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N 1451 Julio/20113 poca - Uruguay

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Edicin 20 pgs.

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Viernes 1 de Julio de 20112

Ao IV TAo IV TAo IV TAo IV TAo IV Tererererercera poca cera poca cera poca cera poca cera poca DirectDirectDirectDirectDirector Ror Ror Ror Ror Responsableesponsableesponsableesponsableesponsable: Gabriel Mazzarovich Consejo EditConsejo EditConsejo EditConsejo EditConsejo Editororororor Lylin Firpo,,,,, Pablo Khalil.

El PEl PEl PEl PEl Popular Ropular Ropular Ropular Ropular Redaccin y Aedaccin y Aedaccin y Aedaccin y Aedaccin y Administracin:dministracin:dministracin:dministracin:dministracin: Batov 2079 Tel. 29291191 Fax: 29247056 Correo electrnico:elpopular@adinet.com.uy.ImImImImImpresinpresinpresinpresinpresin: Microcosmos SA. Cuareim 2052. Tel.: 29247000 Telefax 29241220Permiso de MECPermiso de MECPermiso de MECPermiso de MECPermiso de MEC. Exp. 218308

Admitida la reproduccin total o parcial de los artculos indicando la fuente. Las notas firmadas pueden no ser compartidas por

la lnea editorial y son responsabilidad de sus autores. Semanario de circulacin nacional.

Por Jos Luis Perera

Por El inglsPor El inglsPor El inglsPor El inglsPor El ingls

Yo me voy con Aparicio

La derecha de este pas pretende solucionar eltema de la minoridad infractora -un aspecto msde la lucha de clases-, bajando la edad deimputabilidad. La iniciativa de Pedro Bordaberry bus-

ca bajarla a 16 aos, pero tiene competidores queno le van en zaga. Rodolfo Sienra Roosen, columnis-ta de el diario caganchero El Pas, plante hace po-cos das: Nos afiliamos a la solucin inglesa de ba- jar la edad de imputabilidad al mximo -111110 o 120 o 120 o 120 o 120 o 12

aosaosaosaosaos- ampliando as el margen a una decisin judi-

cial que cuente con los asesoramientos tcnicos ade-

cuados de criminlogos, siclogos, pediatras y de-

ms especialistas.

Leyendas urbanas

Es comn escuchar que los menores no van a lalos menores no van a lalos menores no van a lalos menores no van a lalos menores no van a lacrcelcrcelcrcelcrcelcrcel, y eso est muy lejos de ser cierto. Cuandoun menor comete un delito, el mismo es privado delibertad. Naturalmente, no van a una crcel para

mayores, sino que son internados en un complejode centros de internacin dependientes del INAU,que por otra parte son tan crceles como las de losadultos con problemticas similares.Tambin se dice que las sanciones son muy corsanciones son muy corsanciones son muy corsanciones son muy corsanciones son muy cor-----tas,tas,tas,tas,tas, pero esto no es as, cuando lo vemos en rela-cin a la edad al momento de detencin y lo compa-ramos con un adulto en las mismas circunstancias.Si un adulto de 30 aos es detenido y va preso por 3aos, se trata del 10% de los aos vividos por esapersona, en tanto un adolescente de 15 aos que vapreso tambin por 3 aos, significa el 20% de suvida. Y por cierto que hay que tener en cuenta laimportancia que tiene ese tiempo privado de libertadpara un caso y para el otro, ya que el adolescente seest desarrollando en todo sentido. Si ese perodode privacin de libertad se transformara en un sim-

ple castigo, estaramos profundizando su inadapta-cin, mientras que lo que tenemos que desarrollarson experiencias socializadoras y educacin. Por esoes que el Cdigo de la Niez y Adolescencia estable-ce la pena mxima en 5 aos, porque lo que est en

juego es la edad en el momento de la internacin.No es cierto tampoco algo que se repite un da s y elotro tambin: la polica los detiene y los juecesla polica los detiene y los juecesla polica los detiene y los juecesla polica los detiene y los juecesla polica los detiene y los jueceslololololos largan.s largan.s largan.s largan.s largan. Hay que tener en cuenta que la Conven-cin Internacional de los derechos del Nio (ya he-mos dicho para el caso de la ley de impunidad que lasConvenciones internacionales hay que respetarlas)dispone que la retencin en centros de internacindebe ser la ltima alternativa, priorizando a las medi-das socio-educativas no privativas de libertad. Por lotanto, el tiempo que los menores estn recluidos lue-go de ser detenidos, depender de aspectos de ca-

rcter socio-econmico-cultural (pobreza, educacin,familia, etc.). En el caso de los delitos graves (para loscuales las penas son ms extensas) los adolescentesno pueden estar internados ms all de los 22 aos.Sin embargo frente a delitos menores se tiene en cuentael fin educativo, y el tiempo de reclusin puede sermenor que el fijado. De manera que aspectos relati-vos a la persona (no al delito cometido) pueden exten-der la sancin, inclusive ms tiempo que el que lecorrespondera a un adulto.Podra decirse que nuestra legislacin est atra-nuestra legislacin est atra-nuestra legislacin est atra-nuestra legislacin est atra-nuestra legislacin est atra-sadasadasadasadasada, y que nada puede hacerse con ella, y de he-cho es otro de los mitos que se difunden. Sin em-

bargo, nuestro pas cuenta con un marco jurdicoaceptable y que se puede equiparar a los estndaresinternacionales ms avanzados. La justicia recurreen la mayor parte de los casos a la privacin de liber-

tad, depositando adolescentes en centros de inter-nacin y no logrando su objetivo de rehabilitacin, ytal vez sea all en donde haya que trabajar ms, en elsentido de aplicar otras medidas correctivas.Se dice y se argumenta, tambin, que LA TOLERAN-CIA CERO HA FUNCIONADO:Se utiliza frecuentemente al derecho comparado y laexperiencia internacional en temas de seguridadpblica para fundamentar la rebaja de la edad deinimputabilidad penal. Pero esto se hace sin teneren cuenta que se est comparando sociedades delprimer mundo con sociedades en donde campea lainequidad social, con altos niveles de pobreza queafecta a casi la mitad de la poblacin, producto entreotras cosas de las polticas que han aplicado en elpasado muchos de los que hoy proponen estas solu-cionesSe dice tambin que LA GENTE RECLAMA SEGURI-DAD: Es verdad, pero la gente tambin reclama traba-

jo, educacin, vivienda, o el fin de la impunidad paralos violadores de los derechos humanos. Pero cuan-do fueron gobierno, los partidos de donde hoy partenestas medidas de seguridad, estuvieron muy lejos dedar respuesta a todos estos reclamos de la gente. Sindudas, es infinitamente ms sencillo llenar las crce-les que atender los problemas de fondo.Se dice que BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDADMEJORARA LA SEGURIDAD:Creemos que es un engao, que recurrir al encierrode los menores solo posterga el problema, y que elmismo volver pero an ms complicado. Un nio,ciudadano en proceso de desarrollo, que es enviadoal sistema penal tras cometer un delito y encerrado

por el mayor tiempo posible, en algn momento de-ber ser liberado. Qu podemos esperar de un jo-ven que fue aislado sin ms propuesta que ensear-

le a ser un buen preso en el marco de un sistemacarcelario desbordado, de trato inhumano y dondeocurren delitos cotidianamente?Seguro que desde el encierro no se le preparar para

el ejercicio de una ciudadana plena (educacin, for-macin laboral, oficios, responsabilidad por la infrac-cin cometida, restitucin de vnculos familiares posi-tivos, etc.). Al menos hoy el pas no cuenta con esta-blecimientos que cumplan con el objetivo de rehabili-tacin. De hecho operan como un gran depsito deindeseables, que en su inmensa mayora son pobres.Como sealamos al comienzo, gran parte del proble-ma radica en las profundas desigualdades socialesdel Uruguay de estos tiempos. No podemos convertirel sistema de justicia en un instrumento contra lospobres, lo que corresponde es implementar polticassociales que otorguen posibilidades de inclusinsocial. En estas dos alternativas est comprometidala esencia democrtica: utilizar la represin para apar-tar a los peligrosos jvenes pobres o apostar a unasociedad con mayores niveles de equidad, y por tan-to ms democrtica.En definitiva, y para terminar Qu implica la baja deedad de imputabilidad? Se va a responsabilizar alos adolescentes? Se los va castigar por sus infrac-ciones? No. Los Adolescentes ya son responsablespor sus delitos, lo son desde los 13 aos. Y ya soncastigados con sanciones privativas de libertad. Oquienes promueven esto ignoran que existen unadecena de crceles para adolescentes?El nico cambio relevante podra radicar en el hechode que iran presos a una crcel de adultos. Soloeso significa la rebaja de la edad de imputabilidad,llevar a adolescentes a convivir en crceles de adul-tos, en el Comcar, en Libertad, en Cabildo, etc...Los promotores del proyecto, han aclarado que irana establecimientos especiales para menores, lo cual

confunde an ms. Se baja la edad para hacer lomismo pero en otros establecimientos? Est claro queen el fondo lo que se quiere es solo encerrar porms tiempo, pensando que con ello se resolvera elproblema de la delincuencia juvenil.Aunque es difcil saber como se lograra, ya que sehabla mucho de los establecimiento especiales, peroninguna palabra sobre los mecanismos necesariospara la integracin social. No se rehabilita profundi-zando la exclusin e inadaptacin, sino al contrario,se debe apuntar a que el joven se responsabilice porsus actos, garantizando sus derechos, y mantenin-dolo socialmente incluido.Esto por parte del Estado, pero tambin entran en jue-go la familia y la comunidad. No hay rehabilitacinposible sin polticas sociales que mitiguen la inequidad,si no hay polticas de empleo que habiliten la integra-

cin social de los pobres y entre ellos de los jvenespobres, cuestiones que hoy en da est llevando ade-lante el gobierno de nuestra fuerza poltica.El problema de la delincuencia juvenil no se puedereducir al facilismo los sacamos de las calles, losencerramos. Estamos hablando de ciudadanos, quetienen derechos, y que son parte de la generacinde recambio de nuestro pas. O trabajamos desde laperspectiva de Derechos para la promocin social ogeneramos mayores niveles de exclusin, y con elloseguramente cosechemos una sociedad ms violen-ta e insegura para nuestros hijos.

