CAOICoordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

A E REMA E

P IS N T

LO S A PCIO

TE RES

L CUDE O RA

AI E REMA E

P S N T

LO S A PCIOS

TERE

L CUDE O RA

¿ Qué se esconde detrásdel misterio del capitalindígena?

¿ Qué se esconde detrásdel misterio del capitalindígena?

Hacia la formación de unajusticia socioambientalen el Perú

Hacia la formación de unajusticia socioambientalen el Perú

Impactos delcambio climáticoImpactos delcambio climático

¿ Qué se esconde detrásdel misterio del capitalindígena?

Inambari o maisGrande do Sul Inambari o maisGrande do Sul

Hacia la formación de unajusticia socioambientalen el Perú

Impactos delcambio climático

El Perú enventaEl Perú enventa

El Perú enventa

Octubre - Noviembre 2009

intensas lluvias y sequías, incrementando los desastres

naturales, la retracción de los glaciares, el deshielo de las

capas polares y la elevación del nivel del mar.

Mientras los impactos ambientales crecen sobre las

montañas y la biodiversidad, y los conocimientos

tradicionales están cada vez más amenazados, más

personas que viven en tierras bajas dependen de las

condiciones climáticas altoandinas. El ecosistema de

montaña, cuyas características y potencialidades fueron

aprovechadas por los indígenas andinos, constituye una

fuente natural de agua dulce, biodiversidad y recreación.

Los diferentes pisos naturales permiten una producción

diversificada que asegura la subsistencia de nuestros

pueblos. Por ejemplo, el 45% de las especies de papa

(más de 5200) y el 30% de oca (más de 400) fueron

colectadas sobre los 3,500 m.s.n.m. Y hoy pueden

desaparecer.

Los impactos del desarrollo de actividades humanas y

del cambio climático pueden llevar a la modificación de

los sistemas ecológicos de montaña y a la desaparición

de la biodiversidad andina. Los ejemplos son Ecuador y

Perú, en cuyos territorios se viene desarrollando un

“boom minero”.

Impactos en la Región Andina

Hemos dicho que el calentamiento tiene responsables: la

mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI)

proviene de los países ricos, pero son los países pobres

los que más sufren los impactos. Allí está el origen de la

deuda ecológica con nuestros pueblos.

La emisión de GEI de la subregión andina es muy baja

(por ejemplo, en 1997 representó apenas el 1.3% del

total mundial de emisiones de CO2). Sin embargo, la

CAN ha reportado que a causa del fenómeno El Niño en

1997/1998 el sector productivo (agricultura, pesca,

petróleo, entre otros) fue el más afectado con el 48% del

valor de los daños, seguido de la infraestructura

(carreteras, puentes y viviendas) con el 23% y los

servicios sociales representaron el 10% del valor de los

daños. La salud de nuestros pueblos indígenas de la

región andina, especialmente aquellos que habitan en los

ecosistemas de montaña, se ve afectada a causa de los

fenómenos naturales atribuidos al cambio climático,

como los friajes, heladas, sequías y precipitaciones. Se

ha identificado que las infecciones respiratorias agudas

son la principal causa de muerte en las zonas alto

andinas, especialmente de niños y ancianos, así como las

Enfermedades Diarreicas Agudas en las zonas más

bajas.

* Miguel Palacín Quispe, fue Presidente de la CONACAMI, actualmente coordinadorde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas CAOI

Edición anterior - N° 01

Miguel Palacín QuispeMario Palacios PanézAnthony BebbingtonDenise Humphreys BebbingtonLuis VittorJosé De Echave C.Mauricio Rodríguez R.

Redactores:

Coordinación de Edición:Nivardo Enriquez Barriales

Diagramación:Magdalena Robles Collantes

Montaje de Carátula:Oscar Omar Mendoza C.“ Niño Indigena”

CooperAcción

Colaboran en esta edición:

Derechos Humanos

Taller Gráfico M&L PERU

Gertrudis Salas Ventura

4 Política

Dentro del avance desbocado del

neoliberalismo que requiere la conversión

de cada vez más componentes del mundo

en mercancías, el Perú aparece como una

mercancía sujeta a negociación, que pude

ser transable, según la oferta del postor.

La emergente aparición del movimiento

indígena en estos últimos años en el Perú,

aparece como la defensora de una justicia

socioambiental y plantea una crítica

profunda al modelo económico que

discrimina o castiga a ciertos grupos de la

sociedad, a la vez que cuestiona el

concepto de desarrollo e insiste en la

importancia de mantener un debate

público sobre el tipo de desarrollo que la

sociedad quiere.

Hacia la formación de unajusticia socioambientalen el Perú.

En el mismo sentido, persiste la posibilidad de que en el

mediano plazo la población cajamarquina acepte el

proyecto Quilish, si la empresa garantiza otras fuentes de

agua segura para la ciudad. La lógica de compensación

subyace las negociaciones de las empresas, además de

buena parte de la legislación estatal (irónicamente, da la

impresión que ciertas empresas están más dispuestas que

el estado mismo a aceptar niveles elevados de

compensación). De hecho, ambos tipos de institución

creen en la eficacia y validez de la compensación, ya que

es este principio el que les ofrece una salida a los

conflictos mineros.

Salida que garantiza el avance del proyecto sin el

ejercicio de formas de violencia autoritaria que no

convienen a las empresas, sobre todo a aquellas

transnacionales preocupadas por temas de imagen. Sin

embargo, no son solamente las empresas y las entidades

del gobierno quienes creen en la compensación, muchos

asesores de los movimientos y organizaciones sociales

también lo hacen.

Para ellos la mejor opción para las poblaciones locales es

vender sus tierras, esto frente a sus muchas necesidades

económicas ya situaciones que parecen poco favorables

a la población, especialmente cuando la opción de “no

explotar” el subsuelo les parece irrealista.

De hecho, no hay que desestimar la sagacidad de esta

posición frente al desposeimiento histórico y presente de

ciertas poblaciones; pues responde a la experiencia de

que es “mejor vender antes de que les quiten”. No obstante esta previsión, permite que el efecto sea el

mismo: la compensación como salida al conflicto.

