El delito económico. El Código Penal y el delito económico. El blanqueo de capitales. Los delitos fiscales. Los paraísos fiscales.

1 EL DELITO ECONÓMICO

El delito económico tiene su origen en la época del imperio de los Austrias en el

siglo XVII. Tal y cómo lo define la ONU: El término “delitos económico y

financiero” se refiere, en términos generales, a cualquier delito no violento que

da lugar a una pérdida financiera.

Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales,

incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La categoría de

“delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue

siendo un reto. La tarea se ha ido complicando a raíz de los adelantos rápidos

en las tecnologías, que ofrecen nuevas oportunidades para la comisión de tales

delitos.

La extensión general del fenómeno es difícil de determinar, en parte debido a la

falta de un concepto claro y aceptado, al hecho de que los sistemas para registrar

la delincuencia económica y financiera difieren enormemente de un país a otro,

y a que algunos casos no se notifican porque las compañías y las instituciones

financieras optan por resolver los incidentes internamente.

La delincuencia económica se distingue del resto por:

1. La lesión de la confianza en el tráfico mercantil.

2. El uso de la credulidad o ignorancia de la víctima, una especial astucia

(apariencia legal del hecho) o afección de vastos sectores de la población,

e incluso a países enteros. Todo lo dicho torna prácticamente imposible

la identificación del autor

3. La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del

hecho pero no de su trascendencia criminal.

4. La imagen de honorabilidad del autor, debido a su posición política, social

y económica. Su respetabilidad obligó a establecer una relación cercana

entre poder económico y poder político.

5. La escasa visibilidad del delito

6. La volatilización de la cantidad de víctimas.

7. Las estructuras anónimas de comunicación.

8. El no aparecer en las estadísticas criminales a pesar del alto costo social

causado; sea por la imposibilidad de desenmascararlos, o por los

obstáculos para perseguirlas por vía de la administración de justicia penal.

2 EL CÓDIGO PENAL Y EL DELITO ECONÓMICO

Los delitos de índole económico y todos aquellos relacionados directa o

indirectamente con el fraude, evasión de capitales, blanqueo, financiación ilegal

y demás tienen cabida, en nuestro vigente código penal.

A continuación, se transcriben algunos de los artículos relacionados con los

delitos económicos, blanqueo de capitales y demás de aplicación:

CAPÍTULO VI - De las defraudaciones

Sección 1ª

De las estafas

Artículo 248.

1- Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para

producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio

propio o ajeno.

2- También se consideran reos de estafa:

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática

o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier

activo patrimonial en perjuicio de otro.

b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas

informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas

en este artículo.

c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos

obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en

perjuicio de su titular o de un tercero.

Artículo 249.

Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres

años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de

la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico

causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios

empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la

gravedad de la infracción.

Artículo 250.

1- El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de un año a seis

años y multa de seis a doce meses, cuando:

1º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de

reconocida utilidad social.

2º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o

inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o

documento público u oficial de cualquier clase.

3º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o

científico.

4º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la

situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

5º Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros.

6º Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y

defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.

7º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento

judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar

sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en

el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los

intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

2- Si concurrieran las circunstancias 4ª, 5ª o 6ª con la 1ª del número anterior, se

impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a

veinticuatro meses.

Artículo 251.

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

1º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad

de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por

haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de

éste o de tercero.

2º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de

cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la

gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente,

en perjuicio de éste, o de un tercero.

3º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

Artículo 251 bis.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica

sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán

las siguientes penas:

a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por

la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los

casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado

7 del artículo 33.

Sección 2ª - De la apropiación indebida

Artículo 252.

Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en

perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier

otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión

o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o

devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado

exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en

el caso de depósito necesario o miserable.

Artículo 253.

Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo

de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que

en ambos casos el valor de lo apropiado exceda de 400 euros. Si se tratara de

cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de

seis meses a dos años.

Artículo 254.

Será castigado con la pena de multa de tres a seis meses el que, habiendo

recibido indebidamente, por error del transmitente, dinero o alguna otra cosa

mueble, niegue haberla recibido o, comprobado el error, no proceda a su

devolución, siempre que la cuantía de lo recibido exceda de 400 euros.

CAPÍTULO VII - De las insolvencias punibles

Artículo 257.

1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce

a veinticuatro meses:

1º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

2º Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o

generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo

o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o

administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

2- Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la

naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente

eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con

independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica,

pública o privada.

3- En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho

público y la acreedora sea una persona jurídico pública, la pena a imponer será

de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.

4- Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior

en los supuestos previstos en los ordinales 1º, 4º y 5º del apartado primero del

artículo 250.

5- Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciará una

ejecución concursal.

Artículo 258.

El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión,

y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles

dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones

que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será

castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a

veinticuatro meses.

Artículo 259.

Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24

meses, el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin

estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales,

y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición

patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios

acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.

Artículo 260.

1- El que fuere declarado en concurso será castigado con la pena de prisión de

dos a seis años y multa de ocho a 24 meses, cuando la situación de crisis

económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor

o persona que actúe en su nombre.

2- Se tendrá en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los

acreedores, su número y condición económica.

3- Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el

deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin

esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de este.

El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá

incorporarse, en su caso, a la masa.

4- En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la

jurisdicción penal.

Artículo 261.

El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos

relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de

aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis

a 12 meses.

Artículo 261 bis.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica

sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán

las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene

prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene

prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado

7 del artículo 33.

CAPÍTULO VIII

De la alteración de precios en concursos y subastas públicas

Artículo 262.

1- Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso

o subasta pública ; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de

amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio ; los que se concertaren

entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente

quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán

castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses,

así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y

cinco años.

Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o

entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él

representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso,

el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período de tres

a cinco años.

2- El juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias

previstas en el artículo 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad,

organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la

realización de tales actividades.

