El rastro de los desaparecidos

7 agosto, 2013. Javier Sulé

Al contrario que lo sucedía con los secuestros, la desaparición forzada en Colombia contó siempre con una gran indiferencia social. Foto:

Javier Sulé

Durante muchos años la desaparición forzada en Colombia, pese a su

magnitud, contó con una gran indiferencia social e institucional que contrastaba con la indignación que causaba siempre, por ejemplo, la

lacra del secuestro en el país. La mayoría de las desapariciones ocurrieron entre 1996 y 2003 y se les atribuye agrupos

paramilitares. Las asociaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones defensoras de derechos humanos fueron las únicas

que durante años clamaron en el desierto y denunciaron la gravedad de un fenómeno que gozaba de una impunidad absoluta y que en

infinidad de casos tenía también la participación directa del Estado o su complicidad con el paramilitarismo. Del total de 50.000

desaparecidos que pudieran existir en el país producto de 40 años de

conflicto armado, unos 18.000 lo serían por razones políticas. Los familiares de desaparecidos han sido además permanentemente

estigmatizados, revictimizados y objeto de amenazas para que cesaran en la búsqueda de sus seres queridos.

A todo esto se sumaban las numerosas irregularidades cometidas en

las inhumacionesde cadáveres sin identificar que se hacían sin control ni registro. Los cuerpos se sepultaban sin tomarse medidas para la

conservación que pudieran facilitar su posterior identificación y se permitía que se mezclaran diferentes restos mortales entre sí. Ya en

esos años, Naciones Unidas había advertido a Colombia sobre su falta

de compromiso y voluntad para abordar la desaparición forzada aún

teniendo un buen marco jurídico para ello.

Afortunadamente, sobre el papel, todo parece estar cambiando

últimamente. La propiaCruz Roja Internacional considera a Colombia un líder regional en ciencias forenses y reconoce que no sólo cuenta

con una legislación sólida sino que ha conseguido una mayor coordinación entre las diferentes instituciones para enfrentar el

problema. Dejando al margen la gran cantidad de fosas que hay sin localizar, es cierto que se han mejorado los protocolos de inhumación

de cadáveres en lo que respecta a conservación y marcado de las tumbas.

Proceso de inhumación de un cadáver sin identificar. Foto: Javier Sulé

Las inhumaciones empiezan a realizarse ya con sus correspondientes necropsias, sus exámenes forenses pertinentes y en

condiciones sanitarias adecuadas asegurando además los diferentes elementos de prueba que puedan surgir. Igualmente, es obligatorio

reportar al Registro Nacional de Desaparecidos la ubicación final de los cuerpos que existen en los cementerios sin identificar y se han

puesto en marcha nuevas instituciones y mecanismos como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la

llamada búsqueda urgente que permite hacer de forma inmediata todas las diligencias para la localización del desaparecido o prevenir

un posible delito de desaparición.

Paralelamente, el gobierno inició una ofensiva para la búsqueda de

desaparecidos que pretende exhumar en tres años todos los cuerpos NN sin identificar que se encuentran en los cementerios del

país. El instituto de Medicina legal será la entidad encargada de hacer

este gigantesco trabajo. “Realizaremos la intervención de cementerios a nivel nacional. Esto significa que vamos a tratar de

ubicar a todos los cadáveres que fueron inhumados como no identificados desde hace muchos años. Ahora tenemos la tecnología

que nos permite hacer las exhumaciones aplicando todos los conocimientos científicos y técnicos para la plena identificación de la

persona. La intención es identificarlos plenamente y lograr entregarlos a sus familiares porque es un derecho fundamental que

tienen ellos para terminar con esa incertidumbre de no saber que ha pasado con sus seres queridos”, me dice Álvaro Hernández, director

de Medicina legal del departamento de Nariño.

Fosas de NN en el cementerio de Satinga, departamento de Nariño. El

Instituto de Medicina Legal de Colombia tiene previsto en tres años realizar las exhumaciones de los 20000 NN que se dice que puede

haber en los cementerios de todo el país. Foto. Javier Sulé

Medicina Legal cuenta con el apoyo de nueve equipos de

la Fiscalía dedicados a la búsqueda de desaparecidos y de 17 físcales

especializados. Norberto Suárez es uno de ellos y se encarga de exhumaciones en toda la zona de los llanos orientales colombianos.

“En Villavicencio contamos con un laboratorio especial de genética porque en estas tierras del Meta hemos encontrado muchos cuerpos y

restos óseos no identificados. Lo que estamos haciendo es perfilar

el adn a cada cuerpo para crear, por un lado, un banco de perfiles

genéticos de restos óseos y por otro un banco de perfiles genéticos de familiares de desaparecidos. Las muestras las cruzamos y ya

hemos tenido cuatro casos positivos. Vamos a continuar en esto.

Además estamos realizando unas cartillas con fotos de prendas y documentos hallados en fosas cuyos cuerpos exhumados no se ha

logrado identificar para que los familiares, especialmente aquellos que viven en zonas apartadas, tengan la opción de poder reconocer

algo que les hable de sus familiares perdidos. Paralelamente ya tenemos a personas desmovilizadas de la guerrilla de las FARC

postuladas que nos están colaborando en la ubicación de fosas”

Hasta el momento se han exhumado e identificado ya cerca de 3.000 cadáveres, de los cuales apenas unos 800 han sido entregados a sus

familiares. La tarea que enfrenta Colombia es ardua. No sólo es encontrar a los desaparecidos, sino hacer justicia con las miles de

desapariciones forzadas que han ocurrido en los últimos treinta años. Y si bien se han dado avances importantes, no faltan los que

consideran que los esfuerzos estatales son del todo insuficientes y

muestran una gran preocupación con respecto a la gran cantidad de casos existentes sin resolver.

Un aspecto que debe mejorar se refiere a la escasa o nula atención

psicosocial que reciben las familias víctimas durante todo el proceso de búsqueda. Otro es que para aquellas familias que viven en zonas

rurales alejadas no siempre tienen el conocimiento de los derechos que les asisten y son enromes sus dificultades para moverse por todo

el entramado burocrático de la ruta de búsqueda institucional. “Intentamos facilitar la coordinación entre esas familias y las

instituciones porque con frecuencia sí existe la normativa y una manera de intentar lanzar el proceso de búsqueda, pero las familias

lo ignoran, lo encuentran excesivamente complejo, burocrático y les atemoriza. Trabajamos mucho en facilitar esos procesos”, explica

Jordi Raig, máximo responsable de la delegación de la Cruz Roja

Internacional en Colombia (CICR) quien recuerda también que muchas familias no se atreven a denunciar una desaparición porque

muchas veces no se dan las suficientes garantías para hacerlo, ya sea por desconfianza o porque suelen ser amenazados.

Para Raig las desapariciones no son ni muchos menos un problema

del pasado: “Hoy sigue habiendo desapariciones. Al mismo tiempo que estamos intentando resolver las del presente se están

produciendo desapariciones en estos mismos momentos”, recuerda.