Mucho menor aceptación de una lógica de

compensación está presente en los últimos dos tipos de

ambientalismo, pues se basan en derechos básicos que no

pueden ser traducidos en valor monetario. Para el

primero de estos ambientalismos se trata de un conjunto

de derechos humanos cuyo respeto y defensa constituyen

un principio de justicia social; en el segundo caso, el

principio es el de la justicia ecológica basada en un

conjunto de derechos inherentes y poseídos por la

naturaleza. Mucho más que otros ambientalismos, estos

últimos cuestionan de una manera profunda el concepto

de desarrollo e insisten en la importancia de mantener un

debate público sobre el tipo de desarrollo que la sociedad

quiere. En términos específicos, plantean la necesidad de pensar

el desarrollo desde un concepto de derechos

inalienables tanto de las personas como del medio

ambiente. Esto los diferencia radicalmente del sector

minero y del gobierno para quienes el principio

fundamental es el crecimiento económico. En estas

discrepancias aparentemente académicas radican

desacuerdos muy profundos, con alta importancia

política, vinculados a la noción de desarrollo: son

desacuerdos sobre el tipo de país que se quiere construir,

el tipo de economía que se quiere promover, el tipo de

estado que se debería construir y el tipo de relación que

debería existir entre la humanidad y la naturaleza.

Desacuerdos sobre estos temas ameritan un debate

público mucho más amplio y colectivo, ya que las

discusiones desatadas por quienes creen en mecanismos

de compensación terminan siendo poco desarrolladas o

truncadas. A fin de cuentas, son debates sobre “cuánto

vale”; esto es, por definición, debates en los cuales todo

es transable. El tipo de debate exigido por la justicia

socio-ambiental y el ecologismo profundo trata sobre lo

no-transable; es decir, los valores constitutivos (o que

deberían ser constitutivos) de la sociedad peruana.

En la medida en que el avance del neoliberalismo

requiere la conversión de cada vez más componentes del

mundo en mercancías, el primer tipo de debate termina

siendo –aún si no es la intención de los participantes – un

ejercicio para identificar, simplemente, las condiciones

y los precios que permitirán que este avance continúe.

Los debates del segundo tipo buscan identificar por qué,

cómo y bajo que condiciones el desarrollo neoliberal

debería frenarse. Como se ve, son estos ambientalismos

los que generan más conflicto intelectual, sino físico,

respecto a la expansión de la minería, pues rechazan

salidas negociadas al conflicto por la vía de la

compensación o a través de pactos a nivel únicamente

local. En este sentido, son tales enfoques los que crean

problemas a la existencia del sector extractivo y los que,

frente a ciertas prácticas, instituciones y tendencias del

sector, inducen formas de conflicto que realmente

merecen ese nombre, al entrar en contradicción, a secas,

con la minería.

* Anthony Bebbington y Denise Humphreys Bebbington. El primero es profesor de medio

ambiente sociedad y desarrollo de la universidad de Manchester, Inglaterra y actualmente,

investigador asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales; mientras que la segunda es

historiadora en la Universidad de California. Ambos trabajan el tema de movimientos

sociales e indígenas.

1 El presente artículo es un extracto del ensayo: Actores y Ambientalismos, publicado por la

Revista de Ciencias Sociales, “íconos” en setiembre del 2009.

Derechos Humanos

Detrás del “misterio del capital indígena”

¿El problema es sólo económico?

¿Qué esconde “El

misterio del capital

indígena” de Hernando

de Soto?Jose De Echave,

destacado economista

brinda nuevas luces

sobre este polémico

ensayo que pone sobre

el debate un tema que

se ha venido analizando

en el país, a raíz de los

últimos conflictos que

involucraron a

comunidades

campesinas y nativas.

José De Echave C.*

Es así que fácilmente los intereses encontrados pueden

ser alineados. Por ejemplo, en el proyecto Río Blanco en

la sierra del departamento de Piura, donde se han

comprometido a establecer un área protegida alrededor

del tajo de la mina que se espera construir allí. Esta área

pretende ser un instrumento para proteger el bosque a

través de la exclusión de las personas, sirviendo además

como una suerte de cordón de protección circunscrito al

emplazamiento de la mina –esto con la aprobación de

ecólogos destacados. Otro ejemplo de alineación es el

compromiso de la minera Yanacocha de “cosechar agua”

en Cajamarca; acuerdo que ha recibido el beneplácito de

actores de renombre nacional, quienes podrían ser

ubicados dentro de esta forma de ambientalismo.

Un segundo ambientalismo se podría denominar

nacionalista-populista (no en sentido partidario). Es un

ambientalismo que se preocupa sobre todo por la

cuestión de quién tiene acceso a los recursos naturales y a

su puesta en valor monetario, y quién ejerce control sobre

los mismos y este valor. Es nacionalista porque busca

mayor control nacional sobre el medioambiente y las

ganancias que este genere, y es populista, porque buscar

que estas ganancias sirvan “al pueblo”. Los actores de este ambientalismo tienen generalmente

raíces sociales en corrientes anti-imperialistas y

socialistas de larga data y deudas intelectuales con estas.

Es una forma de ambientalismo que tiene evidentes

conflictos con una expansión minera cuan-do esto

implica ganancias significativas y roles determinantes

para empresas transnacionales y/o empresas privadas

cuyos dueños provienen de elites nacionales. Pero de

nuevo son conflictos que pueden ser negociados, a

través, por ejemplo, de sistemas impositivos más

agresivos (junto con sistemas para el cobro de regalías) o

a través de algún nivel de nacionalización de la minería.

De ahí que mientras tiende a entrar en conflicto con las

industrias minera transnacionales, no entra en conflicto

con la minería en sí. Este es un tipo de ambientalismo

muy presente en los conflictos mineros en Perú visible en

organizaciones que tienen ciertos vínculos con partidos

de izquierda y con frentes de defensa.

Un tercer ambientalismo corresponde a lo que Joan

Martínez Alier (2002) conceptualiza como ecologismo

de los pobres aunque para este ensayo preferimos

denominarlo ecologismo de los medios de vida. Es un

ambientalismo que se preocupa por la calidad de, y la

accesibilidad a, aquellos recursos naturales que

sostienen los medios de vida de distintos sectores de la

población. Sus actores principales tienden a ser personas

–rurales y citadinas– quienes perciben que sus recursos

naturales están amenazados. Aquí se incluyen

campesinos preocupados porque van a perder acceso a

su tierra o al agua de riego que necesitan, así como

citadinos preocupados porque la minería amenaza sus

fuentes de agua potable o su salud. El punto común es

que este ambientalismo está profundamente enraizado

en formas de vida: lo que prima es el deseo por mantener

estas formas de vida y sostener los medios que las hacen

viables.

