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El Ingreso Ciudadano Universal:
una propuesta dentro una agenda progresista y de izquierda
Makieze Medina Ortiz1
Las graves circunstancias por las que atraviesa México en el plano social, económico y en
materia de seguridad exigen un cambio profundo de rumbo mucho más necesario de lo
que significaba la alternancia el poder en el 2006.
El espectro político de las próximas elecciones y la formación de futuros gobiernos a
escala nacional, estatal y municipal exigen reorientar las prioridades del país en torno a
un nuevo proyecto nacional que modifique el régimen económico imperante y de pie a un
nuevo pacto social enfrentando las tesis y dogmas neoliberales que en las últimas tres
décadas se han convertido en hegemónicas, y paralelamente, busque encauzar el rumbo
de una inacabada transición y consolidación democrática, modificando también las
estrategias de seguridad que en los últimos seis años han provocado grados altísimos de
violencia, muertes y militarización en el país.
Es ya conocido que con la introducción de un nuevo orden económico internacional
caracterizado por el neoliberalismo como régimen capitalista de acumulación vigente, se
han implementado a nivel internacional medidas neoliberales a través de una serie de
acciones y reformas estructurales en política económica y social que –en diferentes
momentos y con diversos grados de intensidad- se han materializado en la apertura al
mercado mundial; la inversión especulativa de capitales transnacionales; la desregulación
estatal de la economía y comercio para el libre flujo de capital; la liquidación de la
industria nacional y su venta a capitales privados y extranjeros; la compra e inversión
privada en recursos naturales y áreas estratégicas; la contención salarial, del déficit y de
deuda pública y un estricto control de la inflación.
1 Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Vocal y activista de Ingreso Ciudadano Universal-México A.C.
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En materia social se realizaron modificaciones constitucionales para dar fin al reparto
agrario, privatizar los ejidos y propiciar la compra de tierra por parte de los capitalistas
nacionales y extranjeros; se han suspendido apoyos para la producción agropecuaria;
desmantelado programas y redes de seguridad social; ha existido un retroceso en los
derechos sociales orientando hacia la privatización en educación, salud, pensiones,
seguridad pública; ha habido una ofensiva contra los derechos de las y los trabajadores
provocando una mayor precarización en el trabajo y en las relaciones laborales; y se ha
priorizado el combate a la pobreza, no a partir de medidas integrales que tiendan a
redistribuir el ingreso a través del incremento salarial y de una mayor recaudación fiscal y
modificación del régimen tributario, sino a través de políticas de transferencias monetarias
condicionadas y focalizadas en la población con niveles de pobreza y pobreza extrema.
Este conjunto de medidas no han traído mejoras sustantivas para el país ni han revertido
la situación que se proponían, por el contrario, se ha tenido un bajo crecimiento en las
últimas tres décadas; -aunque en menor proporción- la deuda externa pública y la
inflación han tenido periodos de crecimiento; el salario mínimo real ha venido perdiendo
en grandes proporciones su poder adquisitivo; además de considerar las importantes
pérdidas de beneficios sociales y laborales para las y los trabajadores, siendo sumamente
desfavorables para el bienestar de las clases medias y de la población más vulnerable los
periodos de crisis por los que ha atravesado la economía mexicana (1982, 1994, 2001 y
2008-2009). La explosión en el 2008 de la crisis económica mundial es expresión del
fracaso del régimen neoliberal y ha traído para amplios sectores de la población
consecuencias sociales que se evidencian en mayores niveles de pobreza, aumento del
desempleo, peores condiciones laborales, reducciones de los salarios y restricción de los
derechos y beneficios sociales.
A estas problemáticas habría que añadir aquellas desigualdades más añejas que derivan
de los marcos institucionales y políticas sociales del régimen de bienestar en México, que
si bien en su desarrollo logró acercarse a la materialización del conjunto de derechos
sociales establecidos en la constitución al crear instituciones de seguridad social, ampliar
de manera contundente el acceso a la educación, establecer relaciones de trabajo
formales y estables acordes con el proceso de industrialización y urbanización del país,
presenta paralelamente características que lo inscriben como un régimen fragmentario,
inequitativo e incompleto al no materializar la universalización ni la total gratuidad de
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todos los derechos sociales que se encuentran reconocidos en la constitución dejando
excluida a la población rural, indígena y a todas aquellas personas que trabajan en el
mercado informal de trabajo, básicamente, por haber establecido un Régimen de
Bienestar dual que garantiza el acceso a un conjunto de derechos sociales únicamente a
aquellas personas que participan en el mercado formal de trabajo y que realizan
aportaciones derivadas de su salario como parte de su contribución en el sistema tripartita
del que forman parte: empleado, empleador y Estado.
A todo ello habría que sumar como importantes problemáticas la constante desigualdad y
las altas franjas de población que se han mantenido en situaciones de pobreza, como
características persistente del país. La desigualdad en la distribución del ingreso medida por el índice de Gini2 hasta el 2008
fue de 0.48, cifra similar al 0.48 que México presentaba en 2004 (INEGI, 2008)3 y al 0.49
que presentó entre 1968 y 19774 por lo que se puede corroborar que no existen grandes
avances en la concentración del ingreso, sino una continuidad donde los niveles de
desigualdad en el 2008 son los mismos que los observados 31 años antes, en 1977.
Las soluciones profundas tampoco derivarán de políticas que focalicen y reduzcan cada
vez más los grupos a atender. Ejemplo de ello son los actuales Programas de
Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) que han venido implantándose en
América Latina, como el Programa Oportunidades en México, dirigidos a las personas en
situación de pobreza. Éstos no tienen como foco abatir seriamente la desigualdad del
ingreso ni consideran medidas para revertir las causas estructurales de la pobreza,
tampoco incorporan estrategias que incidan en el entorno y contexto social en el que se
interactúa, y mucho menos, incluyen una visión garantista de derechos que procure que
los pobres abandonen esta condición garantizándoles su acceso y ejercicio al conjunto de
derechos sociales.
2 Mide el grado de concentración del ingreso y estadísticamente toma el valor de cero si el ingreso está equitativamente distribuido y asume el valor uno cuando hay una concentración absoluta 3 INEGI (2008) Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los hogares – ENIGH-2008 4 Ver Székely, Miguel y Lusting, Nora (1997)
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Los datos corroboran que este tipo de programas -que tienen como principal intención
reducir los niveles de pobreza en el país- no han funcionado. La pobreza en México no ha
disminuido, e inclusive, de acuerdo a un cálculo más completo como el método de
medición integrada de la pobreza (MMIP) presentado por el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal5 se registran un mayor número de pobres que
aquellos que da a conocer oficialmente el gobierno a nivel federal6 y una constante a
través de los años en su proporción. Los datos del Consejo reflejan que en el 2004 el
83.8% de la población nacional se encontraba en condiciones de pobreza y en el 2010
disminuye sólo un punto, alcanzando el 82.8%, siendo datos que resultan preocupantes
por los altos porcentajes y por el tiempo en el que se han mantenido en estas
condiciones7.
