el saneamiento en procesos de responsabilidad civil
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El saneamiento en procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual
producto de accidente de tránsito, en el marco del Código General del Proceso
Edwin Riveros López
Correo electrónico: [email protected]
Universidad Cooperativa de Colombia
Campus Cartago, Valle del Cauca.
Diplomado Responsabilidad civil contractual y extracontractual
Cohorte I 2020
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El saneamiento en procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual
producto de accidente de tránsito, en el marco del Código General del Proceso
Edwin Riveros López
Correo electrónico: [email protected]
Universidad Cooperativa de Colombia
Campus Cartago, Valle del Cauca.
Diplomado Responsabilidad civil contractual y extracontractual
Cohorte I 2020
Coordinación de investigación
Andrés Fernando López Cruz
Abogado, Mg. en Derecho Público, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Socia
Correo electrónico: [email protected]
Julio 28 de 2020
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El saneamiento en procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual
producto de accidente de tránsito, en el marco del Código General del Proceso
Resumen
La responsabilidad jurídica derivada de un accidente de tránsito como hecho generador de una
obligación, es el tema central de la experiencia investigativa desarrollada, donde la norma
sustantiva, Código Civil colombiano, relaciona la graduación de la culpa con los regímenes que
atañen a la responsabilidad civil contractual y extracontractual para los actores viales implicados
como víctimas o victimarios; presenta como elemento diferenciador el analizar la importancia del
saneamiento en este tipo procesos, a través del control de legalidad en vigencia del Código General
del Proceso – Ley 1564 de 2012 -. Bajo un estudio con enfoque dogmático documental y de tipo
descriptivo-explicativo dentro de la relación causa – efecto, se pudo establecer las implicaciones
legales y procesales en casos difíciles, donde se equivoca la vía de la demanda para reclamar los
perjuicios y el yerro del juez al no hacer uso del deber-obligación de sanear oportunamente desde
la admisión de la demanda, so pena de nulidades, en detrimento de las víctimas.
Palabras claves: obligaciones, culpa, responsabilidad civil, contractual, extracontractual, control
de legalidad.
Abstract
The legal responsibility derived from a traffic accident as a fact generating an obligation, is the
central theme of the investigative experience developed, where the substantive norm, Colombian
Civil Code, relates the graduation of guilt with the regimes that concern civil liability contractual
and non-contractual for road actors involved as victims or victimizers; presents as a differentiating
element analyzing the importance of sanitation in this type of process, through the legality control
in force of the General Process Code - Law 1564 of 2012 -. Under a study with a documentary and
descriptive-explanatory dogmatic approach within the cause-effect relationship, it was possible to
establish the legal and procedural implications in difficult cases, where the path of the claim to
claim damages and the judge's error are wrong by not making use of the duty-obligation to clean
up promptly from the admission of the demand, under pain of nullities, to the detriment of the
victims.
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Keyworks: obligations, fault, civil liability, contractual, tort, legality control.
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Tabla de contenido
Introducción.. .............................................................................................................................. 6
Pregunta de investigación………. ............................................................................................... 8
Objetivos..................................................................................................................................... 9
Objetivo General. ................................................................................................................... 9
Objetivos Específicos. ............................................................................................................ 9
Capítulo I. ................................................................................................................................... 9
1.1 Contexto histórico de responsabilidad civil contractual y extracontractual ............................. 9
1.2 Teoría del riesgo en accidentes de tránsito. .......................................................................... 11
1.3 La teoría de los casos difíciles y derecho como integración.................................................. 15
Capítulo II. ................................................................................................................................ 17
2.1 Principio dispositivo. ........................................................................................................... 17
2.2 Los deberes del juez civil. ................................................................................................... 19
2.3 El saneamiento de los procesos (control de legalidad). ......................................................... 20
Conclusiones y resultados. ........................................................................................................ 23
Referencias bibliográficas. ........................................................................................................ 28
Anexos y apendices. .................................................................................................................. 31
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Introducción
En materia de procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual producto de
accidente de tránsito, la textura abierta de las normas jurídicas, verbigracia la ambigüedad,
vaguedad y lagunas de varias de ellas, produce diferencias legítimas y disputas que obligan al
jurista en litigio a agudizar su sentido crítico y argumentativo durante todo el proceso, no solo
desde lo sustantivo, sino también, desde lo adjetivo, contemplando aspectos como el hecho
generador de la acción a desarrollar, la vigilancia estricta en las intervenciones de los actores (las
partes, litisconsortes necesarios, llamados en garantía) y del tercero imparcial (el juez) que dirigirá
y dirimirá el asunto sometido a la justicia.
La anterior premisa cobra relevancia bajo la teoría de los casos difíciles y derecho como
integración de Ronald Dworkin, tal como lo plantea Muñoz (1999), particularmente cuando de la
crítica al positivismo de Hart, presente durante el siglo XX, “Dworkin contempla la interpretación
del derecho exclusivamente desde la perspectiva del caso concreto. Se centra en plantear qué tipo
de cuestiones tienen que afrontar los jueces como aplicadores del derecho” (p.57). Y es que la
cuestión no es de poca monta, basta con mirar a priori para el tema en particular el derecho que
debe aplicarse, pues el Código Civil colombiano en su Título XXXIV, artículo 2341 y siguientes,
contempla la responsabilidad común por los delitos y las culpas, en concordancia con los artículos
1602, 1604 ibíd, como norma de regulación específica para el contrato; además, el Código de
Comercio en sus artículos 981 a 1007 consagra los elementos comunes al contrato de transporte y
de personas, luego entonces resulta importante determinar en este tipo de procesos la calificación
del mismo, según los hechos facticos y el papel de la víctima en el accidente de tránsito, quienes
sin saberlo suscriben de manera verbal o tácita una relación jurídica, como por ejemplo cuando
utilizan un servicio de taxi, o de manera expresa cuando paga su tiquete en una empresa de servicio
intermunicipal u otras.
Para el abogado que inicia la acción en representación de su (s) prohijado (s), es menester, desde
la misma entrevista, establecer la adecuación normativa de lo relatado por su (s) cliente (s), con el
fin de dirigir sus pretensiones y las obligaciones derivadas del accidente de tránsito, bien sea de
carácter contractual o extracontractuales, así como también quienes serán los llamados a
responder; pero este principio de disposición no solo es sometido al escrutinio de las partes cuando
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se les corre traslado de una demanda, como se mencionó anteriormente, sino también al juez, que
según la Ley 1564 de 2012, conocido como Código General del Proceso, entabla comunicación y
control del proceso a través de autos de sustanciación y del denominado saneamiento, producto
de:
Artículo 132. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá
realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren
nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo
previsto para los recursos de revisión y casación. (Negrilla y subrayas fuera de
texto).