Responsabilidades mayores(2 parte)

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Viernes 1 de Julio de 2011 33Viernes 1 de Julio de 2011

El lunes se cumplieron 38 aos del Golpe de

Estado que inici 11 aos de dictadura en nues-tro pas; ese da, la impunidad, su continuidad ju-rdica, poltica y tica, recibi un golpe democrti-co.El colectivo HIJOS present un escrito ante el Pre-sidente de la Repblica, Jos Mujica, solicitndoleque revocara todos los actos administrativos queampararon casos de violaciones a los DDHH en laLey de Caducidad.Ese mismo da, el Poder Ejecutivo anunci su de-cisin de emitir un decreto que revoca en un soloacto todas las resoluciones de Julio MaraSanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle queimpedan la investigacin de unos 80 casos de vio-laciones a los derechos humanos.Es un hecho trascendente en la lucha contra laimpunidad. Es adems un primer paso en el cum-

plimiento de la sentencia de la Corte Interamericanade DDHH en el caso Gelman.Cabe recordar que entre muchas otras cosas, laSentencia de la Corte Interamericana de DDHH es-tablece que la Ley de Caducidad es violatoria detodos los convenios internacionales y carece de todovalor jurdico. Y por lo tanto, ordena al Estado uru-guayo que la mencionada ley no constituya obst-culo para las investigaciones. Sostiene que no pue-den ser obstculo para las investigaciones ni la Leyde Caducidad ni ningn instituto jurdico anlogocomo la prescripcin. Lo seala a texto expreso.El Poder Ejecutivo anunci adems que solicit alMinisterio de Defensa y a la Suprema Corte de Jus-ticia que se abran los archivos para que los investi-gadores que trabajan en el marco de la Comisin

de Seguimiento tengan acceso a ellos. Tambin quese avanzar en la conformacin de un BancoGentico de familiares de desaparecidos. Por otraparte se resolvi fortalecer la Comisin de Segui-miento y continuar con las excavaciones en el Bata-lln 14 en busca de enterramientos clandestinos.Finalmente se conform una comisin integrada porel Secretario de la Presidencia, el Director de DDHHdel Ministerio de Educacin y Cultura, la Cancilleray el Ministerio de Defensa, para estudiar y realizartodos los pasos necesarios para cumplir con laSsntencia de la Corte Interamericana de DDHH.Esta decisin es un paso importante en el cumpli-miento de la sentencia de la Corte Interamericanapor parte del Poder Ejecutivo y del presidente JosMujica. Hizo bien, el secretario de la Presidencia, Al-berto Breccia, en decir adems, que era un deber

tico del gobierno del Frente Amplio. Sin duda lo es.En la toma de estas decisiones contribuyeron, ano dudar, la movilizacin y el reclamo popular, quetuvo en la multitudinaria marcha del 20 de mayo

pasado su punto ms alto, el planteo de HIJOS

y tambin la accin poltica de la Comisin Es-pecial del FA y de su presidente Jorge Brovetto,que en estos ltimos das mantuvieron varioscontactos, al ms alto nivel, con el Gobierno yfueron abriendo paso para esta resolucin.

Lo que sigue

Qu sigue ahora? La Sentencia de la CorteInteramericana, como ya hemos dicho, obliga alos tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivoempez a dar pasos de cumplimiento. Quedanotros, como hacer un reconocimiento pblico,poner en la sede del CALEN una placa con losnombres de todos los secuestrados polticos quepasaron por all y comprometerse a fondo con lainvestigacin. Le compete adems publicar unresumen de la sentencia en el diario oficial ynotificarla a los otros poderes del Estado.En lo concreto de estos 80 casos, el PoderEjecutivo revoc los decretos de Julio MaraSanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle;esto ser comunicado a la Suprema Corte deJusticia la cual debe enviarlo a los jueces quearchivaron las causas para que acten.Pero el cumplimento de la sentencia de la Cor-te Interamericana y la decisin de terminar conla impunidad implica otros compromisos parael Poder Judicial. La investigacin, determina-cin de los responsables y su castigo, no selimita a estos 80 casos. Hay muchas causasms y habr otras, como las denuncias que sepreparan por torturas en la Operacin Morgan y

en otros centros de tormento. La sentencia dela Corte Interamericana dice que se deben apli-car los instrumentos adecuados para juzgaresos delitos. Se refiere claramente a que sedeben tipificar como delitos de lesa humanidady por lo tanto imprescriptibles. Es cierto que elPoder Judicial es independiente pero no puedehacer lo que quiera. Hay que evitar y polemizarpara que concepciones conservadoras y ajenasa la jurisprudencia internacional, obstaculicenla verdad y la justicia. Hay que dotar a jueces yfiscales de los recursos humanos, logsticos ylegales para que acten.El Poder Legislativo tambin debe actuar. Esten debate el alcance y la pertinencia de lo quedebe aprobarse, pero el Poder Legislativo debedarse por enterado de la sentencia y actuar en

consecuencia, ms all de los debates yposicionamientos partidarios.Exigir y velar por el cabal cumplimiento de la sen-tencia de la Corte Interamericana de DDHH, en

todos los estamentos del Estado y la sociedad,

es hoy el eje central que debera articular losesfuerzos para terminar con la impunidad.No slo porque es una obligacin del Estadouruguayo. Porque es un imperativo poltico ytico para un gobierno del Frente Amplio puesla impunidad es incompatible con un proyec-to de cambios.

La dimensin poltica,

la postura de la derecha

Desde la derecha poltica y meditica, desdelos centros de militares retirados, desde losabogados defensores de los violadores deDDHH, se anuncian, como siempre, catstro-fes de todo tipo, peligros, amenazas y recur-

sos contra el decreto.Es lgico. La derechaes la creadora y la sostenedora de la impuni-dad. Es parte de su concepcin de sociedady de su estrategia de poder.Reivindican derechos adquiridos, defiendenla seguridad jurdica e instalan la novedosatesis de que tampoco se pueden revocar de-cretos anteriores. En el terreno jurdico la ju-risprudencia nacional e internacional afirmasin sombra de duda que no existe la cosa

juzgada en el plano administrativo. Por su-puesto que tampoco es sustentable esa tesisen el terreno penal cuando los delitos son delesa humanidad. No puede hacerse jugar eltiempo a favor de los violadores de DDHH; esoes jurdica y ticamente inaceptable. Hay quedecirlo sin eufemismos.

Pero tambin hay que dar la discusin en elplano poltico e ideolgico. Los 80 decretosque se acaban de revocar no son annimos,los firmaron los tres presidentes de derechaque tuvo el Uruguay, tras la recuperacin de-mocrtica: Sanguinetti, Lacalle y Batlle. Ade-ms la derecha que quiere aparecer light,twitera y renovada, se rasga las vestiduras ylos defiende a capa y espada. Se caen los ve-los, las operaciones de marketing muestranque siguen siendo lo mismo, derecha pura ydura, defensores de los impunes.La izquierda, el Frente Amplio, su gobierno, lasorganizaciones sociales, las organizacionesdefensoras de los DDHH, los familiares de lasvctimas, siguen buscando verdad y justicia.No hay que tener miedo a mostrar la diferen-

cia; es esencial, bsica, trascendente.La lucha contra la impunidad, es una batallacentral, no slo por la plena vigencia de losderechos humanos, sino por la consolidaciny profundizacin de la democracia en tanto tal.Es un asunto de libertad, ni ms ni menos.Esta lucha de larga data, tiene varias dimen-siones; la jurdica es una de ellas, slo una;tiene tambin alcance poltico, tico y cultu-ral. Es un elemento central para definir la ca-lidad, la clase de sociedad y democracia enque los uruguayos queremos vivir.Es incompatible el renunciamiento a la justi-cia con una sociedad sana. La impunidad esun veneno que envileci toda la estructurasocial y que corroe an cosas bsicas como

la igualdad ante la ley.Terminar con la impunidad es en su esenciaun imperativo democrtico y ciudadano.Esuna lucha larga y no tiene momentos mgicosdonde se termine.

Golpe a la impunidad

Por El inglsPor El inglsPor El inglsPor El inglsPor El ingls

Los tres chiflados

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Viernes 1 de Julio de 20114

El presidente Mujica revocar 80decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle

Lo hace en cumplimiento del fallo de la CIDH y recogiendo planteos del PIT-CNT, de la organizacin HIJOS y la Comisin Especial del Frente Amplio

Por Walter Cruz y Gabriel Mazzarovich

Con la firma del presidente de la Re-pblica, Jos Mujica y de todos los mi-nistros, el gobierno emiti ayer una re-solucin por la que revoca todos losdecretos de Julio Mara Sanguinetti,Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, queampararon 88 casos de violaciones alos DDHH en la Ley de Caducidad.La resolucin, contundente en lo jur-dico y en lo poltico, hace suyas lasdefiniciones fundamentales de la Cor-te Interamericana de Derechos Huma-nos y afirma que la Ley de Caducidadcarece de efectos jurdicos por violar

todos los convenios internacionales yla jurisprudencia internacional sobreDDHH. Tambin que no se pueden apli-car otros instrumentos legales como laprescripciones para evitar la investiga-cin (ver nota aparte).Pese al fracaso de la Ley Interpretativaen el Parlamento y despus de la ma-siva marcha del 20 de mayo, desde elPIT-CNT, desde la Comisin Especial delFrente Amplio y desde la organizacinHIJOS Uruguay se continu la pelea yse estudiaron los caminos para dejarsin efecto la inmoral Ley de Caducidad.En las conversaciones con el gobier-no, se planteo como elemento central,

el acatamiento y cumplimiento de lasentencia de la Corte Interamericanade DDHH (CIDH) en el caso Gelman.Este lunes el presidente de la Repbli-ca, Jos Mujica y el gobierno del Fren-te Amplio todo, por acuerdo en el Con-sejo de Ministros, resolvi revocar al-rededor de 80 decretos con los quelos gobiernos de Julio Mara Sanguinetti,Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, ha-ban amparado otros tantos casos deviolaciones a los DDHH en la Ley deCaducidad y por lo tanto impedido porms de 20 aos su investigacin en laJusticia.Como es habitual inmediatamente sehicieron or las temerosas voces del

Centro Militar y de otras organizacio-nes sociales de jubilados de las Fuer-zas Armadas. La pregunta del casosera, seores si ustedes no tuvieronnada que ver con los crmenes, por quele tienen miedo a la Justicia?Alberto Breccia Secretario de la Pre-sidencia de la Repblica en confe-rencia de prensa fue el encargado dehacer el anuncio.Anunci que en la rbita de la Secreta-ra de la Presidencia de la Repblicase conform una comisin, integradapor la Direccin de Derechos Humanosdel Ministerio de Educacin Cultura yla Cancillera, la cual trabaja en el an-lisis exhaustivo de la sentencia dicta-

da por la CIDH a los efectos de su cum-plimiento.En ese mbito se incrementarn lascompetencias de la Comisin de Segui-

miento (ex Comisin para la Paz) y seapostar a la conformacin de una co-misin interministerial en la materia.Cabe recordar que la Sentencia de laCIDH implica tambin la publicacin deesta en el Diario Oficial, un acto pbli-co del Estado de reconocimiento de

responsabilidad, la colocacin de unaplaca en el CALEN con el nombre detodos los secuestrados polticos quepasaron por all y una reparacin eco-nmica.Breccia tambin anunci que el gobier-no solicit al Ministerio de Defensa y ala Suprema Corte de Justicia la apertu-ra de los archivos que contienen lasfichas clnicas y judiciales de ambosorganismos, durante la dictadura mili-tar. El objetivo es habilitar el acceso alos datos por parte de historiadores queintegran el equipo de investigacin dela Comisin de Seguimiento que fun-ciona en la rbita de la Presidencia dela Repblica.

Agreg que se espera completar, enbreve, el Banco de Datos Genticos.Esta inquietud se sustenta en que exis-te un nmero importante de familiaresde vctimas de desaparicin forzadaque no fueron contactados para obte-ner muestras genticas para su com-paracin ante eventuales hallazgos.El secretario de la Presidencia recordtambin que por orden judicial, en pa-ralelo, continan las excavaciones enel Batalln N 14 tal como se venanrealizando.

Las conversaciones

La visin del cumplimiento de la sen-tencia de la CIDH como elementovertebrador de las acciones a tomar entorno a la impunidad parece irseabriendo paso en diversos mbitos.

