el derecho a la honra y dignidad de las vÍctimas de
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EL DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES DENOMINADAS FALSOS POSITIVOS, DE ACUERDO AL
CASO VILLAMIZAR DURAN Y OTROS VS. COLOMBIA.
Autora:
Melanie Correa Pereira.
MONOGRAFÍA JURÍDICA PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADA.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SEDE CALI
FACULTAD DE DERECHO
Santiago de Cali – 2020.
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EL DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES DENOMINADAS FALSOS POSITIVOS, DE ACUERDO AL
CASO VILLAMIZAR DURAN Y OTROS VS. COLOMBIA.
Autora:
Melanie Correa Pereira.
Director:
Juan José Peña Cuervo.
MONOGRAFÍA JURÍDICA PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADA.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SEDE CALI
FACULTAD DE DERECHO
Santiago de Cali – 2020.
3
TABLA DE CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... 5
RESUMEN ...................................................................................................................... 6
PALABRAS CLAVE ....................................................................................................... 7
ABSTRACT .................................................................................................................... 7
KEYWORDS ................................................................................................................... 9
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 12
JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 16
MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 17
OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 21
OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................................................... 21
METODOLOGÍA ........................................................................................................... 22
Capítulo 1. PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD EN EL
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS ..................................... 23
1.1. Amparo del derecho a la protección de la honra y dignidad ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. ........................................................................ 23
1.2. Titulares de reparación cuando se vulnera el derecho a la honra y dignidad ......... 31
1.3. Materialización de la violación al derecho a la honra y dignidad en las ejecuciones
extrajudiciales ............................................................................................................... 35
1.4. Reparación a las víctimas afectadas en el derecho a la honra y dignidad en las
ejecuciones extrajudiciales ........................................................................................... 41
Capítulo 2. CONTEXTUALIZACIÓN JURÍDICA DE LAS EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES DENOMINADAS FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA ........... 44
2.1. Contexto histórico de los falsos positivos .............................................................. 44
2.2. Sujetos en la práctica de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos
...................................................................................................................................... 52
2.3. Intervención de las Fuerzas del Estado en las ejecuciones extrajudiciales
denominadas falsos positivos ...................................................................................... 55
2.4. Patrón de ejecuciones – Modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales
denominadas falsos positivos ....................................................................................... 58
4
Capítulo 3. ANÁLISIS DE LA VULNERACION DEL DERECHO A LA HONRA Y
DIGNIDAD CON RELACIÓN A LA PRÁCTICA DE EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES DENOMINADA FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA ............. 68
3.1. Tratamiento de las ejecuciones extrajudiciales ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos....................................................................................................... 68
3.2. Admisibilidad del caso Villamizar Duran y otros Vs. Colombia en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ......................................................................... 72
3.3. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso
Villamizar Duran y otros Vs. Colombia .......................................................................... 83
3.4. Configuración de la afectación al derecho a la honra y dignidad por parte del
Estado Colombiano a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos
positivos ........................................................................................................................ 89
CONCLUSIONES ......................................................................................................... 93
RECOMENDACIONES ................................................................................................. 95
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 97
5
A la vida por brindarme grandes oportunidades, por permitirme soñar y cumplir mis
sueños, por permitirme vivir y disfrutar cada momento.
A mis padres por ser mis guías y forjar buenas bases desde mi niñez, por apoyarme en
cada decisión y en cada sueño.
A mis abuelas por darme la sabiduría y la entereza para ser alguien en la vida.
A mis hermanas por ser la motivación de mi día a día.
A mi familia y a quien me brindó su apoyo incondicional cada día y noche sin
desfallecer.
Gracias por creer en mí y motivarme a ser mejor cada día, por ser el escudo protector y
soporte durante toda mi educación. Gracias por la comprensión, la paciencia y los
cafés que me ayudaban a seguir escribiendo cada noche.
La educación es el mejor regalo que me han podido brindar, este es solo el inicio de un
largo camino por recorrer.
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EL DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES DENOMINADAS FALSOS POSITIVOS, DE ACUERDO AL
CASO VILLAMIZAR DURAN Y OTROS VS. COLOMBIA.
RESUMEN
En la presente monografía se abarca la problemática de las ejecuciones
extrajudiciales denominadas bajo el modus operandi de los falsos positivos que se
llevaron a cabo durante la época comprendida entre 1990 y 1997 y que dieron lugar a
los hechos relacionados con el caso Villamizar Duran y otros vs. Colombia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera se determina como se configura
la violación al derecho a la honra y dignidad por parte del Estado Colombiano en las
víctimas de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos.
En el primer capítulo se evidencia el alcance que tiene la protección del derecho a la
honra y dignidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos teniendo en
cuenta el amparo de este derecho desde la óptica de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y como se este tribunal internacional se ha pronunciado con
respecto a este derecho a través de su jurisprudencia desde el caso de los Hermanos
Gómez Paquiyauri Vs. Perú en 2004 y hasta el caso Villamizar Duran y otros vs.
Colombia en 2018. En este mismo capítulo se establece quienes son los Titulares de
reparación a quienes se le vulnera el derecho a la honra y dignidad y asimismo se
desprende como se materializa la violación al derecho a la honra y dignidad en las
ejecuciones extrajudiciales y como se determina la reparación de las víctimas de
ejecuciones extrajudiciales que se les ha violado el derecho a la honra y dignidad.
En el segundo capítulo se profundiza la contextualización jurídica de la situación
evidenciada en el territorio colombiano desde la época de los ochenta con respecto a las
ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos donde se determinan los
sujetos que intervienen en la práctica de ejecuciones extrajudiciales bajo el modus
operandi de falsos positivos y seguidamente se estudia el patrón de ejecución y el grado
7
de intervención de las Fuerzas del Estado colombiano en la comisión de ejecuciones
extrajudiciales denominadas falsos positivos.
En el tercer capítulo se analiza la vulneración del derecho a la honra y dignidad con
relación al precedente judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
materia de ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano bajo
el modus operandi denominado como falsos positivos que se dio en el año 2018 con el
fallo de la Sentencia del caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia. De igual manera
se examina como fue la admisibilidad del caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuál es el tratamiento que se le ha
dado a las ejecuciones extrajudiciales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente se estudia la configuración de la afectación al derecho a la honra y dignidad
por parte del Estado Colombiano a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales
denominadas falsos positivos y como se llevó a cabo el procedimiento en el caso
Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
PALABRAS CLAVE
Ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, honra y dignidad, Derechos Humanos,
Derecho Internacional Humanitario, Convención Americana de Derechos Humanos,
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conflicto armado interno colombiano,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, victimas, derecho a la vida.
ABSTRACT
This monograph covers the problem of extrajudicial executions called under the modus
operandi of false positives that were carried out during the period between 1990 and 1997
and that gave rise to the events related to the Villamizar Duran et al vs. Colombia from
the Inter-American Court of Human Rights. In the same way, it determines how the
violation of the right to honor and dignity by the Colombian State is configured in the
victims of extrajudicial executions called false positives.
8
The first chapter shows the scope of the protection of the right to honor and dignity in
the Inter-American Human Rights System, taking into account the protection of this right
from the perspective of the Inter-American Court of Human Rights and how this
international court has ruled with respect to this right through its jurisprudence from the
case of the Gómez Paquiyauri Brothers v. Peru in 2004 and up to the Villamizar Duran et
al. vs Colombia in 2018. This same chapter establishes who are the Holders of reparation
to whom the right to honor and dignity is violated and it also shows how the violation of
the right to honor and dignity is materialized in extrajudicial executions and how It
determines the reparation of the victims of extrajudicial executions whose right to honor
and dignity has been violated.
The second chapter goes in depth the legal contextualization of the situation evidenced
in Colombian territory since the eighties with respect to extrajudicial executions called
“false positives”, where the subjects who intervene in the practice of extrajudicial
executions are determined under the modus operandi of “false positives” and then the
pattern of execution and the degree of intervention of the Colombian State Forces in the
commission of extrajudicial executions called “false positives” is studied.
The third chapter analyzes the violation of the right to honor and dignity in relation to
the judicial precedent of the Inter-American Court of Human Rights in the matter of
extrajudicial executions in the framework of the Colombian armed conflict under the
modus operandi known as false positives that occurred in 2018 with the ruling of the
Judgment of the Villamizar Durán et al. vs Colombia case. Likewise, the admissibility of
the Villamizar Durán et al. vs Colombia case is examined in the Inter-American
Commission on Human Rights and what is the treatment that has been given to
extrajudicial executions in the Inter-American Court of Human Rights. Finally, the
configuration of the affectation of the right to honor and dignity by the Colombian State to
the victims of extrajudicial executions called “false positives” is studied and how the
procedure was carried out in the case of Villamizar Durán et al. vs Colombia before the
Court Inter-American Human Rights.
9
KEYWORDS
Extrajudicial executions, false positives, honor and dignity, Human Rights,
International Humanitarian Law, American Convention on Human Rights, Inter-American
Human Rights System, Colombian internal armed conflict, Inter-American Court of
Human Rights, victims, right to life.
INTRODUCCIÓN
Colombia ha vivido uno de los conflictos armados internos más largos y complejos de
la actualidad donde se ejecutaron hechos atroces en todo el territorio y se evidenciaron
actos violentos y de carácter sistemático por más de 50 años. Lo cual hizo que el
gobierno colombiano en busca de acabar con el conflicto y suprimir el enemigo empleara
diversos mecanismos con el fin de constituir la paz en el territorio colombiano. Aunque
dichas estrategias buscaban la terminación del conflicto armado interno colombiano no
todas se enfocaron en la búsqueda de objetivos de manera amistosa debido a que el
Estado colombiano decretó una política de incentivos económicos y profesionales para
aquellos que lograran presentar “positivos” en medio del conflicto armado y sobre todo
si estos se encontraban en las zonas con mayor presencia de grupos al margen de la
ley.
Esta política de incentivos promovió la práctica sistemática de ejecuciones
extrajudiciales de civiles a manos de los miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado o con aquiescencia de los mismos en todo el territorio colombiano. Generando la
violación de graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario puesto que se omitió la aplicación de los principios generales del Derecho
Internacional Humanitario.
Teniendo en cuenta la problemática que ha subsistido en Colombia desde los años
ochenta la finalidad de esta monografía es evidenciar la trascendencia que han tenido
las ejecuciones extrajudiciales a la luz del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos con relación a la protección del derecho a la honra y dignidad en las victimas
10
denominadas bajo el modus operandi de falsos positivos con base en el caso Villamizar
Duran y otros vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello a lo largo de esta investigación se describen los fundamentos que se tuvieron
en cuenta tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para declarar que el Estado colombiano fue
responsable de la infracción a los derechos humanos de las víctimas de ejecuciones
extrajudiciales bajo el modus operandi de falsos positivos y como se llevó a cabo la
infracción a los derechos humanos por parte de los miembros de las fuerzas militares de
Colombia cuando estos presentaron ante la sociedad a las víctimas como bajas positivas
del combate en medio del conflicto armado colombiano en el caso Villamizar Duran y
otros vs. Colombia.
En el mismo sentido se analizan las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de
lesa humanidad por ser de carácter sistemático y a gran escala, así como una de las
graves violaciones al derecho a la vida teniendo en cuenta la amplia protección que goza
este derecho en diferentes instrumentos internacionales por ser un derecho humano
fundamental y prerrequisito para la enajenación de los demás derechos humanos.
En la misma se resalta la falta de reglamentación jurídica frente a las ejecuciones
extrajudiciales a nivel nacional e internacional y se evidencia como organismos
internacionales abordaron en diversos informes el impacto de los derechos humanos y
las infracciones al derecho internacional humanitario que se presentaba en Colombia
desde la época de los años ochenta. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos mostraron su preocupación con respecto a
la situación presentada en Colombia y como esta fue creciendo conforme pasaban los
años creando una problemática que incentivó la comisión de ejecuciones extrajudiciales
bajo el modus operandi de falsos positivos.
11
Además de lo anterior en esta monografía se describe el modus operandi de los falsos
positivos empleado por el Estado colombiano teniendo en cuenta la perspectiva general
de las ejecuciones extrajudiciales realizada por el Doctor Humberto Henderson en 2006
y la descripción del modus operandi de los falsos positivos realizada por Relator Especial
sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en 2010 y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales de 2008 y 2009 y en el
Informe No. 41/15 de 2015 donde se analizan a fondo las ejecuciones extrajudiciales
bajo el modus operandi de falsos positivos.
De igual manera se resalta la importancia que tiene el fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso Villamizar Duran y otros vs. Colombia debido a que
este es el inicio del reconocimiento internacional de la violación a los derechos humanos
en materia de ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano
bajo el modus operandi denominado como falsos positivos lo cual sienta el precedente
judicial para que en adelante se reconozca la responsabilidad del Estado en esta materia.
Finalmente se establece el alcance que tiene el derecho a la honra y dignidad en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como se configura la afectación a este
derecho por parte del Estado colombiano en las víctimas de ejecuciones extrajudiciales
denominadas falsos positivos con base en el caso Villamizar Duran y otros vs. Colombia.
Y de igual manera se señala la necesidad de extender la protección del derecho a la
honra y dignidad a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales
denominados bajo el modus operandi de falsos positivos teniendo en cuenta que el
quebrantamiento del honor, la honra y la dignidad de las víctimas que sufrieron
señalamientos infundados e injuriosos que quebrantaron la reputación, estigma social, el
honor y el buen nombre no se extingue con la muerte de la víctima sino que se extiende
a sus familiares afectando e interviniendo en su vida y el pleno desarrollo de la misma.
12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Colombia ha vivido uno de los conflictos armados más largos y complejos de la época
contemporánea. Según Álzate, Rico y Maza. (2018), manifiestan que este conflicto se ha
prolongado por más de cincuenta años, tal y como se evidencia en los informes
publicados por la Asamblea General de Naciones Unidas. El Estado Colombiano ha
luchado fuertemente contra grupos al margen de la ley como lo son las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), Ejército de Liberación
Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento 19 de abril (M – 19) y
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), convirtiéndose este en uno de los
conflictos armados más relevantes de Latinoamérica según lo expuesto por Benítez
(2014).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe No. 41/15 de 2015,
en donde se analizaron a fondo los Casos 12.335; 12.336; 12.757; 12.711. Gustavo
Villamizar Duran y Otros. Colombia, los cuales dan lugar al precedente judicial en materia
de ejecuciones extrajudiciales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
Sentencia “Villamizar Durán y Otros VS. Colombia”, evidenció que en el periodo
comprendido entre 1990 y 1998 el conflicto armado interno colombiano tomo fuerza por
parte de los paramilitares, toda vez que el Estado colombiano en su “lucha” contra la
guerrilla se unió con estos grupos con el fin de erradicarlos, generando múltiples
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; estas
acciones que generalmente eran promovidas por el Estado con la colaboración de los
grupos paramilitares propiciaron múltiples conductas delictivas, donde aproximadamente
se habrían ocurrido 14.150 asesinatos por motivos presuntamente políticos y 1.588
desapariciones, existiendo un promedio de 78 asesinatos por día.
En cuanto a las desapariciones con aquiescencia del Estado, para el año 2013 estas
aumentaron, según el Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en
Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se registró una cifra total
de 87.837, las cuales se clasificaron en reportes de personas desaparecidas con
situaciones de desaparición sin información, de las cuales aparecieron vivas 17.944
13
personas, aparecieron muertas 2.692 personas y continúan desaparecidas 46.853
personas, para un total de 67.495 personas desaparecidas sin información; y reportes
de personas desaparecidas presuntamente forzadas, de las cuales aparecieron vivas
387 personas, aparecieron muertas 833 personas y continúan desaparecidas 19.122
personas, para un total de 20.342 personas desaparecidas presuntamente forzadas.
Algunas ejecuciones extrajudiciales que han sido perpetuadas por particulares o
agentes del Estado con auspicio del Estado colombiano, han sido conocidas
coloquialmente como “falsos positivos”, las cuales no siempre tuvieron una
categorización jurídica, toda vez que esta denominación nació de los medios de
comunicación colombianos, donde este término era empleado para referirse a las
ejecuciones arbitrarias de civiles fuera de combate según la entrevista realizada a
Fernando Escobar, ex personero de Soacha, por Melo y Rojas (2011) citado por Quintero
(2016, p.21).
Con el pasar del tiempo y con el aumento de esta modalidad de crimen, nace la
necesidad de dar una categorización jurídica, por ello la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el Informe No. 41/15 de 2015, el cual marca precedente ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Villamizar Durán y Otros Vs.
Colombia, hace un estudio de este fenómeno y decide tomar la definición realizada por
la Organización de las Naciones Unidas en el Informe del Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston – Misión a Colombia en
el 2010, el cual denomina este modus operandi como “ejecuciones ilegales de civiles
manipulados por la fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legitimas de
guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate”.
Asimismo en los informes ya mencionados realizados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Organización de las Naciones
Unidas, se evidenció que durante el periodo presidencial del expresidente César Gaviria,
se atribuyó a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado un 50,28% de las
14
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y un 18,98% a grupos paramilitares,
siendo esta una cifra alarmante e inquietante desde el punto de vista internacional.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que en la práctica
de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en la década de los
noventa se vulneraron múltiples derechos contenidos tanto en la en la Convención
Americana de Derechos Humanos, como en la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura, siendo estos con mayor incidencia en el derecho a la vida,
integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección
judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su posición de jurisdicción
internacional de carácter coadyuvante y complementario marca un precedente judicial
con el fallo sobre ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado
colombiano, el cual se denominó como “falsos positivos”, dando a conocer a la
comunidad internacional el modus operandi empleado por agentes de seguridad del
Estado caracterizado por presentar la muerte de civiles como miembros de grupos
armados al margen de la ley dados de baja en combate, empleando diversos
mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de los hechos.
Además de ello se evidencian los factores de impunidad y el patrón de ejecución que
llevaban a cabo los agentes del Estado en la comisión de ejecuciones extrajudiciales en
Colombia para la década de 1990, en donde los integrantes de las fuerzas de seguridad
del Estado colombiano catalogaron a los civiles como “enemigos internos”, es decir que
toda la población civil que vivía en zonas de conflicto armado eran considerados como
colaboradores o miembros de la guerrilla.
Igualmente se expresa el reconocimiento de estas violaciones a los derechos
humanos propiciadas por miembros del Estado y agentes del mismo, por parte de la
Procuraduría General de la Nación mediante el Tercer Informe sobre Derechos Humanos
15
de 1994; de la Corte Constitucional de Colombia mediante sentencia de tutela T-535/15
de 2015; y del informe conjunto del Relator Especial encargado en cuestión de la tortura,
y del Relator Especial encargado de la cuestión de ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias de 1995.
Así, Colombia reconoció parcialmente su responsabilidad ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, señalándose responsable de aquellas vulneraciones que se
derivan de los sentimientos de angustia, dolor e incertidumbre que han tenido que
padecer los familiares de las víctimas ejecutadas, dejando abierta la controversia frente
a las demás violaciones, las cuales fueron objeto de controversia ante el tribunal
internacional, el cual finalmente declaró por unanimidad que el Estado Colombiano fue
responsable de la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad
personal, a la honra y dignidad, y a las garantías judiciales.
En cuanto al derecho a la honra y dignidad consagrado en el artículo 11 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos reitera que la vulneración de dicho derecho se configura cuando las
autoridades estatales rinden declaraciones o emiten comunicados en los que se
incrimina públicamente a una persona por hechos que no han sido judicialmente
comprobados, sobre todo cuando estas declaraciones han sido realizadas por altos
funcionarios del Estado en contra de familiares de las víctimas, y con mayor relevancia
cuando tales declaraciones constituyeron “actos de estigmatización” que les afectaron,
a ellos “y a la memoria” de las víctimas y fomentan la persecución, o la violencia contra
la víctima y sus familiares, según el Informe No. 41/15 de 2015 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta que el
honor puede afectarse subjetivamente mediante la autopercepción o bien sea
objetivamente, lesionando la fama y determinando conductas de terceros respecto del
difamado, entendiendo que la afectación del honor en que se basa la esta corporación
es en el segundo sentido y por ello en virtud de lo expuesto, esta corporación decide
16
proteger y declarar que el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho
a la derecho a la honra y dignidad de algunas víctimas. Aun cuando debió proteger este
derecho a todas.