Lo fundamental de ver en estas problemáticas y datos es que no son coyunturales sino
estructurales del modo de organización y reproducción de las sociedades en las que el
régimen neoliberal coexiste, por tanto, no pueden solucionarse con políticas que
restablezcan y consoliden las medidas ortodoxas que les han dado origen, ni tampoco con
soluciones que dejen de lado el crecimiento económico con mejoras sustantivas en la
distribución de la riqueza y los bienes y apunten a una mayor control macroeconómico y
restricción de derechos contradiciendo los objetivos sociales establecidos en la
5 El Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) es una metodología multidimensional que considera, además del ingreso, el tiempo disponible y un conjunto de componentes referidos a condiciones de vida que se agrupan bajo la denominación de necesidades básicas insatisfechas (NBI) integradas por 8 componentes: salud y seguridad social, vivienda (calidad de materiales y espacio), educación, condiciones sanitarias (agua, drenaje y excusado), energía doméstica (electricidad y combustible para cocinar), teléfono, bienes durables y manejo de basura. El indicador agregado de NBI para cada hogar es la media ponderada de los 8 indicadores individuales. 6 Con datos del 2008, el CONEVAL presentó en el 2009 la nueva metodología de medición multidimensional de la pobreza que considera los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de cohesión social. De acuerdo con esta nueva concepción, una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos en uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. De acuerdo con esta nueva medición, en el año 2008, 44.2%de la población nacional vivía en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, aproximadamente 47.2 millones de personas en el país presentaban al menos una carencia social y no tenían un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. www.coneval.gob.mx 7 Ver Consejo de evaluación del Desarrollo Social (2011) http://www.evalua.df.gob.mx/evolucionpob/evol_res.pdf
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constitución y agrandando las distancias entre las personas que les están garantizados y
aquellas que no.
Este panorama evidencia que en México persisten grandes y profundas desigualdades de
antaño; que las medidas neoliberales y su fracaso han generado nuevas formas de
exclusión, desigualdad y desmantelado algunos derechos sociales agudizando con ello la
crisis del Estado de bienestar. Asimismo, el contexto actual nos viene confirmando que el
trabajo asalariado por su insuficiencia, precarización y desmantelamiento de las
negociaciones colectivas no puede continuar siendo el criterio ordenador del sistema
económico y social, el principal mecanismo de inclusión y pertenencia social, ni puede
asegurar ser la única fuente de ingresos ni de acceso a los derechos sociales y al
bienestar social.
Una alternativa en la agenda: el Ingreso Ciudadano Universal (ICU)
La importancia de retomar estos contextos reside en que puedan plantearse profundas
propuestas que lleven a construir nuevos paradigmas y consigan reorientar los procesos
económicos y sociales actuales. Con estas referencias, hace más de veinte años surgió a
nivel internacional el debate sobre el derecho a un Ingreso Ciudadano Universal (ICU), o
también denominado Renta Básica, que lejano a las concepciones y políticas dominantes
introduce nuevas orientaciones para transformar el orden social.
Con un Ingreso Ciudadano Universal se propone que el Estado garantice y pague un
ingreso monetario universal e incondicional como derecho de ciudadanía, lo cual significa
que otorgaría un ingreso monetario a todos los integrantes de una sociedad con
residencia acreditada por la simple condición de ser ciudadanos y ciudadanas,
independientemente si trabajan o no de forma remunerada, si tienen otras fuentes de
ingresos, si se encuentran o no en situación de pobreza, si son mayores o menores de
edad y sin importar cualquier otra situación o condición económica, cultural, social, civil,
política, religiosa, física o sexual.
Esta propuesta comenzó a ser discutida en Europa en la década de los ochenta en el
plano teórico, político y filosófico desarrollando los postulados y reflexiones encaminadas
hacia una sociedad justa. En los noventa, su discusión se fue centrando en los procesos
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sociales frente a los cambios, limitaciones y falta de alternativas que presentaba el Estado
de Bienestar Keynesiano cuyos postulados clásicos sostenían un trabajo dependiente y
estable para todos y la garantía de los derechos establecidos en las normas
constitucionales. En los últimos años, se ha defendido su pertinencia frente a los procesos
de exclusión y desigualdad que han generado las medidas neoliberales y la última crisis
capitalista iniciada en 2008, de la que derivaron impactos económicos, así como de los
ajustes macroeconómicos y restricción de derechos que impusieron algunos gobiernos,
perjudicando aún más las condiciones socioeconómicas de muchos ciudadanos en
diversas partes del mundo.
En el transcurso de estas más de tres décadas de discusión a nivel internacional se formó
la Red Mundial por el Ingreso Básico (BIEN-Basic Income Earth Network) a la que se han
integrado para su apoyo y promoción secciones oficiales en 18 países de los cinco
continentes. Además de ello, existen varios gobiernos de diferentes países que han
propuesto un Ingreso Ciudadano Universal en su agenda, algunos inclusive, priorizando
garantizarla a ciertos sectores de la población con el fin de ir avanzando gradualmente
para incluir a la totalidad. Aún cuando existen importantes avances de propuestas a nivel
internacional a favor de un ICU y de programas que se acerquen en su diseño y
orientación a éste. Canadá es el único estado en el mundo en el que se ha implementado
desde hace varios años un ICU para todos sus habitantes.
El ICU como derecho de ciudadanía en el Estado de Bienestar
Uno de los argumentos centrales del Ingreso Ciudadano Universal es su concepción
como un derecho de ciudadanía. Ésta significa que el Estado de manera universal e
incondicional debe ofrecer un ingreso monetario a todos los integrantes de una sociedad
por el sólo hechos de ser ciudadanos. Con ello se contribuye a materializar la pretensión
que todas las personas y en las mismas condiciones gocen de la ciudadanía, no sólo en
el plano civil y político, sino en el plano social al ser aceptados como miembros plenos de
una sociedad y compartir la riqueza social con todas las personas que la producimos a
través de distintas vías.
Al defender un ICU como un derecho de ciudadanía se contribuye también a presentar
alternativas más allá de los modelos instaurados y con ello impulsar la reestructuración
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del Estado de Bienestar actual. En este sentido, lo que se propone es que el acceso a un
ingreso, así como el acceso a otros derechos sociales, entre éstos: salud, seguridad
social, vivienda, trabajo transiten a ser derechos de ciudadanía y no se garantice su
acceso únicamente a las personas que están incorporadas al mercado formal de trabajo.