La posicin primaria del Poder Ejecuti-vo, esperar que los familiares se pre-sentaran para revocar los decretos casopor caso, fue variando hasta la posicinactual: revocar todos los decretos enun solo acto administrativo.La Comisin Especial del FA, creada por

el Plenario Nacional, que sostena estatesis, al igual que abogados como Pa-blo Chargonia, Juan Errandonea, Alber-to Prez Prez y Liliana Tojo y ArielaPeralta; oper en este sentido.Se mantuvieron varios contactos entreel FA, particularmente su presidenteJorge Brovetto y los ms altos represen-tantes del gobierno.All se acord que ese deba ser el cri-terio y que se deban dar todos los pa-sos necesarios para cumplir la senten-cia y definiendo adems el tema comoun deber tico.En otro plano, el PIT-CNT ha venido rea-lizando una serie de contactos paraimpulsar el mismo criterio: que se cum-

pla en todos sus trminos la sentenciade la CIDH. Una delegacin de la cen-tral obrera sostuvo reuniones con Fa-miliares de Desaparecidos, el PoderEjecutivo, el Fiscal de Corte, el canci-ller Luis Almagro y lo har con la Su-prema Corte y el Frente Amplio.En este sentido tambin se inscribe lapresentacin, anunciada por EL POPU-LAR, del escrito de HIJOS Uruguay (vernota aparte).

Los pasos que restan

La decisin del Poder Ejecutivo, ade-ms de significar una seal poltica im-

portante, implica, al ser comunicada ala Suprema Corte de Justicia que estainforme a los jueces que tienen estos80 casos y ellos decidirn sudesarchivo y como retoman las investi-

gaciones.Hay varios elementos ms a resolver.Estos 80 casos no son las nicas cau-sas por violaciones a los DDHH duran-te la dictadura. Hay varios casos msque hoy se sustancian en la Justicia yse espera en los prximos das la pre-sentacin de varias denuncias colec-tivas por tortura, como en el caso de laOperacin Morgan.All se integra tambin la polmica so-bre la prescripcin o no de los casosel prximo 1 de noviembre.La sentencia de la CIDH, cuyo cumpli-

miento es obligatorio tambin para elPoder Judicial, establece que no slola Ley de Caducidad no debe ser obs-tculo para la justicia, tampoco ningninstrumento anlogo como la prescrip-cin. La sentencia tambin ordena alEstado uruguayo que los casos seanabordados con los instrumentos ade-cuados es decir que se tipifiquen,como indica toda la jurisprudencia in-ternacional en la materia, los delitoscomo delitos de lesa humanidad.Esta concepcin implica que los deli-tos son imprescriptibles.Sin embargo si la Suprema Corte deJusticia mantiene la posicin que ex-

puso ante el reciente escrito plantea-do por la fiscal Mirta Guianze la situa-cin sera otra.All hay varias posiciones. Chargoniaplantea que hay que defender el crite-rio de la CIDH y que por lo tanto loscrmenes no prescriben. Errandoneaplantea la necesidad de que el Parla-mento apruebe una ley que extiendala prescripcin a todo el perodo en queestuvo vigente la Ley de Caducidad.Otras posiciones sostienen que el mis-mo acto del Poder Ejecutivo al revocarlos decretos extiende las prescripcio-nes durante todo el periodo que estosestuvieron vigentes, en esta posicinse alinearon ex presidentes de la Su-

prema Corte de Justicia y el secretariode DDHH del MEC, Javier Miranda.De primar algunas de estas posturas,el Poder Legislativo debera votar unaley que extienda el plazo de prescrip-cin.Adems de esto, en el terreno estrictode la investigacin, al notificar oficial-mente la sentencia de la CIDH al Fis-cal de Corte, este debera transmitirlaa los fiscales y estos impulsar de ofi-cio todas las investigaciones pendien-tes. Este extremo fue analizado en unareunin entre el PIT-CNT y el propio Fis-cal de Corte.Finalmente en el mbito del Poder Eje-cutivo, adems de las iniciativas ya

sealadas, existe la propuesta de laconformacin de una Comisin de Ver-dad.

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Viernes 1 de Julio de 20115

Valentn Enseat: Investigartodo, ms all de los 80 casos

El lunes Valentina Chves Musco, Beatriz Lpez, Sandra Pela, MartinaCallaba, Valentn Enseat, Ana Costa, Sandro Soba, Jacqueline Lpez VernicaMatto y Pablo Sobrino llegaron a la Torre Ejecutiva con un escrito donde solici-

taban al presidente Mujica que revocara todos los actos administrativos delPoder Ejecutivo que ampararon casos en la Ley de Caducidad. Cuando esta-ban traspasando las puertas del edificio de la Plaza Independencia se entera-ron que el Poder Ejecutivo iba a revocar de oficio todos los actos administrati-vos de los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle. La delegacin de HIJOSUruguay valora como positiva esta resolucin del Poder Ejecutivo, pero entien-de que hay que investigar todos los casos, ms all de los 80 y pico que se

van a desarchivar.En tal sentido EL POPU-LAR consult a ValentnEnseat y esto es lo quenos dijo. Este decreto seal el joven lo eva-luamos como positivo, endeterminado contexto.Obviamente nosotros pe-dimos la revocacin retro-activa de todos los actosadministrativos. Estamosespecialmente interesa-dos en que se abarquela totalidad de los casos.

Estamos muy en desacuerdo con el planteo inicial del gobierno de que lo quese iba a desarchivar iba a ser en la medida que las familias lo fueran solicitan-do. En ese caso el Estado le estara rehuyendo su responsabilidad y trasla-dndosela a los familiares, cosa que no corresponde.Consultado Enseant sobre esta ltima afirmacin, seal que, si bien losfamiliares son interesados directos, el tema trasciende a los familiares. Si elEstado viol los derechos humanos de manera sistemtica, l mismo tiene laobligacin de resarcir esa situacin no slo por las familias sino por la socie-dad en general. Entonces ese argumento que debieran ser las familias las quepidieran el desarchivo de las causas, la verdad es que nos pareca bastanteinmoral. Entonces el pedido de HIJOS apela a eso: a la revocacin de la totali-

dad de los actos. En el momento que lo vamos a plantear, el gobierno anuncique lo iba a hacer. Nosotros entendimos igual que era correcto entregar nues-tro petitorio. Que adems es la voluntad de un colectivo, en este caso de noso-tros como hijos de desaparecidos.Valentn entiende que, esto es algo que tena que pasar luego de la malogra-da ley interpretativa de la Ley de Caducidad. Ahora esperamos que empiecen asuceder muchsimas ms cosas y es una suerte que la sentencia de la CorteInteramericana de Derechos Humanos sea una buena lnea para poder obser-var en todo lo que debe comprometerse el Estado. O sea a generar una buenapoltica de derechos humanos en Uruguay.

Por WCVisto: La ley N 15848 de 22 de di-ciembre de 1986;Resultando : 1) Que la Ley N 15.848de 22 de diciembre de 1986, de la

Caducidad de la Pretensin Punitivadel Estado, en su artculo 1 estable-ce: Reconcese, que como conse-cuencia de lgica de los hechos origi-nados por el acuerdo celebrado entrepartidos polticos y las Fuerzas Arma-das en agosto de 1984 y a efecto deconcluir la transicin hacia la plena vi-gencia del orden constitucional, hacaducado el ejercicio de la pretensinpunitiva del Estado respecto de losdelitos cometidos hasta el 1 de mar-zo de 1985 por funcionarios militares

y policiales, equiparados y asimiladospor mviles polticos o en ocasin delcumplimiento de sus funciones y enocasin de acciones ordenadas por losmandos que actuaron durante el pe-rodo de facto;2) que el Artculo 3 de la mencionadaLey dice: A los efectos previstos enlos artculos anteriores, el Juezinterviniente en las denuncias corres-pondientes, requerir al Poder Ejecu-tivo que informe, dentro del plazo pe-

rentorio, de treinta das de recibida lacomunicacin, si el hecho investigadolo considera comprendido o no en elartculo 1 de la presente Ley. Si elPoder Ejecutivo as lo comunicare, elJuez dispondr la clausura y el archi-vo de los antecedentes. Si en cambio,no contestare o informare que se nose haya comprendido dispondr con-tinuar la indagatoria. Desde la fechade promulgacin de esta ley hasta queel Juez reciba la comunicacin del Po-der Ejecutivo quedan suspendidas to-das las diligencias presumarias en losprocedimientos mencionados en el in-ciso primero de este artculo;CONSIDERANDO: 1) que la sentenciade la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos en el caso Gelman vs.Uruguay, dictada el 24 de febrero de2011 dispone en su numeral 11 que

El Estado debe garantizar que la Leyde Caducidad de la Pretensin Puniti-va del Estado, al carecer de efectos porsu incompatiblidad con la Convencin

Americana y la ConvencinInteramericana sobre Desaparicin For-zada de Personas, en cuanto puede im-pedir u obstaculizar la investigacin yeventual sancin de los responsablesde graves violaciones de derechos hu-manos, no vuelva a representar un obs-tculo para la investigacin de los he-chos materia de autos y para la identifi-cacin y, si procede, sancin de losresponsables de los mimos, de confor-midad con los prrafos 253 y 254 de laSentencia;

2) que el prrafo 254 dice Enconsecuencia, el Estado debe dis-poner que ninguna otra normaanloga, como prescripcin,

irretroactividad de la ley penal,cosa juzgada, non bis in idem ocualquier excluyente similar deresponsabilidad, sea aplicada yque las autoridades se abstengande realizar actos que impliquen laobstruccin del procesoinvestigativo;3) que la Repblica Oriental delUruguay ha ratificado la Conven-cin Americana de Derechos Hu-manos por medio de la Ley N15.737 de 8 de marzo de 1985, yque por el artculo 16 de dicha leyse reconoce la competencia de laComisin Interamericana de Dere-

chos Humanos por tiempo indefi-nido, y de la Corte Interamericanade Derechos Humanos sobre to-dos los casos relativos a la inter-pretacin o aplicacin de esta Con-

vencin, bajo condicin de reciprocidad;4) que tal como lo expresa el fallo de laCorte Interamericana de Derechos Hu-manos, sin perjuicio de que la Ley deCaducidad de la Pretensin Punitiva delEstado ha sido aprobada en un rgimendemocrtico y ratificada por la ciudada-na en dos oportunidades, ello no ha le-gitimado el proceder de la RepblicaOriental del Uruguay ante el DerechoInternacional de los Derechos Humanos;5) que el prrafo 244 del fallo citado

dice: La Corte Interamericana conclu-ye que el Estado viol los derechos alas garantas judiciales y a la proteccin

judicial, previstos en los artculos 8.1 y25.1 de la Convencin Americana, enrelacin a los artculos 1.1 y 2 de lamisma y los artculos 1.b y IV de la Con-vencin Interamericana sobre Desapa-ricin Forzada de Personas y en elprrafo 246 expresa: En particular,debido a la interpretacin y a la aplica-cin que se ha dado a la Ley de Cadu-cidad, la cual carece de efectos jurdi-cos respecto de graves violaciones dederechos humanos en los trminosantes indicados ha incumplido suobligacin de adecuar su derecho in-

terno a la Convencin, contenida en elartculo 2 de la misma, en relacin conlos artculos 8.1, 25 y 1.1 del mismotratado de los artculos 1.b, III, IV y V

