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El medio ambiente y la conflictividad en el campo d el agua

Pedro Arrojo – Dpto. de Análisis Económico – Universidad de Zaragoza

I- introducción

Hablar de conflictividad presupone la existencia de valores e intereses en disputa;

derechos, o cuando menos aspiraciones, en rivalidad. En el caso del agua, aún

siendo tan abundante como para dar color al planeta, al igual que el aire, u otros

recursos naturales básicos para la vida, empieza a ser considerada como un bien

escaso ante la voracidad y la capacidad depredadora de nuestro modelo de

desarrollo.

Trataremos de caracterizar primero las claves y consecuencias de esa relativa

escasez en torno al concepto de insostenibilidad, para después entrar a precisar

qué valores y derechos están en juego.

Usaremos la referencia que supone la nueva Directiva Marco de Aguas de la UE,

aunque sin perder la perspectiva global de los problemas y conflictos del agua a

nivel global, para acabar considerando dos conflictos significativos en el área

mediterránea, el de los trasvases previstos en el PHN español y el de la gestión del

agua en la Cuenca del Jordán.

II- La crisis de insostenibilidad de los ecosistema s acuáticos y sus

consecuencias

Hoy se estima que más de 1.300 millones las personas no tienen acceso

garantizado a aguas potables, lo que conlleva más de 10.000 muertes al día, en su

mayoría niños. Por otro lado, la mayor parte de los ecosistemas acuáticos

continentales están gravemente degradados, y en muchos casos destruidos de

forma irreversible, siendo el medio de las aguas dulces continentales donde la

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biosfera sufre la mayor crisis de biodiversidad. Ambas realidades son caras, o

consecuencias, de una misma crisis: la crisis de insostenibilidad de esos

ecosistemas.

La derivación o extracción abusiva de caudales en ríos o acuíferos subterráneos, la

desecación de humedales, la contaminación sistemática y masiva de las masas de

aguas continentales y las múltiples actuaciones humanas sobre esos ecosistemas,

desde una actitud tan prepotente como ignorante, nos coloca hoy ante una de las

crisis de insostenibilidad con consecuencias más graves, tanto ecológicas, como

económicas y sociales. De hecho, el problema de esos 1.300 millones de personas,

sin acceso garantizado a aguas potables, no procede de problemas propiamente

de escasez sino de calidad. Nadie ha instalado su casa lejos de un río, un lago o

una fuente. El problema es que, desde nuestra insaciable e irresponsable ambición

desarrollista, hemos matado esos ecosistemas acuáticos, envenenando al tiempo a

las poblaciones y comunidades más pobres que dependen de ellos.

A menudo, se presentan los problemas ecológicos como un lujo de los países

desarrollados, y el reto de la sostenibilidad como un objetivo en sus agendas, que

distorsiona y violenta la soberanía de los países en desarrollo. Sin embargo, tener

un río muerto y contaminado en un país desarrollado, siendo sin duda triste, no

implicará necesariamente graves problemas de salud pública, pues habrá medios

para instalar adecuadas depuradoras que garanticen aguas salubres en las redes

urbanas. Sin embargo, en países empobrecidos o en desarrollo, matar un río suele

implicar envenenar a los pueblos que viven en sus cercanías. Quebrar la

sostenibilidad de los ecosistemas supone quebrar la vida de las comunidades que

viven ligadas a esos ecosistemas y dependientes de ellos. Por eso, la

sostenibilidad es un reto de supervivencia de corto plazo para esas comunidades

que augura un reto de supervivencia global para el planeta en su conjunto, en

plazos más largos.

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III- Del paradigma de dominación de la naturaleza a l de sostenibilidad

El ancestral paradigma de la naturaleza como “madre” aflora en casi todas las

culturas, usando una visión en la que se mitifican los valores de la vida a través de

la imagen de la madre, en clave de género femenino.

