El progresismo en su laberinto: grandes medios y políticas de comunicación en el Cono Sur1

Elisabet Gerber, Guillermo Mastrini y João Brant

mayo , 2017 Los medios manipulan la conciencia de los trabajadores. Con esta consigna, la izquierda pensó, salvo contadas excepciones, los medios de comunicación en las décadas del 60 y 70. En un contexto de enfrentamiento político signado en muchos casos por la violencia, los grandes medios de comunicación, que en este trabajo se relacionan, en gran parte, con el Grupo Clarín (Argentina), el Grupo Globo (Brasil) y El Mercurio (Chile), sostuvieron una postura crítica, no sólo de los hechos armados protagonizados por la izquierda, sino frente a todo intento de transformación social, mientras expresaron su apoyo a las dictaduras que emergieron como corolario de ese proceso político. Por su parte, la izquierda mantuvo la crítica generalizada a los grandes medios en el sentido de su aporte al mantenimiento del status quo. En la América Latina del siglo XX, se sucedieron gobiernos populistas, desarrollistas, y conservadores. En varios países alternaron democracias y dictaduras. Una vez que la región dejo atrás el período autoritario, la tendencia pendular no se vio alterada. La región pasó de las experiencias neoliberales más fundamentalistas a un modelo mucho más difícil de definir, pero con un alto grado de preocupación por la promoción de derechos sociales, de izquierda moderada. Sin embargo, la estructura de los medios de comunicación no acompañó estos movimientos oscilantes. Los grandes grupos de medios siempre fueron grandes grupos de medios. A partir de la década del 80, muchos de ellos crecieron en importancia, y su expansión los llevó más allá de su negocio original e incluso de las fronteras nacionales. Tampoco varió la posición de los grandes medios frente a la izquierda, que desde el regreso de la democracia siguió siendo ignorada y/o agraviada por ellos. Cabe entonces indagar que pasó en la relación entre los grandes medios de comunicación y los denominados gobiernos progresistas que predominaron en América del Sur en la primera década del Siglo XXI. El debate sobre los medios de comunicación en tres países de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile) será abordado tomando como referencia dos preguntas. En primer lugar, revisaremos qué hizo la izquierda con los medios una vez que asumió el poder político La segunda pregunta, es qué hicieron los grandes medios con los gobiernos progresistas. Los casos aquí detallados resumen distintas actitudes de los gobiernos progresistas con los grandes medios de comunicación. El prolongado gobierno de la Concertación –actualmente Nueva Mayoría- en Chile no implicó reformas estructurales, ni propuestas que avanzaran sobre los intereses económicos de los grandes medios. En el caso brasileño, las políticas del PT se limitaron al fortalecimiento de la televisión del Estado mediante la creación de la Empresa Brasil de

1 Este artículo ha sido publicado como capítulo del libro ”Claroscuro de los Gobiernos progresistas”,

Ominami, Carlos (ed.) Catalonia, Santiago de Chile, 2017.

Comunicación (EBC) y el llamado a una Conferencia Nacional de Comunicación para proponer reformas al sistema de medios. En Argentina, el kirchnerismo pasó de una pacífica y connivente convivencia a un enfrentamiento feroz derivado en la sanción de una ley que afectaba los intereses del grupo Clarín. Sin embargo, en todos los casos la reacción de los grandes medios fue bastante similar: todos fueron críticos de los gobiernos y editorialmente apoyaron a los partidos opositores. Muchos políticos y seguidores de izquierda atribuyen a los grandes medios de comunicación un rol fundamental en su pérdida de poder político. En este contexto, resulta oportuno preguntarse por qué los grandes medios de comunicación se presentan como un problema para la izquierda. Si, como muchos de quienes conforman este colectivo suponen, los medios han jugado un rol importante en su contra, resulta indispensable profundizar acerca de cómo se han comportado los medios con la izquierda, y qué ha hecho la izquierda con los medios en el espacio latinoamericano. Los primeros quince años del Siglo XXI sugieren que los resultados electorales de las fuerzas progresistas no parecen estar atados a una mayor o menor consideración por parte de los medios. Resulta harto complicado cuantificar cuánto influyeron los grandes medios en el repliegue de las fuerzas centroizquierdistas, representado en la pérdida de los gobiernos de Argentina y Brasil. Por el contrario, la permanencia en el poder de estas fuerzas demostró que es posible tener resultados electorales positivos con los grandes medios en contra. El interés de los grandes medios debe ser comprendido en la doble faceta en la que desarrollan su actividad como agentes económicos que buscan obtener una ganancia y, al mismo tiempo, contribuyen a la circulación de información con una perspectiva editorial en la que promueven sus intereses políticos. El perfil político de los grandes medios de comunicación suele tornarse más transparente y activo cuando sus intereses económicos se ven afectados. Así, mientras los gobiernos de centroizquierda implementaron políticas económicas que estimularon el desarrollo del mercado interno y el crecimiento económico de las industrias culturales, la crítica ideológica hacia un sector político que no se corresponde con su representación política tradicional apareció más sesgada. Cuando la economía se estancó, o se elevó el nivel de disputa por la distribución del ingreso, los grandes medios no ahorraron cuestionamientos promoviendo el retorno a un modelo “ortodoxo” de reparto de la riqueza que históricamente los benefició. En nuestra región siempre existieron políticas de comunicación, aunque en la mayoría de los casos no fueron fruto de un debate, y no tenían visibilidad pública. La regulación de la comunicación fue el resultado de acuerdos tácitos entre el Estado y los propietarios de medios. La centralidad de los medios de comunicación y la creciente preocupación de la sociedad civil por la definición de un entorno más favorable a su participación han sido marcos propicios para el despliegue de nuevas regulaciones. Sin dudas, los primeros años del siglo XXI en la región serán recordados, entre otras cosas, por el enorme debate social y político generado en torno al rol de los medios. Este hecho debe ser destacado como uno de los logros del progresismo. Al mismo tiempo, su dificultad para impulsar y legitimar cambios estructurales estará en el debe. Como destaca Murilo Ramos (2010), en América del Sur se ha propuesto una nueva agenda de políticas de comunicación que, enmarcada dentro de gobiernos populistas-nacionales, ha propiciado medidas que tenderían hacia una mayor democratización de las comunicaciones. En este sentido enumera una serie de cuestiones que se vienen trabajando: nuevas legislaciones para la prensa y la radiodifusión; medidas para desconcentrar los sistemas mediáticos; desarrollo de

emisoras públicas; impulso de la comunicación comunitaria; implementación de la televisión digital terrestre (TDT); aparición de nuevos órganos reguladores autónomos para la comunicación y la información e impulso de la banda ancha. En este artículo, no sólo nos ocuparemos de las políticas de comunicación de los gobiernos progresistas, sino que abordaremos su relación con los medios de forma más general.