Texto completode la resolucin

de la Convencin Interamericana sobreDesaparicin Forzada de Personas;6) que asimismo el Estado uruguayoha ratificado la Convencin contra laTortura y Otros Tratos o Penas Crue-

les, Inhumanos o Degradantes con fe-cha 24 de octubre de 1986; y la Con-vencin sobre la imprescriptibilidad delos crmenes de guerra y de los crme-nes de lesa humanidad, con fecha 21de setiembre de 2001;7) que en virtud de lo expuesto el Esta-do uruguayo ha sido objeto de senten-cia condenatoria por responsabilidadinternacional a travs de la sentenciade la Corte Interamericana de DerechosHumanos antes mencionada y por lotanto est obligado a dar cumplimientoa lo que dicha sentencia prescribe;8) que por otra parte la Administracinest obligada a revocar aquellos actosadministrativos contrarios a derecho,

de oficio o a peticin de parte, lo queconstituye jurisprudencia constante delTribunal de lo Contencioso Administra-tivo siguiendo a Sayagus Laso;

9) que asimismo el Tribunal sostieneque los actos que adolecen de ilegali-dad no pueden generar derechos sub-

jetivos, ni intereses legtimos protegi-dos por el Derecho y cuando la revoca-

cin es por razones de legitimidad losefectos de sta se proyectan hacia elpasado;El Presidente de la Repblica, actuan-do en Consejo de Ministros, resuelve:1) Revocnse por razones de legitimi-dad todos los actos administrativos yMensajes emanados del Poder Ejecu-tivo, en aplicacin del artculo 3 de laLey N 15.848 de 22 de diciembre de1986, que consideraron que los he-chos denunciados estaban compren-didos en las disposiciones del artculo1 de la referida Ley y en su lugar de-clrese que dichos hechos no estabancomprendidos en la citada norma le-gal.

2) Comunquese a la Suprema CorteJusticia, publquese, etc.Siguen las firmas del Presidente de laRepblica y los 13 ministros.

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Viernes 1 de Julio de 20116

Se realiz en Uruguay el 2 Encuen-tro Latinoamericano por Memoria, Ver-dad y Justicia. En el Compromiso deMontevideo se calific a la tortura comocrimen de lesa humanidad y por lo tantoimprescriptible.El denominado Compromiso de Mon-tevideo fue divulgado en el Da Inter-nacional contra la Tortura y en vspe-ras de los 38 aos del golpe de Estadosufrido en este pas en 1973.El 2 Encuentro fue la continuacinde una reunin celebrada en BuenosAires en marzo ltimo, al cumplirse el35 aniversario de su golpe de Estado.Tendr continuidad con un evento enChile el 11 de setiembre prximo, cuan-do se conmemore la fecha del golpede Estado en el pas trasandino. Lue-go se realizarn en Paraguay y Brasil.La actividad se realiz el viernes y elsbado pasado en la Facultad de Cien-cias Sociales y fue convocada por lasprincipales organizaciones de derechoshumanos de nuestro pas: Familiaresde Desaparecidos, Servicio de Paz yJusticia (Serpaj), HIJOS, Crysol, CasaBertolt Brecht, Fundacin ZelmarMichelini, Fundacin Mario Benedettiy el Centro de estudiantes de la Facul-tad de Ciencias Sociales (Cecso) y cont

con el respaldo de Aebu.

Los talleres

En el marco del encuentro se realiza-ron varias mesas y talleres. La prime-ra, sobre la tortura, fue moderada porel periodista Walter Pernas y participa-ron el decano de la Facultad de Huma-nidades y Ciencias de la Educacin, Al-varo Rico, la profesora Clara Aldrighi;Mara Sodenbeguer, de Argentina yMauro Tomasini de Serpaj.En el espacio de testimonios participa-ron por Crysol Chela Fontora, BaldemarTaroco e Ivonne Klingler; todos ex pre-sos polticos e integrantes de la Comi-

sin de Memoria.La mesa siguiente fue moderada por laperiodista Iliana da Silva y cont con laparticipacin del doctor MiguelScapuzio y Sara Waitman de la Asocia-cin de ex presos polticos de Crdo-

ba.El sbado se present el libro El se-cuestro de los dos uruguayos del pe-riodista brasileo Luis Claudio Cunhay cont con la participacin de LilinCeliberti, Universindo Rodrguez, perio-dista, y el tambin periodista e investi-gador brasileo Jair Krishcke. El librodocumenta la investigacin periodsti-

ca de Luis Claudio Cunha sobre el se-cuestro de Celiberti y Rodrguez enPorto Alegre durante la dictadura.Celiberti y Rodrguez fueron secuestra-dos en Porto Alegre por militares uru-guayos y brasileos y trados clandes-tinamente, junto con sus hijos, a nues-tro pas. La denuncia de Claudio Cunhales salv la vida.Tambin el sbado se realiz una mesadonde se analiz la sentencia de laCorte Interamericana de DDHH contraUruguay por el caso Gelman y su im-pacto sobre nuestro pas. Fue modera-da por Ariel Silva de la Fundacin MarioBenedetti y expusieron Pablo Chargonia(abogado y patrocinante de varias cau-

sas por violaciones a los derechos hu-manos), Liliana Tojo de Cejil, JairKrischke y Walter Cortazzo de la CasaBertolt Brecht.La mesa final abord el tema Educaren Memoria, fortalecer los Derechos,

fue moderada por la periodista LourdesRodrguez y participaron el maestroMariano Soler, el psiclogo EnricoIrrazbal y Valentn Enseat de Hijos.

El Compromiso de Montevideo

Al finalizar el encuentro se aprob poraclamacin el denominado Compromi-

so de Montevideo que transcribimostextualmente.Los participantes del 2 EncuentroLatinoamericano por la Memoria, la Ver-dad y la Justicia, celebrado en la ciu-dad de Montevideo entre el 24 y 26 de

junio de 2011, a 38 aos del golpe deEstado en Uruguay y en el Da Interna-cional contra la Tortura, coincidimos enque en nuestros pases se debe inves-tigar, juzgar, penalizar, reparar y no ol-vidar los casos de tortura sufridos pornuestros pueblos, que indignan anuestro sentimiento y condicin huma-na, y constituye un crimen de lesa hu-manidad, es decir, imprescriptible, noamnistiable y pasible de persecucin

por la justicia internacional, cuando ydonde fuera que se cometiere el deli-to, ya sea cuando las dictaduras delcono sur o por cualquier autoritarismodel presente.Nos comprometemos contra la impuni-dad. Porque los impunes y losimpunidores, militares o civiles, no de-ben continuar sin castigo, ya que laaplicacin de la tortura en la reginimplic un plan supranacional, practi-cado en forma sistemtica, con idnti-ca metodologa y desde los mismosmanuales, para imponer desde las dic-taduras un modelo poltico y social, querequera la eliminacin de toda resis-tencia popular y la instauracin del te-rrorismo de Estado, con sus muertesy desapariciones, antes que el autori-tarismo permitiera unareinstitucionalizacin condicionada por

La tortura es un crimenque no prescribe

2 Encuentro Latinoamericano de Memoria, Verdad y Justicia

adopt el Compromiso de Montevideo.la aceptacin de distintos tipos de le-yes de amnista, punto final oautoperdn.Nos comprometemos con los reclamosde las vctimas y sus familiares. Por-que con la tortura se busc lacosificacin del ser humano, sudeshumanizacin y su destruccin f-sica y moral, para daar no slo el cuer-po de la carne y el hueso, torturadocon el golpe, la picana, el tacho, la col-gadura, el plantn o la violacin y lle-gar hasta a la perdida de embarazos,sino tambin al cuerpo social, culturaly tico de convivencia, entretejido porla comprensin y la solidaridad, paragenerar el miedo y la desproteccin dela sociedad, provocndole un daotransgeneracional con la interrupcinde la continuidad del relato no oficialde su propia historia.Nos comprometemos con la reparacina quienes padecieron la tortura. Por-que la tortura no es un tema del pasa-do, sino que su dao, secuelas fsicaso morales, se siguen viviendo en for-ma constante por quienes la sufrierony su entorno, transformndola en uncrimen permanente, porque es tancruel el tormento como la posterior au-sencia de polticas de reparacin so-

cial a sus vctimas, quienes deben con-vivir con los impunes victimarios, y por-que tambin es necesario repensar,desde una mirada de gnero y otraspticas, las polticas de memoria, justi-cia y reparacin, ante las caractersti-cas que la violencia represiva tuvo so-bre hombres y mujeres.Nos comprometemos con los juicios con-tra la tortura a nivel local e internacio-nal. Porque las vctimas tienen el dere-cho de realizar las denuncias ante unsistema judicial independiente, que nodebe estar sometido por el poder polti-co, porque es un crimen imprescriptibleque en cada pas impone la justicia uni-versal establecida por los convenios y

tratados acordados desde la DeclaracinUniversal de los Derechos Humanos de1948 hasta las normas que lo tipificanen el tratado de Roma.Nos comprometemos a impulsar unacultura y una educacin que, basadasen los derechos humanos, sostenganla memoria. Porque es la cultura la queproduce conceptos a partir de sus pro-pias prcticas y herramientas, porquees la educacin la que forja el aprendi-zaje y el conocimiento, porque ambastrasmiten y construyen la memoria co-lectiva que permitir recordar y com-prender lo ocurrido, para asegurar elnunca ms al terrorismo de Estado. UnEstado que deber ser vigilado por la

sociedad, alerta en su conjunto, y atravs de rganos autnomos decontralor.Montevideo, 26 de junio de 2011.

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Viernes 1 de Julio de 2011 7

El Plenario Nacional del FA, reunidoel sbado 25 de junio, tres aos des-

pus de que los legisladores del PCU,por decisin partidaria no votaran la Leyde Educacin en el Parlamento, tomla siguiente resolucin:Considerando: 1) que el Partido Co-munista del Uruguay asume la respon-sabilidad de haber mandatado a suslegisladores.2) Lo que indica el Captulo III del Com-promiso Poltico de febrero de 1972Resuelve: sancionar al Partido Comu-nista del Uruguay con la prdida delderecho a voto en los organismos na-cionales de direccin poltica por el lap-so de 30 das.

Marsiglia: El valor del FApara el PCU

EL POPULAR dialog con DanielMarsiglia, secretario de Unidad Polti-ca del PCU, quien explic el desarrollode la discusin en el Plenario.Marsiglia explic que en el Plenario seley el informe del Tribunal de Con-ducta Poltica que sostiene que quie-nes incurrieron en falta fueron Eduar-do Lorier y Alicia Pintos. El informe loconocamos todos, baj a todos los or-ganismos del FA, a los sectores y a lasbases.Posteriormente, el presidente del FA,Jorge Brovetto, ley un acta que narra

objetivamente cmo se sucedi el tr-mite interno en el FA. All se dice que el3 de diciembre de 2008, el PCU se pre-senta y solicita que se analice su con-ducta en el Parlamento. El 4 de diciem-bre de 2008 se eleva el planteo del PCUal Tribunal. En febrero de 2009 el Tri-bunal cita al PCU y vamos una delega-cin. Posteriormente en una discusininterna y aplicando el artculo 114 delEstatuto del FA, el Tribunal decide quese debe analizar la conducta de Loriery Pintos, aunque siempre haba habla-do con el PCU, agreg.La discusin se replante en el Plena-rio indic Marsiglia-; qued claro que

haba sido el PCU el que asuma la res-ponsabilidad y eso no estaba contem-plado en el informe del Tribunal. En-tonces se vot la resolucin que se votque dice que el PCU asume la respon-sabilidad por la falta de no respetarun mandato de bancada y de la MesaPoltica y nosotros votamos eso, por-que efectivamente la asumimos.Segn Marsiglia luego vino el debatesobre la sancin a aplicar; haba com-paeros que queran sancionar al PCUy a los legisladores, otros que no que-ran ninguna sancin y otros que que-ran volver a postergar el tema y anali-zar la sancin en otro Plenario.