Por ello con esta investigación se busca dar respuesta al siguiente planteamiento:
¿Cómo el derecho a la honra y dignidad puede ser vulnerado a las víctimas en la
práctica de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos por parte de
particulares con auspicio del Estado y agentes del mismo, de acuerdo al caso Villamizar
Duran y otros Vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
JUSTIFICACIÓN
Importancia.
Esta investigación tiene gran relevancia a nivel social, toda vez que se enmarca en
torno a una problemática que durante décadas ha afectado a la sociedad colombiana,
siendo este el fenómeno de los falsos positivos que a través del tiempo se ha convertido
en una barrera para el cumplimiento de las garantías de verdad, reparación y no
repetición que enmarcan los presupuestos para la terminación del conflicto armado
colombiano.
Viabilidad.
En esta investigación se desarrolla un análisis teórico, de carácter investigativo, que
busca obtener información relevante frente al tema de investigación, con el fin de
esclarecer los vacíos que generan interrogantes frente al tema de las ejecuciones
extrajudiciales en la actualidad.
Pertinencia.
Esta investigación es pertinente a nivel académico, toda vez que es un estudio de las
decisiones administrativas que llevaron a la comisión de ejecuciones extrajudiciales,
provocando múltiples infracciones al sistema interamericano de derechos humanos.
17
MARCO TEÓRICO
De acuerdo a las variables de estudio de esta investigación se analizaron catorce
artículos, los cuales se centran en Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario, Conflicto Armado y Ejecuciones Extrajudiciales. Estos artículos permiten
tener un punto de vista amplio con respecto a los temas de análisis.
Con respecto a los falsos positivos, Olarte-Sierra y Castro (2019) en su artículo “Notas
forenses: conocimiento que materializa a los cuerpos del enemigo en fosas paramilitares
y falsos positivos.”, realizan un estudio de las dimensiones simbólicas y prácticas de los
cuerpos, de la violencia y del conflicto que se llevaron a cabo bajo la política de seguridad
democrática del expresidente Álvaro Uribe, la cual fue empleada por los paramilitares,
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y militares. Los autores parten del
conocimiento forense que producen los cuerpos que se analizaron, los cuales se
entienden como territorios de violencia y conflicto, concluyendo que es evidente la
dimensión política que se perpetró en los cuerpos de las víctimas, co-produciendo el
conflicto y violencia entre víctima y victimario.
Mira y Arenas (2018) en su artículo “El Derecho Internacional Humanitario en las
sentencias de la Corte Interamericana: Un análisis de los casos colombianos.”, realizan
un análisis del Derecho Internacional Humanitario y como ha sido aplicado en los casos
en los que la Corte Interamericana se ha enfrentado con violaciones de derechos
humanos, y como surge la desprotección de las víctimas en el conflicto armado, así como
la aplicación de la justicia transicional, concluyendo que la aplicación del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en casos de conflicto armado interno es
necesario, ya que permiten brindar garantías fundamentales como la son la no repetición
y la reparación integral de las víctimas.
Olasolo y Canosa (2018) en su artículo “La responsabilidad del Superior en el Acuerdo
de Paz en Colombia a la luz del Derecho Internacional.”. Analiza cómo se regula la
responsabilidad de los superiores jerárquicos en el derecho internacional con respecto
al caso colombiano, enfocándose en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia
18
y las FARC y al Acto Legislativo 01/2017, del cual se deriva un estudio frente al Derecho
Internacional Penal y Humanitario, concluyendo que existen diferencias específicas y
significativas frente a la responsabilidad de los agentes del Estado con respecto a los
superiores militares y civiles que incumplen sus obligaciones de prevenir, reprimir o
someter a la autoridad competente los crímenes internacionales por los que son
responsables sus subordinados.
Hernández (2018) en su estudio sobre “La justicia transicional como mecanismo de
reconciliación en el estado colombiano.”. Analiza desde una perspectiva jurídica
constitucional el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, haciendo
un análisis histórico sobre la violencia y los mecanismos judiciales y extrajudiciales que
se llevaron a cabo para dar fin al conflicto armado colombiano y la construcción de una
paz estable y duradera, concluyendo que la reconciliación ha sido utilizada como una
solución al conflicto armado en diversos ordenamientos jurídicos, haciendo que la
aplicación de la justicia transicional sea el instrumento adecuado para lograr la
pacificación y la transformar la sociedad.
Calvo (2018) en su estudio “Familiares de personas desaparecidas forzadamente en
Colombia: un aporte etnográfico al estudio crítico de la justicia transicional.”. Analiza la
experiencia que han tenido los familiares y las victimas de desaparición forzada, su
análisis se enfoca en los procesos de búsqueda de las víctimas y en las reparaciones
que han surgido a raíz de las desapariciones forzadas que se perpetuaron entre los años
2010 y 2013 en Colombia, concluyendo que los mecanismos transicionales que surgieron
del proceso de paz son los adecuados para construir marcos sociopolíticos y jurídicos
que permitan recuperar e identificar el mayor número posible de cuerpos de personas
desaparecidas, recuperando así la dignidad social y moral de todas las personas
desaparecidas forzadamente.
Martínez y Morales (2018) en su artículo denominado “El perdón en los procesos de
justicia transicional. Las dos dimensiones del perdón: el perdón interpersonal y el perdón
de Estado.”. Expone como juega el papel del perdón en los procesos de justicia
19
transicional, haciendo énfasis en el alcance que puede tener el perdón en el ejercicio de
la democracia, teniendo en cuenta que el perdón tiene dos dimensiones, siendo el
primero interpersonal, entendiendo desde el punto de vista de la víctima y el segundo
político o de Estado, entendido como el que el Estado le concede, concluyendo que el
perdón es la base del cambio de una sociedad en transición, ya que cuando se otorga
de una forma condicionada a que los victimarios se comprometan a no volver a cometer
los crímenes del pasado.
Calderón (2016) en su artículo “Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el
posconflicto.”. Estudia las etapas que se han desarrollado durante el conflicto armado
en Colombia, analizando desde una perspectiva teórica, determinando que el conflicto
puede alcanzar un punto máximo e incluso violento, luego disminuir y finalmente
desaparece o reaparece; determinando que el conflicto en sí mismo tiene un propio ciclo
de vida y que Colombia se encuentra en la etapa final, denominada posconflicto, siendo
esta la más compleja, ya que requiere de grandes retos.
Quintero (2016) en su estudio denominado “Las desapariciones forzadas y los “falsos
positivos": Del derecho internacional al derecho administrativo colombiano.”. Realiza un
análisis del impacto del sistema interamericano y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dentro del derecho administrativo colombiano,
este estudia a fondo la reparación integral de las víctimas de los falsos positivos,
comparando la calificación jurídica que se les ha dado en el ámbito nacional con el del
sistema interamericano de derechos humanos.
Comisión interamericana de derechos humanos (2013) en su informe sobre derechos
humanos en Colombia, “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación
de derechos humanos en Colombia.”. En este informe se hace énfasis en la evolución
del conflicto armado interno y su impacto en la protección, goce y ejercicio de los
derechos humanos. A su vez muestra que el conflicto armado interno que ha vivido
Colombia llevo a que se propiciaran múltiples vulneraciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario. Finalmente, la CIDH reconoce que el
20
Estado ha adoptado una serie de medidas de índole legislativa, administrativa y judicial
que buscan culminar con las situaciones violatorias de derechos humanos.
Acerca de los falsos positivos Rueda (2012) en su artículo “Los “falsos positivos” y el
tratamiento de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia en el sistema
interamericano de derechos humanos.”. Indica los sistemas de protección de los
derechos humanos en el ámbito nacional, regional e internacional, centrándose en el
sistema regional, el cual versa sobre el sistema interamericano de derechos humanos;
asimismo el autor se enfoca en la responsabilidad penal que conllevan las ejecuciones
extrajudiciales propiciadas por el Estado y agentes del mismo, y finalmente analiza si la
Corte Penal Internacional es competente para conocer de estos casos.
Rodríguez (2012) en su investigación “Derecho internacional, desnacionalización de
la tropa y derechos humanos en Colombia.”. Analiza el impacto que ha tenido el derecho
internacional en la legislación colombiana en cuanto a la protección de derechos
humanos por parte de las Fuerzas Armadas Colombianas en los últimos 10 años.
concluyendo que es necesario que se hagan modificaciones en cuanto a la formación de
los valores, la moral y el honor militar, para que sean impartidos y solidificados con mayor
énfasis en el ejército y la policía, pues estas son las fuerzas que más irregularidades han
cometido y que tienen mayor contacto con la población civil.
Nogueira (2011) en su artículo sobre “El uso del postulado de proporcionalidad en la
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos sobre libertad de
expresión.”. Realiza un análisis sobre los enfoques que tiene la Corte Interamericana de
Derechos Humanos con respecto al derecho a la libertad de expresión, señalando que
la sanción penal es desproporcionada e ilegítima para castigar la emisión de opiniones
sobre supuestos hechos ilícitos de interés público que involucran a las fuerzas Armadas
y sus miembros, determinando que existe una falta de proporcionalidad en sentido
estricto o la inadecuada ponderación de los derechos.
21
Orduña (2011) en su artículo “La libertad de pensamiento y de expresión vista desde
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”. El autor hace un estudio sobre el
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, con base en la Convención
Americana de Derechos Humanos, y como se ha interpretado y aplicado en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; asimismo analiza el derecho a la honra y a la
dignidad y como han sido objeto de debate ante la CIDH.
Nash (2008) en su artículo sobre “Las relaciones entre el derecho de la vida privada y
el derecho a la libertad de información en la jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos.” Analiza la relación que tiene el derecho a la vida privada y la libertad
de expresión y como se hace una ponderación de estos con base en la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente aborda la legitimidad de la
acción penal para garantizar el derecho a la honra, concluyendo que no es posible
sostener que siempre la libertad de expresión debe imponerse frente a la honra,
independiente de los hechos del caso. Por tanto, esta cuestión se deberá resolver en
cada caso con base en los antecedentes.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la forma en que el derecho a la honra y dignidad puede ser vulnerado a
las víctimas en la práctica de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos
positivos por parte de particulares con auspicio del Estado y agentes del mismo, de
acuerdo al Caso Villamizar Duran y otros Vs. Colombia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Estudiar el sistema regional americano de derechos humanos, haciéndose énfasis
en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a
la honra y dignidad.
2. Analizar la práctica de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos
positivos en Colombia, desde una perspectiva jurídica.
22
3. Establecer la intromisión al derecho a la honra y dignidad realizada por la práctica
de ejecuciones extrajudiciales denominada falsos positivos, de acuerdo al
Caso Villamizar Duran y otros Vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
METODOLOGÍA
La metodología de esta investigación es de tipo teórico – jurídico, toda vez que para
su ejecución es necesario realizar una recolección de información de carácter
documental, recurriendo a libros, artículos, ensayos, monografías, tratados, leyes,
códigos; ya sean físicos o digitales, los cuales permiten al investigador desarrollar
habilidades de selección, revisión y resumen de fuentes de información confiables.
Asimismo, la investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se enmarca en el estudio
teórico referente a las ejecuciones extrajudiciales, con énfasis en el caso Villamizar
Duran y otros Vs. Colombia, con el fin de describir, interpretar y comprender el sistema
interamericano de protección de derechos humanos, en cuanto a la categoría de
protección y forma de reparación del derecho a la honra y dignidad frente a las víctimas.
El método de investigación que se aplicará en esta investigación será el hipotético
deductivo, ya que esta investigación parte de aspectos concretos generales y se
desplaza a los particulares, permitiendo hacer un análisis específico frente a la situación
planteada.
Esta investigación se centra en caso Villamizar Duran y otros Vs. Colombia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el cual es de carácter internacional, permitiendo
que se analicen fuentes nacionales e internacionales, donde las primarias serían los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano, la Constitución
Política de Colombia y las leyes nacionales e internacionales; y las secundarias serian
libros, monografías, artículos, estudios, investigaciones, informes y doctrina de autores
y corporaciones tanto nacionales como internacionales.
23
Capítulo 1. PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD EN EL
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
1.1. Amparo del derecho a la protección de la honra y dignidad ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
El derecho de la protección de la honra y de la dignidad tiene una categorización
supraconstitucional que debe analizarse desde varias perspectivas, toda vez que el
alcance de su protección se ha desarrollado jurisprudencial y doctrinariamente y
asimismo ha logrado tomar fuerza tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
El derecho a la protección de la honra y dignidad puede vulnerarse de diversas formas
y según cada legislación. En legislaciones como la chilena se refuerza el alcance de la
vulnerabilidad de este derecho aceptando la protección del mismo tanto en el sentido
objetivo como en el subjetivo, pero también existen legislaciones como la colombiana
que protegen este derecho solo en el sentido objetivo.
Para algunos autores, como Ramírez (2003) y Petrino (2013), coinciden en que el
honor y la honra no son sinónimos. Es por ello que Fuentes (2011) considera que “la
honra es un derecho fundamental que busca proteger el valor intrínseco de las personas
frente a la sociedad y evitar todo menosprecio o acto difamatorio que lesione la
apreciación o fama que los demás tengan de una persona” (p. 552). Y a su vez Bautista
(2015) resalta que el honor por ser un concepto propio e interno de cada persona al
momento de establecer su afectación puede ser más difícil aunque no desvincula su
vulneración, ya que este por ser una percepción interna y propia de cada individuo
conlleva la vulneración del derecho a la intimidad personal en el cual uno de los
elementos que lo componen es el derecho a la honra específicamente en el honor de
cada individuo.
Según Pfeffer (2000) el honor de una persona puede ser afectado desde su valor,
crédito, confianza, prestigio u otras características que distingan la honorabilidad del
individuo y su afectación puede ser entendida en dos dimensiones, la primera dimensión
24
es la objetiva que se refiere a una valoración de la sociedad que a su vez se reconoce
como la reputación de una persona y la segunda dimensión es la subjetiva la cual se
refiere a la impresión que tiene cada individuo sobre sí mismo, es decir sobre su propia
dignidad o el honor propio. Actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha logrado establecer estas dimensiones y a su vez ha extendido jurisprudencialmente
el alcance del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos para que
proteja este derecho en ambas dimensiones. En la Convención Americana de Derechos
Humanos se protege el derecho a la honra y dignidad en su artículo 11, el cual no solo
abarca la vida privada y la intimidad de las personas sino la de su familia y de aquellos
que los rodean, logrando establecer estándares que permiten analizar la protección de
este derecho en diferentes sentidos, principalmente en la honra y reputación de las
personas.
En este sentido, el honor y la honra gozan de igual protección en la Convención
Americana de Derechos Humanos y por ello la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha logrado construir una línea jurisprudencial donde se analiza el alcance de
la protección de este derecho con los casos Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú,
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Masacres de Ituango Vs. Colombia, Penal
Miguel Castro Castro vs. Perú, Escué Zapata vs. Colombia, Tristán Donoso vs. Panamá,
Escher y otros vs. Brasil, Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Fernández Ortega y otros
vs. México, Rosendo Cantú y otra vs. México, Contreras y otros vs. El Salvador, Familia
Barrios vs. Venezuela, Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Atala Riffo y niñas vs.
Chile, Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, Uzcátegui y otros vs. Venezuela,
Masacres de Río Negro vs. Guatemala, Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs.
El Salvador, Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, Caso Artavia Murillo
y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica, Mémoli vs. Argentina, personas
dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, Rochac Hernández y
otros vs. El Salvador, Rodríguez Vera y otros (“Desaparecidos del Palacio de Justicia”)
vs. Colombia, Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú, Velásquez Paiz y otros
vs. Guatemala, López y otros vs. Argentina, Flor Freire vs. Ecuador, I.V. vs. Bolivia,
25
Acosta y otros vs. Nicaragua, Isaza Uribe y otros vs. Colombia, Villamizar Durán y otros
vs. Colombia, Villaseñor Velarde y otros vs. Guatemala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado en algunos informes
como el Informe Nº 43/96 de 1996, el Informe Sobre Democracia y Derechos Humanos
en Venezuela de 2009, el Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos en las Américas de 2011, que el derecho a la
protección de la honra y dignidad se vulnera cuando se emiten declaraciones o
comunicados en los que se señala, culpa o se estigmatiza a una persona con hechos
que no han sido probados judicialmente. Asimismo, en el Informe Nº 43/96 de 1996 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala expresamente que estos actos
conllevan a una actitud de hostigamiento público en contra de la víctima.
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los fallos frente al
derecho de la protección de la honra y dignidad ha logrado expandir el alcance de la
protección de este derecho haciendo que poco a poco este adquiera más relevancia en
cuanto al amparo de este derecho, ya que la primera vez que se declaró la vulneración
del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos fue en el año 2004
con el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, donde la Corte Interamericana
de Derechos Humanos se vio en la necesidad de aplicar disposiciones jurídicas que para
el caso las partes no habían invocado explícitamente y por ello decidió aplicar el principio
iura novit curia, el cual ha sido utilizado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en casos como Maritza Urrutia Vs. Guatemala, Myrna Mack Chang Vs.
Guatemala, “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, Cantos Vs. Argentina, entre otros. Asimismo,
Alfonso (2011) y Bohórquez (2013), consideran que el principio iura novit curia es aquella
facultad oficiosa que tiene el juez de valorar distintamente la calificación o el derecho que
las partes invocan, es decir que este principio es aplicable cuando existe un derecho
amparable que se omitió por las partes en el momento de la adecuación típica de los
hechos, siempre y cuando dicha apreciación se encuentre bajo el principio de coherencia
y no interfiera con el derecho de defensa.
26
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha logrado hacer un despliegue más
amplio sobre la protección y el alcance que tiene este derecho, aun cuando las partes no
invocan su protección, por ello este derecho ha tomado más fuerza y ha ganado
relevancia en cuanto al alcance de su protección. Bertoni y Zelada (2014) en su recuento
jurisprudencial señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha
quedado corta en cuanto a la formulación del alcance de este derecho en el marco de la
vida privada, toda vez que aunque existen varios fallos donde se protege de manera
sustancial este derecho, no es suficiente en comparación a otros derechos de la misma
categoría.
Con el precedente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos marco en el
año 2004 con el fallo del Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, se abrió la
puerta para que en adelante este tribunal considerara realizar un análisis más exhaustivo
en los casos donde se pedía la protección del artículo 11 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, lo que posteriormente dio lugar a fallos más relevantes en la
protección de la honra y dignidad.
En el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú se logró probar la vulneración
del derecho a la protección de la honra y dignidad, toda vez que para la época de los
hechos el Estado estigmatizo el buen nombre y la reputación de los Hermanos Gómez
Paquiyauri, señalándolos de “terroristas” y presentándolos ante la sociedad como
delincuentes que habían muerto durante un enfrentamiento terrorista, causando lesiones
en la honra y dignidad de los Hermanos Gómez Paquiyauri y su familia. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos señalo como probado este hecho en la sentencia
de fondo, reparaciones y costas manifestando que la vulneración a este derecho se
configuro en el momento en que las víctimas fueron “tratadas como “terroristas”,
sometiéndolas a ellas y a su familia al odio, desprecio público, persecución y a la
discriminación”.
Para el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicto la sentencia
del Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, protegiendo la vida privada y la
27
inviolabilidad del domicilio. Ante la escasa jurisprudencia que para ese entonces había
desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta decide soportar sus
argumentos con base en los casos Selçuk and Asker v. Turkey, Bilgin v. Turkey, Ayder
and others v. Turkey, Xenides-Arestis v. Turkey, Demades v. Turkey, Yöyler v. Turkey,
Chipre v. Turkey, Akdivar and others v. Turkey del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, la cual ya había desarrollado conjuntamente el derecho a la propiedad privada
y la vida privada y familiar. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un
análisis accesorio y complementario argumentando que el domicilio es el único espacio
adecuado para que el ser humano desarrolle libremente la vida privada y al prohibir el
goce de este derecho se estaría vulnerando el honor personal y familiar. Asimismo
Zelada (2019) hace un análisis donde resalta que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos protegió el derecho a la honra y dignidad en este mismo sentido en el año 2007
con el Caso Escué Zapata vs. Colombia, en el año 2010 con el Caso Fernández Ortega
y otros vs. México, en el año 2011 con el Caso Contreras y otros vs. El Salvador, en el
año 2012 con el Caso Uzcátegui y otros vs. Venezuela, y el Caso Masacres de El Mozote
y lugares aledaños vs. El Salvador, en el año 2014 con el Caso de personas dominicanas
y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, y el Caso Rochac Hernández y otros
vs. El Salvador, y en el año 2015 con el Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara
vs. Perú.