Ello significaría que al igual que los derechos civiles y políticos, que son garantizados
como derechos de ciudadanía, cualquier derecho social se garantice para todos sin limitar
su acceso a nadie. Esto es fundamental resaltarlo porque aunque por la vía formal los
derechos sociales establecidos en la constitución son universales, “el acceso público” a
éstos se logra a través de las contribuciones salariales que se realicen en el mercado
formal de trabajo –con excepción de la educación- y ello reduce ampliamente la cobertura
y garantía estatal. Reconocidos como derechos de ciudadanía se elimina también la
posibilidad de que se garanticen por extensión, como acontece con la totalidad de los
infantes y una mayoría de mujeres (madre, esposa, concubina, viuda o hija) que son
familiares de una persona que sí goza de la titularidad del derecho al participar en el
mercado formal de trabajo.
Inclusive, la ciudadanía en los derechos sociales en lugar de ser vista como una
dimensión sumamente difícil de garantizar, debe enfatizar la oportunidad que ofrece a
cualquier Estado -que se jacte de ser democrático-, de restituir a través de una importante
reforma al sistema fiscal, la obligación de distribuir la riqueza social hacia la sociedad en
su conjunto puesto que ésta es resultado de todas las fuerzas productivas de una
sociedad y no únicamente de ciertos sectores que participan en la economía formal.
En México como en varios países de América Latina, la vía de acceso a los derechos
sociales está diferenciada entre las personas incluidas en el mercado formal de trabajo y
las que no lo están. El sistema de salud es uno de los ejemplos donde el acceso a los
derechos está asociado a las condiciones económicas y sociales, pero primordialmente a
la condición laboral de la población. En este tema existen diversas instituciones y
prestadores de servicios de salud aglomerados en tres principales grupos cuya
clasificación depende de la inserción laboral y la capacidad de pago de las personas. El
primer grupo incluye a las instituciones que prestan servicios a la población no asegurada
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(población abierta)8 que alcanza al 62.5 millones de mexicanos, esto es, el 58% de la
población; el segundo se compone de las instituciones que atienden a la población
trabajadora de la economía formal (población derechohabiente)9 compuesta por 45
millones que significa el 41.8% de la población. El tercer grupo lo constituyen las
instituciones del sector privado a través de hospitales, clínicas y otras con fines de lucro10.
Esta división ha tenido como consecuencia que no se tengan coberturas universales y
que en estos tres grupos exista una diferenciación en el acceso y una segmentación en
los beneficios, mucho más marcada para la población no derechohabiente (población
abierta) que recibe un menor número de servicios de salud y de menor calidad debido a
que no puede acceder a las instituciones de salud para la población derechohabiente (que
ofrecen todo tipo de servicios y de cualquier nivel), además de que una mayoría no cuenta
con los recursos suficientes para acceder por la vía del mercado, mucho menos, con los
altos costos que tienen los servicios de salud y los medicamentos en instituciones
privadas.
Al proponer romper el vínculo entre los beneficios de los derechos sociales que se
generan a través de las contribuciones laborales en el mercado formal de trabajo y
proponer que éstos se garanticen desde un enfoque de ciudadanía lo que en el fondo se
está planteando es una propuesta de gran calado que defiende en términos específicos la
desmercantilización del acceso al bienestar, y en términos más generales, la
desmercantilización y socialización de los medios de existencia como formas de
garantizar la reproducción de la sociedad sin que esté mediada por el trabajo o por el
mercado.
Bajo esta mirada es fundamental ubicar al Ingreso Ciudadano Universal. No se propone
verlo como una medida aislada, sino dentro de un conjunto de propuestas desde el
8 Sistemas Estatales de Salud, clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud (SSA), el Programa IMSS-Oportunidades y desde el 2002 el Seguro Popular 9 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que tiene a cargo a las personas que trabajan en el sector privado; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para las y los trabajadores del Estado (ISSSTE), esto es, para las persona que trabajan el el Sector Público; y las Fuerzas Armadas (SEDENA), la Marina Nacional (SEMAR) y las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quienes cuentan cada uno con su propio mecanismo de seguridad. 10 Ver Cabrera, Carlos y Gutiérrez, Aníbal coords. (2011). Las fuentes de los datos derivan de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, Instituto Nacional de Estadística y Geografía-IMSS, 2010
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enfoque de ciudadanía que aspiren a universalizar el acceso a las condiciones materiales
de la libertad y del bienestar.
La propuesta para un gobierno que pretenda formar una agenda progresista es que “el eje
social” de un proyecto de izquierda sea el “desmercantilizar el bienestar” para avanzar
hacia la emancipación y la libertad de las personas.
Con ello se pretende que el acceso a los bienes sociales no dependan solamente de la
participación en el mercado formal de trabajo o de su obtención en el libre mercado y para
ello se deben implementar políticas universalistas que los garanticen. En este sentido, el
bienestar social visto desde un enfoque de ciudadanía implica que los bienes y
satisfactores sociales sean proporcionados a todas las personas como expresión y
materialización de los derechos que tienen.
Un ICU frente a los problemas que presenta el trabajo
Ahora bien, si se plantean propuestas de gran calado que lleven a la desmercantilización
gradual del acceso al bienestar social y a reestructurar las relaciones sociales de
producción es porque es urgente hacer un replanteamiento central del trabajo ya que la
concepción del pleno empleo, caracterizado por ser formal, regulado, estable, del cual
deriva el acceso a una serie de derechos, no puede ser pensado más como el horizonte a
alcanzar cuando el contexto actual predominante es el trabajo precario, intermitente, con
relaciones informales de trabajo, bajos salarios, periodos largos o permanentes de
desempleo, con reducción del personal debido a los impactos de la revolución tecnológica
y pérdida de fuerza de la negociación colectiva y de la organización sindical. Todas éstas,
son expresiones de la desvalorización del trabajo en el neoliberalismo que evidencian los
límites que presenta el empleo como principal elemento generador de ingresos.
De acuerdo a la recopilación de datos derivados de diversas fuentes oficiales11, el
mercado de trabajo en México en la primera década del siglo XXI (2000-2009) se
caracterizó por presentar un desempleo creciente; una baja de las remuneraciones reales
y de la productividad; insatisfacción con el empleo; un aumento de la duración de la
11 Ver Aparicio, Abraham. “Mercado de trabajo en México 2000-2009” en Cabrera, Carlos y Gutiérrez, Aníbal coords. (2011).
10
jornada laboral para un sector importante de la población ocupada; un aumento de la
precariedad del empleo y de la informalidad y un creciente flujo migratorio hacia los
Estados Unidos.