Consultado sobre las razones que lle-varon al PCU a plantear una mocin conuna propuesta de sancin a s mismorespondi: Planteamos que deba de-cidirse en ese momento. Lo que tene-

mos que discutir en el FA es programade gobierno, distribucin de la rique-za, ley de PPP, AFE, los temas que dis-cute la sociedad y que el gobierno abor-da. No podemos seguir en esta discu-sin. Y menos aceptar que nos quisie-ran pegar a situaciones que nada tie-nen que ver y mezclarnos con Semproniy con Saravia.Como no haba votos para decidir unasancin, hicimos una intervencin enla que rescatamos la historia unitariadel PCU, recordamos la frase de RodneyArismendi: `la unidad del FA hay quecuidarla como la nia de los ojos. Enbase a esa importancia que le damosal FA y a su unidad propusimos, parabuscar una salida, que se nos sancio-

nara con un mes de suspensin delvoto en los organismos de direccin,inform.Interrogado sobre cmo fue la votacinde esa sancin indic: primero hubouna votacin en la que compaeros queno queran que se sancionara al PCUvotaron en contra o se abstuvieron, devarios sectores y organismos de base,cosa que agradecemos. Hubo otrossectores que no votaron por otras con-sideraciones.Finalmente, luego de la primera vota-cin en la que se aprob, se pidireconsideracin y vot casi todo el Ple-nario.

Declaracin del PCU

Transcribimos textualmente la resolu-cin del Comit Ejecutivo del PCU so-bre la decisin del FA.Ante la resolucin del Plenario Nacio-nal del Frente Amplio de sancionar al

PCU con treinta das de suspensin delvoto en los organismos de conduccinnacional por la votacin en contra delsenador Eduardo Lorier y la diputadaAlicia Pintos a la Ley de Educacin, elComit Ejecutivo Nacional declara:1) El PCU tiene una conducta histricade compromiso con la unidad de la iz-quierda y de cumplimiento de losacuerdos polticos. Esa conducta seremonta a las primeras expresionesunitarias en el movimiento obrero ypopular, a los sucesivos procesos deunidad sindical, a la fundacin de lacentral nica de trabajadores y al FIDELcomo un antecedente poltico de uni-dad de la izquierda. Ese compromisounitario ha sido constante en el caso

del Frente Amplio desde hace 40 aos.Los comunistas uruguayos somosfrenteamplistas, es parte de nuestraidentidad poltica. La defensa del FA,en tanto herramienta fundamental paralas transformaciones que nuestro pue-blo necesita; su unidad, su historia ysu programa, son irrenunciables paralos comunistas.El general Lber Seregni dijo: Quierorescatar, de la manera ms formal yms terminante, el apoyo que el Parti-do Comunista, como entidad poltica,le dio a la presidencia del Frente Am-plio durante los 25 aos en que yo ejer-c dicha presidencia. Sin ese apoyo,fundamental y protagnico, no hubie-

ra sido posible, mantener la accin quemantuvimos durante ese tiempo. Nonos creemos ni nos sentimos ms quenadie pero estamos orgullosos de esatrayectoria y de su continuidad en elpresente.2) Desde esa perspectiva y con esos

objetivos es que analizamos lo sucedi-do con la Ley de Educacin. En el ao

2008 el Poder Ejecutivo present unproyecto de Ley de Educacin que anuestro entender no contemplaba suPrograma ni las resoluciones del Con-greso Nacional de Educacin MaestroJulio Castro. No repetiremos los argu-mentos y la polmica, no es el momen-to. Pero ante versiones de prensa queconfunden las cosas y comparan acti-tudes que son incomparables, enten-demos necesario recordar algunas cir-cunstancias. La Ley de Educacin nofue discutida en el Plenario Nacionaldel FA. La Mesa Poltica, por mayora,mandat a la bancada parlamentaria.El PCU pidi libertad de accin, la que

fue negada. Ante esta situacin doscompaeros legisladores, por decisinde los organismos de direccin delPCU, votaron en contra de la Ley en elParlamento. Fue el propio PCU el quese present ante el Tribunal de Con-ducta Poltica del FA para pedir que seanalizara su accionar en este tema.3) Luego de tres aos, el sbado pasa-do el Plenario Nacional del FA analizun informe que planteaba una sancin.Resulta paradjico que quienes defen-demos las posturas histricas del FA ysu programa tengamos que ser san-cionados; an as ante la imposibilidadde conseguir los 4/5 de votos requeri-dos y buscando se respetara la idea

de que hubiera sancin, fue el propioPCU el que propuso la mocin que fueaprobada, argument y vot por ella.Se propuso que la sancin fuera al PCUporque asumimos como colectivo laresponsabilidad, no fueron compae-ros actuando individualmente, fue unadecisin partidaria.Lo hicimos como siempre, en el aciertoo en el error, buscando salidas unita-rias y coherentes con la historia del FAy con su programa, aunque impliquencostos, que nunca hemos rehuido asu-mir y no solo en el terreno de la polticao lo electoral.4) El PCU ratifica su compromiso desiempre con el FA, su fortalecimiento,

su unidad, su accin en los gobiernosdepartamentales y nacional; y su ne-cesario desarrollo para seguir siendola herramienta de lucha y protagonismopopular en la construccin de los cam-bios hacia un Uruguay ms justo, mslibre y ms soberano.

La sancin del Plenario del FA al PCUEl PCU asumi la responsabilidad de no haber votado la Ley de Educacin

en 2008 y apoy la sancin que luego vot el FA

Sbado 9Sbado 9Sbado 9Sbado 9Sbado 9 de julio 16 Hs.Homenaje a Ramn PerPlazoleta de Rivera y Tiburcio GmezSecc. Flix Ortiz

Sbado 2Sbado 2Sbado 2Sbado 2Sbado 2 16 y 30Entrega de carnsAgrupacin Pan de Azcar del PCUen Maldonado

Participa Marcelo Abdala

Actividades del PCU

Buseca en la 20

Entrega de carns en lasagrupaciones Gels Bonilla dela ciudad de Maldonado y dela agrupacin Miguel Gmezde San Carlos

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Viernes 1 de Julio de 20118

El lunes 27 de junio al cum-

plirse 38 aos del Golpe de

Estado y de la Huelga General

en su contra, el PIT-CNT reali-

z un homenaje a Ramn

Per, primer asesinado de la

dictadura (ver nota aparte) y

un acto en su sede central.

En el actoen nombre de los

fundadores de la CNT, hizo uso

de la palabra, Wladimir

Turiansky, dirigente de los tra-

bajadores de UTE, vicepresi-

dente de la CNT, diputado del

PCU y el FA y preso poltico.

Turiansky particip en el Co-

mando que dirigi la HuelgaGeneral.

EL POPULAR trasncribe los

pasajes fundamentales de su interven-

cin.

Tiempos de forja

Este 45 Aniversario de la fundacin

de la CNT nos encuentra en circuns-

tancias excepcionales, en el Uruguay,

en la regin y en el mundo, bien distin-

tas por cierto de lo que todos nosotros,

los militantes sindicales de los 60 co-

nocimos y debimos afrontar. (...)

Se acuerdan compaeros? Eran t iem-

pos de desocupacin y bajos salarios,

tiempos de inflacin galopante, de tresdgitos, que se llevaba al otro da au-

mentos salariales arrancados a las pa-

tronales tras duras luchas. Tiempos de

autoritarismo y represin, de suspen-

sin de los derechos democrticos y

las garantas individuales por el proce-

dimiento de las medidas de seguridad,

las que, de excepcionales se fueron

transformando durante el pachecato en

un rgimen casi permanente de gobier-

no. Tiempos de queridos compaeros,

obreros y jvenes estudiantes muertos

en las calles por la accin de balas

policiales. (...)

Nuestro camino

Pero en ese marco econmico y social,

en ese contexto mundial, en medio de

esas luchas, con victorias y derrotas,

fuimos madurando, se fue desarrollan-

do nuestra conciencia social, adquiri-

mos experiencia, fuimos aprendiendo.

Aprendimos que lo que se trataba era

de construir, entre todos, un camino

que fuera el nuestro. Recogiendo por

supuesto la experiencia ajena, valoran-

do el cuadro internacional en cuanto

pudiera contribuir a la ruptura de nues-

tra condicin de pas dependiente ubi-

cado en el patio trasero del imperialis-

mo, pero construir nuestro camino, el

que surgiera del estudio de nuestrasrealidades, de nuestra historia, de

nuestra cultura.

Y aprendimos algo ms. Aprendimos

que tambin era verdad que se haca

camino al andar, y que por tanto una

vez trazada la ruta haba que echarse

al camino y comprobar en la vida la

certeza del rumbo elegido.

Y para echarse al camino se precisaba

algo ms que buenas intenciones. Se

precisaba, como tantas veces afirma-

mos entonces, unir al pueblo en la

lucha. Unirlo en todas las facetas del

movimiento popular. Y en primer lugar,

por el rol fundamental que jugaba, y

juega en la vida social, unir a la clase

trabajadora organizada sindicalmente.

Y nos pusimos a la tarea. Provenamosde las ms diversas vertientes del pen-

samiento poltico y social. Muchos de

nosotros ya ubicados en las corrien-

tes ideolgicas internacionales de la

clase obrera, socialistas, anarquistas,

comunistas. Pero muchos de nosotros

tambin formbamos parte de los par-

tidos tradicionales, o integrbamos or-

ganizaciones social-cristianas. Qu

tenamos en comn? Tenamos en co-

mn nuestra condicin de asalariados,

obreros, empleados, maestros, profe-

sores, funcionarios pblicos. Qu nos

una? Nos una el convencimiento de

que estbamos en el buen camino, que

nuestras diferencias polticas o ideol-

gicas no eran obstculo insalvable y que

la unidad era no slo necesaria sino

tambin posible.

Hacia la unidad

Y fuimos haciendo camino al andar.

Paso a paso, mesas por la unidad, ple-

narios intersindicales, asambleas de

sindicatos, acciones solidarias de res-

paldo a gremios en lucha.

Fueron aos de experiencias conjun-

tas, de aprender a conocernos y sen-

tirnos compaeros ms all de nues-

tras diferencias, hasta dar un paso

importantsimo en 1964 con la consti-

tucin de un organismo coordinadorpermanente al que llamamos Conven-

cin Nacional de Trabajadores, CNT.

