendemos, sin apostar también por un nuevo modelo de relación con el medio natural. La defensa del Medio Ambiente es compatible con el desarrollo si los poderes públicos ordenan el territorio y la adecuada utilización de los recursos. Una política medioambiental inteligente, que promueva la calidad de las aguas, la atmósfera y los suelos, es factor de bienestar de la sociedad, al tiempo que atractivo para la localización de nuevas empresas y, por tanto, motor de desarrollo económico de Castilla y León. La conservación de nuestra naturaleza será un objetivo que impregne el conjunto de las políticas del gobierno autonómico socialista, tanto por la obligación que sentimos de dejar a las futuras generaciones un legado natural no degradado, como porque sabemos que hay una manera de compaginar el desarrollo económico con el mantenimiento de la biodiversidad y la reducción de la contaminación, evitando los impactos negativos sobre el medio natural. Los ejes sobre los que vertebraremos nuestra política medioambiental serán, por un lado la integración de las políticas medioambientales, económicas y sociales, con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa y solidaria, más próspera y más respetuosa con el medio ambiente y, por otro, el fomento de la corresponsabilidad social a través de la implantación de mecanismos que profundicen en la información y en la participación democrática. Las acciones medioambientales del gobierno del PP han sido parte de una política de gestos y propaganda, sin intención de impulsar políticas activas de prevención, corrección y reducción de impactos y de defensa y conservación ambiental. El PP ha cerrado la puerta a la participación y al diálogo con los agentes sociales e institucionales, mientras desplegaba la mayor de las tolerancias con algunos intereses particulares, llegando incluso a ser promotor de actuaciones que en estos momentos están paralizadas por los Tribunales de Justicia, como sucede con la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, con altos cargos de la Junta imputados. El Gobierno del PP no ha aprovechado tiempos de bonanza económica, consecuencia de estar incluidos en el Objetivo 1, para llevar a cabo políticas de integración y desarrollo equilibrado de los territorios de nuestra Comunidad, lo que ha producido un progresivo abandono de la población del medio rural. La cooperación interinstitucional, la participación, el diálogo y la concertación con los agentes sociales, vecinales, ecologistas, OPAS, etc., sólo han existido como una representación publicitaria y de propaganda. La situación medioambiental de Castilla y León se puede calificar objetivamente como deficiente:



225

• Centenares de localidades que en pleno siglo XXI no reciben el agua de uso

doméstico en cantidad y calidad suficientes. Poblaciones que se tienen que abastecer por camiones cisterna debido a la contaminación de los acuíferos por nitratos procedentes de los purines y por arsénico consecuencia de la sobreexplotación. (Los Arenales y el páramo de Cuellar).

• La carga contaminante que la parte española de la cuenca del Duero vierte

en sus cauces, equivale a la que produciría una población de quince millones de habitantes (el 20% correspondería a actividades domésticas, el 60% a agropecuarias y el 20% restante al efecto de los procesos industriales).

• Muchos núcleos siguen sin cumplir la Directiva Europea del Agua, que

obliga a las localidades mayores de 2.000 habitantes a depurar sus aguas residuales antes de diciembre de 2006.

• En la industria extractiva (Bierzo, Laciana y Montaña Central) existen al

menos 50.000 hectáreas de cielos abiertos, escombreras, etc., -hasta 100.000, según algunos grupos ecologistas-, que carecen de una restauración ambiental adecuada.

• El propio Gobierno del PP reconoce que León, el Bierzo y La Robla están a la

cabeza de la contaminación por dióxido de azufre. El dióxido de nitrógeno, ozono o partículas en suspensión es muy elevado en Ávila, Burgos y Miranda de Ebro, León, Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato, Salamanca, Valladolid y Medina del Campo. Valladolid es la cuarta ciudad de Europa con mayor índice de partículas suspendidas en el aire.

• Ponferrada fue en 2005, la ciudad con más episodios de contaminación por

ozono de toda la Comunidad, con 8 superaciones de los niveles de información a la población. Valladolid tuvo 6 ocasiones, Burgos y Ávila tuvieron 2, y Salamanca 1. La central térmica de Compostilla II 14, la de Congosto 5 y la de Cortiguera 9. En todos los casos se obliga a informar a la población, algo que el pasado año sólo se hizo en dos ocasiones, pero se omitió en el resto.

• En Castilla y León, las emisiones de gases efecto invernadero (GEI)

ascienden a 16,9 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 11% del total nacional, cuando la población y la economía representan en torno al 5 %. La energía es el sector que más CO2 emite, junto con la agricultura (CH4 y N2O), siguiéndoles en importancia los procesos industriales. El PP no ha realizado ninguna labor preventiva para minimizar estas emisiones, ni llevado a cabo ningún plan para su reducción.

• La gestión de los residuos de la Comunidad es uno de los mayores déficits

ambientales que tenemos. Después de 20 años de gobierno del PP, hace escasos días que se ha completado la red de CTRs urbanos provinciales, dejando más de 500 vertederos incontrolados y apenas 150 sellados. Sin afrontar globalmente la recogida selectiva en origen de los residuos domésticos, sin solucionar la gestión de los residuos de construcción y



226

demolición, de los industriales, los peligrosos, los electrónicos, ni de los neumáticos fuera de uso.

• El único Plan aprobado recientemente, el de residuos industriales, no

soluciona la recogida de una serie de residuos de vital importancia en esta Comunidad como los peligrosos, los agroganaderos, o los de industrias cárnicas. El fomento de la reducción, reutilización y reciclado sigue siendo una asignatura pendiente y la aplicación del principio de aplicar el tratamiento inicial en el lugar de generación se ha ignorado.

• En cuanto a los Espacios Naturales Protegidos, el PP los concibe como

parques de atracciones donde la naturaleza se mercantiliza y se reserva para el disfrute de la población con mayor nivel de renta, con urbanizaciones de lujo en el entorno, cuando no en el interior, como se ha puesto de manifiesto recientemente en Ávila y Soria. De los 40 espacios incluidos en la red de Castilla y León sólo la mitad están declarados y ninguno tiene todavía Plan Rector de Uso y Gestión.

• Las Declaraciones de Impacto Ambiental han sido interpretadas como

elementos simplemente administrativos y en lugar de ser una garantía, se han quedado en mero trámite, devaluados como mecanismo para evita impactos desfavorables.

• Durante 8 años el gobierno del PP ha intentado presentar en las Cortes de

Castilla y León una Ley de Montes y ha sido incapaz de hacerlo. Hay una insuficiente inversión en los montes de la Comunidad. Los montes públicos se mantienen sobre todo gracias a los propios propietarios, que, sin embargo, no pueden gestionar sus bienes y derechos. En ningún momento se tienen en cuenta los beneficios indirectos (externalidades) que producen los terrenos forestales. Se lleva a cabo una política forestal basada en la venta de madera como único recurso. No se regula el aspecto paisajístico, ni el micológico, el turístico, o el propio de sumidero de CO2.

• Ineficaz política de prevención de incendios pese a representar el gasto

primordial. No se realizan verdaderos programas de prevención como trabajos silvícolas de poda, aclareos o desbroces. Estos trabajos se llevan a cabo de manera muy desordenada y discontinua.

• La mayor parte de los montes de Castilla y León no cuenta con planes de

ordenación, a través de los cuales se pueda llevar a cabo una gestión sostenible. Apenas un 10% de la superficie forestal está ordenada.

• Se han ignorado los programas europeos, encaminados a la implantación en

los municipios de la Agenda Local 21. La educación ambiental ha quedado reducida a una labor permanente de marketing de supuestos logros de la Junta, lejos de los valores de sensibilización e impulso de la participación ciudadana que debería tener.



227

a) El cambio climático El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta la humanidad debido a causas naturales que varían la composición de la atmósfera, las cuales están asociadas a las emisiones de GEI. Para evitar un cambio global en el sistema climático, una de las líneas de acción más visibles es el Protocolo de Kyoto, que promueve una reducción de emisiones contaminantes por parte de los países industrializados, a la vez que propone que los países en vías de desarrollo adopten tecnologías limpias que les permitan un desarrollo desligado del aumento de emisiones. En España las emisiones de CO2 suponen el 80% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo las actividades relacionadas con la energía las que más han contribuido, con un 77% de las emisiones de GEI. Como se ha dicho, en Castilla y León, las emisiones de GEI ascienden a 16,9 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 11% del total nacional. En cuanto a la contribución relativa de cada sector en las emisiones autonómicas, el sector energético es responsable del 74,6% y la agricultura del 20,2% contribuyendo entre ambos con el 94,8% del total de las emisiones en Castilla y León y correspondiendo el 5,2% restante al resto de los sectores económicos. Por tanto, las actividades energéticas y agrícolas nos sitúan en el tercer lugar entre las Comunidades autónomas en cuanto a emisiones de GEI. A Castilla y León le corresponde el 9% de los derechos de emisión de España. Conocida la contribución de la Comunidad a la emisión de GEI, es necesario evaluar las medidas que deben adoptarse frente al mismo. Dado que ya se ha publicado el Plan Nacional de Asignación (PNA) y se ha puesto en marcha el Mercado de Derechos de Emisión hay que considerar los sectores y empresas que, en la Comunidad, se ven afectados por dicho Plan: la industria energética, del cemento, vidrio, cerámica y papeleras, con independencia de otros sectores difusos no afectados por el PNA, como el transporte, agricultura y ganadería, el residencial, comercial y de residuos, respecto a los cuales puede adoptar medidas la Administración autonómica para combatir el cambio climático. Pero Castilla y León tiene grandes posibilidades en el sector forestal, como sumidero de carbono, que desempeña un importante papel como mecanismo que permite disminuir el saldo de emisiones. El gobierno del PSOE asumirá su responsabilidad en la estrategia de lucha contra el cambio climático en colaboración con el Gobierno de la Nación. La Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada desarrollará proyectos de investigación y desarrollo para la limitación y el control de estas emisiones, que deben ser útiles para las políticas autonómicas de planificación energética. Aunque estas políticas están bastante limitadas por las estatales, sujetas, a su vez, a las normativas de la UE, Castilla y León tiene un gran potencial energético y por ello ha de diseñar políticas audaces dentro del marco normativo que le está reservado.



228

Para determinar el papel que juega el sector energético en Castilla y León ante el cambio climático es necesario mostrar la relevancia que tiene el carbón, aún cuando su producción se ha reducido los últimos años. Es fundamental mantener el sector de carbón en la Comunidad como fuente de energía primaria de carácter nacional, con el valor estratégico que supone, y como base económica de las comarcas de las cuencas de León y Palencia. El mantenimiento del sector del carbón debe estar asociado a la aplicación de tecnologías para la adaptación al protocolo de Kyoto, con apoyo de la Comunidad a las empresas afectadas, algunas de las cuales ya han iniciado este proceso de renovación tecnológica. En cuanto a la situación actual de las energías renovables en Castilla y León, se espera un elevado desarrollo sobre todo para la biomasa y la energía eólica, donde se prevé alcanzar niveles de producción próximas a las 750.000 toneladas equivalentes de petróleo para el 2011, lo que puede constituir un elevado generador de empleo directo e indirecto. La energía eólica ha crecido de forma importante en Castilla y León y representó en 2005 un 19% de la producción eólica nacional, lo que la convierte en la tercera Comunidad generadora del Estado español. El crecimiento de solicitudes para estas instalaciones está creciendo de forma exponencial, por lo que es urgente, por parte de la Junta la regulación del sector. La producción de biocarburantes es todavía testimonial, pero en un futuro próximo se convertirá en una solución para las emisiones de CO2 del sector del transporte, ahorrando combustibles fósiles y mitigando la dependencia energética del país, de zonas geopolíticamente inestables. Además, los cultivos energéticos pueden constituir un enriquecimiento de la alternativa de cultivos en Castilla y León. No tiene sentido que una Comunidad con tantas horas de sol fomente tan poco el uso de la energía solar que, aunque no es la panacea energética, sí puede ser un nicho importante de desarrollo tecnológico y de creación de empleo. El transporte constituye una importante fuente de contaminación, responsable del efecto invernadero, ya que el 19%, es decir una de cada 5 partículas que se emiten al exterior proceden del transporte por carretera. Las emisiones del sector del transporte en Castilla y León alcanzaron las 7.814.980 toneladas equivalentes de CO2 en el año 2003, que suponen el 15,33% de las emisiones totales de la Comunidad y el 8,06% del total nacional. La Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001-2010 y la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2003-2010 incluyen propuestas para minimizar el impacto ambiental del transporte, que no se han puesto en funcionamiento por parte de la Junta y han quedado en mera declaración de intenciones. Es imprescindible potenciar hábitos de uso del transporte público, ya que precisa 50 veces menos espacio y consume 15 veces menos energía por viajero transportado que el coche particular. El autobús, respecto al coche particular,



229

emite a la atmósfera el 40% menos de óxidos de nitrógeno, el 80% menos de hidrocarburos sin quemar, el 95% menos de CO y el 70% menos de CO2 por viajero transportado. Las estimaciones realizadas para la ganadería y para los suelos agrícolas, dan una cifra de emisión total de 7,5 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2004, destacando el gran incremento de las emisiones en Segovia (28%) y Salamanca (18,7%) tanto de las procedentes de la ganadería como de la agricultura. La ganadería produce casi la mitad de las emisiones de origen agrario por lo que se debe mejorar la eficiencia de las explotaciones para reducir las emisiones. Una opción alternativa para reducir las emisiones del estiércol es aprovecharlo como fuente de energía para producir biogás y obtener la electricidad necesaria para la explotación. La reducción de la demanda energética en los edificios es la más eficaz para reducir las emisiones. La incorporación de energías renovables no proporciona por sí misma un ahorro de energía aunque permite reducir su impacto ambiental. El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) sí supondrá una reducción de la demanda energética de los edificios. Las formaciones vegetales, actúan como sumideros contribuyendo a la reducción de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, de ahí la importancia de la riqueza forestal que posee Castilla y León. En cambio, los incendios forestales están considerados como una importante fuente de emisión de CO2 y pueden contrarrestar el papel de sumidero del bosque, hasta convertir al sector forestal en emisor neto. Los bosques de Castilla y León han absorbido casi 32 millones de toneladas de CO2 en la última década, lo que significa que cada año, considerando una absorción constante, se vienen retirando de la atmósfera unos 3,2 millones de toneladas de este gas, que representa en torno al 7% de las emisiones totales de CO2 en la Comunidad. Además, los distintos usos de la madera, aunque no sean considerados como sumideros de carbono, constituyen una importante fuente de almacenamiento o de reducción de emisiones a tener en cuenta a la hora de formular las correspondientes políticas. Objetivos

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad, implicando en este objetivo a los diversos sectores económicos y sociales. De un lado, a las empresas, que deben introducir medidas de eficiencia energética en sus procesos de producción y, en el caso del sector energético, incrementar notablemente el uso de sistemas energéticos más limpios y, de otro, a las administraciones nacional y autonómica que, dentro de sus competencias, han de promover programas de gestión de la demanda que optimicen el consumo de energía en el sector residencial.

• Potenciar el transporte público, lo que exige llevar a cabo una ordenación territorial y promover un urbanismo que disminuyan la necesidad de desplazamientos.



230

• Concienciar y apoyar a las administraciones locales, en el papel de dar ejemplo de ahorro energético en sus instalaciones, promover las energías renovables y sensibilizar a los vecinos de la necesidad de un uso racional de la energía.

• Conseguir que Castilla y León alcance el liderazgo para la implantación de políticas industriales, energéticas y de transporte coherentes con el futuro del planeta.

Medidas

957. Elaboraremos un sistema estadístico oficial sobre las emisiones de GEI en Castilla y León en los distintos sectores industriales o de actividad, que permita adoptar medidas que reduzcan las emisiones en todos sus ámbitos y con la suficiente amplitud. Es necesario mejorar la metodología de las estimaciones, tanto para la emisión como para la absorción de CO2.

958. Promoveremos la investigación en proyectos sobre las mejores técnicas

disponibles (MTD) en el ámbito industrial. El cambio del sistema energético hacia tecnologías de baja emisión de carbono ha de iniciarse de forma inmediata, transformando la economía de forma que pase de estar basada en combustibles fósiles a un futuro con una proporción significativa de energía renovable.

959. Pondremos en marcha un Plan de ahorro energético, que reduzca la

demanda energética en los edificios como medida básica más eficaz para reducir las emisiones.

960. Crearemos un Observatorio de la Movilidad, con participación de los

Ayuntamientos, como instrumento para impulsar un transporte urbano e interurbano sostenible, haciendo un seguimiento de las características de oferta y demanda de la movilidad.

961. Potenciaremos una de las funciones no económicas de los bosques como

es el almacenamiento de carbono, incrementando las nuevas plantaciones y aplicando una política eficaz en la prevención de los incendios forestales.

962. Eliminaremos, a lo largo de la legislatura, el uso de bombillas de filamento

incandescente, promocionando las de bajo consumo.

963. Potenciaremos los proyectos de investigaciones avanzadas para la captura y almacenamiento del CO2.

b) Política Energética De todos es conocido el grave problema energético que tiene España. A la preocupante dependencia exterior, el 80% de la energía primaria proviene de fuera de nuestras fronteras, se añade el no menos preocupante crecimiento de la intensidad energética y el total incumplimiento del protocolo de Kioto.



231

Dentro del Estado Español, Castilla y León es una productora neta de energía. Sólo consumimos una tercera parte de la energía eléctrica que se produce en nuestro territorio, exportando el resto. Las nuevas energías limpias son una gran fuente generadora de empleo y de crecimiento económico. Los biocombustibles representan una oportunidad tanto para el desarrollo rural, como para frenar las emisiones de CO2 que producen sectores difusos como el transporte. Objetivos

• Garantizar el suministro de energía limpia y de calidad a toda la población de Castilla y León.

• Hacer de Castilla y León el referente europeo en tecnología y gestión de energías limpias.

• Promover el uso de energías limpias, junto a una importante mejora en la eficiencia energética y en la responsabilidad del consumo.

Medidas

964. Apoyaremos sin reservas la minería de carbón, como fuente estratégica de energía, adecuando las centrales térmicas a la directiva europea sobre prevención y control integrados de la contaminación.

965. Pondremos en marcha un Plan de Eficiencia Energética, que garantice la

disminución de la intensidad energética.

966. Elaboraremos el Plan Energético de Castilla y León 2007-2012 que establezca las estrategias de producción y uso de todas las energías, con especial incidencia en las energías renovables. Se regulará la implantación de las instalaciones de generación de energías renovables: solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa, eólica y los biocarburantes, creando un mapa autonómico de instalaciones, generadoras, distribuidoras de biocarburantes, centros de transformación, así como de las líneas de alta y media tensión para la evacuación de la electricidad generada y las conducciones de gas.

967. Fomentaremos el uso de los biocarburantes por los gremios de taxistas,

transporte de viajeros, transporte de mercancías y agricultores. Las Administraciones Autonómica y Local, deben actuar como creadores de demanda de este tipo de combustibles, usándolo en su parque automovilístico dando ejemplo a la sociedad Castellana y Leonesa.

968. Apoyaremos, mediante campañas informativas y de concienciación el uso

de los biocarburantes por los usuarios particulares, con el objetivo de que representen el 10% de los combustibles que se consuman en la Comunidad en el año 2011.



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969. Fomentaremos a través de I+D+i, la industria de la energía solar térmica y fotovoltaica, suscribiendo convenios de colaboración entre fabricantes, productores, instaladores y universidad.

c) Política del Agua Castilla y León con el 98 % de la cuenca del Duero nacional y con gran parte de las cabeceras del Sil, Ebro y Tajo, está llamada a tener un papel importante en el inmediato escenario nacional del agua. La transposición obligada de la directiva marco del agua a través de una nueva Ley de Aguas que prepara el gobierno socialista de España, con la sustitución de las actuales Confederaciones Hidrográficas por Demarcaciones Hidrográficas, donde estarán presentes las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los órganos de cooperación y dirección, abre un panorama totalmente diferente al actual, de gran responsabilidad en la gestión de las aguas. Para abordar con garantías la ampliación de competencias en materia de aguas que se deriven de la nueva Ley de Aguas y de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, se hace necesario un desarrollo eficaz y coordinado de las competencias actuales, que han sido gestionadas muy deficientemente por los sucesivos gobiernos del PP. El agua no es sólo un recurso productivo, es un bien eco-social que hay que preservar sin renunciar al desarrollo y al bienestar. La política del agua ha de considerar al mismo tiempo el valor económico, el valor social y el valor ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad, optimizando su uso. La ecoeficiencia, el ahorro y la reutilización deben ser pilares fundamentales de la gestión del agua. También la información, la participación pública y el consenso social y político entre territorios, sectores económicos, agentes sociales y usuarios será clave en la toma de decisiones, incorporando la perspectiva de todos los posibles planteamientos, sensibilidades e intereses. En este sentido la concienciación ciudadana ha de ser una línea de actuación importante para hacer realidad la aplicación de la nueva cultura del agua impulsada por la UE. La política del agua debe compatibilizar un exquisito respeto medioambiental con una planificación y gestión eficiente del ciclo integral del agua, que ayude a garantizar la cobertura de las necesidades actuales y futuras de este recurso. Objetivos

• Garantizar la suficiencia y la calidad del agua de consumo para toda la población de la Comunidad.

• Garantizar la suficiencia del agua como recurso económico, tanto para el sector agrario (para los regadíos actuales y para los nuevos regadíos) como para el sector industrial.

• Planificar el uso del agua por los futuros desarrollos urbanísticos en el marco del modelo territorial de la Comunidad y de las políticas



233

medioambientales, potenciando las medidas de ahorro y uso eficiente del agua.

• Conseguir un saneamiento integral del sistema hidrológico de la Comunidad. • Cambiar los métodos obsoletos de la gestión del agua, porque la presión

social y los mandatos de las diferentes normativas estatales y europeas, demandan que se apliquen los criterios de lo que se viene a llamar “Nueva Cultura del Agua”

Medidas

970. Plan de Abastecimiento de Castilla y León que controle y mejore el tratamiento del agua para consumo humano y garantice un suministro de buena calidad a todas las poblaciones de la Comunidad, en cooperación con el Estado y las Corporaciones Locales.

971. Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, que permita que

en 2008 el más del centenar de núcleos urbanos de más de 2000 habitantes, que siguen vertiendo irregularmente, tengan sus aguas depuradas. Se incluirá un programa de Saneamiento Integral de los ríos de la cuenca comenzando por sus cabeceras hasta hacer que las aguas del Duero discurran hasta Portugal en un estado químico adecuado.