Argentina en su propio péndulo Néstor Kirchner llegó a la presidencia de la nación en mayo de 2003 con el 22% de los votos, luego de que Carlos Menem rehusara participar del ballotage al que ambos habían accedido. Este hecho condicionó su presidencia (2003-2007), período en el que procuró construir una legitimidad que incrementara su caudal electoral. Las primeras medidas del nuevo mandatario, como la renovación de la Corte Suprema de Justicia2 o el decreto que estimuló el acceso a la información pública gubernamental, contaron con el respaldo de los medios masivos de comunicación. El gobierno mostró una preocupación permanente con el tratamiento que los medios daban a su gestión, consciente de la importancia de promover su hasta entonces poco conocida imagen3 en las clases medias urbanas de las grandes ciudades. Desde el comienzo, Kirchner sostuvo un debate público con los medios que no eran de su agrado. El matutino La Nación fue caracterizado inmediatamente como vinculado a la oligarquía terrateniente y opuesto los valores populares que el gobierno procuraba encarnar. El diario Clarín, asociado tradicionalmente a la clase media, no fue hostigado y recibía primicias de fuentes directas del gobierno. Tal vez el aspecto más político del gobierno de Néstor Kirchner en el área fuera su negativa a brindar conferencias de prensa e intentar establecer una comunicación más directa con la ciudadanía a través de discursos públicos en la Casa Rosada. Los medios de comunicación en general sostuvieron una postura crítica frente a esta actitud que se conoció como by pass mediático. Las políticas de comunicación no constituyeron una prioridad durante el mandato de Kirchner que, en general, fue muy permeable a los intereses de los grupos corporativos, tanto de los medios de comunicación como de las telefónicas. Tras la crisis de 2001, ambos sectores habían sufrido una baja de sus ganancias recuperarían rápidamente con el reverdecer de la economía, en especial a partir de 2005. En términos generales se mantuvo el modelo privatista comercial, con grandes grupos de comunicación concentrados en la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro medidas se destacan cómo las más significativas del período. La renovación de las licencias para los canales de televisión propiedad de Clarín y Telefónica (los dos más importantes del país); la suspensión del cómputo del plazo de licencias de todos los radiodifusores por diez años en 2005; el cambio en la regulación para permitir el acceso a licencias de radiodifusión a entidades sin fines de lucro; y el permiso para la fusión de las empresas de cable Multicanal y Cablevisión que permitió al Clarín liderar

2 Que incluyó un autoimpuesto régimen de transparencia para la elección de los candidatos.

3 Por venir de una provincia del sur del país con escasa población, los niveles de conocimiento de Néstor Kirchner eran

bajos cuando fue elegido.

ampliamente ese mercado. La medida más polémica fue la suspensión del cómputo de las licencias que favoreció a los radiodifusores al revalorizar el costo de sus activos, sin que mediara una explicación plausible que justificara la decisión. Por otra parte, segundas y terceras líneas del gobierno, promovieron la creación de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, organización de la sociedad civil que estimuló el debate en torno a la necesidad de cambiar la vetusta ley de la dictadura por una norma que limitara la concentración de la propiedad de los medios y estimulara la incorporación de nuevos actores al escenario comunicacional. En síntesis, el gobierno de Néstor Kirchner no implicó grandes alteraciones en la relación entre medios y poder. Los medios de comunicación vieron revitalizada su economía y respaldaron mayoritariamente la salida de la crisis a partir de la política económica del gobierno. Las mayores críticas vinieron de los medios vinculados a las posiciones de poder económico más concentrado, como el diario La Nación, pionero en la denuncia del populismo y la corrupción que serían moneda corriente en los principales medios años después. En ese primer periodo, el grupo Clarín sostuvo un prudente silencio al respecto. Cambia, todo cambia Casi desde los primeros días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011, 2011-2015) la relación con los medios de comunicación masivos se tornó más tensa. A poco de asumir la presidenta, los principales medios llevaron al centro del debate público un caso de corrupción en la financiación de la campaña electoral del partido gobernante. Más aún, los medios del grupo Clarín tomaron una postura decididamente opositora a partir del conflicto que se desató en marzo de 2008 por un cambio en el régimen de retenciones agrarias4. La disputa en torno al conflicto agrario llevó a que los ruralistas iniciaran un paro patronal con cortes de rutas que mantuvo bloques en importantes zonas del país, con apoyo de las clases medias urbanas y de los medios masivos aglutinados bajo la consigna “estoy con el campo”. Resulta difícil establecer las causas que llevaron al grupo Clarín y a la administración Kirchner a suspender las buenas relaciones que habían mantenido hasta entonces. Lo que resultó claro es que a partir del enfrentamiento el gobierno cambió su estrategia en la definición de políticas de comunicación e impulsó la modificación de la ley de radiodifusión vigente y su reemplazo por otra acorde a estándares internacionales en materia de libertad de expresión. En respuesta, medios de comunicación como los del Grupo Clarín o La Nación, no sólo incrementaron las denuncias sobre casos de corrupción del gobierno, sino que resaltaron sus rasgos autoritarios. Luego de un año donde no hubo mayores novedades, en el 2009 el gobierno se decidió a concretar cambios en la regulación de la comunicación. Para ello tomó como referencia los puntos indicados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática como necesarios para fomentar la democratización del sistema de medios. La agenda pública, por primera vez en la historia, se vio inmersa en un fuerte debate en torno a la relación entre Estado, medios y poder, donde la libertad de expresión fue el eje estructurante. Para los patronales de medios, el intento de regular el sistema de medios constituía un avance del gobierno para cercenar el libre ejercicio de la prensa y