En el camino nos encontramos con el

movimiento universitario, con los estu-

diantes, cuya lucha por la ley orgnica

de la Universidad, con sus principios

de autonoma y cogobierno, se fundi

con las luchas de los trabajadores por

salarios y conquistas importantes en

la legislacin social. As se fueron for-

jando alianzas que incorporaron a las

capas medias, a los intelectuales y tam-

bin a movimientos de pequeos pro-

ductores, cooperativas y pequeos co-

merciantes. Con todos ellos pudimos

realizar en 1965 el Congreso del Pue-

blo y elaborar en ese mbito, entre to-

dos, un programa comn, el Programade Soluciones a la Crisis.

Mientras tanto seguimos avanzando

hacia la central nica de los trabajado-

res uruguayos, y en ese camino, bus-

cando incansablemente el consenso,

elaboramos el proyecto de Estatuto, y

finalmente llegamos al Congreso de

Unificacin Sindical, a fines de setiem-

bre de 1966, en cuyo transcurso apro-

bamos el programa, asumiendo como

tal el del Congreso del Pueblo, aproba-

mos el estatuto y la Declaracin

Programtica, y finalmente, el 1 de

octubre, hace 45 aos, aprobamos la

constitucin de la CNT, ahora como

central nica, y elegimos la primera

Mesa Representativa y su primer Pre-sidente, al que desde entonces consi-

deramos nuestro presidente para siem-

pre, el comp. Jos Pepe DEla.

Construir un programa capaz de refle-

jar los intereses y las aspiraciones de

las grandes mayoras nacionales y unir

en torno a l al movimiento popular en

todas sus vertientes, forjar la unidad

de la clase obrera en una sola central.

Ese fue el aporte de nuestra genera-

cin. No fue poca cosa, y bien pode-

mos sentirnos orgullosos de la obra

realizada.

La huelga general

y la resistencia

La vida nos impuso nuevos desafos.

La oligarqua dominante por aquellos

aos, ante el desarrollo de la

unidad del pueblo, opt por

enfrentarla mediante el golpe de

estado, el asalto a las institucio-

nes democrticas, y el terroris-

mo de estado.

Un da como hoy, un 27 de junio

de 1973, all estuvimos ocupan-

do los lugares de trabajo y co-

menzando la huelga general que

por 15 das mantuvo en jaque a

la dictadura, dando inicio a la

batalla democrtica y a la resis-

tencia popular. Resistencia que

tuvo mil expresiones, la ms re-

levante quiz por ser inmediata

a la finalizacin de la huelga ge-neral, la clara y contundente res-

puesta de reafiliacin a nuestros

sindicatos con que enfrentamos los planes de

divisin del movimiento sindical impulsados

por el rgimen, y que continuara a lo largo de

los aos con los actos del 1 de Mayo, con

nuestros boletines, con nuestras consignas

en los muros de las ciudades, y con la batalla

solidaria de nuestros compaeros en el exte-

rior.

As se fueron generando las condiciones para

la ofensiva popular que aos despus termi-

nara por barrer la dictadura y restablecer las

libertades democrticas. Y en esta ofensiva

popular que se inicia con la derrota del rgi-

men en el plebiscito de 1980, los trabajado-

res volvieron a ponerse a la cabeza del pue-blo, en memorables jornadas, en cuyo trans-

curso una nueva generacin de militantes sin-

dicales levant nuevamente aquellas consig-

nas de Unidad, Solidaridad y Lucha con las

que se identific desde el origen a la CNT, y

dio nuevas formas, con el PIT, a la unidad or-

gnica de los trabajadores en una sola y ni-

ca central, que luego pasara a llamarse PIT-

CNT. (...)

Tiempos distintos

Vivimos tiempos distintos, no mejores ni peo-

res, sino distintos. Tiempos distintos tambin

aqu, en nuestro pas.

El proceso de construccin de la unidad de

los aos 60 termin por incluir asimismo la

unidad de las fuerzas polticas de izquierda y

el surgimiento del FA en 1971, con bases

programticas inspiradas en el programa del

Congreso del Pueblo, programa que a su vez

la CNT ya haba asumido como propio en el

momento de su fundacin.

Hoy esa fuerza es gobierno. Lo es desde hace

6 aos, y algunas cosas importantes han co-

menzado a cambiar en el pas. El movimiento

sindical de hoy ha reafirmado su histrica in-

dependencia de clase, reivindicando sus pro-

pios objetivos programticos. Esa independen-

cia no le puede impedir, sin embargo, valorar

en los cambios producidos el logro de reivin-

dicaciones sustanciales del movimiento sin-

dical, tales como el restablecimiento pleno delas libertades sindicales, el funcionamiento de

los Consejos de Salarios y su extensin a sec-

tores excluidos, como los asalariados rurales

PIT-CNT homenaje a Ramn Per y a la Huelga General

Turiansky: el programa comn y la unidadfueron los aportes de nuestra generacin

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Viernes 1 de Julio de 2011 9

servicio domstico, la reactivacin econ-

a y productiva del pas con la creacin de

ntos de miles de puestos de trabajo, la

ora del salario real y del ingreso de los ho-

es, una poltica social que prioriza el com-

e a la indigencia y la pobreza extrema, la

solidacin de la democracia, entre otros

ectos sustanciales.

o esto ratifica una afirmacin que parte de

estros principios originarios, de que al

vimiento sindical no puede serle indiferen-

a composicin social de los partidos polti-

, y por ende de sus gobiernos, en la mis-

medida que no puede serle indiferente la

rte de un proyecto transformador de iz-

erda, cuya consolidacin y profundizacin

nteresa en tanto se aproxime a su secular

ha por la liberacin nacional. .

ilema a resolver es que, como lo ha sea-

o reiteradamente el movimiento sindical, los

bajadores aspiramos a ms. (...)

iramos a una ms equitativa distribucin

a riqueza generada por el trabajo. Aspira-s a mejorar la condicin de vida de nues-

pueblo y acabar con la indigencia y la po-

za extrema.

ora bien. La vida nos ense que quien

ira a ms no desdea lo menos, y que cada

o hacia adelante debe apoyarse necesa-

mente en la consolidacin y si es posible la

pliacin de la unidad que hizo posible lle-

al punto desde el cual nos proponemos

uir avanzando.

Unidad es la palabra de orden

eso como nunca la palabra de orden es

DAD. Unidad del pueblo, porque el pue-

unido jams ser vencido. Unidad de

eblos y gobiernos, en primer lugar de nues-Amrica, en defensa de la paz, del progre-

social, y de la soberana de las naciones y

utodeterminacin de los pueblos. (...)

a nosotros, para nuestro movimiento sin-

al, el dilema de reforzar y ampliar la unidad

tanto procuramos profundizar el proceso

cambios implica inevitablemente la capaci-

d de buscar puntos de encuentro, implica

apacidad de encontrar en todo momento

unto de equilibrio entre el fortalecimiento

bloque de las grandes mayoras naciona-

y la profundizacin programtica a la que

iramos.

uales pudieran ser esos posibles puntos de

uentro?

nos ocurre pensar que el documento ela-

ado por el PIT-CNT y sobre el que gir su

nsaje el 1 de Mayo da ideas al respecto.

primer lugar profundizar el combate a la

desigualdad social, la reduccin de la

tremenda brecha an existente entre

quienes acumulan la riqueza que la so-

ciedad con su trabajo genera, y quie-

nes slo acumulan pobreza y carencias

de todo tipo. Y eso a pesar, y es justoreconocerlo, del gran esfuerzo realiza-

do a partir del 1 de Marzo de 2005

por la puesta en prctica de la poltica

de atencin a la emergencia social del

gobierno electo en aquella oportunidad,

as como el compromiso del actual de

acabar con la indigencia y reducir ra-

dicalmente la pobreza. En ese marco

el PIT-CNT impulsa una poltica que

acente el rol activo del Estado en pro

de una redistribucin ms equitativa

de la riqueza generada por el trabajo,

que apunte a universalizar el acceso a

bienes como la educacin, la salud, la

vivienda, la seguridad social, y la cul-

tura. Y eso aun concientes que la des-

igualdad social es inherente al capita-lismo como sistema, y que solo su su-

peracin, en un mundo sin explotados

ni explotadores, habr de resolverla.

Y en segundo lugar, un plan de desa-

rrollo nacional con el acento en el de-

sarrollo industrial, la incorporacin del

mximo valor agregado a nuestras ex-

portaciones y el desarrollo de tecnolo-

gas innovadoras, que garantice traba-

jo de calidad para toda nuestra pobla-

cin activa, particularmente los jvenes

y las mujeres, y termine con nuestra

condicin de pas subdesarrollado y

econmicamente dependiente.

Y bien, en estos dos puntos, y junto a

ellos la defensa, extensin y

profundizacin de la democracia, eldesarrollo de sus formas participativas

sin perjuicio de su contenido represen-

tativo, el fortalecimiento del rol del Es-

tado en las reas estratgicas de la

economa, as como de la produccin y

distribucin de la riqueza, creemos que

sea posible el consenso poltico y so-

cial de esas grandes mayoras nacio-

nales a las que apunta el proyecto

transformador de la izquierda.

Si empujamos todos en estas direccio-

nes, todos, el PIT-CNT, la Universidad,

las organizaciones sociales, el FA y su

gobierno, as como otros sectores so-

ciales y polticos que pudieran coinci-

dir en tales objetivos, es decir, una vezms, si unimos al pueblo en la lucha,

sin duda podremos estar ms seguros

de la victoria.

El lunes a las 17 horas cientos de personas colocaron una flor a Ramn

Per, primer asesinado de la dictadura, en la escalinata de la Universidad,

convocados por el PIT-CNT.

Posteriormente se realiz un acto en la sede de la central sindical en homena-

je a la Huelga General con la que se enfrent el Golpe de Estado hace 38

aos. En l hablaron Juan Castillo, del secretariado del PIT-CNT; Wladimir

Turiansky, ex dirigente de la CNT y cantaron Cristina Fernndez y Washington

Carrasco.

Juan Castillo comenz destacando el homenaje a Ramn Per clido y senti-

do, abrazando a su compaera y a sus hijos.

Destac la decisin del gobierno de revocar los actos administrativos que

ampararon casos de violaciones de DDHH en la Ley de Caducidad. Con la

misma franqueza que no dudamos en decir que el 19 de mayo se nos peg

un golpe en lo anmico y en lo poltico, cuando miles creamos que estaban

dadas las condiciones para en el mismo mbito donde se haba aprobado laLey de Caducidad anularla; el movimiento sindical dice que es una noticia

que importa, indic.

Ahora parece que

est de moda

echarle la culpa de

todo al movimien-

to sindical y a los

sectores populares

y se olvidan que

es desde este mo-

vimiento sindical

que se sentaron

las bases que per-

mitieron que hoy

Uruguay est cam-

biando su rumbo

poltico, manifes-t

Tenemos una

deuda con los

constructores de

la unidad. Con esa

generacin que

hemos dado en lla-

mar la generacin

Cuesta-Duarte,

para simbolizar en

dos grandes ape-

llidos de nuestra clase, que al igual que el de nuestro entraable Jos DElia,

y miles que han pasado por estos locales y por estas luchas, han dado lo

mejor que tenan en defensa de los intereses de los trabajadores y de la

sociedad, dijo Castillo.