972. Planificaremos el uso del agua para los futuros desarrollos urbanísticos en

el marco del modelo territorial de la Comunidad y de las políticas medioambientales, potenciando las medidas de ahorro y uso eficiente del agua.

973. Incentivaremos la reutilización de aguas depuradas, o parcialmente

depuradas para usos industriales, de riego y baldeo urbano, con la instalación de las correspondientes redes alternativas de abastecimiento para estos usos aplicando estrictos criterios sanitarios.

974. Realizaremos un diagnóstico e identificación de las zonas urbanas más

amenazadas por inundaciones y avenidas y pondremos en marcha un programa de actuaciones de mejora hidráulica y ambiental de las mismas en cooperación con las Corporaciones Locales.

975. Asumiremos la explotación directa de todas las grandes presas

construidas por la Junta de Castilla y León a los efectos de garantizar que cada una de ellas tenga su clasificación, normas de explotación, plan de emergencia y archivo técnico. Así mismo se ejecutarán las obras de adecuación necesarias, en convenio con los titulares en su caso, y se estudiará para cada una las posibilidades de uso del agua embalsada.

976. Pondremos en marcha un programa de modernización de regadíos,

orientado a la mayor eficiencia de riego, para no sobrepasar en ningún caso dotaciones superiores a 5000 m3/ha, y al incremento de la competitividad agraria con la incorporación de nuevas tecnologías, combatiendo la contaminación del agua.



234

977. Estableceremos un plan de acción sobre las fuentes agrarias de contaminación de nitratos, fósforo y pesticidas, incluyendo formación de los agricultores para la manipulación de sustancias nocivas y peligrosas, fomentando la aplicación de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias.

978. Acometeremos la regeneración de acuíferos contaminados, controlando

los vertidos y filtraciones de restos nitrogenados y el mal uso de fertilizantes y productos fitosanitarios. Antes del 2011 resolveremos, en cooperación con el Gobierno de la Nación, el problema de la contaminación por arsénico del acuífero de los Arenales.

979. Llevaremos a cabo trabajos de conservación y regeneración de las riberas

naturales, con actuaciones de limpieza y retirada de residuos en riberas y márgenes afectados por vertidos y depósitos incontrolados de residuos urbanos e industriales.

980. Protegeremos el rico patrimonio hidráulico que poseemos, conjugando los

valores históricos con los meramente recreativos, haciendo compatibles los diferentes usos.

981. Realizaremos campañas de educación ambiental y concienciación

ciudadana sobre el carácter estratégico del agua y la necesidad de un uso racional y solidario.

982. Crearemos el Consejo del Agua de Castilla y León, como órgano

consultivo y de participación de los usuarios y de las Administraciones públicas implicadas en su gestión.

d) Política Forestal y de Montes Castilla y León posee la mayor superficie forestal de España ocupando el 51% del territorio de la Comunidad autónoma. De los 5 millones de has. de superficie forestal, 3 millones están arboladas, siendo el resto prados, pastizales, matorrales, eriales, roquedos, etc. Los Espacios Naturales protegidos en sus distintas categorías, Parques Nacionales, Parques Naturales, Red Natura 2000, etc., constituyen el emblema de nuestro patrimonio natural. La obligación de mantenerlos, conservarlos y mejorarlos para las futuras generaciones, es compatible con su dimensión como elemento de desarrollo rural, si sabemos explotar todo su potencial para la obtención de mayores ingresos y la creación de más empleo en sus municipios. La biomasa forestal como alternativa energética, el valor de los montes como sumidero de carbono y las aportaciones de protección a la regulación del ciclo del agua son otras tantas dimensiones a poner en valor y a establecer las retribuciones correspondientes. La biodiversidad debe de pasar a ser un valor siempre presente y necesario de preservación y valoración en todas las políticas que realice la Junta de Castilla y León.



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Objetivos Hacer del sector forestal un factor estratégico para el desarrollo de la Comunidad, por sus funciones protectoras sobre el territorio, el ciclo del agua y la protección de la biodiversidad, compatibilizando los criterios conservacionistas del medio con los beneficios indirectos (externalidades) que producen los terrenos forestales. Medidas

983. Aumentaremos la superficie forestal arbolada en 100.000 ha. a lo largo de la legislatura. Siendo todos los montes importantes, tendrán prioridad los incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública, por conformar el dominio público forestal.

984. Incrementaremos el patrimonio público forestal de la Comunidad,

adquiriendo montes privados, fundamentalmente abandonados o situados en lugares estratégicos, para que puedan cumplir con el fin social que necesita Castilla y León.

985. Elaboraremos una Ley de Montes de Castilla y León que regule todas las

competencias en esta materia y establezca un marco administrativo descentralizado, adecuado para que las Entidades Locales propietarias que lo requieran, gestionen sus Montes de Utilidad Pública bajo unas condiciones determinadas. Asimismo se establecerá el marco adecuado para la participación de Ayuntamientos y Juntas Vecinales en la toma de decisiones que les afecten en la gestión de los montes públicos y en el proceso de elaboración de los planes de uso.

986. Pondremos en marcha un programa de uso social de la naturaleza, que

incluirá un catálogo donde se recojan las normas para el uso recreativo y social de los montes de Castilla y León, con especial atención a las Aulas de la Naturaleza, Áreas Recreativas, Zonas de Acampada, catalogación y usos de montes periurbanos, con un distintivo y señalización común.

987. Promoveremos una campaña para dotar a todos los montes de la

Comunidad de su Plan de Ordenación de los Recursos Forestales con la participación de los interesados. Todas las explotaciones forestales deben de tener, ó estar acogidas, a un documento de planificación y gestión, orientadas por el criterio de la sostenibilidad.

988. Promoveremos la concentración parcelaria forestal y la integración de la

gestión de los montes de propiedad privada, que representan el 65% de la superficie total, mediante sociedades gestoras o figuras societarias similares, de modo que estos montes, pese su gran atomización -hay 400.000 propietarios, la mayoría de menos de 3 has., y apenas obtienen rentabilidad-, generen plusvalías y sinergias para el Desarrollo Rural de la zona.

989. Potenciaremos la Certificación forestal y marcas de calidad de productos

naturales, zonas o derivados de productos asentados en los montes.



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990. Estableceremos un programa de biomasa forestal para la utilización de los

restos vegetales de los montes, procedentes de las labores, como recurso energético lo que evitará gran número de incendios, producción de energía limpia y una fuente de ingresos para los propietarios y trabajadores forestales.

991. Fomentaremos y apoyaremos las externalidades de los montes,

estableciendo líneas de ayudas independientemente de la titularidad.

992. Desarrollaremos el turismo de naturaleza, como una forma de generar beneficios, contribuyendo al Desarrollo Rural.

993. Promocionaremos la profesionalización y formación de los trabajadores

forestales, a partir del personal fijo discontinuo, potenciando y estabilizando las plantillas mediante la diversificación de sus cometidos en función de la estacionalidad.

994. Estableceremos planes de mantenimiento y mejora en aquellas zonas en

que no son rentables los aprovechamientos clásicos, y que tienen importancia por sus posibilidades de ocio, paisaje, biodiversidad y otras singularidades. Se garantizará la conservación en todas las zonas que gocen de algún tipo de protección, buscando las compensaciones en el caso de los propietarios privados.

995. Elaboraremos un Plan Especial de Dehesas que, como ejemplo de

multifuncionalidad sostenible, evite su sobreexplotación y fomente los usos agrícolas y ganaderos tradicionales.

996. Propondremos en 2007 la Ley de lucha contra los incendios forestales de

Castilla y León, potenciando las actuaciones de prevención, redactando Protocolos de Intervención que mejoren la gestión y coordinación con las Entidades Locales y los propietarios privados, así como la creación de Parques Comárcales de Extinción en cooperación con las corporaciones locales.

997. La adquisición y contratación de medios materiales para la lucha contra

los incendios forestales se gestionarán con criterios de máxima seguridad y de la mayor eficiencia, apoyadas en las mejores tecnologías.

998. Aumentaremos de una forma notable las inversiones en los 1,7 millones

de has. de montes declarados de utilidad pública, ya que de esta manera se está poniendo en valor el patrimonio forestal y a la vez se establece una transferencia de rentas de todos los contribuyentes hacia el medio rural.

999. Incrementaremos las ayudas técnicas a los propietarios privados, para la

gestión sostenible, transformación y comercialización de sus productos.



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1000. Apoyaremos la investigación sobre la producción y transformación de la

madera y el resto de productos, mejorando las producciones y el valor añadido de los productos transformados por las empresas. Pondremos en marcha un programa de fomento y uso de la madera.

e) Biodiversidad y Espacios Naturales Protegidos Castilla y León por su amplitud, variedad de paisajes (montañas, bosques, prados, campos, ríos,…), climas, etc., tiene una de las mayores riquezas naturales de toda Europa Occidental, que hay que proteger o restaurar allí donde se hayan degradado. Además del valor intrínseco de esta biodiversidad, tanto en lo referido a las especies como a los ecosistemas, es este uno de los mejores y más abundantes patrimonios para el futuro de Castilla y León, que debe servir como motor de nuestro desarrollo. Por otra parte, el estado actual del medio natural es consecuencia de las relaciones que, históricamente, han establecido sus habitantes con la naturaleza y, si se desea conservar ese medio natural, se debe contar necesariamente con las poblaciones locales que año a año, siglo a siglo han desarrollado ese marco para la biodiversidad, teniendo en cuenta, eso sí, que la despoblación y el envejecimiento de amplios espacios rurales pone en riesgo el equilibrio tradicional entre población y territorio. Objetivos

• Conservar la biodiversidad y los espacios naturales protegidos, involucrando a las poblaciones locales en la conservación de la naturaleza, con la garantía de mejora de las condiciones de los núcleos que estén dentro o sean afectados por un Espacio Natural Protegido.

• Buscar un clima de consenso social respecto al medio ambiente que desemboque en la implantación generalizada de una Estrategia de Desarrollo Sostenible que sirva de referente para la acción pública y sea asumida en todos los ámbitos de actividad desarrollista de la Comunidad.

Medidas

1001. Elaboraremos un Plan de Conservación de la Biodiversidad de Castilla y León con el objetivo general de mantener la diversidad biológica, expresada en términos de conservación de hábitats, protección y recuperación de especies vegetales y animales y ordenación de ecosistemas de alto valor. En el marco de este Plan se destacan los siguientes objetivos principales:

• Recuperar los hábitats naturales degradados restableciendo los procesos

ecológicos esenciales.



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• Conservar los hábitats naturales asegurando la permanencia de la diversidad biológica.

• Conservar y recuperar las especies vegetales presentes en la

Comunidad, particularmente las endémicas como parte esencial del patrimonio natural de Castilla y León.

• Conservar y recuperar las especies animales presentes en Castilla y

León, fomentando el respeto por los animales como elemento destacado de los nuevos hábitos de conducta en relación al entorno que nos rodea.

• Adoptar medidas para la conservación "ex situ" de los componentes de

la diversidad biológica, en particular de los recursos genéticos.

• Ordenar los ecosistemas de alto valor, en base a criterios de planificación, gestión sostenible, disfrute ordenado y difusión de su conocimiento.

• Favorecer la integración de la iniciativa pública con la privada, así como

la coordinación interadministrativa, en orden a preservar el patrimonio natural de Castilla y León, teniendo en cuenta los aspectos relativos al patrimonio histórico y elementos etnológicos.

• El seguimiento del Plan se realizará mediante los siguientes indicadores:

o Número de especies de flora y fauna amenazadas por categorías de amenaza.

o Número de aves acuáticas por especies. o Nivel poblacional de especies amenazadas de fauna.

1002. Desarrollaremos y/o potenciaremos Planes Específicos de

Recuperación y Conservación del lobo ibérico, lince ibérico, águila imperial, cigüeña negra, oso pardo y Urogallo. Estableceremos un centro de recuperación de la fauna salvaje en cada provincia.

1003. Pondremos en marcha una Red de centros de investigación, de

recuperación y gestión de ecosistemas, vinculados al mundo de la universidad y de la empresa, incluidas especialmente las empresas de servicios relacionadas con el turismo medioambiental.

1004. Estableceremos medidas orientadas a la conservación de los setos, la

permeabilidad biológica de carreteras y otras infraestructuras y, en general, la ruptura de las principales barreras biológicas existentes.

1005. Estableceremos medidas especiales de cooperación y apoyo a las

entidades locales para la protección de humedales y su recuperación, ordenando los diferentes usos recreativos que se desarrollan en esos medios.

1006. Elaboraremos una Ley de Vías Pecuarias, con el objetivo de su

recuperación como patrimonio público, su uso como vías verdes para favorecer el turismo rural y que sirvan como corredores ecológicos para el mantenimiento de la biodiversidad.



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1007. Potenciaremos la Red de sendas verdes, peatonales y cicloturistas, en

coordinación con las administraciones locales. Restauraremos las vías férreas abandonadas para incorporarlas a esta red, fomentando el uso turístico, recreativo y ecológico mediante planes de visitas de escolares y otros grupos de población, estableciendo planes para la conservación y restauración de esta red.

1008. Redactaremos un Plan Director de la Red de Espacios Protegidos

elaborado con la participación de representantes de todos los Espacios Naturales Protegidos y que sirva para orientar las iniciativas a desarrollar en cada uno de los espacios y determinar las prioridades, estableciendo una distribución de los recursos equitativa y motivada.

1009. Declararemos todos los espacios incluidos en el Plan de Espacios

Naturales de Castilla y León, dotándolos de los preceptivos instrumentos de planificación.

1010. Mejoraremos las dotaciones de infraestructuras, equipamientos y

servicios en los municipios estén dentro, o sean afectados, por un ENP, garantizando que esto no mermará sus posibilidades de desarrollo y calidad de vida.

1011. Incrementaremos la participación de las Entidades Locales y

asociaciones conservacionistas en las Juntas Rectoras de los espacios naturales protegidos, para que sean, al menos, el 50% de los integrantes de dichos órganos.

1012. Extenderemos la figura de Zona Natural de Esparcimiento a parques

periurbanos, que conformen espacios naturales de uso y disfrute público, cercanos a los grandes núcleos de población como medio para garantizar la conservación de elementos y paisajes singulares.

1013. Propugnaremos el inicio de una nueva etapa para el Parque Nacional de

los Picos de Europa, basada en una colaboración leal de las tres Comunidades implicadas y el Gobierno de la Nación, para impulsar la redacción y ejecución de los planes y programas pendientes con la dotación suficiente de medios económicos.

1014. Aceleraremos la declaración del Espacio Natural de la Sierra de

Guadarrama en colaboración con todas las administraciones implicadas (central, autonómicas y locales) estableciendo las medidas preventivas necesarias con el fin de evitar las continuas agresiones, especialmente urbanísticas, que está sufriendo este privilegiado y abandonado espacio.

1015. Iniciaremos un proceso de consulta técnica, abierto a la participación

ciudadana, para completar el catálogo de LICS, ZEPAS, zonas húmedas y parajes protegidos para que la Red Natura 2.000 alcance su pleno desarrollo en colaboración con las entidades locales y agentes sociales a través de procesos ampliamente participativos y consensuados.



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1016. Dirigiremos los Fondos Estructurales, el de Cohesión y el Instrumento financiero LIFE, hacia objetivos más medioambientales, incrementando al nivel medio europeo los presupuestos de inversión de la Consejería de Medio Ambiente, que ahora impiden cualquier planteamiento coherente.

1017. Crearemos un fondo especial para el desarrollo de un Programa de

Adquisición de Terrenos de Interés ambiental.

1018. Paralizaremos todos los proyectos urbanísticos especuladores en espacios protegidos como los impulsados por el gobierno del PP (Ciudad del Golf en Navas del Marqués, Ciudad del Medio Ambiente en Soria, macrourbanización de Villanueva de Gómez-Ávila, etc.).

f) Caza y Pesca La caza y la pesca son actividades tradicionales -el primer oficio que ejerció el hombre en la tierra- que tienen una gran importancia humana, económica y social en Castilla y León. La riqueza y variedad paisajística de nuestros ecosistemas se refleja en estas actividades, ya que los escenarios naturales de Castilla y León donde se practican la caza y la pesca son múltiples y atractivos, quizás de los más notables de la geografía española. Nuestra Comunidad tiene lugares donde existen y se pueden pescar todas las especies fluviales, pero no se puede esconder que estos lugares constituyen un sistema natural frágil, que exige grandes cautelas en su gestión y conservación. Lo mismo puede decirse de la caza, ya que podemos encontrar una amplia fauna, en una gran diversidad paisajística y territorial. Pero no se puede ignorar la situación problemática por la que atraviesan estas dos actividades, consecuencia de la gran contaminación en todos los ríos de la Comunidad, en el caso de la pesca, y del uso generalizado de productos químicos y el laboreo intensivo, pasando por los problemas sanitarios y de epizootias, hasta la quizá excesiva presión cinegética en el caso de la caza. En suma estamos ante unos recursos con limitaciones claras a la extracción o presión continua. Objetivos

• El binomio caza - pesca y conservación es inseparable, lo que requiere que ambas actividades se puedan ejercer, pero siempre en el contexto de que la conservación de las especies y sus ecosistemas es un objetivo prioritario.

• El aprovechamiento, por todo lo dicho, ha de ser sostenible, lo que no quiere decir que se minusvalore su importancia económica y social.

• El protagonismo esencial de la gestión de la caza y la pesca corresponde principalmente a los cazadores y pescadores, con el control y seguimiento por parte de la Administración Autonómica y con la participación y



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concurso de otros sectores sociales, por ejemplo, las asociaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza que han de concurrir activamente en todo el proceso.

Medidas

1019. Elaboraremos una Nueva Ley de Caza que garantice el principio de conservación de las especies, y que establezca la caza como un derecho publico y dé mayor implicación en su gestión a los propietarios de los terrenos.

1020. Fomentaremos e incentivaremos la creación de Cotos Municipales de

Caza con el propósito de dar respuesta a la demanda local.

1021. Priorizaremos la conservación de las especies protegidas, en los territorios donde coexisten con poblaciones cinegéticas.

1022. Estableceremos un Programa de Control Poblacional y Epidemiológico

de las poblaciones cinegéticas.

1023. Crearemos la figura de Guía de Caza, nueva actividad que supondrá una oportunidad de empleo ligada a los recursos naturales que, por otro lado, permitirá una mayor dedicación de la guardería a labores directamente relacionadas con la conservación del medio natural, la vigilancia ambiental y la lucha contra el furtivismo.

1024. Desarrollaremos reglamentariamente la Ley sobre Protección de los

Ecosistemas Acuáticos y Regulación de la Pesca en Aguas Continentales basada en la restauración y protección estricta de los cauces naturales, limitando todo uso que amenace la calidad del agua o los procesos biológicos en el medio fluvial, incrementando así la capacidad productiva de los ríos.

1025. Realizaremos un control estricto de las repoblaciones, potenciando

las especies autóctonas; lo que implicará también que las inversiones en las piscifactorías de la administración vayan dirigidas a la recuperación de esas poblaciones autóctonas.

1026. Fomentaremos la participación de los pescadores en la gestión a

través del Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales, haciéndoles partícipes de la protección de los ríos y de su uso sostenible.

1027. Suscribiremos convenios con asociaciones de cazadores y

pescadores, para la organización de cursos de formación a los usuarios de cara a una mejor conservación y gestión del recurso.



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g) Residuos La gestión de los residuos en Castilla y León sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la gestión medioambiental. Prueba de ello es que, cuando la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen elaborados sus planes específicos de gestión de residuos hace años, y actualmente están en fase de evaluación de los mismos, en Castilla y León se está empezando ahora a elaborar normativas al respecto. Objetivos

• Planificación Integral de Residuos, incluido la de Industriales, que contemple aspectos tan importantes como la prevención de residuos, la ubicación de las infraestructuras, el fomento de la investigación en materia de residuos y la realización de estudios, estadísticas y bases de datos.

• Invertir la tendencia creciente de generación de residuos debido al incremento del consumo.

• La implantación generalizada de la recogida selectiva en origen, especialmente de la materia orgánica. Este aspecto es crítico, ya que la materia orgánica tiene un potencial de aprovechamiento muy alto en forma de biogás o compost.

• La eliminación urgente de los basureros ilegales. Existen 708 vertederos inventariados, de los que solo se han sellado aproximadamente el 20%.

• Reducción, reciclaje y reutilización de los residuos de todo tipo producidos en la Comunidad, mediante la aplicación de políticas que ayuden financiera y técnicamente a los productores de estas materias y consigan la concienciación de todos los sectores implicados.

Medidas

1028. Elaboraremos un Plan Integral de Residuos de Castilla y León, acordado con los agentes económicos, sociales, institucionales y medioambientales, que fomente la aplicación, en cada caso, de las mejores tecnologías disponibles de reducción, reutilización y reciclado. Este Plan incluirá la programación de los residuos de todo tipo: urbanos, industriales, peligrosos, construcción y demolición, electrónicos, neumáticos fuera de uso, comerciales, agrícolas y ganaderos.

1029. Elaboraremos un Mapa de centros de tratamiento de residuos,

plantas de transformación y vertederos, centros de recogidas especiales, cumpliendo estrictamente la normativa ambiental y las Agendas 21, con la definición consensuada de los criterios de localización más idóneos.

1030. Promoveremos convenios de colaboración y acuerdos voluntarios

con los principales agentes productores de residuos, para reducir su generación y limitar sus impactos.



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1031. Potenciaremos los foros de participación sobre la gestión de Residuos, fundamentalmente los peligrosos, en los que tengan cabida las organizaciones empresariales, sindicales, ecologistas y de consumidores.

1032. Articularemos, en el marco de las competencias autonómicas,

medidas de apoyo que promuevan la prevención y la aplicación de tecnologías limpias, la sustitución de tecnologías obsoletas y la concesión de ayudas económicas para las empresas que implanten las Mejores Técnicas Disponibles.

1033. Modificaremos la Ley y el Reglamento de Auditorias Ambientales,

para promover el cumplimiento de los objetivos de reducción fijados para los grandes productores de residuos peligrosos, hacia quienes se debe extender la obligatoriedad de realizar dichas auditorias.

1034. Crearemos el Inventario de Residuos Peligrosos de Castilla y León,

que permita tener una información real de los datos de generación y gestión de estos residuos, cantidades, tipo y origen de estas sustancias para la gestión más adecuada.

1035. Reforzaremos la Inspección en materia de Residuos Peligrosos,

ampliando los medios humanos y materiales de los servicios técnicos de inspección.

1036. Crearemos una Oficina Técnica que coordine la validación de los

Informes Ambientales previstos por la Ley y proporcione a las empresas y sectores industriales asistencia técnica para poner en marcha los cambios tecnológicos precisos para cumplir los objetivos de prevención.

