el papel de la política exterior de méxico en el proceso

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E D I C I Ó N A N U A L

I N S T I T U T O M A T Í A S R O M E R O S E C R E T A R Í A D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S

INSTITUTO MATÍAS ROMERO

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Raúl Benítez Manaut:

Ana Covarrubias:

Rodrigo Páez Montalbán:

David Escobar Galindo:

Ana Guadalupe Martínez:

Sergio González Gálvez:

Carlos Castañeda Magaña:

Definiciones estratégicas de la política exteriorde México en El Salvador (1979-1992)

La Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador

El proceso de negociación del Grupo de Contadora

Los aportes de México a la solución políticade la guerra salvadoreña

Acciones para la inserción del movimientorevolucionario salvadoreño

La diplomacia mexicana en el proceso de negociaciónde los Acuerdos de Chapultepec

Los Acuerdos de Paz en la perspectiva históricay futura de El Salvador

Nú

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2013

El papel de la política exterior de México en el procesode paz en El Salvador

1Introducción

R E V I S T A M E X I C A N A D E

P LÍTICA EXTERI RNÚM. ESPECIAL 2013

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Revista Mexicana de Política Exterior2

El Instituto Matías Romero es un órgano desconcentrado de la Secretaríade Relaciones Exteriores, cuyas funciones son eminentemente académicas

Asistencia administrativa: Cristina Tovar. Formación, tipografía y portada: Francisco J. González Ruiz. Impresión: Reproducción y Materiales, S. A. de C. V. (Repromat), Presidentes 189-A, Col. Portales, C. P. 03300, Del. Benito Juárez, México D. F. Tiraje: 1200 ejemplares. Certificado de licitud de título núm. 2440 y certificado de licitud de contenido núm. 1556, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Se-cretaría de Gobernación el 30 de oc tubre de 1984. Certificado de reserva núm. 636-84 para el uso exclusivo del título, expedido por la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública el 26 de no viembre de 1984. Publicación registrada como correspondencia de segunda clase. Registro dgc-núm. 0160686, características 210411209.

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REVISTA MEXICANA DE POLÍTICA EXTERIOR

Publicación cuatrimestral del Instituto Matías Romero

Director General del Instituto Matías Romero: Alfonso de Maria y Campos Castelló • Directora General Adjunta: Rosario Molinero Molinero • Director de

Publicaciones: Miguel Ángel Echegaray Zúñiga • Distribución:Edith Pastor Gómez

Producción Editorial: Constanza García Colomé, Directora del Área • Gabriel López López y Pedro Ángeles Ruiz, asistentes editoriales

Consejo editorial : Jorge Chabat, Consuelo Dávila,Rafael Fernández de Castro, Blanca Heredia,

Ricardo Méndez Silva, Blanca Torres

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3Introducción

ÍNDICE

Presentación

José Antonio Meade Kuribreña 5

Introducción

Vanessa Rubio Márquez 7

Artículos

Raúl Benítez ManautDefiniciones estratégicas de la política exteriorde México en El Salvador (1979-1992) 11

Ana CovarrubiasLa Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador 39

Rodrigo Páez MontalbánEl proceso de negociación del Grupo de Contadora 63

David Escobar GalindoLos aportes de México a la solución políticade la guerra salvadoreña 75


P LÍTICA EXTERI RNÚM. ESPECIAL 2013

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Ana Guadalupe MartínezAcciones para la inserción del movimientorevolucionario salvadoreño 83

Sergio González GálvezLa diplomacia mexicana en el procesode negociación de los Acuerdos de Chapultepec 99

Carlos Castañeda MagañaLos Acuerdos de Paz en la perspectiva históricay futura de El Salvador 113

Colaboradores 125

Abstracts 131

Cómo colaborar en la Revista Mexicana de Política Exterior 137

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5Introducción

En el año de 1983, se materializó el proyecto editorial para la creación de la Revista Mexicana de Política Exterior, iniciando así su primera época bajo la dirección de la embajadora emi-nente Rosario Green. En efecto, durante la gestión del canciller Bernardo Sepúlveda, este espacio de opinión y reflexión sobre el acontecer de las relaciones internacionales en general, y de la política exterior de México en particular, inició un afortu-nado y largo curso como puede comprobarse ahora, a más de treinta años de distancia.

Destaco la continuidad de este esfuerzo institucional, porque la Revista Mexicana de Política Exterior es hoy en día un referente entre las publicaciones cuya vocación es la revi-sión precisa y oportuna de la actualidad mundial y la necesaria formulación de nuevas perspectivas y reflexiones para enca-rarla. Del mismo modo, hay que resaltar también que su orien-tación editorial siempre ha acompañado y valorado momentos clave en la actuación de la diplomacia mexicana. Fue el caso de la entrega número dos de la Revista, del trimestre enero-marzo del año de 1984, donde buena parte de sus páginas están dedi-cadas a compendiar y perfilar un primer balance de la política de nuestro país hacia Centroamérica.

Con gran acierto, incluyó ensayos sobre los principios e instrumentos de la política exterior; la fructífera experiencia de concertación política que significó la creación del Grupo de Contadora, al igual que la reproducción de documentos que, al paso de los años, adquirirían un carácter histórico innegable: la Declaración de Cancún para la paz en Centroamérica (17 de julio de 1983) y el Documento de Objetivos, emitido en Panamá, el 9 de septiembre del mismo año, entre otros.

Además, en esa entrega se recogieron varios discursos e in-tervenciones en foros regionales, pronunciados por autoridades

PRESENTACIÓN

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de nuestro país y que, al releerlos, siguen aportándonos valiosos elementos sobre la coherencia de principios y el compromiso desplegados por el gobierno mexicano para procurar la pacifica-ción y la resolución de los conflictos en la región centroamericana por la vía política y en el marco del Estado de derecho.

La realización del seminario “El papel de la política exterior de México en el proceso de paz en El Salvador”, que tuvo lugar el 27 de abril del año pasado, con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador, es en cierto sentido el origen del número especial de la Revista Mexica-na de Política Exterior que ahora presentamos. Se nutre de una selección, fundamentalmente, de las ponencias e intervenciones de académicos, especialistas y personalidades políticas y diplo-máticas que participaron y enriquecieron dicho encuentro.

Como el lector podrá apreciar, los textos seleccionados en este número especial nos ofrecen un panorama histórico de la región centroamericana y un diagnóstico en retrospectiva de las condiciones económicas, políticas y sociales que derivaron en un doloroso conflicto armado. Otros textos recogen y glo-san iniciativas como la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador, del 28 de agosto de 1981, mientras que otros más se ocupan de la trayectoria del Grupo de Contadora, mecanismo de concertación diplomática notable.

Asimismo, se incluyen textos y testimonios que dan cuenta del papel de la diplomacia mexicana en el proceso de negocia-ción de los Acuerdos de Chapultepec, suscritos en México por el gobierno salvadoreño y las fuerzas insurgentes en el mes de enero de 1992.

En suma, este número especial de la Revista Mexicana de Política Exterior revisa tanto el pasado reciente como la actua-lidad de la acción diplomática y la articulación de voluntades en nuestra región.

José Antonio Meade Kuribreña

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7IntroducciónINTRODUCCIÓN

México mantiene relaciones diplomáticas con la República de El Salvador desde 1838. Hoy, El Salvador tiene una población de seis millones de habitantes, su producto interno bruto per cápita es de 7438 dólares y ha tenido un crecimiento económico promedio de 1.6% en los últimos tres años.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992 hasta la fecha, el pueblo salvadoreño ha transitado exito-samente de un clima de confrontación y violencia provocado por la guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1992, a una demo-cracia con instituciones cada vez más sólidas, como lo muestra la normalidad en la alternancia en el gobierno durante los últi-mos años.

Resulta muy oportuna esta edición especial de la Revista Mexicana de Política Exterior dedicada a la experiencia históri-ca de El Salvador en su devenir: de lidiar durante 12 años con una guerra civil a conformar el país democrático y de institu-ciones que es hoy día.

Durante el proceso de pacificación destaca la postura adop-tada por México, Colombia, Panamá y Venezuela, los que a través del Grupo de Contadora, creado en 1983, facilitaron la firma de los Acuerdos de Chapultepec entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-cional (fmln), con la intención de propiciar condiciones para un diálogo que permitiera una solución consensuada al conflicto y generara una serie de acuerdos institucionales específicos para dar pie a la reconstrucción y reconciliación nacionales.

En su ensayo “Definiciones estratégicas de la política ex-terior de México en El Salvador (1979-1992)”, Raúl Benítez Manaut destaca que en circunstancias de gran polarización diplomática “México abrió el surco para el reconocimiento como actores a los grupos emergentes que habían estado sistemáti-

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camente excluidos de la vida política salvadoreña”, primero con la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador, expresión de audacia diplomática, y posteriormente, “en otras circunstan-cias, el Grupo de Contadora se opuso a la diplomacia realista de las superpotencias en la fase final de la Guerra Fría”.

Por su parte, en “La Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador”, Ana Covarrubias analiza los cuestionamientos que enfrentó la política exterior mexicana al emitir dicha declara-ción, que fue calificada de injerencista y provocadora. Recorde-mos que en este documento se reconoció la representatividad política de la alianza del fmln y del Frente Democrático Re-volucionario, los cuales, como fuerzas beligerantes, no gozaron necesariamente de una opinión externa favorable.

En “El proceso de negociación del Grupo de Contadora”, Ro-drigo Páez Montalbán apunta que la actuación de los integran-tes de este grupo obedeció a la comprobación “de la existencia de complejos procesos políticos en Centroamérica y la preocupación por la injerencia extranjera al interior de los mismos”.

En tanto, el embajador Sergio González Gálvez comparte un valioso testimonio y análisis de la política exterior de México hacia Centroamérica en el ensayo “La diplomacia mexicana en el proceso de negociación de los Acuerdos de Chapultepec”. El embajador González Gálvez fue protagonista por más de una década en la búsqueda de consensos que garantizaran la adop-ción de dichos acuerdos, por lo que su labor orientadora en este proceso da cuenta de las capacidades y articulación del Servicio Exterior Mexicano que han dado prestigio a la diplomacia de nuestro país. En este mismo sentido, en su artículo, “Acciones para la inserción del movimiento revolucionario salvadoreño” Ana Guadalupe Martínez explica cómo la política pacificadora de México hacia Centroamérica fue cuidadosamente coordinada con la labor política y diplomática bilateral desplegada por las embajadas de México en Norte, Centro y Sudamérica, así como

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9Introducción

a nivel multilateral en la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, principalmente.

Por su parte, David Escobar Galindo y Carlos Castañeda brindan sus reflexiones respecto de la convivencia que se tuvo que forjar en El Salvador una vez que se firmaron los Acuerdos de Chapultepec. En su ensayo “Los aportes de México a la solu-ción política de la guerra salvadoreña”, Escobar Galindo trata la labor realizada ante la ausencia de las antiguas estructuras democráticas y el precario equilibrio entre poderes, mientras que en “Los Acuerdos de Paz en la perspectiva histórica y futu-ra de El Salvador”, el viceministro Castañeda Magaña elabora un recuento de las acciones llevadas a cabo en ese país para conseguir la gobernabilidad y la paz duraderas, las cuales in-cluyeron el desarme voluntario y la conversión del fmln en un partido político.

Sin duda, los esfuerzos realizados para alcanzar la paz en El Salvador en particular y en Centroamérica en general cons-tituyen uno de los momentos más determinantes en la historia de la región. La actuación de países como el nuestro honra la tradición diplomática, destaca la relevancia del diálogo y de los acuerdos, y subraya la necesidad de seguir fortaleciendo las ins-tituciones y los mecanismos internacionales que promueven la paz, la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Vanessa Rubio Márquez

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11Definiciones estratégicas de la política exterior de México en El Salvador

Definiciones estratégicas de la política exterior de México en El Salvador

(1979-1992)

Raúl Benítez Manaut

Antecedentes históricos

La política exterior de México ha vivido momentos cruciales. Respecto a América Latina se han presentado altibajos re-lacionados con acontecimientos históricos de los países de la región, que acercaron, aislaron o los mantuvieron indiferentes hacia México. En relación con Centroamérica, en el siglo xix, la definición de las fronteras fue el elemento determinante de la diplomacia de México, sobre todo después de que las elites independentistas decidieron forjar su destino separadamente del naciente Imperio Mexicano en 1821-1822. En ese momento, el factor que llevó a destinos diferentes, además de las distancias y escasas comunicaciones, fue la ideología en pugna entre los conservadores (representantes de sectores agrarios, herede-ros del sistema colonial, en los que el clero fue el soporte princi-pal) y los liberales (que planteaban la introducción de la economía de mercado a la agricultura y la creación de un Estado fuerte que impulsara el desarrollo económico). Estas mismas rivali-dades llevaron a la Federación de Estados Centroamericanos a una cruenta guerra civil y a la división en cinco países hacia 1838. Con Guatemala, México tuvo diferendos por el territorio

ARTÍCULOS

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del Soconusco hasta 1841, cuando se incorporó de manera de-finitiva como parte del estado de Chiapas. No obstante, hasta 1882 se establecieron los límites entre ambos países. Con Gran Bretaña también se definieron las fronteras de lo que hoy es Belice, lo que provocó el resentimiento hacia México de los gru-pos que ostentaron el poder en ese vecino país durante más de cien años.

A inicios del siglo xx la caída del régimen oligárquico de Porfirio Díaz marcó una gran distancia entre México y el istmo. Las elites de los países centroamericanos trataron de evitar el “contagio revolucionario”. Sólo hasta la llegada de un gobierno progresista en Guatemala, en 1944, se reactivaron las relacio-nes, pero este gobierno únicamente duró 10 años, pues en 1954 fue derrocado por un golpe de Estado. Los militares que toma-ron el control del Estado se declararon a sí mismos enemigos de México. Incluso en enero de 1959 estuvo a punto de estallar un conflicto armado y se rompieron las relaciones diplomáticas con Guatemala por espacio de ocho meses.1 Con el resto de los países centroamericanos las relaciones funcionaron de manera similar: cuando gobernaban civiles había un acercamiento con México y cuando estaban en el poder militares y caudillos, las relaciones se tensaban.

Sin embargo, en la diplomacia entre México y Centroamé-rica ni la democracia ni la paz fueron conceptos importantes para las fuerzas políticas. En México, derivado de la Revolución de 1910, se consolidó un régimen de gobierno civil unipartidis-ta; sólo en Costa Rica logró construirse un gobierno democráti-co, después de la llamada “Revolución de 1948”. En el resto de los países, pequeñas elites —principalmente intelectuales—,

1 Adolfo Aguilar Zinser, “México y la crisis guatemalteca”, en Olga Pellicer y Richard Fagen (eds.), Centroamérica. Futuro y opciones, México, Fondo de Cultu-ra Económica (fce), 1983, pp. 145-146.



comprometidas o influidas por partidos políticos o agrupaciones internacionales como la Internacional Socialista o la Interna-cional Demócrata Cristiana, hicieron suyo el discurso de la democracia liberal, que no tuvo eco ni en las oligarquías y sus representaciones políticas, ni en los sectores dominantes de las fuerzas armadas. Poco a poco se gestaron las condiciones para que estallara la gran crisis de Centroamérica de finales de los años setenta.

Influidos por las ideologías prevalecientes durante la Guerra Fría, aparecieron sectores que plantearon la lucha armada para derrocar a las elites oligárquico-militares, tanto en Centroamérica como en México. En México, esos movimien-tos no lograron crecer ni influir en la población, pero en Cen-troamérica, por las condiciones políticas (gobiernos militares altamente represivos) y sociales, ganaron influencia e incluso lograron captar un gran respaldo internacional. Las guerras civiles estallaron en Centroamérica cuando los movimientos in-surgentes se vincularon con las organizaciones sindicales, cam-pesinas, estudiantiles y, en general, populares, al dar el salto de reivindicaciones corporativas a planteamientos políticos en un contexto de polarización extrema.2

El estallido de la crisis centroamericana

Al estallar las guerras civiles hacia 1977, primero en Nicara-gua, los contendientes desplegaron estrategias militares de guerra total. Las oligarquías y los ejércitos intentaban impedir que triunfaran los movimientos revolucionarios. Los grupos ar-

2 Daniel Camacho y Rafael Menjívar (coords.), Movimientos populares en Cen-troamérica, San José, Editorial Universitaria Centroamericana (educa), 1985.



mados de izquierda también desplegaron novedosas estrategias de guerra revolucionaria para derrocar al Estado oligárqui- co-militar y construir nuevos Estados. Tanto las fuerzas arma-das y las oligarquías como los movimientos armados de izquierda buscaron rápidamente crear una red externa de alianzas, lo que las involucró en la dinámica de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, las superpotencias (Estados Unidos y la Unión Sovié-tica) buscaron influir en la región, bajo la premisa de que si los movimientos revolucionarios tenían éxito, se perjudicaba la hegemonía de Estados Unidos y se beneficiaba a la Unión Soviética. La región entró al conflicto geopolítico y en las elites de ambas superpotencias el concepto suma cero determinó su po-lítica hacia la zona.

En Nicaragua triunfó el movimiento armado revoluciona-rio en julio de 1979, encabezado por el Frente Sandinista de Li-beración Nacional (fsln). En El Salvador, el gobierno y las fuer-zas armadas, apoyadas por Estados Unidos, pudieron evitar el triunfo de la izquierda, pero no lograron derrotar militarmente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) tras 12 años de guerra civil (1980-1992), por lo que se impulsó una negociación política —más por presión externa que por propio convencimiento—, basada en un sui generis esquema de “equilibrio”.3 En Guatemala, por otro lado, las fuerzas armadas no lograron derrotar a la insurgencia, organizada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng),4 ni ésta pudo crecer en capacidad militar o influencia política, como el fmln en El Salvador. Sin embargo, aunque tardío en relación con los procesos de pacificación en Nicaragua y El Salvador, el proce-

3 El fmln de El Salvador es una coalición de cinco grupos armados guerrille-ros que se fusionaron en 1980. Se logró firmar la paz en México en enero de 1992. Posterior al proceso de paz, se transformó en partido político.

4 La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng) integró a cuatro grupos guerrilleros en 1982.



so de paz guatemalteco se logró consolidar a fines de 1996. El eje de estos procesos de paz fue la desmovilización de los grupos guerrilleros y su inserción a la vida política legal.5 El proceso de paz de Guatemala incluyó también importantes reformas relativas a buscar soluciones a la cuestión indígena. Los tradi-cionales grupos gobernantes centroamericanos por fin cedieron ante la demanda de abrir los espacios de participación política de los sectores emergentes, ya fueran grupos que propugnaban la democracia liberal o esquemas de tendencia a la izquierda.

En la crisis centroamericana los actores externos fueron decisivos. Estados Unidos diseñó su política hacia el istmo con discursos y estrategias que buscaban objetivos acordes con la reestructuración de su esquema de confrontación con la Unión Soviética: democratizar la región y contener, neutralizar y, de ser posible, eliminar todas aquellas fuerzas políticas que tuvie-ran discurso o práctica revolucionaria. En los años ochenta, la democracia estuvo subordinada a la contención del comunis-mo.6 Este modelo de contrainsurgencia que articuló militari-zación con democratización (o sea, legitimar la contención del comunismo) se llamó doble vía.7 El conjunto de la estrategia de Estados Unidos fue denominada “guerra de baja inten-sidad”,8 debido a que se logró evitar el uso de fuerzas militares propias para lograr contener el avance comunista. Por su parte,

5 En Guatemala se firmó la paz el 29 de diciembre de 1996.6 William M. LeoGrande, Our Own Backyard. The United States in Central

America, 1977-1992, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998.7 Lilia Bermúdez, Guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica,

México, Siglo XXI, 1987.8 El concepto estratégico de guerra o conflicto de baja intensidad se generalizó

a mediados de los años ochenta en la literatura de Estados Unidos. La redefi-nición conceptual buscó que no se repitieran los “errores” de Estados Unidos cometidos en la Guerra de Viet Nam y se aplicó tanto para derrocar gobiernos considerados enemigos, como el de Nicaragua (Rollback o Doctrina Reagan), como para reforzar y legitimar gobiernos aliados que emprendían guerras de con-trainsurgencia contra guerrillas comunistas, como en El Salvador y Guatemala.



la Unión Soviética respaldó política y militarmente al gobierno revolucionario de Nicaragua, y la democracia en este país se entendió con base en otras coordenadas: la democracia social. La Unión Soviética se proyectó en la región fundamentalmente mediante el gobierno de Cuba.

También durante los ochenta, las oligarquías conserva-doras de Guatemala y El Salvador aceptaron las presiones de abrir los sistemas políticos a fuerzas moderadas para permitir el juego político y la competencia. El esquema se basó en que las opciones políticas de centro, principalmente la democra-cia cristiana, pudieran crecer y convertirse en la alternativa a un Estado oligárquico-militar que necesitaba legitimidad política para poder emprender las guerras de contrainsurgen-cia. Este modelo de apertura gradual se implementó con gran éxito en Guatemala y El Salvador. Honduras, aunque no vivió una guerra civil, también fue fuertemente influida por la ola democratizadora, por su ubicación geopolítica clave, con fron-teras terrestres con los tres países en conflicto. Estados Unidos requería a Honduras tanto para respaldar a los grupos que se encargarían de la desestabilización del gobierno sandinista de Nicaragua, llamados “contras”, como para evitar que el fmln se consolidara militar y políticamente en El Salvador.

En forma paradójica, la guerra arrinconó a los ejércitos porque no podían emprender dos misiones al mismo tiempo: dirigir la política del Estado y hacer la guerra. Las fuerzas armadas tuvieron que cambiar radicalmente de misión para no desaparecer ante el avance de las insurgencias de izquierda y emprendieron durante la guerra su proceso de profesiona-lización. Necesitaban que una elite política nueva, antes re-primida y excluida, se ocupara de reconstruir al Estado para que el aparato militar centrara su esfuerzo en la contención de las guerrillas. Se dio la necesidad de que las fuerzas políticas moderadas, democráticas y liberales iniciaran la construcción



de instituciones que buscaran alcanzar el liderazgo de la po-blación en un contexto de gran polarización y que aislaran a las fuerzas de izquierda. Este esquema de contrainsurgencia con democracia prevaleció en El Salvador y Guatemala durante la década de los ochenta.

Las organizaciones revolucionarias comenzaron a conside-rar la democracia electoral “occidental” como “medio” e “instru-mento” viable. Dada la presión del exterior, el fsln de Nicara-gua accedió, en 1984, a llevar a cabo elecciones y las fuerzas de oposición consideradas “somocistas” se abstuvieron de partici-par, por lo que se dio un extraño proceso electoral para “demos-trar” la democracia formal en un proceso revolucionario donde lo fundamental sostenía la consolidación de la democracia so-cial (modelo similar al cubano).

El fmln salvadoreño confió en su estrategia militar, que por lo demás mantenía a sus fuerzas en un proceso de resis-tencia y crecimiento lento, y despreció los procesos electorales que se vivieron en la parte “oligárquica” de El Salvador entre 1984 y 1989. Comenzaron los esfuerzos por sustituir el viejo esquema de dominación por un sistema político democrático, en un inicio excluyente. La apertura inició en 1982, impulsa-da decisivamente por Estados Unidos y el Partido Demócrata Cristiano (pdc). Este proceso de elecciones con contrainsurgen-cia se convirtió en una necesidad para Estados Unidos, pues la ayuda militar a El Salvador podría bloquearse en el Congreso por el hecho de que sólo se podía apoyar a un gobierno de-mocrático en el que se respetaran los derechos humanos. Por ello, la democracia fue un medio de la contrainsurgencia para demostrar que se respaldaba a un gobierno legítimo.9 Desde

9 El concepto democracia de demostración es desarrollado en Edward Herman y Frank Brodhead, Demonstration Elections. U. S. Staged Elections in the Domi-nican Republic, Vietnam and El Salvador, Boston, South End Press, 1984.



1980, el fmln logró establecer una alianza con grupos demo-cráticos y liberales socialdemócratas y socialcristianos denomi-nada Frente Democrático Revolucionario (fdr), que se encargó de las “relaciones exteriores” de los grupos revolucionarios. En 1980, el gobierno mexicano otorgó a esta agrupación el recono-cimiento diplomático como “fuerza política representativa”, lo que se verá más adelante.

En el caso de México, si bien el discurso a favor de la de-mocracia estuvo presente durante la época de estabilidad de su sistema político, y éste fue importante en su diplomacia, en realidad México comenzó a ser activo en América Central por motivos de seguridad nacional. La crisis de Guatemala llegaba hasta la frontera mexicana mediante las campañas de contra-insurgencia que afectaban a gran cantidad de comunidades campesinas e indígenas, las cuales causaron una gran crisis humanitaria hacia 1980-1981. A su vez, las elites emergentes centroamericanas que se vinculaban a los movimientos arma-dos comenzaron a buscar respaldo internacional. Los miembros del fsln nicaragüense se vincularon con dirigentes políticos mexicanos en su esfuerzo por buscar el aislamiento diplomático del dictador Anastasio Somoza. México, junto con Costa Rica, rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua el 20 de mayo de 1979 y un mes más tarde el canciller mexicano se opuso rotun-damente a la creación de una “fuerza interamericana de paz” que pudiera intervenir en ese país.

Con esos dos acontecimientos diplomáticos comenzó una era de “contradicciones” en las acciones diplomáticas de México. El rompimiento de relaciones diplomáticas con un país signi-fica un acto de “intervención”, pues se favorece a una de las partes del conflicto (en este caso el fsln), lo que estaría en contraposición con la Doctrina Estrada; sin embargo, por otro lado, oponerse a la participación de una fuerza militar de inter-vención se justifica invocando los principios de la política exte-



rior de México, en consonancia con la Doctrina Carranza. Así, comenzó una presencia diplomática mexicana cuyas acciones y discurso oscilaron entre el “realismo” y la seguridad nacional, con la filosofía de la no intervención y la defensa de la sobera-nía de los pueblos.

De esta manera, los países de América Central se vol-vieron sujetos de la geopolítica global que emprendían las superpotencias y Europa. En el caso de los países latinoame-ricanos, Cuba y México fueron los primeros en desplegar sus diplomacias y capacidades nacionales; México, básicamente por medio de su diplomacia, y Cuba, respaldando logística y políticamente a los gobiernos (Nicaragua) y grupos armados de izquierda (El Salvador y Guatemala). Con el tiempo, de manera paulatina los países latinoamericanos se sumarían a la búsqueda de una solución negociada de la crisis centro-americana, casi en el orden en que se ubican geográficamente respecto al istmo: primero Panamá, Venezuela y Colombia (mediante el Grupo de Contadora, desde enero de 1983), y posteriormente Perú, Argentina, Uruguay y Brasil. De mane-ra inédita en la diplomacia del hemisferio, la oposición a la política de Estados Unidos fue notable. Los gobiernos latinoa-mericanos se sumaron a la causa casi de manera automática, a medida que transitaban de gobiernos militares a civiles, por medio de procesos electorales. Disentir de la política de Estados Unidos hacia el istmo era casi una condición de las nacientes democracias de América del Sur. Esto se instituyó a partir de la constitución del Grupo de Contadora en enero de 1983, integrado por México, Venezuela, Colombia y Pana-má, que se ampliaría al Grupo de Apoyo de Contadora (al que se sumaron Brasil, Argentina, Perú y Uruguay), que a su vez evolucionó al Grupo de Río. Finalmente, lo que se buscaba con estos esfuerzos de paz era que en Centroamérica no se forta-lecieran las opciones militares ni las revolucionarias ni las



contrarrevolucionarias, mediante la promoción de las fuerzas democráticas que se encontraban arrinconadas entre los ex-tremos.10

Contadora fue el primer intento que involucró decidi-damente los conceptos de paz y democracia. En las distintas acciones diplomáticas entre 1983 y 1986, logró tres compro-misos de forma simétrica: impulsar la primera propuesta de paz, la democracia y la desmilitarización, además de afirmar que las fuerzas militares de la región se desligaran de sus respectivos apoyos externos. En síntesis, se planteaba cam-biar radicalmente las bases de sustento político y militar del Estado en la región. Sin embargo, la oligarquía y las fuerzas armadas lo consideraron una injerencia externa, producto de proyectos geopolíticos de los países del Grupo. Así, Gua temala, El Salvador, Honduras y Costa Rica se alinearon a la diplo-macia de Estados Unidos y vieron con desconfianza el papel de México y Panamá, que otorgaban respaldo diplomático al gobierno de Nicaragua. Hoy se sabe que tampoco fue bien visto este esfuerzo por Cuba y la Unión Soviética, pues lo conside-raron un freno para que los acontecimientos se decidieran a favor de las opciones revolucionarias. Por esta razón, el último proyecto de Acta de Paz planteado por el Grupo de Contadora, a mediados de 1986, a los gobiernos de los cinco países no logró ser firmado. Triunfaron la geopolítica y el realismo sobre la diplomacia.11

10 Un detallado análisis de las elites democráticas centroamericanas puede consultarse en Alain Rouquié (coord.), Las fuerzas políticas en América Central, México, fce, 1991.