Es en este punto que se centra los cuestionamientos a desarrollar en la presente investigación,
cuyo ámbito temporal está delimitado por la expedición del Código General del Proceso (Ley 1564
de 2012), que para el Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, entró en vigencia el 1 de enero
de 2015 y para el caso concreto con ocasión a la dicotomía que se puede presentar a la hora de la
estructuración del proceso producto de la textura abierta, donde bien puede suceder un yerro por
parte de quien inicia la acción, calificando el proceso a seguir como responsabilidad
extracontractual y no contractual o viceversa, mismo que puede ser utilizado por la contraparte
con o sin intención, cuyos efectos jurídicos estarían dentro del contexto de posibles nulidades, con
graves consecuencias para los intereses de las víctimas y de los principios en la interpretación de
las normas procesales (artículo 11 ibíd), donde los derechos reconocidos en la ley sustancial
producto del accidente de tránsito se verán vulnerados si el juez del proceso no advierte y/o corrige
al abogado demandante oportunamente, presentándose una clara tensión entre el deber de las partes
(principio dispositivo), la imparcialidad del juez, que en principio no estaría llamado a corregir
algo que se supone debe saber el togado demandante, la nulidad que debe ser alegada por la parte
so pena de ser saneada y la búsqueda de la verdad en favor de las víctimas.
Justamente las razones de orden metodológico que justifican la presente investigación,
obedecen a la conducencia y pertinencia de la investigación con enfoque dogmático documental,
que parafraseando a Tartaleán (2016) se centra en estudiar fenómenos recurrentes para corregir
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prácticas mecanizantes existentes en la realidad, como en los casos de responsabilidad civil
contractual y extracontractual producto de accidente de tránsito, o como el mismo autor expresa
citando a Díaz (1998), así:
Un estudio normativo o dogmático describe, analiza, interpreta y aplica normas
jurídicas; para ello, conoce y estudia las normas jurídicas, elabora conceptos y
métodos para construir instituciones y un ordenamiento dinámico, ayuda a la
producción y creación de otras nuevas normas, las interpreta y aplica, contribuye a
regular con ellas comportamientos humanos y a resolver conflictos de efectividad.
En una palabra, como la norma jurídica regula conductas a través de prescripciones,
las investigaciones dogmáticas estudian tales regulaciones, describiéndolas y
explicándolas (p.5).
En ese orden de ideas, la utilidad de la investigación de tipo descriptivo-explicativo, congruente
con la formulación del problema a continuación, en el entendido que dentro de la relación causa -
efecto se busca establecer las implicaciones jurídicas, ya que, según Tartaleán (2015), citando a
Pineda Gonzales (1990), Piscoya Hermoza (1995), Hernández Sampieri, Fernández-Collado y
Baptista Lucio (2006),: “…el estudioso conoce con detalle el efecto pero lo que no conoce es la
causa de ese efecto. Por tanto, además de describir, se analizan las causas y sus relaciones
fenomenológicas”. (p.12)
Por último indicar que por el enfoque y tipo de investigación descritos, de base documental, se
acude a fuentes secundarias organizadas en matrices y rejillas de observación, jurídica que
permiten sintetizar la información para su análisis hermenéutico, propio de las investigaciones de
naturaleza jurídica.
Pregunta de investigación
¿Cuál es la importancia del saneamiento en procesos de responsabilidad civil contractual y
extracontractual producto de accidente de tránsito?
Objetivos
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Objetivo General
Analizar la importancia del saneamiento en procesos de responsabilidad civil contractual y
extracontractual producto de accidente de tránsito.
Objetivos Específicos
Cualificar la naturaleza jurídica de los procesos de responsabilidad civil contractual y
extracontractual producto de accidente de tránsito.
Examinar los elementos adjetivos del saneamiento a través del control de legalidad, conforme
al Código General del Proceso.
Capítulo I
Naturaleza jurídica de los procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual
1.1 Contexto histórico de responsabilidad civil contractual y extracontractual.
Partiendo de la conceptualización de la escuela francesa sobre el hecho jurídico, como “todo
acontecimiento producido por la naturaleza o por el ser humano que produce afectos de Derecho”
(Machicado, 2013), la responsabilidad civil regulada por el Derecho sustantivo (Ley 84 de 1873),
obedece a la necesidad conocida en la realidad de las relaciones humanas y que, precisamente por
ese fundamento común, es adoptada como doctrina el hecho generador y/o fuente de la obligación
derivada de la responsabilidad por el delito o la culpa (artículo 2341 del C.C.); en otras palabras,
siguiendo la transnacionalidad normativa de esta institución jurídica estudiada, proveniente del
Código Civil Francés en época de Napoleón, seguido del Código Civil Chileno de Don Andrés
Bello, reproducido en Colombia hace más de 145 años, fundamentado en el daño producido por el
agente y por consiguiente para el caso concreto asociado a la culpa (enfoque subjetivo).
Parafraseando a Aramburo Calle (2008), para finales del siglo XIX autores como Sauzat,
Saintelette, Josserand y Saleilles planteaban abiertamente un enfoque subjetivo de la
responsabilidad civil fundada en el riesgo y casi siglo y medio después en Colombia se extiende
más como un antecedente histórico, sin desconocer que tanto fáctica, como normativamente
persiste la teoría del riesgo en los fallos judiciales (p. 17-18), contemplando además unos
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elementos o presupuestos necesarios, que según Boulin, Egües & Farrando (1976) quienes
identificados con el Alemán Hedemann y su Tratado de derecho civil, aplicable al ordenamiento
jurídico Colombiano, indican que:
[…] existen dos orientaciones fundamentales; unos tienden a restringir al menor
número posible los presupuestos, en tanto que otros tratan de extender dicho
número en la medida necesaria para descomponer la responsabilidad civil en sus
elementos simples. Este último criterio es, a nuestro entender, el más acertado. Es
por eso que consideramos que los presupuestos de la responsabilidad civil
extracontractual son cuatro-. 1) la antijuridicidad, 2) el daño, 3) la relación de
causalidad y 4) la culpa (p.3).
Ahora bien, en la responsabilidad civil contractual de tradición culpabilística, la Honorable
Corte Constitucional en sentencia C-1008 de 2010, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto
Vargas Silva, explica claramente desde el campo normativo doctrinal la figura, así:
4.2. En materia de responsabilidad civil contractual, ámbito al que pertenece la
norma acusada, el elemento subjetivo continúa siendo un criterio determinante para
la definición y el alcance de la responsabilidad, comoquiera que el contrato es un
acto que se mueve por excelencia en el terreno de la previsibilidad, está regido por
la autonomía de la voluntad, de manera que la reparación del perjuicio está atada al
grado de culpabilidad del deudor.