4 Las retenciones agrarias son un gravamen que el Estado le cobra a los exportadores agrarios para financiarse. Fue

reinstalado durante el gobierno de Eduardo Duhalde (2001-2003), y durante el período kirchnerista sufrió sucesivos aumentos en el monto del mismo.

limitar su función de perro guardián. Desde el oficialismo remarcaban que la estructura concentrada de la prensa, la radio y la televisión impedía que la ciudadanía accediera a una información plural y diversa. Sólo después de que el oficialismo perdiera las elecciones de medio término, donde los grandes medios hicieron campaña en contra del gobierno, Cristina Fernández envió al Congreso el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que cambiaba las reglas de juego en el sector de los medios. Fue aprobado pocos meses después, cuando el gobierno sostuvo un debate público con un importante apoyo de la Coalición para una Radiodifusión Democrática y logró sumar el apoyo de partidos menores de centroizquierda y, y de sindicatos, universidades, organizaciones de derechos humanos y medios comunitarios, entre otros. La nueva regulación vinculó la comunicación como un derecho social, y reconoció tres tipos de prestatarios de los servicios: el Estado, los privados comerciales y los privados sin fines de lucro. Para este último sector reserva un 33% del espectro, siguiendo el modelo uruguayo. La ley generó un marco institucional que permitía la participación de las minorías parlamentarias en la autoridad de aplicación y en el directorio de los medios públicos. También elevó los límites anti-concentración y reivindicaba una política de producción de contenidos a nivel nacional. La LSCA respetaba los estándares internacionales de libertad de expresión y no establece controles de los contenidos por parte del gobierno. Fue tomada como ejemplo por varios países de la región. Mientras el sector privado respondió reclamando la inconstitucionalidad de ley, cuestión que demandaría cuatro años hasta su completa resolución, el gobierno desplegó una batería de medidas que incluyó un nuevo contrato de los derechos del fútbol - pasaron a manos del Estado y fueron ofrecidos gratuitamente a los televidentes-; el despliegue de la televisión digital terrestre en sintonía con el gobierno de Lula en Brasil; y el impulso de nuevos medios vinculados a empresarios afines al gobierno. Por otra parte, los medios de propiedad estatal obtuvieron nuevas partidas presupuestarias, al tiempo que incrementaban su carácter oficialista. Para fundamentar estas decisiones no exentas de polémica, los partidarios de CFK señalaron la necesidad de balancear las críticas que recibían de los grandes medios. Sin embargo, las audiencias se mantuvieron en su mayor parte fieles sus antiguos proveedores. Los medios de propiedad estatal incrementaron levemente su rating, especialmente por las transmisiones de fútbol. Los nuevos medios de los empresarios afines, apenas movieron el amperímetro mediático. En un contexto en el que la mayoría de los medios consumidos por la ciudadanía argentina eran críticos de la gestión y en donde las denuncias de corrupción se tornaban moneda corriente, pero con una situación microeconómica favorable a las clases medias y bajas, en 2011 Cristina Fernández resultó reelecta cómodamente con el 54% de los votos. Todo el período 2011-2015 estuvo marcado por el enfrentamiento público entre el gobierno y el grupo Clarín. Finalizada la disputa judicial con un fallo de la Corte Suprema favorable a sus intereses, el gobierno tuvo las manos libres para llevar adelante el proceso de aplicación de la ley con el objetivo de alcanzar una mayor democratización de los medios. Sin embargo, algunas prácticas en el sentido contrario, que comenzaron a vislumbrarse en 2010, se profundizaron. El gobierno de CFK no mostró la misma voluntad democrática para aplicar la ley: se concentró en una estéril pelea con el grupo Clarín, no llamó a concurso para los medios comunitarios, no realizó un plan técnico de frecuencias, utilizó los medios de propiedad estatal en su provecho y cooptó las

autoridades regulatorias con una lógica de política partidaria. Estas prácticas hicieron que el consenso sobre la LSCA disminuyera y que luego de cinco años de sancionada la ley, la sociedad observará pocos cambios estructurales. Mientras tanto, la oposición, nucleada en torno a la figura de Mauricio Macri y los grandes medios, insistían que el único objetivo de la LSCA era controlar la prensa. Con el cambio de gobierno a fines de 2015, la ley sufrió cambios tan importantes que han transformado su sentido. La experiencia argentina resulta sumamente interesante en su esplendor y en su fracaso. Niveles de debate social nunca vistos, interés del Estado en sus tres poderes, fallos del poder judicial que sustentan visiones progresistas de la comunicación, y una movilización social sobre la importancia de la democratización de la comunicación realzan una iniciativa que supo ser ejemplar en América Latina. Su aplicación desde una perspectiva político-partidaria nos enseña la importancia de la construcción colectiva más allá de la coyuntura política de un gobierno. En Argentina al menos, repetir la experiencia llevará años.

Brasil, tensión permanente y agendas conflictivas Si existían dudas sobre el papel de los medios de comunicación como actores políticos en la sociedad brasileña, o más específicamente sobre el peso que todavía ejercen, el proceso que dio lugar a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff ha esclarecido cualquier percepción borrosa. Es innegable que los principales grupos de comunicación, Globo en especial, actuaron con el fin de agudizar la crisis política y desestabilizar al gobierno, lo que facilitó el derrocamiento de la presidenta en un golpe parlamentario-institucional5. Sin embargo, este reconocimiento no debe tomarse sólo como un hecho en sí mismo, sino como un episodio más (grave, pero no aislado) de la lucha diaria por el poder político y económico en la sociedad. Entender que los grandes medios fueron y son actores políticos no significa asignarles poder absoluto o aislar su actuación del contexto global. Significa, más bien, que la dinámica política y de disputa de poder deben ser entendidas tomando estos agentes como actores políticos, comprendiendo, en cada momento, en qué dirección y con qué intensidad inciden en la disputa sobre la resultante de la correlación de fuerzas. Y tratando de entender, sobre todo, el sentido general de su acción. La relación de los grandes medios de comunicación con los gobiernos de Lula y Dilma se puede resumir como de tensión permanente con el gobierno federal, con algunas oscilaciones según el momento político. El inicio del gobierno de Lula, en 2003 y 2004, fue posiblemente el período más tranquilo de esta relación, tras una victoria significativa en las urnas y con una opción relativamente conservadora en materia económica por parte del gobierno. También en los comienzos del gobierno de Dilma, en 2011 y 2012, hubo una distensión razonable entre los medios y el gobierno federal. Los períodos de mayor desgaste se corresponden con el escándalo del ‘mensalão’6 -desde 2005 hasta las elecciones de 2006- , y tras las elecciones de 2014, seguida por el escándalo de la ‘lava-jato’7 y la crisis de 2015 y 2016, que terminó en la destitución de Rousseff.