Algunos datos ejemplifican algunos rasgos del párrafo anterior: la población
económicamente activa (PEA) en México corresponde a 46.8 millones de 14 años o más.
De la población ocupada12 conformada por 43.9 millones de personas13, sólo el 52.8%
cuenta con un escrito que garantiza su relación laboral con el empleador14; el 64.3% no
tenía acceso a las instituciones salud, evidenciando que 6 de cada 10 personas ocupadas
tienen un empleo precario y que de alguna manera se encuentran en la informalidad15.
Llama la atención los bajos niveles salariales de la población ocupada donde el mayor
porcentaje 22.2% gana más de 1 y hasta 2 salarios mínimos (SM), seguido del 19.9% que
gana más de 2 y 3 SM y el 17.4% que gana más de 3 y hasta 5 SM16. Desde el año 2000
hasta el 2009 la población desocupada ha ido en incremento ubicándose en ese último
año con un porcentaje mayor del 6%17 (siendo un dato que oculta un enorme nivel del
sector informal); de esta población desocupada, el 90.6% cuenta con experiencia laboral;
53.2% está en dicha condición porque perdió o terminó su empleo y el 36.3% porque se
sintió insatisfecha con el empleo anterior18. Datos que desmantelan los mitos de que las
personas desempleadas no obtienen un buen trabajo por falta de voluntad, capacidades,
o experiencia.
Estas expresiones y tendencias no tenderán a desaparecer, por el contrario,
permanecerán y se acentuarán impactando no sólo en la generación de ingresos, sino
también en otras dimensiones en las que el trabajo ha resultado central para la vida
personal y familiar así como en la inclusión, cohesión y reproducción de la vida social.
La descomposición y desvalorización de la fuerza de trabajo se resiente también para
aquellos que gozan de un empleo formal y que en México han sido testigos de la caída de
12 Población ocupada. Aquella parte de la PEA absorbida por el mercado de trabajo en el sector formal o informal de la economía que recibe una remuneración. 13 Aparicio, Abraham (2001) p. 100. Fuente INEGI. 14 Ibíd., p. 101. Fuente INEGI 15 Ibíd., p. 106. Fuente INEGI 16 Ibíd., p. 105. Fuente INEGI 17 Ibíd., p. 107. Fuente INEGI 18 Ibíd., p. 110. Fuente INEGI
11
su poder adquisitivo vía salario. De acuerdo a un estudio de la OIT19 que incluyó a 18
países de América Latina y el Caribe, México tuvo la menor tasa de crecimiento anual
promedio de los salarios mínimos reales durante el periodo 2000-2010 (0.1) sólo mayor a
la del Salvador (0.0) y la de República Dominicana (-0.7), situación que deriva en una
pérdida del poder adquisitivo y de compra de las personas.
Otra expresión de desvalorización del trabajo y de las y los trabajadores se observa en los
intentos de aprobar una reforma laboral en la que a través de un discurso que busca
promover una mayor inversión que motive el crecimiento económico se intentan
desmantelar aún más algunos de los derechos laborales e ir disminuyendo la cohesión y
fuerza de negociación sindical, lo cual pone en peligro no sólo los fundamentos clásicos
del régimen de bienestar, sino también el que las clases trabajadoras pierdan cada vez
más la posibilidad de influir en la vida laboral y política del país.
Este conjunto de hechos evidencian en rasgos más generales que estamos ante un gran
problema que refiere a la pérdida de la centralidad del trabajo si se reconoce que cada
vez menos puede concebirse éste como un factor estructural de reproducción de la
sociedad o como el elemento básico de integración social. Y no solo por su insuficiencia,
sino porque a raíz de su precarización, desmantelamiento y mayor explotación no llegarán
a conformar una mayoría los empleos en los que las y los trabajadores se desarrollen,
adquieran una mayor profesionalización, realicen actividades acordes con su formación y
en condiciones adecuadas, consigan niveles de ascenso, obtengan un reconocimiento
social y logren una realización profesional y personal.
Asimismo, si se aboga por un Ingreso Ciudadano Universal y cualquier otro derecho social
como un derecho de ciudadanía es porque se parte del reconocimiento de que las
personas que conforman una sociedad contribuyen socialmente a su reproducción, sea a
través de la inclusión laboral –formal o informal- y de aquellos trabajos y oficios no
remunerados, como el trabajo doméstico o los voluntarios. En este sentido, se debe
reconocer que existen responsabilidades y solidaridades colectivas en las que todos los
miembros de una sociedad contribuyen en alguna medida y no una división ficticia entre
aquellos que trabajan y contribuyen y otros no.
19 Ver OIT. Panorama Laboral 2011 América Latina y el Caribe
12
El hecho de que un buen número de personas ejerzan diversos trabajos socialmente
útiles y valiosos pero no remunerados, y en otros casos, se desempeñen en trabajos que
forman parte del mercado informal, refuerza justamente la idea de que tanto la riqueza y
herencia social, así como la reproducción de la sociedad la construyen -de diversas
maneras- todas las personas que formamos parte de ésta.
Estas realidades tensionan la relación establecida entre el acceso a los derechos a través
de la participación en el mercado formal de trabajo. Además de que representan un
cuestionamiento profundo a la noción de ciudadanía ya que si el trabajo ha sido para ésta
su núcleo y vía de acceso, la actualidad nos presenta como telón de fondo que el empleo
formal es insuficiente y limitado para todos los que están en condiciones de demandarlo.
En consecuencia, el resto de las personas que aun cuando en el día a día trabajen pero
formalmente no lo hagan con un contrato laboral formal, -y lo que es peor- en condiciones
de explotación salarial, física, riesgo, en circunstancias de esclavitud o incorporando a
infantes, no pueden ejercitar su ciudadanía ante la imposibilidad de acceder a un conjunto
de derechos sociales que se garantizan por la vía del mercado formal de trabajo, ni
tampoco puedan desarrollar algunos derechos políticos, civiles, culturales y ambientales
cuando no se cuentan con condiciones materiales necesarias o cuando están
involucrados de tiempo completo en su subsistencia.
Para estos grupos, que aún en condiciones adversas contribuyen –como otros integrantes
de la sociedad- a la reproducción social, el acceso y garantía de sus derechos sociales no
dependen de la responsabilidad estatal sino del funcionamiento del mercado, hecho que
además de ser éticamente inaceptable, cuestiona profundamente la noción de ciudadanía
puesto que aunque poseen el estatus de ciudadanos y son iguales en cuanto a los
deberes no lo son con respecto a los derechos. En lo formal son ciudadanos pero en la
práctica no ejercen su ciudadanía. Además de ello, la satisfacción de bienes sociales por
la vía del mercado no representa una alternativa viable para los sectores más vulnerables
y carentes puesto que los costos en materia de salud, vivienda, seguridad social son para
una mayoría inalcanzables, por tanto, ni cuentan con los mecanismos para acceder por
vía pública (estatal) ni con los recursos para proveerlos por vía privada.