4.3. El artículo 63 del Código Civil contempla un sistema de graduación de la
culpabilidad civil: (i) culpa grave, negligencia grave o culpa lata, que en materia
civil equivale al dolo; (ii) culpa leve, descuido leve o descuido ligero (iii) culpa o
descuido levísimo; y (iv) dolo (p.18).
Esta caracterización amplia de la culpa del artículo 63 ibíd, al incluir dentro de las tres especies
de culpa o descuido, la culpa grave, negligencia grave y culpa lata, abre su interpretación al deber
de cuidado (elemento esencial en los accidentes de tránsito) aun para las personas negligentes o de
poca prudencia.
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Con respecto a la responsabilidad civil extracontractual la fuente también es el daño, tal como
se advierte en el artículo 2356 ibíd: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o
negligencia de otra persona puede ser reparado por ésta”. Pero a diferencia de la responsabilidad
contractual, está es independientemente de cualquier relación jurídica preexistente entre las
distintas partes, conservando la esencia de las actividades peligrosas desde del Código Civil
Francés de 1804:
En primer lugar, la Corte suprema de Francia afirmó entre 1897 y 1930 la existencia
de un principio general de responsabilidad extracontractual por el hecho de las
cosas. Fue una interpretación audaz del artículo 1384, inc. 1 del Código civil. Esta
interpretación fue la primera piedra de la construcción de una nueva responsabilidad
en materia de indemnización de los daños que tienen su origen en un accidente.
En segundo lugar, en materia de responsabilidad contractual, la jurisprudencia
estableció la distinción entre las obligaciones de medio y las obligaciones de
resultado.
En tercer lugar, siempre se afirmó claramente en la jurisprudencia, el principio de
la prohibición de la acumulación o de la opción entre la responsabilidad contractual
y la responsabilidad extracontractual. (Larraoumet, 2000, p.2 )
1.2 Teoría del riesgo en accidentes de tránsito
Está claro que en términos generales, tal como lo expresa Uribe (2016) la teoría del riesgo, tuvo
origen en los llamados accidentes laborales (especialmente el fallo Blanco que tenía por objeto
hacer civilmente responsable al prefecto de Gironte), para pasar posteriormente a la
responsabilidad civil. Es así como dentro de las características de la teoría del riesgo se encuentran:
l. Se refiere a una actividad lícita y permitida. (Riesgo creado)
2. En el aspecto probatorio, la prueba de la diligencia y cuidado no exonera de
responsabilidad al causante del daño (...)
3. Se puede incurrir en responsabilidad por riesgo a través de la utilización de cosas
riesgosas o en ejercicio de actividades riesgosas.
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4. La teoría del riesgo se caracteriza por la facilidad para identificar no solamente
al autor físico del daño, sino a una serie de personas que giran en tomo al riesgo
creado y se benefician o lucran con la creación de ese riesgo. (p.32) – subraya
anotación propia fuera de texto -.
Es importante indicar que por sí solo el riesgo no debe ser interpretado como hecho generador
del daño, por ello el legislador determina la responsabilidad por riesgo y la regula íntegramente,
asociada al daño por la actividad del agente, es decir, como se indicó líneas atrás, la norma civil
en sus artículos 2341 y 2356 del C.C, otorga calificativos para la obligación derivada de la culpa
en concordancia con el artículo 63 ibíd, y como resultado la congruencia de la actividad riesgosas
y existiendo causalidad; en otras palabras, la peligrosidad de la cosa o de la actividad calificada de
riesgosas no basta como “mera causalidad entre el daño y la cosa o la actividad, sino que
corresponde indagar por su peligrosidad, obvio esta tarea corresponde al juez en su prudente
criterio, pero de todas maneras es la ley la que impone el criterio calificador”. (Uribe, 2016, p.33)
Visto así las cosas, para caso puntual de los accidentes de tránsito, y en palabras de Josserand,
citadas por el Magistrado Jaime Giraldo Serna del Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, en
sentencia del 30 de mayo de 1984, quien expresó:
El siglo del ferrocarril, del automóvil, del avión, de la gran industria y del
maquinismo; el siglo de los transportes y de la mecanización universal, no será
precisamente el siglo de la seguridad material. Fieles a la recomendación de
Nietzsche, vivimos "peligrosamente" y cada día más intensamente, como nos lo
aconsejaba el ilustre Presidente Teodoro Roosvelt". (p.279)
Es indiscutible que la mecanización implícita en la movilización de las personas se califica
como una actividad riesgosa, como también que existen dos regímenes de responsabilidades
comunes, uno por culpa, y otro por riesgo. De allí que al calificar un accidente de tránsito se debe
observar no solo la existencia de un contrato de cualquier naturaleza (expreso, verbal, tácito), sino
también, si la actividad o cosa de riesgo (vehículo) se encuentra por encima de los estándares
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medios, si está por encima del riesgo vital ordinario o aquel riesgo desfasado del simple riesgo de
vivir en sociedad y utilizar un medio de transporte legal o ilegal, conocido como riesgo aceptado.
Expuesta por Josserand para explicar la situación del ocupante de un coche a título
gratuito que conociendo los riesgos se exponía voluntariamente. Inicialmente en el
transporte a título gratuito el pasajero que resultara víctima de un accidente no podía
invocar la responsabilidad a causa de las cosas del artículo 1384, en esas
circunstancias debía invocar la responsabilidad de derecho común o por culpa del
artículo 1382 por el simple hecho de exponerse voluntariamente al riesgo que de
antemano conocía. Ante la crítica por considerar que se trataba de una supuesta
renuncia tácita de la víctima a la protección legal y a la indemnización,
posteriormente se admitió y se admite que en el transporte a título gratuito el
pasajero víctima de un accidente invoque la responsabilidad a causa de las cosas
que consagra la primera parte del artículo 1384 del código civil Francés. El consejo
de Estado Colombiano ha argumentado la teoría del riesgo aceptado en el caso de
que se aborde un vehículo a sabiendas del estado de alicoramiento del conductor,
no lo suficiente como para exonerar de responsabilidad, pero sí para reducción de
perjuicios. (Consejo de Estado. Sentencia 13 de Septiembre de 2.001. Expediente
12487. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros).
Lo cierto es que el estudio de la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito incluye
elementos inanimados (vehículo), por lo que contempla al menos dos variables a saber, propio de
la responsabilidad emergente de los daños producidos con intervención de la cosa, es decir, por la
cosa (hecho de la cosa) o con la cosa (hecho del hombre). Este último se ve reflejado en la
codificación civil colombiana así:
Artículo 2347.—Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para
el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su
cuidado.