En cuanto a la vulneración del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos
Humanos en el sentido del quebrantamiento de la reputación y el honor, Zelada (2019)
señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el Caso de los
Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, solo se ha referido ocasionalmente en los casos
Tristán Donoso vs. Panamá, Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia y Velásquez Paiz y
otros vs. Guatemala.
En el Caso Tristán Donoso vs. Panamá la Corte Interamericana de Derechos
Humanos resalta que el derecho a la honra y dignidad va más allá de la percepción de
sí mismo o la capacidad, enunciando que la reputación de una persona está ligada al
honor y la dignidad de las personas, pero que este concepto está aislado a la percepción
28
propia de la persona, ya que la esencia de la reputación se desprende la percepción que
la sociedad tiene sobre un particular. Por ello la lesión a este derecho es perjudicial
debido a que una vez lesionado este derecho los sucesos que se desprenden son
innumerables e incitan a la difamación o persecución de las víctimas, produciendo un
quebrantamiento al honor, la dignidad, la fama y la reputación de las personas a quienes
se les acusa o señala de hechos o sucesos que no pueden demostrarse.
Adicional a ello es de resaltar que todo acto o señalamiento de un funcionario público
hacia una persona debe ser demostrable y por ende debe ser conforme a derecho, por
ello en el Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia se reconoce la vulneración de este
derecho por parte del Estado, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos logro verificar que los señalamientos de la supuesta vinculación del señor
Cepeda Vargas con las FARC no correspondían y que a su vez no había lugar a ponderar
el derecho a la honra y dignidad con la libertad de expresión de los funcionarios públicos,
organizaciones o la sociedad en general. En este caso aun cuando el Estado colombiano
reconoció su responsabilidad la controversia continuó, toda vez que los actos de
estigmatización hacia el señor Cepeda Vargas repercutieron y fomentaron el odio hacia
la familia, provocando hostigamientos, desprecio público y persecución hacia la víctima
y los miembros de la familia Cepeda Vargas, en especial luego de la ejecución del
senador Cepeda Vargas.
Debido a esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizo el
reconocimiento de dichos actos de señalamiento y estigmatización de los familiares del
senador Cepeda Vargas, tomando como referencia la Sentencia T-959/06 de 2006 de la
Corte Constitucional. En dicha providencia la Corte Constitucional es enfática al
manifestar que la difusión en medios masivos de comunicación de los mensajes
publicitarios que hacían parte de la campaña de reelección del señor Álvaro Uribe Vélez
en 2006, eran actos que lesionaban el buen nombre y la honra del señor Iván Cepeda
Castro y la de sus familiares, concluyendo que el hecho de acusar a una persona o un
grupo de personas de asesinar o lesionar a otros sin tener prueba de ello, infringe los
límites de la libertad de expresión, toda vez que estas manifestaciones trasgreden todos
29
los límites de la libertad de expresión en todos los sentidos. Así la Corte Constitucional
establece que la única manera de reparar estas lesiones es por la misma vía en que se
causaron, emitiendo comunicados de igual magnitud donde se exprese el retracto de los
actos lesivos de manera explícita y pública, dejando claro que aquellos señalamientos
fueron infundados y atentaban contra el buen nombre, la honra y dignidad de las víctimas.
Para Pfeffer (2000) las lesiones al honor deben protegerse a través de la
responsabilidad civil y penal, por la naturaleza jurídica de los actos que van dirigidos a la
difamación instantánea y que tengan la intención de dañar al otro, los cuales deben ser
corregidos por medio de la misma manifestación.
Para el año 2015 en el Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala la Corte
Interamericana de Derechos Humanos reitero de manera enfática la prohibición de
señalamientos o actos ilegales contra la honra y reputación de las personas, teniendo en
cuenta que el Estado es el responsable de garantizar la protección de este derecho y de
los demás derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos
Humanos, para ello hace la distinción en cuanto a la obligación que tiene el Estado en
calidad de garante de los derechos humanos, diferenciando entre la obligación negativa
que se refiere netamente al respeto y promoción de los derechos humanos y la obligación
positiva que se refiere a la adopción de medidas de carácter político, jurídico,
administrativo y cultural para garantizar, promover y salvaguardar el respeto y no
vulneración de los derechos humanos en la colectividad.
En este mismo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un
señalamiento interesante con respecto a los restos mortales de las víctimas, puesto que
estos merecen un trato digno y respetuoso en todo momento y que ello constituye “una
forma de observancia del derecho a la dignidad humana” por el significado que estos
tienen para sus familiares y allegados, en el mismo apartado se refirió al derecho que
tienen los familiares a celebrar las honras fúnebres de las víctimas y que a su vez se les
respete la honra y dignidad en los actos de tributo de acuerdo a sus creencias, pues este
se considera el último momento de la presencia física de un ser querido, manifestando
30
que todo acto de manipulación de los restos mortales de una persona o irrupción de un
momento íntimo de despedida como lo son los ritos funerarios, constituyen una
afectación a la honra y dignidad de las víctimas y sus familiares.
En el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Villamizar
Durán y Otros Vs. Colombia se pronunció nuevamente con respecto al derecho a la honra
y dignidad, esta vez sin hacer un análisis exhaustivo y limitándose a verificar el
reconocimiento parcial que había realizado el Estado frente a este derecho ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, la Corte no
recurrió al principio Iura novit curia, el cual ha sido aplicado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en casos anteriores argumentando que “el juzgador posee la
facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una
causa, aun cuando las partes no las invoquen” (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Vereda la Esperanza vs. Colombia, 2017, párr.239).
En la misma sentencia se manifestó que en toda sociedad es legítimo que las
autoridades se pronuncien frente a temas de interés público, pero que estos
pronunciamientos deben tener limitantes y ser fundados de forma razonable, también
resalto que las divulgaciones públicas y sobre todo de aquellos que ejercen un cargo
público o una distinción social, deben ser premeditadas y cautelosas, toda vez que estas
tienen un alcance general y pueden tener efectos en algunos sectores de la sociedad,
todo esto con el fin de evitar mal interpretación o manipulación de la información y que
de ahí se desprendan violaciones o acciones lesivas a los derechos fundamentales de
las personas.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que el honor tiene
una doble dimensión y que asimismo puede lesionarse, por ello reitera que “el honor
puede afectarse subjetivamente (autopercepción) o bien objetivamente, lesionando la
fama y determinando conductas de terceros respecto del difamado” (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia,
párr.155). Con respecto a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
31
determinado que la afectación al honor que se ha demarcado jurisprudencialmente es en
el sentido objetivo.
El derecho a la honra y dignidad aunque tenga la versatilidad de transgredirse en dos
dimensiones, ha logrado construir una línea jurisprudencial a nivel nacional e
internacional, toda vez que el alcance enunciado en la Convención Americana de
Derechos Humanos se queda corto, lo que ha obligado a que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos cada vez sea más exhaustiva en el análisis y alcance de la
protección de la honra y dignidad, así como en los parámetros para la reparación de este
derecho.
Aunque en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha
logrado desprender y determinar medidas un poco más exactas y la determinación sobre
la protección de este derecho cada vez es más amplia, aun no es suficiente, toda vez
que actualmente existen limitantes para este derecho y los lineamientos para su
protección siguen siendo ambiguos, ya que en el análisis de fondo de los casos
contenciosos todavía falta indagar más para dar la garantía plena y la debida aplicación
de la protección de la honra y dignidad.
1.2. Titulares de reparación cuando se vulnera el derecho a la honra y dignidad.
En primera medida antes de establecer quienes son catalogados como víctimas, se
hace necesario determinar quién es el garante de los derechos que gozan todas las
personas, en especial de los derechos de aquellas que han sufrido lesiones en sus
derechos humanos.
El primer responsable en garantizar la protección y no vulneración de los derechos
humanos de las personas es el Estado y todos aquellos que lo representan en las
funciones públicas, por ello recae en ellos la responsabilidad y obligación de prevenir,
proteger y sancionar a todos aquellos que vulneren los derechos humanos.
32
En cuanto a la responsabilidad internacional de los Estados, Nash (2009) expone que
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha sintetizado generando una
“relación triangular, donde se relacionan el Estado obligado, los individuos titulares de
derechos y todos los demás Estados –comunidad internacional– como garantes del
respeto a los derechos humanos” (p.15).
Conforme a esto el Fondo de Población de las Naciones Unidas (s.f.) propone en su
forma de trabajo un enfoque basado en los derechos humanos, donde se implementa
una alianza con los gobiernos que en calidad de titulares y garantes de derechos
humanos se encuentran en la obligación de garantizar los derechos humanos en tres
niveles que son “respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho”, implementando las
acciones necesarias para que exista un efectivo respeto y no se limite el disfrute de los
mismos, garantizando que a la par se protejan los derechos humanos de todas las
personas, favoreciendo el pleno desarrollo de los derechos humanos donde se logre
evitar las obstrucciones por parte de los ciudadanos y del mismo Estado, lo que hace
necesario que los Estados adopten medidas coercitivas para evitar la vulneración de los
derechos humanos y que a su vez permitan el libre desarrollo de estos.
Asimismo, en el Informe del Secretario General de la Asamblea General de Naciones
Unidas (2014) en el Marco de medidas para el seguimiento del Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 señala
que en el desarrollo de este marco se reconoce que los gobiernos son los garantes y los
principales actores en la protección de derechos humanos, además reitera que deben
rendir cuentas del cumplimiento y garantía de los mismos.
Como se presentó en el Informe del Secretario General de la Asamblea General de
Naciones Unidas (2014) los gobiernos como garantes de derechos, se ven en la
necesidad de velar por los derechos humanos de sus asociados y para ello deben
implementar leyes que actúen conforme a los principios establecidos en la constitución,
teniendo en cuenta que la legislación interna no es suficiente para lograr una efectiva
protección de los derechos humanos y por ello se hace necesario ratificar tratados
33
internacionales que ayuden a prevenir y sancionar a todo aquel que vulnere de cualquier
forma los derechos humanos.
En la Convención Americana de Derechos Humanos se constituye un procedimiento
estricto que permite analizar a fondo los casos donde posiblemente exista una grave
vulneración a los derechos humanos y que no han tenido una debida investigación o
reparación en la jurisdicción interna. Por ello la Convención Americana de Derechos
Humanos en su artículo 63 prevé esta situación y le otorga la facultad a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para que pueda determinar si hubo o no una
violación a los derechos humanos en cada caso particular y que en su medida sea
investigado conforme al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una investigación
donde emite una recomendación de reparación para las víctimas en la que se evidencie
que se logró satisfacer o menguar los daños causados y asimismo garantizar la no
repetición de los actos lesivos.
Ahora bien, para establecer los sujetos de derecho a quienes se les vulneran los
derechos humanos, es necesario acudir a la parte lesionada, es decir el sujeto pasivo de
la infracción, la cual se equipara con aquellos que sufrieron las violaciones que dieron
lugar a la investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y que posteriormente dio lugar a la eventual verificación por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en donde se realiza un análisis exhaustivo y
determinante que en el momento de establecer quienes son los titulares que deben
obtener la reparación por parte del Estado.
Según Correa (2019), los titulares de reparación no son solo aquellos que sufrieron
directamente las violaciones a los derechos humanos, sino también aquellos que debido
a las lesiones causadas tienen derecho a recibir una reparación. Así las cosas, pueden
ser titulares de reparación los herederos de la víctima y quienes sufrieron los perjuicios
consecuentes a la violación de los derechos humanos.
34
En los casos donde se vulnera el derecho a la vida, es decir donde el resultado de las
violaciones es la muerte, la ejecución o la desaparición, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sido clara en su jurisprudencia, logrando establecer que en estos
casos se le reconoce la titularidad del derecho a las personas que fueron víctimas
directas, a las personas que en medio de la controversia logren demostrar los perjuicios
causados que por lo general suelen ser los familiares de las víctimas directas y sus
herederos.
Por ello cuando se vulnera el derecho a la honra y dignidad se vulnera en primera
medida a la víctima directa al causar un daño moral y material pues este derecho protege
la vida privada y el domicilio. Es decir, el derecho a la honra y dignidad permite el
desarrollo de la vida personal y familiar y que goza de la protección de injerencias
arbitrarias o abusivas, tal y como se dispuso en el Caso de Las Masacres De Ituango Vs.
Colombia, en donde se demostró que la destrucción de los hogares de los pobladores
de El Aro no solo constituía la perdida de bienes materiales y de carácter económico,
sino de un referente social y de condiciones básicas para la existencia de las personas,
lo que configuraba una lesión al derecho a la propiedad, y a su vez a la honra y dignidad
de los habitantes de esta población.
Por ello cuando se trata de establecer quienes son acreedores a las reparaciones por
la violación del derecho a la honra y dignidad, se hace necesario que quienes se hayan
visto perjudicados de algún modo puedan probar el quebrantamiento a su honra y
dignidad durante la controversia suscitada ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ya que en las víctimas directas que han sido ejecutadas o desaparecidas
resulta casi imposible determinar el sufrimiento o quebrantamiento del honor y su
reputación antes de morir. Aunque Correa (2019) manifiesta que en el sentido estricto se
puede inferir que una persona que muere bajo estas condiciones sufre intensamente y
por ello es posible afirmar que el derecho a ser reparada por el sufrimiento causado
momentos antes de su ejecución constituye una indemnización moral para sus
35
herederos. Sin embargo, concluye que la dificultad para determinar el daño moral
causado a la víctima directa puede confundirse con una doble indemnización.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en cuanto al sentido
en el que se vulnera la honra y dignidad, ya que la afectación que se hace objetivamente
es más palpable y determinable para así establecer una reparación directa a las víctimas,
a sus herederos y familiares.
Cabe resaltar que los sujetos a quienes se les vulnera el derecho a la honra y dignidad,
son todos aquellos que se afectan directamente con las acusaciones, señalamientos o
difamaciones, que deterioren el buen nombre o la reputación de ellos o de su familia. Por
ello, las afectaciones a este derecho también pueden reflejarse con actos de odio,
persecución, discriminación, desprecio o humillación pública aún después de la
ocurrencia de los hechos.
Este derecho por ser de carácter moral, en ocasiones no solo afecta a una o varias
personas en particular, sino a toda una población, situación que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha contemplado y ha ido desarrollando jurisprudencialmente en
los casos de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Masacre de las Dos Erres vs.
Guatemala, Masacres de Ituango vs. Colombia, entre otros. Resaltando que es el Estado
el encargado de adoptar las medidas necesarias para garantizar y evitar que hechos
similares vuelvan a ocurrir en el futuro, así como de tomar las acciones necesarias para
que la colectividad se sienta resarcida adecuadamente.
1.3. Materialización de la violación al derecho a la honra y dignidad en las
ejecuciones extrajudiciales.
Algunos tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
36
Europea, Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otros. Se han
encargado de proteger de diversas formas el derecho a la vida, brindando garantías y
sancionando todas las formas de vulneración o impedimento al goce de este derecho.
En este sentido Corral (2005) afirma que el reconocimiento del ser humano como
persona debe complementarse con los aspectos más fundamentales como lo son la vida,
la libertad, la honra, la dignidad y la integridad de los seres humanos los cuales deben
ser respetados y amparados aun en los casos donde la violación pudiera extenderse al
conglomerado social en busca de salvaguardar el bienestar de la mayoría. Por ello, el
derecho a la vida así como todo aquello que lo complementa y forma parte de su libre
desarrollo ha logrado tener una protección cada vez más exacta y una categorización
jurídica más relevante, permitiendo el pleno goce de este derecho. Lo cual ha permitido
que desde organismos internacionales pueda sancionarse a quienes finiquitan con el
goce del derecho a la vida. Tanto así que autores como Nash (2008) y Hillar (2014)
aseguran que la vida digna es más que un derecho puesto que es la esencia del ser
humano y en el mismo sentido es indispensable para la existencia de toda persona
humana y para la enajenación de los demás derechos humanos.
Es de notar que el derecho a la vida goza de una extensa protección, por ser el
derecho humano más importante, puesto que sin este es casi imposible tan siquiera
hacer efectivos los demás derechos humanos, por ello la necesidad de salvaguardar la
vida se hace obligatoria en el Estado social de derecho, haciendo que el amparo sea
permanente e ininterrumpido. Hillar (2014) indica que para todo ser humano el derecho
a la vida es más que un derecho y va más allá, puesto que este en sí mismo constituye
una cualidad inherente e indispensable para la existencia del ser humano y de sus
derechos. Por ello se han creado instrumentos internacionales que se encargan de
cuestionar las violaciones que atentan contra la vida de las personas. Es de resaltar que
la vulneración del derecho a la vida no puede entenderse siempre en el mismo sentido,
ya que “algunas violaciones del derecho a la vida son consideradas como graves
violaciones a los derechos humanos, por lo que no deben ser objeto de amnistías y otros
excluyentes de responsabilidad” (Henderson, 2006, p.283).
37
En este sentido las ejecuciones extrajudiciales se enmarcan dentro de esas graves
violaciones a los derechos humanos, toda vez que estas son en su esencia una
manifestación de violencia y menosprecio por el derecho a la vida materializado por
agentes del Estado. Consecuentemente Araujo-Cuauro (2020) sostiene que en la
actualidad no existe una reglamentación jurídica internacional o regional para las
ejecuciones extrajudiciales y por ello se hace necesario hacer el análisis de las mismas
desde el alcance inagotable que goza el derecho a la vida, entendiendo que este es un
derecho humano fundamental y que al mismo tiempo es un prerrequisito para la
enajenación de los demás derechos humanos.
La privación del derecho a la vida se debe analizar con amplitud, toda vez que este
derecho es susceptible de todo tipo de menoscabo y asimismo puede ser vulnerado en
busca de un ataque sistemático donde se configure un crimen de lesa humanidad.
Consecuentemente Rueda (2012) y Niño (2015) afirman que cuando las desapariciones
forzadas, las torturas y los asesinatos se dan de manera sistemática y a gran escala
estos son catalogados como crímenes de lesa humanidad, tal y como ha sucedido con
las ejecuciones extrajudiciales en el Estado Colombiano. Así Rojas y Benavidez (2017)
resaltan que en 31 de los 32 departamentos de Colombia se perpetuaron ejecuciones
extrajudiciales y que en su mayoría estas fueron ejecutadas por agentes del Estado
colombiano, lo cual en su esencia constituye una sistematicidad y afectación a la
población civil.
Por ello se hace necesario seguir enfatizando que el derecho a la vida no debe ser
condicionado, reprimido o privado. Con respecto a la privación arbitraria o intencional de
la vida Eguiguren (2017) realiza un análisis sobre las decisiones adoptadas en esta
materia por el Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, concluyendo
que para que una vida no sea privada arbitrariamente quien ejecute la acción debe estar
bajo los estándares del uso de la fuerza, los cuales recaen en la legalidad conforme a
los lineamientos internacionales, la necesidad absoluta y último recurso en caso de que
38
no pueda minimizarse el riesgo o sea inevitable, y por último la proporcionalidad de
acuerdo a la gravedad del delito y al objetivo específico perseguido. Estos estándares
suministran elementos decisivos en el momento del esclarecimiento de los hechos.
Aunque existen diversos tratados internacionales que se han encargado de proteger
el derecho a la vida y que a su vez se encargan de regular diversas formas de afectación
y vulneración hacia este derecho fundamental, en la actualidad no existe una definición
oficial o legislación para las ejecuciones extrajudiciales. Debido a esto los doctrinantes
se han encargado de construir una definición por medio de referencias, análisis y
estudios que se han adelantado en esta materia.
Si bien los autores han construido paulatinamente una definición para las ejecuciones
extrajudiciales, puntualizándolas de diversas formas. Henderson (2006) identifica la
“ejecución extrajudicial cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de
agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un
proceso judicial o legal que lo disponga” (pp.284 - 285). Por otra parte, en el Consenso
mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de
búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas,
ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales de 2010 dentro de sus definiciones manifiestan
que:
La calificación de ejecución arbitraria o extrajudicial debe reservarse para los
casos de privación de la vida como consecuencia de homicidios perpetrados por
agentes del Estado o con su apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente los
fallecimientos durante la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos
tratos o de falta de tratamiento médico o de otro tipo (Navarro, Pérez y Kernjak,
2010, p.16).