11 Esto es analizado en detalle en Ricardo Córdova Macías y Raúl Benítez Ma-naut (comps.), La paz en Centroamérica. Expediente de documentos fundamen-tales 1979-1989, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1989.



El Salvador en el radar mexicano

Cuando triunfó la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 una vieja idea geopolítica se asimiló como una verdad tanto entre las oligarquías y los militares de América Latina como en el gobierno de Estados Unidos, el cubano y, no podía ser de otra manera, México: la teoría del dominó. Se pensaba que se desen-cadenaría la caída de las dictaduras en el istmo centroame-ricano por el empuje de la combinación de los movimientos populares sumado a la presencia de grupos revolucionarios con gran capacidad militar. Rápidamente, en Estados Unidos se recompuso la estrategia hacia el istmo. En un primer momen-to, durante el gobierno de James Carter (1977-1981), se aisló a Anastasio Somoza y, según sus pensadores geopolíticos, ello contribuyó a su caída. Carter culminó su gobierno en enero de 1981 y subió al poder Ronald Reagan, quien restauró una enérgica diplomacia de contención del comunismo en el mundo. Cuba, por el contrario, siguiendo también la lógica de la caída de las fichas del juego de dominó, sentía la obligación de ayu-dar a cambiar el mapa a su favor y comenzó la ayuda al gobierno nicaragüense, pero también a los movimientos armados de El Salvador y Guatemala.

México, sellando su viraje diplomático iniciado en mayo de 1979, pasó de la indiferencia a la acción, y haciendo un para-lelo de su historia con la de Centroamérica, determinó que era impo sible parar el ascenso de los movimientos populares y re-volucionarios (como había sucedido en México entre 1910 y 1920), con lo cual comenzó a otorgarles respaldo diplomático y hasta político y económico a dichos movimientos. El presidente José López Portillo abría un capítulo de activismo diplomático que sellaría los tres últimos años de su gobierno (1979-1982). Des-pués de Nicaragua seguía El Salvador, entre otras razones por la fuerza acumulada por las guerrillas y el movimiento popular



en el segundo semestre de 1979. Para México era vital que la “solidaridad revolucionaria” no se replicara entre los grupos de izquierda mexicana, pues el país estaba saliendo también de una pequeña “guerra de contrainsurgencia”, con grupos arma-dos que aparecieron desde el movimiento de protesta estudian-til de 1968. Aquí radicaba el ingrediente de seguridad nacional de su diplomacia. El componente filosófico se sostenía en evi-tar lo “directo” de la estrategia de Estados Unidos que, entre otras cosas, promovía un muy acelerado fortaleci miento de las fuerzas armadas de los países que ayudaban a parar el “virus” comunista, y que daba pie a una inédita carrera armamentista en el istmo.

En otras palabras, la estrategia mexicana se basaba en evitar los extremos: la militarización y la contrainsurgencia promovida por Estados Unidos, y la radicalidad de los grupos revolucionarios. Por ello, México se acercó a las elites mode-radas de la región; en El Salvador veía con simpatía al aliado no militar del proceso revolucionario: el fdr. Esta postura se replicaba en la diplomacia de Europa. Francia respaldó una iniciativa mexicana, a la que revitalizó por el carácter inédito de la acción. En voz del diplomático francés más involucrado en impulsar el diálogo en El Salvador, Alain Rouquié:

El gobierno francés, lejos de limitarse a lamentar esta situación que les hace el juego a las superpotencias y favorece el comunis-mo, interviene activamente y de manera inesperada. El 28 de agosto de 1981, Francia y México firman una declaración sobre el conflicto salvadoreño que reconoce que los frentes de oposición a la junta cívico-militar de San Salvador, apoyada por Estados Unidos, constituyen una “fuerza política representativa” con la cual conviene negociar una solución al conflicto. Esta declara-ción poco ortodoxa entre una potencia europea y un gran país de la región que ha hecho de la no injerencia un dogma causa sor-



presa por más de un motivo. Fruto de una iniciativa mexicana, esta resolución no convencional es testimonio de un acercamien-to inédito entre un México embriagado por su petróleo, ávido de responsabilidades internacionales, y la Francia posterior al “10 de Mayo” en busca de vías y medios para cambiar y moralizar la política internacional.12

Esta declaración lógicamente fue vista con gran indignación por el gobierno y los militares salvadoreños —quienes acusaron a México de “intervención” y, por ende, de traicionar sus propias doctrinas de política exterior—,13 y sorprendió tanto a Estados Unidos como al resto de los gobiernos centroamericanos.

Sin lugar a dudas el gobierno más preocupado fue el gua-temalteco, pues suponía que si México respaldaba la coalición fmln-fdr, casi por inercia podría simpatizar con las organiza-ciones revolucionarias de ese país. Al ubicarse en contra de la estrategia desplegada por Estados Unidos, que en agosto de 1981 ya se había comprometido a fondo con la transformación total de la fuerza armada de El Salvador para que tuviera la capacidad de enfrentar militarmente al fmln, el comunicado provocó una reacción diplomática de rechazo en toda la región. El ex presidente de Guatemala Carlos Arana Osorio declaró que México siempre había sido un país imperialista y que “no abandona la intención de invadir Guatemala”.14 El gobierno de Estados Unidos promovió, junto al venezolano, una postura de rechazo al comunicado franco-mexicano que firmaron nueve países, entre ellos siete gobiernos militares de América del Sur,

12 A. Rouquié, Guerras y paz en América Central, México, fce, 1992, pp. 269-270.13 “Discurso del presidente de la junta de gobierno de El Salvador, José Napo-

león Duarte, de rechazo al comunicado franco-mexicano, 29 de agosto de 1981”, en Estudios Centroamericanos (El Salvador), núm. 395, septiembre de 1981.

14 Prensa Libre (Guatemala), 4 de septiembre de 1981.



al que se sumaron los de Venezuela y Colombia. Esta postura se replicó los meses subsiguientes en la prensa de Honduras e incluso en la de Costa Rica. El clímax de esta diplomacia activa mexicana se dio el 15 de febrero de 1982. En un discurso en la Plaza de la Revolución de Managua, el presidente José López Portillo señaló que se debía proceder a firmar, entre Nicaragua y Estados Unidos, un pacto de no agresión en la zona; recalcó que el conflicto centroamericano debía separarse de la lucha Este-Oeste y advirtió a Estados Unidos sobre los peligros de una intervención directa. Respecto a El Salvador, propuso una solución negociada entre las partes y se opuso a que las eleccio-nes y la democracia se realizaran sin negociaciones.15

Uno de los resultados evidentes del comunicado del 28 de agosto de 1981 fue que la coalición fdr-fmln lograra tener voz en el escenario internacional. En México se abrieron oficinas de prensa y representación de las guerrillas y en el país se cons-truyó una base de respaldo y solidaridad en amplios sectores universitarios, sindicales y políticos, así como en los medios de comunicación. Esto se sumaba a las simpatías que en los prime-ros años tenía el proceso revolucionario nicaragüense entre los sectores progresistas mexicanos. Con lo anterior se replicaban fenómenos como el respaldo popular a la Revolución cubana en los años sesenta —que, según la tendencia política del gobierno mexicano, se ampliaba o reducía—; la reacción del gobierno del presidente Luis Echeverría frente al golpe de Estado en Chile en 1973, y la condena a la injerencia de Estados Unidos que ayudaba a impulsar golpes de Estado en el subcontinente.

Con la diplomacia hacia Centroamérica, se abría otro ca-pítulo de lo que se denominó “el empleo de la política exterior para satisfacer a la izquierda mexicana”, que en el seno del sis-tema político tenía cerrados los espacios de participación. Para

15 A. Rouquié, Guerras y paz..., p. 274.



septiembre de 1982, a fines del gobierno del presidente López Portillo, estalló una grave crisis económica que limitó el mar-gen de maniobra diplomático. Se inauguraba la llamada “crisis de la deuda externa” y se abría un periodo de gran recesión en la economía mexicana. En Centroamérica no se podía emplear el respaldo petrolero con la libertad que lo hizo López Portillo en Nicaragua y se debían abrir negociaciones con Estados Uni-dos. Por ello, el año de 1982 fue de transición en la diplomacia mexicana hacia el istmo: por un lado se habían abierto los ca-nales de comunicación con el gobierno sandinista y el fdr-fmln de El Salvador, pero por el otro el costo de esta disidencia con Estados Unidos fue elevado, sobre todo por la vulnerabilidad financiera de México.

El cambio de gobierno en México en diciembre de 1982 sirvió para ajustar la diplomacia subregional. En El Salva-dor la realidad política evolucionaba. El fmln se consolidaba militarmente, pero no podía avanzar ni tener presencia en la capital del país ni en las ciudades más importantes. El ejército comenzaba a recuperar posiciones, lo que era producto de la asistencia de Estados Unidos, y se perfilaba la construcción de un sistema político democrático restringido a la participación de las fuerzas de derecha y centro, como un requerimiento de Estados Unidos para seguir proporcionando ayuda militar a El Salvador, sin oposición del Congreso. El fmln, al no tomar el poder rápidamente —como sucedió en Nicaragua—, obligaba a los países que lo habían respaldado a moderar sus posicio-nes y a romper el aislamiento que se daba a su diplomacia por parte de Estados Unidos. El presidente Miguel de la Madrid, en condiciones mucho más difíciles por el estallido de la crisis económica mexicana —lo que restaba a México capacidad de maniobra—, buscó abrir opciones de concertación, para lo cual se acercó a los gobiernos de Venezuela, Colombia y Panamá, mismos que decidieron emprender el esfuerzo del diálogo entre



los gobiernos del istmo y fundar el Grupo de Contadora en ene-ro de 1983. Así, la diplomacia de México hacia El Salvador se ubicó en el ámbito regional.

Contadora trabajó durante tres años empeñándose en que los cinco países aceptaran firmar un acta de paz. De ésta hubo distintos borradores hasta que su última versión se presentó en junio de 1986. Los diferentes protagonistas de la diplomacia mexicana señalaron que no firmar el acta se debió a un proceso en el que los gobiernos aceptaban todo el contenido del texto y, al final de las jornadas, aparecían “fantasmas”, por los que a la mañana siguiente se revocaban los compromisos pactados el día anterior. Las objeciones provenían, “aparentemente”, de la presión que el gobierno de Estados Unidos ejercía sobre los de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, y también, en voz de muchos diplomáticos, por la “oposición silenciosa” del go-bierno cubano, que en ese momento ejercía gran influencia en el de Nicaragua.

Estados Unidos y Cuba eran los dos actores externos a la región con presencia militar. Estados Unidos tenía grupos de asesores militares en El Salvador, conduciendo la estrate-gia contra el fmln, y en Honduras, respaldando a los grupos contrarrevolucionarios de Nicaragua que tenían sus bases de operaciones en territorio hondureño. Cuba tenía un grupo militar que respaldaba al ejército de Nicaragua en su guerra para enfrentar a los grupos contrarrevolucionarios y, a decir de muchos estrategas, dicho grupo era el que realmente dirigía la estrategia militar, debido a la experiencia que había adquirido en el combate a grupos armados similares en Angola. El acta de paz incluía, como uno de los principales compromisos, la salida de la región de todos los asesores militares externos.16

16 Se puede consultar la versión final del acta en R. Córdova Macías y R. Bení-tez Manaut (comps.), op. cit., pp. 281-289.



Así, México regionalizó su política hacia El Salvador me-diante Contadora y la no firma del documento final en 1986 llevó a un repliegue de sus esfuerzos diplomáticos. ¿Fue un fra-caso esta gran empresa diplomática? La respuesta es negativa, debido a que sentó un precedente de una política alternativa a las fórmulas militaristas. Centroamérica buscó, aunque con resultado también negativo, un esfuerzo propio denominado Proceso de Esquipulas, mientras que los conflictos militares de-terminaron el rumbo de los acontecimientos hasta 1989-1990.17

Guerra y democracia en El Salvador

En El Salvador, en el primer quinquenio de los ochenta se ge-neralizaron los combates. Durante el segundo quinquenio los enfrentamientos militares alcanzaron su fase más destructiva y se desplegaron las estrategias de guerra de baja intensidad (en la nomenclatura de Estados Unidos, que sostenía decidi-damente la estrategia de contención del comunismo),18 por ello, tanto las fuerzas armadas como el fmln desecharon cualquier posibilidad de entendimiento político.

De manera previa a la mediación de la onu que inició en 1990, se trató de terminar la guerra, aunque sin éxito, en distintos momentos. Cuando por vez primera se presentó un proceso electoral aceptable en 1984, con la participación de las fuerzas políticas de centro-derecha encabezadas por el pdc y la Alianza Republicana Nacionalista (arena), el presidente

17 Gabriel Aguilera Peralta, Guatemala entre la paz posible o la paz deseable, Guatemala, ppd-Retos, 2005.

18 Cynthia Arnson, Crossroads. Congress, the Reagan Administration, and Central America, Nueva York, Pantheon Books, 1989; Anjali Sundaram y George Gelber (eds.), A Decade of War. El Salvador Confronts the Future, Nueva York, Monthly Review Press, 1991.



triunfante, José Napoleón Duarte, hizo un llamado al diálogo con el fmln, del cual se desprendieron dos reuniones sin re-percusiones positivas. En La Palma (15 de octubre de 1984) y Ayagualo (30 de noviembre de 1984), el presidente se reunió con mandos militares del fmln; sin embargo, el gobierno ofreció simplemente la inserción del fmln al proceso político electoral, sin discusión de otros aspectos sustantivos, mientras que el fmln hablaba de “compartir el poder”, planteamiento conside-rado descabellado por el gobierno y las fuerzas armadas. Esto impidió la evolución de la negociación, además de que las par-tes confiaban en sus estrategias militares más que en salidas políticas. Hasta 1987 se celebró una tercera ronda de diálogo en San Salvador, en la sede de la Nunciatura Apostólica, por el impulso abierto por los acuerdos de Esquipulas II, los días 4 y 5 de octubre de 1987.19

Entre 1984 y 1989, el gobierno salvadoreño trató de re-vestirse, con éxito, de legitimidad. La realización de procesos electorales se abrió paulatinamente a la mayoría de las fuerzas políticas, con excepción del fmln. Incluso el fdr, la coalición polí-tica de izquierda que en 1980 se alió con el fmln, en la elección presidencial de 1989 participó con una nueva coalición política, la Convergencia Democrática, y postuló a un importante líder histórico de la izquierda salvadoreña, el doctor Guillermo Ma-nuel Ungo. Poco a poco la democracia electoral se abrió espacios y se legitimó, a pesar de la generalización de los combates en parte importante del territorio.20

Alfredo Cristiani, candidato de arena, ganó la elección en marzo de 1989. En junio tomó posesión y envió un mensaje de

19 R. Córdova, “El proceso de diálogo-negociación y las perspectivas de paz”, en El Salvador: guerra, política y paz (1979-1988), San Salvador, cinas-cries, 1988.

20 Joseph Tulchin y Gary Bland (eds.), Is There a Transition to Democracy in El Salvador, Boulder, Lynne Reinner, 1992.



diálogo al fmln. Entre julio y septiembre de ese año se llevaron a cabo varias conversaciones entre el nuevo gobierno y la insur-gencia; no obstante, el gobierno planteó la entrega de las armas sin negociación, mientras que la represión contra importantes dirigentes del movimiento sindical se incrementó notablemen-te. El fmln sostuvo que para negociar en condiciones favora-bles, en las que se tuvieran en cuenta sus planteamientos, de-bía demostrar su fuerza militar, por lo que preparó la ocupación de la capital la noche del 11 de noviembre. Con su avance mili-tar, la guerrilla mostró una capacidad de fuego inaudita, lo que cambió la percepción sobre la manera de solucionar el conflicto. Estados Unidos aceptó que la solución militar no era viable y que se debería negociar. El jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, general Maxwell Thurman, responsable del U. S. Military Group de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, declaró que era “imposible derrotar a corto plazo al fmln”, con lo que dio a entender que la salida era la negocia-ción.21

Entre diciembre de 1989 y marzo de 1990 hubo una in-tensa actividad diplomática para buscar un mecanismo de mediación. Los presidentes de los países centroamericanos, reunidos en San Isidro Coronado, Costa Rica, el 12 de diciem-bre de 1989, fueron los primeros en plantear que la onu podría mediar.22 Por su parte, los países que habían participado en el Grupo de Contadora, en especial México y Venezuela, iniciaron sus propias gestiones, y Estados Unidos respaldó al gobierno de El Salvador para que se dirigiera a la onu.23 Por su lado, la

21 “U. S. General Says Salvador Cannot Defeat the Guerrillas”, The New York Times, 9 de febrero de 1990.

22 “Declaración de San Isidro Coronado, 12 de diciembre de 1989”, en Las Naciones Unidas y El Salvador 1990-1995, Nueva York, Naciones Unidas, 1995, pp. 105-107.

23 “Carta de fecha 29 de enero de 1990 dirigida al secretario general por el presidente de El Salvador, Sr. Alfredo Cristiani”, en ibid., pp. 110-112.



dirigencia del fmln también consideró viable la mediación del organismo internacional. El 4 de abril de 1990 se reunieron ofi-cialmente en Ginebra, por vez primera bajo la mediación de la onu, los representantes del gobierno con el fmln y así arrancó el proceso mediador.24 La importancia de esta reunión radica en que las transformaciones estructurales que planteó el fmln fueron reconocidas como temas de discusión y eso cambió por completo los contenidos de la negociación. Desde 1984 hasta 1989, el gobierno simplemente solicitaba al fmln la entrega de armas a cambio de amnistía y participación electoral, y a par-tir de abril de 1990, se reconoce la necesidad de efectuar una profunda reforma del Estado y discutir los problemas socioeco-nómicos del país.25

Según el Acuerdo de Ginebra, el proceso de paz debía te-ner cuatro objetivos: terminar el conflicto armado por la vía política, completar la democratización del país, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y reunificar a la so-ciedad salvadoreña.26 Un mes después, las partes definieron los contenidos completos en que debía basarse la negociación, al incluir una agenda completa que comprendía la discusión de la fuerza armada, los derechos humanos, el sistema judicial, el sistema electoral, la reforma constitucional y el problema eco-nómico social.27

En síntesis, cuatro son los elementos que hicieron posible el proceso de negociación de El Salvador: a) la percepción de

24 Véase R. Benítez Manaut, “La onu y el proceso de paz en El Salvador”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 34, primavera de 1992, pp. 35-52.

25 Fernando Harto de Vera, El Salvador 1979-1991: la larga marcha hacia la paz, San Salvador, Fundación Ungo (Documentos de trabajo. Serie Análisis de la Realidad Nacional, vol. 94, núm. 3), 1994.

26 “Acuerdo de Ginebra, 4 de abril de 1990”, en Las Naciones Unidas y El Sal-vador…, p. 122.

27 “Agenda general y calendario del proceso completo de negociación”, Caracas, 21 de mayo de 1990, en ibid., p. 123.



las fuerzas armadas de El Salvador y Estados Unidos sobre la capacidad militar del fmln, por lo que la guerra se encontraba militarmente empatada y sin salida; b) la presión interna del conjunto de la sociedad civil; c) la presión internacional, debido a las consecuencias que se observaban en el entorno geopolítico inmediato y el fin de la Guerra Fría, y d) la necesidad de un mediador con poder y capacidad suficiente para sentar a las partes y ejercer una presión decisiva. La mediación interna estaba completamente agotada (el asesinato de los sacerdotes jesuitas por el ejército el 16 de noviembre de 1989 había cerra-do por completo la posibilidad de mediación de la Iglesia) y el gobierno y el fmln aceptaron y solicitaron la participación de la onu. En este sentido, el fin de la Guerra Fría benefició a El Salvador, debido a que las superpotencias aceptaron las nuevas condiciones.28

Entre el 4 de abril de 1990 y el 16 de enero de 1992 se efec-tuaron 22 rondas de negociaciones. De ellas, 12 fueron en Méxi-co, dos en Venezuela, cuatro en Costa Rica y el resto en las sedes de la onu en Ginebra y Nueva York. Un elemento importante es que en la negociación se involucró al conjunto de la elite política de El Salvador, debido a las reformas constitucionales que debían hacerse para cumplir los compromisos. En ese sentido destaca la reunión sobre reformas constitucionales ce-lebrada en México, en abril de 1991. El final de la negociación,

28 De manera informal las dos superpotencias habían acordado apoyar la mediación de la onu desde inicios de 1990, a través de la autorización para los esfuerzos de paz en el Consejo de Seguridad de la onu. El 1 de agosto de 1991, bastante avanzada la mediación, el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética emitieron un comunica-do conjunto en el que ratificaban la voluntad de negociación, que se interpretó como un respaldo al secretario general de la onu. Véase “Declaración conjunta de fecha 1 de agosto de 1991 sobre la cooperación entre los Estados Unidos de Amé-rica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Centroamérica”, en ibid., pp. 150-151.



que se llevó a cabo durante noviembre y diciembre de 1991, fue muy importante, pues en ese momento los intereses de la elite económica y política de El Salvador se pusieron en juego, debi-do a que se discutió el aspecto agrario y el tema de las fuerzas armadas.

El Acta de Paz firmada el 16 de enero de 1992 en Cha-pultepec29 incluyó la modalidad de reinserción del fmln a la vida política y la amnistía para sus integrantes; una profunda reforma de las fuerzas armadas, que abarcaba depuración; re-ducción de efectivos; reforma de la doctrina militar; superación de la impunidad; subordinación al poder civil; reforma del sis-tema de educación militar; desmilitarización de los cuerpos de seguridad pública, en la que destacaba la creación de la Policía Nacional Civil, y, en síntesis, una modificación radical de las re-laciones cívico-militares.30 Se incluyó también el tema socioeco-nómico, fundamentalmente la profundización de la reforma agraria, incorporando tierras para ex combatientes, reformas al sistema judicial y al sistema electoral.

Distintas han sido las interpretaciones del Acuerdo de Paz de 1992. Desde aquellas que señalan que es un contrato social fundacional,31 en el que las partes sacrifican sus ideologías originales para hacer posible la negociación, hasta las que sos-tienen que es una “transición negociada”32 o una “revolución

29 “Acuerdo de Paz, México, 16 de enero de 1992”, en ibid., pp. 205-243.30 Véanse los libros Doctrina militar y relaciones ejército-sociedad, San Salva-

dor, Fuerza Armada de El Salvador-onusal, 1994, y Relaciones cívico-militares en el nuevo marco internacional, San Salvador, Fuerza Armada de El Salvador-onusal, 1994.

31 Manuel Montobbio, La metamorfosis de Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador, Barcelona, icaria, 1999.

32 Richard Stahler-Sholk, “El Salvador’s Negotiated Transition: From Low-In-tensity Conflict Low-Intensity Democracy”, en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 36, núm. 4, invierno de 1994.



negociada”.33 En estas interpretaciones del proceso de paz se observan desde análisis optimistas que destacan la superación de las condiciones de los ochenta, el éxito en la implementación de los Acuerdos de Paz, la plena participación política del fmln y una reforma del Estado profunda que incluye la construcción de nuevas instituciones claves, como la Policía Nacional Civil (pnc),34 hasta la plena vigencia del derecho humanitario.35 Para la pro-pia onu, el hecho de terminar la misión onusal el 30 de abril de 1995 y transformarla en una Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (minusal), representó un gran éxito en el cumplimiento del mandato otorgado en 1992. La onu consideró exitosa la transición de una sociedad y un sistema político militarizado a uno “civilizado” y desmilitarizado, vía reformas políticas e institucionales, y señaló como pendientes los aspectos propios de desarrollo económico y social de un país con los niveles de atraso de El Salvador, para lo cual ya no creía necesaria una misión de paz; por ello, traspasó sus atribuciones al pnud.36 Uno de los elementos más exitosos de las profundas reformas institucionales fue la relativa a las estructuras mili-tares.37

33 Terry Lynn Karl, “El Salvador’s Negotiated Revolution”, en Foreign Affairs, vol. 71, núm. 2, primavera de 1992, y Jack Spence y George Vickers, A Negotiated Revolution? A Two Year Progress Report on the Salvadoran Peace Accords, Cam-bridge, Hemisphere Initiatives, 1994.

34 Gino Costa, “The U. N. and the Reform of the Police in El Salvador”, en International Peacekeeping, vol. 2, núm. 3, otoño de 1995. Costa fue uno de los funcionarios de onusal responsables de la creación de la Policía Nacional Civil.

35 Tathiana Flores Acuña, The United Nations Mission in El Salvador. A Hu-manitarian Law Perspective, La Haya, Kluwer Law International, 1995.

36 “Carta de fecha 6 de febrero de 1995 dirigida al presidente del Consejo de Seguridad por el secretario general, relativa a los arreglos para después de la disolución de la onusal”, en B. Boutros-Ghali, op. cit., pp. 636-637.

37 R. Córdova, El Salvador: reforma militar y relaciones cívico-militares, San Salvador, Fundación Ungo, 1999.



Las interpretaciones “pesimistas” hacen hincapié en el de-terioro de las condiciones de vida de la población, el aumento del desempleo y el hecho de que, con la implementación de las polí-ticas económicas neoliberales durante el periodo de gobierno de Alfredo Cristiani, las aspiraciones de mejorar el nivel de vida de la población —uno de los factores que motivó que los grupos se reunieran en el fmln para emprender la lucha armada— se desvanecieron. Por ello, los Acuerdos de Paz se ubicarían en una profunda reforma del Estado —en la que los cambios en las fuerzas armadas sin duda serían fundamentales—, sin dirigir las acciones a mejorar las condiciones de vida de la po-blación.

Distintas evaluaciones del proceso de paz tienen en cuenta estos resultados contradictorios, en general valoran como com-pleto el proceso de superación de la guerra y la militarización.38 En lo que respecta al cumplimiento del Acta de Paz, los princi-pales problemas se relacionan con el tema del reparto de tierras.