(…)
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Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado
que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el
hecho.
Al respecto, a modo de parafraseo, indica Bonanno (2014) que en general los vehículos per se
no tienen la aptitud para provocar consecuencias dañosas, si no han sido previamente puestos en
movimiento por la mano del hombre, tema que la doctrina y la jurisprudencia desde su origen
Francés, como ya se expresó, ha sido de análisis hermenéutico para tratar de establecer la
preeminencia o no del factor humano en la producción del evento perjudicial (p.24), como se
evidencia de vieja data y pacífica la jurisprudencia del Tribunal superior de Medellín:
Así se ha inferido de la doctrina de la Corte, cuando dijo en fallo de 2 de diciembre
de 1943: "Las empresas en que se ejercitan actividades peligrosas llevan anexas la
responsabilidad por tales actividades, responsabilidad que sólo queda desvirtuada y
sin trascendencia, como hecho culposo que dé lugar a indemnización de perjuicios,
cuando se acredita alguna de las causas exculpativas de que se ha hecho mérito".
Comentando el fallo anterior dice el doctor Pérez Vives que se trataba del atropello
de un transeúnte por un vehículo de servicio público. La empresa alegó la ausencia
de culpa so pretexto de que se estaba en presencia de una responsabilidad por el
hecho ajeno (culpa del chofer que manejaba el automóvil), y que con su autoridad
y con la debida diligencia, no había podido impedir el hecho. La Corte, al rechazar
la admisibilidad de la prueba negativa, sienta el importante principio de imputar de
modo directo a la empresa por cuya cuenta obraba el conductor, el ejercicio de la
actividad peligrosa.
Pero la presunción de que trata el artículo 2356, se refería, pues el texto así parece
imponerlo, cuando el daño producido sea consecuencia de haber accionado la mano
del hombre cosas caracterizadas por su peligrosidad. En esta forma, el progreso
doctrinario era parcial, ya que el Código carecía de base para sustentar la doctrina
de la responsabilidad por el hecho de las cosas. (Giraldo Serna, 1984)
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Lo anterior, solo es la confirmación de lo esbozado en la introducción de este escrito, en cuanto
a que para los casos de responsabilidad civil contractual o extracontractual producto de accidente
de tránsito, la calificación del hecho implica no solo la ubicación y rol de la víctima (al interior o
exterior de la cosa inanimada – vehículo), sino también del agente generador del daño o perjuicio,
su habilitación legal para el ejercicio de la actividad peligrosa, la habilidad, pericia, experiencia,
estado de salud, entre otros factores que se asocian a la textura abierta de los textos jurídicos y las
normas.
1.3 La teoría de los casos difíciles y derecho como integración
Muñoz (1999) para explicar el concepto de Dworkin sobre interpretación jurídica, trae en cita tres
frases, en su orden de Federico Puig Peña, Castán y Lacruz, que aplican a lo expuesto líneas atrás:
"la actividad intelectual encaminada a desentrañar el alcance de una norma
jurídica", "la interpretación de las normas es la indagación del verdadero sentido y
por ende del contenido y alcance de las normas jurídicas", e "interpretar una ley
consiste en explicar su sentido frente a un caso concreto; declarar cual es, puesta en
contacto con la realidad el resultado práctico del mensaje que contiene". (p.58)
Nada más oportuno, pues como se evidencia en el Código Civil colombiano (Ley 84 de 1873)
no existe expresamente regulación para la responsabilidad civil extracontractual y se acude a la
interpretación de los artículos 2356 y 2357, además del análisis doctrinal francés, y para la
responsabilidad civil contractual no basta el artículo 2341 ibíd, sino también la concordancia con
otros de la misma obra y con el Código de Comercio en sus artículos 981 a 1007 que consagra los
elementos comunes al contrato de transporte y de personas, donde incluso para ambos casos se
acude a los precedentes jurisprudenciales y a los obiter dicta como criterio auxiliar.
En ese orden de ideas y sin pretender adentrase al estudio de cada figura jurídica que sería
objeto de otra investigación académica, se indica que como lo manifiesta Dworkin en su teoría de
la colisión entre principios, se está ante un caso difícil "cuando un determinado litigio no se puede
subsumir claramente en una norma jurídica, establecida previamente por alguna institución; el juez
–de acuerdo con esta teoría- tiene discreción para decidir el caso en uno u otro sentido." (Muñoz,
1999, p.59).
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García, Aguirre, & Pabón A. P (2009), advierten que:
[…] para Dworkin es claro que el Derecho tiene escenarios de vaguedad que hacen
necesaria la interpretación de la norma, pues, así la norma sea insuficiente, el juez
deberá declarar a una de las partes como vencedora, para lo cual tendrá que echar
mano de los principios. La existencia de principios hace que el juez siempre tenga
un referente para solucionar el caso bajo su consideración, con lo cual elimina la
posibilidad de que exista discrecionalidad alguna en su decisión. Dworkin resuelve
el problema de los casos difíciles al distinguir entre reglas, principios y directrices,
señalando que cuando se trate de dar solución a casos difíciles los principios
cumplen un papel determinante en los argumentos que integran decisiones en torno
al otorgamiento de Derechos.
Lo anterior aplica por ejemplo a lo que Bernal (2013) ha llamado la redefinición de la
responsabilidad contractual, acudiendo a la naturaleza jurídica derivada de la inobservancia de los
deberes colaterales de conducta, que afirma presenta las nuevas tendencias en cuanto a la
delimitación, con diferentes posiciones; la primera expansiva del ámbito de la responsabilidad
contractual de hecho, aunque no hayan sido previamente pactados; la segunda posición
denominada reduccionista, en la que aumenta el espectro de la responsabilidad extracontractual
por los daños que se causen y sean extraños al contenido propiamente dicho del contrato
(responsabilidad aquiliana) y, la tercera llamada como sistema opcional, en la que: “si un hecho
dañoso viola simultáneamente una obligación contractual y un deber general como el neminem
laedere, se yuxtaponen la responsabilidad contractual y la extracontractual, y podrían ejercitarse
distintas acciones en forma alternativa o subsidiaria”. (p.59).
Capítulo II
Elementos adjetivos del saneamiento
2.1 Principio dispositivo
Parafraseando a Roque Carrión (1970) a partir del aforismo latino: “Secundum Allegata et Probata
Puartium ludex ludidcare debet. Nemo ludex Sine Actore. Ne Procedat ludex Ex Officie. Ne eat
ludex Ultra Petita Partium”, que se resume en que ningún hecho puede llegar a un juez, sino a
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través de las partes (p.38), lo que comúnmente se conoce como justicia rogada, especialmente en
materia civil donde la relación es exclusivamente entre las partes. Así lo ratifica la Corte
Constitucional en sentencia C-086 de 2016, al señalar que se confieren a las partes el dominio del
procedimiento y el juez no cumple ningún papel activo en el desarrollo del proceso sino en la
adjudicación, al momento de decidir un litigio (p.18).