El dirigente sindical enfatiz que hubo mucha lucha, mucho sacrificio, mu-

cha entrega para construir la unidad. No es para tener placas o nombres de

calles por lo que centenares de compaeros dieron la vida. Estaban conven-

cidos que la construccin de la felicidad pblica pasa por unir la voluntad

poltica y la voluntad de clase, y construir una herramienta para ponerla en

manos de los trabajadores.

Esos hombres y mujeres agreg- pusieron antes que su ideologa poltica o

su expresa militancia partidaria los intereses de su clase y construyeron la

CNT, una organizacin de lucha, de fraternidad, de internacionalismo, de lu-

cha por las libertades, por los derechos de los trabajadores y de toda la socie-

dad. Eso es la unidad, eso fue la huelga general y si no la recordramos,

nada hubiramos aprendido.

A nuestros queridos viejos, a nuestros queridos compaeros y compae-

ras: estn seguros que no solo construyeron una trenza como smbolo o

una sigla, construyeron una herramienta que ha demostrado ser eficaz,

para la lucha por las reivindicaciones, para la lucha econmica, pero tam-

bin, como lo demostramos hace 38 aos, para defender la libertad y las

instituciones. No los homenajeamos con palabras sino luchando todos losdas para fortalecer esa unidad y ser fieles a ese legado, finaliz diciendo

Castillo.

Homenaje a Pery a la Huelga General

Juan Castillo destac el valor de la unidad y homenaje

a la generacin Cuesta-Duarte

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Viernes 1 de Julio de 201110

Como expresa el ttulo, cuando no se rinde cuen-tas a la gente, cuando los compromisos con los vo-tantes se reduce a discursos ms o menos floridoscada cinco aos, cuando el cargo, el personalismo,la carrera poltica valen ms que los Programas asu-midos, las promesas realizadas y los acuerdos he-chos ante la fuerza poltica y el sector que lo hallevado al Senado, no resulta extrao que la agru-pacin Patria Grande (ex Participacin Masoller), delsenador Jorge Saravia, se declare independiente delFrente Amplio y de cualquier otro lema.No es cierto que Los acuerdos programticos quealcanzamos en 2004 se desvirtuaron, el Frente arrila bandera de la participacin popular con los in-tentos de violar la expresin soberana del pueblo,como dijo Saravia. El Frente intent e intenta bus-car salidas para eliminar la inmoral Ley de Impuni-dad, que s es uno de los acuerdos alcanzados en el

Congreso del FA, el cual el seor Saravia desconoce,como tambin desconoce la voluntad de su sector, elEspacio 609. Esta situacin nos debe hacer reflexio-nar sobre los acuerdos electorales, que muchas vecesno son ms que repartijas de cargos a cambio decaudales de votos (este no es el caso) o de prestigiospersonales (este tampoco es el caso) u otros benefi-cios que en este caso nunca supimos ni pudimosentender. Ahora a llorar al cuartito. Yo tambin creo,como el compaero Ernesto Agazzi, que Saravia debeentregar su cargo de senador, pero la verdad es quesi quiere seguir en l no hay nada que se lo impida,como tampoco se pudo hacer que respetara el crite-rio de aportar a las arcas partidarias un determina-do porcentaje de su voluminoso sueldo de parlamen-tario. Pero hay ms. Saravia acaba de declarar queTenemos diferencias polticas en materia de edu-cacin, seguridad, poltica de defensa, presupuesto

y adems, todo lo que pas con la ley de Caduci-dad. Cmo? Nadie se dio cuenta de esas diferen-cias en temas tan estratgicos? La coexistencia entreposiciones tan opuestas tiene patas cortas. LucaTopolansky ya lo haba advertido cuando, al con-feccionar las listas del MPP y del Espacio 609 en elao 2009, ella cuestion el lugar que finalmenteobtuvo Saravia. Luca perdi, pero algo percibi enel horizonte, como tambin percibe hoy la imperiosanecesidad de tener medios de prensa propios, tal comolo acaba de manifestar en el Comit de Base A Re-doblar, de La Comercial, el jueves 23 de junio. Creoque tenemos que apoyar decididamente esta propues-ta y trabajar en serio para eso. Peor no quiero irmedel tema. Las cartas estn sobre la mesa. Saravia va avolver, sin dudas, al Partido Nacional. No va a entre-gar su banca, entre otras cosas porque es uno de susintereses principales el hecho de conservarla; nica

manera de ser visible un poco ms, hasta el final delperodo, en el 2014. La gente ni ah. Lo que hubo fueun asado entre un puado de amigos que decidieronpor las decenas de miles que lo votaron, si se iba o sequedaba, y decidieron que se iba y se fue. l, que sepreocup de no violar la expresin soberana del pue-blo, ahora manda una carta, se va de la fuerza polticaque lo puso donde est y asunto liquidado. Los votos quecolocaron los 6 senadores del Espacio 609 parece que nocuentan. De quin son los cargos? Esto tambin deberser considerado para el futuro y asegurar procedimien-tos cristalinos y democrticos que tengan siempre en pri-mer lugar a la gente, a nosotros, los que estamos en lallanura y militamos a diario por los cambios que se de-ben realizar en todos los mbitos de la sociedad, inclusi-ve los legislativos, en cuanto a procedimientos, actitudesy rendiciones de cuenta ante el pueblo soberano. A ve-ces pienso que si los cargos parlamentarios contaran slo

con gastos de viticos y fueran ocupados por servidorespblicos honorarios o con salarios equivalentes a los delos trabajadores especializados, tal vez muchos nombresno estaran donde estn.

/Ignacio MartnezIgnacio MartnezIgnacio MartnezIgnacio MartnezIgnacio Martnez

Cuando no serinde cuentas ante

la gente

El Sunca est debatien-do en su 14 Congreso delque participan ms de 1.300delegados de todo el pas.El Congreso fue precedidopor decenas de talleres dedebate en todo el territorionacional y por un seminariocon presencia de sindicatosde la regin y el presidentede la Repblica, JosMujica.En la apertura oficial delCongreso fue desbordado elCine Plaza y particip el vi-

cepresidente de la Repbli-ca, Danilo Astori.El congreso, segn explicel secretario general delSunca Oscar Andrade a ELPOPULAR, busca recuperar la memoria histrica delgremio homenajeando a quienes lucharon paramantener la bandera en alto en los momentos msdifciles vividos en nuestro pas. Incluso algunos deellos dejaron la vida en esa tarea, en un compromisoque este sindicato ha tenido a lo largo de su historiaen busca de una sociedad distinta a la que imponenlas clases dominantes.Por eso el homenaje a Horacio Gels Bonilla, OmarPaita, Arpino Vega, Modesto Quiones y a otros tan-tos y tantos trabajadores que lucharon.Un Congreso del Sunca que est analizando las rei-

vindicaciones inmediatas y a mediano plazo para elsindicato, pero tambin para la vida de la industria yel pas.

Lunes en la IMM

El lunes 27 de junio el SUNCA realiz una actividadpreparatoria de su 14 Congreso. En el marco de unseminario internacional realizado en el Saln Doradode la IMM se debati la negociacin colectiva, lasrelaciones laborales, seguridad e higiene y salud la-boral y el relacionamiento de los sindicatos con losgobiernos.Se promovi un anlisis comparativo de las distintasexperiencias de cambios polticos y sociales de laregin.

En la actividad participaron delegaciones de dirigen-tes sindicales de la regin, de la Cmara de la Cons-truccin, de la Secretaria de Seguridad e Higiene delPIT-CNT. Tambin la senadora Lucia Topolansky (MPP-FA), el Intendente del Departamento de MaldonadoOscar de los Santos (ex militante y dirigente del Sunca)

y para cerrar la actividad, el Presidente de laRepublica, Jos Mujica.

Martes en el Plaza

El martes 28 de junio en el Cine Plaza se lanz ofi-cialmente el 14 Congreso del SUNCA NuestrosMrtires.El lugar fue colmado por la asistencia de trabajado-res y trabajadoras del gremio. En el pblico se en-contraban presentes Integrantes del SecretariadoEjecutivo del PIT-CNT, representantes de las Cma-ras Empresariales, el senador Eduardo Lorier (PCU-FA), los diputados Gustavo Bernini (PS-FA) y OscarGroba (609-FA), el inspector General de Trabajo, JuanAndrs Roballo, el intendente del Departamento deMaldonado, Oscar de los Santos, el representantede los trabajadores en el Directorio del BPS ArielFerrari, el embajador itinerante Julio Baraibar y el in-tegrante del Tribunal de Cuentas Len Lev, entreotros.La moderadora de la actividad fue Mara Ins Obalda.Hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Rep-blica, Danilo Astori y posteriormente present su in-forme Oscar Andrade.Tambin se proyect un cortometraje protagonizadopor dirigentes de la vieja guardia del gremio y para elfinal se brind un espectculo artstico con la banda

de Ed Pitufo Lombardo.

(Al cierre de nuestra edicin continuaban los debates del 14Congreso del Sunca de cuyas resoluciones informaremos enel prximo nmero)

Congreso del SUNCAcon masiva participacin

Ms de 1.300 delegados de todo el pas. En actividades previasparticiparon Mujica y Astori

Por: Alexei Caballero

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Viernes 1 de Julio de 201111

La semana econmicaLa semana econmicaLa semana econmicaLa semana econmicaLa semana econmicaPor Pablo Da Rocha y Bruno Giometti

En los ltimos das, el Instituto Cues-ta-Duarte del PIT-CNT public su infor-me de coyuntura trimestral, donde seanalizan las principales tendencias dela economa en los ltimos tres meses.A continuacin transcribimos la intro-duccin del mismo.

En un contexto internacional de lentarecuperacin econmica y mayor ines-tabilidad en los mercados financieros,la economa uruguaya aceler su ritmode expansin en el primer trimestre de2011. Esto se explica por el importantecrecimiento de la demanda, tanto a ni-vel externo por el aumento de las ex-portaciones como a nivel interno por la

pujante demanda de consumo e inver-sin privada. El mercado de trabajo re-cibi el impacto positivo de la actividady la tasa de empleo creci fuertemen-te, reflejando la creacin de aproxima-damente 42.000 puestos de trabajo enel primer cuatrimestre del ao. Las me-

joras de los indicadores laborales seconcentraron en mayor medida en losgrupos ms vulnerables del mercadode trabajo: los jvenes y las mujeres;aunque las brechas entre estos gru-pos y las tasas medias son an eleva-das. La poltica de incremento de lossalarios ms sumergidos al igual queel importante aumento registrado enel salario mnimo nacional, son avan-ces relevantes para reducir la pobre-za y afectar positivamente el ingresode los hogares ms pobres. No obs-tante, es necesario redoblar esfuer-zos en mejorar la calidad del empleo,particularmente aumentar el nmerode ocupados registrados a la seguri-dad social, problemtica que actual-mente afecta a casi uno de cada tresocupados, y que se concentra funda-mentalmente en los hogares de me-nores ingresos.La inflacin, que continu aumentan-do en los ltimos meses, sigue sien-do el principal problema de la coyun-tura y las presiones inflacionarias,

asociadas a la pujante demanda tan-to externa como interna, no estarandando seales de ceder. Esto se tra-duce en expectativas de inflacinque se encuentransignificativamente por encima deltecho del rango meta oficial, que apartir de junio se ubica en 6%. Sinembargo, el debate de la coyunturaen materia econmica en las ltimassemanas no se centra en el creci-miento de los precios sino en temascomo la tributacin del sectoragropecuario y la vinculacin que lamisma tiene con caractersticas msestructurales de la economa urugua-ya como son la concentracin y la

fuerte desigualdad que existe en ladistribucin de un recurso tan esen-cial y estratgico como es la tierra.