5 Cf. www.manchetometro.com.br.

6 Denuncia de que el PT tendría pasado dinero para partidos políticos aliados en cambio de apoyo.

7 Denuncia de que diretorias de la Petrobras eran utilizadas para desviar dinero em favor de partidos de la base aliada

del gobierno.

Estos hitos no son azarosos. Como es de esperar, los momentos de mayor fragilidad política del gobierno generan mayor tensión con los medios de comunicación. En parte, debido a que cabe a esos medios investigar y hacer públicos hechos inexorablemente incómodos para los gobernantes. Por otra parte, las críticas a los gobiernos suelen tratarse excesivamente desde lo editorial, y su selección y abordaje permite vislumbrar agendas políticas detrás del procesamiento de la información (Thompson, 2002). De hecho, en estos trece años los grandes medios de comunicación quedaron claramente molestos con una agenda progresista y utilizan sus servicios informativos y periodísticos para combatirlos y recargar una agenda selectiva de lucha contra la corrupción (Lima, 2013). Esta introducción al caso de Brasil plantea dos preguntas: ¿Durante los períodos de gobiernos de Lula y Dilma, hubo algún análisis claro por parte del gobierno en cuanto al rol de los grandes medios de comunicación como actor político con intereses contrarios a gobiernos progresistas, que al ejercer poder, desequilibran el proceso democrático? Y si lo hubo, ¿por qué Lula y Dilma actuaron con timidez para limitar ese poder? La respuesta remite a otras cuestiones de fondo: ¿era posible lograr algún cambio significativo con un parlamento conservador? Aun si lo fuera, con las herramientas disponibles, ¿era posible generar resultados de reducción efectiva del poder de los medios de comunicación, o la controversia solamente generaría un desgaste político sin resultados prácticos? Una cuestión de fondo: el poder y la política Red Globo nació y creció con el apoyo de la dictadura militar (Herz, 1987). Logró su punto máximo de audiencia a finales de los años 80, pero incluso con la disminución absoluta del número de espectadores, su participación relativa se mantuvo muy alta (la cuota de mercado promediaba el 44% en 2013)8 y sus ingresos de publicidad no disminuyeron (alrededor del 74% de la TV abierta en 2013, sector que acumulaba el 64% de la torta publicitaria total)9. En este contexto, la estación ha cosechado enormes ganancias, de hecho los tres hermanos accionistas del consorcio poseen la fortuna familiar más grande del país10. La emisora siempre supo combinar competencias para la dramaturgia con un periodismo de alto nivel técnico, pero selectivo en su agenda y puntos de vista. Con los años, resulta clara su agenda liberal en la economía y de centro-derecha en la política, enfrentada con agendas progresistas y cierta apertura para las pautas de comportamiento (Bolaño y Brittos, 2005). Globo nunca ha dejado de entender su lugar en el control de acceso de las agendas y discursos en la esfera pública como un lugar político. Durante los gobiernos de Lula y Dilma, esta agenda de centro-derecha entró en conflicto con el programa progresista implantado (o intentado) en diferentes sectores. Y, en por lo menos dos grandes escándalos relacionados con la corrupción en la esfera del gobierno (‘mensalão’, en 2005, y ‘lava-jato’, desde finales de 2014), este conflicto ocurrió también directamente en la esfera política. No es que Globo estuviese solo en estos procesos, pero por su articulación y claridad como actor político, Globo tuvo el mayor impacto y capacidad de incidencia.

8 Mídia Dados 2013 – Grupo de Mídia de SP

9 www.projetointermeios.com.br

10 http://www.forbes.com.br/listas/2016/08/70-maiores-bilionarios-do-brasil-em-2016/

En el caso del ‘mensalão’, no obstante, la emisora llegó a pensar que había derrotado definitivamente el PT, pero fue sorprendida por la reelección de Lula en 2006 (Lima, 2007). Preocupada por no perder la conexión con los sectores que apoyaron el PT, la emisora generó un cambio en la dirección periodística que duró hasta 2013. En ese momento, se combinaron dos hechos. Primero, una insatisfacción declarada de las empresas con la agenda puesta en marcha por la presidenta Dilma desde 2012, enfrentando al capital financiero; segundo, la instabilidad política que sucedió a las manifestaciones del mes de junio. El aumento de la tensión con el gobierno generó una campaña feroz en las elecciones presidenciales de 2014, en la que fue reelegida Dilma Rousseff por un margen muy estrecho. Aunque por una parte esto demostró el poder relativo de los medios, por la otra, la reacción inmediata tras la elección que culminó con la destitución presidencial, puso en evidencia el papel clave de los medios en la cohesión del discurso y como referentes del ritmo de la acción política. Lo que se vio en 2015 y 2016 fue un sofisticado proceso de construcción de un entorno político y legal para lograr un golpe parlamentario- institucional. En el término de un año y medio, la coordinación entre sectores del Parlamento, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de los medios de comunicación, sumada a la movilización de sectores conservadores de la sociedad, fue la condición necesaria para terminar con el mandato de una presidenta elegida democráticamente a través del uso indebido del mecanismo de destitución. La crisis política que se instaló en Brasil, que alimentaba y era alimentada por la crisis económica, generó tal desgaste en la vida cotidiana del país que permitió que maniobras fiscales pequeñas e inofensivas cobraran la entidad de delitos de responsabilidad, convirtiéndose en el hecho jurídico para la deposición de la presidenta Rousseff. ¿Cómo ha tratado el gobierno los medios de comunicación? Para quienes lo observan desde la perspectiva de la defensa de la democracia, el mayor problema al analizar el tema que nos convoca parece ser la concentración de poder y su ejercicio sin ninguna forma de accountability. A diferencia de los países europeos y de los Estados Unidos, en Brasil y en los países de América Latina, los sistemas de comunicación se desarrollaron con pocos límites, creando situaciones de hecho de enorme concentración. Cambiar una situación establecida, sin una tradición de debate público sobre la regulación, resultó imposible sin fuertes confrontaciones políticas. En Brasil, los gobiernos de Lula y Dilma optaron por evitar tal confrontación. Por empezar, en los primeros años del gobierno de Lula se ensayó una alianza con las principales cadenas de televisión, en especial con Globo, que se encontraba en una situación frágil debido a una enorme deuda en dólares11. Evidentemente, se trataba de un actor poderoso con quien parecía mejor una alianza que una confrontación. Sin embargo, esta posible alianza naufragó tras el escándalo del ‘mensalão’, en el que los grandes medios de comunicación adoptaron una línea de penalización del PT. Paralelamente, por iniciativa del Ministerio de Cultura, el gobierno ensayó un proyecto que transformaría la Agencia Nacional de Cine (Ancine) en la Agencia Nacional Audiovisual (Ancinav), que imponía una contribución sobre los ingresos generados por las compañías de televisión para la

