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PERE RÍOS / FERNANDO GAREA Barcelona / Madrid 25 SEP 2015 - 22:00 CEST

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El Tribunal Superior catalán insta a Mas a que deje de reclutar

magistradosEl Gobierno advirtió este viernes que reclutar jueces autonómicos va contra la Constitución

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El Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña reclamó este viernes a laGeneralitat que sancione a Santiago

 Vidal, un cargo de confianza contratadopor la Administración autonómica queestá reclutando jueces para cubrir lasplazas que queden vacantes en unahipotética Cataluña independiente. Eltribunal cree que esa actuación del juez

 Vidal, que está suspendido por tres añospor participar en la redacción de laConstitución catalana, "compromete

gravemente" la "confianza colectiva en elPoder Judicial" y por eso reclama alGobierno catalán "que exija las

responsabilidades correspondientes" y ponga fin a la situación.

La comisión permanente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sereunió este viernes de manera extraordinaria ante la informaciónpublicada por EL PAÍS que relataba la actividad que está llevando a cabo Santiago Vidal y en la que élmismo detalla los pasos que había dado para reclutar a unos 250 jueces en un futuro Estado atalán.Esa es la estimación de las plazas que quedarían vacías, de un total de 800, cuando se proclame laindependencia.

"De ninguna manera puede aceptarse que se cuestione la continuidad en el ejercicio jurisdiccionalindependiente, imparcial y responsable, conforme a la Constitución, de los jueces y juezas de esteterritorio", dice el tribunal superior, que también considera inaceptable "que se pueda trasladar a laopinión pública que la efectiva protección de los derechos y libertades de la ciudadanía se encargará aun número indeterminado de personas sin ninguna sujeción a los procedimientos previstos en la ley".La nota emitida tras la reunión considera que la actuación de Vidal "ha comprometido gravemente"la "confianza colectiva” en el poder judicial.

El Departamento de Justicia negó este viernes que se estuviesen reclutando jueces y que Vidal nohabía recibido el encargo. También declinó pronunciarse sobre si adoptaría medidas sancionadorascontra este magistrado. Horas después del desmentido de la Generalitat, el magistrado suspendido sesumó a esa tesis y negó por completo lo que el día anterior había explicado.

 Vidal relató el pasado jueves a EL PAÍS con toda clase de detalles que tenía el encargo del consejerode Justicia, Germà Gordó, para reclutar a los jueces en el marco de la elaboración del Libro Blanco dela Justicia. También explicó los requisitos que se exigirían a esos jueces, que no se celebraríaconvocatoria para seleccionarlos y reconoció que había mantenido entrevistas con varios de ellos

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Inauguracion del año judicial de Cataluña, el pasado 10 de septiembre. / M. MINOCRI

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para que se presentaran una vez lograda la independencia.

Del mismo modo, Vidal explicó que había hablado con los representantes de los jueces y los fiscalessustitutos y con los decanos de los colegios de abogados para que colaborasen en el reclutamiento de

 jueces. Incluso anunció que el trabajo que está realizando será presentado el 9 de octubre en elObservatorio Catalán de Justicia. "Queremos despolitizar al máximo la justicia y no buscamos ningúnperfil ideológico concreto", declaró Vidal el jueves. Este viernes se negó a atender la llamada de ELPAÍS tras ese cambio de posicionamiento.

Sin embargo, una de las personas entrevistadas por Vidal para sumarse al nuevo cuerpo de juecesconfirmó que Vidal le explicó todos los detalles que explicaba la información. En esa entrevista,

celebrada hace unos días, Vidal dijo del consejero Gordó, que "estaba amortizado políticamente" y sele recolocaría en una empresa privada, pues la nueva consejera de Justicia sería una exdiputada deEsquerra Republicana.

Mientras, el Gobierno advirtió este viernes que reclutar jueces catalanes va contra la Constitución y,según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, atenta contra la independencia del PoderJudicial. "El poder judicial es único e independiente y, por tanto, no es posible crear uno propio",explicó. Santamaría insistió en que esa actuación sería perturbar la independencia judicial, porque laley prevé la posibilidad de actuar contra quien lo haga. El artículo 14 de la ley Orgánica del PoderJudicial asegura que "el Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las accionespertinentes en defensa de la independencia judicial".

Lanúmero dos

 del Gobierno aprovechó para advertir de que mantendrá su estrategia de llevar alTribunal Constitucional cada paso que de la Generalitat para crear la estructura de Estado y forzar asísu suspensión. En este caso, fuentes del Gobierno explican que no es posible actuar porque no constaninguna decisión o acto oficial que ampare ese reclutamiento de jueces.