Alquileres

La tendencia de los ltimos aos enrelacin a la evolucin de los alquile-res por encima del promedio del nivelgeneral de precios parece mantenersey profundizarse.De acuerdo con el informe sobre ndi-ces de Actividad Inmobiliaria, publica-do por el Instituto Nacional de Estads-tica, los alquileres fijados en los con-tratos firmados en el trimestre que vade enero a marzo del ao en curso,son en promedio un 19% mayor a loscontratos anteriormente vigentes.En marzo de 2011, en Montevideo el pre-

cio promedio del alquiler es de $5.860.En otras localidades del pas, como Ciu-dad de la Costa y Maldonado, el prome-dio es incluso mayor. En la capital, exis-ten diferencias importantes entre barrios.Pocitos es el que registra los alquileresms elevados en promedio ($9.014) y enel otro extremo Manga, el que registra elpromedio ms bajo ($3.439).Otro dato interesante es que la evolu-cin de los alquileres en promedio vie-ne siendo superior a la de los ingresosde los hogares tambin tomados enpromedio, lo cual provoca una tenden-cia al aumento de la participacin delgasto en alquileres en el total de gastode los hogares. Esa relacin era 18%en enero de 2006 y pas a ser ms del20% en marzo de 2011. Es decir queactualmente los hogares en promediogastan ms de la quinta parte de susingresos en el pago de alquiler.

Caja grande

El pasado viernes la Direccin GeneralImpositiva (DGI) public su habitualboletn estadstico. En este caso el co-rrespondiente al ao 2010, elaboradoanualmente brinda informacin esta-dstica diversa sobre recaudacin. Deacuerdo con el informe, se da cuentaque desde el ao 2002 la recaudacin

evoluciona en forma sostenida por en-cima del PBI.La recaudacin total bruta de la DGIen 2010 aument 6,3% en trminosreales respecto de 2009, esto es, des-contando el efecto inflacionario. Parasaber si este crecimiento de la recau-dacin estuvo acorde con el nivel dedesempeo de las actividades econ-micas que configuran las hiptesis degeneracin de los distintos impuestosadministrados por la DGI, es necesa-rio comparar el resultado recin comen-tado con algunos indicadores de laevolucin de estas actividades.La produccin de bienes y servicios sevincula, ya sea directa o indirectamen-

te, con los hechos generadores de to-dos los impuestos administrados porla DGI; el crecimiento real del PIB fuede 8,5% en 2010 (que se corresponde

con un crecimiento a precios corrien-tes de 14,3%), mientras que el incre-mento real observado en la recauda-cin fue de un 6,3% (correspondientea un crecimiento a precios corrientesde 13,5%).Estos resultados segn advierte elinforme- estn indicando un rezagode la evolucin de la recaudacin res-pecto de la del PBI; sin embargo, debetenerse en cuenta que durante el aoanalizado operaron diversas modifica-ciones en la legislacin tributaria que,consideradas globalmente, implicaronuna prdida de recaudacin.No obstante, el boletn destaca que enperodos de crecimiento econmico es

habitual observar que el nivel de eva-sin de impuesto voluntario de las per-sonas se reduce, lo cual repercute enun crecimiento de la recaudacin msacelerado que el del producto. El infor-me termina indicando que las fuentesprincipales del crecimiento de la recau-dacin impositiva durante el perodoanalizado fueron: el crecimiento de laactividad econmica, el mayor cumpli-miento voluntario y el aumento de laeficiencia recaudatoria de la DGI.

Trabajo domstico

La Conferencia de la Organizacin In-ternacional del Trabajo (OIT) que sedesarroll hace algunas semanas enGinebra, Suiza, ratific por votacin unanorma de carcter histrico referentea los derechos laborales de las traba-

jadoras domsticas.Las trabajadoras de este sector, hist-ricamente discriminado a nivel univer-sal, con altsimos niveles de informali-dad, condiciones de trabajo muchasveces lamentables y salarios muy ba-

jos (todas estas caractersticas poten-ciadas en los pases dependientes), tie-nen mucho para celebrar tras esta his-trica resolucin, en conjunto con elmovimiento sindical internacional todo.Entre otros elementos, la resolucin

establece el derecho a un salario mni-mo, la cobertura de la seguridad so-cial y condiciones laborales mnimascomo el da de descanso semanal.La delegacin uruguaya que participde la Convencin estuvo integrada,entre otros compaeros de la direccindel PIT-CNT, por dos compaeras delSindicato Unico de Trabajadoras Do-msticas (SUTD) que viajaron especial-mente para participar en las instanciasdefinitorias sobre este tema.Esta resolucin se enmarca en los im-portantes avances conseguidos a ni-vel nacional por las trabajadoras do-msticas organizadas, a nivel de losConsejos de Salarios de la rama, don-

de se lograron significativos aumentossalariales as como un conjunto debeneficios que podramos caracterizarcomo histricos, entre los que se en-cuentra la paga por nocturnidad.

Presiones que presionan

PelotazosPor Martn Rodrguez

Martes de mircolesNunca jugu al ftbol ms que en lacalle y con amigos, pero me imaginopocas cosas ms jodidas que afrontar

una jornada de nominaciones. A Tabrezno le qued otra que tomar el toro porlas guampas y, seis das antes del debuten la Copa Amrica, dijo que el defensaJorge Fucile, el volante Gastn Ramrezy el delantero Sebastin Fernndez que-daron afuera del plantel.Algunas impresiones personales, mien-tras me calzo uno de los tres millones debuzos de DT que tena a mano. 1) El quemenos sorprendi fue el corte deFernndez. El Seba fue el quinto delan-tero durante el Mundial y, a su trmino,se vio postergado por la irrupcin de laprincipal y ms prometedora novedadde esta etapa: Abel Hernndez. 2) La eli-minacin de Fucile tiene un certificadomdico adjunto. El lateral sale de un

importante perodo de recuperacin cau-sado por una lesin de clavcula. Si re-cupera el rodaje, cuando tras la Copacomiencen las Eliminatorias, tendr re-vancha. 3) Me sorprend con la salidade Ramrez. En una mitad de la canchaque se encamina a repetir el binomioRuso Prez-Arvalo Ros, en algn mo-mento fue candidato a ocupar la terce-ra plaza. Nicols Lodeiro le quit el lu-gar en los ltimos amistosos, pero lasoportunidades que el tcnico le dio enpartidos anteriores hacan pensar queestara a la mano. Pareca que, comoantes de la Copa del Mundo, el CebollaRodrguez quedara afuera. Sin embar-go, si la pulseada existi, la gan esteltimo. De todos modos, la edad, su r-

pida insercin en el medio europeo y lapertenencia al proceso de selecciones ju-veniles auguran futuras citaciones.

UzbekistnLa sub 17 uruguaya derrot a Congo porlos octavos de final del Mundial deMxico y clasific a cuartos, donde estedomingo jugar ante Uzbekistn. Loscelestes ganaron 2-1 de atrs y casi enla hora, pero merecidamente.Uruguay parece no ser la excepcin a laregla que indica que a tan temprana edadlos jugadores son irregulares, que aun es-tn lejos de completar su formacin. Pero,de a ratos y en partidos normalmentemovidos y abiertos, los celestes demues-

tran facilidad para generar situaciones. Siclasifican, jugarn la semifinal ante elganador del cruce Brasil-Japn.

Ao nuevo, vida nuevaMarcelo Gallardo se transform en elnuevo tcnico de Nacional. La movidaes arriesgada: el argentino se retir dela prctica del ftbol con la camisetatricolor, tras la reciente consagracin enel Campeonato Uruguayo. Su rpidatransformacin de jugador a DT del mis-mo equipo, lo vuelven un ejemplo pa-radigmtico. La inteligencia que se lereconoce y la brillante carrera que de-sarroll dentro de la cancha, lo hacenmerecedor de respeto.Adems de padecer la inexperiencia de

todo debutante, carga con el desconoci-miento de un medio en el que jug poco.Por eso, al cierre de esta edicin el clubprocuraba integrar un entrenador uru-guayo a su equipo de trabajo.

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Viernes 1 de Julio de 201112

Victor Vaillant fue uno de lospanelistas en el seminario organizadopor la Unin Ferroviaria. Por su experien-cia como presidente de AFE entre 1995-1998 y ex senador del FA, el lder delsector Claveles Rojos de Espacio 609realiz una muy interesante exposicinsobre las posibilidades reales del desa-rrollo del ferrocarril en el Uruguay.En el nmero anterior adelantamos unfragmento de una extensa entrevistaque EL POPULAR le realiz. Hoy publi-camos la segunda parte en la que pro-fundiza su visin sobre las posibilida-des del ente y las vas para transfor-

mar el ferrocarril.

-Cundo se dej de invertir-Cundo se dej de invertir-Cundo se dej de invertir-Cundo se dej de invertir-Cundo se dej de invertir

estratgicamente en AFE?estratgicamente en AFE?estratgicamente en AFE?estratgicamente en AFE?estratgicamente en AFE?

-Uruguay no hace inversiones impor-tantes en el sistema ferroviario desdehace muchas dcadas. Me atrevo adecir que desde que Gestido fue presi-dente, pero no del gobierno sino de AFE.

-No falta quien dice que la dic--No falta quien dice que la dic--No falta quien dice que la dic--No falta quien dice que la dic--No falta quien dice que la dic-

tadura intadura intadura intadura intadura invi rvi rvi rvi rvi rti yti yti yti yti y , como se deca , como se deca , como se deca , como se deca , como se deca

de Mussolini, los trenes salan ende Mussolini, los trenes salan ende Mussolini, los trenes salan ende Mussolini, los trenes salan ende Mussolini, los trenes salan en

hora.hora.hora.hora.hora.

-No solo no salan en hora sino queen lo que invirti fue en una va a lanada, en una va muerta que no se uti-

liz. Es el ramal que va desde Florida,pasando por Sarand del Yi y Blanqui-llo, hasta el Km 329 en Durazno quetermina en la nada frente al Ro Negro.Un ramal que adems tiene muy cercael que ya exista hasta Melo.

-Una va casi surrealista-Una va casi surrealista-Una va casi surrealista-Una va casi surrealista-Una va casi surrealista

-Ah tienen la inversin de la dicta-dura. Pero esa ausencia prolongada deinversiones provoc el deterioro de lainfraestructura y la calidad del servicioy fue disminuyendo la rentabilidad ydespus aumentando las prdidas. Sicon locomotoras con buenos motoressolo podes andar a 20 kph de veloci-

dad, porque si no descarrilas, o corresel riesgo, seguro vas a perder plata. En1989 se cerr el ferrocarril de pasaje-ros con la idea de invertir en el de car-gas, pero en realidad no se invirti tam-poco en eso. AFE logr disminuir sussubsidios de 40 a 25 millones de dla-res anuales, pero el Estado ha estadogastando esos 25 millones cada ao,cuando a mediados de los 90 bastabaponer 100 millones de una vez para te-ner una infraestructura en condicionesque hubiera permitido funcionar comouna empresa rentable. En cambio,subsidiamos