EL PACTO DE TOLEDO Y LAPOLÍTICA DE PENSIONES

Elisa Chuliá

ASP Research Paper 33(a)/2000

Sumario

Introducción1. Características institucionales y funcionamiento del sistema español de pensiones contributivas2. Las perspectivas financieras del sistema público de pensiones contributivas según los expertos3. El éxito del Pacto de Toledo como documento de consenso: equilibrio de influencias y flexibilidad4. La política de pensiones del gobierno del PP: coalición de intereses con los sindicatos en defensa del Pacto de Toledo5. Consideraciones finalesReferencias bibliográficas

Elisa Chuliá, Profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

ASP Research Papers

Comité de Redacción /Editorial Board

Víctor Pérez-Díaz (director)Berta Álvarez-Miranda Navarro

Elisa Chuliá RodrigoJosu Mezo AranzibiaPilar Rivilla Baselga

Juan Carlos Rodríguez PérezCelia Valiente Fernández

Fernando González Olivares (redactor jefe)

Comité Científico Internacional /International Scientific Committee

Daniel Bell (American Academy of Arts and Sciences)Suzanne Berger (Massachusetts Institute of Technology)Peter Gourevitch (University of California, San Diego)

Peter Hall (Harvard University)Pierre Hassner (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París)

Kenneth Keniston (Massachusetts Institute of Technology)

© Elisa ChuliáEste trabajo no podrá ser reproducido en todoo en parte sin permiso previo del autor

Depósito legal: M-6126-1994ISSN: 1134 - 6116

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Introducción1

A lo largo de la legislatura iniciada en 1996, lainquietud sobre el futuro del sistema español depensiones contributivas parece haber ido perdiendointensidad. Si el acuerdo sobre pensiones firmadoen el otoño de ese mismo año por el gobierno delPartido Popular (PP) y los sindicatos ComisionesObreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores(UGT) puso de manifiesto la voluntad del nuevoejecutivo de consolidar el sistema de reparto, elcrecimiento del número de afiliados a la SeguridadSocial como consecuencia de la bonanza económicaha contribuido al saneamiento de las cuentas. En1999 el balance del sistema ha arrojado un superá-vit de dos décimas del PIB. Por primera vez elgobierno español ha consignado en los presupues-tos generales del estado para el año 2000 unapartida para la provisión de un fondo de reservadestinado a atender las necesidades futuras delsistema (aunque su dotación inicial con 60.000millones de pesetas, a los que el gobierno de JoséMaría Aznar ha añadido 40.000 posteriormente,sólo representa aproximadamente un 15% del gastomensual de la Seguridad Social en pensionescontributivas previsto en este año).

Sin embargo, de acuerdo con las últimasproyecciones disponibles, las perspectivas demantenimiento de este superávit son escasas: haciael año 2005 se prevé el arranque de un proceso dedeterioro continuado de la relación entre el númerode afiliados y el de pensiones. A partir de ese añose producen simultáneamente una progresiva caídadel número de personas en edad de trabajar y un

aumento acelerado de la población pensionista que,de forma continuada e intensificándose a medidaque avanza el siglo, desequilibran financieramenteel sistema contributivo de pensiones.

Esta doble evolución es fruto de tendenciasdemográficas iniciadas décadas atrás, y que amena-zan con convertir a España en el país con lapoblación más vieja del mundo hacia la mitad delpróximo siglo.2 Por una parte, el descenso de lapoblación joven se debe a la abrupta caída de latasa de natalidad en los últimos 25 años: en 1970,una mujer en edad fértil tenía una media de 2,86hijos; en 1998/1999, la media había descendidohasta 1,07. Por otra parte, España ha visto creceren el último siglo los índices de esperanza de vida,situándose entre los países más privilegiados eneste aspecto: según datos de 1995, a los 65 años(edad a la que, con arreglo a la legislación vigente,un trabajador causa derecho de percibir la máximapensión de jubilación de acuerdo con su basereguladora, si ha completado 35 años de cotiza-ción), los varones españoles tienen una esperanzade vida de 16 años, y las mujeres de casi 20.3

A pesar del reciente boom del empleo, lastendencias demográficas proyectan sombras sobreel sistema de pensiones a medio y largo plazo, deforma que no parece justificado arrumbar de laagenda pública el debate sobre las pensiones.Precisamente ahora que el crecimiento del empleoha atenuado la urgencia del problema, sería elmomento adecuado para plantearlo sosegadamente,analizar las diferentes evoluciones posibles ydiseñar estrategias para el futuro. La reunión de larevisión del Pacto de Toledo prevista para el año2000 podría convertirse en el marco de ese debate.

En este trabajo presento un conjunto de razona-mientos sobre las oportunidades y riesgos queencierra el Pacto de Toledo como medio paraconseguir el fin de mantener el sistema público depensiones en equilibrio financiero. Aprobado enabril de 1995 por los partidos políticos, aplaudidopor los sindicatos y valorado positivamente por losempleadores, el Pacto ha contribuido decisivamen-te a rebajar la intensidad, y establecer los límites,

1Este texto representa la continuación de una serie detrabajos sobre el sistema español de pensiones que hellevado a cabo con Víctor Pérez-Díaz y Berta Álvarez-Miranda, a quienes agradezco su continuo apoyo yestímulo. Algunos de los argumentos aquí expuestosfueron presentados, en julio de 1999, en el InstitutoUniversitario Europeo de Florencia, en el marco delcurso The Welfare State: Challenges, Politics and PolicyResponses in the 1990's. Los participantes en estecurso, y especialmente Martin Rhodes y Agneta Kruse,me hicieron críticas y sugerencias muy valiosas. Asi-mismo, en noviembre de 1999, expuse algunas ideascentrales de este artículo en el Seminario del Departa-mento de Ciencia Política y de la Administración de laFacultad de Ciencias Políticias y Sociología de laUNED, donde me beneficié, sobre todo, de los comen-tarios de Luis Garrido, Rosa Gómez Redondo y JaimeRivière. Finalmente, la discusión del texto con JuanCarlos Rodríguez me ha ayudado a perfilar algunosrazonamientos y matizar determinadas formulaciones.

2De acuerdo con el avance de resultados del últimoinforme de World Population Prospects de la Divisiónde Población de la ONU (http://www.popin.org/pop1998).

3 Los datos demográficos proceden de la Encuesta deFecundidad 1999 (http://www.ine.es) y de Demographicstatistics (1999).

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de un debate público al que la sociedad es extraor-dinariamente sensible y al que los partidos recurrenfrecuentemente en la lucha política. Pero ese éxitodel Pacto parece estar favoreciendo una desviaciónde su objetivo: de instrumento de reforma paraasegurar el mantenimiento del sistema público depensiones contributivas en su versión actual, apreciado símbolo de un consenso político cuyaprincipal fuente de alimentación consiste en lamejora de las prestaciones del sistema y, por tanto,en el aumento de los gastos contributivos. Conotras palabras, el Pacto corre el riesgo de transfor-marse en un fin en sí mismo y, en este proceso,subvertir lo que, de acuerdo con las líneas deactuación que proclama, constituye su propósitooriginal.

En las páginas siguientes expongo, en primerlugar, algunos rasgos básicos de la evolución delsistema de pensiones contributivas en las últimasdécadas y repaso los principales hitos del debatepúblico que el tema ha suscitado. Sobre este telónde fondo, desarrollo brevemente la evolución delos diagnósticos sobre las perspectivas financierasdel sistema, y apunto algunas consideraciones queaconsejan tomarlos en serio, sin que ello signifiqueobviar sus limitaciones. En el tercer apartado,examino el contenido del Pacto de Toledo, hacien-do especial hincapié en las razones de su elevadovalor como documento de consenso y de su estabi-lidad institucional. A continuación, analizo losmotivos que han llevado al ejecutivo del PP apactar con los sindicatos la política de pensionesaplicada en esta última legislatura, adoptandoalgunas medidas que supuestamente se inscriben enel Pacto de Toledo, pero en realidad lo trascien-den, y, en cierta medida, lo violentan. Tras argu-mentar la escasa probabilidad de que en la próximalegislatura cambie la tendencia a la expansión delos gastos contributivos, defiendo la convenienciade que los agentes políticos y sociales no confun-dan a la ciudadanía mezclando la justificación deestas medidas con el Pacto de Toledo.

1. Características institucionales y funciona-miento del sistema español de pensiones contri-butivas

El sistema público español de pensiones contri-butivas, tal como hoy lo conocemos, tiene suorigen en la Ley de Seguridad Social de 1966, quesupuso el comienzo del fin de un complicadosistema de dos pilares contributivos: uno de repar-to, gestionado por el estado y de prestación fija

para todos los afiliados (es decir, sin fundamentoactuarial), y otro con fuertes componentes decapitalización, cuya administración dependía de lasmutualidades. La legislación de los años sesentasentó las bases para la integración de estos dospilares en la Seguridad Social, creando un sistemade pensiones público contributivo y de reparto. Lapoblación trabajadora con derecho a pensión quedóestructurada en clases con distintos derechos yobligaciones: el régimen general, que incluía a lamayoría de los trabajadores por cuenta ajena,coexistía con una variedad de regímenes especia-les, cuyo número sufriría diversas modificacioneshasta convertirse en cinco en la actualidad.