CAPÍTULO IX - De los daños

Artículo 263.

1- El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de

este Código, será castigado con la pena de multa de seis a 24 meses, atendidas

la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si éste excediera de

400 euros.

2- Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a

veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si

concurriere alguno de los supuestos siguientes:

1º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como

consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se

cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que,

como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir

a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.

2º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.

3º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.

4º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.

5º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.

Artículo 264.

1- El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase,

dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos,

programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado

producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a

dos años.

2- El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave

obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno,

introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando,

suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado

producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a

tres años.

3- Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas

en los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa del tanto al

décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra

alguna de las siguientes circunstancias:

1º Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.

2º Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses

generales.

4- Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona

jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le

impondrán las siguientes penas:

a) Multa del doble al cuádruple del perjuicio causado, si el delito cometido por la

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al triple del perjuicio causado, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado

7 del artículo 33.

CAPÍTULO X - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

Artículo 268.

1- Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los

cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso

judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes,

descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines

en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren

entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación.

2- Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.

Artículo 269.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo,

extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena inferior

en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

CAPÍTULO XIII - De los delitos societarios

Artículo 290.

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en

formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban

reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para

causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero,

serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a

doce meses.

Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad

superior.

Artículo 291.

Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o

el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación,

impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio

de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados

con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del

beneficio obtenido.

Artículo 292.

La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se

aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno

de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida

por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a

quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este

derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o

procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde

si constituyese otro delito.

Artículo 293.

Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o

en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de

los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad

social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán

castigados con la pena de multa de seis a doce meses.

Artículo 294.

Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad

constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a

supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas,

órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena

de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.

Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá

decretar algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

Artículo 295.

Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad

constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso

de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes

de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente

un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios,

cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren,

serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa

del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Artículo 296.

1- Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles

mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando

aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá

denunciar el Ministerio Fiscal.

2- No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión

del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

Artículo 297.

A los efectos de este capítulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja

de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil

o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus

fines participe de modo permanente en el mercado.

CAPÍTULO XIV - De la receptación y el blanqueo de capitales

Artículo 298.

1- El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito

contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni

como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los

efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con

la pena de prisión de seis meses a dos años.

2- Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte

los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un

establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de

multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los Jueces o Tribunales,

atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del

delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial

para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y

acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local.

Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

3- En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la

señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra

naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a

24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a

esta; en tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad

inferior.

Artículo 299.

1- El que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de hechos

constitutivos de falta contra la propiedad, habitualmente se aprovechara o

auxiliara a los culpables para que se beneficien de los efectos de las mismas,

será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.

2- Si los efectos los recibiere o adquiriere para traficar con ellos, se impondrá la

pena en su mitad superior y, si se realizaran los hechos en local abierto al

público, se impondrá, además, la multa de 12 a 24 meses. En estos casos los

jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias

personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de

inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de

uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del

establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá

exceder de cinco años.

Artículo 300.

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice

del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o

estuviera personalmente exento de pena.

Artículo 301.

1- El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que

éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera

tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen

ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o

infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con

la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor

de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad

del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer

también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión

o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura

temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal,

su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen

en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372

de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas

en el artículo 374 de este Código.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su

origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX

y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.

2- Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o

encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino,

movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas

de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o

de un acto de participación en ellos.

3- Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de

seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

4- El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los

bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido

cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

5- Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las

reglas del artículo 127 de este Código.

Artículo 302.

1- En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas

privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una

organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior

en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas

organizaciones.

2- En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea

responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene

prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado

7 del artículo 33.

Artículo 303.

Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por

empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público,

trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u

oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación

especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de

tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte

años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la

misma.

A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las

personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y

sus dependientes.

Artículo 304.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos

previstos en los artículos 301 a 303 se castigará, respectivamente, con la pena

inferior en uno o dos grados.

TÍTULO XVIII - De las falsedades

CAPÍTULO I - De la falsificación de moneda y efectos timbrados

Artículo 386.

Será castigado con la pena de prisión de ocho a 12 años y multa del tanto al

décuplo del valor aparente de la moneda:

1º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.

2º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada.

3º El que transporte, expenda o distribuya, en connivencia con el falsificador,

alterador, introductor o exportador, moneda falsa o alterada.

La tenencia de moneda falsa para su expendición o distribución será castigada

con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al valor de aquélla y al

grado de connivencia con los autores mencionados en los números anteriores.

La misma pena se impondrá al que, sabiéndola falsa, adquiera moneda con el

fin de ponerla en circulación.

El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya

después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres

a seis meses o multa de seis a 24 meses, si el valor aparente de la moneda fuera

superior a 400 euros.

Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso

de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades, el

juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas

en el artículo 129 de este Código.

Artículo 387.

A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel

moneda de curso legal. Se equipararán a la moneda nacional las de otros países

de la Unión Europea y las extranjeras.

Artículo 388.

La condena de un Tribunal extranjero, impuesta por delito de la misma naturaleza

de los comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los

Jueces o Tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el

antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al Derecho

español.

Artículo 389.

El que falsificare o expendiere, en connivencia con el falsificador, sellos de

correos o efectos timbrados, o los introdujera en España conociendo su falsedad,

será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.

El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que,

conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara en cantidad superior a 400

euros será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis

a 24 meses.

CAPÍTULO II - De las falsedades documentales

Sección 1ª - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y

de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación

Artículo 390.

1- Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a

veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la

autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa

falsedad:

1º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter

esencial.

2º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error

sobre su autenticidad.

3º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o

atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones

diferentes de las que hubieran hecho.

4º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

2- Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior

el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las

conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos

que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.

Artículo 391.

La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en

alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro

las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y

suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.

Artículo 392.

1- El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna

de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del

artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años

y multa de seis a doce meses.

2- Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la

falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso.

Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis

meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.

Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso

aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer

Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o

en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España.

Artículo 393.

El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro,

hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos

precedentes, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los

falsificadores.

Artículo 394.

1- La autoridad o funcionario público encargado de los servicios de

telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro

propio de dichos servicios, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres

años e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.

2- El que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso del despacho falso para

perjudicar a otro, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los

falsificadores.

Sección 2ª - De la falsificación de documentos privados

Artículo 395.

El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las

falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo

390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 396.

El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro,

hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior,

incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.

Sección 3ª - De la falsificación de certificados

Artículo 397.

El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de

tres a doce meses.

Artículo 398.

La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa

trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de

seis meses a dos años.

Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social

y a la Hacienda Pública.

Artículo 399.

1- El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos

anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

2- La misma pena se impondrá al que hiciere uso, a sabiendas, de la

certificación, así como al que, sin haber intervenido en su falsificación, traficare

con ella de cualquier modo.

3- Esta disposición es aplicable aun cuando el certificado aparezca como

perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya

sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer

Estado si es utilizado en España.

Sección 4ª - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje

Artículo 399 bis.

1- El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de

crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de

cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos

falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se

cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica

sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de

dos a cinco años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado

7 del artículo 33.

2- La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados

destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la

falsificación.

3- El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a

sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje

falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.

CAPÍTULO III - Disposiciones generales

Artículo 400.

La fabricación o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias,

máquinas, programas de ordenador o aparatos, específicamente destinados a la

comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores, se castigarán con la

pena señalada en cada caso para los autores.

Artículo 400 bis.

En los supuestos descritos en los artículos 392, 393, 394, 396 y 399 de este

Código también se entenderá por uso de documento, despacho, certificación o

documento de identidad falsos el uso de los correspondientes documentos,

despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado por

quien no esté legitimado para ello.

3. EL BLANQUEO DE CAPITALES

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década

de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad

financiera derivada del tráfico de drogas.

El riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte

de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta

los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada,

cuya más importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción

Financiera (GAFI). Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto

se convirtieron en el estándar internacional en la materia, constituyéndose en la

inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del

Consejo, de 10 de junio de 1991).

Se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de

activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales

como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los

documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas

la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un

derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de

los delitos contra la Hacienda Pública.

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que

hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro

Estado.

Existe un marco normativo muy amplio de decretos y leyes de aplicación directa

o subsidiaria; no obstante, nos centraremos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A

continuación, se reproduce íntegramente algunos artículos de la citada Ley de

especial interés:

Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación

1. La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema

financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el

establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la

financiación del terrorismo.

2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las

siguientes actividades:

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes

proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad

delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de

ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de

sus actos.

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la

disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre

bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o

de la participación en una actividad delictiva.

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento

de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de

la participación en una actividad delictiva.

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras

anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de

perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas

o facilitar su ejecución.

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras

precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la

actividad delictiva que haya generado los bienes.

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad

delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un

delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o

intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con

independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la

propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la

cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que

hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro

Estado.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo

el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por

cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con

el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la

comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.

Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro

o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro

Estado.

4. A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición

adicional se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados,

territorios o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la

legislación española, se determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo

de Capitales e Infracciones Monetarias.

La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o

jurisdicción se entenderá en todo caso sin efecto retroactivo

Artículo 2. Sujetos obligados.

1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:

a) Las entidades de crédito.

b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los

corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros

servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan

reglamentariamente.

c) Las empresas de servicios de inversión.

d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las

sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad

gestora.

e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.

f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de

capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

g) h) i) j) k) l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente

actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes

inmuebles.

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes

muebles.

ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando

participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por

cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades

comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión

de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización

de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión

de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos

(«trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de

clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa

específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a

terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de

dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones

similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona

ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial,

postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o

cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de

fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar

o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de

accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen

en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes

con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer

que otra persona ejerza dichas funciones.

p) Los casinos de juego.

q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales

preciosos.

r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o

antigüedades.

Las sociedades de garantía recíproca.

Las entidades de pago.

Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.

Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.

Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión

de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido

autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen

profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición

adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la

legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva

de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al

Sistema Financiero.

s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el

artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los

consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.

t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte

profesional de fondos o medios de pago.

u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de

loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.

v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los

términos establecidos en el artículo 34.

w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos

establecidos en el artículo 38.

x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo

39.

y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores

y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o

debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo

40.

Se entenderán sujetas a la presente Ley las personas o entidades no residentes

que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin

establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual

naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores.

2. Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas

que desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente. No

obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una

persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las

obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica

respecto de los servicios prestados.

Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones

establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través

de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de

aquéllos.

3. Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen

actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando

exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

4. A los efectos de esta Ley se considerarán entidades financieras los sujetos

obligados mencionados en las letras a) a i) del apartado 1 de este artículo.

4. LOS DELITOS FISCALES

El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública por

un importe superior al fijado por la Ley. Se entiende que defrauda quien omite

ingresos tributarios y deja de ingresar la cuota correspondiente.

El incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una

infracción administrativa, sancionada por la Administración Tributaria mediante

multa que puede ser recurrida en distintos órdenes incluido el jurisdiccional. Pero

junto a esta forma de sancionar las actuaciones ilícitas de carácter tributario, los

ordenamientos jurídicos con un cierto grado de desarrollo, para una mayor

protección de la Hacienda Pública, consideran delitos y no meras infracciones

administrativas los incumplimientos fiscales de mayor gravedad,

correspondiéndole a los Juzgados penales instruir estos procedimientos y

condenar, en su caso, estas actuaciones mediante las correspondientes penas.