En este caso, el conflicto con la minería es más profundo

en la medida en que la minería y la población requiere

acceso a exactamente el mismo recurso; este es el caso

del conflicto sobre Cerro Quilish en Cajamarca o el

conflicto de Tambogrande en Piura. Estos casos sugieren

además que este ambientalismo tiene la potencialidad de

reunir y articular una población amplia que cruza la

división campo/ciudad. De todas maneras, sigue abierta

aquí la posibilidad de negociación en la medida en que

uno u otro actor acepta una compensación por la pérdida

de acceso a un recurso o la sustitución de un recurso por

otro.

El cuarto ambientalismo podría denominarse justicia

socio-ambiental. Este parte de una noción de inequidad

en la relación entre sociedad y medio ambiente, y una

crítica al modelo económico que discrimina o castiga

aciertos grupos de la sociedad. Se preocupa por las

desigualdades en cuanto a quienes (en términos de clase

social, grupo étnico, género y ubicación geográfica)

están más expuestos a los riesgos, costos y beneficios de,

en este caso, todas las actividades relacionadas con la

expansión minera. Además, ve como inaceptable esta

inequidad; esto porque maneja un cierto concepto de

derechos inalienables y de justicia social.

De hecho, los actores que sostienen este tipo de

ambientalismo provienen generalmente de corrientes de

pensamiento y acción social relacionados con la justicia

social y los derechos humanos (aunque para el caso

peruano la comunidad de derechos humanos tuvo, hasta

hace pocos años, una relación algo tibia con las

organizaciones involucradas en los conflictos mineros,

quienes asumían una orientación de justicia ambiental y

defensa legal). En el juego discursivo de tildar a ciertos grupos de

“ambientalistas” –léase extremistas e inflexibles– son

especialmente éstos los grupos clasificados bajo esta

Derechos Humanos

n noviembre del año 1998, líderes comunales de

diversas regiones del Perú coincidieron en un

seminario para hablar sobre los impactos de la minería

en sus comunidades. El encuentro pudo ser uno de

tantos encuentros celebrados; sin embargo, sus

conclusiones y acuerdos abrirían una nueva etapa en las

luchas de las comunidades por sus derechos frente a la

industria minería y las políticas de Estado. Esta nueva

etapa esta marcada por la emergencia de la

Confederación Nacional de Comunidades del Perú

Afectadas por la Minería – CONACAMI y de un

movimiento contra los impactos negativos de la minería

desde el espacio comunal hasta el espacio nacional.

Considerando que en el espacio andino se concentran

los territorios de comunidades, las fuentes de agua y los

recursos mineros, los andes es escenario de resistencias

a la minería a causa de sus impactos negativos y

recientemente de oposición a esta actividad. La historia

CONACAMI y el despertar delmovimiento indígena

Diez años después

CONACAMI ha logrado

constituirse en el principal

referente del movimiento

indígena andino y es

considerado una de las

experiencias emblemáticas

de organización y resistencia

a la minería, generando vivos

aprendizajes para las

comunidades y sus próximas

generaciones.

Luis Vittor *

Mario Palacios Panéz

hace referencia a las luchas comunales en Cerro de

Pasco, San Mateo de Huanchor, Lago, Junín, La Oroya o

Ilo por defender la tierra, el agua, el aire y la vida de la

“contaminación minera”. Estos casos estaban vigentes

en la década de los noventa y originaron el surgimiento

de un movimiento de comunidades afectadas por la

minería.

Estos casos no eran los únicos ya que en los andes se

había desatado el “boom minero” y se vivía una

“explosión” de conflictos que aún no trascendían del

escenario local al nivel nacional. En Ancash se registran

protestas de las comunidades y el municipio de Huaraz

contra de la mina Pierina y el proyecto minero Antamina

exigiendo “verdaderos” aportes al desarrollo regional

(agosto, 1999). Se denunciaron irregularidades en la

compra de tierras en San Marcos (Ancash) por

Antamina, en Cajamarca por Yanacocha y en Espinar

(Cusco) por BHP Tintaya.

selva peruana. Recientes revelaciones sobre

documentos desclasificados por el departamento

de Estado de EEUU dan cuenta que entre las

conversaciones secretas del presidente

norteamericano Richard Nixon con el entonces

dictador brasileño Emilio Garrastazú Medici no

solo figuraba una alianza para derrocar al

gobierno del presidente Velasco Alvarado, sino

también la construcción de una Carretera

Interoceánica.

En fin. Las regiones de Puno y Cusco, que son las

jurisdicciones que deben ser consultadas para el

uso de estos recursos hídricos, serán las que

deban tomar la decisión. Y hasta el momento, el

gobierno central, ha actuado al margen de los

intereses regionales y de la población. Es

necesario evaluar el impacto de este

megaproyecto en el desarrollo regional y

reflexionar sobre si el país debe actuar solo en

atención a los requerimientos de intereses extra

nacionales.

Es necesario poner en la mesa con mucha

claridad, cuál es el beneficio concreto de este

proyecto para las regiones más afectadas como

Puno y Cusco y para el país. Un megaproyecto de

esta naturaleza requiere una consulta con las

regiones involucradas y su población. Todo

parece indicar que no hay voluntad del gobierno

peruano de hacer las consultas, por lo tanto esto

se convierte en un conflicto no resuelto.

O mais grande do sul

El gobierno peruano ha entregado en concesión

temporal un área de 1700 kilómetros cuadrados a

fin de hacer los estudios de factibilidad para la

construcción de la Central Hidroeléctrica del

Inambari que no se encontraba entre los

proyectos prioritarios del Ministerio de Energía

y Minas del Perú.

Las visitas de los ingenieros de la empresa

Inambari a la zona, preocupa a la población de la

zona. Debido a que, de construirse la central, se

afectaría 106 kilómetros de la carretera

interoceánica; Sur 61 kilómetros por la zona de

Puno y 46 kilómetros por la zona del Cusco,

cuyos tramos podrían tener un nuevo trazo y se

retrasaría su conclusión.