Consecuente a esto Rubio (2011) precisa que las ejecuciones extrajudiciales
consisten en la privación o agresión de la vida por fuera de la ley, donde se han vulnerado
todas las garantías judiciales y procesales por parte de un agente estatal o un particular
que colabore, tolere, perpetúe, apoye o actué con complicidad, anuencia o aquiescencia
39
de los miembros de la fuerza pública. Lo que para el caso del Estado colombiano debe
ser analizado como parte del conflicto armado interno y como parte de la política de
Estado que propicio el fenómeno de los falsos positivos. Para lo cual Rodríguez (2015)
resalta que este modus operandi consiste en un método de cooperación entre la
población civil y la fuerza pública cuyo resultado recaía en la sistematicidad de la
conducta de ejecuciones extrajudiciales.
Del mismo modo González (2016) señala que las ejecuciones extrajudiciales pueden
denominarse como “la amenaza de muerte o temor inminente de esta, a manos de
funcionarios del Estado, particulares o grupos que cooperan con el gobierno, grupos
paramilitares, así como las personas no identificadas que mantengan lazos con los
anteriores” (p.7).
Definiciones que aún se quedan cortas debido a la amplitud y connotación que
caracterizan a las ejecuciones extrajudiciales como “una de las formas más atroces de
violación de derechos humanos” (Palencia y Murillo, 2015, p.87). Actualmente se puede
evidenciar la trascendencia y algún tipo de regulación que tienen las ejecuciones
extrajudiciales en algunas normas y documentos de organizaciones internacionales,
aunque estos han servido para verificar y regular estas actuaciones, los instrumentos no
son suficientes para regular eficientemente las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y
arbitrarias.
Entre los instrumentos que ayudan a regular de alguna forma las ejecuciones
extrajudiciales se encuentran los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e
Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, aprobado por la
Resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989 del Consejo Económico y Social, la
Resolución 44/159 del 15 de diciembre de 1989 en la 82ª. Sesión Plenaria de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Manual de las Naciones Unidas sobre la
Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o
Sumarias de 1991, el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación De Muertes
Potencialmente Ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
40
los Derechos en 2016 y las directrices o mandatos del Relator Especial sobre
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias.
Por ello en materia de ejecuciones extrajudiciales se debe investigar a fondo las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que produjeron los hechos y conforme a los
Protocolos y Resoluciones establecidas por la Organización de Naciones Unidas. Toda
vez que para los tribunales internacionales en este tipo de vulneración a los derechos
humanos se debe tener en cuenta los grados de intencionalidad cuando los responsables
son miembros del Estado.
Los grados de intencionalidad permiten identificar y determinar la naturaleza de la
violación al derecho a la vida. Araujo-Cuauro (2020) menciona dos elementos clave que
han sido trazados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Relator
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, los cuales son la
intencionalidad que corresponde a los grados de premeditación para que exista la
posibilidad de decisión y oportunidad de ofrecer o aceptar rendirse y el uso de la fuerza
letal donde señala que el único escenario donde es licito el uso de la fuerza letal por
parte de los agentes del Estado es cuando se busca proteger la vida de los mismos o de
otras personas, siempre y cuando el uso de esta sea proporcional a la amenaza.
En cuanto a la materialización del derecho a la honra y dignidad amparado en el
artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es pertinente resaltar
que para que este pueda disfrutarse así como los demás derechos humanos se hace
indispensable gozar del derecho a la vida, por ello cuando se lesiona el derecho a la vida
producto de una ejecución extrajudicial perpetuada por un agente del Estado o con
aquiescencia del mismo, se materializa la vulneración del derecho a la honra y dignidad,
toda vez que este hace parte integra de la dignidad humana a la que tiene derecho toda
persona.
41
El derecho a que se honre el honor, el buen nombre y dignidad de una persona, se
encuentra estrechamente ligado a la vida y el pleno desarrollo de la misma, pues este
derecho es aquel que le da el valor como persona ante la sociedad.
Por ello todo acto encaminado a dañar o lesionar la honra o el honor de una persona
genera un impedimento al pleno desarrollo de las actividades básicas de un ser humano.
Los actos que trasgreden con la vida de una persona y a su vez constituyen lesiones a
la vida privada, el domicilio y el entorno familiar son indicadores que afectan gravemente
la honra y dignidad de los seres humanos, ya que no solo se está finiquitando la vida de
un ser humano, sino que se está estigmatizando el buen nombre, la reputación y la de
su familia ante la sociedad.
1.4. Reparación a las víctimas afectadas en el derecho a la honra y dignidad en
las ejecuciones extrajudiciales.
Toda persona a quien se le vulneren sus derechos humanos tiene derecho a que se
le restituyan, reparen, restablezcan y repongan de manera integral. Rousset (2011)
afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado lineamientos
en materia de reparación que van más allá de las medidas indemnizatorias tradicionales,
planteando medidas de reparación consecuentes a cada caso en particular ajustándose
a las condiciones de evolución social en busca de la plena reparación de las víctimas de
las acciones u omisiones que le sean imputables a un Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en casos como el de los
Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Maritza Urrutia Vs. Guatemala, Myrna Mack
Chang Vs. Guatemala, Bulacio Vs. Argentina, que la reparación de los daños que se
causen por la infracción de los derechos humanos por parte de los Estados debe
obedecer a la plena restitución de los derechos humanos vulnerados, la cual obedece al
principio restitutio in integrum. El cual consiste según la Defensoría del Pueblo (s.f.) en
reparar, desaparecer o mitigar los efectos de los daños causados que se derivaron de
las violaciones cometidas a los derechos humanos y las violaciones graves del derecho
internacional humanitario.
42
Sin lugar a duda las violaciones a los derechos humanos demarcan una afectación en
la vida y el desarrollo personal de los seres humanos, lo cual trae consigo efectos
negativos en su entorno. En especial cuando las lesiones son derivadas de la vulneración
del derecho a la vida. Conforme a esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha dispuesto que en los casos en que no sea posible restablecer íntegramente los
derechos transgredidos por ocasión a la muerte de la víctima, es necesario que se
adopten medidas que garanticen “el respeto de los derechos conculcados, se reparen
las consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el pago de una
indemnización como compensación por los daños ocasionados”. (Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, párr.189).
Por ello, la indemnización o compensación de que trata la Corte Interamericana de
Derechos Humanos debe ser apropiada y proporcional a la magnitud de gravedad que
generaron las violaciones a los derechos humanos y acorde a cada caso en particular.
Conforme al artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos se
despliegan principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre
responsabilidad de los Estados según lo dispuesto por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs.
Guatemala.
Teniendo en cuenta que los daños causados con ocasión a la sistematización y
vulneración del derecho a la vida como víctimas de ejecuciones extrajudiciales y
desaparición forzada la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado en
su jurisprudencia “que es prácticamente imposible la aplicación de la restitutio in integrum
perse como forma de reparar el daño que se ha causado” (Rousset, 2011, p.68). Y por
ello se establece que es necesario que los Estados adopten medidas que brinden
garantías y aseguren que los hechos que dieron lugar a las ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, masacres y demás no se repitan.
43
En cuanto a la reparación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales a las cuales
se les ha vulnerado el derecho a la honra y dignidad, es pertinente determinar que las
formas de reparación que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos
a estas víctimas comprenden todo tipo de sufrimiento, angustia y consternaciones
“causados a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy
significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en
las condiciones de existencia de la víctima o su familia” (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Caso Villamizar Durán y Otros vs. Colombia, párr.228).
Esta forma de reparación de carácter indemnizatorio que ha sido empleada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de privación arbitraria de la vida
se ha fijado por concepto de daño inmaterial, toda vez que los perjuicios morales según
Gómez (2007) representan un aspecto muy relevante de acuerdo a los hechos que
dieron lugar a las violaciones de los derechos humanos, los cuales no deben ser
descuidados o menospreciados en las reparaciones.
A las víctimas de ejecuciones extrajudiciales catalogadas con el modus operandi de
falsos positivos además de la violación arbitraria del derecho a la vida se les ha generado
afectaciones al derecho a la honra y dignidad, causándoles daños incalculables a su
honor, honra, reputación y dignidad, donde se han visto estigmatizadas y perseguidas
por las supuestas acusaciones o señalamientos que se hicieron en su contra y que a su
vez han afectado a sus familiares aun después de su muerte. En el momento de la
ocurrencia de los hechos las víctimas fueron despojadas de su vida y a su vez de la vida
digna a que tenían derecho de gozar, por ello no existe reparación per se que permita
resarcir en totalidad estas afectaciones a la moral.
44
Capítulo 2. CONTEXTUALIZACIÓN JURÍDICA DE LAS EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES DENOMINADAS FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA.
2.1. Contexto histórico de los falsos positivos.
El conflicto armado interno colombiano ha sido catalogado como uno de los conflictos
armados más largos en la actualidad Padilla y Bermúdez (2016), extendiéndose por más
de 50 años Álzate, Rico y Maza (2018) haciendo que se ejecutaran hechos atroces en
todo el territorio colombiano. A su vez provocando graves infracciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario según el Informe del Relator Especial
sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en 2010. Por ello, el gobierno
colombiano con el afán de erradicar los actores armados, es decir, el enemigo, emitió
diversos mecanismos para menguar el conflicto.
Entre las estrategias del Estado colombiano para erradicar o minimizar la presencia
de grupos guerrilleros y paramilitares decidió militarizar varias zonas del país según lo
expuesto en el Informe No. 41/15 de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Provocando constantes enfrentamientos por la constante disputa que tenían
por el territorio y los recursos naturales de las zonas más vulnerables del país
convirtiéndose en el día a día de las zonas rojas, provocando la muerte de militares,
guerrilleros, paramilitares y miembros de la población civil.
En cuanto al enemigo señalado por el gobierno en medio del conflicto armado interno
colombiano Giordano y Rodríguez (2019) afirman que el objetivo militar en medio del
conflicto armado interno no solo eran los grupos guerrilleros, sino que también fueron
señalados los miembros de la población civil que iban en contra de las políticas del
Estado que buscaba “erradicar” de forma arbitraria el conflicto armado. Por ello los
miembros de las comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, líderes
sociales, estudiantes y maestros fueron señalados como enemigos por ser
“colaboradores de la guerrilla”.
45
En el mismo sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en el
Informe No. 41/15 de 2015 que en la época de los noventa la categoría de “enemigo
interno” era aplicada a toda persona que ayudaba o servía de cualquier forma a la
guerrilla, sin importar si se encontraban coaccionados o no. Igualmente se señalaba a
todo aquel que mostraba oposición o insatisfacción a las políticas económicas y sociales
del gobierno.
Una de las múltiples consecuencias de los mecanismos adoptados por el gobierno
para acabar con el enemigo interno se conoce como “falsos positivos”, denominación
que no se encuentra tipificada en ninguna legislación, es decir que es inexistente a la
vida jurídica por ser una denominación que nació de los medios de comunicación según
lo expuesto por Quintero (2016). Dicha denominación fue empleada coloquialmente para
referirse a los múltiples asesinatos de civiles fuera de combate y que seguidamente
habían sido presentados como bajas positivas en medio de un enfrentamiento armado.
Sin lugar a duda los hechos que dieron lugar al fenómeno de los falsos positivos llamo
la atención de la sociedad y de organismos internacionales, toda vez que la ejecución de
civiles inocentes a manos de las fuerzas militares era concebido como un hecho
inhumano, pero que posteriormente se recrearan y simularan las escenas de crimen,
eliminando todo rastro o evidencia para luego presentarlos como una baja positiva en
medio de un combate y así poder acceder a una bonificación o beneficio económico y de
estabilidad laboral era un hecho degradante, cruel, desalmado y despiadado y que solo
reflejaba la inhumanidad que se estaba viviendo en Colombia. Esto no solo significaba
la pérdida de credibilidad institucional puesto que además de ser un hecho aborrecido
por la sociedad, se convirtió en viva muestra de deslegitimación del Estado por ser un
acontecimiento que va en contra de todos los principios y valores inculcados en la
institucionalidad, siendo esto un hecho sin precedentes a nivel internacional.
Del mismo modo el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la
Paz [CINEP/PPP] (2011) resalta que el grado de implicación de las fuerzas militares del
Estado en la práctica de ejecuciones extrajudiciales bajo el modus operandi de falsos
46
positivos compromete íntegramente la legitimidad de las entidades Estatales, ya que la
implicación de los miembros de las fuerzas armadas pone en tela de juicio la eficacia y
transparencia de quienes representan la institucionalidad en el Estado colombiano.
Por otra parte, el uso de la denominación “falsos positivos” no fue exclusivo de los
medios de comunicación, pues este empezó a ser utilizado coloquialmente para hacer
alusión a aquellas muertes que se presentaron sistemáticamente en todo el país según
el Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
(2014). De igual forma Barreira, Gonzales y Trejos (2013) señalan que este término fue
empleado por los militares en medio de su jerga para asociar a las víctimas que
pretendían “legalizar”. En este mismo sentido (Rubio, 2011) precisa que:
Teniendo en cuenta que en la terminología militar, un “positivo” es una baja
enemiga legítima, es decir, un hecho producido legalmente en el contexto de la
guerra, no se trataría de un término “periodístico”, empleado con fines meramente
publicitarios, sino de un verdadero concepto técnico, que, además, traduce una
grave violación de derechos humanos, por cuanto no sólo se priva arbitrariamente
de la vida a un inocente, sino que se lo priva también de su buen nombre y honra
(p.31).
Razón por la cual la denominación de falsos positivos se hizo popular en el año 2006
cuando el gobierno pretendía demostrar la efectividad de las políticas adoptadas con el
fin de erradicar y “poner en cintura a la guerrilla, ocultando el lado más siniestro de la
Política de Seguridad Democrática” (Giordano y Rodríguez, 2019, p.27). De igual forma
Rodríguez (2015) afirma que para el año 2008 la denominación de falsos positivos tomo
fuerza gracias al escándalo de varios asesinatos que se produjeron de forma sistemática
y se vieron involucrados miembros del Ejército Nacional. Dichos miembros del Ejército
Nacional fueron señalados de ejecutar a “civiles inocentes para hacerlos pasar como
miembros de grupos subversivos, de bandas criminales y de delincuencia común
abatidos en combate, con la finalidad de presentar resultados “positivos” a sus
superiores” (Rueda, 2012, p.59). Aunque la Organización de las Naciones Unidas [ONU]
47
(2010) afirma que “las pruebas documentales indican que comenzaron a ocurrir con una
frecuencia alarmante en toda Colombia a partir de 2004” (p.8).
Algunos autores como Rueda (2012) y Giordano y Rodríguez (2019), concuerdan con
el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias en 2010 al señalar que el fenómeno de los falsos positivos se remonta a la
década de los ochenta. Época donde el paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico
azotaban gran parte del territorio colombiano (Árboleda, 2013).
Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Segundo y Tercer
Informes sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, decidió realizar un
análisis sobre el impacto que tuvieron los derechos humanos en la época de los
noventas, enfatizando en el patrón de ejecuciones extrajudiciales en Colombia,
catalogando este patrón con el modus operandi de “falsos positivos”, en el cual los
actores de este fueron en su mayoría los miembros de las fuerzas armadas, grupos
guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo (FARC - EP), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), El Movimiento 19 de Abril (M-19), las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) y los miembros de la población civil.
En dichos informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenció que
el derecho a la vida era el más lesionado y que llegaba a un nivel inaceptable, ya que
este en promedio se vulneraba alrededor de 78 veces por día y que respecto a las
ejecuciones propiciadas por los miembros de las fuerzas armadas la mayoría eran
ocurridas fuera de combate, también evidenció que según las estadísticas oficiales de
los Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas, las cifras de
homicidio de los 15 años anteriores a 1995 aumentaron de unos 10.000 en 1980 a 20.000
en 1988 y se aproximaron a 30.000 en 1994, situación que durante el periodo
presidencial de César Gaviria no mejoró, ya que según el Relator Especial encargado de
la cuestión de la tortura informó que cada año se cometieron de 28.000 a 30.000
asesinatos donde se le atribuyó conjuntamente a los miembros de las fuerzas de
48
seguridad del Estado un 50,28% y un 18,98% a los grupos paramilitares, llegando a un
69,26% de las ejecuciones extrajudiciales propiciadas entre 1990 y 1994.
De igual forma el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz
(2011) logra recopilar y seleccionar los casos de ejecuciones extrajudiciales que se
llevaron a cabo con el patrón de falsos positivos, dando a conocer que el primer caso de
falsos positivos fue reportado el 3 de octubre de 1984, con el caso del joven sociólogo
Luis Fernando Lalinde Lalinde, el cual fue privado de la libertad por miembros de las
fuerzas militares, los cuales nunca aceptaron haber privado de la libertad a Luis
Fernando Lalinde Lalinde. Por ello desde el momento de la ocurrencia de los hechos se
tuvo como desaparecido y no se supo nada de su paradero hasta después de doce años
cuando se comprobó que Luis Fernando Lalinde Lalinde había sido dado de baja y
presentado como un guerrillero bajo el alias de “Jacinto”.
Desde el reporte del caso de Luis Fernando Lalinde Lalinde el Centro de Investigación
y Educación Popular / Programa por la Paz (2011) logró registrar un total de 951 casos
de ejecuciones extrajudiciales caracterizadas bajo el modus operandi de falsos positivos,
señalando que esta práctica correspondía a una Política de Estado. Ya que “los
resultados en las operaciones por los que el gobierno presionaba e incentivaba no eran
otros que muertes humanas, consideradas como resultados positivos” (Niño, 2015, p.54).
De igual forma la Corte Penal Internacional en su reporte Situación en Colombia –
Reporte Intermedio en 2012 señaló que existe fundamento suficiente para señalar que
los casos de falsos positivos corresponden a una Política de Estado, la cual no tiene que
haber sido concebida por los altos mandos, sino que podría haber sido adoptada por
instancias regionales, enfatizando que la adopción de estos actos constituye en todo
sentido una Política de Estado.
Para la sociedad colombiana la política de incentivos o recompensas para quienes
colaboren con la justicia no es un hecho desconocido o novedoso, toda vez que es un
suceso que se ha presentado durante varias décadas convirtiéndose en una especie de
49
cultura de “retribución”. Con la entrada en vigor de la Política de Seguridad Democrática
el sistema de recompensas e incentivos se perfeccionó, brindándole a grupos
paramilitares la posibilidad de reinsertarse a la vida civil a cambio de ser informantes o
reclutadores del gobierno con el fin de ayudar a capturar o dar de baja a miembros de
grupos armados al margen de la ley según la Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos y la Federación Internacional de Derechos Humanos (2012).
Esta modalidad de recompensa o retribución por parte del gobierno colombiano
incentivó tanto a civiles como a miembros de las fuerzas armadas militares a “buscar”
desesperadamente positivos con el fin de recibir dinero o dadivas que les proporcionaba
el gobierno de una manera fácil y efectiva. Es por eso por lo que la población nacional e
internacional ha repudiado profundamente esta modalidad de “erradicación del
enemigo”.
Algunas organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular /
Programa por la Paz (2011), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la
Federación Internacional de Derechos Humanos (2012), el Centro Nacional de Memoria
Histórica (2013), el Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-
Estados Unidos (2014), entre otros, han evidenciado en diversos informes que la
aparición de falsos positivos logró expandirse y constituirse como sistemática debido a
dos factores importantes introducidos por el gobierno, los cuales son la necesidad o afán
del gobierno para mostrar resultados positivos de su Política de Seguridad Democrática
y el pago de recompensas o incentivos a quienes pudieran presentar resultados positivos
o a quienes dieran información sobre miembros de grupos guerrilleros.
Así, el gobierno colombiano en la lucha contra los grupos al margen de la ley en medio
del conflicto armado interno ha ejercido cierta presión a los miembros de las fuerzas
militares para mostrar resultados positivos que lograran demostrar que se seguía
ganando terreno contra los enemigos, situación que en ocasiones obligó a que miembros
de las fuerzas militares llevaran a cabo ejecuciones de civiles y los presentaran como
“positivos” ante sus superiores. Conforme a esto el Informe del Relator Especial sobre
50
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en 2010 resalta que algunos altos
funcionarios del gobierno recalcaron que “es evidente que entre los militares el resultado
satisfactorio solía medirse en términos del "número de bajas" del enemigo, es decir, de
miembros de las FARC y de otros grupos muertos en combate” (Organización de las
Naciones Unidas [ONU], 2010, p.13). Hecho que evidentemente es reprochable debido
a la arbitrariedad del actuar de los militares, ya que el resultado satisfactorio en medio
del conflicto armado debería medirse en resultados efectivos y conforme a los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario y no en supuestas bajas del enemigo
que finalmente terminaban siendo civiles inocentes revestidos de guerrilleros (Niño,
2015).