Por otro lado, a pesar de la creación de la pnc, debido al aumento del desempleo y subempleo, y también a causa de la desmovilización de los miembros del ejército y del fmln, lo que muchos consideran una consecuencia de las políticas neolibera-les, la delincuencia ha crecido a niveles nunca vistos. Las esta-dísticas registran una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo, con muertes superiores a las registradas en comba-

38 Véase William Stanley y David Holiday, “Under the Best Circumstances: onusal and Dilemmas of Verification and Institution Building in El Salvador”, documento presentado en el seminario “Peacemaking and Democratization in the Hemisphere Multilateral Approaches”, Miami, 11-13 de abril de 1996; Tom-mie Sue Montgomery, Revolution in El Salvador. From Civil Strife to Civil Peace, Boulder, Westview Press, 1995 (en especial el capítulo 8 y el epílogo); Carlos Vilas, “Un balance de la ejecución de los acuerdos de paz en El Salvador”, en Papers, núm. 49, 1996, y Jack Spence, David Dye, Mike Lanchin, Geoff Thale yG. Vickers, Chapultepec: Five Years Later. El Salvador’s Political Reality and Un-certain Future, Cambridge, Hemisphere Initiatives, 1997.



tes durante la guerra. En los 12 años de guerra se estima que murieron 75 000 salvadoreños (6500 por año), mientras que en 1994 murieron 9135 personas por asalto en las calles; en 1995, 8485, y en 1996, 8047. En otras palabras, se salió de una guerra civil, pero se abrieron condiciones para una gran crisis social, en parte heredada por la intensidad de los combates y la recon-figuración social que se produjo durante la guerra.

Dos hechos demuestran este balance contradictorio del proceso de paz. Por un lado, las elecciones presidenciales de 1994 se llevaron a cabo bajo difíciles condiciones políticas y técni cas, y resultaron muy satisfactorias para los contendien-tes.39 La consolidación del proceso de transición a la democra-cia se confirmó con las elecciones municipales y para represen-tantes de la Asamblea, el 16 de marzo de 1997, en las que el fmln triunfó en lo que se considera el cargo político más impor-tante después del presidente: la alcaldía de San Salvador. El presidente Armando Calderón Sol y las fuerzas armadas reco-nocieron el triunfo político de la ex guerrilla muy rápidamente, cuando se tuvieron resultados definitivos. Tras esta elección, el fmln gobernaría a más del cincuenta por ciento de la población salvadoreña a nivel de gobiernos locales y municipales, e inclu-so tendría una posición decisiva en la Asamblea Legislativa. Estos fenómenos de pluralismo político se han ratificado con las elecciones presidenciales de 1999 (en las que arena volvió a ser el partido triunfante) y las municipales y de Asamblea Legislativa de marzo de 2000, en las que el fmln mejoró sus posiciones.40 Posteriormente, en las elecciones presidenciales

39 R. Córdova, El Salvador en transición: el proceso de paz, las elecciones gene-rales de 1994 y los retos de la gobernabilidad democrática, San Salvador, Funda-ción Ungo, San Salvador, julio de 1994.

40 La Asamblea Legislativa ha tenido una importante revaloración de su imagen ante la población y eso ha sido uno de los componentes esenciales del proceso de democratización. Véase José Miguel Cruz, La Asamblea Legislativa



de 2009, el triunfo del candidato del fmln, Mauricio Funes, confirmó que la democracia establecida en los acuerdos de 1992 respondió a los fines que se proponían.

Por último, la búsqueda de resolución de las causas es-tructurales debe incluir reformas a las políticas económicas y transformar la cultura política como apoyo del proceso de de-mocratización,41 a fin de superar los problemas causados por la guerra y ahora potenciados por las políticas neoliberales.42

Reflexión final

En los anales de la onu se considera la misión de paz de El Sal-vador una de las más exitosas de todas en las que ha participa-do la organización internacional: “Como resultado de uno de los esfuerzos de más amplio alcance que las Naciones Unidas hayan emprendido jamás, en 1995 se podía afirmar con confianza que El Salvador era una nación transformada. [...] Las Naciones Unidas desempeñaron una función catalítica en esa metamorfosis”.43

¿Cuál fue la contribución de México al proceso de paz de El Salvador? En un momento de gran polarización, incluso de la diplomacia (1980-1981), México abrió el surco para el reconocimiento como actores a los grupos emergentes que ha-bían estado sistemáticamente excluidos de la vida política sal-vadoreña. El comunicado franco-mexicano es expresión de esta

en la perspectiva de la opinión ciudadana (1997-1999), San Salvador, Fundación Ungo-uca-Fundación Ebert, 1999.

41 Mitchell Seligson y R. Córdova, El Salvador: de la guerra a la paz. Una cul-tura política en transición, San Salvador, idela-Fundación Ungo-Universidad de Pittsburg, 1995.

42 Véase James Boyce (ed.), Economic Policy for Building Peace. The Lessons of El Salvador, Boulder, Lynne Rienner, 1996.

43 B. Boutros-Ghali, “Sinopsis”, en Las Naciones Unidas y El Salvador…, p. 3.



audacia diplomática. Más adelante, en otras circunstancias, el Grupo de Contadora se opuso a la diplomacia realista de las superpotencias en la fase final de la Guerra Fría.

A México (así como a Europa y a los países latinoameri-canos integrantes del Grupo de Río) se le cerraron los espacios entre 1986 y 1989, años en los que se produjeron los más cruen-tos combates en los conflictos y guerras civiles de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Sin embargo, a la par de la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, se abrieron súbitamente las oportunidades, ingresó la onu como actor decisivo y México se “subió al carro de la paz” como el país huésped de 12 de las 22 reuniones preparatorias del proceso de paz. Las dos reunio-nes más importantes, la de discusión de reformas constitucio-nales y la firma del Acta de Paz, se celebraron en México. El país se ganó el reconocimiento de la onu, del gobierno salvado-reño y de la insurgencia; por ello, la paz se firmó en el Castillo de Chapultepec, en enero de 1992. Otro elemento decisivo para analizar la experiencia diplomática es que México participó con contingentes policiacos en la misión onusal. Esta experiencia no se volvió a repetir como modalidad en la política exterior de México.

Después de la experiencia salvadoreña, México respal-dó el proceso de paz de Guatemala, cuya Acta de Paz se firmó en diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de ese país; sin embargo, por circunstancias derivadas de la política interna de México, el país poco a poco se fue replegando de la región centroamericana. Sin embargo, quedó marcado o tatuado en la historia de la diplomacia mexicana este acervo de experiencias de apoyo al proceso de paz salvadoreño.


39La Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador

La Declaración Franco-Mexicanasobre El Salvador

Ana Covarrubias*

El 28 de agosto de 1981 los gobiernos de México y Francia emitieron un comunicado en el que reconocían “que la alian-za del ‘Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional’ y del ‘Frente Democrático Revolucionario’ constituye una fuerza política representativa dispuesta a asumir las obligaciones y ejercer los derechos que de ella se derivan”.1 Mucho se discutió entonces sobre las razones y el significado de la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador: ¿se trató de una iniciativa que se alejaba de la “diplomacia tradicional” de México?, ¿contra-vino el principio de no intervención?, ¿tuvo los resultados que se proponía?

En este ensayo se reflexiona sobre la Declaración Franco-Mexicana en términos de la política exterior de México. La De-claración, sin embargo, no puede analizarse aisladamente, sino como parte de una política exterior hacia Centroamérica que

* Agradezco el valioso apoyo de Mónica Toussaint para la elaboración de este trabajo.

1 “Texto de la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador (28 de agosto de 1981)”, en Raúl Benítez Manaut y Ricardo Córdova Macías (comps.), México en Centroamérica. Expediente de documentos fundamentales (1979-1986), Méxi-co, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, p. 46.

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se ha calificado como “activa”.2 Destaca, en este sentido, que México reconociera al Frente Sandinista de Liberación Nacional como oposición y gobierno, lo que por razones de espacio no se puede tratar aquí. Baste decir que la política de México ha-cia El Salvador se dio en un marco más general. Como arguye Carlos Rico, al contrario de lo que había sucedido con la Revo-lución cubana, el gobierno mexicano adoptó una posición políti-ca e ideológica de respaldo a los movimientos de cambio social y político en Centroamérica a finales de los setenta y durante los ochenta.3

La situación en El Salvador y la DeclaraciónFranco-Mexicana

Hacia 1979, la situación en El Salvador se caracterizaba por la polarización política resultado del fracaso del intento de re-forma agraria y del fraude electoral de 1977 que llevó a Carlos Humberto Romero al poder.4 En septiembre de 1979 hubo un golpe de Estado en contra de Romero que, según Rafael Men-

2 Es difícil definir qué significa tener una política exterior “activa”: ¿cómo se mide?, ¿activa con referencia a qué? En este ensayo se entenderá por política exterior activa una que toma la iniciativa y que respalda sus posiciones material, política y diplomáticamente.

3 Carlos Rico, Hacia la globalización, México, El Colegio de México (Blanca Torres, coord., México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores, t. VIII), 2010, pp. 90-97. Para la política de México hacia Centroamérica, véase Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Centroamérica, Méxi-co, Acervo Histórico Diplomático-Secretaría de Relaciones Exteriores (Mercedes de Vega, coord. gral., Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, vol. 2), 2011.

4 M. Toussaint, “Armas, bombas, guerrilla y diplomacia: memorias de un diplo-mático mexicano en El Salvador 1980-1981”, en The Latin Americanist, vol. 55, núm. 1, marzo de 2011, p. 34.



jívar, fue el más anunciado de la historia salvadoreña y el que mostró las mejores intenciones y reunió a personalidades y sec-tores con vocación de cambio; en consecuencia, se instauró una junta cívico-militar con algunos representantes de organizacio-nes reformistas que no tuvieron éxito en estabilizar la situa-ción, pues la movilización popular y la represión del régimen y los grupos paramilitares de derecha imposibilitaron cualquier cambio significativo.5 En marzo de 1980 el Partido Demócrata Cristiano se integró a la Junta de Gobierno; el principal obje-tivo de este nuevo gobierno fue contrarrestar el respaldo de la población a las organizaciones político-militares.6 Por su parte, el movimiento revolucionario inició un proceso de unificación que culminó con la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln), mientras que los frentes popula-res se aliaron con los partidos de izquierda y fundaron el Fren-te Democrático Revolucionario (fdr).7

Al contrario de lo que sucedió con el gobierno de Anas-tasio Somoza, el gobierno mexicano no rompió relaciones con el salvadoreño, pero en 1980 retiró a su embajador y Gustavo Iruegas fue enviado como encargado de negocios ad interim. Al parecer, el asesinato del periodista mexicano Ignacio Rodríguez Terrazas en San Salvador, en agosto de 1980, fue lo que llevó al gobierno mexicano a retirar a su embajador. Después del

5 Rafael Menjívar Ochoa, Tiempos de locura. El Salvador 1979-1981, San Sal-vador, Flacso, 2006, p. 73. Según el autor, las reacciones al golpe y la Junta Revo-lucionaria de Gobierno fueron diversas: algunos creían importante que la Junta sobreviviera y se convirtiera en instrumento de cambios institucionales y polí-ticos; para otros, había que fomentar la polarización y el fracaso del nuevo gobierno, y unos más se retiraron o huyeron del país (p. 80). Véase también M. Toussaint, op. cit., pp. 34-35.

6 M. Toussaint, op. cit., pp. 34-35. Para una descripción de las distintas agru-paciones de oposición véase R. Menjívar Ochoa, op. cit. Desde finales de 1980 José Napoleón Duarte presidió la Junta Revolucionaria de Gobierno.

7 M. Toussaint, op. cit., p. 35.



asesinato, el gobierno salvadoreño no pudo dar una respuesta única, por lo que México retiró a su embajador a manera de protesta.8 En la versión de Menjívar, el gobierno salvadoreño negó en un principio toda responsabilidad del asesinato para después argüir que el periodista estaba en una zona de conflic-to y no podía culparse a los cuerpos de seguridad.9 Según Ma-nuel Chavarría, en México había cierta confusión por el hecho de que no se rompieran relaciones con el gobierno salvadoreño no sólo por el asesinato del periodista, sino por el récord de violaciones a los derechos humanos por parte de ese gobierno. Cuestionado al respecto, el canciller mexicano Jorge Castañeda se limitó a decir que “se rompen relaciones cuando conviene que se rompan”.10 Chavarría sostiene que fue quizá la posición del gobierno estadunidense lo que explica por qué se habían roto relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza y no con el de El Salvador: en el primer caso, la política de Estados Unidos hacia Centroamérica era débil, mientras que en el segundo, la Junta contaba con todo el apoyo de ese país. Castañeda mencio-na también, de manera interesante, que la situación cambiaría de modo significativo si los grupos opositores pudieran actuar como gobierno en el exilio o controlaran alguna parte del terri-torio salvadoreño. Esta declaración quizá reflejaba ya cierto criterio por parte de las autoridades mexicanas, lo que queda-

8 Hubo tres respuestas por parte del gobierno salvadoreño: una de José Na-poleón Duarte como miembro de la Junta Demócrata Cristiana gobernante, otra de la Cancillería salvadoreña y una más del Ministerio de Defensa. Según Manuel Chavarría, esto no satisfizo al gobierno mexicano, por lo que no tuvo más alternativa que retirar al embajador como protesta. Manuel A. Chavarría K., “Las relaciones entre El Salvador y México”, en Mario Ojeda (comp.), Las relaciones de México con los países de América Central, México, El Colegio de México, 1985, p. 91.

9 R. Menjívar Ochoa, op. cit., p. 189.10 M. A. Chavarría, op. cit., pp. 92-93.



ría más claro en acciones posteriores: la Declaración Franco-Mexicana.11

El año de 1980 fue de gran violencia e inestabilidad en El Salvador: el 22 de enero hubo una manifestación masiva de fuerzas opositoras; en marzo, monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado; en abril, surge el Frente Democrá-tico Revolucionario (fdr); en agosto, fracasa la huelga general convocada por la insurgencia; en noviembre, los dirigentes del fdr fueron asesinados, y en diciembre, cuatro religiosas esta-dunidenses fueron también asesinadas. Finalmente, en enero de 1981 se inicia la “ofensiva final” por parte del fmln, la cual fra casa.12 Así pues, en 1981 era claro que había una guerra ci-vil en El Salvador y no era fácil determinar qué contendiente tenía la capacidad de ganarla. La Resistencia Nacional (rn), el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp) y el Partido Comunis-ta (pcs) expresaron la necesidad de establecer contacto con los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para negociar un acuerdo político y un acuerdo de paz.13 Con estos antecedentes se dio la Declaración Franco-Mexicana.

¿Cuál fue el origen de la Declaración Franco-Mexicana? Manuel Chavarría cita dos interpretaciones que se dieron en su momento: la primera, atribuida al presidente José López Portillo, señalaba que la iniciativa había sido mexicana y que

11 Ibid., p. 93.12 Ibid., p. 95. La ofensiva final por parte de la guerrilla pretendía derrocar al

gobierno y tomar el poder antes de que Ronald Reagan iniciara su periodo como presidente de Estados Unidos para presentarle así un fait accompli. La ofensiva fracasó y consumió mucha de la “energía social” que se había acumulado desde que se fundaron los grupos de masas vinculados a las organizaciones político-militares. Véase R. Menjívar Ochoa, op. cit., p. 3.

13 R. Menjívar, op. cit., p. 43. Según el autor, 1980 se considera el año en que inició la guerra civil en El Salvador, aunque el enfrentamiento militar no llegaría sino hasta la ofensiva final; sin embargo, “si se ve como un proceso, desde hacía años que la guerra estaba en marcha” (p. 160).



Francia la había suscrito; algunos medios europeos, por su par-te, afirmaron que se trataba de una iniciativa francesa surgida en el transcurso de una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Francia Claude Cheysson y el secretario de Re-laciones Exteriores de México Jorge Castañeda, a finales de julio de 1981. Según esta versión, Cheysson habría expuesto a Castañeda la volatilidad de la situación salvadoreña que podía “transformar a América Central en un polvorín similar al Me-dio Oriente y en un foco de enfrentamiento entre las dos gran-des potencias”. Cheysson habría añadido que la Declaración “sellaría la amistad y cooperación política entre ambos países” y confirmaría la posición tercermundista de Francia antes de la reunión del diálogo Norte-Sur que se realizaría en Cancún, en la que el presidente francés François Mitterrand podría apoyar al presidente López Portillo para que las potencias industria-lizadas aceptaran una negociación económica global.14 Según Menjívar, el plan para reconocer a la guerrilla como fuerza beli-gerante (sic) —que se daría en agosto de 1981— estaba en mar-cha desde hacía varios meses antes de la ofensiva final.15 Este autor y Óscar Martínez Peñate aseguran que la insurgencia salvadoreña contribuyó a la discusión de la Declaración; según Menjívar, las Fuerzas Populares de Liberación (fpl) tuvieron un papel decisivo en la concepción, negociación y emisión de la Declaración Franco-Mexicana;16 Martínez Peñate identifica a Guillermo Manuel Ungo y Héctor Oquelí Colindres, dirigentes del Movimiento Nacional Revolucionario (mnr), como los que

14 M. A. Chavarría, op. cit., pp. 98-99.15 R. Menjívar, op. cit., p. 202.16 Ibid., p. 46. Según el autor, los negociadores principales fueron Rafael

Menjívar Larín y otros políticos del fdr como Rubén Zamora y Héctor Dada Hirezi (p. 51).



hicieron las gestiones necesarias para que México y Francia formularan el comunicado conjunto.17

Documentos del archivo personal de Gustavo Iruegas su-gieren una versión distinta, aunque no necesariamente con-tradictoria a alguna de las ya expuestas.18 En febrero de 1981, Iruegas afirmaba que los revolucionarios veían a México como su aliado político más importante y que el gobierno mexicano difícilmente podía encontrar una “línea de conducta” hacia la guerra civil “mejor que la que ya ha adoptado”. En sus pala-bras:

México está llamado a protagonizar momentos difíciles en el desarrollo del proceso revolucionario. La revolución popular […] necesitará del solidario soporte de la nación y el estado mexi-canos en su proceso de legitimación internacional. Cuando el garrote imperialista pretenda privar al pueblo salvadoreño de determinar libremente su destino, México deberá hacer uso de la gran fuerza moral que tantos años de actuación internacional justa y valiente le han permitido acumular, para fustigar y ex-pulsar al intruso. Nada podría acercar más a nuestros pueblos que la solidaridad oportuna y consecuente. […] Por razones morales, por motivos de seguridad, por conveniencia económica, porque es necesario frenar al imperialismo y por el imperativo histórico que así lo exige, México debe alentar la existencia en

17 Óscar Martínez Peñate, “La diplomacia paralela en el conflicto armado sal-vadoreño”, ponencia presentada en el seminario internacional “Historia, sociedad y memoria: el conflicto armado en el 20 aniversario de los Acuerdos de Paz”, San Salvador, 16 de febrero de 2012.

18 Debe decirse que Iruegas tuvo una relación estrecha con los insurgentes salvadoreños y fue el enlace entre estos grupos y el gobierno mexicano. Según el testimonio de los comandantes guerrilleros Eduardo Sancho y Carlos Rico, Iruegas asesoró a la insurgencia en la formulación de su estrategia diplomática. Véase M. Á. Castillo, M. Toussaint y M. Vázquez, op. cit., pp. 149-150.



la región de gobiernos democráticos, de amplio respaldo popular, de carácter nacionalista y comprometidos en la búsqueda de la justicia social para sus propios pueblos.19

Iruegas asevera, lo que resulta interesante, que para tener ese papel no había necesidad de que la política exterior se alejara de sus principios rectores:

No tiene que ser intervencionista. Pero sí un celoso defensor de la no intervención; no necesita ser guerrerista. Mejor lo hará siendo un activo promotor de la solución pacífica de las contro-versias; no necesita ser hegemonista. Exigir incansablemente en el plano internacional el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación será suficiente; no requiere de grandes pode-res. Respetar y hacer respetar la igualdad jurídica de los Estados es un aporte importante; no deberá lanzarse a extrañas aven-turas. Basta exigir solidaria y consistentemente el imperio del derecho.20

En junio de 1981, Iruegas envió un informe al secretario Cas-tañeda en el que expresaba su convencimiento de que México tenía la responsabilidad histórica de dar a los revolucionarios “aquello que sus aliados ideológicos —prácticamente sus com-pañeros de armas— Cuba y Nicaragua no pueden: ungirlos de legitimidad”.21 La propuesta de Iruegas era:

19 Reunión del C. Secretario de Relaciones Exteriores con los doce jefes de las misiones diplomáticas de México en Centro América y el Caribe, Gustavo Irue-gas, Encargado de Negocios de México a. i. en El Salvador, México, D. F., 9 al 11 de febrero de 1981, en Archivo personal de Gustavo Iruegas (en adelante apgi), pp. 17-19.

20 Ibid., p. 20.21 Gustavo Iruegas a Jorge Castañeda, San Salvador, 10 de junio de 1981, en

apegi, p. 5, citado por M. Á. Castillo, M. Toussaint y M. Vázquez, op. cit., p. 150.



Lo que los tratadistas llaman reconocimiento de insurgencia. Una declaración formal de nuestro gobierno en el sentido de que la realidad nos impone de manera evidente y positiva la existen-cia en El Salvador de una entidad política y militar que ejerce una autoridad paralela a la del gobierno de facto al cual le disputa la representatividad, la legitimidad y el mando con notoria eficacia.22

Según Iruegas, el fmln y el fdr eran capaces de “asumir las responsabilidades internacionales que el derecho de gentes es-pera de ella; y, que sin implicar modificación alguna en las relaciones que los Estados mexicano y salvadoreño han venido desarrollando hasta la fecha, el gobierno de México encuentra en el fmln-fdr el carácter de un movimiento insurgente”.23

Iruegas no menciona si hubo negociación con o participa-ción de la insurgencia o cuándo se iniciaron pláticas con el go-bierno de Francia para redactar la Declaración; se limita a decir que cuando en México se pensaba en su propuesta, en Francia llegaba al poder François Mitterrand, lo que hace suponer que se combinaron varios elementos: Mitterrand era amigo del can-ciller Castañeda y la esposa del presidente francés trabajaba en iniciativas de solidaridad con la revolución salvadoreña, por lo que conocía la situación de El Salvador. Además, según Iruegas, Mitterrand expresó a Castañeda su deseo de manifestarse como un hombre de izquierda en América Latina. Así pues, Castañe-da planteó el asunto a López Portillo y comenzaron a pensar en qué medidas tomar. La situación en El Salvador era muy seria: entre enero y julio de 1981 habían sido asesinadas alrededor de diez mil personas y la represión continuaba; más de trescientos mil salvadoreños habían tenido que huir del país.24

22 Idem.23 Idem.24 Ibid., pp. 150-151.



De esta manera, al parecer por iniciativa original de Méxi-co, en agosto de 1981 este país y Francia presentaron un co-municado en la onu, elaborado en respuesta a la violación de los derechos humanos en El Salvador, en el cual reconocían al fmln-fdr como fuerzas representativas, lo que les daba legiti-midad para negociar con el gobierno. Los gobiernos de México y Francia manifestaron su preocupación por el sufrimiento del pueblo salvadoreño y por la situación en El Salvador, que era causa de inestabilidad y desafío a la paz en toda la región. Es decir, el conflicto se internacionalizaba.25 En consecuencia, los gobiernos de México y Francia:

Convencidos de que corresponde únicamente al pueblo de El Salvador la búsqueda de una solución justa y durable a la pro-funda crisis por la que atraviesa ese país, poniendo así fin al drama que vive la población salvadoreña.

Conscientes de su responsabilidad como miembros de la comunidad internacional e inspirándose en los principios y pro-pósitos de la Carta de las Naciones Unidas (onu).

Tomando en cuenta la extrema gravedad de la situación existente en El Salvador y la necesidad que tiene ese país de cambios fundamentales en los campos social, económico y políti-co, expresa luego.

Reconocen que la alianza del “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional” y del “Frente Democrático Revolu-cionario” constituye una fuerza política representativa dispuesta a asumir las obligaciones y ejercer los derechos que de ella se derivan.

En consecuencia, es legítimo que la alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis.

25 Ibid., p. 151.



Recuerda que corresponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de solución política global en el que será establecido un nuevo orden interno, serán reestructuradas las fuerzas armadas y serán creadas las condiciones necesarias para el respeto de la voluntad popular, expresada mediante elecciones auténticamen-te libres y otros mecanismos propios de un sistema democrático.

Hacen un llamado a la Comunidad Internacional para que, particularmente dentro del marco de las Naciones Unidas, se asegure la protección de la población civil, de acuerdo con las normas internacionales aplicables, y se facilite el acercamiento entre los representantes de las fuerzas políticas salvadoreñas en lucha, a fin de que se establezca la concordia en el país y se evite toda la injerencia en los asuntos internos de El Salvador.26

El Comunicado pretendía encontrar una salida intermedia entre la guerrilla y la junta militar salvadoreña, por lo que lla-maba a la comunidad internacional a propiciar la negociación entre las partes en conflicto para establecer la paz y evitar cualquier tipo de intervención externa en el marco de los princi-pios de libre autodeterminación de los pueblos y no interven-ción. Se trataba también de detener la solución militar promo-vida por el gobierno de Reagan.27

Las reacciones a la Declaración

La Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador provocó reacciones de varios países. El gobierno de El Salvador obvia-

26 “Texto de la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador (28 de agosto de 1981)”, en R. Benítez Manaut y R. Córdova Macías (comps.), op. cit., pp. 45-46.

27 M. Á. Castillo, M. Toussaint y M. Vázquez, op. cit., p. 152.



mente la rechazó. En un comunicado, José Napoléon Duarte presentó la posición salvadoreña:

Pueblo salvadoreño: este día las agencias extranjeras de noticias dieron a conocer un documento emitido en forma conjunta por las cancillerías de Francia y México, por medio del cual se refie-ren a la situación interna y a la alianza de grupos terroristas, y de sectores políticos minoritarios que operan en el país y que constituyen parte de la conspiración internacional contra nues-tra patria.

En referencia al conjunto de esa declaración deseo expresar lo siguiente: en nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador expreso un categórico rechazo a la Declaración conjunta franco-mexicana hecha pública este día, por considerar que tal declaración no significa sino una interferencia en los asuntos internos de nuestro país.

Ha quedado constancia en diferentes foros internacionales que la Junta Revolucionaria de Gobierno siempre ha estado abierta a la solución política, solución que implica el diálogo con todos los partidos que acepten las reglas del juego democrático, cualquiera que sea su ideología con la sola exclusión de aquellos grupos que pretenden arribar al poder por medio de la violencia y el terrorismo.

Este tipo de actitudes contribuyen a agudizar nuestro conflicto a través de aumentar sus niveles de intervención ex-tranjera.

Es preciso señalar que al alentar con consideraciones de esta naturaleza y apoyo de diverso tipo a grupos armados de terroristas, se crean serios y graves precedentes de carácter internacional que afectan seriamente la estabilidad y el proceso de democratización de Centro América, de América Latina y, en general, del resto de países. Además tal clase de acciones hace peligrar aún más la paz social tan necesaria en nuestra región.



Es precisamente dentro del marco de la Carta de las Na-ciones Unidas que encontramos el más categórico rechazo a la intervención en los asuntos internos de otros estados, al derecho de autodeterminación de los pueblos y a su calidad soberana.