Otro efecto de la obra será la inundación de 460

kilómetros cuadrados de bosques en las

regiones de Puno y Cusco, con el consiguiente

daño ambiental que eso significa en pleno

proceso de cambio climático. Hay también el

riesgo de desaparecer al menos sesenta poblados

ubicados entre Puno y Cusco, La única región

beneficiada sería Madre de Dios, porque

prácticamente no se toca ni su carretera ni su

territorio con la construcción de la presa, se

puede entender entonces que ellos sí están de

acuerdo.

* Mauricio Rodríguez, abogado, periodista es director de Pachamama Radio de

la ciudad de Puno.

Medio Ambiente Medio Ambiente

E

¿Qué representa CONACAMI en el proceso de

formación del movimiento indígena?

CONACAMI, es un factor importante en la construcción

del movimiento indígena en nuestro país, sin embargo,

su construcción exige el aporte de varias vertientes,

como; el movimiento indígena amazónico -con el cual

caminamos hacia este horizonte- además el conjunto de

movimientos que han desarrollado nuestra

espiritualidad, las organizaciones de hijos y migrantes

andinos y amazónicos residentes en las ciudades etc.

Desde las comunidades afectadas por la minería

aportamos nuestra capacidad organizativa y de

movilización, nuestra condición de comunidades de

bases territoriales, el aporte programático, ideológico y

de principios desarrollados en estos años, el nivel de

coordinación continental de Abya Yala y de la región

andina porque somos parte del movimiento indígena

continental.

¿Hay condiciones para gestar un movimiento

indígena similar a otros países como Ecuador y

Bolivia?

El movimiento indígena en el Perú está en proceso de

construcción. Este debe tener el carácter amazónico y

andino e involucre las comunidades de costa. Durante

más de veinte años la lucha ha sido por en defensa de los

territorios comunales, la construcción de la agenda

nacional de las organizaciones tanto en la amazonía

como en los andes y la resistencia por visibilizarse como

actor social frente a las políticas de negación del estado y

de los gobiernos. Este año 2009 es un año relevante

pueblos indígenas por que los levantamientos

amazónicos del 2008 – 2009, los levantamientos del sur

andino la participación indígena en el proceso de las

Cumbres en especial de la IV Cumbre Continental de los

Pueblos del Abya Yala sellan su proceso de visibilización

irreversible lo que es un hito en la historia en nuestro

país. Tanto desde la derecha, la intelectualidad, los

políticos de la izquierda, sostenían que en el Perú no va

pasar nada similar al proceso indígena de Ecuador y

Bolivia, porque en el Perú no hay movimiento indígena.

Respecto al tema, el amauta quechua Rodrigo Montoya

decía “Esas cosas sólo se pueden decir desde la

ignorancia, desde esta terrible tragedia peruana donde el

mundo intelectual es un mundo limeño, donde la

izquierda sigue siendo -con excepciones muy pequeñas y

honrosas- profundamente limeña, centralista, católica,

amarrada por miles de vínculos con la iglesia y el poder

en el país”. Hoy los pueblos andinos y amazónicos nunca

más serán invisibles, ignorados o negados por lo tanto

nuestra lucha se transforma en una lucha por el poder y la

participación política tiene su peso decisivo.

¿Cómo observa el panorama electoral de las

próximas elecciones para el movimiento indígena

nacional, es favorable, se puede hablar de la

cristalización política del movimiento?.

El Proyecto político de los pueblos indígenas es el

Proyecto de Vida, no se construye para la participación

en las elecciones solamente. Es más bien un proyecto de

vida para el cambio, para la transformación. Varios de los

dirigentes formados en la CONACAMI participarán

encabezando listas regionales y municipales para ello

están formando sus movimientos en las regiones,

CONACAMI sigue siendo la organización social de las

comunidades, ese es su carácter. Para las elecciones

generales muchas voluntades han constituido el Partido

Político Perú Plurinacional y están trabajando por

cumplir las formalidades que las leyes exigen. En un

escenario político dominado por los partidos liberales de

derecha, y existe un maridaje entre los medios de

comunicación tradicional comercial y los capitales

transnacionales y el gobierno, toda política alternativa es

satanizado como de radical o pro subversivo. Esta

situación exige la más amplia unidad de los sectores

realmente democráticos alternativos y alternativos al

modelo en el cual el movimiento indígena aporta sus

propuestas de plurinacionalidad, democracia

comunitaria del Mandar Obedeciendo y el paradigma del

Buen Vivir.

Entrevista a Mario Palacios Panéz*

Un añejo plan imperialista brasileño de expansión amazónica asoma en el debate, con

la construcción de dos grandes megaproyectos en territorio peruano. La construcción

de la Carretera Interoceánica y el megaproyecto hidroeléctrico de Inambari cristalizan

el viejo sueño geopolítico del Brasil trazado en los 70 por el gobierno de Richard

Nixon y el entonces, dictador brasileño Emilio Garrastazú Medici. Estos dos

proyectos no sólo beneficiarán a los brasileños, sino que afectará al Parque Nacional

Bahuaja-Sonene, con un gigantesco embalse que inundará decenas de kilómetros,

afectando a decenas de pueblos.

¿Quiénes están detrás de la hidroeléctrica?

Inambari grande do sul

Mauricio Rodríguez R.*

Medio AmbienteMedio Ambiente

*Mario Palacios Panéz, actual presidente de CONACAMI

iniciativa.

El proceso hacia el congreso nacional, que se inició en

marzo de 1999, generó expectativa y convocó la

asistencia de líderes de las comunidades y

organizaciones cuya preocupación central constituía la

problemática de los impactos ambientales y sociales de

la minería o la amenaza de afectar los planes de

desarrollo local por actividades mineras. El acto

fundacional tuvo lugar en Lima entre el 20 y 22 de

octubre de 1999, con la participación de 324 delegados

que representaban a 1200 comunidades afectadas por la

minería de nueve regiones del país.

Convención minera en ArequipaEn setiembre de este año, Arequipa fue escenario de la

29 Convención Minera, organizada por el Instituto de

Ingenieros de Minas del Perú, la sociedad Nacional de

Minería Petróleo y Energía SNMPE, realizado del 14 al

18 de este mes. El certamen contó con el auspicio y la

presencia de consorcios transnacionales, el gobierno

peruano, empresas y empresarios mineros de Alemania,

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China,

Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Polonia entre

otros.