Con la revolución cultural del Renacimiento, se rompe en buena medida esa

mitificación. Se trata en definitiva de desentrañar, a través de la ciencia, las leyes

de la naturaleza y poner sus fuerzas y recursos al servicio del ser humano. Bacon,

teorizando el papel de la ciencia llega a sentenciar: …la ciencia debe tratar a la

naturaleza como hacía el Santo Oficio de la Inquisición con los reos que juzgaba:

debe torturla hasta que ofrezca a nuestro conocimiento hasta el último de sus

secretos…

El Romanticismo elabora más este enfoque brutal para perfilar los conceptos que

han presidido la modernidad hasta nuestros días. Se exaltan los apasionantes

perfiles de esa naturaleza, que nos enamoran, pasándose a una nueva mitificación,

de nuevo en clave de género femenino, pero esta vez desde los perfiles de la

amante, como objeto de deseo del hombre, más que los de la madre, como origen

de la vida. Desde ese enfoque, no obstante, se enfatiza su carácter irracional,

inestable, voluble e impredecible, rasgos generalmente atribuidos culturalmente al

género femenino, que demandan la acción firme de la ciencia y la técnica, para

“dominarla y ponerla al servicio del hombre”, esta vez si, bajo claros perfiles de

género masculino. Se trata en suma del paradigma de dominación de la naturaleza

como base del conocimiento científico y de su aplicación técnica.

Desde la prepotencia tecnológica inducida por este enfoque, nuestro modelo de

desarrollo, más allá de permitirnos indudables avances en la calidad de vida de

nuestra sociedad, nos ha conducido a quiebras del orden natural que hoy nos

pasan duras facturas y perfilan otras impagables para las generaciones futuras.

Una vez más, la prepotencia ha sido y sigue siendo expresión de la ignorancia y de

la imprudencia.

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Hoy ese paradigma de dominación está en crisis. Al menos sobre el papel, se

supone que la ciencia, más que dominar, debe conocer ese orden y esas funciones

naturales, de forma que podamos diseñar un modelo de desarrollo armónico con

ese orden que lo respete y no lo quiebre. En suma se impone un nuevo paradigma:

el paradigma de la sostenibilidad.

IV- La necesidad de un enfoque ecosistémico en mate ria de gestión de aguas.

La nueva DMA, vigente desde finales del 2000 en la UE, supone drásticos cambios

de enfoque en materia de gestión de aguas. La citada Directiva establece y asume

pasar de los tradicionales enfoques de gestión del agua como simple recurso a

nuevos enfoques de gestión ecosistémica. Ríos, lagos y humedales dejan de ser

simples canales o depósitos de H2O para pasar a considerarse como ecosistemas

vivos cuya salud es preciso preservar.

En realidad, con esta ley, la UE lo que hace, de entrada, no es sino asumir un

enfoque económico inteligente. Se pasa de la tradicional mitificación productivista

del agua, vigente a lo largo de gran parte del siglo XX, a una visión más

propiamente económica, que incluye los valores en juego a medio y largo plazo. Al

igual que para disponer de madera a medio y largo plazo es preciso hoy cuidar la

salud del bosque, se asume que, para disponer de aguas de calidad con una

perspectiva de décadas, la clave está en recuperar y conservar la salud de ríos,

acuíferos, lagos y humedales.

Pero, más allá de preservar el valor del agua como recurso, desde una perspectiva

de medio y largo plazo, la DMA integra el valor de las funciones ecológicas y de los

servicios ambientales que brindan a la sociedad los ecosistemas hídricos. Hoy

sabemos que conservar la biodiversidad que alberga un río, más allá del valor

patrimonial que ello supone, equivale a preservar funciones de autodepuración

natural de sus caudales sumamente valiosas. Hoy sabemos que la mayor parte de

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las arenas de las playas litorales no proceden de la erosión de las olas sino de la

erosión y arrastre fluvial de sedimentos que, no sólo garantizan la sostenibilidad de

los deltas, sino también la de las playas turísticas. Hoy sabemos que buena parte

de las pesquerías marinas dependen de los nutrientes continentales aportados por

los ríos, en una función de fertilización de las plataformas costeras, especialmente

en mares cerrados o cuasi-cerrados, pobres en plancton, como el Mediterráneo. De

hecho, cuando se cerraron las compuertas del gran embalse de Asuán, en el Nilo,

no sólo se inició la esperada degradación y retroceso del rico Delta de Alejandría,

sino que se empezaron a percibir graves déficits de arenas en las playas, al tiempo

que, en tan sólo un año, cayeron las capturas de sardina y boquerón en todo el

Mediterráneo Oriental en más del 90%, arruinando a miles de familias pescadoras.

Estas y otras muchas funciones, han generado y generan servicios ambientales a

las comunidades humanas de enorme valor. Desgraciadamente, desde la

imprudencia y la prepotencia tecnológica se ha tendido a ignorar o despreciar esas

funciones, esperando que la ciencia y la técnica ofrecerían alternativas más

eficientes y valores más interesantes que los sacrificados, cometiéndose errores

que hoy intentamos paliar o rectificar.