1037. Aplicaremos el principio de proximidad y responsabilidad de la

gestión de los residuos peligrosos, en el ámbito en que se generan, promoviendo su reutilización, reciclado y, en el último de los casos, almacenamiento temporal "in situ" hasta que los avances científicos y técnicos permitan una solución distinta al simple vertido al aire o al suelo.

1038. Promoveremos iniciativas de I+D+i en colaboración con

Universidades y Centros de Desarrollo Tecnológico, que vayan expresamente dirigidas a la prevención, aplicada a empresas, sectores y flujos de residuos concretos.

1039. Publicaremos anualmente los resultados de las declaraciones que

tienen que realizar los productores de residuos peligrosos (o inventario actualizado de los mismos) por empresas, localidades y tipos de residuos.

1040. Fomentaremos el mercado de los materiales procedentes del

reciclado, con la aplicación de instrumentos económicos de discriminación positiva en favor del uso de materiales procedentes del reciclado y la obligación de emplear estos materiales en sustitución de los de primer uso en determinados sectores, en particular en las obras públicas y actividades de las Administraciones Públicas (compras verdes).



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1041. Pondremos en marcha, con carácter de urgencia, un Programa de Sellado y Eliminación de Basureros y Vertederos Incontrolados. Eliminaremos los vertederos ilegales de Neumáticos, adoptando soluciones que cuenten con el aprovechamiento ecológico del residuo, dando prioridad a la reutilización y el reciclado sobre la incineración, en cumplimiento del Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso.

1042. Exigiremos por ello a las empresas de obras públicas y

mantenimiento de obras públicas que incorporen materiales procedentes del reciclado de neumáticos, como el polvo de caucho, para la construcción o renovación de infraestructuras viarias en la comunidad.

1043. Promoveremos la reutilización de materiales y productos y el cambio

de hábitos en el consumo, orientado a la minimización mediante campañas dirigidas a empresas y administraciones públicas.

1044. Implicaremos, mediante campañas informativas y formativas, a todos

los sectores de la población en la concienciación y la necesidad de realizar la Recogida selectiva en origen de los residuos domésticos, así como a la minimización y prevención de todo tipo de residuos.

1045. Daremos una importancia fundamental a los programas de I+D+i

para promover mejoras en las técnicas de compostaje y biodigestión. h) Contaminación Atmosférica La salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente. Por poner tres ejemplos, cada uno de nosotros respiramos el aire que nos rodea, ingerimos todo tipo de sustancias junto con nuestros alimentos o sufrimos el ruido de las ciudades. Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho fundamental de la ciudadanía. Está sobradamente demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente. Uno de los principales problemas medioambientales que afecta a la comunidad es la contaminación atmosférica en grandes núcleos de población y en la cercanía de determinadas instalaciones industriales. La superación de los límites legales de contaminación se produce en diversas poblaciones de Castilla y León reiteradamente, responsabilidad imputable al Gobierno del PP al ser la administración encargada de gestionar la calidad del aire en el territorio. Objetivo Garantizar la calidad del aire a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, con políticas que prioricen la salud de las personas y creen los mecanismos para que la información sobre contaminación sea accesible a toda la sociedad en tiempo real y también se arbitren soluciones en tiempo real.



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Medidas

1046. Implantaremos un sistema de información ciudadana, en tiempo real, del estado de la contaminación medioambiental, en las zonas más críticas de la Comunidad, con acceso mediante la web oficial.

1047. Crearemos protocolos que trasladen de forma rápida y eficaz la

información de las estaciones de medición de la calidad del aire a todos los Ayuntamientos y Consejos Comarcales, a las Delegaciones Territoriales, al Departamento de Sanidad, a Protección Civil, al Centro de Emergencias de Castilla y León, a las Diputaciones Provinciales, a los centros de análisis y a los diferentes medios de comunicación.

1048. Implantaremos sistemas que controlen, en las zonas más críticas, el

nivel de concentración de las partículas PM2,5 (menores de 2,5 µm) ya que todos los estudios de la OMS señalan que es la fracción de partículas que causan mayor daño y las más peligrosas para la salud de las personas, en particular para las que tienen problemas respiratorios.

1049. Integraremos la calidad del aire en políticas sectoriales como la energía,

transporte, urbanismo y sector residencial.

1050. Crearemos un Observatorio de la Movilidad Autonómica, como instrumento para impulsar un transporte urbano sostenible y una herramienta más para el control de las emisiones debidas al tráfico. (Cambio climático / medida 4.)

1051. Pondremos en marcha un programa de Lucha contra la contaminación

odorífera para dar respuesta a este grave problema y asistencia técnica a los Ayuntamientos, ya que el 30% de las denuncias medioambientales que reciben son por malos olores.

i) Contaminación Acústica El ruido es el principal motivo de queja en España y afecta al 25% de los hogares, situándose por delante de otras formas de contaminación según el Informe anual del Defensor del Pueblo. El gobierno del PP apenas ha intervenido en este grave problema y no ha establecido medidas complementarias a la Ley de Ruido estatal (Ley 37/2003, de 17 de noviembre) para la protección y control de la contaminación acústica. Los Ayuntamientos tienen competencias y funciones de vital importancia, ya que son los que delimitan las áreas acústicas e integran éstas en el planeamiento urbanístico municipal.



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Objetivos

• Garantizar un control exhaustivo sobre el ruido en la Comunidad con acciones efectivas de supervisión y prevención, aportando los medios técnicos y humanos necesarios en apoyo a los Ayuntamientos.

Medidas

1052. Mejoraremos la coordinación entre las distintas administraciones públicas responsables de la elaboración de mapas estratégicos de ruido, con el fin de que se garantice la homogeneidad y coherencia de los resultados y se eviten duplicidades innecesarias en la elaboración de los planes de acción.

1053. Ofreceremos ayuda económica y asistencia técnica a los municipios

que deban realizar Mapas de Ruido y no dispongan de los medios técnicos y humanos necesarios.

1054. Crearemos una Mesa con la participación de la Federación de

Municipios y Provincias, agentes económicos y sociales, asociaciones de consumidores y representantes vecinales, con el objeto de realizar el Mapa del Ruido de Castilla y León, identificando las fuentes del ruido y las zonas más sensibles, para tomar las medidas de carácter general que permitan eliminar o, al menos aminorar, esta forma grave de contaminación.

1055. Crearemos un Registro de datos en materia de ruido: número de

denuncias, infracciones acumuladas por empresas, locales de ocio y recreativos, etc. habilitando los medios telemáticos necesarios para que la información llegue a la población, en tiempo real, y su comprensión sea sencilla.

j) Contaminación Lumínica Se considera contaminación lumínica a la luz que no es aprovechada para iluminar el suelo y las construcciones. Los efectos de la contaminación lumínica son, al menos, de tipo económico, cultural y ambiental. El consumo energético del alumbrado público representa, a escala municipal, aproximadamente el 50% del gasto energético total. La contaminación lumínica produce destrucción del paisaje celeste, patrimonio a cuyo disfrute tienen derecho las generaciones futuras tal como han puesto de manifiesto instituciones como la UNESCO o la Unión Astronómica Internacional. Proteger de la contaminación lumínica a los espacios naturales y a la fauna, tiene efectos directos sobre la vida silvestre, que ven alteradas sus costumbres y hábitos nocturnos.



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Objetivo Controlar la contaminación lumínica de tal forma que nos permita valorar el estado natural del paisaje y la noche, preservar la biodiversidad y ayudar al cumplimiento de los objetivos de Kyoto, mediante el ahorro energético que se produce con una mayor eficiencia y seguridad de las instalaciones de iluminación exterior. Medidas

1056. Elaboraremos la Ley contra la contaminación lumínica de Castilla y León, que regule la iluminación de las vías de tránsito de vehículos y viandantes, actividades industriales, comerciales y de servicios, seguridad, fachadas de edificios y de monumentos, rótulos luminosos e iluminación ornamental, para lograr la mayor eficiencia lumínica con la utilización de las tecnologías más optimas.

1057. Crearemos una oficina técnica de asesoramiento a los Ayuntamientos y

particulares para la regulación ambiental de las instalaciones de alumbrado exterior, con el objeto de reducir la contaminación lumínica que pueden generar.

k) Contaminación Electromagnética Cuando hablamos de contaminación electromagnética nos referimos a la contaminación producida por las radiaciones electromagnéticas (REM). El desconocimiento y temor sobre las radiaciones es evidente ya que, aunque las informaciones negativas se centran casi exclusivamente en la telefonía móvil, lo cierto es que los campos electromagnéticos forman parte de nuestra vida cotidiana: tendidos de alta y media tensión, subestaciones y transformadores eléctricos, antenas de emisoras de radio y televisión, radares, sistemas de comunicación por satélite, antenas de comunicación por radio, electrodomésticos (microondas, ordenadores, calefactores, teléfonos inalámbricos, vitrocerámicas, pantallas de televisión, etc.), e instalaciones industriales de distinta índole. Todas estas fuentes de radiación están relacionadas con el progreso y la forma de vida del siglo XXI, y difícilmente una sociedad moderna renunciará a ellas. Hoy día es impensable vivir sin energía eléctrica, sin electrodomésticos o sin sistemas de comunicación. Los posibles efectos perjudiciales de las REM sobre la salud humana es uno de los temas más polémicos y más debatidos de los últimos años y de los que más preocupan a los ciudadanos. No existen hasta el momento evidencias científicas que demuestren la relación entre las REM y enfermedades como el cáncer. La investigación, como en cualquier campo de la ciencia, debe continuar abierta y en consecuencia se debe aplicar el principio de precaución. La masiva instalación de antenas de telefonía (fija y móvil), que ya suponen un problema de ubicación, unida a las irregularidades urbanísticas que afectan a numerosas instalaciones, la ausencia de licencia ambiental o licencia municipal de apertura en muchos de los casos, hacen que la Junta de Castilla y León tenga que intervenir en el ámbito de sus competencias en medio ambiente y salud.



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Objetivo • Aplicar el principio de precaución en las instalaciones susceptibles de ser emisoras de radiaciones electromagnéticas y armonizar la implantación de las nuevas tecnologías con la salud de los ciudadanos. Medidas

1058. Elaboraremos un procedimiento administrativo de referencia para el despliegue de infraestructuras de radiocomunicaciones que normalice, facilite y agilice la tramitación administrativa necesaria para llevar a cabo dicho despliegue.

1059. Colaboraremos con los Ayuntamientos en las competencias que

tienen asignadas, para tener un procedimiento de instalación de infraestructuras más rápido y flexible.

1060. Revisaremos y actualizaremos las normas específicas para regular los

requisitos y el procedimiento de instalación de las estaciones base de telefonía móvil en toda la Comunidad Autónoma, para proporcionar seguridad jurídica a operadores, ciudadanos y a la propia Administración.

1061. Incluiremos en la normativa específica, que regula la instalación de

infraestructuras, la obligación de los operadores a la presentación previa de un Plan de Implantación Territorial de Infraestructuras que incluya el uso compartido de instalaciones entre los distintos operadores.

1062. Crearemos, en colaboración con los Ayuntamientos, un Mapa de

zonas sensibles de Castilla y León, en las que la implantación de estas instalaciones esté sometida a criterios más rigurosos.

1063. Implantaremos un sistema de medición de la radiación

electromagnética de las estaciones base. Estas mediciones serán públicas en tiempo real a través de la página web oficial.

1064. Crearemos un registro público de antenas y un mapa de la

Comunidad que recoja cada una de las instalaciones existentes y los datos de emisión registrados en la misma, accesible a través de página web.

1065. Realizaremos campañas formativas e informativas sobre las

infraestructuras de telefonía móvil para mitigar la animadversión social que existe ante las antenas. De igual forma realizaremos campañas informativas sobre el uso racional de los teléfonos móviles.



249

27.- Un modelo energético de futuro El acceso a la energía es un también un derecho de ciudadanía. Porque las posibilidades de desarrollo económico están ligadas a accesos a fuentes de energía estables y sostenibles. Castilla y León aporta casi el 15% de toda la energía de España, con unos excedentes en su balance energético de dos terceras partes de su producción. Son especialmente importantes las producciones de energía primaria en forma de carbón, hidráulica y eólica. Aún así, Castilla y León puede mejorar su producción de energía con la incorporación decidida a nuestra cesta energética de los biocarburantes y las energías limpias, además de mantener el valor estratégico del carbón con la incorporación de nuevas tecnologías que limiten significativamente las emisiones derivadas de su combustión. El impulso a los biocarburantes, como propuesta emprendedora que puede constituir nuevos y buenos yacimientos de empleo y fijar, por el cultivo de materias primas indispensables, más población en nuestro núcleos rurales, precisa una correspondencia del gobierno de España en la aprobación de normativa clara sobre producción y utilización de estos combustibles. En una Comunidad como la nuestra con grandes problemas de despoblación, el fomento de las energías renovables, en todos sus aspectos de producción, distribución, desarrollo de instalaciones generadoras e investigación, puede suponer un gran motor para el empleo de calidad de técnicos e investigadores en el mundo rural. En la actualidad la energía eléctrica de origen hidráulico representa un 22 % de la producción energética de la Comunidad. No es, por tanto, necesaria la construcción de grandes centrales ligadas a obras hidráulicas, ni aconsejable desde argumentos sociales o medioambientales. No hay tampoco margen para nuevas centrales minihidráulicas (<10MW), teniendo en cuenta su severo impacto medioambiental. En el marco de la estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético, Castilla y León debe apostar por el mantenimiento del carbón, sector productivo tan importante en el Bierzo, Laciana, la montaña central de León o la palentina, como Energía Estratégica Autonómica y Nacional complementada por el gas natural y por las energías renovables. La producción de carbón actual de Castilla y León representa el 40% del carbón autóctono del país y ocupa a una población minera equivalente al 35% del total nacional. Hay que apostar decididamente por el carbón, y porque éste contamine menos. Castilla y León, a partir del Centro de Investigación en Oxicombustión, instalado en el Bierzo, debe estar a la vanguardia mundial en investigación sobre la reducción de la contaminación del carbón.



250

La minería del carbón en España está sometida actualmente al “Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras”. Este Plan de carácter integral reconoce la necesidad de estabilizar la actividad del sector en niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el abastecimiento energético. El Plan contempla entre sus prioridades el respeto al medio ambiente, el fomento de la I+D+i, la mejora de la calidad de vida en las comarcas minera y la creación de empleo juvenil en las mismas. La normativa estatal en materia energética atribuye a las Comunidades Autónomas notables competencias, tanto en lo que se refiere a la producción, distribución y transporte, como en protección medioambiental y tutela de los derechos de consumidores. Castilla y León necesita, por ello, un modelo energético solidario, respetuoso con nuestro patrimonio natural, que ayude a la mitigación del cambio climático. Y que garantice un suministro de calidad y a precios asequibles a todos los ciudadanos de carburantes, gas y electricidad. Castilla y León, surcada por miles de kilómetros de líneas de transporte eléctrico que llevan su excedente de energía al noroeste de España y a la Comunidad de Madrid, está soportando el coste medioambiental y social que produce esta situación sin contrapartidas solidarias compensadoras. Nuestra Comunidad ha sido ajena a la preocupación general por la conciliación entre los recursos naturales, desarrollo económico y la eficiencia energética. Esta situación debe ser reconducida desde otro gobierno al frente de la Comunidad, con políticas que fomenten el ahorro y la eficiencia energética, además de proyectos de I+D+i que nos den la capacidad de desarrollar tecnologías punteras e industrias de componentes para los sistemas de transporte energético y producción de energías renovables -eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa y biocombustible-, sin olvidar el fomento de tecnologías limpias para las centrales térmicas de la Comunidad. Pretendemos hacer de Castilla y León un referente tecnológico en producción y distribución de energía, con el consiguiente beneficio económico y social en forma de empleos de calidad y desarrollo de las zonas más deprimidas de la Comunidad. Objetivos

• Garantizar la calidad en el suministro de energía en todo el territorio de Castilla y León a un coste competitivo y con un impacto ambiental razonable.

• Desarrollar el potencial de la Comunidad en materia de energías limpias, tanto en potencia instalada, como en investigación, desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, que hagan de la Comunidad un referente.

• Extender la red de gaseoductos por toda la Comunidad. La garantía de suministro del gas natural es imprescindible para la instalación de



251

determinadas empresas y, por tanto un factor de crecimiento económico y de empleo.

• Fomentar las nuevas tecnologías aplicadas al proceso de combustión de las centrales térmicas, para mejorar su eficacia en cuanto a rendimiento y control de emisiones, principalmente gases de efecto invernadero, facilitando así el mantenimiento del sector del carbón.

• Fomentar el ahorro y la eficiencia energética como elemento fundamental para el desarrollo económico de la Comunidad. Sólo lograremos un desarrollo sostenible, si el crecimiento económico es superior al incremento del consumo energético.

Medidas

1066. Plan de Ahorro y Eficiencia Energéticos de Castilla y León: la reducción de la demanda energética en los edificios es la medida básica y más eficaz para reducir las emisiones. Tal reducción se impulsará mediante el ahorro de consumo energético, por un lado, y por otro, considerando a las energías renovables como la alternativa energética del futuro. Potenciaremos el Ente Regional de la Energía (EREN) como elemento dinamizador del ahorro y eficiencia energética.

1067. Nuevo Plan Energético de Castilla y León: se elaborará antes de

finales del año 2007, con vigencia hasta el año 2015 y revisión en 2011.

1068. En él se regularán la producción de energía en la Comunidad y los objetivos y estrategias para el desarrollo de cada una de las fuentes generadoras, estableciendo como prioridades la eficiencia energética y el uso racional. Para su elaboración se contará con los agentes económicos y sociales del sector, con las instituciones y con el conjunto de la sociedad de Castilla y León.

1069. Desarrollaremos un Plan de Energías Renovables de Castilla y León,

con horizonte de 2015, que trate a éstas realmente como fuentes alternativas y no acumulativas, con el objetivo de un incremento anual de su participación en la producción total de la Comunidad, hasta alcanzar 10.000 GWh en 2015. Contemplará los siguientes aspectos:

a) Especial atención a la producción de energía a partir de la biomasa,

tanto de residuos, desechos animales, como de masa vegetal, que constituyen una importante alternativa agroenergética a la diversificación productiva del mundo rural.

b) Fomento de la producción de biocarburantes como estrategia

complementaria para la reactivación de la economía del mundo rural, no sólo por el cultivo de las plantas energéticas, sino por la implantación en estas zonas de las instalaciones productoras de biocombustibles, y de las empresas distribuidoras. El objetivo para el año 2011 es una producción de 500.000 tep. Y para 2015, de 750.000 tep.



252

c) Incentivaremos el uso de los biocarburantes, tanto por los agricultores como por los gremios de transportistas de la Comunidad. Todos los vehículos de la Junta de Castilla y León utilizarán al final de la legislatura este tipo de combustible.

d) Ordenación del sector Eólico, para evitar la proliferación de parques

allí donde su impacto medioambiental no sea asumible y ordenar su distribución en el conjunto de la Comunidad. Pretendemos aumentar la potencia instalada en el horizonte de 2011 en 3.000 MW.

e) Se tendrán en cuenta, de manera especial, ayudas e incentivos para

la instalación en la Comunidad de empresas especializadas en el diseño y fabricación de instalaciones para energías renovables: Fabricantes de aerogeneradores, de placas fotovoltaicas, de colectores solares, etc.

f) Estableceremos, dentro del Plan, el Fomento de la Energía Solar

Fotovoltaica con el objetivo para el año 2015 de 100 MWp de potencia instalada.

g) Se promoverá la investigación aplicada sobre energía solar térmica y

se incentivará su expansión.

h) Impulsaremos la investigación y utilización de las pilas de combustible y otras posibles aplicaciones del hidrógeno.

i) Estableceremos la financiación de las actuaciones municipales,

individuales o mancomunadas, que tengan como objetivo la puesta en marcha de energías renovables y programas de gestión de la demanda.

j) Se establecerán los certificados de eficiencia y ahorro energéticos en

las industrias, servicios y en el sector de la vivienda.

k) Desarrollaremos un Plan de Fomento de I+D+i en tecnologías de energías renovables, con la cooperación de las universidades y los principales agentes del sector, con el objetivo de crear un tejido industrial que sirva de base para el desarrollo de una industria potente exportadora de instalaciones y tecnologías.

l) El Plan contemplará la creación de un Instituto de Investigación

Energética, ligado a la Fundación de la Ciudad de la Energía, que concentre los esfuerzos de Innovación Tecnológica en aspectos estratégicos definidos en el Plan de Energía.

1070. Revisaremos la normativa de Castilla y León en materia de

restauración de espacios afectados por extracciones mineras e instalaciones energéticas mejorando los criterios y aumentando las exigencias.



253

1071. Se presentará una Ley sobre Calidad y Consumo de Energía que

garantizará los derechos de los usuarios. Definirá, además, los medios para controlar la calidad en el suministro y las posibles intervenciones de consumidores y usuarios en defensa de sus intereses. En especial abordará las interrupciones de suministro, acometidas y servicios, la calidad de las instalaciones y de las infraestructuras y el correspondiente régimen de infracciones, sanciones y compensaciones a los usuarios a través de una reducción de la facturación.

1072. Exigiremos a las empresas suministradoras unos índices de calidad

medidos en minutos de interrupción (no en horas, como sucede actualmente). Asimismo, se fijarán las obligaciones, por razones de interés autonómico, en torno a la producción y distribución de energía en la Comunidad. Se establecerá una cobertura obligatoria de la demanda conforme a la capacidad instalada, para asegurar el abastecimiento energético.

1073. Desarrollaremos el Mapa Medioambiental de Castilla y León

definiendo las zonas y ámbitos de la Comunidad que puedan admitir nuevas instalaciones dedicadas a la producción o transporte de energía y las que deban excluirse por razones medioambientales o de protección del patrimonio cultural. También deben revisarse las actuales instalaciones con la finalidad de proceder a su adaptación o modernización, cuando su evaluación de impacto sobre el medio así lo aconseje. La Planificación de las Infraestructuras incluirá en la evaluación estratégica ambiental su incidencia en el medio ambiente en términos de CO2.

1074. Impulsaremos la construcción en León de una de las dos centrales

eléctricas sostenibles de nueva generación a base de carbón que España ha solicitado a Bruselas, el marco de la nueva estrategia energética impulsada por la UE, que pondrá en marcha doce plantas de este tipo antes de 2015, con una inversión de más de 5.000 M€.