CONACAMI junto a AIDESEP y otras instituciones

organizaron el “Encuentro Cumbre Andino Amazónico

Alternativo a la 29 Convención Minera” con la

participación de delegaciones de diferentes regiones del

norte, centro y sur del Perú y dirigentes regionales de

Loreto, Ucayali, y Selva Central.

El encuentro andino-amazónico abordó la problemática

de las industrias extractivas desde la otra cara. Pese a

que los temas son de carácter impostergable, la 29

Convención y las empresas mineras, no asumen, como

parte de su agenda y el estado lo hace parcial y

tendenciosamente, los temas pendientes como: Las

victimas intoxicadas por metales pesados, la consulta

como consentimiento previo que es el derecho de los

pueblos a decidir sus propias prioridades y perspectivas

de desarrollo, los criminalizados por conflictos

territoriales y ambientales, y la constitucionalización de

los derechos como Pueblos Indígenas.

En Huancavelica se denunciaban impactos ambientales

de minas como Santa Bárbara, Julcani y Cobriza. En

cada región donde se desarrollaba la minería existían

conflictos invisibilizados y -en síntesis- se trataba de

luchas históricas y recientes pero aisladas que carecían

de planes de articularse más allá del nivel local.

En 1998 la minería había alcanzado 15 millones de

hectáreas concesionadas. La relación de las empresas

mineras con las comunidades era casi una extensión de

las prácticas de las haciendas, donde la presión se

imponía sobre los derechos para la obtención de

autorizaciones para uso de tierras de propiedad de las

comunidades; si había oposición, se amenazaba con la

imposición de la “servidumbre minera” como en los

casos de Vicco y Tintaya. El papel del Estado en los

conflictos era percibido por las comunidades como “a

favor de las empresas mineras” pero aún así se recurría a

él para denunciar los impactos y la violación de sus

derechos.

En este contexto cobró fuerza la idea de “conformar una

coordinadora de comunidades campesinas afectadas por

contaminación ambiental minera”, por la necesidad de

responder ante los impactos negativos del “boom

minero”. Aspectos objetivos como el pasado de la

minería y la amenaza de una “minería irresponsable”, el

vacío organizativo y de representación que incluyera la

problemática de las comunidades afectadas por la

minería, constituyeron elementos que motivaron la

*Luis Vittor ha participado de la experiencia de CONACAMI desde su fundación

y en la actualidad es becario del curso 2008/09 de Experto en Pueblos Indígenas,

Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cooperación Internacional; Universidad

Carlos III de Madrid (España).

Medio Ambiente 9

esde los años 50 empezó la expansión industrial en Brasil, con el cambio

tecnológico que introdujo la industria

automotriz, el acero y la petroquímica

convirtiéndose en una potencia en América

Latina.

El vecino país tiene una demanda enorme de

energía por el crecimiento de su industria y si

bien es cierto que este país tiene una enorme

potencia de agua dulce, sus normas ambientales,

obliga a que las empresas transnacionales como

Furnas y OAS; y la misma Electrobrass tengan

que mirar al Perú para construir estas enormes

centrales.

Aparte está la necesidad geopolítica de Brasil, de

controlar la amazonía desde la selva alta del

Perú. Por ello su propuesta de construir

inicialmente seis centrales hidroenergéticas y

posteriormente llegar a unas 15.

Los brasileños han llegado a la conclusión de

que, por las excelentes condiciones

hidrográficas de la zona, la central del Inambari,

podrá tener una capacidad mucho mayor que la

estimada inicialmente: nada menos que 2.5 GW.

Con ello, no sólo sería la central más grande del

Perú, sino que además se convertiría en la quinta

hidroeléctrica más grande de Sudamérica, sólo

por detrás de las gigantescas de Itaipú (de 14

GW, en Paraguay-Brasil), Guri (de 10 GW, en

Venezuela), de Yacyretá (de 3.5 GW, en

Paraguay-Argentina) y Macagua (de 2.54 GW,

en Venezuela). Como se puede observar

ninguna queda en Brasil.Dentro de unos cinco meses, el consorcio

Inambari concluirá el estudio de factibilidad,

luego de lo cual solicitará la concesión

definitiva. Si le es otorgada (como todo parece

indicarlo) aproximadamente a mediados del

próximo año iniciaría la construcción, el más

grande megaproyecto extranjero en el Perú. La

inversión requerida, que inicialmente se

estimaba en US$ 2 mil millones, ascenderá

D ahora a 4 mil millones de dólares americanos

que sólo será controlada por las mismas

empresas. Mediante la central Inambari, el Perú podría

abastecer la creciente demanda eléctrica del

Brasil (80% de la electricidad se irá para brasil)

y un 20 % tal vez sea para el Perú.

La experiencia de la construcción de la Central

de Itaipú en paraguay, afectó a cerca de 40.000

personas y 800 granjas, para lo cual se

desembolso una cifra actual de unos 350

millones de euros, solo para indemnizar a los

afectados con las inundaciones causadas por la

presa; el dinero de su construcción no estaba

contemplado en ese monto. Además

desaparecieron para siempre cientos de especies

de animales y biodiversidad que nunca más

podremos ver allí.

La razón principal de estos proyectos para Brasil

es que ellos no cuentan con petróleo y gas

suficiente para cambiar una crisis, y no pueden

permitirse importar combustible, debido a la

crisis energética mundial y esto pone en juego

los intereses respectivos de la burguesía

industrial brasileña. Entonces se llega a la

decisión de utilizar un recurso gratuito que

abunda en Perú: El agua.

El 10% de toda el agua dulce del mundo se

encuentra en Brasil. Entonces ¿Porqué Brasil

viene a Perú para producir energía? Brasil, ve

que el gobierno peruano no es muy exigente en

condiciones para el uso del agua ni del territorio.

Y que los 30 años de concesión le revertirá

grandes ganancias. El gobierno del Brasil está

en lo correcto porque quiere sacar provecho de

otro país para beneficio de los suyos, lo

lamentable es que el gobierno de Perú no actúa

en defensa de los intereses nacionales.

No es ninguna novedad que el país mais grande

do mundo, tenga ambiciones imperialistas en la

Medio Ambiente

estas alturas medio país debe haber visto o

escuchado los múltiples avisos del Instituto

Libertad y Democracia (ILD) de Hernando de Soto, en

diarios, televisión y radios. El ILD ha presentado su

documental: “El misterio del capital de los indígenas

amazónicos". Con este material, De Soto y compañía

propone un debate sobre un tema que se ha venido

analizando en el país, a raíz de los últimos conflictos que

involucraron a comunidades campesinas y nativas.