A raíz de las traumáticas inundaciones del Mississipi en Luisiana y del Rin en

Holanda, a principios de los 90, la tradicional prevención de inundaciones mediante

diques de ribera e intensificación de la regulación, ha ido cediendo espacio a

nuevas estrategias basadas en la eco-hidrología: devolviendo espacios de

inundación blanda al río, en su cuenca media (haciendo retroceder los diques),

recomponiendo meandros rectificados y devolviendo la vitalidad a los bosques en

sotos y riberas. Estrategias en suma que buscan dispersar la energía de las

crecidas, siguiendo estrategias naturales desarrolladas por la propia naturaleza,

que se vienen demostrando más eficaces que las tradicionales intervenciones

estructuralistas de la ingeniería hidráulica.

La DMA, en suma, viene a reconocer estas múltiples funciones ambientales de los

ecosistemas acuáticos, al tiempo que enfatiza el valor de la calidad de sus

caudales, estableciendo como objetivo central del nuevo modelo de gestión de

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cuenca, la recuperación del buen estado ecológico de los diversos tramos de río y

ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas dependientes, incluidos

deltas, estuarios y litorales marinos, por encima de cualquier otro objetivo de

carácter económico.

V- Valores y derechos en juego en la gestión de agu as:

la necesidad de dotar de alma ética, social y emoci onal a la DMA.

A pesar de las virtudes, ya reseñadas, la DMA adolece de falta de sensibilidad

ética, social y emocional. Tal y como se viene defendiendo desde los movimientos

por la Nueva Cultura del Agua, los valores en juego en materia de gestión de aguas

van más allá de los valores económicos y biológicos, para incluir también valores

emocionales, sociales y culturales de gran trascendencia. Pero sobre todo, es

necesario enmarcar esos valores desde una referencia ética que debe basarse en

los principios de la equidad intra e itergeneracional.

Unamuno señalaba que, a menudo, los ríos son el alma de los paisajes, y no le

faltaba razón. Durante las últimas décadas hemos permitido la destrucción de miles

de kilómetros de hermosas costas fluviales en los territorios de interior, mientras la

especulación urbanística desecaba y arruinaba la magia de cientos de humedales

costeros. El salmón, la anguila, el esturión, el mejillón de río o el cangrejo

autóctono han desaparecido de nuestros ríos; incluso el croar de las ranas es ya un

raro exotismo. Ya no sólo beber, sino incluso bañarse en los ríos es peligroso para

la salud.

Recuperar el valor patrimonial, cultural, estético y lúdico que tradicionalmente han

tenido para las sociedades, tanto urbanas como rurales, ríos, lagos y riberas, es

hoy un reto que la ciudadanía empieza a asumir.

Pero además, es preciso incorporar la componente ética de los valores en juego. El

agua es un elemento singular, cuyas variadas funciones, tanto en la biosfera como

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en las comunidades humanas, generan un abanico de valores y derechos sobre los

que es preciso reflexionar desde una perspectiva ética.

En definitiva, existen funciones del agua que generan rangos de valor muy

diferentes que deben ordenarse y priorizarse. Es preciso, por ello, distinguir

categorías, que permitan, por un lado, ordenar esas prioridades en los derechos de

uso y, por otro lado, diseñar adecuados criterios de gestión en cada uno de esos

niveles de prioridad.

El agua para la vida, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres

humanos (individual y colectivamente), como de los demás seres vivos en la

naturaleza, debe ser reconocida y priorizada de forma que se garantice la

sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos a cuotas básicas de aguas

de calidad, como un derecho humano.

El agua para actividades y servicios de interés general, en funciones de salud y

promoción de valores de equidad y cohesión social, debe situarse en un segundo

nivel de prioridad, en conexión con los derechos sociales de ciudadanía y con el

interés general de la sociedad.

El agua para el crecimiento, en funciones de desarrollo económico, ligada a

actividades productivas e intereses privados legítimos, individuales o colectivos,

debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad, en conexión con el derecho de

cada cual y de las sociedades a mejorar su nivel de vida. Tal y como veremos,

éste es el tipo de uso que consume la mayor parte de los recursos extraídos de

ríos y acuíferos, siendo por tanto clave en la génesis de los problemas de escasez

y contaminación más relevantes en el mundo.