Asimismo, una disposición de 1967 establecióel período mínimo de cotización para acceder a unapensión contributiva –denominado habitualmenteperíodo de carencia-- en diez años, y una fórmulapara determinar la pensión que consideraba dosparámetros: la base reguladora, calculada a partirde las cotizaciones efectuadas durante los dos añoscon bases de cotización más altas (dentro de lossiete últimos antes de los 65 años de edad), y elporcentaje de la base reguladora, ajustado a unaescala con un tope máximo del 100% correspon-diente a 35 años de cotización, y que beneficiabaproporcionalmente a quienes habían cotizadomenos años (el 50% se aplicaba a quienes habíancotizado 10, en lugar de 17,5 años).

Tras la aprobación de la Ley de la SeguridadSocial, el gasto en pensiones públicas comenzó acrecer con gran rapidez. Medido en términos dePIB, se triplicó entre 1970 y 1985, pasando del3,14% al 9,33% (Barrada 1999: 407). A partir de1985, el ritmo de crecimiento del gasto habría sidomayor del que finalmente se verificó, si el Parla-mento no hubiera aprobado un proyecto de ley,presentado por el primer gobierno del PartidoSocialista Obrero Español (PSOE), que introducíaimportantes modificaciones en las reglas de per-cepción de las pensiones contributivas. La Ley deMedidas Urgentes para la Racionalización de laEstructura y la Acción Protectora de la SeguridadSocial, que le costó al PSOE la ruptura de suestrategia común con el sindicato UGT, además deuna huelga general convocada por CCOO, estable-cía un aumento del período de carencia de 10 a 15años, y una ampliación del número de bases decotización sobre las que se calcula la base regula-dora hasta incluir las de los ocho años anteriores alinicio de la prestación (actualizadas de acuerdo conel IPC, excepto las de los dos años más próximosal momento de producirse el hecho causante de la

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pensión). Esta modificación en el cálculo de labase reguladora puso fin a una práctica legalbastante extendida entre los asalariados de ciertasempresas, denominada “compra de pensión”, porla cual, un par de años antes a la jubilación, eltrabajador acordaba con su empleador contribuir ala Seguridad Social por la máxima base de cotiza-ción (a menudo a cambio de renunciar a aumentossalariales) para obtener la máxima pensión dejubilación.

La reforma de 1985 atacó los dos factores másimportantes del crecimiento del gasto en pensiones.Por una parte, la extensión del período de carenciasupuso una reducción inmediata del diferencialentre el número de nuevas pensiones y el de lasque dejaban de pagarse como consecuencia de lamuerte de los beneficiarios. Por otra parte, lamodificación en la fórmula de cálculo disminuyó eldiferencial entre la cuantía de las nuevas altas y lade las bajas.

No obstante, el número de pensiones contributi-vas siguió creciendo con rapidez. En 1985 secontaban algo más de 5.300.000 pensiones; en1993 el número de pensiones superaba ya los seismillones y medio (Barea 1995: 101). Asimismo, apesar de que el cambio en la fórmula de cálculosupuso un recorte medio de las nuevas pensionesde un 13% (Herce 1998: 12), la tasa neta desustitución de las pensiones de jubilación seguíamanteniendo valores muy elevados. Un trabajadormedio de la industria manufacturera con carreralaboral completa (35 años de cotización a la Segu-ridad Social) que se jubilara en 1990 cobraba el98% de su salario de 1989. El porcentaje erasignificativamente superior al registrado en otrospaíses como Italia, Francia, la República Federalde Alemania y Reino Unido, donde oscilaba entreel 89% y el 59% (Barrada 1999: 431, 554).

El continuo incremento del número de pensio-nes y de la cuantía de la pensión media, junto a losproblemas del empleo, que se agudizaron a partirde 1992, explican que el debate sobre las pensionesresurgiera con fuerza hacia la mitad de la décadade los noventa. En 1995, el sistema comprendíacasi siete millones de pensiones, con una cuantíamedia de 63.000 pesetas, cubiertas con las cotiza-ciones de 12.300.000 afiliados. Sólo cinco añosantes, 12.500.000 afiliados cubrían 6.100.000pensiones, cuyo importe medio se sitúaba en tornoa las 43.000 pesetas (55.298 pesetas constantes de

1995).4 En un contexto de preocupación internacio-nal por la creciente presión financiera sobre lossistemas públicos de pensiones europeos, en Espa-ña, el futuro de las pensiones se convirtió en temade discusión pública y comenzaron a expresarse lasdudas sobre la capacidad de la Seguridad Social deresponder a los compromisos adquiridos con losactuales cotizantes. Conviene recordar que entrequienes más pronto manifestaron esta incertidum-bre, se hallaba el entonces ministro de Economía,Pedro Solbes, quien, en una intervención radiaday televisada en febrero de 1995, declaró que lagente “entre 40 y 50 años” debería plantearse “quéva a suceder de aquí a 15 o 20 años” con suspensiones.

Para entonces hacía ya un año que, a instanciasde Convergència i Unió (CiU), se había creado unaComisión del Parlamento para debatir los proble-mas de la Seguridad Social. La Comisión se reuniócon diferentes expertos, así como con los máximosrepresentantes de las organizaciones sindicales yempresariales, y elaboró un informe que consta dedos grandes partes: en la primera se exponen elproblema y los principios generales que debenregir la reforma, mientras que en la segunda seenumeran y describen 15 recomendaciones. Elúltimo apartado de la primera parte, titulado“Líneas de actuación y reformas necesarias”,comienza con estas frases: “El sistema de pensio-nes debe prepararse para hacer frente, sobre todoen el largo plazo, a un incremento de sus obliga-ciones con las próximas generaciones de pensionis-tas. Garantizar el fiel cumplimento de las expectati-vas debe constituir un compromiso firme de toda laNación y deben asegurarse las condiciones quepermitan su financiación” (la cursiva es mía).5 A laluz de estas palabras, resulta evidente que elprincipal propósito del Pacto consistía en promoverla introducción de las medidas estimadas necesariaspara que el sistema, en su actual configuración(rechazando explícitamente tanto su sustitución poruno de capitalización como su transformación enuna “red” de provisión de pensiones mínimas), nose viera abocado en el futuro a una crisis que lodesvirtuara o pudiera hacerlo desaparecer.

4Estos datos han sido extraídos de MTAS (1997: 429y 443).

5El texto del Pacto puede consultarse en BoletínGeneral de las Cortes Generales, serie E, 134 (12-4-1995).

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En abril de 1995, el documento fue aprobado enel Parlamento por todos los partidos en él represen-tados. Como una de las reuniones más importantespara el cierre del acuerdo tuvo lugar en Toledo,esta ciudad ha dado popularmente nombre al Pacto.

2. Las perspectivas financieras del sistemapúblico de pensiones contributivas según losexpertos

En torno a las fechas de aprobación del Pactode Toledo comenzaron a aparecer estudios en losque se presentaban diagnósticos basados, en buenamedida, sobre proyecciones de los ingresos y losgastos del sistema público de pensiones contributi-vas. El patrocinio que determinadas institucionesfinancieras y asociaciones empresariales ofrecierona la mayoría de estos equipos de expertos paraexponer sus argumentos dio pie a que algunosobservadores advirtieran de un sesgo interesado entales estudios. En concreto, se les atribuyó laintención de legitimar técnicamente las estrategiasde la banca y la patronal dirigidas a condicionar lareforma del sistema de pensiones en sentido favo-rable a la capitalización individual de las pensiones(Adelantado, Noguera y Rambla 1998: 209).

Al margen de cuáles fueran las auténticasintenciones de los patrocinadores, lo cierto es quelos diferentes estudios encargados a los expertosdieron resultados que están lejos de constituir unpanorama homogéneo de diagnósticos y propues-tas. Las atribuciones de parcialidad han enmascara-do no sólo esta pluralidad, sino también el hechode que estos estudios han estimulado la producciónde nuevos trabajos sobre el tema, gracias a loscuales el debate sobre los sistemas públicos depensiones ha podido mantener una continuidad dela que probablemente habría carecido si su desarro-llo se hubiera hallado únicamente sujeto a laagenda política.

La primera oleada de estudios, publicados enlos años 1995 y 1996, coincidió con una etapa deelevada inquietud política y social sobre el futurode las pensiones. En este contexto, los esfuerzos delos expertos se dirigieron a valorar las dificultadesfinancieras del sistema público de pensiones y aproponer vías de reforma. Así, en Herce y Pérez-Díaz (1995: 27) se calculaba un déficit de casi el3% del PIB para el año 2010, y cerca de 3,5%para 2025. Muy distintas eran las previsiones delinforme que el Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial publicó aquel mismo año. En él presentaba

una proyección al horizonte del año 2010, según lacual, para entonces, el déficit no llegaría a unadécima del PIB. Si este último trabajo infraestima-ba los gastos del sistema en esa fecha (según hanargumentado Jimeno y Licandro 1999: 131), aquélinfraestimaba los ingresos al consignar sólo el 80%de la masa de cotizaciones, suponiendo que elrestante 20% seguiría destinándose a la financia-ción de prestaciones universales, como se veníahaciendo hasta la fecha. Tras rehacer los cálculosconsiderando el 100% de las contribuciones comoingresos del sistema, Herce, Sosvilla, Castillo yDuce (1996: 30-31) estimaron para 2010 un déficitde algo más del 2%, y para 2025, del 3%. Por suparte, Piñera calculó un déficit algo menor hacia elfinal de la primera década del siglo XXI (1,4% delPIB), y mayor para 2025, con el 4% del PIB.Mientras tanto, Barea, González-Páramo y Velarde(1996: 247) situaban el déficit en 1,7% del PIB en2005, ascendiendo lentamente hasta 1,8% en 2020.