En algunos sectores del territorio colombiano con la necesidad de presentar resultados
ante el gobierno y la ausencia de grupos armados al margen de la ley hizo que algunos
miembros de las fuerzas militares optaran por la vía “fácil” elaborando una escena de
combate y asesinando civiles que eran presentados falsamente como miembros de
grupos guerrilleros haciendo parecer que las unidades militares que se encontraban en
la zona estaban tomando medidas contra el enemigo, según el informe de la
Organización de las Naciones Unidas (2010). Situación que evidentemente para los
miembros de las fuerzas militares resultaba más fácil y menos arriesgado, puesto que no
implicaba entrar en combate con grupos guerrilleros.
Con respecto a las recompensas otorgadas por el gobierno colombiano a informantes,
reclutadores o a quienes suministraran información sobre grupos guerrilleros, que al final
de cuentas “eran civiles que contribuían a la actividad delictiva atrayendo o reclutando a
las víctimas con información falsa para luego entregarlas al Ejército que se encargaba
de la ejecución y de simular la baja en combate” (Coordinación Colombia-Europa-
Estados Unidos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012, p.9). El
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en 2010
señaló que la política de recompensas en Colombia se ha regulado bajo Directivas
Ministeriales de Carácter Confidencial. Sin embargo, resalta que la Directiva Ministerial
Permanente No.29/2005 de 2005 ha circulado ampliamente causando conmoción y
51
rechazo ante la sociedad. Por su parte el gobierno manifiesta que con respecto a la
Directiva Ministerial No.02/2008 de 2008 y la Directiva Ministerial No.01/2009 de 2009
por ser de carácter confidencial no es de conocimiento público. Para el Relator Especial
sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, esta situación es bastante
preocupante, toda vez que no se tiene certeza sobre la supervisión y transparencia con
respecto a los pagos, lo cual podría constituir una fuente de financiación para que los
militares puedan pagarle a los reclutadores que les proporcionaban información o
colaboraban en la comisión de falsos positivos.
Por ello, la Corte Penal Internacional (2012) mostro su preocupación por la
insuficiencia de la actividad procesal y judicial en los casos de asesinatos de civiles
inocentes por parte de los miembros de las fuerzas militares bajo el modus operandi de
falsos positivos, toda vez que la muerte de civiles se llevó a cabo para obtener incentivos
económicos por parte del Estado e incrementar el porcentaje de éxito que tenía la Política
de Seguridad Democrática que buscaba dar por terminado el conflicto armado
colombiano. Señalando que para el año 2012 se estarían investigando 1.669 casos de
falsos positivos en los que el número de víctimas podría llegar a 2.896 según el reporte
enviado por la Fiscalía General de la Nación y se habían condenado a 207 miembros de
las fuerzas armadas por asesinato de civiles y 28 condenas por complicidad y
encubrimiento del asesinato de civiles bajo la competencia de la Corte Penal
Internacional.
Actualmente las cifras reales de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos
positivos son inciertas según Rojas y Benavidez (2017) debido a la falta de denuncia de
las víctimas, amedrentamiento de las víctimas por parte de las fuerzas militares, tácticas
militares y de poder e incluso aspectos ideológicos. Razones que han sido un obstáculo
para garantizar el derecho a la memoria. El cual según el Centro Nacional de Memoria
Histórica (2013) permite esclarecer hechos, establecer los motivos, intereses e
intenciones de quienes ordenaron, ejecutaron y materializaron los hechos atroces que
terminaron en el asesinato de miles de civiles inocentes, ocasionando graves daños e
impacto en sus vidas y en sus derechos humanos. Afirmando que:
52
Hacer memoria de la violencia es también hacer memoria de los cambios
indeseados, de los seres, los entornos, las relaciones y los bienes amados que
fueron arrebatados. Memoria de la humillación, del despojo, de los proyectos
truncados. Memoria de la arbitrariedad y de la ofensa. Memoria del enojo, de la
rabia, de la impotencia, de la culpa y del sufrimiento (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2013, p.25).
2.2. Sujetos en la práctica de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos
positivos.
El conflicto armado interno colombiano es una situación que ha afectado a varias
generaciones de manera directa e indirecta, puesto que no es una situación aislada o
que pueda ocultarse a simple vista ya que es de conocimiento internacional.
Durante el conflicto armado interno colombiano se han propiciado múltiples delitos que
han vulnerado los derechos humanos e infringido el derecho internacional humanitario.
Por ello Niño (2015) resalta que el conflicto armado que se ha vivido “ha sido, en general,
marco político de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, ha sido empleado por los
diferentes gobiernos como justificante de políticas represivas, contra la población civil y
en gran medida contra los no combatientes” (p.10). Razón por la cual Buritica (2017) ha
concluido que el patrón y puntos móviles de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia
han variado conforme a la situación política, económica y social, por lo que los modos de
perpetración han mutado y en ocasiones han sido perfeccionados en cuanto a su
reiteración y sistematicidad.
El patrón de ejecuciones extrajudiciales puede variar dependiendo de los factores que
se evidencien en el entorno social, pero el resultado siempre es el mismo. Conforme a lo
expuesto por Henderson (2006) existen factores claves para identificar si existe o no la
práctica de ejecuciones extrajudiciales en situaciones de conflicto armado interno,
destacando que el primer factor se refiere a la participación del Estado, el segundo se
refiere a la privación arbitraria de la vida de una o más personas y el tercero hace alusión
53
a la existencia de un patrón o modus operandi. Acentuando que en la práctica de
ejecuciones extrajudiciales en situaciones donde se vive un conflicto armado interno
existen ejecuciones extrajudiciales selectivas, sistemáticas y generalizadas que
contaban con la aquiescencia del Estado o que habían sido diseñadas por el mismo.
Para el caso de los falsos positivos es evidente que se está bajo la categorización
jurídica de ejecuciones extrajudiciales, toda vez que se ha comprobado por parte de
organismos nacionales e internacionales que el asesinato de civiles en medio del
conflicto armado en diferentes ocasiones corresponde a ejecuciones extrajudiciales bajo
el modus operandi denominado falsos positivos.
En la práctica de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos se
desconoció rotundamente la aplicación del principio de distinción, el cual hace parte de
los Principios Fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y autores como
López (2009), Conejos (2012) y Buritica (2017) han referido que su objetivo obedece al
deber de distinguir entre los combatientes que son las personas que participan en las
hostilidades y quienes intervienen o actúan directamente en el combate, y de los no
combatientes que son las personas civiles que se encuentran protegidas conforme al
Derecho Internacional Humanitario.
Del mismo modo Bonilla (2017) destaca que en Colombia se excluyó la aplicación del
principio de distinción en el momento en que la población civil fue vinculada en el conflicto
armado con el fin de obtener incentivos económicos para combatir a los grupos al margen
de la ley. Por ello en el contexto del conflicto armado interno colombiano debió darse
aplicación del principio de distinción bajo el entendido de que:
En la conducción de las operaciones militares se debe hacer una diferenciación
entre los combatientes y los no combatientes, y entre los objetivos militares y los
bienes civiles. La primera es una distinción de personas y la segunda una
distinción de cosas. El propósito de esta diferenciación es que las hostilidades se
libren entre combatientes y contra objetivos militares para que en ninguna
54
circunstancia afecten a los no combatientes y a los bienes civiles (Valencia, 2013,
p.157).
Si bien resulta evidente que en la práctica de ejecuciones extrajudiciales denominadas
falsos positivos se omitió la aplicación del principio de distinción. Por ello se hace
necesario diferenciar los sujetos que intervienen en este patrón de ejecuciones
extrajudiciales con el fin de señalar quienes son los sujetos activos y pasivos al momento
de realizar la adecuación típica de esta conducta.
Conforme al principio de distinción, se infiere que en la práctica de ejecuciones
extrajudiciales denominadas falsos positivos se distinguen como sujetos que intervienen
en este patrón de ejecuciones extrajudiciales los combatientes, las personas que
participan directamente en las hostilidades y las personas protegidas conforme al
derecho internacional humanitario.
En cuanto a los combatientes y a las personas que participan directamente en las
hostilidades Valencia (2013) define que estos corresponden a “los miembros de las
fuerzas armadas de una parte en conflicto y los miembros de organismos paramilitares
o servicios armados incorporados a las fuerzas armadas, con excepción del personal
sanitario o religioso” (p.162). En este sentido se destaca que estas son aquellas que
participan activa y directamente con los grupos armados organizados y a su vez hacen
parte integra de los mismos, ya sean parte de las fuerzas militares o de los grupos al
margen de la ley.
Por otra parte, se encuentran las personas protegidas conforme al derecho
internacional humanitario, las cuales hacen parte de la población civil, es decir que son
todas aquellas personas no combatientes. Valencia (2013) señala que estos son todos
los individuos que constituyen la población civil y que no forman parte integrante de las
fuerzas armadas o que han sido puestos fuera de combate por haber sufrido alguna
herida, enfermedad o por estar detenidos.
55
Por lo anterior es pertinente señalar que existen personas que hacen parte de la
población civil y participan indirectamente en el conflicto armado interno, ya sea porque
no simpatizan con las políticas económicas y sociales del Estado o porque han sido
coaccionadas por miembros de grupos armados al margen de la ley o por miembros de
la fuerza pública, razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha señalado en su Tercer Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia
de 1999 que las personas civiles que apoyen de una u otra forma indirectamente las
hostilidades no podrán ser catalogadas como combatientes, puesto que la colaboración
indirecta no constituye un acto de violencia o una amenaza inmediata de daño a la
contraparte.
Los “positivos” que fueron ejecutados y presentados como dados de baja en medio
del combate, en su mayoría correspondían a miembros de la población civil
pertenecientes a sectores de escasos recursos, miembros de comunidades indígenas,
afrodescendientes, campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos, entre
otros. Por ello, la calificación de “enemigo interno” que realizó el Estado colombiano en
la época de los noventa evidenciado en el Informe No. 41/15 de 2015 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos muestra que la práctica de ejecuciones
extrajudiciales bajo el modus operandi de falsos positivos constituye una grave infracción
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, toda vez que los sujetos
pasivos en la adecuación típica de la conducta serían las personas protegidas conforme
al derecho internacional humanitario a las cuales se les excluyó de la aplicación del
principio de distinción.
2.3. Intervención de las Fuerzas del Estado en las ejecuciones extrajudiciales
denominadas falsos positivos.
Según Calderón (2016), la violencia generada por el conflicto armado interno en el
Estado colombiano ha dejado miles de víctimas a su paso logrando posicionarse como
uno de los conflictos armados más largos del mundo. Por ello históricamente el Estado
colombiano ha hecho su mayor esfuerzo para lograr la paz en todo el territorio
colombiano. Razón por la cual el gobierno ha impuesto medidas en busca de mejores
56
condiciones para los colombianos. Sin embargo, no siempre los resultados fueron los
esperados y por ello en lugar de minimizar los efectos causados por la violencia se
propiciaron hechos que llevaron a grandes violaciones de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario en casi todo el territorio colombiano (Valencia, 2013).
Una de las causas que generó conmoción en el Estado colombiano en los años
noventa fue la creación de las “Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural” o más
conocidas como las “Convivir” bajo el amparo del Decreto Ley 356 de 1994. Según
González (2016). La creación de las “Convivir” prolifero el despliegue del paramilitarismo
en gran parte del territorio colombiano causando la legalización de las autodefensas. Con
forme a esto, las Convivir se dedicaban a trabajar juntamente con la fuerza pública
colombiana prestando labores de defensa, inteligencia y apoyo en los casos de
criminalidad rural en el territorio colombiano.
Según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Observatorio de
derechos humanos y derecho humanitario (2013). Con la activación de las Convivir el
auge del paramilitarismo en el departamento de Antioquia propicio una serie de
asesinatos políticos y ejecuciones extrajudiciales las cuales permitían tener el control del
territorio y el despliegue a las demás regiones del territorio antioqueño en busca de una
articulación entre ganaderos, empresarios, fuerzas armadas, narcotraficantes y grandes
propietarios de tierras. A finales de los años noventa los grupos paramilitares tenían
presencia en casi todo el territorio colombiano lo que genero el aumento en la práctica
de ejecuciones extrajudiciales y la ejecución de masacres como de la de Mapiripán, el
Aro y la Granja cuyos hechos fueron dirimidos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Adicional a ello el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Justicia y Paz mediante Sentencia 110016000253200680077 evidenció que las
Autodefensas Unidas de Colombia – AUC propiciaron entre los años 1995 y 2000
ejecuciones extrajudiciales como la del caso de los 19 comerciantes y alrededor de 62
masacres en la región de los Montes de María que dejaron desplazadas a 20.677
personas.
57
Grafica 1. Victimas de Ejecuciones Extrajudiciales reportadas por departamento
entre el periodo 1994-2001.
Grafica elaborada conforme a los datos recopilados por el banco de datos de la Coordinación Colombia-
Europa-Estados Unidos y el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario (2013)1.
Seguido a esto la Política de Defensa y Seguridad Democrática que estuvo vigente
entre los años 2002 y 2010 genero incertidumbre en la ciudadanía colombiana, toda vez
que esta medida adoptada por el gobierno promovía el incentivo por resultados positivos
1 Recuperado de Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Observatorio de derechoshumanos
y derecho humanitario. (2013). Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la política de defensa y seguridad democrática. Documentos temáticos n.º 8. Bogotá, Colombia: Ed. Códice Ltda.
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Antioquia Bolivar Arauca Santander Norte de Santander
Valle Cesar Sucre Meta Bogotá
Putumayo Caquetá Cauca Córdoba Cundinamarca
Casanare Chocó Magdalena Tolima Huila
Atlántico Caldas Vichada La Guajira Nariño
Boyacá Risaralda Guiainía Guaviare
58
que posteriormente dieron lugar al aumento de ejecuciones extrajudiciales bajo la
denominación de falsos positivos.
Durante los dos primeros años de vigencia de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática se registraron de forma masiva afectaciones y vulneraciones a los derechos
básicos de los ciudadanos colombianos. Donde se evidenciaron detenciones,
persecuciones, registros y controles arbitrarios e ilícitos que en su mayoría estaban
acompañadas de una serie de artimañas y actividades ilegitimas por parte de las fuerzas
estatales vulnerando el derecho a la vida, la libertad, la intimidad y la integridad personal.
Lo cual era contrario al objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática que buscaba garantizar la seguridad de la ciudadanía con la recuperación
del territorio colombiano por parte del Estado y así poder combatir el narcotráfico y las
distintas formas de crimen organizado. Lo que propicio a que las detenciones,
persecuciones, registros y controles arbitrarios e ilícitos se llevaran a cabo
simultáneamente con la perpetración de ejecuciones arbitrarias a civiles por parte de las
Fuerzas de Seguridad del Estado Colombiano, convirtiéndose en una práctica masiva y
sistemática que se dio a conocer como “falsos positivos”. (Coordinación Colombia-
Europa-Estados Unidos y el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario,
2013).
2.4. Patrón de ejecuciones – Modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales
denominadas falsos positivos.
Con la presión del Estado colombiano para mostrar resultados positivos en la lucha
contra los grupos al margen de la ley se le reconocieron incentivos económicos,
laborales, profesionales y distintivos a los miembros de las fuerzas militares para que se
motivaran a producir bajas enemigas, aunque en algunas ocasiones estos eran
amenazados por no abatir en combate (Niño, 2015). Sin embargo, la negativa a la
comisión de ejecuciones extrajudiciales no favorecía la evaluación de resultados debido
a que las bajas del oponente eran valoradas excesivamente y los fracasos propios
operacionales eran castigados y por ello la tendencia era lograr bajas sin asumir riesgos
59
lo que dejaba como resultado la comisión de falsos positivos (Coordinación Colombia-
Europa-Estados Unidos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012).
De este modo se destaca que los denominados falsos positivos atienden a una
estrategia militar empleada por el gobierno colombiano según el Centro de Investigación
y Educación Popular / Programa por la Paz [CINEP/PPP] (2011) el cual señala que:
La estrategia busca también poder saltarse las barreras legales de la guerra, pero
ya no construyendo un actor que evite poner en cuestión la legitimidad del estado,
sino dándole apariencia de legalidad al mismo acto ilícito, haciendo creer que las
víctimas murieron "en combate" (en acciones de legítima defensa) y que, por lo
tanto, era legítimo y legal quitarles la vida. (p.10).
Por ello se hace necesario examinar desde los patrones generales de ejecuciones
extrajudiciales los patrones de ejecución empleados en el modus operandi de falsos
positivos.
Acorde a los parámetros utilizados por Henderson (2006) para delimitar los patrones
generales empleados en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, se señalan los
siguientes:
1. Diseño de operativos o patrones de ejecución por parte los agentes del Estado.
2. Motivación, orden, autorización expresa o colaboración para cumplimiento de
objetivos o finalidades políticas, sociales o económicas que beneficien a la
institucionalidad Estatal.
3. Selección de las víctimas.
4. Seguimiento y vigilancia de las víctimas.
5. Premeditación de la ejecución de las víctimas.
6. Aprovechamiento de las facilidades estatales para consumar las ejecuciones con
total impunidad.
7. Privación arbitraria de la vida de una o más personas por parte de los agentes del
Estado.
8. Inmediata eliminación de la evidencia de los hechos.
9. Aquiescencia estatal en la práctica de ejecuciones extrajudiciales.
60
10. Impedimento u obstaculización para el desarrollo de las investigaciones penales.
11. Amedrentamiento, amenaza y ejecución de los familiares de las víctimas o testigos
de los hechos.
Los anteriores factores utilizados en la práctica de ejecuciones extrajudiciales no son
requisito sine qua non, aunque en la mayoría de los casos se evidencia el cumplimiento
de la mayoría de ellos. En algunos casos de ejecuciones extrajudiciales se ha verificado
la existencia de participación del Estado previa, durante y posterior a la práctica de
ejecuciones extrajudiciales. Del mismo modo se afirma que en situaciones de conflicto
armado interno se pueden evidenciar ejecuciones extrajudiciales de forma sistemática,
selectiva o generalizada lo que implica una mayor colaboración del Estado para lograr la
impunidad de los actores de los hechos.
En cuanto al caso particular de las ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos
positivos autores como Angulo (2011), Rueda (2012), Rodríguez (2015), Quintero (2016),
Rojas y Benavidez (2017), Olarte-Sierra y Castro (2019), entre otros han plasmado en
sus artículos el patrón de ejecuciones extrajudiciales utilizado por el Estado colombiano
desde los años ochenta.
De este modo, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias en 2010 refiere que en el patrón utilizado para las ejecuciones extrajudiciales
bajo el modus operandi de falsos positivos se han empleado los siguientes factores:
1. Reclutamiento de las víctimas.
2. Desplazamiento de las víctimas a un lugar apartado para su posterior ejecución.
3. Ejecución de las víctimas.
4. Montaje de la escena de combate.
5. Presentación y anuncio de las víctimas por parte de las fuerzas militares como
guerrilleros o delincuentes abatidos en combate.
6. Sepultura de las victimas sin previa identificación en fosas comunes.
61
7. Intimidación, amenaza y asesinato a los familiares de las víctimas y los testigos de
los hechos.
Finalmente, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias señala que para lograr el objetivo en la práctica de falsos positivos los agentes
del Estado se valían de la ayuda de algunos colaboradores, informantes y reclutadores
civiles, desmovilizados o ex militares de las zonas aledañas a los lugares donde ocurrían
los hechos. Estos eran contratados con el fin de engañar a las víctimas con falsas
promesas de trabajo para que se desplazaran a zonas alejadas donde se pudiera llevar
a cabo la ejecución. En otras ocasiones las fuerzas militares se encargaban de hacer el
reclutamiento directamente en los hogares de las víctimas o por medio de falsos puestos
de control en medio de las carreteras alejadas. Una vez ejecutadas las victimas estas
eran desplazadas a un lugar donde se recreaba una escena de combate con armas,
distintivos guerrilleros y prendas de vestir alusivas a los guerrilleros.
Del mismo modo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes
anuales de 2008 y 2009 identificó la continuidad de los patrones empleados en la práctica
de ejecuciones extrajudiciales bajo la denominación de falsos positivos que se llevaron
a cabo en Colombia haciendo alusión a los siguientes patrones:
1. Elaboración de operativos militares anti-insurgentes donde no se llevaron a cabo
combates.