1075. El gas natural constituye un vector de desarrollo y una necesidad

social y por ello impulsaremos la ampliación de la red gasista, asumiendo como gasto público posibles déficits de explotación que pudieran generarse a las empresas gasísticas. El gas natural tiene que estar a disposición de todos los castellanos y leoneses. Por tanto, necesitamos más gaseoductos de transporte y de distribución ya que la planificación “capilar” de las redes debe adecuarse a las peculiaridades del territorio y a la dispersión de la población.

1076. En este sentido, nuestro Mapa del Gas contempla la conexión de

Ponferrada con Galicia; el tendido de gaseoductos desde Zamora y Salamanca a las regiones norte y centro de Portugal; la inclusión de Ávila en la red gasista de Castilla y León, con un nuevo trazado desde Segovia y/o Arévalo y los enlaces Medina del Campo- Arévalo y Salamanca-Peñaranda de Bracamonte, entre otros.



254

1077. Desarrollaremos programas de ahorro y eficiencia energética y

campañas de concienciación social. Es muy importante que empresas y ciudadanos asuman la relación directa entre protección medioambiental, desarrollo sostenible y calidad de vida. Ello implica perfeccionar el programa de auditorias ambientales en el apartado relativo a la eficiencia energética, con medidas transversales en ordenación del territorio, transporte, urbanismo y consumo.

1078. Aplicaremos progresivamente en los edificios e instalaciones de la

Junta de Castilla y León (o que reciban financiación de ésta), criterios de máxima eficiencia energética, mediante sistemas de energía solar térmica y fotovoltaica, sistemas de aislamiento y ahorro de energía, uso eficiente del agua, técnicas de arquitectura bioclimática y un máximo aprovechamiento lumínico.

1079. Impulsaremos el “Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón

2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras”, como herramienta adecuada al mantenimiento del sector del carbón en la Comunidad.

1080. En este sentido aprobaremos la Ley de Actuación Minera 2007-

2012, que pondrá a disposición de las comarcas y municipios mineros un fondo de 100M€ al año para actuaciones de carácter adicional al Plan Nacional y a la propia actuación de la Junta de Castilla y León.

1081. Crearemos, también, el Instituto para el Desarrollo de las Comarcas

Mineras, con sede en Ponferrada, que gestionará directamente todos los fondos económicos públicos para el desarrollo de las zonas mineras. El Instituto gestionará tanto los recursos provenientes de la Ley de Actuación Minera 2007-2012 como todos aquellos fondos que sean susceptibles de adscribirse al Presupuesto de la Comunidad.

1082. Potenciaremos el Museo Nacional de la Energía, que se ubicará en el

Bierzo.

1083. Fomentaremos la aprobación de programas integrales de desarrollo para las comarcas mineras, concertados con los agentes sociales e institucionales. En este sentido, aprobaremos en 2007 la extensión a cada hogar de la comarca de Laciana de banda ancha con la tecnología que resulte más apropiada (Fibra Óptica, Wimax, etc.). Antes de 2009 todas las comarcas mineras de León y Palencia habrán generalizado el acceso a Internet.

1084. Apoyaremos desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León el

Centro de Investigaciones Avanzadas para la Captura y Almacenamiento de CO2, de Cubillos del Sil, así como la Ciudad de la Energía, Centro de investigación y formación de investigadores y técnicos en Ponferrada.



255

Área 5

Una economía solvente y competitiva para la

cohesión



256

28.- Diagnóstico Económico El Gobierno de España presentó a finales de 2005 un Programa Nacional de Reformas en el que planteaba alcanzar en 2010 la convergencia plena en renta per-cápita y la superación en dicho año de la tasa de empleo europea. Ambos objetivos configuran el escenario que define la actual coyuntura de nuestra Comunidad Autónoma, caracterizada por una importante atonía en comparación con la nacional en cuanto a la actividad y a la ocupación, y por una desfavorable trayectoria demográfica, que, por otra parte, genera la ficción de incrementar la renta per capita y la tasa de empleo, maquillando una realidad económica en franco deterioro relativo.

a) Actividad económica Una de las características de nuestra actividad económica es su menor crecimiento que la nacional. Dicho fenómeno de pérdida de peso de la actividad productiva de CyL se ha seguido dando a lo largo del actual mandato del PP (En 1987 el PIB autonómico suponía el 6,32 por ciento del total nacional, mientras que en 2006 representa tan sólo el 5,39 por ciento).

FIGURA 1 Peso en % del PIB de Castilla y León en el total nacional. Fuente INE

En este sentido, todos los indicadores muestran el estancamiento relativo de la actividad económica en lo que va de legislatura, destacando por encima de todos el Índice de Producción Industrial. Las cifras de evolución del IPI son netamente inferiores a las nacionales, con crecientes diferenciales desfavorables a la Comunidad Autónoma (cuadro 1). El Índice de Producción Industrial de Castilla y León se ha desplomado en 2006

Cuadro 1

2003 2004 2005 2006Castilla y León 5,1 1,5 1,1 -6,5Nacional 1,6 1,8 0,1 3,7

Diferencial 3,5 -0,3 1,0 -10,2Fuente: INE

Indice de Producción Industrial 2003-2006Variación de la media de enero a diciembre

5,45

6.32

1987 2002 2006

5,39



257

b) Población Al margen de la actividad productiva, la supuesta convergencia en cuanto a renta per-cápita se debe al crecimiento más lento de la población de la Comunidad Autónoma. Un fenómeno que sufre Castilla y León desde hace décadas, y que sigue manteniéndose en los últimos años (cuadro 3). Así, hemos pasado de un porcentaje del 6,69 por ciento en 1987 hasta un 5,64 por ciento en 2006. Un descenso ininterrumpido que no se ha corregido en la presente legislatura.

Figura 2 Peso (en %) de la población de Castilla y León en el

total nacional. Fuente: INE

6,69

5,825,64

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

1987 2003 2006

La pérdida de peso demográfico se acentúa si se analiza la población joven. Así, el porcentaje de jóvenes menores de 25 años residentes en la Comunidad Autónoma pasó desde el 5,02 por ciento en 2003 hasta el 4,84 por ciento en 2006. En este contexto, y según la Estadística de Variaciones Residenciales 1998-2004, del INE, Castilla y León perdió en este período 23.505 jóvenes de entre 25 y 34 años, siendo la Comunidad con el saldo migratorio juvenil negativo más alto, tanto en términos absolutos como relativos. Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más jóvenes pierde tanto en términos absolutos como relativos.

c) Empleo Los problemas demográficos son la consecuencia inevitable de las debilidades en la creación de empleo. A modo de síntoma, los 49,4 puntos de la tasa de empleo que Castilla y León presenta en el cuarto trimestre de 2006 suponen 4,3 puntos menos que los 53,7 de la tasa de empleo española (cuadro 2), un diferencial que se aprecia igualmente si se analiza por sexo (4,2 puntos en el caso de los varones y 4,6 en el de las mujeres). La tasa de empleo castellana y leonesa es la quinta más baja de entre todas las tasas autonómicas.



258

Cuadro 2

Total Varones MujeresTotal Nacional 53,7 64,8 43,1Castilla y León 49,4 60,6 38,5Dif CyL - Total -4,3 -4,2 -4,6Fuente: EPA (INE)

Tasas de empleo 2006-4T

En cuanto a su evolución reciente, se observa que la trayectoria de la tasa de empleo a lo largo de la actual legislatura (cuadro 3), ha crecido en Castilla y León 5,40 puntos, un registro ligeramente por debajo que el de España (+5,43), con lo que no se ha logrado converger en términos de tasa de empleo a lo largo de los últimos años.

Cuadro 3

Ambos sexos 2002 2006 Var. AbsTotal Nacional 48,29 53,72 5,43Castilla y León 44,00 49,40 5,40Dif CyL - Total -4,3 -4,3 0,0Fuente: EPA (INE). 4T

Evolución tasas de empleo 2002 -2006

Ahora bien, esa cierta similitud en la evolución de las tasas de empleo autonómica y nacional es el resultado de que la menor capacidad de creación de empleo en Castilla y León se ve compensada por nuestra menor dinámica demográfica. En este último sentido, debe advertirse (cuadro 4) que entre 2002 y 2006 los mayores de 16 años han crecido un escaso 1,5 por ciento en nuestra CA, una cifra que contrasta con el 6,9 por ciento de incremento observado a nivel nacional.

Cuadro 4

Ambos sexos 2002 2006 Var. Abs %Total Nacional 34.846.000 37.235.500 2.389.500 6,9%Castilla y León 2.114.800 2.146.800 32.000 1,5%Ratio CyL/Total 6,07 5,77 1,34Fuente: EPA (INE). 4T

Evolución mayores de 16 años 2002-2006

Como el crecimiento de la población castellana y leonesa en edad de trabajar ha sido inferior al apreciado en el resto del territorio nacional, el similar incremento de la tasa de empleo autonómica a lo largo de la presente legislatura en comparación con la nacional encubre una muy inferior creación de puestos de trabajo. Lo confirma el cuadro 5. A lo largo de estos 4 años apenas si ha aumentado el empleo de Castilla y León en 130.000 personas (un 14 por ciento, 5 puntos menos que el 19 por ciento nacional). De cada 100 empleos creados en España entre 2002 y 2006, sólo 4 se han generado en Castilla y León. Ese porcentaje del 4% de los nuevos empleos creados en España, ni siquiera alcanza el porcentaje que por peso poblacional correspondería a Castilla y León en 2006 (5,64 %). Es decir, la importancia relativa del empleo en Castilla y León sobre el total de España es significativamente inferior al de su población, No solo perdemos peso poblacional sino que nos alejamos cada vez más de la media nacional de empleo por número de habitantes.



259

Cuadro 5

Ambos sexos 2002 2006 Var. Abs %Total Nacional 16.825.400 20.001.800 3.176.400 19%Castilla y León 930.500 1.060.500 130.000 14%Ratio CyL/Total 5,53 5,30 4,09Fuente: EPA (INE). 4T

Evolución del empleo 2002-2006

El resultado, al igual que acontecía para la producción y la población, es una significativa pérdida de importancia del empleo castellano y leonés con relación al nacional. Así en 1987, de cada 100 ocupados, 6,87 eran castellanos y leoneses, un peso que se ha reducido hasta el 5,53 en 2002, y hasta el 5,30 en el 2006.

Figura 3 Peso (en %) del empleo de Castilla y León en el total

nacional. Fuente: INE

6,87

5,535,30

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

1987 2002 2006

d) Desequilibrio territorial Esta situación de pérdida de peso en España de nuestras principales magnitudes demográficas se produce en condiciones internas de graves desequilibrios territoriales. Burgos, Valladolid, Segovia y Soria se sitúan por encima de la renta media de la UE según los últimos datos publicados por EUROSTAT, correspondientes a 2004. La diferencia de convergencia entre la provincia más rica, Burgos, y la más pobre, Zamora es de 35 puntos. Las diferencias entre comarcas duplican estas diferencias, según algunas fuentes de análisis de indicadores indirectos de renta. Durante este período Valladolid y Segovia ganan peso en la producción autonómica, Salamanca lo mantiene y las demás provincias lo reducen. En lo que afecta al empleo, desde 1987 Valladolid acumula en 41 % del empleo creado en Castilla y León y Burgos el 19%. El 40 % restante se reparte entre el resto de las 7 provincias. Como consecuencia, en la distribución de la población se producen los mismos desequilibrios provinciales: desde 1987 tres provincias incrementan su población: Valladolid (5,2 %), Segovia (3,7%) y Burgos (1,2%). Las demás pierden, entre el 2,6 % de Salamanca y el 11,14 % de Zamora.



260

Naturalmente los desequilibrios entre comarcas, algunas con pérdidas de más del 30 % de su población, y entre el medio rural y el urbano son muchísimo mayores. En lo que va de siglo la inmigración no consigue compensar los saldos vegetativos negativos en los municipios más pequeños, con pérdidas del 7,6 % de la población en los municipios menores de 500 habitantes y de 4,1 % en los de 500 a 1.000. e) Objetivo: incrementar el empleo y la productividad Existen dos causas económicas esenciales para explicar el crecimiento de la renta por empleo de una economía: el crecimiento del capital por empleo y la expansión de la productividad del capital. La primera de las causas se vincula directamente con los ritmos del esfuerzo de la inversión por empleo, la segunda con el progreso técnico o productividad total de los factores. La evolución de la productividad total de la economía de la Comunidad Autónoma se ha situado en tasas negativas y relativamente más bajas que las del conjunto de España. La dinámica económica hubiese propiciado un proceso de divergencia respecto a las economías española y europea si no hubiese mediado un crecimiento demográfico mucho más lento en la Comunidad Autónoma. Por ello la “supuesta” convergencia en renta por habitante no está vinculada con la creación de renta y riqueza sino con el estancamiento demográfico. La falta de rentabilidad y la ausencia de oportunidades de inversión están suponiendo, por un lado la pérdida de población joven con elevados niveles de capital humano y, por otro, dificultades crecientes para aprovechar el espíritu emprendedor existente. En este contexto, el objetivo del PSCL-PSOE es lograr la convergencia económica real sobre la base de alcanzar mayores ritmos de crecimiento de inversión y acumulación de capital, basándonos en la mejora de la eficiencia económica. Una estrategia capaz de promover una expansión de las tasas de empleo (especialmente femenino) mayor a la existente en el conjunto de la economía nacional. En definitiva, en la interrelación entre inversión, productividad y empleo en el corto y el medio plazo, y en los efectos previsibles de esta estrategia sobre la demografía en el largo plazo, se configuran las bases sobre las que se asientan las medidas que el partido socialista de Castilla y León propone para el período 2007-2011. Crear más empleo exige producir más y competir mejor. Además, diversificar una economía excesivamente asociada a sectores tradicionales, algunos de los cuales seguirán siendo fundamentales en relación con la producción industrial. Esa diversificación debe poner énfasis en ramas de la actividad de industrias intensivas en la utilización de tecnologías de la información, tales como la industria aeronáutica, la producción electrónica y audiovisual, la biotecnología, y la energía, modernizando la industria de transformación de productos agroalimentarios y vinculando la producción agraria con nuevos canales de distribución comercial.



261

29.- El Instituto Financiero de Castilla y León El Instituto Financiero de Castilla y León es la respuesta del Partido Socialista a la proliferación de instrumentos de promoción económica general, que se han demostrado tan ineficaces como demuestra el análisis de los diferentes indicadores económicos y sociales de Castilla y León. En el Instituto Financiero de Castilla y León se concentrarán todas las políticas y dispositivos de promoción económica en los que participa la Administración autonómica. Se dará entrada a la participación de otros agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma y de forma muy especial, a las Entidades Financieras con sede social en Castilla y León. En concreto, se refundirán las líneas de actuación de las siguientes Administraciones, empresas y entidades:

• La propia Administración de la Comunidad y especialmente, las actividades de promoción, correspondientes en el momento actual a las Consejerías de Economía y Empleo, Cultura y Turismo -en materia de Turismo- y de Agricultura y Ganadería.

• La Administración institucional de la Comunidad y en concreto, las actuaciones de la Agencia de Inversiones y Servicios y las actividades de promoción económica que desarrollan el Instituto Tecnológico Agrario y el Ente Regional de la Energía.

• A esto, hay que añadir, la actividad de las empresas participadas por la propia Agencia de Inversiones y Servicios y por ADE Financiación. En concreto, las actuaciones de CEICAL, S.A.; EXCAL, S.A.; IBERAVAL, S.G.R; y ADE FINANCIACION SODICAL, S.A.

• Las actuaciones de promoción de las empresas públicas GICAL S.A.; GESTURCAL, S.A.; Parques Tecnológicos de Castilla y León, SOTUR, S.A. y APPACALE.

• Mediante convenios con las Entidades financieras que desarrollan su actividad en Castilla y León, se podrán realizar actuaciones coordinadas entre el Instituto Financiero y los diferentes Grupos Financieros e industriales de las mismas.

Naturaleza Organismo Autónomo de carácter financiero, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar pública y privada, adscrito al área económica del nuevo gobierno. Funciones El Instituto Financiero, jugaría un papel fundamental en la política económica de Castilla y León, fundamentalmente a través de tres líneas básicas:

• Seguimiento de la actividad económica de Castilla y León. • Ejecución de las competencias financieras de la Junta de Castilla y León. • Impulso de los grandes proyectos de desarrollo de Castilla y León.



262

En concreto: • Asumiría todas las funciones de la Agencia de Inversiones y Servicios. • Tendrá la representación de la Junta de Castilla y León en cuestiones

financieras y crediticias ante la Administración del Estado, el Banco de España y las Instituciones de crédito oficial en aquellas materias que le delegue la Junta de Castilla y León.

• Elaborará los estudios y dictámenes que en materia económica y financiera se le encomienden a través del Gabinete de Estudios Económicos y Financieros que se creará en el seno del Instituto Financiero.

• Controlará, coordinará y canalizará la oferta de crédito público. • Concederá créditos, avales y otras cauciones, a favor de entidades

autónomas, corporaciones públicas y empresas públicas y privadas. • Participará en el capital o prestará apoyos financieros, a sociedades que

faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras. • Prestará los servicios de Tesorería de la Junta de Castilla y León que se le

atribuyan. • Efectuará la gestión del endeudamiento de la Junta de Castilla y León y los

Organismos Autónomos y empresas públicas, cuando se le atribuya. Potenciará los mercados primarios y facilitará la liquidez, en los mercados secundarios, de los títulos emitidos.

• Prestará asesoramiento en materia financiera y emitir los informes a la Junta de Castilla y León, a petición de la misma o por iniciativa propia.

• Coordinará la búsqueda de los recursos necesarios para la financiación de aquellos proyectos que constituyan ejes del desarrollo de Castilla y León.

• Más allá de la obligación establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Instituto adoptará sus propias medidas en el sentido de lograr que en ningún caso se produzca déficit público, adoptando nuevas medidas financieras.

Órganos de Gobierno

• Consejo de Administración, que podrá delegar funciones en una Comisión Ejecutiva y en el Director General.

• Se creará un Consejo Asesor, formado por personas de reconocida competencia procedentes del mundo financiero, económico, social y universitario.

• Estos órganos de Gobierno, sustituirán a los actuales de los Entes Públicos de Derecho privado, Empresas públicas y empresas participadas por la ADE, que se fusionen en el Instituto Financiero.

Recursos

• Las consignaciones previstas en los Presupuestos de Castilla y León. • Las rentas y productos que generen los bienes y derechos que integran el

patrimonio del Instituto. • Los ingresos procedentes de los servicios prestados por el Instituto. • Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones,

tanto públicas como privadas, o de particulares.



263

• Las aportaciones de otras instituciones financieras públicas o privadas, que se establezcan de acuerdo con las leyes o por medio de convenios de financiación o de colaboración financiera con el Instituto.

• Las emisiones de títulos de renta fija u otras operaciones de endeudamiento.

• Los depósitos que constituyan en el Instituto otras instituciones públicas o intermediarios financieros.

• Los recursos ajenos obtenidos por el Instituto, cualquiera que sea la modalidad de su instrumentación, no deberán sobrepasar el montante de cinco veces los fondos propios.



264

30.- Más y mejor empleo. a) Desigualdades y desequilibrios en el mercado de Trabajo. La Comisión Europea, en aplicación del objetivo establecido en el Consejo Europeo de Lisboa de “convertir la economía de la Unión en la más competitiva y dinámica del mundo”, definió como objetivo para el 2010 conseguir una tasa de empleo total del 70% y para las mujeres del 60%. La situación del mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma es, como se ha visto, menos dinámica que la del conjunto de España. Las tasas de empleo total y de mujeres de Castilla y León en 2006 han sido del 63,53 y 49,15%, para la población de 16 a 64, lo que nos sitúa muy lejos de los objetivos de la UE. La realidad de Castilla y León en 2006 está tan distante de las cifras nacionales, que el objetivo del Plan Nacional de Reformas parece en exceso ambicioso para la Comunidad Autónoma. Pese a ello nos proponemos aproximarnos paulatinamente a las cifras nacionales, primero, y de la Unión Europea, después. a) Las dificultades estructurales de la Comunidad Autónoma para crear empleo siguen siendo uno de los problemas básicos de su economía. Durante los últimos años se ha producido un crecimiento de la población que trabaja y una sensible reducción del desempleo, pero la tasa de actividad sigue estando más de 5 puntos por debajo de la española y la tasa de paro desciende en parte por la emigración de los jóvenes. La población en edad de trabajar crece en Castilla y León cuatro veces menos que en España. La inmigración no compensa, por tanto, en términos relativos, la pérdida de población joven con dilatadas trayectorias formativas, que se ven obligados a buscar sus oportunidades de empleo fuera de nuestra Comunidad. b) El segundo de los problemas estructurales básicos del mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma es la desigual situación de la mujer, tanto respecto a la media del mercado nacional, como en relación a la situación masculina en el propio mercado. c) Los problemas de empleo y actividad presentan, como hemos visto, desequilibrios territoriales muy notables. La situación por provincias es un fiel reflejo de estos desequilibrios. A finales del año 2006 sólo Valladolid poseía una tasa de actividad que superaba a la media de España, con el 60,26%. Zamora ocupa el último lugar entre las provincias españolas, con el 43,8%, y las tres provincias del Oeste de la Comunidad se situaban entre las menos dinámicas por actividad. Esta situación se agrava en aquellas zonas y comarcas en recesión demográfica, así como en ámbitos rurales, áreas periféricas, zonas de montaña y comarcas mineras. d). El cuarto de los problemas estructurales del mercado de trabajo en Castilla y León es la escasa calidad del empleo, no sólo evaluada en términos salariales sino



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como resultado de su elevada temporalidad. Una de cada tres trabajadores lo es de carácter temporal. El Acuerdo para la mejora del Crecimiento y el Empleo, firmado por el Gobierno de España y los agentes económicos y sociales, está contribuyendo al incremento de la contratación indefinida también en Castilla y León y, por lo tanto, a la reducción de la temporalidad. Hasta hoy, desde la firma del Acuerdo, se han creado en Castilla y León 59.900 contratos indefinidos. Tres veces más que en el mismo periodo del año anterior. e). Los problemas asociados a la debilidad de la demanda de trabajo en el mercado laboral, se plasman esencialmente en las dificultades para encontrar trabajo de determinados colectivos. El paro de larga duración se ceba especialmente en los jóvenes en búsqueda del primer empleo, y en las personas mayores de 45 años, sobre todo mujeres. En este sentido, aun cuando se haya reducido la tasa de desempleo en la Comunidad, existe un elevado porcentaje de parados que estando más de 12 meses inscritos no encuentran empleo. El 40% de los parados se encuentran en esta situación. Según los datos del Paro Registrado, a finales del año 2006 había 107 mil parados castellanos y leoneses, de los que el 66% eran mujeres, 4,5 puntos más que en España. El aumento del empleo femenino es, además, una condición esencial para estimular la tasa de actividad de las mujeres de la Comunidad Autónoma. f). Otra característica estructural tanto del mercado de trabajo autonómico como nacional es la importancia creciente del trabajador autónomo o por cuenta propia. Más de 180.000 trabajadores están en la Seguridad Social inscritos en el Régimen Especial de Autónomos en nuestra Comunidad. Si computamos todos los Regímenes que incluyen trabajadores por cuenta propia, esta cifra supera los 222.000 en Castilla y León. Este colectivo ha sido históricamente olvidado, pero con la aprobación de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, se da un paso trascendental en la corrección de las carencias que venía sufriendo. g). Por último, aunque no es el menor problema, debemos señalar que, tanto en la economía española como en la castellana y leonesa, la siniestralidad laboral es otro de los problemas estructurales del mercado de trabajo y una de las lacras más importantes que sufren los trabajadores. Hasta octubre de 2006 en Castilla y León se habían producido 39.281 accidentes, 1.557 más que en 2003, al inicio de la legislatura. De ellos 77 concluyeron fatalmente en fallecimiento-18 muertes más que en el año 2003-, 55 en el puesto de trabajo y 22 en trayecto al mismo. A ello hay que añadir las enfermedades profesionales, de las que no existen estadísticas fiables, por tratarse como enfermedades comunes. Un reto importante para una política socialista de empleo y salud laboral, que ha de fundarse en la prevención.