No hay diferencias sustanciales entre el delito fiscal y las infracciones tributarias,

se diferencian básicamente por razones cuantitativas, por su mayor gravedad,

por la cuantía del resultado.1

Para que exista delito y no infracción administrativa no es suficiente con dejar de

ingresar la cantidad mínima fijada por la Ley para que sea considerada delito,

sino que es necesario que de forma añadida, exista también el denominado

elemento subjetivo del delito, es decir una actuación del sujeto tendente a evitar

el pago.

El delito fiscal exige la existencia de una conducta intencional y deliberadamente

dirigida a defraudar el pago, es decir el autor tiene que tener conocimiento de la

existencia de una deuda o deber de ingreso tributario, omitiendo el ingreso

mediante la infracción de los deberes formales.

El delito fiscal fue introducido en el Código Penal de España, con la Ley 50/77,

que reformó el sistema fiscal con la llegada del régimen democrático. Se

introdujo el artículo 319, que tuvo una aplicación judicial muy reducida, existiendo

apenas una decena de sentencias ocho años después de su instauración.

En 1985 se reformó su regulación, introduciéndose el delito contra la Hacienda

Pública, que pasó a ser regulado en los artículos 349 y 350 del Código. En esta

reforma se eliminó la prejudicialidad, que exigía un largo proceso administrativo

de fijación de la deuda, antes de acudir a la denuncia judicial del delito.

En 1995 se reforma el artículo relativo al delito de defraudación y se dicta un

nuevo Código Penal que asume esta nueva regulación, pasando su regulación

al artículo 305 y siguientes.2

En 2010, con ocasión de una reforma del Código, se amplía la pena máxima

para el delito de defraudación de cuatro a cinco años.3

El 28 de diciembre de 2012 el BOE publicó la Ley Orgánica 7/2012, de 27

diciembre, que modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de 1995,

del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y

seguridad social. Se amplía la pena máxima para el delito de defraudación de

cinco a seis años. La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, introduce un

nuevo tipo agravado en el artículo 305.bis para tipificar las conductas de mayor

gravedad o de mayor complejidad, sancionándolas con penas que oscilan de dos

a seis años de prisión, incrementando consiguientemente el plazo de

prescripción del delito.

El Código Penal de España regula en su título XIV del Libro II, los "Delitos contra

la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social" (artículos 305 a 310), que

engloba los delitos de defraudación tributaria, contra la Seguridad Social, cobro

indebido de subvenciones y el delito contable.4

El artículo 305 del Código Penal establece que comete este el que por acción u

omisión defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local:

eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubiesen

debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie;

obteniendo indebidamente devoluciones; o

disfrutando beneficios fiscales de la misma forma.

En cualquier caso, es necesario que la cuantía de la cuota defraudada, el importe

no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta, o de las devoluciones o

beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000€.

La ley española fija un límite de 120.000€ de cuota defraudada para que exista

delito fiscal, por debajo de esta cantidad se cometerá una infracción

administrativa que podrá ser perseguida por la correspondiente Administración

tributaria. La cuantía de la cuota defraudada es un elemento inexcusable del

delito y por tanto su cuantificación corresponde a los Tribunales, que procederán

a fijar su importe de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

Aunque el artículo 305 que regula el delito no indica nada acerca del dolo

necesario en la conducta del que comete el delito fiscal, ha de ser entendido que

su exigencia se encuentra implícita en la expresión defraudar y que además el

artículo 12 del Código Penal establece que las acciones imprudentes sólo se

castigarán cuando expresamente disponga la ley.

Para el delito de defraudación, regulado en el artículo 305 del Código, se prevé

una pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la

cuantía dejada de ingresar. Las penas señaladas se aplicarán en su mitad

superior cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las

circunstancias siguientes:

La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede

oculta la identidad del verdadero obligado tributario.

La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al

importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa

que afecte o puede afectar a una pluralidad de obligados tributarios.3

Aparte de la pena, la sentencia condenatoria debe contener la declaración de

responsabilidad derivada del delito, ocasionando un cambio del título por el que

la Administración tiene derecho al cobro.

A continuación se expone el contenido del Título XIV del Código Penal, en cuyas

disposiciones se recoge el régimen jurídico penal de estos delitos:

TÍTULO XIV

De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

Artículo 305.

1- El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal,

autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o

que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente

devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que

la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o

ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente

obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la

pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada

cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del

apartado 4 del presente artículo.

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la

defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de

los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período

de tres a seis años.

2- A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:

a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones,

periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período

impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de

lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en

los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo

criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una

actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será

perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el

apartado 1.

b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los

distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de

liquidación.

3- Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el

apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea,

siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo

de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la

defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o

por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad

económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible

desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.

Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de

cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del

tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o

incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a

dos años.

4- Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido

por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda

tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el

inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la

determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso

de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio

Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración

autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra

aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen

actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de

diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior

resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito

el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.

La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que

se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades

instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de

regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la

regularización de su situación tributaria.

5- Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido

un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una

parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible

delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados

con el posible delito contra la Hacienda Pública.

La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la

tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda

liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos

conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra

la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa

tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el

proceso penal.

La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no

paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la

Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro,

salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la

suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía.

Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez

podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si

apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil

reparación.

6- Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del

delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que

transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la

deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será

igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del

obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la

obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros

responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para

la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del

delito.

7- En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la

ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el

importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado

por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003,

General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los

Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración

Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los

términos establecidos en la citada Ley.

Artículo 305 bis.

1- El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de

dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la

defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de

un grupo criminal.

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad

jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o

territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad

del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía

defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

2- A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas

las restantes previsiones contenidas en el artículo 305.

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del

derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social

durante el período de cuatro a ocho años.

Artículo 306.

El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión

Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil

euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo

305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos

una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo

indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión

u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión

de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil

euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres

meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de

los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período

de seis meses a dos años.

Artículo 307.

1- El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago

de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo

indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por

cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las

cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de

cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y

multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su

situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente

artículo.