En consecuencia, la Junta Revolucionaria de Gobierno pro-testa enérgicamente por tal comunicado puesto que no correspon-de a la República de Francia, a los Estados Unidos Mexicanos, ni a ningún otro país, señalar modelos de solución a los problemas internos de El Salvador, ni identificar internacionalmente a su antojo quiénes en este país tienen legitimidad y representación política.28

La Cancillería mexicana, sin embargo, afirmó que no había peligro de romper relaciones diplomáticas con El Salvador e indicó que la intención del gobierno mexicano era “hacer un lla-mado a la comunidad internacional y a las partes en conflicto para ‘terminar el sacrificio inútil de seres humanos en la na-ción centroamericana’”.29

El gobierno venezolano —demócrata-cristiano— reaccionó también de manera enérgica a la Declaración; junto con Co-lombia, lanzó una contraofensiva para conseguir apoyo para El Salvador. Así, se emitió la Declaración de Caracas en la que los gobiernos de Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Chi-le, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana acusaban a México y Francia de haber “decidido intervenir en los asuntos de El Salvador [mediante] declaraciones políticas encaminadas a favorecer a uno de los extremos subversivos que operan en dicho país en su lucha armada por la conquista

28 Gustavo Iruegas, encargado de negocios, al C. Secretario de Relaciones Ex-teriores, México, D. F., 4 de septiembre de 1981, en apgi, número 699, expediente 728.4-o/510, anexos.

29 M. Á. Castillo, M. Toussaint y M. Vázquez, op. cit., p. 155.



del gobierno”.30 El presidente venezolano calificó el comunica-do como algo “muy grave” y manifestó su respaldo al régimen salvadoreño de José Napoleón Duarte.31 Costa Rica, Ecuador, Perú y Brasil no se sumaron a la Declaración de Caracas: Costa Rica, posiblemente, porque no quería poner en riesgo el pe-tróleo que México le suministraba; el gobierno brasileño, por su parte, indicó que no coincidía con la Declaración Franco-Mexicana, y que se trataba de un precedente peligroso para el futuro del continente, pero que deseaba la participación de todas las fuerzas salvadoreñas para lograr el fin de la guerra civil.32 Nicaragua y Granada, al contrario, se adhirieron a la Declaración Franco-Mexicana mientras que Panamá expresó su respaldo a la misma.33

En Europa, Noruega, Suecia, Holanda, Irlanda y República Democrática Alemana decidieron adherirse a la Declaración Franco-Mexicana, mientras que Alemania Federal sólo expresó su apoyo. Gran Bretaña, Italia y España no se pronunciaron. La opinión pública y los partidos socialdemócratas reacciona-ron favorablemente y la Internacional Socialista y la Unión Interparlamentaria Mundial la aprobaron íntegramente.34

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración que rechazaba la posibilidad de una solución polí-tica al conflicto salvadoreño en el que participaran el fmln y el fdr, reiteraba su respaldo al proceso electoral promovido por la junta militar y aseguraba que los asesores estadunidenses en

30 Breny Cuenca, “Trayectoria de la política exterior de México hacia Cen-troamérica. Repercusiones de la Declaración franco-mexicana sobre El Salvador”, en Cuadernos de Política Exterior Mexicana, año 1, núm. 1, 1986, pp. 94-95.

31 M. Á. Castillo, M. Toussaint y M. Vázquez, op. cit., p. 153.32 Idem y B. Cuenca, op. cit., p. 95.33 B. Cuenca, op. cit., p. 95.34 Ibid., p. 93.



El Salvador permanecerían allí hasta que cesaran las “provoca-ciones foráneas”.35

El intervencionismo mexicano y las consecuenciasde la Declaración

¿Qué significó la Declaración Franco-Mexicana?, ¿qué nos dice de la política exterior de México? Lo primero que puede mencionarse es la voluntad de expresar abiertamente que la única salida al conflicto en El Salvador era política, idea que años más tarde lle-varía a la negociación y la firma de los acuerdos de paz. También era evidente el riesgo de la internacionalización del conflicto. Fue en estos términos en los que el presidente López Portillo justificó la Declaración en el Quinto Informe de Gobierno:

Hace unos días nos pronunciamos, junto con el Gobierno Fran-cés, sobre los riesgos que entraña la creciente internacionali-zación de la crisis en El Salvador, que amenaza la estabilidad y la paz de toda la región. Reiteramos que corresponde exclusiva-mente al pueblo salvadoreño determinar el proceso de solución política para establecer un sistema de Gobierno democrático en ese país. Dentro de tal contexto, hemos reconocido a las fuerzas de oposición popular, auténticamente representativas, como participantes insustituibles en dicho proceso. Conscientes de nuestras responsabilidades como miembros de la Comunidad In-ternacional y dentro del marco de las Naciones Unidas, estamos llevando a cabo consultas con los demás integrantes del Consejo de Seguridad para propiciar una solución a esa crisis.36

35 M. Á. Castillo, M. Toussaint y M. Vázquez, op. cit., p. 153.36 “Texto de la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador (28 de agosto

de 1981)”, en R. Benítez Manaut y R. Córdova Macías (comps.), op. cit., p. 49.



Más tarde, en entrevista a The New York Times, López Portillo insistió en la urgencia de una solución política:

No vemos para El Salvador, salvo el exterminio de una de las fuerzas, otra salida que no sea política. Una solución política sólo es tal si considera a los protagonistas, y que existen los pro-tagonistas es un hecho; no es suficiente ponerles el nombre de terroristas. Hay allí una fuerza viva, extenuante, tan importante que ha merecido que el Gobierno salvadoreño pida ayuda y otros gobiernos la proporcionen.37

Para el gobierno mexicano la única solución sería política, “tar-de o temprano”, y no era suficiente la convocatoria a elecciones que hacía la Junta salvadoreña, previa deposición de armas de los grupos combatientes. Lo que el presidente mexicano propo-nía era una asamblea constituyente que considerara a todos los protagonistas. Finalmente, López Portillo defendió la idea de que el cese al fuego era viable y posible: “México y Francia no sacaron su proposición del vacío; ésta es una posición realista que considera a las partes en conflicto. Por eso nos atrevimos a formularla”.38 En respuesta a si México se ofrecería como mediador, López Portillo dijo que México era un comunicador, “puede comunicar a las partes, no mediar entre ellas porque es un papel difícil. Nadie nos ha llamado”.39

En segundo lugar, igualmente importante fue la natura-leza intervencionista del comunicado. El gobierno mexicano insistió en que la Declaración no había sido intervencionista;

37 “Extractos de la conferencia de prensa que el presidente José López Portillo concedió a los columnistas de The New York Times, Flora Lewis y Alan Riding (23 de septiembre de 1981)”, en ibid. p. 47.

38 Ibid., pp. 47-48.39 Ibid., p. 48.



según López Portillo, el gobierno mexicano no tenía una políti-ca de esa naturaleza, pues no había mandado hombres, armas o dinero a El Salvador. El objetivo de la Declaración había sido llamar la atención de la comunidad internacional sobre la existencia de una fuerza representativa en el conflicto. La Can-cillería también negó que se tratara de intervención y señaló que era Estados Unidos el que intervenía directamente en El Salvador al enviar armas y apoyo militar al gobierno salvado-reño.40

En sus memorias, López Portillo mantiene su posición: la Declaración no fue intervencionista. Según el ex presidente, después de analizar la situación, los gobiernos de México y Francia habían concluido que para distender el área y desaho-gar los problemas por la vía democrática debían reconocerse los términos de la disputa:

Simplemente consideramos que si los que estaban en lucha eran los guerrilleros salvadoreños con el Gobierno, se considerara a los primeros como fuerza política representativa en cualquier solución democrática. Así de simple. De otra manera, las elec-ciones serían una ilusión formal y el problema no se resolvería. Como el tiempo lo ha acreditado. Y categóricamente afirmo que analizar y recomendar no es intervenir, sino servir. Y México, con Francia, servía a la distensión y pacificación del área, no sólo de El Salvador. Simplemente los Estados Unidos no admi-tían otras soluciones que las por ellos propuestas y movían todos sus hilos e influencias para lograr sus propósitos. No les intere-sa el área, sino la protección de sus intereses y seguridades. Ésa es la diferencia.41

40 M. Á. Castillo, M. Toussaint y M. Vázquez, op. cit., p. 155.41 José López Portillo, Mis tiempos. Biografía y testimonio político, México,

Fernández Editores, 1988, p. 1106.



Castañeda, por su parte, declaraba que:

Lejos de poderse interpretar como un acto de intervención, la de-claración conjunta franco-mexicana es un esfuerzo por asegurar la libre autodeterminación del pueblo salvadoreño. El gobierno de México jamás ha apoyado a ninguna de las partes en conflicto con armas o ayuda económica, ni tampoco a ninguno de los par-tidos políticos en ese país.42

Más interesante es la defensa que Iruegas hizo en su momento de la Declaración, pues demuestra la tensión con los principios de política exterior y reconoce, finalmente, que puede haber inte-reses que rebasen esos principios:

Muchas veces se ha usado —y siempre con buenos motivos— el argumento de que no intervención no implica indiferencia. En el caso salvadoreño, en el que la sangrienta política de disuasión por el terror hace que la indiferencia vaya más allá de la simple abstinencia y alcance un ineludible carácter de complicidad, la no intervención debe ser entendida en su verdadero carácter de principio protector de la soberanía que es más evidente cuando el concepto se maneja con su complemento natural que es la li-bre autodeterminación de los pueblos.

Aquí, en este país [El Salvador] donde se cometen los más horrendos crímenes de lesa humanidad, se nos acusa de inter-vencionistas porque alzamos nuestra voz para pedir a la comu-nidad de las naciones que detenga a un gobierno obnubilado por la sangre en su afán de asesinar a su propio pueblo.

Aun si olvidamos que no es ésta la primera vez que Méxi-co debe soportar graves acusaciones, fuertes presiones y hasta

42 “Precisa Jorge Castañeda la política hacia Centroamérica. México y Francia no quieren una solución militar en El Salvador”, El Día, 5 de septiembre de 1981, citado por M. A. Chavarría, op. cit., p. 102.



calumnias por actuar de conformidad con sus principios y mani-festar su solidaridad con los pueblos del continente y del mundo; si no considerásemos que esta vez no estamos “gloriosamente solos”, sino honrosamente acompañados; si los hechos no nos hubieran demostrado tantas veces que el mejor camino es siem-pre el que va en el sentido de la historia; si tuviéramos que ser afrentados por un pronunciamiento con calificativos injuriosos por parte de un organismo o de un bloque, el paso dado habría valido la pena porque el propósito buscado se ha conseguido. Ni siquiera los opresores regímenes del Sur que tanto odian y tanto temen a sus propios pueblos se han atrevido a negar la exis-tencia del movimiento revolucionario. Todos se han limitado a acusarnos de intervenir en los asuntos internos de El Salvador y a señalar la peligrosidad del precedente. Tales acusaciones, aún si fructificaran de alguna manera, no le impedirían a México se-guir siendo el país digno y justo que por tantos años ha sido. En cambio Farabundo y sus hijos están hoy más cerca que nunca de poder hacer de su país uno en el que haber nacido no sea una desgracia y poder vivir sea más que una esperanza. Un día, que sabemos no lejano, el propio pueblo salvadoreño sabrá lavar y convertir en timbres de honor y de orgullo las que hoy son afren-tas y calumnias, como en su oportunidad hicieron los pueblos de Cuba y Nicaragua. El petate en llamas no incendiará nuestra casa porque, finalmente, la razón nos asiste.43

A pesar de los argumentos que proponen que la Declaración no fue intervencionista y de que la misma menciona que “corres-ponde únicamente al pueblo de El Salvador la búsqueda de una solución justa y duradera a la profunda crisis por la que atraviesa ese país poniendo así fin al drama que vive la pobla-

43 Gustavo Iruegas, encargado de negocios, al C. Secretario de Relaciones Ex-teriores, México, D. F., 4 de septiembre de 1981, en apgi, número 699, expediente 728.4-o/510, pp. 10-11.



ción salvadoreña”, el reconocimiento del fmln-fdr como fuerza política representativa sí constituyó una intervención, al menos como el gobierno de México lo había interpretado tradicio-nalmente: se trataba de una opinión sobre un proceso político interno. Según Carlos Rico, el apoyo al régimen sandinista y la Declaración Franco-Mexicana son ejemplos claros de lo que distinguió a la política de López Portillo de la de sus anteceso-res que enfrentaron movimientos progresistas en la región (es-pecialmente la Revolución cubana): la tensión entre la acción política y los principios, o el querer trascender los principios. “Las dificultades para justificar este tipo de acción con base en la interpretación previa mexicana del principio de no inter-vención —arguye Rico— fueron ilustradas profusamente con los acontecimientos que rodearon al comunicado”.44 Es decir, la acusación directa de intervencionismo —la Declaración de Ca-racas— y el aislamiento regional de México.

Sin embargo, más allá de la discusión sobre la no interven-ción o la intervención —que quizá no sea la más relevante—, ¿qué significó la Declaración?, ¿qué resultados tuvo? En primer lugar, la consecuencia más evidente fue el ya mencionado aisla-miento regional de México como resultado de la Declaración de Caracas, aunque puede cuestionarse qué tan serio pudo haber sido una vez que se trataba de gobiernos dictatoriales en su mayoría. Las reacciones de López Portillo e Iruegas sugieren, no obstante, que el gobierno mexicano sí resintió la Declaración de Caracas y sí reconoció el aislamiento.45 Pero, en palabras del secretario Castañeda: “No es la primera vez que México se en-

44 C. Rico, op. cit., p. 92.45 Según varios autores, la Declaración Franco-Mexicana fue causa de la sus-

pensión de un viaje que haría López Portillo a Guatemala en septiembre de 1981. Véase B. Cuenca, op. cit., p. 95, nota al pie núm. 2.



cuentra aislado de sus hermanos latinoamericanos, ni tampoco será la última”.46

En segundo lugar, aunque no se tomaron medidas para una negociación entre el gobierno salvadoreño y la insurgencia, como la Declaración lo proponía, no cabe duda de que sí fortale-ció la presencia internacional del fmln y el fdr. Francisco Jovel Urquilla, comandante del fmln, aseguró que la Declaración contradecía “lo que quería el señor Napoleón Duarte, difundir a nivel mundial de que éramos un grupo terrorista o una pan-dilla delincuencial”.47 Ana Guadalupe Martínez, del erp, se ex-presó en términos similares:

El hecho de que se nos reconozca como fuerza representati-va demuestra a la comunidad internacional que no somos un grupúscu lo de terroristas que lucha aisladamente con apoyo ex-tranjero, sino una fuerza legal formada por las bases populares que en este momento combaten contra la Junta. Una Junta que no tiene nada de reformista, como los norteamericanos tratan de hacer creer.48

46 El canciller mexicano añadió que esperaba que varias naciones europeas se adhirieran a la posición de México y Francia, y afirmó que no era el momento adecuado para romper relaciones con la Junta salvadoreña. Aclaró que no se ha-bía reconocido a la oposición como un gobierno legítimo o como beligerante, sino como fuerza política representativa para participar en las negociaciones si en verdad se buscaba una solución política. “Ni primera ni última vez que México se encuentra aislado por países latinoamericanos”, en Proceso, núm. 253, 5 de septiembre de 1981, p. 16. Hay que aclarar, sin embargo, que el aislamiento fue de gobiernos: en países que firmaron la Declaración de Caracas hubo mani-festaciones de apoyo a la Declaración Franco-Mexicana, con el respaldo de perso-najes distinguidos, partidos políticos y sindicatos. En Venezuela, por ejemplo, el Partido Acción Democrática criticó al gobierno, entre otras cosas, por su alianza con la política estadunidense. B. Cuenca, op. cit., p. 95.

47 Citado por Ó. Martínez Peñate, op. cit., p. 2.48 María Cortina, “Sólo el reconocimiento de nuestra fuerza permitirá las

elecciones: fdr”, en Proceso, núm. 253, 5 de septiembre de 1981, p. 12. Martínez reconoció que con o sin Declaración, la ayuda estadunidense a El Salvador se



Así pues, la Declaración Franco-Mexicana dio visibilidad a la insurgencia como tal y les permitió contar con una diplomacia más activa.49

Menos exitoso fue el objetivo de que Estados Unidos cam-biara su posición y dejara de intervenir —con apoyo militar, político y diplomático— en El Salvador. El valor de la Declara-ción en este sentido fue únicamente proponer una visión alter-nativa al conflicto salvadoreño. Visión que tuvo algún eco en Estados Unidos: The New York Times, por ejemplo, consideró que la idea propuesta por México y Francia de que hubiera ne-gociaciones entre la Junta y el fdr no era “extrema” y criticó la forma en que Washington entendía la realización de elecciones en El Salvador. Por su parte, The Washington Post reconocía que la Declaración “alentaría a los guerrilleros”, pero también aumentaría la sensación de aislamiento del gobierno y las fuerzas de seguridad. Así pues, ambas partes tendrían razones para lograr una solución. El diario estadunidense también cri-ticó la insistencia del secretario de Estado, Alexander Haig, de presentar el enfrentamiento como una lucha entre fuerzas del bien y del mal.50

¿Qué significó la Declaración en términos de la política exterior de México? Lo primero que debe destacarse es que se trató de una postura definida políticamente; es decir, fue una “política política”. Y en el contexto en el que se dio puede decir-

mantendría, pero “el reconocimiento que nos otorgan los gobiernos de México y Francia constituye un asidero legal para aquellos que en el Congreso de Estados Unidos quieren plantear la suspensión de la ayuda”.

49 Debe decirse que desde antes de que se emitiera la Declaración, la Ciudad de México era un lugar importante para la labor diplomática del fdr. Antes de la ofensiva final, México fue, a decir de Rafael Menjívar, “cuartel general” para or-ganizar giras diplomáticas por Europa, América Latina, África y Estados Unidos (R. Menjívar, op. cit., p. 25).

50 B. Cuenca, op. cit., p. 92.



se que también fue ideológica: se tomó partido en un conflicto no sólo político-militar, sino también ideológico. En segundo lugar, la Declaración puede entenderse como parte de una po-lítica más general y fue congruente con ella: la política hacia Nicaragua en la que también se tomó partido política e ideo-lógicamente. Según Rico, el apoyo que México dio al régimen sandinista y la Declaración Franco-Mexicana no fueron sino ejemplos de una compleja interacción entre principios jurí-dicos y toma de decisiones con un contenido eminentemente político.51 En este sentido, y en tercer lugar, debe reiterarse que se trató de una política “activa” en tanto tomó la iniciati-va. Finalmen te, otro rasgo novedoso de la diplomacia de López Portillo, congruente con su carácter de “activa”, fue la búsque-da de socios para poder influir en los acontecimientos de la región. La novedad fue más notable al tratarse de Francia, un actor extracontinental.52

En breve, puede decirse que se trató de una política con un interés claro y definido, y propositiva. La pregunta es si ése fue un “interés nacional” o no, y si benefició o perjudicó a la política exterior. Con la ventaja que da el tiempo, podría argumentarse que México pudo no haber hecho nada y muy probablemente la situación en El Salvador habría seguido el mismo curso. Así pues, desde una perspectiva estrictamente realista se podría decir que no se trató de un “interés nacional”. Pero si se conside-ra que las políticas exteriores pueden tener otros intereses que no son únicamente los de la supervivencia, la defensa de la segu-ridad y la búsqueda de poder, la Declaración Franco-Mexicana fue valiosa en tanto procuró la solución a un conflicto violento con altos costos en términos de vidas humanas. En última ins-

51 C. Rico, op. cit., pp. 91-95.52 Ibid., p. 94.



tancia, algunos años después la negociación entre el gobierno salvadoreño y la insurgencia fue el medio para lograr la paz en El Salvador, y el cuestionamiento a la política exterior de Méxi-co por ser intervencionista no tuvo mayores consecuencias en el largo plazo.


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El proceso de negociacióndel Grupo de Contadora

Rodrigo Páez Montalbán

Introducción

La firma de los Acuerdos de Chapultepec, entre el gobierno salvadoreño y las fuerzas insurgentes, en enero de 1992, constituye un hito de la mayor importancia, tanto para el país centroamericano como para la nación mexicana. En efecto, haber llegado a acuerdos para resolver un conflicto armado de más de una década de duración y con raíces históricas profundas permitió al país centroamericano avanzar en nuevas formas de convivencia y de negociación política.

Para México, que el Castillo de Chapultepec, símbolo de tantas efemérides históricas, haya sido elegido como sede de la firma de los Acuerdos fue un merecido reconocimiento a los grandes esfuerzos de mediación efectuados a lo largo de la década de los ochenta, con los cuales se buscaba el logro de una concertación que acabara con el conflicto bélico y abriera el camino de la paz en El Salvador. La decisión fue incuestionable y con ella el país azteca fungió como símbolo de un amplio esfuerzo internacional en el que trabajaron con el mismo propósito muchos actores e instituciones y cuyo eje principal fue el Grupo de Contadora. México fue parte esencial de este grupo, dentro de un esfuerzo conjunto con otros tres países latinoamericanos:

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Colombia, Venezuela y Panamá (país en donde se inició este largo proceso de negociación).

El Grupo de Contadora

Para referirse al Grupo de Contadora es preciso señalar uno de los puntos centrales de los esfuerzos de negociación regional que se produjeron durante lo que se llamó la crisis centroame-ricana. A partir de 1979, con el triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua y la activación de procesos revolucionarios concomitantes, tanto en Guatemala como en El Salvador, se produjeron cambios muy importantes, especialmente en el ámbito político, con la redefinición del poder dentro de los grupos gubernamentales lo mismo que en las fuerzas de oposición.

El golpe de Estado de octubre de 1979 en El Salvador, la creciente organización guerrillera, tanto en este país como en Guatemala, así como la creación de fuerzas contrarrevolucionarias en Nicaragua conformaron un escenario de profundos cambios políticos y de conflictos bélicos entre los gobiernos de estos tres países y sus respectivas oposiciones, armadas y civiles.

Fueron 10 años de cambios en Centroamérica, pues los acontecimientos también alcanzaron a Honduras y a Costa Rica, países que acogieron a grupos armados de la oposición nicaragüense, lo que hizo de toda la región un escenario complejo de guerra y de confrontación.

Dentro de este panorama, los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela iniciaron el proceso negociador en la isla panameña de Contadora, en enero de 1983. La existencia de complejos procesos políticos en Centroamérica y la preo cupación por la injerencia extranjera al interior de los mismos obligaron a eliminar estos factores externos a la región

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centroamericana para, sobre todo propósito, excluir el recurso a las amenazas y al uso de la fuerza en la solución de la crisis. Estos planteamientos, aparentemente simples, guiaron el complejo proceso de la negociación. Sólo en apariencia, puesto que los factores externos a la región, a los que se referían los cancilleres, eran nada menos que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como diferentes países más o menos alineados con ellas, tanto dentro como fuera de la región centroamericana. Pero este paso inicial supo conjuntar coordenadas de profundo realismo, con el ejercicio de cierta visión utópica latinoamericana, durante todo el proceso.

En suma y como ya se mencionó, el núcleo que dio inicio a Contadora fue la fuerte crisis en el istmo centroamericano, agravada por la presencia de elementos foráneos que posibilitaban la inscripción del conflicto en el marco geopolítico bipolar, cuyos efectos podrían extenderse peligrosamente, lo que en particular afectaría la seguridad de los países que bordean el área centroamericana.

El Grupo de Contadora, en su corta existencia, unos cuatro años, llevó a cabo uno de los esfuerzos de negociación de conflictos más importante y exitoso, a pesar de no haber logrado que se firmara el Acta de Contadora.

Los tiempos y el espacio de Contadora

El periodo culminante del proceso de Contadora abarcó desde su nacimiento en 1983 hasta los inicios del Proceso de Esquipulas en 1987, que llevó a la firma, por los presidentes centroamericanos, del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Fue un tiempo “corto”, pero denso en acontecimientos y en imaginarios sociales. Al principio, la convicción de que un tiempo de cambios revolucionarios seguiría a

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la revolución triunfante en Nicaragua hizo inevitables, o casi, los procesos revolucionarios en El Salvador y Guatemala.

En una versión de la teoría del dominó, en sus dos sentidos, fascinación y horror, la revolución fue considerada como algo que se extendería inevitablemente o, en otro sentido, como algo que había que detener a toda costa. Contadora debió lidiar con esta división ideológica, a lo largo de toda esa década, haciendo un difícil equilibrio en consideración, sobre todo, a los “factores externos” a la región.

Dentro de este imaginario figuró siempre la amenaza de un peligro de intervención militar proveniente de fuera de la región. Eran tiempos de la confrontación EsteOeste y la intervención militar en Granada, en octubre de 1983, dejó en claro la determinación que Estados Unidos podría tomar en caso de una intromisión que juzgara intolerable, de parte de agentes del otro polo estratégico de confrontación, en los terrenos de su propia área de influencia.

El apoyo que Contadora recibió de una variopinta cantidad de actores, tanto fuera como dentro de la región, fue impresionante: la Organización de las Naciones Unidas (onu), la Organización de los Estados Americanos (oea), la entonces Comunidad Económica Europea, las internacionales de partidos políticos, las iglesias, los actores múltiples de la sociedad civil. No hubo entonces ningún organismo internacional, ni instancia relevante alguna al interior de los países involucrados, que se opusiera a las acciones y medidas de este grupo negociador.

Entre todos ellos, destacó el formado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, países recién salidos de regímenes militares, que formaron el Grupo de Apoyo a Contadora y dieron al proceso negociador una dimensión latinoamericana innovadora, que no existía hasta ese momento con respecto a este tipo de acciones diplomáticas. No se podía adivinar entonces que con esta colaboración se sembraba la semilla de un proceso de integración tan

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importante como el que se formaría en la década siguiente, el Grupo de Río, a partir de la creación del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, en octubre de 1987.

La negociación de Contadora

En el comienzo de la negociación de Contadora, en los cinco países centroamericanos había diferentes tipos de regímenes políticos: tres gobiernos militares, o fuertemente influidos por el estamento militar (Guatemala, Honduras, El Salvador), un gobierno proveniente de una revolución (Nicaragua) y un régimen democrático existente desde, por lo menos, 1948 (Costa Rica).

El proceso de Contadora partió de considerar que por primera vez durante el curso de la crisis regional, los cancilleres de los cinco países centroamericanos coincidían en un empeño común de diálogo. A partir de ahí, los integrantes de Contadora definieron los principales temas de controversia: la carrera armamentista, el tráfico de armas, la presencia de asesores militares extranjeros, los intentos de desestabilizar el orden interno de otros Estados, los incidentes bélicos y las tensiones fronterizas, además de la violación de los derechos humanos y los graves problemas en el orden económico y social.

El telón de fondo era considerar la crisis centroamericana no solamente como la que revelaba la existencia de la violencia revolucionaria, ni la correspondiente violencia contrarrevolucionaria, sino como el resultado de la permanente conflictividad de países políticamente inestables, con enormes rezagos en el campo económico y social, gobernados, la mayor parte del tiempo, por gobiernos no democráticos.

Dentro de ese marco, Contadora se propuso cuidar el entorno regional, prevenir que la violencia se extendiera fuera de

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esas fronteras, impedir la intervención de elementos y factores externos a las mismas, todo esto por medio de una negociación que resolviera tanto las causas como los efectos del conflicto, la coyuntura presente, así como los problemas heredados desde mucho tiempo atrás.

La negociación de Contadora se centró en algunos puntos esenciales: debían negociar todos los países centroamericanos, sin exclusiones, se debían aceptar las diferencias de los regímenes políticos existentes, se debía iniciar el diálogo con la insurgencia interna, en los países en donde ésta operaba.

El Documento de Objetivos (documento de 21 puntos básicos para la pacificación en Centroamérica) trazó el camino al señalar los puntos que había que negociar en materia política, económica y social, particularmente, de seguridad. Entre ellos estaban: reconocer el pluralismo en sus diversas manifestaciones; la plena vigencia de las instituciones democráticas; el compromiso de “crear”, fomentar y vigorizar sistemas democráticos representativos, e incluso recuperar el anhelo de reconstruir la patria centroamericana.