2. Captura ilegal de las víctimas en sus hogares o puestos de trabajo.
3. Conducción de las victimas al lugar de ejecución.
4. Selección de las victimas pertenecientes a poblaciones vulnerables.
5. Señalamiento de las víctimas por parte de informantes anónimos, encapuchados
o reinsertados.
6. Reporte de ejecuciones de insurgentes dados de baja en medio del combate.
7. Recreación de la escena de combate.
8. Levantamiento del cadáver realizado por parte de los mismos miembros de la
fuerza pública que dieron de baja a las víctimas.
9. Falta de preservación de la escena del crimen y de las pruebas existentes.
62
10. Signos de tortura en los cuerpos de las víctimas.
11. Eliminación de objetos personales y documentos de identificación.
12. Traslado de los cuerpos a lugares lejanos del lugar de la captura ilegal de las
víctimas.
13. Impedimento para el acceso de los familiares para el reconocimiento y
reclamación de los cuerpos de las víctimas.
14. Inhumación de los cuerpos de las víctimas como N.N. a pesar de ser identificados
por sus familiares o terceros.
15. Reconocimiento de incentivos económicos, profesionales y distintivos a los
miembros de la fuerza pública por presentación de resultados positivos.
16. La investigación de los hechos está a cargo de la justicia penal militar.
17. Amenaza e intimidación de los familiares de las víctimas, testigos de los hechos
y defensores de derechos humanos.
18. Porcentaje mínimo de las condenas de los responsables.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el alto número de
ejecuciones extrajudiciales denunciadas entre los años 2006, 2007, 2008 y 2009 fue
objeto de preocupación desde que se dieron a conocer las ejecuciones extrajudiciales
perpetradas por miembros de la Fuerza Pública lo que llevo a pudieran identificar los
patrones de ejecución empleados en el territorio colombiano.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe No.
41/15 de 2015 donde se analizan a fondo las ejecuciones extrajudiciales bajo el modus
operandi de falsos positivos analiza cómo se emplean los patrones de ejecución en el
territorio colombiano de la siguiente manera:
1. Ejecuciones de civiles ocurridas en actos fuera de combate por parte de las
fuerzas militares, paramilitares y civiles.
2. Categorización de enemigo interno a todos los miembros de la población civil
que habitaba zonas vulnerables.
3. Instalación y mantenimiento de retenes o puestos de control militar sin
justificación.
4. Detención arbitraria e ilegal de las víctimas.
63
5. Disparos a cualquier objetivo sin justificación o advertencia.
6. Falta de verificación previa al ataque contra civiles.
7. Presentación de las víctimas a la prensa y al público como guerrilleros positivos
dados de baja en combate.
8. Presentación de individuos dados de bajo como positivos guerrilleros por
encontrarse en un área específica o por su supuesta participación indirecta en
las hostilidades.
9. Asesinato de civiles por parte de las fuerzas militares con la participación
ocasional de paramilitares y civiles.
10. Montaje y distorsión de la escena de combate.
11. Revestimiento de cadáveres para que parecieran guerrilleros.
12. Evidencia de signos de tortura y malos tratos en los cuerpos de las víctimas.
13. Aplicación de fuero militar como “actos propios del servicio”.
De este modo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recopila la
información sobre el patrón de ejecuciones de los falsos positivos evidenciado en el
Segundo Informe Sobre La Situación De Los Derechos Humanos En Colombia de 1993,
el Informe conjunto del Relator Especial de la cuestión de tortura y del Relator Especial
de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 1995, el Tercer
Informe Sobre La Situación De Los Derechos Humanos En Colombia de 1999, el Informe
preliminar de la “Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales
e Impunidad en Colombia” de 2007, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de 2008, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de 2009, el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 2010 y el Reporte intermedio sobre la situación
en Colombia de la Corte Penal Internacional en 2012. Concluyendo que en cada uno de
los informes estudiados existe continuidad y relación en cuanto al patrón de ejecuciones
empleado por parte de los miembros de las fuerzas militares en el Estado colombiano.
De acuerdo al análisis descrito anteriormente es pertinente concluir que el patrón de
ejecuciones denominado falsos positivos empleado en Colombia se interrelaciona con
64
los parámetros generales de ejecuciones extrajudiciales señalados por Henderson
(2006) debido a su estrecha relación en cuanto al modus operandi empleado en la
práctica de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia agrupándolas de la
siguiente manera:
1. Diseño de operativos o patrones de ejecución por parte los agentes del Estado.
En el Estado colombiano se llevaron a cabo diversas elaboraciones de operativos
militares anti-insurgentes donde no se registraron combates, pero fueron ejecutados
civiles a manos de las fuerzas militares, paramilitares y civiles que trabajaban
conjuntamente para dar de baja a los miembros de la población civil que habitaba zonas
vulnerables que para la época de los hechos habían sido señalados como “enemigo
interno” solo por el hecho de vivir en esas zonas.
2. Selección de las víctimas.
En la mayoría de los casos las víctimas eran seleccionadas previamente y
generalmente eran civiles pertenecientes a poblaciones vulnerables. Las víctimas eran
señaladas o reclutadas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados que
eran pagados por los miembros de las fuerzas militares con el fin de tener información
de inteligencia de la zona que se pretendía rescatar.
Una vez obtenida la información se procedía a instalar y situar retenes o puestos de
control militar sin justificación para hacer más fácil el seguimiento de los civiles que
previamente habían sido señalados. Dicha información obtenida por parte de los
informantes de la zona nunca se verificaba y por ello en la mayoría de los casos el ataque
era contra civiles inocentes.
3. Seguimiento y vigilancia de las víctimas.
Cuando las víctimas habían sido seleccionadas se procedía a realizar un seguimiento
de ellas para establecer motivos o señalamientos que pudieran hacer más fácil el
reclutamiento de las víctimas. Generalmente las víctimas eran engañadas por un
reclutador que se encargaba de engañar a las víctimas con falsas promesas de trabajo
65
y grandes expectativas de mejorar su calidad de vida haciendo que estas se desplazaran
de su lugar de residencia y en el camino eran capturadas ilegalmente y posteriormente
eran trasladadas a un lugar apartado donde finalmente eran ejecutadas. Estos
reclutadores eran pagados por los miembros de las fuerzas militares, aunque en
ocasiones esta labor la realizaban los mismos miembros de las fuerzas militares
directamente en los hogares o puestos de trabajo de las víctimas.
4. Premeditación de la ejecución de las víctimas.
De este modo cuando las víctimas se encontraban en lugares apartados o en el lugar
que previamente se había destinado para su ejecución estas eran ejecutadas por los
miembros de las fuerzas militares, paramilitares, ex guerrilleros o miembros de la
población civil que colaboraban con el Estado colombiano.
5. Privación arbitraria de la vida de una o más personas por parte de los agentes del
Estado.
En la mayoría de las ejecuciones registradas bajo esta modalidad en el Estado
colombiano se evidenció que la privación de la vida se realizaba de forma arbitraria, toda
vez que los disparos en el supuesto combate se hacían a cualquier objetivo y sin
justificación alguna.
6. Inmediata eliminación de la evidencia de los hechos.
Cuando las víctimas eran dadas de baja los miembros de las fuerzas militares
procedían a realizar un montaje de la escena de combate y distorsionaban la escena de
los hechos con equipos militares, armas y capuchas.
Las víctimas eran despojadas de sus objetos personales y documentos de
identificación y eran revestidas con uniformes militares distintivos de los grupos
guerrilleros y botas de combate. También se ponían armas en sus manos y se realizaban
disparos con las mismas.
7. Aquiescencia estatal en la práctica de ejecuciones extrajudiciales.
66
Una vez realizado el montaje de la escena del crimen se realizaba el reporte de las
ejecuciones de insurgentes dados de baja en medio del combate y se formalizaba la
presentación y anuncio de los guerrilleros o delincuentes abatidos en combate por parte
de las fuerzas militares.
En ocasiones la presentación y anuncio de los resultados positivos durante el combate
eran realizados por altos mandos del gobierno colombiano a través de los medios de
comunicación de alcance nacional. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones las
víctimas eran presentadas por los militares ante el público y ante sus superiores como
bajas positivas de guerrilleros abatidos en medio del combate.
8. Aprovechamiento de las facilidades estatales para consumar las ejecuciones con total
impunidad.
Los miembros de las fuerzas militares generalmente aprovechaban de sus
conocimientos y fácil acceso a las escenas de combate para realizar el levantamiento
del cadáver y así cubrir los rastros, eliminar evidencia y destruir las pruebas existentes
que pudieran haberse escapado en el momento de la distorsión de la escena de combate.
Del mismo modo esta oportunidad era aprovechada para cubrir los signos de tortura y
malos tratos que reflejaban los cuerpos de las víctimas.
9. Impedimento u obstaculización para el desarrollo de las investigaciones penales.
De igual forma los miembros de las fuerzas militares utilizaban estrategias para
impedir el acceso de los familiares para el reconocimiento y reclamación de los cuerpos
de las víctimas. En ocasiones los cuerpos de las víctimas eran trasladados a lugares
lejanos de su residencia con el fin de realizar la inhumación de los cuerpos como N.N. a
pesar de ser identificados por sus familiares o terceros.
10. Motivación, orden, autorización expresa o colaboración para cumplimiento de
objetivos o finalidades políticas, sociales o económicas que beneficien a la
institucionalidad Estatal.
67
Con la presentación de resultados positivos ante el gobierno nacional se hacían
reconocimientos con incentivos económicos, profesionales y distintivos a los miembros
de la fuerza pública y como muestra de gratitud se brindaba ayuda en la investigación de
los hechos para que en primera instancia estuviera a cargo de la justicia penal militar y
finalmente se diera aplicación al fuero militar como “actos propios del servicio”.
11. Amedrentamiento, amenaza y ejecución de los familiares de las víctimas o testigos
de los hechos.
Cuando los resultados no eran los esperados y los familiares de las víctimas, los
testigos de los hechos y los defensores de derechos humanos presentaban las
respectivas denuncias y daban a conocer a la sociedad y a los medios de comunicación
las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los miembros de las fuerzas militares
estos se convertían en objeto de intimidaciones, amenazas y en ocasiones eran
asesinados para que la verdad de los hechos no saliera a la luz pública y el porcentaje
de condenas de los responsables siguiera siendo mínimo y poco relevante ante la opinión
pública.
Sin embargo Rojas y Benavidez (2017) destacan que en Colombia se buscaba darle
una apariencia de legalidad a las ejecuciones extrajudiciales, toda vez que lo que se
buscaba con los denominados falsos positivos era venderle a la justicia y a la población
civil la idea de que aquellos que eran señalados como victimas realmente eran terroristas
o criminales solo por el hecho de encontrarse en una zona de combate y enfrentarse a
los militares con armas de fuego lo que en su esencia legitimaba a los militares a
presentarlos como bajas legitimas del combate.
Con base en lo anterior se concluye que en Colombia el patrón de ejecuciones bajo el
modus operandi denominado falsos positivos indudablemente cumple con las
características de las ejecuciones extrajudiciales y en especial de aquellas que se
cometen en situaciones de conflicto armado interno por parte de la fuerza pública.
68
Capítulo 3. ANÁLISIS DE LA VULNERACION DEL DERECHO A LA HONRA Y
DIGNIDAD CON RELACIÓN A LA PRÁCTICA DE EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES DENOMINADA FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA.
3.1. Tratamiento de las ejecuciones extrajudiciales ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Como se ha descrito en los capítulos anteriores las ejecuciones extrajudiciales son
una evidente flagelación a los derechos humanos contenidos en la Convención
Americana de Derechos Humanos. Lo cual hace necesario que organismos nacionales
e internacionales muestren su preocupación con respecto a la comisión de ejecuciones
extrajudiciales las cuales constituyen en su esencia delitos que implican graves
violaciones a los derechos humanos catalogados y reconocidos como crímenes de lesa
humanidad prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario (Ibáñez, 2019).
Debido a esto, las ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos han sido tratadas desde el contexto de la violación del derecho a la
vida entendiéndolo como una garantía fundamental reconocida en la Convención
Americana de Derechos Humanos. En este mismo sentido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha reconocido dicha protección al manifestar que “ninguna persona
puede ser privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además
requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
el derecho a la vida (obligación positiva)” (Ferrer, 2014, p.42). Por ello Ayala y Rivero
(2019) señalan que las ejecuciones extrajudiciales son un “acto de responsabilidad
internacional del Estado tanto por el incumplimiento de su obligación de no hacer (no
ejecutar arbitrariamente), como por el incumplimiento de sus obligaciones de prevenir,
investigar, sancionar y reparar” (p.140).
De este modo el análisis jurídico realizado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos desde el primer fallo de fondo en 1988 con el Caso Velásquez Rodríguez vs.
Honduras ha dado lugar a que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
69
se adopten lineamientos o estándares de referencia que manifiesten la obligación de
garantizar los derechos humanos en los Estados y a su vez se establezca el deber de
estructurar las instituciones estatales con el fin de garantizar jurídicamente el libre y pleno
desarrollo de los derechos humanos.
En el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló la doctrina
del control de convencionalidad introducido en el Caso Almonacid Arellano y otros vs.
Chile al señalar que el poder judicial tiene el deber de dar aplicación a las normas
jurídicas internas y aquellas normas jurídicas internacionales como la Convención
Americana de Derechos Humanos y las interpretaciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Por ello el sistema que introduce el control de convencionalidad ha
señalado que este “fue originalmente diseñado como una doctrina que permite a los
jueces nacionales garantizar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de los
familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos” (González,
2017, p.60).
Consecuentemente Vargas y Fontecha (2018) exponen que ejercer el control de
convencionalidad por parte de los jueces a nivel nacional es de gran relevancia debido a
que este implica someter a una evaluación la posible responsabilidad del Estado con
respecto a los hechos que constituyen vulneraciones a los derechos humanos tal y como
sucede en las ejecuciones extrajudiciales. De este modo se resalta que el Estado en su
posición de garante de los derechos humanos podría evitar una eventual responsabilidad
internacional del mismo al realizar el respectivo control de convencionalidad en los casos
que constituyen graves vulneraciones a los derechos humanos como lo son las
ejecuciones extrajudiciales. Teniendo en cuenta que al dar una debida aplicación del
control de convencionalidad se introducirían los estándares desarrollados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos contenidos en la Convención Americana de
Derechos Humanos.
De igual forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el desarrollo de su
jurisprudencia ha reiterado su oposición frente a las ejecuciones extrajudiciales
70
prohibidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y por ello toma como
referencia el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación
Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de 1991 para establecer
los estándares necesarios para las ejecuciones extrajudiciales. Desarrollándolo en casos
como el de la “Masacre De Mapiripán” vs. Colombia donde especificó los principios
rectores para las investigaciones con relación a las muertes catalogadas como
ejecuciones extrajudiciales. Señalando los principios de la siguiente manera:
1. Realizar la identificación de la víctima.
2. Realizar una investigación exhaustiva en la escena del crimen, preservando y
recuperando el material probatorio que se relaciona con los hechos.
3. Identificar los testigos y en la medida obtener sus declaraciones sobre los hechos.
4. Establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, determinando
la causa, forma lugar y momento que se dio la muerte de la víctima.
5. Identificar la existencia de patrones o prácticas que pudieran haber causado la muerte
de la víctima.
6. Realizar la correspondiente distinción entre la muerte natural, accidental, suicidio y
homicidio.
7. Realizar la autopsia y análisis de los restos humanos en forma rigurosa por parte de
profesionales competentes y con los procedimientos adecuados.
Igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los informes de
fondo de los casos de Myrna Mack Chang vs. Guatemala, “Masacre De Mapiripán” vs.
Colombia, Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Caso Almonacid Arellano y otros vs.
Chile, Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia, Caso Guerrero y otros vs. Venezuela ha
resaltado que para los casos sobre ejecuciones extrajudiciales es necesario establecer
si existe o no la responsabilidad del Estado, acreditar el patrón de ejecución o modus
operandi, verificar la existencia de impunidad parcial o total y comprobar si se dio el
cumplimiento de las garantías judiciales.
71
En cuanto al desarrollo jurisprudencial de los casos de ejecuciones extrajudiciales
Ferrer (2014) afirma que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido
sometidos 42 casos contenciosos siendo el primer fallo en 1997 con el Caso Genie
Lacayo vs. Nicaragua en donde se estableció que los Estados tienen la obligación de
poner todos los medios a su alcance para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos y en la misma medida se debe procurar el restablecimiento de
los derechos vulnerados.
En el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
materia de ejecuciones extrajudiciales se ha producido el fallo de los casos Genie Lacayo
vs. Nicaragua, Caracazo Vs. Venezuela, “Niños De La Calle” (Villagrán Morales Y Otros)
Vs. Guatemala, Durand Y Ugarte Vs. Perú, Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Barrios
Altos Vs. Perú, Las Palmeras Vs. Colombia, Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras,
Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, “Masacre
De Mapiripán” vs. Colombia, Masacre De Pueblo Bello Vs. Colombia, Masacres De
Ituango Vs. Colombia, Montero Aranguren Y Otros (Retén De Catia) Vs. Venezuela, Caso
Vargas Areco vs. Paraguay, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Penal Miguel
Castro Castro Vs. Perú, Masacre De La Rochela Vs. Colombia, Escué Zapata Vs.
Colombia, Zambrano Vélez Y Otros Vs. Ecuador, Valle Jaramillo Y Otros Vs. Colombia,
Masacre De Las Dos Erres Vs. Guatemala, Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia,
Familia Barrios Vs. Venezuela, Nadege Dorzema Y Otros Vs. República Dominicana,
Masacres De El Mozote Y Lugares Aledaños Vs. El Salvador, Masacre De Santo
Domingo Vs. Colombia, Luna López Vs. Honduras, Gutiérrez Y Familia Vs. Argentina,
Hermanos Landaeta Mejías Y Otros Vs. Venezuela, Tarazona Arrieta Y Otros Vs. Perú,
Rodríguez Vera Y Otros (Desaparecidos Del Palacio De Justicia) Vs. Colombia, Cruz
Sánchez Y Otros Vs. Perú, García Ibarra Y Otros Vs. Ecuador, Villamizar Durán y Otros
Vs. Colombia, Caso Díaz Loreto vs. Venezuela, entre otros. Donde se ha reafirmado que
los Estados tienen la obligación de brindar los medios necesarios para investigar de
manera efectiva e imparcial los hechos que dieron lugar a la comisión de ejecuciones
extrajudiciales. Además de ello se resalta que los Estados tienen el deber jurídico de
72
estructurar un marco normativo que garantice el verdadero acceso a la justicia conforme
a las amenazas existentes y sobrevinientes frente al derecho a la vida.
De este modo en el Caso de la “Masacre De Mapiripán” vs. Colombia la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que en los casos de ejecuciones
extrajudiciales los Estados tienen el deber de iniciar la investigación ex officio, sin
dilación, formal, imparcial y efectiva, la cual brinde resultados y oportunidades de
participación a los familiares de las víctimas. Lo cual brinda las garantías necesarias para
acceder efectivamente a la justicia.
En este sentido se resalta que el tratamiento que se le da a las ejecuciones
extrajudiciales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos
internacionales cada vez es más estricto y garantista. Brindando efectividad y mayor
alcance en la protección de los derechos humanos contenidos en la Convención
Americana de Derechos Humanos. Lo cual se ha logrado gracias al amplio desarrollo
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a las
ejecuciones extrajudiciales.
Cabe anotar que debido a la alta comisión de ejecuciones extrajudiciales en los
Estados el tratamiento de los casos de ejecuciones extrajudiciales desde la Comisión
Interamericana se ha vuelto sea más exhaustivo y definido conforme a los Principios
Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales,
Arbitrarias y Sumarias y a los lineamientos del Manual de las Naciones Unidas sobre la
Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o
Sumarias de 1991.
3.2. Admisibilidad del caso Villamizar Duran y otros Vs. Colombia en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a la admisibilidad del Caso Villamizar Duran y otros vs. Colombia es
importante destacar que este se compone de cuatro casos cuyos hechos sucedieron en
situaciones de tiempo, modo y lugar diferente. Debido a esto cada caso fue presentado
73
por separado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por ello cada
petición fue tomada a consideración por separado conforme a las condiciones y
requisitos establecidos en los artículos 27 y 28 del Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Dichas peticiones corresponden a los siguientes
casos:
Tabla 1. Peticiones correspondientes al Caso Villamizar Durán y otros vs
Colombia.