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la

defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de

los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período

de tres a seis años.

2- A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se

estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales.

3- Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se

haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo

reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la

iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas

deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de

que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o

denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de

Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la

iniciación de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior,

resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una

vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía

administrativa.

La regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho

sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades

instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de

regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la

regularización de su situación.

4- La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social

no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la

deuda contraída con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa

prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo

o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la suspensión con

dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la

ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La

liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso

penal.

5- Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad

Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que,

antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado,

satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos.

Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito

distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren

activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o

captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos

delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad

Social o de otros responsables del delito.

6- En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la

ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el

importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya

liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora,

los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración

de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de

apremio.

Artículo 307 bis.

1- El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de

dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión

del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones

indebidas exceda de ciento veinte mil euros.

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de

un grupo criminal.

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad

jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o

territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad

del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la

determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la

Seguridad Social o del responsable del delito.

2- A los supuestos descritos en el presente artículo le serán de aplicación todas

las restantes previsiones contenidas en el artículo 307.

3- En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable

la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del

derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social

durante el período de cuatro a ocho años.

Artículo 307 ter.

1- Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de

la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su

obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación

de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de

informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será

castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados

y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad,

serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o

incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis

años.

2- Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o

hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras

b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de

dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los

beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de

cuatro a ocho años.

3- Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas

descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente

al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente

al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el

momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de

actuaciones de inspección y control en relación con las mismas o, en el caso de

que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio

Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el

representante de la Administración autonómica o local de que se trate,

interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio

Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener

conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior

alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales

que, exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de

reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la

regularización de su situación.

4- La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los

apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente

exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente

obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado

provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente

se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la

Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro

salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la

suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no

se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá

acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que

la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

5- En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la

ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y

Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la

Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.

6- Resultará aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en

el apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.

Artículo 308.

1- El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en

una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las

condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen

impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del

tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere

el apartado 5 de este artículo.

2- Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad

sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los

aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de

aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a

cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

3- Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de

beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de

tres a seis años.

4- Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y

deberá tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la

misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas

administraciones o entidades públicas.

5- Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2

cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las

subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas

en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento

en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación

de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones

o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes

de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la

Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o

denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de

Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la

iniciación de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga

por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la

deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter

previo a la regularización de su situación.

6- La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los

apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente

exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas

indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá

fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que

finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la

Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el

Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las

actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar

garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la

suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución

pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

7- Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena

inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses

desde la citación judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere

el apartado 5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente

aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al

reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención

de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para

el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del

patrimonio del obligado o del responsable del delito.

Artículo 310.

Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando

obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros

fiscales:

a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de

bases tributarias.

b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio

económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.

c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o,

en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas

a las verdaderas.

d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los

párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones

tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la

cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda,

sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio

económico.

Artículo 310 bis.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica

sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las

siguientes penas:

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida,

si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de

más de dos años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente

obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de

prisión de más de cinco años.

c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del

derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social

durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para

contratar con las Administraciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del

apartado 7 del artículo 33.

5. LOS PARAÍSOS FISCALES

Para iniciar la explicación del trasfondo de los paraísos fiscales, recordando qué

es el dinero: monedas, billetes, cheques, tarjetas de débito o de crédito,

préstamos, hipotecas, bonos del Tesoro, acciones, etc…

Porque si, a modo de introducción, nos paramos a pensar de qué se trata

realmente, comprenderemos mejor qué son los paraísos fiscales y cuál es su

papel como parte de los mercados financieros o de la globalización financiera. Y

sobre todo, percibiremos más claramente las consecuencias de las mutaciones

profundas que se han sucedido en los últimos años, entre las cuales se cuentan

la aparición de esos países y territorios, islas o enclaves, por donde fluye en la

opacidad el dinero de la droga, de los delitos económicos y de la corrupción, de

la especulación, de la financiación de los grupos terroristas y de los negocios

poco claros.

El dinero surgió en los albores de la humanidad para simplificar y facilitar el

intercambio de las cosas que nos eran útiles (obviamente un fracaso de misión

como se puede observar hoy día que pocas cosas hay que compliquen tanto la

vida de la gente cómo el dinero), tan pronto unos cuantos humanos comenzaron

a relacionarse pacíficamente y a cooperar entre sí para atender sus necesidades

vitales de alimentación, vestido y alojamiento: surgió de la necesidad de cambiar

la pieza cazada por la fruta recolectada: el trueque que suele reaparecer entre

gentes marginadas de la sociedad que en su mundo de miseria vuelve a la vida

primitiva.

Pero a alguien se le ocurrió utilizar algo para facilitar esos intercambios, algo

físico que solía aceptarse aunque ni se consumía ni tenía una utilidad inmediata

y a eso se llamó dinero (sin duda uno de los peores inventos de la humanidad).

Tenía que ser algo que indiscutiblemente todo el mundo lo aceptara porque era

valioso y apreciado por su escasez y también físicamente de material no

perecedero, que aguantara la manipulación por los humanos, aunque esto último

nunca fue una condición imprescindible: durante la Segunda Guerra Mundial, en

algunos lugares de Alemania los cigarrillos se utilizaron como dinero para

adquirir víveres. Pero lo importante y lo básico en el dinero es la confianza que

la gente le otorga por las razones que sea. Eso vale también hoy para el dólar

de los EEUU que se acepta internacionalmente, aunque quien gestiona su

emisión tenga un endeudamiento enorme con todo el resto del mundo y nadie le

controle su producción monetaria.