Doctrinantes como el maestro Calamandrei, citado por Aguirreazabal Grünstein, (2017),
señalan que:
(…) en el campo procesal de aquella autonomía privada en los límites señalados
por la ley, que encuentra su más enérgica afirmación en la tradicional figura del
derecho subjetivo y, mientras la legislación substancial reconozca la autonomía,
el principio dispositivo debe ser coherentemente mantenido en el proceso civil,
(p.424).
En los procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual producto de accidente
de tránsito, el Código General del Proceso establece dentro de los procesos declarativos la regla
general para los asuntos sometidos al proceso verbal y como forma propia desde lo sustantivo el
juicio sobre obligaciones derivadas de la culpa, en la que el juez garante del proceso está en el
deber de hacer control de legalidad, sin desbordar las funciones que la misma norma adjetiva le
impone, en otras palabras, obrando en forma imparcial respetando el sistema dispositivo.
[…] El sistema dispositivo confiere a las partes el dominio del procedimiento y se
caracteriza por los siguientes principios: (i) el juez no puede iniciar de oficio (nemo
jure sine actore); (ii) el juez no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba
que no han sido aportados por las partes (quod non est in actis non est in mundo);
(iii) el juez debe tener por ciertos los hechos en que las partes estén de acuerdo (ubi
partis sunt conocerdes nihil ab judicem); (iv) la sentencia debe ser de acuerdo con
lo alegado y probado (secundum allegata et probata); (v) el juez no puede condenar
a más ni a otra cosa que la pedida e la demanda (en eat ultra petita partium) (Corte
Constitucional sentencia C-086 de 2016, MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
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En el mismo sentido Camacho (1993), indica que este principio “consiste en que las partes son
los sujetos activos del proceso, ya que sobre ellos recae el derecho de iniciarlo y determinar su
objeto, mientras que el juez es simplemente pasivo, pues su función se limita a dirigir el debate y
decidir la controversia” (p. 93); en ese sentido no puede verse en forma aislada y debe concordarse
con los principios de acceso a la justicia e igualdad de las partes (artículos 2 y 4 C.G.P).
Por otro lado, acudiendo nuevamente a Roque Carrión (1970), “el proceso es negocio privado
de las partes, ellas conducen soberanamente, detienen cuando les plazca, entorpecen sin
consecuencias relegando al juez a un plano secundario de simple observador, a quienes los
litigantes manejan según sus conveniencias, astucia o habilidad” (p. 39), es decir, el sistema
dispositivo tiene como fin el control social de las diferencias entre particulares en una relación
contractual o extracontractual.
Es claro que la Ley 1564 de 2012 contempla dicha figura en forma expresa (artículo 8, de la
iniciación e impulso de los procesos), que para tratadistas como López Blanco (2012), lo
contemplan como regla técnica dispositiva:
Como acertadamente la define Podetti, consiste en la facultad exclusiva del
individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la
facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar
elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin. O como dice
Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la
jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del
proceso.
(…)
El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por
las pretensiones del demandante debido a que el juez, salvo taxativas
excepciones, no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado,
por acogerse la regla de la congruencia de la sentencia con las pretensiones de la
demanda. (pp. 127,128) – subraya fuera de texto -.
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Queda claro entonces que, cada actor desarrolla un rol dentro de este tipo de proceso, por lo que
en últimas el juez es el llamado a coordinar tanto adjetiva como sustancialmente el rumbo de Litis.
2.2 Los deberes del juez civil
La teoría a la introducción al Derecho en forma pacífica y reiterada por los tratadistas contemplan
los deberes del juez civil como representante de la judicatura en tres dimensiones:
“(i) aplicando la norma jurídica al caso concreto; (ii) interpretando el sentido, alcance y finalidad
de la norma que aplica; y (iii) integrando el orden jurídico cuando encuentre una laguna o vacío
de la Ley, para lo cual deberá tener en cuenta los procedimientos de integración” (Monroy, 1986,
p.153). El Código Civil en su artículo 31 alude estos aspectos doctrinales bajo el enunciado de
interpretación de las normas, como un llamado al operador judicial con respecto a sus deberes.
Estos fundamentos de la larga tradición en el Derecho, cuyo propósito es la búsqueda de certeza
y seguridad jurídica depositada en la toga como símbolo de imparcialidad y justicia, a la hora de
resolver contradicciones, está abocado a solucionar y suplir deficiencias y vacíos con criterios
lógicos, incluso desde lo sociológico, donde debe valorar y auxiliar determinados razonamientos
en la búsqueda de la justicia.
Para el Derecho Civil actual, el juez es un sujeto procesal que dirige el proceso para dirimir el
conflicto, no es un ser inanimado en el desarrollo del proceso, por el contrario debe estar activo,
de allí que el Código General del Proceso disponga en el Título III los deberes (artículo 42), los
poderes de ordenación e instrucción (artículo 43) y los correccionales del juez (artículo 44). Pero
además, en su artículo 132 ibíd, impone el deber de realizar el control de legalidad en cada etapa
procesal, en concordancia con el numeral 12 del artículo 42 ibíd.
En el caso particular estudiado y en tratándose de procesos verbales, el Juez entabla
comunicación con las partes y demás sujetos procesales a través de providencias judiciales, que
parafraseando a Forero, 2013), son las manifestaciones para resolver las peticiones realizadas por
las partes a través de autos y sentencias, los primeros para regular el trámite e interlocuciones, y
las segundas para la resolución (fallo) de perjuicios, permitiendo además los recursos ordinarios
(reposición, apelación), los extraordinarios de casación y revisión (p.92).
20
Es oportuno resaltar que dentro de los poderes del juez, con relación a la ordenación e
instrucción del artículo 43, en su numeral 3, reza: “Ordenar a las partes aclaraciones y
explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten”; lo que ratifica lo mencionado
por Monroy (1986) sobre interpretación e integración y será del resorte del señor juez enfrentar el
alcance de sus poderes y deberes, cuando el mismo ordenamiento adjetivo de una u otra forma lo
limita bajo los principios de igualdad de las partes (artículo 4), la iniciación e impulso del proceso
(artículo 8) e incluso el principio de congruencia en la sentencia (artículo 281) puesto que según
Forero (2013): “Los hechos estructuran el tema de prueba, pues son aquellos que serán
investigados y sujetos a su acreditación. (…) el juez queda limitado a resolver sin salirse de ellos.