Si bien estas proyecciones atribuían un gradovariable de gravedad al problema, todas coincidíanen anticipar un déficit del sistema de mayor omenor cuantía antes del final de la primera décadadel siglo XXI. Para hacerle frente, estos estudiosformulaban también propuestas de reforma, quecubrían un amplio abanico: desde cambios más omenos sustantivos en las reglas de funcionamientodel sistema, manteniendo su estructura (Herce yPérez-Díaz 1995; MTSS 1995; Barea, Velarde yGonzález Páramo 1996), hasta la transición a unsistema de capitalización (Piñera 1996), pasandopor la introduccion de un sistema privado decapitalización que, coexistiendo con el público dereparto, permitiera a los trabajadores que lo desea-ran destinar una parte de sus cotizaciones a unfondo de gestión independiente de la SeguridadSocial (Herce, Sosvilla, Castillo y Duce 1996). Deestas propuestas, la única que no consideraba comoobjetivo deseable el mantenimiento de un sistemapúblico de pensiones no limitado simplemente aofrecer prestaciones mínimas era la defendida porel principal responsable de la reforma del sistemade pensiones de Chile, José Piñera.

La segunda oleada de aportaciones sobre laviabilidad financiera del sistema público de pensio-nes, iniciada en la segunda mitad del año 1998, seha venido desarrollando en un contexto de debatepúblico mucho más sosegado. En efecto, la discu-sión sobre el futuro de las pensiones contributivasfue quedando desplazada de los primeros puntos dela agenda política a partir de finales de 1996, a locual contribuyeron seguramente tanto la firma del

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acuerdo entre el gobierno del PP y los sindicatossobre este asunto (plasmado posteriormente en laLey de Consolidación y Racionalización del Siste-ma de la Seguridad Social), como los signos derecuperación económica y favorable evolución delmercado de trabajo. Para valorar la incidencia deestos acontecimientos políticos y económicos sobrelas perspectivas financieras del sistema, Herce yAlonso (1998) actualizaron las proyecciones. Susresultados presentaban ligeras diferencias respectoa los publicados por Herce, Sosvilla, Castillo yDuce (1996) en el corto plazo, pero apenas sedistinguían en el medio y largo plazo: para el año2010 estimaron que los gastos del sistema podríansuperar a los ingresos en una cantidad equivalenteal 1,5% del PIB, y para 2025, en 3%.

Sin embargo, esta proyección infravaloró elcrecimiento del número de afiliados a la SeguridadSocial que se estaba produciendo ya por entonces.Gracias a esta evolución favorable del mercado detrabajo y al moderado crecimiento del número depensiones experimentado durante estos años, en1999 los gastos contributivos de la SeguridadSocial se han quedado aproximadamente 175.000millones de pesetas por debajo de los ingresos (sibien casi el 75% de ese superávit corresponde alINEM, que ha logrado este excedente merced a laimportante disminución del paro); según Herce yAlonso (2000: 14), sólo cuatro años antes supera-ban a los ingresos en aproximadamente 110.000millones.

Dos razones obligan, sin embargo, a atemperarel optimismo que se deriva de la nueva situaciónfinanciera del sistema de pensiones contributivas.En primer lugar, Herce y Alonso (2000: 4) de-muestran que, a pesar del fuerte crecimiento delempleo, la masa de cotizaciones sobre el PIBapenas se ha visto alterada, lo cual significa que noha registrado aumentos significativos por encimadel PIB nominal. Entre 1995 y 1998 creció algomenos de tres décimas, y en 1999 descendióligeramente. Esta evidencia permite albergar dudasacerca de la posibilidad de que, incluso en cicloseconómicos expansivos como el que atravesamos,la masa de cotizaciones aumente notablemente enproporción al PIB. Efectivamente, la coincidenciadel crecimiento de afiliados a la Seguridad Socialcon la regulación de bonificaciones y exencionespara fomentar el empleo (que han experimentadoun notable crecimiento en la segunda mitad de losaños 90, situándose en casi 300.000 millones en1999) sugiere que la afiliación es una variablesensible a rebajas en las cotizaciones, de modo

que, presumiblemente, los aumentos de afiliaciónse producen a costa de una reducción de la cotiza-ción media (Herce y Alonso 2000: 4).

En segundo lugar, la bonanza del empleo y elconsiguiente crecimiento del número de afiliados ala Seguridad Social no afectan al problema funda-mental al que, según Herce y Alonso, se enfrentanuestro sistema público de pensiones contributivasdesde la perspectiva de los ingresos, a saber, lafuerte restricción de la oferta de trabajo que seavecina. Basándose, por una parte, en una proyec-ción demográfica que prevé una recuperaciónpaulatina de la tasa de fecundidad hasta 1,8 hijospor mujer en edad fértil en 2025, pero no contem-pla la entrada de inmigrantes, y, por otra, en unescenario macroeconómico caracterizado por uncrecimiento del PIB del 2,5% a partir del año 2005y una tasa de actividad progresivamente ascendentehasta el 70% en el año 2025 (es decir, ocho puntospor encima de la estimada en el año 2000), losautores calculan que, en las próximas dos décadas,el mercado de trabajo español podría haber absor-bido a todos los demandantes de empleo, produ-ciéndose a partir de esa fecha un crecimiento deempleo negativo.6

Mientras que el incremento de los ingresos delsistema público de pensiones en proporción del PIBresulta incierto, el de los gastos parece indiscuti-ble. Todas las proyecciones demográficas disponi-bles hacen esperar un acelerado crecimiento de laspensiones de jubilación una vez atravesado elumbral de la primera década del siglo XXI. Entreel año 2000 y el 2050 la población de 65 y másaños aumentará aproximadamente en cuatro millo-nes, mientras que, durante el mismo período, lapoblación en edad de trabajar podría descender másde siete millones (Herce y Alonso 2000: 6). Estadoble evolución demográfica presiona al alza latasa de dependencia de la población potencialmenteperceptora de pensiones con respecto a la pobla-ción potencialmente aportadora de ingresos contri-butivos. En el año 2000, por cada 100 personas de15 a 64 años se calculan 25 de 65 y más años; estacifra podría haber ascendido hasta 34 en 2025, ysuperar los 50 en 2040. Obviamente, a medida quecrece la tasa de dependencia de los mayores se

6La proyección demográfica utilizada por Herce yAlonso ha sido elaborada en el Instituto de Demografíadel CSIC y etiquetada como “variante media” en Barea,González-Páramo y Velarde (1996: 95-120). El lectorpuede profundizar en los detalles de esta proyecciónconsultando Fernández Cordón (1996).

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deteriora la ratio afiliados/pensiones, de modo que,bajo el supuesto de tipos de cotización y legisla-ción sobre pensiones constantes, el sistema públicode pensiones contributivas se mantendría en equili-brio hasta aproximadamente 2005; en 2020 presen-taría un déficit del 1% del PIB, antes de 2030 del2% del PIB, y para 2035, superior al 3% (Herce yAlonso 2000: 15).

El contraste de las proyecciones con la realidadsobre la que ya poseemos datos pone en evidenciala falibilidad de éstas, toda vez que se basan enhipótesis plausibles de evolución de variablesmacroeconómicas y demográficas que puedenresultar más o menos acertadas. En este sentido,conviene subrayar que al menos tres factorespueden influir en los resultados de estas proyeccio-nes financieras mejorando las previsiones: 1) lamasiva incorporación de la mujer al mercadolaboral, que llevaría consigo el aumento de la tasade actividad por encima de lo esperado, mitigaríala “restricción de brazos” a partir del año 2025 ymejoraría el numerador de la fracción cotizan-tes/pensionistas,7 2) el crecimiento de la producti-vidad en una economía impulsada por el desarrollode las nuevas tecnologías, con el consiguienteaumento de los salarios y las bases de cotización,y 3) la inmigración de población en edad de traba-jar, que sobre el sistema público de pensionescontributivas tendría efectos similares al primerfactor apuntado, si bien implicaría el aumento delgasto en prestaciones universales, especialmenteeducativas y sanitarias.8

No obstante, las advertencias de los economis-tas merecen ser tomadas en serio por la consonan-cia que se observa en el sentido de sus pronósticos,

incluso si se aproximan al problema desde perspec-tivas de análisis algo diferentes. Así, Jimeno yLicandro (1999) han subrayado la tendencia aldesequilbrio del sistema público español de pensio-nes contributivas basándose no en el deterioro de larelación afiliados/pensiones, sino en la relaciónentre la suma de las contribuciones efectuadas porlos trabajadores a lo largo de su vida laboral y delas pensiones que perciben a partir de los 65 añosen concepto de jubilación. Según estos autores, elsistema español no satisface la condición estableci-da en 1958 por Paul Samuelson para mantenerse enequilibrio financiero, de acuerdo con la cual la tasainterna de rendimiento media no debe superar elcrecimiento de la base fiscal del sistema (que en ellargo plazo equivale al crecimiento del PIB).Calculando el valor presente esperado de lascotizaciones medias de individuos representativosy el valor presente esperado de sus pensiones dejubilación, Jimeno y Licandro demuestran que elporcentaje por el cual se multiplica el primer factorpara obtener el segundo, es superior al crecimientodel PIB. Para una esperanza de vida de 80 años,las tasas internas de rendimiento varían entre 3,7%y 4,3%, valores de los más altos en Europa ysuperiores, en cualquier, caso al que ha registradola media de crecimiento del PIB en las últimasdécadas, y a los que, incluso desde previsionesoptimistas, cabe esperar en el futuro.9

Dado que la longitud del período de jubilación,la tasa de sustitución de las pensiones y el tipocontributivo constituyen las tres variables explicati-vas de las tasas internas de rendimiento de laspensiones, la reducción de éstas exige, bien elretraso de la edad de jubilación o el descenso de laesperanza de vida, bien la disminución de la tasade sustitución de las pensiones, o bien el incremen-to del tipo contributivo. Como quiera que la espe-ranza de vida presenta una tendencia al alza y suaumento es un objetivo que en nuestras sociedadesse halla por encima de cualquier otra considera-ción, el margen de intervención pública se circuns-cribe sólo a tres variables. Si tenemos, además, encuenta, que el aumento del tipo contributivo podríatener efectos negativos sobre el empleo, el reequili-bramiento del balance financiero del sistemapúblico de pensiones, desde la perspectiva deanálisis de Samuelson, debería pasar necesariamen-

7Este argumento ha sido defendido por Garrido(1999).