Con el fin de no desatender los asuntos económicos y sociales se creó el Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (Cadesca), a finales de 1983. Todos los aspectos debían ser incluidos en este esfuerzo de negociación.

A medida que el proceso avanzaba, se redactó un documento “final” que recogería los diferentes acuerdos para todas las áreas. Este documento debería ser firmado por los cinco presidentes centroamericanos y ratificado por los respectivos congresos nacionales: el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica se entregó a los cinco gobiernos centroamericanos en junio de 1986. Este texto, además de recoger muchos de los elementos ya plasmados en el Documento de Objetivos y otros escritos similares, se centró en señalar tres

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órdenes fundamentales de compromiso: la no utilización del territorio nacional en contra de otros Estados, la no participación en alianzas militares o políticas amenazantes, el no apoyo de potencias a fuerzas irregulares o grupos subversivos.

El Acta constituye un entramado análisis de las situaciones que se desarrollaban dentro del contexto internacional y de las problemáticas internas en los cinco países, lo que produjo, de manera sistematizada, un manual de manejo y arreglo de los conflictos, un compendio de negociación y una obra de arte de la diplomacia latinoamericana. De manera particular reconocía la necesidad de construir una democracia pluralista en los cinco países, que incluyera, con base en una confianza política mutua, la aceptación de diferentes regímenes políticos en el área y la reconciliación en las sociedades en las que había profundas divisiones.

Al documento se agregó una serie de anexos sobre la definición de términos militares, condiciones de colaboración entre los gobiernos, obligaciones para los países que decidieran colabo rar con los mecanismos de ejecución y seguimiento de todos los acuerdos, etcétera, así como las condiciones para establecer una verdadera amnistía.

Sin embargo, el Acta de Contadora nunca se firmó. Para 1987 el contexto y los actores habían cambiado en el escenario centroamericano, dentro de algunos de los países de Contadora y de algunos gobiernos centroamericanos, particularmente los de Guatemala y Costa Rica. Los objetivos propuestos seguramente excedían las fuerzas con que entonces se contaba para cumplirlos.

El relevo se conformó con una nueva iniciativa, el Proceso de Esquipulas, cuyos prolegómenos empezaron a funcionar en mayo de 1986, con la reunión, en Esquipulas, Guatemala, de los cinco presidentes centroamericanos (Esquipulas I), y luego, con el procedimiento para establecer la paz firme y duradera

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en Centroamérica (Plan Arias), en febrero de 1987, iniciativa del gobierno costarricense. Este proceso continuó hasta la firma del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica (Esquipulas II), en agosto de 1987. Se pasó así de la aceptación de formas diversas de gobierno a la universal demanda democrática, a acuerdos negociados entre los cinco gobiernos, con fechas y plazos definidos para su cumplimiento, y a facilitar el camino para incluir a los diversos actores de los conflictos armados dentro de las clases políticas de sus respectivos países.

Sobre el camino desbrozado por Contadora, el Proceso de Esquipulas, dentro de una visión más pragmática alentada por la aceleración de acontecimientos que llevarían, en el plano internacional, a la caída del Muro de Berlín y, en los planos local y regional, a las negociaciones particulares de los gobiernos centroamericanos con la insurgencia armada, continuó la desactivación de los aspectos más difíciles de la crisis, que se centró en la consecución de metas más realizables para el resto de la problemática considerada.

La dimensión geopolítica

Sin duda alguna, el mayor obstáculo que debió enfrentar Contadora fue el permanente intento de resolver el conflicto centroamericano desde fuera de la región, por otros medios de los preferentemente diplomáticos. Centroamérica fue considerada como “la cuarta frontera que Estados Unidos debe defender”, según expresión del presidente estadunidense Ronald Reagan cuando solicitó a su Congreso 110 millones de dólares de ayuda militar para El Salvador, poco tiempo antes de iniciar una serie de maniobras militares entre los ejércitos de su país y de Honduras.

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Política de la zanahoria y el garrote, como la que insinuó la embajadora estadunidense en las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, que asociaba “reformas democráticas, ayuda económica y asistencia en materia de seguridad” para Centroamérica, afirmando también que los problemas militares en esa región debían resolverse militarmente, en franca alusión a posibles intervenciones militares directas en alguno o algunos de los países centroamericanos en conflicto.

Ya para entonces, The New York Times denunciaba la red de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (cia, por sus siglas en inglés), con la infiltración de agentes en Nicaragua y vuelos de espionaje a la guerrilla en El Salvador.

A lo largo de su existencia, Contadora tuvo que tener en cuenta esta situación para tomar distancia de la inclusión de la crisis centroamericana dentro de las consideraciones de política exterior de Estados Unidos y de las disputas internas entre republicanos y demócratas; se apoyó en el conjunto de actores internacionales de todo tipo, lo que sirvió de muro de contención al discurso belicista de la administración estadunidense. También debió considerar la posición de otros actores “externos a la región”, la Unión Soviética y Cuba, particularmente, que intervenían de diferentes maneras en apoyo al gobierno sandinista de Nicaragua y a los grupos guerrilleros en otros países centroamericanos.

México en Contadora

Al Grupo de Contadora, formado por los cuatro países que bordeaban el área de conflicto en los ochenta, debe atribuírsele el mérito de haber llevado a cabo la iniciativa de negociación regional, cuyos logros le son reconocidos históricamente. Sin embargo, y sin demérito de nadie, es preciso señalar que el co

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razón de Contadora fue siempre México. Eran tiempos de efervescencia diplomática en este país, ya desde finales de los años setenta: participación en la formación del Sistema Económico Latinoamericano (sela), propuesta de la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados en la onu, defensa de la no intervención en aquella sesión memorable de la oea cuando, frente a las pretensiones de intervención en Nicaragua, México dejó claro que lo primero que tenía que hacer el organismo regional era no intervenir. Tiempos de un México puente y escudo, un país con una indiscutible vocación latinoamericana.

Por medio de Contadora, México fortaleció su espacio de influencia en los procesos políticos centroamericanos, con sus gobiernos y sus oposiciones, civil y armada; al hacerlo hizo posible el reconocimiento de estas últimas en El Salvador y Guatemala, con lo cual se les garantizó asilo, influencia y representación. Contadora permitió al país azteca ampliar la agenda bilateral de negociación con Estados Unidos; auspició incluso, paralelamente a Contadora, las conversaciones entre el gobierno de este país y el de Nicaragua, en la ciudad de Manzanillo, Colima.

Más que los otros tres países de Contadora, México pagó el precio de cierto enfrentamiento con los gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Honduras, principalmente, que lo acusaban de parcialidad y de favorecer al régimen sandinista y a los movimientos guerrilleros de Guatemala y El Salvador, en detrimento de las posiciones oficiales de estos países. A decir de un analista político mexicano, “en Centroamérica México perdió la inocencia diplomática”, es decir, aprovechó las ventajas que le daba su papel de auspiciador y mediador entre las partes, pero tuvo que sufrir, en consecuencia, los reclamos de quienes veían parcialidad en su actuación o le reprochaban las ventajas que a nivel internacional y nacional le daba un supuesto protagonismo excesivo.

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Apuntes finales

Puede afirmarse con fundamento que el proceso negociador de Contadora constituye uno de los momentos cumbres del ejercicio diplomático de los países que lo llevaron a cabo, idearon su creación y fueron puliendo sus documentos y haciendo labor de convencimiento y de negociación con sus múltiples contrapartes.

Que el Acta de Contadora no llegara a firmarse es, sin duda, un fracaso si se mira como un proceso lineal, con un fin predeterminado en las diferentes etapas de construcción de ese instrumento. Si se mira de otra manera, de forma más dinámica e integral, Contadora fue sobre todo un espacio de mediación, de construcción de acuerdos y de ampliación del marco regulador previsto en sus inicios.

La evaluación de sus resultados debe enmarcarse en lo que derivó de los acontecimientos que se produjeron a medida que la década de los ochenta terminaba.

En este sentido, la llegada de la paz a Centroamérica, o por lo menos el cese de la guerra, fue el resultado de los acontecimientos que a nivel mundial, el fin de la Guerra Fría, y a nivel regional, la aceptación uniforme de procesos electorales periódicos como única forma legítima de acceso al poder, llevaron a medidas de consenso, ya no encauzadas de manera predominante dentro del marco de Contadora, sino conducidas mayormente por los gobiernos de los cinco países centroamericanos.

Puede afirmarse que Contadora (1983) y Esquipulas (1987) conforman un periodo extraordinario de actividad política y diplomática para los nueve países que principalmente trabajaron en lograr la paz en la región y mejoraron la convivencia política y la institucionalidad democrática en el istmo centroamericano. En cierto sentido, puede considerarse como un mismo proceso, ya que seguramente Esquipulas no habría sido posible sin el trabajo previo de Contadora.

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Queda para los historiadores y para las academias diplomáticas analizar y dar cuenta de la complejidad de esta historia, de la que apenas se esbozaron algunos componentes esenciales. Hoy sólo queda felicitarse y congratularse por la firma de los Acuerdos de Chapultepec.

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75Los aportes de México a la solución política de la guerra salvadoreña

Los aportes de México a la solución política de la guerra salvadoreña

David Escobar Galindo

Antecedentes

Ninguna guerra, del tipo y de la magnitud que sea, surge por impulso espontáneo. Todas, en cualquier tiempo y lugar, requieren esfuerzos constructivos según sea la naturaleza de las mismas. Esto parece una paradoja, pero es lo que, tras un análisis cuidadoso, enseña la experiencia histórica. Esa afirmación es aún más patente cuando se trata de conflictos internos que desembocan en enfrentamientos bélicos, como el caso de El Salvador, que entre los años treinta y noventa del pasado siglo vivió una preguerra, una guerra y el inicio de una posguerra. Cualquier enfoque parcial de tan complejo y dilatado fenómeno es un principio de distorsión que a la postre puede llevar a conclusiones erróneas y confusas sobre lo que pasó, lo que pasa y lo que se podría esperar que pasará.

La construcción histórica de la guerra salvadoreña se ha dado en el espacio de una negación también histórica: la falta endémica de un articulado esfuerzo democratizador que hubiera servido justamente para construir el proyecto contrario al de la guerra: el de la convivencia pacífica. Durante el siglo xix se impusieron los caudillismos militares y civiles, y en gran parte del siglo xx predominó una especie de alianza monopolizadora

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del poder, al frente de la cual estaban tres cúpulas: la económica, la militar y la eclesiástica. En la década de los sesenta empezó a quebrantarse tal alianza, que entró en fase terminal en la siguiente. La llegada al arzobispado de San Salvador del monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1977 y el golpe de Estado de 1979 sellaron el fin de una época.

A esas alturas, ya estaban definidos los que serían contendientes militares en el conflicto: las fuerzas armadas, por el bando del poder tradicional, y los grupos guerrilleros, por el bando revolucionario. Esta caracterización no era arbitraria, por el contrario, correspondía a la naturaleza de una conflictividad que había llegado a su punto máximo. No se trataba de una contienda difusa o localizable en zonas circunscritas del país, sino de un verdadero enfrentamiento bélico; la culminación de un largo y complejo proceso de división nacional que durante años ocupó los espacios del quehacer nacional en todos los órdenes. Las vísperas llegaban a su fin y lo que quedaba era la batalla por los desenlaces, los que, a la luz de ejemplos como el de Nicaragua, se visualizaban muy próximos.

Hacia la mitad del año de 1980, la guerra, que había comenzado a vislumbrarse exactamente una década antes, llegó al terreno de la confrontación militar directa. En octubre de ese año apareció formalmente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln), que hasta en el nombre quería parecerse a la versión nicaragüense, ya entonces en el poder. Todo estaba listo para el impulso decisivo; el 10 de enero de 1981, el fmln lanzó lo que al principio se conoció como la “ofensiva final”, que, al no cuajar como tal, cambió de título para ser llamada “ofensiva general”. Tendríamos guerra para bastante tiempo.

Y así fue, hasta que las mismas condiciones nacionales e internacionales cerraron las puertas a una posible “solución” militar, lo cual habría significado reproducir vicios y distorsio



nes del pasado por tiempo indefinido, y abrieron posibilidades ciertas y sostenibles a la verdadera solución, que sería resultado de un entendimiento político entre los dos contendientes bélicos, representantes de los poderes tradicional y revolucionario. Eso significó que ninguno de los dos proyectos enfrentados con las armas se instalaría como realidad excluyente, y que luego de una solución sin vencedores ni vencidos se normalizaría el escenario para la competitividad democrática. Eso fue lo que pasó, como resultado emblemático y ejemplar del triunfo de la razón sobre la fuerza.

La internacionalización del conflicto

Como lo reconoció el presidente Alfredo Cristiani en el acto solemne de suscripción del Acuerdo de Paz, que tuvo lugar en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México el 16 de enero de 1992, la guerra salvadoreña fue un conflicto fundamentalmente interno, con sus raíces y sus desarrollos en el suelo histórico de su realidad. Este reconocimiento colocaría, por el lado de las fuerzas del poder tradicional, las cosas en su verdadero sitio. Desde luego que a partir del mismo reconocimiento, hay que hacer una serie de consideraciones analíticas para ubicar el fenómeno en su verdadera dimensión, porque en este tipo de valoraciones se presenta siempre la tendencia a la simplificación interesada, que es parte de la manipulación tan frecuente de los hechos colectivos y de sus significaciones en el tiempo.

El conflicto salvadoreño empezó a tomar forma a comienzos de la década de los setenta del siglo pasado, cuando se produjo la escisión institucional del Partido Comunista Salvadoreño y nació la primera organización guerrillera con el propósito de impulsar lo que en aquellos días se llamaba la guerra popular prolongada. Una guerra que, en cuanto a la toma



del poder del Estado, se avizoraba, por el contrario, como un proyecto armado fulminante. Ésa era la lógica imperante en esos tiempos caracterizados como “prerrevolucionarios” prácticamente en el mundo entero. La Revolución, con mayúscula, era la deidad suprema para una infinidad de gente de aquellas épocas; una deidad impaciente y aureolada de heroísmo incontrastable.

La victoria sandinista de 1979 dio al conflicto salvadoreño, entonces aún no desplegado en el terreno, pero cada día con impulsos más intensos, una especie de actualidad “urgente”. Un lema circulaba sin tapujos por esos días: “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá”. Así llegó 1980, con la puesta en escena de la guerra interna, y 1981, con la gran ofensiva inicial, la cual, como dijimos antes, surgió con el propósito explícito de ser una ofensiva final. No lo fue, pero sí demostró que el fmln no era una expresión de rebeldía casual. Ello despertó desde luego reac ciones encontradas, porque en la atmósfera de la Guerra Fría no había espacio para posiciones intermedias. Era un argumento dibujado dramáticamente en blanco y negro.

Así las cosas, el 28 de agosto de 1981 se produjo un acontecimiento político que puso a El Salvador en la primera línea de la atención internacional: la Declaración FrancoMexicana. Los ministros de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, y Francia, Claude Cheysson, suscribieron la Declaración, que reconocía el carácter representativo de la alianza entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario; el primero, un frente en armas y, el segundo, uno político. Tal reconocimiento, como era de esperarse, levantó en su momento muy encendidas reacciones de adhesión y de rechazo, y puso el conflicto bélico salvadoreño en una dimensión que sólo sería posible identificar serenamente con el paso del tiempo: aquella no era una guerra importada, sino un fenómeno político nacional.



El hecho de que México y Francia se animaran a dar aquel paso definitorio y tan arriesgado en su momento, fue efectivamente anunciador de lo que vendría una década después: el fin negociado de la guerra interna, que se logró por la voluntad concertada de las dos partes en contienda, con el apoyo decisivo de la comunidad internacional. México puso sin duda la fuerza inspiradora en aquella declaración, que es hoy un hito histórico incuestionable. Lo saludablemente paradójico fue que aquel movimiento de carácter internacional venía a reconfirmar, de cara al mundo, la naturaleza nacional del conflicto salvadoreño. Un acontecimiento que sigue mereciendo análisis aleccionadores.

El papel vital de México en la fase definitoriadel conflicto

La guerra salvadoreña tuvo su punto de inflexión decisiva hacia la solución política en 1989, es decir, nueve años después de que se desatara. Esto no sucedió, por supuesto, de improviso, ni por incidencia determinante del azar. La suerte de la guerra salvadoreña se había echado desde hacía mucho, prácticamente desde los estadios más remotos de la preguerra. La guerra de El Salvador no fue una guerra ideológica, como la propaganda de ambos bandos quería hacer creer, sino una guerra política, porque el detonante final de la misma había sido la inoperancia histórica del sistema político, lastrado por el ejercicio distorsionado del poder. La paz resultante no podía ser, entonces, una reproducción de ese ejercicio distorsionado, independientemente de las vestiduras que se le pusieran: tenía que ser una redefinición política que trascendiera tales distorsiones. Esto empezó a ser visible cuando la bipolaridad mundial entró en fase de desmontaje, en la segunda mitad de 1989. Entonces, el conflicto



salvadoreño dejó de ser un pie de página en la agenda de las dos grandes potencias —Estados Unidos y la Unión Soviética— y pudo autorreconocerse como una realidad capaz de construir sus propias soluciones.

En aquel momento, el reflector internacional comenzó a girar y los apoyos que durante el desarrollo del conflicto habían estado referidos a cada una de las partes empezaron a enfocarse hacia la solución política. De esta manera, internamente, fue posible emprender la tarea de sentarse —un bando y otro— a construir los entendimientos básicos de la solución definitiva. Como en un escenario teatral, en el centro aparecía una mesa iluminada y en los extremos, en una oscuridad progresiva, quedaban, en penumbras, las trincheras. Ahí volvió a surgir la presencia de México, en la primera línea de la acción. ¿Qué país, que no fuera México, podía crear las condiciones ideales para acoger esa mesa de manera permanente? Hubo, desde luego, otros países hermanos que pusieron lo suyo, pero México fue siempre la sede principal y natural.

El aporte de México en la etapa puramente negociadora no se limitó, desde luego, a la hospitalidad física y al apoyo logístico permanente para que el proceso pudiera desenvolverse de manera espontánea y fluida, conforme a los distintos estadios de su propia evolución; hubo un acompañamiento político y diplomático comprometido con la dinámica del avance que fue desde el vínculo que se desarrolló entre los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Alfredo Cristiani hasta las diversas expresiones de colaboración diplomática y técnica que requirió la dinámica del esfuerzo integral hacia la paz. Las Naciones Unidas, por la vía de su secretario general, conformaron un grupo de cuatro países amigos, entre los cuales destacó el papel de México, encarnado en su representante permanente ante el organismo mundial, el embajador Jorge Montaño.



La extraordinaria y fraternal hospitalidad mexicana durante todo el proceso negociador tuvo su broche de diamante en la ceremonia de la firma del Acuerdo de Paz, en el Castillo de Chapultepec. Aquella mañana del 16 de enero de 1992, todos los ánimos positivos convergieron en una atmósfera iluminada por los destellos del futuro. Vendría la primera gran prueba: el cumplimiento de lo acordado, tarea en la que México volvió a poner su inspiración acompañadora. Después se abriría la fase de la construcción de la paz, en la que los salvadoreños aún estamos comprometidos, porque se trató y se trata de redefinir El Salvador como una nación moderna, humanizada, progresista y de raigambre pacífica. El trabajo nunca concluye y cada etapa determina las posteriores.

Las tareas del presente y del futuro

La paz salvadoreña se firmó a comienzos de 1992 y, como era natural y previsible, con ello se abrió una etapa nueva del proceso que los salvadoreños vivíamos desde al menos sesenta años antes, desde aquel levantamiento campesino que el poder establecido etiquetó como un movimiento comunista y trató con criterio estrictamente militar, dejando de lado el tratamiento político acorde con la realidad que entonces debió dársele. Lo que en 1992 se hizo, en buena medida, fue practicar la lección aprendida y ubicar lo político en la primera línea del tinglado nacional, dentro de una opción inequívocamente democrática y conforme a las exigencias, a las posibilidades y a las aspiraciones puestas en juego luego de todos los traumas vividos.

A partir de 1992, la construcción evolutiva del proceso democrático de El Salvador ha pasado por distintas etapas, todas ellas concatenadas por la misma dinámica histórica. Desde hace poco más de veinte años lo más relevante puede resumirse



en una frase: aprendizaje de convivencia pacífica y democrática. Éste no es, desde luego, un ejercicio exclusivo de la sociedad salvadoreña: prácticamente todas las sociedades nacionales de nuestra América —unas más, otras menos— edifican su propia modernización. En nuestro caso, sin embargo, el tránsito está entre los más difíciles, porque en ningún momento del pasado hubo un intento serio y sostenido de emprender la vivencia democratizadora como un esfuerzo verdaderamente nacional. La solución política de la guerra ha sido la plataforma posibilitadora de dicha tarea insoslayable.

El presente nos mantiene ocupados en esta tarea de cara al futuro. El desafío es básicamente estructural, con una primera labor en la agenda, que consiste en limpiar la casa de todos los resabios y residuos de la larga época autoritaria, para seguir acomodando las piezas correspondientes a esta nueva realidad, ahora en un escenario diferente: el que provee la actual expansión global, sin precedentes.

Como nunca antes, hoy todos somos visibles en el mapamundi, no sólo como diseños geográficos, sino como presencias nacionales. Esto cambia todas las perspectivas y es sin duda el augurio de una humanización de proyecciones aún indefinibles. Los viejos paradigmas son cuestionados y la construcción de los que vendrán a sustituirlos es una misión compartida sin fronteras. El tiempo está haciendo su obra.


83Acciones para la inserción del movimiento revolucionario salvadoreño

Acciones para la inserción del movimiento revolucionario

salvadoreño

Ana Guadalupe Martínez

Introducción

Para tratar el papel de la diplomacia mexicana en el proceso de negociación de los Acuerdos de Chapultepec (1989-1992) durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, es preciso referirse asimismo a los sexenios de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988), al igual que a la con-sistente política exterior de estos gobiernos hacia Centroamérica, que consideraron siempre que la base de esta conflictividad en la región estaba en los graves problemas económicos y sociales, las violaciones a los derechos humanos y la exclusión política de una parte importante de esas sociedades. Fue en el primer año de gobierno de López Portillo cuando se produjo la agudiza-ción de los conflictos locales en Nicaragua y El Salvador.

Es importante recalcar el papel que en la primera mitad de 1979 desempeñaron los gobiernos de México, Venezuela y Panamá, encabezados respectivamente por sus presidentes José López Portillo, Carlos Andrés Pérez y el general Omar Torri jos, en la salida del general Anastasio Somoza de Nicara-gua. México incluso retiró a su embajador, con lo que comenzó un proceso de aislamiento internacional al gobierno de Somoza.

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En ese momento, la política exterior estadunidense del presi-dente James Carter demandaba el respeto a los derechos hu-manos como una condición de cualquier gobierno amigo que se preciara de ser democrático, lo que posibilitaba un papel activo a México y otros gobiernos en la transición nicaragüense.

México, Venezuela y Panamá fueron los interlocutores del grupo de 12 personalidades democráticas de Nicaragua que representaban las distintas corrientes y sectores de la lucha antisomocista, incluido el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (fsln), con el fin de que éste fuese lo más cauteloso posible en la propuesta que sustituiría al ex dictador Somoza; proceso que finalmente tuvo por aceptación que fuese el Grupo de los Doce el que asumiera la organización de la transición a un gobierno democrático en Nicaragua a finales de los años se-tenta, contando con el fuerte apoyo de esos tres gobiernos que, en cierta medida, garantizaban la preservación de los valores democráticos y de no alineamiento con Cuba y la Unión Soviéti-ca, preocupación legítima del gobierno de Carter, quien buscaba la reelección a la Casa Blanca.

Estos acontecimientos abrieron el espacio para que el fsln, sin llegar a ser una voluminosa e importante fuerza guerrillera, pudiera aprovechar de manera hábil e inteligente el aislamiento político interno e internacional de la dictadura somocista y la huida de la Guardia Nacional somocista, que rápidamente creó un vacío de autoridad en las principales ciudades, incluyendo la capital, Managua. El impacto que pro-dujeron los acontecimientos de esos días en los revolucionarios salvadoreños y la participación de los gobiernos de México, Venezuela y Panamá para aminorar las desconfianzas de Es-tados Unidos a lo que sucedía en Nicaragua fueron enormes, y el interés por parte del movimiento popular y revolucionario salvadoreño por abrir relaciones con el gobierno mexicano se profundizó.

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Tres años después, el grupo de países encabezados por México, Venezuela y Panamá, al que se agregó Colombia, for-marían el Grupo de Contadora, que le daría continuidad a la transición en Nicaragua, mediante la búsqueda del diálogo en-tre las partes en conflicto, su oposición a la injerencia extranje-ra y su planteamiento de no enmarcar los problemas regionales en la confrontación Este-Oeste. Asimismo, este grupo mostró interés en tener más presencia e influencia en las instituciones, la política y el debate académico de los procesos de construcción democrática y de los conflictos armados que se estaban produ-ciendo en Centroamérica, y de enfrentar de manera conjunta la presión y la agresividad de la nueva administración estaduni-dense, encabezada por el presidente Ronald Reagan.

El movimiento popular salvadoreño y los distintos gru-pos guerrilleros —aún no se habían unificado con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln)— co-menzaron a ver y a considerar a esos actores internacionales como posibles aliados en la búsqueda de la democratización de El Salvador.

Antecedentes

Los limitados espacios internacionales de los revolucionarios salvadoreños en los años sesenta y setenta eran, para algunos, solamente Cuba y la Unión Soviética, y estaban fundamen-talmente vinculados al Partido Comunista, sobre todo a nivel sindical y del movimiento estudiantil universitario, incluidas las centrales obreras socialistas e internacionales estudianti-les. Los miembros de dicho partido asistían a los eventos que se desarrollaban en el campo socialista, en los que se establecían vínculos en México con el Partido Comunista Mexicano y sus correspondientes centrales obreras, y con el movimiento estu-

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diantil de ese país; todo esto para poder decir que, para muchos dirigentes locales salvadoreños tanto del movimiento social como de los guerrilleros, el gobierno de México no era precisamente confiable o considerado como un amigo, pues el cristal a través del cual se le miraba era precisamente el radical y socialista.

Cuando el gobierno de México abrió sus fronteras, se con-virtió en retaguardia política y asumió en los distintos foros internacionales posiciones en defensa de los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos y el derecho a tener go-biernos democráticos, por su parte, los salvadoreños en lucha compartieron esa posición, además de que les entusiasmaba la idea de la relación política con el gobierno mexicano.

México fue decisivo para el movimiento popular y revolu-cionario en tres aspectos fundamentales: en ser una retaguardia política; en la construcción del escudo contra la intervención estadunidense en Centroamérica, y en la democratización del pensamiento de la dirigencia revolucionaria salvadoreña y en el diseño de los contenidos para una negociación.

Retaguardia política

Generar la confianza, la certeza de estar en el mismo bando de búsqueda genuina de la democratización de El Salvador y de la defensa de la no intervención de Estados Unidos en Cen-troamérica fue un proceso con base en las vivencias personales de la mayoría de los dirigentes guerrilleros que por necesidad de su movilización a otros países para realizar tareas políticas tuvieron que visitar México. El asilo otorgado a familiares de muchos de estos guerrilleros, así como a familiares de dirigen-tes sociales, sindicales; la calidad de la relación política con las instituciones mexicanas, sobre todo con la Cancillería; la rela-ción con la Embajada de México en El Salvador; la labor huma-nitaria que esta embajada realizaba; la relación que se produjo

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en organismos internacionales, en particular en aquéllos del sistema de las Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos de la onu en Ginebra, Suiza, crearon una superficie de contactos muy amplia que permitió a los revolucionarios salvadoreños llegar a la conclusión de que México era un aliado genuino en la lucha por la democratización y la defensa de una política de no intervención de Estados Unidos en Centroamé-rica. Ejemplo de esto fue la postura de México en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (oea) en Bolivia (1979), en la que una delegación de la comisión salvado-reña de derechos humanos no gubernamental, encabezada por Marianela García Villas, solicitó ser escuchada para denunciar la gravedad de lo que ocurría en El Salvador respecto a los de-rechos humanos. Asimismo, en las comisiones especiales de las Naciones Unidas de las cuales era miembro, México permitía sugerir contenidos de cara a mantener en duda avances en te-mas cruciales como el respeto a los derechos humanos y la ne-cesidad de democratizar el país. Todos estos hechos generaron la confianza en que México era un país amigo.