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Por ello, si el trabajo que históricamente ha servido como elemento básico de integración
social se está desestructurando, si varios oficios corroboran que cada vez menos
representa un elemento de movilidad social, si para personas que trabajan en condiciones
degradantes, serviles y de explotación no representa un elemento de inclusión sino de
mayor exclusión social, se deben proponer modelos de integración social que se
sustenten y organicen fuera de la lógica del trabajo y del mercado y que restauren la
pertenencia social más allá de la condición laboral.
El ICU como parte de una agenda progresista
En el 2012, año electoral en que se definirá a un nuevo Presidente y a una diferente
composición del poder legislativo al renovar el Senado y la Cámara de Diputados Federal,
es un momento político que exige que la izquierda conciba a profundidad un proyecto que
rompa con la continuidad de la política imperante, cambie el orden de las políticas
neoliberales y sea creadora e impulsora de un proyecto alternativo que retome el rumbo
de un nuevo pacto social en nuestra sociedad a través de un eje articulador de políticas
de izquierda, y no sólo en términos de disminuir las desigualdades de ingreso, la pobreza
o miseria, sino de la reconstitución de las relaciones sociales a través de un reparto más
justo y equitativo de los recursos que produce la sociedad.
La propuesta que aquí se propone para un proyecto de izquierda que aspire a ser
gobierno es que dentro de una agenda progresista “el eje social” lo constituyan un
conjunto de medidas que se orienten hacia “la desmercantilización gradual de los bienes
y satisfactores sociales para que transiten a ser proporcionados como derechos de
ciudadanía”, esto es, de manera universal e incondicional, y que su acceso deje de ser
por la vía del mercado formal de trabajo o del libre mercado. Es en este conjunto de
medidas donde se propone la incorporación de un Ingreso Ciudadano Universal.
La intención es que estas propuestas se inscriban dentro de un proyecto libertario y
emancipatorio puesto que conllevarán cada vez más al incremento de las libertades,
autonomía y eliminación de la subordinación, a la vez que guardan congruencia y
reivindican los valores más característicos de la historia de la izquierda: la libertad y la
igualdad.
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Con base en lo expuesto, la propuesta y defensa del ICU tiene muchos argumentos. Los
dos principios que lo caracterizan: su universalidad e incondicionalidad contribuyen de
entrada para modificar el intercambio de ingresos que hasta el momento se presenta en
condiciones muy desiguales, por ello, a través de éste se sienta la base para partir de
pisos comunes para todas las personas, a la par que corrige –de alguna manera- las
desventajas y diferencias no elegidas en la interacción social y que forman parte de las
causas estructurales de un sistema cimentado en relaciones de producción desiguales
con regiones y contextos diferenciados que tienen un peso en la reproducción de las
desigualdades y en las que las personas no pueden ser consideradas las responsables.
El ICU y sus impactos
En la promoción para implementar un Ingreso Ciudadano Universal e incondicional se han
previsto varios impactos que se amplían en los siguientes apartados, de manera
enunciativa algunas de éstas son: la igualación que promoverá entre individuos al recibir
como garantía un ingreso sin alguna distinción; los beneficios para los sectores y géneros
que presentan más vulnerabilidad al proporcionales una base económica que coadyuve a
contrarrestar las desigualdades que enfrentan; la base que representará para el ejercicio
de otros derechos civiles, culturales, económicos; lo eficaz que resultará no sólo para
eliminar la pobreza sino para prevenirla; la certeza de contar con un ingreso para todas
las personas que hasta el momento no lo tienen; la seguridad que brinda en periodos
crisis económicas; el poder de negociación que le proporcionaría a las personas
trabajadoras.
Además de todas éstas, un impacto fundamentalmente relevante es que promoverá una
mejora en la redistribución de los ingresos y de la riqueza en la medida que un ICU derive
de una profunda reforma fiscal que transforme el régimen tributario, logre ampliar la base
contributiva y haga cambios en la distribución de la carga fiscal de manera que se pueda
otorgar un ICU que alcance a cubrir las necesidades básicas para la existencia.
Por ende no sólo se trata de repartir la riqueza sino de distribuirla, es así que las cargas
fiscales deben recaer en todas las personas que la generamos, pero -en mayor medida-
en aquellos sectores que más la concentran. Se debe enfatizar para quienes consideran
15
que un ICU es inviable por los costos que represente, que su financiamiento no es una
cuestión meramente de producción de riqueza, sino de distribución de ésta.
En este sentido no se propone que un ICU tenga un costo neto para el Estado, por el
contrario, su financiamiento debe derivar de cambios en la distribución de la
concentración de la renta. Por ello sus impactos redistributivos se verán en una mayor
base tributaria, en una modificación en las cargas fiscales, en una redistribución del
ingreso entre el mínimo porcentaje de la población total que lo concentra frente al
amplísimo porcentaje restante que tiene ingresos mínimos o insuficientes, y también, en la
distribución de un ingreso individual hacia todas aquellas personas que no disponen de
alguno y que inclusive –histórica y socialmente- han sido excluidas de éste. Desde luego
que para su implementación y financiamiento habrá que considerar también su cuantía
(un salario mínimo u otra medida), sus características, las transferencias monetarias que
sustituya y su progresividad, considerando si se implementará prioritariamente para
ciertos sectores de la población hasta cubrir la universalidad.
El ICU como base para el ejercicio de otros derechos
Asimismo, un ingreso ciudadano repartido universal e incondicionalmente sienta la base
para ejercer una ciudadanía efectiva y activa al proporcionarnos las condiciones
materiales indispensables para ejercer otro tipo de derechos que, por un lado, están
limitados por falta de las condiciones que permitan ejercerlos, sea por falta de
información, tiempo, recursos, pero por otro lado, por la falta del derecho en sí.
En el primer caso, cuando el acceso a los derechos está desmercantilizado, como los
civiles y políticos en muchas ocasiones faltan condiciones para poder ejercerlos: el
derecho a la libertad de expresión no es una realidad si una persona no cuenta con la
información, conocimiento o cultura que motiven su difusión ni tampoco cuenta con algún
medio para expresarse; el derecho a la participación política tampoco es una realidad
cuando no se tienen los medios para estar informado y cuando no se cuenta con el tiempo
mínimo para participar.