8Según una proyección demográfica de FernándezCordón (1998a), suponiendo que la tasa de fecundidadse recupera hasta alcanzar 1,8 en 2025, la población enedad de trabajar sólo lograría mantenerse más o menosestable hasta el año 2025 si se produjeran entradasanuales de inmigrantes superiores a las 100.000 a partirdel año 2008, a las 150.000 a partir de 2013, traspasan-do el umbral de las 200.000 hacia el final del primercuarto del siglo XXI. Dadas estas elevadas cifras y lanecesidad de mantener la continuidad del flujo inmigra-torio indefinidamente, este autor (1998b: 94) concluyeque “la inmigración, a veces presentada como unaalternativa a la insuficiente fecundidad, no permitecontrarrestar los efectos del envejecimiento de lapoblación”.

9Una comparación entre las tasas internas de rentabi-lidad “típicas” de las pensiones en distintos paíseseuropeos se halla en Boldrin, Dolado, Jimeno y Perac-chi (1999: 41).

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te por el retraso de la edad de jubilación o lamodificación de las normas sobre cotización ycálculo de las prestaciones con el objetivo dereducir la proporción que representa la pensión conrespecto a la última retribución laboral.

Seguir pensando, como algunos hacen, quedetrás de estos análisis se ocultan intereses porfavorecer la gestión privada de las pensionessupone ignorar que entre las filas de estos econo-mistas han sido formulados los argumentos tal vezmás sólidos en defensa de los sistemas públicos depensiones. En efecto, Boldrin, Dolado, Jimeno yPeracchi (1999) han justificado normativamente lossistemas de reparto como instrumentos eficientesde transferencias intergeneracionales. Siguiendo surazonamiento, las pensiones representarían elrendimiento de inversiones de capital humanorealizadas en favor de los hijos a través del pago deimpuestos destinados a la educación pública. Conotras palabras, una vez en el mercado de trabajo,los hijos estarían pagando a través de cotizacionessociales el valor capitalizado del “préstamo”recibido de sus padres para formarse. Pero precisa-mente porque la eficiencia de estos sistemas depen-de de su viabilidad financiera, conseguir ésta seconvierte en la máxima prioridad. Los autoresconcluyen que los efectos de la crisis demográficase pueden contrarrestar con medidas políticas queincentiven el crecimiento de la población activa,del empleo y de la productividad del trabajo, de unlado, y que impidan que las pensiones ya causadascrezcan por encima de la inflación, de otro.

A falta de un cuerpo de contribuciones empíri-cas que pongan en cuestión las proyecciones y losanálisis hasta ahora elaborados, documentandoconvincentemente que la probabilidad de déficitsustantivos del sistema contributivo de pensionesespañol en las próximas décadas es escasa, hacercaso omiso de las conclusiones de los economistasaquí esbozadas constituiría probablemente unaimprudencia. El actual superávit del sistemapúblico de pensiones constituye, sin duda, una muybuena noticia, pero conviene tener en cuenta que seproduce tras sacar del sistema contributivo de laSeguridad Social la financiación de casi toda laparte de prestaciones sociales universales antescubiertas con ingresos procedentes de las cotizacio-nes. Desde luego, cabe pensar que los presupuestosdel Estado, que han logrado absorber los gastosderivados de la asunción casi completa de lafinanciación de las prestaciones universales sinaumentar el déficit público (incluso reduciéndolo),enjugarán posibles descubiertos futuros del sistema

contributivo de pensiones. No obstante, es precisorecordar que también ellos pueden verse sometidosa una presión creciente como consecuencia delaumento del gasto en prestaciones sanitarias deriva-do del crecimiento de la población mayor. Endefinitiva, la favorable situación actual del sistemacontributivo de la Seguridad Social no deberíasuscitar simplemente planteamientos autocompla-cientes ni suponer un freno al avance de reformasque aspiren a conseguir un sistema de pensionespagables sin recurrir a aumentos de las cotizacio-nes.

3. El éxito del Pacto de Toledo como documentode consenso: equilibrio de influencias y flexibili-dad

Desde que fuera aprobado parlamentariamenteen 1995, el Pacto de Toledo ha constituido eldocumento de referencia para todos los partidos ala hora de discutir sobre el sistema público depensiones. Con el respaldo adicional de los dosprincipales sindicatos españoles, UGT y CC.OO.,y de la Confederación Española de OrganizacionesEmpresariales (CEOE), el Pacto se ha convertidoen un punto de encuentro entre quienes dan priori-dad a la preservación de un sistema de prestacionesgeneroso (y, por tanto, orientan sus principalesdemandas hacia el mantenimiento, y a ser posible,la extensión del nivel de gasto social actual), y losque centran su preocupación en la carga crecienteque éste supone para el empleo (y, por tanto,orientan sus demandas principales hacia el mante-nimiento, y a ser posible la reducción, del nivel deingresos contributivos). Ese sincretismo implícitoen el Pacto encierra, a la vez, virtudes y riesgos.Las virtudes residen fundamentalmente en quedesbloquea el diálogo sobre un tema que polarizafuertemente a los partidos políticos y los agentessociales, encauzándolo institucionalmente a travésdel contenido del documento y las convocatoriasperiódicas que establece para el seguimiento de laevolución del sistema de pensiones; los riesgos, enque da pie para que, tanto en situaciones de de-sahogo financiero del sistema como bajo circuns-tancias de presión política sobre el gobierno, pasena un segundo plano las propuestas de reforma quealiviarían los gastos y se impulsen selectivamenteaquellas que implican una mayor generosidad.

El amplio consenso en torno al Pacto se explicapor varias razones. En primer lugar, las propues-tas de reforma en él incluidas adquieren la formade “recomendaciones”, es decir, de objetivos

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normativos cuya concreción en medidas políticaspermite un margen de negociación notable tantopara establecer las prioridades como para ajustar laintensidad de los efectos. Ponerse de acuerdo sobrelo deseable resulta probablemente más fácil queconsensuar cuándo y cómo conseguirlo. En segun-do lugar, el Pacto reúne, tanto en su parte expositi-va como en su parte ejecutiva, argumentos quesatisfacen a unos y a otros agentes, logrando así unequilibrio entre posturas discrepantes, o al menosjerarquizadas de forma diferente.

El equilibrio entre las posturas de los partidosque se definen de izquierdas y los sindicatos, de unlado, y los partidos que se ubican entre el centro yla derecha en el espectro ideológico y las asocia-ciones empresariales, de otro, se manifiesta repeti-damente. Así, en su parte expositiva, el Pactoseñala la deseabilidad de que el porcentaje de PIBque se dedica en España a gastos sociales y apensiones se vaya aproximando a la media euro-pea. Se trata de un argumento al que los sindicatosconceden especial importancia y que se funda en ladiferencia de aproximadamente seis puntos porcen-tuales del PIB que separa los gastos de protecciónsocial en España de la media de la Unión Europea,según los últimos datos disponibles (de 1995 y1996).10 En esa misma parte, el Pacto hace dosobservaciones centrales en el discurso de losempresarios: 1) la importancia del coste de lascotizaciones sociales en la remuneración total delos asalariados (en torno a un 25%) y la inconve-niencia de aumentarlas, y 2) la asimetría de tres auno en la distribución de las cotizaciones entreempresas y trabajadores. De esta forma, reconocelas causas del descontento de los empresarioscuando afirman que las altas cotizaciones socialesque costean ellos por cada trabajador equivalen aun oneroso impuesto sobre el trabajo.

En cuanto a la parte del Pacto que recoge lasrecomendaciones, la tendencia al equilibrio deposturas se aprecia mejor si se las clasifica segúncuatro objetivos: racionalización, equidad, incenti-vación y mejora de prestaciones. Las recomenda-ciones orientadas hacia la racionalización delsistema prestan satisfacción tanto a los partidariosde mantener niveles de prestaciones altos como alos de anteponer criterios de salud financiera; lasrecomendaciones encaminadas a conseguir mayorequidad satisfacen más a unos u otros, dependiendo

de si la equidad afecta a los ingresos o a los gastos;las recomendaciones cuyo objeto es incentivarcomportamientos directa o indirectamente benefi-ciosos para el funcionamiento del sistema favore-cen, sobre todo, a quienes defienden la contencióndel gasto, mientras que las que implican la mejorade determinadas prestaciones complacen a quienespersiguen el fortalecimiento del estado del bienes-tar.