Y así, en este relato imaginario el cazador seguía intercambiando sus piezas

cazadas por un dinero y lo mismo hacía el agricultor; y luego también lo hacía

aquel a quien con su habilidad fabricaba artefactos que facilitaban los trabajos

del cazador, de manera que las unidades del objeto utilizado como dinero servían

para comparar y medir los valores de las piezas cazadas o de las frutas cogidas

de los árboles o los artefactos. Y seguramente aparecerían algunos individuos

que una vez satisfechas sus necesidades alimenticias inmediatas preferirían

guardarse algunos de los objetos utilizados como dinero para futuros

intercambios, en días en que no lograran cazar nada pero tendrían que

alimentarse, o también para intercambiarlo por pieles ofrecidas por algún otro

humano, al que se le había ocurrido desollar al animal cazado y aprovechar su

piel para resguardarse del frío de la noche y poder salir de la cueva para

contemplar las estrellas. Más tarde el esfuerzo humano también comenzó a

cambiarse por dinero.

Desde luego, está claro que el dinero es un producto de la evolución social y que

sirve para la vida en sociedad porque solo aparece cuando surge la convivencia

“pacífica” entre los humanos e incentiva el progreso de cualquier sociedad. El

dinero es la base de esas actividades que llamamos económicas porque

satisfacen las necesidades humanas con los medios y productos escasos

disponibles: en la medida que un producto natural escasea se convierte en objeto

de compraventa, es decir, entra en la actividad económica; el agua es un buen

ejemplo de nuestro tiempo. ¿Se comercializará también el aire puro cuando la

contaminación sature nuestro ambiente?

El caso es que ahí tenemos las tres funciones básicas que cumple el dinero en

cualquier sociedad:

a) Facilita los intercambios comerciales de productos y de servicios.

b) Es una medida del valor de los productos y de los servicios disponibles.

(aunque esto dé lugar a que haya necios que confunden valor y precio, como

decía el poeta)

c) Y también sirve como depósito de valor o de reserva de capacidad de compra

de bienes y servicios y de satisfacción futura de necesidades personales.

Los mercados del dinero

Pues bien, una de las grandes transformaciones producidas en las últimas

décadas ha sido que el dinero, además de cumplir esas funciones sociales y

económicas, se ha convertido en un objeto de compra y de venta por sí mismo.

El dinero hoy se compra y se vende a sí mismo: son los llamados “productos

financieros”, desde las acciones de empresa o las letras del Tesoro hasta los

seguros, las divisas, las hipotecas o los llamados derivados y otras formas muy

sofisticadas con las que se reviste el dinero; todos ellos con un objetivo común:

el efecto “boomerang” que consiste en que al final siempre vuelve al que ya lo

tenía en un principio.

En las Bolsas de valores y en los mercados financieros se compran y se vende

las diversas “formas de dinero” que no sirven para satisfacer directamente

ninguna necesidad humana, que por si mismas ni crean riqueza ni crean empleo

y que quienes las adquieren y venden buscan únicamente el aumento de su

precio (le llaman creación de valor) para volver a vender. Y sucede diariamente

que se compran y venden acciones de empresa u otros títulos de valores

solamente porque se espera que esas acciones o el precio de ese valor va a

aumentar, sin que a los compradores les interese qué produce esa empresa cuya

propiedad representan las acciones o que hay detrás de ese “producto

financiero” adquirido.

Cuanto más incierta sea esa espera, cuanta mayor sea la incertidumbre reinante,

mayor será el riesgo y mayor podrá ser la ganancia posible y previsible. Pero

todas esas operaciones de compra y venta de las diversas formas del dinero no

sirven al intercambio de bienes y servicios, dejan en gran medida de relacionarse

directamente con la economía productiva, la que crea riqueza y empleo

satisfaciendo directamente las diversas necesidades humanas. Esas

encarnaciones del dinero se justifican por sí mismas como medio para su propia

multiplicación e innovación. Es la gran economía financiera, la economía de

casino, que funciona hoy junto con la economía productiva.

Y sucede que para actuar en ese entorno nuevo en la historia de la Humanidad

(desde que al dinero se le concedió plena libertad planetaria para moverse por

los mercados del mundo) quienes trasiegan con el dinero en todas sus formas,

“los operadores financieros” (los bancos, los fondos de inversión, las agencias

de valores y los grandes holdings) precisan ejercer al máximo su libertad.

Es ya una historia contemporánea, porque en el intervalo histórico omitido

aparecieron los bancos (o lo que es lo mismo: nuestros dueños absolutos directa

o indirectamente), las empresas y los aseguradores y las Bolsas donde ya el

dinero no era físico sino papel. Desde que se liberalizaron los movimientos

internacionales de capitales, los mercados financieros de banca, seguros y

valores, se convirtieron en mercados mundiales. Y habiendo dejado en libertad

a “las fuerzas del mercado” esas formas del dinero se van multiplicando,

innovando, con nuevas expresiones y nuevos conceptos manifestados y

concretados en meros apuntes electrónicos que se transmitían de un punto a

otro del planeta; por ejemplo desde las islas Bermudas a la City de Londres

pasando por la isla de Vanuatu o Hong Kong y Liechtenstein o Zurich.

Porque los operadores financieros buscan espacios de libertad y mayores

márgenes de maniobra para grandes transacciones de dinero, financieras,

capaces de transformar la geografía de una región o la vida de sus gentes sin

que se percaten de las causas remotas que han generado tales cambios. Y para

atender esa necesidad expansiva de los mercados del dinero se fueron

desarrollando y afianzando los paraísos fiscales para no residentes.

Pero, ¿a qué llamamos paraísos fiscales?

La expresión paraíso fiscal no es muy afortunada porque sugiere la idea de que

aquel país donde se obliga a pagar impuestos es un infierno. Y eso no es cierto

porque los impuestos son la base de la convivencia social organizada.

Los impuestos son la contraprestación de los servicios comunes que

necesitamos y recibimos cuando convivimos en sociedad; cuanto más

desarrollada y avanzada es una sociedad más impuestos son necesarios para

satisfacer las necesidades colectivas que individualmente no podemos atender,

como la educación de los hijos, la atención de la salud, la retribución en situación

de desempleo, las pensiones y el cuidado de los ancianos, la seguridad pública,

la disponibilidad de vías públicas, etc.