En el segundo caso, cuando el acceso a los bienes sociales -que proporcionan los
derechos sociales- están mercantilizados y sólo están garantizados públicamente para
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algunas personas a través del mercado formal de trabajo, además de que puedan faltar
las condiciones para ejercerlos, falta propiamente la desmercantilización de su acceso
para que sea una realidad. En estos temas es cuando toma fuerza el promover -
paralelamente a un ICU- la desmercanitlización del acceso a los bienes sociales, tal
como se vive con los derechos civiles y políticos, por ejemplo ¿Cómo hacer realidad el
derecho a la vivienda? si hasta el momento, son sólo las personas que cuentan con los
recursos suficientes o los que aportan al derecho a la seguridad social por la vía salarial
las que pueden adquirirla. ¿Cómo garantizar universalmente el derecho a una pensión? si
sólo aquellas personas que aportaron a la seguridad social por la vía laboral en el
mercado formal de trabajo la tienen asegurada, con excepción del Programa de la
Pensión Alimentaria de Adultos Mayores que se implementa en la Ciudad de México.
Si el acceso y mecanismos para ejercer los derechos civiles y políticos estuviesen
mercantilizados y nos costaran, una parte de la población no podríamos gozarlos. Si
además de tener el derecho a votar, algunas personas tuviéramos que pagar por ello,
muchas personas no lo haríamos y aunque quisiéramos no contaríamos con los recursos
para hacerlo si su costo fuese alto. En suma, un ICU contribuye con las condiciones
básicas para ejercer activamente los derechos económicos, civiles, políticos, sociales,
culturales y ambientales, favoreciendo también para poder disfrutarlos y exigirlos. Pero
realmente incidirá en que podamos ejercer nuestra ciudadanía plenamente siempre que
todos los derechos se garanticen públicamente de manera universal e incondicional y su
acceso esté desmercantilizado, esto es, que las relaciones que se dan en el mercado –
sea por la contribución que se aporta en un vínculo laboral o por su compra – no sean las
que determinen su acceso y garantía.
El ICU frente a los problemas que presenta el mercado de trabajo
En este mismo sentido, un Ingreso Ciudadano Universal concebido como un derecho de
ciudadanía contribuye a las propuestas encaminadas a la desmercantilización de la fuerza
laboral puesto que “un ingreso per se” no sólo se obtendría por una relación salarial en el
mercado. Este elemento no es nimio ni únicamente tendrá que ser visto como un ingreso
extra que las y los trabajadores reciban además de su salario. De lo que se está hablando
es que un mecanismo como el ICU tendrá un impacto importante en la modificación de las
relaciones de trabajo y en la forma en que se reproducen los procesos de producción, que
17
son dos elementos de gran magnitud en la reproducción de la vida social. Inclusive, habrá
que prestar un especial cuidado para no provocar con un ICU un efecto contrario al que
se pretende lograr, como sería el que disminuyese el salario si se mal entiende que
vendría a representar una subvención o subsidio al capital. Por el contrario, cuidando de
no provocar estos efectos, debe formar parte de una agenda que incluya un conjunto de
propuestas que aspiren a incrementar el salario y a desmercantilizar el acceso a los
derechos y bienes sociales a partir de su universalización e incondicionalidad.
Y si se prevé que tendrá un impacto en la modificación de las relaciones de trabajo es
porque fortalecería el poder de negociación y la recomposición del interés colectivo de las
las y los trabajadores con los empleadores, contribuyendo a la defensa de los derechos
alcanzados, y no como acontece ahora, con su retroceso. También aumentaría la libertad
de sus acciones y decisiones permitiéndoles mayores grados de libertad y autonomía
modificando las relaciones de sometimiento y sumisión que se aceptan y asumen en una
relación laboral, permitiéndoles rechazar espacios insalubres y riesgosos, salarios
insuficientes y tratos indignos. Asimismo, disminuiría las situaciones de riesgo y
vulnerabilidad en los casos de desempleo intermitente o cada vez más prolongado
proporcionando una base permanente de recursos para continuar con proyectos y
actividades cotidianas que no pueden detenerse frente a la pérdida del empleo.
No debe dejar de observarse que al fortalecer la recomposición del trabajo colectivo y
ofrecer mayor libertad de decisión a las y los trabajadores se está fomentando a su vez la
reconstitución de las relaciones laborales y de los proyectos personales, lo cual
significaría recuperar y reconstruir los proyectos de vida combinando y equilibrando el
ámbito laboral con el personal.
En este tema, un Ingreso Ciudadano contribuiría a reestructurar los tiempos de trabajo
dando mayor posibilidad de elección para seleccionar jornadas a medio tiempo o
completas así como actividades extra laborales en función de los intereses personales
abriendo la posibilidad de que en el proyecto de vida se cuenten con tiempo y recursos
para desarrollar otras actividades físicas, recreativas, culturales, deportivas, voluntarias,
situación que en la actualidad es imposible para una mayoría.
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Ahora bien, si se procura que las personas que trabajan cuenten con posiciones más
autónomas y de mayor independencia económica para modificar la distribución del poder
en las relaciones laborales, no debe dejar de verse que con ello también se procura
redistribuir el poder político que el neoliberalismo ha debilitado al propiciar la
desvalorización de la fuerza de trabajo, la descomposición del poder colectivo y la falta de
centralidad de los sindicatos, tanto en asuntos públicos como aquellos inherentes a su
sector. Por ello, si cuentan con mayores espacios, tiempo y posiciones más autónomas
para el ejercicio de otros derechos, las personas que trabajan podrán participar e influir en
mayor medida en la vida pública.
En el mismo sentido, cualquier persona y grupo de la sociedad civil tendrá mejores
condiciones para participar en asuntos públicos, ejercer un mayor activismo cívico y/o
político, involucrarse en actividades de voluntariado, siendo hechos que significarían un
aporte sustantivo en la redemocratización de la vida política.
El ICU frente al trabajo doméstico
Otro de los impactos que se prevén con un ICU se relacionan con el trabajo doméstico.
Aún cuando histórica y socialmente ha sido asignado y realizado fundamentalmente por
mujeres, en la discusión y debate se ha propuesto que un ICU serviría como un
mecanismo indirecto que compense el pago por esta actividad. Personalmente, en contra
de esta percepción, considero que una mejor alternativa reside en reconocer que son dos
temas diferentes y que debe continuarse pugnando para que cada uno sea una realidad.
El ICU no es una recompensa, una dádiva ni viene a sustituirlo, no obstante, si llegase a
implementarse antes que el pago por el trabajo doméstico, para muchas mujeres esta
transferencia monetaria puede ser el único ingreso que reciban. Visto entonces como un
ingreso independiente del trabajo doméstico y en tanto se logre éste, representaría un
mecanismo que ayudaría a modificar en cierta medida las diversas estructuras de
desigualdad en las que están inmersas las personas (hombres y mujeres) que lo realizan
y no se les paga, y fundamentalmente, a las mujeres les proporcionaría condiciones para
actuar con mayor libertad, autonomía y emancipación frente a sus relaciones de pareja,
familiares y laborales.