266

La incapacidad de autocrítica del PP impide mejorar los resultados en materia de creación y calidad de empleo. Formalmente cada tres años se vienen firmando Planes de Empleo entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales. La carencia de un adecuado diagnóstico de la situación de la economía de la Comunidad Autónoma, junto con la ausencia de un programa que defina los instrumentos adecuados y los objetivos específicos para lograr el crecimiento de la actividad y el empleo, resta eficacia a la ejecución de los mismos. A todo ello hay que añadir la inexistencia de un sistema de seguimiento y evaluación de los planes que limita la credibilidad del instrumento acordado. b) Un empleo basado en la productividad Sólo es posible ser competitivos creando empleo si se consiguen elevaciones sustanciales de la productividad. El Plan de Empleo debe insertarse en el cumplimiento riguroso de los objetivos del Plan Nacional de Reformas, y en el desarrollo de las líneas de estímulo y modernización que los socialistas castellanos y leoneses hemos definido, en aplicación de dicho Plan dentro de la Comunidad Autónoma.

1085. En el escenario del empleo, el objetivo básico del PSCL- PSOE para la próxima legislatura. es situar a Castilla y León en el año 2011 en las tasas de empleo total y de la mujer acordados en la cumbre de Lisboa. Esto evitará la perdida de población joven, y estimulará la incorporación de más mujeres al mercado laboral.

1086. Las políticas de empleo de la Junta de Castilla y León se atendrán a

los siguientes criterios de prioridad: o Inserción laboral de los jóvenes. o Inserción laboral de las mujeres. o Equilibrio territorial. o Atención de los colectivos con mayores dificultades en el mercado

de trabajo.

1087. Lucha contra el desempleo de larga duración: Ningún parado/a deberá estar registrado más de 12 meses sin haber recibido una oferta de empleo o una acción eficaz para favorecer a su inserción laboral. La inserción laboral es una apuesta por evitar la marginación y prevenir las bolsas de exclusión social tanto en el medio rural, como en las ciudades.

1087. La inserción laboral de las personas con discapacidad debe ser el

objetivo de las políticas de normalización que desarrollaremos con este colectivo.

1088. La salud laboral y la seguridad frente a los riesgos laborales es un

derecho de todos los trabajadores que debe impulsarse desde la Administración Autonómica, en concierto con la Administración del Estado y a través de la Concertación Social.

1089. Apostamos por el desarrollo de una cultura empresarial basada en la

Responsabilidad Social de las Empresas



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1090. La política de concertación social con los sindicatos y empresarios se basará en el rigor y el compromiso. Los acuerdos que se alcancen contendrán diagnósticos acordados, e instrumentos y objetivos cuantificados. Se temporalizará su ejecución, se definirá la consignación presupuestaría, y existirá un compromiso de evaluación periódico sobre el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

1091. En el plazo de tres meses desde la aprobación de la reforma del

Estatuto de Autonomía se creará el Consejo del Diálogo Social contemplado en dicha reforma.

c) El Plan Autonómico de Reformas La estrategia de desarrollo socio-económico de la Comunidad Autónoma se basará en la adopción de un programa de convergencia y competitividad, denominado Plan Autonómico de Reformas, que intentará acelerar el proceso de convergencia real de Castilla y León con el resto de España y el conjunto de la Unión Europea, articulando al mismo tiempo la cohesión social y territorial de la Comunidad Autónoma. El propósito último no es sólo aumentar la renta per-cápita, sino alcanzar los objetivos derivados de los Acuerdos del Consejo de Lisboa, actualizados en el Plan Nacional de Reformas. Uno de los objetivos del Plan está específicamente orientado al desarrollo del mercado de trabajo y el diálogo social. Una estrategia integrada de empleo no debe, sin embargo, dejar de relacionar este objetivo con el resto de los elementos que integran como un todo la política económica de la Comunidad Autónoma. En tal sentido, deben ser tenidos en cuenta - como parte de la política de creación de empleo- el aumento y la mejora del capital humano, el plan de formación empresarial, el plan estratégico de infraestructuras económicas, el plan de inversiones en I+D+i, el plan de mejora de la competitividad empresarial, la mejora de la eficiencia de la política presupuestaria y, finalmente, el programa de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad empresarial. Elementos todos ellos integrantes de la estrategia de desarrollo de la Comunidad que se desglosan en este Programa Electoral. Medidas

1092. Elaboraremos un Plan de Empleo Joven que incluya la reforma del sistema de incentivos, la elaboración de propuestas de formación orientadas al mercado de trabajo y las políticas activas de reciclaje, apoyo y empleo para cada joven en situación de desempleo en un plazo máximo de tres meses. Incluirá, además, el aumento de los períodos de trabajo y de prácticas en empresas en formación en otro estado miembro de la Unión Europea. Impulsará la contratación en prácticas y para la formación, el fomento del espíritu empresarial y la creación de sociedades mixtas con jóvenes emprendedores, a través del Instituto Financiero de Castilla y León, mediante el sistema de riesgo y ventura.



268

1093. Pondremos en marcha un Plan de Regreso Joven. Incentivaremos la contratación de jóvenes de Castilla y León que, habiendo emigrado a otras Comunidades Autónomas, deseen volver a la nuestra.

1094. Puesta en marcha del Plan de Empleo de la Mujer a partir de la

aplicación de los objetivos de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres para aumentar su tasa de ocupación y eliminar su discriminación, mediante un sistema de incentivos para la contratación estable de mujeres, la lucha contra la discriminación salarial respecto a los hombres, y la elaboración de planes de igualdad para incentivar a las empresas a realizar acciones positivas dirigidas a las mujeres. En este orden se incluirían las siguientes medidas:

• Mejorar la información y la orientación profesional, a través de un

apoyo individualizado a las demandantes de empleo. • Mejorar la formación, adaptando ésta a las demandas del mercado

laboral. • Acuerdos con las asociaciones de empresarios para facilitar la

intermediación laboral. • Medidas específicas para facilitar la inserción laboral de las mujeres

con especiales dificultades en la inserción laboral: Victimas de malos tratos, mujeres mayores de 40 años, mujeres que se reincorporan al mercado laboral después de un tiempo de alejadas de él.

1095. Favoreceremos la conciliación de la vida familiar y personal mediante

la mejora de la cobertura de plazas públicas de educación infantil para niños de 0-3 años, mediante la creación de 12.500 plazas de educación infantil. El estímulo de la flexibilidad y seguridad del permiso laboral para el cuidado de los hijos, y la aplicación comprometida en Castilla y León de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Negociaremos con los representantes de los empleados públicos un PLAN CONCILIA para Castilla y León.

1096. Desarrollaremos instrumentos destinados a favorecer la integración

laboral de las personas con discapacidad y otras personas o colectivos en situación de riesgo de exclusión social, mediante la regulación del empleo con apoyo, la creación de equipos multiprofesionales para la aplicación de la metodología de integración laboral, la promoción de las Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo y el desarrollo de itinerarios individualizados. El cumplimiento por las empresas de las cuotas legales de empleo de personas con discapacidad se tendrá en cuenta en la política de contratación pública.

1097. Mejoraremos el funcionamiento del ECYL y del resto de las

instituciones del mercado de trabajo de Castilla y León. Especialmente en lo concerniente a su modernización, integración, compatibilidad y coordinación de los diferentes sistemas de información, aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con objeto de mejorar la eficiencia de la intermediación laboral del ECYL, creación de un portal de Empleo autonómico que potencie la intermediación entre trabajadores y empresarios.



269

1098. Nos implicaremos activamente en la integración laboral de la personas con discapacidad y otras personas o colectivos en situación de riesgo de exclusión social, mediante la participación de la Junta de castilla y León en la creación de equipos multiprofesionales para la adaptación de la metodología de integración laboral Estrella-MTAS, promoción de las empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo.

1099. Promoveremos medidas orientadas a promover y fomentar la

contratación indefinida. Elaboración de planes de la Inspección para aflorar el mercado de trabajo irregular, y refuerzo del cumplimiento de la normativa laboral.

1100. Haremos una gestión adecuada de los flujos migratorios a través de

mecanismos de selección y contratación de los trabajadores en origen, adecuando la mano de obra a las necesidades reales de las empresas para evitar situaciones de irregularidad y el consiguiente incremento de la economía sumergida. Creación específica de una Oficina de Atención al Inmigrante en el seno del ECYL.

1101. Promoveremos el empleo autónomo y la economía social, facilitando

e impulsando la aplicación en Castilla y León de la futura Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en lo relativo a las relaciones laborales, la protección social y las ventajas fiscales. En el mismo sentido se desarrollará un programa de fomento del autoempleo, destinado a orientar y apoyar económicamente a todas aquellas personas que decidan crear su propio puesto de trabajo o incorporarse a la economía social, a través de una cooperativa o sociedad laboral. Se propondrá a los representantes de los trabajadores autónomos la creación del Consejo de los Trabajadores Autónomos de Castilla y León.

• La elaboración de un plan de fomento del trabajo autónomo. • Creación de una estructura en la Administración de la Comunidad

relativa al Trabajo Autónomo. • Facilitar el acceso a los trabajadores autónomos a la formación

continua. • Dar participación a los trabajadores autónomos en la elaboración de

los planes de empleo regionales. • Estudiar la posibilidad de aportaciones de la Junta de Castilla y León

a los planes de pensiones. • Incorporación de los trabajadores autónomos en el grupo de expertos

del CES. • Promover la mayor relación entre las Universidades Públicas y el

sistema de Formación Profesional en relación con los trabajadores autónomos como focos de emprendedores.

1102. Pondremos en marcha iniciativas destinadas a mejorar el sistema de

salud y seguridad en el trabajo, de un modo especial mediante el incremento de la colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en la vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos laborales. En concreto el programa de prevención de los accidentes laborales tendrá las siguientes líneas de actuación:



270

• Inspección de los Centros de Trabajo, tanto a través de la inspección de trabajo, como de los técnicos de la Administración Autonómica, con la participación de los sindicatos y empresarios.

• Creación de una Unidad de Salud Laboral con objetivo de mejorar la formación del personal sanitario en materia de salud laboral

• Puesta en marcha de planes de Salud de ámbito laboral. Control de los recursos sanitarios de los servicios de prevención.

• Creación de nuevos mecanismos de Coordinación, incluyendo la potenciación del Consejo de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y sus Comisiones Provinciales.

• Ejecución de planes Sectoriales de lucha contra la siniestralidad. • Ampliación de líneas de ayuda para la renovación de maquinaria y

equipos de seguridad, y planes de Prevención de Grupos de trabajadores sensibles a determinados riesgos laborales.

1103. Mejoraremos el funcionamiento de los Servicios de Prevención de

Riesgos Laborales:

• Coordinaremos con el Ministerio Fiscal los servicios públicos dependientes de la Comunidad Autónoma.

• Desde la Administración autonómica se contratará exclusivamente con empresas cumplidoras de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Reinvertiremos en prevención el dinero recaudado por las sanciones impuestas por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Habilitaremos Técnicos de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral, para incrementar los recursos humanos que intervengan en el control de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Impulsaremos el funcionamiento de equipos de expertos en prevención de salud y accidentes laborales, integrados por miembros de las organizaciones sindicales y empresariales.

1104. Fomentaremos la actividad de sectores económicos emergentes y la

capacidad de atender necesidades sociales no cubiertas o cubiertas deficientemente.

• Apoyo a los denominados nuevos yacimientos de empleo mediante

el impulso de los servicios personales y de proximidad, en colaboración con las Entidades Locales.

• Igualmente se estimularán las actividades ligadas a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como el desarrollo turístico de nuestro patrimonio cultural y natural, y los servicios ligados al ocio y deporte.

1105. Desarrollaremos un Plan de Empleo para las Corporaciones Locales,

con gran capacidad de implicación en los mercados locales de trabajo, contemplando entre otras las siguientes medidas:

• Acuerdos con los municipios para el desarrollo de políticas activas de

empleo en todas las comarcas.



271

• Desarrollo concertado de programas de formación y empleo con las Corporaciones Locales de acuerdo con la demanda del mercado de trabajo, con programación comarcal.

• Convenios plurianuales con las Corporaciones Locales para el desarrollo de los nuevos yacimientos de empleo.

• Convenios para impulsar el empleo en las zonas de actuación preferente: áreas rurales deprimidas, zonas de montaña, comarcas mineras y zonas periféricas.

1106. Estimulo de la calidad del empleo en aspectos tales como la

formación continua, la responsabilidad y la participación de los trabajadores, la mejora de la información en el seno de las empresas, la conciliación de la vida familiar y laboral, la inserción profesional, y el apoyo al empleo de los mayores con dificultades en el mercado de trabajo. Se fomentará la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación en el trabajo. Específicamente se priorizarán los programas destinados a:

• La promoción del acceso de las mujeres a cargos directivos. • El desarrollo de un programa de igualdad de oportunidades dirigido

de forma específico al mundo laboral.

1107. Para facilitar el paso de la actividad laboral a la jubilación o prejubilación, se desarrollará un proceso de información y un programa de actividades, que permita conocer las posibilidades que se ofrecen para mantener una vida activa.

1108. Generalización de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de

Empleo en el conjunto de la Comunidad, con atención a las necesidades de demanda.

1109. Reorganizaremos la Formación Profesional Ocupacional, creando una

red fuerte de centros integrados de formación profesional, teniendo como prioridad su desarrollo a partir de las necesidades de la Empresas.

• Se desarrollará un protocolo de buenas prácticas con los Centros de

formación y se creará un centro de Formación Ocupacional Virtual por Internet.

• Se desplegará un programa específico de Formación Profesional Ocupacional para los parados con bajo nivel formativo.

• Fomentaremos la implantación de tele-trabajo, desarrollando un plan específico que permita garantizar los derechos de los trabajadores.

1110. Favoreceremos la movilidad laboral de los trabajadores dentro de

Castilla y León, a través de medidas que permitan la difusión de las demandas de empleo. Mejorar el acceso de los trabajadores a los polígonos industriales a través de transporte público, en colaboración con las entidades locales.

1111. Potenciaremos la adopción del protocolo de Naciones Unidas sobre

Responsabilidad Social Corporativa para las empresas socialmente responsables con sede en la Comunidad: gestión de los recursos



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humanos, salud y seguridad en el puesto de trabajo, igualdad de género, y desarrollo de los cambios organizativos fruto de las reestructuraciones productivas teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores; y de ámbito externo: atención al entorno económico, social y medioambiental, con especial referencia al respeto de la actividad de las Pymes, y al compromiso con la sociedad local próxima. Promoveremos con ayudas públicas la presentación anual del triple balance económico, social y medioambiental, mediante indicadores pactados con los sindicatos.

1112. Finalmente, en el primer año de legislatura nos comprometemos a

revisar el Plan de Empleo en vigor. El nuevo Acuerdo que se alcance, compromiso entre la Administración y los agentes sociales y económicos tendrá una vigencia de cuatro años y un compromiso presupuestario de la misma vigencia. El Plan de Empleo tendrá como este una Comisión de Seguimiento, que realizara un control de eficacia anual, con las propuestas de modificación pertinentes.



273

31.– Plan de Fomento Empresarial a) Más y mejor tejido empresarial El sistema empresarial de Castilla y León presenta un conjunto de debilidades y deficiencias estructurales que, con independencia de la evolución de la rentabilidad, lastran y dificultan los procesos de inversión y la modernización de la actividad productiva. Las carencias y deficiencias en los sistemas de formación e información empresariales repercuten sobre el conjunto de la actividad productiva, agravando los problemas derivados de la competitividad. Los costes de creación o cierre de empresas, las dificultades para la innovación, la limitada base tecnológica de la estructura productiva, los problemas para la internacionalización, el reducido tamaño de las plantas productivas, o el envejecimiento empresarial, por no señalar las dificultades de jóvenes y mujeres para acceder a la profesión de empresario, son otros tantos problemas estructurales derivados de las debilidades señaladas. En un intento de eliminar las debilidades y reducir los problemas estructurales proponemos: Una Administración al servicio de los emprendedores. El Portal de la Empresa de Castilla y León integrará la red de Ventanillas Únicas Empresariales y permitirá la obtención de información personalizada y la presentación telemática de la documentación administrativa para cualquier tipo de trámite relacionado con su actividad empresarial de las sociedades, los autónomos y las cooperativas. Los servicios de este portal incorporarán la atención personalizada respecto a todas las necesidades de la empresa: trámites administrativos, acceso a financiación, infraestructuras, agentes y recursos. La formación e información del empresariado La innovación y la aplicación de nuevas tecnologías, tanto como el incremento de la eficiencia y la competitividad del aparato productivo, están estrechamente relacionadas con los procesos de formación del empresariado. La adopción de programas de formación del empresariado exige y reclama la adopción de estrategias conjuntas de las Cámaras de Comercio e Industria, las organizaciones patronales, y la Universidad. El programa de formación empresarial del PSOE propone la creación de cuatro Escuelas de Negocios, una en cada uno de los distritos Universitarios, que dotadas del refrendo académico, sean directamente gestionadas por las Cámaras de Comercio y las organizaciones patronales. Dichos instrumentos de formación podrían contribuir a la información y a la innovación empresarial, estimulando las reuniones de carácter técnico y especializado. Medidas de apoyo financiero A través del Instituto Financiero y de Promoción Económica de Castilla y León y con el objetivo de mejorar sustancialmente las líneas de internacionalización:



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1113. Impulso a microcréditos; habilitación de nuevas líneas de fomento de

emprendedores o desarrollo de una red que ponga en contacto a potenciales inversores (normalmente empresarios o profesionales a título individual) y a emprendedores con proyectos innovadores y que requieran financiación.

1114. Acción proactiva para la creación de empresas y desarrollo de

iniciativas de base tecnológica y de desarrollo de la innovación, a partir de la conexión de los recursos destinados a “viveros de empresas”, fondos de capital-riesgo, ayudas a la investigación y conexión del mundo empresarial y la Universidad.

1115. Dotaremos con medios suficientes a las capacidades

innovadoras/emprendedoras, de forma que puedan iniciar su actividad hasta alcanzar la madurez suficiente para su autonomía económica y de infraestructuras.

1116. Modificaremos el actual sistema de ayudas y, principalmente, el

sistema de seguimiento y control de la eficacia de los recursos públicos, mediante un aumento de la labor de inspección y de exigencia de responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los beneficiarios de las ayudas.

1117. Se reducirán los trámites y el plazo de resolución, aprovechando el

cruce de la información disponible en las bases de datos de la Administración, y evitando así gastos y duplicidad de gestiones por parte de los solicitantes.

1118. Se revisará el actual marco de ayudas con objeto de establecer una

estructura transparente y estable, cuya vigencia se corresponda con periodos cuatrienales de programación, que permitan evaluar su eficacia para la consecución de los objetivos planteados para su creación.

Intensificación de las relaciones Universidad-Empresa En el marco de la autonomía universitaria, proponemos intensificar y enriquecer las relaciones ya existentes entre la Universidad y las asociaciones empresariales y las Cámaras de Comercio. En tal sentido reiteramos la importancia de la creación de Escuelas de Negocios, que dotadas de un refrendo académico de postgrado sean financiadas y gestionadas por las propias asociaciones empresariales. Otro marco fundamental para la colaboración entre las empresas y la Universidad es el de la participación conjunta de empresas y departamentos académicos en proyectos de innovación con financiación comunitaria. En tal sentido proponemos potenciar las actuaciones y proyectos comunes afectos al desarrollo Parques Científicos de las Universidades, que en el marco de la normativa estatal y de la Unión Europea, permiten la colaboración mutua en condiciones de legalidad y eficiencia.



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Es necesario impulsar desde la Administración Autonómica la colaboración entre los espacios académico y empresarial. La creación por parte de la Universidad, en el marco de las Fundaciones Generales, de programas de prácticas en empresas, foros de contratación, acercamiento entre las ofertas y las demandas de empleo, colaboración con los observatorios sectoriales industriales o de servicios, creación de grupos de estudio conjuntos, y realización de programas de formación son posibilidades de esa colaboración. Y se llevarán a cabo con medidas que faciliten tanto una mayor participación del profesorado universitario en proyectos empresariales y adaptando los diferentes planes de estudio para que los estudiantes conozcan el entorno empresarial y lo reconozcan como un activo profesional. Medidas de fomento de la innovación Creación en el seno del Instituto Financiero de Castilla y León de una estrategia de financiación de operaciones de capital-riesgo, que coordine las actividades de los esfuerzos de la Junta y los operadores autonómicos y relance su actividad vinculándola con las actividades de las entidades de capital-riesgo internacionales. Dentro de las actividades descritas en las funciones del Instituto Financiero de Castilla y León, se propone la puesta en marcha de una línea de préstamos participativos con las empresas de, o con actividades en, la Comunidad Autónoma. Mejoraremos el sistema de transferencia de tecnología a las empresas prestando especial atención al conjunto de centros Tecnológicos existentes en la Comunidad y adoptando un programa de estímulo a la innovación empresarial en áreas no tecnológicas, que incluya el apoyo a clusters empresariales intensivos en conocimiento. Cooperación con otras Comunidades y países En primer lugar con las Comunidades del Noroeste Español y Portugal, con la promoción de acuerdos de desarrollo estratégico con Galicia, Asturias o Cantabria, avanzando en la configuración de la Euroregión Ibérica del Noroeste peninsular, para el impulso y la coordinación de políticas públicas en el marco de las de los Estados de España y Portugal y de la Unión Europea. Se deben profundizar las relaciones económicas con el País Vasco y abrir la Comunidad a las oportunidades de la expansión económica de Madrid, tanto para la promoción de nuevas localizaciones de sus centros de trabajo como para la prestación de servicios avanzados para las empresas de esta área económica. Para ello:

1119. Se creará un sistema de cooperación empresarial generalizada ("cluster") del sector servicios avanzados en Castilla y León abierto a estas Comunidades y regiones, gestionado por el Instituto Financiero y de Promoción Económica de Castilla y León, para el desarrollo de proyectos conjuntos, cursos de formación y orientación de políticas públicas, para consolidar una cooperación estratégica de largo plazo.