Entre las recomendaciones de racionalización,la que ha suscitado el consenso más amplio es laque se refiere a la necesidad de separar y clarificarlas fuentes de financiación de las prestacionessociales (recomendación 1). Las fuerzas políticasy sociales que apoyan el Pacto entienden que lascotizaciones sociales deben destinarse sólo al pagode prestaciones contributivas. Impedir el uso deingresos contributivos de la Seguridad Social parafinanciar prestaciones universales se convierte enla condición necesaria para el cumplimiento de larecomendación 2, que establece la necesidad deconstituir un fondo de reserva para amortiguar losefectos de ciclos económicos recesivos y evitarincrementos de las cotizaciones.

Otras dos recomendaciones persiguen objetivosde racionalización del sistema de pensiones. Poruna parte, la simplificación e integración de losregímenes especiales (recomendación 6) tiene porobjetivo reducir el número de clases diferentes enlas que los trabajadores son encuadrados a efectosde pagar cotizaciones y recibir pensiones. Por otraparte, con la integración de todas las funciones degestión relacionadas con las pensiones (recomenda-ción 7) se pretende que la administración delsistema, que los expertos valoran ya muy positiva-mente tanto por su gestión como por el escasonivel de gasto asociado a ella (en torno al 2% delos gastos totales), gane en eficacia y eficiencia.

La equidad es el objetivo de cinco recomenda-ciones del Pacto, tres de las cuales afectan a losingresos y dos a los gastos. Entre las primeras, unaespecialmente apreciada por los sindicatos es labúsqueda de una mayor coincidencia entre salariosreales y bases de cotización (recomendación 3),poniendo fin a la práctica de aumentar la retribu-ción a través de complementos y dietas sobre loscuales no se cotiza a la Seguridad Social. Enrelación con la recomendación arriba señalada demodificar la estructura de los regímenes especiales,el Pacto aconseja remediar la inequidad que sederiva del hecho de que los trabajadores de talesregímenes hagan menores aportaciones contributi-10Pueden consultarse en Anuario de Estadísticas

Laborales 1998 (1999: 1045).

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vas que los del régimen general y reciban poste-riormente la misma cobertura mínima (recomenda-ción 4). La recomendación de mejorar los mecanis-mos de recaudación de las cotizaciones para evitarla morosidad de las empresas y la economía sumer-gida (recomendación 5) tiene su contrapunto en larecomendación de perfeccionar los mecanismos degestión de las prestaciones para luchar contra elfraude en la percepción de las pensiones porincapacidad temporal e invalidez (recomendación13). En esta misma línea de promover la equidaddesde el lado de los gastos se sitúa también larecomendación de que “las prestaciones guardenuna mayor proporcionalidad con el esfuerzo decotización realizado” (recomendación 9). Ello abrela puerta a modificaciones de la fórmula de cálculode las pensiones que amplíen el período de cálculode la base reguladora de las pensiones y equilibrenel peso de los años de cotización, de forma que, deun lado, la base reguladora sintetice las bases decotización de una proporción mayor de la carreralaboral (recordemos que en el momento de la firmadel Pacto sólo entraban en el cálculo las de losúltimos ocho años), y de otro, el multiplicador dela base reguladora no favorezca proporcionalmentea quienes han cotizado menos años.

El tercer grupo de recomendaciones apela a laconveniencia de incentivar diferentes medidas deconsecuencias positivas para el sistema o para susbeneficiarios. Son éstas las recomendaciones máscercanas a las posturas de los empresarios. Así, lareducción de las cotizaciones sociales para trabajosde baja cualificación (recomendación 8) supondríaun incentivo a la contratación de trabajadores ensectores que requieren mucha mano de obra, queredundaría en un aumento de los ingresos contribu-tivos del sistema de pensiones. Por otra parte, lareducción, o incluso la supresión, de las cotizacio-nes sociales operarían como incentivos para pro-longar voluntariamente la vida activa de trabajadormás allá de los 65 años (recomendación 10). Losbeneficios de este retraso voluntario de la edad dejubilación recaerían, por tanto, sobre el empresario(que pagaría menos cotizaciones), sobre el trabaja-dor (que podría demandar una retribución netamayor) y sobre la Seguridad Social (que tendríaque pagar durante menos años una pensión altrabajador). Finalmente, la recomendación 14sobre potenciación de los fondos privados depensiones como complemento de las pensiones abreun margen para la mejora de los incentivos fiscalesa su suscripción. Se trata de una medida favorecidapor los empresarios, que ven en ella una vía de

fomento del ahorro nacional, y, por tanto, deabaratamiento de los préstamos, aunque probable-mente también un mecanismo indirecto para hacermenos traumático un hipotético recorte de laspensiones públicas en el futuro.

Si las recomendaciones de incentivación son lasque mejor reflejan los intereses de las empresas,los sindicatos han visto plasmadas algunas de susprincipales reivindicaciones en aquellas recomen-daciones que apuntan la necesidad de evitar que lasprestaciones sufran deterioros, o incluso de mejo-rarlas. En este apartado cabe incluir, por ejemplo,la recomendación sobre el mantenimiento del poderadquisitivo de las pensiones a través de la revalori-zación automática en función del IPC (recomenda-ción 11), así como la referente a la ampliación delperíodo de percepción de pensiones de orfandad yel aumento de la cuantía de las pensiones viudedad(recomendación 12).

El equilibrio de influencias de agentes políticosy sociales, la moderación en la formulación de laspropuestas y el considerable margen interpretativoque permiten, convierten al Pacto en un documentode consenso ejemplar. Ningún partido políticopodía resistirse a firmarlo sin que ello significara,bien rechazar el sistema público de reparto, biendefender la intrascendencia de los límites financie-ros a la expansión del sistema, posturas ambas demuy difícil justificación pública. Pero el que hastala fecha ha extraído más beneficios políticos delPacto ha sido el PP, ya que su adscripción ideoló-gica y sus preferencias de política económicasuscitaban en un segmento del electorado lassospechas, intensamente estimuladas por susadversarios políticos, de pretender recortar elsistema de protección social. Al suscribir el Pacto,el PP despejaba esas sospechas. Por añadidura, elcompromiso oral adquirido por todos los partidospolíticos firmantes del Pacto de no utilizar electo-ralmente el tema de las pensiones evitó que en lacampaña electoral de 1996 se pudiera repetir unasituación como la sucedida en la campaña de 1993,cuando el candidato del PSOE, Felipe González,atribuyó en un debate televisivo a José MaríaAznar, la intención de reducir la cuantía de laspensiones ya causadas en unos cuantos miles depesetas; una imputación que, a juicio de no pocosanalistas (y de altos cargos del propio PartidoPopular) contribuyó decisivamente a su derrotaelectoral ante el PSOE, al que aventajaban enintención de voto según muchas encuestas.

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El Pacto de Toledo se convirtió seguramente enla mejor protección del PP durante la campaña de1996. Una vez en el gobierno, erigirse en los másfirmes defensores del Pacto constituyó una de lasprioridades de su política social. Por ello, elgobierno no escatimó recursos dialécticos y simbó-licos en los primeros meses de legislatura paratransmitir a la opinión pública su firme compromi-so con el Pacto de Toledo, encontrando en lossindicatos a sus principales aliados.

4. La política de pensiones del gobierno del PP:coalición de intereses con los sindicatos endefensa del Pacto de Toledo

En sus primeros seis meses, el gobierno del PPconsiguió lo que los gobiernos del PSOE no habíanlogrado en trece años: el 9 de octubre de 1996 elPresidente del Gobierno, José María Aznar, firma-ba un acuerdo sobre la reforma del sistema depensiones con los máximos representantes de UGTy CC.OO. El objetivo formal y explícito de esteacuerdo era predeterminar el desarrollo legislativodel Pacto de Toledo; el implícito, reforzar simbóli-camente las posiciones estratégicas de los firmantesen la esfera política.

El Acuerdo de octubre, vigente hasta el año2000, consta de una docena de puntos que desarro-llan determinadas recomendaciones del Pacto deToledo. En la breve exposición previa a la presen-tación de estos puntos, los firmantes declararon “suapoyo inequívoco a la consolidación y racionaliza-ción del Sistema de Protección Social” (la cursivaes mía) y su voluntad de que en el futuro éste“mantenga y, si la evolución económica lo permi-te, mejore su actual participación en el ProductoInterior Bruto, acercándonos a la media comunita-ria”.11 El gobierno de Aznar resaltaba de estamanera su adhesión indiscutible al sistema públicode reparto y hacía suyo el objetivo normativo delos sindicatos en favor del crecimiento del gastosocial en España.

Al aplicar el esquema analítico ya utilizadoantes para exponer ordenadamente el contenido delPacto de Toledo, llama la atención que los puntosdesarrollados en el Acuerdo de octubre de 1996afectan especialmente a la racionalización delsistema y a la mejora de las prestaciones. Así, las

recomendaciones de racionalización se manifiestanen las demandas de 1) llevar a cabo hasta el año2000 la separación de las fuentes de financiaciónde las prestaciones contributivas y no contributivas,2) constituir un fondo de reserva con el excedentede las cotizaciones sociales, y 3) ajustar los crite-rios de reconocimiento y provisión de las pensionespor incapacidad permanente. La mejora de lasprestaciones es el propósito de otras cuatro exigen-cias: 1) la reducción de la penalización sobre lasjubilaciones antes de los 65 años bajo determinadascircunstancias (verse forzado a jubilarse por perderel empleo y haber cotizado 40 años), 2) la revalo-rización automática de las pensiones en función delIPC previsto, 3) el desplazamiento del límite deedad máximo para recibir pensiones de orfandad de18 a 21 años, y 4) el incremento de la pensiónmínima de viudedad para los menores de 60 años.