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http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/bndes-e-renegociacao-da-divida.htm

producción audiovisual independiente. El proyecto sufrió un fuerte rechazo por parte de los grandes medios de comunicación, que acusaron al gobierno de dirigismo. Derrotado en este intento y pasado el escándalo del ‘mensalão’, el gobierno asumió la imposibilidad de una alianza y la necesidad de abordar el problema de otra manera. En aquel momento se definía el estándar que el país adoptaría para la digitalización de la televisión abierta vía decreto presidencial. A pesar de haber invertido millones en el desarrollo de un sistema brasileiro de televisión digital desde el año 2003, en junio de 2006 el gobierno decidió adoptar el estándar japonés, preferido por Globo “sazonado” con un elemento interactivo desarrollado en el país, llamado Ginga12. La tregua no sobrevivió al proceso de elecciones y, tras su reelección, Lula intentó provocar cambios en el escenario sin desencadenar una guerra. La opción fue el desarrollo de una empresa pública de comunicación de carácter nacional, desde la fusión de dos estructuras federales: Radiobrás de carácter estatal, y TVE Río, de carácter público, pero de alcance local. Como resultado de este proceso fue creada la EBC – Empresa Brasil de Comunicación, que desarrollaría TV Brasil, para actuar como una red con las emisoras públicas estatales de todo el país e intentaría desarrollar un periodismo de carácter público. Tras tropezar con obstáculos de diversa índole, terminó resultando una estación con poca penetración y muy baja audiencia. Las radios mantuvieron su alcance restringido a pocas ciudades y la agencia de noticias de Internet ha perdido la importancia que tenía. La mayor apuesta realizada por el gobierno para una transformación efectiva del sector se dio en la convocatoria de una Conferencia Nacional de Comunicación. Brasil ya había tenido más de 50 conferencias en las que sociedad y gobierno debatieron políticas públicas sectoriales. En el caso de la comunicación, llevó largo tiempo que las emisoras aceptasen discutir públicamente. Algunas como Globo, rechazaron las reglas de la Conferencia y se retiraron. En la Conferencia realizada en 2009 se involucraron directamente unas 20 mil personas y se logró acordar un conjunto de resoluciones cuya aplicación promovería cambios significativos en las comunicaciones. Sobre esta base, en la transición de enero de 2011, el gobierno de Lula entregó al ministro de Comunicaciones de Dilma un proyecto de ley – que finalmente fue archivado por el Ministerio y por la Presidencia. Así se diluyeron el impulso y el clima generados por la Conferencia. Durante el gobierno de Dilma Rousseff, se aprobaron dos iniciativas de impacto: una nueva ley reguladora de la industria de la televisión por suscripción y un marco civil para la Internet en el país. La nueva ley de televisión de pago pudo ser aprobada por representar un conjunto de intereses diversos, en los que distintos sectores económicos ganaron. Aprovechando el interés comercial en el proyecto, el gobierno y los legisladores de izquierda trataron de apoyar la inclusión de las cuotas de producción de Brasil e independiente y una contribución procedente de la industria de telecomunicaciones para el Fondo Sectorial Audiovisual. Una vez aprobada, la Ley 12.485/2011 representó avance significativo en la promoción de la diversidad cultural. En el ámbito de la Internet, la aprobación del Marco Civil estableció derechos para los usuarios de la red, con dos puntos culminantes: la aprobación de la neutralidad de la red como principio en el

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En los años siguientes, el gobierno dejó de dar las condiciones para la efectiva implementación de Ginga, y prevaleció el estándar de interactividad desarrollado por los fabricantes de equipos. Cf. https://canaltech.com.br/noticia/governo/TV-digital-sem-apoio-Ginga-vai-sendo-deixado-de-lado-pelo-governo/

tratamiento de los paquetes por los operadores de telecomunicaciones y la no responsabilidad de los intermediarios por contenidos publicados por terceros si no hay ninguna orden judicial que les obligue sacar. La Ley 12.965/2014 fue considerada uno de las más avanzadas en el mundo en garantía de derechos en la red. El balance general de las políticas de comunicación en los gobiernos progresistas fue de estancamiento en la televisión abierta y en los medios de comunicación en general, y avances en la televisión por cable e Internet. Paralizados por la ausencia de estrategia y por la duda acerca de los posibles resultados, los gobiernos progresistas se han convertido en víctimas de su propio estancamiento. La destitución de Dilma cerró un ciclo de cuatro períodos presidenciales del PT con la ruptura definitiva de un pacto que hizo posible la llegada de Lula al poder en 2003. En 14 años, el panorama de las comunicaciones ha cambiado por completo, pero la falta de herramientas de accountability para hacer frente el poder político de las grandes emisoras sigue siendo la misma.