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1120. Se creará un observatorio permanente del sector de los servicios

avanzados en Castilla y León.

1121. Se desarrollará un programa de apoyo a las empresas de Castilla y León para acceder a los contratos que generan las distintas instituciones financieras internacionales a través de sus programas de desarrollo.

1122. Se promoverán acuerdos entre las organizaciones empresariales de

Castilla y León y de las Comunidades y regiones limítrofes para promover la cooperación empresarial y la localización de empresas industriales y de servicios en la Comunidad.

b) Lucha contra los procesos de deslocalización. Se fomentará tanto el asentamiento de empresas en Castilla y León, como su permanencia en contra de los procesos de deslocalización. Para ello se propone:

1123. Realizar un seguimiento de las inversiones extranjeras en Castilla y León, con el objeto de detectar y atender las nuevas necesidades surgidas que puedan influir en la captación, el mantenimiento y desarrollo de las inversiones en la Comunidad.

1124. Mejorar las políticas formativas que cubran las necesidades de

trabajadores especializados y promover la implantación de nuevas empresas suministradoras y proveedores complementarios que requieran la principales "empresas tractoras" de nuestro tejido industrial.

1125. En colaboración con los distintos Observatorios autonómicos,

analizar la evolución de los distintos sectores industriales para promover las medidas que contribuyan a reducir los riesgos de deslocalización por pérdida de competitividad.

1126. Hacer efectivo el condicionamiento, tal como establece la normativa

vigente, de las ayudas públicas, subvenciones e incentivos a empresas a las condiciones recogidas en las resoluciones de concesión.

1127. En los casos de deslocalizaciones de empresas multinacionales de

capital extranjero, con independencia de lo establecido en la legislación vigente, se complementará ésta con medidas de acompañamiento o planes que compensen los efectos negativos de dicha deslocalización.



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32.– Plan Estratégico de Infraestructuras Económicas La inversión en infraestructuras buscará incrementar la productividad, la cohesión social y territorial, aumento de la eficacia del transporte, la racionalidad en la utilización del agua y dotar a Castilla y León de infraestructuras industriales que permitan incrementar la rentabilidad del capital privado y hacer así más atractiva nuestra Comunidad autónoma a la inversión foránea. a) Incremento de la productividad El objetivo estriba en el pleno aprovechamiento del potencial de la inversión en infraestructuras de comunicación como factor de incremento de la productividad y de puesta en valor de recursos. Para ello se proponen las siguientes medidas, con independencia de su desarrollo en el epígrafe correspondiente de este programa:

1128. Elaborar un nuevo Plan de Carreteras Autonómico 2007-2015 que jerarquice la red viaria de la Comunidad y de las Diputaciones Provinciales y que potencie el traspaso entre ambas administraciones con el fin de racionalizar la red. Dicho plan definirá las actuaciones en autovías, vías rápidas y carreteras convencionales que deben ser objeto de una acción especial y una financiación extraordinaria.

1129. Elaborar un Plan de mejora del transporte Ferroviario de la

Comunidad que integre la Alta Velocidad, compatible para pasajeros y mercancías con el resto de la red.

1130. Consolidar un sistema multipolar de aeropuertos con capacidad

suficiente para atender la demanda de tráfico prevista, garantizando las inversiones necesarias en los cuatro aeropuertos de la Comunidad y articulando convenios entre las Administraciones estatales, autonómica y locales con líneas aéreas para la implantación y mantenimiento de los vuelos.

b) Plan de Oficinas comarcales de Promoción Económica. Se crearán oficinas comarcales para que sean motores de desarrollo económico del mundo rural. Entre otras funciones, llevarán a cabo asesoramiento técnico de proyectos e ideas emprendedoras; estudios e informes de viabilidad económica; impulso a la modernización de empresas, microempresas y/o empresas familiares radicadas en nuestras comarcas. c) Plan de Infraestructuras Industriales El Plan de Infraestructuras Industriales (centros tecnológicos, parques empresariales, núcleos de dinamización productiva) ha de responder a los objetivos de incentivar la actividad industrial en la Comunidad -en declive en los últimos tiempos- y potenciar la cohesión territorial. En este sentido, se propone:



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1131. Garantizar la existencia de suelo industrial competitivo en las Comarcas, en proporción a sus expectativas de demanda.

1132. Promover la discriminación positiva territorial, tanto en la ejecución

de las infraestructuras públicas, como en los incentivos de apoyo a la inversión productiva, con cargo al Fondo de Compensación Interprovincial, considerando particularmente las zonas de actuación preferente.

1133. Apoyar a las áreas periféricas y/o zonas rurales mediante las

Agencias Comarcales de la Junta de Castilla y León y la cooperación con las Entidades Locales, introduciendo nuevas tecnologías energéticas y de comunicaciones que permitan igualar condiciones de vida y calidad de servicios básicos (comunicabilidad, accesibilidad a la información y la educación, telemedicina, desarrollo de economías sostenibles relacionadas con la utilización de sus recursos naturales y favorecer la implantación de actividades alternativa, para que aprovechen recursos endógenos y acerquen servicios a las empresas de la zona, promoviendo el equilibrio y la cohesión territorial sobre la base de las nuevas tecnologías.

1134. Impulsar la revisión del Plan del Suelo Industrial.

1135. Construcción de infraestructuras tecnológicas como redes de fibra

óptica y nuevos sistemas para la extensión de la banda ancha a todos los rincones de la comunidad, tales como WIMAX o Wireless.

1136. Con carácter inmediato, extender la banda ancha a los hogares de

comarcas de especial interés (una por provincia), antes de 2009.

1137. Ofrecer una respuesta adecuada a la necesidad de nuevos espacios especializados, fundamentalmente los demandados por las actividades terciarias.

1138. Aprovechar las posibilidades de muchas de nuestras ciudades para

conformar el gran núcleo logístico del Noroeste de la península. Son municipios o territorios de interés logístico, en los que se potenciará la creación de Centros Logísticos de Transporte o Centros Integrados de Mercancías, además de las capitales de Provincia y sus respectivos alfoces: Arévalo, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, el Bierzo, Aguilar de Campóo, Cuéllar, Medinaceli, Tordesillas y Benavente, a los que se unen los municipios situados al sur de la capital palentina.



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33.- Medidas de Política Fiscal Beneficios fiscales Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos:

1139. Rebajar el tipo impositivo en los casos de la transmisión de viviendas con destino a vivienda habitual y de adquisición de suelo industrial en los Parques Tecnológicos y en polígonos industriales a determinar, vinculado a la creación de empleo

1140. Establecer exenciones igual a las VPO para las viviendas rurales con la

consideración de primera vivienda y vivienda habitual. Impuesto de Sucesiones y Donaciones incrementaremos las reducciones:

1141. Por la adquisición de vivienda habitual 1142. A los herederos con minusvalía, 1143. A las sucesiones por fallecimientos sucesivos en un plazo de 10

años 1144. A la transmisión de padres a hijos de una empresa familiar, negocio

profesional o actividad agraria. Para el establecimiento de todas estas reducciones, se tendrá en cuenta en todo caso el patrimonio preexistente del adquirente, siendo mayor la reducción cuanto menor sea dicho patrimonio. Deducciones en el tramo autonómico del IRPF:

1145. En función del número de contratos de trabajadores fijos cuando el 75% de la base imponible proceda de rendimientos de actividades empresariales.

1146. Un porcentaje de las cantidades invertidas por jóvenes menores de

35 años en la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual (mayor en los municipios rurales), cuando no superen un determinado nivel de ingresos.

1147. Un porcentaje de las donaciones realizadas a Administraciones

Públicas, Asociaciones o Fundaciones con finalidad ecológica. 1148. Por acogimiento no remunerado de mayores de sesenta y cinco

años y/o minusválidos, cuando los contribuyentes no superen un determinado nivel de ingresos.

1149. Por donativos para programas de atención a mujeres y familias

víctimas de la violencia de género y de inserción social de inmigrantes.



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1150. Un porcentaje que podrá llegar al 100% de las cantidades

abonadas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, como trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena en la parte a cargo del trabajador, para los contribuyentes menores de 35 años de edad por el inicio de actividad laboral en Castilla y León o por retorno a la actividad laboral a Castilla y León desde otras Comunidades Autónomas o desde el extranjero.

1151. un porcentaje de las cantidades donadas para la realización de

programas de cooperación internacional. 1152. Estableceremos una batería de ayudas en cuantía equivalente a las

deducciones establecidas en el tramo autonómico del I.R.P.F incrementadas en un 10% con destino a aquellas personas que, a tenor de lo dispuesto en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no tuvieran obligación de realizar declaración del citado Impuesto.

Nuevos ingresos fiscales Todas las anteriores modificaciones, que en principio supondrían una disminución de la recaudación total, serían financiadas fundamentalmente, mediante las siguientes medidas:

1153. Incremento de los tipos fijos de las máquinas recreativas, que pagan directamente las empresas propietarias de las mismas.

1154. Modificación de la escala del gravamen de Casinos, reduciendo el

número de tramos e incrementando los tipos.

1155. Establecimiento de un Plan Especial de Inspección del Impuesto sobre el Patrimonio, dirigido a aquellos Patrimonios con una Base Imponible superior a un millón de Euros.

1156. En el plazo de seis meses, elaboraremos un proyecto de Ley

estableciendo beneficios fiscales aplicables a las empresas situadas en zonas limítrofes a otros territorios cuyas normas fiscales supongan un mejor trato fiscal a las empresas domiciliadas o que se domicilien en los mismos. Dichos beneficios se establecerán de forma que anulen la competencia fiscal, consiguiéndose una neutralidad impositiva con independencia del domicilio empresarial.

Medidas de eficiencia en la administración tributaria Adicionalmente a todo lo anterior, los socialistas de Castilla y León plantemos como un elemento fundamental en materia fiscal la mejora de los mecanismos de gestión, con el objetivo doble de eliminar los atrasos existentes en este momento y por otra parte, el garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes castellano-



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leoneses, que entre otras cosas, están colapsando los diferentes tribunales en el momento actual y en especial el Tribunal Económico Administrativo Regional. En esta línea, algunas de las actuaciones que se pondrán en marcha, serán:

1157. Elaboración y publicación de Precios Medios de Mercado, así como realización masiva de prevaloraciones, que permitan al contribuyente conocer el valor administrativo del bien antes de realizar la transmisión, evitando así las innumerables liquidaciones complementarias, recursos, etc que se producen en este momento.

1158. Puesta en marcha del sistema de cita previa con carácter

generalizado, para que sea la propia Administración, la que directamente ayude al contribuyente a realizar sus declaraciones y Autoliquidaciones tributarias, principalmente en Impuestos tan complicados, como el Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones.



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34.- Capital Humano La educación, además de ser uno de los más importantes mecanismos para lograr la igualdad de oportunidades entre individuos, constituye uno de los principales factores de crecimiento de la productividad. En este contexto, el correcto funcionamiento y la calidad de los sistemas educativos son vitales para la formación del capital humano durante las diferentes etapas educativas. Así, es imprescindible incrementar la tasa de escolarización en educación infantil; reducir el fracaso escolar a lo largo de la educación obligatoria; aumentar el número de titulados en bachillerato y ciclos de Formación Profesional de grado medio; mejorar el número y la calidad de la formación de los titulados superiores, y prestar una especial atención a la formación permanente. La mejora y modernización de la Formación Profesional es una tarea imprescindible en el proceso de capitalización y especialización de la mano de obra en los diferentes sectores económicos. La revalorización de los estudios de FP y la dotación de los medios materiales y humanos es una condición determinante de la eficiencia de dicho sistema educativo. La eficiencia en la utilización de los recursos humanos en el ámbito universitario abren otra vía esencial a la mejora de la calidad del capital humano en la Comunidad Autónoma. El estímulo de la calidad docente, de la mano de una estrategia de estabilidad y remuneración digna del profesorado, junto con la adecuada valoración de la actividad investigadora son condiciones imprescindibles para el funcionamiento eficiente de las Universidades y condiciones imprescindibles para una adecuada política de mejora del capital humano. En el mismo sentido, y aprovechando las disposiciones de la nueva Ley de modificación de la Ley de Ordenación Universitaria, es imprescindible crear en la Universidades de la Comunidad Autónoma una carrera investigadora que dé cabida y ordene los excedentes de profesorado, al tiempo que estimule la investigación básica y aplicada en Castilla y León. En el mismo sentido la Administración Autonómica debe potenciar y financiar los Grupos de Investigación Reconocidos como base para la formación de equipos estables de investigación de calidad contrastada. La movilidad del profesorado y del alumnado de las Universidades de la Comunidad Autónoma es una condición indispensable para el incremento de la calidad del capital humano y la investigación. El establecimiento de una política de becas de movilidad para aprovechar los programas Sócrates y Erasmus, y especialmente la creación de un sistema de becas para profesores e investigadores de postgrado, en colaboración con las entidades financieras que operan en la Comunidad Autónoma, son factores decisivos para la calidad y el despegue científico de Castilla y León. El establecimiento de conexiones permanentes de carácter científico entre los grupos de investigación y las empresas, en línea con lo señalado en las propuestas de relación Universidad-Empresa es otra condición indispensable para trasladar as ventajas de la investigación al ámbito productivo. Por otro lado, la mejora de la formación profesional ocupacional, que desarrollamos en el marco de las políticas



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activas de empleo, son un factor determinante del aumento de la eficiencia y la competitividad productiva. Finalmente, es imprescindible incorporar plenamente las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación a todo el sistema educativo y, por extensión, a toda la sociedad. Igualmente debe tenerse presente la sangría demográfica que experimenta buena parte del territorio castellano y leonés, por lo que es igualmente ineludible el cumplimiento íntegro del Plan de Lucha contra la Despoblación.



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35.– Estrategia de I+D+i Castilla y León presenta un considerable retraso en materia de I+D+i tanto en lo que se refiere a la inversión total en I+D sobre el PIB, como a la participación empresarial en la financiación de esta inversión. Esto implica que nuestras empresas no desarrollan conocimiento propio y que, además, existe un escaso aprovechamiento del conocimiento que generan nuestros Centros Públicos de Investigación. Por todo ello, es fundamental desarrollar actuaciones que potencien la colaboración público-privada en I+D+i. Igualmente, existe una importante falta de masa crítica en nuestro sistema de I+D+i, tanto en el sistema público como en el privado. Esta falta de masa crítica, unida a la escasez de recursos, ha derivado a su vez, en una producción científica con un nivel de excelencia por debajo del potencial de nuestros investigadores. Por ello, es fundamental aumentar la masa crítica y la excelencia investigadora de nuestro sistema de I+D+i. Finalmente, nuestra economía presenta un importante retraso en cuanto a la Sociedad de la Información, sobre todo en compras y ventas por Internet por parte de nuestras empresas. En este contexto, nuestros objetivos, y las medidas que proponemos para su consecución, son las siguientes: a) Aumentar el ratio de inversión en I+D+i. El objetivo es incrementar el ratio de inversión en I+D hasta alcanzar el 1,6% en 2008, el 2% en 2010, y el 2.2% en 2011, para lo cual:

1159. La Administración liderará el incremento de la inversión en I+D+I. Aumentaremos el presupuesto dedicado a estos conceptos hasta el 7% del Presupuesto en el año 2011, lo que supondrá un gasto de 1.000 M€ en ese año, al que se debe sumar la aportación privada, equivalente, en ese mismo escenario, a 2.000Me más. En 2011, por tanto, la inversión en I+D+i tanto pública como privada sobrepasará los 3.000 M€.

1160. Se participará en el Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas

y Tecnológicas dentro del Programa CONSOLIDER.

1161. Se creará un nuevo sistema de seguimiento y evaluación permanente de las políticas de I+D+i.

1162. Se creará un Consejo Interuniversitario de I+D+i que estimule las

iniciativas públicas y privadas. b) Aumentar el peso del sector privado en la inversión en I+D+i. El objetivo es incrementar la contribución del sector privado en la inversión en I+D hasta un 65% del gasto total. Para ello se propone:

1163. La adhesión de Castilla y León al Programa CÉNIT (Consorcios Estratégicos de Investigación Tecnológica) para estimular la colaboración en



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I+D+i entre empresas, universidades, organismos y centros públicos de investigación y parques científicos y tecnológicos.

1164. En concreto, se impulsará la puesta en marcha en Castilla y León de Proyectos CÉNIT; la obtención de recursos de Fondos de capital riesgo privados para la inversión en la Comunidad en empresas tecnológicas y la contratación en las empresas de doctores y tecnólogos a través del Programa Torres Quevedo.

1165. Especial atención en la aplicación del Programa CÉNIT a las líneas

temáticas correspondientes a Biomedicina y Ciencias de la Salud, Tecnologías Alimentarias, Tecnologías de la Información y Comunicación, Medioambiente, Desarrollo sostenible y Energías Renovables, etc.

1166. Puesta en marcha en Castilla y León de los proyectos CONSOLIDER

para incrementar la masa crítica y la excelencia investigadora y en concreto, los Proyectos CIBER centrados en Biomedicina y Ciencias de la Salud y el Programa I3 (Incentivación, Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora).

1167. Impulsar una red de Parques y Centros Tecnológicos y/o Científicos

vinculados a las Universidades Públicas de Castilla y León. Potenciación y multiplicación de los Institutos y Centros de Innovación y la creación de departamentos sectoriales de I+D y difusión de tecnologías avanzadas.

1168. Creación en cada provincia de un Centro Tecnológico de

Emprendedores y Nuevas Empresas (CETECEM).

1169. Creación de un Observatorio empresarial para la consulta y resolución de los problemas sobre introducción de nuevos medios tecnológicos en el entorno productivo.

1170. Promover infraestructuras tecnológicas adecuadas a cada sector con

especial atención a los de automoción y componentes, agroalimentación, aeroespacial o biotecnología, con la creación de incubadoras de empresas, el desarrollo de soluciones ad-hoc de financiación de los mismos, el desarrollo de soluciones TIC adaptadas a sus necesidades concretas, etc.

c) Incrementar el porcentaje del PIB destinado a TICs. El objetivo concreto es alcanzar la media de la UE-15 en la extensión de las TICs en Castilla y León, tanto en lo que respecta al gasto, como a la implantación de empresas y, por tanto, a la creación de empleo ligado a este sector. Para ello se propone:

1171. La aplicación del Plan Avanz@ con medidas como la financiación a las familias para la adquisición de equipamientos, el fomento del uso de las TICs en el tercer sector, el equipamiento, conectividad y soporte tecnológico para los centros educativos y de formación.



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1172. La colaboración de Castilla y León con las Agencias de investigación ya existentes y las que surjan a raíz de la puesta en marcha de la nueva Ley de Agencias.



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36.- Competitividad y dinamización de sectores Los mercados de bienes y servicios se enfrentan a un contexto internacional cada vez más abierto y competitivo. La aparición de nuevos competidores en el marco de una economía globalizada y las sucesivas ampliaciones de la UE suponen un riesgo, pero también una oportunidad. Por ello, desde una perspectiva autonómica, una “nueva política industrial” debe orientarse hacia el fomento de la competencia, la dotación de servicios públicos de calidad y la promoción del comercio exterior, con énfasis en la diversificación y en la ampliación de la base tecnológica, y todo ello en un marco de desarrollo sostenible a largo plazo. En este contexto, los objetivos, y los medios que proponemos para su consecución, son los siguientes:

• La atracción de empresas competitivas situadas en Comunidades limítrofes, y en especial de empresas localizadas en Madrid, mediante la oferta de suelo industrial competitivo en precio y servicios con el existente en dichas comunidades autónomas.

• El establecimiento de líneas específicas dirigidas a la reestructuración de aquellas empresas que puedan entrar en crisis, para ser devueltas a la competitividad.

a) Sectores energéticos. En un contexto de liberalización en los distintos subsectores y de fuerte crecimiento de la demanda, nuestro objetivo consiste en incentivar y optimizar el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas, mejorando la coordinación ente los diferentes sistemas energéticos para asegurar la cobertura de la demanda, para cuyo logro se propone:

1173. La ampliación de las interconexiones eléctricas con Portugal que aumenten la capacidad comercial y mejoren la cobertura de la demanda.

1174. La elaboración del Plan Energético de Castilla y León, que deberá

regular la producción de energía de CyL, definiendo los objetivos y estrategias para el desarrollo de cada una de las fuentes generadoras de energía.

1175. La apuesta decidida por el mantenimiento del carbón de León y

Palencia como energía estratégica autonómica y nacional.

1176. La creación del Instituto para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, que elaborará un nuevo Plan de Desarrollo Integral de las Cuencas.

1177. El impulso de la ampliación de la red de gas natural más allá de lo

previsto por el Gobierno para el período 2002-2011, asumiendo como gasto público los posibles déficits de explotación de las empresas gasísticas. El Gas Natural debe llegar a todos los rincones de Castilla y León. Para ello acordaremos con el gobierno de España el incremento de las redes de transporte secundario y de la distribución y la participación de la Comunidad Autónoma en el Gestor de la zona de distribución que coincida con su ámbito territorial.



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1178. La elaboración de un programa de acciones integradas de impulso a las energías renovables como fuentes alternativas y no acumulativas, para aumentar en un 3% anual su participación en el total de la Comunidad.