Respecto al criterio de equidad, otro de los ejesvertebradores del Pacto de Toledo, en el Acuerdode 1996 se establece la ampliación del períodosobre el que se calcula la base reguladora de lapensión de los últimos 8 a los últimos 15 años, asícomo la modificación del porcentaje aplicable a labase reguladora para que favorezca algo menos alos trabajadores con carreras de cotización máscortas.12 Si esta medida incide sobre la equidad delas prestaciones o gastos del sistema, otra propues-ta afecta a la equidad de los ingresos. Se trata delcompromiso adquirido por el gobierno de eliminargradualmente los distintos topes máximos de lasbases de cotización hasta que quede uno sólo, conel fin de conseguir la coincidencia entre bases decotización y salarios reales.13

Esta última reivindicación, junto a la totalausencia en el Acuerdo de referencias a la reduc-ción de las cotizaciones sociales, y la escasamentecomprometedora alusión a la conveniencia deestablecer “un régimen de garantías básicas” y“una regulación adecuada desde el punto de vistafiscal” para los fondos de pensiones, explican lairritación de los empresarios y su decisión de nosubscribir este documento. Si bien el gobierno

11El texto del Acuerdo puede consultarse en Perspec-tivas del sistema financiero (1996: 106-110).

12El Acuerdo establece que los quince primeros añosden derecho al 50% de la base reguladora (en lugar deal 60%), y cada año de cotización adicional pese 3%(del año 16 al 25) o 2,5% (del año 26 al 35).

13Las bases máximas se establecen para cada uno delos 11 grupos de cotización, si bien desde unos añosantes a la firma del Acuerdo se reducían a tres: la másalta para los grupos 1 a 4, la intermedia para los grupos5 a 7, y la baja para los grupos 8 a 11.

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habría deseado un acuerdo tripartito, la renuncia delos empleadores pudo beneficiarle en la medida enque parecía contradecir la idea de que se hallabamás próximo de las posturas de los empresariosque de los sindicatos.

Sobre la base del Acuerdo de 1996, el gobiernoelaboró un proyecto legislativo que fue aprobadoen el Parlamento con el voto de todos los partidosexcepto Izquierda Unida (IU). A diferencia de laLey de 1985, cuyo articulado recogía un conjuntode medidas dirigidas en una misma dirección(concretamente, la desaceleración del gasto enpensiones), la Ley de Consolidación y Racionaliza-ción del Sistema de la Seguridad Social de 1997responde al modelo de “reformas de suma positi-va” descrito por Pierson (1998: 557). Combinan-do medidas de expansión con medidas de recortedel gasto, estas reformas aspiran a compatibilizarfines sociales y económicos al objeto de conseguirconsensos operativos.

Como han ilustrado Herce y Alonso (1998), losefectos de la Ley de 1997 sobre las perspectivasfinancieras del sistema de pensiones son muymoderados, mucho menores que los provocadospor la Ley de 1985 (lo cual tampoco debe extrañar,puesto que ésta corrigió una tendencia perversa queya no se daba en 1997). Esta vez, la reforma haatacado sólo uno de los factores del crecimiento delgasto en pensiones, concretamente el diferencialentre la cuantía de las nuevas pensiones y la de lasque dejan de pagarse. Pero así como la reforma de1985 supuso un recorte de las nuevas pensionesestimado en un 13%, el efecto análogo de lareforma de 1997 se calcula en un 3%. La reformade 1997 no ha afectado, sin embargo, al segundofactor de crecimiento del gasto: el aumento deldiferencial entre el número de nuevas pensiones yel de las que dejan de pagarse. En 1998, el númerode altas de pensiones contributivas (455.000)superaba en casi 90.000 al de las bajas.14

Según las proyecciones financieras elaboradaspor Herce y Alonso (1998: 27-35), la Ley de 1997sólo consigue reducir el déficit del sistema públicode pensiones a largo plazo (a partir del año 2020),y en una cantidad muy poco importante (comomáximo unas décimas del porcentaje del PIB).Entretanto, a corto plazo las medidas que mejorandeterminadas prestaciones suponen un aumento deldéficit previsto, si bien también muy pequeño. Así

pues, los efectos de las nuevas medidas sobre laevolución financiera del sistema son muy modera-dos y se neutralizan.

Más importante que el impacto sustantivo delAcuerdo de 1996 y su traducción legal ha sido suimpacto simbólico. Mediante el Acuerdo, el go-bierno y los sindicatos han intercambiado recursossimbólicos de extraordinaria importancia paraambos. El gobierno ha ofrecido a los sindicatos unreconocimiento como decisores clave en la políticadel estado del bienestar. Ello les ha permitido, poruna parte, reforzar su posición como representantesde los pensionistas, un segmento de la poblacióncreciente y muy precariamente representado porotras organizaciones. Por otra parte, con la partici-pación en el Acuerdo, los sindicatos han ampliadoel área de sus intervenciones, equilibrando así susposiciones entre la defensa sin ambages de lasprestaciones sociales y la aceptación gradual dereformas flexibilizadoras en el mercado laboral.

A cambio, con su firma, los sindicatos hanofrecido al gobierno y al PP las condiciones paracontrarrestar algunas ideas que pesaban negativa-mente sobre su imagen. En efecto, el Acuerdo conlos sindicatos permitió al gobierno iniciar sumandato demostrando una sensibilidad hacia lostemas sociales y un talante dialogante con losrepresentantes de los trabajadores que sus rivalespolíticos le negaban. Parece, además, que este pasodel gobierno contribuyó a mitigar la inquietud de lapoblación, puesto que a finales de 1997, en com-paración con datos de encuesta de 1995, se com-probó un aumento de la proporción de los pensio-nistas que contemplaban su situación económica“con tranquilidad”, y más aún la de los no pensio-nistas que afrontaban su futura jubilación con elmismo estado de ánimo (Pérez-Díaz, Álvarez-Miranda y Chuliá 1997: 24-28).

Que un gobierno del PP haya reconocido porley el mantenimiento del poder adquisitivo de todaslas pensiones contributivas, y que haya mejoradolas pensiones de viudedad y orfandad constituyeuna importantísima baza contra cualquier acusaciónde falta de voluntad política para mantener elsistema de protección social.Tan deseoso ha estadoel gobierno del PP de mantener esta baza que, antelas críticas de sus adversarios políticos a determi-nados aspectos de su política de pensiones, se haapresurado a adecuar sus respuestas a las preferen-cias de los sindicatos.

Así, a finales del verano de 1997, cuando elPSOE acusó al ejecutivo del PP de querer descon-

14 Datos extraídos del Anuario de EstadísticasLaborales y de Asuntos Sociales 1998 (1999: 847-851).

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tar en 1998 a los pensionistas lo que éstos habíanpercibido de más como consecuencia de que el IPCprevisto para 1997 iba a superar al IPC real, elgobierno, en consonancia con las posturas expresa-das por los sindicatos, renunció a este descuento.Esta cesión no sólo significaba ir más allá de loestablecido en el Pacto de Toledo, sino que contra-venía lo establecido en el tercer párrafo del artículo11 de la Ley de 1997 (que había entrado en vigora principios de agosto), de acuerdo con el cual“(s)i el índice de precios al consumo previsto paraun ejercicio, y en función del cual se practicó larevalorización, resultase superior al realmenteproducido (...), las diferencias existentes seránabsorbidas en la revalorización que correspondaaplicar en el siguiente ejercicio económico”. Trasquedarse de nuevo en 1998 el IPC real por debajodel previsto, el gobierno instó la derogación delcitado artículo para evitar semejantes descuentos.Como consecuencia de no haber aplicado esacláusula durante los años 1996 a 1998, el gobiernopodía anunciar que, desde el inicio de la legislatu-ra, las pensiones habían consolidado un aumento depoder adquisitivo cifrado en 200.000 millones. Enseptiembre de 1999, a los repetidos ataques prove-nientes del PSOE sobre la falta de voluntad delgobierno de repercutir la favorable evolución delos ingresos contributivos en la mejora de laspensiones mínimas, y las iniciativas de los gobier-nos autonómicos andaluz y catalán de complemen-tar con pagas extraordinarias las pensiones nocontributivas y asistenciales, el gobierno contestófirmando un nuevo acuerdo con los sindicatos quedisponía la subida de las pensiones contributivasmás bajas y de las no contributivas varios puntospor encima del IPC previsto, y la constitución deun fondo de reserva. El gobierno de José MaríaAznar lograba así silenciar al PSOE y desproveerde justificación su amenaza de salirse del Pacto.

Ocurre, por tanto, que para conservar el apoyode los sindicatos y, en última instancia, el propioPacto, el gobierno del PP ha ido más allá de loprevisto en él. No sólo ha mantenido el poderadquisitivo de las pensiones, como establecía larecomendación 11, sino que las ha aumentado entérminos reales. Contraviniendo, por otra parte, larecomendación 9, que pide una mayor proporcio-nalidad entre las prestaciones y el esfuerzo decotización realizado, ha decidido junto con lossindicatos el aumento de las pensiones mínimas.Estas dos medidas refuerzan claramente uno de losprincipales factores responsables, según Boldrin,Dolado, Jimeno y Peracchi (1999), del desequili-

brio financiero de los sistemas de pensiones públi-cos europeos, concretamente el crecimiento de laspensiones ya causadas por encima del IPC.