Por último, cada vez más, crecen los usos del agua que sustentan negocios

ilegítimos, cuando no explícitamente ilegales. Sobreexplotación de acuíferos,

extracciones abusivas o usos irresponsables, seguidos de vertidos contaminantes,

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son ejemplos al respecto. Tales usos deben lógicamente ser evitados desde la

aplicación rigurosa de la ley.

Se trata por tanto de asumir, desde criterios éticos, un orden claro de prioridad. El

derecho humano al agua para la vida debe ser garantizado de forma eficaz, desde

un primer nivel de prioridad; los derechos sociales y ciudadanos, relacionados con

servicios y actividades de interés general, deben ser promovidos por la función

pública en un segundo nivel de prioridad, asegurando una gestión responsable y

socialmente eficiente; por último, las demandas para usos productivos deben

gestionarse desde un tercer nivel de prioridad bajo una gestión eficiente basada en

criterios de racionalidad económica.

Este enfoque ético debe llevarnos a gestionar los ecosistemas acuáticos como

patrimonios de la biosfera; más allá de nuestros intereses de corto plazo;

asumiendo que nuestro derecho sobre ellos no es superior al de las generaciones

venideras; asumiendo que nuestro dominio sobre ellos no debe ser considerado en

régimen de propiedad, sino tan sólo de usufructo transitorio por parte de nuestra

generación. Desde los principios éticos de sostenibilidad y equidad en el acceso a

esos bienes de la naturaleza, se refuerzan los argumentos que exigen el dominio

público y la gestión pública o comunitaria de esos ecosistemas, como la forma de

garantizar, por un lado, la prioridad de las funciones de vida y de interés público y

su adecuada gestión, y por otro lado la preservación de los derechos de las

generaciones futuras.

VI- Los conflictos del agua y su gestión desde la n ueva cultura del agua.

En su afán mercantilista, la ciencia económica ha ido emborronando

conceptualmente dos términos, heredados por el castellano del griego, que

Aristóteles distinguía con precisión: los términos “economía” y “crematística”. Para

Aristóteles la “economía” era el arte de bien administrar los bienes de la casa,

mientras que la “crematística” se ocupaba tan sólo de una parte de esos bienes: los

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bienes de mercado que podían valorarse con dinero. Si en la definición aristotélica

de economía sustituyéramos el término “casa” por el de “planeta” obtendríamos

una buena definición de la moderna economía ecológica.

Desde un enfoque aristotélico actualizado, la gestión de aguas, y más globalmente

de los ecosistemas acuáticos, implica gestionar valores sustituibles por bienes de

capital, y por tanto medibles en moneda, junto a otros no sustituibles por capital y

que por tanto, no sólo “no se compran ni se venden”, sino que no deben comprarse

ni venderse. La distinción de funciones, valores y derechos, desde una perspectiva

ética basada en principios de equidad intra e inter-generacional, exige diseñar y

aplicar criterios de gestión diferenciados para los diversos rangos de valor en

juego.

En el ámbito del agua para la vida, tratándose de derechos humanos, el objetivo

debe ser garantizar con eficacia el acceso a dichos derechos, no cabiendo

disculpa alguna para ningún Gobierno al respecto. Incluso en los países más

pobres, la prioridad que debe concederse a este objetivo hace injustificable el

argumento de la falta de recursos financieros, mientras se mantienen notables

gastos militares y suntuarios. Con mayor razón, resultan inaceptables análogos

argumentos desde instituciones internacionales, como el BM, o desde los países

más ricos. Al fin y al cabo, se estima que la “revolución del grifo y del agua

clorada” exigiría un 1% de los actuales presupuestos militares.

Cuando se trata de aguas dedicadas a actividades de interés general, como son los

servicios urbanos de agua y saneamiento, más allá de garantizar esos mínimos

vinculados a derechos humanos, el objetivo central debe ser garantizar servicios

públicos eficientes accesibles a todos, ricos y pobres. Los valores de equidad y

cohesión social, vinculados a derechos de ciudadanía deben presidir los objetivos a

cubrir bajo criterios de máxima eficiencia socio-económica. En este ámbito, la

aplicación de adecuados modelos tarifarios, por bloques de precio creciente, puede

incentivar actitudes y prácticas responsables, que permitan incluso la recuperación

global de costes bajo criterios redistributivos de carácter social.