La expresión generalizada paraíso fiscal nosotros la aplicamos en sentido

peyorativo pero hay quienes la utilizan en sentido positivo. Y de hecho

encontramos sitios en Internet y en la prensa que contraponen descaradamente

el término paraíso fiscal al de “infierno fiscal”, defendiendo las actividades

financieras de “refugio fiscal” (en inglés, tax haven) para no residentes en ciertas

islas o enclaves geográficos y en algunos países repartidos por la geografía del

planeta, que eximen del pago de impuestos. Es una defensa a ultranza de los

contribuyentes adinerados que reivindican su derecho a escapar con sus

fortunas de los impuestos del “infierno fiscal”, que serían aquellos Estados con

sistemas tributarios progresivos para la financiación solidaria de la protección

social, la educación y la seguridad de su población.

Hablando con rigor tenemos que precisar que el término paraíso fiscal es una

valoración técnico-política acuñada por la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económico (OCDE) Término que, aún siendo polémico, nos sirve para

designar a los países y territorios con escasa o nula tributación para las

operaciones financieras y que aparecen relacionados periódicamente con

hechos delictivos y escándalos financieros, que trascienden a los demás

Estados, cuyas economías dañan facilitando la evasión fiscal y la delincuencia

financiera de todo tipo globalizada.

A este respecto hay que estar alerta porque las divergencias terminológicas no

son inocentes y responden a concepciones ideológicas contrapuestas, porque

no existe un pensamiento único sino que las opciones son múltiples y la

democracia requiere que se expliciten para que los ciudadanos tengan la

oportunidad de escoger. Muchas otras veces se trata de intentos de despistar e

introducir confusión en un terreno de por sí complejo; así se habla de “países o

territorios de baja tributación” para quitarle importancia a la cosa; otras veces se

emplea la expresión inocua de “jurisdicción” como término genérico para

denominar la demarcación jurídica, apellidado offshore o extraterritorial porque

la regulación se circunscribe a la actividad financiera de no residentes. En

ocasiones, la literatura comercial promociona “los paraísos fiscales” como

refugios de alta rentabilidad y protección frente al Estado depredador de las

fortunas individuales.

La única definición oficial de paraíso fiscal disponible desde los organismos

económicos internacionales corresponde a la OCDE y solo se refiere al aspecto

fiscal; pero resulta insuficiente porque ignora los otros aspectos del secreto

bancario y de la desregulación que ofrecen para operaciones financieras

enmarañadas, que han tratado de modo parcial y separadamente por otros

organismos internacionales. Por eso también suele utilizarse la expresión

paraíso fiscal y financiero. En todo caso ahí radica la necesidad de una

identificación previa, de precisar a qué le damos generalmente el calificativo de

paraíso fiscal. Hasta ahora, el planteamiento fragmentado seguido por las

organizaciones internacionales sobre esta realidad financiera, ha impedido

abarcar la totalidad y la complejidad de este fenómeno y su papel en la

globalización financiera y en el contexto internacional actual, porque no ha

existido un propósito serio de erradicación de sus consecuencias negativas.

Dejando a un lado su utilización en la promoción de ciertos lugares exaltando

precisamente sus ventajas fiscales, la denominación paraíso fiscal, o su

equivalente inglés “tax haven”, difícilmente la encontramos en los documentos

de los organismos financieros internacionales que prefieren la denominación

técnica de centro financiero extraterritorial (offshore financial center u OFC); a

excepción de la OCDE que definió qué hay que denominar paraíso fiscal.

Cuando se habla de centro offshore, este calificativo en inglés de offshore, que

significa literalmente “fuera de la costa”, en la terminología financiera se traduce

por “extraterritorial”, porque se aplica a la actividad financiera de las personas o

entidades no residentes en ese país o territorio, que por no residir allí se les

conceden privilegios legales y se le exime del pago de impuestos. Los calificados

como paraísos fiscales no lo son nunca para sus habitantes sino para quienes

los que utilizan sus bancos o los servicios financieros establecidos para los no

residentes, sean personas particulares o entidades.

Características básicas de los paraísos fiscales.

La expresión centro financiero extraterritorial u offshore, calificados como

paraísos fiscales, designa aquellas jurisdicciones fiscales, o demarcaciones

acotadas legalmente, que no requieren la residencia de los operadores

financieros en el territorio y que, junto a otras características, configuran una

zona privilegiada fiscalmente y opaca, que generalmente calificamos por la

dimensión de paraíso fiscal, que se identifica con actividades de evasión y fraude

fiscal y planificación fiscal internacional y con actividades ilícitas de blanqueo de

capitales y financiación del terrorismo. Aunque haya quienes los consideran una

manifestación de la libertad de los mercados de capitales basados en los

movimientos transnacionales, más bien son un ejemplo de competencia desleal

que se mantiene porque beneficia a quienes detentan el poder financiero en el

mundo.

Asimismo, devaluando de este modo la carga negativa de la expresión, suelen

ser calificados como paraísos fiscales ciertos países, territorios, una determinada

región o también zonas de una actividad económica que se busca privilegiar

frente al resto, pero en estos caso generalmente la finalidad suele ser la

captación de fuertes inversiones directas para la creación de empresas, la

promoción el empleo local y otras finalidades económicas y sociales, pero no

suelen atraer a las inversiones puramente financieras. Por eso consideramos

que en esos casos la calificación es inapropiada y resulta abusiva o confusa,

aunque estas situaciones sean también manifestaciones menos relevantes de la

competencia fiscal entre los Estados o meros regímenes fiscales preferenciales

perjudiciales, en la terminología de la OCDE.