Teniendo en cuenta esta observación, cabríadecir que en los cinco primeros años de existenciadel Pacto de Toledo, la política de pensiones haseguido un curso poco favorable a la corrección deldéficit financiero del sistema contributivo previstopor los economistas en un futuro no muy lejano.Indudablemente, el balance financiero del sistemacontributivo de pensiones ha mejorado gracias a lacentrifugación de los gastos en prestaciones univer-sales a la imposición general (sin que ello hayarepercutido negativamente sobre el déficit público)y a la evolución de la afiliación a la SeguridadSocial. La política presupuestaria y la política deempleo de los últimos años no han sido, por tanto,ajenas al superávit actual del sistema de la Seguri-dad Social. Ello no obstante, las políticas que sejustifican públicamente en virtud del Pacto no estáncontribuyendo a reducir la incertidumbre sobre laviabilidad financiera futura del sistema de pensio-nes. No es que las medidas de mejora de laspensiones carezcan de justificación social. Pero talvez debería quedar claro que el Pacto de Toledorespondía a otra preocupación fundamental, y queuna política que promueva el aumento de lasprestaciones en términos reales requeriría unadiscusión diferente a la que dio lugar al Pacto; unadiscusión en la que se dilucidaran las distintasposibilidades de diseñar esta política combinandoelementos de solidaridad intergeneracional eintrageneracional, estudiando si su coste debe serasumido únicamente por los cotizantes, o si tam-bién requeriría alguna participación del estado, osacrificios por parte de quienes perciben pensionesmás altas.

En definitiva, la estrategia del gobierno del PPha consistido en responder a aquellos conflictosque podían poner en peligro el Pacto de Toledobuscando el apoyo de los sindicatos y aprobandopolíticas más favorables a la expansión de losgastos que a su contención. Convertido en unaespecie de talismán, el Pacto ha reforzado latendencia de los gobiernos a aumentar la satisfac-ción de los pensionistas. Nada indica, por otraparte, que esta tendencia vaya a cambiar en lospróximos años. Aunque al gobierno del PP se le haacusado desde la oposición de actuar reactivamentedesde 1997 en su política de pensiones, ésta puedeser, sin duda, capitalizada como un éxito ante loselectores. De ahí que, en caso de una victoria delPP en la convocatoria electoral de marzo de 2000,

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quepa esperar que el nuevo gobierno siga por lamisma senda de defensa a ultranza del Pacto yalianza con los sindicatos para protegerse de lascríticas de la oposición, introduciendo tal vezalguna novedad de limitados efectos sustantivos,como la propuesta reciente de Aznar de exonerarde las cotizaciones sociales a quienes prolonguensu vida laboral más allá de los 65 años. El alivio dela presión financiera inmediata sobre el sistema depensiones como consecuencia del crecimiento delempleo juega, además, a favor de una política depensiones más generosa con los actuales percepto-res de las prestaciones.

Algo no muy distinto ocurriría verosímilmentesi, por el contrario, ganase las elecciones el PSOE.En tal caso, el gobierno de Almunia intentaría almenos igualar las ofertas del primer gobierno deAznar. Avalan este pronóstico no sólo las declara-ciones del líder socialista a favor de una interpreta-ción del Pacto en sentido generoso,15 sino tambiénel Acuerdo sobre programa de gobierno cerradoentre el PSOE e IU en los primeros días de febrerode este año. A falta de mayor concreción, las dospropuestas sobre pensiones contenidas en esteAcuerdo (aumentar el poder adquisitivo de laspensiones más bajas y elevar todas las pensionesmínimas), se sitúan en la línea de lo convenido porel gobierno del PP y los sindicatos en septiembrede 1999 para su aplicación en el año 2000.16

Parece, pues, que la política de pensiones de lospróximos años depende poco de cuál de los dosgrandes partidos asuma la responsabilidad deformar ejecutivo. Cualquiera de ellos, una vez enel gobierno, tendría un interés claro en que no serompiera el Pacto, cuya invocación se ha converti-do en el mejor testimonio del compromiso con lospensionistas, un colectivo de más de siete millonesde electores de quienes dependen económicamentevarios millones más de españoles.17 La servidum

bre electoral del tema de las pensiones y las venta-jas que se derivan para cualquier gobierno de losdocumentos de consenso en asuntos políticosdelicados permiten, por tanto, anticipar la estabili-dad institucional del Pacto de Toledo en los próxi-mos años. Sólo un peligro se cierne aparentementesobre ella. Como es sabido, los partidos nacionalis-tas han demandado repetidamente la transferenciade competencias sobre la gestión de la recaudacióny el pago de las prestaciones. Si alguno de estospartidos se convirtiera en pieza decisiva para laformación del nuevo gobierno, podría exigir comocontraprestación la satisfacción de esta demanda.Semejante concesión permitiría tal vez argüir a lospartidos en la oposición que se había producido unaruptura no tanto de la letra, como del espíritu delPacto, provocando así su abandono.

5. Consideraciones finales

El Pacto de Toledo fue la respuesta de losagentes políticos y sociales españoles a un debatesobre los sistemas públicos de pensiones que seestaba desarrollando en España y otros paísesoccidentales, y en el que la voz de los organismoseconómicos internacionales y de los economistasamenazaba imponerse sobre la de las institucionesnacionales. Incluso el compromiso oral adquiridopor todos los partidos de no utilizar el tema de laspensiones en la lucha política puede ser interpreta-do como una estrategia para evitar alimentar eldebate y que éste se desenvuelva fuera de loslímites políticamente aceptables.

El consenso necesario para que saliera adelanteel Pacto se logró equilibrando las influencias en eldocumento, de forma que integrara propuestas dereforma favorables a la contención del gasto conotras tendentes a la mejora de las prestaciones.Esta integración se ponía al servicio de la consoli-dación del sistema contributivo de pensiones,objetivo explícito del Pacto. En este sentido, elPacto refleja la voluntad política de mantener elsistema público de pensiones sin debilitarlo. Ahorabien, el Pacto subrayaba la palabra consolidación,pero dejaba pocas dudas acerca de que ésta sehallaba ligada a la capacidad financiera del sistemapara satisfacer los compromisos adquiridos. ElPacto se concebía como instrumento de reformapara asegurar las condiciones que permitieran la

15A finales de septiembre de 1999, Almunia advertíaque “si los demás se suben al autobús del Pacto deToledo para poner el pie en el freno, o para no ir por labuena dirección, que no cuenten con Joaquín Almunia”.Qué entendía él por “la buena dirección” quedaba claroal añadir que el PSOE se encargaría de seguir presio-nando para que las pensiones subieran más. Véase ElPaís 27-9-1999: 19.

16 El Acuerdo fue publicado por la prensa nacionalel 3 de febrero de 2000.

17Téngase en cuenta que las pensiones contributivasconstituyen el principal ingreso de aproximadamentetres de cuatro hogares cuyo sustentador principal tiene

65 o más años (Pérez-Díaz, Chuliá y Álvarez-Miranda1998: 63).

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financiación presente y futura de los gastos contri-butivos con los ingresos de las cotizaciones, sindesatender los principios de solidaridad inter eintrageneracional. La Ley de 1997 se inscribíatodavía dentro de ese objetivo, en la medida en queestablecía la separación gradual de las fuentes definanciación hasta el año 2000 y recortaba ligera-mente la tasa de sustitución de las pensionesfuturas al modificar las reglas de cálculo. Si bienlos efectos de reducción de los gastos quedabanneutralizados por otras medidas de mejora selectivade prestaciones, la Ley podía interpretarse comoun comienzo de reforma en la dirección apuntadapor el Pacto de Toledo. Pero, en rigor, las decisio-nes políticas adoptadas con posterioridad a laaprobación de la Ley, han cambiado esa dirección.Sin dejar de invocar el Pacto de Toledo como ejede la política de pensiones, desde entonces hanaumentado en términos reales todas las pensionesya causadas, consolidándose estos aumentos en lapensión. Ello ha ocurrido sin que, a pesar deldiscurso optimista de los políticos, hayan desapare-cido las razones que justificaban la preocupaciónpor la viabilidad financiera del sistema de pensio-nes en el plazo de unas décadas. Porque aunque,afortunadamente, el sistema contributivo de pensio-nes registra en la actualidad un ligero superávit, ala luz de las proyecciones financieras más recientes(y hasta donde he podido averiguar no contesta-das), no podemos desechar las dudas sobre si elfavorable desarrollo del empleo, incluso mante-niéndose hasta reducir al mínimo la tasa de paro,podrá o no contrarrestar los efectos demográficosque hacen esperar un notable empeoramiento de larelación entre afiliados y pensionistas en el plazode unas décadas.

Probablemente, sólo se hallará poca gente queno celebre que los actuales pensionistas, a muchosde los cuales les tocó vivir la miseria de la guerray la postguerra, y trabajar en condiciones muchomenos favorables que las actuales, vean aumentarsu poder adquisitivo. Quizá, también sean bastantesquienes opinen que las generaciones todavíajóvenes, que hemos disfrutado de los beneficiossociales del crecimiento de la riqueza nacionalmucho más que nuestros padres y abuelos, asuma-mos ciertos sacrificios para conseguir ese propósitosocialmente deseable. Pero este objetivo deberíadefenderse desde el conocimiento de los costeseconómicos directos y de oportunidad que implica,sin dar por buena cualquier justificación de lasmedidas encaminadas a su consecución. Mal sepueden justificar éstas en virtud del Pacto de

Toledo y la consolidación del sistema contributivode pensiones, si por consolidar entendemos garanti-zar que el sistema sea capaz de financiar las obliga-ciones ya contraídas tanto con los actuales comocon los futuros pensionistas. Si éste sigue siendoel objetivo prioritario del Pacto, los partidospolíticos y los agentes sociales deberían reconducirsu discusión en la Ponencia del Congreso sobre laSeguridad Social, que, de acuerdo con la recomen-dación 15 del Pacto, se creará a lo largo del año2000. En tal caso, la adopción de medidas destina-das a contener el crecimiento de los gastos delsistema o aumentar sustantivamente sus ingresosparece ineludible.