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Desde este enfoque, las políticas del BM y de la OMC, basadas en imponer la

liberalización de los servicios urbanos de aguas en países empobrecidos o en

desarrollo, como condición para financiar la resolución de problemas básicos de

abastecimiento y saneamiento, han inducido graves errores. Hoy se puede afirmar

que esas políticas han fracasado, resultando ineficaces en la solución de los

problemas generales de inequidad y pobreza y en particular en lo que se refiere a

garantizar aguas salubres a las comunidades más pobres. Y es que los pobres

nunca han sido un buen negocio; la transparencia, la sana competencia a través

de la información promovida por un sistema de “ benchmarking” y una gestión

participativa, deben de ser las claves de ese nuevo modelo de gestión pública.

Sin embargo, la mayor parte de los caudales extraídos de ríos, lagos y acuíferos,

no cubren funciones básicas de sostén de la vida, ni sustentan propiamente

servicios o actividades de interés general, sino que permiten desarrollar

actividades productivas ligadas a intereses privados y particulares que, siendo en

la mayoría de los casos legítimos, no deben caracterizarse como de interés

general y menos como derechos humanos.

En este tipo de usos, en la medida que los objetivos son estrictamente

económicos, no existe razón alguna que disculpe la aplicación de estrictos criterios

de racionalidad económica, basados en el principio de recuperación de costes.

Este principio, exigido por la DMA, debe incluir el valor de oportunidad (de

escasez) del recurso en cada lugar y circunstancia, así como los costes

ambientales que sean consistentemente repercutibles en valores monetarios.

Desde esta perspectiva, la escasez de aguas para el crecimiento económico no

puede entenderse como una desgracia a evitar sino como una realidad a

gestionar, inherente a cualquier bien económico (entendido como útil y escaso).

Tal enfoque, no obstante, no supone una gestión de mercado, ni siquiera de las

aguas para el desarrollo económico. La necesidad de mantener el dominio público

sobre los ecosistemas acuáticos (nuestras fábricas naturales de aguas de calidad)

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y la necesidad de desarrollar un modelo de gestión que distinga y priorice usos y

valores, desde principios de de equidad intra e intergeneracional requiere un

modelo participativo de gestión pública. La complejidad de los valores a gestionar

y sistemática la interacción de unos usos y funciones sobre otros, hace del

mercado una herramienta demasiado simple e insensible a muchos de los valores

en juego. Por ello, si bien los valores puramente económicos de los productos

obtenidos del uso del agua-economía acabarán gestionándose en la mayoría de los

casos desde relaciones de mercado, es conveniente mantener, como forma básica

de distribución y gestión de derechos de agua, el modelo consesional. Modelo que,

en cualquier caso, es preciso flexibilizar y democratizar a través de la participación

ciudadana desde una gestión transparente.

Aunque conflictos por el agua han existido siempre, durante las últimas décadas

han empezado a tomar perfiles especialmente preocupantes. Tradicionalmente el

agua no ha sido propiamente escasa. Todos los pueblos se han instalado en las

inmediaciones de fuentes, lagos y ríos, o en zonas donde las aguas subterráneas

eran accesibles a través de pozos. A pesar de ello, el control de esas fuentes,

como parte del dominio sobre el territorio, ha motivado rivalidades y conflictos. Hoy

sin embargo, nuestra capacidad depredadora de todo tipo de recursos naturales, y

en particular de las aguas dulces, nos está llevando a la necesidad de gestionar el

agua como un recurso escaso, tanto en cantidad como especialmente en calidad.

La puesta en marcha de grandes proyectos económicos, en su mayoría ligados al

desarrollo masivo de regadíos, a la producción de energía hidroeléctrica o a

procesos de producción industrial o minera acompañados de irresponsables

vertidos contaminantes, está llevando a la quiebra generalizada de la sostenibilidad

de los ecosistemas acuáticos continentales, tal y como ya se ha explicado. Tal

quiebra está degradando la capacidad de los ecosistemas para regenerar recursos

de calidad y proveer los servicios ambientales que de forma natural han venido

generando. Todo ello está poniendo en peligro, no sólo los derechos de las

generaciones futuras, sino los derechos humanos y ciudadanos de las actuales

generaciones. En definitiva, la escasez en términos de cantidad y calidad, resulta

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no del desarrollo de los derechos humanos y ciudadanos de los pueblos sino de los

macroproyectos económicos que se suscitan al calor de los intereses de los más

ricos.