1179. La creación de un Centro Tecnológico de la pizarra y la roca

ornamental en el Bierzo. b) Distribución Comercial. La distribución comercial es un sector de importancia clave para garantizar el acceso de las empresas a los consumidores, y un funcionamiento eficiente y competitivo del mismo resulta fundamental de cara a la formación de precios y a la competitividad. La evolución reciente del sector de distribución comercial en España señala que se están produciendo cambios en su estructura competitiva, tanto entre formatos comerciales como entre las propias empresas. En este marco, nuestro objetivo es el desarrollo de una oferta equilibrada de formatos comerciales que permita atender las necesidades de todos los grupos sociales, en cuanto a sus hábitos de compra y posibilidades de movilidad. En este contexto, las medidas que se proponen son las siguientes:

1180. Desarrollo de un Plan de Fomento del Comercio Interior, basado en un Programa de Modernización Comercial para PYMES, un nuevo Programa de Equipamientos Comerciales y un Plan de Estabilidad y Calidad en el Empleo en el Sector Comercial y de Servicios en Castilla y León.

1181. Fomentar la competencia y la transparencia en este sector, mediante

el aumento de operadores en la red de Marcas de Castilla y León, facilitando la entrada de nuevos operadores como cooperativas agrarias y otras asociaciones.

1182. Publicación de información semestral sobre niveles de precios de

alimentación y gran consumo por formatos comerciales.

1183. Elaboración y publicación de un índice de márgenes de distribución para productos de alimentación fresca.

1184. Información en tiempo real en colaboración con el Estado sobre

precios de las operaciones realizadas en los Mercados.

1185. Mejora del sistema de autorización administrativa para la apertura de establecimientos comerciales.

1186. Fomento del asociacionismo comercial mediante la creación de

centrales de compras, redes franquiciadas y cooperativas de minoristas y mayoristas, promoviendo la oferta de servicios conjuntos.



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1187. Desarrollo de planes de formación a emprendedores, difusión y fomento de buenas prácticas e incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la gestión en el sector de la distribución.

c) Turismo. La irrupción de las nuevas tecnologías, los cambios en los hábitos de los turistas, la aparición de nuevos competidores en países emergentes y la liberalización del sector del transporte aéreo, han planteado nuevos retos en el sector turístico que obligan a todos los agentes a realizar un esfuerzo de adaptación para poder seguir compitiendo. En este contexto cambiante, en el que España sigue manteniendo una posición de liderazgo en el mercado mundial tanto en número de turistas como en ingresos turísticos, nuestro objetivo es mejorar la posición de Castilla y León con relación a ambos aspectos (volumen de turistas e ingresos), mediante:

1188. La elaboración de un Plan de Promoción Turística para períodos de demanda baja y nuevos países de origen con el objetivo final de crecer un 15 por ciento anual.

1189. La creación de un Fondo de Modernización de Infraestructuras

Turísticas en colaboración con las Corporaciones Locales y el sector privado.

1190. La creación de Redes de Turismo de la Comunidad de Castilla y León

como sistema de vertebración, coordinación y participación entre agentes implicados y áreas geográficas de la Comunidad.

1191. La puesta en marcha del Sistema Operativo Autonómico de

Reservas.

1192. El desarrollo de una nueva imagen marca del turismo de Castilla y León, como área de turismo cultural, paisajístico y medioambiental, basada en la diversidad.

1193. La apertura de Oficinas de Promoción Turística de Castilla y León en

todos los mercados preferentes de proximidad. d) Servicios de comunicación electrónica y audiovisual. El sector de las telecomunicaciones ha estado sujeto en los últimos años a un fuerte cambio tecnológico y a la aparición de nuevos productos y servicios, lo que ha multiplicado la demanda y ha desplazado parcialmente a los productos tradicionales. En este marco, nuestra meta es incentivar y optimizar el desarrollo de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones en Castilla y León, para lo cual se elaborará:



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1194. Plan de Choque para Extensión de la Banda Ancha en Castilla y

León, con el objetivo de lograr en la próxima legislatura el acceso del 100% de la población a Internet a través de sistemas de Banda Ancha utilizando las tecnologías que sean más accesibles a la ciudadanía, incluidas las inalámbricas o las PLC a través de la línea eléctrica.

1195. Un código de buenas prácticas con los criterios que deben regir el

despliegue de antenas de telefonía a pactar entre los operadores móviles y los Ayuntamientos.

e) Servicios de Transporte. Paralelamente al fuerte impulso de las inversiones en infraestructuras previstas en el Plan Estratégico de Infraestructuras Económicas, es necesario garantizar que los servicios de transporte sean eficientes en términos de costes, seguridad y calidad, garantizando la existencia de condiciones competitivas con especial atención a los corredores de conexión regional y nacional, para lo cual:

1196. Se fomentará la existencia de empresas con tamaño suficiente para realizar inversiones en modernización y gestión de las flotas.

1197. Se revisará el modelo actual de gestión de la red de aeropuertos de

AENA, permitiendo una participación más activa de Castilla y León, así como de las Entidades Locales, Cámaras de Comercio, y Asociaciones empresariales, etc.

f) Servicios de intermediación financiera. El sistema financiero es uno de los pilares sobre los que se ha asentado el progreso económico en las últimas décadas. En este marco, nuestro objetivo tiene que ver con la mejora de la eficiencia y la competitividad del sector financiero autonómico y en concreto de aquellas entidades con sede social en Castilla y León como son Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Para ello se propone:

1198. La coordinación, por el Instituto Financiero de Castilla y León, de todas las líneas de actuación en materia de promoción empresarial hoy dispersas, así como de prestación de servicios financieros que precisa hoy la Comunidad.

1199. La puesta en marcha en la Comunidad de nuevos mecanismos de

Capital Riesgo, con la aparición de nuevas figuras y ampliando su ámbito de actuación, abriendo la posibilidad de inversión en el desarrollo regional de Castilla y León a las Instituciones de Inversión Colectiva.

1200. La aplicación en las instituciones financieras de Castilla y León del

Código de Gobierno Corporativo y las recomendaciones de Responsabilidad Social de las empresas con carácter general.



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g) Servicios Avanzados a empresas. En la actualidad, las empresas no buscan tanto reducir los costes de la mano de obra u obtener diferencias favorables en tipos de interés o tipos de cambio, sino que dan más relevancia al conocimiento, al correcto uso de la información, a la calidad de los recursos humanos o a la capacidad de competir en la nueva economía global. Sin embargo, la complejidad de las economías actuales hace imposible dedicarse a producir eficientemente y disponer de recursos para innovar en tecnología, gestión y organización con éxito. Hoy la industria moderna precisa que les presten los denominados servicios avanzados, que son aquellos relacionados con la informática y las nuevas tecnologías de la información; la asesoría y la gestión empresarial avanzadas; los recursos humanos; la ingeniería; los centros médicos de referencia nacional; la consultoría técnica avanzada, el diseño; la publicidad y la comunicación, y los servicios medioambientales. En definitiva, tanto por su importancia estratégica, como por su atrofia en nuestra Comunidad, es imprescindible para Castilla y León una política de desarrollo que preste una atención preferente al desarrollo de este sector, que implemente las siguientes propuestas básicas:

1201. Desarrollo de los servicios avanzados y otras infraestructuras inteligentes en la CA (institutos tecnológicos, centros de investigación) como base de su atractivo económico y elemento impulsor de la inversión industrial.

1202. Programas de ayudas a la inversión y de subvención de nuevos

proyectos, que impliquen un aumento de los incentivos para la atracción y el desarrollo del sector de servicios avanzados en Castilla y León.

1203. Programas de promoción del sector de servicios avanzados regional,

que invierta la tendencia advertida a contratar estos servicios fuera de la región.

1204. Establecimiento de políticas de formación empresarial más decididas

y mejora de los mecanismos de conexión entre oferentes y demandantes de cursos formativos.

1205. Impulso y colaboración entre empresas de servicios avanzados para

la creación de redes de calidad. 1206. Establecimiento de una política de ayudas que incentive a las

empresas castellanas y leonesas del sector aún no certificadas en calidad para que no se retrasen más en este aspecto, que resulta clave para su atractivo y que se convertirá en un factor de supervivencia fundamental, en un escenario de mercados terciarios más integrado que se está generando.

1207. Creación de un cluster del sector servicios avanzados en Castilla y

León, gestionado por el Instituto Financiero y de Promoción Económica de Castilla y León. En las Comunidades más avanzadas, los clusters surgen espontáneamente. En las menos desarrolladas (como Castilla y León), es necesario la creación de estructuras públicas que soporten el peso del cluster en sus inicios.



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1208. Adecuación de la Red de Centros Tecnológicos para que sirvan como

referentes de la I+D+I y sean promotores de iniciativas, pero que no compitan con las entidades privadas en la satisfacción de las necesidades terciarias avanzadas públicas o privadas de la Comunidad Autónoma.

1209. Creación de un observatorio permanente del sector de los servicios

avanzados en Castilla y León.



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37.- La nueva política industrial de Castilla y León La mayoría de las propuestas económicas de este programa tienen carácter transversal, y se aplican a todos los sectores de la actividad económica. En el caso del sector secundario, dichas medidas configuran las directrices de actuación de la nueva política industrial que proponemos para Castilla y León. Dicha política industrial debería aprovechar las fortalezas del sistema industrial castellano y leonés, como su localización geográfica (en el centro del eje Portugal-Francia), sus todavía bajos costes laborales (en comparación con los existentes en el resto de España y especialmente con relación a Europa), y su elevado potencial exportador. Igualmente, la política industrial castellana y leonesa debería reforzar los puntos más débiles, como su reducida dimensión empresarial, sus dificultades de financiación, su escasa presencia internacional, su falta de eficacia en el trasvase de los resultados de I+D, y el bajo nivel de cualificación de sus recursos humanos. A este respecto, las propuestas específicas que atañen al sector secundario de la actividad son las siguientes:

1210. Concepto territorial del nuevo modelo industrial. En este sentido, Castilla y León necesita una política industrial que

tenga en consideración las debilidades y fortalezas de los distintos espacios que conforman la realidad geográfica castellana y leonesa, lo que obliga a distinguir en su aplicación zonas de montaña, de llanura, y enclaves de localización propiamente industrial, algo que no se ha hecho hasta ahora.

1211. Mejora del acceso a la financiación.

Son necesarias medidas imaginativas que faciliten el acceso de las empresas a las distintas fuentes de financiación, a un coste más bajo, y que permita la mejora de su estructura financiera mediante el incremento de los recursos a largo plazo.

1212. Para ello proponemos la complementación de las ayudas de corte

tradicional con otras más novedosas como los créditos participativos y los anticipos reintegrables, incrementar los incentivos para la creación de nuevas Sociedades de Garantía Recíproca, así como la constitución de una nueva Sociedad Pública de Capital Riesgo dirigida exclusivamente a microempresas en sectores emergentes de la actividad.

1213. Mayor implicación de la administración autonómica.

La labor del Gobierno no puede limitarse a la ejercer funciones de intermediación y promoción. Es imprescindible un papel más activo, que conlleve por ejemplo el apoyo a la creación de consorcios de exportación, o la incentivación de exportaciones de productos de alto nivel tecnológico mediante la generación de instrumentos financieros que involucren a la administración autonómica en la asunción de parte del riesgo que, por su naturaleza e importancia, estos proyectos llevan consigo.



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1214. Creación del Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa. Igualmente es imprescindible un compromiso con las PYMES de la

Comunidad, plasmado en la creación de un Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa dentro del Instituto Financiero y de Promoción Económica de Castilla y León. ,Este servicio implementará de manera coherente todo un conjunto integrado de políticas que en la actualidad, o no se realizan, o se realizan de forma notoriamente descoordinada en nuestra Comunidad Autónoma.

1215. Creación del Consejo de Política Industrial.

La necesidad de una mayor participación del sector privado de la economía castellana y leonesa en los diferentes ámbitos e instrumentos de la Política Industrial justifica su institucionalización por medio de la creación del Consejo de Política Industrial, al igual que existe en otros ámbitos de la política regional

1216. Creación de Observatorios Industriales.

Finalmente, se propone la consolidación de los tres Observatorios Industriales en los tres sectores industriales más importantes de nuestra Comunidad Autónoma: Automoción y Componentes, Agroalimentación y Energía, como foros permanentes de análisis detallado de estos sectores. Dicha medida tiene como finalidad fomentar el desarrollo y modernización de los mismos en aspectos tales como la mejora de la capacidad productiva y exportadoras, la consolidación de inversiones y empleo, la modernización tecnológica, etc. Se elaborarán Convenios Específicos para cada uno de los observatorios: Automoción y componentes, agroalimentación, Energía y Prospectiva Industrial.

1217. Pacto por la industria.

El logro de resultados positivos en el sector industrial pasa por la puesta en práctica de una política de consenso social, que implique a todas las instituciones y agentes económicos y sociales en esta tarea común, y posibilite el diseño de instrumentos de planificación en los que sentar las bases de las actuaciones públicas y privadas dirigidas a potenciar el desarrollo industrial de Castilla y León.

Sólo en ese marco de consenso y concertación social se logrará

tanto el crecimiento sostenido y equilibrado de la industria castellana y leonesa como la modernización y diversificación de las estructuras productivas configurando un tejido industrial más competitivo.

Sobre esta base, el gobierno debe liderar, con la participación directa

de los sectores más representativos de la sociedad de nuestra Comunidad autónoma, la elaboración de un gran acuerdo marco en materia industrial, para lo que revisaremos el Pacto Industrial para Castilla y León, y le daremos vigencia para toda la legislatura.



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a) Responsabilidad social empresarial.

1218. Potenciaremos la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) como la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.

1219. Promoveremos la divulgación e implantación de los criterios de RSE en las empresas y sociedad de Castila y León, estableciendo un programa de ayudas públicas para la adopción de estos criterios en su gestión, fomentando que los incentivos públicos en Castilla y León tengan en cuenta entre sus criterios de valoración la adopción de criterios de RSE. En todo caso, la valoración de estos criterios incentivará su aplicación y evitará la discriminación de aquellas empresas que no los hayan desarrollado.

b) Estabilidad y eficacia presupuestaria. La estabilidad presupuestaria es una condición necesaria para alcanzar un crecimiento económico sostenible y mejorar así el bienestar social de los castellanos y leoneses. En este contexto, existen ciertos riesgos que inciden en la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo que hacen necesario acometer reformas que incrementen tanto la eficacia como la racionalización del gasto público y que redefinan los principios de estabilidad presupuestaria, al tiempo que permitan obtener compensaciones por la explotación de recursos de la Comunidad. Mayor eficacia del gasto público.

1220. Reordenaremos el destino del gasto público en I+D+i, infraestructuras, educación y formación continua.

1221. Se incrementará la transparencia, imprescindible para incrementar la

eficacia. En esta línea se procederá a la publicación periódica de la información económica y presupuestaria para que el ciudadano la conozca. En este sentido se promoverá la creación de la Oficina Presupuestaria en las Cortes.

1222. En un intento de vincular la evaluación de la eficacia del gasto y las

decisiones presupuestarias futuras, se procederá a la creación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de Castilla y León.

Infraestructuras de I+D+i.

1223. Elaboración de un Plan de Endeudamiento Tecnológico a Largo Plazo, destinado a incrementar la inversión en programas destinados a atender actuaciones productivas "golden rule" de manera exclusiva en la creación de infraestructuras industriales y en concreto en infraestructuras de I+D+i. En este contexto, el nivel de endeudamiento sobre el PIB de Castilla y León tenderá a acercarse a la media de todas las CCAA para la financiación del Plan Tecnológico, sin superarla en ningún caso.



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38.- Castilla y León, sociedad del conocimiento Tecnologías de la Información y la Comunicación En el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento cada año perdido es clave. El desinterés de la Junta ha ampliado la brecha digital entre las ciudades y el mundo rural y nos ha situado a la cola de las comunidades autónomas en implantación de las TICs en el ámbito doméstico, educativo y de la empresa, particularmente de las micropymes y autónomos, en las que precisamente hay más potencial de mejora de la productividad. En lo que se refiere a la Administración, no se ha dado ningún paso significativo para mejorar la transparencia en las decisiones de la Junta, para facilitar la relación con los administrados –ni siquiera se ha empezado a aplicar efectivamente la firma electrónica- o para la cooperación con las Corporaciones Locales en la creación de plataformas comunes de e-Administración. Castilla y León está cinco puntos por debajo de la media nacional tanto en acceso a través de banda ancha, como en número de viviendas equipadas con ordenadores. En el mundo de la empresa también ocupamos los últimos lugares de las Comunidades Autónomas en equipamiento informático y conexión a internet. El sector TICs en Castilla y León es aún débil y disperso. La tasa de empresas informáticas, 58/ 10.000, es casi la mitad de la media nacional. El peso relativo del sector en el total nacional (3% en número de empresas) está dos puntos por debajo del peso nacional del conjunto de nuestras empresas. En el entorno rural hay importantes déficits de cobertura en los servicios básicos de telecomunicación como la telefonía fija y móvil, la conexión a internet en banda ancha y la televisión analógica (y en perspectiva la televisión digital terrestre – TDT) Objetivos

• Incorporar al impulso y la gestión de las nuevas tecnologías, como política transversal, al conjunto de la Administración autonómica y los representantes de la sociedad de Castilla y León.

• Luchar contra fractura digital en sus dimensiones generacional, social y territorial.

• Impulsar la implantación de nuevas tecnologías de acceso a la Sociedad de la Información y del Conocimiento, con programas compensatorios que mejoren la situación de los núcleos rurales, garantizando el acceso en banda ancha, servicios de telecomunicaciones fijas y móviles y televisión en todos los municipios.

• Normalizar el uso del ordenador en la escuela, con la inversión necesaria para una dotación de un ordenador por alumno.



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• Fomentar el desarrollo de contenidos y programas educativos basados en las TIC. Potenciar los programas educativos encaminados a la formación y reciclaje de los formadores.

• Incorporar plenamente la educación de adultos a las TIC, para combatir la e-exclusión.

• Impulso y dinamización del sector de la TIC, para alcanzar una dimensión equiparable al menos a la media nacional.

• Promover la implantación del comercio electrónico en las empresas. • Incorporación generalizada de las micropymes y los autónomos a las TIC. • Utilizar las TIC, como apoyo a un estilo de gobierno caracterizado por la

información veraz y de servicio público y la participación ciudadana, aumentando la transparencia de las Instituciones autonómicas a través de las nuevas tecnologías.

• Extensión de la administración electrónica, con incremento significativo del número trámites que no requieran de la presencia de las ciudadanas y ciudadanos ante la Administración. Impulso de la utilización de la firma electrónica en la administración.

• Creación de plataformas comunes de e-Administración con las Entidades Locales para la simplificación y agilización de procedimientos.

• Mejorar las condiciones de reciclaje y asegurar la eliminación sin peligro de los desechos de hardware y de componentes de las TIC.

Medidas

1224. Crearemos el Instituto para la Sociedad de la Información de Castilla y León, que gestione, como materia transversal, con la participación de todas las Consejerías, de las Corporaciones Locales y de la sociedad, las infraestructuras de acceso a las nuevas tecnologías, que fomente el acceso y la formación en TIC en todos los sectores de la economía y la sociedad, impulse y gestione el desarrollo nuevos programas y contenidos en los distintos sectores y luche contra la desigualdad efectiva en el acceso a las TIC y la e-exclusión, por razones generacionales, territoriales, económicas o sociales.

1225. Impulsaremos el acceso a Internet a través de sistemas de banda

ancha al 100% de la población, utilizando tecnologías que actualmente se encuentran disponibles y que sean más accesibles a la ciudadanía, como WIMAX, WIFI (ambas tecnologías inalámbricas) o PLC a través de la línea eléctrica, presente en todos los hogares de la Comunidad.

1226. Promoveremos la sustitución de todos los teléfonos rurales de

acceso celular –TRAC- por otras tecnologías más eficientes.

1227. Definiremos normativamente los estándares para implantación obligatoria de infraestructuras de telecomunicaciones en los proyectos de dotación de suelo urbano e industrial y en las nuevas infraestructuras locales y autonómicas que se construyan.

1228. Impulsaremos la creación de una red de Centros Tecnológicos en el

sector de las TICs distribuido en todas las provincias de la Comunidad, orientado a una especialización funcional, de acuerdo con la economía de



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su provincia. Las funciones de estos centros serán de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, difusión, formación y diseño de estrategias de innovación, así como de cooperación empresarial en el sector de las TIC. Actuarán también como observatorios provinciales de las TIC.

1229. Extenderemos la red de telecentros, con planificación comarcal,

acordada con las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, con el objetivo de duplicar la red actual.

1230. Dotaremos de banda ancha a todos los centros formativos de la

Comunidad, desde la Educación Primaria hasta la Universidad, incluyendo la ecuación de adultos, garantía social y formación ocupacional, equipándolos progresivamente hasta conseguir al final de la legislatura un ordenador por alumno.

1231. Desarrollaremos, en colaboración con las universidades de Castilla y

León un Software libre basado en Linux (CyLinux), que será implantado progresivamente en los sistemas informáticos de la Junta de Castilla y León, facilitando su uso en todas las demás administraciones de la Comunidad que lo soliciten. Fomento del desarrollo y promoción de software de gestión específico para microempresas, autónomos, cooperativas y explotaciones agrarias, basado en Linux.

1232. Incorporaremos un módulo transversal de formación en TIC en los

cursos de garantía social y los programas de formación ocupacional.

1233. Crearemos un nuevo Portal del Alumno en el que no sólo se pueda realizar un seguimiento del rendimiento lectivo de los alumnos, sino que sirva como canal de comunicación constante entre padres y profesores y se oferten contenidos de apoyo a la labor formativa.

1234. Programa de formación y extensión masiva de las TICs entre la

población no escolarizada, a través de la red de telecentros y de los programas y centros de educación de adultos, en cooperación con las Entidades Locales. Proyecto específico para las personas mayores, a través de las Aulas de la Tercera Edad, la Universidad de la Experiencia, la red de Hogares y las asociaciones de personas mayores.

1235. Creación de un vivero de empresas tecnológicas en cada provincia

en colaboración con las universidades y la red de Centros Tecnológicos de la Comunidad.

1236. Apoyaremos alianzas y agrupaciones de empresas del sector de las

TICs, para mejorar su solvencia y competitividad en los procesos de licitación pública. Fomentaremos los proyectos empresariales de creación de contenidos de la sociedad del conocimiento, tanto de carácter informativo, como para el mundo de la empresa, la investigación, el ámbito doméstico y el ocio.

1237. Programa de I+D+I para la aplicación de las TICs, con soluciones

de movilidad a la actividad agrícola y ganadera y otros sectores de la actividad económica.



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1238. Ley de transparencia. Las instituciones autonómicas estarán

obligadas a publicar en Internet la información relativa a su presupuesto y actividad de manera integral y comprensible para el ciudadano.

1239. Crearemos un Portal ciudadano para la consulta de información de

servicio público y la realización ágil de trámites administrativos ante la Administración autonómica a través de la red.