(p.67)
2.3 El saneamiento de los procesos (control de legalidad)
Desde la introducción desde este escrito, al describir el problema se advierte que el saneamiento
como principio tácito y expreso de la actividad procesal, resulta ser una facultad de la autoridad
judicial, en cabeza del señor juez, para adoptar medidas destinadas a subsanar defectos procesales
en la tramitación de la causa, de allí que se realice, para el caso concreto, con los fines descritos
en el artículo 132 de la Ley 1564 de 2012, el denominado control de legalidad y que no son otros
que: (i) corregir o sanear los vicios que configuren nulidades, y (ii) las irregularidades del proceso.
Pero además, con el agravante de que si no es advertido en el momento procesal oportuno se le
aplique lo que se denomina como convalidación, “igualmente llamado principio del saneamiento,
enseña que, salvo contadas excepciones, desaparece la nulidad del proceso en virtud del
consentimiento expreso o tácito del afectado con el vicio” (Peña, 2012, p.180); figura contemplada
en el parágrafo del artículo 133 ibíd: “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por
subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este Código establece.”
Gráfico 1
Etapas Procesales verbal sumario
21
Fuente: Robledo Del Castillo P.F (2014) Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Diap. 54
En términos generales, Peña (2012) indica que los principios que gobiernan la nulidad procesal
son el de la legalidad, conocido también como principio de especificidad, y los de protección,
convalidación, trascendencia, finalidad y protección judicial (p.179). Justamente éstos últimos
(protección) son los que, según Forero (2014) deben ser atendidos tanto por el juez, como por los
apoderados de las partes, a través de intervenciones dinámicas y enriquecedoras en las distintas
etapas en que se evacúan las audiencias; lógicamente el juez deberá estar preparado en todo el
desarrollo de la audiencia para adoptar las decisiones adecuadas a medida que se van evacuando
(p.11).
Teniendo en cuenta el propósito del presente escrito, es oportuno indicar que la admisión,
inadmisión y rechazo de la demanda se convierte en un momento clave para, no solo trabar la Litis,
sino también para que dentro de los poderes del juez en la ordenación e instrucción marque el norte
de la contradicción, verificando que la demanda cumpla con los requisitos de ley, entre otros, y en
cuanto a deberes de corrección la observancia de las siguientes falencias: (i) Dará el trámite que
22
corresponda, aunque el demandante haya señalado uno inadecuado. (ii) Integrará el litisconsorcio
necesario, cuando no fue integrado en la demanda. (Forero, 2014, p.74) – Subrayas fueras de texto
-.
Ahora bien, en cuanto las causales de inadmisión están taxativamente señaladas en el inciso
tercero y cuarto del artículo 90 del Código General del Proceso, advierte que:
Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisible la demanda
solo en los siguientes casos:
1. Cuando no reúna los requisitos formales.
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.
3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.
4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.
5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para
adelantar el respectivo proceso.
6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.
7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad.
En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la
demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so
pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o
la rechaza. (Artículo 90 C.G.P)
Por último el citado artículo 90 específica los eventos en los cuales se rechazará la demanda:
cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad
para instaurarla.
Conclusiones y resultados
Siguiendo la metodología propuesta y conforme a las siguientes matrices y rejilla de
observación jurídica, se establece la correlación causa-efecto que a amanera de confirmación de
23
hipótesis inicial se indicó en la introducción sobre la tensión que enfrenta el juez a la hora del
saneamiento en procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual producto de
accidente de tránsito, en el marco del Código General del Proceso (ver rejillas 1 y 2).
Los principios constitucionales, como parte del ordenamiento jurídico, irrogan criterios
objetivos sobre los cuales las normas deben plasmar idéntico tratamiento para todos, esa así que el
artículo 6 de la Carta magna, al unísono con el derecho fundamental al debido proceso y la
estructura institucional para el acceso a la justicia, enmarca el sistema legal evitando privilegios
injustificados o discriminaciones arbitrarias entre iguales, dejando en cabeza de los jueces las
distinciones que establezca el legislador, muy especialmente los derechos y los deberes que se
impone a las personas y a la sociedad en general y como actores viales.
Sin pretensiones absolutistas la norma sustantiva evidencia que en materia de responsabilidad
civil, existe unidad sistemática frente a que el hecho generador del daño es el centro en el que
gravita tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual, es donde se edifican los
presupuestos del deber de reparar, y las diferencias doctrinales de origen Francés, como lo expresa
Aramburo Calle (2008), gravitan en el enfoque subjetivo fundado en el riesgo, las circunstancias
fácticas particulares y sus elementos simples: la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad
y la culpa.
Frente a esta última, quedó claro que los contratos de transporte llevan implícito la
previsibilidad, como lo ha dicho Corte Constitucional, regido por la autonomía de la voluntad, de
manera que la reparación del perjuicio está atada al grado de culpabilidad del deudor (artículo 63
del C.C.) y la interpretación al deber de cuidado, elemento esencial en los accidentes de tránsito,
aun para las personas negligentes o de poca prudencia, sin distingo entre las obligaciones de medio
y las obligaciones de resultado, apoyados en la doctrina de Larraoumet (2000) y la solidaridad.
En ese orden de ideas, las responsabilidades derivadas de accidentes de tránsito, en muchos de
los casos son considerados casos difíciles, que como se evidencia en la rejilla de ejemplificación
jurisprudencial, caso ID 691929, providencia SC780-2020, emanada de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha de 10 de marzo de 2020, se pueden presentar
24
equivocaciones en la demanda, encaminada inicialmente por la senda extracontractual y se trataba
de una acción contractual, y la segunda víctima tampoco podía demandar por esta vía porque la
fuente de la obligación que se reclama es un contrato del cual no hizo parte.
Se observó entonces que desde las máximas tradicionales del proceso civil, como lo afirma
Roque (1970) el proceso se desarrollará dentro de ciertos límites que las partes sufren en la
realidad, donde al reclamar o defender derechos subjetivos, no basta que el hecho sea cierto, sino
también que se pida correctamente por su titular, donde se castiga procesalmente cualquier olvido
u omisión, y es allí donde el juez se enfrenta a dicotomías conforme a sus deberes (artículo 42
CGP), en especial lo correspondiente al numeral 5:
“Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de
procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la
demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación
debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia”.