Bajo esta presión desarrollista, crecen las tensiones por dominar las fuentes

naturales que ofrecen en definitiva recursos de calidad a bajo coste, en unos casos

para desarrollar actividades productivas de tipo consuntivo, como el regadío, y en

otros muchos casos para desarrollar actividades productivas a bajo coste,

externalizando los impactos ambientales. Por otro lado, la ingeniería civil ha

permitido acceder a fuentes y caudales de calidad desde distancias crecientes,

mediante grandes obras hidráulicas de regulación y transporte, contándose para

ello con la capacidad financiera y de subvención de los estados y de las

instituciones públicas internacionales. Desde este modelo de fomento de obra

hidráulica, la masiva subvención pública ha acabado por generar efectos perversos

, tanto desde el punto de vista ambiental como social y económico.

Dos casos muy concretos, el uno cercano a nosotros, el del PHN, y el otro

emblemático a nivel internacional, el del Río Jordán en Oriente Medio, pueden

ilustrar los conflictos que vienen generándose en el mundo en materia de aguas, y

sus sustratos de degradación ambiental, injusticia social, inequidad e

insostenibilidad.

VI.1 El caso del Jordán

En el caso del Jordán, el plan sionista de crear el gran Israel y asentar el dominio

territorial de los Judíos sobre Palestina se unió desde un principio al mito de

reverdecer y colonizar el desierto. Agua y territorio eran partes de una misma

aspiración política. Por ello, el dominio sobre las fuentes del Alto Jordán, donde

manan y circulan los caudales de máxima calidad fue siempre objetivo político-

militar de máxima prioridad para Israel. La Guerra de Seis Días fue la ocasión. Tras

ella no sólo el Lago Tiberiades y el Alto Jordán quedaron bajo dominio israelí, sino

también los importantes recursos del acuífero Montaña en Cisjordania. Hoy

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prácticamente el 100% de los caudales de alta calidad que alimentan el Lago

Tiberiades (o Mar de Galilea) son captados por Israel y derivados en su mayor

parte por el gran trasvase del National Water Carrier (NWC) hacia el litoral

mediterráneo y, lo que es más difícil de justificar, hacia el desierto del Negev, ,ás al

sur, donde se usan para cultivos extensivos, como el algodón, destinados en su

mayor parte a la exportación.

Tras esta masiva detracción de caudales, el Jordán queda exhausto, sin más

caudales que los retornos salinizados de riegos y de otros usos, para finalmente

recibir los caudales del Río Yarmuk , también notablemente disminuidos por usos

de regadío en Siria. Los Palestinos tienen vetado todo acceso a aguas del Jordán y

deben conformarse con los pozos preexistentes del acuífero Montaña, sin poder

realizar nuevas captaciones.

En estas condiciones, Israel acaba acaparando casi el 60 % de los caudales

renovables de la cuenca, mientras los árabes en su conjunto tan apenas tienen

acceso al 40 %. La disponibilidad media (con todo tipo de usos, incluidos los de

regadío) se eleva para los judíos a 261 m3/persona/año, mientras los árabes tan

sólo acceden en promedio a 142 m3/persona/año. El caso de los palestinos es

especialmente dramático e injusto al disponer tan apenas de 80 m3/persona/año.

Aparentemente podría justificarse esta desigual y conflictiva situación desde los

intereses económicos del fuerte, en este caso Israel. Sin embargo, un análisis

económico de la situación nos muestra que la rentabilidad que Israel está

obteniendo de este masivo dominio del Jordán es un auténtico fiasco desde el

punto de vista económico. El beneficio neto extraído de buena parte de esos

caudales trasvasados hasta el Negev, para hacer regadíos extensivos

(especialmente de algodón), es tan sólo 0,3 €/m3 mientras los costes globales

(amortización+gestión) de tal trasvase se sitúan por encima de 0,6 €/m3. Pero si

tomamos en consideración los gastos militares que permiten mantener bajo tensión

bélica tales situaciones de desigualdad, disponer de esos masivos caudales se

salda a unos costes desmesurados del orden de 22 €/m3.

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Resulta por tanto evidente que, en este caso, la pretendida justificación económica

no es consistente. Las verdaderas razones deben buscarse en el ámbito de los

intereses y objetivos político-militares, y éstos a su vez en la compleja trama de

intereses político-económicos de las potencias occidentales en un área

geoestratégica tan vital como Oriente Medio, rica en petróleo. El acaparamiento de

los recursos hídricos y la sobreexplotaciópn de los ecosistemas hídricos en la

región por parte de Israel, con las correspondientes tensiones y conflictos políticos,

económicos, sociales y ambientales, se justifica y se financia desde mitos

interesados, en estrecha relación con la colonización de territorios. El agua, en este

caso, es más símbolo de poder que no una fuente de rentabilidad económica;

puesto que los costes de su explotación, en estas condiciones político-militares,

son muy superiores a los beneficios generados.