Los anuncios del ILD han estado precedidos por

presentaciones públicas del abogado Enrique Ghersi

(ex congresista del Movimiento Libertad de Vargas

Llosa y coautor del “Otro Sendero”, con De Soto y

Mario Guibellini). Ghersi ha planteado abiertamente

que las comunidades deben tener el derecho de la

propiedad superficial y del subsuelo y, al igual que por

ejemplo un ciudadano texano, si mañana o pasado se

encuentra petróleo en su propiedad, pues el verá con

quién se asocia, a quién la vende, etc. Resuelto el

problema de propiedad del subsuelo -según Ghersi-, los

conflictos desaparecerán de manera milagrosa.

Hasta aquí las coincidencias aparentes con las

propuestas que, por ejemplo, tienen las propias

organizaciones indígenas del país e incluso algunos

organismos no gubernamentales. Sin embargo, no está

demás precisar que la propuesta de Ghersi, De Soto y el

ILD, termina afirmando la idea fuerza del anuncio: "el

problema no es étnico, es económico".

El mensaje es además: "la propiedad privada lo resuelve

todo". De Soto adorna esta idea con una larga fila de

generalidades que por supuesto difícilmente alguien

podría estar en contra: “las comunidades no son piezas

de museo”; las comunidades quieren desarrollo”;

“quieren la propiedad de sus tierras”; “quieren

desarrollar experiencias empresariales exitosas”; etc. Por supuesto que las comunidades necesitan y desean

desarrollarse y nadie quiere que se los considere como

piezas de museo. Eso no está en discusión. Sin embargo,

la propuesta del ILD en realidad apunta a un escenario

claro y abierto de desregulación; de acuerdo

predominante entre privados; cuanto menos presencia

del Estado será mejor, así se simplifican las cosas. Pero como saben que en el fondo la propiedad no

resuelve el tema de las asimetrías, las cosas siempre

terminarán siendo favorables para el actor más

organizado; con mayores recursos y mayor capacidad

de incidencia, etc. No estaría demás repasar las

experiencias de parcelación de tierras que se han

producido en la costa peruana en las últimas décadas: el

acceso a la pequeña propiedad individual no ha

beneficiado necesariamente a los parceleros de la Costa

y más bien terminó convirtiéndose en el escenario ideal

para un proceso de concentración de tierras sin

precedente; incluso mayor al escenario previo a la

reforma agraria. Esto no quiere decir que las cosas se tengan que quedar

estáticas; se necesitan cambios urgentes; pero el tema no

responde a la simplificación extrema que presenta el

diagnóstico del Instituto Libertad y Democracia. Ni la

realidad de las comunidades de Alaska, ni de las

comunidades amazónicas del Perú, son como las

presenta De Soto, que cede fácilmente a la tentación de

establecer definiciones de categorías desde una visión

profundamente occidental, que no reconoce

diversidades, cosmovisiones, ni derechos, más allá del

argumento económico. En todo caso el debate está

abierto y tiene varias aristas. Algunas consideraciones

para comenzar a abordarlo (por supuesto no son las

únicas, hay muchas más):

- Es evidente que el problema no es únicamente

económico. También es social, cultural, ambiental, etc.

Puesto de otra manera, es un tema de derechos; de

derechos económicos, sociales, culturales y

ambientales. - ¿Acaso algunas empresas mineras y de hidrocarburos,

no se han dado cuenta, hace bastante tiempo, que el

problema no es exclusivamente económico? ¿Ya no

superaron esa etapa? ¿No es esa la experiencia de

Antamina, y Tintaya en el Perú y muchas más? ¿La

propuesta del ILD no plantea acaso un serio retroceso

conceptual que puede tener efectos contrarios,

precisamente, a la agenda de desarrollo y de derechos? - Al margen del debate sobre la propiedad del subsuelo,

no se puede perder de vista el carácter integral de la

problemática: ¿cómo queda por ejemplo la agenda

ambiental en la propuesta de De Soto? ¿Cómo queda la

necesidad de planificar el uso sostenible del territorio y

los recursos? ¿La necesidad de enfrentar los retos del

cambio climático, etc.? ¿Cómo la sociedad y el país

entero, avanza en función de objetivos nacionales de

desarrollo?

*José De Echave, Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Sorbonne Nouvelle.

Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración

del estudio Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el Sector Minero en el Perú.

A

unque el término “ambientalista” se usa para

clasificar (y por lo general, tachar) a ciertas ONG y

activistas, existen distintas formas de “ambientalismo”,

en general, y específicamente dentro de los conflictos

mineros. Estos ambientalismos parten de distintas

maneras de entender la relación entre medio ambiente,

sociedad y mercado; por lo tanto, implican distintos

proyectos políticos y distintas imaginaciones en cuanto

al mundo que quieren construir. En consecuencia entran en distintos tipos y niveles de

“conflicto” con la expansión minera. También entran en

distintas tensiones entre sí, un punto al cual retornamos

al final de esta sección. Un primer ambientalismo, y

posiblemente el más conocido, se podría denominar

conservacionismo. Es un ambientalismo que busca,

¿Justicia o compensación?Actores y ambientalismos

En una época marcada por la

hegemonía del tema

ecológico y por la aparición

de falsos “ambientalismos”

resulta necesario delimitar

los tipos de corrientes que

surgen en torno a este tema.

En el presente artículo, los

autores ensayan una

definición de los diferentes

ambientalismos y hacen una

aproximación al estudio del

conflicto medio ambiental,

proponiendo la formación de

una justicia ecológica que

irrumpe en el debate social.

Anthony Bebbington y

Denise Humphreys Bebbington *

Derechos Humanos14

sobre todo, conservar ciertos tipos de ecosistemas,

especies, complejos biogeográficos, etc. Los actores que

sostienen este tipo de ambientalismo tienden a anclar sus

raíces en las preocupaciones ecologistas más históricas

en el país, y en enfoques algo más científicos y técnicos.