Es decir, lo obliga y lo limita al mismo tiempo, no puede sobrepasar la imparcialidad al corregir
situaciones que de una u otra forma influirá en las pretensiones del demandante, pero por otro lado,
como lo indica Monroy (1986) sobre interpretación e integración, debe hacer uso en forma
autónoma de los poderes de ordenación e instrucción del artículo 43 ibíd, en especial del numeral
3, actuando en forma oportuna desde la admisión de la demanda, ordenando a las partes
aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
En este sentido es que debe interpretarse el artículo 90 del CGP, donde es obligación – deber,
por parte del juez enmarcar el norte de la contradicción, o como dice Forero (2014), verificando
que la demanda cumpla con los requisitos de ley, significando con ello que ante las falencias
observadas hay que darle el trámite que corresponda, aunque el demandante haya señalado uno
inadecuado.
La especial particularidad que representa la responsabilidad civil contractual y extracontractual
derivada de accidentes de tránsito, al incluir la graduación de la culpa (artículo 63 del C.C) y la
teoría del riesgo que conserva la esencia de las actividades peligrosas desde del Código Civil
25
Francés de 1804 (Uribe, 2016), permite que se entrecrucen, lo que Bernal (2013) llama la
inobservancia de los deberes colaterales de conducta, base de teorías de análisis con diferentes
posiciones (expansiva, reduccionista y sistema opcional) redefiniendo la responsabilidad
contractual, acudiendo a la naturaleza jurídica derivada del hecho dañoso que puede violar
simultáneamente una obligación contractual y extracontractual, como en el ejemplo citado.
A manera de conclusión, la importancia del saneamiento en procesos de responsabilidad civil
contractual y extracontractual producto de accidente de tránsito, se debe a las consecuencias
adversas para las víctimas, pues el mismo artículo 132 del CGP advierte sobre la posible nulidad
sobreviniente, ya que al no precaver los vicios mediante el control de legalidad y pese a que el
parágrafo del artículo 133 ibíd contemple el principio de convalidación, también es cierto que por
disposición del artículo 134: “Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes
de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.” Es así que como lo indica
Peña (2012), un juez esta llamado dentro de control de legalidad a aplicar los principios de
protección judicial, situación que ratifica Forero (2014) donde el juez debe intervenir y estar
preparado para adoptar las decisiones adecuadas, contrario sensu, las partes no alcanzaran justicia,
generalmente las víctimas.
Con la cualificación de la naturaleza jurídica de los procesos de responsabilidad civil
contractual y extracontractual producto de accidente de tránsito, se despejan las dudas sobre el
enfoque subjetivo de la teoría del riesgo de origen Francés y su tránsito aplicable a la
responsabilidad civil, debido a sus características dentro del riesgo creado al utilizar un servicio
de transporte, siendo una actividad lícita y permitida, donde además dependiendo de si se cumplen
los elementos de un contrato tácito o expreso se podrá establecer si la responsabilidad es
contractual o extracontractual, pues el riesgo lleva implícita una presunción derivada de la
utilización de cosas riesgosas (vehículo) o en ejercicio de actividades riesgosas (la persona que
manipula el vehículo). En esa medida permite también el derecho de defensa mediante las
exculpaciones de fuerza mayor o caso fortuito; con igual o mayor importancia en esta cualificación
se facilita identificar no solamente al autor físico del daño, sino a una serie de personas que giran
en torno al riesgo creado y se benefician o lucran con la creación de ese riesgo, como las empresas
26
que prestan el servicio de transporte o el particular que debe adquirir un seguro obligatorio y otros
opcionales como actor vial que ejercita la actividad peligrosa de conducir un vehículo.
Con la explicación de los elementos adjetivos del saneamiento a través del control de legalidad,
conforme al Código General del Proceso, se pudo establecer que el artículo 132 no solo advierte
de las consecuencias de no sanear los vicios que configuren nulidades, sino también a lo
concerniente con la aptitud de la demanda por otras irregularidades del proceso, como el de darle
un trámite equivocado en procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual, que sino
no son corregidos en la admisión de la demanda como momento procesal oportuno, haciendo uso
de los deberes y poderes que tiene el juez, difícilmente podrá enderezar el curso del proceso, en
detrimento de la verdad y justicia para las víctimas, incluso incurrir en prevaricato por acción u
omisión y por el lado de la parte demandante con consecuencias como la prescripción.
No se trata pues de un artículo aislado (132), por el contrario se encuentra concordado y
articulado con conjunto de disposiciones de orden constitucional, de garantizar un acceso efectivo
a la justicia y de hacer efectivas las garantías del debido proceso para que el rigor extremo de la
aplicación de los trámites procesales, no vaya en menoscabo de un proceso que cumpla su
finalidad, que no se comprometa los principios integradores del procedimiento y los sujetos
activos del proceso y bajo el principio dispositivo haya acceso a la justicia e igualdad de
condiciones.
Establecidas las causas y efectos es oportuno contemplar la posibilidad de adicionar como
propuesta para el saneamiento en procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual
producto de accidente de tránsito, la facultad expresa de protección judicial, como deber del
artículo 42 del CGP complementario del numeral 5, dada la trascendencia y finalidad de este tipo
de procesos como caso difícil y de interpretación del Derecho.
27
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30
Anexos o apéndices
Cuadro No.1 Rejilla de observación normativa
Analizar la importancia del saneamiento en procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual producto de accidente
de tránsito.
Componente Constitucional
Art. 6. Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Art. 29 Debido proceso Comentario: Son actores de la vía,
todas las personas que asumen un
rol determinado, para hacer uso de
las vías, con la finalidad de
desplazarse de un lugar a otro. En la
seguridad vial interviene el ser
humano como actor de tránsito en
su rol de: peatón, pasajero, ciclista,
motociclista o conductor. En un
accidente de tránsito se generan
daños susceptibles de reparación
y/o indemnización que se erige
desde principios y fundamentos de
orden constitucional.
Art. 228 La Administración
de Justicia y la prevalecerá
el derecho sustancial.
Art. 229 El acceso a la
administración de justicia.
Art. 230 Los jueces y el
imperio de la ley.
Art. 333 La empresa, como
base del desarrollo, tiene
una función social que
implica obligaciones.
Cualificar la naturaleza jurídica de los procesos de
responsabilidad civil contractual y extracontractual producto de
accidente de tránsito.
Examinar los elementos adjetivos del saneamiento a través del
control de legalidad, conforme al Código General del Proceso.
Código Civil Comentario: Ley 1564 de 2012 Comentario:
Art. 2341 La responsabilidad
común por los delitos y las
culpas.
La responsabilidad civil
contractual se edifica a partir del
daño inferido o causado con
ocasión del hecho de una
Art. 132 Control de
legalidad.
En principio el saneamiento se
contempla como la acción de
reparar, recuperar o reparar algo,
para el caso concreto y en materia Art. 133 Causales de
nulidad.