VI.2 El Caso de los trasvases del Ebro en el PHN

En el caso de los trasvases del Ebro, previstos en el PHN español, nos

encontramos con un conflicto, que siendo de naturaleza política diferente,

desemboca en similares irracionalidades. En este caso la motivación del proyecto

se justifica desde razones de desarrollo económico, envueltas en pretendidos

principios de equidad, solidaridad y accesibilidad al agua para todos. Desde tales

principios se justifica detraer caudales de cuencas pretendidamente excedentarias,

que corresponden en general a territorios menos desarrollados, para transferirlos a

la hiperdesarrollada costa mediterránea. Se elude clarificar que los usos a los que

se destinarían tales caudales no son otros que los derivados de negocios agrarios

intensivos y desarrollos urbano-turísticos de corte especulativo. De esta forma, en

nombre de satisfacer el derecho humano a abastecimientos básicos se justifican

grandes transferencias, subvencionadas masivamente por el erario público, para

desarrollar los intereses de los más ricos.

Por otro lado, si se contrastan los costes globales de tales trasvases con los

beneficios económicos esperables nos encontramos con un balance coste-

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beneficio negativo (aún concediendo un periodo de 50 años para amortizar las

inversiones) de –3.500 millones de Euros. De nuevo en este caso, el pretendido

argumento económico que se supone debería justificar este proyecto es

inconsistente.

Lógicamente, los agravios e intereses lesionados en la cuenca cedente (inundación

de pueblos, por los embalses reguladores del trasvase, degradación del Delta del

Ebro, posible hipoteca de usos de aguas en la propia Cuenca del Ebro…)

generaron el correspondiente conflicto, presentado finalmente como una

confrontación interterritorial.

De nuevo en este caso se plantea un intento de acaparamiento de recursos por

parte de los sectores más poderosos, para usos productivos que requieren masivos

caudales, poniendo en cuestión la sostenibilidad de los ecosistemas y la equidad

interterritorial (trasvases de recursos desde las zonas más pobres, que cargan con

los impactos, hacia las más ricas que se acaparan los posibles beneficios). Sin

embargo, este proyecto, al igual que en el Jordán, a pesar de justificarse desde

objetivos de desarrollo económico, acaba requiriendo de masivas subvenciones

públicas para ser viable.

VI.3 Análisis, nuevos enfoques y alternativas desde la Nueva Cultura

del Agua

En cualquier caso, el análisis de estos conflictos debe de hacerse teniendo en

cuenta las capacidades tecnológicas disponibles hoy en día. Nuestra capacidad

para depurar y regenerar caudales ofrece posibilidades de gestión responsable que

pueden frenar el deterioro ambiental en curso. Las técnicas de desalación por

ósmosis inversa y la posibilidad de regenerar y reutilizar retornos ofrecen fuentes

alternativas cuyos costes energéticos y monetarios son hoy inferiores, en muchas

ocasiones, a los que imponen las tradicionales estrategias de la ingeniería

hidráulica. En el caso del trasvase del Ebro, el coste que hubiera supuesto

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trasvasar un metro cúbico desde el Ebro hasta Almería (a 800 km) se hubiera

elevado a 1,5 €, mientras el coste de la desalación de aguas de mar por las

modernas técnicas de ósmosis inversa se sitúa hoy en torno a 0,40 €/m3. A pesar

de ello, la tradición de subvencionar las grandes obras hidráulicas en nombre del

interés general, ha llevado a sostener la vigencia de tan irracional trasvase ante

unos usuarios interesados que veían en tal proyecto la posibilidad de obtener

caudales a costes muy reducidos bajo subvención pública.

En uno y otro caso, los conflictos abiertos tienen en común rasgos esenciales como

los siguientes:

1- En ambos casos el conflicto arranca de proyectos que implican el uso de

masivos caudales para desarrollar proyectos económicos ligados a los

intereses de los más ricos y poderosos (agua para el desarrollo).