Sin embargo, ¿si para la mayoría de los guerrilleros y sus dirigencias, los países socialistas y los países del Tercer Mundo y los no alineados eran los amigos y los aliados tácticos?, ¿dón-de se ubicaba México?

México fue clave en el proceso para convertir a los dirigen-tes de un movimiento guerrillero muy ortodoxo, en dirigentes de un movimiento insurgente con una visión más amplia y abierta.

¿Qué fue lo que sucedió para que se produjese esa trans-formación? La combinación de la sabiduría de un dirigente socialdemócrata salvadoreño, Guillermo Manuel Ungo, y la decisión del gobierno mexicano de dejar actuar en su territorio a la parte política y popular del movimiento salvadoreño bajo determinadas reglas:

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1. El Frente Democrático Revolucionario (fdr) y el fmln ins-talaron una oficina en la capital mexicana en la que se encontra-ba la Comisión Política Diplomática de esta alianza democrática revolucionaria, que fue considerada la representación diplomáti-ca del fdr-fmln casi con características de una embajada.

2. Se estableció un espacio con los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, de agencias de prensa y otros, que permitió mantener niveles de información excelen-tes y ágiles para romper la barrera de desinformación que el gobierno salvadoreño, con apoyo del gobierno estadunidense, mantenía acerca de los acontecimientos que se registraban en El Salvador, desde temas de derechos humanos hasta la situa-ción militar durante el enfrentamiento armado.

3. Se amplió la relación con los distintos grupos de solida-ridad tanto del movimiento social y político (sindicatos, grupos locales de bases del Partido Revolucionario Institucional, gru-pos religiosos, comunales y estudiantiles, etcétera).

4. Se realizaron en territorio mexicano reuniones de trabajo político o de coordinación del movimiento popular salvadoreño.

5. Fue posible conceder asilo o permitir la residencia a cua-dros y dirigentes del movimiento social y revolucionario, y sus familias (en algunos casos). También se concedió la residencia a un importante grupo de profesionales, académicos e intelec-tuales salvadoreños que interactuaban con colegas mexicanos, ya sea en actividades laborales o en centros de investigación social, económica y política.

6. La flexibilidad en el paso de los salvadoreños en el éxodo hacia Estados Unidos. Todavía no está clara la cifra de cuántos salvadoreños se quedaron en territorio mexicano mimetizados en las comunidades de la periferia de las grandes ciudades mexi-canas.

7. México fungió como puente para salir hacia otros países desde su capital ante la imposibilidad de cruzar el territorio o

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el espacio aéreo de Estados Unidos. Ello facilitó la movilidad para la mayoría de los líderes de la guerrilla.

Si se revisan cuidadosamente todas las posibilidades de contacto que las condiciones arriba descritas generaron, se con-cluye entonces que la transformación por la vía de la discusión de las experiencias mismas y del conocimiento de la realidad mexicana y de otros países democráticos, sobre todo de Euro-pa, posibilitada por el esfuerzo de México y por Ungo de abrir al mundo al movimiento popular y guerrillero de El Salvador, fue lo que influyó al final del camino en los contenidos de la nego-ciación política.

Lo anterior tuvo lugar en medio de un feroz ataque, pre-siones y reclamo de los distintos gobiernos de Estados Unidos hacia México con el objetivo de reducir el espacio de acción del movimiento revolucionario salvadoreño, aislarlo y quitarle le-gitimidad a su lucha e interlocución con otros gobiernos a nivel mundial.

Fue clave la relación neutral del gobierno mexicano hacia Cuba, pues ello permitió que hubiera una constante comunica-ción diplomática con el gobierno de este país y con ello mante-ner una presencia muy activa en el movimiento de países no alineados y una apertura en las relaciones con la mayoría de naciones africanas que de otra manera habría sido imposible.

Cuando el secretario de Estado Alexander Haig, del recién establecido gobierno del presidente Reagan, declaró que “había que marcar la raya a los comunistas en El Salvador”, quedó claro que aquel gobierno que permitiera libertades a los revolu-cionarios salvadoreños en su territorio no era un gobierno amigo. Es en este contexto que la política exterior mexicana, pese a to-das esas amenazas, actuaba en consonancia con la decisión de no permitir la intervención de Estados Unidos en Centroamérica.

La política exterior mexicana de esa época estuvo marca-da por propuestas e iniciativas que requerían mucho diálogo

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con los distintos gobiernos a nivel internacional, así como por una cancillería que estaba permanentemente informada de las actividades políticas internas, de las acciones militares más importantes de la estrategia político-militar de la insurgencia, y que recibía a sus dirigentes para obtener de primera mano los insumos para elaborar propuestas que incluían, con sensi-bilidad, el punto de vista de los luchadores salvadoreños por la democracia.

Las relaciones con la Cancillería y con otras secretarías de los gobiernos mexicanos de la época fueron trascendentes para concebir y construir una posición democrática sustenta-da en principios universalmente aceptables. Las reuniones de intercambio de propuestas para ser llevadas a organismos in-ternacionales e instancias políticas diplomáticas bilaterales de México con otros gobiernos fueron construyendo un pensa-miento propio, profundizando en las discusiones internas con los aliados democráticos del fdr, fundamentalmente con Ungo, quien tenía un alto nivel de representación en el concierto de países gobernados por la socialdemocracia. El mismo Ungo era vicepresidente para Centroamérica de la Internacional Socia-lista.

El escudo para detener la intervención estadunidenseen Centroamérica

La construcción de nuevas e innovadoras formas de hacer par-ticipar a la comunidad latinoamericana por medio del Grupo de Contadora fue fundamental, cuando la política del presidente Reagan consideraba incluso la posibilidad de una intervención militar directa y amenazaba con regionalizar el conflicto y ha-cer de Centroamérica el último escenario de la confrontación Este-Oeste. Además, no existía ningún mecanismo regional de diálogo independiente del alineamiento con Estados Unidos,

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pues la oea era caja de resonancia de la agresiva política de ese país hacia Nicaragua.

El Grupo de Contadora, grupo de países encabezados por México, se constituyó como una de las más importantes iniciati-vas político-diplomáticas que, junto con la Declaración Franco-Mexicana, le dio un respiro y el tiempo justo al fmln para el reacomodo que necesitaba después de la ofensiva final de enero de 1981, la cual había fracasado en su intento por insurreccio-nar a los sectores urbanos de las principales ciudades del país.

Sin este tiempo ganado por la intensa actividad político-di-plomática de cancilleres y jefes de Estado en visitas conjuntas a todos los países centroamericanos para evitar la intervención directa de tropas de Estados Unidos pese al contexto de esca-lada en apoyo militar a las fuerzas armadas salvadoreñas y a la creación de grupos irregulares armados conocido como la contra antisandinista, el ejército insurgente salvadoreño no hubiese podido resistir la represión y articularse en las zonas rurales donde ya había consolidado su retaguardia. De igual manera, el movimiento popular pudo replegarse hacia esos frentes de guerra como solución a los problemas de persecución en las ciudades.

Ha sido uno de los periodos más creativos de la diplomacia mexicana y a pesar del aparente agotamiento y la falta de resul-tado en la consecución de un diálogo entre gobiernos centroame-ricanos, ese tiempo fue valioso para el “otro bando”, ya que le permitió rearticularse e iniciar una estrategia de resistencia en medio de la más feroz represión y amenazas de intervención directa por parte de Estados Unidos.

Generar el ambiente para el creciente rechazo latinoame-ricano a la posible decisión de Estados Unidos de intervenir mi-litarmente en Centroamérica y ganar el tiempo necesario para que los movimientos populares y revolucionarios lograran cons-truir una correlación de fuerzas internas que los volviese acto-

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res indispensables en las soluciones negociadas en sus propios países es un servicio impagable a México, a su política exterior, a sus calificados funcionarios, a su tradición de ser el hermano mayor de la región.

Construyendo los contenidos de la negociación para el findel conflicto armado

En 1988 tuvo lugar la salida al exterior de la comandancia ge-neral del fmln y de los encuentros con la comunidad socialde-mócrata de presidentes de América Latina. Las visitas fueron previamente preparadas por una delegación de la comisión político-diplomática que, en consulta con la Secretaría de Rela-ciones Exteriores de México, preparó el listado de solicitudes de entrevistas con las cancillerías de varios países latinoamerica-nos gobernados por presidentes socialdemócratas y comprome-tidos con la búsqueda de una solución negociada a los conflictos centroamericanos, algunos de ellos amigos personales del doc-tor Ungo y participantes en el Grupo de Contadora, después de ampliarse a ocho miembros: los presidentes Óscar Arias de Costa Rica, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Rodrigo Borja de Ecuador, Alan García de Perú, Raúl Alfonsín de Argentina, César Gaviria de Colombia. En México, los recibiría el secreta-rio Bernardo Sepúlveda.

Por esos días el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, había iniciado una política de acercamiento y de negociaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos para cortar el suministro y el apoyo a la contra nicaragüense. Esto planteó a la insurgencia salvadoreña la consideración de una estrategia político-militar para buscar una negociación con ventaja o una definición militar a su favor. Nicaragua estaría buscando legítimamente disminuir la tensión en sus relaciones con Estados Unidos y por supuesto la contrapartida sería la

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suspensión del apoyo y el papel de retaguardia que jugaba para los revolucionarios salvadoreños el territorio nicaragüense.

Es en este contexto que se produce la gira latinoamericana de los dos miembros más representativos de la comandancia general del fmln que sirvió para contar con nuevas ideas y pro-fundizar en temas que se utilizarían para darle contenidos a la negociación.

El fmln había acordado preparar una ofensiva general mi-litar y convencer a los sandinistas de un último esfuerzo estra-tégico para mejorar las condiciones político-militares para en-frentar la negociación con el gobierno salvadoreño. En la visita a la Cancillería mexicana, se planteó al secretario Bernardo Sepúlveda con mucha franqueza la decisión de buscar mejores condiciones para negociar el fin del conflicto, incluyendo, por supuesto, un esfuerzo militar estratégico. El secretario Sepúl-veda preguntó al final de la conversación con qué pensaban seducir al gobierno para que aceptara esa negociación. Esta pregunta obligó a una de las más profundas y necesarias discu-siones acerca de los límites y concesiones que estaría dispuesto a ceder el fmln en una solución negociada al conflicto.

En Colombia, después de que Joaquín Villalobos explicara lo que se necesitaba corregir para garantizar que las fuerzas armadas no fuesen las que determinaran la política en el país, durante la visita al presidente Gaviria uno de los asesores colombianos presente en la conversación sintetizó la explica-ción diciendo que “lo que se estaría buscando es que la ins-titución que por ley tiene el monopolio del uso de las armas sea neutral frente a la situación política nacional”. Esto terminó de elaborar uno de los más complejos y fundamentales temas que hay que resolver en cualquier negociación.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos intentó ha-cer fracasar la gira por América Latina del fmln presionando por medio de sus embajadas a los presidentes y cancilleres de

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lo inamistoso que sería ese gesto para ese país. Ello no tuvo éxi-to y quedó claro que eran otros tiempos, muy diferentes a los de la época de la Declaración Franco-Mexicana, en donde Estados Unidos, en menos de 48 horas, había alineado a prácticamente todo el continente en contra de esta iniciativa, dejando solo a México.

La nueva administración estadunidensey el conflicto en Centroamérica(1989-1992)

El 15 de septiembre de 1989, en las instalaciones del Seguro Social en San Jerónimo, Distrito Federal, tuvo lugar la primera reunión de diálogo entre la comisión del gobierno de El Salva-dor del recién electo presidente Alfredo Cristiani, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la comisión nombrada por el fmln. Este hecho se dio después de haber transitado por cientos de reuniones durante varios años con infinidad de acto-res políticos, religiosos, sociales, del sector privado y del mismo campo revolucionario salvadoreño. La mayoría de dichas reu-niones se realizaron en territorio mexicano.

La victoria electoral del partido Arena y la llegada de Cris-tiani al gobierno generó en varios dirigentes del fmln la certeza de que ahora sí llegaba al ejercicio del poder político la oligar-quía salvadoreña sin intermediarios y que sería directa la ne-gociación con los que de verdad mandaban al Ejército Nacional. Esta reflexión en parte era cierta, pero a lo largo de los 28 meses y tres días que duró la negociación entre los delegados del go-bierno salvadoreño y el fmln quedó claro que el instrumento militar que usaban para mantener su dominio había cobrado vida propia y el temor a un golpe de Estado estuvo presente en varios momentos del proceso negociador.

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El lenguaje en el discurso inicial del presidente Cristiani para proponer “un proceso de diálogo sin condiciones, serio y permanente” se concretó el 7 de agosto de 1989, al término de la reunión de presidentes centroamericanos en el Puerto de Tela, Honduras, con la declaración de que estaba dispuesto a buscar una solución política al conflicto por medio del diálogo.

El fmln respondió aceptando la oferta de diálogo y, a tra-vés de la Iglesia católica salvadoreña, en la figura del arzobispo monseñor Arturo Rivera y Damas, se comenzó a concretar la primera reunión entre las delegaciones nombradas por ambas partes.

Así llegó el 13 de septiembre y México se convirtió en la sede principal de las reuniones de diálogo entre el gobierno de El Salvador y el fmln, intermediadas en sus inicios por dele-gados de la Conferencia Episcopal Salvadoreña. En un primer encuentro, el fmln expuso que era necesario que en la delega-ción del gobierno se integrara un representante del Ejército salvadoreño, ya que uno de los lineamientos centrales que discutir sería el papel de las fuerzas armadas en una sociedad democrática.

El siguiente encuentro fue pactado para realizarse en San José, Costa Rica, en el convento de las hermanas clarisas. Allí se presentó la delegación oficial con una variante. Estuvieron varios asesores y, entre ellos, algunos militares de alto rango y empresarios destacados, quienes en las reuniones del primer día no acompañaron dentro del salón de reuniones a los miem-bros de la delegación oficial.

Al otro día, los asesores participaron sentándose en la par-te de atrás de su delegación, lo cual era un paso trascendental para el contenido del diálogo entre ambas delegaciones. De ahí en adelante, escucharían a la parte con la que estaban enfren-tados.

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En el encuentro de Costa Rica, el fmln tenía que resolver una contradicción fundamental que martirizaba a la delega-ción presente en la reunión: la necesidad de mantener abierta la mesa de diálogo sin dejar de realizar la planificada ofensiva “hasta el tope”, que durante casi un año se había decidido eje-cutar para mejorar la correlación político-militar, consideran-do que sería la última oportunidad de una acción militar de carácter estratégico, pues Nicaragua había decidido negociar bilateralmente con el gobierno estadunidense un proceso de distensión.

Por la franqueza en los términos de la relación México-fmln, esta información se transmitió, pero de forma general, sin manejar los pormenores de dicha operación estratégica.

México siempre estuvo enterado y cooperaba por medio de sus embajadas y embajadores para posibilitar todos los encuentros que contribuyeran a construir el escenario de la negociación final. La constante coordinación y solicitud de opi-nión, asesorías y consultas a algunos gobiernos que influían en ambas partes llevó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas a proponer un grupo de países amigos, conformado por México, España, Colombia, Venezuela, conoci-do como el Grupo de Países Amigos del Secretario General de la onu, al que se unió posteriormente Estados Unidos. Vale la pena señalar que para el fmln la política del gobierno de Méxi-co siempre fue garantía de neutralidad y respeto a sus puntos de vista y posiciones.

Las dos reuniones de negociación que se realizaron en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, fueron claves para concretar los temas que permitieron el acuerdo final.

Las últimas horas del año de 1991 fueron críticas. Ahí, el embajador mexicano Jorge Montaño fue el más consultado por Joaquín Villalobos para lograr apoyo de su gobierno y poder

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incluir en el texto del acuerdo un compromiso del gobierno sal-vadoreño y de la comunidad internacional para instrumentar programas que permitieran a los insurgentes desmovilizados una reinserción a la vida económica con un mínimo de seguri-dad material para que no hubiese alzamientos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz.

Este tema, que no había sido abordado, pero que era esen-cial en la construcción de condiciones para lograr un cese de fuego consistente y duradero, terminó siendo visto como un pretexto que Joaquín Villalobos introducía a última hora para no firmar. Sin embargo, México estaba informado por su emba-jador de las genuinas preocupaciones del líder insurgente sobre este asunto tan crucial para garantizar la sostenibilidad del cese de fuego.

El embajador Montaño convocó a los otros embajadores del Grupo de Países Amigos para abordar esta temática, atender las preocupaciones expresadas y buscar soluciones en conjunto con el secretario general de las Naciones Unidas.

Como resultado de este esfuerzo, se incluyó al final un párra-fo que dio pie a programas que hicieron posible un proceso sos-tenible de reinserción de ex combatientes, que duró varios años y cuyo costo fue de varios millones de dólares.

Es de reconocer el compromiso del gobierno mexicano de mantener, en todo momento, una postura independiente a las presiones e intereses de Estados Unidos desde el inicio del con-flicto salvadoreño a finales de los años setenta, lo cual se mani-festó siempre en su consistente política exterior.

Tal como dice Mónica Toussaint, al gobierno mexicano le interesaba eliminar un foco de tensión que pudiera derivar en un conflicto internacional próximo a su frontera sur y garan-tizar la estabilidad política regional. Asimismo, apunta que “eran necesarios ciertos cambios políticos y sociales que dieran

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viabilidad a las economías centroamericanas y México estaba dispuesto, no sólo a aceptarlos, sino incluso a propiciarlos”. En otro párrafo señala que “el gobierno mexicano se planteó enton-ces la necesidad de moderar a los sectores revolucionarios, con la finalidad de hacer viable el cambio y frenar la intervención de Estados Unidos”.*

* Mónica Toussaint, “Centroamérica: entre la guerra y la paz. Del Pacto de Corinto a los Acuerdos de Esquipulas”, en Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, núm. 45, septiembre-diciembre de 2007, p. 174, en http://www.cialc.unam.mx/web_latino_final/archivo_pdf/Lat45-157.pdf.

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99La diplomacia mexicana en el proceso de negociación de los Acuerdos de Chapultepec

La diplomacia mexicana en el proceso de negociación de los Acuerdos

de Chapultepec

Sergio González Gálvez*

La vecindad como factor en la política exterior

No cabe duda de que las relaciones con los países más próximos a México constituyen un espacio de acción, caracterizado por significativas peculiaridades. La continuidad territorial crea problemas específicos y da a otros temas de nuestra agenda diplomática con esos países una profundidad particular. Los puntos de contacto entre nuestras sociedades y economías se multiplican. El número de instancias gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en el manejo de esas relaciones se multiplican también.

Así, todo lo anterior llegó a constituirse en un elemento fundamental de nuestra doctrina diplomática en vigor casi desde que logramos nuestra independencia, al mantener y, cuando fue posible, fortalecer, en el interés nacional, una serie de círculos concéntricos íntimamente relacionados de vecinos, que incluyen en primera instancia aquellos con los que com

* Este artículo es un tributo a los diplomáticos mexicanos de carrera que a través de los años nos han dado un prestigio internacional que las nuevas generaciones tienen la obligación de honrar y mantener.

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partimos fronteras y, en segundo lugar, las naciones con las que ocupamos no sólo el continente americano sino también con las que nos identificamos en raíces históricas y aspiraciones, que no únicamente abarcan el subcontinente latinoamericano y las amplísimas comunidades latinas que viven en los Estados Unidos de América, sino también la península ibérica.

A la luz de esa premisa, quisiera sencillamente destacar que la naturaleza de los desafíos que enfrenta nuestra relación fronteriza con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe tiene, sorprendentemente para algunos, importantes paralelismos.

Existen, claro está, diferencias claras y significativas en cada caso, pero temas como la migración, los diferentes niveles de una integración económica, la posibilidad de crear alianzas políticas con objetivos específicos y la necesidad de mejorar sustancialmente nuestra infraestructura de comunicación en esas zonas se repiten en todos ellos, lo que obliga a buscar el mayor grado de consistencia en las políticas a seguir. Esto nos remite a la importancia de mantener una congruencia y una continuidad en la aplicación de los principios que norman nuestro comportamiento internacional.

Con especial referencia a nuestra relación con Centroamérica y el Caribe, encontramos numerosos ejemplos, tanto de la capacidad de México para adelantarse a las tendencias globales y regionales, como de la importancia que atribuimos a las dimensiones extraeconómicas de la vecindad. En el primer caso, es posible señalar la creciente incorporación de prácticamente todos los países de la región a la aspiración común de ampliar los espacios de liberalización comercial, a pesar de algunas reticencias en el Cono Sur, que afortunadamente se están modificando, con la consiguiente transformación de nuestro hemisferio en un elemento central para la construcción de un orden económico internacional más abierto.

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En cuanto a las dimensiones extraeconómicas de la vecindad, vale recordar que el contexto de la Guerra Fría determinó un marco de relaciones con modalidades propias. Quizás el decenio de los años ochenta sea el periodo que mejor condensa el contexto típico de la Guerra Fría en el que se desenvolvió la política exterior de México en su ámbito vecinal.

Estamos hablando de manera específica de la turbulencia bélica en Centroamérica, que puso a prueba la capacidad de México para desarrollar per se y en concertación con otros Estados, una política de pacificación hacia la región colindante.

Sin embargo, la política exterior de México estuvo atada necesariamente al cúmulo de paradojas y contradicciones que engendraba la competencia hegemónica entre las dos superpotencias en esta parte del hemisferio. De tal suerte que, a ratos, las acciones de México y de sus aliados en Contadora podrían interpretarse como en competencia con las posiciones de Washington, y aun a favor de los intereses estratégicos del bloque socialista. Esto, al menos, desde la óptica de los sectores ideológicamente más conservadores, en particular en los Estados Unidos de América y algunos países de América Latina, México inclusive.

Hubiera sido impensable, en aquellas circunstancias, imaginar una convergencia de intereses entre México y los Estados Unidos de América, en relación con Centroamérica, como la que esperamos que exista hoy en día. Las acciones y la capacidad de persuasión de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y los países amigos del secretario general de esta organización, México entre ellos, y de un cambio dramático y breve en la actitud al respecto en el gobierno de Washington, auspiciaron el esquema de pacificación y reconciliación nacional en El Salvador y posteriormente en Guatemala.

Estamos convencidos igualmente de que el prestigio y el peso específico de la diplomacia mexicana en asuntos de segu

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ridad hemisférica, entendida en su sentido lato, en particular en la región centroamericana y el Caribe, deben seguir activos y actualizados, incluyendo, ahora, la lucha contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico, que trasciende las fronteras de los países de esta región, sobre todo ya despojados de las ataduras y los atavismos del periodo de la Guerra Fría, si bien sigue latente el absurdo e ilegal aislamiento de Cuba de los mecanismos de diálogo regionales, que ya empieza a crear problemas como es la decisión de algunos gobiernos de no asistir a reuniones cumbres, mientras ese país no esté incorporado de nuevo al sistema regional.

En resumen, la experiencia de nuestras relaciones hemisféricas muestra que la noción de vecindad va hoy no sólo más lejos de la continuidad geográfica inmediata, sino incluso más allá de lo estrictamente económico.

Si no cambiar es imposible y si la evolución misma del sistema internacional impone a nuestro comportamiento allende las fronteras la necesidad de un énfasis regional, no debemos olvidar nuestra vocación universalista, implícita en estos esfuerzos, la cual siempre debe orientar nuestra actuación.

El conflicto salvadoreño

En cuanto al proceso de pacificación en El Salvador, en el que por azares del destino me tocó actuar en mi posición de subsecretario responsable de los asuntos del continente americano en su integridad y en donde conté con el eficiente apoyo de compañeros del Servicio Exterior Mexicano como el embajador Raúl Valdés, adscrito en esa época a mi oficina en la Cancillería y con una amplia trayectoria profesional, debemos empezar por recordar cómo se gestó la famosa Declaración FrancoMexicana, la cual se originó en una iniciativa del entonces secretario de

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Relaciones Exteriores, el jurista Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, quien utilizó todos sus contactos en Francia, inclusive los que tenía su hijo Jorge G. Castañeda Gutman, residente entonces en ese país, con el politólogo francés Regis Debrey, para iniciar un proceso de mediación en ese conflicto que incluyó contactos oficiales con el gobierno de François Mitterrand y que produjo, como un primer paso, la Declaración emitida el 28 de agosto de 1981.

En esta declaración, los dos gobiernos enfatizan que la situación en El Salvador “constituye una fuente de peligros potenciales para la estabilidad y la paz de toda la región habida cuenta de los riesgos de internacionalización de la crisis”, y reco nocen al mismo tiempo que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) y el Frente Democrático Revolucionario (fdr) constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y a ejercer los derechos “para participar en la instauración de los mecanismos de acercamiento y de negociación para la solución política de la crisis”.

En resumen, la Declaración FrancoMexicana buscó reafirmar que correspondía únicamente al pueblo de El Salvador la solución final a la profunda crisis por la que atravesaba el país, proceso en el que coadyuvaría otorgar un temprano reconocimiento tanto al fmln como al fdr a cambio de que aceptaran expresamente asumir sus obligaciones internacionales que, por un lado, les impone el deber de respetar el derecho aplicable en caso de conflictos armados y, por el otro, les abre la puerta como parte interesada en la solución de la guerra interna que sufría ese país.

Cabe destacar que los 43 miembros de la Internacional Socialista, incluidos los nueve que en ese momento estaban en el poder político en sus respectivos países —Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Granada, Irlanda, Noruega, Repú

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blica Federal de Alemania y Suecia—, apoyaron la Declaración FrancoMexicana.

La Declaración FrancoMexicana sentó un precedente en la historia contemporánea de las relaciones internacionales y logró que los Estados Unidos de América, bajo la administración Reagan, aceptaran la posibilidad de una solución negociada que incluyera a todas las partes en conflicto armado. En esta primera etapa fueron consultados dos distinguidos líderes salvadoreños, Guillermo Manuel Ungo y Héctor Oquelí Colindres, dirigentes del Movimiento Nacional Revolucionario. Años después, al fallecer Ungo, tuve el triste encargo de llevar su cuerpo a su tierra en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

El efecto de la Guerra Fría en el conflicto salvadoreño

Según algunos observadores políticos, la guerra civil en El Salvador era uno de los conflictos derivados de la confrontación ideológica, política y militar entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

No hay duda de que los dos bandos en pugna en el conflicto salvadoreño estaban influenciados por la contienda mundial. El gobierno de El Salvador —según los expertos— había mantenido una firme alianza con los Estados Unidos de América desde mediados del siglo xx. Oficiales del ejército gubernamental recibieron adiestramiento en centros militares estadunidenses, como la Escuela de las Américas, desde épocas anteriores al conflicto bélico salvadoreño. Por otra parte, los movimientos de izquierda que conformaron el fmln mantenían relaciones de cooperación con la urss, los países del bloque socialista del Este, Cuba y Nicaragua.