Chile: tan lejos, tan cerca

En materia de políticas de comunicación y, específicamente, en la relación entre los gobiernos progresistas y los medios, el caso de Chile contrasta en algunos aspectos relevantes con los de otros países de la región. Por empezar, el cuestionamiento a los modelos de desarrollo ortodoxos que se observó en varios países del vecindario desde los partidos progresistas, fue cuanto menos tenue y dispar en la centroizquierda chilena, sobre todo en los extensos periodos en que ejerció el gobierno desde la coalición denominada Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010). Tal vez en este contexto sorprenda menos que estos gobiernos –y actualmente el de la Nueva Mayoría, liderado por Michelle Bachelet- no hayan promovido reformas estructurales, ni propuestas que avanzaran sobre los intereses económicos de los grandes medios. Y si en varios países cabe reconocer al progresismo de comienzos del Siglo XXI el gran mérito de haber generado debates sociales y políticos inéditos en torno al rol de los medios, Chile ha quedado al margen de esa tendencia. El común denominador que sí se observa con otros países de la región, es que aun casi sin medios de comunicación afines13, la Concertación logró mantenerse durante largo tiempo en el poder, concretamente, veinte años. No obstante, al menos dos factores podrían contribuir a explicar esta situación: por una parte, como ya se mencionó, los gobiernos concertacionistas apostaron por una muy moderada gradualidad de las reformas políticas de la post-dictadura; por la otra, presumiblemente vinculada a la primera razón, los principales diarios y la TV no atacaron tan frontalmente a esos gobiernos hasta la administración del presidente Ricardo Lagos (2000-2006). “Fue a partir del 2003 que se dio inicio a las acusaciones de corrupción del gobierno y a una exacerbación mediática de los hechos criminales y delictuales, tendencia que duró hasta finales del (primer) mandato de la presidenta Bachelet” (Gumucio,2011). Aquel primer gobierno de Michelle Bachelet marca un punto de inflexión en la relación gobierno-grandes medios en ambas direcciones. Desde el gobierno, se impulsaron dos importantes proyectos legislativos –la introducción de la TV Digital Terrestre y la reforma a Televisión Nacional -; desde los medios, los

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“Salvo la radio Cooperativa y esporádicos periódicos destinados a desaparecer en el corto plazo” (ibíd.)

ataques a la presidenta cobraron formas e intensidades notables. En un marco de debilidad de la presidenta al interior de su propio gobierno, los proyectos mencionados –que podrían considerarse atisbos de una política de comunicación- fueron desperfilándose. En la segunda presidencia de Michelle Bachelet, la posición de los dos grandes grupos, El Mercurio y COPESA con respecto a las políticas de gobierno –expresada fundamentalmente a través de sus influyentes diarios, El Mercurio y La Tercera- es aún más agresiva que en periodos anteriores, actitud que se vincula directamente con las reformas políticas impulsadas desde el oficialismo. No obstante, todo análisis de las relaciones entre progresismo y medios de comunicación en Chile requiere un mínimo bosquejo de la estructura de la propiedad de los medios. Chile registra altos índices de concentración en la propiedad de medios, alarmante en términos de agregación medial, convergencia y concentración si se mira la prensa escrita, las radios, la TV de libre recepción y el entorno digital. Un estudio realizado por Luis Breull en 2015 para el Consejo Nacional de Televisión arroja que los cuatro principales operadores en cada sector de medios de Chile concentran más del 90% del mercado, cuando en América Latina el promedio ronda el 80%. En este contexto, el 82,8% de la inversión en avisaje en diarios de alcance nacional se lo reparten los grupos Mercurio y Copesa, que a su vez concentran el 80% de la lectoría. El grupo El Mercurio posee dos radios, 23 diarios, 16 revistas impresas y 33 medios digitales en web. Copesa, por su parte, tiene seis radios, cuatro diarios, 13 revistas impresas y 22 medios digitales, sumada la concesión de una señal de TV aún no operativa. Ambos grupos en conjunto tienen intereses directos en la propiedad de empresas, vinculadas con inversiones en mercados inmobiliario, financiero, retail, alimentos, agrícola y agroindustrial, de distribución, servicio al cliente y editorial (CNTV, 2015). También en la industria televisiva están presentes algunos de los grupos económicos más poderosos de Chile. Andrónico Luksic controla el 67% de la propiedad de Canal 13, incluyendo TV, radios y webs, a la vez que tiene importante presencia en los sectores financiero, minero, naviero e industrial. Carlos Heller, dueño de Mega, tiene capitales en el retail, la hípica, el fútbol, la industria vitivinícola y el agro. A ellos se suma el conglomerado transnacional Time Warner, propietario de Chilevisión y de parte de CNN Chile. Esta concentración de grupos empresariales en el control de cadenas de medios, reduciría el espectro del tratamiento de temas sensibles (valóricos, políticos, comerciales) en la agenda informativa. Breull concluye: “Chile es un país cuya regulación de acceso a la propiedad de los medios no pone trabas ni a la transversalidad o convergencia, ni a la concentración” (CNTV, op. cit). La omisión del progresismo Las tendencias desreguladoras y privatistas -consecuencia de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington- que azotaron la región desde los años 80, abarcaron también a las políticas comunicacionales en Chile, en donde se repitió hasta el hartazgo que “la mejor ley es la no-ley”14. Esta opción política favoreció las altas concentraciones en la propiedad de medios mencionadas, así como relaciones que podrían calificarse como perversas entre el poder político y

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En la versión del entonces Ministro de Comunicaciones del Gobierno de Patricio Aylwin en Chile, Eugenio Tironi, “la mejor política de comunicaciones es la que no existe”.