Petición Fecha Petición Estado
Denunciado Presunta Victima
Fecha de los Hechos
12.335 30 de marzo de
1999
Colombia
Gustavo Giraldo Villamizar Durán
11 de agosto de 1996
12.336 2 de marzo de
1999 Elio Gelves Carrillo y
otros 27 de mayo de 1997
12.757 5 de octubre de
2000 Carlos Arturo Uva
Velandia 21 de junio de 1992
12.711 23 de febrero
de 2003 Wilfredo Quiñonez Barcenas y Familia
3 de septiembre de 1995
Tabla elaborada conforme a los datos contenidos en los informes de admisibilidad de Gustavo Giraldo
Villamizar Durán , Elio Gelves Carrillo y Otros , Carlos Arturo Uva Velandia y Wilfredo Quiñonez Barcenas
y Familia.2
Petición 12.335
Gustavo Giraldo Villamizar Durán, comerciante. En la mañana del 11 de agosto de
1996 se desplazaba en una motocicleta por la carretera que conecta de la vereda Puerto
Contreras al municipio de Saravena en el departamento de Arauca. Durante el trayecto
el comerciante recogió a una mujer a quien transporto durante unos minutos hasta que
su motocicleta se descompuso y lo obligo a empujarla. En medio del trayecto miembros
del Ejército Nacional dispararon contra el señor Villamizar quien recibió cuatro impactos
de bala cuya trayectoria fue posterior – anterior. Ese mismo día se anunció en la emisora
“La Voz de Cinaruco” que el Ejército Nacional había dado de baja en combate a Gustavo
2 Recuperado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2009). Informe No. 99/09, Admisibilidad, Gustavo Giraldo Villamizar Durán. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2011). Informe No. 104/11, Admisibilidad, Elio Gelves Carrillo y Otros. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2010). Informe No. 49/10, Admisibilidad, Carlos Arturo Uva Velandia. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2009). Informe No. 68/09, Admisibilidad, Wilfredo Quiñonez Bárcenas y Familia. Colombia.
74
Giraldo Villamizar Durán miembro del Ejército Nacional de Liberación – ELN reconocido
bajo el alias de “Cendales” quien huía de un retén militar en su motocicleta.
Petición 12.336
Elio Gelves Carrillo, activista político de 17 años perteneciente a la organización
política “Juventud Comunista” (JUCO). En la noche del 27 de mayo de 1997 se
encontraba en su vivienda junto a sus padres cuando un grupo de personas irrumpieron
en ella y lo sacaron a la fuerza de la vivienda ubicada en el municipio de Fortul en el
departamento de Arauca. Los padres señalan que horas más tarde se escucharon
disparos en las cercanías de la vivienda. En la mañana del 28 de mayo de 1997 fue
encontrado el cuerpo sin vida prendas diferentes a las que vestía en la noche que fue
raptado y había sido vestido con prendas militares y con un brazalete del Ejército
Nacional de Liberación – ELN. Ese mismo día el Ejército Nacional anuncio en la emisora
de radio local que Elio Gelves Carrillo había sido dado de baja en enfrentamiento con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC y que se habían encontrado
armas en su poder.
Petición 12.757
Carlos Arturo Uva Velandia, en la noche del 21 de junio de 1992 se encontraba
departiendo con unos amigos en un establecimiento del municipio de Hato Corozal en el
departamento de Casanare. En dicho establecimiento se encontraba consumiendo
bebidas alcohólicas un soldado con quien Carlos Arturo Uva Velandia tuvo un altercado
y por ello el soldado y dos civiles se dirigieron ante uno de los comandos antiguerrilla
solicitando al teniente que le proporcionara una patrulla a lo que el teniente se negó y le
ordenó retirarse a dormir. Dicha orden fue omitida por el soldado el cual se desplazó
nuevamente al lugar donde se encontraba el señor Uva presuntamente maniatado. Uno
de los centinelas del comando le pregunto al soldado que iba a hacer y este respondió
que sabía cómo proceder en casos como ese y por ello el centinela procedió a dar aviso
al teniente mientras escuchaba los gritos de auxilio del señor Uva. El cadáver fue
reportado por el soldado ante otro comando antiguerrilla como un guerrillero dado de
baja y seguidamente fue encontrado en una alcantarilla con catorce puñaladas.
75
Petición 12.711
Wilfredo Quiñonez Barcenas, joven de 18 años de edad. Aproximadamente a las 8:30
PM del 3 de septiembre de 1995 el joven Wilfredo Quiñonez Barcenas, Jose Gregorio
Romero Reyes y Albeiro Ramirez se dirigían en sus bicicletas a una fiesta en el barrio La
Floresta del municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander. En la
madrugada la madre del joven Quiñonez y los padres de los otros jóvenes al ver que sus
hijos no regresaban a casa se dirigieron a las estaciones de policía en busca de
información sobre sus hijos, pero no recibieron ninguna información. Sin embargo, un
soldado les informo que tres muchachos habían sido detenidos por miembros del Ejército
Nacional y posteriormente habían sido ingresados a las instalaciones del batallón de la
zona. En la mañana del 4 de septiembre de 1995 el cuerpo del joven Quiñonez fue
encontrado con nueve disparos y algunos signos de tortura.
Una vez agotado el trámite inicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
procede a dar cumplimiento del procedimiento de admisibilidad de que trata el artículo
30 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las
peticiones 12.335, 12.336, 12.757 y 12.711. Surtiendo en cada uno de los casos el
siguiente tramite:
Tabla 2. Trámites realizados en las peticiones del Caso Villamizar Durán y otros
vs Colombia.
Petición 12.335 12.336 12.757 12.711
Fecha Petición 30 de marzo de
1999 2 de marzo de 1999
5 de octubre de 2000
23 de febrero de 2003
Notificación de la Petición
31 de octubre de 2000
26 de octubre de 2000
6 de enero de 2009
12 de abril de 2006
Información adicional
peticionarios NO
6 de noviembre de 2000
NO NO
Observaciones del Estado
31 de enero de 2001
9 de febrero de 2001
15 de abril de 2009
9 de agosto de 2006
28 de agosto de 2006
Traslado a los peticionarios
SI SI SI
15 de agosto de 2006
13 de septiembre de 2006
76
Observaciones de los peticionarios
12 de marzo de 2001
16 de marzo de 2001
22 de mayo de 2009
7 de junio de 2007
Observaciones finales del Estado
7 de junio de 2001
6 de junio de 2001 29 de junio de
2009 18 de agosto de
2007
Solicitud de información actualizada
3 de abril de 2009
16 de abril de 2009 NO NO
Información actualizada Estado
10 de junio de 2009
26 de junio de 2009
12 de junio de 2009 30 de julio de 2009
NO NO
Información actualizada
peticionarios
3 de julio de 2009
14 de julio de 2009 NO NO
Observaciones finales del Estado
30 de julio de 2009
19 de octubre de 2010
NO NO
Tabla elaborada conforme a los datos contenidos en los informes de admisibilidad de Gustavo Giraldo
Villamizar Durán , Elio Gelves Carrillo y Otros , Carlos Arturo Uva Velandia y Wilfredo Quiñonez Barcenas
y Familia3
De este modo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procedió a realizar
el análisis de competencia para cada uno de los casos estableciendo que las peticiones
12.335, 12.336, 12.757 y 12.711 son de su competencia debido a que el Estado
colombiano es un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos
desde el 31 de julio de 1977 lo cual atribuye la competencia ratione personae, ratione
loci, ratione temporis y ratione materiae a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Por lo tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procedió a evaluar de
manera individual la admisibilidad de los casos conforme a las posiciones de los
peticionarios y del Estado colombiano. Verificando el agotamiento previo de los recursos
internos, el plazo para presentación de peticiones y la duplicación de procedimientos o
cosa juzgada internacional conforme a los artículos 31, 32 y 33 del Reglamento de la
3 Recuperado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2009). Informe No. 99/09, Admisibilidad, Gustavo Giraldo Villamizar Durán. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2011). Informe No. 104/11, Admisibilidad, Elio Gelves Carrillo y Otros. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2010). Informe No. 49/10, Admisibilidad, Carlos Arturo Uva Velandia. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2009). Informe No. 68/09, Admisibilidad, Wilfredo Quiñonez Bárcenas y Familia. Colombia.
77
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo anterior se evidencian los
recursos internos agotados, la presentación de la petición ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la admisibilidad de los casos de la siguiente
manera:
Grafica 2. Recursos internos agotados en el caso de Gustavo Giraldo Villamizar
Durán – Petición 12.335.
Grafica elaborada conforme a los datos contenidos en el informe de admisibilidad de Gustavo Giraldo
Villamizar Durán, (2009).4
Con respecto al caso de Gustavo Giraldo Villamizar Durán la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos estableció que los recursos agotados por el Estado colombiano
no son los adecuados debido a que estos no constituyen un remedio adecuado para
esclarecer la responsabilidad conforme a los principios generales del Derecho
Internacional y el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
De igual manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considero que la
petición presentada el 30 de marzo de 1999 se realizó dentro de un plazo razonable,
toda vez que la falta de administración de justicia aun persistía al momento del análisis
4 Recuperado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2009). Informe No. 99/09, Admisibilidad, Gustavo Giraldo Villamizar Durán. Colombia.
78
de admisibilidad de la petición 12.335. Adicional a ello, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos señaló que los hechos cometidos el 11 de agosto de 1996 podrían
caracterizar posibles violaciones a los derechos a la vida, garantías judiciales, honra y
dignidad y a la protección judicial y por ello el caso fue admitido mediante el Informe No.
99/09 del 29 de octubre de 2009.
Grafica 3. Recursos internos agotados en el caso de Elio Gelves Carrillo y otros –
Petición 12.336.
Grafica elaborada conforme a los datos contenidos en el informe de admisibilidad de Elio Gelves Carrillo
y Otros, (2011).5
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Elio Gelves Carrillo
y otros estableció que los recursos agotados en la jurisdicción interna no son los
adecuados debido a que estos no son idóneos y mucho menos eficaces para esclarecer
la responsabilidad penal de los agentes del Estado involucrados. Por ello la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos destaca que después de más de 14 años de la
ocurrencia de los hechos existe un retardo injustificado en los términos del artículo 46 de
la Convención Americana de Derechos Humanos lo cual constituye una persistente falta
de administración de justicia lo que da lugar que la petición recibida el 2 de marzo de
5 Recuperado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2011). Informe No. 104/11, Admisibilidad, Elio Gelves Carrillo y Otros. Colombia.
79
1999 se admita dentro del término del plazo razonable a consideración de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que se establece en el artículo 32 del Reglamento
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el análisis de admisibilidad de la petición 12.336 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos señaló que los hechos cometidos el 27 de mayo de 1997 podrían
caracterizar violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías
judiciales, a los derechos del niño y a la protección judicial. Por lo anterior, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos decidió admitir el caso mediante el Informe No.
104/11 del 22 de julio de 2011.
Grafica 4. Recursos internos agotados en el caso de Carlos Arturo Uva Velandia –
Petición 12.757.
Grafica elaborada conforme a los datos contenidos en el informe de admisibilidad de Carlos Arturo Uva
Velandia, (2010).6
En relación al caso de Carlos Arturo Uva la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos estableció que aunque el 10 de mayo de 1994 se profirió sentencia
condenatoria en la justicia penal ordinaria esta no es suficiente para esclarecer los
hechos, toda vez que las características del caso señalan que las autoridades no
6 Recuperado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2010). Informe No. 49/10, Admisibilidad, Carlos Arturo Uva Velandia. Colombia.
80
investigaron o esclarecieron los hechos con diligencia y bajo los estándares de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
De igual manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considero que la
petición presentada el 5 de octubre de 2000 se realizó dentro de un plazo razonable
debido a que al momento del análisis de admisibilidad de la petición 12.757 persistía la
falta de administración de justicia. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos manifestó que los hechos cometidos el 21 de junio de 1992 podrían
caracterizar posibles violaciones a los derechos a la vida, libertad personal, garantías
judiciales, y protección judicial. Por ello, el caso fue admitido mediante el Informe No.
49/10 del 18 de marzo de 2010.
Grafica 5. Recursos internos agotados en el caso de Wilfredo Quiñonez Barcenas
y familia – Petición 12.711.
Grafica elaborada conforme a los datos contenidos en el informe de admisibilidad de Wilfredo Quiñonez
Bárcenas y Familia, (2009).7
En el caso de Wilfredo Quiñonez Barcenas y familia la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos estableció que los recursos agotados por el Estado colombiano no
7 Recuperado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2009). Informe No. 68/09, Admisibilidad, Wilfredo Quiñonez Bárcenas y Familia. Colombia.
81
son suficientes y mucho menos adecuados puesto que la investigación ha perdurado por
más de 14 años en la justicia penal militar sin mostrar resultados. En el mismo sentido
se manifiesta que dichos recursos no son idóneos para esclarecer la responsabilidad
conforme al artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
De igual manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considero que la
petición presentada el 23 de febrero de 2003 se realizó en los términos de un plazo
razonable debido a que la falta de esclarecimiento de los hechos ocurridos entre el 3 y 4
de septiembre de 1995 persistía al momento del análisis de admisibilidad de la petición
12.711 y que los hechos que dieron lugar a la petición podrían caracterizar posibles
violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías
judiciales y protección judicial. Por ello el caso fue admitido mediante el Informe No. 68/09
del 5 de agosto de 2009.
Una vez agotada la etapa de admisibilidad en cada uno de los casos la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos procedió a realizar el análisis de fondo en donde
conforme al artículo 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo
40 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puso a
disposición de las partes para una solución amistosa la cual no prospero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fundamento en el artículo
29.5 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizo la
acumulación de casos a través del Informe No. 41/15 de 2015 debido a que los cuatro
casos versaban sobre hechos similares y reflejaban el mismo patrón de conducta.
En el Informe No. 41/15 de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
determino que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República
Dominicana se señala que las presuntas víctimas deben ser identificadas en el informe
de fondo y por ello se observa que es pertinente reconocer como presuntas víctimas a
Jose Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramirez Jorge quienes habrían sido detenidos
82
arbitrariamente, torturados y ejecutados en las mismas condiciones de tiempo, modo y
lugar que Wilfredo Quiñonez Barcenas.
De este modo, se destaca que el procedimiento de admisibilidad de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos fue surtido pertinentemente y conforme a la
Convención Americana de Derechos Humanos y al Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido se resalta que de acuerdo al
Informe No. 41/15 de 2015 las víctimas en el caso Villamizar Durán y otros vs Colombia
son:
Tabla 3. Víctimas del Caso Villamizar Durán y otros vs Colombia.
Petición Victima Reconocimiento como Presunta
Victima
Fecha de los
Hechos
12.335 Gustavo Giraldo Villamizar Durán
30 de marzo de 1999
Informe No. 99/09 del 29 de octubre de
2009
11 de agosto de
1996
12.336 Elio Gelves
Carrillo 2 de marzo
de 1999
Informe No. 104/11 del 22 de julio de
2011
27 de mayo de
1997
12.757 Carlos Arturo Uva Velandia
5 de octubre de 2000
Informe No. 49/10 del 18 de marzo de
2010
21 de junio de 1992
12.711
Wilfredo Quiñonez Barcenas
23 de febrero de 2003
Informe No. 68/09 del 5 de agosto de
2009 3 de septiembre
de 1995 José Gregorio Romero Reyes Albeiro Ramírez
Jorge
28 de julio de 2015
Informe No. 41/15 del 28 de julio de
2015
Tabla elaborada conforme a los datos contenidos en los informes de admisibilidad de Gustavo Giraldo
Villamizar Durán , Elio Gelves Carrillo y Otros , Carlos Arturo Uva Velandia y Wilfredo Quiñonez Barcenas
y Familia y en Informe de Fondo. Gustavo Villamizar Duran y Otros. Colombia.8
8 Recuperado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2009). Informe No. 99/09, Admisibilidad, Gustavo Giraldo Villamizar Durán. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2011). Informe No. 104/11, Admisibilidad, Elio Gelves Carrillo y Otros. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2010). Informe No. 49/10, Admisibilidad, Carlos Arturo Uva Velandia. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2009). Informe No. 68/09, Admisibilidad, Wilfredo Quiñonez Bárcenas y Familia. Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2015). Informe No. 41/15, Casos 12.335; 12.336; 12.757; 12.711. Informe de Fondo. Gustavo Villamizar Duran y Otros. Colombia.
83
En cuanto a las conclusiones de fondo la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos considero en el Informe No. 41/15 de 2015 que la responsabilidad internacional
del Estado colombiano era agravada debido a que los hechos en que versaban los casos
12.335, 12.336, 12.757 y 12.711 correspondían a ejecuciones extrajudiciales cometidas
bajo el modus operandi de “falsos positivos”. En el mismo informe la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos acredito que en los cuatro casos hubo una
obstrucción para favorecer la impunidad total o parcial cuando se aplicó el fuero penal
militar y que en el mismo sentido esto refleja un patrón de encubrimiento cuyo objetivo
es evitar la determinación de la verdad y la responsabilidad del Estado o agentes del
mismo. Dicho patrón de encubrimiento descrito por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos comprende los siguientes factores:
1. Tergiversación de los hechos acontecidos por parte de los agentes del Estado.
2. Sometimiento de los casos a la a una jurisdicción sin garantías de independencia
e imparcialidad.
3. Ausencia de esclarecimiento de los hechos.
4. Estigmatización de las víctimas como subversivos o guerrilleros.
Lo cual hace merito a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
determine que el Estado colombiano ha incumplido con sus deberes como garante de
los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos
y por ello es responsable de la violación a los derechos humanos de las victimas
anteriormente descritas.
3.3. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso
Villamizar Duran y otros Vs. Colombia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de aprobar el Informe No.
41/15 de 2015 notifico al Estado el 14 de octubre de 2015 donde le otorgo un plazo de
dos meses para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en dicho informe.
Dicho plazo fue prorrogado a petición del Estado aunque al momento de la presentación
de la información la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determino que no
84
existían avances sustanciales en cuanto a las recomendaciones y la inexistencia de
información concreta y actualizada sobre las investigaciones y sanciones para los casos
12.335, 12.336, 12.757 y 12.711.
Debido al incumplimiento de las recomendaciones la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 14 de abril de 2016 con base en el artículo 45 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y el artículo 35 del Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos procedió a realizar el respectivo sometimiento del
caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se llevó a cabo las
siguientes actuaciones:
Tabla 4. Actuaciones procesales en el Caso Villamizar Durán y otros vs Colombia.
Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Notificación al Estado y a los representantes
Sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 27 de septiembre de 2016
Escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas
Presentación de escritos: 29 de noviembre de 2016 y 6 de diciembre de 2016 Términos. Artículos 25 y 40 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Escrito de contestación
Presentación de escrito: 27 de febrero de 2017 Excepción preliminar: Artículo 41 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Reconocimiento parcial de responsabilidad internacional.
Observaciones a la excepción preliminar y al reconocimiento
parcial de responsabilidad del
Estado
Presentación de observaciones: 28 de abril de 2017 Reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado. Excepción preliminar de cuarta instancia. Solicitud del Estado de control de legalidad por la acumulación de los casos.
Audiencia publica
Convocatoria de audiencia: Resolución Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de septiembre de 2017. Celebrada en la ciudad Panamá. Celebración de audiencia: 17 y 18 de octubre de 2017
Alegatos y observaciones finales escritos
Estado: 19 de noviembre de 2017 Representantes: 20 de noviembre de 2017 21 de noviembre de 2017 inadmisible por extemporáneo. Artículo 40.1 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 20 de noviembre de 2017
85
Deliberación del caso
Inicio de la deliberación: 19 de noviembre de 2018 Sentencia: 20 de noviembre de 2018
Tabla elaborada conforme a los datos contenidos en la sentencia del Caso Villamizar Durán y Otros Vs.
Colombia. 9
Respecto del reconocimiento parcial de responsabilidad que realizo el Estado
colombiano en el escrito de contestación la Corte Interamericana de Derechos Humanos
valoro como positivo dicho reconocimiento debido a que esto constituye un alto valor
simbólico con ánimo de que no se repitan hechos similares a los que se controvierten en
las peticiones 12.335, 12.336, 12.757 y 12.711.