Cabe recordar que en nuestros contactos con Washington, se nos indicaba su preocupación por el hecho de que El

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Salvador y la Nicaragua sandinista podrían convertirse, con el apoyo soviético, en bases para ataques directos a territorio estadunidense en caso de un conflicto entre las superpotencias. Todo esto enfatizaba aún más la importancia de solucionar el conflicto y evitar que se extendiera a otras regiones de la zona centroamericana.

Por otro lado, en la mayor parte de los países de América Latina, la reacción a la Declaración FrancoMexicana fue de una fuerte oposición; se acusó a los dos gobiernos de injerencia en los asuntos internos de El Salvador, lo que denotaba que habían olvidado que el conflicto estaba ya fuera del control de las autoridades salvadoreñas y existía el peligro de la internacionalización del problema, que sin duda afectaría inmediatamente a los países de la periferia como los del Grupo de Contadora —México, Colombia Venezuela y Panamá.

Antes del cambio dramático en la posición de Washington, resultado en gran medida de los esfuerzos de nuestros gobiernos (Grupo de Contadora básicamente), debemos mencionar que el Departamento de Estado reaccionó indirectamente contra la Declaración FrancoMexicana al promover que el gobierno demócrata cristiano de Luis Herrera Campins de Venezuela reuniera a algunos gobiernos de América Latina para contrarres tar los efectos diplomáticos de la citada declaración y para solidarizarse con la Junta Demócrata Cristiana de El Salvador, a propósito de lo cual señalaba que “los terceros Estados no están obligados a reconocer a los insurrectos como beligerantes y tienen derecho a seguir tratando de manera exclusiva con el gobierno central como único reconocido”.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Zambrano Velasco, así como sus homólogos de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay y Colombia firmaron la Declaración de Caracas, en Venezuela, en septiembre de 1981. En esta declaración se señala: “Mani

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festamos nuestra viva inquietud ante la toma de posición de esos dos gobiernos [México y Francia] a favor de uno de esos movimientos subversivos, que por la violencia intentan cambiar el porvenir democrático y la libre determinación del pueblo salvadoreño”.

Acciones adicionales del gobierno mexicano

En 1983 surge la primera iniciativa de paz regional a propósito del conflicto en El Salvador, a través del “Grupo de Contadora”, integrado por México, Venezuela (con nuevo gobierno), Colombia, al que posteriormente se agregó Panamá. En esa declaración se llamó al diálogo y a la negociación como instrumentos para establecer un clima de paz en la región, iniciativa que recibió el respaldo del grupo de países no alineados, de gran influencia internacional en ese momento, y del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, según sendas resoluciones adoptadas sobre el tema en ambos órganos de la onu.

Por su parte, los gobiernos centroamericanos, a excepción de Nicaragua, mantuvieron una tenaz oposición a la tesis de negociación regional propuesta por Contadora como lo evidenció la creación del “Bloque de Tegucigalpa”, que planteó diversas objeciones al Acta de Contadora por la Paz y la Cooperación en Centroamérica.

A partir de esa fecha surgieron innumerables iniciativas que buscaban el diálogo entre las fuerzas en conflicto; incluso, el 8 de octubre de 1984, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente salvadoreño José Napoleón Duarte —ya seriamente enfermo— invitó a la insurgencia a dialogar con el gobierno el 15 de octubre en La Palma, pequeña población en poder de la guerrilla, ubicada a 85 kilómetros al norte de San Salvador. Los días 20 y 21 de febrero

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de 1989 se celebró una reunión de todos los partidos políticos de ese país hermano, en el centro turístico mexicano de Oaxtepec, donde la guerrilla propuso la postergación por seis meses de las elecciones presidenciales en El Salvador y la designación de un presidente provisional por la Asamblea Legislativa, a fin de posibilitar su incorporación al proceso electoral, previa negociación de un cese al fuego y de que entrara en vigor una reforma de la Constitución y de las leyes electorales, lo cual lamentablemente fue rechazado por el gobierno salvadoreño. Sin embargo, en septiembre de ese año (1989), tras una ardua negociación en la capital de nuestro país con el directo patrocinio de la Presidencia de la República y de la Cancillería mexicana, los representantes del nuevo gobierno de Alfredo Cristiani y la guerrilla acordaron reabrir el proceso de diálogo e invitaron al secretario general de la onu, Javier Pérez de Cuéllar, a enviar en futuras reuniones a un representante en calidad de testigo. Posteriormente, este representante se convertiría en mediador y realizaría, por cierto, un magnífico trabajo. Me refiero al diplomático peruano, después funcionario de la onu, Álvaro de Soto, con el que la Cancillería mexicana mantuvo un diálogo constante, coordinando con él las acciones en la búsqueda de soluciones a ese grave conflicto.

Bajo la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Relaciones Exteriores Fernando Solana, en la toma de posesión del gobierno salvadoreño, informó al presidente Cristiani el interés de México en coadyuvar al proceso de paz para resolver el conflicto armado que ya afectaba seriamente la vida en El Salvador, buscando patrocinar los contactos entre las partes interesadas y sugiriendo tanto fórmulas para resolver las discrepancias entre ellas —si así se autorizaba— como acciones para prevenir mayores derramamientos de sangre, principalmente de la población civil. De ahí la importancia del texto de la Declaración FrancoMexicana que

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enfatizó principalmente el respeto a las normas aplicables que deberían observar los movimientos guerrilleros si pretendían ser parte de la negociación para terminar con el conflicto armado.

Actuación de la Embajada de México en El Salvadordurante el conflicto

Por otra parte, en El Salvador, el embajador Hermilo LópezBassols actuó de manera excepcional en su tarea como negociador en cumplimiento de los objetivos fijados por el gobierno mexicano en consulta con otros países. Casi a su llegada, el embajador LópezBassols tuvo que llevar a cabo en forma muy urgente la negociación de cientos de salvoconductos para la salida a Cuba de lisiados integrantes del Frente Farabundo Martí, que se encontraban refugiados en los patios de la Catedral de San Salvador; también otorgó asilo a políticos perseguidos por el régimen, conforme lo establecen las convenciones sobre la materia, que dejan al agente diplomático la evaluación necesaria para dar o negar esa garantía y que en algún momento incluyó a personalidades como Rubén Zamora, miembro de la comisión diplomática de la guerrilla. Como bien se sabe, el mérito en esa gestión estuvo en mantener un diálogo con las autoridades salvadoreñas para asegurar la salida expedita de esos asilados.

Asimismo, se reconoce su muy activa participación, junto con el embajador de Francia, en las investigaciones preliminares del brutal asesinato de cinco sacerdotes, y su valiente defensa, al lado del embajador de Brasil, del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (oea), João Baena Soares, quien llegó el 19 de noviembre en medio de la peor ofensiva guerrillera en la capital de El Salvador, la cual tuvo

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lugar del 11 de noviembre al 12 de diciembre de 1989, tema en el que tuvo que negociarse para que las fuerzas del Estado y los guerri lleros, cada cual por su lado, se alejaran no sólo de la habitación del secretario general de la oea, cuya vida sin duda estuvo en ese momento en grave peligro, pues un piso abajo estaban recluidos un grupo de asesores militares estadunidenses del gobierno salvadoreño que obligaron a Washington a incorporarse a los esfuerzos para liberar a todos los huéspedes, lo que afortunadamente aconteció y Baena Soares pudo abandonar el país en un avión que le proporcionó el gobierno mexicano.

Reflexiones finales

Intervenir en la búsqueda de la solución de un conflicto armado en otro país, se cuente o no con la anuencia de las partes, es una de las tareas más complejas de la diplomacia. Creemos que México logró un impacto definitivo en ese proceso en El Salvador debido, en gran medida, a la labor del Grupo de Contadora y a la magnífica coordinación entre la Cancillería mexicana y nuestros representantes en la onu, el embajador Jorge Montaño, quien se reunió frecuentemente con los miembros de Contadora en Nueva York y logró, en consulta con representantes de la guerrilla, la fórmula adecuada que se incorporó en los Acuerdos de Chapultepec para asegurar la reinserción en la vida económica de El Salvador de los insurgentes desmovilizados, y el embajador Antonio de Icaza, representante en el Consejo de la oea, quien fue un factor determinante para orientar el esfuerzo de la oea en la búsqueda de la paz en ese país hermano.

Por cierto, un hecho del que no se ha dado cuenta y que tuvo lugar en la ceremonia en Chapultepec es que, en el último momento, el presidente Cristiani se levantó y firmó los acuer

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dos cuando había rechazado todas las gestiones que a todos los niveles se le habían hecho para que los suscribiera.

Por último, merece mención el hecho de que las principales fuerzas políticas en El Salvador, según lo pude comprobar en una interesante reunión que organizó el entonces embajador de México en El Salvador, José Ignacio Piña, con motivo de una visita que hice a ese país en 1996, confirman la importancia de los Acuerdos de Chapultepec en la solución del grave conflicto; en la conversación que contó con la presencia de los principales protagonistas de las partes enfrentadas, incluyendo al comandante Schafik Handal, Rubén Zamora y Fidel Chávez Mena los que destacaron, entre otros, los siguientes puntos: a) era necesario que la fuerza armada se convirtiera en una institución apolítica y no deliberante y que tuviera un carácter no decisorio en el campo político; b) se requería depurar a la fuerza armada de cara al supremo objetivo de la reconciliación nacional, empezando por la desactivación del grupo de militares de alto rango —algunos graduados del Colegio Militar de México—, que fueron clave en el conflicto que sufrió su país; c) fue fundamental la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia que había operado acciones ilegales con violaciones masivas de derechos humanos contra la población civil; d) se aprobó la creación de la Policía Nacional Civil como un nuevo cuerpo con nuevos mecanismos de formación y adiestramiento; e) se logró un Plan de Reconstrucción Nacional con base en el proyecto que el gobierno de El Salvador presentó al fmln a fin de tener en cuenta sus recomendaciones y sugerencias; f) se reconoció el derecho del fmln a participar plenamente en política, sin más restricciones que las que emanan del nuevo marco institucional y jurídico establecido en los Acuerdos de Chapultepec, y g) se promovió la intervención de las Naciones Unidas, incluyendo la presentación de proyectos de resoluciones para garantizar el cese del enfrentamiento y la aceptación de mecanismos de

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verificación; la separación de fuerzas y del fin de la estructura militar del fmln, y la reincorporación de sus integrantes a la vida civil, política e institucional del país.

Cabe recordar que el embajador Raúl Valdés, que colaboró conmigo en algunas etapas de las negociaciones, propuso al Frente que decretaran un cese al fuego unilateral ante la renuencia de las fuerzas gubernamentales de hacer lo propio, lo cual aceptó y llevó a la práctica la guerrilla, obligando al Ejército a cambiar su negativa actitud sobre ese tema.

Concluyo enfatizando la importancia de la presencia de México en América Latina y el Caribe, nuestro ámbito natural, en un momento en el que el continente recupera su rumbo económico y se debate respecto al grado de integración política que está dispuesto a aceptar.

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Los Acuerdos de Paz en la perspectiva histórica y futura de El Salvador

Carlos Castañeda Magaña

Tras 20 años de haber concluido el conflicto armado interno de El Salvador, debemos admitir que nuestro pequeño país fue capaz de superar la que probablemente ha sido la mayor crisis en su historia. Se trató de una crisis social, política y económica, humanitaria y militar. Tal como lo destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primer informe sobre El Salvador, en 1978, las causas de la guerra civil salvadoreña tenían una innegable raíz estructural: las graves desigualdades económicas y sociales, agudizadas por regímenes autoritarios y represivos, que ahogaron las libertades políticas más básicas y convirtieron los fraudes electorales y golpes de Estado en mecanismos recurrentes para imponerse en el poder.

La prolongación de la guerra civil salvadoreña a lo largo de la década de los ochenta fue, en cierta medida, la respuesta social al autoritarismo, la desigualdad y la represión gubernamental en contra de la población y las organizaciones sociales. En efecto, entre 1970 y 1980, la represión en contra de los movimientos campesinos y obreros, la Iglesia, los opositores políticos y los intelectuales progresistas cobró tal nivel de violencia y crueldad, que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador consideró que durante ese

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periodo se produjo un genocidio. Muchos perseguidos, poblaciones incluso, debieron exilarse o se sumaron a la lucha políticomilitar contra las autoridades gubernamentales.

En medio de esta vorágine, debemos decir que pese a las adversidades, desde el inicio del conflicto armado se produjeron esfuerzos por buscar una solución política, es decir, opciones no militares que detuvieran el derramamiento de sangre y las terribles consecuencias de una guerra. Las propias fuerzas insurgentes siempre mantuvieron abierta la puerta al diálogo por la paz, con base en la garantía de cambios democráticos que favorecieran al pueblo de El Salvador. Son muy conocidos también los esfuerzos del arzobispo de San Salvador, monseñor Arturo Rivera (sucesor del monseñor Óscar Arnulfo Romero), por generar históricos procesos de diálogo por la paz en el primer lustro de la guerra, al igual que el de los sacerdotes jesuitas, hoy mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, especialmente su rector, Ignacio Ellacuría.

La comunidad internacional desempeñó también un papel trascendental en esos esfuerzos por la paz. México fue uno de los grandes protagonistas internacionales que se esforzaron para construir la paz en El Salvador de los años ochenta. Por siempre, el gobierno, y en especial el pueblo salvadoreño, agradecerá a México este noble y humanista compromiso solidario. Igualmente, entre otros países hermanos, México recibió a decenas de miles de salvadoreños que huían de la violencia y la persecución. Éstos son lazos que hermanan a México y El Salvador como pueblos y como gobiernos.

Un hecho de relevancia histórica en ese esfuerzo fue la Declaración FrancoMexicana de 1981. El reconocimiento del entonces insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) como fuerza beligerante en el conflicto abrió espacios diplomáticos y políticos para una solución política negociada, en contraposición a las poderosas dinámicas que

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profundizaban el conflicto militar en busca de una solución por la vía armada, que suponía la destrucción del adversario.

Así, se destaca el valioso aporte de México, por medio del Grupo de Contadora y el Grupo de Países Amigos, esfuerzos que impulsaron los proceso de paz en toda la región centroamericana.

Por desgracia, El Salvador debió sufrir casi doce años hasta obtener el esperado fruto de la paz. Ese exitoso proceso que nos enorgullece, normalmente vinculado al proceso de negociaciones bajo la mediación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (onu), Javier Pérez de Cuéllar, que culminó con los históricos acuerdos suscritos en Chapultepec el 16 de enero de 1992, no sería explicable sin los importantes precedentes de la comunidad internacional, de los líderes pacifistas y de las organizaciones salvadoreñas que no claudicaron en sus esfuerzos por la paz.

La mediación del secretario general Pérez de Cuéllar, que inició formalmente a finales de los ochenta, no cobraría fuerza real sino hasta 1990 con el histórico encuentro de Ginebra, que definió el “rumbo fundamental” u objetivos primordiales del proceso de paz: el fin del conflicto armado por la vía política en el más corto plazo posible, la democratización del país, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña.

Si leyéramos hoy aisladamente estos grandes objetivos, después de 20 años de proclamados, tendríamos quizá alguna dificultad en comprender su simpleza. Ciertamente, los propósitos formulados en Ginebra en 1990 son tan consustanciales a toda democracia moderna, tan incontrovertibles y obvios, que podríamos preguntarnos si era necesario transitar una década de guerra y el infinito sufrimiento de todo un pueblo para acordar este tipo de bienes democráticos tan obvios como la paz y el respeto de los derechos humanos.

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El Salvador, dentro de su marco jurídico y constitucional, siempre reconoció y consagró los derechos humanos a lo largo del siglo xx. Pero los derechos humanos reconocidos en el papel fueron socavados en la realidad por las graves injusticias sociales, por la manipulación del sistema político electoral y por los abusos de poder.

Arribar a un momento histórico, en el cual las principales fuerzas nacionales llegarían a un acuerdo de nación para construir en la realidad esos cambios democráticos, tiene una relevancia monumental en la historia reciente de mi país. Se trataba, entonces, de un momento para poner fin a la guerra civil y, a partir de ese inmenso bien, construir en conjunto una nueva democracia en El Salvador, en la cual los antes adversarios, los tradicionalmente poderosos junto a los tradicionalmente excluidos, se unirían en el propósito común de edificar una nueva patria, más justa, menos desigual, una patria en paz que pugnara por desarrollarse.

Tras décadas de golpes de Estado, represión y años de guerra civil, que en 1992 se produjera esta nueva concertación, esta nueva utopía común plasmada en los Acuerdos de Paz, es un hecho que se ha convertido en fuente de inspiración para El Salvador.

A partir de Ginebra, las siguientes rondas de negociaciones y acuerdos definieron una agenda de cambios trascendentales. El primero y más importante de todos fue el logro del cese del enfrentamiento armado en un plazo corto y ejemplarmente respetado por ambos bandos. Los fusiles en El Salvador, de los dos ejércitos beligerantes en la guerra civil, callaron definitivamente. A partir de allí se produjeron avances en los acuerdos que de manera progresiva suprimieron el conflicto armado.

El fmln desmontó su estructura militar, entregó su armamento para ser destruido, se incorporó a la vida civil formando el partido político que hoy lleva su nombre y que ha llegado

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a constituirse en una de las principales fuerzas políticas del país, con extensa representación legislativa y municipal y que, en alianza con otros sectores, obtuvo la alternancia del gobierno nacional al triunfar en las elecciones presidenciales de 2009.

Las fuerzas armadas de El Salvador aceptaron y respetaron desde entonces la subordinación constitucional que tienen respecto del poder civil; se produjo una profunda reforma militar, la cual implicó la reducción sustancial del número de efectivos, la supresión de los batallones de elite de infantería, la disolución de las estructuras de la inteligencia militar de entonces, la erradicación del reclutamiento forzado, así como la disolución de las patrullas territoriales. También, y no menos importante, fue la reforma a los programas de formación y a la doctrina militar para volverla compatible con el funcionamiento de sociedades democráticas y con el respeto y la garantía de los derechos humanos.

Además se instauró una comisión ad hoc para la depuración de las fuerzas armadas que impulsó la separación de la institución de más de un centenar de oficiales, señalados por su presunto involucramiento en violaciones de los derechos humanos.

Otro aspecto trascendental y relacionado con el anterior fue la radical reforma policial. Los cuerpos de policía, dependien tes de las fuerzas armadas y vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, fueron disueltos. En su lugar se constituyó una nueva Policía Nacional Civil, dependiente de civiles y cuyo jefe máximo es el presidente constitucional de la República.

El reto de crear una nueva policía, en condiciones de posguerra, ha sido un proceso sumamente difícil, pero en gran medida es un logro de los acuerdos de paz que se han consolidado.

Los Acuerdos de Paz también incluyeron una serie de importantes reformas al sistema jurídico salvadoreño y, particu

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larmente, a la Constitución. Estas reformas garantizaron que las fuerzas armadas y la policía civil estarían adscritas a ministerios diferentes; también se modificó el sistema de elección de los “funcionarios de segundo grado” que, pese a su denominación, son funcionarios de primera importancia en el funcionamiento del Estado.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, así como el fiscal general y el procurador de la República (en El Salvador, el fiscal ejerce la acusación pública penal y el procurador, la defensoría pública penal) se convirtieron en funcionarios que debían ser electos por votación de mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.

Esta reforma pretendió garantizar que no fuera una sola fuerza política la que, por la lógica de mayoría simple (mitad de votos más uno), impusiera su control sobre el Estado mediante la elección de funcionarios afines. La reforma trató de obligar a que las fuerzas políticas mayoritarias buscasen el consenso con otras fuerzas minoritarias, para así elegir funcionarios idóneos en las instituciones de justicia, en este juego de pesos y contrapesos democráticos al momento de decidir las elecciones de segundo grado.

La institución del ombudsman, llamado en El Salvador procurador para la defensa de los derechos humanos, fue otro de los grandes avances de los Acuerdos de Paz. La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene existencia por mandato de la Constitución, autonomía política, técnica y financiera; la elección de su titular requiere mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Cuenta con una ley especial que le da amplias facultades para investigar violaciones a los derechos humanos, realizar recomendaciones, elaborar informes especiales, recomendar reformas legislativas o institucionales, mediar en casos de conflicto social, entre otras atribuciones relevantes.

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Los Acuerdos de Paz, por otra parte, propiciaron reformas en el sistema electoral para garantizar procesos más confiables, transparentes y efectivos. Se disolvió el antiguo Consejo Central de Elecciones para dar paso al actual Tribunal Supremo Electoral.

Se creó un Foro Económico y Social cuyo propósito era hacer converger las diferentes fuerzas sociales con el fin de superar las graves injusticias sociales que habían dado lugar al conflicto y, principalmente, impulsar una nueva relación entre patronos y trabajadores.

Por último, se estableció una Comisión de la Verdad, integrada por tres personalidades internacionales de amplio prestigio, para investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se habían producido durante el conflicto. Con ello se buscó apoyar a las víctimas inocentes y generar garantías para que nunca más hechos similares tuviesen lugar.

El proceso de paz salvadoreño fue amplio, complejo y buscó construir una democracia efectiva. Al igual que durante el conflicto armado, la comunidad internacional desempeñó un papel solidario y de cooperación de gran trascendencia para consolidar el proceso de paz. Las nuevas instituciones y los procesos de reformas jurídicas fueron capaces de instaurarse en gran medida gracias a este apoyo técnico, financiero y diplomático.

El despliegue de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en territorio salvadoreño, durante más de tres años, para supervisar, asesorar y orientar al gobierno y las fuerzas nacionales en el empeño de no abandonar esta construcción democrática fue una experiencia inédita.

Asimismo, los partidos políticos salvadoreños también jugaron un papel de primera importancia; instituyeron la Comisión Nacional para la Paz (Copaz), instancia de diálogo central para la legalización de las reformas.

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Además, diez años después de suscritos los Acuerdos, en 2002, el secretario general de la onu dio por concluida la verificación del proceso de paz en El Salvador. Este cierre no fue una declaración de pleno cumplimiento de los acuerdos; más bien fue un acto internacional de reconocimiento al avance logrado por El Salvador y a que los procesos pendientes podían obtenerse por las propias capacidades internas que las autoridades y el pueblo de El Salvador adquirieron en esa década de consolidación de la paz.

Muy acertadamente, el secretario general expresó, en esa ocasión, que los Acuerdos de Paz constituían una especie de “gran plan maestro”, para la construcción futura de la democracia en El Salvador.

El andar histórico del pueblo salvadoreño no ha sido fácil. Después de 20 años podemos afirmar una verdad asombrosa y buena, pero no absoluta: tuvimos éxito. Fuimos exitosos en terminar la guerra civil por la vía política, en integrarnos en sociedad después de encontrarnos mortalmente divididos y enfrentados; fuimos capaces de realizar reformas que no se pensaron posibles en la anterior historia republicana de El Salvador; la democracia se consolidó y la represión y las graves violaciones a los derechos humanos como política sistemática del Estado fueron erradicadas.

Pero este éxito no es absoluto. Si bien con históricos e importantes cambios en la institucionalidad democrática, no se lograron cumplir muchos propósitos relacionados con la agenda de la democratización. Hay numerosos ejemplos de ello. Uno de los más notables es el cierre temprano del Foro Económico y Social. Por la actitud gubernamental de desoír el informe de la Comisión de la Verdad, los procesos de reparación de daños a las víctimas inocentes de la violencia jamás se produjeron. La reforma electoral y la reforma judicial tampoco se profundizaron.

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Tras el conflicto armado, el país, con una institucionalidad joven y los efectos propios de la posguerra, enfrentó una grave crisis de criminalidad común, a la que se sumó la expansión del crimen organizado. Esta crisis ha persistido y se ha desarrollado hasta nuestros días.

La adopción de políticas económicas no dio prioridad a las necesidades de las mayorías o de sectores relevantes como la agricultura. Cuando el proceso de fortalecimiento de nuevas instituciones requería un Estado sólido y capaz de impulsar los cambios, entraron en boga políticas destinadas al “adelgazamiento” del Estado y se impulsó entonces una extrema liberalización económica que incluyó la privatización de servicios públicos esenciales.

No es infundado sostener que, luego de 15 años, en gran medida la agenda de cambios democráticos que incluía ese “gran programa maestro” se había estancado, cuando no abandonado.

Ahora, un relevante acontecimiento en la vida democrática de El Salvador trae nuevos bríos y esperanza: la alternancia en la conducción del Poder Ejecutivo, mediante el triunfo del presidente de la República Mauricio Funes en las elecciones presidenciales de 2009.

Una coincidencia notable es que la candidatura del presidente Funes fue llevada con éxito por el fmln, una de las partes suscriptoras de los Acuerdos de Paz.

Estimo acertado afirmar que el actual gobierno de El Salvador, a partir de 2009 ha retomado el espíritu de ese “gran plan maestro” de los Acuerdos de Paz. Con todo, por la naturaleza dinámica y cambiante de la realidad y de la historia, no podemos suponer que se logrará una adopción literal de los Acuerdos de Paz para dar cumplimiento a todo lo que quedó sin cumplir. No, se trata más bien de retomar el espíritu, el rumbo, las utopías que los Acuerdos nos legaron.

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Es una tarea difícil. El actual gobierno inició su gestión en medio de una de las mayores crisis financieras internacionales de las últimas décadas, sumada al impacto de la propia crisis financiera nacional y a un profundo déficit en las finanzas públicas. Para ello, se echó andar una serie de iniciativas que, precisamente, ayudaran a superar ese lento crecimiento económico, acelerando y diversificando la producción y la generación de la riqueza de país, de las empresas y de las familias. Al mismo tiempo, en el Plan Quinquenal de Desarrollo se definió una política de fortalecimiento empresarial para enfrentar los efectos y desafíos de la apertura comercial y la globalización.

La actual administración del gobierno de El Salvador heredó la mayor crisis en materia de seguridad pública desde la época del conflicto y los niveles más bajos de inversión social.

Pese a ello, es innegable que ha sido posible impulsar cambios democráticos significativos, quizá no con la rapidez y profundidad deseadas, pero sí con la convicción de llevarlos a cabo con la garantía de su continuidad.

El Salvador ha incrementado significativamente sus niveles de inversión social, ha desarrollado una forma de gobierno abierta al diálogo con los sectores nacionales, sin exclusión de las grandes mayorías que enfrentan la pobreza. Se han abierto numerosos programas de atención a la población más vulnerable, como los adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, la niñez y la juventud.

El presidente Funes, por primera vez tratándose de un jefe de Estado, ha establecido una política de atención a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, abandonadas por el Estado desde hace décadas. El presidente ha realizado históricos y emotivos actos de aceptación de responsabilidad y pedidos de perdón estatal, por la responsabilidad que tuvieron efectivos de las fuerzas armadas en graves violaciones de los derechos humanos en

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perjuicio de la población civil. En ese marco, en la medida de sus posibilidades, el actual gobierno lleva a cabo medidas de reparación de daños para muchas de las víctimas de esos abusos, algunas de las cuales fueron recomendadas por la Comisión de la Verdad.

El actual gobierno impulsa el Consejo Económico y Social (ces) que emula las aspiraciones del Foro Económico y Social que trataron de instaurar los Acuerdos de Paz. El ces integra representantes del más amplio espectro de las fuerzas sociales, entre ellas las fuerzas laborales y patronales, y mantiene un diálogo permanente y activo con la Presidencia de la República.

Pese a las tensiones que un proceso así puede generar, la forma de ejercer la administración pública en El Salvador actual sin duda ha fortalecido la independencia de los poderes públicos.

Se encuentra en marcha la primera etapa de una reforma de salud que convierta nuestro sistema nacional de salud en una cartera de Estado más incluyente y eficiente, sobre la base del despliegue de equipos comunitarios de salud hasta los lugares más remotos. También hay esfuerzos por reactivar la actividad económica de los agricultores, tan desamparados durante los años anteriores.