1240. Incorporación de la comunicación digital como medio oficial de

relación de la Administración autonómica con los ciudadanos.(e-administración)

1241. Queremos convertir a la Administración en el mejor ejemplo de uso

de las TICs, con el objetivo de que los trámites administrativos que los ciudadanos tienen que realizar con la Junta que se puedan realizar a través de la “tele-ventanilla”, lo que facilitará el acceso a su administración de los castellanos y leoneses que residen en otras Comunidades o en el exterior.

1242. Incorporaremos experiencias de teletrabajo en la Administración

autonómica, para su aplicación con carácter ordinaria a aquellos puestos que lo permitan, con las mejoras económicas y sociales que eso conlleva, de acuerdo con los representantes de los empleados públicos.

1243. Crearemos una red de “Puntos de admisión de documentación” en

cada comarca, para la aportación de aquella que no pueda ser presentada en formato electrónico

1244. Crearemos una Autoridad de Certificación propia referida al ámbito

de la Comunidad, para la emisión de certificados de usuario, que permita, a través de tarjetas criptográficas, la identificación electrónica de todos los servicios de la Junta de Castilla y León, al objeto de iniciar un programa de comunicaciones digitales.

1245. Impulsaremos la telemedicina y la e-sanidad como medio de relación

entre la atención primaria y los especialistas hospitalarios para un mejor servicio a los pacientes.

1246. Implementaremos, en cooperación con la FRMP, un sistema de

interconexión en red entre las administraciones locales en todos sus niveles y de todas ellas con la administración de la Comunidad Autónoma. A través de este sistema se potenciarán mecanismos de colaboración interadministrativa y se establecerán mecanismos de asesoramiento y apoyo en línea a las entidades locales, particularmente a aquellas con menores recursos. Se considerará prioritario en este sistema la gestión de expedientes que exigen la intervención de la Administración local y la autonómica, para la reducción de los tiempos de resolución. Consorcio e-proximidad. La gestión de este sistema de cooperación local en red se formalizará en un consorcio al que pueda incorporarse la red de Centros Tecnológicos TIC.



300

1247. Crearemos un Centro de digitalización del patrimonio cultural y natural de la Comunidad, para su puesta a disposición en la red. En él se dispondrá de toda la información referente al patrimonio histórico artístico, etnográfico, fotográfico, cinematográfico, literario, de las artes plásticas y al patrimonio natural, espacios y monumentos y parajes naturales, ecosistemas, flora y fauna, árboles singulares.



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39.- Fomento de la inversión extranjera en Castilla y León y de las exportaciones hacia nuevos mercados. a) Estado de la situación Castilla y León ha acogido el 0,35% de la inversión extranjera bruta acumulada en España en los últimos 14 años, con una evolución anual muy irregular: El peso de Castilla y León sobre el total de la inversión exterior en España ha variado entre el 0’83% de 1998 y el 0’02% de 2004. Desde 1993 la inversión extranjera en nuestra Comunidad se ha dirigido a los siguientes sectores, por orden de importancia:

• Comercio al pormenor, excluidos los vehículos de motor. (42,5%) • Seguros y planes de pensiones. (20’76%) • Industria química. (8,3%) • Industria de productos alimenticios y bebidas. (4,4%) • Fabricación de vehículos de motor y componentes. (3,5%) • Fabricación de productos de caucho y plástico. (2,9%) • Agricultura y ganadería. (2,8%) • Industria del papel. (1,9%) • Comercio al por mayor e intermediación. (1,7%) • Inmobiliario (1,5%)

La inversión extranjera en investigación y desarrollo es prácticamente inexistente (3.540 veces menor a la dirigida a Andalucía, que supone el 2’88% del total recibido por aquella Comunidad Autónoma en el mismo periodo). La inversión extranjera por habitante en Castilla y León entre 1993 y septiembre de 2006 fue de 310’28 euros, la tercera más baja de España sólo por delante de Extremadura y Cantabria. Por otra parte, la inversión extranjera por Km2 en el mismo lapso en Castilla y León ha sido de 8.344 euros, la segunda más baja de España, sólo por delante de Extremadura. Castilla y León, como otras CCAA que han estado gobernadas por el PP, aún no ha formalizado su colaboración con la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores –INTERÉS- (www.interes.org), que gestiona una cartera de proyectos de inversión y permanece neutral respecto a la ubicación definitiva de los mismos, de acuerdo con los intereses del inversor. Ni siquiera ha hecho Castilla y León uso del espacio que esta Agencia ha puesto a disposición de las CCAA en su portal para presentar sus atractivos, sus sectores prioritarios y sus programas de ayudas e incentivos a la inversión. Esta falta de colaboración con el Gobierno de España, que ofrece su colaboración para atraer inversión extranjera a nuestra Comunidad, y el rechazo de las ventajas que ofrece, aún a costa del desarrollo de nuestros territorios, contrasta con las giras propagandísticas exteriores sin objetivos transparentes y sin resultados destacables en el ámbito de la inversión, la creación de empleo o la transferencia tecnológica.



302

La reciente (y tardía) creación del portal www.invertirencastillayleon.com necesita un mayor soporte y mayor desarrollo que lo convierta en un verdadero instrumento integral de atracción de inversión extranjera. Objetivos Dotar a Castilla y León de un instrumento eficaz para el fomento y la atracción de inversión extranjera que, en colaboración con el Estado y las Cámaras de Comercio, lidere la estrategia para incrementar el atractivo de las oportunidades de inversión en nuestro territorio. En el mismo sentido, establecer mecanismos de colaboración con las empresas para facilitar las inversiones internacionales como un instrumento indispensable para el estímulo del comercio exterior de la Comunidad Autónoma. Así, como con las Cámaras de Comercio, que deben destinar al menos un 10% de su presupuesto a la internacionalización de sus empresas y cuentan con personal encargado de cogestionar el programa PIPE y la organización de misiones comerciales al exterior. Tiene interés, también, la coordinación con las Administraciones Locales (incluidas las Agencias de Desarrollo Local) y el protagonismo de las organizaciones sociales (y también las Cámaras) en la estrategia para incrementar el atractivo de las oportunidades de inversión. Medidas

1248. Creación de una unidad especializada para la atracción de inversión extranjera en el Instituto Financiero y de Promoción Económica de Castilla y León, CyL –Oportunidades o Invest in CyL, que proporcione una asistencia integral con toda la información y los trámites que un inversor necesita realizar, en colaboración con la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores.

1249. Definición de un plan estratégico para incrementar el atractivo de las

oportunidades de inversión en nuestra Comunidad para la inversión extranjera.

1250. Sectores prioritarios: transferencia de tecnología, agroindustria de

importante valor añadido, industria química y farmacéutica, energías renovables, turismo, aeroespacial, innovación automovilística, logística, telecomunicaciones.

1251. Países a los que se orientarán prioritariamente las acciones de captación de inversiones: Unión Europea, Estados Unidos y Japón.

1252. Dotación de nuevos programas de ayudas e incentivos que

complementen los existentes integrando los ofrecidos por otras administraciones.

1253. Con el compromiso de mantener durante al menos 5 años la

inversión que reciba algún tipo de beneficio. Atendiendo al impacto social y económico del proyecto, éste podrán beneficiarse, entre otros



303

instrumentos, de financiación en condiciones favorables, capital riesgo e incentivos especiales a la creación de empleo cualificado, a la eficiencia energética, la implantación de sistemas calidad, etc...

1254. Configuración de una imagen de marca de Castilla y León como

destino de la inversión extranjera en asociación con la imagen-país, las empresas consolidadas y los casos de éxito de nuestra Comunidad Autónoma.

1255. Crear zonas de acción especial, vinculadas a zonas de desequilibrio

de Castilla y León como las provincias del Oeste, Ávila, Palencia o Soria entre las que además se primarían áreas de especial necesidad.

1256. Situar el programa de inversiones públicas, las nuevas

infraestructuras y el plan de Parques Tecnológicos en el eje del atractivo de Castilla y León como destino para la inversión.

1257. Contribuir a la creación de clusters profundizando en la colaboración

entre Centros de Investigación, Universidades y el sector privado, coordinando y afianzando los Centros ya existentes (por ejemplo ITAGRA Palencia, ITA-Junta de Castilla y León en Valladolid...) y fomentando la contratación de investigadores.

1258. Apoyo a la celebración de Congresos internacionales de investigación

en nuestro territorio, en el ámbito de los sectores prioritarios para la atracción de inversión exterior.

1259. Formulación de planes sectoriales (y participación en los de ámbito

estatal) que centren sus acciones en los países objetivo que tengan una mayor vinculación con el sector correspondiente.

b) Exportaciones. Diversificación y equilibrio territorial Las exportaciones de Castilla y León supusieron en 2006 9.261,5 M€, el 5,5% del total de las exportaciones españolas, un punto menos de lo que representaban en el año 2000. Esta tendencia de pérdida de peso en España de nuestras exportaciones parece sostenida. El crecimiento en ese mismo año, 2006, de un 3,14 % sobre 2005, sitúa a Castilla y León a la cola de las Comunidades Autónomas en crecimiento de las exportaciones (sólo por delante de Ceuta, Canarias y Extremadura) Castilla y León cuenta con más de 2.700 empresas exportadoras, el 3,5% del total de España, cuyo volumen de exportación media anual supera los 3,2 M€. Sin embargo, esta media es poco representativa, ya que las exportaciones de Castilla y León están muy concentradas en un número reducido de empresas. Con la excepción de Canarias, Castilla y León es la Comunidad Autónoma en la que la concentración es mayor, puesto que las cuatro primeras empresas superan el 56 % del total y las 10 primeras casi el 67 %.



304

Considerar el curso de las exportaciones como un indicador de la evolución de la economía de la Comunidad es cuando menos arriesgado. Primero, porque las exportaciones manifiestan más la evolución de la demanda externa, que rasgos propios de la actividad interior. En segundo lugar, porque las exportaciones de Castilla y León están ligadas esencialmente al curso de la competitividad de un solo sector (el sector de la automoción). Y, finalmente, porque las decisiones de exportación de la multinacional dominante en la actividad exportadora no están tan relacionadas con condiciones competitivas, sino con posiciones de poder de mercado y decisiones estratégicas de la multinacional correspondiente. Estas advertencias son especialmente significativas al analizar comparativamente la actividad exportadora de la Comunidad Autónoma en relación con el conjunto del país. Ni la evolución interanual positiva de los tres años comprendidos entre 2002 y 2004 revelan mayores niveles de competitividad de la economía rde Castilla y León, ni los descensos del año 2005 suponen una quiebra de este criterio. Puede sugerirse en todo caso que las exportaciones de la Comunidad Autónoma, afectadas por la crisis de producción y ventas de una parte de la industria de automoción, evolucionan en los dos últimos años de un modo sensiblemente menos favorable que las exportaciones del conjunto del país. La concentración sectorial de las exportaciones y la escasa sensibilidad exportadora de la industria de Castilla y León, reclaman un esfuerzo extraordinario que vaya más allá de la actividad de la empresa Excal y su burocratizada actividad. Naturalmente en Castilla y León la media significa poco y los datos están muy condicionados por la evolución de la industria del automóvil, precisamente el descenso de la exportación media se debe a la elevada concentración, la incapacidad para compensar la dependencia y la evolución de la industria del automóvil y a la no consolidación de la condición exportadora a lo largo del tiempo de las PYMES que inician su internacionalización. Los sectores exportadores en Castilla y León son fundamentalmente cuatro, entre los que acumulan más del 94 % del total de nuestras exportaciones:

• Automóvil. (48,0%) • Semimanufacturas (24,4%) • Bienes de equipo (12,4%) • Alimentos. (9,6 %)

Si atendemos a los principales capítulos arancelarios exportados en 2006 desde Castilla y León observamos lo siguiente:

• Automóviles y tractores (38’7%) • Máquinas y aparatos mecánicos (18’3%) • Productos farmacéuticos (6’71%) • Caucho y sus manufacturas (5’6%) • Fundición, hierro y acero (3’6%) • Aceites esenciales, perfumería (2’1%) • Carne (1’7%) • Papel, cartón, sus manufacturas. (1’4%)



305

• Bebidas de todo tipo (excepto zumos) (1’3%) • Preparaciones alimenticias diversas (1’3%) • Aparatos y material eléctrico (1’3%) • Manufacturas de fundición, hierro/acero (1’1%)]

La concentración de empresas y sectores exportadores da lugar a muy graves desequilibrios territoriales entre provincias en lo que a esta materia se refiere: Valladolid (35,9%), Burgos (23,3%) y Palencia (22,%) son las provincias que concentran la mayor parte de las exportaciones. En lo que atañe a las importaciones, que son un componente de la oferta nacional procedente del exterior, su evolución se vincula a las compras de “inputs” asociados a la producción de vehículos automóviles, componentes y auxiliares. Por ello su orientación, sin duda, está asociada al propio comportamiento de las exportaciones, aunque también se relacione con el crecimiento de la producción industrial. En esta materia los desequilibrios son aún mayores. Valladolid (59,0%) y Burgos (22,3%) acumulan la mayoría de las importaciones. Una de las principales características de la acción del PP en la internacionalización de nuestra economía ha venido siendo su obsesión autárquica. Todo para que EXCAL aparezca como única institución de apoyo, a pesar de la oferta de cooperación y coordinación con las CCAA del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), del mismo modo que sucede con la Agencia INTERÉS en la atracción de inversiones. El último y más claro ejemplo de esta estrategia tan partidista como equivocada en el fomento de las exportaciones que se debe rectificar es el hecho de que Castilla y León fuese la única Comunidad Autónoma que se autoexcluyó del Plan Comercial del sector agroalimentario en China firmado el 23 de enero de 2007. Este plan al que se han destinado 3 millones de euros financiados en un 50% por el ICEX, fue impulsado desde el Consejo Interterritorial de Internacionalización creado en mayo de 2006 que incluye al Gobierno Central, las Comunidades Autónomas, la patronal y las Cámaras de Comercio. Objetivos

• Impulsar una estrategia que incremente y diversifique las exportaciones, la base de empresas exportadoras y la consolidación en el tiempo de la condición exportadora, poniendo freno a la caída de las exportaciones medias por empresa.

• Fomento de la diversificación sectorial y territorial de las exportaciones.

• Mejorar la colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

así como con las Cámaras de Comercio, Asociaciones Sectoriales y Consejos Reguladores, cuya labor en este campo es preciso reconocer y potenciar, para el diseño de acciones coordinadas y programas que se complementen mejorando las oportunidades de exportación de las empresas de Castilla y León.



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Medidas

1260. Facilitar que las empresas puedan beneficiarse de ayudas de distintas instituciones en las diferentes etapas de internacionalización (EXCAL lo dificulta en la actualidad).

1261. Participación activa en los Planes de Promoción Exterior impulsados

desde el Consejo Interterritorial de Internacionalización integrado por el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas, la patronal y las Cámaras de Comercio.

1262. Fomento de una imagen de nuestros productos en el exterior

asociada a la imagen-país, a la noción de calidad y a la de nuestras principales empresas exportadoras.

1263. Implicar a las Universidades Públicas de Castilla y León en la

formación de los técnicos de comercio exterior, favoreciendo la constitución de programas interuniversitarios de postgrado en este ámbito.

1264. Intensificar la formación de técnicos de Comercio Exterior,

posibilitando que desarrollen su segunda fase en una empresa de Castilla y León después de facilitar su formación práctica en el exterior.

1265. Constitución de una red de consultores externos en el exterior.

1266. Diseño de un esquema de colaboración con la red exterior de la

Administración Central y otras CCAA, de forma que la presencia de técnicos en el exterior permita ampliar la presencia a países en los que no se cuenta con oficinas propias.

1267. Profesionalización de la actividad de apoyo a la exportación desde las

fases iniciales de internacionalización de las empresas y firma de acuerdos para facilitar la participación de las que se inician en la exportación en programas especialmente diseñados para estas etapas, que cuentan con el asesoramiento de expertos con amplia experiencia, como el programa APRENDIENDO A EXPORTAR, de ICEX o el PIPE, de ICEX, CCAA y Cámaras de Comercio.

1268. Lanzamiento de Planes Integrales de Desarrollo de Mercados hacia

países con elevado potencial de crecimiento o tamaño –China e India, son en este caso la referencia, sin excluir a otros-, para corregir la concentración geográfica de nuestras exportaciones.

1269. Plan de Internacionalización de Sectores de Alto Contenido

Tecnológico, en relación fundamentalmente a los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información, energías renovables y eficiencia energética, medio ambiente y gestión de residuos e infraestructuras e innovación industrial. Constará de fases de promoción, comunicación e información y formación.



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1270. Fomento del espíritu exportador dentro del Programa nacional APRENDIENDO A EXPORTAR, financiando el proceso de internacionalización y facilitando formación y apoyo a la creación de plataformas logísticas en el exterior.

1271. Se promoverá la formación de consorcios de exportación, facilitando

el asesoramiento necesario y habilitando un centro de negocios donde las expectativas comerciales lo aconsejen.

1272. Creación de un E-marketplace que permita difundir la oferta

exportadora de Castilla y León en los mercados exteriores de interés de cada empresa.

1273. Diseño de políticas de ayudas complementarias a los programas

ofrecidos por otras instituciones que permitan implementar las líneas estratégicas y la competitividad de la empresa contemplando, entre otros asuntos, la adopción de medidas de calidad, el diseño, el registro y la consolidación de marca, la creación de portales electrónicos que sirvan, al mismo tiempo, para dar continuidad a los programas de iniciación.

1274. El estímulo del comercio internacional, tanto de las exportaciones

como de las importaciones, reclama una estrategia específica que permita la inversión internacional de las empresas de la Comunidad, así como el establecimiento de oficinas comerciales de empresas o grupos de empresas. La Junta de Castilla y León podría facilitar la concentración de dichas oficinas comerciales, propiciando las sinergias necesarias para reducir el coste de penetración en los mercados de mayor interés.



308

40.- El comercio. La importancia del sector comercial en Castilla y León queda reflejada por su aportación al PIB de la Comunidad, en torno al 10%, y por el importante número de personas que trabajan en este sector, que superan las 135.000 personas ocupadas en más de 55.000 establecimientos comerciales. Si bien el 93% del empleo se encuentra empleado en pequeños establecimientos, que configuran el denominado comercio tradicional. La actividad comercial en Castilla y León se encuentra amparada por la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, que ha tenido su principal desarrollo en el Plan de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León. El Comercio tradicional se ha convertido en un elemento dinamizador y vertebrador de la vida de las ciudades. El comercio tradicional contribuye a configurar y llenar de actividad los cascos históricos y los barrios de nuestro municipios, siendo un bien que es necesario impulsar a través de apoyar su modernización y mejorando su competitividad. Las Cámaras de Comercio de Castilla y León junto con la Asociaciones de pequeños establecimientos comerciales serán los instrumentos de apoyo de la Administración Autonómica para el desarrollo de los planes de impulso del sector comercial. El sector del textil, muy ligado a la actividad comercial, se encuentra en este momento en un proceso de reestructuración como consecuencia de la apertura de los mercados a los fabricantes de los países del Este asiático, por lo que nuestro reto es apostar por el desarrollo del I+D+i en sector del textil y el impulso de la actividades ligadas al mundo de la moda y el diseño. La actividad a través de franquicias es otra de las formulas que permiten la expansión de la actividad comercial. El impulso a las empresas de Castilla y León creadoras de franquicias es una de las posibilidades de crecimiento económico y creación de empleo de nuestra Comunidad. Y, además, constituye uno de los mejores instrumentos para favorecer la comercialización de nuestros productos fuera de Castilla y León. Objetivos

• Mejorar la competitividad del Sector del Comercio Tradicional, con presencia de establecimientos comerciales de forma equilibrada en toda la Comunidad, para garantizar el acceso a la oferta comercial de todos los castellanos y leoneses, contribuyendo con ello atender un derecho básico y a fijar la población.

• Fomentar el diálogo de la Junta con las organizaciones que representan a los colectivos del Sector Comercial. Ello supone una revisión de la composición del Consejo Castellano y Leonés de Comercio, hoy con mayoría absoluta de miembros de la Administración Autonómica, lo que lo



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convierte en un órgano del gobierno de Castilla y León, no representativo de los intereses del sector.

• Mantener el equilibrio entre el espacio comercial que ocupan el comercio tradicional y las grandes y medianas superficies es una necesidad para garantiza el alto nivel de empleo del sector y asegurar oferta equilibrada a los castellanos y leoneses de los diferentes bienes de consumo.

• Impulsar la actividad ferial, ordenando y planificando el sector. Medidas

1275. Garantizaremos el actual equilibrio entre el comercio tradicional y los grandes y medianos establecimientos, en el conjunto de Castilla y León.

1276. Incrementaremos la participación de los municipios en la decisión

sobre la instalación de medianas y grandes superficies.

1277. Modificaremos la composición del Consejo Castellano y Leonés de Comercio incrementado la participación de las Asociaciones de Consumidores, de representantes de las empresas del sector comercial, de los Ayuntamientos y de las organizaciones sindicales.

1278. Adecuaremos la delimitación de la Zonas Comerciales de Castilla y

León, de forma que su ámbito geográfico responda más a las características propias de cada territorio: Cabeceras de Comarca, áreas periféricas, proximidad a otras Comunidades Autónomas, ciudades con gran atracción comercial, etc.

1279. Desarrollaremos un Plan de mejora de la competitividad del Comercio

tradicional con un impulso a las fórmulas organizativas que permitan superar las desventajas del pequeño tamaño de los establecimientos.

1280. Promoveremos acuerdos con todos los Ayuntamientos para el

fomento de las zonas comerciales en los cascos históricos de las ciudades, desarrollando acciones urbanísticas que los conviertan en áreas de convivencia y de paseo.

1281. Pondremos en marcha un Plan de impulso al sector de la creación, el

diseño y la moda.

1282. Desarrollaremos un Plan de comercio rural destinado a garantizar el acceso a la oferta comercial en los pequeños municipios, lo que implica un estudio detallado de la Estructura Comercial de Castilla y León al inicio de la legislatura.

1283. Fomentaremos con un plan específico el comercio en las áreas de

interés turístico.

1284. Aplicaremos una política de fomento de las franquicias castellanas y leonesas, tanto dentro de Castilla y León, como fuera de nuestra Comunidad.



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1285. Elaboraremos un Plan de fomento y ordenación de las Ferias Comerciales que atienda la especialización de cada una, su ubicación geográfica y su interés para la actividad comercial, su compatibilidad de fecha con otras ferias o acontecimientos.

1286. Regularemos con carácter general la venta ambulante en los

municipios de Castilla y León

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