los medios. Es en los momentos especialmente críticos cuando los gobiernos progresistas suelen lamentar su deserción de este campo de batalla, sin embargo, reinciden en la falta de estrategia y/o voluntad política, tal como lo demuestra el derrotero del actual Gobierno en Chile. En “Comunicación y Poder”, Manuel Castells (2012:61) señala que las relaciones de poder se sustentan en gran medida en la capacidad para modelar las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes -visuales o no-. En este sentido, el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue perdiendo territorio prácticamente desde que asumió. Si en el primer periodo la agenda pública estuvo copada por las reformas, y la crítica lapidaria a éstas desde los medios, en un segundo tiempo la constante caída en los niveles de aprobación de la presidenta y los yerros del gobierno siguen convirtiéndose en noticia, aunque ya en nada sorprendan. La disputa por la agenda pública, es decir, el intento por liderar la construcción de sentidos compartidos, es una batalla perdida ya tempranamente por la actual administración. Desde ya que no cabe demonizar a los medios como únicos responsables del devenir de los hechos. Quien debió ser contraparte poderosa en esta configuración –el gobierno-, se disuelve como contendor por doble vía: en lo inmediato y en el mediano plazo. En lo inmediato, por la fallida o ausente comunicación política. En el mediano y largo plazo, las políticas de comunicación –como regulación del sistema de medios- son tierra de nadie. Prácticamente la única medida potente en este sentido, la esperanza de reformular la misión, el financiamiento y gobierno de Televisión Nacional, se opaca de la mano de la tramitación de la llamada “ley larga de TVN” 15 . Como otros procesos parlamentarios, también éste se asfixia en un mar de obstáculos políticos y burocráticos que ponen en evidencia la falta de trabajo pre-legislativo, la desmedida injerencia del Ministerio de Hacienda en prácticamente todas las iniciativas y reformas gubernamentales, así como la precariedad de la gestión política y técnica. De esta manera, los vacíos que deja el Gobierno al desertar de la comunicación política y de las políticas de comunicación, allanan el camino a otros actores. Entre ellos, las encuestas de opinión que, de la mano de algunos medios de comunicación han ganado enorme protagonismo en la instalación de agendas políticas. Desde los primeros meses de gobierno, la prensa -sobre todo la vinculada a los medios tradicionales- ha sido vocera de encuestas que reiteran el rechazo a las reformas impulsadas desde el oficialismo. El rechazo a los partidos políticos, el descrédito de la política y, en particular, del Parlamento, son temas permanentes en los medios, aportando a un clima social de despolitización generalizada que se traduce en la cada vez más baja participación en procesos electorales16. En este contexto, el caso de la cobertura mediática del proceso que debería conducir a una Nueva Constitución en Chile concentra, como ninguno, las tensiones entre defensores del status quo y sectores que apoyan las políticas transformadoras propuestas desde el gobierno de Michelle Bachelet. Estos procesos implican transformaciones estructurales fuertemente resistidas desde poderosos sectores del establishment político y económico. La Constitución vigente fue diseñada precisamente para "neutralizar la agencia política del pueblo"17. Su perspectiva individualista y centrada en el derecho de propiedad del medio, afecta derechos y deberes de los medios de comunicación (Donoso, 2016). El efectivo chaleco de fuerza que representa la Constitución para

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“Se enviará un proyecto al Congreso para realizar un conjunto de modificaciones en materia de TV pública orientados al cumplimiento de su misión pública. Una medida de alto impacto es la incorporación de financiamiento público de manera sistemática” (Programa de Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018). 16

34,9% del padrón en la última elección municipal, octubre de 2016. 17

Así lo expresó su inspirador, el ideólogo de la dictadura pinochetista, Jaime Guzmán.

realizar reformas estructurales en Chile explica la agresiva campaña contra su posible reforma liderada por el diario El Mercurio, según lo explica Manuel Antonio Garretón:

“En 2013, año en que se posicionó la legitimidad de la Nueva Constitución, la gran cantidad de editoriales que El Mercurio dedicó a descalificarla dejó en evidencia la centralidad que el tema tenía para el mundo que representa el diario. Tal como lo hizo décadas atrás en materia de Derechos Humanos, asumió el rol de fijar la posición que debía tener todo el mundo de la derecha respecto al tema constitucional. La razón es obvia: no hay manera de desbaratar el modelo constituido bajo la dictadura, del cual El Mercurio es un actor central, sin una Nueva Constitución. En ese sentido, si alguien pone en duda la importancia del proceso constituyente, diríjase a El Mercurio” (Garretón, 9/3/ 2017).

Retomando planteos iniciales de este artículo, es posible que, como en otros países de la región, los resultados electorales en Chile no aparezcan directamente atados a la propiedad e intereses de los medios. Sin embargo, ciertas definiciones políticas sustantivas relativas al modelo social, político, económico y cultural imperante, sí lo están. A su vez, el cruce entre dinero y política como tema central de los medios masivos también es un común denominador reciente con países vecinos. En Chile, las relaciones entre dinero y política dejaron de transcurrir en espacios soterrados y pasaron a ocupar gran parte de la agenda pública, alumbrada desde las tapas de la prensa local. En este sentido, es posible presumir que un análisis de las dispares coberturas de las causas que afectan a los distintos precandidatos presidenciales y figuras políticas, permitiría bosquejar el mapa de intereses que atraviesa a los medios de comunicación en Chile. Ejemplo de ello es lo tardío y relativamente escaso de la cobertura de situaciones jurídicamente cuestionables que afectan al precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en los principales medios vinculados a los grupos Copesa y Mercurio, en contraste con la profusión de titulares y primeras planas dedicadas al financiamiento de campaña del candidato Marco Enríquez-Ominami, quien lideraba las preferencias electorales del progresismo en 2015 y declinó fuertemente desde entonces hasta 2017. Atribuir la configuración de la agenda pública y/o de corrientes de opinión de manera lineal al accionar de estos medios sería retroceder a un determinismo que consideramos superado. Se trata, sin embargo, de reconocer la desproporción de poderes que marca las relaciones entre los gobiernos progresistas y los grandes grupos mediáticos en Chile, aunque también de cómo el progresismo, al desertar de las políticas y estrategias de comunicación, termina aceitando las trampas que, finalmente, cercenan su despliegue.

Palabras Finales Recorrer las experiencias de países de la región nos permite ver que en el período signado por la presencia de gobiernos progresistas el debate en torno a los medios de comunicación ocupó un lugar importante en la agenda pública, al menos en varios de ellos. Como nunca antes, porciones cada vez mayores de la ciudadanía se interesaron sobre la participación de los medios en las sociedades democráticas. Para muchos ciudadanos latinoamericanos hoy resulta más claro que los grandes grupos de medios defienden intereses económicos y políticos.