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El ICU y sus impactos para grupos específicos. Un ejemplo: las mujeres
Aun cuando la universalidad es uno de los dos grandes principios que conforman a un
ingreso ciudadano, se ha reconocido lo favorable que resultaría para los sectores de la
población que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, así como aquellos que
han carecido de una atención y garantía de sus derechos y que han sido histórica y
socialmente excluidos y discriminados, como lo son –con distintos grados- las mujeres,
infantes, adultos(as) mayores, personas con discapacidad, indígenas, y trabajadoras(es)
domésticas en los que se ha enfatizado que un ICU tendría un mayor impacto para ayudar
a contrarrestar el conjunto de desigualdades en las que están inmersos
proporcionándoles ciertas condiciones materiales mínimas para tener mayores grados de
autonomía y libertad.
Para el caso de las mujeres, por poner sólo un ejemplo, se han presentado
argumentaciones y estudios que reiteran el beneficio que traería al garantizarnos un
ingreso permanente reconocido como un derecho sin que derive del mercado de trabajo ni
del vínculo que se tenga con un hombre, sea como esposa, concubina, viuda, madre o
hija; retribuiría de manera indirecta -y en tanto lleguen algunas a pagarse- las distintas
tareas socialmente útiles realizadas fuera del ámbito del trabajo remunerado;
incrementaría el poder de negociación de las mujeres en las relaciones de pareja y en las
relaciones laborales (formales e informales); representaría un mecanismo de prevención
para no caer en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y violencia; tendría impactos
positivos en el mercado de trabajo (mayor poder de negociación); ampliaría las opciones
sobre los roles de género que decidan asumir las mujeres entre el mercado de trabajo y el
ámbito doméstico; promovería una modificación en la distribución de las cargas del
trabajo no remunerado al tener más poder para negociar nuevos arreglos familiares; y
para el caso de aquellas mujeres que no reciben ingreso alguno: estudiantes, amas de
casa, con alguna discapacidad física o mental, jefas de familia desempleadas o sin
pensión propia o derivada del compañero, un ICU representaría su única fuente de
ingresos por el hecho de ser ciudadanas y no necesariamente por las características que
presenten.
Debe verse también las condiciones que ofrecería para un grupo de personas -sea una
familia, grupo, colectivo u organización- para ahorrar o emprender cooperativas y
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pequeños negocios si cuentan con una base económica que les permita solventar y tener
garantizados los gastos básicos que requieran para iniciarlo y mantenerlo.
Además de estos impactos, también se ha reconocido que un ICU sería una medida que
contribuya a prevenir y erradicar la pobreza, no obstante, no debe justificarse sólo por
estos dos aspectos porque no se pretende introducirlo en una lógica que busque
únicamente proporcionar ingresos a los ciudadanos para un mayor consumo o para la
superación de la pobreza. Lo que se propone es una medida que modifique las relaciones
sociales entre clases y géneros en los espacios laborales, personales, familiares y
comunitarios.
Son muchas las argumentaciones sociales y económicas y las justificaciones éticas que
demandan un cambio profundo en las orientaciones de la política social y de la política
económica. Se requieren modificaciones que pongan en el centro alternativas viables, y
fundamentalmente, propuestas mucho más justas e igualitarias que promuevan otras
formas de organización y reproducción de la vida social y apunten a saldar y garantizar
los derechos económicos, sociales y culturales con intenciones redistributivas e
integrales.
El ICU y su trayectoria en México
En México el Ingreso Ciudadano Universal tiene importantes avances. Existen diversas
propuestas que han sido elaboradas por personas de la academia, servicio público,
partidos políticos, poder legislativo y organizaciones de la sociedad civil, ejemplos de ello
son las propuestas de las y los legisladores, así como de las y los candidatos de diversas
fuerzas de izquierda, entre éstas: la primera iniciativa de ley presentada en la Cámara de
Diputados en el 2007 por el ex-diputado Isidro Pedraza Chávez y otros legisladores del
Partido de la Revolución Democrática (PRD); posteriormente, Elsa Conde, ex-diputada
federal del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) presentó una iniciativa de ley para
incorporarlo en la constitución y garantizarlo como un derecho; Patricia Mercado lo
propuso en su agenda como ex candidata presidencial del Partido Socialdemócrata y
Campesina (PASC); Martí Batres como precandidato a la Jefatura del Gobierno del PRD
incluyó en su agenda un “Ingreso Ciudadano Universal Infantil”; e inclusive Manlio Fabio
Beltrones, durante su precampaña para ser candidato presidencial de ese partido,
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presentó al “Ingreso Mínimo Universal” como uno de los ejes de su estrategia de política
social.
Entre las propuestas de servidores públicos, activistas y académicos destacan: Pablo
Yanes (UNAM y Presidente de Ingreso Ciudadano Mexicano A.C.) como uno de los
principales promotores y precursores de su difusión y debate en México y en otros países;
Julio Boltvinik (Colmex) al proponer el “Ingreso Ciudadano Universal Alimentario”; Rogelio
Huerta (UNAM) a favor de garantizarlo para todos los mayores de 18 anos proyectando su
impacto y factibilidad; Oscar Conde quien plantea iniciarlo con los menores de edad y las
personas adultas mayores; Enrique del Val Blanco (UNAM) con su propuesta de
implementarlo gradualmente enfatizando los beneficios en comparación con los
programas de transferencia de renta focalizados; Luis Arizmendi (IPN) quien lo reconoce
como un ejemplo de desmercantilización que lleve a garantizar la reproducción social; y
otras personas de la academia: Araceli Damián (Colmex), Mauricio de María y Campos
(Ibero) y Pedro Moreno (UAM).
Algunas otras personas que representan o forman parte de organizaciones de la sociedad
civil también se han pronunciado a favor de un ICU, entre éstas y por lo menos: Edgar
Cortés (Red todos los derechos para todos), Gloria Ramírez (Academia Mexicana de
Derechos Humanos), Héctor Morales (INICIA), Jaime Cuevas (Capacitación y Enlace),
Lorenza Gutiérrez (Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar-COLMITH),
Mario Luis Fuentes (CEIDAS), Miguel Concha Malo (Centro Francisco de Vitoria),
Nashielli Ramírez (Red por los Derechos de la Infancia), Raimon Artis y Edgar Avilés
Gómez (Ingreso Ciudadano Universal-México), Roberto Olvera (Ingreso Ciudadano
Universal-México y STUNAM), Roberto Vega (SEDEPAC), Rocío Culebro (Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia); Rocío Lombera y Celeste Mena
(COPEVI).