31
actividad como el transporte que
lleva implícito el riesgo, así sea
aceptado al contratar este
servicio y tiene como efecto las
obligaciones si se falta al deber
de cuidado.
Art. 134 Oportunidad y
trámite.
de obligaciones se considera que lo
único que pretende es lograr
proteger a las partes inmersas en
una controversia. Pero existe
contradicción frente al alcance del
control de legalidad ejercido por el
juez al tener el deber de respetar la
igualdad de las partes siendo
imparcial, el hacer desde sus
poderes de ordenación e
instrucción, como por ejemplo,
ordenando a las partes aclaraciones
y explicaciones en torno a las
posiciones y peticiones que
presenten y/o dar el trámite que
corresponda a la demanda, aunque
el demandante haya señalado uno
inadecuado, en contra vía del
principio dispositivo y el deber ser
en la búsqueda de la verdad y la
justicia, en últimas limitado por la
denominada justicia rogada en
cabeza de las partes.
Art. 135 Requisitos para
alegar la nulidad
Art. 136 Saneamiento de la
nulidad.
Art. 1602 El contrato es ley
para las partes.
Art. 4 igualdad de las partes
Art. 8 Iniciación e impulso
del proceso.
Art. 11 Interpretación de las
normas procesales.
Art. 13 Observancia de las
normas procesales.
Art. 1604 Responsabilidad en
los contratos.
Art. 42 Deberes del juez
Art. 43 Poderes de
ordenación e instrucción
Art. 90 Admisión,
inadmisión y rechazo de la
demanda.
Art. 281 Principio de
congruencia Art. 2356. Regla general de
todo daño.
La responsabilidad civil
extracontractual parte del
mismo precepto general que
origina las obligaciones, no es
explícito en la norma, de allí que
se impute a malicia o
negligencia de otra persona,
debe ser reparado por ésta, con
Art. 2357. La apreciación del
daño está sujeta a reducción.
32
excepción de la culpa exclusiva
de la víctima.
Art. 63. Tres especies de
culpa y descuido.
La graduación de la
culpabilidad en ambos casos
redunda en la indemnización
y/o la reparación
Fuente: elaboración propia.
33
Cuadro N° Rejilla de ejemplificación jurisprudencial.
Caso difícil responsabilidad civil accidente de tránsito
Proceso: RECURSO DE CASACIÓN
Subproceso: Responsabilidad civil contractual
y extracontractual.
Características generales
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ID: 691929 PROVIDENCIA: SC780-2020
FECHA: 10/03/2020
PONENTE: ARIEL SALAZAR RAMIREZ
Número de radicado 18001-31-03-001-2010-00053-01
Demandante
Cooperativa de Motoristas del Huila
Coomotor Ltda y Leonel Antonio Mamian
Figueroa
Demandado Nelcy Chala Leyva y Jhon Fredy Chala Leyva
Tema
Pasajera y su hijo pretenden -por vía
extracontractual- la indemnización de
perjuicios, por deformidad física permanente
que afecta el rostro de la madre. La Sala Civil
precisa que la responsabilidad que se reclama
corresponde a un instituto autónomo y
diferenciado, que no puede clasificarse como
subsistema de la responsabilidad contractual ni
de la extracontractual. La adecuación de la
controversia, según la calificación del tipo de
acción sustancial de responsabilidad que rige
al caso, es un deber obligación del juez -al
momento de interpretar el libelo- ante la
equivocación del demandante en la elección
del tipo de acción, bajo el postulado iura novit
curia. Conformación de enunciados
calificativos para orientar la decisión judicial.
Diferencia entre la acumulación de
pretensiones y la prohibición de opción entre
acciones sustanciales que rigen la
responsabilidad civil. Art. 42 inciso 5º CGP.
DECISIÓN - Casa y Revoca. Con
aclaraciones y salvamentos.
Nelcy y Jhon Fredy demandaron a la
Cooperativa de Motoristas del Huila Coomotor
Ltda. y al propietario del vehículo para que se
declare que «tienen la obligación solidaria de
34
indemnizar los perjuicios derivados del
accidente de tránsito. Se reclamó a favor de
Nelcy -como pasajera- y por la deformidad
física que afecta el rostro de carácter
permanente el daño emergente, el lucro
cesante, los perjuicios morales y los daños a la
vida en relación. A favor de Jhon Fredy -como
hijo de Nelcy los perjuicios morales y los
daños a la vida en relación. Coomotor y Leonel
Antonio -propietario del vehículo- formularon
las excepciones que denominaron «la fuerza
mayor y el caso fortuito como fenómenos
liberatorios de responsabilidad» y
«prescripción de la acción». Manifestaron que
el presunto daño se originó por «el
incumplimiento de un contrato de transporte»,
cuyas acciones derivadas están prescritas en
los términos del artículo 993 del Cco. Los
demandados llamaron en garantía a La
Equidad Seguros. El a quo negó las
pretensiones, en virtud de que si bien quedó
demostrado que la empresa transportadora no
cumplió con la obligación de conducir a la
pasajera sana y salva a su lugar de destino, al
tratarse de una acción contractual, la pasajera
se equivocó al haber encaminado su demanda
por la senda extracontractual; mientras que su
hijo tampoco podía demandar por esta vía
porque la fuente de la obligación que se
reclama es un contrato del cual no hizo parte.
El ad quem confirmó la sentencia apelada por
la parte demandante, con sustento en que la vía
que se utilizó no fue la adecuada, debido a que
la indemnización que pretenden los
demandantes tiene como fuente «una
convención de transporte». Al formular el
recurso de casación, la parte demandante acusó
la sentencia del ad quem por violar
indirectamente las normas de derecho
sustancial, por error manifiesto en la
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apreciación de la demanda; toda vez que el
sentenciador tenía la obligación de interpretar
los hechos narrados en el libelo para hacer la
calificación jurídica de la controversia, según
fuera de naturaleza contractual o
extracontractual. La Sala casó la sentencia al
encontrar que el juez interpretó de manera
errónea la demanda y en sentencia sustitutiva
declaró a los demandados responsables
solidarios por los daños sufridos por los
demandantes y los condenó a los perjuicios
solicitados, con base en los arts. 991 del Cco y
el art. 2344 del C.C., ante daños su origen en
una actividad peligrosa (2356 del Código
Civil) y en ejecución de una obligación de
resultado (art. 982-2 Cco). Concluyó que la
prescripción extintiva aplicable, para el caso,
es la decenal de la acción ordinaria del art.2536
del C.C. El lucro cesante se negó debido a que
no fue acreditado.
Fuente: Elaboración propia
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