También se señala que el hecho de que el Estado reconozca su responsabilidad hace
que reconozca los principios que yacen en la Convención Americana de Derechos
Humanos y establece un avance significativo, relevante y en el mismo sentido hace que
cese la controversia con relación a las violaciones que se describen a continuación:
Tabla 5. Reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado colombiano en el
escrito de contestación.
Derecho vulnerado Victima vulnerada Argumento
Violación del derecho a la vida
Gustavo Giraldo Villamizar Durán Elio Gelves Carrillo Wilfredo Quiñónez Bárcenas José Gregorio Romero Reyes Albeiro Ramírez Jorge
Violación del derecho a la honra y dignidad
Gustavo Giraldo Villamizar Durán Elio Gelves Carrillo Sus familiares
Por haber señalado infundadamente que los dos occisos eran miembros de la guerrilla que fallecieron en el marco de un enfrentamiento armado
Violación del derecho a la integridad personal
Elio Gelves Carrillo Wilfredo Quiñónez Bárcenas José Gregorio Romero Reyes Albeiro Ramírez Jorge
Violación a la libertad personal
Elio Gelves Carrillo Wilfredo Quiñónez Bárcenas José Gregorio Romero Reyes Albeiro Ramírez Jorge
9 Recuperado de Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (20 de Noviembre de 2018).
Caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia.
86
Violación a las garantías juridiciales y protección
judicial
Los familiares de: Gustavo Giraldo Villamizar Durán Elio Gelves Carrillo Wilfredo Quiñónez Bárcenas José Gregorio Romero Reyes Albeiro Ramírez Jorge
Por la violación a la garantía de juez competente por el conocimiento del caso por parte de la justicia militar
Los familiares de: Wilfredo Quiñónez Bárcenas José Gregorio Romero Reyes Albeiro Ramírez Jorge
Por una violación al plazo razonable en la investigación en la justicia ordinaria respecto del caso de las tres víctimas
Violación del derecho a la integridad personal
Los familiares de: Elio Gelves Carrillo Wilfredo Quiñónez Bárcenas José Gregorio Romero Reyes Albeiro Ramírez Jorge
Violación a los artículos 1 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura
Los familiares de: Wilfredo Quiñónez Bárcenas José Gregorio Romero Reyes Albeiro Ramírez Jorge
Tabla elaborada conforme a los datos contenidos en la sentencia del Caso Villamizar Durán y Otros Vs.
Colombia.10
Consecuentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que con
relación a aquellas violaciones que no fueron reconocidas por el Estado se mantuvo la
controversia y se resolvieron en la etapa de fondo donde se analizaron las violaciones a
los derechos humanos de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Carlos
Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y
Albeiro Ramírez Jorge.
Para ello se tuvo en cuenta por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que las muertes habrían ocurrido en el contexto histórico del conflicto armado
interno colombiano donde se propició la comisión de ejecuciones extrajudiciales bajo el
modus operandi de los falsos positivos las cuales en su mayoría eran propiciadas por
10 Recuperado de Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (20 de Noviembre de 2018).
Caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia.
87
agentes de seguridad del Estado. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos realiza el análisis de los derechos a la vida, integridad personal, libertad
personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial y los artículos 1, 6 y
8 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Y los derechos a la
integridad personal y a la honra y dignidad de los familiares de las presuntas víctimas.
Seguidamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que las
falencias en la investigación de los casos estuvieron orientadas a ocultar los hechos que
ocurrieron sistemáticamente en diferentes regiones del país. Lo cual a través de los años
ha generado obstaculizaciones que desencadenan en afectaciones en la búsqueda de
la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales
denominadas bajo modus operandi de falsos positivos. Igualmente, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos reitera que dicha afectación no solamente
incumbe a las víctimas de que trata el caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia, sino
que también a toda la sociedad colombiana que ha tenido que presenciar de cierta forma
aquellos actos que se encaminan a la vulneración de derechos humanos y que en su
conjunto lesionaban los intereses de todo un país.
Por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos con base en el artículo 63 de
la Convención Americana de Derechos Humanos dispuso que para el caso Villamizar
Durán y Otros Vs. Colombia existe la necesidad de reparar adecuadamente a las
víctimas con relación al daño causado por el Estado colombiano y que en el mismo
sentido es en quien recae la violación de una obligación internacional fundada en los
Principios Fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En este sentido y debido a las violaciones a los derechos humanos señaladas en el
caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia se hace pertinente señalar que las
reparaciones dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos están
estrechamente relacionadas y establecen un nexo causal con los hechos acaecidos, las
violaciones declaradas, los daños acreditados y asimismo se han tenido en cuenta las
medidas solicitadas para reparar los daños respectivos.
88
Por ello a continuación se describen las reparaciones dispuestas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la supervisión de la sentencia del caso
Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia de la siguiente manera:
Tabla 6. Reparación y Supervisión de Sentencia del Caso Villamizar Durán y otros
vs. Colombia.
FORMA DE REPARACIÓN DISPUESTA EN LA SENTENCIA
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Declaradas cumplidas Pendientes por cumplimiento
Obligación de continuar con las investigaciones y procesos
judiciales en curso que correspondan a efectos de determinar los hechos y las
responsabilidades correspondientes
Ninguna
Continuar con las investigaciones y procesos
judiciales en curso que correspondan a efectos de determinar los hechos y las
responsabilidades correspondientes.
Medidas de rehabilitación y
satisfacción
Medidas de Rehabilitación
Ninguna
Brindar tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas que
así lo soliciten.
Medidas de satisfacción
Realizar las publicaciones de la Sentencia y su
resumen oficial.
Realizar un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional en relación con los hechos de este
caso.
Indemnizaciones Compensatorias por Daños
Materiales e Inmateriales
Realizar el pago de las indemnizaciones por
concepto de daño material e inmaterial.
Ninguna
Costas y Gastos
Realizar el reintegro de costas y gastos a los representantes de las
víctimas
Ninguna
Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal
Realizar el reintegro al Fondo de Asistencia Legal
de Víctimas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Ninguna
Tabla elaborada de acuerdo a los datos contenidos en la sentencia del Caso Villamizar Durán y Otros vs.
Colombia y de las Resoluciones de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Reintegro al Fondo de
89
Asistencia Legal de Víctimas y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos supervisión de sentencia.11
Por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaro que el Estado
colombiano es responsable por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal,
a la libertad personal, a la honra y dignidad, a las garantías judiciales y protección judicial,
a conocer la verdad, a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura. Cuyos hechos se encuadran en el contexto de
ejecuciones extrajudiciales propiciadas por agentes de seguridad del Estado catalogadas
con el modus operandi de falsos positivos y que se llevaron a cabo durante la época de
los años noventa en donde ocurrieron los hechos del caso Villamizar Durán y Otros Vs.
Colombia.
3.4. Configuración de la afectación al derecho a la honra y dignidad por parte del
Estado Colombiano a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales denominadas
falsos positivos.
Como se describió previamente en los capítulos anteriores el derecho a la honra y
dignidad protegido en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos
tiene una connotación bastante relevante frente al derecho a la vida establecido en el
artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Donde a través del
tiempo el derecho a la honra y dignidad ha sido establecido socialmente como una
expresión de la personalidad, el honor, estigma y confidencia de cada persona
(Santamaría, 2019). De igual manera en el fondo del caso Villamizar Durán y Otros Vs.
Colombia la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que es posible
responsabilizar al Estado cuando la víctima antes de su ejecución logra reconocer o
establecer que el victimario era un agente del Estado o cumplía funciones para el mismo
11 Recuperado de Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (20 de Noviembre de 2018). Caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia. Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (22 de Noviembre de 2019). Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (2 de Septiembre de 2020). Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
90
lo que establece además de la responsabilidad estatal una afectación en la dignidad
humana de la víctima.
En este sentido debe tenerse en cuenta que mediante el caso Villamizar Durán y Otros
Vs. Colombia el Estado colombiano reconoció que a las víctimas Gustavo Giraldo
Villamizar Durán y Elio Gelves Carrillo se les vulnero el derecho a la hora y dignidad
debido al impacto que pudieron tener las declaraciones realizadas por los funcionarios
públicos al señalar a estas personas como miembros de la guerrilla y por ello la Corte
Interamericana de Derechos Humanos concluyo que las actuaciones de los agentes de
seguridad del Estado se efectuaron en un contexto de orden público difícil lo cual influyo
a que se generaran estigmas sociales que desencadenaron en inscripciones al exterior
de la casa de uno de los familiares de Gustavo Giraldo Villamizar Durán y rechazo o
menosprecio social en perjuicio de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo
y sus familiares.
Debido a esto es necesario que el derecho a la honra y dignidad sea extensible a
todas las victimas de ejecuciones extrajudiciales que se produjeron bajo el modus
operandi de falsos positivos, toda vez que la presentación de la víctima como dada de
baja en medio del combate lesiona el honor, la honra y la reputación de la víctima. Todo
esto teniendo en cuenta que Ramírez (2003) afirma que toda conducta que atente contra
el derecho a la honra y a la buena reputación van dirigidas a denigrar a las personas
incentivando la comisión de delitos y actos de menos precio público. Lo cual se configura
cuando se da a conocer que existió un combate o enfrentamiento entre los agentes de
seguridad del Estado y miembros de grupos al margen de la ley.
Lo cual se debe a la existencia de un imaginario social ajustado a las relaciones de
poder donde se concibe la estrecha relación inquebrantable entre un individuo dominante
y uno dominado donde el primero toma gran relevancia y aquellos individuos dominados
mediante acciones legitiman el ejercicio de poder que en ocasiones tienen el alcance de
alabar o denigrar a ciertos grupos humanos (Riffo, 2016). Entendiendo que conforme a
las ejecuciones extrajudiciales catalogadas bajo el modus operandi de falsos positivos
91
existe un imaginario social donde el individuo dominante se refleja en el Estado o los
agentes del mismo que perpetran ejecuciones extrajudiciales como bajas positivas en
medio del combate a cambio de incentivos económicos o profesionales y el individuo
dominado se relaciona con aquellos sujetos de la sociedad colombiana que califican de
buena manera las acciones agresivas que buscan la terminación del conflicto armado y
en el mismo sentido señalan, persiguen y estigmatizan a quienes se involucran o son
reconocidos como opositores de las acciones de poder tendientes a erradicar de manera
abrupta el conflicto armado.
De esta forma la existencia de un combate armado conforme al imaginario social en
Colombia refleja que quienes fueron dados de baja son miembros de grupos al margen
de la ley. Desconociendo así la presencia de civiles no combatientes protegidos por el
Derecho Internacional Humanitario (Valencia, 2013). Y aquellas artimañas utilizadas por
los agentes del Estado para que parezcan bajas legitimas de guerrilleros en medio del
combate.
En el mismo sentido se señala que el modus operandi de falsos positivos en su
esencia genera estigmatizaciones, desprecio público y rechazo ante la sociedad
específicamente cuando se presenta ante el público o ante los superiores como un
resultado “positivo” dado de baja en combate. Siendo esto el reflejo de los ataques
instantáneos a la dignidad de las personas (Ramírez, 2003). Por lo tanto, aquellas
estigmatizaciones deben tenerse en cuenta para sancionar las violaciones al derecho a
la honra y dignidad aun cuando las víctimas no han sido anunciadas a través de medios
de comunicación como una baja “positiva” para medir la calidad del servicio o ganancia
de terrero en busca de la terminación del conflicto armado interno colombiano (Rojas y
Benavidez, 2017).
En concordancia Ramírez (2003) indica que el derecho a la reputación o el buen
nombre es el juicio que los demás tienen frente a las cualidades morales, personales,
profesionales o de cualquier otra índole hacia una persona donde se vincula la conducta
del sujeto y los juicios de valor sobre sus conductas ante la sociedad. En esta medida la
92
lesión al derecho al buen nombre, a la memoria y a la dignidad frente a las víctimas y
familiares de ejecuciones extrajudiciales bajo el modus operandi de falsos positivos
refleja la inminente violación al derecho a la honra y dignidad y el pleno desarrollo como
personas ante la sociedad debido a la flagelación de su reputación de forma cruel e
inhumana.
El hecho de que los agentes de seguridad del Estado o quienes actúen con
aquiescencia de los mismos o en representación del Estado presenten ante sus
superiores o ante cualquier persona, entidad, medio de comunicación, institución o
mediante cualquier medio un hecho o resultado “positivo” que no corresponda a la verdad
y se caracterice como una ejecución extrajudicial bajo el modus operandi de falsos
positivos constituye una violación al derecho a la honra y dignidad de quienes fueron
ejecutados y sus familiares.
Puesto que la violación al derecho a la honra y dignidad no debe ser entendida
únicamente cuando se difunden los señalamientos o estigmatizaciones a través de
medios de comunicación o comunicados de alta difusión que atiendan al público en
general como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Villamizar Durán y Otros Vs. Colombia cuando endilgo la responsabilidad del Estado
colombiano con respecto a la violación del derecho a la honra y dignidad solo a dos de
las seis víctimas de ejecuciones extrajudiciales catalogadas con el modus operandi de
falsos positivos.
Por lo que en el análisis jurídico debe tenerse en cuenta la estructura del modus
operandi denominado como falsos positivos debido a que las acciones que componen
este modus operandi atentan estrechamente la vida, el honor, la reputación, la honra y
la dignidad que gozaba tanto la víctima como sus familiares. Entendiendo la esencia del
derecho a la honra y dignidad reconoce las atribuciones jurídicas que se encuentran
relacionadas estrechamente con la dignidad humana como base fundamental de los
derechos fundamentales que se establecen con el fin de evitar todo tipo de
quebrantamientos, humillaciones y estigmatizaciones que al final de cuentas concurren
93
al menosprecio de los derechos, libertades e igualdades que caracterizan la dignidad de
toda persona humana (Santamaría, 2019).
Finalmente se evidencia que la configuración a la afectación al derecho a la honra y
dignidad por parte del Estado colombiano a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales
denominadas falsos positivos es evidente en la medida de que los derechos a la
intimidad, a la honra y dignidad y al buen nombre que se residen en una persona no se
extinguen con la muerte del titular, sino que se extienden a su familia y al grupo social al
que pertenecía (Ramírez, 2003). Entendiendo que las estigmatizaciones o
señalamientos menoscaban la honra y dignidad desde el entendido de la vida digna. Lo
cual ha generado desprecio, persecución y atentados contra la vida y la reputación de
las víctimas y sus familiares ante la sociedad.
CONCLUSIONES
Como resultado de esta investigación se concluye que la práctica de ejecuciones
extrajudiciales bajo el modus operandi de falsos positivos perpetrada por los agentes del
Estado colombiano o con aquiescencia de los mismos constituye una universalidad de
violaciones a los derechos humanos las cuales van desde la violación arbitraria al
derecho a la vida, así como la violación y afectación a sus derechos morales como lo es
el derecho a la honra y dignidad. Lo que ha hecho que a través del tiempo este modus
operandi haya sido investigado por diferentes organismos internacionales generando
múltiples indagaciones que han servido como respaldo para la reconstrucción de la
memoria de las víctimas. Fruto de ello en el año 2018 se reconoció a través de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado colombiano frente
a la violación de los derechos humanos con la modalidad de ejecuciones extrajudiciales
reconocida bajo el modus operandi de falsos positivos en el contexto del conflicto armado
colombiano generando el precedente judicial a nivel internacional con el fallo en el Caso
Villamizar Duran y otros vs. Colombia.
94
En primera medida se concluye que a la luz del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos el alcance de protección que goza el derecho a la honra y
dignidad tiene gran relevancia, toda vez que en el desarrollo jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha reflejado que la protección al derecho a la
honra y dignidad se concibe desde la concepción de vida y el pleno desarrollo de la
misma. Señalando que toda afectación a la vida privada, el domicilio y el entorno
familiar son indicadores que afectan gravemente la honra y dignidad de los seres
humanos. En el mismo sentido se vislumbra que el derecho a la honra y dignidad
puede ser vulnerado con todo acto que genere estigmatizaciones o quebrantamiento
en el buen nombre, la reputación y el honor de las personas. Por lo que las victimas
de ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos no deben ser la
excepción, debido a que estas han sufrido violaciones al goce y disfrute del derecho
a la vida y graves quebrantamientos en su honra y dignidad, los cuales han
desencadenado y generado actos de persecución y estigmatizaciones que
posteriormente conllevan a daños irreparables tanto a las víctimas como a sus
familiares aun después de la muerte de las víctimas.
En segunda medida es pertinente concluir que la política de incentivos económicos
y profesionales decretada por el Estado colombiano promovió la práctica de
ejecuciones extrajudiciales bajo el modus operandi de falsos positivos, toda vez que
la presión ejercida para mostrar resultados positivos en medio del conflicto armado
interno colombiano hizo que los miembros de las fuerzas militares optaran por la vía
mas fácil para satisfacer a sus superiores y al mismo tiempo ganar incentivos para su
propio beneficio con poco esfuerzo. En este mismo sentido se refleja que el modus
operandi denominado como falsos positivos es la consecuencia de las múltiples
infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario donde
se demuestra la falta de supervisión por parte del Estado a los métodos llevados a
cabo por parte de sus agentes los cuales desconocieron los Principios Fundamentales
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Principios Fundamentales
del Derecho Internacional Humanitario en todo el territorio colombiano. Por ello, en
cuanto a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Colombia bajo el modus
95
operandi denominado como falsos positivos se concluye que estas deben ser
catalogadas como crímenes de lesa humanidad por la magnitud que tiene por ser una
de las graves infracciones los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario debido a que en esta práctica se desconoció rotundamente el principio
de distinción a los miembros de la población civil quienes fueron señalados como
“enemigo interno” durante el conflicto armado interno colombiano.
Finalmente se concluye que el análisis jurídico que debe realizarse para las
ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos debe interiorizarse conforme al
modus operandi empleado por los agentes del Estado colombiano, toda vez que la
existencia de un combate armado en el imaginario social de los colombianos desconoce
íntegramente la presencia de civiles y refleja que quienes fueron dados de baja
generalmente son miembros de grupos al margen de la ley. Lo cual establece que
además de perpetrar la violación arbitraria del derecho a la vida también se configure
una grave afectación al derecho a la honra y dignidad por parte del Estado colombiano.
Haciendo que el modus operandi de falsos positivos genere desprecio, persecución y
atentados contra la vida y la reputación de las víctimas y sus familiares ante la sociedad.
Siendo una muestra de ello las víctimas y familiares del Caso Villamizar Duran y otros
vs. Colombia quienes tuvieron que padecer los sentimientos de angustia, dolor y menos
precio público por más de 15 años para poder recurrir a instancias internacionales con el
fin de acceder a las garantías de verdad, justicia y reparación, ya que en la jurisdicción
interna no se obtuvieron resultados satisfactorios en las investigaciones y por el contrario
se evidenciaron entorpecimientos, negligencia e impedimentos por parte de algunas
entidades del Estado a la hora de esclarecer los hechos.
RECOMENDACIONES
Como recomendaciones se sugiere que tanto a nivel nacional como internacional se
reglamenten las ejecuciones extrajudiciales como un delito independiente con base en
los parámetros internacionales existentes frente a las ejecuciones extrajudiciales y los
estándares del uso legítimo de la fuerza establecidos por la Organización de las
Naciones Unidas. Esto teniendo en cuenta que las ejecuciones extrajudiciales configuran
96
una de las graves violaciones al derecho humano fundamental a la vida, su alcance y
desarrollo a nivel nacional e internacional como prerrequisito para la enajenación de los
demás derechos humanos.
También es necesario que los organismos internacionales sigan prestando vigilancia
a los hechos que dieron lugar a la práctica de ejecuciones extrajudiciales bajo el modus
operandi de falsos positivos debido a que el Estado colombiano ante la sociedad
colombiana ha perdido la credibilidad institucional y a su vez se ha reflejado su
deslegitimación por promover hechos que van en contra de todos los principios y valores
inculcados desde la institucionalidad.
Por último, se recomienda que en análisis posteriores que versen sobre la protección
del derecho a la honra y dignidad su alcance de protección se haga extensible a todas
las victimas de ejecuciones extrajudiciales que se produjeron bajo el modus operandi de
falsos positivos, toda vez que la presentación de la víctima como dada de baja en medio
del combate lesiona el honor, la honra y la reputación de la víctima y la de sus familiares
aun cuando la presentación de los “positivos” se haga solo ante los superiores o mediante
informes internos.
97
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