Algunos movimientos sociales han incorporado al ICU en diversas agendas y se han
posicionado a favor de éste como ha acontecido en 2008, 2009 y 2010 en el Foro Social
Mundial realizado en la Ciudad de México, hecho que reitera la importancia que va
adquiriendo en la discusión pública en uno de los espacios más importantes de reunión de
izquierdas de la sociedad civil.
22
También se incluyó en la “Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad”, una
iniciativa surgida en 2010 por diversas organizaciones del movimiento urbano popular y
de derechos humanos negociada y firmada con el Gobierno del DF, en la que se reconoce
que en la ciudad se concentran grandes desafíos de convivencia social y limitaciones o
privación de derechos, por tanto, incluye como una de las propuestas que contrarresten
esta situación el “promover el establecimiento de un Ingreso Ciudadano Universal”.
Asimismo, en la agenda del “Cuarto Diálogo Nacional para un México Social” suscrita en
2011 por 185 importantes intelectuales, académicos y representantes de organizaciones
de la sociedad civil se reconoció la construcción de un nuevo modelo de Estado de
Bienestar, caracterizado –entre otros elementos- por un sistema de protección social
universal desde el nacimiento hasta la vejez mediante varias prestaciones básicas, una de
éstas, “la renta básica universal”.
Cabe hacer mención que desde octubre del 2008 la que suscribe este texto junto con
Pablo Yanes conducimos en Radio Ciudadana, IMER, el programa de radio “Ingreso
Ciudadano: el derecho a una vida digna”20 siendo un espacio privilegiado para establecer
los vínculos con las personas y organizaciones que están a favor, y fundamentalmente,
para difundir las propuestas que se han ido construyendo a nivel internacional y las que
se han generado para implementar un ICU en México. Su difusión en radio nos ha
permitido enriquecer la visión de esta propuesta al relacionarlo con varios temas que
amplían las justificaciones e impactos que tendría, además de las más conocidas y
evidentes.
Además de ello, desde el 2007 el derecho a una Renta Básica se incluyó y reconoció por
los países que asignaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Emergentes, siendo un marco jurídico internacional que puede marcar la pauta para
promover la armonización legislativa necesaria que llevaría a aprobarlo en diferentes
normas nacionales y locales, para lo cual, es de suma importancia considerar que para
establecer un Ingreso Ciudadano Universal se debe alterar la correlación de fuerzas
políticas, económicas y sociales predominantes en el mundo.
20 Se transmite en vivo todos los jueves de 8-9 a.m. (hora de México) por Radio Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Se llega a una audiencia de por lo menos seis estados de la República Mexicana y se puede escuchar en otras entidades federativas y países a través de su acceso a internet. http://www.radiociudadana.imer.gob.mx/
23
Ejemplo de ello lo representan en América Latina algunos países en donde ha habido
dicha alteración que ha abierto paso para que se implementen políticas lo más parecidas
en su diseño y concepción a un ICU o que transiten hacia éste, entre éstos: Argentina con
la “Asignación Universal por Hijo” que otorga una transferencia a los menores de 18
años21; Brasil con la aprobación de la Ley de Renda de Ciudadania que estipula se
transite del actual programa de transferencia de renta condicionada “Bolsa Familia” a un
ICU, además de los programas “Benefício de Prestação Continuada” (BPC) que reconoce
la transferencia monetaria (un salario mínimo mensual) dirigida a las y los adultos
mayores de 65 años y a las personas con discapacidad como un derecho constitucional y
la “Pensión Rural” que igualmente reconocido como un derecho, otorga a todos las
personas adultas mayores que trabajaron en el sector rural un salario mínimo mensual;
Bolivia con “Renta Dignidad” dirige una transferencia monetaria a todos los y las adultas
mayores; y en la Ciudad de México la “Pensión Alimentaria para adultos mayores” que
garantiza universalmente a este sector sin alguna condicionalidad medio salario mínimo
mensual.
Al presentar la trayectoria que ha tenido el ICU en México se pone en evidencia que su
promoción y defensa la ha realizado fundamentalmente la izquierda, sea a través de
partidos y de personas que participan en la academia, organizaciones civiles y
movimientos sociales progresistas que pugnan por modificar el status social y económico
establecido y optan por sacar a la luz propuestas que modifiquen de manera sustantiva
los actuales procesos de producción en la economía y las relaciones que se generan en la
reproducción de la vida social. Por ello es sumamente importante tener presente que debe
ser la izquierda -y no correr el riesgo que sea otra bandera política- la que en congruencia
con las justificaciones que presenta el mundo actual y las aspiraciones de mayor
igualdad, equidad y libertad que históricamente ha reivindicado, sea la que implemente un
ICU en México.
La realidad que estamos viviendo corrobora la necesidad de mudar el rumbo y orientar el
conjunto de políticas sociales hacia los postulados de universalidad e incondicionalidad
como se proponen con un Ingreso Ciudadano Universal y con la desmercantilización de
21 Con excepción los hijos/as de trabajadores(as) informales cuyo ingreso sea superior al salario mínimo, a las embarazadas y los infantes que ya cuenten con otra asignación familiar.
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los bienes y satisfactores sociales para que sean proporcionados como derechos de
ciudadanía. Esta orientación es acorde con la perspectiva de los derechos humanos y con
ella se busca que las políticas sociales no sean meramente compensatorias o
asistenciales sino que sean redistributivas del poder económico, social y político para que
contribuyan de manera sustantiva a la desmercantilización de la vida social y de la
existencia y a través de éstas se asuman compromisos morales y éticos por encima del
mercado.
La desmercantilización de los bienes y satisfactores sociales y el reconocimiento de los
derechos sociales como derechos de ciudadanía implican ejecutar políticas universales,
como ya se ha reiterado. Si bien, tendrán un mayor costo que las actuales políticas de
transferencias monetarias condicionadas, de cara a los problemas actuales, representan
una medida mucho más justa, amplia y eficaz para erradicar la pobreza y para ir
eliminando las desigualdades, exclusiones, opresiones que presentan un gran porcentaje
de la población mexicana.
Si las temáticas expuestas se reconocen como parte central de los propósitos que le
corresponden a la izquierda revertir se espera que sea porque a través del enfrentamiento
y solución de éstos reivindique los principios que la originaron y le dan sentido a su
quehacer, y también, porque en la medida que aspira a ser gobierno nacional ya es
gobierno en otras entidades y municipios, es representante popular en el nivel federal y
estatal, y también es oposición en otros estados, por tanto, es corresponsable de la
trayectoria que tiene y tendrá nuestro país.
25
Bibliografía
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