Su concepción de la relación medioambiente-sociedad

gira alrededor de la necesidad de proteger estos

ecosistemas de un uso humano. En ciertos momentos

puede haber conflicto entre sus objetivos y el proceso de

expansión minera, pero con frecuencia logran

resoluciones negociadas con la minería en las cuales la

empresa minera se compromete con la protección del

medio ambiente y de ciertos ecosistemas, mientras los

actores conservacionistas ofrecen asesoría o servicios por

contrato.

A

5Política

denominación. Este ambientalismo entra en conflictos

estructurales con procesos de expansión minera porque

parte de una posición en la cual ciertos valores y

derechos son fundamentales, y por lo tanto, cualquier

proceso de expansión de las industrias extractivas debe

adaptarse a estos derechos.

Es precisamente en este punto que difiere del

ambientalismo nacionalista-populista: mientras este

cuarto ambientalismo insiste en la justicia social para los

individuos, sobre todo los históricamente excluidos, el

segundo busca justicia para “el pueblo” y “la nación”, y

por lo tanto, se enfoca mucho más en temas de control

nacional de la plusvalía generada en base a la naturaleza.

En consecuencia el ambientalismo nacionalista-

populista estaría mucho más dispuesto a sacrificar los

derechos de ciertos grupos por el bien del “pueblo”.

A diferencia, el socio-ambientalismo valoriza los

derechos humanos como sagrados y entonces exige

prácticas como el consentimiento previo, libre e

informado, la zonificación ecológica socio-económica,

la plena participación de la población en decisiones que

les afectan y una regulación férrea de las industrias

extractivas para garantizar que los derechos de la

población aledaña no sean vulnerados. Un conflicto en el

cual el tema de justicia ha primado mucho ha sido aquel

en La Oroya; este es un ejemplo ilustrativo porque el

socio-ambientalismo se ha desarrollado más en áreas

urbanas que en rurales.

Finalmente tenemos lo que podríamos denominar el

ecologismo profundo. Es un ambientalismo que da

mayor valor a ecosistemas, procesos ecológicos,

especies y biodiversidad que cualquiera de las otras

formas de ambientalismos. De hecho insiste en que el medio natural tiene igual

derecho a vivir que el que tienen las personas. Desde este

enfoque, el medio ambiente no es simplemente un

instrumento que sirve a otras finalidades (la satisfacción

de derechos y deseos humanos, la regulación y

reproducción del sistema ecológico global, etc.) sino un

ente con derechos y valores inherentes.

En la medida en que la industria extractiva

necesariamente destruye componentes de la naturaleza,

es un ambientalismo que entra en profundas

contradicciones con la expansión minera; las mismas,

por tanto, casi nunca tienen una salida negociada. Hasta

la fecha, este tipo de ambientalismo no ha tenido mayor

visibilidad en Perú, aunque argumentos similares se

pueden encontrar en las posiciones asumidas por ciertos

grupos indígenas. Esta orientación ha tenido una

repercusión mayor en el caso ecuatoriano, donde ha

influido de manera importante en la dinámica y

evolución de los conflictos mineros.

Este esquema no pretende ser demasiado rígido, pues la

misma persona u organización puede identificarse con

más de uno de estos ambientalismos (sin poder siempre

resolver el problema político de que a fin de cuentas los

distintos ambientalismos lo llevan hacía distintas

demandas y compromisos). Sin embargo, distinguir

entre corrientes es útil por razones tanto analíticas como

estratégicas.

Conflictos socio-ambientales: ¿un problema de

compensación o de justicia?Hace dos años el primero de los autores de este ensayo

realizó una ponencia sobre conflictos mineros como

contribución a un evento sobre “el futuro de la tierra”.

Durante la discusión un experto mundial en temas de

valoración económica del ambiente le preguntó si no

creía que el problema de fondo fuera de compensación y

que por lo tanto, la solución radicaba en llegar a formas

de compensación que los distintos actores pudiesen

aceptar. En cierto sentido, las primeras tres formas de

ambientalismo estarían de acuerdo con este argumento,

ya que están abiertos a resoluciones negociadas que

giran alrededor de una transferencia compensatoria de

algún tipo.

Actores alineados con el conservacionismo pueden

aceptar un proyecto minero si reciben garantías

ambientales y/o un compromiso por parte del estado o la

empresa que como recompensa por los efectos

ambientales causados por la minería en un sitio, van a

garantizar la protección de otra área.

Por su parte, actores que enarbolan un ambientalismo

nacionalista-populista aceptarían una forma de

“ c o m p e n s a c i ó n s o c i a l ” q u e i n v o l u c r e l a

implementación de impuestos y regalías más altos y/o la

posibilidad de que el “pueblo” participe en las ganancias

mineras como socio o copropietario. Finalmente, los

actores que operan bajo el ecologismo de los medios de

vida podrían aceptar transferencias compensatorias por

la pérdida de ciertos medios. Es un fenómeno que se ha

visto, por ejemplo, en el pago como compensación por la

pérdida de acceso a la tierra a nivel individual o

colectivo; este es el caso en Granja Porcón, en la zona de

influencia de la Minera Yanacocha, en Cajamarca.

organización comunitaria, quiebra la unidad comunal y

enfrenta a las familias entre sí, generando disputas y

caos.

El gobierno de turno a contribuido a profundizar estos

conflictos con la implementación de decretos supremos

y políticas del hortelano que favorecen a la inversión

privada multinacional, en el marco de un año plagado de

“Acuerdos de Asociación” y “Tratados de Libre

Comercio TLC” con países que imponen sus políticas

colonialistas de saqueo, destrucción y contaminación.

Dentro del avance desbocado del neoliberalismo que

requiere la conversión de cada vez más componentes del

mundo en mercancías, el Perú aparece como una

mercancía sujeta a negociación, que pude ser transable,

según la oferta del postor. Así la lotización de la selva y

de bastas zonas andinas en donde superviven

comunidades nativas milenarias se lleva a cabo sin

ningún control.

Frente a la desidia de la misma sociedad civil y de

organizaciones vinculadas al tema, la emergente

aparición del movimiento indígena en estos últimos

años en el Perú, emerge como la defensora de una

justicia socioambiental y plantea una crítica profunda al

modelo económico que discrimina o castiga aciertos

grupos de la sociedad, a la vez que cuestiona el concepto

de desarrollo e insiste en la importancia de mantener un

debate público sobre el tipo de desarrollo que la

sociedad quiere.