Si los principales grupos mencionados en este trabajo (Clarín, El Mercurio, Globo) han mostrado una enorme capacidad para vincularse con audiencias masivas a lo largo de períodos prolongados de tiempo, su accionar en el terreno político nos indica que aquí su capacidad es más relativa. Los tres casos comparten la característica de mostrar el error político de los grupos de medios al considerar agotado el proceso progresista. En efecto, Clarín consideró terminado el kirchnerismo tras las elecciones legislativas perdidas por el oficialismo en 2009, El Mercurio, tal vez, con el arribo al poder de Piñera, y Globo con las denuncias del Mensalão. Sin embargo, aún en un contexto de críticas y denuncias por parte de los medios, los espacios progresistas consiguieron recuperarse. La sanción de una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, el proceso de reforma de la Constitución en Chile, y el llamado a una Conferencia Nacional de Comunicación en Brasil revelan la recuperación de la iniciativa política y la capacidad de los movimientos de izquierda moderada para representar a amplios sectores de la ciudadanía aún en contextos de enfrentamiento con los medios. Como se desprende de las experiencias políticas del progresismo en los tres países, el poder de los grandes consorcios de medios analizados en este artículo no debe buscarse solamente en los resultados electorales, sino mucho más en la cohesión del discurso y en la articulación política de los sectores conservadores. Más allá de las campañas y contiendas electorales, es en la disputa por la agenda pública en donde se dirimen prioridades políticas, económicas, sociales y culturales. El saldo general de las políticas de comunicación de los gobiernos progresistas fue de limitada capacidad de acción en el ámbito de la radiodifusión, y de algunos avances democráticos con relación a la difusión y acceso de nuevas tecnologías de la información. Los gobiernos progresistas a lo largo de los primeros quince años del Siglo XXI debieron confrontar con las siguientes preguntas: 1) ¿Vale la pena el esfuerzo de disminuir la concentración para reforzar el espacio de otros competidores comerciales? ¿Es posible apuntalar el crecimiento de medios de comunicación sociales o comunitarios? En el caso de Chile y Brasil, no fue ésta la opción, salvo en ocasiones muy esporádicas. En el caso argentino, a una primera fase conciliadora siguió un segundo periodo caracterizado por una mayor intervención estatal directa en los medios de comunicación. Respecto a los medios sociales y comunitarios, si bien estuvieron presentes en el discurso y en algunas políticas concretas (especialmente en el caso argentino), su capacidad de intervención es a largo plazo y las políticas muchas veces estuvieron más determinadas por la coyuntura política. 2) ¿Vale la pena disminuir la concentración de los grandes medios tradicionales para reforzar el poder de las operadoras de telecomunicaciones, las programadoras internacionales de televisión paga, o de plataformas como Google o Facebook? La respuesta en este caso es más ambigua e involucra cuestiones de soberanía cultural y económica por un lado, y de las oportunidades que esas plataformas crean para los propios productores locales, por el otro. Aunque puedan resultar tácticamente útiles para debilitar las posiciones de los grandes grupos de comunicación, no necesariamente garantizan mayores cuotas de pluralismo y diversidad. En términos de promover el pluralismo, la clave sigue siendo quiénes son las fuentes primarias de noticias nacionales, a saber, los grandes grupos de comunicación. Entonces, a la vez que ya no resulta posible hablar sobre políticas de comunicación sin considerar

todo el ecosistema reconfigurado de telecomunicaciones, cable e Internet, tampoco cabe afirmar que la agenda de democratización de los grandes medios esté superada. En tiempo de convulsión e incertidumbre, tanto por los cambios provocados por las nuevas tecnologías de la información como por la inestabilidad política, la izquierda no debería titubear en su plataforma política, que no puede ser otra que la promoción de un ecosistema comunicacional más justo e igualitario. Una cuestión esencial, en este sentido, es la promoción del pluralismo, con un componente fundamental como lo son las fuentes primarias de noticias nacionales. Para que esto sea posible deben asumirse algunas premisas fundamentales: la regulación de un sistema de medios plural es una tarea impostergable para la izquierda; esta política no puede ser realizada sin afectar, en parte, los intereses de los grandes grupos de comunicación; no existe un momento oportuno para realizar esta tarea ya que siempre contará con la oposición de los medios de comunicación del status quo. Asumir estas cuestiones le permitirá a la izquierda salir del laberinto en que se encuentra en relación a los grandes medios de comunicación de la región. Bibliografía Badillo, Á., Marenghi, P., & Mastrini, G. (2013). Teoría crítica, izquierda y políticas públicas de

comunicación: el caso de América Latina. BOLAÑO, Cesar e BRITTOS, Valerio (2005). Rede Globo: 40 anos de poder e hegemonia. Paulus, São

Paulo. Castells, Manuel (2012) Comunicación y Poder, Grupo Editorial Siglo Veintiuno, México/Argentina. Consejo Nacional de Televisión (2015) Informe Concentración de Medios en la Industria Televisiva

Chilena, Santiago de Chile. Donoso, Lorena (2016) “La Libertad de Expresión en el derecho internacional de los Derechos

Humanos”, documento para la discusión en el contexto de los debates sobre Nueva Constitución.

Garretón, Manuel Antonio, en entrevista personal realizada en la Fundación Chile 21, el 9/3/2017, Santiago de Chile.

Gumucio, Manuela (2011), Chile: La política de medios y partidos progresistas, en A. Koschützke & E. Gerber (Eds.), Progresismo y medios de comunicación. Manos a la obra. Red de Fundaciones Progresistas, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires.

HERZ, Daniel (1987). A história secreta da Rede Globo. Tchê, Porto Alegre Kitzberger, P. (2012). The Media Politics of Latin America’s Leftist Governments. GIGA, 4(3), 123-

139. LIMA, Venício (2007). A mídia nas eleições de 2006. Editora Fundação Perseu Abramo, São Paulo. LIMA, Venício (2013). A mídia e sua abordagem da corrupção. Revista do Centro Acadêmico Afonso

Pena, Belo Horizonte. Mausberguer, C. (2012) To be prepared when the time has come: Argentina's new media

regulation, en Media, Culture & Society, 34 (5) 588-605

THOMPSON, John (2002). O escândalo político: poder e visibilidade na era da mídia. Vozes, São Paulo.