La realidad de El Salvador muestra que los Acuerdos de Paz que culminaron en 1992 en la Ciudad de México no son un mero documento del pasado. Constituyen un espíritu, un pacto de nación, un rumbo que seguir para construir un país más justo, más democrático. Representaron la salida a la crisis más grave de la historia salvadoreña. Son fuente de inspiración y referencia para superar las crisis y los problemas actuales. No es extraño que frente a los problemas más graves de este momento en El Salvador, sean frecuentes las voces que invocan la necesidad de una segunda generación de los Acuerdos de Paz.

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Que el gobierno y el pueblo de México hayan sido protagonistas, un pueblo hermano en la construcción de la paz, en la adopción de los Acuerdos de Paz, en el seguimiento de los mismos, honra a los salvadoreños y consolida la natural hermandad que siempre nos ha unido.

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125Colaboradores

Raúl Benítez Manaut. Tiene estudios de Sociología en la unam, de maestría en Economía y Política Internacional en el cide y de doctorado en Estudios Latinoamericanos en la unam. Ha sido académico visitante del Woodrow Wilson Center, y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, de American University en Washington, del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la National Defense University de Washington. Es profesor, entre otras instituciones, del Centro de Estudios Superiores Navales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Instituto Matías Romero. Es autor, entre otros li-bros, de La teoría militar y la guerra civil en El Salvador (uca Editores, San Salvador, 1989), y editor de Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos (Casede, 2010), así como del Atlas de la seguridad y la defensa de México, publicado por el Casede en 2009 y 2012. Es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la unam y presidente de la organización no gubernamental Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C.

Carlos A. Castañeda Magaña. Licenciatura en Derecho Internacional por la Universidad Estatal de Kiev, Ucrania (ex Unión Soviética). Fungió como diputado propietario de la Asamblea Legislativa de El Salvador por el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln), por el departamento de Sonsonate, en las legislaturas 2000-2003, 2003-2006 y 2006-2009. Integró las Comisiones de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior; la Comisión de Defensa; la de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad; la de Reformas Electorales, y el Comité de Ética Parlamentaria. En el ámbito político ha sido director departamental del fmln en Sonsonate, miembro de la

COLABORADORES

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Secretaría de Relaciones Internacionales del fmln, represen-tante del fmln en Cuba y miembro del Movimiento Estudiantil Secundaria. En el campo laboral, se ha desempeñado como do-cente de la cátedra de Historia del Derecho en la Universidad Modular Abierta y como responsable de proyectos de participación ciudadana en la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). Actualmente es viceministro de Relaciones Exteriores, Integra-ción y Promoción Económica de El Salvador.

Ana Covarrubias. Licenciatura en Relaciones Internacio-nales por El Colegio de México y maestría y doctorado por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Ha trabajado temas de política exterior mexicana como las relaciones con América La-tina, especialmente Cuba, y los derechos humanos. Entre sus publicaciones destacan Cambio de siglo: la política exterior de la apertura económica y política (Blanca Torres, coord., México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores, t. IX, El Colegio de México, 2010) y Caribe (con Rafael Rojas) (Mercedes de Vega, coord. gral., Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, vol. 3, sre, 2011). Es profesora-investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

David Escobar Galindo. Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de El Salvador. Desde muy temprano inició su labor literaria en diversos géneros: poesía, cuento, fábula, teatro, novela, aforismo, artículo perio-dístico; su labor periodística ha sido cotidiana. En el ámbito diplomático, formó parte del equipo que negoció la paz entre El Salvador y Honduras, luego del conflicto bélico de 1969. En lo político, formó parte del equipo gubernamental que negoció la paz interna con los grupos guerrilleros, hasta alcanzar el Acuerdo de Paz que se firmó en Chapultepec, México, en 1992. Fue director de la Biblioteca Nacional de El Salvador y de la

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Academia Salvadoreña de la Lengua. Ha publicado más de se-tenta libros en distintos géneros, principalmente de poesía. Su reconocimiento internacional más reciente es el Premio Mun-dial de Poesía Mística “Fernando Rielo”, otorgado en Madrid, España, en 2011. Actualmente es rector de la Universidad Dr. José Matías Delgado en San Salvador.

Sergio González Gálvez. Licenciado en Derecho por la Uni-versidad Autónoma de Nuevo León (uanl). Cursó estudios de posgrado en Derecho Norteamericano y Derecho Internacional, en la Universidad de Georgetown, Washington, D. C. Es doctor honoris causa por la uanl. Ingresó al Servicio Exterior Mexi-cano (sem) por examen de oposición en 1960; fue nombrado embajador en 1975, embajador eminente en 1987 y embajador emérito en 1998 (nombramiento que lo hace asesor vitalicio de la Cancillería). En el exterior prestó sus servicios en la represen-tación de México ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, en las embajadas de México en Brasil y Japón. En este último, fue embajador en dos ocasiones por un total de ocho años. Con sede en Japón, fue embajador concurrente en la República de Corea y Viet Nam. En la Cancillería fue director general y director en jefe para Organismos Internacionales, consultor jurídico, subsecretario de Relaciones Exteriores en dos oca-siones (1988-1992 y 1994-1997), miembro del Comité Jurídico Interamericano con sede en Río de Janeiro por una década y, antes, asesor de los titulares en ese órgano, Alfonso García Ro-bles y Francisco González de la Vega. En las Naciones Unidas presidió la Comisión Jurídica encargada de definir la agresión y la responsable de codificar las normas aplicables a las empre-sas transnacionales, además de haber presidido la delegación mexicana a la Conferencia de Roma que elaboró el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entre otras instituciones educati-vas, ha sido profesor de asignatura en la Universidad Nacional

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Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Anáhuac, la Escuela Superior de Guerra, el Colegio de Defensa y la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Tokio. Actualmente es asesor del secretario de la Defensa Nacional, titular de la Unidad de Asuntos Internacio-nales y Ciudades Hermanas del Municipio de Toluca, su ciudad natal, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquen-se (Zinacantepec, Estado de México), miembro de la Fundación de la uanl y del Comité Consultivo de la Facultad de Derecho y Criminología de esta universidad (Monterrey, Nuevo León), socio fundador de la revista Este País y profesor emérito de la Universidad de Kioto, Japón.

Ana Guadalupe Martínez. Se incorporó a la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (erp) en 1973 y formó parte de su dirección nacional. Fue miembro de la Dirección Nacional del fmln histórico y de la Comisión Político-Diplomática del fmln desde sus inicios hasta su finalización. Asimismo, fue miembro permanente de la Comisión de Ne-gociación de los Acuerdos de Paz por parte del fmln durante todo el proceso y signataria de los Acuerdos de Paz de Cha-pultepec entre el gobierno de El Salvador y el fmln. Además fue fundadora del partido fmln, presidenta de la Comisión de Reconstrucción Nacional del fmln, coordinadora de la Comisión Negociadora del fmln de los programas de reinserción para los combatientes desmovilizados de la insurgencia, prime-ra vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Actualmente es secretaria adjunta del Partido Demócrata Cris-tiano (pdc).

José Antonio Meade Kuribreña. Licenciatura en Econo-mía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en De-

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recho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doc-torado en Economía por la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut. En el servicio público ha sido titular de las secre-tarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía; subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp); jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda y Crédito Público; director general de Financiera Rural; direc-tor General de Banca y Ahorro en la shcp; director general del Banco Nacional de Crédito Rural, S. N. C. (Banrural); secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (ipab), y director general de Pla-neación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Actualmente es secretario de Relaciones Exteriores.

Rodrigo Páez Montalbán. Licenciado en Psicología, maestro y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Autor del libro La paz posible. Democracia y negociación en Centroamérica (1979-1990) (ccydel-ipgh, 1998), así como de otras publicaciones sobre temáticas lati-noamericanas, particularmente referidas al área centroame-ricana. Es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (cialc) y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Actualmente está a cargo de la línea de investigación: “Perspectivas de la integración lati-noamericana”.

Vanessa Rubio Márquez. Licenciada en Relaciones Inter-nacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y maestra en Ciencias por la London School of Econo-mics. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre los que destacan directora para la Cooperación y el Desarrollo Eco nómicos (ocde) en la sre, directora para América del Nor-

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te, Asia-Pacífico y el Caribe, y jefa de la Unidad de Asuntos Hacendarios Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), y directora ejecutiva de México ante el Banco de Desarrollo del Caribe. Actualmente es subsecretaria para América Latina y el Caribe en la sre.

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Raúl Benítez Manaut, Strategies of Mexican Foreign Pol-icy in El Salvador (1979-1992)

This essay outlines the extent to which Mexican backing of the peace process in El Salvador constituted one of the most important moments in Mexican 20th Century foreign policy. The onset of crisis across countries of the Central American isthmus in the late seventies compelled Mexico to opt for an active diplomacy that refused to see the rise of guerrilla forces as a threat to continental security. Instead, Mexico deemed that the emergence of these movements was inevi-table and it even drew comparisons with its own Mexican Revolution. In the case of El Salvador, 1981 saw the issuance of the “Franco-Mexican Declaration”, which brought forth a phase of strong diplomatic efforts in the country and recog-nized the coalition formed by the Farabundo Martí National Liberation Front and the Democratic Revolutionary Front as a “representative political force”. Benítez Manaut analyzes the foundation of the Contadora Group (1983-1986), its cri-sis and increase in military activity and looks at how, from 1990 onwards, the stagnation of the situation on the ground led to the un returning to the case of El Salvador, this time in the context of the fall of the Berlin Wall. By way of his analysis, the author concludes that the active role played by Mexico in this process was evidenced by the un’s recognition of Mexico at the signing of the Peace Accords at Chapultepec Castle in January 1992.

ABSTRACTS

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Ana Covarrubias, The Franco-Mexican Declaration on El Salvador

In 1981, the governments of Mexico and France delivered the Franco-Mexican Declaration on El Salvador, in which they recognized insurgent groups, the Farabundo Martí National Liberation Front and the Democratic Revolutionary Front, as representative political forces. From this point forth, much discussion has taken place on the reason and the pur-pose behind this Declaration and, more importantly, on its interventionist nature, or otherwise, and what it meant in terms of Mexican foreign policy. Ana Covarrubias pin-points arguments to explain the Declaration’s formulation, including the reasons of one of its main proponents, Gus-tavo Iruegas, and its objectives. Furthermore, she proceeds to analyze its outcomes, as she draws a distinction between Mexican isolation in the region and the positive reaction of groups opposing the Salvadorian government. She argues how this was an interventionist declaration that responded to what was then identified as the Mexican interest, further maintaining that it did not achieve its purposes in terms of negotiations between the government and Salvadorian guer-rilla groups and influencing a change in United States policy towards the conflict. Nevertheless, the author explains that the declaration clearly reflects how Mexican state officials understood the situation in Central America.

Rodrigo Páez Montalbán, The Negotiation Process of the Contadora Group

Throughout the nineteen eighties, Central America was the scene of multiple conflicts that triggered armed struggles

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in various countries, the effects of which spilled over across the region. Rodrigo Páez Montalbán notes how the Conta-dora Group formed by Colombia, Mexico, Panama and Vene-zuela —which took its name from the Panamanian island where the group was created— was set up as a diplomatic endeavor to contribute to the solution for peace being ne-gotiated between all parties to the conflict. After ascertain-ing the complex political processes that existed in Central America, and concerned by foreign interference in these processes and the ruling out of the use of force in resolv-ing the crisis, the Group undertook a monumental task of diplomatic containment that succeeded in getting the governments of Central American around the negotiating table. This complex process triggered the signing of the Ac-cords for the establishment of a firm and lasting peace, with the initiative being left in the hands of these same Central American governments. Páez Montalbán describes the na-ture, circumstances, complexities and achievements of the Contadora Group within this complex negotiating environ-ment and further highlights Mexico’s strong voice in these endeavors.

David Escobar Galindo, Mexican Contributions to the Salvadorian War’s Political Solution

One contribution of Mexican diplomacy in finding a solution to the war in El Salvador was the Franco-Mexican Declara-tion (1981) which acknowledged the representative nature of the alliance between the Farabundo Martí National Liberation Front and the Democratic Revolutionary Front. David Escobar Galindo deems this international intervention to have been an incontrovertible historical milestone that reaffirmed the

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national nature of the war; essentially a domestic conflict be-tween traditional and revolutionary powers. Escobar Galindo further points out that when, in 1989, the international situa-tion allowed both camps to sit down and build an understand-ing for a definitive solution, Mexico returned to the front line with a contribution that was not restricted to providing hos-pitality and logistical coordination, but also brought strong political and diplomatic support. Finally, the author reflects on what the war’s political solution has meant for El Salvador, with a platform that has enabled a project to be developed for a peaceful and democratic society.

Ana Guadalupe Martínez, Actions for the Integration of the Salvadorian Revolutionary Movement

From the beginning of the Salvadorian conflict in the late nine-teen seventies until the signing of the Peace Accords, Mexican foreign policy remained consistent and its actions were deci-sive for the popular revolutionary movement in Central Ameri-ca. In this essay, Ana Guadalupe Martínez discusses how Mexico was regarded as bringing up the political rear during this pro-cess, how it worked to build a shield against United States intervention (maintaining a stance that was independent of the pressures and interests of the usa), how it influenced the democratization of thought among the Salvadorian revolution-ary leadership (turning the leaders of an orthodox guerrilla movement into leaders of an insurgent movement with a broad and extensive vision) and how it was instrumental in estab-lishing areas for negotiations between the conflicting parties (for example, its commitment to implementing programs that enabled demobilized former insurgents to become reintegrated into economic life).

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Sergio González Gálvez, Mexican Diplomacy in the Chapultepec Accords Negotiation Process

Mexico’s strong tradition of prioritizing neighboring countries in its foreign relations, in particular its friends in Central America, with occasional involvement in pursuing peaceful solutions to domestic conflicts in order to avoid bloodshed and any international spillover of conflicts which could, due to their proximity, eventually lead to consequences in Mexico, always undertaken in careful consultation with national au-thorities, as has been the case in Guatemala, Nicaragua and El Salvador, which it has combined with immediate support in reacting to natural disasters that have occurred in the region, constitute a significant feature of Mexican foreign policy, which has not only seen the prompt actions of the Ministry of For-eign Affairs, but also the constant support of other government agencies such as the Ministry of National Defense and the Navy, etc. This short article gives an account of Mexican partici-pation in the conflict that affected the neighboring Republic of El Salvador in the midst of the Cold War and draws together information from various sources in an effort to explain to the reader not only the basis for Mexico’s actions, which continue to influence us today, but also in this case the positive outcome obtained through the clear congruence of endeavors between the Contadora Group, in which Mexico participated from the outset, and the Secretaries-General of the un and the oas.

Carlos Castañeda Magaña, Historical and Future Per-spectives of the Peace Accords in El Salvador

In this article, Carlos Castañeda Magaña outlines the scope of the Peace Accords signed on January 16, 1992, in

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Chapultepec, Mexico, and its impact on El Salvador’s future. Moreover, Castañeda Magaña discusses the contribution of the international community in achieving peace and es-tablishing democracy. The author particularly highlights Mexico’s role as one of the international actors that had a hand in the refounding of the Salvadorian nation through its recognition of the parties to the conflict and its influence in getting groups of nations to participate in the process for peace in the Central American region. The author explains how the Peace Accords cleared the way for the establishment of democratic institutions such as the National Civil Police Force and the Office of the Procurator for the Defense of Human Rights, in addition to constitutional reforms and re-forms of the Salvadorian justice system. The agreement also saw the quashing of the repressive military bodies whose abuse was felt by the civil population. He further discusses the crowning moment in the history of the Central American country: the alternation of power, when the Salvadorian Left formed the government for the first time, bringing forward a national agenda for economic growth, social justice, equality and democracy.

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137Cómo colaborar en la rmpe

Cómo colaborar en laRevista Mexicana de Política Exterior

1. El Instituto Matías Romero (imr) extiende una cordial invitación a especialistas tanto nacionales como extranjeros a presentar y someter a consideración del mismo artículos sobre asuntos internacionales de interés para México y temas de la agenda de política exterior de nuestro país.

2. Los interesados deberán enviar su colaboración a la Dirección General del Instituto Matías Romero, solicitando su publicación en la Revista Mexicana de Política Exterior (rmpe).

3. De estimar el imr que el artículo propuesto amerita ser considerado para su publicación, el ensayo o texto en cuestión se enviará a dictamen doble ciego.*

4. El Instituto designará a los dictaminadores, que podrán ser funcionarios y académicos especialistas en el tema.

5. El resultado del dictamen es inapelable. El imr se reserva el derecho de la decisión última.

6. Cuando los dictaminadores recomienden que el texto sea publicable con modificaciones, el autor deberá realizar dichos cambios para que el artículo sea publicado en la rmpe.


POLÍTICA EXTERIOR

* Por “dictamen doble ciego” se entiende aquel en el cual ninguna de las partes —ni los dictaminadores entre ellos y con el autor, ni el autor con los dictaminadores— conoce la identidad del “otro”. Es decir que, durante el proceso del dictamen, la identidad de las personas que intervienen en el mismo tiene un carácter absolutamente confidencial.

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7. El Instituto informará a los autores sobre el resultado del dictamen doble ciego y devolverá, de ser el caso, el original de la colaboración.

8. Las normas técnicas que deberán seguir las colaboraciones son:

a) Los artículos deberán ser originales, inéditos y exclusivos.b) Deben presentar un lenguaje fluido.c) No llevan ilustraciones.d) Los artículos no deberán rebasar una extensión de entre 25

y 30 cuartillas normales (hojas tamaño carta: 21.5 x 28 cm), a doble espacio, con márgenes izquierdo y derecho de cuando menos tres centímetros, letra Arial de 12 puntos y sin anotaciones manuscritas.

e) Además de la impresión en papel tamaño carta, los artículos deberán presentarse en un disco compacto, con una etiqueta que lleve el nombre del autor y del archivo.

f) En la primera página deberán incluirse el título (de ser posible, que no sea mayor de 14 palabras) y el nombre del autor.

g) El autor deberá anexar una sinopsis del artículo en un máximo de una cuartilla.

h) Deberá incluir una nota curricular, breve y actualizada, no mayor de doce líneas.

i) Todas las divisiones o secciones del artículo se señalarán con cabezas alineadas a la izquierda y separadas del texto por una línea previa y una línea posterior.

j) Las citas textuales, mayores de cinco líneas completas, se transcribirán en un párrafo aparte, sin modificar la interlínea general.

k) El autor deberá apoyarse en fuentes bibliográficas mediante notas a pie de página. Los artículos no llevan bibliografía al final.


139Cómo colaborar en la rmpe

l) Las llamadas a notas a pie de página se compondrán en números arábigos volados, ordenados en forma consecutiva, y se colocarán después de los signos de puntuación. Por ejemplo:

…en representación del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz,10

m) Las notas a pie de página referentes a obras publicadas se escribirán, la primera vez, según el siguiente modelo:

5 Friedrich Katz, La guerra secreta en México, México, era (El hombre y

su tiempo), 1982, vol. 1, p. 153.

Si el autor es citado de nuevo, en otra nota no consecutiva, ésta deberá incluir la abreviatura op. cit. Por ejemplo:

10 F. Katz, op. cit., p. 154.

Si la obra citada contiene las mismas referencias bibliográficas que la nota anterior, con excepción de la página, se sustituirán por la abreviatura ibid., y se especificará el número o números de páginas. Por ejemplo:

11 Ibid., p. 155.

Cuando la nota remita a la misma fuente (mismo autor, obra y páginas), bastará utilizar la palabra idem.

En el caso de las referencias hemerográficas, las notas respectivas deben escribirse con base en los siguientes modelos:

2 Gabriel Zaid, “Los libros y la conversación”, en Vuelta, año XVI, núm.

193, diciembre de 1992.



14 Aldo Fuentes, “Bibliotecas infantiles y escolares”, en Universidad

(Santa Fe, Argentina), núm. 12, octubre de 1942, pp. 271274.

7 Franz Vranitzky, “La Europa común de los intereses cívicos”, El País,

15 de diciembre de 1995, p. 17.

Las notas que se refieran a documentos se presentarán de la siguiente manera: emisor, título del documento; fecha; nombre completo de la institución depositaria de los documentos (archivo, biblioteca, etcétera) la primera vez que se cite y, entre paréntesis, las siglas que serán utilizadas posteriormente; localización interna del documento, y fojas consultadas.


P U B L I C A C I Ó N C U A T R I M E S T R A L


Sergio Sierra Bernal:

Héctor Alcántara Palacios:

Daniel Tamayo Astié:

Miriam G. Medel García:

Enrique Palos Sotoy Marc Herráiz Esteban:

Adolfo Ayuso Audry:

Alejandro Negríny Aída Velasco Pérez:

México y Alemania: el reforzamientode la alianza estratégica entre dos socioscon responsabilidad global

Una visión prospectiva de las relacioneseconómicas entre México y Alemania

La promoción cultural en la política exteriormexicana hacia Alemania

México y Alemania: socios estratégicosen la cooperación internacional para el desarrollo

El sistema de educación dual: nuevas avenidasen la cooperación bilateral entre Alemania y México

El retorno de bienes culturales de Alemaniaa México. Al rescate de una idea

México y Alemania: una agenda a futuro

México y Alemania: alianza estratégica, intereses compartidosFrancisco N. González Díaz

Coordinador

Entrevista a Guido Westerwellepor Olga Borobio

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P U B L I C A C I î N C U A T R I M E S T R A L

I N S T I T U T O M A T ê A S R O M E R O S E C R E T A R ê A D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S

Susana Cruickshank:

Rosalba Icaza:

Fernando Montoya:

Rogelio Granguillhome Morfin:

Luis Alfonso de Alba:

Marieclaire Acosta Urquidi:

Carlos Heredia Zubieta:

Gustavo A. Torres Cisneros:

Carlos Zarco Mera:

Miguel Díaz Reynoso:

Antonio Alejo Jaime:

La diplomacia ciudadana en los noventa: espaciosmultilaterales como espacio de interacciónciudadanía-gobiernos

La sociedad civil mexicana y el reto de la justiciaepistémica en el regionalismo contemporáneo

Los consejos económicos y sociales ante la crisiseconómico-financiera. Los casos de España, Grecia e Italia

La sociedad civil y la cooperación internacionalpara el desarrollo

La participación de la sociedad civil en las Naciones Unidas

La emergencia de la sociedad civil como actor políticode alcance mundial: amenazas y desafíos

Los mexicanos en Estados Unidos como actorespolíticos transnacionales

Diplomacia indígena: transitando del problemaa la solución

México y el cuidado de la casa común

Canales institucionales para una diplomacia ciudadanaen México

Sociedad civil y política exterior en México a la luzde las nuevas diplomacias

Sociedad civil y política exterior en MéxicoMiguel Díaz Reynoso y Antonio Alejo Jaime

Coordinadores

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P U B L I C A C I î N C U A T R I M E S T R A L

I N S T I T U T O M A T ê A S R O M E R O S E C R E T A R ê A D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S

Lorena Ruano:

Omar Hurtadoy Rosa Ma. García Paz:

Ana Teresa Gutiérrez del Cid:

Miguel Ángel Guerrero Lechón:

Alejandro Ramos Cardoso:

Fabián Herrera León:

Antonio de Icaza:

La relación entre México y Europa: del fin de la SegundaGuerra Mundial a la actualidad (1945-2010)

El narcotráfico en México como problematransnacional

El ascenso de Rusia al grupo BRICS y el regresode Vladimir Putin

El Programa de Trabajadores Agrícolas TemporalesMéxico-Canadá: evolución y perspectivas, 1974-2012

México ante el renovado espíritu integracionistaen América Latina y el Caribe

Lucas Alamán, estadista y artífice de las misionespor un “Pacto de Familia”

Presentación del libro Ética diplomática mexicanade Ramón Xilotl Ramírez

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Antonio de Icaza:la alegría de servir

Investigación y entrevistas:Mónica Toussaint

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Instituto Matías RomeroRepública de El Salvador 43 y 47, Col.

Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C. P. 06080, México, D. F. Tels.: (55) 36 86 50 00, Exts.

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Alfonso Castro Valle: una excepcional carrera

diplomática

Investigación y entrevistas:Graciela de Garay

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Manuel Tello: por sobretodas las cosas México

Investigación y entrevistas:Ana Covarrubiasy Laura Muñoz

224 pp.

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Rafael de la Colina: una vida de hechos


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Gilberto Bosques: el oficio del gran negociador


184 pp.

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Prontuario de la PrácticaConsular Mexicana

Alejandro Pedraza CortésMarisela Valdivia Rivera

El Prontuario de la Práctica Consular Mexicana es una lectura de acercamiento a la copiosa información que existe sobre la práctica consular, con un contenido lo más actualizado posible acerca de las diferentes actividades que desempeñan

las oficinas consulares. Está pensado como un texto de aproximación a las labores consulares de México; como una aportación para la adquisición de una cultura jurídico-administrativa, y como un libro de consulta para profesores

y estudiantes de Relaciones Internacionales y Derecho, lo mismo que para los interesados en temas relacionados con la política exterior de nuestro país.

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Cuadernos de Política InternacionalNúm. 18

Mexicanos en el exteriorTrayectoria y perspectivas (1990-2010)

A fin de conmemorar los aniversarios del inicio del Programa para las ComunidadesMexicanas en el Exterior (pcme) y de la creación del Instituto de los Mexicanos

en el Exterior (ime), el Cuaderno de Política Internacional 18 recoge el testimoniode diversos actores que participaron en el proceso de acercamiento entre el Gobierno deMéxico y la comunidad mexicana que radica en América del Norte. En sus páginas,un mosaico de voces da cuenta de las acciones encaminadas al mejoramiento de lascondiciones de vida de las comunidades mexicanas y de los retos que enfrentan. La

experiencia de México se ha convertido en un referente obligado a nivel internacionalen materia de políticas públicas de atención a las diásporas. Con esta publicación sebusca compartir las experiencias de funcionarios públicos, académicos, miembros dela sociedad civil y de la comunidad mexicana en América del Norte a lo largo de dos

décadas de trabajo intenso, creativo, comprometido y retador.

Precio de lista: $179.00

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Dirección electrónica de la Revista Mexicana de Política Exterioren su versión digital: http://www.sre.gob.mx/revistadigital

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REPÚBLICA DE EL SALVADOR NÚMS. 43 Y 47, COL. CENTRO, DELEG. CUAUHTÉMOC,

C. P. 06080, MÉXICO D. F. TELS.: (55) 36 86 50 00 EXTS. 8268 Y 8247, (55) 36 86 51 48.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] PÁGINA ELECTRÓNICA: http://www.sre.gob.mx/imr/

REVISTA DIGITAL: http://www.sre.gob.mx/revistadigital/

Raúl Benítez Manaut:

Ana Covarrubias:

Rodrigo Páez Montalbán:

David Escobar Galindo:

Ana Guadalupe Martínez:

Sergio González Gálvez:

Carlos Castañeda Magaña:

Definiciones estratégicas de la política exteriorde México en El Salvador (1979-1992)

La Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador

El proceso de negociación del Grupo de Contadora

Los aportes de México a la solución políticade la guerra salvadoreña

Acciones para la inserción del movimientorevolucionario salvadoreño

La diplomacia mexicana en el proceso de negociaciónde los Acuerdos de Chapultepec

Los Acuerdos de Paz en la perspectiva históricay futura de El Salvador

Nú

mer

o es

pec

ial

2013

El papel de la política exterior de México en el procesode paz en El Salvador

el papel de la política exterior de méxico en el proceso

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