2- En ambos casos tales intereses se enmascaran tras una mitificación

generalista del agua para la vida, o del agua para actividades de interés

general; agua a la que se supone tienen derecho quienes promueven esos

proyectos en nombre de valores éticos como “ la solidaridad para con los

territorios que tienen menos recursos”; en pro de objetivos planteados como

de interés general como “reverdecer el desierto”, “desarrollar la economía

del país”, “socorrer a los agricultores en su justa aspiración de regar y

producir alimentos para todos”; cuando no en nombre de valores supremos

patrióticos, como el desarrollo del Gran Israel promovido por el Sionismo.

3- En la medida que tales proyectos no son viables desde una racionalidad

económica, acaban siéndolo desde masivas subvenciones públicas,

justificadas tal y como se ha dicho en el punto anterior desde el argumento

del pretendido interés general.

4- Tales proyectos acaban quebrando la sostenibilidad ambiental de los

ecosistemas y generando graves impactos sociales y económicos sobre los

territorios ribereños y sus poblaciones, que ven cuestionados y sacrificados,

no sólo sus intereses, sino, a menudo, sus derechos más básicos: derechos

humanos y ciudadanos.

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5- Los conflictos suscitados suelen tener alternativas de solución razonables

que tienden a ser relegadas o marginadas por falta de diálogo,

especialmente en la medida en que el agua acaba jugando un papel político

de expresión de poder.

En muchos casos, este tipo de conflictos cambiarían sus perfiles y encontrarían

perspectivas de solución si se partiera de los principios éticos presentados

anteriormente. Se trata en definitiva de clarificar el tipo de usos a los que se deben

destinar los caudales disponibles: aguas para la vida y la sostenibilidad, en la

satisfacción de derechos humanos, agua para cubrir derechos básicos de

ciudadanía, y aguas para el desarrollo económico; priorizando los dos primeros

respecto al tercero y asumiendo para éste último criterios de racionalidad

económica. Enfocar así la cuestión haría que la mayor parte de los conflictos de

aguas se desmoronaran, o cuando menos tomaran dimensiones y perfiles menos

dramáticos.

En el caso del Jordán, un enfoque de colaboración, basado en el reconocimiento

de que todos los habitantes de la región tienen derecho a una porción igualitaria de

recursos hídricos, fueran árabes o israelíes permitiría liberar y ganar del orden de

9.800 millones de Euros al año, para unos y para otros. Garantizados los derechos

humanos y ciudadanos básicos de todos, y con semejantes beneficios, podría

holgadamente abordarse una reducción de usos de 625 hm3/año, lo que permitiría

recuperar la estabilidad del Mar Muerto (exponente de sostenibuilidad de la Cuenca

del Jordán; hoy su nivel se reduce al ritmo de 1 metro al año). Ello supondría un

coste neto de tan sólo 130 millones de Euros/año. Garantizados esos usos sociales

y ambientales, la transferencia de derechos de mutuo acuerdo bajo

compensaciones económicas en lo que se refiere a usos económico-productivos

(especialmente en el regadío), mediante un mercado público de derechos de agua,

llevaría a incrementar los beneficios comunes en otros 30 millones de Euros/año.

En lo que se refiere a los trasvases del Ebro, las alternativas pasarían por:

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a) reducir los usos de regadío, retirando con adecuadas indemnizaciones, unas

70.000 hectáreas de regadíos en el litoral mediterráneo;

b) detener la especulación urbanística y promover un turismo sostenible, de

mayor calidad y rentabilidad;

c) integrar el uso de aguas subterráneas y superficiales desde criterios de

sostenibilidad, acabando con el desgobierno (pozos y regadíos ilegales,

vertidos…);

d) desarrollar la reutilización y generalizar la doble red urbana;

e) allí donde no haya otras alternativas, desarrollar la desalación de aguas de

mar;

f) organizar bancos públicos de aguas que permitan flexibilizar la asignación

de recursos, especialmente en ciclos de sequía.

Tales estrategias ofrecen una balance económico, ambiental y social muchos más

razonable e interesante, no sólo para los pueblos de la Cuenca del Ebro, en la

medida que se descartarían posibles trasvases del Ebro, sino para los propios

territorios del litoral mediterráneo. Sin embargo, alumbrar estas posibilidades y

ventajas exige clarificar los problemas y sus alternativas, romper mitos y superar

instrumentalizaciones políticas retrógradas.

Pero sobre todo, asumir este tipo de enfoque, en unos y otros casos, implica un

cambio de paradigma cultural, nuevos enfoques participativos y transparentes en la

gestión de los conflictos y profundos cambios institucionales y legales, tanto en

ámbitos nacionales como internacionales.