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Piñera, José. 1996. Una propuesta de reforma delsistema de pensiones en España. Madrid: Círculode Empresarios.

ASP Research Papers

Números publicados

1(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, La posibilidad de la sociedad civil: carácter, retos y tradiciones

1(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz, The possibility of civil society: its character, challenges andtraditions (también en John Hall ed., Civil Society. Theory, History, and Comparison,Cambridge, Polity Press, 1994)

2(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Opciones inerciales: políticas yprácticas de recursos humanos en España (1959-1993)

2(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Inertial choices: Spanish humanresources policies and practices (1959-1993) (también en Richard Locke, ThomasKochan, Michael Piore (eds.), Employment Relations in a Changing World Economy,Cambridge, Mass., MIT Press, 1995)

3(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, De opciones reticentes a compromisoscreíbles. Política exterior y liberalización económica y política: España 1953-1986

3(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, From reluctant choices to crediblecommitments. Foreign policy and economic and political liberalization: Spain 1953-1986 (también en Miles Kahler (ed.), Liberalization and Foreign Policy, Nueva York,Columbia University Press, 1997)

4(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, El reto de la esfera pública europea

4(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz, The challenge of the European public sphere

4(c)/1994 Víctor Pérez-Díaz, Le défi de l'espace publique européen (también en Transeuro-péennes, 3, 1994)

5(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, Transformaciones de una tradición: campesinos y agricultura enCastilla entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XX (también en A. M.Bernal et al., Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madrid,Alianza, 1994)

6(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, Aguante y elasticidad: observaciones sobre la capacidad deadaptación de los campesinos castellanos de este final de siglo (también en Papelesde Economía Española, 60/61, 1994)

7(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, Un desorden de baja intensidad: observaciones sobre la vidaespañola de la última década (y algunas anteriores), y el carácter y la génesis de susociedad civil (también en AB Asesores (ed.), Historias de una década: Sistema finan-ciero y economía española 1984-94, Madrid, AB Asesores, 1994)

7(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz, A low intensity disorder: observations on Spanish life over thepast decade (and some prior ones), and the character and genesis of its civil society(también en AB Asesores ed., Views on a decade: the Spanish economy and financialsystem 1984-1994, Madrid, AB Asesores, 1994)

8(a)/1995 Benjamín García Sanz, La contaminación ambiental en España: el estado de lacuestión

9(a)/1995 Josu Mezo, Política del agua en España en los años ochenta y noventa: la discusióndel Plan Hidrológico Nacional

10(a)/1995 Víctor Pérez-Díaz, La educación en España: reflexiones retrospectivas (también enJulio Alcaide et al., Problemas económicos españoles en la década de los 90,Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1995)

11(a)/1995 Víctor Pérez-Díaz, El largo plazo y el "lado blando" de las políticas de empleo:Aspectos sociales e institucionales del problema del empleo en España a mediados delos años noventa (también publicado por el “Business and Civil Society Seminar”)

12(a)/1995 Elisa Chuliá, La conciencia medioambiental de los españoles en los noventa

13(a)/1996 Víctor Pérez-Díaz, Elogio de la universidad liberal (también en Claves, 63, 1996)

14(a)/1996 Berta Álvarez-Miranda, Los incendios forestales en España (1975-1995)

15(a)/1996 Juan Carlos Rodríguez, Gobierno corporativo en la banca española en los añosnoventa

16(a)/1997 Juan Carlos Rodríguez, Políticas de recursos humanos y relaciones laborales en labanca española de los años noventa

17(a)/1997 Víctor Pérez-Díaz, La política y la sociedad civil españolas ante los retos del sigloXXI

18(b)/1998 Víctor Pérez-Díaz, The ‘soft side’ of employment policy and the Spanish experience(también en West European Politics, 21, 4, 1998; y en Paul Heywood ed., Politicsand Policy in Democratic Spain: no Longer Different?, Londres, Frank Cass, 1999)

19(b)/1998 Víctor Pérez-Díaz, State and public sphere in Spain during the Ancien Régime(también en Daedalus, 127, 3,1998)

20(a)/1998 Juan Carlos Rodríguez y Berta Álvarez-Miranda, La opinión pública española yel euro: análisis de grupos de discusión

21(a)/1998 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Los empresarios gallegos. Análisis deuna encuesta de opinión

22(b)/1998 Víctor Pérez-Díaz, Putting citizens first: the tasks facing Europe, her public sphereand the character of her public authority (también publicada en francés: “La Citéeuropéenne”, Critique Internationale, 1, 1998; y la primera parte: “La ciudadeuropea”, Política Exterior, XIII, 67, 1999)

23(b)/1998 Víctor Pérez-Díaz, From ‘civil war’ to ‘civil society’: social capital in Spain from the1930s to the 1990s

24(a)/1998 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Jóvenes gallegos: disposiciones ycomportamientos ante la educación y el mercado de trabajo

25(a)/1998 Víctor Pérez-Díaz, El comienzo y la autoridad: sociedad civil, ciudadanía y liderazgopolítico

25(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz, The beginning and the authority: Civil society, citizenship andpolitical leadership

26(a)/1999 Josu Mezo, Tecnologías de la información, sociedad y economía: perspectivas decambio en los próximos años

27(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, La formación de Europa. Nacionalismos civiles e inciviles(también en Claves, 97, 1999)

27(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz, The role of civil and uncivil nationalisms in the making of Europe

28(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, Legitimidad y eficacia. Tendencias de cambio en el gobierno delas empresas

29(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, Orden de libertad, centro político y espacio simbólico. La génesisde la división del espacio político entre la derecha, el centro y la izquierda, y sus usosen la política moderna (también en Papeles y Memorias de la Real Academia deCiencias Morales y Políticas, VI, 1999)

29(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz, An order of freedom, the political center and symbolic space. Thegenesis of the division of the political space between the right, the center and the left,and its uses in modern politics

30(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz y José I. Torreblanca, Implicaciones políticas del euro (tambiénen Gustavo de Arístegui et al., El euro: sus consecuencias no económicas, Madrid,Estudios de Política Exterior/Biblioteca Nueva, 1999)

30(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz y José I. Torreblanca, The first steps of the euro, and its politicalimplications

31(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, Sistema de bienestar, familia y una estrategia liberal-comunitaria(también en Santiago Muñoz Machado et al., (dirs.), Las estructuras del bienestar enEuropa, Madrid, Fundación Once/Civitas Ediciones, 1999)

32(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, Iglesia, economía, ley y nación: la civilización de los conflictosnormativos en la España actual (también en Peter L. Berger (ed.), Los límites de lacohesión social, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1999)

32(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz, The Church, the Economy, the Law and the Nation: Thecivilization of normative conflicts in present day Spain

33(a)/2000 Elisa Chuliá, El Pacto de Toledo y la política de pensiones

ASP Separatas

1/1994 Víctor Pérez-Díaz, Diez semanas después: el debate público ante la huelga y lareforma laboral

2/1994 Víctor Pérez-Díaz, Sociedad civil fin-de-siglo, esfera pública y conversación cívica

3/1994 Víctor Pérez-Díaz, Cambio de fase y etapa de turbulencias: la sociedad civil españolaen 1992/1994 (colección de artículos)

4/1994 Víctor Pérez-Díaz, The return of civil society (recensiones críticas en publicacionesfuera de España en 1994)

5/1999 Víctor Pérez-Díaz, El consumo, la conversación y la familia

6/1999 Víctor Pérez-Díaz y Josu Mezo, Política del agua en España: Argumentos, conflictosy estilos de deliberación

7/1999 Elisa Chuliá y Berta Álvarez-Miranda, Envejecimiento de la población y prestaciónde cuidados a mayores. Un nuevo reto para la política social española

Otras publicaciones recientes de los miembros de ASP

Víctor Pérez-Díaz y José A. Herce. La reforma del sistema público de pensiones en España.Barcelona, La Caixa, 1995

Víctor Pérez-Díaz, Josu Mezo y Berta Álvarez-Miranda. Política y economía del agua en España.Madrid, Círculo de Empresarios, 1996

Víctor Pérez-Díaz, Berta Álvarez-Miranda y Elisa Chuliá. La opinión pública ante el sistema depensiones. Barcelona, La Caixa, 1997

Víctor Pérez-Díaz. La esfera pública y la sociedad civil. Madrid, Taurus, 1997

Víctor Pérez-Díaz, Elisa Chuliá y Berta Álvarez-Miranda. Familia y sistema de bienestar; Laexperiencia española con el paro, las pensiones, la sanidad y la educación. Madrid, FundaciónArgentaria - Visor, 1998

Víctor Pérez-Díaz. Spain at the crossroads. Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1999

ASP Research Papers están orientados al análisis de losprocesos de emergencia y consolidación de las sociedadesciviles europeas y la evolución de sus políticas públicas. En ellos, se concederá atención especial a España y a la

construcción de la Unión Europea; y, dentro de las políticaspúblicas, a las de recursos humanos, sistema de bienestar,

medio ambiente, y relaciones exteriores.

ASP Research Papers focus on the processes of theemergence and consolidation of European civil societies

and the evolution of their public policies.Special attention is paid to developments in Spain

and in the European Union, and to public policies, particularlythose on human resources, the welfare system, the

environment, and foreign relations.

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