Hay que tener en cuenta que sobre la cuestión de los paraísos fiscales a menudo

se escribe para confundir y quitar hierro al tema, porque esconde una cuestión

de poder. La prueba es que estos últimos años, han comenzado a escasear en

las noticias la referencia a los paraísos fiscales en la medida en que las

campañas de Attac han creado mayor conciencia de que se trata de una cuestión

políticamente muy importante y constituye una denuncia del capitalismo

financiero opaco que sólo beneficia a los poderosos.

Así, observamos que cuando nos cuentan relatos sobre corrupción y/o delitos

financieros relacionados con la disponibilidad de los paraísos fiscales, con

frecuencia no se menciona este detalle, como se comprueba leyendo las

crónicas periodísticas sobre el proceso judicial sobre las cuentas secretas del

BBV que no mencionaban que durante catorce años el dinero de los accionistas

estuvo escondido en la isla de Jersey, sin tributar en España. El estudio

publicado por nuestra compañera Nuria Almirón demuestra cómo se omite

frecuentemente la mención a los paraísos fiscales en los medios de

comunicación españoles más importantes.

En resumen, en una primera aproximación diremos que en los paraísos fiscales

extraterritoriales encontramos una combinación de algunos de los rasgos típicos

siguientes:

- La carencia de impuestos sobre el beneficio empresarial, sobre las donaciones

y las herencias.

- El secreto bancario, la existencia de cuentas anónimas y numeradas y la no

obligación para el banco de identificar y conocer al cliente.

- Las fuertes deficiencias en la supervisión y control bancario y sobre las

transacciones financieras; como la disponibilidad de títulos de valores al portador

no registrados o la no obligatoriedad para los bancos de informar las autoridades

sobre las transacciones dudosas.

- La falta de información y de estadísticas completas sobre las operaciones

financieras.

- El volumen desproporcionado de operaciones financieras extranjeras, de no

residentes, con relación a la economía local.

- La simplicidad de la formalización y registro de sociedades mercantiles y la falta

de control sobre las sociedades filiales de grupos empresariales transnacionales.

- La ausencia de penalización o tolerancia en la práctica del blanqueo del dinero

y otras deficiencias formativas.

- La falta de colaboración con las autoridades fiscales y judiciales de los demás

países.

Resulta complicado definir una lista de los paraísos fiscales en el mundo sobre

la cual haya una conformidad generalizada. Primero habría que definir y

consensuar los criterios técnicos y como eso entraña una valoración política en

la práctica surgen las discrepancias. Hasta ahora, el intento más serio lo hizo la

OCDE con su Informe sobre la Competencia fiscal perjudicial de 1998, pero la

aplicación a la realidad fue difícil porque aparecieron las presiones políticas y

algunos centros offshore lograron quedarse fuera; pero su lista oficial sigue

siendo una referencia a la que hay añadir algunos más.

El Informe de la OCDE de 2000 incluyó una lista oficial de las 35 jurisdicciones

fiscales offshore que al reunir los criterios identificativos quedaban clasificadas

como paraísos fiscales, ofreciendo un procedimiento para que pudieran

comprometerse a la eliminación de las prácticas fiscales nocivas antes de 2006,

que no se ha cumplido. En esta relación oficial no aparecen paraísos fiscales tan

conocidos como las Bermudas, las Caimán, Chipre, Malta, Mauricio y San Marino

porque se apresuraron a comunicar a la OCDE su compromiso anticipado de

suprimir esas prácticas perjudiciales precisamente para no verse en esa lista

negra; así fue porque en la OCDE como en el FMI solo las grandes potencias

siguen y controlan los asuntos.

Los paraísos fiscales tienen su origen en la libertad de los movimientos

internacionales de capitales que se introduce al suprimirse los controles

establecidos en los diferentes Estados sobre los bancos y los mercados de

capitales. Son una consecuencia de la “revolución conservadora” y el

“capitalismo popular” que impusieron el Presidente de los EEUU Ronald Reagan

y la primera ministra británica Margaret Thatcher en los años ochenta mediante

políticas neoliberales que se generalizaron en los noventa dentro de la idea de

la “modernización “ de la economía.

Para abreviar, podemos afirmar que el desarrollo de los paraísos fiscales, como

se manifiestan actualmente, se enmarca dentro de la aparición de las actividades

de financiación offshore, para no residentes, como un sector de los mercados

globales, innovaciones que sin moverse de casa permiten realizar compras y

ventas de acciones, bonos, concertar préstamos y seguros y operar con los

diversos productos financieros con mayor rentabilidad porque evitan el pago de

impuestos.

Todos los expertos están de acuerdo en que los paraísos fiscales offshore

surgieron en los años sesenta a partir del mercado de los eurodólares en Europa.

Los expertos del FMI han descrito el desarrollo de este mercado offshore en los

años sesenta, en que se genera una masa de eurodólares fuera de los EEUU

(las multinacionales, las bases militares, etc.) que, libre de las regulaciones del

banco emisor, la Reserva Federal estadounidense, y liberada de las

reglamentaciones locales de los distintos países porque no era su moneda

nacional, es gestionada libremente por la banca internacional que se estableció

en islas y enclaves para funcionar con más libertad frente a los Estados.

Y este desarrollo se acentúa en la década de los setenta con los petrodólares,

acumulados por jeques árabes en bancos europeos, y los tipos de cambio

flotantes surgidos del derrumbe del sistema de Bretton Woods al acabarse en

1971 la convertibilidad del dólar a oro. Aumenta la actividad de todos los grandes

centros financieros, favorecidos por la City de Londres, atraídos los capitales por

la desregulación ofrecida por esas zonas de baja o nula fiscalidad, que

contribuyen a una mayor circulación de los capitales nómadas en busca del

beneficio rápido.

Estas actividades se iniciaron en Europa, principalmente en la City de Londres y

se extendieron pronto a otros centros extraterritoriales u offshore,

fundamentalmente Luxemburgo y las islas del Canal de la Mancha, y a las islas

de Bahrein en Oriente Medio y Singapur, en Asia. Nacía así el mercado

financiero offshore integrado por la red global de paraísos fiscales

extraterritoriales.