En una época marcada por la hegemonía del tema

ecológico y por la aparición de falsos “ambientalismos”,

resulta extremadamente saludable la irrupción de

propuestas como las que plantea el movimiento

indígena en el país, que cuestiona la lógica del “cuánto

vale” en la cual todo es transable, más aun cuando ya

empieza a calentar la campaña electoral.

n los últimos años se han concesionado

grandes extensiones de territorio para actividades

extractivas (minería y petróleo), muchas de las cuales se

encuentra en zonas nativas, lo que ha generado una serie

de conflictos sociales por demandas territoriales y

medioambientales. Según la Defensoría del Pueblo, la

mitad de los conflictos sociales en el Perú son socio

ambientales y dentro de ellos el 80% tienen una relación

directa con industrias extractivas.

Pese a ello, el Estado peruano ha incrementado la firma

de contratos de licencia para la exploración y

explotación de hidrocarburos, a tal punto que el número

de contratos vigentes en el país se elevó a 92, cifra nunca

antes registrada en la historia de hidrocarburos en el

Perú. Con esta cifra el Perú encabeza, junto a otros

países del tercer mundo, la lista de concesiones de

hidrocarburos. Más de la mitad del territorio nacional

está lotizado para la explotación de hidrocarburos,

siendo la selva la más afectada, con el 75% de todo su

territorio. Esto ha concluido en enfrentamientos

sangrientos como los de Bagua, en donde murieron

decenas de indígenas y civiles.

Por otro lado, el llamado “boom minero” que se viene

desarrollando en las zonas andinas puede llevar a la

modificación de los sistemas ecológicos de montaña y a

la desaparición de la biodiversidad en esta región del

país. La “gran y moderna minería” trabajado a cielo o

tajo abierto abarca grandes espacios territoriales,

alrededor del 20% del territorio nacional. Un claro

ejemplo es la minera Yanacocha en Cajamarca que opera

en un área de 26 mil hectáreas y pretende ampliarse

hasta 200 mil hectáreas, en contraste con la propiedad

comunal de cientos de comunidades cuyo territorio no

alcanza las 5 ó 6 mil hectáreas. Parte de esta disputa

territorial es por la provisión y control del agua; tanto

para la actividad minera como para la agricultura.

Si para procesar una tonelada métrica (1 TM) de tierra

metales y roca se utilizan 3 TM de agua, es decir 3 mil

litros de agua, podemos deducir cuánto de agua requiere

la minera Antamina en Ancash donde diariamente se

remueve mas de 300 mil toneladas métricas (de tierra

metales y roca), o los 600 mil TM que diariamente

remueve la minera Yanacocha en Cajamarca.

El impacto de minería no solo es ambiental, también

actúa destruyendo los tejidos sociales comunales:

rompe los lazos de familiaridad, reciprocidad, trabajo y

E

Derechos Humanos

l mundo está en peligro, la sobrevivencia misma de

la humanidad y todos los seres vivos corren serio

riesgo. No se trata de alarmismo, el cambio climático ya

está causando graves impactos, principalmente en los

países pobres. Y hay responsables: los países

industrializados y sus grandes multinacionales,

principalmente extractivas, que saquean los bienes

naturales y depredan la Madre Naturaleza.

Estos responsables deben ser juzgados y asumir su

responsabilidad, entre ellas el reconocimiento de la

deuda ecológica con nuestros pueblos, producto de ese

saqueo y esa depredación. Por ello, el movimiento

indígena del Abya Yala (América) acordó en su IV

Cumbre Continental reunida en Puno en mayo

construir un Tribunal de Justicia Climática.

Este Tribunal realizará su Primera Audiencia los días

13 y 14 de octubre en Cochabamba, Bolivia, en el

marco de la Minga Global en Defensa de la Madre

Tierra de los Pueblos (12 al 16 de octubre), cuya

convocatoria fue acordada por el Foro Social Mundial

2009 y ratificada en la IV Cumbre de Pueblos y

Nacionalidades Indígenas del Abya Yala.

Los pueblos indígenas andinos habitamos estos

territorios desde hace veinte mil años, mucho antes de la

invasión europea al Abya Yala y de la formación de las

actuales repúblicas. La cordillera de los Andes es nuestro

hábitat natural, que alberga nuestra gran diversidad:

quechuas, aymaras, mapuches, kichwas y muchos más,

vivimos en armonía con la Madre Tierra, criándola y

dejándonos criar por ella.

La Pachamama se calienta

A nivel global, el aumento de la temperatura de los

últimos 100 años (1906-2005) es de 0.74º C. El periodo

1995-2006 representa los 12 años más calidos desde

1850. En América Latina la temperatura aumentó

aproximadamente 1º C en Centroamérica y Sudamérica.

Este calentamiento desestabiliza el clima, provocando

El llamado “boom minero” que se

viene desarrollando en los países

andinos del continente puede llevar

a la modificación de los sistemas

ecológicos de montaña y a la

desaparición de la biodiversidad

andina. Todo ello sumado a la deuda

ecológica que se mantiene por años

desde la invasión de española en la

conquista, hace propicia la

realización del I Tribunal de Justicia

Climática que se realizará los días 13

y 14 de octubre en la ciudad de

Cochabamba, Bolivia.

Impactos del cambio climático

Juzguemos a los responsablesMiguel Palacín Quispe*

PRESENTACIÓN

POLÍTICA

MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

4. Hacia la formación de una

justicia socioambiental

en el Perú. / Alberto Gonzales Zamora.

6. Detrás del “misterio del

capital indígena” ¿El problema es sólo

económico? / José De Echave C.

8. CONACAMI y el despertar del

movimiento indígena /

Luis Vittor

Mario Palacios Panéz

Entrevista a Mario Palacios Panéz

actual presidente de CONACAMI

10.

Inambari o mais

grande do sul

¿Quiénes están detrás de la hidroeléctrica? /

Mauricio Rodríguez R.

11.

¿Justicia o compensación?

Actores y Ambientalismos /

Anthony Bebbington y

Denise Humphreys Bebbington

14.

18. Impactos del cambio climático

Juzguemos a los responsables /

Miguel Palacín Quispe

Derechos Humanos

Carnaval de millonesen Inambari

Entrevista a Mario PalaciosPresidente de CONACAMI

¿Justicia socioambiental o compensación económica?

10

11

14

E