De todos modos, la relación entre el estado y las profesiones fue considerablemente más tardía que el reconocimiento legal. A través de sus cuerpos e instituciones, el estado ejerció otras formas de control, legitimación y defensa respecto a los profesionales, y ellos utilizaron su pericia en la administración pública. Por su parte, aquellos explotaron sus posiciones dentro del estado para realzar su prestigio y expandir sus mercados. El nuevo estado asumió la responsabilidad del entrenamiento profesional y lo asignó a las universidades, forzando a cerrar a muchas escuelas profesionales privadas e institutos heredados del período anterior a la unificación del estado. Manteniendo el modelo continental, el entrenamiento técnico fue también nucleado bajo el control estatal. Si bien la creación de muchos de los institutos técnicos de educación superior y politécnicos del país durante este período fue debido a la iniciativa de industriales y profesionales, rápidamente a estas escuelas les fue concedido el reconocimiento estatal. De esta forma, la educación superior representó la primer etapa en la extensión gradual del control del estado sobre las profesiones. Los poderes judiciales demostraron ser un incondicional aliado de las profesiones, y el poder judicial fue el principal instrumento con el que los profesionales combatieron las prácticas ilegítimas, facilitando el pasaje de los profesionales a los círculos interiores del estado y actuando este como el garante del monopolio profesional. La cuestión del derecho de la mujer a ejercer profesionalmente ejemplifica el comportamiento del sistema judicial italiano.

MALATESTA, María (ed.) "Society and the Professions in Italy, 1860-1914", Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 14.